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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 97, de 08/06/2020
cve: DSCD-14-CO-97
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 97
TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA
Sesión núm. 6
celebrada el lunes,
8 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte):

- A petición propia, para informar sobre la gestión del ingreso mínimo vital. (Número de expediente 214/000060) ... (Página2)

- Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000282) ... (Página2)

- Para que explique el proyecto de renta mínima que prepara su departamento, antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000335) ... (Página2)

Preguntas:

- Del diputado Juan José Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, sobre alcance del traspaso de competencias del Estado al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a la Seguridad Social. (Número de expediente 181/000018) ... (Página39)

- Del diputado Juan José Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, sobre opinión del Gobierno acerca de si desincentivar los planes de pensiones privados es la estrategia más adecuada para garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía al alcanzar la jubilación. (Número de expediente 181/000053) ... (Página41)


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (ESCRIVÁ BELMONTE):

- A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL. (Número de expediente 214/000060).

- PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000282).

- PARA QUE EXPLIQUE EL PROYECTO DE RENTA MÍNIMA QUE PREPARA SU DEPARTAMENTO, ANTES DE QUE SEA APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000335).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, boa tarde a todos y a todas. Se abre la sesión.

Como saben, comparece el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a petición propia, para informar sobre la gestión del ingreso mínimo vital, y, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar también sobre dicha materia. Asimismo, en el orden del día está incluida la comparecencia del señor ministro, a petición del Grupo Parlamentario VOX, para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. A efectos de ordenación del debate, debatiremos estas solicitudes de comparecencia de forma acumulada.

Como saben también, en el orden del día figura la contestación del Gobierno, del señor ministro a dos preguntas del señor Aizcorbe, portavoz del Grupo VOX, que se sustanciarán tras la comparecencia. Al finalizar, mantendremos una breve reunión de Mesa y portavoces.

Como viene siendo habitual en la ordenación del debate, en primer lugar intervendrá el señor ministro sin límite de tiempo; después, de menor a mayor, lo harán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de ocho minutos; a continuación, tendrá lugar la réplica del señor ministro; los grupos parlamentarios podrán intervenir por dos minutos y cerrará el señor ministro, a quien doy ahora la palabra.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.

Señorías, comparezco ante ustedes para dar cuenta de las distintas cuestiones que el presidente ha planteado. Para abordarlas de forma integrada, con suficiente información, haré uso de una presentación a lo largo de los distintos puntos que quiero desarrollar. En primer lugar, hablaré del ingreso mínimo vital, de la ley, cuyos efectos ya han comenzado, que está previsto que se convalide el miércoles en el Pleno del Congreso. Después, para atender a la petición de VOX, creo que es importante analizar la crisis del COVID-19 y su impacto sobre el mercado de trabajo para entender mejor las distintas medidas que hemos adoptado y los efectos que han ido teniendo.

Empezando por el ingreso mínimo vital, que es la primera cuestión, creo que es importante tener en cuenta que esta es una norma que intenta cumplir simultáneamente dos objetivos muy necesarios en España y de los que hay una carencia muy clara. Por un lado, redistribuir renta. Es conocido que somos un país que tenemos un enorme problema de redistribución de renta a nivel internacional, comparativamente. Los organismos internacionales lo identifican siempre y estamos en el punto de mira. Nuestro gasto público es poco redistributivo y nuestra política fiscal es poco redistributiva. Además, el problema está particularmente focalizado en las rentas más bajas. Por tanto, el ingreso mínimo vital se ha diseñado de una manera muy precisa para la erradicación de la pobreza extrema y para poner el énfasis en aquellos hogares que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, en España tenemos un segundo problema, y es que no solamente tenemos un porcentaje de hogares en pobreza extrema, sino que entran con facilidad en lo que se llama trampa de la pobreza. No somos capaces de integrarlos en la sociedad, de llevarlos a una situación mejor en el mercado de trabajo, con itinerarios de inclusión laboral y social que hagan que su situación en la sociedad sea más plena. Este problema también lo hemos intentado abordar en el diseño del ingreso mínimo vital, para que no sea una prestación, sino un conjunto de políticas en torno a una prestación que tengan ese elemento dinámico para transitar hacia una sociedad más beneficiosa. En la mayoría de los casos aspiramos a que se integren en el mercado de trabajo, pero no necesariamente para todos ese es el itinerario. Estos son los dos objetivos fundamentales, y para conseguirlos ha sido muy importante focalizar mucho la prestación, identificando qué hogares están


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en esta situación de renta más vulnerable. Eso ha llevado a hacer test y contrastes exhaustivos sobre los niveles de renta y patrimonio sobre los que deberíamos trabajar -ya lo explicaré en detalle más adelante-. Para el caso de la inclusión social y la participación en el mercado de trabajo, hemos hecho un diseño lleno de incentivos al empleo y con estrategias para que se fomente la participación plena en la sociedad.

Dado que estos dos objetivos, sobre todo el segundo, requieren de la colaboración de distintos niveles de administraciones públicas, la ley contiene una gobernanza compartida, es decir, un modelo en el que vamos a articular diferentes políticas en las que van a participar distintas administraciones públicas, y vamos a intentar que se engarcen lo mejor posible. Vamos a empezar con el contexto en el que se desenvuelve esto. Miren ustedes, en esta transparencia aparece la tasa de pobreza alta previa a las transferencias públicas en una serie de países de referencia. Como ven, el nivel de pobreza alta en España es de los más elevados de Europa. Pero, si vemos la comparación con el promedio, tampoco es un caso particularmente llamativo. Tenemos casi un 16 % de la población en pobreza extrema, y la media en los países más parecidos a nosotros en políticas sociales está en el 14 %, solo Reino Unido está un poco por encima de nosotros. Esta es una forma de medir la pobreza antes de que el Estado intervenga. A continuación, pueden observar lo que ocurre después de las transferencias públicas, es decir, se invierte completamente la situación, y España pasa a tener una situación extraordinariamente destacada en cuanto a que es un país donde las políticas públicas vía transferencias, en comparación con el anterior gráfico, tienen un impacto muy pequeño. Esto no tiene mucho que ver con el nivel de gasto público. De hecho, como pueden observar, Italia es uno de los países que más gasta, pero gasta mal. Es decir, no se trata de gastar más, sino de tener políticas eficaces, focalizadas, de manera que realmente la transferencia y el dinero terminen transcurriendo hacia aquellos más necesitados. Y como vemos, como es conocido, los países nórdicos, los países centroeuropeos, son extraordinariamente efectivos. Y esto es lo que muchos organismos internacionales nos han dicho a nosotros: ustedes tienen un problema en esta parte de la distribución, es un problema estructural y tienen que abordarlo. Tanto es así que desde el año 2014 el Consejo Europeo, es decir, el Ecofin en este caso, que cada año dirige cuatro o cinco recomendaciones centrales a cada país, lo que se llama recomendaciones específicas de país, a España nos viene haciendo esta sistemáticamente; de un año a otro han ido cambiando algunas, pero esta siempre es la misma. He traído -lo pueden leer- lo que dijo en el año 2018: Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Esta es la recomendación europea. Y traigo también la de este año, que es un poco más escueta, pero va en la misma dirección. Es decir, hemos estado en el foco de las autoridades europeas desde hace mucho tiempo. Pero esto también es algo percibido claramente por la sociedad española. Aquí tienen una encuesta de estos meses, mayo y junio. Fíjense en la formulación de la pregunta, en cómo está hecha para que no haya ninguna duda de que esto tiene que financiarse y pagarse, en principio, con impuestos. Formulada así la pregunta, observen la contestación de los españoles en esta encuesta sobre si les parece bien o no que haya un ingreso mínimo vital. Y también la opinión pública internacional ha recogido de forma abrumadora la necesidad de este ingreso mínimo vital. Simplemente, en este collage, el Financial Times, The Economist, Reuters, es decir, la prensa anglosajona más rigurosa económicamente, ha puesto de manifiesto que por fin se ha abordado este problema. El ortodoxo Fondo Monetario Internacional ha tenido una reacción extraordinariamente positiva. Y en las conversaciones que he tenido con representantes de organizaciones internacionales he podido percibir la gran acogida a esta medida, por la carencia que había de partida.

En cuanto al gasto, pueden ver esta fotografía muy estilizada de lo que va a ser el ingreso mínimo vital. Vamos a llegar a unos 850 000 hogares, a unos 2,3 millones de personas. La renta garantizada media anual, es decir, hasta donde vamos a llevar el complemento, pensamos que es de 10 070 euros, pero veremos que depende mucho de la tipología del hogar. El ingreso mínimo vital, es decir, la renta que complementa la renta preexistente, es de 4400 euros para el conjunto de esos 850 000 hogares. Estimamos que el gasto público máximo será de unos 3000 millones de euros cuando la prestación tenga un funcionamiento pleno. Y para conseguir estos resultados, lo que hemos hecho, con esa restricción presupuestaria, ha sido ir calibrando y simulando para distintos tipos de hogares, a fin de que sean lo más eficaz posible los objetivos de los que les voy a hablar sobre erradicación de la pobreza. En la imagen pueden observar el gasto público asociado en los países que tienen programas parecidos a los nuestros y a continuación pueden ver España. A la derecha ven el gasto previo, básicamente el gasto en que hasta


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ahora incurren las comunidades autónomas, y a la izquierda el resultado referido a cómo quedaríamos una vez que el ingreso mínimo vital esté a pleno rendimiento, cuando todos los beneficiarios potenciales lo puedan recibir. Nos situamos todavía ligeramente por encima de la media de los países, pero ya estamos en una situación más homologada. En definitiva, este es el gasto, pero lo que realmente me gustaría ver, y tenemos la convicción de que lo podremos ver más tarde, es que para ese gasto podremos ser mucho más eficaces en términos de erradicación de la pobreza y redistribución de renta. ¿Por qué? Tampoco hay que darse mucho crédito, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ser de los últimos que lo hemos introducido y, por tanto, hemos podido evaluar cómo se ha hecho en muchos países y cómo ha funcionado en comunidades autónomas y hemos visto cuál es la forma de ser más eficaces. Y la forma de ser más eficaces es trabajar mucho con todos los microdatos, con todos los datos existentes para focalizar, seleccionar y repartir el dinero, las rentas garantizadas, diferenciando mucho por tipologías de hogares y poniendo el foco de manera particular en hogares con niños y monoparentales. Esa es la clave para poder ser realmente eficaz. De hecho, estos son los resultados que pensamos que se van a obtener si llegamos a esos 850 000 hogares. La pobreza extrema en España la podemos definir como la de aquellas familias, ajustado el término per cápita por la composición del hogar, que tienen aproximadamente menos de 3000 euros al año; la pobreza muy alta estaría entre 3000 y algo más de 4300 euros, y entre alta y moderada llegaría hasta los 8860 euros. Como se observa en la gráfica, de los 2,3 millones de hogares, por encima del millón saldrían de la pobreza severa y estarían entre pobreza extrema y pobreza muy alta. A continuación lo podemos ver en términos más concretos, es decir, pensamos que podemos llegar casi al 80 % y que más de un millón de personas pueden salir de la pobreza severa, aquellas que tienen rentas inferiores a 3000 euros, al tiempo que otro medio millón salga de una pobreza muy alta. Para poder decirles esto y poder ser tan precisos -es una novedad de esta ley, creo que no tiene precedente en España-, hemos estado trabajando durante meses con los datos de la Agencia Tributaria, con las bases de datos de la Seguridad Social, con los microdatos de todos los españoles, obviamente anonimizados, agregados por distintos tipos de hogares. Es una forma de trabajar muy moderna, muy en vanguardia, que permite ir reajustando la prestación, tal como se la vamos a enseñar al final, que se ha decidido en función de cómo veíamos que íbamos mejorando los resultados en términos de esa reducción de la pobreza extrema. Es una forma científica de ir aquilatando, focalizando la prestación, desde una restricción presupuestaria que nos planteamos al principio, que es esa de los 3000 millones de euros. No tengo conocimiento de que en España se haya podido desarrollar antes una política pública con tal profusión de análisis de datos, microdatos, datos de registro administrativo y que, por tanto, haya podido ser tan fina y precisa como les voy a explicar ahora. De hecho, podemos decirles que, de esos 850 000 hogares, vamos a conseguir reducir esa pobreza extrema en el caso de hogares monoparentales en cerca del 90 %, en otros hogares no monoparentales pero con hijos prácticamente en el 80 %, y en hogares sin hijos llegaríamos a niveles del 70 %. Por tanto, este es el primer objetivo de la prestación, ser extraordinariamente eficaces y específicos en la reducción de la pobreza extrema, que, como hemos visto, es uno de los problemas más agudos que tiene España y ha sido objeto de crítica, es decir, desde muchos ángulos, desde muchos lugares, desde muchas instancias internacionales y nacionales ha habido aldabonazos para hacernos ver que no podíamos seguir sin resolver este problema.

El segundo problema es la inclusión. No solamente tenemos que complementar rentas y darles un empuje a partir de los niveles extraordinariamente bajos que tienen, sino que esa renta que garantizamos tiene que ser el comienzo de un conjunto de políticas que hagan que estas personas transiten a una situación mejor en la sociedad. Y ahí vamos a tener que trabajar, primero, con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, que son las que tienen muchas competencias en el área de inclusión -está desarrollado en el artículo 27.1 de la ley-, y la institucionalidad acompañada la hemos discutido mucho con las comunidades autónomas durante los últimos meses. Personalmente, me he reunido bilateralmente al menos dos veces con los consejeros de todas las comunidades autónomas, y los equipos han seguido reuniéndose con ellas para poder entender y entablar mejor nuestra prestación y las prestaciones de las comunidades autónomas, que van a ser complementarias a la nuestra. Lo que sí acordamos muy pronto -lo tenía que haber dicho antes- es que estamos estableciendo -creo que responde bien a lo que dice la Constitución y es la responsabilidad de la Seguridad Social- es un mínimo en toda España. Vamos a establecer las condiciones mínimas de renta garantizada para todos los hogares españoles que tengan determinadas condiciones, y después cada comunidad autónoma decidirá, en el ámbito de sus competencias, cómo utiliza sus recursos para complementar o ser subsidiaria a nuestra prestación nacional. Creo que esto es lo que tiene mejor encaje dentro de nuestra


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normativa y permite trabajar mejor entre ambas administraciones. En cuanto a los incentivos a la contratación, me gustaría explicar toda esta parte de la inclusión de la forma siguiente. En España tenemos políticas de ayuntamientos, comunidades o, incluso, de nosotros mismos que trabajamos sobre lo que pensamos que son los colectivos vulnerables, las personas en situación de exclusión. Pero no ha habido ningún análisis de la profundidad y calado que tiene este, con utilización de todos los datos y esta definición de hogares que nos va a permitir identificar y aquilatar esos 850 000 hogares más vulnerables, más o menos, con más de dos millones de personas, y, además, con un arranque del complemento de renta hasta una renta mínima garantizada. A partir de ahí, tenemos que trabajar entre todas las administraciones, incluso con el sector privado, no solamente para tener esa posición de partida en términos de prestación, sino para que eso sirva para que se articule toda una serie de palancas y políticas que hagan que estas personas salgan de esa situación, entren en el mercado de trabajo o entren en itinerarios de inclusión social, en términos más generales. Además del trabajo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, la propia Administración central, nosotros, por ejemplo, desde la Seguridad Social, podemos establecer incentivos a la contratación para beneficiarios de la prestación, y la ley crea lo que se llama, según la disposición adicional séptima, el sello social. Con la credibilidad y la reputación que va a dar esta ley a la identificación de los hogares más vulnerables, a aquellas empresas que quieran trabajar con nosotros, que quieran utilizar esta información, que va a estar disponible para todo el mundo a través de la tarjeta social universal, y quieran ayudar y buscar fórmulas de integración para estos hogares, si cumplen determinadas condiciones, nosotros les daremos un reconocimiento a través de un sello social, lo que en algunos casos puede ser sobre itinerarios de inclusión o, por ejemplo, en referencia a descuentos para libros y para que los niños puedan tener mejor formación. Lo tendremos que ir viendo, pero nos parece que tiene que haber políticas de acompañamiento general una vez hecho el esfuerzo sobre definición de esos hogares más desfavorecidos.

Es muy importante fomentar la participación en el mercado laboral. A este respecto, vamos a desarrollar en las próximas semanas reglamentariamente cómo hacemos que haya incentivos para aquellos que no trabajan, aparte de los itinerarios de inclusión e integración laboral que definan las comunidades autónomas y, en su caso, los ayuntamientos. Es decir, aparte de esas políticas, conviene también que exista el incentivo al trabajo, de tal forma que, cuando alguien encuentre uno y exceda el nivel de la renta mínima, durante un cierto tiempo se compatibilice el ingreso mínimo con el empleo, para que no exista un desincentivo a tomar ese trabajo. Y exactamente igual lo vamos a hacer para aquellos hogares en que se trabaja. Sabemos que, aproximadamente, el 40 % de las rentas mínimas que ya tienen los hogares en exclusión son rentas salariales. En muchos casos se trata de mujeres con niños, hogares monoparentales, que trabajan a tiempo parcial. Lo que pretendemos con estrategias de incentivos, y para eso estamos trabajando, es aquilatar bien cómo va a ser el beneficio. Es decir, si una persona tiene la posibilidad de trabajar más horas, lo que vamos a hacer es que el ingreso mínimo se reduzca menos que proporcionalmente al aumento del salario. ¿Cuánto y por cuánto tiempo? Lo estamos intentando aquilatar de forma fina, analizando qué tipos de hogares son más proclives a utilizar el margen extensivo en horas, midiendo sus elasticidades con relación a la oferta de trabajo y el salario, etcétera. Todo esto lo tendremos preparado en unas semanas, y lleva un desarrollo reglamentario, porque hay que hacerlo con precisión. Estamos viendo las experiencias de los países en el mundo que han ido por esta vía, aunque son pocas, y los resultados son interesantes. Pero este es un elemento muy importante que acompaña a los otros. Respecto a cuando hablábamos de los incentivos al trabajo, nos parece -y volveré sobre ello más adelante- que lo más importante es la evaluación y la identificación. Es poco útil -lo sabemos en España por muchas prestaciones y por cómo han funcionado las políticas activas de empleo- el simple hecho de decir que usted tiene que seguir obligatoriamente este itinerario de empleo o que usted tiene que hacer esta otra cosa. Esto, en sí mismo, si no están bien definidos los itinerarios o los trabajos que se ofrecen, no tiene mucho sentido y termina siendo bastante poco útil. En cualquier caso, si una comunidad autónoma o ayuntamiento nos pide que el mantenimiento del beneficio esté condicionado a mantener esos itinerarios, lo consideraremos, por supuesto. Pero lo más importante es que entre todos analicemos bien qué itinerarios se están ofreciendo a estas personas y si esos itinerarios están funcionando o no. Es la evaluación de todas las políticas de acompañamiento lo que sabemos que ha funcionado peor en el pasado y es donde más tenemos que incidir, es donde los países que mejor desempeño tienen en el mundo en este sentido resultan más eficaces. Tengo un ejemplo de cómo funcionaría un incentivo de este


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tipo, pero todavía no tenemos calibrados los números, por lo que voy a pasar un poco por encima, porque además me estoy extendiendo.

A continuación, voy a explicarles cómo hemos desarrollado todo esto, que es un poco la filosofía general del ingreso mínimo vital, y al respecto se consideran seis características. La primera es una diferenciación extraordinariamente fina por hogares, focalizando los más vulnerables. Creo que en eso esta prestación es novedosa en España, porque no solo se basa en la redistribución en la renta, sino también en el patrimonio neto. La comparación entre los distintos niveles de la Administración resulta fundamental, y en ello, en general, en España también tenemos déficits. Queremos que el ingreso mínimo vital llegue a todos esos hogares que hemos identificado. Por la experiencia internacional y también por la experiencia nacional, sabemos que un problema de estos programas a veces radica en lo que llamamos non take-up, es decir, al final, las personas más vulnerables, las más excluidas, por cómo está diseñado el ingreso, por algunos problemas en la norma, por la dificultad de acceso, terminan no siendo beneficiarios, cuando son las que más lo necesitarían. Por tanto, hemos desarrollado un sistema multicanal, para intentar llegar a todos los que lo necesitan. Y nos parece muy importante que ello también sirva de palanca para fomentar la formalidad y la regularización de determinados hogares. Una cuestión a la que otorgamos muchísima importancia es a la evaluación. España, -también ha sido sistemáticamente recordado por las instituciones europeas- es un país que evalúa poco sus políticas públicas. Las evalúa poco ex ante, es decir, no hace trabajos y análisis suficientes sobre cuáles van a ser sus efectos en primera instancia, pero tampoco después tiene los mecanismos suficientes para ir viendo si hay que reparametrizar y redefinir la norma en función de los resultados, y todo ello orientado a los dos objetivos fundamentales a los que me refería antes. Si empezamos por los beneficiarios, utilizando la encuesta de condiciones de vida de 2018, podemos ver la redistribución de la renta de todos los españoles. El ingreso medio nacional per cápita de un hogar son unos 1230. El área en la que estamos operando es en la de la gente que tiene rentas en torno a 600 euros. Respecto al ingreso medio de nuestros beneficiarios en esa franja, lo que está ganando en este momento el hogar medio en términos per cápita son unos 310 euros. En primer lugar, hacemos una distribución de renta, que es una distribución bastante precisa. Aquí, como decía, a la hora de evaluar una renta que ya tiene un hogar no se incluyen las rentas mínimas de las comunidades autónomas porque estas van a ser las que van a entrar como último colchón de seguridad por encima, y esto es lo que hemos acordado con las comunidades autónomas, que sus rentas sean complementarias y subsidiarias a las nuestras, y se incluyen algunas pensiones y prestaciones de desempleo y también excluimos algunas ayudas que sean de tipo finalista.

En principio, la renta de referencia es la declaración de la renta del año anterior, en este caso, sería la de 2019, pero este año, dada la situación de especial vulnerabilidad y de caída de ingresos que se ha producido, hemos introducido una opción, que es la de que una persona pueda hacer una declaración responsable y demostrarnos que está teniendo una caída de ingresos muy alta en el año 2020. Es decir, sus rentas de partida del año 2019 no pueden ser más de 50 % de la renta garantizada del año 2019 y su patrimonio tiene que ser un patrimonio la mitad del patrimonio normal de renta garantizada para esa tipología del hogar. Si se dan esas circunstancias, y una persona que, por ejemplo, en el mes de julio ha comprobado que sus ingresos a enero a julio realmente han tenido una caída muy brusca, aunque los datos de 2019 no le permitan pedir el ingreso mínimo vital, hará una declaración responsable que nos dirá que realmente se está produciendo esa situación y nosotros comprobaremos los datos con las bases de cotización de la Seguridad Social y podremos concederle este año también el ingreso mínimo vital.

A partir del año 2020, veremos cómo esta fórmula que, ahora hemos introducido de una forma rápida y transitoria, se convierte en un elemento permanente del ingreso. Y aquí, en esta tabla, tienen exactamente cuáles son las rentas garantizables y aquí aparecen catorce tipologías de hogares, y a esto es a lo que me refería antes. Ha sido muy importante, muy importante diferenciar con tanto detalle por niveles de hogares, porque esta la formula en la cual, manteniendo la restricción presupuestaria, hemos podido ser muy eficaces desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza extrema.

El punto de partida, el anclaje de la renta garantizable es de 5538 euros, que es exactamente la renta anual que se recibe hoy en España para una pensión no contributiva. Hemos equiparado a un adulto solo a la pensión no contributiva en este momento. Después, ahí, ahí ven una escala de incrementos que lo que va haciendo es, en función de la tipología del hogar, y más aun, si se trata de un hogar monoparental, que, como vemos tiene un plus adicional, nos va dando la renta garantizable para cada tipología del hogar. Pasamos de 5538 euros en el caso de un adulto solo, a los casos mayores, que sería una de tres adultos y dos o más hijos y 12.184 euros. Aquí, en esta tabla, vemos, utilizando como referencia en cada uno de


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esos hogares el individuo medio, es decir, la característica media, que cada hogar va a recibir una renta distinta porque lo que estamos es complementando respecto de la renta que realmente tiene la que le garantiza por su tipología del hogar. Pero para que tengan una fotografía y se hagan una idea exactamente de qué cantidades estamos hablando, aquí pueden ver que estas son las rentas garantizables que hemos visto en la tabla anterior, en la primera columna; la segunda es la renta media anual disponible, en la que cualquier descuento fiscal está excluido, de esos hogares, de tal forma que la tercera columna nos da el ingreso mínimo medio anual, cuál va a ser la aportación de la Seguridad Social para poder llegar a la renta garantizada en la columna uno. Las columnas dos y tres son la suma de la uno. Aquí vemos los hogares potencialmente beneficiados en cada una de estas rentas. Y aquí vemos gráficamente lo mismo, es decir, la barra de abajo es la renta media que tiene cada tipología de hogar y la renta azul da el ingreso mínimo en términos anuales, de tal forma que se obtiene por arriba lo que llamamos la renta garantizada.

Pero en este ejercicio, las desigualdades no solamente tienen que ver con los niveles de renta. Cuando empezamos a cruzar datos de renta con patrimonio, afortunadamente la agencia Tributaria en los últimos años, yo diría casi diez años, lleva trabajando con el Catastro de todos los españoles para tener datos relativamente precisos de todos sus activos financieros, de sus activos reales, incluso con valores de mercado para todos esos bienes inmobiliarios, y también conoce las deudas de todos nosotros. Eso nos ha permitido computar el patrimonio neto e ir agregando por hogares y comprobar, cuando hemos cruzado renta y patrimonio, que existe un número de hogares que, teniendo muy poca renta, tienen patrimonios significativos. Uno puede reflexionar y plantearse cómo puede ser eso. Puede haber distintas razones, pero claramente, en esa idea de focalizar, de utilizar de la forma más eficiente los 3000 millones de euros, nos parecía que, en la medida en que excluyéramos determinados hogares con ciertos niveles de patrimonio, podríamos hacer prestaciones algo más generosas y más focalizadas en los hogares que tienen poco patrimonio y tienen enormes problemas de disponibilidad de renta.

Al final lo que hemos decidido ha sido que el patrimonio de partida sea tres veces la renta anual garantizada de un hogar con un adulto para ese hogar, y de ahí, creciendo según la tipología del hogar, hemos permitido un patrimonio neto más alto, siempre patrimonio neto excluyendo la vivienda habitual. También estamos trabajando para eso tendrá un desarrollo reglamentario aquellas personas que tengan alquiler, para no tener una situación no equitativa entre quien tiene vivienda habitual y alquiler y permitir una imputación de renta por alquileres. Estamos trabajando con la Agencia Tributaria para que eso quede reflejado reglamentariamente.

Esta es la parte que les decía antes de colaboración con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Los beneficiarios del ingreso mínimo estarán obligados a participar en las estrategias de inclusión que promovamos nosotros. En colaboración con los ayuntamientos y comunidades firmaremos convenios con ellos y cada comunidad y cada ayuntamiento planteará sus mecanismos y sus instrumentos de inclusión social y laboral e iremos viendo cómo los engarzamos con las exigencias que existen para el mantenimiento del ingreso mínimo vital. La comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital será el órgano en el cual trabajaremos con ayuntamientos y sobre todo con comunidades, probablemente en dos subgrupos separados en aquellos sitios donde hay competencias compartidas. Además se crea el consejo consultivo para el diálogo interministerial con agentes sociales del tercer sector. También se crea el sello social, como ya conté antes.

En este otro gráfico estamos hablando de cómo vamos a conseguir llegar a esos 850 000 hogares. Esto es un reto, porque sabemos por otras prestaciones que algunos de estos hogares son de difícil integración con los procedimientos administrativos y de presentación de documentación y papeles. La primera vía es la reconversión automática de beneficiarios que ya estaban en nuestras prestaciones, sobre todo la de hijo a cargo sin discapacidad o con una discapacidad de hasta un 33 %. Lo que hemos hecho ha sido comprobar en una prestación que es muy distinta a esta porque tiene niveles de renta mucho más altos de exigencia, y hemos identificado aquellos hogares que, ya con la información que tenemos de ellos, su tipología de hogar y los contrastes de renta y patrimonio, inequívocamente son beneficiarios. Hemos conseguido unos 76 000 hogares, cerca de 260 000 personas, de las cuales la mitad son niños, y a esos hogares, de oficio, se les reconocerá la prestación en los próximos días y podrán cobrarla ya en el mes de junio.

Estamos trabajando con las comunidades autónomas para aquellos beneficiarios de sus rentas mínimas, y para eso hemos establecido algunas disposiciones de protección de datos para facilitar el trabajo de las comunidades autónomas y que en los protocolos de intercambio de información con el Instituto Nacional de la Seguridad Social podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas


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mínimas ya existentes, comprobando así si se dan las condiciones y está la documentación tal como la pedimos y, si eso es así, poder hacer un reconocimiento de oficio.

A partir del 15 de junio empiezan los canales telemáticos sin desplazamientos, en principio, hasta que podamos abrir los centros de atención de la Seguridad Social, a los que se podrá también acudir. Estamos viendo que la vía telemática está teniendo un acceso extraordinario. Hemos visto más de 20 millones de visitas a la página web de la Seguridad Social en la última semana. Hemos introducido un simulador que es de uso muy fácil y que ha sido usado ya por tres millones de personas, con lo cual la difusión del ingreso mínimo vital como una nueva prestación está teniendo, por los canales que estamos estableciendo, una difusión que supera nuestras expectativas.

También pensamos que los ayuntamientos pueden ser muy importantes por sus trabajadores sociales y sus centros de atención social. Estamos cerca de firmar un convenio marco con la FEMP; estamos intercambiándonos borradores, que permita trabajar a los ayuntamientos con nosotros en el ingreso mínimo vital. Para que eso sea así, hay una disposición en la ley, de tal forma que los gastos presupuestarios en los que incurran los ayuntamientos para reforzar sus capacidades administrativas estarán eximidos de la regla de gasto que, como saben, es la regla que les ha constreñido estos años.

Finalmente, es muy importante trabajar con el tercer sector, con las ONG, que están muy cerca de muchos de estos hogares vulnerables y podrán ayudarles a hacer la declaración, podrán incluso ser sus representantes a través de los diferentes canales que hemos establecido. Hemos dado muchas vueltas y lo hemos pensado para que, por cualquiera de estas vías, se pueda llegar a todo el mundo. Al final es muy importante que se resuelva en el menor tiempo posible. Aquí la referencia que hemos tomado nosotros es cómo funciona la Seguridad Social. Por eso pensamos que en este momento es absolutamente indispensable utilizar toda la capacidad telemática y del proceso de prestaciones que tiene la Seguridad Social. La Seguridad Social reconoce la pensión en menos de un mes, en veintitrés días la está pagando; desde que se hace la petición de una pensión se tarda entre trece o catorce días hasta que está reconocida y en veintitrés días está pagada. Esto no es así en otras prestaciones. Desde los años noventa, se decidió transferir a las comunidades autónomas las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. Veinticinco años después, estas prestaciones que paga la Seguridad Social en última instancia, y que son de los presupuestos generales del Estado, tienen un periodo medio de reconocimiento y prestación de más de cien días, de más de tres meses. Esos puntos que ven indican las diferencias entre comunidades autónomas. Por eso nos parece que en este momento -y esta ha sido nuestra preocupación fundamental- es muy importante, y más aún en la crisis del coronavirus, ser absolutamente eficaz, y eficaz quiere decir llegar a todo el mundo y llegar muy rápido, reconocer la prestación muy rápidamente. Traspasar gestión si no se está preparado o no se tiene la capacidad de procesamiento masivo que requiere una prestación como esta puede llevarnos a resultados como lo que está ocurriendo en España en estos momentos con las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez, que muchos años después siguen teniendo periodos extraordinariamente largos de reconocimiento.

Otro elemento importante es desincentivar la economía informal. Nos parece que se da una oportunidad grande aquí. En primer lugar, todos aquellos que sean beneficiarios tendrán que hacer la declaración de la renta, los solicitantes y todos los titulares beneficiarios. Todos los datos que nos proporcionen en la declaración responsable y toda la información que se les requiera se volcará en los sistemas de la Agencia Tributaria y, además, incluimos -y creo que esto es una novedad en España- la figura del cooperador necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece la responsabilidad solidaria de, por ejemplo, un empleador si, cuando se analicen posibles fraudes, que tienen sus penalizaciones, se descubre que hay ese cooperador ha posibilitado tener ingresos que no hayan sido declarados. Si eso fuera así, ese empleador tendrá una responsabilidad solidaria por haber cooperado en una infracción de una prestación de la Seguridad Social y, por tanto, el sistema de penalizaciones y sanciones se extenderá a ese cooperador necesario. Todos los procedimientos habituales de imposición de sanciones están incorporados aquí.

Además -quizá deberíamos contarlo aquí- aprovechamos la oportunidad para crear algo que estaba desarrollando la Seguridad Social desde hace varios años que es la tarjeta social universal o tarjeta social digital, que es un instrumento por el cual debemos aspirar -y en los convenios con las comunidades autónomas y los ayuntamientos estamos trabajando así- para que tengamos en un solo documento digital todos los beneficios y todas las prestaciones que recibe una persona de cualquier Administración pública. Esto puede ser extraordinariamente útil a la hora de que cualquier Administración tenga una fotografía precisa de cómo se acompañan el Estado del bienestar y las prestaciones de todos los


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beneficiarios. Aprovecharemos esta oportunidad -ya la tenemos informáticamente desarrollada, está cargada con nuestros datos- para ir consiguiendo que se complete para todas las administraciones públicas con los distintos convenios y que sea un instrumento útil también, por ejemplo, para el sello social, al que me refería antes.

El último punto que me gustaría destacar de esta ley es la utilización exhaustiva de técnicas de evaluación que, como decía, es un enorme problema en España. España tiene un déficit de utilización de registros administrativos, de utilización de microdatos para conocer ex ante, bien, a quién queremos llegar y cómo hemos focalizado la prestación. Hemos utilizado datos de encuestas, datos de la Agencia Tributaria, hemos cruzado con datos del INE, se ha trabajado con ficheros, se han cruzado. Yo creo que la metodología ha sido extraordinariamente fina, y lo estamos viendo ya cuando estamos hablando con los especialistas. Para que vean, esto no se ha visto nunca: Aquí está la distribución de la renta con datos de la Agencia Tributaria del año 2018 en centiles de renta de todos los españoles. He quitado el centil más alto por una cuestión de escala, pero ahí pueden ver cómo están distribuidas las rentas en España y cómo nos hemos focalizado en la parte de rentas más bajas, pero es muy importante tener la fotografía de toda la distribución de renta de todos los hogares españoles. Esto está agrupado por hogares, no por personas; según la definición de la ley hay algo más de dieciséis millones de hogares. Aquí también pueden ver cómo se distribuye el patrimonio de todos nosotros, de esos más de dieciséis millones de hogares, tanto el patrimonio que incluye como el que no incluye la vivienda habitual. La línea azul más clara es el patrimonio con vivienda habitual, la otra excluye el patrimonio habitual. De nuevo estos datos de patrimonio nos han permitido fijar qué umbrales de patrimonio queríamos establecer para que la ley estuviera hecha lo más precisa posible.

Esto permite hacer análisis de todo tipo. Sabemos que el 50 % de los hogares beneficiarios incluye a menores y que el 30 % de las personas beneficiarias son menores de edad. También podemos saber los elementos de género. Las mujeres son mayoritarias entre los adultos beneficiarios y, sobre todo, en los hogares monoparentales donde las mujeres llegan al 90 %. Sabemos también, porque hemos podido combinar con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que en promedio los hogares a los que llegamos son cuatro veces más, multiplica por cuatro los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Aquí tienen, por ejemplo, otra información que se puede extraer con estos datos que es la distribución de ingresos. Pueden ver lo que decía antes, que para determinados hogares los salarios, la parte salarial representa el 40 % de los ingresos, otra parte significa pensiones pequeñas que puedan tener, la prestación por desempleo y otras rentas exentas. Es, decir, conocemos con enorme nivel de detalle qué rentas tienen cada uno de esos hogares o de una categoría de hogar, pero también podemos hacer trabajos para conocer el impacto desde el punto de vista territorial.

En este gráfico figuran los hogares beneficiarios agrupados en razón de poblaciones por municipios y, como vemos, son los municipios particularmente pequeños -hasta cien habitantes- en los que el porcentaje de beneficiarios es proporcionalmente mayor. Después, ya parece que no hay una diferenciación muy grande por municipios. Esto es la evaluación ex ante, es lo que les podemos contar ahora, antes de empezar la prestación. Lo que vamos a hacer -y esto es absolutamente novedoso en España- es un seguimiento continuado, cosa que no se ha hecho hasta ahora, de cómo está evolucionando la prestación. Es decir, vamos a ir viendo quiénes son los hogares beneficiarios, vamos a hacerlo todo clasificado, lo vamos a poner en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y nos vamos a reunir con ellos. Vamos a tener los datos analizados, los van a poder ver investigadores externos, que van a poder ir viendo si realmente se están cumpliendo los objetivos o no y, si no, nos van a dar pie para poder reparametrizar esta prestación, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a realizar una evaluación anual de los efectos de esta ley. Esto es lo que hemos llamado evaluación ex post de 360.º Queremos que esta ley sea absolutamente novedosa y un precedente de cómo se deben evaluar las políticas públicas una vez que se han puesto en marcha y la transparencia con la que deben ir acompañadas para que, si no se están cumpliendo los objetivos, podamos redefinirlas. Realmente va a haber dos elementos fundamentales que nos van a decir si hemos acertado o no con esta prestación, que tienen que ver con los objetivos originales. El primero es, ¿hemos llegado a los hogares que decíamos? ¿Hemos erradicado la pobreza como pensábamos y hemos conseguido que esos millones de personas hayan podido pasar de rentas claramente en lo que se considera la pobreza extrema a niveles de rentas algo más altas? Eso lo iremos viendo y lo iremos evaluando. Ese sería el primer indicador de que estamos teniendo éxito, de que la medida está teniendo éxito. El segundo elemento es ver si esos hogares transitan hacia una situación mejor en la sociedad; si entran en itinerarios de inclusión con los


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ayuntamientos, que a veces son simplemente sanitarios; si sus hijos tienen menor fracaso escolar, que es de un nivel muy importante en estos hogares; si realmente entran o no en el mercado de trabajo y qué calidad tiene ese trabajo. Eso lo vamos a ir siguiendo y veremos qué grado de éxito tenemos con esta prestación. Para eso no solamente lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer las otras administraciones y lo van a hacer, como tiene que ser, evaluadores independientes y objetivos.

En esta diapositiva están explicado los detalles de quién puede acceder, yo creo que esto es más conocido, y cómo se puede solicitar. Aparece también la página web de la Seguridad Social, que ya está en marcha y a la que se puede acudir, y hemos puesto un teléfono 900. Este es el simulador en el que ya van más de cuatro millones de simulaciones -me he quedado corto, esto debe ser actualizado para hoy, más de 4 millones de simulaciones- y 25 millones de interacciones con esta página web en básicamente una semana. Aquí hay un ejemplo de cómo se podría acceder, pero creo que con las explicaciones que he dado esto se entiende.

Las conclusiones. Es lo que estaba diciendo antes, los objetivos están claros. Vamos a ver si somos capaces de, cada cierto tiempo, evaluar si realmente hemos cumplido los objetivos. Esta es una prestación extraordinariamente moderna y es moderna en un doble sentido. Primero, porque es muy focalizada. Las prestaciones en España, e incluso en el resto del mundo, eran prestaciones muy difusas, se daba una cierta cantidad de dinero a todo el mundo igual, no se discriminaba apenas por renta ni siquiera por patrimonio, y eso terminaba teniendo efectos de cierto reparto de dinero, pero sin ser lo suficientemente precisos como para ser capaces de ser muy eficaces desde el punto de vista redistributivo. La segunda característica por la que la prestación es moderna es por todos estos elementos que tiene de inclusión, integración y transición a una situación mejor en la sociedad, haciendo partícipes a todos aquellos actores que realmente son importantes en el ámbito de las administraciones públicas o del tercer sector. Vamos a ver si somos eficaces, si los incentivos a la creación de empleo que hemos introducido en distintas exposiciones funcionan y, si hay que ajustarlos y cambiarlos, pues lo haremos. Con esto doy respuesta a la primera de las inquietudes, que es el ingreso mínimo vital, el real decreto-ley que entró en vigor el lunes pasado.

Paso a la segunda cuestión que me han planteado, que es la crisis del coronavirus y qué es lo que ha pasado en el mercado de trabajo. Este gráfico que tienen aquí es la serie diaria de afiliados a la Seguridad Social. Este es el indicador térmico mejor que existe para ver exactamente cómo está evolucionando el empleo. Los datos de paro son más retrasados porque requieren una cierta decisión de registrarse o no en las oficinas de empleo, pero la baja en la afiliación a la Seguridad Social es prácticamente automática, es inmediata y, por lo tanto, nos da una información muy térmica. Aquí podamos ver lo que ocurrió: las barras rojas son caídas de afiliación, las barras azules son subidas de afiliación. Como suele ocurrir en España, a partir del confinamiento, a partir del 12, incluso en el momento en que se produjo el cierre de los colegios, cuando empezó el confinamiento, en la segunda parte del mes de marzo, se produjo una destrucción intensísima de empleo que la tienen reflejada, que después se estabilizó en los meses siguientes, incluso ha tenido una cierta recuperación en el mes de mayo y a principios de junio que ahora veremos. Aquí tenemos la serie otra vez, poniendo un índice con base cien; ahí vemos lo que ocurrió en el mes de marzo y cómo ha ido recuperando lentamente la afiliación a partir de niveles todavía muy bajos.

Si lo hacemos en términos de tasas intermensuales, veremos que hubo una caída del 4 % de la afiliación en el mes de marzo, hubo una caída mucho más pequeña del 0,3 % en términos intermensuales en el mes de abril, y ha habido una recuperación del 1% en el mes de mayo que continúa en junio. Es decir, hemos recuperado aproximadamente un cuarto, un veintitantos por ciento de lo que cayó en términos de destrucción de empleo a lo largo sobre todo del mes de abril. Hay diferencias, como es lógico, según la fase en la que esté cada uno de los ayuntamientos en este caso, y, como vemos, los ayuntamientos que entraron antes en la primera fase han tenido dinámicas de afiliación a partir de mayo más altas, lo que nos hace pensar que este mes de junio tendremos de nuevo datos positivos.

Cuando analizamos por el tipo de contrato, y separamos lo que ocurrió en marzo y abril de lo que ocurrió en mayo, aquí emerge lo que es una realidad pero también una tristeza de nuestro mercado laboral y es que el ajuste se produce en los contratos temporales. Entre el 11 de marzo y el 30 de abril, un 16 % de las personas que tenían un contrato temporal lo perdieron; en mayo lo recuperaron un 4 % de ellas; como vemos, ahí está el grueso del ajuste. Realmente si lo vemos en términos de millones, 672 000 empleos temporales se destruyeron entre 11 de marzo y el 30 de abril, fundamentalmente en marzo, y se ha recuperado un poquito ahora: se han recuperado 130 000 empleos a lo largo del mes de junio. En el


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ámbito del empleo definido, como ven, el ajuste es menos intenso en términos porcentuales, incluso absolutos, y también la recuperación ha sido algo mayor.

Podemos verlo también por regímenes, aquí tenemos los cuatro regímenes. El grueso está en el régimen general, que tiene una caída de 885 000, recuperando 170 000 en el mes de mayo. El sector agrario no ha tenido efectos negativos durante la crisis, al contrario, ha mantenido su perfil estacional y ha tenido una ganancia de 21 000 empleos más. Entre las empleadas de hogar sí ha habido una caída significativa, el colectivo es pequeño, pero ha habido una caída de casi el 5 % como vemos, al final unas 20 000 empleadas de hogar han perdido su empleo. Y en el caso de los autónomos, la caída es relativamente pequeña, hubo una reducción de autónomos afiliados a la Seguridad Social de 60 000, y la mitad lo han recuperado en el mes de mayo. Vemos que en términos porcentuales, después del régimen agrario es el régimen que menos afectado se ha visto, probablemente como resultado de la presentación extraordinaria que introdujimos nosotros, claro.

¿Por qué les estoy contando tantos datos?, pensarán ustedes. Pues, miren, igual les parece que esto es muy detallado, pero en estos días es tal la incertidumbre asociada al coronavirus, que yo, que me he dedicado toda mi vida a hacer previsiones económicas, pienso que las previsiones macroeconómicas a un año o dos años vista son poco útiles en este momento, y lo son porque tendrían que tener unos rangos de variación enormes, aunque sean un ejercicio que puede tener su interés. En cambio, ¿qué es mucho más interesante en este momento? Mirar lo que está pasando con un nivel de detalle. La información, los datos tal y como están llegando y en frecuencia particularmente alta, porque son datos diarios y muy desagregados, nos permiten más que nunca ir viendo qué se está recuperando, qué cayó más y también focalizar mejor nuestras políticas. Por eso les estoy dando tantos datos, porque nosotros los estamos mirando constantemente a la hora de definir unas políticas y otras, por ejemplo, la de los ERTE o la de los autónomos. Esta es la materia prima sobre la que nosotros estamos trabajando constantemente en el diseño de las políticas. Hacemos previsiones, como todo el mundo, pero las previsiones son de una utilidad realmente limitada en este momento. Uno tiene que ir viendo lo que prevé que va a pasar, además en frecuencias cortas, y después ver si lo que ocurre le casa o no con lo que estaba ocurriendo y, a partir de ahí, formarse un juicio. Por eso les estamos dando tantos datos y vamos a seguir viendo datos en esta presentación, porque más que nunca los datos son muy informativos. Muchas veces estos datos, en condiciones normales, no son muy informativos, porque tienen un perfil estacional muy fuerte y al final lo que ves es la repetición de un patrón que toca que ocurra en mayo porque es mayo, o que toca que ocurra no sé qué efecto o tienen mucha inercia. Como todo se ha dado la vuelta en este momento, esos patrones estacionales, esos patrones inerciales se han difuminado mucho, y los datos, fundamentalmente estos datos, son los que nos están dando pistas de qué está pasando sectorial y gradualmente con la crisis del coronavirus.

Aquí, siguiendo con este análisis, les estoy dando información, por ejemplo, desde el punto de vista de las personas que han perdido el empleo, y de nuevo aquí emerge algo que es también una tragedia en España, y es que las caídas más fuertes se producen en las personas más jóvenes. Si se fijan, en términos porcentuales, entre las personas que tienen entre dieciséis y diecinueve años o simplemente entre veinte y veinticuatro, se destruyó el empleo en primera instancia en el mes de marzo en un 15 %, y vamos viendo cómo, a medida que las edades son mayores, los efectos son menos intensos. En cambio, hay una cierta asimetría: cuando nos vamos a mayo, el empleo que se está recuperando tiene un patrón por edades bastante homogéneo. Esa es la confirmación de que se destruyeron empleos en todas las edades, pero sobre todo en las edades más jóvenes, y de que los primeros que se están reincorporando no están siendo proporcionalmente los más jóvenes.

Desde el punto de vista de género, el efecto fue relativamente parecido porcentualmente entre hombres y mujeres. Vemos que la tasa de destrucción, ese 4,5 % respecto al total, es parecida, pero en cambio en la recuperación hay mayor concentración de hombres que de mujeres. Estamos viendo contratación de personas de más edad y hombres, mientras que los empleos de mujeres y los de los más jóvenes son los que están tardando más en ser recuperados. Este es un patrón que conocíamos del mercado laboral español, y no es malo que lo podamos constatar una vez más en un episodio como este tan intenso y que permite verlo en toda su plenitud.

Aquí les puedo enseñar ya perfiles de variación de afiliados por provincias. Los colores nos dicen el porcentaje de caída que se ha producido en el empleo por provincias y creo que esto refleja en parte la especialización productiva relativa que tienen los distintos territorios y cómo aquellos más afectados por los sectores donde se ha producido una parada de actividad tienen efectos más intensos, sobre todo en


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la parte más turística. También la evolución por fases puede tener alguna explicación. Aquí vemos la recuperación. Este gráfico representa ya la recuperación en mayo y hasta primeros de junio. Aquí constatamos un patrón que también puede recordarnos la recuperación por fases que estamos viendo.

¿Qué pasa por sectores? Pues por sectores, aquí tienen cien sectores distintos de la economía española, y lo que estamos viendo es lo que ha pasado con el empleo en todos ellos a lo largo del mes de mayo, y aquí estamos hablando ya de un periodo de recuperación. Como vemos, en muchos sectores ha habido recuperaciones ya significativas, pero no en todos. En algunos sectores mayo no ha sido un mes bueno y ha seguido cayendo la actividad. Si quieren saber cuáles son las actividades que más cayeron en marzo y en abril, ahí las tienen -son más o menos las esperadas-, y también pueden ver la recuperación que se ha producido en abril. No entro en más detalles. Gráficos de estos podríamos tener muchos y nos darían juego a la hora de mirar sectores. Este análisis sectorial lo estamos haciendo con mucho cuidado, incluso a nivel de quinientos sectores, para ir preparando las medidas que estarán vigentes a partir de julio, en las que tendremos que diferenciar, desde el punto de vista de la exoneración de cuotas a la Seguridad Social y otros elementos, a aquellos sectores que no están recuperando suficientemente la actividad y se siguen viendo afectados de una forma muy intensa. Conviene que la norma que desarrollemos sea lo más flexible y focalizada posible, porque, como estamos viendo en estos gráficos, los impactos están muy diferenciados.

Este es un gráfico interesante, porque nos da -entro ya en las medidas- la fotografía de los trabajadores que hemos protegido durante el periodo que va del 11 de marzo al 31 de mayo. Los hemos protegido -aquí estamos de nuevo con los diez sectores- por distintas vías. Los hemos protegido a través de los ERTE y a través de la prestación extraordinaria de autónomos. Los hemos protegido -fíjense en las barras amarillas- porque prácticamente a todos aquellos que vimos antes que habían perdido el empleo les hemos reconocido una prestación de desempleo con independencia de su periodo de cotización, dada la naturaleza del efecto que les había expulsado del mercado de trabajo. Esto pone de manifiesto algo que conviene que tengamos presente: la extraordinaria heterogeneidad. Es decir, hay sectores en relación con los cuales realmente estamos hablando de casi el 80 o el 90 % de todos los trabajadores cuyas rentas han estado protegidas; otros están en niveles de un 30 o un 40 % y hay algunos en los que el efecto es mucho menor. Aquí lo podemos ver, centrados en la recuperación que se ha producido por sectores solamente en mayo.

Como vemos de nuevo, ya se está produciendo una recuperación a través de los ERTE muy importante, a la que me voy a referir ahora, y en parte se ve por la afiliación. Hay sectores en los que la recuperación se refleja más en la afiliación, en gran medida porque no hubo esos ERTE, y otros en los que sí los hubo. Si tienen curiosidad, aquí están los diez sectores que más han recuperado activación de empleados en el mes de mayo. Los otros servicios personales son, lógicamente, las empresas de intermediación en el mercado de trabajo, que proporcionan trabajos temporales. La industria del cuero y el calzado y la venta y reparación de vehículos son los sectores en los que hemos visto una recuperación más intensa. Lo que estamos viendo ahí es el porcentaje de empleo del sector que se ha recuperado.

Aquí describo por qué pensamos que se ha producido esta recuperación de los ERTE. Al menos a nosotros nos ha sorprendido favorablemente respecto a lo que teníamos pensado. Yo creo que ha sido clave el esquema de incentivos que hemos incorporado a la norma. Lo podemos ver mejor en este gráfico. Tomemos como ejemplo el mes de mayo -las barras de mi izquierda- y las empresas de menos de cincuenta trabajadores. Vamos a elegir, por ejemplo, una ferretería que abre en dicho mes y que tiene dos trabajadores. Si se arriesga a activar a un trabajador y a empezar la actividad, se la exonera con un 85 % más que en el caso de que se mantenga la actividad suspendida. Hemos comprobado que este sistema de incentivos, que empuja a la empresa a activar a más trabajadores y a intentar abrir antes, no lo tiene casi ningún país europeo, porque cuentan con esquemas de iniciativas menos sofisticados. En este gráfico podemos ver la diferencia que hay en relación con este sistema de incentivos de los ERTE entre las empresas grandes y pequeñas y lo que ha ocurrido en los meses de mayo y junio. Ahora, a partir de julio, tendremos que ir viendo cómo seguimos con este esquema.

Este es el efecto que hemos tenido. En este gráfico tienen a los trabajadores. Si nos vamos al punto máximo, 3 387 000, esa área diferencia a los ERTE de fuerza mayor de los ERTE de no fuerza mayor. El punto máximo de trabajadores protegidos, con más de 500 000 empresas en ERTE, fue el 30 de abril, cuando llegamos casi a los 3 400 000. El día 3 de junio, que es el último dato que tenemos aquí, estábamos en 2 800 000. Es decir, se han activado 587 000 trabajadores a lo largo del mes de mayo. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues no es fácil de juzgar. Lo que les puedo asegurar es que cuando estábamos en abril


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y veíamos que llegábamos a 3 400 000, pensábamos que podíamos ir a más. En aquel momento era difícil prever que un mes después tendríamos 600 000 trabajadores menos en ERTE. Vamos a ver en junio. Esto va a ser gradual y va a depender de los sectores, pero estamos convencidos de que una protección tan rápida de las rentas, como nunca ha habido en España, ha permitido mantener ese tejido productivo intacto y ese capital humano. Ahora, con este sistema de incentivos que impulsa más a activar que a desactivar, estamos viendo un patrón de recuperación del empleo significativo. De hecho, si lo vemos en este gráfico, que incluye hasta el 4 de junio, veremos que de los trabajadores que estaban en ERTE, tomando como partida el 5 de mayo, la mayoría se ha activado. Como ven, muy pocos se dan de baja en la Seguridad Social -que son la línea blanca- y muy pocos entran en un ERTE que no es de fuerza mayor. El grueso de lo que está ocurriendo con gran diferencia es volver a trabajar y volver al mercado de trabajo.

Aquí tienen los sectores donde se ha producido mayor activación de ERTE en porcentaje del total. De nuevo, caucho y plásticos, fabricación de vehículos de motor y construcción de edificios son los sectores en los que hemos tenido una recuperación más intensa, lo que es lógico teniendo en cuenta que son las actividades que se han ido abriendo en la primera fase más rápidamente. Iremos viendo en las fases siguientes, pero vean ustedes hasta qué punto estamos pudiendo evaluar. Aquí les estoy enseñando cien sectores, pero tenemos hasta quinientos sectores que vamos siguiendo diariamente y con eso intentamos ser lo más precisos posible en las regulaciones que vienen hacia delante.

Paso ahora a hablar de la prestación de autónomos. La cifra final se ha parecido mucho a la que nosotros estimamos. La prestación extraordinaria para los autónomos, como recuerdan, en el peor de los casos es de unos 950 euros; a partir de ahí, es más a medida que no se cotice por el mínimo a la Seguridad Social, sino que se cotice en función de las rentas realmente percibidas. Aquí tenemos que hemos concedido la prestación a 1 450 000 autónomos, que son el 45 % de todos los autónomos en España, y hemos denegado 60 000 peticiones aproximadamente. Aquí tienen los sectores en los que se ha producido una protección mayor sobre el total de autónomos: actividades de juego y azar, servicios de comidas y bebidas, donde estamos en el 80 %, y otros servicios profesionales. Es un patrón que nos va a servir también a la hora de rediseñar.

A continuación, hablo de otra medida que es relevante, que es la de la incapacidad temporal. Como saben ustedes, prácticamente desde el primer momento decidimos homologar no solamente a las personas infectadas por coronavirus, sino a las que tuvieran que estar sometidas a aislamiento como consecuencia del coronavirus a incapacidad temporal por accidente de trabajo. Aquí tienen los resultados. Ha habido incapacidades temporales para más de 700 000 personas. Ahí ven las altas y las bajas y el neto entre las dos son los que todavía permanecen en este momento, aproximadamente 90 000. También les puedo dar la cifra de que el aislamiento medio ha sido de veinte días y de veinticuatro días para las personas que han estado enfermas. Estos son los datos agregados de lo que la Seguridad Social ha hecho pagando los salarios de todas estas personas durante esos periodos de entre veinte y veinticuatro días. También hemos introducido moratorias en doce sectores, que estamos viendo cómo se están desplegando, y aplazamientos, que empezamos antes -ahí tienen los datos agregados- y hemos tenido 120 000 solicitudes por importe de 250 euros que estamos resolviendo en este momento. Además, hemos tomado medidas en el ámbito migratorio para flexibilizar la contratación en el sector agrario. En primer lugar, los trabajadores migrantes en situación regular y jóvenes nacionales o de terceros países en situación regular, los que a veces se conocen como JENA. Les hemos dado la posibilidad de que se incorporen a campañas agrícolas de temporeros y además hemos hecho que, en un segundo momento, cuando vuelvan, esto les permita tener una actividad laboral durante otros dos años, renovable por otros dos años, que yo creo que es justo en este caso y que además permite continuar su integración en el mercado laboral a partir de la situación de partida.

Hemos flexibilizado procedimientos. Hemos tenido que hacer prórrogas en todas las autorizaciones de residencia y de trabajo por seis meses, porque se paró toda la actividad. Hemos facilitado la reagrupación familiar de menores, estamos flexibilizando determinados requisitos en ese sentido y estamos tomando medidas adicionales. Tiene que haber una flexibilidad en algunas situaciones para evitar la irregularidad sobrevenida asociada a la continuidad laboral y a la falta de recursos suficientes. Es decir, la normativa que tenemos en el ámbito de la extranjería -y esto me llevaría un poco explicarlo-, en el Reglamento de extranjería, genera situaciones a veces poco comprensibles, y lo que hemos hecho durante este periodo ha sido desplegar toda nuestra capacidad de flexibilización para que no se produjeran situaciones realmente injustas en unas circunstancias como las que estamos viviendo con el COVID-19. Exactamente


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igual ocurre con las personas que estaban en proceso de conseguir el arraigo y este se ha quedado bloqueado durante el estado de alarma. Es decir, hemos tomado medidas, en algún caso, de sentido común y, en otros casos, de tipo humanitario para que la crisis no afectara a todas estas personas que están en este momento en procesos de obtención de un permiso de trabajo en España.

En el caso sanitario, estamos trabajando. De hecho, hemos firmado hace unos días un protocolo que hemos consensuado con el Ministerio de Sanidad para adaptar las condiciones de llegada de los inmigrantes a las situaciones de cuarentena. En el caso de que se produzca alguna situación de contagio, hemos bloqueado un porcentaje suficiente de camas o una zona de plazas para poderlos tener aislados, para aislar a las personas enfermas. Y después, en el caso de la contratación de personal extranjero en situación regular, hemos llevado a cabo una acción continua con otros ministerios para que aquellas personas que tuvieran una situación regular en España y pudieran trabajar en el sector sanitario lo hicieran, y eso ha permitido, digamos, unas quinientas autorizaciones de residencia en este periodo. Estas son las actuaciones adicionales en el ámbito de la migración.

Con esto doy cuenta de todas las actividades del ministerio durante este periodo tan complicado y tan difícil que nos ha tocado vivir y que recordaremos siempre con tristeza.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Empiezan las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Si no me equivoco, no están el Grupo Parlamentario Mixto ni el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, con lo cual, empezamos con el señor Barandarian, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor ministro.

Debo agradecerle la proliferación de datos sistematizados y, como ya es habitual en usted, presentados de esta manera que facilita su comprensión.

Dos son los bloques que usted ha abordado. El segundo es la afección del COVID al mercado de trabajo. En ese sentido, creo que poco queda por preguntar al respecto que usted no haya señalado ya. Quizá alguna pregunta sobre los autónomos. ¿Cuáles son los campos que, en su caso, podrían haber quedado descubiertos?, porque tenemos noticias de que en algunos ámbitos los autónomos han podido quedar al descubierto, sin atención, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las medidas que, a su juicio, se podrían ofrecer?

Paso ya al primer bloque, el del ingreso mínimo vital. El miércoles nos tocará convalidar dicho real decreto-ley en el Congreso y, por tanto, mi grupo fijará su posición. Es conocido el continuo diálogo que han mantenido tanto mi grupo como el Gobierno vasco con su ministerio para poder concretar algunos compromisos, específicamente aquellos que se derivan de la disposición adicional quinta. No por ello me gustaría dejar de destacar que, dentro de las claves del ingreso mínimo vital, atención a la pobreza e inclusión y reducción de desigualdades son procesos que se vienen abordando ya en el País Vasco desde hace mucho tiempo a través de otro mecanismo, la RGI. Sin perjuicio de que cuelga, por decirlo de alguna manera, de otro título competencial, no por ello hay que desatender aquel de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que contempla el artículo 18 del Estatuto de Autonomía y que además también es conforme al 149.1.17.ª Ese mecanismo de la disposición adicional quinta ha permitido que, como ya se ha concretado en este texto, se contemple la transferencia de esas competencias en un momento dado y con el horizonte del 31 de octubre, si no me equivoco. Sin embargo, hay otra cuestión, la relativa a la encomienda de gestión. Esas funciones, que son atribuidas al INSS, se van a poder desempeñar por el organismo competente del País Vasco, el Lanbide. A este respecto, le quisiera preguntar qué iniciativas se han tomado para poner en marcha esa encomienda de gestión, dado que la efectividad del ingreso mínimo vital va a ser inmediata, para finales de este mes. Solicitamos que nos conteste a esta cuestión, sobre todo porque necesitamos poner en marcha nuestras propias instituciones.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro, y muchas gracias por su exposición.

En relación con el ingreso mínimo vital, quería lanzarle algunas cuestiones un poco más específicas. Dado que es importante, como bien ha dicho, no dejar a nadie atrás, dado que es una normativa de


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referencia y dado que, a nivel europeo, hemos estado recibiendo de manera continuada tirones de orejas, creo que es una gran oportunidad para que se tengan en cuenta la coordinación, la complementariedad, la igualdad y la efectividad para que llegue a ser una normativa de éxito. Debemos avanzar en esa línea.

Quisiera plantear algunas cuestiones en relación con los requisitos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital sobre las que deberíamos reflexionar para mejorar la norma. Se tienen en cuenta los ingresos del ejercicio anterior, pero no sé si esto podría generar algún desajuste. Por ejemplo, si no tenemos en cuenta los ingresos inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación, si una persona justo dos meses antes empieza a trabajar pero cumple los requisitos de los ingresos del año anterior, ¿no habría ahí cierta desconexión? ¿No deberíamos tener en cuenta los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación? Esta sería una de las cuestiones a poner encima de la mesa. Otra cuestión es la exclusión de los autónomos societarios del artículo 8.3 y de quienes sean administradores de derecho de una sociedad mercantil. No sé si es muy razonable pensar que tener registrada una pyme sea sinónimo de no poder encontrarse en una situación de pobreza. No sé si eso lo podríamos mejorar.

Los titulares con capacidad modificada judicialmente. Igualmente, el artículo 5.1 establece que solo podrán ser titulares las personas que gocen de plena capacidad de obrar. ¿Quiere esto decir que las personas con capacidad modificada por resolución judicial, entre ellas muchas personas con discapacidad sujetas a tutela o curatela, no podrán solicitar ser titulares del ingreso mínimo vital? Esto en las rentas mínimas en las comunidades autónomas está mejor previsto; deberíamos ver si no deberíamos valorar otra posibilidad.

Antes se han lanzado algunas perspectivas, desde el punto de vista de género, y quería hacer una valoración y ponerla encima de la mesa. Se va a reconocer el ingreso mínimo vital a una unidad de convivencia y, luego, va a ser titular una de las personas de esta unidad de convivencia. Lanzo una reflexión: si a quien se reconoce el derecho, en el caso de determinadas unidades de convivencia, es al hombre y no a la mujer, esto nos puede generar, desde un punto de vista de género, el empoderamiento del hombre sobre la mujer en cuestiones que en muchas ocasiones hemos analizado desde la perspectiva de género, esto es, lo que supone la percepción de un ingreso, la percepción de un poder económico en relación con la brecha de género. A lo mejor podríamos pensar en una titularidad de la prestación que se conceda a los cotitulares, o darle una vuelta. Esta cuestión me preocupa desde el punto de vista de género.

En cuanto al requisito de edad que se establece, en un principio, la edad para ser perceptores está entre los veintitrés y los sesenta y cinco años, y los menores de dieciocho que puedan tener hijos a cargo. ¿Tenemos en cuenta a los menores extutelados de cara a ser más flexibles con ese requisito? ¿Y los menores con discapacidad? Podríamos revisarlo, igual que los menores en situación de orfandad, pensando en el caso de menores que, además, son vulnerables. Si decimos que es imposible no considerar el de los menores en situación de orfandad con más de dieciocho años, que pierden el derecho a la prestación de orfandad por no reunir los requisitos para ampliarla hasta los veinticinco años. ¿Cómo podríamos establecer a estos menores si no deberían estar expresamente contemplados en la norma? Y cuando hablamos de otros menores con vida independiente, conozco determinados entornos vulnerables en los que a los dieciocho años -esto pasa mucho en personas pertenecientes a la propia comunidad gitana, a la que conozco muy de cerca-, por propia visión de vida, se independizan e intentan resolver la vida, no tanto por trayectoria formativa, sino más bien por trayectoria laboral, pero muchas veces se encuentran en situación de pobreza. ¿No deberíamos revisar ese criterio de los dieciocho años justamente para determinados grupos de población?

Personas sin hogar. Se necesita el empadronamiento. En las rentas mínimas que se reconocen, además de las autonómicas, se contempla ese requisito. Habrá que darle también una vuelta, porque hay muchas personas que se encuentran sin hogar y no están empadronadas. Igualmente, los inmigrantes retornados. Ahí habría muchísimas cuestiones para intentar mejorar esta norma y que sea efectiva.

También quería centrarme en los estímulos al empleo, porque considero que es vital que la salida real de la pobreza la demos -como bien ha dicho- a través de buenos itinerarios de inserción laboral; si no, generaremos masas estructurales de pobreza que no van a resolver nada en nuestro país, porque, generacionalmente, se irá potenciando que, con unos ingresos mínimos que te den más o menos para subsistir, te acabes quedando en esa trampa de pobreza. Eso es lo que realmente tenemos que cambiar, y eso nos lo darán los buenos itinerarios del empleo.


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Cuando hablamos de los ingresos y de las cuestiones relacionadas con la empleabilidad, ¿ya tiene previsto el límite de ingresos de trabajo que va a ser compatible con el ingreso mínimo vital? ¿Va a ser referencia la renta establecida en el País Vasco, que es quien, hasta la actualidad, lo tiene contemplado?

El sello de inclusión social. Deberíamos ir un poco más allá y, más que ser utilizado como un distintivo a efectos publicitarios, deberíamos tener previsto algún efecto o beneficio concreto para las empresas, como sucede en otros ámbitos de naturaleza pública.

Y, en el ámbito de la contratación, me detendría un poco en cómo lo podemos potenciar en la práctica. En los criterios de adjudicación de contratos públicos...

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): ¿Me lo puede repetir?

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: En la contratación pública, en los criterios de adjudicación, veo que la norma prevé, en caso de desempate, tener en cuenta la contratación de personas en situación de exclusión. ¿Por qué no tenerla también en los criterios de los propios pliegos para potenciar realmente la contratación de estas personas en esas condiciones?

En cuanto a los cupos de reserva, igual que lo hemos hecho para personas discapacitadas, tendríamos que ver si no deberíamos avanzar en este sentido. Digamos que esta norma pone ya encima de la mesa algo que hemos mirado de perfil durante muchos años, y es que reconocemos que hay personas en una situación estructural de pobreza. Entonces, ¿por qué no dar una vuelta a los cupos e igual que existen para discapacidad que también lo hagan en algún otro ámbito, como el ingreso mínimo vital?

Veo que se me ha acabado el tiempo y aquí tengo como seis o siete folios más de propuestas de mejora de la norma (risas), con lo cual me gustaría referirme únicamente, para terminar -porque yo creo que vamos a tener la oportunidad de trabajar y ahondar en la norma si la tramitamos como proyecto de ley-, a la importancia del tercer sector de acción social. No sé si van a ser reconocidas las propias organizaciones como entidades colaboradoras para la tramitación. Hay muchas personas en situación de pobreza severa que no van a llegar a los organismos formalistas; llegarán a las entidades que trabajan cerca de ellas. Igualmente, respecto a los itinerarios, debemos establecerlos bien, con recursos y coordinados con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos e igualmente con el propio tercer sector. Ahí tenemos que hilar fino para que realmente esto sea efectivo, si no se nos quedarán por ahí algunos in albis. Me dejo una preguntita más para el siguiente turno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Giménez.

Por el Grupo Parlamentario Plural, se van a dividir la intervención. Empieza el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Antes de nada, señor ministro, quiero agradecerle este material. Los que nos dedicamos a la docencia sabemos de la importancia que tiene que haya material para acompañar una explicación, porque acaba entrando más y acabamos recordando más, sobre todo si la tenemos al final.

En una de sus diapositivas se decía que además de la prestación monetaria se van a fomentar estrategias de inclusión, que yo creo que es lo importante y esto tiene que estar recogido también en la renta vital; y en la misma diapositiva se decía que habrá que hablar con comunidades autónomas y ayuntamientos para aprovechar la proximidad a los ciudadanos. Yo creo que esto es un factor o una idea clave: la proximidad a los ciudadanos. Por eso, nosotros siempre hemos hecho la propuesta de gestionar directamente este ingreso mínimo vital. Nos parece perfecto -es decir, lo aplaudimos- que el País Vasco y Navarra lo puedan gestionar, pero insistimos en que a nosotros también nos gustaría gestionarlo. Por tanto, en la transitoria se habla de la posibilidad de que se firmen convenios con las comunidades autónomas, y yo le preguntaría: ¿cuándo se podrán firmar esos convenios? ¿Tiene previsto desde el ministerio si va a ser pronto o va a ser muy tarde?

Luego, ha hablado usted también de la potencia informática de la Seguridad Social y de que las comunidades autónomas pusieran a disposición del ministerio los datos de las rentas de inclusión que tuvieran, y yo le hago esta reflexión: ¿y por qué no lo hacemos al revés?, ¿por qué no ponemos la potencia informática de la Seguridad Social al servicio de las comunidades autónomas y así seguramente seremos más potentes para poder gestionar también nuestras propias rentas de inclusión?


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Por último, una pequeña pregunta: cuando tengamos que poner ahora las comunidades autónomas todos los datos al servicio del ministerio, ¿puede haber un conflicto con Protección de Datos si con celeridad todas las personas a las cuales se les va a pedir ese permiso y que ya están cobrando esa renta no contestan puesto que ya la están cobrando?

Tengo que ausentarme a las seis porque tengo otra reunión con un colega suyo, pero seguiré atentamente el desarrollo por el video. Los que somos hombres orquesta o mujeres orquesta tenemos que estar en muchos sitios a la vez.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

Tiene la palabra, si no me equivoco, el señor Boadella.

El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, señor ministro. Nosotros entendemos que es una medida necesaria; quizá si no estuviéramos en los tiempos de coronavirus y crisis, lo miraríamos de otro modo, pero, en la situación actual, es evidente que este ingreso mínimo vital va a ser de utilidad. Vemos difícil la gestión con catorce tipos de hogares y umbrales y, por tanto, habrá tiempo para analizar toda esta cuestión. Pero lo que nos llama la atención es el hecho cierto de que el coste de la vida no es igual en todas partes de España y, por tanto, este ingreso mínimo vital, tal y como está concebido, no contempla los diferentes precios de transporte, de alquiler, de comida que se producen en los diferentes sitios de España, por lo que aquí habría un tema importante al que dar respuesta.

Se ha apuntado anteriormente, pero, señor ministro, nos preocupa especialmente la cuestión relativa a esta exclusión que se ha producido respecto de las personas incapacitadas judicialmente. Es una marcha atrás absoluta en el campo de la discapacidad que se diga que la prestación solo la pueden tramitar las personas con capacidad de obrar porque anula automáticamente los derechos de las personas que conservan su capacidad jurídica y, por tanto, va en contra de los derechos reconocidos por la misma legislación española, pero sobre todo por la Convención de Naciones Unidas, que ratificó España en 2008. Por tanto, creemos que aquí ha habido unas cuantas palabras que generan un gran error que habrá que solucionar porque, además, se enfoca la prestación solo desde la perspectiva de la unidad familiar, cuando muchas de estas personas con discapacidad viven en centros residenciales y en fundaciones tutelares y, por tanto, se les quita la posibilidad de poder acceder a esta prestación.

Finalmente, en relación con el resto de medidas de los ERTE, la fotografía la hemos visto y es de agradecer -yo también le quiero agradecer los gráficos y la información-, pero lo que preocupa más hoy en día a la gente creo que es cuál es el futuro que viene a partir del 30 de junio. Por tanto, yo no sé si nos puede decir o no nos puede decir, pero yo sí que tengo la obligación de planteárselo porque la gente, las empresas, los trabajadores, los autónomos, tienen la necesidad de planificarse y saber en qué sectores piensan que van a tener más tiempo de vida los ERTE de fuerza mayor a partir del 30 de junio y cuáles no para poder adaptarse y planificar su situación.

Un último apunte. En la radiografía que usted nos hace aparecen también las personas que han quedado cubiertas con las prestaciones del cese de autónomos, pero hay otras personas afectadas que no han quedado cubiertas: las que están vinculadas a mutualidades, aquellas que cotizan por un régimen alternativo al RETA, que han quedado totalmente descubiertas cuando la medida que se ha adoptado está vinculada única y exclusivamente al RETA. Me gustaría saber si el ministerio se plantea alguna acción en este ámbito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boadella.

Tiene la palabra el señor Rego.

El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señor presidente.

Señor ministro, nosotros consideramos que esta es una medida necesaria, aunque al mismo tiempo entendemos que en muchos aspectos es insuficiente o se queda corta, empezando por la propia concepción, porque nos parece que la concepción del ingreso mínimo vital realmente es similar al de la renta de inserción que ya existía.

En el BNG consideramos que la mejor manera de garantizar una vida digna es un empleo estable y un salario justo y, por lo tanto, siempre hablamos de un salario de inserción laboral y social que tuviese como objetivo precisamente la inserción en el mundo laboral con un horizonte ideal, y es que ese salario


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de inserción acabase situándose a la par que el salario mínimo y el salario mínimo situándose en el 60 % del salario medio. En todo caso, insisto, nos parece que es un paso positivo.

Con todo, hay algunas cuestiones que nos preocupan, además de algunas que ya fueron mencionadas. La exclusión del segmento de 18 a 23 años no nos parece que sea razonable. Entendemos que no se quiere desincentivar el estudio, pero teniendo en cuenta que una persona puede trabajar legalmente desde los 16 años y que muchas personas, precisamente en los sectores más vulnerables, trabajan o dejan de estudiar a partir de los 18 años, creemos que hay un segmento de gente realmente desprotegida. Por tanto, entendemos que debería ser revisado.

Nos preocupa la compatibilidad de este ingreso mínimo vital con rentas salariales temporales en el caso de nuevo empleo o, porque estamos hablando de que en este momento tener un empleo y un salario no garantiza salir de la pobreza, en aquellos casos de precariedad que fuese compatible de forma permanente. Parece que aún se está perfilando cómo se va a regular esto. Nos preocupa también la exigencia de un año de convivencia formal porque puede dejar fuera a muchas personas -esto ya se ha mencionado-, especialmente inmigrantes en situación irregular, en extrema vulnerabilidad precisamente, o emigrantes retornados.

Por último, la gestión. Concordamos con algo que ya se ha dicho: no entendemos por qué no se parte de que el Estado establezca un mínimo, transfiera los fondos y ponga a disposición de las comunidades autónomas todo el aparato que permita que las rentas que existen se vean reforzadas tanto en cantidad como en el universo al que pudiesen afectar. Creemos que sería más lógico dentro de la concepción del Estado autonómico y que esa es la vía por la que hay que ir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rego.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, presidente, y gracias, señor ministro, por su exposición.

Hay que ser muy malvado para ir en contra de este ingreso mínimo, la verdad. Que haya personas que pasen de tener cero euros a tener 462 está muy bien; que haya hogares de cinco miembros, dos adultos y tres menores, que pasen de tener cero euros a 1015 no está mal. ¿Insuficiente? Sí, porque podemos salir de la miseria, pero seguimos en la pobreza con 460 euros.

Una reflexión que sí hago antes de ir al grano es que, según sus datos, 2,3 millones de personas están en la miseria; según cifras de algunas ONG, llegan a 4,4 millones. Si a esto añadimos que hay 12,3 millones de personas en la pobreza o con riesgo de exclusión, veremos que el decimotercer país del mundo en PIB resulta que tiene estas cifras de desigualdad, pobreza y miseria. Alguna cosa falla; alguna cosa falla. Cuando oigo muchas veces a partidos que han estado en el Gobierno de este país durante cuarenta años yo creo que hay que hacer una reflexión. Me gustaría que trasladaran al Gobierno que están muy bien las medidas paliativas; sobre todo para el que pasa hambre, 460 euros son muy bienvenidos, pero algo falla aquí. No vale con las reformas que se han hecho hasta ahora. Algunos han sacado mucho pecho cuando tenemos esta realidad laboral y esta realidad económica de muchísima gente. Pienso que hay que ser un poco más humilde y un poco más autocrítico con aquello a lo que hemos llegado.

Nos habría gustado también que este planteamiento del ingreso mínimo vital hubiera venido con un plan de choque, porque, como decía algún compañero, la mejor medida de protección social es el empleo, y no es una medida de extrema izquierda hacer un plan de choque para la gente que lo está pasando mal. De hecho, Theodore Roosevelt lo hizo con el great deal en Estados Unidos.

Ahora vamos a las preguntas. Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo 26 de junio 255 000 personas van a recibir el ingreso mínimo vital, pero si no me fallan mis datos, deja fuera a 775 000 hogares, que no van a entrar este 26 de junio. Mi pregunta es cuánto van a cobrar y qué calendario hay para que estos 755 000 hogares puedan recibir esa ayuda. Me gustaría que me aclarara otra cosa. Yo no he sabido ver de dónde sale el presupuesto. Pienso que saldrá del Ministerio de Hacienda, porque espero que no se toquen las cotizaciones, porque si seguimos descapitalizando la Seguridad Social... Pero creo que lo he entendido mal y que será del Ministerio de Hacienda y no de nuestras cotizaciones. También pienso que hay chavales jóvenes de dieciocho a veintitrés años que no creo que tengan que estar fuera. Si la mayoría de edad está en los dieciocho años, hay gente con una casuística personal importante por la cual debe recibir este ingreso mínimo. Lo mismo pasa con personas que hoy en día tienen la jubilación a los sesenta


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y cinco años y diez meses. En cambio, este ingreso mínimo vital llega a sesenta y cinco. Hay algunas personas que por diez meses quedan en terreno de nadie. Supongo que son pequeños errores.

También es interesante ver cuántos meses de antelación hemos de valorar -no me ha quedado muy claro- para tener acceso a esta renta mínima vital. Porque hay gente que lo pasaba muy mal antes del coronavirus y lo único que ha hecho esto ha sido acentuar la miseria de muchas personas, pero otras han caído en la miseria en estos últimos meses y yo quisiera saber si esto se va a recoger o no y cómo se va a hacer.

Otra cosa que también me parece importante es si todo el mundo va a cobrar a primeros de mes o solo los cien mil con menores a cargo, porque tampoco me ha quedado claro. Me gustaría saber si este ingreso mínimo vital, que no tiene un límite sino que existirá mientras dure el estado de penuria, se va a revalorizar según el IPC o no. También me interesa saber esta respuesta porque tampoco la he visto. El ingreso mínimo vital es un derecho para todas las personas bajo jurisdicción del Estado. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestros vecinos y vecinas que están en situación irregular -como la llaman algunos- o la gente que está en los CIE podrán acceder a este ingreso mínimo vital, o quedarán fuera?

En España existen al menos unas 33 000 personas que no tienen hogar. No sé si estarán en albergues o casas de acogida, pero supongo que cuando se despliegue el reglamento estas personas podrán acogerse a esta medida de alguna manera porque son las más vulnerables. También quisiera que pudiera confirmarme si las rentas ya reguladas de las comunidades autónomas, como el caso de Cataluña, van a ser compatibles o complementarias con el ingreso mínimo vital. Me parece que lo ha dicho, pero me gustaría que quedara más claro.

Otra cosa que creo que nos tenemos que creer de una vez por todas es si es un Estado plurinacional o si no lo es, si es plurilegislativo o no lo es, si es plurilingüístico o no lo es, porque a veces no nos lo creemos. El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece como competencia propia de Cataluña la gestión de la red de protección social. ¿Tiene claro el Gobierno que este ingreso debe ser gestionado por las comunidades autónomas que dispongan de esta competencia? ¿Van a desarrollar los convenios necesarios para que no haya discusión sobre las competencias y la gestión del ingreso mínimo vital? Esto nos interesa particularmente que lo aclare.

Tengo más información que requerirle, pero creo que ya le he dejado unas cuantas preguntas para contestar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación, como siempre, por la cantidad ingente de datos, porque nos ayuda a tener una foto más clara de la realidad y a hacer un diagnóstico mejor.

Es evidente para nosotras que estamos ante el nacimiento de un nuevo derecho, de un nuevo pilar del Estado del bienestar, y esto, desafortunadamente, no es algo que pase todos los días. Por lo tanto, es algo a celebrar. Más allá de las críticas que se puedan tener o de la insuficiencia de determinadas cosas, es algo a celebrar, además con efusividad, porque hablamos, en definitiva, del derecho a la existencia, del derecho a existir, a tener una vida decente, a la libertad, al fin y al cabo, porque nos pueden contar milongas unos señores con un palo de golf dándole a una señal y diciendo que viven en una dictadura y que les están robando la libertad y no sé qué cosas más, pero la realidad es que la libertad, la de verdad, la real, tiene mucho que ver con tu renta, tiene mucho que ver con el dinero y con la capacidad que tengas para comprar determinadas cosas y para satisfacer determinadas necesidades. Y ya el resto de cosas que plantean estos señores entran dentro del plano de las enajenaciones mentales de gente que, además, tiene la nevera muy muy grande y muy muy llena. Eso que quede claro. Además, desde determinados sectores -no solo ellos- intentan colocar en el imaginario colectivo la idea del ingreso mínimo vital como el de una persona con una lata de cerveza en el sillón de su casa esperando a cobrar lo que ellos llaman la paguita. Para ellos y para ellas la paguita es que una mujer víctima de violencia machista pueda tener un ingreso que le permitan huir la situación de violencia. Para ellos la paguita es que una persona joven que lleve años encadenando contratos precarios a tiempo parcial y que no le dé para vivir tenga una herramienta para poder ir buscando un trabajo mejor, para poder ganar en derechos laborales y para poder llenar la nevera, aunque sea con poca cosa, pero que por lo menos la pueda llenar. Para ellos


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paguita es que una familia con tres chiquillos pequeños pueda ingresar 1000 euros al mes mientras sale de la situación de pobreza y exclusión. Para ellos paguita es que una persona mayor de cuarenta y cinco años que lleva ni se sabe cuánto buscando trabajo, con el currículum debajo del brazo, pueda ingresar un mínimo de dinero mientras sigue buscando trabajo. Para ellos es paguita también que las familias con menos recursos de este país puedan mandar a sus hijos e hijas a estudiar y no tengan que pagar las tasas universitarias. Para ellos todo esto es paguita, y mira que usan todos los medios de comunicación que tienen a su alcance y todos los resortes para intentar convencer a la población de esto. Sin embargo, había un señor que ingresaba 6874 euros al mes -6874 euros al mes, esto es más que el sueldo del presidente del Gobierno-, enchufado a dedo por el Partido Popular, primero por Esperanza Aguirre y después por Ignacio González, primero en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y después -¡ojito!- en la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, un chiringuito creado por el Partido Popular para enchufar a este señor, y ¿cuánta actividad reconocida tuvo? Cero, ninguna, no tuvo ningún tipo de actividad. En resumen, hablo, por supuesto, del señor Santiago Abascal, hoy líder del partido de ultraderecha VOX, que cobraba 6874 euros al mes de dinero de todos los españoles, por supuesto, por no hacer nada. "La España que madruga", dicen; madrugar no sé si madrugaba o no, pero que no daba un palo al agua, eso es seguro. Eso sí que era una paguita como Dios manda y no lo que critican del ingreso mínimo vital.

Y también hacen otra cosa, también intentan colocar otra cosa en el imaginario colectivo a través de bulos, de wasaps, de todos los resortes mediáticos de los grandes medios de comunicación, que tienen muchos, y es la afirmación de: ¡Qué barbaridad! ¡¿Cómo vamos a soportar este gasto?! ¡Van a hundir el país! ¡¿Y esto cómo se va a pagar?! Pues bien, vamos a poner unos datos y unos ejemplos muy recientes sobre la mesa para, como mínimo, dar que pensar a la gente que nos está escuchando y que después saquen sus propias conclusiones. El ingreso mínimo vital beneficiará a 830 000 familias, 830 000 hogares; el cálculo, según usted acaba de exponer, es ni más ni menos que 2,3 millones de personas; 2,3 millones de personas que se van a ver beneficiadas por la medida. El coste estimado de la medida, según los datos oficiales que usted acaba de exponer, será de 3000 millones de euros. Repito, 2 300 000 personas beneficiadas, un coste de 3000 millones. Pues bien, unos datos de nuestro pasado reciente: 76 000 millones de euros -no 3000, 76 000-, que es veinticinco veces el coste del ingreso mínimo vital, es la diferencia fiscal que tiene nuestro país con el resto de países de la Unión Europea. Si tuviéramos la misma presión fiscal sobre las grandes fortunas, patrimonio, cotizaciones, etcétera, podríamos pagar este ingreso vital veinticinco veces. Después tenemos, por poner otro ejemplo, 2000 millones que nos costó el rescate de los amigos, de su negociete, de las autopistas de peaje; 2000 millones de euros nos costó, aunque las constructoras reclaman 4000 millones. 42 000 millones de euros -repito, el ingreso mínimo vital son 3000 millones- que nos costó el rescate bancario en la anterior crisis; aquel rescate que nos dijeron que no nos iba a costar ni un euro. Y esto no lo digo yo, son datos del Banco de España. Eso nos daría para pagar catorce veces el ingreso mínimo vital. Sigo: 48 000 millones al año, que -no me invento yo el dato tampoco-, según la CNMC, es el sobrecoste que ha costado la corrupción en las obras públicas de nuestro país; 48 000 millones de euros, que son exactamente dieciséis veces lo que nos cuesta el ingreso mínimo vital. Y podría seguir: por ejemplo, los 1700 millones de euros que le regalamos al señor Florentino Pérez por la fabulosa operación Castor. Esta lista podría ser infinita, pero como no tengo tiempo infinito, acabo ya. Estos son los ejemplos de costes inmensos que han beneficiado a muy poquitas personas en este país. Desgraciadamente, estos señores que nos hablan de paguita y de un gasto inasumible -¡qué casualidad!- nunca los nombran.

Muchísimas gracias, señor ministro, por su exposición.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de VOX, tiene la palabra la señora De Meer.

La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor ministro, por su comparecencia, por su tiempo y por todos los datos que, la verdad, de una manera pormenorizada nos ha brindado a través de la pantalla.

Después de esta caricatura de VOX -que yo no sé si hemos venido a hablar del ingreso mínimo vital o a hacer una caricatura de VOX- del señor Rodríguez, vamos a hablar de lo que toca y es del ingreso mínimo vital. En VOX sí creemos -y les insto a que no se crean la caricatura que ha hecho el señor Rodríguez de nosotros- en la subsidiariedad del Estado para ayudar a todas aquellas personas vulnerables que realmente se quedan al margen de la economía circular. No obstante, hemos mirado


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bastante bien esta medida del ingreso mínimo vital y hemos analizado realmente, porque nos importa, cómo va a ser su implementación y qué efectos va a tener sobre la población española. Consideramos que, si fuera un ingreso de carácter temporal, incluso nos ayudaría a salir de este atolladero en el que estamos por culpa de la crisis sanitaria, que ha devenido ya en una crisis económica y social sin precedentes. Muchísimos intelectuales y economistas -nosotros lo decimos nosotros-, incluso poco sospechosos de ser de VOX, como el señor Thomas Piketty, han afirmado en muchas ocasiones que la mejor manera de luchar contra la desigualdad es reducir el desempleo; es decir, fomentar el empleo. La mejor política social es el empleo y los españoles, además, quieren trabajar, no solo tienen el derecho al trabajo, sino que ese derecho tiene que ser propiciado y fomentado por parte de los poderes públicos. El trabajo dignifica y, por lo tanto, el objetivo de este ingreso mínimo vital creemos que no hay que perderlo de vista, porque el objetivo debe ser que cada vez más gente deje de cobrar este ingreso mínimo vital.

No obstante, también quería descender un poco al terreno, porque muchas veces nos perdemos entre cifras, pero las cifras muchas veces son realidades, son personas, son situaciones y son barrios, barrios humildes en muchísimas ocasiones, y españoles vulnerables a los cuales esta situación les va a afectar. Pongo de ejemplo un salario medio en la provincia de Almería, que es de donde provengo. Un salario medio en Almería -según datos de la propia Agencia Tributaria- está en torno a los 1200 euros. Sin embargo, en su mayor expresión, un ingreso mínimo vital puede llegar a los 1015 euros. Por lo tanto, estando en este país con un ingreso mínimo vital que puede ser mayor incluso al SMI, ¿qué efectos reales va a tener sobre la población, sobre los barrios humildes? ¿Realmente va a incentivar el empleo real o lo va a desincentivar y, por lo tanto, va a crear más desigualdad y a cronificar la pobreza? Porque creemos que realmente sería un peligro para nuestra nación.

Por otro lado, creemos que hay que ver la letra pequeña, porque, ¿qué es estar inscrito como demandante de empleo? Sabemos lo que es en el sentido de que hay que inscribirse como demandante de empleo, pero ¿de qué manera se controla esto? ¿Esto realmente constituye un incentivo? ¿Esto realmente va a generar que la gente busque y encuentre empleo? ¿De qué manera se va a conseguir esto? Porque, insistimos, la mejor política social es el empleo. ¿Han pensado ustedes en el efecto que va a tener inyectar toda esta liquidez? De nuevo hay que volver a la calle a ver situaciones que muchas veces no nos gustan, pero que existen, como la economía sumergida. La economía sumergida es un hecho y, además, la sufren fundamentalmente colectivos vulnerables y humildes. ¿Esto va a suponer una inyección de liquidez importante en lugares donde hay una tasa muy elevada de economía sumergida? Imagínense toda la liquidez que se va a inyectar en lugares como La Línea de la Concepción. Estas son preguntas que hay que hacerse porque estamos hablando de nuestro país y estamos hablando de mejorarlo, por lo que creemos que hay que mirarlo todo con lupa.

Si me permiten, quiero volver a referirme a mi provincia, al sector de la agricultura intensiva. De nuevo volvemos a un ingreso mínimo vital que en muchas ocasiones supera los jornales de los labradores. ¿Esto realmente en qué va a repercutir? ¿Va a suponer de nuevo un incentivo para todos estos gremios y para todos estos lugares? ¿Se va a levantar alguien a las cinco de la mañana para recoger sandía si cobra lo mismo si no lo hace? Estas son preguntas reales que hay que hacerse sobre la economía real.

Asimismo, el aspecto de la desigualdad autonómica pensamos que es relevante y hay que reseñar la ruptura de la caja única de la Seguridad Social que se hará con respecto a las provincias vascas y Navarra. Pensamos que es algo reseñable, ya que volvemos de nuevo a la desigualdad autonómica. La mayor brecha salarial que tiene este país son las comunidades autónomas, y es un debate además que cuanto antes lo abordemos, señorías, será muchísimo mejor.

Por otro lado, está el tan demonizado discurso de VOX sobre la inmigración. Miren, VOX es un partido que está abordando una realidad que no están abordando en esta Cámara o que no se había abordado de una manera realista hasta ahora. Además, quien sufre realmente la inmigración real de nuevo vuelven a ser los barrios humildes. La inmigración real no se sufre en la Moncloa y no se sufre en Galapagar; la inmigración ilegal se sufre en el campo de Níjar, se sufre en El Ejido, se sufre en muchos barrios humildes de España. Además, esto hay que considerarlo de una manera realista y tenemos que saber que la inmigración ilegal es un problema que debemos resolver. Desde VOX insistimos mucho en diferenciar inmigración ilegal de refugio, porque consideramos que la institución del refugio es una institución fundamental suscrita por España en la Convención de Ginebra y también en nuestra propia legislación aplicable al respecto. La inmigración económica es otro fenómeno absolutamente distinto que muchas veces, con efectos muy perversos, se esconde detrás de este titular sobre los refugiados.


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Señorías, el efecto llamada existe, siento truncar esperanzas pero existe, es un hecho real. El efecto llamada existe y ni siquiera hace falta un ingreso mínimo vital para que exista el efecto llamada; el efecto llamada existe cuando hay una política aperturista de un Estado del bienestar que ciertamente intenta obtener el mayor bienestar posible para sus conciudadanos, como es lógico. El efecto llamada existe desde el momento en que tenemos naciones como Marruecos que tiene un SMI de 247 euros al mes, y todos aquellos que realmente quieren buscar una vida mejor están en su derecho de hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay otros, hay terceros, hay mafias en connivencias con ONG subvencionadas por multimillonarios y asociaciones y fundaciones de multimillonarios progres que son los que están jugando con la vida de todas estas personas, están jugando con sus ilusiones. Este es un problema que hay que abordar de una vez en esta Cámara y en este país, porque todas esas personas tienen dignidad. Por lo tanto, lo del efecto llamada no solo lo genera un ingreso mínimo vital, con estas lagunas que hemos observado en su artículo 7, sino que lo genera esa política, como acaba de afirmar usted, señor ministro, de flexibilización con respecto a la inmigración ilegal. Porque la empleada de hogar que lleva veinte años cobrando un salario mínimo interprofesional, o a veces menos, es quien le va a pagar este ingreso mínimo vital a un inmigrante que tiene un año ya de residencia legal, o en el caso de las excepciones de trata de seres humanos, a uno quizás recién llegado en una patera después de un largo, tedioso viaje y horrible que no deseamos a nadie.

Por tanto, ya termino. Señorías, desde VOX consideramos -y casi que voy a hacer suya una de las reflexiones que ha dicho usted al principio, señor ministro- que las políticas deben ser eficaces y focalizadas, y no se trata de gastar más sino de gastar bien. Consideramos que es necesaria y urgente una gran reforma de las administraciones, porque realmente el Estado de bienestar de los políticos se ha convertido en el estado de malestar de los ciudadanos, y hay que abordar esto desde una perspectiva realista y sabiendo a quién tenemos que ayudar en última instancia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Angulo.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.

Gracias, ministro, por sus explicaciones. A cuarenta y ocho horas del debate en Pleno, aprovecharemos esta comparecencia para plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, respecto a las formas, nosotros creemos que una norma que crea una prestación de Seguridad Social con gran impacto económico y social exigía tramitarse como proyecto de ley, con informes, audiencia y una memoria económica que ustedes no nos han presentado. Ustedes introducen el elemento COVID para justificar la urgencia, pero sabemos que esta no es una norma coyuntural; esta tramitación nos parece rápida y puede estar motivada por ciertas presiones que sabemos que ustedes han sufrido o quizá para eliminar algunos controles como lo prueban las treinta referencias a desarrollo reglamentario que tiene la ley. Además, creemos que se ha elaborado sin el consenso suficiente con ayuntamientos y con comunidades autónomas, a pesar de las numerosas obligaciones que les imponen. Pablo Casado les pidió que consensuaran el diseño de esta norma en la Conferencia de Presidentes autonómicos porque son las comunidades las que llevan décadas gestionando estas rentas y ustedes se han negado, y creo que eso ahora les va a pasar factura en la coordinación de este ingreso. En lo que respecta al fondo, ni que decir tiene que para nosotros el empleo es el mejor escudo social y la garantía de unos buenos servicios públicos, y que el éxito de un país es tener una sociedad de ciudadanos libres que no dependan del Estado, algo que sabe que a otros grupos les horroriza. Nosotros lo demostramos cuando gobernamos: en 2018 dejamos un país con 3 millones de empleos más y en crecimiento. Pero también somos conscientes de que hay personas que tienen graves dificultades para acceder al mercado laboral por circunstancias personales o del entorno y que necesitan en algún momento la acción protectora del Estado y también nos ocupamos de ellos. En muchas comunidades autónomas fueron precisamente Gobiernos del PP quienes implantaron este sistema de rentas mínimas, por ejemplo, en Extremadura, quizá la comunidad con la más alta tasa de pobreza de España, y que después de treinta años de Gobierno socialista tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular quien en 2013 la implementó; o en Castilla y León, que está recogida desde el 2007 como un derecho de ciudadanía en su Estatuto de Autonomía. Por tanto, nosotros no necesitamos lecciones de solidaridad.

Sin embargo, creemos que una medida así ha de ser abordada con rigurosidad para que llegue a quien de verdad lo necesita, evitando abusos y fraudes y siendo sostenible -porque no solo hay que aprobarla sino que hay que poder pagarla-, y que tenga un carácter subsidiario al empleo, es decir, que


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sea esa red de seguridad en el camino desde la exclusión hasta la integración social a través del empleo. Y, partiendo de esto, nosotros le queremos preguntar por el coste, que ustedes cifran en 3000 millones anuales, señor Rodríguez. Pero, como nos omiten la memoria económica, nos gustaría saber cómo van a financiarlo y a garantizar esa sostenibilidad en el tiempo: ¿con deuda?, ¿con más impuestos? ¿Qué impacto tendrá en la Seguridad Social y en el déficit y la deuda pública? Si ustedes tenían tan maduro esto, ¿por qué lo ocultaron en el programa de estabilidad que enviaron a Bruselas?

Hablemos de los beneficiarios. Desaparecen en un mes 250 000 hogares y casi 3 millones de beneficiarios y no entendemos por qué, porque la situación no ha mejorado en este país en un mes. Dejan también fuera a esos administradores societarios que -como ya se ha dicho aquí no me voy a extender- pueden ser autónomos o pequeñas pymes que también necesitaran de esto. Por otro lado, la norma está induciendo a interpretaciones y nosotros -de verdad, sin ánimo de polémica, señor ministro- le pedimos que usted lo deje hoy aquí meridianamente claro. Nosotros entendemos que al exigirse residencia legal en España durante un año ligado a otros requisitos jurídicos y económicos no tendrán acceso las personas que se encuentren en situación irregular en nuestro país, pero la confusa redacción en las exenciones a esos requisitos, por ejemplo en lo referido a víctimas de trata, sabemos que está provocando dudas de interpretación y quizá también eso que se llama posible efecto llamada. Nosotros le pedimos, ministro, que aclare usted hoy aquí, sin género de duda, quiénes pueden ser beneficiarios y quiénes no.

La vinculación al empleo es para nosotros fundamental, porque, como decimos, esto debe ser esa red de apoyo para lograr la inclusión social a través del empleo y evitar eso que usted ha llamado muy bien la trampa de pobreza. Creemos que en el decreto lo fían mucho a la generalidad. Vemos poca definición en la condicionalidad entre el ingreso y la búsqueda y la aceptación del empleo, en los incentivos a la inserción y en la lucha contra la economía sumergida. Por eso nosotros hoy queremos que nos concrete cuál será la vinculación del ingreso a las políticas de empleo; qué condicionalidad se les fijará a las ayudas porque entendemos que hubiera sido más riguroso que eso se hubiera definido perfectamente en el decreto, y sobre todo, qué mecanismos concretos de control van a contemplar para evitar la economía sumergida -esa economía informal, como ustedes la llaman ahora-, porque hay sectores que todos sabemos que son de difícil comprobación.

Vemos -lo ratifica hoy usted aquí- que hacen recaer la mayoría de los itinerarios de inclusión en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos y yo me pregunto cómo se compatibiliza eso con el recorte de 2400 millones que ustedes han hecho a las comunidades en políticas activas de empleo. Y también me gustaría conocer su opinión sobre el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral y las consecuencias que eso tendría en el mercado de trabajo y en la Seguridad Social. Creemos que es fundamental. Hoy el Banco de España nos alertaba de que España puede entrar en situación de riesgo por una tasa de paro de hasta el 25 %. Por tanto, como nosotros vinculamos las políticas de empleo al éxito de este ingreso, queremos conocer su opinión.

Nos inquieta la desigualdad que contiene este decreto al conceder la gestión de este ingreso exclusivamente al País Vasco y Navarra, con un injustificable demérito a la capacidad del resto de comunidades autónomas, que llevan muchas décadas gestionando esta renta. Nosotros aquí hoy le pedimos que, por favor, atiendan a esas comunidades, que también quieren esa igualdad de trato.

También quiero hablar de la descoordinación que las lagunas del decreto, y quizá su rapidez, pueden provocar. Yo creo que han empezado la casa por el tejado. Nosotros le propusimos desarrollar previamente la tarjeta social que aprobamos en 2018 para coordinar todas esas ayudas públicas y evitar duplicidades, que siempre van en perjuicio de quienes más lo necesitan. Ustedes reconocen la necesidad de reordenar esa variedad de prestaciones, pero no lo hacen y de momento van a coexistir con el ingreso y se pueden producir duplicidades o abuso. Eliminan solo la prestación por hijo a cargo. Y yo le pregunto: ¿cuál más?, ¿también, por ejemplo, se va a eliminar la prestación que cobran las personas con discapacidad? Usted dice que la norma está muy estudiada. Pues díganos hoy aquí qué otras prestaciones se eliminarán. Por cierto, me alegro de la rectificación que han hecho sus socios de Gobierno al copiar estas medidas del Partido Popular, que en su día, despectivamente y con mucha ignorancia, llamaron carné de pobres.

Por último, hay un tema que preocupa a los ayuntamientos, con quienes no consensuan la norma, pero les imponen una imponente carga burocrática sin contraprestación económica, lo cual produce más presión para unos servicios sociales saturados, que con esta nueva exigencia pueden colapsar si no se refuerzan. Yo no sé, señor ministro, si usted es consciente de cómo afectan las crisis a los ingresos de los ayuntamientos. Yo sí, porque he estado veinte años en uno. Es necesario que el Gobierno cree un fondo económico para que los ayuntamientos gestionen este ingreso porque, si no lo hace, la medida puede


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encallar y será el Gobierno quien esté abandonando a su suerte a miles de familias que pueden necesitarlo.

Termino, porque veo que me quedo sin tiempo. Quizá en la dúplica le diga alguna otra cosa. Que quede claro que nosotros compartimos el objetivo de proporcionar una red de seguridad a las familias en situación de exclusión. Lo demostramos cuando gobernamos: destinamos el 70 % de los presupuestos a políticas sociales, aprobamos sistemas de protección, subimos las pensiones, se las complementamos a las mujeres con hijos y sobre todo propiciamos el mejor escudo social, que es el empleo. Lo que nosotros esperamos es que la precipitación, la falta de consenso y las evidentes luchas internas que a usted le han llevado a traer esta norma antes de lo que pensaba no nos conduzcan al fracaso. Lo estamos viendo con los ERTE y la incapacidad que hay para pagar, habiendo convertido en vulnerables a quienes no lo eran. Nosotros confiamos en que la cesión a la presión -irresponsable, a nuestro entender- del señor Iglesias para tapar su inactividad durante esta crisis no convierta esta norma en inútil para los fines que pretende, porque -termino- el éxito de este ingreso vendrá dado por las oportunidades laborales que propicien que cada vez menos hogares lo necesiten. El aumento de sus potenciales beneficiarios será el mayor fracaso de su Gobierno. Espero, señor ministro, que nos resuelva estas dudas y le pido que en adelante cuente con la experiencia y el compromiso inequívoco del Partido Popular con las personas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Baños.

La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Bienvenido, señor ministro, y muchas gracias por su explicación.

Señorías, es de sobra conocido por todos que en los últimos años en la política y en la sociedad española hay instalado un debate sobre la viabilidad de la Seguridad Social; debate que algunos, cuando han gobernado, han cerrado recortando prestaciones, como los Gobiernos del Partido Popular. La respuesta de este Gobierno es la contraria. Desde su llegada al ministerio, hemos visto en sus declaraciones e intervenciones públicas que su intención siempre ha sido la de intentar disipar esta supuesta amenaza de viabilidad de la Seguridad Social. Generar incertidumbre en los que no tienen posibilidades de recuperar rentas en el trabajo es algo indigno, como indignos han sido los comunicados que hemos visto en Madrid, Cataluña o Castilla y León indicando que nuestros mayores no fueran trasladados a los hospitales. Nunca más un país que se olvide de los más vulnerables, especialmente de nuestros mayores.

Como iba diciendo, señorías, el ingreso mínimo vital viene a reafirmar la viabilidad de la Seguridad Social española, respondiendo así no solo con las declaraciones públicas, sino también con hechos. Hay que saludar al ingreso mínimo vital por sí mismo y por todo lo que representa, ya que supone la certificación de que este Gobierno está dispuesto a potenciar uno de los mejores sistemas de protección del planeta, respondiendo con previsión y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Las reformas precarizadoras del Partido Popular han ido ahondando en la brecha de la desigualdad y la pobreza en España. No les causaban sonrojo a las señorías del Partido Popular los informes de Cáritas, de la Unión Europea, de Cruz Roja o de tantas organizaciones que denunciaban que la recuperación de la crisis tenía que ir acompañada de reformas que permitieran la reducción de la pobreza entre nuestros compatriotas. No les sonrojaban porque no les preocupaban. La afirmación más disonante, la que hirió sensibilidades y traspasó fronteras personales, fue la del relator de Naciones Unidas, cuando afirmaba -y cito textualmente- que, siendo un país rico, España vive en una pobreza generalizada. Algunos pensarían que esa responsabilidad ya no era suya, pero, evidentemente, tras diecisiete meses de Gobierno socialista, la situación no podía sino relacionarse con anteriores administraciones.

El presidente del Gobierno asumió que, cuando gobernase, uno de sus objetivos prioritarios sería el de erradicar la pobreza infantil. Algunos años antes, allá por el año 2015, ya anunciaba el entonces jefe de la oposición que, cuando gobernase, aprobaría un ingreso mínimo vital detallándolo a través de un proyecto de la exministra María Luisa Carcedo, a la que reconozco el liderazgo y su contribución a la modernización de nuestro país con la aprobación de un ingreso mínimo vital que no pretende otra cosa más que dar dignidad, apostar por la cohesión social, generar oportunidades y velar por una libertad que no puede alcanzarse sin la igualdad de acceso a niveles básicos de dignidad social. ¿Saben ustedes, señorías, cuál es la situación de los hogares que se encontró el Gobierno cuando llegó? El 7 % de los hogares se encuentran por debajo del 30 % de la renta media, lo que significa que el 7 % de los hogares españoles está en una situación de pobreza extrema. Uno de cada tres niños y niñas españoles está en


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riesgo de pobreza y exclusión. Señorías, ¿qué sociedad somos si condenamos a nuestro futuro más presente a la exclusión social? Que el 33 % de los niños de nuestro país esté en riesgo de pobreza implica que las dinámicas sociales que no rompamos hoy embargarán nuestro futuro como sociedad el día de mañana. ¿Saben en qué situación se encuentran las madres solteras o familias monoparentales? ¿Saben lo que le cuesta a una madre soltera con contratos precarios y temporales sacar a un hijo adelante? Estoy segura de que no lo saben, igual que no saben lo que supone la espiral de la pobreza. Por eso, algunas de sus señorías aquí presentes todavía dudan de la eficacia de una medida de este calibre.

El 5 de abril, ministro, usted dijo en una entrevista a La Vanguardia que el ingreso mínimo vital es una medida estructural permanente, a lo que yo añado que es estructural, porque afecta de lleno al sistema de distribución de la riqueza del Estado, y que tiene que ser permanente, porque la pobreza no es consecuencia de la pandemia; la pobreza es consecuencia de la precarización, de la desigualdad y de una herencia que en la mayoría de los casos es estructural y que no nos permite avanzar como sociedad. Por eso, cabe aún más que hoy podamos felicitarnos, porque, si bien era una medida que llevábamos en nuestro programa electoral y luego en nuestro acuerdo de Gobierno, la epidemia mundial ha venido a reclamárnosla de inmediato y hemos sido capaces de poner en marcha en dos meses el mayor suelo de protección de la historia de España. Quiero agradecer al señor ministro Escrivá la previsión y la profesionalización con la que ha encajado el ingreso mínimo vital en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias a esta previsión, y al haberlo incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas antes de la pandemia, se puede encajar con el objetivo de déficit y con las figuras tributarias que recoge, lo que vuelve a indicar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

No quiero terminar mi intervención sin aclarar que solo con el ingreso mínimo vital, aunque demos un paso histórico, no quedará todo hecho. Esta legislatura tiene que ser la del acercamiento hacia la erradicación de la pobreza, el avance por la inclusión que tiene que llevarnos a reformar el sistema de cuidados de nuestro país, garantizando los derechos laborales de sus trabajadoras. Hacer de la política algo útil al servicio de la ciudadanía solucionando sus problemas debería ser obligatorio para cualquier representante público. A todos los grupos que aún a día de hoy están en la bronca, les emplazo a la unidad. ¿Qué sería de nosotras si la generación de nuestros padres no se hubiera puesto de acuerdo para los Pactos de la Moncloa o para poner en marcha el Estado del bienestar? Les hago desde aquí una llamada a la colaboración para la implantación en todo el territorio. Tenemos por delante un largo camino para afinar en aquellos aspectos que se pueden mejorar y matizar, y que muchos de ustedes de forma muy responsable están haciendo aquí esta tarde. La voluntad que nos una debe ser la protección de las personas que más nos necesitan. ¿Es posible demostrar a la ciudadanía que lo primero son ellos y ellas y que la política es útil?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, tiene ahora la palabra la otra portavoz del Grupo Socialista.

La señora NARVÁEZ BANDERA: Buenas tardes, y muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor ministro, por su presentación. Es evidente que la prioridad de este Gobierno ha sido desde un primer momento preservar la salud, pero no es menos cierto que la preocupación por el empleo y por no dejar a nadie atrás ha sido también prioritaria. Nadie está exento de sufrir las consecuencias del COVID, tanto las sanitarias, como las económicas y las laborales. Y para que muchas familias no se vieran absolutamente desprotegidas en un Estado social como el nuestro, en un país como el nuestro, ha sido fundamental que este Gobierno actuara desde un primer momento como lo ha hecho, con justicia social y con una máxima que no por repetida es menos importante: no dejar a nadie atrás. Se han resuelto multitud de situaciones, en muchos casos dramáticas, porque así entendemos los socialistas que deben ser, ya que es obligación de los poderes públicos resolverlas y crear un escudo social para proteger a los más desfavorecidos.

En el Partido Socialista valoramos positivamente los ejes en los que ha trabajado el Gobierno y el ministerio, teniendo como referencia el diálogo social y con los interlocutores sociales. Las medidas adoptadas frente al COVID han tenido dos objetivos claros: asegurar el mantenimiento del empleo y la protección a todas las personas trabajadoras durante la emergencia. Para ello desde el primer día se tomaron medidas. Se prohibió el despido y a 61 000 autónomos, como hemos dicho, se les ha reconocido la prestación por cese de actividad, y además, se les exoneró de las cuotas. Se ha dado carácter preferente al teletrabajo. Se ha ampliado la protección por desempleo a las extinciones de contratos


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durante el estado de alarma. Los ERTE por fuerza mayor estuvieron exonerados del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Se ha creado la figura de los ERTE por fuerza mayor parcial, como hemos visto. Las prestaciones por ERTE no han computado como prestaciones por desempleo. Se han aplazado las deudas con la Seguridad Social. Se ha reforzado la protección por desempleo de los fijos discontinuos. Se ha flexibilizado la contratación del sector agrario y se ha reducido la cotización de estos trabajadores. Se ha creado el subsidio extraordinario para empleadas del hogar, el subsidio de desempleo excepcional por el fin de contrasto temporal, la garantía de suministros básicos, y por supuesto, el ingreso mínimo vital.

Se podrían cuantificar estas medidas en euros, pero es mucho más que esto, ya que podríamos compararlas con las ayudas que se pusieron en marcha en 2012. Podríamos centrar el debate en preguntar a los ciudadanos que se han visto afectados por el COVID qué medidas prefieren, si las adoptadas por este Gobierno o las adoptadas en el año 2012. Preguntemos a los autónomos si prefieren las ayudas que se les ofrecieron en el año 2012 o el cese de actividad del año 2020. Preguntemos a los trabajadores qué hubiesen preferido si el despido libre y la precariedad en la que quedó el mercado laboral después de la reforma laboral, donde uno de cada dos indefinidos fue despedido, y rescatar a la banca, o si prefieren las ayudas de los ERTE y las prestaciones por desempleo que se han acordado ahora. Preguntemos a las trabajadoras del hogar por el subsidio extraordinario que están recibiendo por primera vez reconocido.

¿Que todas estas ayudas son mejorables? Por supuesto, pero que ningún otro Gobierno hubiese tenido la sensibilidad social para llevarlas a cabo, no me cabe la menor duda. Porque aquí hay grupos que pueden entender de caridad, pero a los socialistas nos gusta más hablar de dignidad de las personas y de justicia social y estas medidas han contribuido a ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narváez.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias.

Señorías, se han planteado muchas cuestiones que son perfectamente encajables en el desarrollo reglamentario y, en su caso, en la evolución que tenga la ley del ingreso mínimo vital. Yo creo que podíamos estar discutiendo aquí eternamente de todo lo que tiene que ver con la definición de hogares, requisitos o elegibilidad. Nosotros lo hemos discutido, porque siempre hay pros y contras. Creo que es conviene tener en cuenta dos consideraciones, y ya aclaro definitivamente esta cuestión. En primer lugar, las comunidades autónomas van a tener que redefinir sus rentas mínimas a raíz de la introducción de la renta mínima nacional, porque las establecieron cuando no había tal renta mínima nacional. Por tanto, tendrán que hacerse un replanteamiento de hasta qué punto quieren ser complementarias o no. Eso puede significar que puedan cubrir posibles definiciones de hogares que nosotros no hayamos cubierto, por razones que, en principio, yo podría justificar y que pueden tener que ver con nuestra percepción del riesgo de creación espuria de hogares en determinados momentos o del riesgo de fraude. Es decir, hay distintas consideraciones que hemos estado trabajando, con pros y contras, y que nos han llevado a cada una de las decisiones; no son decisiones arbitrarias en ningún caso, incluso algunas de ellas puedo explicarlas. Pero si las comunidades autónomas consideran que quieren complementarlas y ser subsidiarias a nosotros, tienen un campo para hacerlo sobre hogares concretos y complementar rentas, en su caso. Este es el encaje al que hemos llegado, por supuesto, en comunicación y en interacción con todas las comunidades autónomas. Yo me he reunido personalmente dos veces, al menos, con cada uno de los consejeros responsables de las comunidades autónomas y mis equipos se han reunido varias veces, adicionalmente. Nunca ha habido tanta comunicación con las comunidades autónomas y además para evitar reuniones multilaterales se han hecho reuniones bilaterales, donde las comunidades autónomas han conocido los efectos que iban a tener sobre ellas sus rentas mínimas, desde hace semanas y semanas han conocido por anticipado cuáles iban a ser los efectos. Hemos recogido algunas de sus observaciones, como, por ejemplo, la que estoy planteando en este caso. Llevamos semanas hablando con ellas para ver exactamente cómo nos intercambiábamos las bases de datos. Cuando hablamos de la potencia de la Seguridad Social, por supuesto que ellas van a disponer inmediatamente de todos los beneficiarios, según los vayamos nosotros reconociendo, y van a estar disponibles esos datos y esos hogares para que ellas puedan redefinir sus prestaciones. El trabajo y la colaboración con las comunidades autónomas han sido excelentes y estrechos, prácticamente con todas ellas. Lo que


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ocurre es que después cada uno en público dice lo que quiere decir, yo no he escuchado decir nada a ningún consejero responsable de esa área de las comunidades autónomas ni tampoco he visto nada publicado. Yo he estado hablando con ellos personalmente durante estas últimas semanas y viendo cuáles eran las problemáticas que teníamos que resolver unos y otros.

En segundo lugar, aquí tenemos un problema de partida, y es que aquí hay competencias compartidas. El artículo 41 de la Constitución es el que habilita a la Seguridad Social a establecer mínimos nacionales en ámbitos como el de la protección social. El artículo 41 de la Constitución dice: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad...". A partir de ahí, la Seguridad Social tiene esa obligación ante una situación completamente reconocida. Las comunidades autónomas llevan décadas y décadas estableciendo rentas mínimas, pero la Comisión Europea y los organismos internacionales nos han dicho que no ha sido un mecanismo suficiente en muchas comunidades autónomas para erradicar la pobreza; de hecho, ha sido poco eficaz en varias comunidades autónomas. Podría poner el ejemplo de la comunidad autónoma donde vivimos, donde la renta mínima es muy particular. Cada comunidad autónoma ha tomado una decisión, pero cuando uno mira la fotografía desde arriba lo que se constata es que en lugar de reducir desigualdad a nivel nacional se amplifica. Por eso, desde el año 2014 el Consejo Europeo nos está diciendo: no, no, esto no pueden dejarlo solo en manos de las comunidades autónomas, porque las decisiones individuales de cada comunidad autónoma en cuanto a las rentas mínimas generan una fotografía inaceptable desde el punto de vista de la pobreza; ustedes, por favor, utilicen el artículo 41 de la Constitución y utilicen las competencias de la Seguridad Social. Y esto es lo que estamos haciendo, yo creo que a nadie le puede parecer mal que hagamos esto; a nadie le puede parecer mal. Esto no va de copiar ni de lucha de competencias; hemos mirado lo que hace todo el mundo, hemos hablado con todo el mundo, hemos intentado coger las mejores prácticas de cada uno y, al final, tenemos esto, y ahora podemos discutir cada uno de los elementos que tenemos.

Después, viene el tema de la gestión, una vez que entendemos que esto supone que todos los españoles van a tener unas condiciones de ingreso mínimo iguales; es decir, los hogares de toda España se definen con las mismas características, se garantizan las mismas rentas en todo el territorio, y, a partir de ahí, cada comunidad autónoma, y en su caso cada ayuntamiento, decidirá si quiere complementar, y las comunidades autónomas que tengan más capacidad financiera, que suelen ser las que tienen mayores niveles de renta, podrán ir un poco más lejos; pero, sinceramente, creo que son condiciones mínimas suficientes.

La verdad, yo creo que los ciudadanos no están ahora para discutir sobre si la competencia es mía o no lo es. En una situación como esta del COVID lo que nosotros hemos intentado hablando con todas las comunidades autónomas y mucho con la FEMP es ser eficaces, ver cómo podemos realmente conseguir en pocos meses llegar a todos estos hogares. Y, claro, algunas comunidades autónomas llevan gestionando prestaciones de la Seguridad Social desde hace décadas. Desde finales de los ochenta hasta finales de los noventa se transfirió a las comunidades autónomas -por las razones que sean- la gestión de las pensiones no contributivas. ¿Quieren oír los meses que se tarda en reconocer las pensiones no contributivas en algunas comunidades autónomas hoy? ¿Quieren saber los meses, largos, que se tardan en reconocer las pensiones de invalidez en algunas comunidades autónomas después de décadas y décadas de gestión? No vamos a permitir esto. Eso no va a ocurrir. No vamos a permitir otra vez que se transfieran competencias si, al mismo tiempo, no se ponen las condiciones que supongan la máxima eficacia sobre cómo se despliegan en el territorio. Por lo tanto, por supuesto que existe la posibilidad, en la disposición adicional cuarta, de que esto se gestione en las comunidades autónomas, lo que pasa es que vamos a discutir muy cuidadosamente cómo se hace, porque hay que ser eficaz. Los ciudadanos no entenderán nunca que se transfieran competencias y, como ocurre ahora con las prestaciones no contributivas, a nadie le preocupe ni tenga posibilidad de controlar si se tardan 20 o 250 días, y que no pase nada, cuando el dinero, por supuesto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, que es de donde va a salir el dinero porque está en la propia ley, los créditos que se abren, está en la Ley de la Seguridad Social, y, como corresponde a una prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financia por parte de la Administración del Estado en su integridad. El dinero sale del presupuesto y lo gestionará quien mejor lo pueda gestionar y quien sea más eficaz. En todos los convenios y en todas las encomiendas de gestión buscaremos el principio de eficacia, que es el único que entienden los ciudadanos, no la lucha competencial: lo tengo que gestionar yo porque sí. No, lo gestionará quien mejor lo pueda gestionar.


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Y eso nos lleva de forma clara a la situación singular de las haciendas forales. Esta prestación tiene una característica muy importante, y es que requiere unos contrastes de renta y patrimonio relativamente sofisticados, que están definidos con criterios, en principio, de los impuestos que se aplican a los territorios de régimen común. En el País Vasco y Navarra hay soberanía fiscal y sus definiciones son distintas, y evidentemente allí tendrán que aplicarse criterios de renta y patrimonio homologables, pero definidos por las haciendas locales. En eso estamos trabajando y en los próximos días enviaremos ya un primer borrador de la encomienda de gestión, y de nuevo el criterio es de eficacia. Además, en el País Vasco y Navarra existen ya unas prestaciones de este tipo que funcionan muy bien. Y también en el País Vasco y Navarra -y lo hemos comprobado- las pensiones no contributivas, cuando la gestionan como el resto de las comunidades autónomas, tienen tiempos de respuesta muy similares a las que tiene la Seguridad Social, que tarda unos días, diez o veinte días en resolver una pensión. Eso es lo que a los ciudadanos les interesa, que seamos eficaces, y el criterio de eficacia y de poder resolver estas prestaciones inmediatamente va a ser el que va a guiar a este ministerio en todos los convenios que queremos firmar con todas las comunidades autónomas o con todos los ayuntamientos. Vamos a hablar con todos, vamos a analizar con todos, pero siempre bajo el prisma de la eficacia y de la proximidad y del servicio al ciudadano. No va a haber otro criterio ni creo que nadie entienda que esto sea un debate de competencias, es un debate sobre hacerlo de la mejor forma posible y colaborar todos juntos.

Y después hay otro ámbito de colaboración -este es el ámbito de la gestión- que es muy importante, el ámbito de los itinerarios de inclusión y de integración laboral. Aquí tenemos un problema de cogobernanza. Nosotros -porque lo dice la Constitución- podemos establecer un mínimo nacional para estos hogares y obviamente tenemos que asociar -y las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo han pedido encarecidamente- itinerarios de inclusión e integración laboral, pero ellos son los competentes. Entonces, tenemos que hilar muy fino para respetar las competencias de cada uno. Yo, a una comunidad autónoma le voy a decir: Mire usted, aquí tiene los hogares vulnerables que han sido identificados y a los que les estoy pagando la renta; por favor, vamos a ver entre todos qué itinerarios de inclusión e integración laboral le quiere asociar, yo le ayudo, fijamos criterios, en su caso establecemos incluso condicionalidad para recibir el beneficio de la prestación, pero usted es competente, usted es responsable. Y vamos a evaluar entre todos cómo funciona.

El gran problema que hay en España es que tenemos políticas activas de empleo -que es de lo que estamos hablando en última instancia- que funcionan, como es conocido, muy mal en casi todas las comunidades autónomas, por eso tenemos las tasas de paro que tenemos. Una de las grandes causas del paro en España es lo mal que funcionan las políticas activas de empleo, y funcionan mal porque no se evalúan suficientemente, porque los itinerarios de inclusión no se definen adecuadamente para las necesidades de cada uno de los potenciales beneficiarios o de los que buscan el empleo. Aquí lo vamos a hacer -y después daré cuenta y veremos si ha funcionado bien o no- de forma distinta. Vamos a evaluar permanentemente esos itinerarios, porque las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos realmente quieren que sea así. Yo estoy convencido de que vamos a crear una institucionalidad que va a dar seguimiento a todo esto. Aquí la realidad es la que es, tenemos competencias compartidas -así está definido-, y cuando hay competencias compartidas lo que hay que establecer es un mecanismo de cogobernanza y trabajar en conjunto con lealtad institucional. Eso es lo que vamos a intentar, y yo tengo que decir que en mis conversaciones con las comunidades autónomas, que han sido frecuentes e intensas con todas ellas, he llegado a la conclusión de que este va a ser un buen ejemplo piloto para hacer las cosas de una forma distinta a como se han hecho hasta ahora. Esta era una de las reflexiones de carácter general que quería plantear.

Yendo ahora a alguna pregunta más concreta que tengo aquí apuntada, empezaré por el señor Barandiaran, que me ha preguntado por los autónomos. La verdad es que en las distintas modificaciones que hemos hecho del artículo 17 se han contemplado nuevos colectivos para acceder a la prestación. Al final ha habido que ir ajustando. Yo creo que tenemos un problema que todavía está pendiente de resolver completamente, que es el caso de las personas que tienen ingresos particularmente estacionales; la estacionalidad de los ingresos en algunos tipos de colectivos, como hemos identificado en el mundo de los artistas, por ejemplo, o en el mundo del campo. Esta es un área en la cual yo creo que tenemos que seguir afinando. Ahora llega el verano y vamos a tener personas cuyos ingresos están muy concentrados en esta época del año. Vamos a ver cómo definimos la base de cálculo de la caída de ingresos, lo podremos hacer a partir de julio, y yo creo que podremos ir afinando respecto a algún tipo de colectivo que se nos ha quedado fuera. De todas formas, sinceramente y según la evaluación que estamos haciendo de


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la medida, nuestra sensación es que quitando estos colectivos que tienen ingresos estacionales muy particulares yo creo que en el grueso de los autónomos sus rentas han quedado protegidas y me atengo un poco a la sensación general que existe en este punto, pero si existe alguno más, lo iremos viendo.

La señora Giménez me ha planteado muchas cosas. Yo creo que alguna de ellas me lleva a pensar que igual tenemos que reajustar algunas de las condiciones, de requisitos. Algunas las hemos discutido con la Agencia Tributaria; por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los administradores de una sociedad mercantil, los autónomos societarios -y no precisamente una pyme-. Pero la Agencia Tributaria y la Seguridad Social tienen identificada una enorme proliferación de este tipo de sociedades con cascarones vacíos por razones espurias y nos han dicho que son particularmente reacios -y lo hemos podido ver- a abrir mucho la vía en este tema. Esta es la tensión que yo creo que necesariamente hay en una prestación como esta, en la cual, por una parte, uno quiere abrir realmente a todo el mundo, pero, por otro lado, no quiere abrir vías por las cuales se pueda generar alguna actividad de fraude. Esto es muy técnico, es un tema que hemos discutido varias veces con ellos y al final hemos sido restrictivos.

Sobre los titulares sin capacidad de obrar, aquí no se exige capacidad de obrar plena, por lo tanto, las personas con discapacidad tendrán la capacidad de hacerlo y si la resolución judicial motivada lo habilita, podrán hacerlo. Creemos que hemos sido suficientemente abiertos en esto, pero le podemos dar otra vuelta. Aprovecho para decir que, en el caso de la discapacidad, que también se ha planteado, existe una prestación por discapacidad en la Seguridad Social para familias con hijos discapacitados que sigue existiendo, lo que no quiere decir que no la repensemos en el futuro; igual que hemos repensado la de hijo a cargo para hacerla mucho más focalizada, aunque todo el que tenía esa prestación la ha mantenido, podemos darle una vuelta a la prestación de incapacidad en el futuro. Nos gastamos casi mil millones de euros y probablemente la podamos focalizar más en el futuro. Nuestra idea es ir mirando prestaciones que ya existen, como existía la de hijo a cargo, e ir dándoles una vuelta por si las podemos incluir dentro del paraguas del ingreso mínimo vital haciendo que los recursos que se están utilizando se focalicen mejor y sean más eficaces. Esa es nuestra idea. Aprovecho para decir que a partir de los 65 años -que también se me ha planteado- se queda excluido porque es justo en ese momento cuando empieza la pensión no contributiva. Hemos anclado el beneficio para un hogar con un solo adulto justo en la pensión no contributiva -y aprovecho para contestar otra pregunta que se ha planteado- porque todo lo demás es multiplicativo respecto a ese nivel. Por tanto, la actualización de la pensión no contributiva, que se regulariza anualmente, arrastra completamente a todas las prestaciones que hay aquí y toda la parrilla de rentas garantizadas que existen.

Ha habido varias preguntas sobre el límite edad. El límite de edad está excluido si se tienen hijos a cargo; solo si se tienen hijos a cargo no hay el límite de edad de veintitrés años. Esto también lo hemos discutido entre nosotros y lo hemos discutido con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden ser complementarias aquí. Y hay que tener en cuenta que cuanto más abrimos, menos focalizamos. Es decir, los 3000 millones están ahí y, por lo tanto, si abrimos mucho, focalizamos menos sobre todo en las familias con hijos y monoparentales. Este es el trade off, es la relación de sustitución en la que hemos estado trabajando en cada uno de los casos. Nosotros hemos pensado que el fomento del estudio aquí era una consideración importante y tampoco esto es una renta de emancipación, no lo es, es decir, hay quien puede defender una renta de emancipación, pero aquí no la hay, y las comunidades autónomas tienen, con los recursos que libera esta prestación, la posibilidad de hacerlo.

En cuanto al empadronamiento, en España para cualquier persona el empadronamiento es una opción que tiene siempre. Los ayuntamientos están obligados a empadronar a todo el mundo y, por tanto, por esa vía -y esto no tiene que ver con esta ley, es una obligación que tienen todos los ayuntamientos según la normativa española-, se accede a una de las condiciones para ser elegible en relación con esta prestación.

No sé si entrar en el tema de la emigración irregular. La emigración irregular en España no es posible porque lo impide la Ley de Extranjería, que es una ley orgánica. A partir de ahí, no hay discusión, no está considerado, y las excepciones que hay tienen que ver con situaciones particulares en las cuales se ha colaborado con las autoridades en temas de trata, de violencia de género o de explotación sexual. Son casos que nadie puede discutir que deben ser excepcionados. Todo lo demás no puede ser. Insisto, algunas comunidades autónomas en sus rentas mínimas lo han decidido porque son situaciones de exclusión extrema y los ayuntamientos tienen la posibilidad de establecer prestaciones para la emigración irregular. No existe ninguna evidencia -y esto lo han estudiado muchísimos analistas, existen muchos


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libros y muchos análisis muy bien documentados desde el punto de vista empírico- de que la motivación para emigrar esté asociada al Estado del bienestar, esto está muy estudiado en muchísimos sitios. La motivación última para emigrar tiene que ver con la percepción de ir a un sitio donde vas a tener un grado de inclusión, vas a ser bien recibido, vas a tener un elemento de acogida, de inclusión social e integral, pero el tamaño y la generosidad del Estado del bienestar no son un elemento determinante. Si lo fueran, aquellos países donde existe un Estado del bienestar extraordinariamente generoso, con rentas mínimas muchísimo más altas que la que tenemos nosotros, tendrían un problema mucho más agudo de inmigración y no lo tienen. Esto que tenemos aquí, esta renta mínima, como he intentado explicar en las transparencias del principio, la tenemos creo yo porque España no es un país de renta muy alta y hemos tenido que estar particularmente focalizados con los 3000 millones, pero 3000 millones para lo que es la red de seguridad a todos los hogares españoles, aunque suene alto, no es una cantidad muy grande a nivel internacional. Hay países que gastan mucho más que nosotros. Nosotros hemos intentado ser particularmente precisos y estar focalizados porque nuestra restricción fiscal es mayor que la de otros, pero hay países donde hay beneficios extraordinariamente generosos, y eso no parece que sea un problema para esos países, que están gobernados por Gobiernos de centro derecha o de derecha, no parece que eso les genere ningún problema ni que revierta en esos elementos de su Estado del bienestar. En España, hasta ahora, hasta la llegada del ingreso mínimo vital, hay rentas mínimas muy diferentes, extraordinariamente diferentes entre comunidades autónomas, hay enormes diferencias. No parece que esa diferencia enorme en los ingresos mínimos haya sido un determinante de la movilidad dentro de España o de la llegada de inmigrantes a un sitio o a otro, no se ve ningún patrón de ese tipo. Por qué se mueve una persona, por qué en España hay comunidades autónomas que tienen una tasa de paro del 20 % y otras que la tienen del 8 % es un tema muy complejo, pero no tiene que ver con el tamaño del bienestar relativo de unos y otros. Las motivaciones para moverse o no tienen que ver con cosas como el funcionamiento del mercado inmobiliario; uno se va a un sitio donde hay oportunidad de trabajo y el desplazamiento te lleva a multiplicar por cuatro o cinco el coste del alquiler. Pues ese es un elemento muy limitador. O te resulta muy limitador el hecho de que cuando estás cerca de las personas de tu entorno, tus familiares, tus conocidos, pueden cuidar de tus hijos. España tiene un problema agudo de conciliación. Es decir, problemas de conciliación familiar, problemas de movilidad asociada al funcionamiento integral del mercado de la vivienda, son factores que explican realmente por qué hay estas diferencias de paro y por qué no hay más movilidad y más migración interna o externa de la que tendría que haber. Pero el Estado del bienestar, el efecto llamada del Estado del bienestar, está estudiado hace ya muchos años y no es un factor determinante. Lo siento mucho. Como no puede ser un elemento en contra el tema de la informalidad o de la economía sumergida. Imagínense ustedes que por ese argumento concluyéramos que, como hay gente que es defraudadora de impuestos, no ponemos impuestos. ¿Decidimos que, como hay defraudadores, quitamos todos los impuestos? ¿Sería ese el argumento? ¿Verdad que no? Es decir, si tenemos un problema de pobreza extrema y sabemos que este instrumento es el más importante, ¿no lo vamos a poner porque pensemos que puede haber potenciales defraudadores? No, ¿verdad que no? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir el instrumento lo mejor posible para que haya el menor número posible de defraudadores y que, cuando los pillemos, realmente haya penalizaciones máximas. Eso es lo que hemos intentado en la ley; igual no lo hemos conseguido, pero, por ejemplo, es la primera vez, que yo sepa -si me he equivocado, me lo dicen ustedes-, que aparece la figura del cooperador necesario. No conozco ninguna otra norma en la cual se haya introducido la figura del cooperador necesario. Imagínense un empleador que ha falsificado ingresos no declarados para que una persona obtenga un ingreso mínimo vital, pues la responsabilidad es absolutamente solidaria cuando esto se descubre y se extienden las penalizaciones por infracción que aparecen en la ley no solamente al beneficiario, sino también al cooperador necesario. Esta es la forma de diseñar el instrumento. Vamos a conseguir que mucha gente que no ha hecho la declaración de la renta la haga por primera vez, es decir, vamos a hacer que sus documentos estén ahí.

El tema de la tarjeta social, en el que se estaba trabajando desde hace bastantes años en la Seguridad Social, es un tema complementario. Lo que pretendemos es, aprovechando que lleva varios años ahí -y lo hemos hablado con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos-, en cada uno de los convenios que vayamos firmando con ellos, volcar la información de las prestaciones que tienen ellos -las nuestras ya están-, lo que va a permitir que sea un instrumento con el que, a través del teléfono o lo que sea, podamos conocer a todos. Claro que sí, hay que hacerlo, hay que aprovechar la oportunidad. Estos son los elementos que nos tienen que ayudar a mejorar un hecho que es una


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realidad, y es que en España tenemos un grado de informalidad medio-alto. Pero creo que la opción es justamente diseñar prestaciones como esta para que más personas estén en el mundo formal de las que estaban antes. Y yo estoy convencido de que así va a ocurrir en este caso.

Me ha preguntado el señor Baldoví cuándo se van a firmar los convenios con las comunidades -me he saltado mucho, no sé si me voy a dejar algunas cosas sin responder; soy poco disciplinado, lo siento, al seguir las contestaciones-. No está ahora el señor Baldoví, pero le diré que nos pondremos a trabajar enseguida con las comunidades autónomas. Pero no se trata de traspasar la gestión por traspasarla -lo he dicho antes-, se trata de traspasarla cuando estemos de acuerdo en que vamos a ser eficaces y que esta prestación va a ser impecable, que desde el primer día a la gente le llega el dinero. Si alguien es capaz de hacerlo más rápido que en la Seguridad Social, adelante. Este va a ser nuestro criterio, que es el único que entienden los ciudadanos. Y me ha preguntado también por el conflicto de protección de datos. Este es un tema más técnico; en el intercambio que estamos haciendo de bases de datos con las comunidades autónomas lo que estamos pidiendo es que haya una autorización por parte de quien en este momento reciba la prestación por parte de la comunidad autónoma para que esa comunidad esté compartiendo los datos con nosotros, aunque sea para algo tan beneficioso como que le den una nueva prestación.

Señor Boadella, creo que ha quedado claro: este es un suelo y después, como a las comunidades autónomas les estamos liberando recursos, van a poder repensarse su renta mínima vital y anidarla o no, y en qué medida, a la nuestra y complementarla. Y, evidentemente, cuando nos pongamos a discutir los convenios bilaterales igual llegamos a la conclusión de que lo más eficaz es una ventanilla única en una comunidad autónoma, pero tenemos que estar seguros todos porque de donde sale el presupuesto, que es de nosotros, tenemos que estar convencidos -y esto no prejuzga nada- de que esto funciona perfectamente, y yo -ya lo he contado antes- creo que no siempre ha ocurrido en el pasado. No se trata de transferir competencias porque sí, hay que transferirlas porque estamos todos convencidos de que eso va acompañado de unas condiciones que aseguran que al ciudadano se va a llegar con más eficacia. Me pregunta qué pasa con los ERTE a partir del 30 de junio. Estamos trabajando en ello, estamos discutiéndolo con los agentes sociales. Tuvimos una videoconferencia la semana pasada, ha habido peticiones de unos y otros, y yo estoy con usted en que tenemos que hacerlo pronto para dar certidumbre a las empresas. Yo creo que tenemos que mantener cierta flexibilidad. Lo que sabemos es que en este mundo que nos ha creado el coronavirus hay que tener capacidad de reacción para irse reajustando. Creo que deberíamos seguir trabajando en la línea de tener incentivos a la activación y tenemos también que dar posibilidades a las empresas para que vayan teniendo margen para ajustarse a las condiciones cambiantes. Creo que estos tienen que ser los criterios; todos estamos de acuerdo en que el objetivo fundamental es que se active el mayor número de trabajadores y lo antes posible.

Diputado Rego, la idea de que aquí estamos ante un mínimo y que después las comunidades autónomas complementan es algo que hay que tener muy claro en todo el diseño. Respecto a la compatibilidad con las rentas salariales, yo creo que no debería preocuparle; al contrario, sabemos que hay muchísimos casos de personas con subempleo que no llegan y nosotros lo que queremos hacer es complementar esas rentas hasta un mínimo y después generar incentivos para que, si tiene la posibilidad de trabajar más, ese ingreso mínimo se le reduzca menos que proporcionalmente durante un cierto tiempo y le genere esos incentivos a seguir trabajando. En cuanto al cómo se va a hacer, lo estamos trabajando; esto es complejo y queremos diferenciar mucho por tipología de hogares. También me han planteado que estos veinticuatro hogares distintos -y lo entiendo- son una complejidad de gestión. Sí, es una complejidad de gestión, pero este mes la Seguridad Social ha conseguido, de oficio, identificar veinticuatro tipologías en 75 000 hogares y creo que lo vamos a poder seguir haciendo durante los próximos meses. Nuestra expectativa es ser muy eficaces en los primeros tres meses, pero tenemos que ir viéndolo; va a depender también de cómo se nos vayan haciendo las solicitudes. Cualquiera que solicite la prestación en los primeros tres meses de vigencia tendrá reconocidos los derechos desde el 1 de junio. Es una pregunta que recuerdo que se me ha hecho. Y también se ha preguntado sobre qué ocurre en el año 2020, en el año corriente. Hay que tener en cuenta que, en España, al final, siempre habrá que hacer una regularización con la declaración de la renta del año anterior, porque hay rentas que solo se conocen por parte de la Agencia Tributaria a año vencido; no todas la rentas las tenemos en tiempo real, este es el problema. ¡Ya me gustaría a mí que tuviéramos todas las rentas en tiempo real! En principio, nosotros sabemos que, desgraciadamente, la pobreza es bastante estructural y la mayoría de los beneficiarios que hoy tienen derecho lo hubieran tenido el año pasado con los datos del año pasado. Pero es verdad,


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y sobre todo en una situación como esta, que puede haber casos de pobreza, de caída de rentas muy intensas y sobrevenidas que, además, tendrían que no estar captadas por ninguna de las otras prestaciones que hemos dicho: no tendrían que estar ni en la prestación de autónomos ni en los ERTE ni tener derecho a desempleo. En este periodo hemos protegido a 5,7 millones de personas y, por tanto, pueden quedar algunas, sobre todo con rentas irregulares como decíamos antes, con rentas estacionales. Ese es el tipo de colectivos que pueden tener un problema agudo este año y no lo tuvieron el año pasado. Es decir, tiene que darse la segunda condición. En estos casos lo que vamos a permitir -lo voy a explicar otra vez- es que si una persona está en cualquier mes del año 2020, mira, acumula sus rentas hasta ese punto y llega a la conclusión de que al ritmo que va sus rentas van a caer mucho, está en una situación en la que sus ingresos van a caer mucho, van a estar por debajo del ingreso mínimo vital, pero no lo estuvieron el año anterior y por eso no puede pedirlo, si esa persona en el año 2019 tuvo unos ingresos un 50 % por encima del ingreso mínimo vital que le hubiera correspondido por el tipo de hogar que tiene, tendrá derecho a pedir la prestación en el año 2020 inmediatamente, con una declaración responsable. Nosotros haremos una comprobación somera a partir de las bases de cotización a la Seguridad Social que podemos ir comprobando y después regularizaremos al año siguiente, cuando veamos los datos de la declaración de la renta.. Esta es la fórmula que hemos encontrado y que nos parece la mejor, con la información que tenemos, para que situaciones de este tipo se puedan abordar. De todas formas, en su desarrollo reglamentario iremos viendo si podemos ir afinando más estos datos, y también dependemos de la Agencia Tributaria.

Estoy comprobando si alguna cosa se me ha escapado. La revalorización del IPC ya lo conté. Sobre las personas que están en los CIE, el artículo 14 de la Ley de Extranjería -ya lo he dicho- impide a los extranjeros irregulares acceder a la prestación de la Seguridad Social. No obstante, existen otras opciones en las últimas redes de protección a nivel subnacional. Como he dicho, las personas que no tienen hogar, en la medida que tienen el derecho a ser empadronados, están recogidos.

La señora Rocío de Meer plantea reflexiones en general conceptuales, que yo creo que son legítimas, pero que están muy debatidas y que, claramente, en los últimos años la evidencia se ha ido decantando crecientemente a que el efecto llamada no está asociado al Estado del bienestar, se lo he dicho antes, y estoy dispuesto a intercambiar incluso documentación para que realmente vea que esto es así. La verdad es que en cuanto a las referencias salariales, si usted me dice mil euros, estamos hablando de una familia con dos adultos y tres hijos. No es lo mismo que el salario mínimo interprofesional. Como sabe, el salario mínimo interprofesional, si lo divide en doce pagas, no en catorce, está por encima de mil euros; es decir, el ingreso mínimo vital, incluso para el hogar con más niños y con más adultos que pueda imaginarse, no llega al salario mínimo interprofesional de una persona individual en España. Ese es un estándar que te marca dónde hemos llegado y dónde no hemos llegado con este punto. Porque, además, le insistía antes, en los países donde esta renta está ya más desarrollada, esto no desincentiva el trabajo, es que la gente realmente quiere trabajar. La clave está en el diseño de las políticas públicas que envuelven la prestación y eso es muy importante. Sigue insistiendo con el tema de los incentivos, pero, de verdad, yo creo que no va a ser así y, además, es que lo vamos a poder evaluar. A diferencia de muchas políticas públicas, en esta yo vendré aquí y les enseñaré los resultados y les iré contando lo que ha pasado con todos esos beneficiarios, y podremos entre todos rediscutir y ver quién tenía razón sobre cómo iba a funcionar esta prestación.

Las preguntas de la diputada Angulo las he ido contestando casi todas. Estoy dando una vuelta por si acaso; lo de los autónomos societarios ya lo contesté y lo de las sanciones ya lo he explicado. Sobre el mercado de trabajo, también lo he dicho en público, la importancia que tiene la reforma laboral, su acuerdo con todos los agentes sociales y, sobre todo, en este momento de crisis lo importante es centrarnos en lo que realmente es la prioridad, que es lo que estábamos hablando de cómo hacemos un buen diseño de los ERTE, cómo hacemos un buen diseño de prestaciones de aquí a final de año. En eso creo que estamos todos.

La verdad es que creo que en la primera vuelta no me dejo nada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Los portavoces y 'portavozas' que quieran intervenir a partir de ahora tienen, como saben, dos minutos.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran, intuyo que esta vez sí quiere intervenir.


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El señor BARANDIARAN BENITO: Simplemente repito las felicitaciones. Me han complacido en extremo las respuestas pormenorizadas que ha dado. Voy a ir simplemente a sus consideraciones generales de inicio y a algunas reflexiones que se han hecho por algunos de los participantes en este debate.

El artículo 41 de la Constitución, dentro de la garantía que se supone que va a prestar el sistema de atención a la desigualdad y la pobreza que supone una renta mínima, es una llamada y una alusión a todos los poderes públicos, a cualquiera de las administraciones. En ese sentido, desde luego en Euskadi, como decía usted, hace ya más de treinta años que está en vigor. Y está en vigor, además, no solo porque supone ese esfuerzo de redistribución que como colectivo se decidió, sino también porque supone la atención a lo que se ha llamado por algunos participantes una brecha que se supone que crean los diferentes sistemas, pero que no es tal. La brecha se produce en otra cuestión, y es en las decisiones políticas que pretenden atender o no determinadas situaciones de necesidad. En Euskadi, la implantación de la RGI, pero no solo eso, sino también un sistema de redistribución, ha supuesto que la pobreza, el riesgo de pobreza, según el Eurostat, tenga una incidencia del 18 %, frente al 26 % que existe en España -datos de 2018-, siendo la media de la eurozona del 22 %. Esta brecha que se produce es de carácter mental. Si los poderes políticos deciden invertir en uno u otro sitio, deciden invertir en la redistribución de riqueza o en desaparición de diferencias y desigualdad, es entonces cuando se producen estos resultados. No son las políticas de distribución de competencias, sino esas decisiones políticas las que producen esa situación.

Un último apunte. Simplemente advertir que, presente ya el nuevo ingreso mínimo vital, la RGI vasca sigue manteniendo el esquema de funcionamiento que ha señalado, pero dentro de ese esquema de atención a las situaciones necesitadas de atención, de desigualdad o de redistribución, hay colectivos como el de los pensionistas o el de las personas sin residencia legal -que es a lo que algunos llaman ilegal o alguna cosa así- a las que se va a seguir atendiendo, a pesar de que hay quien entiende que ese no es un colectivo al que haya que atender.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Giménez.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias.

Únicamente quería hacer un par de consideraciones. En relación con la prestación por hijo a cargo, deberíamos planteárnoslo en aquellos hogares que no cumplen el requisito a nivel de ingresos, porque realmente el destinatario a este nivel es distinto del ingreso mínimo vital, pero que si cubriesen el parámetro de la prestación por hijo a cargo, ahí es donde se nos planteaba si no deberíamos pensar que en algunos casos sí se debe mantener la prestación por hijo a cargo, porque realmente las finalidades son distintas: en un caso es más dirigido a la extrema pobreza, y en el otro a la pobreza relativa con otro tipo de objetivo. Sería un poco hacer esta consideración.

En el ámbito del empleo que anteriormente le comentaba, junto a la parte de los cupos está la parte de la bonificación a las empresas que contraten a personas que sean destinatarias del ingreso mínimo vital, o sea empezar a incluir este tipo de bonificaciones.

Finalmente, con lo que ya nos ha comentado en relación con las competencias, la gestión y la generación de desigualdad territorial, dado lo que ha establecido la disposición adicional y con la situación de transferencia, tanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco como a la de Navarra, habría que hacer el planteamiento de no establecer tratos diferenciados y realmente poner en igualdad de condiciones a todas las comunidades autónomas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Plural no hay nadie presente. Por el Grupo Parlamentario Republicano, señor Salvador.

El señor SALVADOR I DUCH: Hay un tema que no me ha quedado claro, que es el relativo al silencio administrativo. Viendo cómo ha ido el tema de los ERTE, me preocupa; debería ser al contrario, que en caso de que la Administración no responda, se acepte lo que solicite la persona que quiere el ingreso mínimo vital.


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Otra cosa que me interesa es que usted ha hecho una crítica a la renta garantizada de ciudadanía en algunas comunidades autónomas, si lo hacen bien o lo hacen mal. Ese no es el tema, el tema es que es competencia suya, porque a mí hay cosas del Estado que tampoco me gustan y son así. Luego hay que tener en cuenta que en el caso de Cataluña, por ejemplo, tenemos renta garantizada mucho antes que el Estado español, pero nosotros solamente cobramos el 5 % de los impuestos y el otro 95 % los cobra el Estado, y nos vienen transferidos y normalmente son finalistas. Luego, bastante bien lo hacemos con lo poco que hay.

Sobre alguna crítica que he oído al ingreso mínimo vital, me hace mucha gracia que haya gente que critique el ingreso mínimo vital, que cuesta 3000 millones de euros, cuando hace unas pocas semanas este Gobierno compró 2100 millones para 386 carros de combate ante el peligro de una invasión inminente. Claro, los tanques son para tierra y para cuando vamos a invadir o vamos a ser invadidos y, como había un peligro inminente, se han gastado 2100 millones de euros; en cambio, 3000 millones de euros sirven para 750 000 familias.

Otras personas hablan del efecto llamada, pero con el efecto llamada la gente viene a trabajar. La prueba de que funciona es que cuando ha habido crisis la gente no ha venido mientras que cuando hubo aquella burbuja inmobiliaria la gente vino. Ahora vienen y pasan de largo porque no hay trabajo. Este es el efecto llamada. Pues bien, a estas personas que les preocupa tanto el efecto llamada les diré que a mí me preocupa más el efecto salida. ¿Por qué nuestros jóvenes, estando bien preparados, tienen que marcharse a buscar trabajos cualificados a otros países? Esto me preocupa mucho más. Y también el efecto salida de las empresas que van a trabajar a los países que tienen el salario mínimo de 276 euros. Este es el efecto salida de empresas que se deslocalizan, incluso habiendo cobrado subvenciones públicas, y se van a otros países, porque siempre habrá países que lo harán mucho más barato, y muchos de ellos son muy patriotas. Van a Bangladesh, crean sus industrias textiles, etcétera, y luego se hunden edificios con tres mil personas. Habrá sitios en los que siempre se trabajará más barato y con condiciones ambientales y humanas mucho más baratas para los patriotas. Este efecto salida me preocupa mucho más.

A la gente del Partido Popular, que saca pecho por sus reformas laborales, y al Partido Socialista también, quiero decirles que sus reformas laborales nos han llevado a más de doce millones de pobres. Pobres, pobres, sí, sí, pobres, pobres. Somos un país que ha creado 12 millones de pobres, con 4,4 millones de personas -según el ministro, 2,3- en la miseria, con un porcentaje de pobreza infantil del 30 %, con la temporalidad y precariedad más grandes del mundo, con unas tasas de paro en algunas comunidades autónomas que son estructuralmente altísimas. ¿Cómo alguien puede sacar pecho por esto? ¿Cómo alguien puede sacar pecho por esto? No sé; yo no sacaría pecho por nada de esto, porque por un momento parecía que fuera Disneylandia más que el Reino de España y no, no es así. El modelo productivo, el modelo industrial, infraestructuras eficientes, el precio de la energía, hay un montón de cosas que hacen que un país salga o no de la miseria, y en estos momentos no hay nada por lo que sacar pecho. Y otro dato. ¿Cómo puede ser que la treceava potencia, según el PIB, del mundo tenga esas tasas de pobreza: 12,3 millones de pobres en un país de 47 millones? Ustedes mismos, pero yo no sacaría pecho; todo lo contrario, haría autocrítica, mucha autocrítica, y sería mucho más humilde, porque realmente alguien que nos pueda estar escuchando se puede sonrojar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Es evidente, empíricamente irrefutable que el gran agujero que tiene esta medida -sin duda, el mayor- para combatir la pobreza y la desigualdad -no lo decimos solo nosotros, sino también el propio relator de la ONU y se ha hablado en esta Comisión anteriormente- son las personas en situación administrativa irregular. Sé que las competencias son amplias y que tocan diversos ministerios, pero esto hay que solucionarlo. Se trata de seiscientas mil personas que van a dar al traste estadísticamente con gran parte del trabajo, y no voy a entrar en la cuestión económica, que siempre se pone sobre la mesa y qué es real, de los ingresos que supondrían a la Seguridad Social, cotizaciones y demás, porque no quiero. Creo que es más importante y prioritario poner encima de la mesa no la cuestión económica -siempre lo justificamos con esta cuestión-, sino los derechos. Es una cuestión de derechos humanos para esas seiscientas mil personas, nuestros vecinos y vecinas, que trabajan en este país, que pagan


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impuestos indirectos en este país, que llevan a sus chiquillos y chiquillas al mismo colegio que nosotros a los nuestros. Bueno, depende de los casos, porque hay gente que intenta esquivarlos, pero la realidad es que comparten el espacio público con nosotros, comparten los barrios con nosotros, comparten las ciudades y los pueblos con nosotros, y por tanto sus vidas, y simplemente por el hecho de ser personas que viven, trabajan y producen en nuestro país, tienen todo el derecho del mundo a acceder a esta prestación.

Es más, esta reivindicación ya se está viendo a nivel mundial. En el día de ayer llegó a nuestro país esta reivindicación de lucha contra el racismo institucional, contra la xenofobia institucional y contra la violencia institucional. Y esto va mucho más allá. Violencia institucional no es solo que un policía te ponga la rodilla en el cuello hasta que te asfixia; evidentemente, es ese el caso más explícito de esa violencia. Violencia es también que mucha gente, en función de su procedencia y del color de su piel, se quede sin poder disfrutar de este maravilloso nuevo derecho que va a recoger nuestro Estado del bienestar. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario, les animamos a que empujen lo máximo posible para que estas 600 000 personas, estos 600 000 vecinos y vecinas nuestras, tengan los mismos derechos que los demás.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer.

La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por sus respuestas.

Le preocupa al portavoz del PNV cuál es la manera de proteger a los inmigrantes. Señorías, la mejor manera de proteger a los inmigrantes, la mejor manera de proteger a esta gente (muestra una fotografía en la que se ve a dos niños pequeños) es evitando que mueran en el Mediterráneo. Esta gente muere en el Mediterráneo porque unos políticos irresponsables se han puesto del lado de los multimillonarios; los multimillonarios que son los que pagan esas grandes fundaciones, esas grandes asociaciones y esas grandes ONG que, en connivencia con las mafias del norte de África, provocan toda esta crisis de tráfico internacional y de trata de seres humanos. Señorías, hace tiempo -y también se lo digo puntualmente al señor Rodríguez, de la formación de Podemos- que han abandonado ustedes a la gente. Hace mucho tiempo.

Le preocupa también al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya el efecto salida. A mí me preocupa muchísimo el efecto salida de empresas de Cataluña que ha provocado todo el delirio separatista. Me preocupa muchísimo. (Rumores.-Protestas).

Y en cuanto al efecto llamada, no hace falta debatir mucho, basta irse a las redes sociales. El efecto llamada existe. (Muestra una tabla en cuyo encabezamiento se lee: "Ingreso mínimo vital"). Las redes están inundadas ahora mismo de explicaciones en árabe sobre el ingreso mínimo vital. (Muestra un documento escrito en árabe). En muchas redes, con muchos destinatarios de los países del Magreb y del norte de África. Niega usted también que sean los mejores Estados del bienestar los que procuran un mayor efecto llamada. Bueno, eso no es lo que dicen los youtubers. No es solo uno, hay decenas de vídeos. (Muestra dos fotografías en las que se ve al mismo hombre aparentemente hablando a cámara). En concreto este afirma que el ingreso mínimo vital será compatible con otra ayuda. Por ejemplo, en el País Vasco, si tienes hijos -muchos hijos, tres hijos-, con los suministros para ellos puedes llegar a obtener 1200 o 1250 euros, un total de 2265 por pareja -realmente no es cierto, pero él lo explica así-, mientras la persona que está trabajando en la agricultura, en el campo entre nosotros en Almería, trabaja por 800 o 900 euros. Señorías, de verdad que no sé en qué mundo viven ustedes. Casi cuatro millones de personas que nos han votado comparten esta visión, y además la sufren, señorías. Creo que realmente haríamos un favor a todos estas personas que mueren en el Mediterráneo y salvaguardaríamos mejor sus vidas si realmente aplicáramos una política responsable con respecto a nuestros vecinos, como acabo de decir. Nuestros vecinos demandan una ayuda en origen. Aunque quisiéramos, no podemos atenderles. África no cabe en Europa. Hay que ser responsables, porque no tenemos para todos y tampoco tenemos para los que aquí lo están pasando mal.

Por lo tanto, desde VOX queremos reafirmar nuestro compromiso con los vulnerables, ponernos del lado de todos los que están muriendo en el Mediterráneo -¡basta ya!- para que pare esta hemorragia de la dignidad humana de todas estas personas que están siendo utilizadas por los multimillonarios. Queremos proteger a los humildes y a todos los que están sufriendo. Señorías, no estamos en contra de un ingreso mínimo vital.


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El señor PRESIDENTE: Señora De Meer, tiene que acabar.

La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señor presidente.

No estamos en contra de un ingreso mínimo vital, sino de esta manera de plantearlo. Esta manera de plantearlo consideramos que no obedece a la justicia social.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Angulo.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, señor presidente.

Yo me quería centrar en hablar del ingreso mínimo vital y de las políticas de empleo, porque le aseguro que nosotros sí que nos lo hemos estudiado muy bien. No era mi intención entrar en otros debates, pero me va a permitir el ministro que diga que nosotros, como consideramos que la mejor política social es el empleo, claro que nos sentimos orgullosos de haber cogido un país con 3 millones más de parados, y sobre todo con mucha gente sin ninguna esperanza, y habérselo dejado con 3 millones más de empleos y casi 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, gracias a unas políticas económicas, sociales y laborales que devolvieron la dignidad y la independencia a millones de españoles. Y mire si será una buena política laboral que la propia vicepresidenta del Gobierno, que no es de mi partido, ha dicho que sería una irresponsabilidad derogarla -y me alegra ver que el ministro de Seguridad Social comparte esa opinión-. Si quiere comparamos, señor ministro, pues usted también ha nombrado a una comunidad autónoma. Yo veo que según el Informe Arope de 2019, la población en riesgo de pobreza en el año 2019 de media nacional estaba en el 21,5 %; Madrid en el 19 %; Extremadura, treinta y cinco años de Gobierno socialista y en el 44,6 %, y les aseguro que los extremeños no tenemos menos dignidad ni somos menos trabajadores que los madrileños o que otra gente. Por tanto, claro que influyen las políticas de los Gobiernos.

También quería contestar al señor de ERC, porque para dar lecciones hay que empezar por dar ejemplo. Cuando las ONG y las entidades de Cataluña denuncian que Cataluña es la población con el índice más alto de pobreza infantil por las pocas medidas (protestas por parte del señor Salvador i Duch), por las pocas políticas que el Gobierno regional destina a esto y se gasta el dinero en embajadas y en referéndums ilegales, por lo menos al Partido Popular lecciones ninguna. (Aplausos).

Termino, señor ministro. En cuanto a la gestión, de verdad le digo que yo sé -ya le digo que he estado veinte años en un ayuntamiento, algunos de ellos gobernándolo- de la voluntad de los ayuntamientos para gestionar todo lo que tenga que ver con las políticas que favorezcan a sus ciudadanos, pero entienda que no pueden seguir asumiendo competencias que no les son propias sin dinero. Pueden llegar ustedes a colapsar los servicios sociales si no destinan dinero a ese fondo. Le aseguro que ese dinero que ustedes destinen a ayudar a los ayuntamientos, a esa gestión, va a tener un retorno en que esas personas puedan cobrar antes esa prestación. No cometan el mismo error que han cometido con los ERTE. Ustedes han visto que estaban desbordados y, si no tengo malas noticias, han tenido que contratar los servicios externos de Tragsatec. Si ustedes ya están sufriendo en sus propias carnes -permítanme la expresión- ese desbordamiento ante la multitud de solicitudes, por qué no se dan cuenta de que van a cometer lo mismo con los ayuntamientos. Por lo tanto, destinen recursos, un fondo específico para esto.

Termino, señor presidente, simplemente con una cuestión a la que no pude referirme antes, por falta de tiempo, relativa a la gestión de su ministerio durante la crisis del COVID. Lo hemos pedido por escrito, pero todavía no se nos ha contestado y aprovecho su generosidad. Se refiere a la situación y al protocolo que ha aprobado su ministerio para la atención a las personas que en situación irregular hayan llegado durante el estado de alarma a nuestro país. Nosotros queremos saber qué protocolos se han seguido para garantizar la salud y la seguridad, tanto de esas personas como de los profesionales que trabajan con ellos y los atienden, en qué condiciones de dignidad se les está atendiendo y, por ejemplo, qué ha pasado con el caso del traslado de esos inmigrantes que han llegado a Soria. Luego se ha comprobado que estaban contagiados de COVID y, por lo tanto, ha debido de fallar el protocolo, si es que habían establecido alguno. Me gustaría que nos diera alguna explicación sobre eso.

Muchas gracias, presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Baños.


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La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente.

No sé por dónde empezar ya contestando a los grupos parlamentarios. Voy a empezar por la señora del Grupo Popular, que ha sido la última en intervenir. Quiero decirle que la reforma laboral por sí sola no fue la que creó los empleos, sino que fueron otros tipos de inercias las que los fueron creando. Además, los empleos que creó fueron precarios, y ya hemos visto los efectos de los empleos precarios: cantidad de personas pobres, aun siendo trabajadoras, y que los pensionistas hayan tenido que ayudar a los propios hijos, aun teniéndolos trabajando. Y eso no lo digo yo, ni es ningún invento. De hecho, le vuelvo a leer lo que dijo el relator de la ONU: los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa ha sido la decisión política de la última década. Quiero resaltar que, entre 2007 y 2017, los ingresos del 1 % más rico crecieron un 24 %, mientras que los del 90 % restante subieron menos de un 2 %. Estamos hablando de que ustedes, cuando gobiernan, siempre lo hacen para los mismos (rumores), y eso es lo que se ve en la última década, gracias a su reforma laboral, y por lo que ustedes sacan pecho. (Protestas). Yo no le he interrumpido. Por favor, si es tan amable.

La señora del Grupo VOX habla de lástima, de la gente que muere en el Mediterráneo. Tengo que decirle que eso es gracias a Gobiernos como el de Salvini, y su líder político apoya de forma explícita que sea así. También habla del efecto llamada que existe en las redes, de vídeos de magrebíes, de que las redes dan mucho miedo. A mí también me da mucho miedo lo que está pasando en las redes cuando determinados líderes políticos, que se sientan en el hemiciclo de este Parlamento, felicitan a Donald Trump directamente, elogiando su postura, con lo que tiene en su país.

Voy a centrarme en el tema del que hemos venido a hablar, para que no se quede donde ustedes quieren llevarlo, y sea un tema que desaparezca como si no fuese algo importante. Estamos ante un derecho de la ciudadanía que en España no se ha conocido. Estamos hablando de que va a sacar de la pobreza a casi tres millones de personas que viven en este país; estamos hablando de que se va a financiar con los Presupuestos Generales del Estado; estamos hablando de que vamos a inyectar 3000 millones de euros a la economía para pagar necesidades básicas, para pagar alquileres, para pagar recibos de luz, y de que ese dinero se va a quedar en este país generando más riqueza, porque no creo que ninguna de esas rentas, de esos ingresos mínimos vitales vaya a llegar a ningún paraíso de Suiza ni a evadir ningún tipo de impuesto.

Debemos dejarnos de ideologías políticas cuando hablamos de cosas tan serias como la xenofobia o el racismo; no debemos confundir de forma malintencionada, con fake news, con bulos, la trata con el tráfico ilegal, sembrando el miedo. Hay que dejar de considerar que el inmigrante, por el hecho de ser de otro color o por venir de fuera, es malo para este país, cuando los inmigrantes que vienen a este país, vienen a trabajar y, además, son personas jóvenes, por lo general, que tienen cuerpos fuertes y potentes y, por tanto, utilizan menos al Estado y gastan menos del Estado que lo que ellos reciben. Tenemos que tener una mente moderna, como el país moderno que somos, y dirigirnos a las personas que vienen de fuera con otro respeto. Vienen a formar parte de la riqueza de este país. Este no es un país viejo, rancio o en blanco y negro. Este país ha cambiado, es un país abierto y moderno, en el que cabe todo el mundo. Y con esta medida -termino, presidente- tenemos la gran oportunidad de sumarnos todos y contribuir con este derecho de ciudadanía a hacer ya la cuadratura del círculo del Estado del bienestar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Baños.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muy brevemente.

Cosas muy puntuales. Quería decir que a la hora de reflexionar sobre el sistema de rentas mínimas que hay en España es muy importante hacerlo desde el punto de vista de la movilidad del mercado de trabajo. Que existan rentas mínimas en las comunidades autónomas y no exista una renta mínima nacional genera un problema potencial de movilidad en el mercado de trabajo, porque uno solo tiene derecho a la renta mínima de la comunidad autónoma y, si se va, la pierde. Entonces, ante determinadas circunstancias de búsqueda de trabajo potencial, la existencia del mínimo nacional es una consideración adicional cuando uno habla del funcionamiento del mercado de trabajo; es decir, da pistas de dónde están los problemas de las grandes diferencias que hay de tasa de paro en España, que es un tema complejo y en el que conviene que todos seamos humildes. En España se ha dado una situación que los economistas llamamos cíclicamente neutral. En el año 1989 teníamos un 14 % de paro. Tuvimos un ciclo completo y


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hacia el año 2000, más o menos, volvimos a tener una situación similar. ¿Cuál era la tasa de paro? El 14 %. A continuación, tuvimos una mejora que siguió hasta lograr una situación mejor en 2008, donde tuvimos una tasa de paro, me parece, del 8 %. Pero, después, volvimos otra vez a subir y llegamos a una situación cíclica neutral en el año 2018, con tasa de paro del 14 %; en los años 1989, 2000 y 2018 la tasa de paro fue del 14 %, que es una tasa de paro inaceptable; y ahí ha habido vaivenes, gobiernos de todo tipo para arriba y para abajo.

La realidad es que todos tenemos que reflexionar sobre por qué España tiene este nivel de paro estructural, con gobiernos de todo tipo, con ciclos para arriba y para abajo. Cuando uno elimina los elementos cíclicos, que son muy importantes en la creación de empleo en España, y se centra en los factores estructurales y limpia los ciclos para arriba y para abajo, los economistas y los expertos tenemos un problema, porque no es evidente cuáles son los elementos clave que explican que tengamos esta tasa de paro tan estructural. Tenemos un problema sobre el que tenemos que reflexionar todos; no hay varitas mágicas ni las ha habido en ninguna reforma ni en ninguna modificación laboral. Tenemos que seguir trabajando, entre todos, con los agentes sociales para buscar un consenso, que no lo hay; pero es que esto es así.

Y para que vean lo que son estas cosas, en Alemania hicieron varias reformas a principios de los años dos mil, las reformas Hartz I-IV, hasta la cuarta. Ahora, quince años después, empezamos a tener ya evaluaciones finas de lo que supusieron las reformas -en aquel momento del Gobierno socialdemócrata alemán, que después han mantenido los gobiernos democristianos posteriores- y se han empezado a tener valoraciones con perspectiva laboral sobre si aquello ha mejorado o no el mercado laboral. Al final, tienden a concluir que introdujeron más flexibilidad, mayor precariedad, los mini job, etcétera; que en Alemania, probablemente, se haya creado empleo con aquellas reformas que se hicieron en el año 2002 o 2003, pero también existe cierta percepción de que -aquí no hay nada gratis- han supuesto un cierto debilitamiento del nivel salarial en colectivos de la población alemana. Esto es lo que hay que mirar. Las cosas nunca son blancas o negras; son abiertas. Por eso, cuando oigo hablar de la reforma laboral, me parece que tenemos que ser todos contenidos, porque España tiene un problema estructural del mercado de trabajo y de creación de empleo que trasciende todo tipo de políticas y de situaciones.

En cuanto a los ayuntamientos, nosotros no estamos imponiendo ninguna obligación a nadie. Esta ley no impone ninguna obligación a ninguna otra Administración; simplemente, le invita a cooperar y a llegar a acuerdos, y le genera incentivos a la cooperación. A lo mejor, puede pensar que no son suficientes, pero, claro, en España, los ayuntamientos han tenido en los últimos años un superávit, de media, de 5000 millones de euros, que no son pocos, que les han permitido acumular depósitos en los bancos por 30 000 millones. Esa es la situación de los ayuntamientos españoles. Lo que hace esta norma es decirles que hagan una modificación normativa para que a cualquier ayuntamiento que quiera reforzar sus aparatos administrativos -capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, lo que ustedes me digan- para trabajar en el ingreso mínimo vital y llegar a un acuerdo con nosotros, le quede eximida la regla de gasto, que ha sido el mecanismo que ha generado ese superávit tan grande. Porque los ayuntamientos, aunque claramente han tenido más ingresos -porque si no, no sería así- que otras administraciones, no los han podido gastar porque les limitaba la tasa de crecimiento de la regla de gasto, que venía marcada en la Ley de Estabilidad y las disposiciones secundarias. De esto les hemos liberado a los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda ha estado de acuerdo. Empecemos por ahí; empecemos por ver si los ayuntamientos, de sus superávits corrientes y de las holguras de ingresos, pueden utilizar algo para reforzar esos aparatos administrativos. Si llegamos a la conclusión de que no es suficiente, podemos seguir hablando.

Y respecto a lo que me ha planteado sobre los problemas que está habiendo con las personas que están llegando, sobre todo por mar, y que entiendo que están acogidas, existe un protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones que establece las condiciones y que tiene en cuenta varias circunstancias. Una circunstancia es que no en todos los sitios donde uno llega -a lo mejor en Canarias sí, pero en otros no- tenemos capacidad para hacer cuarentena. Por lo tanto, se establece que para aquellos casos que sean asintomáticos, es decir, que en la primera inspección no hayan dado síntomas compatibles con el coronavirus, la cuarentena se hará en el punto final, como ocurre con otras condiciones respecto a gente que viene de fuera. La cuarentena no se puede hacer allí, porque allí no hay donde hacer la cuarentena; la cuarentena se hará en el punto final de acogida que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene establecido por toda la geografía española. Y ahí, si aparecieran síntomas, el protocolo sigue, se hacen las pruebas y ya entra la sanidad de la comunidad autónoma correspondiente, que es exactamente lo que pasó en el caso de Soria. Probablemente en el trayecto era asintomático,


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cuando llego allí se detectaron los síntomas e inmediatamente fue aislado y entró en marcha la sanidad de la comunidad autónoma.

Yo creo que el protocolo está bien hecho, el protocolo tiene en cuenta las distintas circunstancias y tenemos, además, una trazabilidad perfecta. Esto del coronavirus tiene mucho que ver también con la trazabilidad. En el caso del que estamos hablando realmente hemos podido saber con quién estuvo esa persona, el conductor del autobús que lo llevó, las personas con las que estuvo en contacto. A todas las personas con las que estuvo en contacto ese único caso las hemos podido identificar para evitar cualquier extensión. Eso es lo que le puedo contestar sobre esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ AIZCORBE TORRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE ALCANCE DEL TRASPASO DE COMPETENCIAS DEL ESTADO AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 181/000018).

El señor PRESIDENTE: Vamos con las preguntas del diputado Aizcorbe. Saben que tiene cinco minutos el interviniente, cinco minutos el ministro, y una réplica cada uno.

El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.

Procuraré ser breve porque, efectivamente, es como si volviéramos atrás en el tiempo. Estas preguntas fueron hechas en febrero, se tenían que sacar -por eso vienen ahora-, y como supongo que será algo recurrente de aquel tiempo, tendremos ocasión de ir profundizando en ello. Espero que no sea todo tan rápido como cuando dijo que la renta mínima vital se tenía que hacer muy bien porque había fracasado en muchos países y que lo haríamos con tiempo, y salimos de la Comisión y nos encontramos con que al día siguiente se iba a anunciar; creo que ya arreglaron el problema con su socio de Gobierno, el señor vicepresidente segundo.

Efectivamente, mi pregunta es sobre el alcance del traspaso de competencias del Estado al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a la Seguridad Social. Este anuncio se hizo; salvo mejor noticia que tenga usted -que, sin duda, la tendrá-, el tratamiento de todo ello ha quedado demorado para diciembre de 2021 y supongo que tendremos noticias, pero es importante apuntar una serie de cosas que no por conocidas está de más reiterar. Nos sorprende que este acuerdo se haya realizado fuera del ámbito del Pacto de Toledo, ya que, al tratarse de la Seguridad Social, es algo muy delicado que tendría que formar parte de un gran consenso, y parece ser que no es así. Nos gustaría saber si va a ser así, si es la intención del Gobierno en su negociación con el Partido Nacionalista Vasco, que, sin duda alguna, son los mejores negociadores de esta Cámara. Yo me he sorprendido, porque con el poco tiempo que llevo, uno queda prendado de la capacidad que tienen de conseguir cosas, pero, bueno, tendrán su mérito, sin duda.

Como todos sabemos, esto afecta a las famosas competencias del Estado del 149 de la Constitución española, concretamente del 149.1.17. Además, la propia Constitución señala -y el Tribunal Constitucional lo ha destacado en las diversas sentencias que se han ido produciendo- que el traspaso de todo lo relativo a la Seguridad Social ha de ser limitado, sobre todo en aquello que afecta a los aspectos de régimen económico. Todos sabemos que la Seguridad Social funciona bajo el principio de solidaridad financiera y por eso nos preocupa lo que pueda suceder. Concretamente, sentencias del Tribunal Constitucional hablan de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de la Seguridad Social para todos los ciudadanos. Hace mención al artículo 41 de la Constitución, que antes ha comentado, que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y los deberes en materia de Seguridad Social.

Así pues, estamos hablando de sostenibilidad financiera y estamos hablando de caja única. Parece ser que, a priori, este pacto podría significar, irremediablemente, el comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional, y de ahí que se tenga que explicar muy bien lo que esto supone porque, además, tenemos la experiencia de lo que ha sucedido en disfunciones anteriores con las comunidades autónomas. Usted lo ha dicho en su intervención anterior, no sé si de forma inconsciente, no inconsciente o muy consciente; ha dicho que partíamos de un mal inicial, que era el tema de la corresponsabilidad o las competencias compartidas con las comunidades


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autónomas. Lo ha dicho así y, efectivamente, nosotros consideramos que es mal del que partimos. Estamos muy preocupados porque todo ello podría significar algo que afecta al bienestar de todos los españoles, en conjunto, por tratarles de forma distinta dependiendo de donde estén o a dónde vayan.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Entiendo que esta pregunta no se refiere al ingreso mínimo vital, sino que es de carácter general, porque ya he contestado lo que hace referencia a la particularidad que tienen el País Vasco y las Haciendas Forales en la gestión del ingreso mínimo vital en lo que tiene que ver con los cruces de renta y patrimonio de los potenciales beneficiarios.

No sé si usted se está refiriendo al acuerdo entre el Gobierno y el Gobierno vasco sobre el calendario de competencias, que introduce un último punto en el que se establece, a partir del verano del año 2021, la posibilidad de hablar sobre la gestión de la Seguridad Social. Ahí lo único que se dice es que se iniciarán estudios sobre ese elemento y, desde luego, en ningún caso hace referencia a nada que tenga que ver con la caja única ni con el régimen único de la Seguridad Social que, como usted bien ha explicado, está lo suficientemente asentado no solamente en la Constitución, sino en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con la gestión -y ahora voy al tema en cuestión-, y cuando hablamos de la gestión, vuelvo a decir lo que decía antes, y es que a los ciudadanos lo que les importa es quién gestiona mejor las cosas. Es decir, que hay cosas que se gestionan mejor desde la proximidad, como es el caso de los ayuntamientos, de los que hablábamos antes, que gestionan algunas cuestiones de asistencia social y de protección social mejor que nadie, porque son los que están más cerca de los ciudadanos; hay otras competencias que se gestionan mejor a nivel intermedio, como son las comunidades autónomas, y después hay otras competencias que tienen que estar reservadas para el Estado. Por tanto, yo creo que siempre tendremos que evaluarlo desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia en la gestión.

Desde mi punto de vista, en España -y eso es una realidad-, las pensiones, si estamos hablando del componente contributivo, se pagan y se reconocen con una puntualidad extrema y sin ningún tipo de queja por parte de los ciudadanos. La Seguridad Social gestiona todo esto de una forma ejemplar en todo el territorio, y esto tiene que ser una consideración fundamental cuando hablamos de gestión. La caja única y el régimen de solidaridad que implica, eso ni siquiera está bajo discusión.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Por dos minutos y medio, tiene la palabra el señor Aizcorbe.

El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias.

Insistimos, porque no debe formar parte de una negociación bilateral. Entendemos que se debe hablar dentro del Pacto de Toledo. Creemos que ello podría generar la dificultad que han reconocido el Gobierno y el Gobierno vasco que supone ese traspaso, pero en ningún caso puede significar la creación de desigualdades entre los españoles, en virtud del artículo 14 de la Constitución española. Como tendremos oportunidad de seguir escuchando explicaciones y de ver la letra, esperamos que esta igualdad entre los españoles no se trunque, al menos en este tema relativo a las pensiones, en virtud de estos traspasos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señor Aizcorbe, permítame una pequeña maldad, entre comillas. El origen de toda esta discusión con el Gobierno vasco tiene que ver con que en el Estatuto de Gernika viene reconocida la posibilidad de que ciertas prestaciones de la Seguridad Social se gestionen en el País Vasco. ¿Sabe en cuántos estatutos de autonomía figura lo mismo, incluso en algunos de ellos con redacciones más exigentes que la del País Vasco? En unos cuantos. Ustedes tienen la capacidad, y tienen mayorías en algunas de esas comunidades autónomas para promover cambios en sus estatutos de autonomía para que eso no ocurra. Si usted promoviera eso en algunas comunidades autónomas donde apoya a determinados Gobiernos, a lo mejor la próxima vez que hablemos le felicito.


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- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ AIZCORBE TORRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI DESINCENTIVAR LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS ES LA ESTRATEGIA MÁS ADECUADA PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA AL ALCANZAR LA JUBILACIÓN. (Número de expediente 181/000053).

El señor PRESIDENTE: Para plantear la siguiente pregunta tiene la palabra el señor Aizcorbe.

El señor AIZCORBE TORRA: Señor ministro, la siguiente pregunta es la relativa a la opinión del Gobierno acerca de si desincentivar los planes de pensiones privados es la estrategia más adecuada para garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía al alcanzar la jubilación. Esto viene a raíz de una declaración que hizo usted el 5 de marzo, cuando compareció ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y anunció una reforma sustancial de la Seguridad Social basada, según las noticias, en tres pilares. Uno de estos pasaba por la reforma de los planes de pensiones de empresa, que a su vez implicaba desincentivar los planes de pensiones individuales, es decir, incentivar los planes de pensiones colectivos en detrimento de los individuales. Concretamente, dijo: Para incentivar estas pensiones complementarias, el Gobierno está dispuesto a ir desplazando la actual fiscalidad positiva de los planes de pensiones individuales hacia los planes de empresa. El ministro no avanzó detalles, pero sí dijo que este cambio lo diseñará el Ministerio de Hacienda, que usará la evaluación de estos incentivos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef ¡qué tiempos!, y para usted, señor ministro, los incentivos fiscales de los planes individuales son regresivos. Es decir, los declarantes de IRPF con rentas superiores a 60 000 euros, que es el 3,9 % del total, se benefician del 41 % de estas ayudas, según indicaron técnicos de Hacienda.

Ante el invierno demográfico en el que nos encontramos, ante la baja natalidad, la cual reducirá sin duda el número de cotizantes, pudiéndose producir una insostenibilidad del sistema de pensiones, habrá que ir buscando nuevas fórmulas para que aquellos que tengan capacidad de ahorro o que puedan ahorrar, puedan tener una vejez digna. Por eso, es una pena que hoy estemos hablando de cómo repartir la miseria y no seamos capaces -en el futuro, Dios quiera- de ver cómo podemos engrandecer la riqueza de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Así pues, invierno demográfico, parece ser que desincentivación fiscal de los planes de pensiones, es decir, no tener las ventajas fiscales que pueden suponer tener ahorro. En definitiva, queríamos que nos explicase cómo y de qué forma tiene pensado hacer este cambio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, señor Aizcorbe.

Estamos todavía esperando -probablemente por el parón de actividad que ha supuesto el coronavirus- la evaluación que está haciendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cuando la tenga terminada o cuando se difunda, podremos saberlo por una instancia independiente y objetiva. En este tema hay muchos intereses creados. Por tanto, hay que esperar siempre las evaluaciones independientes y objetivas. Creo que ahí hay varias consideraciones. Una es la que yo indiqué, que es la regresividad o no que tenga este beneficio fiscal. Sí se sabe, por datos públicos, que está muy concentrada en las rentas más altas, y eso ya es un indicio. Y hay que preguntarse si son esas rentas más altas las que realmente necesitan la pensión complementaria. El País Vasco tiene un modelo distinto de fiscalidad que propicia mucho más los planes complementarios de empresa -realmente es un modelo más anglosajón-, en el que se dice: si en una negociación colectiva la empresa pone 1 euro, el trabajador pone 1 euro -simplificando mucho-, entonces la Administración pública pone 1 euro. Eso ha producido una capacidad de generar pensiones en rentas bajas y medias que en el resto de España no existe. No hemos tenido la capacidad de hacerlo que ha tenido el País Vasco con ese modelo, como también lo tiene el Reino Unido, por ejemplo. Ese modelo de incentivos ha generado, probablemente, una mayor utilización de los recursos públicos, que es un beneficio fiscal, una renuncia a unos ingresos para propiciar que realmente se generen -estoy de acuerdo con usted- esas pensiones complementarias en aquellos que a lo mejor no tienen una gran capacidad de ahorro, pero que, con un estímulo, tienen capacidad de poner en marcha ese ahorro adicional y tener una pensión complementaria. Lo que a lo mejor ocurre en España


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-veremos lo que dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- es que eso está concentrado en personas que, probablemente, por su nivel de patrimonio y de renta, no necesitan una pensión complementaria por ese canal y simplemente están utilizando un producto financiero que genera una capacidad de arbitraje en el tiempo entre tipos impositivos. Utilizan esa capacidad de arbitraje entre tipos impositivos, los que tienen hoy frente a los que tendrán en el futuro cuando estén jubilados, pero parece que no está generando -veremos qué dicen Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- lo que realmente es importante en el caso de los beneficios fiscales para los planes de pensiones, que es más ahorro y más ahorro a largo plazo. Si generara más ahorro y más ahorro a largo plazo, el beneficio fiscal estaría bien definido, pero si, al final, se sustituye una forma de ahorro por otra porque esta está privilegiada fiscalmente, no estás haciendo nada; estás renunciando a ingresos públicos, pero, desde el punto de vista de la generación agregada macro de ahorro, no has conseguido nada. Esto es lo que nos tiene que aclarar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Después hay algo que sí sabemos. Sabemos, por ejemplo, que los planes de empresa en el País Vasco, probablemente por la capacidad que tienen de negociación con los intermediarios financieros, tienen comisiones del 0,3 o 0,4. ¿Cuál es la comisión media en un plan de pensiones individual en España? Muy alta, ¿verdad? ¿Tan alta como cinco veces el 0,3? A lo mejor sí, a lo mejor es del 1,4 o del 1,5. Es una barbaridad, es un producto carísimo. Precisamente por ser un producto carísimo, solo les puede interesar a aquellos que están en la parte alta de rentas y se benefician, particularmente, de la capacidad de arbitraje entre los tipos marginales actuales y los que tendrán a la hora de la jubilación. Este es, a lo mejor, el problema. Quizá tenemos que plantear lo siguiente: si el Estado renuncia -estoy hablando de memoria porque no tengo aquí los datos- a 1500 millones de euros de beneficios fiscales, o a una cantidad de ese tipo, ¿qué parte de esos 1500 millones se quedan en ese exceso de comisiones y en dónde terminan? Ese es el tipo de reflexiones que nos tenemos que hacer cuando valoramos una política pública y un beneficio fiscal. El gran problema de España es que tenemos más beneficios fiscales que nadie en el mundo o por lo menos en Europa -solo Italia está con nosotros-, ya que tenemos beneficios fiscales de entre 70 000 u 80 000 millones de euros. Por eso nuestra base fiscal es baja. La principal razón es que renunciamos a 80 000 millones de euros. Y lo que tenemos que plantearnos en cada beneficio individual es: ¿cumple los objetivos para los que estuvo diseñado? ¿Cumple los objetivos de progresividad o los efectos económicos que uno buscaba? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Esa es la pregunta y este caso concreto es un ejemplo buenísimo; es un ejemplo buenísimo para esperar a ver los resultados de la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y reflexionar sobre si con ese dinero público se puede hacer algo distinto que genere verdaderamente ahorro a largo plazo y concentre, además, mayores pensiones en aquellas personas a las que pensamos que hay que generar incentivos porque realmente necesitan una pensión complementaria. Como todavía no tenemos el estudio, seguimos especulando. Yo tengo algunas ideas y algunas intuiciones, pero vamos a ver.

El señor PRESIDENTE: Señor Aizcorbe.

El señor AIZCORBE TORRA: Seré breve.

Intentaré devolverle la maldad con poca maldad.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Va a ser bastante mala, creo.

El señor AIZCORBE TORRA: Espero que las ideas sean compatibles con las ideas de sus compañeros. Imagínese usted por un momento un matrimonio de mediana edad, en el que el marido y la mujer tienen la capacidad de ahorrar 200 euros cada uno y que usted fuera empleado de un gran banco, por ejemplo del BBVA...

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Por ejemplo. (Risas).

El señor AIZCORBE TORRA: ¿Le aconsejaría a ese matrimonio seguir con un plan de pensiones privado o le aconsejaría otra cosa?

Muchas gracias. Como verá, la maldad ha sido mínima.

El señor PRESIDENTE: Puede responder.


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El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): No hace falta. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por no responder con otra maldad.

Antes de acabar, una reflexión muy rápida. Creo que muchas veces desde la calle la ciudadanía tiene la sensación de que el legislador o los legisladores y legisladoras estamos alejados de lo que sucede o de lo que preocupa en el día a día de la gente. Creo que, más allá de las diferentes posiciones, hoy hemos debatido sobre una cuestión que le preocupa, y mucho, a la ciudadanía en el día a día. Pienso que es positivo que, más allá de las diferentes posiciones, haya un consenso sobre la necesidad de acabar con la desigualdad y combatirla; que haya un consenso para tratar de buscar medidas que ayuden a la justicia social y a una mejor redistribución de la riqueza. Si me permiten -cada uno tendrá su biografía-, yo hace veinte años participaba en debates en los que discutíamos sobre rentas de garantía y este tipo de cuestiones, y para mí es un placer ser presidente de esta Comisión.

Les doy las gracias. Levantamos la sesión.

Eran las ocho de la tarde.

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