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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 04/06/2020
cve: DSCD-14-PL-26
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 26
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 25
celebrada el jueves,
4 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de Convenios internacionales:

- Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 7, de 14 de febrero de 2020. (Número de expediente 110/000003) ... (Página3)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 1-1, de 28 de febrero de 2020. (Número de expediente 121/000001) ... (Página14)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías autonómicas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 72-1, de 13 de marzo de 2020. (Número de expediente 122/000044) ... (Página34)

Debates de totalidad de Convenios internacionales. (Votación.) ... (Página46)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página47)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Debates de totalidad de convenios internacionales... (Página3)

Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019... (Página3)

La señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (González Laya) presenta a la Cámara el convenio de referencia.

En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rosety Fernández de Castro.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Rodríguez Gómez de Celis, del Grupo Parlamentario Socialista.

Cierra el debate la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página14)

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.... (Página14)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Jiménez Revuelta, del Grupo Parlamentario VOX, y Bas Corugeira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Baldoví Roda, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página34)

Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías autonómicas... (Página34)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Mateo Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.

Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación.) ... (Página46)

Sometida a votación la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019, se rechaza por 34 votos a favor más 104 votos telemáticos, 138; 48 en contra más 153 votos telemáticos, 201, y 3 abstenciones más 4 votos telemáticos, 7.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página46)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos, VOX y Popular en el Congreso al proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, son rechazadas por 36 votos a favor más 112 votos telemáticos, 148; y 49 en contra más 149 votos telemáticos, 198.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página47)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las policías autonómicas, se rechaza por 37 votos a favor más 115 votos telemáticos, 152; 46 en contra más 146 votos telemáticos, 192, y 1 abstención.

Se levanta la sesión a la una y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN RELACIÓN CON GIBRALTAR HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE MARZO DE 2019. (Número de expediente 110/000003).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Muy buenos días, señorías.

Comenzamos con el punto correspondiente al debate de totalidad del acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.

Para presentar este convenio tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Señora presidenta, señorías, intervengo hoy en el Pleno de esta Cámara en el marco del proceso


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de ratificación del acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.

Señorías, permítanme comenzar mi intervención poniendo en contexto este acuerdo. Como saben sus señorías, en el marco de la negociación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el principal objetivo de España ha sido la protección de ciudadanos y residentes en el territorio comprendido por los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, preservando sus derechos, de tal manera que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea lo menos disruptiva posible. Se trata de garantizar, en consecuencia y en particular durante el periodo transitorio, la correcta aplicación del derecho de la Unión Europea. Asimismo, queremos ir avanzando hacia una relación más equilibrada entre las partes y menos perjudicial para el Campo de Gibraltar y sus ciudadanos. Por ello, uno de los objetivos de la negociación era asegurarnos que Gibraltar no se consolide como un paraíso fiscal ni como un epicentro del blanqueo de capitales en detrimento del territorio del Campo de Gibraltar y de los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Tras una compleja negociación, España y el Reino Unido firmaron el pasado 29 de noviembre de 2018 cuatro memorándums de entendimiento bilaterales en relación con los derechos de los ciudadanos, el tabaco y otros productos, la cooperación en materia de medio ambiente y la cooperación en materia policial y aduanera, así como el acuerdo internacional que hoy nos concierne. La conclusión de estos textos no hubiera sido posible sin la implicación y coordinación de la Administración General del Estado en todo su conjunto. En el caso concreto de la negociación del acuerdo que hoy examinamos debo agradecer la decisiva participación del Ministerio de Hacienda en un ejercicio de coordinación y concertación en un tema de Estado con mayúsculas como es el caso de Gibraltar.

Señorías, considero oportuno incidir en un punto sobre el que volveré a lo largo de mi intervención, puesto que parece ser el núcleo sobre el que gravita la propuesta de denegación de ratificación que hoy estamos analizando. Me permito subrayar que estamos hablando de un acuerdo internacional bilateral entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar, es decir, no estamos hablando de un acuerdo internacional firmado con las autoridades locales de Gibraltar sino de un acuerdo firmado entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, que mejora y amplía las disposiciones del acuerdo de retirada, en relación con la particular situación y sensibilidad del Campo de Gibraltar.

Permítanme una breve referencia a los resultados de la compleja negociación que iniciamos en Bruselas para que estos textos tuvieran acomodo dentro del acuerdo de retirada. Esta negociación culminó en un protocolo sobre Gibraltar, incluido en dicho acuerdo. Se trata de un instrumento jurídico que consagra además la especial relevancia de España en este proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Este protocolo -que es derecho primario de la Unión Europea- incorpora la especificidad de la zona del Campo de Gibraltar y contiene referencias a los cuatro memorándums anteriormente citados y a la necesidad de establecer, con respecto a Gibraltar, las formas de coordinación y de cooperación necesarias para lograr la plena transparencia en materia fiscal, así como un sistema de cooperación administrativa para luchar contra el fraude, el contrabando, el blanqueo de capitales y resolver conflictos de residencia fiscal. Como saben sus señorías, el acuerdo de retirada cuenta también con un protocolo sobre Irlanda y con un protocolo sobre Chipre.

Señorías, para concluir esta introducción quiero compartir con esta Cámara que uno de los puntos abordados entre la Unión Europea y el Reino Unido el pasado 27 de mayo, con ocasión de la primera reunión del comité especializado sobre Gibraltar, previsto en este acuerdo de retirada, fue precisamente el estado de ratificación de este acuerdo. Por parte de España informamos que esperamos haber concluido los trámites parlamentarios necesarios antes del mes de octubre.

Señora presidenta, señorías, entrando ya en el fondo del acuerdo y en el análisis de la propuesta de denegación de autorización presentada por el Grupo Parlamentario VOX, quisiera subrayar en primer lugar que la misma reconoce a lo largo de su texto las ventajas que dicho acuerdo otorga a España. A título de ejemplo, la propuesta de denegación viene a reconocer -y leo textualmente (hace el gesto de comillas con los dedos)-: "... pondrá coto a la elusión fiscal por parte de personas físicas y sociedades que viven y operan en España, pero son residentes fiscales en Gibraltar". -Cierro comillas-. La propuesta de denegación viene a señalar también que, en materia de residencias de las personas físicas, las reglas favorecen a España. Este reconocimiento explícito de las bondades del acuerdo pone de manifiesto por tanto y a modo de conclusión anticipada, si me lo permiten, que estamos ante un buen acuerdo.


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En cuanto a los objetivos de este acuerdo se corresponden exclusivamente con el contenido propio de su denominación, es decir, la fiscalidad y la protección de los intereses financieros españoles. En particular, este acuerdo persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar; el establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España. Estos objetivos son muy beneficiosos para nuestro país y el acuerdo crea los instrumentos necesarios para conseguirlos. Hasta ahora no se contaba con un instrumento jurídico de esta entidad en defensa de los intereses del fisco español.

En segundo lugar y frente a lo que parece ser la principal alegación en la propuesta de denegación por parte del Grupo Parlamentario VOX, nos encontramos entre un acuerdo internacional, repito, entre el Reino de España y el Reino Unido, que son las partes en el acuerdo en relación con el territorio de Gibraltar. En este sentido, los considerandos incluyen una cláusula que preserva la posición de España en relación con el contencioso de Gibraltar. El texto del acuerdo señala -y leo citando textualmente-: "Considerando que, a los efectos del presente acuerdo, el Reino Unido actúa en su condición de Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar. Habida cuenta de que ni el presente Acuerdo, ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implica una modificación de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar". Cierro la cita. Por lo tanto, no es cierto que la firma del acuerdo suponga un reconocimiento de Gibraltar ni mucho menos, tal y como afirma el escrito del Grupo Parlamentario VOX, que pueda debilitar la posición de España en el marco del proceso de descolonización seguido en Naciones Unidas. El acuerdo -como se explicita claramente en su segundo párrafo- no supone cambio alguno con respecto a la posición española en cuanto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar. El tratado ha sido firmado, obvio es decirlo, por ministros del Reino Unido y de España, no por ninguna autoridad local gibraltareña.

En tercer lugar, el acuerdo establece un régimen reforzado de cooperación administrativa, para lo cual se prevén unos órganos de enlace -artículo 4- y un comité conjunto de coordinación -artículo 5-. Las partes, esto es España y el Reino Unido, pueden designar libremente a los órganos y autoridades con las competencias y el rango que consideren más oportuno para el buen funcionamiento de este acuerdo. Este régimen incluye también el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona. El acuerdo establece además una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas con el objetivo de resolver los problemas causados por falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que residen realmente en España. Con respecto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando estas tengan una relación significativa con España, bien por la localización de la mayoría de sus activos o por la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro país o cuando la mayoría de sus propietarios o sus directivos sean residentes fiscales en España. Son evidentemente normas muy favorables a España como el propio escrito del Grupo Parlamentario VOX reconoce. El acuerdo se constituye, por lo tanto, en una herramienta eficaz en la lucha contra la evasión fiscal en la zona.

Señorías, la propuesta del Grupo Parlamentario VOX concluye señalando que el acuerdo cumplirá con sus objetivos pero que el principal problema fiscal en España no sería -y leo textualmente-: "... el de la residencia fiscal, sino el de los miles de personas que pasan todos los días la verja sin ningún tipo de control, y se benefician del diferencial de impuestos indirectos que existe entre los dos territorios". -Cierro cita-. En este punto, como he hecho al principio de mi intervención, debo recordar que este acuerdo fiscal no es el único documento firmado por España y el Reino Unido con ocasión de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, sino que hay cuatro memorándums de entendimiento, precisamente sobre las cuestiones que se mencionan en la propuesta del Grupo Parlamentario VOX, incluyendo en particular los derechos de nuestros trabajadores, la lucha contra el contrabando de tabaco y las cuestiones medioambientales que defienden los intereses españoles. Por su implicación fiscal y por los resultados prácticos que estamos obteniendo, debo subrayar que en lo que se refiere al Memorándum de Entendimiento sobre el tabaco, que establece que el objetivo temporal y cuantitativo de que a fecha del 30 de junio de este año el diferencial del precio medio del tabaco en Gibraltar no supere el 32 % con el del tabaco en la España peninsular y en las Islas Baleares, estamos caminando por la senda adecuada para que dicho objetivo se cumpla el próximo 30 de junio. O sea, que el memorándum que firmamos de tabaco y de


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fiscalidad relativa al tabaco está teniendo efectos. Además de estos documentos ya firmados, conviene recordar que será necesario el acuerdo de España para cualquier eventual relación futura de Gibraltar con la Unión Europea.

Señora presidenta, señorías, concluyo mi intervención solicitando el voto favorable de esta Cámara para la ratificación del acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido por los motivos que he ido desgranando a lo largo de mi intervención. Se trata de un acuerdo con vocación de pervivencia, que se enmarca en el contexto más amplio de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y que ha sido negociado con visión de Estado; por primera vez en nuestra historia permite acabar con una situación fiscal anacrónica, tremendamente perjudicial para los intereses de España en su conjunto, pero sobre todo para el territorio comprendido por los municipios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, Valentina.

Se ha presentado una propuesta con consideración de enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario VOX. Para la defensa de la propuesta tiene la palabra el señor Rosety Fernández de Castro.

El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: Con la venia, señora presidenta.

Señorías, buenos días. El Reino de España es hoy el único país de Europa que padece una situación colonial. La potencia colonizadora es uno de sus principales aliados, el Reino Unido de Gran Bretaña. De hecho, España tiene que soportar una base militar extranjera en la bahía de Algeciras, con lo que no es plenamente soberana, una base que devalúa su posición en el Estrecho como actor estratégico y somete a sus ciudadanos a una intolerable servidumbre colonial, proporcionando mano de obra barata y sufriendo la delincuencia organizada inducida por la presencia de la colonia, exponiéndoles, por si fuera poco, a riesgos militares e incluso nucleares que no nos corresponden. Ustedes, el Gobierno de la coalición progresista, nos traen ahora un tratadito fiscal concertado en nombre del interés nacional -perdón por lo de nacional, díganle popular si les gusta más- cuando a lo que verdaderamente sirve es al interés del Reino Unido, seguir disfrutando del Peñón en memoria del extinto imperio británico y al módico precio de cincuenta millones de libras, que es lo que les cuesta, porque en realidad la base y la colonia que la sostiene están financiadas a costa del quebranto de la Hacienda pública española y de la miseria del entorno del Campo de Gibraltar.

Hoy tengo el honor de subir por primera vez a esta tribuna para defender la dignidad de España y la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, tan dañado en su autoestima misma por este contencioso secular, y lo haré defendiendo la enmienda a la totalidad que mi grupo parlamentario ha presentado al conocido como Acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros con Reino Unido en relación con Gibraltar, un tratado que supone una cobarde claudicación y un indigno reconocimiento de la situación colonial de Gibraltar. Gibraltar es una colonia, no porque lo diga VOX, sino porque así lo reconoció el Gobierno británico en su día y sobre todo las Naciones Unidas por medio de la resoluciones 2353 y 2429 de su Asamblea General, que instan al Reino Unido a negociar los términos de la descolonización de Gibraltar de acuerdo con el principio de restauración de la integridad territorial del Estado colonizado, es decir, de España, no de la autodeterminación de una población que no tiene carácter de pueblo como población del Gobierno. Pretendiendo encubrir una indecencia que, de reparar en ella, avergonzaría a la propia ciudadanía británica, el Gobierno del Reino Unido y su agente colonial, el señor Picardo, presentan a la colonia como el motor económico de la comarca. La realidad es bien distinta: Gibraltar parasita fiscal, laboral y socialmente a la bahía de Algeciras. (Aplausos.) La riqueza de los llanitos, que disfrutan de la tercera renta per cápita del mundo, contrasta con la pobreza de sus vecinos de la comarca y, en particular, de nuestra querida población de La Línea de la Concepción. Ese diferencial, señora ministra, se llama explotación colonial; una explotación que se basa en las actividades ilícitas consentidas, como el contrabando de tabaco -que viene aportando hasta una cuarta parte de los ingresos fiscales de la colonia- y el blanqueo de capitales, junto a otras ilegítimas, como las gasolineras y el bunkering. Todo ello, gracias a la fluidez de la verja, eso que tanto les gusta. Sí, señorías, al amparo de una soberanía extraña, Gibraltar es un foco de contrabando y de blanqueo e induce una actividad de crimen organizado que nos está causando graves problemas de seguridad y de orden público. Eso tampoco es cosa de VOX, lo dice el Consejo de Europa por medio de Moneyval, su Comité de expertos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tras su reciente visita


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a Gibraltar, Moneyval ha emitido un informe en el que se señala lo siguiente. Leo: Gibraltar no ha demostrado una investigación y persecución efectiva del delito de blanqueo de capitales; no se han producido acusaciones ni condenas exitosas de terceros; el riesgo de financiación del terrorismo no está correctamente gestionado; la calidad de los reportes sobre transacciones sospechosas resulta preocupante. ¡Son palabras mayores!

El brexit es una oportunidad histórica de acabar con semejantes abusos, puesto que nada puede impedir ahora que España se posicione en el marco jurídico que le favorece -es decir, las resoluciones de Naciones Unidas, el Tratado de Utrecht y el Tratado de Schengen- y, así, restaurar su soberanía menoscabada. Por eso, la posición negociadora del Reino Unido acerca de Gibraltar tras el brexit es de una debilidad extrema. Gibraltar estaba y está fuera de Schengen, por no haber sido nunca el Reino Unido parte del tratado. En consecuencia, aunque España no reconozca una frontera en su propio suelo, la verja es un límite exterior de la Unión Europea que España tiene obligación de controlar para evitar tráficos ilícitos, sin necesidad para ello de cerrar la comunicación terrestre y dejando a salvo los intereses laborales. En contra de lo que nos dicen los llanitos y sus voceros en la política y en los medios españoles -que no son pocos-, es la economía gibraltareña la dependiente de España y no al revés (aplausos), como se ha puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de los controles establecidos en el curso de la pandemia. Hasta ochocientos camiones semanales han pasado la verja con artículos de primera necesidad. En el terreno laboral esta dependencia es más que evidente. Gibraltar da empleo, según sus propias fuentes, a unos 8 000 españoles a los que necesita y, sin embargo, discrimina social y salarialmente. Recientemente lo ha denunciado Comisiones Obreras, tampoco es cosa de VOX. Pues bien, solo dedicando inversiones y subsidios en La Línea, una parte de los 1 000 millones que -insisto- Gibraltar nos hace perder todos los años, podríamos resolver el problema de esos 8 000 compatriotas, pero la señora ministra, como su partido, no opina lo mismo. La soberanía no le parece una opción interesante en el siglo XXI, según sus propias declaraciones, señora ministra; eso se lo deja a los británicos. Es raro, porque nosotros estamos muy ocupados aquí en España en discutir cuántas soberanías caben en la piel de toro y el señor Picardo se apresura a añadir, claro, la de Gibraltar. No reparamos en que el mundo gira a nuestro alrededor, alrededor de la encrucijada del Estrecho, y seguirá haciéndolo en beneficio de otros mientras nosotros andamos distraídos con las provocaciones de los separatistas o del señor Iglesias y de sus insensatos palmeros socialistas. Usted, señora ministra, es una experta en relaciones internacionales, pero parece olvidarlo, perdida como está en esa mesa de la Moncloa tan inmensa como la cubierta de un portaviones pero algo menos organizada. (Aplausos.)

Cuando se entabla una negociación como la de este tratado se parte de la definición de un objetivo, y los británicos saben cuál es el suyo, blanquear el paraíso fiscal para que sirva a la finalidad de siempre, Rule Britannia! El nuestro parece muy limitado, poner en su sitio a los evasores fiscales españoles. No es que esté mal, sino que ese no es el problema. Centrémonos pues en este tratado, que es lo que hoy nos trae aquí, un tratado que versa sobre dos grandes cuestiones: residencia fiscal e intercambio de información. De una lectura del texto que hiciese abstracción del contencioso podría deducirse que es un acuerdo interesante para España porque pondría coto a la elusión fiscal por parte de personas físicas y sociedades que viven y operan en España siendo residentes fiscales en Gibraltar. Pero realmente se trata de una ilusión, pues el principal problema fiscal que plantea Gibraltar no es el de las residencias, sino el de las miles de personas que pasan la frontera a diario sin ningún tipo de control -yo lo he visto- y se benefician del diferencial de impuestos indirectos que existe entre los dos territorios. Y es que a diferencia de otros paraísos fiscales promovidos por los británicos, Gibraltar no es una isla de difícil acceso, sino que es un territorio unido a la Península por tierra. Eso hace que el perjuicio causado a España por el llamado dumping fiscal sea mucho mayor que en el caso de otros paraísos fiscales, el cual difícilmente puede ser solucionado por medio de normas de residencia fiscal y acuerdos de intercambio de información. Un intercambio que, por cierto, excluye los aciertos anteriores, en su caso de 2018, de 2014 o incluso de 2011. Así pues, este tratado solo sirve para evitar que residentes fiscales españoles eludan impuestos por medio de la creación de sociedades en Gibraltar, pero deja intactos los privilegios fiscales de los llanitos.

Quizás por su propia adicción a la escuela realista, señora ministra, ha hecho énfasis últimamente en la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad y de crear una zona de prosperidad compartida en la comarca. En tal caso, su idealismo le habría llevado a escoger una expresión que recuerda a la famosa Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental -ahí queda eso-, fórmula con la que los japoneses pretendían justificar su dominación colonial del resto de los pueblos asiáticos; colonialismo puro, señoritas, todo está inventado. ¿De qué prosperidad estamos hablando? Si acaso la de los


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gibraltareños, o quizás se refiera a la tela de araña tejida durante cuarenta años por los socialistas, que continúan dominando la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, porque padeciendo las tasas de paro, que llegan a superar el 30 % -y eso antes de la COVID-, al resto de los habitantes de la comarca solo les llegan las migajas. Parece que ese motor de riqueza y empleo que dice el Gobierno llanito que es Gibraltar está gripado. El tratado fiscal no incide en los principales problemas que para España supone la presencia de una colonia en nuestro suelo, tan solo contribuye a soportarlo. Nuestros trabajadores continuarán siendo discriminados salarialmente, serán excluidos, de hecho, del generoso sistema de bienestar de la colonia y cuando se jubilen percibirán una pensión de miseria. Las mafias del contrabando de tabaco, por no decir los narcos, que al final vienen a ser los mismos, podrán seguir operando y blanquearán el dinero por medio de sofisticados entramados legales diseñados por los despachos de abogados de Gibraltar. Los llanitos ricos continuarán disfrutando de viviendas propiedad de sociedades llanitas en La Línea y en San Roque y seguirán sin pagar impuestos en España. Las empresas llanitas seguirán realizando actividades de bunkering en aguas españolas contaminando el entorno natural y perjudicando la bahía de Algeciras. A cambio, con la firma del tratado fiscal España blanquea el paraíso fiscal y reconoce por primera vez en trescientos años la jurisdicción y competencia de las autoridades locales. (Aplausos.) Este reconocimiento por parte de España debilita nuestros derechos legítimos de soberanía, dando pie a que Fabián Picardo reivindique ante Naciones Unidas como pueblo a los vecinos de Gibraltar -ya lo ha hecho-.

Este es el resultado de la indigna posición del Gobierno español, que ha puesto lo accesorio delante de lo principal. La cuestión que se juega en este momento es aprovechar la oportunidad histórica de acabar con una situación colonial que no solo ofende a España, sino al propio derecho internacional. (Aplausos.) Entonces podremos poner en su sitio a quienes abusan de la necesidad y de la buena fe resignada de los habitantes de la comarca, una comarca que podría ser la Costa del Sol pero que se va pareciendo a El Paso. Vayan al Campo de Gibraltar, como voy yo, es mi circunscripción precisamente, y lo comprobarán.

Por todo ello, no otorgaremos nuestro consentimiento para que España se obligue por un tratado que nada hace por sus intereses, sino que está tan solo dirigido a gestionar una realidad contraria a los mismos. Rechazamos un acuerdo que, como el presente, no parte de la reivindicación de la soberanía. Gibraltar, señorías, ¡es España!

Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rosety.

En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.

Señorías, hoy vuelvo a participar en el Pleno del Congreso de los Diputados tras estos meses en los que la crisis sanitaria ha abierto un paréntesis de muerte y desolación en la vida y en el trabajo de todos los españoles y de millones de personas en el resto del mundo. Por eso, me gustaría que mis primeras palabras sirvieran para recordar a esas decenas de miles de personas que han perdido la vida en España a causa del coronavirus y, por supuesto, a sus familias. Espero que todos los diputados de esta Cámara seamos capaces de honrar su memoria como se merecen. También quiero mandar todo mi apoyo y energía a quienes todavía están peleando en los hospitales. Vaya por ellos toda nuestra solidaridad en estos duros momentos, porque las estadísticas se componen de personas, señorías. También quiero agradecer y reconocer el trabajo que han hecho los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las personas que han trabajado en limpieza, los trabajadores de supermercado, el personal de farmacia, agricultores y ganaderos, todas esas personas que nos han ayudado y nos han mantenido mientras estábamos todos en una situación de hibernación económica y de confinamiento en casa. Por último, no quiero olvidarme de aquellos padres y madres que han tenido a sus hijos confinados con responsabilidad, de esas empresas y pymes que han permitido que sus trabajadores puedan teletrabajar, de esos autónomos que miran el futuro con incertidumbre, no sabiendo qué va a pasar mañana, así como de todos los españoles que hoy todavía están en un ERTE. En Ciudadanos nos estamos dejando la piel por vosotros. No estáis solos, vamos a seguir trabajando por vosotros. Salvar vidas y salvar empleos son los únicos motivos que mueven a mi partido.


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Señorías, hoy debatimos aquí una enmienda a la totalidad de un acuerdo internacional en materia fiscal entre Reino Unido y España que tiene como objetivo Gibraltar, en el marco de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este acuerdo tiene tres objetivos fundamentales: luchar contra el fraude fiscal, defender los intereses de España en materia de fiscalidad y competencia justa entre las empresas de ambos lados de la verja y establecer reglas claras en materia de fiscalidad entre ambos territorios. Establece reglas de residencia acordes con la generalidad de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Incluye una cláusula que beneficia particularmente a España, y es que, en caso de duda sobre residencia, prevalecerá la residencia en España. Recoge también severas normas que evitarán eludir impuestos. Establece un régimen reforzado de cooperación administrativa, que incluye el intercambio de información sobre personas, sociedades, rentas y activos y el acceso libre al Registro Mercantil y al Registro de la Propiedad del Peñón. Otorga amplios poderes a la Agencia Tributaria para participar en inspecciones fiscales simultáneas y controlar de forma conjunta la colonia, investigar y recabar información, así como para vigilar a las personas y los negocios que tienen esa actividad transfronteriza y que han trabajado de forma opaca durante todos estos años. Contiene reglas muy específicas para que el derecho de la Unión Europea en materia de asistencia administrativa mutua siga resultando de aplicación en las relaciones bilaterales de España y Gibraltar, tanto ahora como en lo que posteriormente pueda regular la OCDE o la Unión Europea con el Consejo de Europa y el G20.

Desde el punto de vista fiscal, que es lo que el acuerdo viene a regular, creemos que estamos ante un texto muy importante y beneficioso para España; va a ser muy útil, sobre todo, en la lucha contra el fraude fiscal; solventa en gran parte algunos de los problemas que ha tenido la zona y España, derivados de la merma fraudulenta de ingresos fiscales en detrimento de España, y evita la competencia desleal entre negocios que están situados a ambos lados de la verja. Supone también un ejercicio de transparencia entre Gibraltar y España, aumenta el control fiscal y permite el intercambio real de información sobre la colonia, lo que es un grandísimo avance en relación con la situación que hasta hoy teníamos.

Este acuerdo fiscal es uno de los instrumentos más importantes que se han derivado de la prerrogativa española conseguida en 2017, que nos permite negociar bilateralmente entre el Reino Unido y España sobre el estatus de Gibraltar. Por eso, avanzar en esta senda es el camino correcto, respetando siempre la potestad de España en este ámbito. A punto estuvo de no respetarse esta prerrogativa en 2018, cuando la Unión Europea y el Reino Unido negociaban sobre el brexit. Había un artículo que defendía esta prerrogativa, pero se eliminó a lo largo de la firma de los acuerdos a los que la ministra ha hecho referencia, pero se pudo solventar, y se pudo hacer con la participación, por supuesto, del Gobierno de España, pero también de la Unión Europea. Lo más importante es que este acuerdo, desde el punto de vista internacional, nos ayuda a que siga respetando esa prerrogativa española en el marco de las negociaciones del brexit, así como que las autoridades británicas y gibraltareñas cumplan con lo acordado. Desde el punto de vista la repercusión de este acuerdo, lo más importante es que contribuye a solucionar los problemas serios a los que se enfrenta el Campo de Gibraltar por el estatus especial del Peñón.

Si nos ceñimos al acuerdo de VOX, tenemos que decir que en esa enmienda que ha presentado incluso dicen que el acuerdo es bueno, aunque lo dejan como una victoria ridícula, cuando realmente lo que necesita el Campo de Gibraltar es que este acuerdo se ponga en vigor y se vote favorablemente. Esta enmienda no pretende valorar el acuerdo desde el punto de vista fiscal, sino que solo quiere hablar de soberanía del Peñón y de otros muchos problemas que tiene la provincia de Cádiz y, en concreto, el Campo de Gibraltar.

Yo soy de Cádiz, tenemos muchísimos problemas en el Campo de Gibraltar. El problema es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, cuando han estado en el Gobierno, han querido solucionarlo. Tenemos uno de los puertos más importantes de Europa y de España, pero no tenemos un tren que lo una con el resto de España y con el resto de Europa. Pero ese no es el problema; el problema es la opacidad y las diferencias que ha habido entre Gibraltar y España durante todos estos años.

La aprobación de esta enmienda tendría un efecto inmediato de impedir la entrada en vigor de un acuerdo, que ya viene con mucho retraso y que es absolutamente necesario, porque limita extraordinariamente la capacidad de personas y de empresas de cometer abusos fiscales en perjuicio de nuestro país. Es importante que los trabajadores autónomos y familias del Campo de Gibraltar sepan que pueden contar con Ciudadanos para lograr acuerdos que mejoren sus problemas del día a día. Sería para no perdonarnos perder esta oportunidad que nos da este acuerdo para acabar con las desigualdades y con los problemas que durante años ha creado esa opacidad con la que ha operado Gibraltar, y que nos


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ha llevado a tener muchísimas menos inversiones, muchísimos menos empleos y muchísimo menos crecimiento económico del que se merece nuestra provincia.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.

La señora MUÑOZ DALDA: Bon dia, presidenta. Buenos días, señorías.

Es mi primera intervención en esta tribuna en tiempos de pandemia y, en primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame hacia todas las familias que han perdido a un ser querido y también dar las gracias a todas las personas que han estado en primera línea curándonos, cuidándonos, así como al conjunto de la sociedad, porque sin su responsabilidad, sin su solidaridad, no estaríamos donde estamos. Hemos evitado una situación mucho peor.

El debate que nos ocupa hoy sobre el acuerdo entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar es un debate sobre fiscalidad. Este acuerdo trata de medidas en materia fiscal y ustedes, el Grupo VOX, proponen denegar este acuerdo, un acuerdo que lo que hace es luchar contra la evasión fiscal. Con la que está cayendo ahí fuera, ustedes vienen aquí hoy a proponer denegar un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal. Señorías, ¿por qué hacen ustedes esto? Pues porque son ustedes una fuerza política reaccionaria que tiene como referentes internacionales a Trump, a Bolsonaro -con todo lo que implica tener como referentes a dos presidentes que son un peligro para la humanidad-, y su cometido es impedir cualquier tipo de medida encaminada a redistribuir la riqueza.

Señorías, en el propio escrito que han presentado reconocen que el acuerdo es favorable a los intereses de España. Ustedes reconocen que el acuerdo es bueno para España y, sin embargo, proponen denegarlo; ustedes proponen denegar un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal. Señorías, ¿qué hará el Partido Popular? ¿Va a votar con VOX? Bueno, VOX no deja de ser una escisión del Partido Popular. (Un señor diputado: Es la verdad.-Rumores.) Comparten ustedes muchas cosas. (Risas.-Rumores.) Bueno, es la verdad, ¿no? Comparten, por ejemplo, ese patriotismo -patriotismo (hace el gesto de comillas con los dedos)- de bandera y pulserita que en cuanto puede se lleva el dinero a un paraíso fiscal en vez de pagar los impuestos en España, impuestos que sirven para financiar los servicios públicos que tan esenciales se han revelado en esta crisis. ¿Qué habríamos hecho en esta pandemia sin la sanidad pública, señorías? Pero es que ustedes no defienden la sanidad pública, ustedes defienden la sanidad privada y el sálvese quien pueda. (Rumores.)

Ustedes, señorías, son los representantes políticos de unas las elites económicas que lo que buscan es mantener sus privilegios; es más, no son ni siquiera representantes, ustedes son esas elites económicas. (Risas.) Otra de las cosas que comparten las señorías de VOX con el Partido Popular es que entre sus filas tienen a personas con títulos nobiliarios. (Varios señores diputados: ¡Hala!), personas de la nobleza. (Rumores). Díganme señorías, ¿les ha convencido el rey para dar pan y leche a los pobres? (Rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Continúan las protestas.) Ruego silencio, por favor.

La señora MUÑOZ DALDA: Señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. (Rumores.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Es una vergüenza!) Yo es que leí esa noticia hace un par de días, pensé que me había despertado en la Edad Media y dije: ¿Qué es esto?, ¿el siglo XI? La redistribución de la riqueza en el siglo XXI funciona gracias a la actuación del Estado, que a través de instrumentos como la fiscalidad, como la provisión de servicios públicos, es capaz de corregir desigualdades y de garantizar los derechos humanos. (Rumores.-El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio por favor! ¡Señor Matarí, silencio, por favor!

La señora MUÑOZ DALDA: Señorías, lo que estamos afrontando ahora mismo es la reconstrucción social y económica de nuestro país, y para eso vamos a tener que debatir y hablar y pensar sobre cómo afrontamos una reforma fiscal. Vamos a tener que pensar como avanzamos para conseguir una mayor justicia fiscal. Este no es un tema menor, este es un tema prioritario, por lo menos para nuestro grupo


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parlamentario, que ha hecho propuestas en este sentido. Porque ahora más que nunca se tiene que cumplir un principio básico de justicia, que es que contribuya más quien más tiene, porque los que tienen poquito y están haciendo ahora la declaración de la renta saben perfectamente que hay algo aquí que no está bien, porque, a lo mejor, con lo poco que tienen, les sale a pagar, y otros, que tienen tanto, contribuyen muy poco en proporción con lo que podrían contribuir.

Señorías, es momento de afrontar este debate. Han sido ustedes muy torpes a la hora de proponer este debate en torno al acuerdo porque han intentado desviar la atención hacia otros temas, pero en realidad lo que han abierto es el marco para debatir sobre justicia fiscal, que es un tema que a ustedes no les gusta porque, insisto, su cometido como fuerza política reaccionaria es impedir cualquier tipo de justicia redistributiva que permita garantizar los derechos sociales.

Acabo, señorías. Apliquémonos la regla Echenique (risas), la bautizada por el ministro Salvador Illa como regla Echenique, y preguntémonos todos los días qué he hecho yo durante la peor epidemia en un siglo para ayudar a mi país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Martínez Ferro.

La señora MARTÍNEZ FERRO: Muchas gracias, presidenta, y buenos días, señorías.

También desde el Grupo Popular queremos lanzar un recuerdo emocionado a las víctimas y a sus familias y, sobre todo, felicitar a los sanitarios por el Premio Princesa de Asturias, que se falló ayer. Lo merecen y lo merecen con creces. (Aplausos.)

Discutimos hoy aquí la ratificación de un acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros con el Reino Unido en relación con Gibraltar, un acuerdo que fue aprobado por Consejo de Ministros ya en marzo de 2019, o sea, hace más de un año. Como sus señorías saben, el Reino Unido ha decidido dejar de formar parte de la Unión Europea y esa desconexión se va a producir -si todo sigue según lo previsto, que nunca se sabe- el 31 de diciembre del 2020, es decir, dentro de seis meses. Así que me van a permitir -porque esto es lo que va a marcar la orientación de voto de este grupo parlamentario- que me detenga primero en analizar lo transcendental, que es la posición del Gobierno ante el brexit, y pasaré después a analizar el acuerdo.

Estamos, señorías, ante una oportunidad histórica, y digo bien, oportunidad histórica, porque el brexit cambia la estructura de un tablero de juego que lleva inmóvil desde 1713. Tanto el Reino Unido como su colonia, Gibraltar, pasan ahora a ser un país tercero, un país ajeno a la Unión Europea, igual que Marruecos e igual Turquía, lo que significa que la famosa verja no es solamente una separación con España, sino también con el mercado único, con el Espacio Schengen, y que, además de ser frontera con España, es también frontera de toda la Unión Europea. Pues bien, ante esta oportunidad histórica, una oportunidad única -ya les digo- en casi 300 años, el Gobierno del señor Sánchez ha mostrado de nuevo una enorme debilidad. Nuestra falta de peso político en la Unión Europea no solo se refleja en las negociaciones que estamos teniendo de la PAC, que son tan importantes para la agricultura y para la ganadería, sino también en causas históricas como esta. Esto no es de hoy. El presidente Sánchez fue incapaz de introducir la cuestión de Gibraltar en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el año 2018. Bien es cierto que para traer algo que vender a casa adoptó una especie de fórmula que se compone de una declaración aneja al acuerdo, que es de una nimia validez jurídica, y un protocolo de esos cuatro memorándums que sirve principalmente a los fines del Reino Unido. Es decir, para que se entienda: dejó la cuestión de Gibraltar al margen de los intereses estratégicos europeos en el brexit, lo cual hace que España no cuente con la fuerza negociadora de la Unión Europea en esta negociación con Gibraltar, sino que se fía todo a la debilidad de un Gobierno practicante de una teoría que se llama la rendición preventiva. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!)

Quiero dejar claro que el Partido Popular, el partido que este grupo parlamentario representa, ni renuncia ni renunciará nunca a que Gibraltar sea una parte de España. De hecho, en 2017, cuando estábamos en el Gobierno, conseguimos que cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que estuviese referido a Gibraltar tuviese que contar con un acuerdo bilateral previo entre España y el Reino Unido. Por eso se puede hacer este acuerdo. Confiemos en que ustedes sean capaces de mantener lo negociado por nosotros en el interés de España, porque les diré, señorías del Gobierno, señora ministra, que no deja de ser descorazonador que el primer tratado que firman con el Reino Unido


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sea un acuerdo por el que se establecen un conjunto de instituciones administrativas y fiscales en el Peñón sin pasar ni rozar ni tener una mención a la importancia de la restauración de la integridad territorial. Esta incapacidad de reaccionar y esta falta de ambición es muy peligrosa para los intereses de España. No sé si es que ustedes -ya lo han dicho sus compañeros de Podemos- carecen de interés por la causa o es porque ahora la consideran de derechas o patriótica o, como les gusta decir ahora, de extrema derecha, pero son ustedes, son ustedes los que están rompiendo una posición tradicional y uno de los más antiguos consensos de la historia de España.

Como usted bien sabe, señora ministra, la descolonización no es un tema de izquierdas ni de derechas, es un mandato de Naciones Unidas. La soberanía de Gibraltar era, por lo menos hasta ahora, un asunto de Estado, y qué menos que llamar a la oposición cuando se van a alterar los términos que comprometen el futuro de España. Esto es confundir, señora ministra, una política de Estado con una política de su Gobierno. Comprenderá que su alianza con Podemos y las servidumbres varias con los independentistas no son fuente de tranquilidad alguna, tampoco en lo referente a política exterior. Yo entiendo que ustedes están acostumbrados a gobernar sin pedir perdón y, por supuesto, sin pedir permiso, pero tienen que tener en cuenta alguna vez que no son infalibles ni tampoco son eternos. Así que, si comprometen el futuro de todos, no engañen contando que todo el rato nos tienden la mano, cuando en realidad las tienen atadas detrás de la espalda, y dialoguen, porque juntos lo haremos mejor.

Con respecto al tratado que nos ocupa, este convenio consolida un régimen fiscal contra el que han luchado todos los Gobiernos anteriores, independientemente de su color político. Es el primer tratado que España firma con el Reino Unido desde el Tratado de Utrecht en 1713 y lo que hace es consagrar el edén fiscal existente en Gibraltar, que ha crecido a costa de asfixiar al Campo de Gibraltar. Si Gibraltar no está hoy incluido en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es porque ese listado solo incluía a países terceros y el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. Tras el brexit cumple todos los requisitos para ser directamente incluido en la lista de paraísos fiscales, que además extorsiona directamente la economía y la tributación europea.

Este acuerdo no tiene mención alguna a la compensación de tipos impositivos gibraltareños y, lejos de eliminar este paraíso fiscal, consolida la exención fiscal de las sociedades offshore. Reconoce además ciertas estructuras de Estado y un comité de coordinación que establece que se sienten en igualdad de condiciones España y los representantes de Gibraltar, estos nombrados por el Reino Unido. De esta manera se ponen en plano de igualdad España y Gibraltar y se elimina toda posibilidad de reclamación ante organismos internacionales. Señorías, es en los momentos críticos de la historia cuando los Gobiernos fuertes deben demostrar su liderazgo y su capacidad negociadora, y en un momento crítico para la Unión Europea el Gobierno de Sánchez ha tenido una actitud irrelevante y está desaprovechando una gran oportunidad. Le pido, señora ministra, que cambien la rendición por la ambición y que se sitúe a la altura de la vocación europeísta que tienen los españoles, defienda los intereses de España, defienda el interés que tiene España en reivindicar la soberanía de Gibraltar.

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ FERRO: España puede hacerlo mejor porque lo hemos hecho en el pasado. Y ahí no dude que nos tendrá a su lado, solo ahí.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez de Celis.

El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ DE CELIS: Gracias, presidenta.

Señorías, mis primeras palabras desde este atril quiero que sean, como el resto de mis compañeros intervinientes, para sumarme al pésame por las víctimas de esta terrible pandemia. Mi respeto al dolor de sus familias y sus seres queridos.

Señorías, estamos hoy ante un momento histórico; histórico por dos razones. En primer lugar, porque es el primer acuerdo que se firma entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de España en relación con Gibraltar desde 1715, desde Utrecht, y lo hace con el objetivo concreto, que bien ha descrito y pormenorizado nuestra ministra, de eliminar el fraude fiscal. Con ello, señorías, tras treinta años de tener a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de España, gracias a este acuerdo, se convierte


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en un aliado para luchar contra el fraude fiscal a través de la transparencia y la cooperación, para acristalar así el escenario fiscal de la zona. Por otro lado, sumamos también una herramienta eficaz y útil para evitar que los defraudadores, delincuentes y corruptos traten de buscar cobijos para llevar su botín allí, a Gibraltar, algo que -repito- también evitamos con este acuerdo. Será por eso, quizá, que la derecha se resiste tanto a aprobar este acuerdo. Porque, no lo olvidemos, señorías, todos los que se llevan dinero a Suiza, todos los que se llevan dinero a Panamá, todos los que llevan su dinero a Andorra o incluso los que se llevan su dinero a Gibraltar lo hacen con una banderita de España en la muñeca, ahora también en las mascarillas, para deshonra de España y para deshonra de nuestra bandera. (Aplausos.)

En segundo lugar, este acuerdo es histórico por el acuerdo alcanzado por el presidente Pedro Sánchez con la Unión Europea para el brexit. Tenemos la última palabra: la Unión Europea deja el derecho a decidir en manos de España en todo lo relacionado con Gibraltar respecto a Europa. Por cierto, exactamente como pedía en su programa electoral el Partido Popular; exactamente así. Sin embargo, se suman a la ultraderecha. Me temo que en torno a este acuerdo que comenzó el Partido Popular con el ministro Dastis, en este momento ha ganado el espíritu que rodea al Partido Popular, el de Margallo, que es más ultra contra todos los intereses de España en relación con Gibraltar.

Las bondades del acuerdo ya han sido descritas por la ministra. Sin embargo, la derecha, esta derecha siamesa, con el mismo cuerpo y dos cabezas -Casado-Abascal, Abascal-Casado-, se opone, y veamos por qué.

Según VOX, la intención de británicos y gibraltareños es ser reconocidos como entidad política. Miren, España continua en la defensa de sus reivindicaciones históricas sobre la soberanía de Gibraltar, y lo hace donde debe hacerlo, en Naciones Unidas. Es más, como se ha dicho, también se incluye en el propio acuerdo, en su preámbulo, que no renunciamos a la soberanía. Se dice textualmente -atentos, señorías- por parte de VOX, con sus cooperadores necesarios, el Partido Popular: Las mafias del contrabando de tabaco verán reducidos sus ingresos. ¡Pobrecitos! Y claro, estos pobres mafiosos, dice ahora VOX, tendrán que complementar con otras actividades ilícitas. O sea, que, según ustedes -la ultraderecha y sus cooperadores necesarios, el Partido Popular-, mejor dejamos las cosas como están. Pues no, eso lo van a tener que hacer ustedes diciéndoselo a la cara a los guardias civiles, a la Policía, a Vigilancia Aduanera que, gracias al Plan especial de seguridad, se juegan la vida todos los días en el Campo de Gibraltar. Eso van a tener que hacer ustedes. (Aplausos.) De hecho, ese plan -plan que puso en marcha el Ministerio del Interior y en el que humildemente y como delegado del Gobierno en Andalucía también participé- ha dado ya sus frutos: 24 millones de euros invertidos, 7 133 detenciones, 216 446 kilogramos de droga incautada, 1 083 418 cajetillas de tabaco, y ahora este acuerdo para atacar las líneas de financiación de las mafias. Sí, así también actúa este acuerdo.

También hablan VOX y su cooperador necesario, el Partido Popular, de que los trabajadores serán discriminados en beneficios sociales. Miren, el propio acuerdo incluye premisas sobre el bienestar de los trabajadores en el Campo de Gibraltar, pero, como bien ha indicado nuestra ministra, también en el memorándum se garantizan los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar.

Voy terminando. El problema de fondo de la derecha es que usa Gibraltar como usa Venezuela, Cataluña o ETA cuando las cosas le van mal. Nosotros vamos a defender los derechos legítimos sobre Gibraltar, nuestra soberanía, con firmeza, pero con la mano tendida. Ustedes, la derecha, afrontan los problemas con Gibraltar como herederos del franquismo, y no lo digo por los manifiestos franquistas que firma el señor Rosety, lo digo por -como propuso el señor Abascal en noviembre de 2019- cerrar la verja de nuevo, con el desasosiego que creó, y espetándole sus propios compañeros de VOX en el Campo de Gibraltar que esos trabajadores también son españoles. Ustedes, la derecha, lo afrontan con actos chulescos para provocar a las autoridades de Gibraltar; nosotros, firmando acuerdos de cooperación leal contra el fraude fiscal y con el Reino Unido. Ustedes, la derecha siamesa, utilizan Gibraltar para generar confrontación, división, crispación y odio; nosotros lo afrontamos como lo hacen diariamente los ciudadanos del Campo de Gibraltar, conviviendo fraternalmente, en buena vecindad e incluso forjando familias a un lado y al otro de la verja. Y lo hacemos además con el mismo acento, el andaluz, da igual que se hable en español o en inglés. Por ello, y siempre desde la firmeza en la defensa de los intereses de España, contra las provocaciones estériles, cooperación leal; contra el odio y la crispación, fraternidad y humanidad.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rosety Fernández de Castro pide la palabra.)


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

¿Señor Rosety?

El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: ¿Me permite subir al estrado?

La señora PRESIDENTA: No, no hay prevista intervención. ¿En base a qué artículo me pide la palabra, por favor? Es que, señor Rosety, no está prevista ninguna otra intervención, por eso le digo si me puede decir en base a qué artículo me pide la palabra.

El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: El 72.1, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Rosety.

El señor ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO: Yo quisiera puntualizar alguna cuestión en relación con cuanto se ha dicho aquí. En primer lugar...

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Rosety, es que ese no es un artículo que habilite a la réplica. Se ha producido el debate, no se ha reabierto el debate en ningún momento y, por tanto, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias.

Señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Gracias, señora presidenta.

Señorías, yo quería darles las gracias por sus observaciones, por sus comentarios y terminar esta intervención invitándoles a apoyar este acuerdo bilateral entre el Reino de España y el Reino Unido relativo a la fiscalidad. Lo hago porque pienso que, más allá de las palabras -de las buenas, de las malas, de los adjetivos, de los adverbios; muchos-, tenemos una oportunidad única que no podemos dejar pasar para resolver una cuestión mayor relativa a la soberanía de España, que es la soberanía fiscal.

Muchas gracias, señorías. Gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. (Número de expediente 121/000001).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta.

Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, defiendo ante esta Cámara el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, un proyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero y contra el que los grupos parlamentarios del Partido Popular, VOX y Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad y solicitan su devolución al Gobierno.

Señorías, me gustaría decirles que la elaboración de esta ley responde a la necesidad de hacer frente a los retos que desde el punto de vista fiscal nos plantea la digitalización de la economía. Se trata de una nueva fiscalidad del siglo XXI que responde a un doble objetivo. En primer lugar, tener un sistema fiscal justo y progresivo, que permita cumplir con su función social con la Constitución. Un pegamento para la cohesión social necesario e imprescindible en una sociedad avanzada. Un instrumento que permita redistribuir parte de la riqueza y de la renta, que es la esencia de una sociedad -es lo que nos une-, para que tengamos sistemas públicos de protección sostenible; en definitiva, para tener un Estado del bienestar. Para que en esta pandemia, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, se pueda acudir sin ningún problema al médico sin que a nadie le tenga que importar lo que tiene o no en la tarjeta de crédito. Para que los niños de familias sin recursos puedan coger el ascensor social y puedan llegar a ser médico, ingeniera, programador o camarero profesional. Para que nuestros padres tengan la vejez que merecen o para que ningún niño o ninguna niña en nuestro país se quede sin comer, para que tengan un ingreso


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mínimo vital. De eso, justamente, hablamos hoy. En segundo lugar, porque el mundo ha cambiado. Cada día más la economía es digital. Lo hemos visto durante esta pandemia, en que el confinamiento ha posibilitado que los hábitos de los ciudadanos hayan estado centrados en el manejo de las redes, en el manejo de todo ese mundo digital que para algunos colectivos no resultaba amigable. De hecho, es una economía a la que no se le ha construido una fiscalidad acorde. Tenemos en este momento en nuestro país -y yo diría que en la mayor parte del mundo- una fiscalidad analógica en una economía digital.

La fiscalidad actual está pensada para la economía de hace veinte años. Los negocios tradicionales pagan proporcionalmente un mayor volumen de impuestos que los digitales. Por tanto, señorías, esta situación no es razonable, es una situación que hay que cambiar; es algo nuevo que necesita figuras fiscales nuevas. Y verán, señorías, estos nuevos modelos de negocio digital se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con una escasa o nula presencia física. Hablamos de compañías cuyo modelo de negocio se basa en activos intangibles, en datos y en contribuciones de los usuarios finales a la creación de este valor. Las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades se concibieron para empresas tradicionales con presencia material, pero son insuficientes para este modelo de negocio digital. Y son insuficientes porque no tienen en cuenta que hay empresas que pueden prestar servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en él. Son insuficientes porque tienen dificultades para impedir la deslocalización de esos activos intangibles o jurisdicciones de escasa o incluso directamente nula tributación. Y son también insuficientes porque no reconocen este papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor mediante el suministro de datos o la generación de contenidos.

Este impuesto es una necesidad ante esta nueva realidad económica y también un primer paso para acercar de forma progresiva los niveles de tributación de nuestro país a la media de los países de la eurozona. Saben de la necesidad que tenemos de contar con un sistema progresivo, justo, que sea capaz de atender las demandas de los ciudadanos, y por ello hace falta que entre todos contribuyamos a hacer pedagogía impositiva, si me permiten esta expresión coloquial. Tenemos que conseguir en la ciudadanía una conciencia fiscal, que siempre es importante, pero que en momentos como los que vivimos ahora se hace absolutamente imprescindible. Me refiero, señoras y señores diputados, a dos cosas. Primera y elemental, a no engañar a los ciudadanos cuando abordamos la reforma de la política fiscal; es decir, a reconocer sin tapujos, ambages ni mentiras la evidencia de que sin un sistema tributario justo no hay educación, no hay sanidad, no hay prestaciones sociales. Y, segunda -y también me refiero a esta doble vara de medir que usan los partidos de la oposición cuando se habla de la tributación-, señorías, seamos serios al menos en esta materia, la mayor subida impositiva de la historia de la democracia la llevó a cabo un Gobierno del Partido Popular. Yo no estuve de acuerdo con la política del señor Rajoy, que en sus primeros dieciocho meses de Gobierno realizó en torno a cuarenta subidas de impuestos, y no lo estuve básicamente por dos motivos: el primero, porque hacía recaer esta subida de impuestos en clases medias, en clases trabajadoras, a las que empobreció masivamente. Y, el segundo, porque al mismo tiempo aprobaba para una minoría selecta una amnistía fiscal, una amnistía que el Tribunal Constitucional terminó declarando ilegal.

Creo que tenemos que dejar ya ese planteamiento empíricamente insostenible según el cual, mientras de menos recursos se disponga por parte del Estado, mejor para los ciudadanos. Es un planteamiento que no es que sea ultraliberal, yo diría que es ultrainfantil y que, en las circunstancias que vive nuestro país, raya en la irresponsabilidad; creo que tenemos que dejar ya una irresponsable actitud deslegitimadora de los sistemas tributarios. Los datos hablan por sí mismos, solo hace falta verlos, son clarificadores de la situación en la que se encuentra nuestro país. Miren, España tiene una proporción de ingresos públicos en relación con el PIB del 39,1 %, más de 7 puntos por debajo de la media de la eurozona. Somos el sexto país con menos ingresos públicos sobre el total del PIB de la eurozona. Es obvio que nuestro país tiene un claro margen para mejorar la recaudación y es una necesidad para mantener el Estado del bienestar; por tanto, para un Gobierno responsable ya no se trata solo de algo bueno, sino que es una verdadera necesidad.

Este proyecto que discutimos esta mañana gravará al tipo del 3 % los servicios de publicidad, de intermediación en línea y la venta de datos recopilados a partir de información proporcionada por el usuario; todo en línea con lo sugerido por la Comisión Europea. Obligará exclusivamente a empresas cuya cifra de negocio en el año anterior natural supere a nivel mundial los 750 millones de euros, 3 de ellos en el territorio español. Por tanto, señorías, no va a tener ningún tipo de impacto para las pequeñas y medianas empresas, salvo que alguna de sus señorías crea que con 750 millones de euros de


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facturación corresponde a la categoría de pequeña o mediana empresa. El impuesto que proponemos no grava, y esto quiero dejarlo muy claro, las actividades minoristas de comercio electrónico o las ventas online entre particulares. Se configura como un impuesto indirecto de liquidación trimestral que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y que contempla una disposición para que su recaudación no se haga hasta el final del año. Porque, señorías, una de las controversias que ha generado este impuesto, y que aparece reflejada en la totalidad de las enmiendas presentadas, es su anticipación a la conclusión de las discusiones relativas al mismo en los foros internacionales. ¡Cuántas veces, señorías, se ha criticado a nuestro país por quedarse atrás en determinadas políticas y por no tener iniciativa! Ahora parece que estas enmiendas critican lo contrario; si España se queda a la cola en materia fiscal, mejor que mejor para algunos. Parece que aquí podemos avanzar en todo menos en la mejora de los sistemas tributarios. Por eso, señorías, cuando algunos hablan de esperar o de que cuanto más tarde mejor ¿qué significa? ¿Que si es nunca, estupendo? ¿Que si no podemos poner en marcha nuevas figuras, mejor? Y quiero decir al respecto que España lleva muchos años trabajando en foros internacionales, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para conseguir un acuerdo internacional sobre este impuesto. Y es verdad que todavía no hay acuerdo entre los Estados sobre cuál es la solución a adoptar; sin embargo, esto no ha impedido que esta figura entre en vigor en otros países para seguir avanzando en este camino; claramente no, países de referencia como Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Hungría, y también España, ya han optado por medidas normativas para tratar de gravar en su territorio una parte de la actividad de las grandes multinacionales tecnológicas. Por supuesto, como dice la ley, se trata -insisto- de una decisión de carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel internacional o al menos europea.

La oposición de las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha, en esta ocasión con el apoyo de Ciudadanos, tienen algo en común respecto a este proyecto de ley: en ningún caso pretenden que realmente la fiscalidad contribuya al sostenimiento del Estado del bienestar. Algunas de estas formaciones políticas, en concreto Partido Popular y VOX, siguen sumados en este frente del no, ni siquiera la crisis sanitaria ni los devastadores efectos sobre la economía los han disuadido de una apuesta por una bajada generalizada de impuestos como fórmula magistral. ¿Acaso, señorías, eso no significa ideologizarlo todo? Porque desde la declaración del estado de alarma no han dejado de reclamar mayor gasto público, lo hacen todos los días; entre otras razones, esgrimen que es necesario para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Eso sí, llegada la hora de avanzar hacia una nueva fiscalidad, se declaran directamente objetores. Y no voy a generalizar, pero buena parte de los argumentos en contra de este proyecto, permítanme que les diga, son pura fachada. Porque parece que se tratara de una cuestión de conciencia, pero objetan contra un impuesto pensado para gravar fundamentalmente la actividad de grandes compañías multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios.

Me van a permitir que me detenga a continuación en analizar los motivos que se alegan por cada uno de los grupos parlamentarios que se oponen a este impuesto.

Por seguir el orden de prelación de mayor a menor, comenzaré con la enmienda que en nombre del PP suscribe la portavoz parlamentaria, doña Cayetana Álvarez de Toledo. Arranca su señoría su exposición aludiendo a la cancelación el pasado mes de febrero del Mobile World Congress por los propios organizadores del evento tras detectarse los primeros casos de coronavirus en España, una cancelación muy criticada por el Gobierno, dice la señora De Toledo en su escrito, y es cierto, pero entonces todos desconocíamos el alcance real del brote del coronavirus, y no solo nosotros, la Organización Mundial de la Salud no declaró la pandemia hasta el 11 de marzo. Cita su señoría las críticas del Gobierno a dicha cancelación, pero, eso sí, omite las que hizo el propio Partido Popular. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace poco -comparecía en Comisión ante una diputada del PP-, renunció a recordar las cosas que en determinadas fechas decían ustedes. Yo soy la ministra de Hacienda, lo hago en este Pleno y me dirijo también a sus señorías del Partido Popular, porque su presidente, el señor Pablo Casado, atribuyó la cancelación del Mobile World Congress a la deriva independentista de Cataluña. Como ven, nada que ver con el COVID-19. ¿Oportunismo, desconocimiento, mala fe, o más bien una combinación de todo ello, en un cóctel -el que ustedes preparan- en el que nunca faltan gotas de excesos? También el exministro del Interior del Gobierno del señor Rajoy, el señor Fernández Díaz, se explayó contra la suspensión en un artículo de opinión publicado en La Razón, que se tituló "Las plagas de Egipto". ¿Saben a quién culpaba el exministro de la suspensión? Nada más y nada menos que al "Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias", y la expresión es literal. Ni rastro, señorías, del coronavirus.


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Tras mezclar, en esta introducción de la enmienda a la totalidad, la cancelación del Mobile World Congress con un cuadro macroeconómico que califica de poco realista y con la pandemia del coronavirus, la señora Álvarez de Toledo concluye la exposición con una afirmación tajante: las medidas fiscales deben ir por rebajas y no por subidas. Con tanta profundidad argumental, que se despacha en torno a dos folios y medio, no logro comprender cuáles son las razones que llevan al Partido Popular a oponerse a este proyecto de ley. Es un texto-el del frente del no-, créanme, que no tiene contenido. Esta Cámara merece respeto, señoría, no es un escaparate que puede acaparar titulares o unos segundos de televisión, no es ese un elemento para hacer una exposición pública. Se trata, ni más ni menos, de la palabra, del debate político, de confrontar las ideas, de buscar alternativas; en definitiva, de ser útiles para la política de los ciudadanos. Y, señorías del PP, esta enmienda a la totalidad la han llenado ustedes de descalificativos, la ha suscrito su portavoz con una serie de cuestiones que creo que de alguna manera son coherentes con esta dinámica que llevan ustedes en los últimos tiempos. Pero me permito decirles, señorías, que el posicionamiento de su grupo varía según el tiempo y el lugar, porque hace menos de un mes, el pasado 15 de mayo, en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución propuesta por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Liberal y Los Verdes en la que, entre otras cuestiones, se solicitaron a la Comisión nuevos recursos propios para la Unión Europea, entre ellos, un impuesto sobre servicios digitales. ¿Y saben qué? Los eurodiputados del Partido Popular votaron a favor de esta iniciativa. Y en cuanto al tiempo, les recordaré, señoras y señores del PP, que este impuesto del que ahora despotrican fue una propuesta de mi antecesor en el cargo, el señor Montoro, ministro de Hacienda del último Gobierno del señor Rajoy. ¿Se les había olvidado que había una propuesta del Partido Popular para el desarrollo de este impuesto? ¿Se les había olvidado que había incluso una comunicación a la Comisión Europea en el último plan de estabilidad, donde se apuntaba que se iba a buscar una fiscalidad para el siglo XXI sobre esta materia? Fue el señor Montoro quien, en 2018, propuso implantar este impuesto, según dijo, porque proponía una tasa que era necesaria para el Estado del bienestar. Para sufragar las pensiones, dijo en concreto. Incluso proponía un tipo del 5 %, dos puntos más que el que recoge el proyecto de ley del Gobierno hoy a debate. Voy a leerles una transcripción literal de unas declaraciones del señor Montoro. Afirmaba -abro comillas-: No es un impuesto sobre los consumidores, sino sobre las grandes empresas, que, como ya hemos denunciado, no pagan lo suficiente donde tienen un importante volumen de negocio. Y añadía el señor Montoro: Este gravamen sobre grandes compañías digitales permitirá financiar mejor al Estado. Su previsión era ingresar hasta 1500 millones en el año 2019. Pero eso a ustedes, señorías del Partido Popular, les da exactamente igual. También el entonces ministro de Economía, el señor Román Escolano, se sumaba al coro de partidarios del impuesto. El señor Escolano reclamaba que entrara en vigor cuanto antes y señalaba los últimos meses del año 2018 para ponerlo en marcha. No es justo -decía el señor Escolano- que las empresas tradicionales paguen impuestos y las tecnológicas no contribuyan. Eso decían ustedes, señorías del Partido Popular. Por eso, yo me pregunto: ¿en tan poco tiempo han perdido esa condición de Gobierno, en boca de ese argumentario que hay en este proyecto de ley, que ahora desprecian lo que hace solo un par de años defendían y apoyaban bajo un Gobierno del señor Rajoy? Tal vez alguien piense que esto responde a una doble moral. Yo no lo creo, señorías. Es más grave. Creo que al Partido Popular no le importa la política, le importa el poder, y por eso le da igual contradecirse, decir digo o decir Diego le da igual, porque, en definitiva, cuando se trata de descalificar no es lo importante el objeto, es importante el adversario político para intentar tumbarlo. (Aplausos.)

Es posible que en la enmienda de VOX podamos hallar algún sentido o alguna explicación a esta incongruencia del Partido Popular. VOX, en definitiva, es el auténtico alfa y omega de este cambio del Partido Popular. La señora Macarena Olona, portavoz adjunta del grupo parlamentario, firma la enmienda de totalidad de su partido y sus conclusiones son las mismas a las que llega el Partido Popular. La enmienda comienza sustentándose en que el impuesto tendría efectos negativos sobre las empresas usuarias de servicios digitales, entre las que se encuentran pymes y startups. Habla de situación confiscatoria contraria a derecho, de impuesto directo y no indirecto, de erosión de la competitividad empresarial. Incluso este argumentario adquiere tintes dramáticos afirmando que duplicará con creces la carga impositiva actual soportada por muchas entidades. A continuación, meten en el texto, señorías, un párrafo de la Constitución que en nada se corresponde con el conjunto del argumentario, una suerte de corta y pega de la Constitución que no va en línea con el resto de objetivos y de argumentario que ustedes plantean. Porque ¿de verdad, señorías, pueden ustedes sostener que el impuesto afecta a pymes, a startups, a usuarios digitales? Acabo de explicar que para estar sujeto al impuesto hay que tener un nivel de negocio de 3 millones de euros al año en España y 750 a nivel mundial. ¿Son para ustedes estos 750


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millones una forma de beneficio de las pymes? Poco conocen entonces la fiscalidad y las pymes de nuestro país. Yo diría, señorías de VOX, que nos separa el infinito en nuestro modelo social y que, por tanto, también nos separa el infinito en nuestro concepto de la fiscalidad.

Finalmente, la enmienda a la totalidad del Grupo Ciudadanos -que firma su portavoz, el señor Bal- afirma que la crisis económica sobrevenida por la crisis sanitaria del COVID hace que este impuesto sea improcedente. Dice el señor Bal, -leo también textualmente para no tergiversar las palabras-, que la devastación a la que la pandemia del Coronavirus ha sometido a nuestra economía debería ser motivo sobradamente suficiente para desterrar la posibilidad de pensar en la implantación de nuevos impuestos en nuestro sistema. ¿De verdad, señorías de Ciudadanos, creen ustedes eso? ¿Lo han pensado? ¿Creen que son semejantes criterios los que tuvieron el señor Fuentes Quintana y el señor Fernández Ordóñez -ministros ambos de UCD- cuando impulsaron una reforma fiscal modernizadora que abrió las puertas de España a un sistema tributario propio de países europeos? ¿De verdad piensan ustedes que si hubieran respaldado esta propuesta que ustedes hacen hubieran alumbrado una transición democrática como a la que asistimos en su momento? Porque no sé exactamente qué proponen sus señorías, ¿que en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis económica es mejor no tocar nada, no adaptarnos a la nueva realidad para intentar hacer frente a la caída de ingresos, por ejemplo, que sufre nuestro sistema tributario en una situación como la que ha dejado la pandemia? Por eso, señoría, no creo que el hecho de que soportemos una crisis económica derivada de la sanitaria sea un inconveniente -todo lo contrario- para ir corrigiendo las cuestiones que no están ajustadas en nuestro sistema fiscal. Debemos ser capaces de acercarnos a una fórmula fiscal parecida, que se aproxime a la de nuestros socios europeos.

Mi percepción, señorías de Ciudadanos, es que ustedes no piensan realmente lo que han reflejado en la enmienda. Yo me hago algunas preguntas que creo que ustedes también se hacen. ¿Cómo se mejora el sistema público de salud? ¿Cómo se financian las ayudas a la atención de nuestros mayores? ¿Cómo se paga el ingreso mínimo vital? No tengo dudas, señoría, de que el Grupo Ciudadanos quiera reforzar y reformar, mejorar el Estado del bienestar, pero creo que ustedes conocen perfectamente la respuesta. Necesitamos un sistema eficiente, justo y moderno, que se adapte a estos criterios constitucionales que son la realidad de la España y del mundo de hoy. Por eso, señorías de Ciudadanos, seamos sensatos en este caso gravando de forma modesta -ya ven ustedes, al 3 %- un nuevo modelo de negocio que hasta ahora apenas devuelve a la sociedad una parte mínima, insignificante del beneficio que se obtiene, como propuso -insisto- el anterior Gobierno del Partido Popular.

Nos critican, señoras y señores de Ciudadanos, que con este proyecto nos adelantamos al consenso europeo. Ya he argumentado antes la paradoja que supone criticar que se llegue antes, que en otros casos se llegue tarde, y que se llegue, como es el caso, a un término medio como el que propone el Gobierno. Sostienen también que las empresas afectadas trasladarán el coste de este impuesto a los consumidores, que serán en última instancia los grandes perjudicados, pero, señoría, según este planteamiento, no se podrían tocar las figuras impositivas que gravan la actividad económica de las empresas, ya que, atendiendo a ese argumento, lo repercutirían directamente a los clientes. Según ese criterio, no es que no pudiésemos ya tocar ninguna figura impositiva, sino que habría que eliminarlas todas.

Señorías del PP, de VOX y de Ciudadanos, deberían ustedes saber a estas alturas que reducir impuestos realmente no genera crecimiento, sino todo lo contrario, hace que sea más débil el Estado del bienestar, hace que nuestra sociedad esté menos fortalecida; en definitiva, que seamos todos menos fuertes. Este impuesto favorece a las clases medias, y lo repetiré en esta Cámara tantas veces como sea necesario. Esta crisis no la van a pagar ni las familias de los trabajadores ni las clases medias ni los autónomos ni la pequeña y mediana empresa, pero ellos sí, conjuntamente con la clase media de nuestro país, necesitan unos servicios públicos fuertes, una sanidad de calidad, una universidad que permita que sus hijos e hijas puedan acudir a ese ascensor social. Este nuevo proyecto de ley sobre determinados impuestos digitales abre el camino hacia una nueva fiscalidad del siglo XXI, una fiscalidad que tiene que ser justa y progresiva. Como les decía, señorías, una fiscalidad digital para una economía digital, una fiscalidad que no haga que los negocios tradicionales sean menos competitivos, porque para ellos la fiscalidad clásica funciona. Es una nueva oportunidad para mirar al mundo y acercarnos a él, que nos permita seguir creciendo y sentirnos orgullosos de los servicios públicos que tenemos, para legitimarlos y seguir pagándolos con nuestros impuestos. En definitiva, señorías, la redistribución de una parte de la riqueza, que es lo único que nos permite decir y llamarnos sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A esta proposición de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.

Señorías, llevamos tres meses, más o menos, de estado de alarma. Durante estos tres meses se han aprobado trece reales decretos-leyes de manera urgente para atender las necesidades que este país ha tenido durante esta crisis. De esos trece reales decretos-leyes, diez se votaron a favor, para que se tramitaran como proyectos de ley. Pues ninguno de esos diez reales decretos-leyes se están tramitando como proyectos de ley, porque al Gobierno y a la Mesa del Congreso les parece mucho más interesante dar vía y cabida en el trabajo parlamentario, todavía en estado de alarma, a un nuevo impuesto. Sin embargo, la tramitación como proyectos de ley de los reales decretos-leyes, donde la oposición puede trabajar proponiendo enmiendas y mejorando el texto y las medidas para los ciudadanos, no es urgente para el Gobierno. Pues no me parece bien. Me pregunto yo, ¿qué es más urgente, crear un nuevo impuesto o ayudar a los españoles con enmiendas y mejorando los textos de los reales decretos-leyes, cuando ya se ha decidido tramitarlos como proyectos de ley? (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)

Señora Montero, le digo una cosa: usted lee la parte de las enmiendas que más le interesa. Debería haber empezado diciendo que en Ciudadanos creemos que este tipo de impuestos deben ponerse en marcha. Esa parte se la ha saltado. Lo que nosotros creemos es que ni cuando se propuso la primera vez, antes de la crisis, ni ahora tiene cabida, y por diferentes motivos. Antes de la crisis en Ciudadanos entendíamos la necesidad de modernizar nuestro sistema tributario y de crear figuras fiscales que se adapten a los nuevos mercados, porque es imparable este proceso de digitalización, pero debemos hacerlo dentro del necesario consenso internacional.

Dejando de lado la crisis -porque siempre ha sido fuera de la crisis-, hay cuatro motivos que nos han llevado a presentar esta enmienda a la totalidad: la unilateralidad de la creación de este impuesto por parte de España con respecto al resto de países, la preocupación que nos provoca la posible ralentización del proceso de digitalización de la economía y las distorsiones del mercado, la falta de valoración de cómo va a ser el impacto en los consumidores y en las empresas y, por supuesto, los irreales objetivos de recaudación que se ha marcado el Gobierno.

La idea de esta imposición fiscal sobre beneficios digitales ya surgió hace años en la OCDE y lleva tiempo trabajando en ella, pero no ha sacado nada que podamos implementar. La Unión Europea, viendo que no había ninguna normativa desde la OCDE, también intentó trabajar, en colaboración con los países miembros, para crear un impuesto de este tipo, pero no ha llegado, y España va a ser ahora pionera en crear un nuevo impuesto. Antes de la crisis creíamos que no era viable, porque no podemos desmarcarnos de la Unión Europea, no podemos trabajar al margen del resto de los países, pero es que ahora todavía es peor. Estados Unidos ya ha mostrado la preocupación que tiene por la implementación de este impuesto. No podemos perder de vista que algunas de nuestras industrias, las más importantes en términos de contribución al PIB y en número de trabajadores, van a ser objeto de represalias por parte de Estados Unidos. Hay muchísimas situaciones sobrevenidas que son difíciles de encarar de la mejor manera, pero en esta ya tenemos el aviso de los aranceles que Estados Unidos ha marcado a productos como el vino y el aceite. ¿Vamos a volverlo a repetir? También es curioso que no veamos la experiencia de otros países; por ejemplo, Francia, que quiso hacer algo parecido a lo que España está haciendo ahora y que, viendo las posibles amenazas arancelarias, dio un paso atrás. La vicepresidenta Nadia Calviño afirmaba que España esperaría a la OCDE, pero, poco tiempo después, dado que existen tensiones y disparidad de criterios dentro del Ejecutivo, decide dar un paso atrás y presentarlo ahora.

El proyecto que nos presenta el Gobierno difiere de la propuesta europea, buscando siempre una mayor recaudación al establecer un umbral exento mucho más bajo, y someter a tributación a gran parte de las operaciones intragrupo. Curiosamente, no se esconde que este tipo de impuestos van a estar mucho más dirigidos a recaudar. El Gobierno no esconde que lo que quiere es recaudar más y, de hecho, lo pone así en la memoria del análisis del impacto normativo. Tan solo los motivos apuntados hasta aquí hacen pensar que la implantación antes de la crisis unilateral del impuesto era poco viable, pero es que ahora, con las empresas intentando salir de esta paralización económica, todavía es peor.


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La digitalización permite el incremento de la productividad y la innovación y el impulso del emprendimiento y el crecimiento de economías de escala, en definitiva, mayor nivel competitivo. Nosotros tenemos un reto en España, y es luchar contra el pequeño tamaño de nuestras empresas. Con este tipo de impuestos lo que hacemos es frenar su crecimiento, la expansión, poniendo trabas a la entrada en el comercio global. La creación de este impuesto sería totalmente contraproducente en términos de afectación del producto interior bruto. El BBVA Research dice en un estudio que un incremento del 10 % del índice de digitalización supone un crecimiento del 0,75 % del producto interior bruto per cápita, y además reduciría en 1,02 puntos porcentuales la tasa de desempleo. ¿Por qué poner trabas a la economía de España en estos momentos de crisis económica derivada de una crisis sanitaria? También pone en riesgo que haya posibles distorsiones del mercado, potenciando los canales offline frente a los canales tecnológicos o favoreciendo el uso de canales digitales propios de grandes empresas frente a los marketplace, que aglutinan pequeñas empresas. Serán los usuarios quienes terminarán soportando de facto este coste, señora ministra. Ya pasó con el impuesto de las hipotecas; se le preguntó al señor Sánchez si había mecanismos para hacer que no llegara directamente a las personas que iban a hipotecarse, y él solo se encogió de hombros y dijo: esperaremos que los bancos sean responsables. Aquí vuelven a hacer lo mismo, y es incomprensible que no se haya recogido, que no se haya previsto cómo va a afectar, tanto a particulares, consumidores, como a pequeñas empresas, que no van a poder participar con la misma facilidad en los marketplace, donde se publicitan y donde venden sus servicios y sus productos.

Los efectos que esto puede generar en la recaudación del Estado también son claros: menos beneficios para las empresas y menos recaudación del impuesto sobre sociedades, y se puede pensar que a lo mejor puede incrementar la recaudación de IVA pero, seamos sinceros, bajará la recaudación de las empresas que más afectadas se vean. Evidentemente un impuesto digital otorgaría el Estado una recaudación, sí es cierto. Pero, ¿sabe qué? Ínfima para lo que ustedes propusieron al principio. Primero hablaban de 1 200 millones que podían generar en la anterior legislatura; ahora dicen que 900 millones podrían generar. Pero es que resulta que ya la Unión Europea nos dice que no va a generar, no va a ingresar más de 550 millones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sabe lo que tienen que hacer? Lo que tiene que hacer este Gobierno es bajar el gasto público, lo que tiene que hacer este Gobierno es dejar de crear durante el estado de alarma nuevos altos cargos, veintitrés en concreto, en algunos de los reales decretos que han traído a esta Cámara, y adelgazar el Gobierno mastodóntico que tienen. Así es como se superan crisis, no creando nuevos impuestos para que las empresas tengan que pagar. Nosotros estamos de acuerdo con este tipo de impuestos, estamos de acuerdo, señora Montero, pero no de manera unilateral, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que marque la Unión Europea o de acuerdo a lo que marque la OCDE. Nos vamos a ver expuestos a aranceles de Estados Unidos. Explíquele eso usted a los agricultores, que ya están sufriendo esos aranceles.

En Ciudadanos creemos que no es momento de hacerlo, no era momento antes de esta crisis y no es momento ahora tampoco. La realidad es que se aprobó este impuesto de nueva creación por la necesidad del Gobierno de cubrir ese gasto, pero lo que tendrían que hacer es gestionar mejor. Consideramos que la aprobación con carácter aislado en nuestro país de una carga fiscal de evidentes consecuencias globales perjudicará notablemente nuestra posición competitiva con los países más avanzados del mundo, además de poner en riesgo a alguna de nuestras principales industrias, como consecuencia de la implantación de potenciales aranceles. Ahora no es el momento, el momento es cuando todos en la Unión Europea y la OCDE vayamos juntos de la mano, porque incluso el sector cree en este tipo de impuestos, pero no ahora y no de forma unilateral.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Jiménez Revuelta.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente.

Es un honor y una gran responsabilidad intervenir por primera vez en esta tribuna y ante todas sus señorías. Permítanme que mis primeras palabras sean de condolencia hacia los familiares de los fallecidos a causa del COVID-19. Que las almas de nuestros difuntos descansen en paz. Amén. Y que brille para ellos la luz perpetua.


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Me adentro en el asunto de referencia. Nos traen a esta Cámara el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, la mal llamada tasa Google, como primer gran acto de su manifiesta ineficacia tributaria, y como pistoletazo de salida a la masiva subida de impuestos que nos espera a todos los españoles. Y es que a este impuesto van a secundarle el impuesto sobre las transacciones financieras, la armonización del impuesto sobre sociedades, la modificación del impuesto sobre la renta, la subida de impuestos al diésel a través de la llamada fiscalidad verde, el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Respecto al de donaciones, señora ministra, a través de la Ley 5/2020, de la Generalidad, aprobada ayer en plena pandemia, una ley de medidas fiscales, se reducen un 95 % las donaciones realizadas a personas físicas hechas por asociaciones y fundaciones, para que los golpistas y sediciosos puedan recibir dichas donaciones prácticamente gratis. Mientras, en esta misma ley, a los catalanes se les sube el impuesto. ¿Cómo llamamos a esto, después de su discurso, señora ministra? Siguen ustedes engañando a los españoles y a los catalanes, pero nosotros seguiremos denunciando sus fechorías e injusticias como esta.

Esta subida de impuestos tiene un afán claramente recaudatorio, para mantener su agenda ideológica y su elefantiásico Gobierno, con un sinfín de altos cargos y asesores nombrados a dedo, que suponen en sueldos más de 75 millones de euros anuales, es decir, un 46 % más desde que el señor Sánchez aterrizó en Moncloa. Y todo esto en un momento de crisis sin precedentes. A esto, señora ministra, ¿cómo lo denominamos? ¿Predicar con el ejemplo? No nos engañemos. Esta subida de impuestos ya la tenían ustedes planeada mucho antes de la crisis sanitaria que sufrimos. El año 2019 cerró con un déficit del 2,8, frente al 2,54 del año 2018, y la agenda de gastos que plasmaron ustedes y sus socios de gobierno no hacía más que incrementar las previsiones de déficit. Y es que voces internas de sus socios de gobierno admitían que, si había que bajar el déficit, y habían dicho que había que subir el gasto, de algún lado habría que sacar el dinero. Es decir, que ustedes cuadran las cuentas esquilmando a los empresarios y a los españoles mientras mantienen sus privilegios. Permítame que le diga que frente al déficit se puede actuar de tres maneras: optimizando la estructura de la Administración haciéndola más ágil y eficiente, incrementando los impuestos o haciendo una combinación de los dos. Desgraciadamente, ustedes han optado por la vía más lesiva para los ciudadanos y empresas, por una brutal subida de impuestos, con la excusa de que nuestra baja presión fiscal da margen de subida. A finales de 2019, ustedes preveían que la presión fiscal alcanzaría, a finales de 2020, el 39,6 %. Todo un récord. Muchas felicidades. ¿Saben a qué nivel estaba en 2009? Al 29,7 %. Y todo esto sin tener en cuenta la economía sumergida. Pero es que España no tiene una presión fiscal baja, ya que España hasta el inicio de la pandemia recaudaba un 11 % menos que la media de la Unión Europea, porque en ese momento tiene el doble de paro, empresas mucho más pequeñas y débiles y más economía sumergida. Pero volvamos sobre la presión fiscal. Al calcular la presión fiscal se lleva a cabo el error, porque se incluye en el PIB la economía sumergida que no lo constituye, y se ignora el enorme diferencial de paro y de tejido empresarial con otras economías. Así, el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas que contribuyen se dispara, mientras ustedes nos repiten que se recauda poco y, en vez de atacar la economía sumergida y el paro, atacan a los creadores de empleo y a los ciudadanos, creando una espiral descendente en la que siempre nos suben los impuestos; y luego dicen que se recauda poco.

Usted, señora ministra, creo que sabe -o si no, mejor se lo digo yo- que el diseño de la fiscalidad de los países es clave para mejorar o empeorar su competitividad. Un país con una presión fiscal alta, inevitablemente, tendrá problemas para atraer inversiones, crecer y generar empleo. En cambio, un sistema neutral y competitivo supone una palanca de impulso para la actividad económica. Ustedes, cuando hablan de armonizar impuestos, en su lenguaje y en su diccionario, lo que nos vienen a decir es subir, subir impuestos, y todo por la falacia de financiar enormes aumentos de gastos políticos, con el mensaje de que los que más tienen más deben de pagar. Sin embargo, al final, lo acabamos pagando todos los españoles.

La presión fiscal que soportan las empresas en España es 1,2 puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa, derivada de la carga del impuesto sobre sociedades, es un 16 % superior a la media de la Unión Europea. Todo esto lo sabe perfectamente el contribuyente, el empresario y todos los creadores de empleo. Todos, menos ustedes, porque no se enteran o, si se enteran, no quieren enterarse, o, si no se enteran porque, al enterarse, acaban finalmente pensando como nosotros, y eso a ustedes no les gusta.

Pero vayamos con el primero de los martillos confiscatorios, el impuesto que nos traen a esta Cámara. En el discurso de investidura el señor Sánchez repitió asiduamente que uno de los principales propósitos


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económicos era digitalizar nuestra economía, algo que se ha demostrado clave en esta pandemia. Sin embargo, ustedes nos traen este impuesto justamente contra las operaciones digitales, penalizando así su progresión y la posibilidad de atraer inversores que inviertan en una transformación digital imparable. Señora ministra, ¿no le parece a usted contradictorio? En definitiva, ustedes promueven la digitalización penalizándola fiscalmente. Pero este impuesto no es ninguna novedad. Podemos analizar lo que ha ocurrido en otros países, y lo cierto es que la experiencia no ha sido nada positiva. Se lo comentamos con el ánimo de que recapaciten, no carguen a los funcionarios de más trabajo y no generen en las empresas más desasosiego del que ya tienen.

La rechazada propuesta de la directiva del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales, ya planteaba en su articulado que la mejor estrategia consistiría en encontrar una solución internacional y multilateral al respecto, ya que, de lo contrario, la descoordinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros de forma individual puede fragmentar el mercado único y falsear la competencia, obstaculizando el desarrollo de nuevas soluciones digitales y la competitividad de la Unión en su conjunto. Como ven, ustedes están dando un paso de gigante para impedir el desarrollo digital en España, una de las claves para incrementar la productividad y, con ello, el empleo, la riqueza, la prosperidad; sí, riqueza, eso que ustedes tratan por todos los medios, primero, de reducir y, luego, de repartir las migajas. Ha habido algún país europeo que se ha lanzado a proponer este impuesto; Francia, por ejemplo, tiene paralizado el cobro de este impuesto hasta diciembre de 2020, a la espera, lógicamente, de un consenso internacional sobre esta cuestión. Por cierto, Francia, con 67 millones de habitantes, espera recaudar 500 millones; y, nosotros, con 47 millones de habitantes, esperamos recaudar 968. Ya me dirá usted cómo lo hacemos.

¿Por qué plantear ahora este impuesto, cuando la OCDE está trabajando en establecer una solución fiscal de manera global? Este acuerdo global de 135 países se espera alcanzar en 2021, y, al menos, no se produciría una pérdida de competitividad del sector en España. En España, muy a su pesar, tenemos grandes empresarios y existen empresas que se verían afectadas por el impuesto. ¿Adivinan ustedes quién pagará finalmente este impuesto? Efectivamente, el consumidor final, aquellas familias a las que, por un lado, se les dio la posibilidad de retrasar -que no eximir- el pago de servicios de telecomunicaciones. Van a ver cómo en un futuro tendrán que pagar un extra por ciertos servicios digitales. Varios informes de enero de 2019 de distintas asociaciones tecnológicas, entre ellas Ametic y Adigital, estimaron en una cantidad entre 515 y 665 millones de euros el incremento a pagar por los consumidores españoles al usar ciertos servicios digitales. Lo dicho, señora ministra, acabarán pagando los de siempre.

Del mismo modo, este impuesto tendría un efecto devastador sobre nuestro admirado tejido de empresas y startups tecnológicas -sí, señora ministra, startups-, las cuales a su vez hacen uso de los servicios digitales incluidos en este proyecto de ley. Esas empresas acabarían pagando como usuario final este impuesto, experimentando una pérdida de su beneficio operativo por el incremento de los costes, incrementando la ventaja de exportadores extranjeros frente a los españoles, y la reducción de la productividad y la competitividad. Todo esto reduciría su capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de generación de empleo y riqueza. Vamos, justo lo que España necesita en estos momentos. Este impuesto para ustedes tiene una cosa buena, les va a brindar un Estado aún mayor que nos cueste más y que sea más ineficiente. La cantidad de trámites administrativos para su recaudación y control tendrá un coste que reducirá aún más la optimista recaudación neta que ustedes esperan.

Y para finalizar mi intervención, le ruego, señora ministra, que escuche a este diputado de VOX, sin apellidos compuestos y que no es un pijo -como nos han calificado-, aunque lo parezca. Le aseguro que vengo de una familia tremendamente humilde y que llevo trabajando desde los diecisiete años, porque hacía falta ayudar en casa, y mientras trabajaba realizaba mis estudios, compaginando ambas tareas, siendo el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí ímprobo. Y sí, soy de VOX por convicciones propias. De hecho, antes de aterrizar en política he sido primero trabajador y posteriormente empresario, siendo mi especialidad la de consultor y asesor fiscal, y permítame que le diga desde mi experiencia que se equivocan, porque una subida de impuestos generalizada, iniciada con este impuesto sobre servicios digitales, provocará mayor recesión y menor inversión y, por tanto, menor recaudación.

Acabo ya, presidente. Durante su mandato como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía bonificó el impuesto sobre sucesiones, algo que le engrandece y que fue una medida que supuso el alivio para muchas familias. Le pido que siga por esa senda y no se deje contagiar por sus socios de gobierno, cuya obsesión es subir impuestos para destruir el tejido empresarial y empobrecer más a la población y, de esta manera, crear seres dependientes del Estado con el único fin de perpetuarse en el poder. Recuerde,


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lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. De usted depende ser recordada como una luz que brilló entre tanta tiniebla o, por el contrario, ser una parte oscura más de este tenebroso Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bas Corugeira.

El señor BAS CORUGEIRA: Buenos días, presidente.

Señorías, mis primeras palabras quiero que sirvan para expresar un sentido recuerdo por los fallecidos víctimas del COVID-19, y para unirme al inmenso dolor de sus familias. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento al magnífico trabajo realizado por nuestros sanitarios, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por todas aquellas personas que con sus trabajos esenciales diarios han conseguido que podamos ir ganando la batalla a esta pandemia.

Entrando en el tema que nos ocupa, paso a argumentar la posición del Grupo Popular acerca del proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales que nos presenta hoy el Gobierno. Ante este proyecto, nos cabe plantear algunas preguntas. En primer lugar, cuestionarnos acerca de si es razonable la naturaleza de este impuesto y, en nuestra opinión, sí. Entendemos que es necesario adaptar nuestro marco impositivo, junto con el resto de países, a los nuevos modelos de negocio digital. En esa misma línea también se han pronunciado la OCDE y la Unión Europea, como usted dijo. Pero, ¿es oportuno plantearlo en estos momentos y de la forma en que lo está haciendo el Gobierno? Aquí la respuesta es que no, y aquí se fundamenta nuestra petición de devolución de este texto. Decimos que no es oportuno, entre otros motivos, por los siguientes: por una parte -y estoy seguro de que la señora ministra coincidirá conmigo porque también lo expuso en esa línea-, este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales, ya sea dentro del marco de la OCDE o de la Unión Europea y, por otra parte, señora ministra -y estará de acuerdo conmigo también- porque ustedes mismos en la exposición de motivos reconocen la transitoriedad de la ley y la necesaria adaptación de la misma a la futura legislación que se adopte internacionalmente. Ya estamos de acuerdo en algo.

Ustedes saben que para que este impuesto sea justo, y sobre todo eficaz, se hace necesario que esté armonizado en el contexto internacional del llamado mercado único digital, porque si esto no es así, se producirán distorsiones fiscales entre países y nuestras empresas verían perjudicada su competitividad. Dicho esto, no nos engañemos; ustedes no plantean esta ley pensando en la justicia del impuesto, ustedes lo que buscan es saciar ese afán recaudatorio innato en la izquierda con justificaciones cargadas de demagogia, demagogia que utilizan constantemente, demagogia que incluso utilizan cuando hablan de escudo social -y hoy, aquí, ascensor social-, porque lo que pretenden únicamente es construir un enorme escudo fiscal. (Aplausos.)

Es paradójico que en este tiempo de pandemia su ministerio apenas haya aplicado rebajas fiscales con las que impulsar nuestra economía, como sí hicieron otros países y, sin embargo, plantean la creación de nuevo impuesto que, aunque inicialmente grava a las empresas del sector digital, acabará siendo repercutido a los ciudadanos. Y en este punto le voy a recordar que la subida de impuestos que tuvo que acometer el Partido Popular en el año 2011, fue para tapar ese agujero de 70 000 millones que su partido, el Partido Socialista, dejó en España y las cuentas que dejó. Esa rebaja de impuestos se consiguió realizar en ejercicios posteriores, pero fue su gestión, su mala gestión la que llevó a que el Partido Popular subiera los impuestos. La línea que usted está siguiendo va por el mismo camino.

Le reconozco que las negociaciones en el marco de los distintos organismos internacionales no están siendo fáciles y que esto ha provocado la demora de la implementación de este tributo. Pero si esto es cierto, no es menos cierto que en los últimos meses sí ha habido avances, y uno de ellos es que para el caso de que no se alcanzara un acuerdo internacional a finales del 2020, el Parlamento Europeo ya ha respaldado el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea de plantear una solución dentro de la Unión que permita ponerlo en marcha. Pero es que, además, ya se ha publicado que está latente un giro sustancial en el enfoque de este impuesto, ya que se ha planteado por parte de la Comisión Europea la posibilidad de que este impuesto pase a engrosar el presupuesto comunitario y no el de los Estados miembros. Si esto se confirma, este impuesto en España no se podría aplicar. Por tanto, no se justifica que España en este momento inicie la peligrosa vía de establecer un impuesto de forma unilateral, dado que se trata de un impuesto con múltiples implicaciones internacionales que ha generado una gran


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controversia desde el primer momento en que se empezó a hablar de él. Al plantear este impuesto de forma unilateral, lo que está haciendo este Gobierno es poner en riesgo, una vez más, a los sectores productivos de nuestro país; sectores de nuestra economía que ya están siendo duramente castigados, como el campo o la automoción, verán amenazadas sus exportaciones si prospera esta vía unilateral y esto, además, agravado con el contexto de crisis que ya de por sí es complicadísimo.

Señora ministra, ya le pasó con el virus. Ustedes tuvieron ante sus ojos el ejemplo de Italia, no le dieron la importancia debida, reaccionaron muy tarde, y las graves consecuencias de este retraso no las están pagando ustedes, las están pagando todos los españoles. (Aplausos.) En el presente caso tenemos el ejemplo de Francia, que ya intentó poner en marcha este impuesto, también de forma unilateral, y tuvo que posponer su aplicación porque sus exportaciones se iban a ver seriamente perjudicadas. Le recuerdo que las previsiones de caída de las exportaciones españolas para 2020 se estiman en un 30 % y ustedes, con esta ley, vienen a agravar la situación de forma imprudente, insensata e incomprensible.

Señora Montero, cada decisión que toma un Gobierno que afecta a la economía debe ser muy meditada y encaminada a fortalecer el tejido productivo con el que conseguir una mayor generación de empleo y una mayor riqueza para el país. Si, además, esta decisión se toma en una situación de crisis como la que estamos viviendo, no hay margen para errores ni frivolidades, y desgraciadamente este Gobierno nos tiene ya demasiado acostumbrados a errores y frivolidades. Sirvan como ejemplo las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica con relación al diésel, que provocaron un duro golpe al sector de la automoción; o las declaraciones del señor Garzón, ministro de Consumo, acerca de nuestro sector turístico, que han perjudicado nuestra imagen a nivel internacional y que han generado un gran malestar en el sector, hasta el punto de que la Mesa del Turismo llegó a solicitar su dimisión; o plantear en estos momentos de crisis la derogación de la reforma laboral, rompiendo el diálogo social y generando una incertidumbre tal que está llevando a que las empresas se planteen no contratar o proceder a abrir expedientes de despido. Como ven, ustedes están centrados en imponer su ideología y sus cálculos parlamentarios, en vez de ocuparse en resolver los problemas de los ciudadanos. Es mentira que estén dando prioridad a las personas, es mentira que nadie se vaya a quedar atrás, y es mentira porque muchas personas que han contribuido con sacrificio y tesón a la mejora de nuestro país, ya se han quedado atrás.

En vez de derrochar recursos en la tramitación de leyes como esta, el Gobierno debería estar concentrando sus esfuerzos en lo verdaderamente importante, en pagar los ERTE que tienen pendientes, cuyo retraso está provocando verdaderos dramas en muchísimas familias; en permitir que los remanente de los ayuntamientos puedan ser utilizados por sus alcaldes para paliar las consecuencias que la pandemia está provocando en sus vecinos. (Aplausos.) Yo tuve el honor de ser alcalde del Ayuntamiento de Redondela. Igual para usted este ayuntamiento no es conocido, pero para su compañero, el ministro Ábalos, sí, ya que tiene pendiente de eliminar un peaje injusto en Rande, la colocación de pantallas contra el ruido y la recuperación de viales del entorno de la ampliación de la AP-9 desde el año 2018. De paso, a ver si lo anima para que se ponga a la tarea. Pues bien, le decía que tuve el honor de ser alcalde, y créame que cuando un padre o una madre de familia se dirige a su alcalde para pedirle una ayuda social es porque su situación es muy desesperada. En estos momentos la necesidad impera en los ciudadanos, los ayuntamientos tienen recursos, pero están bloqueados por su ministerio. Escuche el clamor de los alcaldes y permita la utilización de sus remanentes para atender las situaciones límite de sus vecinos antes de que sea demasiado tarde y ya no tenga remedio. Centren sus esfuerzos en devolver los 2 500 millones de IVA que les pertenecen a las comunidades autónomas para que puedan seguir prestando los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos, devuelvan los 2 400 millones de euros correspondientes a las políticas de empleo incautadas por su ministerio en las comunidades autónomas.

Señora ministra, yo pertenezco a una comunidad autónoma, Galicia, gobernada por el Partido Popular y presidida por Alberto Núñez Feijóo, quien, además de desarrollar una magnífica gestión en el ámbito social y económico, está realizando una gran gestión en esta pandemia. Pero ocurre que su Gobierno de coalición Partido Socialista-Unidas Podemos no ayuda. Le debe a Galicia más de 500 millones de euros. ¿Cuándo van a hacer frente a esa deuda que su Gobierno tiene con los gallegos? Pero hay más, Alberto Núñez Feijóo lleva pidiendo al Gobierno del señor Sánchez desde hace un año que se fije como precio de la energía un precio que sea asequible para que la industria electrointensiva se pueda mantener en España. El señor Sánchez se había comprometido a fijarlo, pero, una vez más, incumple un compromiso. Consecuencias: más de ochocientos trabajadores vinculados a Alcoa, a punto de engrosar las listas del paro. Quizás no son conscientes de que Alcoa es la única empresa de fabricación de aluminio primario de España.


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Mientras tanto, ¿qué hace su compañera de Gobierno Yolanda Díaz para dar solución a Alcoa? Cuando era oposición, pancarta en mano, exigía al señor Sánchez soluciones inmediatas para la empresa y ahora, que es ministra de Trabajo, se dedica a recomendar canciones en su cuenta de Twitter. Yo le recomiendo que escuche el tema Sin empleo, de Los suaves, que describe crudamente lo que es el drama del paro; drama que a este Gobierno parece no importarle. ¿Son conscientes de que ya hay casi cuatro millones de personas inmersas en el drama del paro? ¿Seguirán frivolizando este drama con frases como la del señor Ábalos: hay más paro porque hay más confianza en encontrar un trabajo? Ustedes se están riendo de todos los españoles.

Por tanto -y ya para terminar-, entendemos que aprobar hoy el texto de esta ley es una grave irresponsabilidad que España no se puede permitir y, por eso, le pedimos al Gobierno que abandone esta vía unilateral de implementación de este impuesto y retire este proyecto de ley. Ya saben, solo aciertan cuando rectifican, y esta es una muy buena ocasión para rectificar.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Bas, debe terminar, por favor.

El señor BAS CORUGEIRA: Termino, presidente.

Impulsen la negociación de su texto en el seno de la OCDE y la Unión Europea, que es el lugar donde corresponde. Y, por supuesto, le pedimos que abandonen la propaganda y la demagogia, y centren sus esfuerzos en solucionar los problemas de los ciudadanos, no en generarlos.

Termino. Señora Montero, tal es su trayectoria, que usted corre el riesgo de pasar a la historia como la ministra de Hacienda que no ha sido capaz de aprobar un primer presupuesto, pero sí conseguir aprobar la creación de un impuesto que nunca se llegará a aplicar. Por el bien de los españoles, revise su orden de prioridades.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra para la fijación de posiciones, el señor García Adanero.

El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Señora ministra, como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, entendemos que este tipo de impuestos, como bien decía también el propio Gobierno, debería ir armonizado en el conjunto de la Unión Europea o en el seno de la OCDE porque, como bien sabe usted, por mucho que se diga aquí, un impuesto de estas características, al final, claro que tiene implicaciones. Si esto fuera tan sencillo como decir: vamos a poner un impuesto y vamos a recaudar equis, no habría objeción, pero ese no es el problema. El problema es que todo tiene implicación y esto también. Tiene implicación dentro del seno de la Unión Europea porque afecta al conjunto de las empresas españolas y también acaba afectando -¡cómo no va a afectar!- a cada uno de los ciudadanos de este país, como también afectará, en su caso, a los del resto de Europa. Por lo tanto, tiene que estar armonizado. No se está pidiendo ninguna barbaridad, sino algo que creo que es de sentido común y que el propio Gobierno en alguno de sus escritos así lo puso de manifiesto.

En este debate lo que no se puede hacer es salir aquí como ministra de Hacienda y decir que si no se aprueba este impuesto, los niños no van a comer, no se va a poder ir a la universidad o no vamos a tener asistencia médica. Yo creo que hay que ser mucho más serios, mucho más responsables cuando hablamos de este tipo de cosas, porque eso sería tanto como decirle yo que si se va alguno de los ministros, que no caben en el salón de plenos ni en la sala de ministros de la Moncloa, se iban a acabar los problemas económicos de este país. Pues, evidentemente, eso tampoco es así. Por lo tanto, hay que ser, como digo, mucho más serios cuando se habla de tipos impositivos y, con el conjunto de Europa, poder llegar a soluciones para este país. No todo es: o están conmigo o están contra mí. Al final, a ustedes lo que les gusta -porque lo hacen allá donde gobiernan- es coger a los ciudadanos de los tobillos y ponerlos al revés hasta que se les caiga la última de las monedas. Evidentemente, eso no puede ser así; hay que construir, hay que hacer las cosas, hay que recaudar con un objetivo político, pero para recaudar tiene que haber puestos de trabajo, se tiene que crear riqueza, porque recaudar si no hay empresas, va a ser muy difícil. Por lo tanto, pongamos los medios para que entre todos tengamos un tejido industrial que permita recaudar de verdad para poder tener un Estado del bienestar que, por supuesto, todos queremos.


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El Estado del bienestar no es patrimonio de nadie; todos queremos la mejor sanidad, la mejor educación y la mejor asistencia para todos los ciudadanos de este país. ¡Pues solo faltaba! Piénselo, escuche por una vez a la oposición y hagamos este impuesto entre todos, pero junto con los compañeros de Europa, en armonización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias.

La señora VEHÍ CANTENYS: Muchas gracias, presidente. Buenos días.

Señora ministra, desde nuestra perspectiva, este impuesto es una buena noticia: que pague quien más tiene, y esto es un gesto a que pague quien más tiene. Permítanme señalar que ayer se supo que la Monarquía quería dar el Premio Princesa de Asturias a los sanitarios y que empezó una campaña por Twitter de muchos sanitarios que decían "no quiero premios de [ladrones] 1". Le sugerimos también, señora ministra, que si los señores Borbones pasan por el juzgado vamos a tener más recursos públicos para la sanidad, para la educación y para lo que se quiera.

Volviendo al impuesto, la Red es un espacio, evidentemente como el resto, donde la riqueza se acumula. Nos parece bien planteado gravar el tráfico de datos, de contenidos y de publicidad. De hecho, el capitalismo de plataforma -empresas como Amazon o como Glovo, o aplicaciones como Facebook, Telegram o WhatsApp- acumulan miles de millones de beneficios a costa del uso de la ciudadanía. Para los del sueño americano (señala a los escaños del Grupo Parlamentario VOX) y para los que sufren por la ciudadanía (señala a los escaños del Grupo Parlamentario Popular) quiero decirles que una empresa como Amazon, por ejemplo, durante 2019 tuvo unos beneficios de 11 588 millones de euros y en este año, solo en tiempo de confinamiento, de 2 535 millones de euros. Y esto cuando Amazon perdió casi un 30 % de beneficios. Imagínense su ganancia normal.

Dos cuestiones técnicas que, además, están reflejadas en enmiendas de otros grupos. Una sobre el tipo impositivo. Nosotras lo subiríamos del 3 al 5 %. Incluso plantearíamos la posibilidad de que fuera proporcional al tipo de beneficio -ya lo es en parte-, aumentando la proporcionalidad. Y otra, el tema de la localización y el IP de la ciudadanía. Nosotras pensamos que las personas deben poder preservar su identidad en la Red. Hay también alguna enmienda en este sentido y lo vamos a trabajar en la ponencia.

Acabamos. La Red, igual que es un espacio de batalla en términos de clase, lo es también en términos de derechos y libertades. Y no podíamos acabar un debate que habla sobre Internet sin acordarnos de Julian Assange, perseguido por defender el periodismo crítico. Así que, para terminar: ¡Free Assange!

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Vehí, le rogaría que, en base al artículo 103 del Reglamento, las primeras palabras con las que ha intentado relacionar a la Casa Real con ese tipo de tuits las retire, por favor.

La señora VEHÍ CANTENYS: No.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Que conste en acta que no retira las palabras. Quedarán retiradas del Diario de Sesiones. (Aplausos.-La señora Vehí Cantenys: No, señor presidente.)

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García... (La señora Vehí Cantenys pide la palabra) No. Ya le he dado la palabra antes para que se manifestara. (La señora Vehí Cantenys interviene desde su escaño.) No tiene la palabra, señora Vehí. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Tiene la palabra el señor Iñarritu García. (Pausa.) No comparece. Continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Es cierto, el mundo ha cambiado. El aumento de la actividad digital y, por ende, de los modelos de negocio empresariales digitales son un reto para los sistemas fiscales basados en principios del siglo XX;

1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.


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sistemas fiscales que, como bien ha dicho la ministra, hay que adaptar, ya que estos cuentan con normativa para el mundo físico, pero no para el mundo digital. Por tanto, creemos que hay que adaptar los mismos a los nuevos tiempos, como bien se ha dicho. En este sentido, creemos que va la tasa digital, en el sentido de tratar de corregir una anomalía tributaria. El avance de la tecnología, desde luego, no puede basarse en la capacidad de reducir la tributación, sino que ha de basarse en la innovación. Este grupo siempre ha abogado por una tasa europea. Todos hemos estado esperando esa solución, pero esta no acaba de llegar y todo por motivos políticos y económicos de unos pocos. Es muy difícil, por tanto, llegar a un consenso internacional para corregir una anomalía cuando esta beneficia a unos pocos. Una tasa, como digo, planteada hace unos años por Europa pero que ha quedado enterrada por el rechazo de países como Luxemburgo o Irlanda, que utilizan rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer a multinacionales extranjeras para desarrollar una actividad comercial sin mayor valor añadido, lo cual ha llevado a una agresiva competitividad fiscal entre países que, ante el vacío regulatorio, ofrecen este tipo de empresas. Nuestro grupo, por tanto, no se posiciona con aquellos países que entienden que no se ha de hacer acción alguna para luego actuar de forma desleal, como si fuera un dumping fiscal.

La Unión Europea acordó esperar a una decisión en la OCDE, pero si tenemos en cuenta que el presidente de Estados Unidos tiene poder de veto, la solución difícilmente llegará pronto. La solución europea se antoja lenta y, desde luego, no puede permitirse que, mientras esta no llegue, las empresas grandes del sector se beneficien sin apenas aportación. ¿Por qué las compañías digitales han de tener una ventaja fiscal sobre las tradicionales? Además, y según la información facilitada por las empresas con cifra de negocios consolidada a nivel mundial superior 750 millones de euros, conforme a lo establecido en los acuerdos BEPS de la OCDE, los tipos efectivos que pagan son inferiores al nominal de la legislación estatal; hay un estudio de la Agencia Tributaria. Llegados a este punto, dada la incertidumbre que existe en torno a la solución europea y una vez planteado este impuesto por el Gobierno de forma unilateral pero en línea con lo avanzado por Europa, entendemos que este impuesto puede servir de ejemplo y allanar el camino a esa tasa digital europea. Es verdad que Bruselas quiere recuperarla ahora, más si cabe a raíz de la crisis sanitaria, que va a conllevar impactos negativos en la recaudación de las administraciones y, a la vez, una importante necesidad de movilización de fondos públicos para reforzar, como ha dicho la ministra, la sanidad y los servicios sociales, para mitigar la reducción de rentas de trabajadores y trabajadoras, empresas, familias y colectivos vulnerables, y hacer frente también al reto verde. Unos recursos que, desde luego, no se deberían perder por esperar a terceros y que, además, pueden ayudar a disminuir el gap de ingresos y a financiar las políticas que he mencionado.

¿Dónde queda, por tanto, la equidad fiscal o la justicia tributaria o la sostenibilidad del sistema si no somos capaces de hacer que tributen los ingresos y beneficios generados por empresas del sector digital que se benefician de una baja tributación? Algunos argumentarán que la tasa Google que ahora Europa pretende impulsar la va a destinar a su presupuesto, a sus recursos propios, pero todavía falta para esto y no va a ser realidad este año. Pero de ser así, también España se beneficiaría de ese presupuesto comunitario a través de los distintos instrumentos que ha puesto en marcha la Comisión. Teniendo en cuenta el momento extraordinario en el que nos encontramos a consecuencia de la crisis sanitaria, entendemos relevante este impuesto para que este sector contribuya de acuerdo a los beneficios que obtiene, considerando, además, que este sector ha aumentado la actividad a consecuencia del COVID frente a pymes y autónomos, que, por el contrario, la han visto paralizada.

Algunos han criticado esta medida por ser unilateral y transitoria, y porque distorsiona el mercado, pero esto es un tanto difícil, porque para poder esquivar la tasa se debería dejar de vender en el Estado y la pérdida sería más elevada que la propia medida fiscal, que es de un tipo del 3 %. ¿Acaso las prácticas de estas grandes compañías que eluden o reducen el pago de impuestos al radicar su sede en un territorio con baja carga fiscal no distorsionan el mercado? ¿No cuenta con que hasta ahora han sido las beneficiadas al existir un vacío legal en la regulación? También hay quienes opinan que esta tasa merma la competitividad y el desarrollo digital al establecer condiciones más restrictivas que los países de nuestro entorno y que, por tanto, los negocios se ubican en esos países con mejores tratamientos fiscales. Pero es que esto ya está ocurriendo, es una realidad, por lo que este argumento cae por su propio peso.

Mucho se ha dicho también acerca de que la carga tributaria del impuesto se va a trasladar al consumidor final, y no lo vamos a negar, pero esto sucederá tanto si la regulación se realiza de forma unilateral como a escala global. Y creo, como también ha dicho la ministra, que no hay que subestimar a la población, porque la sociedad, en general, está dispuesta a hacer un mayor esfuerzo fiscal, a pagar impuestos si percibimos que vamos a vivir mejor, que vamos a tener mejores servicios sociales o que


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vamos a tener mejores servicios sanitarios. Un sistema donde pagas impuestos para garantizar los servicios públicos no genera cuestionamiento el cuestionamiento se genera cuando se pagan impuestos pero no se sabe a dónde van a ser destinados o cuando su destino es la corrupción. Tampoco entendemos muy bien que se critique la unilateralidad cuando ya hubo otro Gobierno, el del Partido Popular, que planteaba esta tasa, además con un impuesto finalista para pagar las pensiones y, por tanto, fuera de la coordinación europea que ahora exigen. Por lo que me pregunto qué es lo que ha cambiado para ahora no apoyarla, porque en política la coherencia también es necesaria.

Algunas empresas del sector nos han trasladado su preocupación en cuanto a definiciones, cifra de negocios, miedo a una doble imposición que habrá que analizar o, en su caso, reconducir, si es que son perjudiciales para su competitividad. Pero también hay que recordar que los mecanismos que se habilitaron para evitar la doble imposición han llevado a algunas grandes empresas a una doble exención gracias a las ingenierías fiscales, reduciendo el pago de sus impuestos tanto en el país donde tienen su domicilio fiscal como en el país en el que obtienen beneficios. Nosotros no nos oponemos a este impuesto, pero estaremos atentos a su tramitación para subsanar aquellas deficiencias que pudiéramos considerar. Votaremos, por tanto, en contra de las enmiendas a la totalidad. Pero también quiero recordarle, ministra, que en el Estado hay cinco haciendas y por ello nosotros solicitaremos el acuerdo entre Gobiernos en la Comisión mixta del convenio navarro para concertar la capacidad normativa, sancionadora e inspectora, y el establecimiento de los puntos de conexión de este impuesto y de los nuevos que lleguen en base a la Ley del concierto y a la Ley del convenio.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Viendo el debate hoy me ha venido a la cabeza una película: La delgada línea roja. Evidentemente, hay una línea que separa a unos de otros: Ciudadanos, Partido Popular y VOX de todos los demás. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que empresas tecnológicas grandes, multinacionales como Google, Amazon, Facebook o Apple paguen impuestos como la España que madruga. De eso se trata, de que paguen lo mismo que paga la España que madrugar. Y VOX, el Partido Popular y Ciudadanos dicen que ahora no toca, que más adelante. Pero la España que madruga sigue pagando impuestos y VOX, que madruga ... -no sé lo que madruga-, no quiere que paguen estas grandes empresas. De eso se trata, de esta línea roja que separa a los que no quieren que paguen estos o que paguen más tarde o ya veremos cuándo pagan y a los que queremos que paguen hoy.

Señora ministra de Hacienda, ya sabe que mantenemos muchas diferencias, pero esa valentía que usted ha demostrado hoy con estas grandes empresas espero que algún día nos toque a los valencianos. Votaré que sí muy convencido.

Moltes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Antes de comenzar, una previa, señor presidente: está en su potestad retirar del Diario de Sesiones las alusiones que ha hecho la diputada de la CUP; va a ser más difícil retirarlo del diario de sesiones de la fiscalía suiza que quiere investigar una presunta coima de 100 millones de euros por parte de la Monarquía saudí. (Aplausos.)

Esta discusión de hoy es muy relevante y, como es relevante, no hay insulto y es posible que salga menos en los medios, pero es muy pertinente además que tengamos esta discusión justo ahora. Hace unas semanas todos asumíamos que estábamos en una situación excepcional que requería una movilización excepcional de recursos y todo el mundo en ese momento miró al Estado porque, cuando una empresa le pidió al Estado que pagara el ERTE, no se lo estaba pidiendo a Google, cuando resulta que un autónomo le pedía al Estado una financiación de una línea de crédito, no acudió a pedírselo a Amazon y, cuando hemos dicho que hay que rescatar a las familias que están en situaciones más difíciles, la gente no lo ha hecho con WhatsApp, lo ha hecho con el Estado y, por tanto, uno no puede tener la actitud irresponsable de querer que el Estado rescate, es decir, poner el cazo y, cuando hay que contribuir, silbar. Si el Estado tiene que tener herramientas y recursos para intervenir económica y socialmente, entonces ese dinero tiene que salir de algún sitio.


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Después de muchos años, me imagino que, tras cursar ADE en una universidad privada, el diputado de VOX descubre que los impuestos tienen un afán recaudatorio. ¡Es verdad, tienen un afán recaudatorio! Porque es que hay dos posibilidades: o se paga vía recortes o se paga vía impuestos. Miren ustedes, en España la fortuna -y lo hice Forbes- de los veintitrés españoles más ricos, pese a las terribles circunstancias confiscatorias, ha subido un 16 %.

Vamos a afrontar el debate de verdad, para ustedes el problema no es ni el momento ni la escala de que lo haga Europa, para ustedes el problema es que no quieren que los más ricos contribuyan. Las grandes tecnológicas en el año 2018 pagaron en torno a un 2 % de impuestos de sociedades, una pyme podía llegar a pagar hasta un 25 %; de nuevo, no es subir o bajar impuestos, es a quién y, en este caso, equilibrarlos. Resulta que Netflix en 2018 pagó 3 146 euros. Eso es lo mismo que veinte suscripciones en Netflix. Hay más de veinte suscripciones de Netflix en España, ¿verdad? Es lo mismo que el IRPF de una persona que cobra en torno a los 2 000 euros al mes. Miren ustedes, eso es un pitorreo o un robo. No es solo justicia fiscal, es soberanía y posible desarrollo económico. Yo no quiero que España sea una colonia. Si no queremos tener un país que sea récord en casas de apuestas, en pelotazos, en ladrillo y en precariedad, sino un país que sea récord en laboratorios que patenten aquí, en startups y en incubadoras de empresas para que los jóvenes españoles desarrollen aquí, en movilización de recursos público-privados para la transición ecológica, eso cuesta recursos. Esta es una decisión moral y política. O ponemos entre todos por igual, y quien más tiene pone más, o ustedes siguen defendiendo los beneficios de unos pocos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Señor Ferran Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señora ministra, señorías, vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. De hecho, nosotros estamos de acuerdo, señora ministra, con lo que establece el proyecto de ley en su apartado primero de la exposición de motivos y, es verdad, hay que afrontar la situación de aquellos modelos de negocio en los que existe una desconexión entre donde se genera el valor y donde las empresas acaban tributando. Por tanto, aunque nosotros también entendemos que el marco idóneo sería una regulación al marco comunitario o en el marco de la OCDE, es verdad que las diferentes situaciones de bloqueo pueden justificar que se pueda tomar una medida como la que está tomando el Gobierno español. Pero a su vez, señora ministra, con la misma contundencia con la que hoy vamos a votar que no a estas enmiendas a la totalidad, si no hay modificaciones importantes en el proyecto de ley, también nos veríamos obligados a votar que no. Y le explico porque he oído algunos argumentos de una parte y de la otra en relación con este impuesto.

Nosotros entendemos que aquellas empresas del ámbito digital que no tributan en el Estado español deben tributar. Lo que no sería justo es que acabásemos armando un impuesto que lo pagasen por igual aquellas empresas del ámbito digital que no tienen ni un empleado en España, que no tributan impuesto sobre sociedades en España, que no cotizan a la Seguridad Social en España, que aquellas empresas que sí que pagan su impuesto sobre sociedades en España, que sí están generando empleos en España, que sí pagan las cotizaciones de la Seguridad Social en España, que sí pagan el IVA en España y las correspondientes retenciones del IRPF, porque entonces generaríamos una grave injusticia. Nosotros no estamos de acuerdo en cómo está configurado el impuesto porque hace que empresas situadas en Barcelona que pagan íntegramente su impuesto sobre sociedades en Barcelona, que tienen miles de empleados en Barcelona, que están pagando sus sueldos en Barcelona y sus cotizaciones a la Seguridad Social en Barcelona, se les ponga la misma carga fiscal que a aquellas que no están generando ningún tipo de actividad y de tributación en Barcelona, en Cataluña o en el conjunto del Estado español.

Nosotros hemos presentado enmiendas a tal efecto y lo único que les pido es la sensibilidad para poder hacer frente a esta situación, porque, si no, si se aprueba como está, quizá están salvando alguna injusticia con este impuesto, pero tengan en cuenta que van a generar alguna injusticia y alguna ineficacia fiscal en el otro ámbito. Estamos hablando de un sector donde es muy fácil deslocalizar su actividad y esto lo demuestra que estas grandes empresas no estén tributando nada en el Estado español, y corremos el riesgo de que tengamos un efecto contrario. Nosotros creemos que se debe tributar, que debe existir este impuesto, pero debemos tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. Nuestro voto es hoy un claro no y, si no hay modificaciones, seguirá siendo un no. Espero que podamos apoyar el texto definitivo si son sensibles a estas enmiendas.

Muchísimas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

El señor MARGALL SASTRE: Buenos días. Gracias, presidente.

Antes de entrar en la cuestión de fondo, quiero decir unas palabras sobre lo que ha dicho mi compañera la diputada Mireia Vehí, de la CUP. Sabemos que el rey es inviolable (un señor diputado: ¡Bueno!) y que por lo que parece el rey emérito tampoco....

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, por favor. Un segundo. Vamos a ver, creo que ya he aclarado las circunstancias con la diputada. Creo que ha habido ya una intervención que también ha ido en ese sentido. Le pido, por favor, que se ciña al punto del que estamos tratando. Si no, deberé quitarle la palabra.

El señor MARGALL SASTRE: Es que me parece que está vulnerando la libertad de expresión de los distintos diputados, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, no, el Reglamento es muy claro al respecto e indica que debe ceñirse usted al punto que estamos tratando, por favor.

El señor MARGALL SASTRE: Bueno, pues que conste en el Diario de Sesiones mi queja. No sé si esto lo va a quitar...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Constará.

El señor MARGALL SASTRE: Ministra, buenos días.

Indudablemente, en este debate no se puede obviar el actual contexto y todas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia que padecemos. Todas las previsiones macroeconómicas que se hacían en el momento de la aprobación de este impuesto por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero se encuentran en las antípodas del panorama que se nos desvela ahora. Hace pocos días conocíamos las cifras de ocupación, casi medio millón de personas en el paro solo en Cataluña, un 30 % más que en el mes de mayo del año pasado -previsiones que apuntalan una tasa de desocupación de alrededor del 20 %-, reducción del consumo privado de alrededor del 12 %. Esto se traslada automáticamente en una disminución en la recaudación de impuestos y cotizaciones. Lo que parece ser que no ha cambiado es la respuesta que algunos partidos quieren dar a esta nueva crisis social y económica y, simplemente, pasa por responder a la pregunta: ¿Sobre quién van a recaer los costes de esta crisis? No podemos permitir que vuelva a trasladarse de nuevo a las personas que ya pagaron la anterior crisis y a sus condiciones de trabajo y vida. Y en este contexto, es necesaria una reforma fiscal que sea progresiva para que el sistema fiscal sea una buena herramienta impulsora de la salida de esta crisis.

Nos encontramos en un momento en que las necesidades de inversión pública crecerán y debemos darle una respuesta de una manera justa y equitativa. Para ello, es necesario -aunque no suficiente- una reforma profunda de las diversas figuras fiscales ya existentes y la aplicación de nuevos impuestos a la riqueza y al capital. Ya hemos hecho algunas propuestas en este sentido: una tasa COVID que grave a las grandes fortunas, tributación mínima efectiva del 15 % del impuesto sobre sociedades y acabar con los privilegios fiscales de las socimis y las sicavs. El impuesto que hoy debatimos grava a las grandes tecnológicas, que vuelven a ser las beneficiadas del confinamiento mundial provocado por la pandemia de la COVID-19. Y por eso, al contrario de lo que piden los partidos muy patriotas de la pulserita, que defienden las enmiendas a la totalidad, para nosotros, dado el contexto actual, es aún más necesario acelerar la recaudación de esta tasa. Lanzo una pregunta a la bancada de la derecha: ¿Cómo piensan salir de esta? El PP claramente lo expone en su texto, usted lo ha dicho, ministra. Las reformas fiscales deben ir por rebajas, no por subidas. Repiten de nuevo el mantra de la curva de Laffer: a menos impuestos, más recaudación. Esta teoría se ha aplicado en varias ocasiones a lo largo de los años y se ha demostrado que no es así. ¿Cuál es la verdadera intención de la derecha? Entiendo que es no molestar a las grandes empresas que pueden asegurar un futuro puesto en el consejo de administración.

Como ya he dicho, en un contexto como el actual, de necesidades de incremento de la inversión pública aún con más razón. Por ello, creemos que de manera extraordinaria el tipo impositivo debería aumentar en 1 o 2 puntos porcentuales. Del mismo modo, también creemos que Cataluña debería participar del 50 %


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de la recaudación de este nuevo impuesto. La infrafinanciación de las comunidades se traslada directamente al bienestar de los ciudadanos, al ser estas las proveedoras de los servicios básicos del Estado del bienestar. Por ello, creemos que cualquier aumento de la cesta impositiva debe tener un impacto real en la financiación de los servicios públicos y, por ende, de la financiación de las comunidades autónomas.

En definitiva, votaremos en contra de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha, con la intención de que el Gobierno sea valiente y empiece a aplicar esta tasa lo más pronto posible, junto con otras muy necesarias medidas en el ámbito fiscal. La situación actual exige un esfuerzo fiscal mayor a los que más tienen para reducir el impacto de esta crisis en términos de desigualdad.

Termino, presidente, esperando que nunca más se vuelva a vulnerar el derecho de expresión de los diputados y diputadas en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Tiene la palabra del señor Guijarro García. (La señora Vehí Cantenys pronuncia palabras que no se perciben y pide la palabra.) No, no tiene la palabra.

Continuamos la sesión. Tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenos días a todos; gracias, presidente.

Quería comenzar por lo obvio, por mostrar la solidaridad de mi grupo y la mía propia hacia la diputada Mireia Vehí, por la arbitrariedad que ha sufrido hace unos minutos. No entendemos cómo es posible que se haya evitado que haga una descripción más o menos denotada de una campaña en Internet. Estamos llegando ya a unos niveles absolutamente insoportables. (Aplausos.)

Por entrar en el tema, señora ministra, está claro que con el tono que ha adquirido recientemente el debate político en España cualquiera diría que estamos muy lejos de alcanzar ningún acuerdo sobre nada, mucho menos en materia de política fiscal. De hecho, son las tres derechas las que nos llevan hoy a este debate de totalidad sobre una nueva figura fiscal, el impuesto de determinados servicios digitales, que apenas nos homologa con algunos países de nuestro entorno como Italia y Francia. Por eso, haber forzado este debate es ya en sí una declaración de intenciones -y usted lo sabe-: si ni siquiera están de acuerdo en discutir un instrumento objetivamente necesario, testado ya en nuestro entorno europeo y que reportaría, en el mejor de los casos, unos mil millones a las arcas públicas provenientes de empresas que hacen mucho dinero en España pero que apenas tributan en ella, parecería que no están dispuestos a discutir de nada.

Las derechas, especialmente Ciudadanos, han tirado del argumento europeo, esperando que esta nueva figura sea implantada en el marco de la OCDE. Sin embargo, tras más de nueve años de debate en el seno de esta organización, así como en el propio Consejo Europeo, y debido al recurrente veto precisamente de aquellos países que más han criticado el plan de rescate europeo, por cierto, el resultado no puede ser más decepcionante, y explica, además, por qué los principales países de nuestro entorno han tomado ya hace meses medidas similares de manera unilateral. Además, en ningún caso esta iniciativa parlamentaria dificulta el debate europeo, sino que, en todo caso, lo enriquece al llevar a la mesa de negociación una herramienta fiscal ya testada y en gran medida muy similar, como decíamos, a la instalada en países como Italia. Pero lo más preocupante es que algunos portavoces de la derecha pretenden llevar el tan necesario debate sobre la política fiscal en España de los próximos diez a veinte años a un terreno imposible, carente de todo sentido de la lógica y de la proporcionalidad. La bancada de VOX, habitantes naturales de la montaña, lo fía todo a un supuesto plan de reducción de gasto, que no es más que la manifestación freudiana de su particular fijación fálica -y permitan que lo diga así-, aquella que se expresa en la forma de delirio centralista. Por su parte, el Partido Popular llama a una reducción generalizada de impuestos, dilapidando así toda posibilidad real de plantear un debate serio sobre las necesidades fiscales que tiene nuestro país.

Por otro lado, ya que este debate es tan urgente y puesto que las posiciones de partida están tan alejadas, en aras de acercarnos a ese acuerdo de bases al que hacía referencia al comienzo de mi intervención, les propongo que partamos de determinados consensos elevados a rango constitucional en España desde hace cuarenta años y que no han hecho sino consolidarse en estas últimas semanas extraordinarias. Y les pido que los valoremos a la luz de ciertas evidencias objetivas. Voy a tratar de ser un poquito más pedagógico que usted, señora ministra, a ver si así lo entienden.

El primer consenso es que necesitamos una sanidad pública robusta, fuerte, dotada de recursos suficientes, es decir, no recortada ni exprimida, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Pues bien,


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según datos de Eurostat, converger con la media europea en inversión en nuestra sanidad pública supondría aumentar el presupuesto sanitario en unos 13 700 millones de euros. El segundo consenso es que los servicios públicos de calidad redunden en la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía, no solo de aquellos que hacen un uso directo de los mismos. Pues bien, en educación invertimos casi 9 000 millones de euros menos que la media europea y en dependencia estamos al 50 % de la media del conjunto de países de la OCDE. Por tanto, si estamos de acuerdo en que esto es importante, más bien tendremos que hablar de cómo salvamos este hiato y no de cómo lo aumentamos. El tercer consenso -y estos son consensos también con la derecha, en teoría- es que nuestros mayores tienen derecho a unas pensiones dignas y suficientes y, si no estamos de acuerdo, díganlo: no queremos unas pensiones dignas y suficientes. Pero, bueno, aparentemente tenemos este consenso. Como saben, la partida social de mayor cuantía que maneja el Estado es precisamente esta y difícilmente podrá reducirse si la pirámide de edades sigue ganando peso por arriba mientras lo pierde por debajo. Para este año el Estado ya ha comprometido una partida en pensiones de más de 144 000 millones de euros. ¿Alguien piensa que dadas estas tendencias poblacionales es posible reducir este rubro sin afectar a la vez, y a la baja, esos derechos? ¿Alguien de verdad lo piensa? El cuarto consenso -poco a poco-, es que el Estado debe procurar una red de seguridad a sus ciudadanos que les evite caer en las garras de la exclusión y de la pobreza. Pues bien, en estos dos últimos meses el Estado ha invertido en seguros de desempleo unos 9 600 millones de euros, es decir, algo más de la mitad de lo que se invirtió por este mismo concepto en todo el año anterior. Sin embargo, todo indica que esta cifra subirá más, dadas las circunstancias, incluso si no le sumamos los tres mil millones de euros que supone el ingreso mínimo vital; una medida, por cierto, que cuenta con un altísimo grado de consenso social, también entre los votantes de la derecha, por cierto. En definitiva, señorías, es evidente que en España existe consenso por mantener y consolidar el Estado del bienestar.

Ahora vayamos a las evidencias. La primera, la más descarnada, es que la crisis en ciernes provocará, según las estimaciones más elaboradas, una caída de los ingresos públicos superior a 25 000 millones de euros. Tenemos las mismas necesidades o más y acabamos de perder 25 000 millones de euros. Por tanto, cuando el PP pide bajar impuestos, yo les digo que no se preocupen, que ya se han reducido de facto al haber operado el estabilizador automático. En resumen, podemos decir, uno, si bien las partidas sociales suponen de lejos el grueso del gasto social, del gasto público, en España, existe un alto grado de consenso sobre su pertinencia y hasta sobre su necesidad. Y dos, la arquitectura fiscal en España no podrá sostener estas necesidades a la vez que evita un alto déficit sin antes haber acometido una amplia reforma tributaria en España. Cualquier actor que reconozca estas dos verdades y tenga un mínimo interés en el porvenir de España, claro está, debería sentirse inmediatamente compelido a sentarse con el Gobierno para negociar una reforma fiscal inmediata, una reforma que nos permita escapar del callejón sin salida al que de otro modo estaríamos todas y todos abocados, pero no. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

En este hemiciclo hay grupos que niegan la mayor, que se enzarzan en el berrido y en el insulto con la misma fruición con la que tapan su falta de propuestas concretas, sus argumentos vagos, carentes del más mínimo fundamento económico o rigor técnico; en definitiva, sus trucos de mercadillo de tres al cuarto. Nosotras sí acudimos a esa llamada de auxilio, desde luego, porque no es una llamada del Gobierno, sino del país y porque sí, a nosotras sí, el porvenir de nuestro país y de sus ciudadanos es lo que más nos importa. Nosotras decimos que para salvar esta brecha el Estado debe aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas, puesto que las clases medias y trabajadoras soportan ya una carga fiscal considerable. Por eso ponemos sobre la mesa una nueva figura fiscal, el impuesto sobre grandes fortunas. Proponemos que aquellos patrimonios por encima del millón de euros, una vez descontados hasta 400 000 por primera vivienda, se vean gravados con distintos tipos. Según los cálculos que hemos realizado, podemos estar hablando de unos 10 000 millones anuales.

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Guijarro, tendría que terminar.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí, voy terminando, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Decía que calculamos unos 10 000 millones de euros anuales. Parece una cifra ambiciosa, pero recuerden que aún quedaría lejos de esos 25 000 millones que vamos a perder este año, como poco, por efectos del coronavirus, es decir, que esta propuesta camina hacia una solución del problema, pero en ningún caso lo resuelve del todo. Ahora yo pido al resto de partidos aquí representados


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que asuman la gravedad de este debate, que entiendan todo lo que está en juego y que sientan la presión que nos traslada una ciudadanía angustiada por su futuro.

Termino, señora presidenta. Por nuestra parte, estamos dispuestos a escuchar, a ser autocríticos y a afrontar la negociación con humildad, sin creernos en posesión de ninguna verdad revelada. Puede que esta nueva figura que acabo de proponer sea mejorable, incluso puede que el propio impuesto sobre servicios digitales que hoy discutimos no cumpla con determinadas expectativas, pero la falta de voluntad por entablar este debate que hoy demuestra el ala derecha de esta Cámara solo puede revelar dos cosas: o bien un desconocimiento de las reglas de contabilidad nacional más elementales o bien un desprecio absoluto por el bienestar de nuestro pueblo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas al impuesto sobre servicios digitales por considerarlas inconsistentes, incoherentes y desproporcionadas. Pretendemos a su vez defender la necesidad y la oportunidad de modernizar nuestro sistema tributario para ajustarlo a una nueva realidad digital. El cambio de la presencia física por la digital en determinadas actividades abre nuevos escenarios sobre los que debemos avanzar. No tiene justificación permitir que grandes compañías plenamente digitalizadas tengan ventaja fiscal sobre las empresas tradicionales, pymes o autónomos, decidiendo dónde tributar en términos de competencia fiscal al requerir escasa o nula presencia física para realizar sus actividades. Esta asimetría fiscal es la que está distorsionando el mercado, no el impuesto, que pretende actuar sobre el nuevo modelo de negocio que generan los datos y que ahora puede escapar a la tributación. Si la empresa opera y genera valor a partir de los datos y contribuciones de usuarios en nuestro territorio, debe tributar en España con independencia de donde tenga su domicilio fiscal. Compartimos con ustedes la necesidad de armonización internacional, pero, si esta no llega, España no debe renunciar a ejercer de manera inmediata en su territorio derechos de imposición que legítimamente le corresponden. Todos debemos contribuir al sostenimiento del gasto público, las compañías digitales también. Por tanto, donde algunos ven pura confiscación, nosotros vemos legítima contribución, de las compañías digitales también. (Aplausos.) Por eso, consideramos las enmiendas a la totalidad inconsistentes con la defensa del principio de igualdad y de justicia tributaria.

Además, las consideramos incoherentes, porque no se puede defender el debate internacional del impuesto e impedir su tramitación y debate a nivel nacional. Si estamos de acuerdo con el impuesto, debemos ponerlo en marcha, al igual que están haciendo otros países, como bien se ha dicho, tales como Francia, Italia o Hungría. De esta manera, señorías, reforzamos nuestra posición de defensa del impuesto en el ámbito internacional y, lo más importante, forzamos la necesidad de su armonización. Han transcurrido ya cinco años de debates en el seno de la OCDE, como aquí se ha repetido. Ya es hora de tomar decisiones. No podemos ni debemos esperar más. Además, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no es verdad que se posicionen en contra del impuesto ahora por el momento de la pandemia. Se posicionaron en contra en el mismo momento en que pasaron a la oposición. Ustedes incluyeron en los Presupuestos Generales de 2018 la necesidad de tramitar este impuesto. Recuerden que es un presupuesto que está vigente. Aquí tengo su firma. (Muestra un documento.) La enmienda transaccional así lo atestigua. ¿Qué valor tiene su firma? Después de escucharles, ya veo que su firma no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que ocurre con este impuesto? Que ustedes con Montoro sí defienden el impuesto, pero con Montero no. Esa es su verdad y no otra. Por tanto, basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tanta falsedad. Señor Bas, aquí la única demagogia expresada es la suya y las mentiras, también las suyas. (Aplausos.) Es hora de que regresen a la senda de la responsabilidad institucional y a la defensa de los legítimos intereses de nuestro país.

Es indiscutible que, si este impuesto estaba justificado en 2018, ahora con la crisis de la COVID19 lo está todavía más. Se evidencia imprescindible, porque no podemos obviar que vivimos momentos extraordinarios provocados por una emergencia con graves consecuencias. No pueden negar que el Gobierno está adoptando contundentes medidas para reforzar nuestro modelo sanitario, contener la caída económica y conseguir una pronta recuperación, pero no podemos financiarlo todo con endeudamiento, sino que debemos mejorar nuestra capacidad recaudatoria. Por tanto, este impuesto es


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necesario también para contribuir en parte a sostener nuestro sistema de salud, garantizar el escudo social y ayudar a otros sectores económicos más castigados, en línea con la propuesta planteada por la Comisión Europea. El propio director del Centro de Política Fiscal de la OCDE, Pascal SaintAmans, manifestó el 14 de mayo la no oposición a que España avance en la tramitación del impuesto, siempre que no renuncie a adaptarlo a una futura solución multilateral. Este compromiso se incluye en el proyecto de ley que pretendemos tramitar. Por tanto, no hay ninguna excusa para no hacerlo.

Es más, no todos los sectores han experimentado por igual las consecuencias económicas del confinamiento derivado de la pandemia. De hecho, España ostenta una posición de liderazgo internacional en infraestructuras de conectividad que genera un espacio altamente favorecedor para la creación de ecosistemas digitales, con una red con más de diez millones de usuarios de fibra óptica y con unas infraestructuras que están experimentando un aumento de intensidad del tráfico de voz y datos superior al 80 %, lo que supone un incremento sin precedentes en España.

Sin duda han sido claves para que no se hayan interrumpido los servicios digitales en el momento de la pandemia, pero previsiblemente habrán contribuido a que las compañías digitales más grandes reporten enormes ganancias. Por tanto, también es falso que este impuesto pueda ralentizar el proceso de digitalización.

Para terminar, la verdad es que les he escuchado y tengo la impresión de que no se han leído el proyecto de ley. Sus enmiendas son totalmente desproporcionadas, porque ni las pymes ni las startups quedan sujetas a este tributo, lo ha explicado perfectamente la ministra, solo quedan afectadas aquellas empresas que tengan una cifra de negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial en el ejercicio anterior y, si tienen establecimiento en España, pueden deducírselo perfectamente en el impuesto sobre sociedades. Segundo, la definición del impuesto y contenido del proyecto de ley aseguran la inexistencia de doble imposición y su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico español. Y tercero, será la propia libre competencia del mercado la que garantice precios competitivos sin necesidad de que este nuevo impuesto tenga que ser repercutido al consumidor final.

Por tanto -acabo ya, señora presidenta-, el nuevo instrumento fiscal en tramitación es necesario y oportuno y también eficaz para hacer frente a los retos de digitalización de la economía desde un punto de vista fiscal. Cumple con los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de eficiencia y de transparencia, con su publicación y comunicación a la Comisión Europea para dar cumplimiento a las reglas relativas a los servicios de la sociedad de información. En definitiva -termino como empecé-, las enmiendas son inconsistentes, incoherentes y fruto de una crítica desproporcionada que persigue intereses espurios por encima de los intereses generales del país. Por todo lo expuesto, votaremos en contra de las enmiendas para permitir la tramitación del proyecto de ley y propiciar un debate en Comisión serio, ajustado al momento y a las necesidades del país.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA EFECTIVA IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS. (Número de expediente 122/000044).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías autonómicas.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Olona Choclán.

La señora OLONA CHOCLÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días. Les pido que hagan conmigo un ejercicio de imaginación, les pido que piensen qué ocurriría si la Mesa de la Cámara que, como saben, es la que fija nuestras retribuciones, acordase que los diputados, sus señorías, nosotros, percibiésemos una retribución distinta según la provincia por la que hemos salido electos o la comunidad autónoma a la que pertenecemos. Y no me refiero a la indemnización por residencia, me refiero a que una diputada por Asturias percibiese 4 000 euros, otro por Madrid 5 000 euros y otro por Granada 6 000 euros. ¿Qué harían, señorías? Ustedes no lo permitirían.


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Por eso, me van a disculpar, pero yo, que soy reciente en la política, lo que no alcanzo a entender es cómo han consentido que esa misma discriminación se produzca respecto de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace más de treinta años, porque ustedes no lo permitirían en sus casos.

Señorías, la realidad es que la sociedad española está en deuda con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con nuestra Guardia Civil y con nuestra Policía Nacional. Lo está nuestra sociedad y lo está esta Cámara, porque si hay algo que es innegable es que son nuestros agentes quienes han combatido en primera línea de fuego contra los jaques que han puesto en riesgo nuestra democracia en su historia más reciente. No me puedo detener, por falta de tiempo, en todos los ejemplos que podría ponerles a fin de acreditar este extremo. Solo me voy a detener en los dos casos más paradigmáticos. A nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es a quienes debemos, precisamente, la derrota de la organización terrorista ETA, y me alegro de que esté presente, señor Iñarritu. (Aplausos.) A ellos se lo debemos, siempre en coordinación y bajo mandato de nuestro Poder Judicial. Se lo digo porque se me revuelven las entrañas cuando escucho en esta Cámara que determinados políticos se refieren a nuestros agentes como torturadores sistemáticos, como fuerzas represoras y de opresión de los pueblos que integran nuestra gran nación española. Solo puedo decir que no es casual que esas expresiones siempre las profieran los mismos, quienes odian a España y quienes siempre han visto cómo nuestros agentes combatían en primera línea de fuego por el Estado de derecho. Pero hoy, en esta intervención, donde no hacemos sino honrar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dignificar su labor mediante una justa y legítima equiparación salarial, les pido que mantengan en su retina determinadas imágenes. No puedo mencionar todos los casos; saben ustedes que la organización terrorista ETA cometió más de 3 000 atentados, que tiene en su haber 854 víctimas mortales y más de 7 000 víctimas no mortales. Pero sí puedo mencionar el atentado, del que la semana pasada conmemoramos veintinueve años, que cometió el comando Barcelona en el cuartel de la Guardia Civil de Vich. (Muestra una fotografía del atentado.) ¿Fuerzas opresoras y de represión, señorías? Nuestros héroes caídos. (Aplausos.-Muestra otra fotografía del atentado.) ¿Esto es lo que blanqueamos, señorías? Eso es lo que blanqueamos cuando tomamos distancia, de una manera injusta, respecto a los herederos de una organización terrorista que, a día de hoy, se niegan a condenar los atentados que siguen cometiendo contra dirigentes en el País Vasco, como el de la señora presidenta, doña Idoia Mendia. Solamente en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián perdimos a cien agentes de la Guardia Civil.

Igualmente, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son quienes han estado en primera línea de fuego cuando se ha cometido el mayor ataque a nuestra democracia en la historia reciente mediante un golpe de Estado en Cataluña, en octubre de 2017. Son ellos a quienes el Gobierno del Partido Popular envió para defender nuestro Estado de Derecho. Y son esas mismas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señorías, a quienes han traicionado Gobiernos de España, de uno y otro signo político. Se lo digo con total respeto a unos y a otros, pero es necesario volverlo a decir y tener memoria, porque tengo que recordárselo para pedirles que hoy que se sitúen en el lado correcto de la historia, un lugar donde no han estado, pese a sus respectivas mayorías absolutas según en qué momentos, en los últimos treinta años. Han traicionado a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, cuando ellos daban su vida (muestra de nuevo la segunda fotografía) -en ese atentado fallecieron diez personas, cinco de ellos niños-, ustedes negociaban con la organización terrorista ETA. Les han traicionado porque les han expulsado del País Vasco y de Cataluña transfiriendo las competencias de Tráfico, y ahora lo negocian en Galicia y en Navarra. Les han expulsado cuando, en el marco de la Operación Copérnico, en octubre de 2017, enviaron a nuestros agentes subidos en el barco Piolín a una ratonera; y les abandonaron cuando, posteriormente, en el conocido como juicio del procés, tuvimos que ver honrosas declaraciones de ese glorioso cabo primero y, precisamente, del coronel Pérez de los Cobos, frente a la cobardía de quienes en aquel momento ostentaban los mandos políticos; y después, en la operación diálogo, hemos tenido que ver a toda una vicepresidenta del Gobierno, en aquel momento bajo el Gobierno popular, diciendo en el juicio del procés que ella se enteraba a través de la televisión de las operaciones policiales. Les abandonaron cuando en la Operación Ícaro, en septiembre de 2019 (muestra una fotografía), nuestro ministro comía una hamburguesa mientras nuestros agentes eran enviados a una auténtica batalla campal sin las medidas de seguridad necesarias. (Muestra otra fotografía.) Estos son los demócratas a los que ustedes aplauden y aluden. (Muestra varias fotografías.) Esta es nuestra gloriosa UIP. No tengo fotos de sus hermanos, los GRS, porque les tuvieron maniatados sin poder intervenir, pero sí que hay fotos que expresan la auténtica desigualdad que tuvieron que vivir al enfrentarse a una multitud que arrasaba las calles de Barcelona con la permisividad del Gobierno. (Continúa


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mostrando fotografías.) Les pido que se fijen detenidamente en esta fotografía; esta fotografía, en particular, donde pueden ver a nuestros agentes de la UIP frente a una batalla campal y donde pueden observar que, hoy por hoy, hay más agentes custodiando el palacete de Galapagar de nuestro vicepresidente del Gobierno que en el marco de esa Operación Ícaro. (Aplausos.)

Señorías, hoy vengo a lanzar un mensaje de unidad porque nuestros votos no son suficientes para sacar adelante esta proposición de ley, y eso es evidente. Por eso, tengo que reconocer que en la lucha por la equiparación salarial hay que mencionar antecedentes. Y el antecedente esencial es, sin duda, el acuerdo aprobado por el Partido Popular el 12 de marzo de 2018 con los principales sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil; un acuerdo que se traduce en una subida salarial, no en una equiparación salarial, y en el que se establecían unas obligaciones muy precisas; concretamente en las cláusulas primera y octava. Los antecedentes de ese acuerdo, como bien saben ustedes, están en dos acuerdos firmados por Gobiernos socialistas, que quedaron en papel mojado y que incumplieron; uno por parte del ministro Corcuera, en el año 1992; y otro, posteriormente, por parte del ministro del Interior, Antonio Alonso, en 2005, que igualmente se incumplió y que ya hablaba de equiparación salarial con respecto a la Policía autonómica de Cataluña. En ambos casos papel mojado.

El cumplimiento del acuerdo de 2018 no quedó en manos del Gobierno popular que lo había firmado. Perdieron una moción de censura en una batalla por ausencia librada por un bolso, y ha quedado en sus manos (dirigiéndose a la bancada socialista) el cumplimiento de ese acuerdo. Cuatro puntos esenciales se tenían que haber cumplido y no en todos los casos se ha hecho. Por eso, es tan necesaria la proposición de ley que hoy traemos a esta Cámara, para que ustedes -repito- se sitúen en el lado correcto de la historia. El primer tramo de esa equiparación -y hablar de equiparación salarial forzosamente es hablar de Ciudadanos, que tanto la han luchado- se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los últimos que tenemos vigentes y prorrogados y, efectivamente, se abonó por el Partido Socialista y Podemos ya en el Gobierno. Igualmente, el segundo tramo, correspondiente al ejercicio 2019, si bien ahí ya empezamos con un mercadeo porque, precisamente, el abono no se hizo en enero, sino a escasos días de producirse las elecciones generales de abril de 2019. Con el tercer tramo, en 2020, lo que se ha producido es ya una absoluta indecencia anunciando la inclusión del abono en uno de los reales decretos-leyes sobre la pandemia, sobre la lucha contra la epidemia por coronavirus, precisamente, a modo de cortina de humo para esconder la miseria de un indigno ministro del Interior que, precisamente, en el día de ayer si intentó justificar lo injustificable, fue apelando a dos circunstancias; la primera, acusando a un glorioso coronel, Pérez de los Cobos, de ser responsable de la filtración de informes policiales a los medios de comunicación - no voy a detenerme en este punto porque lo haré la semana que viene con él en un cara a cara-; la segunda, acusando a Ciudadanos de otros indignos ceses que se han producido por parte del Gobierno popular cuando estaban en el poder y que, por supuesto, condenamos igualmente, como es el cese del anterior DAO de la Guardia Civil, don Pablo Martín Alonso, si bien con una pluma mucho más fina, cual era la que portaba una abogada del Estado, en aquel momento metida en política. Condenamos por igual unas y otras indignidades en el ejercicio de los mandos políticos. (Aplausos.) Se han abonado 807 millones de euros, pero esa no es la equiparación salarial. Desde luego, han dejado fuera los trescientos millones de euros que se presupuestaron para incentivar el reingreso al servicio activo. En la Comisión de Interior pedimos información y se nos contestó el 20 de febrero. De 39 solicitudes presentadas en 2018 se han estimado cero; de 17 solicitudes en 2019 se han estimado cero reingresos activos, con lo cual esos trescientos millones de euros no se han abonado. Han malversado 120 000 euros, que es el coste de esa consultora, a quién indicaron en el segundo entregable que tenía que limitarse a una cifra total 807 millones de euros no permitiéndole cumplir su papel.

Y hoy, esta proposición de ley no puede entenderse sin una iniciativa legislativa popular presentada por Jusapol después de recoger 550 000 firmas, que son las que ustedes vetaron ilegalmente en febrero de este año apelando a un impacto presupuestario que no era cierto. Y, señora Lastra, no le voy a decir que faltó a la verdad porque es cierto que usted se limitó a reproducir lo que decía el Gobierno para justificar ese veto, pero ese impacto que se presupuestaba de 1 900 millones de euros era por comparación con policías municipales, locales, que no es lo que se está reivindicando y no es lo que nosotros proponemos en la proposición de ley. Queremos una equiparación sustancialmente con la Policía autonómica catalana e igualmente con la vasca, pero los cálculos que queremos conocer y que serán objeto de la auditoría eran respecto a la Policía autonómica catalana.

Y ante esa frustración de sueños, inculcando la doctrina del Tribunal Constitucional dictada en 2018, precisamente con ocasión de un recurso del Partido Socialista contra actuaciones totalitarias idénticas


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que se ejercieron en el pasado por el Partido Popular, al día siguiente -veinticuatro horas después-, este grupo parlamentario cumplió e hizo suya esa iniciativa legislativa popular en la proposición de ley cuya confianza hoy les solicitamos que nos den para sacar adelante su toma en consideración. No es nuestra ley, es la ley de la sociedad civil, es la ley del pueblo, es la ley de Jusapol, es la ley del Partido Popular, pero es que además es la ley de Ciudadanos y de Podemos, porque hemos incorporado en el texto las enmiendas que registraron cuando votaron a favor de la toma en consideración hace dos años de esta misma iniciativa legislativa popular.

Concluyo, señora presidenta. Subo a esta tribuna siendo consciente de que no va a salir adelante porque ya me han anunciado los respectivos portavoces que no tenemos los votos suficientes, pero subo porque hoy había que decir ciertas verdades. Por encima de todo, la mayor de ellas, es que hoy hacemos lo que verdaderamente justifica la existencia de VOX: dar voz al interés general, a los españoles y a España. Hoy solo podemos hacer eso, que no es poca cosa, por coherencia, siendo la tercera fuerza política, pero quiero lanzar un absoluto mensaje de esperanza a nuestros agentes, porque hoy les damos voz, pero llegaremos a tomar las decisiones, y en ese momento seremos coherentes y cumpliremos con sus justas y legítimas reivindicaciones. Si construyes un ejército de cien leones y su líder es un perro, los leones morirán como un perro, pero si armas un ejército de cien perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como leones, y eso es lo que hacemos. No os rindáis. Fuerza y honor.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, Conchi.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Sayas López.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías. La verdad es que la falta de respeto que tiene el Gobierno por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se evidencia viendo toda la bancada azul vacía; ese es el desprecio que tiene este Gobierno por nuestras fuerzas de seguridad; ese es el aprecio que tiene por su labor y por su trabajo. (Aplausos.) Quizá lo que está pasando es mejor que el hecho de que esté hoy aquí el señor Marlaska; a lo mejor está dimitiendo y es el mejor favor que puede hacer a las fuerzas de seguridad. (Aplausos.-Rumores.)

Como saben, Navarra es una comunidad en la que la Policía foral -que es la Policía de nuestra comunidad, la Policía autonómica de Navarra-, que desarrolla una magnífica labor y que tiene una enorme profesionalidad, realiza su trabajo en un modelo de convivencia con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y con las policías municipales. Ese modelo de convivencia ha sido tradicional e históricamente atacado por el nacionalismo. Tan es así, que recordarán cómo en la sesión de investidura del señor Sánchez se produjo el pacto con el PNV para que la Guardia Civil desapareciera de Navarra. Ese es el modelo de nacionalismo. El nacionalismo quiere erradicar de nuestra comunidad todo lo que huela a España y, por eso, le molesta la Guardia Civil o le molesta la Policía Nacional. Sin embargo, nosotros estamos muy agradecidos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, como lo estamos a la Policía foral y, por supuesto, también a las policías municipales, porque a lo largo de los momentos más difíciles de la historia de nuestra comunidad han estado ahí protegiendo nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra vida y, además, lo han hecho muchas veces arriesgando y exponiendo la suya. Gracias al trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional junto con la Policial foral y las policías municipales, hemos podido erradicar el fascismo totalitario de una banda terrorista que es ETA; sin su ayuda no hubiéramos podido defender en libertad nuestras posiciones. Muchos que hoy se sientan a la izquierda y otros que no nos sentamos a la izquierda hemos podido ser libres y hemos podido hacer política, gracias a la tarea de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía foral y de las policías municipales.

Por eso creo que es justo reconocer ese trabajo, ese sacrificio y esa dignidad durante tantos años. Creo que el mismo trabajo debe tener el mismo salario; es una demanda histórica, es una demanda de justicia. Vamos tarde, pero por ir tarde, cuanto antes lo hagamos será mejor, porque no hay ningún argumento para que por un mismo trabajo no se pueda tener un mismo salario. Además, si hay un momento para reconocer el trabajo de esos cuerpos policiales es ahora, en un momento en el que el Gobierno ha entendido que la Guardia Civil no está para proteger a los españoles, no está para servir a España sino para servir al Gobierno. Y eso es atacar la honradez y la independencia de un cuerpo que siempre ha estado al servicio de España, pero sobre todo al servicio de la Constitución y del resto de las leyes.


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Miren, yo no les voté -no creo que revele nada que no sepan-, pero creo que hay mucha gente que creyó que la nueva política era venir a defender la honradez, venir a defender la transparencia, venir a defender a los españoles, a defender el Estado de derecho, la separación de poderes, y luego se encontraron con que ese Gobierno que les decía que venía a limpiar, pues tiene mucho fango; que cuando decía que venía a regenerar, pues hay muchas cosas que huelen a corrupción; y aquellos que dijeron que iban a dar la cara, pues no se ponen rojos, ni un poco, cuando mienten al conjunto de los españoles. Y, claro, se ha visto que la nueva política era tener un ministro como el señor Ábalos, que hace de anfitrión de una dictadura venezolana y no pasa nada; que la nueva política era tener a una ministra de Igualdad que dice una cosa off the record, y a la que le da igual exponer la seguridad de todos los españoles, a los que miente cuando le ponen una cámara delante, lo reconoce, y no pasa nada; que la nueva política debía ser tener un presidente del Gobierno o un Grupo Socialista que pacta con Bildu aquí, en este hemiciclo, un cambio en la reforma laboral y les dice: No lo contéis, no lo contéis, no se vayan a enterar. Esa transparencia debía ser la nueva normalidad y, entonces, toda esa gente de izquierdas que les votó creyendo de verdad en lo público, en la dignidad de lo público, hoy tiene que estar avergonzada de tener un Gobierno que no asume ninguna responsabilidad. (Aplausos.) Porque si actuar con esta falta de transparencia, si mentir a los españoles a la cara, si tratar a la gente como si fuese un niño al que se le convence con un caramelo, si de verdad tratar de someter un Estado de derecho creyendo con prepotencia que la Guardia Civil tiene que actuar a las órdenes de un ministro cuando actúa como Policía judicial, no es una cuestión para dimitir, entonces, ¿por qué se dimite en este país? ¿Por qué se dimite en España? ¿Dónde queda el respeto a lo público? Yo creo que quienes más han puesto en valor lo público, quienes más defienden lo que es de todos, deben tener una especial exigencia moral en defender lo que debe ser no ya una cosa de defensa de lo público, sino de ética y de moral, que es que en política no se puede mentir. Y tenemos a un ministro del Interior que ha mentido reiteradamente y, por tanto, no puede estar ni un minuto más en su puesto. Así que equiparación, sí; ministro, no.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, Conchi.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el principio de igualdad es contemplado en la Constitución desde distintas perspectivas, y entre ellas se encuentra su artículo 14, que recoge el llamado principio de igualdad en la ley y ante la ley. Viene a establecer, muy importante para un mismo legislador, que ante supuestos de hecho iguales son aplicables iguales consecuencias y que las diferencias de trato necesitan adecuada justificación que explique todas las diferencias. Así pues, el principio de igualdad del artículo 14 impide, según el Tribunal Constitucional, que las normas establezcan diferencias no razonables o arbitrarias entre personas sujetas a un mismo legislador. Por esto mismo no es medida de validez para enjuiciar las diferencias que puedan observarse entre ámbitos legislativos distintos, como son estas Cortes Generales y los Parlamentos de las comunidades autónomas, según sentencia 319/1993.

Por otra parte, también es cierto que la misma Constitución contiene otro ámbito respecto al principio de igualdad a través de reglas constitucionales que confieren competencias de bases al Estado o que limitan las divergencias resultantes del ejercicio por las comunidades autónomas de sus competencias. Así sucede, por poner dos ejemplos, con el Estatuto Básico del Empleado Público o con el establecimiento en su caso de condiciones básicas que garanticen la igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Pero esta facultad del Estado en modo alguno puede suponer, según el Tribunal Constitucional, que la identidad de derechos y deberes sea una monolítica uniformidad de ordenamiento, ya que la potestad legislativa de las comunidades autónomas en nuestro ordenamiento compuesto posibilita que la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio del Estado pueda ser distinta. Señorías, el Tribunal Constitucional saca una conclusión de esta afirmación de principio, cual es que las divergencias entre normas que emanan de poderes legislativos distintos no pueden dar lugar en términos constitucionales a una pretensión de igualdad, porque si así fuera, se perdería la identidad propia del principio de igualdad que juega dentro de un ordenamiento jurídico, de una misma ley, y daría lugar a un enjuiciamiento de la diversidad normativa propia del Estado de las autonomías con criterios irreconciliables con esa misma diversidad.


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Señorías, todo este recordatorio sobre el alcance y significado de las distintas manifestaciones del principio de igualdad en la Constitución no viene motivado por un afán pedagógico de quien les habla, sino para poner de manifiesto la tergiversación y manipulación que de este principio fundamental realizan los autores de la proposición de ley, para exigir una equiparación salarial que, de no ser así, supondría, según su interpretación, una vulneración flagrante de este principio constitucional.

Ya descendiendo a las diferencias entre los distintos regímenes jurídicos existentes sobre empleados públicos, el Tribunal Constitucional ha sido renuente a considerarlas contrarias al principio de igualdad, porque su misma doctrina dificulta ese establecimiento de comparaciones entre personal empleado de distintas instituciones e incluso dependiente de la misma institución si no está sujeto al mismo estatuto jurídico, como sucedería con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto es precisamente lo que sucede con las comparaciones subjetivas que se contemplan en la proposición de ley. Nos encontramos ante comparaciones externas o ante regímenes jurídicos distintos que se quieren apoyar en doctrina constitucional y ordinaria que ha sido aplicada únicamente para comparaciones internas, es decir, dentro de la estructura organizativa del mismo empleador y respecto de un régimen estatutario común. Incluso la regulación y jurisprudencia europea que se cita en la exposición de motivos de la iniciativa para justificarla está erróneamente traída. Aquella examina si debe remunerarse de igual manera -en ese caso eran trienios- a trabajadores con iguales cualificaciones y tareas y del mismo centro de trabajo, al margen de su tipo de contrato, es decir, basándose otra vez en comparaciones internas dentro de un mismo empleador, que no externas entre trabajadores de distintos empleadores.

Señorías, no puede decirse que las diferencias de régimen jurídico retributivo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las de las comunidades autónomas o entidades locales sean vulneradoras del principio de igualdad constitucionalmente preservado, porque la validez del término de comparación respecto del que se publica la desigualdad es constitucionalmente incorrecta. Para un juicio de esta naturaleza se requiere identidad de condiciones de los puestos de trabajo que se comparan -en concreto, dificultad técnica de educación, formación y tareas- y, además, no puede exigirse aquella equiparación -en términos constitucionales, claro está- argumentando que, de no producirse, se vulneraría el orden constitucional de igualdad, cuando nos encontramos ante una clara diferencia de régimen jurídico: los de la Policía Nacional, la Guardia Civil y cada una de las policías autonómicas, con diferentes empleadores, con diferentes marcos competenciales -como el de la autoorganización de cada una de las instituciones y el estatuto jurídico de sus propios funcionarios, eso sí, con sujeción al régimen retributivo básico, sueldo base y antigüedad, o a los límites aplicables al crecimiento de las retribuciones del personal al servicio público en virtud del artículo 149.1.13.ª- y con policías diferenciadas; y en el caso del País Vasco, con una policía integral propia, para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público, al amparo de los derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución.

Voy finalizando, presidenta. Señorías de VOX, tampoco hoy apoyaremos su iniciativa, porque su argumentación, para sostenerse, no responde a algo ontológicamente sólido y unívoco, sino que, por el contrario, es una construcción de conciencia, tanto individual como colectiva, consistente en hacer locutivamente real lo falso constitucionalmente. Se trata, señorías, de una distorsión deliberada de una realidad constitucional, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en sectores sociales y policiales. Y eso se llama posverdad, y eso es la fundamentación de su proposición: una posverdad constitucional.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.

El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Como cada vez que he intervenido durante esta pandemia, me gustaría recordar a todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus y acompañar a los miles de familias -aún no sabemos cuántas son- que han perdido a un ser querido en las peores condiciones posibles. Señorías, guardamos, dos meses y medio después, un luto que debería haber empezado desde la primera víctima de este virus.

Como no puede ser otra manera, quiero seguir rindiendo un homenaje muy especial a nuestros sanitarios, cuyo sacrificio ha sido y es infinito, y quiero felicitarles por el merecidísimo Premio Princesa de Asturias. Otro colectivo de héroes que han dejado a muchos, a demasiados atrás, son nuestras Fuerzas


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y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones, Ejército, seguridad privada, Policías locales, Protección Civil y el resto de trabajadores considerados esenciales. Los homenajes que Ciudadanos, que mi grupo parlamentario quiere para ellos son mejoras en las condiciones de trabajo.

Hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. Es una iniciativa que no sería necesaria si el Gobierno hubiera cumplido íntegramente el acuerdo, el compromiso que Ciudadanos sacó al Partido Popular para los presupuestos de 2018. Le agradezco a su señoría, la señora Olona, que lo haya reconocido así. En este acuerdo se pactaron tres tramos de mejoras salariales para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el establecimiento de una mesa de control y garantía de cumplimiento de dicha equiparación. Ese fue el acuerdo, un buen acuerdo, serio, fiable y posible. Fíjense si fueron buenos también los presupuestos que aprobamos entonces que todavía siguen en vigor, a pesar del señor Sánchez.

Nuestros agentes se juegan la vida para defender nuestra salud y nuestras libertades y tienen que soportar y escuchar que no se puede pagar la equiparación salarial mientras el Gobierno sigue creando estructuras y colocando amiguetes. El Gobierno, como todo el mundo sabe, incumplió con excusas de mal pagador y las cantidades comprometidas fueron menguando. Además, en los dos primeros tramos que se han satisfecho se han quedado atrás miles de compañeros en segunda actividad y jubilados, que, además, siguen con una doble discriminación: primero, con respecto a sus compañeros, y luego, con respecto a las policías autonómicas. Lo que se quería evitar con el acuerdo, el Gobierno lo ha hecho crecer.

La semana pasada Marlaska, al que creo que ya no le quedan amigos en la Policía Nacional y mucho menos en la Guardia Civil, anunció el súbito e inmediato cobro, vía real decreto, del tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial. Algo que era imposible en febrero, según él mismo dijo, hoy es prácticamente un hecho. Señorías, una cortina de humo de libro, esto es lo que. Marlaska acababa de cesar al coronel Pérez de los Cobos tras negarse este a incumplir la ley -repito, se negaba a incumplir la ley- y también acompañó hasta la puerta de salida al director adjunto operativo y al que le tenía que suceder por escalafón. No sé si utilizó la chulería del "cierre al salir" del vicepresidente Iglesias. Poco antes, el Partido Socialista y sus socios de Unidas Podemos habían vetado en la Mesa la iniciativa legislativa popular de equiparación, que firmaron, además, más de medio millón de españoles y que Ciudadanos defendió en esa Cámara.

Ustedes, señores del Gobierno, dan premios a los proetarras de Bildu y castigo a la Guardia Civil, además a la Guardia Civil que cumple con la ley. Por ello, media España está pidiendo la dimisión de Marlaska y prácticamente la otra media también; nosotros la pedimos en este acto.

Señorías, si el señor Sánchez cree que puede doblegar la voluntad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que hagan lo que a él le interesa, entonces es que no conoce ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Y si el señor Marlaska cree que va a poder callar a los cuerpos sacándose de la chistera este tercer tramo, es que no tiene ni idea del ministerio que está dirigiendo.

Tampoco el grupo proponente, tengo que decirlo, ha estado siempre al cien por cien para acabar con esta injusticia histórica, a pesar de que ahora vengan con los golpes de pecho. Hubo un real decreto en el que VOX pudo actuar e iniciar de nuevo los trámites para introducir esta iniciativa, pero, para mi sorpresa -tengo que confesarlo- y la de los policías y los guardias civiles, no lo hizo. Da que pensar que lo que pasa más bien es que, si no pueden colgarse la medalla, prefieren que no haya equiparación, sin importar las consecuencias. A Ciudadanos le importa más el qué que el quién. Sabemos perfectamente que lo importante es que esta injusticia histórica acabe ya y apoyaremos toda medida tendente a acabar con ella, sea nuestra o de cualquier otro grupo. Esta es la actitud responsable y, sobre todo, útil de mi grupo parlamentario, el de Ciudadanos.

Tengo que decir que la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está y ha estado siempre en el ADN de Ciudadanos. Prueba de ello es mi presencia en este hemiciclo, por lo que estaré eternamente agradecido a mi grupo parlamentario. El uniforme que yo tengo en mi armario y que visten mis compañeros a diario tiene en el hombro una bandera, una bandera que representa una comunidad amplia, diversa y que necesita ser defendida de múltiples amenazas. La bandera que he llevado y llevaré en el uniforme no tiene dueño y tampoco tiene ideología, y contra esas amenazas que les he dicho es contra las que pelean mis compañeros las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, 366 si es bisiesto. Por eso también tengo que decirles, señores de VOX, que está muy bien traer aquí una propuesta de equiparación salarial -nos congratula-, pero dejen de usar políticamente a la Policía y a la Guardia Civil como arma arrojadiza, porque es un terrible error. Ellos, como yo y como


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ustedes, también juraron proteger y acatar la Constitución y proteger a los ciudadanos, voten lo que voten. Es una tremenda irresponsabilidad que ustedes traten de enfrentar a los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cualquier Policía Nacional o Guardia Civil sabe identificar con nitidez una orden ilegal y ninguno se va a arriesgar a acatarla; miren al señor Pérez de los Cobos. Dejen de difundir bulos y mentiras contra nuestros agentes, diciendo que detienen a personas por portar banderas de España o que persiguen las caceroladas contra el Gobierno; eso es mentira y lo saben. No ataquen a quienes nos protegen, díganselo también a los suyos.

Y a Bildu -que todavía no ha intervenido y que no condena el terrorismo etarra, aunque tanto le duele la violencia en Estados Unidos-, a Esquerra y a los demás haters u odiadores de la autoridad les digo: ¡Viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional! Son quienes les protegen también a ustedes. Y también les digo: ¡Viva el rey!

Dicho esto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley por ser justa. Intentaremos mejorarla en el futuro con las correspondientes enmiendas. Ya sabemos que no va a salir. Quiero terminar diciendo que no nos vamos a rendir, en Ciudadanos no lo hemos hecho nunca -ahí está Miguel Gutiérrez, que puede decirlo bien claro- y no lo vamos a hacer. Hago mía la frase del señor Sayas: equiparación sí, ministro no.

Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cambronero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.

La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Señora presidenta, debe haber algún error. Decidimos no intervenir en este punto para no dar ningún tipo de oportunidad al fascismo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Disculpe.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.

El señor SANTIAGO ROMERO: Buenos días.

Quiero iniciar esta intervención, como no puede ser de otra forma, mostrando mi solidaridad con los fallecidos, con los convalecientes por esta pandemia y con sus familias; con el agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad y a todos los trabajadores y personas que nos han cuidado, y mostrando nuevamente la confianza en nuestro pueblo, porque estamos saliendo de esta situación y, tal como hemos dicho aquí varias veces, todo va a ir bien.

En estos tiempos de alta confrontación, la propuesta de equiparación salarial entre los cuerpos policiales de la Administración Central del Estado y las policías autonómicas es quizás de las pocas cuestiones que ha concitado un alto nivel de acuerdo entre las distintas formaciones políticas y permite, por tanto, un gran acuerdo político para mejorar las condiciones laborales de nuestros servidores públicos. Es justo aplicar estrictamente el principio de: a igual trabajo igual salario; es una obligación de la Administración del Estado acabar con cualquier discriminación salarial entre los servidores públicos, pero en lugar de trabajar para alcanzar un amplio acuerdo, la ultraderecha convierte este asunto en un nuevo motivo de enfrentamiento con esta proposición de ley.

A fecha de hoy, el objetivo de esta proposición de ley está alcanzado, es innecesaria: se ha alcanzado una mejora retributiva sin precedentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¡una subida de un 20 % respecto a los salarios de 2017 en menos de tres años! Entre octubre de 2018 y final de 2020: 807 millones de euros en total destinados tanto a complemento específico singular como a productividad; un inmenso esfuerzo colectivo en reconocimiento a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sin haber podido aprobar la Ley de Presupuestos en 2019 ni en 2020 y en un contexto económico de inmenso crecimiento del gasto público por la emergencia sanitaria y social debida al COVID-19.

Los dos primeros tramos de subida salarial por equiparación de retribuciones se hicieron efectivos en octubre de 2018 y en abril de 2019, en ambos casos con efectos retroactivos al 1 de enero de cada año -un importe de 560 millones de euros- y el tercer tramo de incremento salarial lo ha aprobado el Consejo de Ministros del pasado 26 de mayo; una cortina de humo -acabo de oír aquí- un tanto cara, una cortina


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de humo de 247 millones de euros nada más y nada menos. Es decir, concluye el proceso de equiparación iniciado en 2018, que supone para policías nacionales y guardias civiles un incremento salarial medio de un 20 %. ¿Eso qué significa? Significa entre 560 y 720 euros brutos más al mes en 2020 con relación al año 2017. Por eso no tiene justificación alguna que estemos debatiendo hoy esta proposición de ley. Primero nos inundan de fake news y ahora VOX inaugura con esta proposición la era de las fake laws; una ley falsaria, porque la equiparación salarial ya es una realidad, gracias al esfuerzo económico realizado por el Gobierno surgido de la moción de censura de 2018 y por este Gobierno de coalición, y nos felicitamos por esta conquista laboral que no habría sido posible sin el apoyo de los sindicatos de la Policía y de las asociaciones de la Guardia Civil.

Desde luego, en materia de apoyo a reivindicaciones laborales, a Unidas Podemos lecciones las justas. La reivindicación de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una vieja reivindicación defendida en solitario demasiados años por la izquierda política -en especial, durante años, por Izquierda Unida- a la que ningún Gobierno había atendido. Por fin, efectivamente, en marzo de 2018, el Partido Popular en el Gobierno aceptó la propuesta de las asociaciones y sindicatos, pero el Gobierno del Partido Popular no adoptó medida alguna para cumplir el acuerdo, por lo que Jusapol tuvo que presentar la iniciativa legislativa popular y Unidas Podemos votó a favor de su toma en consideración. A la vez, hemos trabajado durante más de dos años por conseguir la equiparación salarial mediante PNL, mediante enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y con la propuesta de la creación de una comisión sobre el nuevo modelo policial. El trámite de la ILP decayó al final de la XII Legislatura y fue nuevamente presentada en la actual legislatura, en diciembre de 2019, pero ya era innecesaria, porque en octubre de 2018 se aprobó el primer tramo de equiparación salarial, en abril de 2019, el segundo, y en mayo de 2020 se ha aprobado el tercero, tras un intenso trabajo previo, con enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y de 2017; más de 500 millones de euros adicionales se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2018 a propuesta de multitud de grupos parlamentarios. Desde luego, la subida salarial, está claro, es muy superior a las subidas salariales de otros funcionarios, y es justo, porque es para corregir una discriminación. Cuando el Grupo Parlamentario VOX presenta esta ILP, está haciendo un flaco favor a los sindicatos policiales, porque se apropia de una reivindicación que han defendido la mayoría de grupos parlamentarios y, además, lo hace de forma oportunista, rompe la unidad de las fuerzas políticas y crea un problema donde no existe.

Por otro lado, esta proposición utiliza una técnica jurídica tremendamente temeraria, porque otorga a las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra la facultad de determinar el salario de los servidores públicos al servicio de la Administración Central del Estado, es decir, nos proponen una irresponsable cesión o dejación de la soberanía política del Estado, de la Administración Central, a las comunidades autónomas. Si a Navarra se le ocurre subir el salario a 1 000 policías que tiene, eso obliga a que la Administración Central del Estado tenga que aprobar una partida presupuestaria ciento cincuenta veces más grande. Eso es lo que están proponiendo: una renuncia a las competencias del Estado.

Y, miren, hoy los aplausos se han trasladado de los balcones a las puertas de los ambulatorios, porque hay otros muchos profesionales de la Administración pública que están mal retribuidos, muchos más. (Aplausos.) Ya hemos conseguido el objetivo de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, súmense y vamos a trabajar. Les hago una propuesta: trabajemos todos conjuntamente por conseguir la equiparación salarial de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la justicia y de otros trabajadores del Ministerio del Interior, como los trabajadores de prisiones, de los que nadie habla, porque eso lo ha podido hacer la derecha de este país en ocho años de Gobierno y nunca lo han hecho. Esto es lo que nunca debió ocurrir.

Se han apropiado de una justa reivindicación con la finalidad de provocar un enfrentamiento entre españoles.

La señora PRESIDENTA: Señor Santiago, tiene que terminar, por favor.

El señor SANTIAGO ROMERO: Y decimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no se dejen usar políticamente por ninguna fuerza, por ninguna, tampoco por VOX.

Retiren esta propuesta y suscribamos todos una declaración felicitándonos por haber cumplido el objetivo. Ciñámonos a la verdad y a la realidad. Hoy más que nunca, mucha salud a todos y todas. (Aplausos.)


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Nuestro saludo más afectuoso va también para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que seguramente están viendo este interesante debate, en el cual algunos han quedado ya retratados en su estilo habitual de poco cariño y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero en el que van a ver nuevamente el compromiso que tiene el Partido Popular con la equiparación salarial.

Señorías, qué grande es la democracia, que permite que en este hemiciclo estén sentados los amigos de los asesinos etarras -y me refiero en concreto al Grupo Parlamentario Bildu- que tantas vidas segaron y tantas mutilaciones causaron en miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Aplausos.) Qué vergüenza que nunca hayan tenido la gentileza de condenar sus fechorías, eso sí, señorías, increíble, han condenado el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minnesota, en Estados Unidos de Norteamérica. Por si hay alguna duda y alguna de sus señorías no ha escuchado bien lo que hecho dicho, les vuelvo a decir que ETA fue una banda de terroristas, que asesinaban y extorsionaban. Por tanto, los que están vinculados a ETA son terroristas. Como diputado nacional y representante del pueblo español y de su soberanía y debido a mi juramento de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, les respetaré democráticamente, pero personalmente les detesto.

Otro grupo parlamentario, Unidas Podemos, hoy en día socios de Gobierno, se dedica también a ser original, jugando con hombres de paz como Otegi, haciéndose fotos; les encanta cómo pegan a la Policía y se ponen incluso muy contentos y, desde luego, en vez de reunirse con las familias de las personas que han sido asesinadas por la banda terrorista ETA, se reúnen con las personas que han dado las palizas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso, sin olvidarme, por supuesto, del Gobierno actual, que con esos pactos que está haciendo de aproximación de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, con esos permisos que se conceden a familiares para ir a verlos a prisiones fuera del territorio vasco, ha dibujado un panorama bastante oscuro y negro de cariño, afecto y compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es increíble. Señores miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿a ustedes, durante la pandemia, verdad que no les concedieron ningún permiso para ir a dormir a sus residencias habituales cuando el destino estaba fuera de su territorio? Pues no. ¡Qué pena, Dios mío! Allá cada uno con su conciencia, porque el Partido Popular la tiene muy tranquila y con estas cuestiones, con el cariño y el trato que se les da a los miembros de la Guardia Civil y la Policía, desde luego, duerme muy tranquilo.

Ya se ha hablado de la historia de la equiparación salarial. Treinta años han estado demandando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esa equiparación justa y real, y tuvo que ser un partido, al cual ninguno de los intervinientes anteriores ha mencionado, el Partido Popular, señorías, el que, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno de España, tomase inmediatamente esta cuestión como cuestión personal. Y al señor Zoido, entonces ministro del Interior, se le encargó que rápidamente -de acuerdo con las principales asociaciones y sindicatos de Policía y Guardia Civil- se pusiera manos a la obra y, después de un frenético recorrido, se aprobó un acuerdo histórico, el día 12 de marzo del año 2018. Y hete aquí que asistimos a una incongruencia total: una ILP avalada por más de 550 000 firmas y presentada por Jusapol fue admitida a trámite en el año 2018 por el mismo Gobierno que ahora mismo veta esa iniciativa. Evidentemente, hay que poner de manifiesto estas incongruencias que hay.

Los argumentos que presentó el Grupo Parlamentario Popular en su momento, en la toma en consideración de la ILP, en el año 2018 -porque luego, debido a las vicisitudes que ha habido de disolución de las Cámaras, de constitución de las mismas, etcétera, se presentó nuevamente-, en el Pleno, donde fue aprobada por mayoría, son válidos perfectamente para la iniciativa que estamos trabajando en el día de hoy. Podemos decir -porque realmente nadie ha hablado de las cuestiones técnicas de este proyecto de ley- que es un proyecto de ley que tiene errores de técnica legal -reconocidos en su momento por Jusapol-, que no cierra definitivamente la discriminación laboral de policías y guardias civiles, porque fuerza a una permanente y continua escalada salarial que quedaría en manos de las negociaciones y decisiones de las policías autonómicas. Eso sí, se excluye -para no encarecer


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presupuestariamente esta equiparación- la referencia a los complementos específicos de las policías locales, lo cual, señorías, constituye también una incongruencia con lo dispuesto en la exposición de motivos: a igual trabajo, igual salario. La base de la propuesta de esta ILP, señorías -la han conocido todos los que han intervenido-, es el artículo 3, donde se define lo que es -los que somos funcionarios lo entendemos claramente- un complemento específico.

Señorías, las bases para alcanzar la equiparación salarial se encuentran en el cumplimiento íntegro del acuerdo del año 2018, acuerdo que el actual Gobierno no ha cumplido en su integridad. Tiene tres lagunas: la primera, que no ha aportado los 100 millones de euros anuales para incentivar a los que están en reserva o en segunda actividad a incorporarse; la segunda, que la cláusula primera está incursa en sospecha judicial, porque ha habido presiones para que la consultoría elabore lo que el Gobierno -que ha encargado ese estudio- finalmente decida, y tercera, que en la cláusula octava, señorías, el Ministerio del Interior no ha impulsado las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se produzca una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.

Señor ministro Grande-Marlaska -no sé dónde está, señora Lastra, comuníquele lo que le voy a decir, por favor-, presente un proyecto de ley, deje de dinamitar la separación de poderes y no interfiera en la actuación que está teniendo la jueza del Juzgado número 51 de Madrid. Parece mentira que no recuerde, cuando aún era un buen juez, su participación en el caso Faisán. Entonces ordenaba lo que ahora censura. Y no olvide tampoco la desarticulación del comando Vizcaya, en la cual participaron dos ilustres coroneles de la Guardia Civil; me refiero al coronel Pérez de los Cobos y a otro coronel también defenestrado, como fue el coronel Sánchez Corbí. Es decepcionante, señor Grande-Marlaska, y volvemos a pedir su dimisión.

¿Cuál es nuestra posición con respecto a esta proposición de ley? Evidentemente, lo hemos demostrado con querencia, no puede ser otra que la afirmativa porque no ha habido otro grupo político con más compromiso en el tema de la equiparación salarial de nuestras queridas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, tanto si esta proposición de ley se toma en consideración como si no, tenemos nuestro propio proyecto de ley que lo hemos elaborado sobre la base del punto 8 del acuerdo de marzo del año 2018. Por tanto, si se acepta esa proposición de ley colgaremos nuestras propuestas en el texto legal. ¿Que no se acepta? Estamos plenamente dispuestos a presentar nuestro propio proyecto de ley que fijará con carácter definitivo las condiciones salariales y laborales iguales para todas las policías, tanto Guardia Civil como policías autonómicas y la Policía Nacional, y con el título competencial establecido.

Y voy terminando. Si me permite mi portavoz, quiero utilizar una frase que ayer me gustó mucho de su intervención cuando dijo: "Este Gobierno nos quiere sumisos y silentes, olvídense". El Partido Popular no va a permitir que se cercenen los derechos y libertades fundamentales de los españoles y menos nos van a cortar la lengua en defensa de los intereses de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mateu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señorías.

Quiero empezar de la misma manera que han empezado otros intervinientes, trasladando nuestras muestras de condolencia y nuestro pésame a familiares y también -aprovechando el objeto de esta proposición- trasladársela a todos los servidores públicos del Ministerio del Interior. Quiero trasladar también el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista a todas las personas que han estado al frente de la lucha contra esta pandemia, haciendo especial atención a quienes se dedican a nuestra seguridad: a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas y locales, a los funcionarios de prisiones, a los agentes forestales, a los trabajadores de la seguridad privada y a aquellos que se dedican a la protección civil. Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

Vaya por delante el apoyo de este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, a un servidor público que ha decidido hacer cambios profundos en el Ministerio del Interior; a un equipo que impulsa políticas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género; a un equipo que quiere fomentar la igualdad dentro de la Policía y la Guardia Civil para combatir las mafias de trata de personas,


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para combatir el terrorismo, la ciberdelincuencia o la delincuencia organizada. Muchas gracias, señor Marlaska. (Aplausos.)

La verdad, señorías, es que ponen ustedes muy difícil poder debatir en unos términos razonables. Lo digo porque cuando uno apela a la emoción y sobre todo cuando uno se intenta apropiar de instituciones del Estado, como es la Policía o la Guardia Civil, caemos en un error muy grande, señora Olona, muy grande. Luego le propondré dos ejercicios de imaginación -para seguir su línea-, a ver si logro entender cuál es su proceso mental para traer hoy aquí esta proposición de ley, que lo único que hace -como decía el anterior interviniente de Podemos- es enfrentar en un momento en el que hay que unir. Pero ya pasaré a ese punto, señora Olona.

El Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista llevan años defendiendo la equiparación salarial de policías y guardias civiles, pero no solo la equiparación sino también la defensa de sus derechos laborales, y además estando en coordinación y colaboración con sindicatos y asociaciones. Nosotros no hacemos política sindical, nosotros no queremos utilizar a sindicatos y asociaciones para nada. Nosotros defendemos aquí en el Congreso propuestas que afecten al fondo y al funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Aplausos.)

Fíjense, señorías, qué es el sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista. El sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista es adoptar y hacer suyo un acuerdo que firmó un Gobierno anterior y cumplirlo en sus términos, en los mismos términos. Eso es sentido de Estado, eso no es politizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no, señora Olona, no lo es; eso es sentido de Estado, del que usted carece. (Aplausos.)

Cuando este Gobierno llegó al Ministerio del Interior no se encontró ni una sola acta de las reuniones que había mantenido el Gobierno del Partido Popular con sindicatos y asociaciones, no había ningún informe jurídico sobre el acuerdo, ni había tampoco un solo euro reservado en el Ministerio de Hacienda dedicado a la equiparación; cero, no había nada. Por cierto, señor Gutiérrez, bienvenido otra vez al Congreso. Recuerdo una vez una intervención que tuvo con el señor Zoido cuando estaba sentado en el banco azul -y se lo digo también al señor Cambronero porque quizá deberían releer las actas y sus intervenciones-; recuerdo que el señor Gutiérrez le dijo al señor Zoido, muy claro: 500, 500, 500, ese es el precio de la equiparación; si no hay 1 500 millones de euros no aprobaremos su presupuesto. Eche cuentas y dígame si después de haber aprobado el presupuesto había 1 500 millones de euros. No había ni un solo euro, señor Gutiérrez, les engañaron. (Aplausos.) Mire, en este periodo de tiempo, en estos dos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido una subida del 20 % en su salario, se ha cumplido el último tramo de la equiparación y hay una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado para crear una comisión de estudio -en el Senado porque es la Cámara territorial- para que se pueda debatir de qué manera se pueden solventar los problemas jurídicos que plantea una propuesta de este tipo. Se ha acordado un plan de infraestructuras dotado con 600 millones de euros para mejorar cuarteles y comisarías y se ha creado una oferta pública de empleo de más de 5 000 plazas. Díganme si esto no es apoyar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Les voy a decir lo que no es apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: traer aquí, a debate público, en este Congreso, en un momento de crisis económica, política y social, una propuesta de subida salarial solo para un colectivo, cuando hay otros colectivos que, solidariamente, han aportado su trabajo en esta crisis. Le voy a decir los dos ejercicios de imaginación, señora Olona: el primero de ellos es que diga usted la verdad; ese sería el primero, e importante, que todos pudiéramos hacer ese ejercicio de imaginación. Pero el segundo quizá le cueste un poco más: imagínese que un grupo político -no sé, por ejemplo, VOX-, cuando en el mes de febrero se trae a esta Cámara un real decreto para aprobar la subida de salario de los funcionarios públicos, ese mismo grupo político que hoy aprueba una subida de salario de un colectivo dentro de los trabajadores públicos, no apoya la subida. ¿Usted dígame si eso es congruente o es incongruente? Creo que a la vista resulta que es claramente incongruente que ustedes en el mes de febrero dijeran que no apoyaban una subida de los salarios públicos y que hoy, precisamente hoy, traigan esta propuesta aquí. (Aplausos.)

Le voy a hacer otro pequeño apunte. Ya que otros compañeros que me han precedido seguro que lo harían y lo han hecho mejor que yo para señalar los argumentos jurídicos, no me voy a detener en ello, pero me voy a detener en el argumento económico que ustedes dan para sustentar una subida de sueldo que afecta a cientos de miles de trabajadores públicos. Lo voy a leer entrecomillado. El argumento económico, la justificación es -y abro comillas-: La recuperación económica. Ese es todo su argumento.


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Siguiendo con ese argumento tan simple, le voy a decir que si no hay crecimiento económico porque hay una crisis, evidentemente esa justificación decae. Dígame si en un momento de crisis como esta esa propuesta y esa justificación económica pueden seguir teniendo amparo como para seguir discutiendo sobre esta proposición.

Por último -ya se me acaba el tiempo-, más allá de todas estas cuestiones, les voy a recordar algunos artículos de la Constitución que ustedes citan en su proposición para justificarla. Ustedes citan el 10.1, el 9.2, el 40 y el 39.1.

La señora PRESIDENTA: Señor Serrada, tendría que terminar.

El señor SERRADA PARIENTE: Enseguida, señora presidenta.

Si ustedes de verdad creyeran en estos principios y en estos artículos que sustentan esta proposición de ley y se los aplicaran, no tengo duda de que habrían apoyado todos los reales decretos que se han traído a esta Cámara y seguro que también nos hubiéramos ahorrado escuchar algunas declaraciones o leer algunos tuits que ustedes cuelgan últimamente. A lo mejor hasta tendrían que reformular el ideario de su partido. Señores, consejos vendo que para mí no tengo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Serrada.

Votaremos en cinco minutos. (Pausa.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE MARZO DE 2019. (Número de expediente 110/000003).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.

Debates de totalidad de convenios internacionales. Votación de la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 85 más 261 votos telemáticos, 346; a favor, 34 más 104 votos telemáticos, 138; en contra, 48 más 153 votos telemáticos, 201; abstenciones, 3 más 4 votos telemáticos, 7.

La señora PRESIDENTA: La propuesta con consideración de enmienda a la totalidad queda rechazada.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. (Número de expediente 121/000001).

La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos, VOX y Popular en el Congreso al proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales.

Comienza la votación. (Paus.).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 85 más 261 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 112 votos telemáticos, 148; en contra, 49 más 149 votos telemáticos, 198.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA EFECTIVA IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS. (Número de expediente 122/000044).

La señora PRESIDENTA: Proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a las policías autonómicas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 84 más 261 votos telemáticos, 345; a favor, 37 más 115 votos telemáticos, 152; en contra, 46 más 146 votos telemáticos, 192; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Era la una y veinte minutos de la tarde.

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