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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 51, de 05/03/2020
cve: DSCD-14-CO-51
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 51
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MAGDALENA VALERIO CORDERO
Sesión núm. 2
celebrada el jueves,
5 de marzo de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ... (Página2)

Comparecencia del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte), a petición propia, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 214/000026) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.

DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001).

La señora PRESIDENTA: Muy buenos días a todas y a todos.

Da comienzo esta primera sesión del plenario de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Les traslado las disculpas del vicepresidente segundo de la Mesa, que ha tenido una complicación y al que en media hora tendremos con nosotros. Como hay quorum, damos comienzo ya a la que va a ser también la primera comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta Comisión del Pacto de Toledo.

No obstante, antes de dar paso a la comparecencia del ministro, el señor Escrivá, tenemos otro punto inicial en el orden del día, consistente en la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Tal y como se ha venido realizando en anteriores legislaturas, la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado 18 de febrero, acordó proponer que dicha delegación se llevase a cabo de forma condicionada, de modo que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no se produce por unanimidad, se elevará a la Comisión en pleno la adopción de la decisión final sobre la misma.

¿Se puede dar por aprobada por asentimiento de la Comisión esta propuesta de delegación en los términos indicados? (Asentimiento). Queda aprobada por asentimiento la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983 en los términos antes indicados.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (ESCRIVÁ BELMONTE), A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA LA PRESENTE LEGISLATURA EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 214/000026).

La señora PRESIDENTA: Vamos ya al segundo punto del orden del día, que, como les comentaba, es la celebración de la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a petición propia, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

A efectos de ordenación del debate, hago saber a sus señorías que la sesión se abrirá con la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sin límite de tiempo; a continuación, intervendrán los portavoces o las portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto -tendrán siete minutos cada uno en su intervención inicial-; tras ello, intervendrá de nuevo el ministro para responder a las cuestiones planteadas por los anteriores intervinientes y, en su caso, podría haber un nuevo turno de portavoces por tiempo no superior a tres minutos cada uno, tras lo cual podría de nuevo, por supuesto, intervenir el ministro compareciente, que, como saben ustedes, en todas sus intervenciones podrá hacerlo sin límite de tiempo.

Sin más dilación, le paso la palabra al señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, es para mí un honor y un placer comparecer hoy ante ustedes en la Comisión del Pacto de Toledo. Esta es una Comisión histórica, que cumple ahora veinticinco años y que a lo largo de su historia ha demostrado en varias ocasiones ser un ejemplo a través del cual se puede llegar a consensos y acuerdos y sacar temas tan sensibles, tan importantes, como el de las pensiones del debate partidista. Por eso, creo que es una Comisión que debe tener el reconocimiento de todos nosotros y espero, en mi comparecencia de hoy, poder darles elementos de juicio y posiciones del Gobierno que puedan ayudarles en los trabajos que empiezan, de hecho, inmediatamente. (Apoya su intervención en un powerpoint).

El punto de partida de mi presentación -me guiaré por esta presentación de powerpoint- es recordarles que ya hace una semana comparecí ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social


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y Migraciones y ahí planteé cómo nuestra labor en el ministerio podría girar en torno a la consecución de tres grandes consensos nacionales: políticas inclusivas, migración y, por supuesto, pensiones. Este último es el tema que me ocupa hoy: cómo conformar un gran consenso por las pensiones en España, que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, elimine -esto es muy importante- la incertidumbre que hemos instalado en nuestros pensionistas y les devuelva la confianza que deben tener en sus rentas futuras.

Permítanme darles tres elementos de diagnóstico. El primero es que la Seguridad Social es solvente en este momento; intentaré explicar por qué. El segundo es que a partir de mediados de la década en la que estamos va a haber un aumento del gasto por el envejecimiento demográfico; esto es indiscutible y es bastante predecible y, aunque es una situación que genera una presión al alza en el gasto de pensiones, es manejable con los instrumentos adecuados puestos en marcha. El tercero -esto es quizás lo más importante hoy- es que nos parece que el Pacto de Toledo es, por supuesto, el marco idóneo para eliminar esa incertidumbre de los pensionistas. De hecho -y ya empiezo-, el punto de partida -esto nos parece a nosotros muy relevante- es que hace en torno a un año el Pacto de Toledo estuvo a punto de llegar a un acuerdo; hay un borrador muy avanzado que era la base para el acuerdo. Nos parece que ese borrador, con todos los elementos que contiene, es un punto de partida excelente para desarrollar, a partir de él, con las recomendaciones que se puedan hacer al Gobierno, el modelo de pensiones del futuro: define bien los principios generales orientadores de ese nuevo sistema, inspira aquellas medidas de corto plazo que deben adoptarse para contribuir a eliminar la incertidumbre que hemos instalado en los pensionistas y, además, contiene los elementos suficientes para desplegar medidas para hacer frente a los retos demográficos de medio plazo sobre el sistema de pensiones.

Permítanme que empiece con este gráfico. Este es un indicador de la preocupación de los españoles por las pensiones -es lo que estamos midiendo en ese eje vertical- desde el año 1994, en el que hay algún dato puntual, pero estamos hablando de datos mensuales desde el año 2000. Desde el año 1993 o 1994 había ya una incertidumbre considerable sobre las pensiones, como reflejaban los españoles en sus encuestas, y en el año 1995 se produjo precisamente el primer acuerdo del Pacto de Toledo que contribuyó enormemente a remover esa incertidumbre, como se ve ahí, de tal forma que durante más de una década el nivel de preocupación de los españoles por las pensiones se mantuvo en niveles relativamente bajos hasta que desde hace unos seis o siete años -quizás algo menos, cuatro o cinco años- tenemos esa situación en la que estamos ahora, y en este momento estamos en máximos de preocupación, muy por encima de los niveles que había hace veinticinco años, cuando el Pacto de Toledo se inició. La pregunta que nos tenemos que hacer -y esto es un zum del gráfico anterior en la parte más cercana, que va desde 2014- es por qué tenemos esta gran incertidumbre instalada entre nuestros pensionistas o futuros pensionistas.

Una de las respuestas tiene que ver con que ha ido emergiendo un déficit en la Seguridad Social que en este momento, en 2018-2019, se situará en torno a 1,4 puntos del PIB -este es el déficit contable que emerge- y un deterioro del Fondo de Reserva desde el año 2012. Estos datos que van cayendo mes a mes y van divulgándose mes a mes sobre la debilidad, sobre el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social tienen un impacto enorme sobre la opinión pública. En este collage pueden ver distintos titulares a los que estamos todos acostumbrados, porque se publican recurrentemente y mes a mes, cada vez que salen los datos de déficit de la Seguridad Social. Esto lo tenemos detectado como una de las fuentes de la incertidumbre. Con esta catarata de noticias sobre la situación del sistema, no debe sorprendernos que los pensionistas, los futuros pensionistas y la opinión pública en general tengan esta visión tan preocupante sobre el sistema.

Las consecuencias de esta incertidumbre son verdaderamente inaceptables y creo que todos estamos de acuerdo en que es algo que debemos intentar eliminar y abordar con decisión y radicalidad. Primero, porque se está instalando una incertidumbre -y eso es lo que hace particularmente injusta la situación- sobre determinados colectivos. Dentro de los pensionistas tenemos colectivos muy vulnerables -en cualquier caso todos los pensionistas son vulnerables-, desde el punto de vista de que, si se genera incertidumbre sobre sus pensiones, sobre sus rentas futuras, que pueden ser veinte o veinticinco años hacia adelante, no tienen palancas para reconducirlas, frente a otros ciudadanos que, por su historial laboral, cuando tienen una situación de incertidumbre futura, al menos pueden intentar utilizar unas palancas u otras. Esto hace que sea particularmente injusto que se haya instalado esta incertidumbre sobre esta parte de la sociedad. Pero es que, además, esto no solamente genera inquietud y desazón, sino que conduce a tomar decisiones y lleva a comportamientos que no deberían darse. Por


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ciclo vital, cuando uno está ya al final de su vida lo que tiene que hacer es un patrón de ahorro menor y de consumo o de transferencias de renta a otras personas mayor, y lo que puede ocurrir y creemos que ocurre, como resultado de esta incertidumbre que hemos instalado, es que muchas veces los pensionistas toman decisiones financieras inadecuadas para el ciclo vital en el que se encuentran. Pero es que, además, esta situación de incertidumbre tiende a generar un círculo vicioso sobre los propios ingresos del sistema. Les quiero dar un dato: las anticipaciones de jubilaciones voluntarias que se pueden propiciar han ido aumentando en el tiempo y ya para el año 2019 son del 16 % de todos los jubilados, y es un dato creciente en el tiempo. Esta propensión a jubilarse anticipadamente, con los incentivos que existen, probablemente esté vinculada también a esta incertidumbre sobre pensiones futuras: me voy a jubilar antes no sea que...

Otro dato que les puedo dar para que veamos estos comportamientos inadecuados es que cuando uno mira al colectivo de trabajadores autónomos, que pueden optar por la cotización mínima, observa que un 85 % opta por ella, a pesar de tener ingresos muy superiores. La incertidumbre instalada sobre el sistema de pensiones sin duda está en la base de este comportamiento y hace que mermen los ingresos del sistema en este momento. Por tanto, por muchas razones, esta enorme incertidumbre es algo que hay que revertir con radicalidad y con decisión, y eso pasa, en primera instancia, por un acuerdo en el Pacto de Toledo y, además, por un acuerdo en el diálogo social. Por otro lado, esto genera desafección por el sistema. Hemos comprobado que en las últimas elecciones hay una tendencia de los pensionistas a abstenerse más que el resto de los españoles, y yo creo que la razón está aquí; por añadir una razón más de que estemos en una situación que no es deseable y que tiene un punto de arranque que es la falta de consenso que ha habido en los últimos años sobre cómo abordar el tema.

En este contexto, eliminar la incertidumbre y que se visualice la solvencia del sistema pasa, entre otras cosas, por atajar lo que yo llamo el déficit contable no económico del sistema. Para que lo vean ustedes, en este gráfico vamos a ir viendo el saldo de la Seguridad Social desde el año 2011 y cómo se ha ido generando ese déficit. La línea de abajo es cómo, al contrario de lo que ocurre con la Seguridad Social, ha ido mejorando el déficit de las administraciones públicas. Esto se ha producido en un contexto de mejora progresiva del saldo de las cuentas públicas pero deterioro de la Seguridad Social. Lo podemos ver de otra forma. Aquí tenemos el superávit de la Seguridad Social y esto que tenemos es el de la Administración central, la suma de las dos barras. Aquí lo podemos ver junto. Finalmente, si añadimos otra barra más, tenemos el déficit del conjunto de las administraciones públicas. Es decir, estamos en este momento en una situación en la cual, sin ser óptima, porque todavía no estamos en el equilibrio presupuestario, se ha producido un avance progresivo desde los niveles de déficit de la crisis hasta la situación actual. A pesar de que el déficit del conjunto de las administraciones públicas ha tenido esta mejora, estamos visualizando, por razones contables, una situación distinta en la Seguridad Social. Estamos trasladando la idea de que el déficit fundamentalmente está en la Seguridad Social, y eso tiene que ver sobre todo con algo que está bien identificado: se ha sobrecargado la Seguridad Social crecientemente a lo largo de los años con gastos impropios y con merma de ingresos. Pueden ver la lista de gastos que se financian con cotizaciones sociales y que en otros países no es así de numerosa; y aquí he puesto simplemente una lista, pero podría ser incluso más larga. Si hiciéramos una reordenación de gastos de la Seguridad Social y trasladáramos a la Administración central lo que realmente tiene que financiarse no con cotizaciones sociales, sino con impuestos o con deuda, tendríamos una situación muy distinta. Cuando desgranamos cuantitativamente esta lista, supera ampliamente el déficit de la Seguridad Social existente. Por tanto, este tema, que es más contable que otra cosa, está llevando a trasladar innecesariamente a los ciudadanos una visión inadecuada sobre la situación financiera de la Seguridad Social.

Además, el nivel de cotizaciones sociales que tenemos en España, 34 o casi 35 puntos, como ven en ese gráfico, está por encima de la media europea. Hay algunos países con alguna cotización un poco más alta, pero en general hay países con cotizaciones más bajas. Otro tema que es singular en el caso español es la estructura de esas cotizaciones. España es el país donde, del total de cotizaciones sociales, la parte dedicada a contingencias comunes, es decir, la Seguridad Social, es más baja. Como vemos ahora en el gráfico -una vez descompuesto entre la línea blanca, que es la de contingencias comunes, y la que va dirigida en general al desempleo y a políticas asociadas al mercado de trabajo-, estamos tres o cuatro puntos por encima del nivel europeo. Cada punto de estas cotizaciones -por darles una cifra- en España son 4000 millones de euros, que es una cantidad enorme.

En la presentación voy a ir planteándoles lo que dice el borrador del Pacto de Toledo. Aquí tenemos la recomendación 1 y la recomendación 6, que claramente nos están empujando a resolver este problema


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de reajuste de la situación de ingresos y gastos de la Seguridad Social, para que emerja una fotografía mucho más precisa y genuina sobre su solvencia de facto. No voy a leerles, porque también las conocen, las recomendaciones relevantes en el borrador en cada caso. La 1, que es la consolidación de la separación de fuentes, y la de los incentivos al empleo nos parecen claves.

La fuente de incertidumbre tiene también otra naturaleza, no solamente la del corto plazo. Hay un conjunto de estudios y hay instalada la idea de que, con independencia de la situación actual, el envejecimiento demográfico y la jubilación de los baby boomers va generar un agujero enorme en la Seguridad Social en los próximos años. Por tanto, los problemas no solamente se derivan de la situación de corto plazo, que, como les he explicado, es una cuestión más contable que otra cosa -porque la Seguridad Social tiene ingresos considerables y el problema está en qué se gastan o en cómo se les merma de una vía a otra-, sino que hay otra fuente de incertidumbre que tiene que ver con el medio plazo y la idea de que, con independencia de la situación actual, podemos tener un problema grave en el futuro. Hay que reconocer que este es un tema que hay analizar, que hay que abordar. Les doy una cifra que hemos calculado y que les da un poco la dimensión del problema: entre el año 1995 y el año 2020, es decir, en un periodo de veinticinco años, se jubilaron alrededor de 7,5 millones de personas; entre el año 2020 y 2045 -y esto lo sabemos con cierta precisión; los economistas a veces tenemos dificultades para lanzar previsiones a largo plazo porque, obviamente, son muy inciertas, pero algunas de estas, que tienen mucho que ver con la demografía, son muy precisas- se van a jubilar 11 millones de personas, que son algo más de 3 millones por encima de las que se jubilaron en el periodo de veinticinco años comparable. ¿Este es un problema? Esto, evidentemente, va a generar una presión al alza sobre el gasto en pensiones a partir aproximadamente de mediados de la década que viene. Lo que tenemos que juzgar es la dimensión del problema. En este gráfico que tienen aquí hemos seleccionado tres países -Alemania, Austria y Francia-, con el gasto en pensiones que tienen hoy, antes del proceso de envejecimiento de la población: Alemania, el 13 %; Austria, el 14 %, y Francia, cerca del 15 %. España está cerca del 11 %. Esta proyección, que lanzo hasta el año 2048 hacia España -es decir, la línea de los países es ahora, no en el año 2048, cuando tendrán un problema adicional-, indica que nosotros estamos en el 11 %, es decir, estamos a una distancia de 2, 3 y hasta 4 puntos por debajo de estos tres países. Esta banda que aparece aquí es la proyección que hizo en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es quien ha hecho un estudio más riguroso, más transparente y con mayor nivel de detalle con diferencia de todo lo que existe. Estuvo varios años trabajando con los mejores expertos, incluso internacionales, porque este es un tema que hay que hacer con cuidado y que es complejo, y esta es la proyección central de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicada, en la que evalúa el problema de medio plazo en torno a 13,5 puntos. Quiero aclarar que esta proyección está hecha asumiendo que las pensiones van a mantener en todo momento su poder adquisitivo y se van a revalorizar con el IPC; un IPC esperado del 1,8 %, que es el objetivo del Banco Central Europeo, claramente por encima de los niveles de inflación actuales. Hay que esperar que el objetivo de estabilidad de precios antes o después lo alcance el Banco Central Europeo, que es la hipótesis central que hay aquí.

Como ven, esta fotografía nos da una dimensión bastante aquilatada del problema que tenemos. Es decir, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Es un problema manejable? Sí. ¿Están estos números muy alejados de algunas estimaciones que circulan y que dan una dimensión del problema muchísimo más alarmante? También. Analicen las metodologías, miren quién ha hecho estos estudios, miren los conflictos de intereses que puedan tener en su caso y, sobre todo, el grado de transparencia sobre los supuestos que hay frente al estudio que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su momento. Quiero decir que nosotros, en la Seguridad Social, estamos trabajando en proyecciones similares y tenemos incluso más información de la que tenía la Autoridad independiente, que funciona con una muestra, por lo que podremos aquilatar más estos números. Cuando estén disponibles, los pondremos a su disposición, porque entendemos que debe corresponder a la Seguridad Social liderar el esfuerzo informativo y de transparencia en este ámbito, porque es quien tiene mejores números y además es una institución que, por definición, es insesgada y no va a estar mediatizada por ningún interés. Esto lo pondremos a su disposición, pero mientras tanto les puedo anticipar que los números de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal son extraordinariamente rigurosos, y lo que estamos empezando a ver en la Seguridad Social no me sorprende y va a en esta misma línea. No es la primera vez que ocurre; es decir, estos estudios tan alarmistas que dan datos y proyecciones muy por encima de las que aparecen ahí actualmente para Francia, con niveles del 16 o del 17 % -habrán visto cálculos


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incluso de organismos internacionales muy preocupantes-, no es la primera vez que se publican. Les he traído un ejemplo, pero hay más.

En los noventa, el contexto en el cual se constituyó el Pacto de Toledo y empezó a funcionar el sistema, ya hubo proyecciones muy alarmistas hacia adelante. He traído una de ellas, pero hay varias. Aquí aparece la proyección del déficit de la Seguridad Social que se hacía a finales de los noventa y que nos decía que a día de hoy el déficit de la Seguridad Social sería -entre el escenario optimista y el pesimista, nos quedamos con el central- por encima del 3 % del PIB, cuando estamos, como saben ustedes, en el 1,4, es decir, más del doble del déficit actual. ¿Por qué esas proyecciones ya en su momento fueron tan alarmistas y tan pesimistas y no se materializaron? Porque tendían a pensar, como piensan muchos de los supuestos en las proyecciones más alarmistas, que la población española iba a decrecer, no iba a aumentar y se iba a producir una pérdida de la fuerza de trabajo. Ante la japonización aguda de la economía, la economía no iba a responder, iba a ser pasiva e iba a asumir una pérdida de bienestar asociado a una pérdida de fuerza de trabajo muy grande. Esto, de verdad, que tiene poco sentido y no responde a la realidad. Es la hipótesis fundamental de muchos de los estudios porque las proyecciones demográficas, en general, se hacen extrapolativas y, cuando estás en una situación baja del mercado laboral, las extrapolaciones que se hacen en esos años se lanzan a treinta años vista y ocurre lo que ocurre.

Para que vean un poco la situación de los años noventa, la línea de arriba es la evolución de la población en España desde el año 1990 hasta ahora. Como ven, ha crecido desde 39 millones de habitantes a en torno a 47 millones. Esa línea continua es lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido inmigración desde el año 1990 hasta ahora y, básicamente, hubiéramos tenido una población de unos 41 millones. Esta línea que al final proyecto es porque, si ven, la población en España empieza a crecer -y esto es la población en esa proyección sin migración- a partir del año 2008, porque no hemos podido corregir el efecto del aumento de la tasa de fertilidad que se produjo por la llegada de los propios inmigrantes, que tienen tasas de fertilidad muchísimo más altas que las de los nacionales, que están en 1,2 o 1,3. Es decir, si no se hubiera producido la llegada de inmigrantes, no es que la población hubiera crecido a 41, es que prácticamente se habría estabilizado en 39 millones de personas. Imagínense ahora -y hagan el cálculo- si nosotros en lugar de tener 47 millones tuviéramos una población de 39 millones, al no haber llegado los inmigrantes; con 8 millones menos de personas y con una fuerza laboral extraordinariamente mermada, tendríamos ya enormes dificultades para mantener nuestro sistema de bienestar y los beneficios sociales de distinta naturaleza. Esto lo tiene identificado el borrador del Pacto de Toledo en la recomendación número 19. La he traído a colación porque me parece relevante.

A partir de aquí, les quería comentar cuáles son las palancas para abordar este problema que, como he tratado de trasladar con esas proyecciones, existe a partir de mediados de la década, pero que es un crecimiento en el gasto en pensiones bastante manejable y reconducible. La primera es basarnos en el marco normativo preexistente de la reforma del año 2013, el segundo es trabajar sobre los incentivos positivos para prorrogar la vida laboral y, en tercer lugar, aunque sea relativamente modesto lo que se puede hacer, hay margen para desarrollar una previsión social complementaria voluntaria.

Quiero hacer una reflexión sobre el principio de suficiencia. A todos nos gustaría que las pensiones fueran lo más altas posibles y que tuviéramos el mayor nivel. Ahora bien, hay que ponerlo en relación con la capacidad que tiene el país de generación de recursos. Por eso, la tasa de reemplazo es un indicador internacional habitual para medir cuál es tu nivel de suficiencia. En ese gráfico pueden ver la tasa de reemplazo medida como el porcentaje entre la pensión pública que reciben los que se jubilan respecto a su último salario. Como ven, España tiene una tasa de reemplazo de en torno al 70 %. Podemos decir que es aceptable, sobre todo cuando la vemos en un contexto internacional completo. Sin parecernos nunca suficiente, todos estaremos de acuerdo en que en esta comparación internacional, donde vemos nuestra capacidad de generación de recursos en relación con lo que dedicamos a las pensiones, estamos en un nivel de partida aceptable que, si lo consolidamos, puede ayudarnos. Esta es la base de la recomendación 2 del borrador del Pacto de Toledo a la hora de exigir el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. En la medida en que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, esta tasa de reemplazo del 70 % en condiciones normales macroeconómicas hacia delante y de distribución primaria de renta entre salarios y beneficios similar a la actual -que es lo que se puede considerar como más probable- la mantendremos en esos niveles. La recomendación 15, sobre solidaridad y garantía de suficiencia, incide de nuevo sobre este asunto y se encaja bien en este concepto.


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Aquí quería hacer una acotación, porque cuando miramos el sistema de pensiones agregadas, esto no quiere decir que no haya pensiones muy muy bajas que afectan a algunos colectivos y que los complementos por mínimos sean muy de mínimos. Cuando miramos la fotografía completa, esta fotografía agregada esconde situaciones particulares. En este momento quiero hacer una referencia a otra política que no está aquí, pero que va a hacer el ministerio, que es el ingreso mínimo vital. Cuando lo desarrollemos a lo largo de la legislatura, tal y como lo parametricemos, habrá, con toda seguridad, complementos por esa vía para pensiones mínimas que servirán para complementar los complementos de mínimos ahora existentes. El engarce entre estas dos figuras es algo que hay que hacer en el tiempo y que tiene que ver con los ingresos mínimos vitales que hay en las comunidades autónomas y cómo esto se coordina. Para el efecto redistributivo del sistema en la parte donde las pensiones están muy por debajo de lo que uno consideraría como suficiencia, va a haber palancas adicionales que vendrán de otro sitio, pero que hay que integrar en el esquema general.

El segundo elemento al que me refería es la legislación, basarnos en la normativa preexistente a 2013, para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que es el primer elemento para que estas tasas de reemplazo se sostengan en el tiempo. Se está produciendo ya algo que en los primeros años de vigencia de la reforma de 2011 no era tan evidente, que es una cierta aproximación hacia la edad legal de jubilación. Este gráfico igual no es del todo fácil de entender, pero se lo explico y lo entenderán, porque, además, tiene una información muy rica. Cada punto que aparece en el gráfico es un pensionista jubilándose. Es decir, aquí hay miles y miles de puntos en este gráfico. El gráfico vertical contiene los años cotizados de cada pensionista y el horizontal la edad a la que se jubilan. Esta es la fotografía en el año 2008, y esa es la fotografía en el año 2019. Esto simplemente es como resultado del funcionamiento del sistema, vemos lo que se está produciendo, si uno compara las gamas de rojo, ¿es rojo verdad?

La señora PRESIDENTA: Es rojo.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Soy daltónico, yo con los colores me manejo lo justo. (Risas). No con todos. Ustedes lo verán quizá mejor que yo, pero les ayudamos un poco con estas flechas; las gamas de rojo van moviéndose en línea con las edades de jubilación más cercanas a los 65 años, hay gente que voluntariamente se jubila o están entre la línea de los 65 y por encima de los 65 se están jubilando también. Esto es para indicar que muchos de los estudios que alarman más sobre el sistema no tienen bien calibrado el efecto que está teniendo la normativa actual con este gradualismo. Esta es una de las cosas que nosotros podemos ver mucho mejor que nadie e integrarlas en el análisis.

Hay que insistir con este tema de la edad efectiva de la jubilación. Aquí lo que tenemos es la esperanza de vida que tienen las personas a los 65 años y, por lo tanto, es la escala de la derecha, y lo que tenemos aquí es la edad efectiva y la edad mínima; la edad mínima de jubilación es la línea continua y la edad efectiva es esta que estoy proyectando con línea discontinua, y que tiene que ver con la escala de la izquierda, no con la derecha. Lo que quería manifestar es cómo la edad efectiva se va moviendo simplemente por el funcionamiento del sistema tal como está diseñado ahora, en línea con el aumento de la esperanza de vida. Y esto es algo que pone de manifiesto que el sistema tiene ya unos mecanismos internos en el marco que está vigente desde el año 2011, que van en la buena dirección del reequilibrio del sistema. Por lo tanto, estos elementos que podemos calibrar nosotros con mayor precisión tampoco están suficientemente instalados en las proyecciones más alarmistas que provienen a veces de organismos internacionales con datos imprecisos y poco finos o que vienen de otro tipo de análisis.

Creo que la legislación debe completarse, y aquí introduzco un elemento adicional, que es una palanca que pensamos que puede tener mucho recorrido, que es la utilización de incentivos positivos, de forma voluntaria, que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Esto lo vemos en la recomendación 12 del borrador del pacto -lo dejo ahí-. Aquí tenemos dos líneas principales de actuación: por un lado, incentivar la demora en la jubilación con fórmulas de compatibilización con el mercado de trabajo e incentivos económicos; y por otro, desincentivando las jubilaciones anticipadas. Estas dos palancas nos parecen importantes. Hay margen de mejora en los incentivos de demora. Ya existen incentivos, tenemos distintas fórmulas para prorrogar la edad de jubilación como la jubilación demorada. Aquí expongo simplemente las características y lo que es el complemento de demora. La realidad es que está teniendo muy poca aplicación práctica. En esto, la jubilación activa, que es otra modalidad, hay una panoplia de posibilidades en el sistema muy poco conocidas, nada evaluadas. Nosotros estamos viendo que en algunos casos no genera los efectos esperados y lo que estamos haciendo, con grandes


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expectativas, es evaluar -y cuando tengamos resultados se los traeremos a ustedes- cada uno de estos mecanismos que existen de incentivos positivos a la jubilación, el por qué pensamos que no están funcionando adecuadamente, y cómo tenemos pensado rediseñarlos y recalibrarlos para que generen los efectos esperados, porque estamos convencidos de que va a haber mayor porcentaje de personas en edad de jubilación -y esto va a ser creciente en el tiempo- que, por las profesiones que desempeñan, por su estado de salud y por otro tipo de incentivos, van a querer trabajar, van a querer estar activos en el mercado de trabajo. Lo que hay que ofrecerles son esquemas bien diseñados que les generen incentivos a los que poder optar. Y es que esta es una palanca potentísima de acción. Por cada año en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25 % del problema que hemos visto antes en esa brecha que teníamos entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. Y eso es algo en lo que nosotros pensamos que debemos apalancarnos y diseñar de una forma mucho más efectiva, hacia delante.

También nos hemos dado cuenta, sinceramente, de que algunos de estos incentivos son incluso desconocidos completamente. La Seguridad Social no ha hecho nunca campañas de difusión sobre estos incentivos, de tal forma que constatamos que una parte muy importante de la población no los conoce. Luego, con independencia de que haya que rediseñarlos, y lo estamos viendo en la evaluación, la propia difusión de los incentivos tiene que ayudar a que se utilicen. Y hay que reordenarlos, a veces hay incentivos que se solapan o que tienen características que conviene reordenar conjuntamente. Esta es una acción en la que ya estamos embarcados en la etapa más primaria, pero de una forma bastante rápida les seguiremos trasladando los resultados que vamos teniendo y cómo queremos incorporarlos desde el punto de vista normativo.

Por otro lado, tenemos que revisar las fórmulas de jubilación anticipada. La jubilación anticipada voluntaria, que surge de la reforma del 2013, ha ido creciendo en el tiempo y en cinco años ha experimentado un crecimiento del 66 % acumulado. Ahora se están jubilando anticipadamente casi 50 000 personas. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el diseño del incentivo es muy regresivo y el supuesto desincentivo a jubilarse anticipadamente en el caso de muchas personas es mucho menor del que uno puede suponer; está muy por debajo de esa cifra que aparece del 8 %. Cuando tengamos resultados, se los enseñaremos, pero creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es.

La tercera palanca, que es la previsión social de empresa, es realmente una asignatura pendiente. Aquí tienen a España -y si hiciéramos una comparación internacional este resultado sería abrumador-, y lo que constituye el pilar de empresa, es decir, los planes que se producen entre trabajadores y empresarios, en muchos casos dentro de la negociación colectiva, y los planes individuales, que son dominantes en el caso español, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros sitios. Cuando comparamos los planes individuales con los planes de empleo, lo primero que pueden ustedes constatar es que la rentabilidad de un plan de empleo -y hemos tomado un periodo muy largo, de diez años, para que esto sea muy estructural- es del 4 % y la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5 %. Una parte de esta brecha de casi dos puntos y medio -la mitad más o menos- tiene que ver con que las comisiones que se cobran en los planes individuales, en promedio, son del 1,2 %, es decir, es un producto extraordinariamente caro, muy caro. Piensen en el entorno de los tipos de interés actuales: los 1,2 puntos primeros de la rentabilidad se los come la comisión, el intermediario, y, en cambio, la rentabilidad de un plan de empleo es del 0,3 %, cuatro veces menos, teniendo rentabilidades más altas; si lo ajustamos en comisiones, es decir, lo que resulta de la gestión verdadera del plan de pensiones, veremos que todavía los planes de empleo tienen una rentabilidad más alta, luego no da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen precisamente a mejorar la gestión de los fondos. Por tanto, tenemos un producto, que es el de los planes de empleo, muy barato. Esto está en la recomendación 16 del Pacto de Toledo y es un elemento que, en cumplimiento de esta recomendación, estamos dispuestos a impulsar.

En cuanto a la forma de impulsarlo, en España tenemos un modelo -por no mirar otros modelos internacionales, que también los hay y que son interesantes-, volvamos los ojos hacia el País Vasco y veamos lo que ocurre allí con los planes de empleo frente a lo que ocurre en el resto de España. Los planes de empleo allí son muchísimo más importantes, tienen incentivos fiscales mucho mejor diseñados que los que tenemos aquí, y tienen, por tanto, una importancia -como vemos en el gráfico- creciente. Si en el resto de España solamente el 10 % de los trabajadores tienen un plan de empleo, en el País Vasco lo tienen el 50 % de los trabajadores, que tienen una pensión voluntaria complementaria. Ahí vemos los saldos medios. Podríamos ver que significan el 20 % del PIB del País Vasco, frente al 3 % en España; pensemos que está incluso por encima del peso que tienen los planes individuales en España, que, si no


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recuerdo mal, es del 15 %. A los costes ya me he referido. Respecto al número de asociados, está en el 50 % frente al 15 %. La verdad es que son planes en los que, en muchos casos, si, dentro del contexto de la negociación colectiva, se acuerda que el trabajador haga una aportación y que la haga el empresario, entonces entra el incentivo fiscal y lo hace de forma plena. Este es un modelo que ha funcionado muy bien en otros países y, concretamente, en el País Vasco está generando niveles de pensiones complementarias voluntarias interesantes, sobre todo para rentas medias y bajas, que son los que entran en este proceso de negociación colectiva. Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la negociación colectiva, que es donde vemos que se pueden generar pensiones sobre la parte de los ciudadanos que tienen por su distribución de renta más necesidad de complementar esas pensiones, y además hacerlo con productos, como hemos visto, mucho más baratos y que generan rentabilidades más altas. Este es el tercer elemento, dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo -siempre dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo-, donde vemos palancas de actuación.

Para terminar, quiero traer a colación distintas recomendaciones adicionales que hay en el pacto. Hablan de diferentes cuestiones y elementos, algunos muy actuales y relevantes, que tienen un vínculo con las pensiones, aunque no son tan centrales. Con ello completamos todas las recomendaciones y hacemos un recorrido completo en el contexto de esta presentación. Así, pues, aquí tienen las distintas recomendaciones adicionales y así las dejamos completas.

Como mensaje final, quiero hacerles una sugerencia. Cuando aborden el texto del Pacto de Toledo, sepan que hay margen para hacerlo de una forma sencilla y comprensible, porque al final no solamente se trata de que ustedes se pongan de acuerdo y generen un consenso. Un texto como el borrador actual, que tiene muchas páginas y muchas idas y venidas, por así decirlo, cuando llegue a los ciudadanos va a ser de difícil digestión y comprensión sobre lo que realmente les atañe. La sugerencia que quería hacerles, aparte de todo lo que les he planteado, es la existencia de una especie de resumen ejecutivo -si les parece oportuno-, donde el pacto acerque el texto a la ciudadanía y tenga un lenguaje más accesible y, sobre todo, identifique aquellos elementos que son verdaderamente centrales en el diseño. Como reflejo, les diré que el primer acuerdo del Pacto de Toledo, del año 1995, solo tenía una página y fueron capaces de hacerlo.

Termino con las conclusiones de esta presentación. En primer lugar, el borrador del pacto de hace un año es un punto de partida excelente para abordar los retos del sistema. Mi sugerencia es que se puede trabajar como punto de partida y nosotros vamos a poder acompañarles complementando la información que necesiten, aunque ya hay mucho analizado y planteado, pero en cuestiones como las que les he planteado que requieran nuestra colaboración, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está a su disposición, por supuesto, para todo lo que necesiten en cualquier aspecto. Como digo, los análisis existentes permiten hacer un análisis como el que he hecho yo aquí, bastante claro y fino, de dónde están los problemas y cómo deben abordarse y les repito que estamos a su disposición, pero el mensaje que quiero trasladarles es de cierta urgencia: el nivel de incertidumbre que está instalado en la sociedad y en los pensionistas sobre la falta de acuerdo en relación con las pensiones y el hecho de que cada año se estén actualizando las pensiones ad hoc, con resoluciones un poco de suspensión de normativa previa -ya llevamos tres años así y no se está eliminando este nivel de incertidumbre, a pesar de que las pensiones llevan varios años actualizándose según el IPC y manteniendo su poder adquisitivo- esto induce a pensar que el problema está en la falta de acuerdo aquí, a nivel de los partidos políticos, por lo que debe existir un marco normativo presentado por el Gobierno y aprobado por esta Cámara que dé certidumbre a medio plazo sobre cómo se va a ir manteniendo este poder adquisitivo y aborde los retos de futuro del sistema de la Seguridad Social. Es una prioridad absoluta, tiene que ser parte de un consenso lo más amplio posible y nosotros nos ponemos a su disposición para ayudar en la medida de lo posible a su consecución.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministro.

Ahora, como he dicho anteriormente, voy a ir pasando la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por tiempo de siete minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.

Tenía preparada una intervención pero la he guardado, porque con la exposición que ha hecho y el informe que ha presentado sería reiterativa en muchas cosas. Sin embargo, voy a hacer reflexiones en


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voz alta, haré preguntas sobre algún tema y daré alguna opinión, aunque todavía no tengo la formación suficiente en esta área para poder fijar criterio. voy a empezar por la transparencia y la certidumbre, elementos importantes primero para la ciudadanía, pero también para organismos europeos. Ayer nos hemos levantado con que Bruselas avisa de que ligar las pensiones al IPC hace peligrar su sostenibilidad. Es decir, nosotros nos dedicamos a decir que no hay que alarmar, que se va a trabajar y que el sistema es sostenible y la Comisión Europea lanza eso ayer y, con aquel fetiche que usted ponía de quiebra de la Seguridad Social, la Comisión Europea contribuye a este tema.

Me ha parecido interesante, porque yo he estado de portavoz de Energía durante mucho tiempo y una vez traje un recibo de la luz y dije: En este recibo de la luz de 45 euros lo menos es el consumo de la luz. Porque eran 15 euros de consumo efectivo y el resto eran cosas que habían ido metiendo en el recibo de la luz y que no tienen nada que ver con el consumo. Lo que ha pasado con la Seguridad Social es que los distintos Gobiernos de todas las ideologías políticas han repercutido políticas que son lógicas en un país como el nuestro, sobre todo con la situación de crisis que hemos tenido -de incentivación del empleo y de rebaja de cotizaciones para sectores con problemas de integración laboral-, pero que iban contra la caja de la Seguridad Social. Sin embargo, como usted ha dicho -y yo lo comparto totalmente-, hay que distinguir las pensiones contributivas, que tienen que ir vía cotización, y las que no son contributivas, que tendrán que ir vía presupuestos o vía impuestos. No solo es un tema contable, es una decisión política, porque si un Gobierno quiere mantener determinadas políticas activas de empleo y las va a financiar, tendrá que buscar los recursos y saber qué ministerio las va a gestionar; no solo es un tema de presupuestos.

También le digo que hay que transparentar las balanzas de las comunidades autónomas. Y se lo dice una diputada de la Comunidad Autónoma de Canarias; lo quiero decir, porque ahora está de moda y el otro día se aprobó lo de las balanzas fiscales. Desde luego, este es un sistema solidario, pero Canarias, que es la que tiene las pensiones más bajas junto con Extremadura por el componente de las pensiones no contributivas de gente que no cotizó -no que no trabajó nunca, sino que no pudo cotizar por el tema de la emigración y por muchísimas otras razones-, es contribuyente neto a la caja de la Seguridad Social. Sin embargo, el último dato que salió hace un mes dice que Canarias en los próximos años se va a seguir alejando de la pensión media de este país, que vamos hacia atrás; y eso tiene que ver con la exclusión y con la pobreza en comunidades como Extremadura y como Canarias.

¿Qué quiere decir eso? Que al final no solo cuenta la contribución de las comunidades. Nosotros estamos aportando a un sistema y a otras comunidades que son deficitarias, como pueden ser la Comunidad vasca o la Comunidad catalana, y, sin embargo, tenemos las pensiones más bajas y nos vamos alejando. Este tema, incluido el ingreso mínimo vital, al final es lo que tiene que dar en un país la garantía, la certidumbre y la solidaridad. Yo eso no lo discuto, pero creo que en todo el sistema de bienestar de una sociedad el hecho fundamental son las pensiones; pensiones justas y pensiones solidarias para que la gente al final, después de toda una vida de trabajo y con mayor esperanza de vida, tenga dignidad. Todos vivimos en la crisis económica el papel de los pensionistas con los hijos y con los nietos, porque va también con la cultura española. Y como le decía antes al portavoz de Bildu, si hay un dinero, por ejemplo, cien euros que sube una pensión, estarán inmediatamente en el consumo, en el entorno, el que actúa rápidamente, que va a la frutería de barrio, que va a la carnicería, a la pescadería, que va en transporte, y sobre todo que lucha contra la exclusión y la pobreza. Por eso creo y comparto lo que ha planteado el ministro: que nuestro sistema es un sistema sostenible, que se tiene que basar en las cotizaciones y que tendremos que acordar lo que queda, las fuentes de financiación, las reservas, los regímenes especiales, la lucha contra el fraude, las políticas de empleo -como dijimos- de reducción de las cotizaciones, cómo se va a financiar, y la edad de jubilación. Y en cuanto al tema de las no contributivas -como digo-, que tiene que ver con mujeres, exclusión y pobreza, ir paralelo con el ingreso mínimo vital del que hablaba el ministro.

Después le voy a decir cosas sueltas, que he ido apuntando con respecto a lo que usted ha dicho, como los incentivos para prorrogar la edad de jubilación. ¡A buenas horas mangas verdes! Porque resulta que con los años de la crisis a los mejores médicos de este país que estaban en los servicios sanitarios, a los mejores profesores universitarios, etcétera, se les obligó a jubilarse. Algunos tuvieron que ir a los tribunales para intentar una prórroga. Y como además no se hicieron las plazas, ahora tenemos un problema precisamente de reposición de las mejores personas, de los mejores talentos, que estaban en condiciones de seguir en los servicios sanitarios, en la universidad, en la enseñanza, y que los hemos amortizado por esa cultura de jubilarlos para incorporar a jóvenes y que dejaran espacio. Esto era un


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derroche social absoluto, pero además tiene que ver con esto de las pensiones. Por ello quienes primero tendrían que aplicar eso que ha dicho usted de la difusión para que la gente se quedara tendrían que ser las administraciones públicas.

¿Cuánto tiempo me queda, señora presidenta?

La señora PRESIDENTA: Veintidós segundos, señoría.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No se preocupe que yo soy para esto una puncha.

Quería terminar diciendo que tengo un amigo que se llama Agustín, en Tenerife, que empezó a trabajar con catorce años, que tiene cuarenta y cuatro años cotizados, porque entró de botones en una agencia de viajes, y todavía le quedan cuatro años para jubilarse, ¡y el tipo lleva cuarenta y cuatro años cotizados! Dio la casualidad de que venía yo aquí a ver a otro grupo y vinieron a verme los de la asociación. Creo que hay que ser solidarios y ser comprensivos con esa gente que ha aportado al sistema cuarenta y cinco años. Y esto viene a colación -y aprovecho, porque es un segundo- con el tema de la incorporación de la inmigración a nuestro país. Esas cotizaciones nos salvaron en un determinado momento, esos tres millones de personas a quienes se tomó la decisión de incorporar en este país. Y le digo una cosa, ministro, me vuelve a partir el alma lo de los sirios en Grecia. Este país, con un Gobierno del PP, se comprometió en Europa a acoger a 17 000 personas. Se acogieron ciento y pico un año y no sé si se llegaron a ochocientos más tarde. Hagamos un gesto, usted es el ministro de Inmigración, porque tenemos ese drama humano.

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir acabando.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Me despido y lo replanteo: si no se hace por tema humanitario que se haga por tema economicista de garantía del futuro de las pensiones, aunque a mí el tema humanitario me mata en este momento. Seamos solidarios con Europa. Ellos no vienen a Grecia, vienen a Europa; igual que los que vienen a Canarias, no vienen a Canarias, vienen a Europa. No miremos para otro lado.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.

A continuación le paso la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Ruiz de Pinedo.

El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias.

Lo primero que quiero hacer es agradecer la exposición al ministro. En principio podemos coincidir en muchas cuestiones, sobre todo con el tema de la alarma existente. Hay que ser consciente de que ha sido una alarma creada socialmente sobre la base de unos intereses concretos, fundamentalmente de buscar los fondos de pensiones privadas. Ha sido una estrategia que se viene marcando desde los años noventa, y como muy bien ha dicho, en el País Vasco hemos sido víctimas de ese sistema. Yo le aconsejaría no ir en la línea en la que va el País Vasco de fortalecer los fondos de pensiones privados, incluso de empresa, porque eso tiene unas consecuencias inmediatas. De cara a la revisión que tenemos que hacer del sistema de la Seguridad Social es fundamental que ese 6 % de puntos que se están yendo a fondos privados o de empresa vayan al sistema público, si no eso supondrá una descapitalización del propio sistema público. Es más, estamos creando un volumen de capitales especulativos que están yendo en contra del sistema industrial. Son capitales que están buscando el rédito inmediato, rápido, básicamente comprando empresas para venderlas por su cartera de clientes y no por su capacidad de producción. Ojo, porque estamos creando un monstruo de capital especulativo que puede llevar al sistema productivo a unos callejones sin salida. Gran parte de este tema de la crisis industrial que estamos viviendo a nivel internacional se debe precisamente a la creación de esos fondos buitre que están buscando beneficios rápidos sobre la base de estos fondos de pensiones internacionales -no digo que esté ocurriendo solo en el País Vasco-, grandes fondos de los grandes sectores en Alemania, Estados Unidos, de los sindicatos, etcétera. Ojo, digo esto como elemento de reflexión, porque ya estamos sufriendo consecuencias en ese sentido.

Hay que fortalecer el sistema público, porque para que el sistema público pueda responder dentro de quince años al baby boom vamos a necesitar un 6 % más de recaudación. Si se nos va ese 6 % a los fondos privados, nos puede llevar a una situación difícil. Lo digo simplemente como reflexión, porque la


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Seguridad Social es un soporte imprescindible para el bienestar social. Así como tenemos el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema de atención social, la cuarta pata es la Seguridad Social, con la diferencia de que las tres patas que conforman la sanidad, la educación y la atención social son universales, sin embargo seguimos concibiendo la Seguridad Social como un sistema redistributivo y particularizado solamente. Tenemos que cambiar de paradigma en estos momentos y tener en cuenta que tenemos que conseguir que la cobertura de la Seguridad Social sea universal, con diferentes tipos de ingresos, pero universal.

En estos momentos la pensión del sistema público se basa en la cotización, y en ese sentido estamos marginando a un sector importante de colectivos que no han estado en el sistema productivo durante años. Me refiero fundamentalmente a mujeres que se han dedicado a reproducir el sistema y que están totalmente marginadas en estos momentos respecto a dicha igualdad, y, cómo no, a todos aquellos colectivos que se encuentran totalmente precarizados. Si no cambiamos de paradigma dentro de unos años vamos a tener unas capas empobrecidas importantes.

En cuanto a la crisis, la reorganización del sistema industrial y financiero nos está llevando a la necesidad de reorganizar el sistema de la Seguridad Social, de ahí estas reflexiones que al menos desde nuestro punto de vista son importantes para tener una visión estratégica del sistema. Muchas de las estrategias y recortes que están desnaturalizando el sistema público vienen precisamente de estrategias de capital financiero a las que hay que poner coto. Por otra parte, es fundamental tener una visión crítica al respecto. Son veinticinco años de Pacto de Toledo, pero veinticinco años en los que también hemos adoptado medidas que han ido restringiendo los derechos de las coberturas, lo que nos ha llevado sobre todo a un paradigma en el que la discusión no es tanto política, sino de carácter técnico-financiero. La contabilidad es un sistema político. Hay diferentes maneras de llevar la contabilidad, como muy bien ha reflejado en su exposición, y en ese sentido es importantísimo cambiar el modo de llevar adelante la reflexión, sobre todo con las alarmas existentes.

Retomando el tema tengo que decir que nosotros traemos un encargo del colectivo de pensionistas del País Vasco. No he podido traer para todos ustedes, pero me comprometo a hacerlo para los que me lo soliciten, un librito que han publicado los jubilados y las jubiladas que se concentran semanalmente en la plaza Nueva, en Vitoria: Por un sistema público de pensiones. Ética, crítica y economía. Es un trabajo serio. El libro es pequeño, pero la reflexión es muy grande. Me comprometo a mandarlo a los grupos correspondientes de todos los que nos lo soliciten. ¿Qué es lo que nos están pidiendo prácticamente? Que no haya pensiones por debajo del umbral de la pobreza y la transferencia en competencias pendientes, pero no desde el egoísmo, sino para poder responder a las características y particularidades que tenemos en nuestro sistema. En este librito se habla bastante de los planes de pensiones de empresas o particulares, porque desde el País Vasco necesitamos una respuesta particular en este sentido para garantizar no solo el derecho de los que han cotizado en esos planes, por supuesto, sino también para garantizar el sistema público.

También es fundamental hablar sobre el tema de la reversión de las consecuencias de las reformas de pensiones. En ese sentido, quiero decir dos cosas. La primera es una llamada de atención, y pido un compromiso para los afectados y afectadas por el coeficiente reductor de las pensiones, y me estoy refiriendo a esas personas que llevan cotizados más de cuarenta años y a las que el 207.2 y el 208.2 de la Ley General de la Seguridad Social les está perjudicando gravemente; son situaciones particulares que pueden revertirse fácilmente. Y la segunda se refiere a las fechas límite arbitrarias en la cláusula de salvaguarda de las pensiones, en la disposición final duodécima. Hay elementos que se incluyeron con la mejor voluntad y que están creando un problema a colectivos muy concretos que es necesario remediar, y en ese sentido pido a esta Comisión y al ministerio que con carácter de urgencia...

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe usted ir terminando. Le he dado de margen ya un minuto y veinte segundos para equiparar su tiempo de intervención con el de la señora Oramas.

El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Y ha sido muy amable.

¿Qué tiene previsto en este sentido el ministerio?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. En relación con el libro que comentaba, si nos manda los ejemplares, los haremos llegar a los miembros de la Comisión o al menos a los portavoces de los grupos para que luego los hagan extensivos al resto.


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El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran. He conseguido decirlo bien por primera vez. (Risas).

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta, y enhorabuena.

Señor ministro, muchas gracias nuevamente. Sus exposiciones -se lo dije el otro día- son bastante elocuentes y fáciles de entender, lo cual siempre facilita no solo su comprensión, sino también su interpretación.

Hablamos del Pacto de Toledo y conviene empezar recordando que la Comisión del Pacto de Toledo es una Comisión no legislativa. Y lo digo porque, si cabe destacar que es una Comisión no legislativa, hace falta también destacar que el valor que tiene el resultado de los debates en el seno del Pacto de Toledo, que se traduce en forma de recomendaciones, es el del acuerdo; es decir, donde estamos, en la Comisión en la que estamos, el valor fundamental de sus actos es el acuerdo, y no un simple acuerdo formal, vacío, hueco: es un acuerdo basado, primero, en contenidos, y segundo, en su participación. No es cualquier acuerdo, es un acuerdo que debe reflejar determinado grado de certezas para el colectivo de pensionistas a quienes se dirige, a los que ha de aportar al menos cierto grado de garantía, y no ya de las medidas concretas que vaya a proyectar, sino de que a futuro se van a mantener, porque lo importante del sistema de pensiones no es tanto que se produzca el acuerdo formal en sí, sino que se garantice al colectivo de pensionistas que existirá esa garantía de futuro de que el sistema va a permanecer, y que va a mantener aquellas prestaciones y garantías que de forma material les va a dirigir. Por otra parte, les decía que tiene que haber acuerdo también en cuanto a los participantes. No podemos ser ajenos a que hoy esta Comisión es más plural, tiene más grupos, más opiniones que las que tenía ayer. Cuando digo ayer me refiero a su última sesión -el 19 de febrero de 2019-. Por desgracia, quienes tuvimos la ocasión de participar en ella no tuvimos ningún acuerdo, pero hoy -y aun cuando somos más diferentes y también más plurales- nuestra obligación es intentar conseguir ese acuerdo porque, al margen del contenido, lo que da la garantía de viabilidad al Pacto de Toledo y a sus recomendaciones, lo que sirve al Legislativo y al Ejecutivo para tomar iniciativas, para que se hagan esas recomendaciones, es la participación suficiente que dé a los ciudadanos la garantía de que no son medidas coyunturales, sino que se van a proyectar a futuro. Permítame que le haya hecho esta reflexión o introducción, señor ministro, porque creo que esas son las cuestiones en las que también debe abundar el ministro y el ministerio en su participación cuando empiece a funcionar el Pacto de Toledo.

En cuanto a todas estas medidas que ha comentado yo diría que cabe concretarlas en dos -como en su momento también lo intentamos-: una, la sostenibilidad frente a la suficiencia o la garantía de unas pensiones mínimas, sin perjuicio de que la actualización de las pensiones no suponga ningún tipo de detrimento o menoscabo al sistema en su conjunto. Y dos, seguridad jurídica, un elemento que ha faltado en su exposición, señor ministro. Es un sistema de reparto, que supone no solo que los que hoy participan en el mercado laboral sostienen en forma de pensiones a quienes ya han dejado de estar en él, a través de sus cotizaciones, sino también que mañana esperan poder obtener algo, concretamente esperan poder obtener los mismos beneficios que han proyectado a futuro para los pensionistas. Es verdad que hoy día no tenemos en el ordenamiento suficiente grado de certeza para que quienes hoy participan en ese sistema -sobre todo la gente joven- sepan, tengan conciencia cierta de cuál va a ser su pensión en el futuro. Ese es un elemento que creo que es clave introducir en el debate del Pacto de Toledo, y que posiblemente también debe introducir en su reflexión, si no le importa, señor ministro.

En su exposición ha contemplado muchas variables. Quiero participar de mi gran porcentaje de acuerdo en el contenido de su exposición. Me voy a centrar en una cuestión porque me ha sorprendido enormemente la intervención de quien me ha antecedido en el uso de la palabra en relación con el segundo pilar, con las entidades de presión social voluntarias, con la negociación colectiva como tal. Vamos a partir de una premisa. El sistema -y usted ha dicho antes cuál era la tasa de reposición en el ámbito de la Unión Europea en su conjunto, y dónde se colocaban en ese marco las pensiones en el sistema español- decía que estaba en un término medio. No deja de ser cierto, teniendo en cuenta que es cerca del setenta o del setenta y algo por ciento, pero hay un dato que quizá haya obviado y que es importante destacar: allí donde la tasa de reposición es más elevada -y además no es lo mismo el 70 % de 1000 que el 50 % de 3000-, allí donde las pensiones son más altas y donde la tasa de reposición también tiene unos índices más altos es consecuencia de que existe ese sistema complementario, que se ha labrado a través de la negociación colectiva, que se ha incorporado en el ámbito europeo -al que


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nosotros pretendemos dirigirnos como cultura política y también en materia social-, y que sin embargo es un déficit que tiene el sistema público español hoy en día. El sistema complementario, el segundo pilar, si bien tiene caracteres de elementos privados, también participa de una filosofía pública y además participa de una fiscalidad que le protege precisamente porque en el fondo tiene un carácter público, y eso es importante destacarlo. Por eso no admito -como se ha hecho hace un momento- no distinguir entre el segundo y el tercer pilar, entre aquellos fondos de empleo y los fondos privados de pensiones, no distinguir aquellos derivados de la negociación colectiva de la simple inversión y calificar de fondo buitre a todos ellos. Lo siento, pero esa es una generalización absolutamente injusta de la que no solo no puedo participar, sino que además debo reprobar de forma completa.

Poco me queda para comentar. Hay un elemento que no se ha señalado en su exposición, señor ministro, que es el relativo a la perspectiva de género. En el sistema de pensiones su valor, su coste y su tratamiento a futuro deben tener en cuenta también la cuestión de género. Tenemos una deuda pendiente, pero también tenemos la necesidad de asumir una obligación, un compromiso como sociedad de mantener un sistema igualitario, específica y especialmente en el ámbito de género. Por eso, señor ministro, gracias por su exposición. Espero que le haya servido lo que yo he pretendido que sean aportaciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.

A continuación le paso la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Buenos días. Gracias, presidenta.

Gracias, ministro. Le felicito de nuevo. Le felicité ya el otro día por su explicación y su presentación, y por supuesto hoy no iba a ser menos. Hemos centrado la presentación en dos planteamientos que giran en torno a dos ejes que comparto. Compartimos y coincidimos en ese diagnóstico, que es cerrar el déficit en el corto plazo y asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Le decía que coincidimos en su diagnóstico porque tenemos un problema, sí; creemos que es manejable, también, pero con urgencia, consenso y con mucha información. En cuanto al primer pilar, el déficit a corto, esa imagen engañosa de un sistema que no es sostenible, habría que hacer pedagogía en por qué se viene diciendo que no es solvente o no es sostenible, y es contar que hay gastos, como usted muy bien ha apuntado, no relacionados directamente con las prestaciones, y que ese déficit de la Seguridad Social parece mucho mayor de lo que es cuando el déficit de la Administración General del Estado parece que es menor de lo que es, por ese pago de la caja de las pensiones, por asumir una serie de pagos en la época de crisis. Por tanto, necesitamos ofrecer esa imagen fiel, y para ello en el corto plazo coincidiríamos en un eje principal, que es la separación de las fuentes de financiación. Los ingresos por cotizaciones deben emplearse únicamente para el pago de pensiones contributivas y no otros gastos, como los gastos corrientes o las reducciones de las cotizaciones, que producen una merma de ingresos y un aumento de los gastos, y que deberían a lo mejor transformarse en bonificaciones, y por supuesto las pensiones no contributivas, que igual deberían pasar a financiarse con los Presupuestos Generales del Estado.

También -lo he echado en falta en su presentación- como medida para atajar el déficit en el corto plazo podríamos hablar de reordenar los tipos de cotización. Ya lo planteó en su momento la autoridad independiente que usted presidía. Lo que hace es asegurar que la recaudación por cada contingencia sea suficiente para cubrir la acción protectora que lleva aparejada. Habría también una tercera medida que no se ha planteado aquí tampoco hoy, que es subir las bases de cotización, que es la medida más directa para recaudar más y reducir el déficit de la Seguridad Social -es lógico que, si se ha subido el salario mínimo, se suban las bases mínimas de cotización-, o destopar las bases máximas, es decir, subir el umbral del sueldo que está sujeto a cotización. En el primer punto la medida más directa, subiendo el salario mínimo interprofesional, se sube la cotización de forma automática, y la segunda requiere de una aprobación, que se hará o bien en los Presupuestos Generales del Estado o bien a través de un real decreto-ley.

Conforme a este primer eje del corto plazo me gustaría preguntarle si hace suyas las recomendaciones del informe de la AIReF ahora que es ministro o se desentiende de ellas, y si piensa promover la clarificación en las fuentes de financiación del sistema, cómo lo piensa hacer, qué piensa hacer con las actuales reducciones de la Seguridad Social como la tarifa plana a los autónomos, y si piensa llevar a cabo esa reordenación de tipos que planteaba en la AIReF. También querría preguntarle, como ha anunciado la prensa estos últimos días, por la subida del 2,8 % en las bases máximas de cotización, si el


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ministerio ha valorado ese impacto como un gasto adicional para las empresas en los costes laborales en una situación como la que nos encontramos ahora mismo. Por otro lado, su explicación sobre la sostenibilidad a largo plazo es sin duda quizá la parte más delicada, políticamente hablando, del tema que nos ocupa en este foro, porque puede afectar directamente a la cuantía de las pensiones. Aquí me he tomado la libertad de dividir la presentación que ha hecho en tres puntos. Seré breve, pero el primer punto sería: lo que Escrivá defendía antes y ahora también, que es equiparar la edad real a la edad legal de jubilación, como nos ha explicado. El segundo punto es: lo que Escrivá defendía antes y ahora no como ministro, que es el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad de las pensiones. En este punto me gustaría detenerme en esa revalorización del IRP, que sigue en vigor, pero desde el año 2018 con el PP, y luego con el PSOE, se ha mantenido intacto, no ha entrado a formar parte de esa revalorización de las pensiones, atendiendo la revalorización solo al IPC. Parece que usted lo ha asumido en su discurso y no lo volverá a aplicar, previsiblemente como una moneda de cambio de otras reformas menos populares que han tenido que adoptar en este Gobierno de coalición. También nos gustaría saber qué piensa sobre el factor de sostenibilidad, que tenía que haber entrado en vigor en 2019. Se suspendió en 2018, y de momento sigue suspendido y lo más previsible es que no se llegue a aplicar. El último punto es: lo que nunca ha defendido Escrivá ni como presidente de la AIReF ni como ministro, puesto que ahora no le he oído ninguna declaración al respecto. Que yo lo saque en este foro no quiere decir que lo esté defendiendo, pero son unas apreciaciones que habitualmente hacen su aparición en debates sobre la sostenibilidad del sistema, y es lo relativo a las prestaciones por incapacidad permanente, por muerte y supervivencia, como son las pensiones de viudedad y orfandad. Las primeras suponen una factura de unos 2000 millones de euros, mientras que en las segundas hablamos de una suma conjunta de viudedad y orfandad de unos 22 000 millones de euros, de las cuales 18 000 millones solo responden a las pensiones de viudedad. Le quiero preguntar por esto porque autoridades nombradas por el PSOE que le precedieron, señor ministro, como Octavio Granado, llegaron a señalar en algún momento la contradicción que supone que estemos buscando incentivar, por ejemplo, que personas con una incapacidad, con una parálisis cerebral trabajen, mientras que personas con incapacidad total permanente estén en su casa sin intención de trabajar, complementando su pensión con algunos otros ingresos familiares.

Igualmente quiero dejar aquí constancia en esta semana de la mujer que, en cuanto a las pensiones de viudedad, el debate está en torno a que esta situación se plantea más en la concepción de su diseño. Quizá sea una figura anacrónica en nuestro tiempo. Por suerte la situación de las mujeres ha evolucionado mucho -si bien aún queda mucho por hacer- con respecto a cuando se creó esta figura, y en este punto dos de mi intervención, en cuanto al largo plazo, y a estas tres fotos que le he hecho de cuando usted apoyaba unas cosas o cuando no, quisiera preguntarle qué medidas piensa impulsar en el endurecimiento de esa jubilación anticipada o bien fomentando la jubilación demorada, como ha insinuado. También quisiera preguntarle por el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, en torno a los cuales quisiera saber cuáles son sus intenciones al respecto. Por último, sin intención de marcar mi posición en este aspecto pero como en algún otro foro o legislatura figuras de su actual Gobierno han hablado de contemplar medidas a llevar a cabo sobre determinadas figuras como la pensión de incapacidad, de viudedad u orfandad, sí me gustaría saber en qué consistirían.

Le agradezco su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz Vidal.

Paso la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Plural, señor Boadella Esteve.

El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, buenos días y, de nuevo, felicitación y suerte. La cordialidad parlamentaria requiere de esta felicitación pero es también un deseo sincero en una tarea que, como se ha comentado, tiene un foco especial en esta Comisión del Pacto de Toledo.

Quería hacerle algunas preguntas mucho más de detalle. Un clásico de sus intervenciones -tuve la ocasión de ver también la de la anterior comparecencia en el ámbito de Trabajo- son las presentaciones, los datos y la clara exposición de la realidad existente. Pero nosotros, más allá de la realidad existente, que es necesaria para situarse, entendemos que el ministro comparece para explicar lo que va a hacer. Por tanto, son muy de agradecer la foto y el punto de partida, pero nos haría falta un poco más de información sobre cuál es la hoja de ruta del ministro en este ámbito.

Déjeme que me sitúe. Por supuesto, nos va a encontrar en este ámbito con la máxima predisposición. Un periódico publicaba que yo personalmente tenía una tarea complicada al sustituir a Carles Campuzano


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en una Comisión en la que él, igual que hay juristas de reconocido prestigio, es un parlamentario de reconocido prestigio en este ámbito. Por supuesto, vamos a intentar mantener el nivel, pero sobre todo la actitud proactiva, la actitud de consenso que él nos ha dejado en este más que necesario ámbito. No hablando ya de trayectoria histórica, lo vio el ministro en una cuestión puntual, la convalidación del decreto-ley que se llevó a votación hace unas semanas en el Pleno y, por supuesto, estamos aquí para aportar ayuda y soporte a aquellas medidas, que son de la lógica más profunda.

No obstante, a mí me interesaría señalar algunas cuestiones más concretas o plan de ruta, como le decía. Hablaba recientemente la compañera de Ciudadanos de la pensión de viudedad, una pensión que pasó del 54 al 60 % y que queremos ampliar hasta el 75, una pensión en relación con la cual existe actualmente el planteamiento de si hay que reconfigurar su diseño. Creo sinceramente que más que reconfigurar su diseño lo que también es altamente necesario es adecuar la realidad legislativa a la realidad jurisprudencial. Las sentencias del Tribunal Supremo son mucho más generosas en el acceso a la prestación de viudedad en el caso de matrimonios y parejas de hecho que la literalidad de la Ley General de la Seguridad Social. Esta es una de esas cosas en las que una curada técnica legislativa o un replanteamiento ayudaría a dar más certeza a los ciudadanos, que ven cómo pensiones de viudedad se otorgan en los tribunales pero no se otorgan directamente en la resolución que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pensiones de viudedad o de orfandad que tienen también un gran reto por delante: su compatibilidad con el trabajo y la fiscalidad que suponen. Si queremos más empleo, si queremos más recaptación, también hay que mejorar el hecho de cómo se hacen compatibles estas pensiones con el trabajo desde el punto de vista de la compatibilidad formal pero, sobre todo, la compatibilidad fiscal, qué perjuicios suponen para la gente que compatibiliza la pensión con el acceso al trabajo.

Ha salido aquí también otra cuestión, aquello de que la ley es más injusta que la realidad. Son estas situaciones de largas carreras de cotización que han sufrido una penalización muy importante en el momento de acceder a la pensión de jubilación. Muchas veces ha sido por necesidad, por cierres de empresas, por jubilaciones anticipadas no deseadas, no por aquello de falta de información, de incertidumbre, y me subo al autobús, para entendernos, sino porque no han tenido otro remedio que acogerse a la jubilación, y hay unos colectivos muy activos en esta reivindicación, a la vez que figura en muchos de los programas electorales, también del Gobierno, en materia de pensiones que se va a hacer algún ajuste, alguna rectificación a esta situación de duras penalizaciones en las largas carreras de cotización que han accedido antes de tiempo a la edad legal de jubilación. Es un tema importante y creemos que requiere de cierto pronunciamiento.

Señor ministro, las cosas que le he apuntado hasta ahora suponen modificaciones de la ley, pero la siguiente supone un desarrollo reglamentario. La ley prevé que aquellas personas con discapacidad que tengan una esperanza de vida menor puedan acceder a la jubilación anticipada, pero esto todavía no está desarrollado reglamentariamente. El desarrollo reglamentario no depende de las Cortes, sino que depende de la actitud proactiva que pueda tener el ministerio en esta cuestión.

Para ir centrando la entretención, coincidimos en la foto, por supuesto, nos falta saber cómo se ejecuta, señor ministro. Por tanto, medidas como la separación de fuentes de financiación, medidas que superen esta falta de información, como usted decía, ya que no hay campañas institucionales en el ámbito de la jubilación o del sistema de pensiones como para dar certeza y permitir decisiones más acertadas en todo este ámbito, pero nuestra principal incertidumbre -ya se lo comenté el día de la sesión plenaria-, además de todo esto, es cómo, dentro de este Gobierno de coalición, ustedes van a superar la dificultad del desencuentro que tuvieron en la legislatura frustrada y acuerdo frustrado. Todos sabemos por qué no avanzó el Pacto de Toledo en la legislatura anterior. Hoy los dos principales agentes de aquel desacuerdo forman el Gobierno de coalición, por lo que nos gustaría saber si este desencuentro está superado y si el Pacto de Toledo, como usted apunta y nosotros coincidimos, que requiere de urgencia, se va a poner en marcha de inmediato o si va requerir de trabajo y consenso dentro incluso del propio Gobierno para afrontar con urgencia y rapidez esta cuestión.

Quiero ir terminando para respetar el tiempo; voy a intentar tener el récord de ser el diputado que lo cuadre. Señor ministro, una de nuestras máximas es que la mejor política del Estado del bienestar es crear y fomentar la ocupación. Más ocupación y más trabajo es más capacidad económica de la gente y más cotizaciones. Por tanto, comprometidos al cien por cien con el Estado del bienestar pero sabiendo que hay que crear ocupación y que la mejor manera de repartir la riqueza, sin ninguna duda, es generando riqueza.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella, incluso le han sobrado treinta y un segundos. Ha batido el récord.

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.

Señor ministro, gracias por su comparecencia y suerte en su nueva responsabilidad, que será suerte para todos.

Antes de entrar en materia quiero hablar de una cuestión que me quedó de la última intervención que tuvo en el tema de la inclusión. Me refiero a que hay casi 600 000 personas, según el Ministerio de Trabajo, que no tienen ningún tipo de ingresos y hay casi 40 000 personas que están sin techo. A la espera de este ingreso mínimo vital -que hoy también ha nombrado-, ¿tiene usted planteado un plan de choque para gente que no puede permitirse el lujo de estar con una tramitación parlamentaria larga porque no tiene ni casa ni ingresos?

Entrando ya en materia de pensiones, iré planteando reflexiones con preguntas concretas a partir de mi experiencia de los últimos cuatro años en el Pacto de Toledo y de trabajar codo a codo con los sindicatos y con pensionistas como Juan Miguel, un sindicalista jubilado que ayuda a los demás a defender el sistema de pensiones. Señor ministro, menuda herencia ha recibido usted de los anteriores Gobiernos. Una herencia que es necesario no olvidar porque en buena medida es causante de la situación actual y cuyos elementos principales, a nuestro modo de ver, son los siguientes. Uno de los elementos centrales del sostenimiento del sistema de reparto se basa en las reservas generadas en períodos de superávit y su utilización en periodos de debilidad de cotizaciones. Pero usted sabe que ha habido un abuso continuado en la utilización de los excedentes para financiar otras políticas que deberían haberse financiado con el presupuesto del Estado, lo que ha llevado a la situación actual, en la que ya no hay reservas constituidas para hacer frente a cotizaciones insuficientes. Esto lo hemos defendido durante cuatro años y alguno me ha dicho que doy la chapa con esto, pero es que es una chapa para mí importante. Han sido reiterados los incumplimientos de los sucesivos Gobiernos no reconociendo reservas, con superávit utilizados en gastos ajenos a la Seguridad Social o la práctica ilegítima de computar como préstamos, que falsean las cuentas de la Seguridad Social, lo que deberían ser simplemente aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado. Junto a esta política de saqueo de la Seguridad Social -y digo saqueo porque para mí es esto- las insuficiencias de recursos se explican por la pervivencia de las reformas laborales del Partido Popular y el PSOE y sus efectos en la precarización y la devaluación salarial. No creo que en el Pacto de Toledo, que no ha hablado nunca de trabajo, se pueda estar sin hablar de trabajo, porque van unidos. De hecho, este ministerio iba unido en este tema.

Dicho esto, en su responsabilidad por tener los recursos necesarios para las pensiones creemos que, más que buscar en el sistema impositivo, hay que buscar la mejora de los salarios y la mejora del nivel de empleo y de su calidad. La lucha por las pensiones está vinculada a la lucha por los salarios dignos; de hecho, las pensiones no dejan de ser salario diferido, y creo que en esto coincidimos todos, salario diferido de los cotizantes y de los afiliados. Si no suben los salarios, no podrá haber sostenibilidad de un sistema de pensiones dignas; yo diría que no puede haber ni sostenibilidad del propio Estado. Por ello es urgente, a nuestro modo de ver, saber su opinión sobre la derogación de las reformas laborales, y me adelanto a la exposición de preguntas con una obligada: ¿va su Gobierno a derogar las reformas laborales que tanto la ministra anterior como la actual siempre han visto como una causa de la precariedad y de la devaluación salarial, sí o no? Porque si vamos hacia el nuevo estatuto del siglo XXI, y esto va por fases y tarda, estamos con una legislación laboral que es la causa, como se ha identificado anteriormente, de que tengamos unas pensiones bajas. Claro, si los salarios son bajos, las pensiones van a ser bajas y las contribuciones también van a ser bajas; entonces, la pregunta es concreta: ¿están ustedes de acuerdo en derogar esas reformas laborales, sí o no?

La reforma de las pensiones de Zapatero de 2011, que elevó a 67 años la edad de jubilación, y la de Rajoy de 2013, con su factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, el llamado 0,25, buscaron el equilibrio del sistema en base al recorte de las pensiones y a dificultar el acceso al derecho a la pensión. ¿Tiene usted pensado -que de hecho se ha hecho de facto, pero digo legalmente- derogar urgentemente la reforma de pensiones con su índice de revalorización, sí o no?

Señor Escrivá, como experto en cuentas públicas y con su experiencia en la AIReF, al abordar las soluciones futuras e inmediatas para financiar las pensiones, con toda sinceridad le pregunto lo siguiente, y sin trampas: ¿es compatible el programa de inclusión y mantenimiento de las pensiones con las limitaciones


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derivadas de la normativa presupuestaria acordada con la Unión Europea? Me temo que el resultado de la combinación del techo de gasto público con el límite de déficit de presupuesto del Estado y con los objetivos de reducción de la deuda pública daría como resultado recursos siempre insuficientes para las pensiones, y sobre todo para las pensiones no contributivas o asistenciales, que necesariamente deben financiarse con presupuestos del Estado, por definición, según se deriva incluso de sus intervenciones. Yo quiero saber si esto es compatible o no. O dicho de otro modo: con la vigencia del artículo 135 de la Constitución española, que limita y que lo que prioriza es el pago de la deuda, que condena a las clases populares a pagar la crisis provocada por el sistema bancario y el sistema financiero, ¿se puede avanzar en un mayor presupuesto para políticas sociales manteniendo este artículo, sí o no? Por todo ello, aún es más importante, siendo coherentes con nuestro sistema de reparto, buscar recursos en el incremento de cotizaciones.

Quería preguntar varias cosas, aparte de lo que le he preguntado de si iba a derogar las reformas laborales: ¿continuarán elevando el salario mínimo? ¿Lucharán contra la economía sumergida? ¿Incrementarán los cuerpos de inspección? ¿Lucharán de verdad contra el fraude? ¿Destoparán los topes máximos? ¿Van a eliminar también los regalos a los empresarios financiados con cotizaciones -cosa que para mí es inaceptable-, actuando contra la existencia de los falsos autónomos, promoviendo una política de empleo público, etcétera? Para los que provenimos del viejo movimiento obrero, de su cultura, la lucha de pensiones contributivas está unida a la lucha de los movimientos obreros por la mejora de las condiciones del empleo y mejoras de salarios; por ello, el éxito de la lucha por unas pensiones dignas pasa por la defensa del modelo actual. Nosotros sí creemos en el modelo actual, con estos retoques que le estamos diciendo; por tanto hay que impulsar todos los lazos entre pensionistas y asalariados actuales. Por ello, quiero aprovechar aquí para agradecer a todos los pensionistas el que se manifiesten regularmente por la defensa del modelo actual de pensiones, un buen modelo para nosotros, en los distintos pueblos y ciudades del Estado, más de 256.

Y vamos a las preguntas concretas. ¿Recibirá usted a los pensionistas que todos los lunes se manifiestan con el lema "Los lunes al sol" en más de 250 pueblos y ciudades de todo el Estado? Pienso que es una interlocución que no estaba anteriormente y que hoy día ha cobrado fuerza. ¿Podría usted encargar una auditoría para determinar el importe de los excedentes de cotizaciones que, según Comisiones Obreras, asciende a 519 000 millones de euros? Así se podría determinar si ha habido un expolio a la Seguridad Social o no; 519 000 millones de euros según la comparecencia de Comisiones Obreras del pasado noviembre de 2016, que pueden encontrar todos. Es una cantidad importante que si hubiera estado en otro capítulo, el de reserva, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. ¿A cuánto asciende lo que ha salido de nuestras cotizaciones históricamente para financiar políticas de interés general, pagadas exclusivamente con cotizaciones? Es importante esta auditoría. Incluso aunque sea solo a nivel de legitimar que, por un lado, la Seguridad Social hace transferencias y, por otro, recibimos préstamos, lo cual me parece inaceptable. De hecho, si el propio Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social ven ilegítimos, como mínimo, los préstamos que se hacen desde Hacienda a la Seguridad Social, endeudándola con una deuda que podría llegar a más de 80 000 millones de euros, ¿se plantea su ministerio y su Gobierno condonar esa deuda, que para nosotros es ilegítima y una trampa financiera? En cuanto a las pensiones no contributivas o asistenciales, ¿no cree que el Iprem, prácticamente congelado desde hace diez años, debería igualarse al salario mínimo interprofesional? Hemos oído propuestas, que mi grupo no comparte, sobre modificar la naturaleza de las prestaciones de viudedad y orfandad y convertirlas en pensiones no contributivas, ¿qué posición tiene usted al respecto? Sobre los planes privados, solamente voy a decir una cosa: no creo justo bonificar fiscalmente a quien tiene recursos para poderse permitir pensiones privadas. ¿Qué piensa usted al respecto? Sobre la brecha de género, ¿habrá planes concretos para reducirla?, ¿cuáles van a ser?

Vayamos a los ingresos. Para obtener nuevos ingresos ¿van a crear planes específicos para sacar a la luz la economía sumergida? ¿Habrá más recursos, un incremento de plantillas de inspectores y subinspectores de la Seguridad Social?

La señora PRESIDENTA: Señor Salvador, debería ir terminando usted.

El señor SALVADOR I DUCH: Ahora sí que será medio minuto y, si acaso, lo quito del derecho de réplica, pero lo siguiente es importante.

En los últimos diez años no ha aumentado prácticamente nada la plantilla de inspectores y subinspectores de trabajo, según los propios datos de la Inspección de Trabajo. Nos llenamos la boca en este tema y, en cambio, los números encima de la mesa no son claros.


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Respecto al baby boom, esa gente ha pagado ya sus cotizaciones, luego hay una obligación de pagar. Esto no es discutible. Ya han pagado sus cotizaciones. Si hubiera habido un buen fondo de reserva -para eso fue creado-, hoy no tendríamos el problema del baby boom, porque habría dinero suficiente. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice de que el sistema es sostenible; lo es ahora e incluso en el futuro si las cosas se hubieran hecho bien. ¿Cómo piensa su ministerio cumplir con esta generación de pensionistas que ya han contribuido durante su vida laboral?

En cuanto a la asociación de jubilados que han cotizado más de cuarenta años, y algunos otros colectivos, estamos absolutamente de acuerdo con lo que ya han expresado los otros compañeros.

Muchísimas gracias, y suerte.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Salvador.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Buenos días. Muchas gracias, presidenta.

Bienvenido, ministro. Le ha tocado a usted una responsabilidad esencial en lo que es el enunciado del artículo 1 de la Constitución, el Estado social y democrático de derecho. Efectivamente, el sistema de Seguridad Social constituye un pilar central en ese maltrecho Estado del bienestar de nuestro país. Es un instrumento no solo retributivo y de solidaridad intergeneracional sino que es un elemento que procura seguridad a la ciudadanía ante la incertidumbre que usted citaba y que ha impulsado además la estabilización y la expansión del crecimiento económico y el mantenimiento de la demanda agregada, que es importante. De hecho, la caja de la Seguridad Social -ya lo vimos en su gráfico- ha tenido superávit hasta el año 2009; efectivamente, su vocablo de solvencia se sustenta sobre estos datos empíricos. ¿Por qué, entonces, la incertidumbre que usted citaba? ¿Es que un día la sociedad española, los pensionistas, nuestros jóvenes, se levantaron con una epifanía y dijeron que no iba a haber pensiones? No, no, esto se produce porque ante cualquier situación de crisis que haya pasado nuestro país -ya viene siendo así desde finales de los años ochenta-, la Seguridad Social ha venido sufriendo reforma tras reforma que, lejos de asentarla o de blindarla como ese pilar central del Estado del bienestar, ha supuesto, por el contrario, un avance en esos planteamientos neoliberales que usted conoce, que buscan la legitimación del recurso al mercado y una visión individualista para la satisfacción de las necesidades sociales. Por tanto, ahí se genera la incertidumbre que, además, se acentúa con ese decenio negro, de 2008 a 2018, porque bajo ese paraguas se acrecienta el relato del déficit excesivo, del gasto excesivo, del factor demográfico que usted ha citado, que es manejable pero que se ha vendido como un elemento narrativo cuando todos sabemos que el déficit no vino porque se gastara más, el déficit vino precisamente porque se recaudaba menos. Todos sabemos cuáles fueron los factores de esa menor recaudación.

En ese momento, por los responsables públicos no se buscó otra fuente de financiación para la Seguridad Social ni para la defensa de los maltrechos servicios públicos que hoy tenemos. Al contrario, al amparo de ese discurso recurrente de la sostenibilidad, del gasto del sistema de pensiones y del impulso del envejecimiento como algo inexorable se adoptaron medidas como el aumento de la edad de jubilación, el aumento del periodo de cotización, el índice de revalorización famoso y el mal llamado factor de sostenibilidad, un factor según el cual el cálculo inicial de la pensión de jubilación debía tener en cuenta la esperanza de vida de nuestros pensionistas en el momento en que accedían a la pensión, induciendo a una sensible rebaja en la cuantía a percibir. Se estimaba que la media supondría una reducción en torno al valor de las pensiones de un 5 % en una década, de manera que en 2050 se podían bajar hasta un 20 %. Ahí nace la incertidumbre; no fue la epifanía. En fin, todas estas medidas contravienen el artículo 41 de la Constitución y ya no le digo el 50.

¿Cuál era el fin de estas reformas realmente? Amparadas supuestamente en razones de índole demográfica y en exceso de gasto ir hacia un nuevo modelo de pensiones públicas de carácter asistencial que debían ser complementadas, cómo no, con eso que se llaman pensiones privadas y que son privadas, pertenecen al ámbito de lo privado. Lo que nos corresponde aquí, en el Pacto de Toledo, y a las instituciones públicas es responder y mantener el sistema público de pensiones conforme establece nuestra Constitución. En fin, todas estas medidas fueron bien vendidas -esos vendedores de paquetes que enlazan bien las cosas, todo revestido de supuestos técnicos- para convencernos a todos de que eran medidas apolíticas cuando eran medidas con un claro, un hondo contenido político. En democracia, los ciudadanos y las ciudadanas son quienes deben determinar el modelo de Seguridad Social que tenemos y no desde luego ningún estamento privado ni instancias no elegidas. Todos sabemos que la


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forma de hacer frente a los problemas que tiene el modelo de Seguridad Social tiene que ver con políticas de crecimiento económico, con políticas laborales y con políticas fiscales; en definitiva, políticas de redistribución de renta. Mi grupo ha defendido siempre en el marco del Pacto de Toledo que muchas de esas reformas no han servido para garantizar la sostenibilidad del sistema; al contrario, han servido para devaluar las pensiones y por tanto el desarrollo de una vida digna de los pensionistas, que han estado mes tras mes, año tras año, reivindicando en la puerta del Congreso.

¿Sabe lo que dicen en mi pueblo, señor ministro? Que la astrología se ha inventado para hacer ver a los economistas que la economía no es una ciencia exacta. Digo esto a modo de broma porque creo que la función hace al órgano y que el Pacto de Toledo como pacto de Estado no debe condicionar nunca el derecho que establece el artículo 50 de nuestra Constitución, que habla de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes a los ciudadanos durante la tercera edad. El Pacto de Toledo debe trabajar para el desarrollo de este derecho. La suficiencia no tiene a veces que ver con la tasa de reemplazo. Yo vengo de letras, pero veo los números -por eso le digo lo de los economistas-, y las pensiones tienen que garantizar el desarrollo de una vida digna, por lo menos en el modelo de sociedad que nosotras defendemos.

En fin, hemos hecho cosas, claro que sí. Hemos actualizado las pensiones al IPC -eso es muy importante-, pero hay que impulsar la reducción de la brecha de género -se ha mencionado por algún compañero en anteriores intervenciones-, hay que revisar el sistema de cobertura de lagunas y determinar la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares, hay que revisar el complemento por maternidad para ser más equitativos y evitar la perpetuación de roles de género, hay que desarrollar medidas para garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural -usted lo ha dicho- descargando a la Seguridad Social de los gastos que sean impropios y hay que revisar las bonificaciones claramente y mantener aquellas que contribuyan de verdad a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.

No sé cómo voy, presidenta.

La señora PRESIDENTA: En fase de descuento.

La señora PITA CÁRDENES: En fase de descuento, muy bien. Entonces, dejaré para los siguientes tres minutos otras muchas cosas.

En definitiva, lo que quería decirle es que queda mucho camino por recorrer y que nos encontrará a su lado sin ninguna duda para restaurar ese pilar esencial en el desarrollo del Estado social que son la Seguridad Social y las pensiones. Se ha citado por todos y creo que es unánime en todos los grupos de la Cámara la preocupación por esas largas carreras de cotización de treinta y cinco o cuarenta años de pensionistas que siguen siendo penalizados con el coeficiente reductor; creo que ahí hay que actuar de manera inmediata. También creo que hay colectivos a los que hay que tratar con referencia, es decir, hay colectivos que pueden trabajar hasta los setenta años y colectivos que no. Ha hablado, por ejemplo, de los afectados por la polio. Durante un tiempo el Gobierno de la Dictadura suspendió las vacunas y han pagado las consecuencias miles de personas que están pidiendo que se les reconozca la discapacidad que realmente tienen y que esa temporalidad se rebaje o se suspenda.

En la segunda intervención seguiré diciéndole cuestiones que se me han quedado en el tintero, ministro.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pita Cárdenes.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.

El señor SAÉZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor ministro, por acudir a esta Comisión y por su exposición, y enhorabuena por su nombramiento. Le confieso que su nombramiento, un profesional independiente con experiencia en la materia, ha concitado mejores expectativas que otros nombramientos que preocupan por su perfil excluyente de opciones políticas que incomodan.

Comenzaré diciendo que el Grupo Parlamentario VOX está firmemente comprometido en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, en trabajar para mejorar el sistema y en proponer mejoras que aseguren su viabilidad. Esperamos sinceramente que los trabajos de esta Comisión se rijan por el respeto institucional y la ausencia de populismo. Esperamos que los acuerdos a los que se llegue


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no les quiten el sueño a los españoles, como le sucedía al presidente Sánchez con un Gobierno de coalición PSOE-Podemos; a propósito, el Gobierno más caro y numeroso de la historia, flaco ejemplo en época de déficits continuados de las cuentas públicas, siendo especialmente preocupante en la Seguridad Social.

El Pleno del Congreso de los Diputados -lo ha mencionado usted en su intervención- aprobó el 25 de enero de 2011 el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo. De sentido común es ver qué ha pasado en las cuentas de la Seguridad Social desde entonces y conocer en qué situación financiera nos encontramos actualmente. En primer lugar, un agotamiento en el Fondo de Reserva, que ha pasado de 66 815 millones de euros en 2011 a tan solo 2150 millones de euros en 2019. Es curiosa la interpretación dada a la recomendación 3 del documento de 2011, que hablaba de una gestión presidida por los criterios de seguridad y solvencia. En segundo lugar, déficits continuados en las cuentas de la Seguridad Social desde el año 2011; unos déficits que en los años 2016, 2017 y 2018 sumaron casi 60 000 millones de euros y supusieron entre un 1,5 y un 1,6 % del PIB, un porcentaje de déficit que apenas se reducirá en el año 2019. Quiero destacar que la diferencia entre las pensiones contributivas y las cotizaciones de los ocupados en estos tres años ascendió a 14 100, 12 500 y 12 400 millones de euros. En tercer lugar, un incremento de la deuda de la Seguridad Social, que ha pasado de 17 169 millones de euros en 2011 a 55 000 millones de euros al cierre del ejercicio 2019. Todo ello en un contexto nada boyante en las cuentas públicas, que terminarán el año con un déficit en torno al 2,4 % del PIB, una deuda pública que se sitúa en el 95,5 % del PIB y una tasa de paro del 13,7 % de la población activa. Nuestra tasa de paro, tras Grecia, es la más alta de la zona euro, una zona euro que tiene una tasa media de paro del 7,4 %, que ya la quisiéramos para España. Con España a la cabeza del paro en Europa, la preocupación de VOX son los 3 200 000 españoles que todavía no han encontrado empleo; mientras tanto, el Gobierno se dedica a partir en dos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El paro supone además una clara merma de los ingresos del Estado. Es evidente que un mayor número de empleados supone un aumento en las cotizaciones sociales -contribuyendo, por tanto, a reducir el déficit de la Seguridad Social- y también un aumento de los ingresos vía impuestos directos e indirectos. Mucho pacto y mucha reforma, pero, como siempre que gobierna la izquierda en España, lo único que han hecho de momento es subir las cotizaciones sociales, que son verdaderos impuestos al empleo. Desde que el señor Sánchez es presidente, han subido un 29 % las cotizaciones mínimas y un 7 % las máximas. Y parece que el real decreto que actualizará las bases de cotización para 2020, que está en preparación, seguirá la misma senda, que no es otra que subir los costes al empleo; costes al empleo que, a pesar de la elevada tasa de paro de España, se encuentran entre los más altos de Europa.

Esta es una situación crítica a la que tenemos que añadir otros factores: una estructura poblacional en forma de pirámide invertida con bajas tasas de natalidad, un aumento gradual de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, así como los compromisos asumidos por España en la reforma del artículo 135 de la Constitución para ajustar el déficit estructural y la obligación de dar prioridad absoluta al pago de la deuda y de los intereses. Quiero destacar que la Comisión Europea estima que España elevó su déficit estructural 2 décimas en 2019 y por encima del 3 % del PIB al término del pasado año. En VOX nos preocupa, señor ministro, la falta de responsabilidad y la ausencia de sentido de Estado, porque de eso estaríamos hablando si no se dispone de un análisis exhaustivo acerca de cómo se va a financiar la subida de pensiones aprobada. Recuerde que Bruselas estima que la revalorización de las pensiones con el IPC elevará el gasto en pensiones en unos 4 puntos del PIB hasta 2050, un aumento del gasto que supondría cerca de 50 000 millones de euros en las próximas tres décadas. Estaríamos hablando también de eso, si no se dispone de una memoria económica detallada sobre cómo se va a financiar la idea del señor ministro de traspasar los gastos de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.

Para cuadrar las cuentas hay que valorar el conjunto de las administraciones públicas y no traspasar déficits entre unas y otras. Los españoles tienen derecho a conocer cómo se va a lograr ese equilibrio. El señor ministro hablaba en su exposición de proyecciones, y es bueno mencionar que en el informe de 2011 situaba las proyecciones de gasto público destinadas a pensiones para 2020 en el 9,5 % del PIB, mientras que en el año 2019 se ha cerrado en el 10,8 % del PIB. Por eso, es tan importante tener y desarrollar una memoria económica realista y no simplemente una memoria de intenciones.

Señor ministro, sean bienvenidas las promesas de consensos y reformas, pero no son creíbles, y no lo son, porque quienes ustedes han elegido como socios en el Gobierno fueron quienes hicieron saltar por los aires el consenso del Pacto de Toledo -quiero recordar que desde el PSOE se acusó a Unidas Podemos de no adherirse a las recomendaciones por una cuestión electoralista- y tampoco son creíbles


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porque se ha fijado fecha para iniciar negociaciones con el PNV para llevar a cabo el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Este acuerdo dañará, a nuestro entender, el consenso en esta Comisión del Pacto de Toledo y supone para VOX una clara línea roja, ya que el traspaso eliminará una de las últimas presencias del Estado en el País Vasco y abrirá una brecha en el sistema actual que los nacionalistas tratarán de ensanchar en cada una de las negociaciones con el Gobierno.

Para finalizar, me gustaría plantearle al señor ministro las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo piensa financiar el Gobierno el aumento del gasto público necesario para financiar, vía Presupuestos Generales del Estado, los déficits continuados de la Seguridad Social? En segundo lugar, ¿piensa cumplir el Gobierno con la ley aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que obligaba a la Seguridad Social a informar a los trabajadores anualmente sobre la cuantía de sus derechos pensionables y la cuantía de la pensión esperable? En tercer lugar, ¿qué piensa el señor ministro sobre el uso de cuentas nocionales -numerosos expertos hablan de reformar el sistema para asegurar su viabilidad-, sobre la existencia de un pilar de capitalización complementario al de reparto, como ya existe en países como Suecia, Holanda o Dinamarca y sobre analizar en el Pacto de Toledo experiencias llevadas a cabo en otros países encaminadas a asegurar la viabilidad futura del sistema?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cabezón Casas.

El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.

Señor ministro, bienvenido a la Comisión. Quiero reiterarle las felicitaciones por su nombramiento y antes de entrar en materia me gustaría pedirle que hoy, después de la incertidumbre que ha creado la guía que ha elaborado la ministra de Trabajo sobre el coronavirus, desde el Gobierno usted traslade certidumbre y el mensaje tranquilizador al empresariado español de que todas las medidas que haya que tomar en esta materia tan importante sean consensuadas dentro del Gobierno y salgan desde el Ministerio de Sanidad. Creo que hoy tiene una magnífica oportunidad para tranquilizar al empresariado y deberían procurar evitar desencuentros o improvisaciones dentro del Gobierno porque generan desconfianza social y mucha incertidumbre, como decía anteriormente, en el empresariado.

Dicho esto, y más allá de la felicitación que ya le he hecho, quiero señalar entrando en materia que para nosotros fue una satisfacción que usted fuera nombrado ministro porque, desde hace muchos años de su dilatada trayectoria profesional, hemos ido siguiendo sus diferentes recomendaciones en tema de pensiones y los diferentes estudios que ha venido haciendo a lo largo de su trayectoria en la AIReF, o incluso anteriormente desde sus responsabilidades en el Banco Bilbao, y coincidimos en gran parte de los objetivos que hay que seguir marcándose para trabajar en este gran proyecto que es la sostenibilidad del sistema público de pensiones del país. Como decía, para nosotros fue una satisfacción que un señor que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a estudiar, a analizar y a filosofar sobre este proyecto viniera ya con un esquema mental de lo que hay que hacer, lo cual es muy importante, pero ahora le toca hacer algo más complicado. Le toca pasar de las musas al teatro, tiene que dejar de filosofar y empezar a actuar, lo cual tiene una serie de consecuencias y tendrá que empezar a discutir dentro de su propio Gobierno con otras corrientes políticas que chocan frontalmente con algunas de las recomendaciones que ha venido usted haciendo desde la AIReF y que nos ha planteado hoy en su intervención, lo cual entiendo que le va a costar un poco llevarlo a cabo.

Aquí seguramente los grupos parlamentarios, y en concreto el nuestro, estemos más cerca de sus posicionamientos desde la responsabilidad que tenemos en la sostenibilidad del sistema. Este grupo tiene muy claro que la disposición primera con la que venimos a trabajar a esta Comisión debe ser la sostenibilidad del primer pilar que constituye el sistema, y ahí seguramente nos va a encontrar. Como decía, usted viene ahora a ejecutar unas actuaciones pero también viene a esta Comisión a consensuar políticas, aunque previamente las va a tener que consensuar en su Gobierno. En primer lugar, lo tendrá que hacer respecto a dos medidas que van a afectar a uno de los temas que a usted más le preocupan y que son los ingresos de la Seguridad Social, porque para tener ingresos en la Seguridad Social lo primero que necesitamos, claro está, son cotizantes. En este sentido, usted ha reconocido en sus diferentes estudios que gran parte del déficit que tenemos en la Seguridad Social viene por la crisis económica y la caída de las cotizaciones, por tanto, no caigamos nuevamente en errores derogando una reforma laboral que ha generado más puestos de trabajo y mayores incrementos en las cotizaciones sociales. Por tanto,


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ahí tiene el primer escollo dentro de su Gobierno, cómo va a mantener, derogando una reforma laboral, esas cotizaciones sociales.

El segundo escollo importante está en la subida de impuestos. Usted sabe que a las empresas las subidas de impuestos indiscriminadas les espantan y, en consecuencia, se genera una desaceleración económica y se destruye empleo. Ahí tiene dos escollos muy importantes que tiene usted que solventar dentro de su Gobierno. Es su momento, señor ministro, tenemos mucha esperanza en que usted salga airoso en las negociaciones internas del Gobierno porque eso será bueno para el sistema de la Seguridad Social.

Dentro del Pacto de Toledo nosotros trabajamos desde la responsabilidad en el corto, en el medio y en el largo plazo: en el corto plazo, cumpliendo con Europa en los objetivos de estabilidad presupuestaria que nos ha marcado; en el medio plazo, con la revalorización de las pensiones, y en el largo plazo, con la sostenibilidad de la deuda y el déficit estructural. Y ahí es donde va a encontrar a este grupo parlamentario y al Partido Popular.

También quiero decir claramente -se lo dije en la anterior intervención y lo hemos dicho siempre, porque cuanto más claro, más amigos- cuáles son los límites para el Grupo Parlamentario Popular, ya que es lo más leal que podemos hacer. Para nosotros el traspaso de la caja única de la gestión económica de la Seguridad Social es una línea infranqueable. Yo sé que usted no quiere traspasar el régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco; lo único es que no se atreve a decirlo. Sé que usted es un convencido de mantener la caja única de la Seguridad Social. Pues dígalo claramente y avanzaremos muchos pasos hacia esas veinte recomendaciones del Pacto de Toledo.

No entiendo el cambio de posicionamiento del Partido Socialista en el último año. Hace un año, la señora Batet -entonces ministra de Política Territorial- sacó de la agenda de transferencias el estudio sobre las transferencias del régimen económico de la Seguridad Social. Pero es que hace un año, en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta de Albert Rivera -entonces presidente de Ciudadanos-, Sánchez dijo: "No voy a transferir en ningún caso la gestión económica de la Seguridad Social". Aunque sé que se ha aficionado a buscar los currículos de los parlamentarios del Partido Popular, no busque en mi currículum -yo no he votado ningún estatuto en el que se incorporen nuevas competencias de Seguridad Social a comunidades autónomas-, porque en el mío no lo va a encontrar. Por tanto, tenga muy claro que aquí esa es una barrera infranqueable, señor ministro. Sea claro porque hay muchos ciudadanos vascos que también quieren certeza, no solo los ciudadanos de Soria, de Cuenca o de Teruel, que pueden ver dificultades a la hora del pagar las pensiones si se rompe la caja única, sino también los ciudadanos vascos. Y no es una alarma del Partido Popular, sino que es una alarma de la ciudadanía, de los letrados de la Seguridad Social, de los inspectores de Trabajo, de UGT y de exdirigentes socialistas.

Al grano, Asjubi40. Creo que es el primer consenso que hemos visto hoy aquí entre los grupos parlamentarios. Todos creemos que es una reivindicación justa que tendremos que trabajar y, por lo tanto, desde este grupo también nos sumamos a que se estudie esa reivindicación histórica.

Bruselas se lo dice claramente: medidas de sostenibilidad. Señor ministro, no hemos hablado del índice de sostenibilidad más allá de alargar carreras profesionales, más allá de decir que se amplíen las cotizaciones sociales de veinticinco a más años.

Pacto de Toledo, resumen ejecutivo. Lo vemos estupendo, creo que es necesario ese resumen ejecutivo para limpiar un poco el farragoso texto que tiene el Pacto de Toledo.

Voy a acabar, señora presidenta, y me dejaré parte para la segunda intervención. Son muy importantes la suficiencia y la sostenibilidad del sistema y, por tanto, en cuanto al índice tiene que ser muy claro. Señor ministro, ¿va a derogar el índice de revalorización de las pensiones aprobado, del 0,25 % en el mínimo caso y del IPC más el 0,50 en caso de que la economía vaya bien? ¿Va a quedarse con el IPC o va a intentar ligarlo a lo que usted decía cuando era presidente de la AIReF, que existen posibilidades de revalorización de las pensiones complementarias al IPC, como crecimiento del PIB, los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales, que pueden conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con la sostenibilidad a largo plazo?

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cabezón Casas.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea i Conillas.


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La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Es un placer estrenar esta Comisión dando la bienvenida al ministro Escrivá al Pacto de Toledo. El consenso en pensiones es uno de los consensos básicos a los que hemos de llegar en esta legislatura. Esto es evidente, lo reconocen todos los grupos parlamentarios, lo decía el señor Barandiaran, la señora Muñoz, de Ciudadanos, y también el portavoz del Partido Popular. El consenso ha sido el mecanismo prioritario para construir reformas estructurales de país. En pensiones, en primer lugar -y creo que hemos coincidido todos-, hemos de garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, y en segundo lugar, eliminar la incertidumbre. Digámoslo en positivo: generar confianza y certidumbre.

En este sentido, cuando el ministro Escrivá acaba de decir que estamos en máximas de incertidumbre, no veo yo muy sensato empezar a cuestionar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y diré por qué. Hoy las recomendaciones del Pacto de Toledo dicen que el sistema es sostenible y que lo que tenemos que hacer es adoptar medidas. Cuanto antes lleguemos a este acuerdo, antes se adoptarán estas medidas. La afirmación del ministro Escrivá de que la Seguridad Social es solvente, señorías, creo que deberíamos llevarla en la frente grabada todos y cada uno de los diputados de esta Comisión, sin distinción de a qué grupo parlamentario pertenecemos. En este sentido, el ministro ha sido contundente y ha afirmado que el incremento del gasto en el envejecimiento es manejable y esto significa que hay soluciones. Por tanto, rechazamos voces alarmistas. El Pacto de Toledo es el mecanismo -lo he dicho- más sólido para llevar a cabo las reformas del sistema de pensiones. En este sentido, el borrador cero del Pacto de Toledo -ahora me voy al porqué no podemos empezar a cuestionar el propio sistema y las propias recomendaciones- define claramente -y le digo al portavoz del Partido Popular que preste atención- cómo es nuestro sistema de Seguridad Social, que está basado en los principios de universalidad, unidad, solidaridad, redistribución de rentas, igualdad y suficiencia. Estos son los principios rectores del sistema que están contenidos hoy ya en las recomendaciones de las pensiones y creemos, evidentemente, que en eso es en lo que nos tenemos que basar en una futura reforma. Son precisamente estas recomendaciones las que marcan una línea roja, y creo que no está de más que los que ya estábamos allí nos la leamos para recordarlo -entiendo que los que son nuevos en la Comisión no lo recuerden-. Había una línea roja muy clara, y leo literalmente: "Los grupos parlamentarios se oponen a cualquier transformación radical del sistema de pensiones y a otras reformas que no respeten los elementos básicos que acabo de mencionar". Por tanto, hay que dejar claro y sin ningún tipo de duda que estos principios rectores son -y lo serán- los que marcarán esta línea roja en las futuras reformas. Por eso, quiero dar un aviso a navegantes. Antes de crear otra vez alarma, antes de que empecemos a sospechar de que hay grupos que quieren descolgarse otra vez del acuerdo en pensiones -que no creo que sea esta la voluntad-, el Grupo Socialista dice claramente: el sistema de pensiones no se va a trocear. Que esto le quede claro a todo el mundo, a todos los grupos parlamentarios y desde luego a la ciudadanía. Insisto en que los grupos parlamentarios, en vez de crear este alarmismo, deberían estar a lo que dicen estas recomendaciones, y evidentemente no nos gustaría que esta fuera una excusa -lo dijimos ya en la tribuna recientemente- para descolgarse del acuerdo en el Pacto de Toledo.

Les recuerdo algunas propuestas contenidas en las recomendaciones: sanear en cinco años el sistema, recuperar el equilibrio financiero y garantizar las pensiones por el IPC real -lo dice la segunda recomendación-. Señor Cabezón, volver a generar inquietud, no veo yo hacia dónde nos lleva, y creo que flaco favor hace a las recomendaciones. Hoy están actualizadas -lo decía la portavoz de Podemos- las pensiones sobre la base del IPC, y no fue gracias a ustedes, señores del PP y Ciudadanos; no, fue gracias a las movilizaciones de la ciudadanía. Ustedes no las aumentaron por el IPC, ustedes las incrementaron un 1,6 % por un pacto con el PNV. Punto. No nos hagamos trampas al solitario. Acaba de decir el señor ministro que hemos de acabar con el alarmismo de las proyecciones. Estas proyecciones se daban en su reforma del 2013. El estudio que hicieron los técnicos que llevó a la reforma del 2011 hablaba de esas alarmantes proyecciones que hoy el ministro ha dicho que no eran sostenibles.

Asimismo, resolver la brecha de género es uno de los objetivos al que nos tenemos que encomendar todos en esta legislatura. Hablamos de situaciones precarias y, por eso, no acabo de entender que la portavoz de Ciudadanos hable de la viudedad como algo anacrónico cuando hoy el 95 % de mujeres están acogidas a las pensiones de viudedad. Yo tendría mucho cuidado a la hora de asignar una palabra o un concepto a según qué políticas que son integradoras y de cohesión.

Acabar con la pobreza en pensiones. A este respecto, el consenso es unánime. El ministro ha hablado del ingreso mínimo vital y, además, de complementar aquellas pensiones que tienen complementos a mínimos, lo cual es muy buena noticia. Además, hemos de trabajar de forma conjunta, Estado y


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comunidades autónomas, y les digo a los responsables de las autonomías que acabar con la pobreza, como la pobreza infantil -en Cataluña, por ejemplo, es de un 27 %, la más alta de toda Europa-, tendría que ser un objetivo de todos. El Gobierno del Estado y el de las comunidades autónomas tienen que ir de la mano. En definitiva, se trata de mejorar el sistema económico-financiero, la acción protectora, por ejemplo, de los viudos y las viudas -porque son mujeres, como ya decía- o de colectivos como el de las empleadas del hogar, quienes sufren una discriminación desde que entran ya a trabajar y durante su jubilación, si es que llegan a percibir una pensión. Hemos hablado también de la Asociación de Jubilados con más de cuarenta años cotizados, Asjubi40. Este grupo presentó en el año 2017 la primera proposición no de ley para enfocar y encarar esta situación. Ha hablado la responsable de Unidas Podemos de las personas que sufren polio y, ciertamente, es una situación de verdadera discriminación.

Efectivamente, hemos de hablar de forma transparente. Recoger un resumen ejecutivo es una oportunidad también para clarificar y enviar mensajes claros a la ciudadanía de certidumbre y de confianza, y todo ello para que España sea la seña de identidad para la futura Europa, con un sistema de protección social sólido, con pensiones dignas y, por qué no, un mensaje a la globalidad. España y este Gobierno progresista apuestan por las pensiones dignas y suficientes. Precisamente, este acuerdo del Pacto de Toledo tiene que enviar un mensaje a alguien que está esperando con candeletes que lo tengamos claro: los jóvenes. Los jóvenes son los interpelados de este acuerdo, o les garantizamos que con el sistema de pensiones van a tener unas pensiones dignas y suficientes en el futuro, o el propio sistema de pensiones se va a caer. Por tanto, seamos objetivos, consensuemos en esta Comisión -yo creo que tenemos una oportunidad de dar un ejemplo al resto de comisiones de esta legislatura- y volvamos a hacer del sistema de pensiones el centro del Estado del bienestar, el mecanismo de mayor distribución de la riqueza que tenemos en nuestro país. Este es el mejor mensaje para garantizar unas pensiones sólidas, unas pensiones social, económica y políticamente sostenibles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea.

A continuación le doy de nuevo la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para responderles a todos ustedes.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Señorías, antes de ir contestando a preguntas más concretas me gustaría hacer alguna observación de carácter general que tiene que ver con alguno de los planteamientos que ustedes han hecho. De alguna forma aquí estamos en una situación circular, algo distinta de lo habitual en otros procesos de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que parte de las concreciones que hagamos dependerán de lo que ustedes nos recomienden. Si estamos buscando un consenso lo más amplio posible sobre el ámbito del sistema de pensiones, una vez que ustedes hayan construido el consenso y nos hagan las recomendaciones entonces nosotros podremos desplegarlas de una forma o de otra. Por tanto, yo creo que un exceso de concreción por mi parte sería incluso intimidante o de alguna forma no encajaría demasiado bien con el punto procesal en el que estamos, es decir, en el arranque del Pacto de Toledo. Yo he intentado con mi presentación plantear dos cuestiones: por una parte, tomar como punto de partida las recomendaciones del borrador anterior que estuvo a punto de aprobarse con un amplio consenso y analizarlo, y por otra, ver qué propuestas son parecidas a nuestros planteamientos, así como cuáles tienen sentido y capacidad desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera y comprobar en qué medida ambas cosas -la solvencia del sistema y la suficiencia- encajan. Lo que yo constato -es lo que he intentado transmitirles- es que encajan bastante bien. Ese punto de partida permitiría a este ministerio y a este Gobierno poner encima de la mesa una agenda legislativa en el segundo periodo de sesiones que fuera coherente con las recomendaciones y pudiera satisfacer las recomendaciones que se hacen, si el punto de partida es el que he dicho. Por eso creo que no es razonable que yo vaya mucho más allá de lo que he ido en este momento en ese terreno. Llegará un momento en que haya más concreciones.

Hay otras dos observaciones que quiero hacer de carácter más general. La primera tiene que ver con alguna referencia que se hace a los estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el pasado. En este tipo de estudios la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no hacia recomendaciones, simplemente constataba elementos y los ponía encima de la mesa. Nunca se pronunció, por ejemplo, sobre el IRP como tal, sino simplemente hizo cálculos para poner de manifiesto cuáles eran los efectos de la aplicación del IRP en determinadas circunstancias, pero siempre tomó con punto de


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partida la normativa vigente. Lo que sí constató la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -y esto es algo que es conveniente tenerlo presente- es que la aplicación del IRP en un periodo dilatado de tiempo, a partir de la brecha existente entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, llevaba aparejada una desvalorización de las pensiones muy elevada. De hecho, lo que ocurrió fue que se pronunció la AIReF antes de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, que la fórmula que establecía el cierre de la brecha en ausencia de ingresos alternativos a la Seguridad Social llevaba a una pérdida del valor de las pensiones de casi un 35 %. Piensen ustedes cuál es el mensaje que se está dando a los pensionistas con este cálculo que sale de la fórmula: en la medida en que no haya acuerdos sobre otras fuentes de ingresos, ustedes tienen que saber que sus pensiones a veinte años vista, si uno está empezando su edad de jubilación, van a perder valor en un 35 %. Este es el mecanismo de ajuste que hay en el IRP, y en el primer año en el que se iba a producir una pérdida de poder adquisitivo se corrigió y así hasta ahora.

En el mundo no hay precedentes de ningún mecanismo de este tipo porque normalmente las reformas que se realizan en el ámbito de las pensiones se hacen modificando las condiciones con suficiente anticipación de aquellos que tienen tiempo para tomar decisiones y reajustarlas, pero nunca se hacen directamente sobre personas, como los pensionistas, que no tienen ya palanca de reajuste. Además, se hizo con una fórmula que salió de un equipo de expertos, que yo creo que nunca fue realmente bien calibrada, y cuando se empezó a calibrar todo el mundo se dio cuenta de que aquello tenía poco sentido. Creo que hay que reconocer esto, que aquello se calibró mal, que llevaba a procesos de ajuste que tenían poco sentido y que había otras alternativas de solución, tal y como todos hemos puesto de manifiesto hoy en la discusión que hemos mantenido.

También se ha hecho referencia al factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es una de estas cosas que está revoloteando permanentemente y que es mucho menos importante de lo que nos parece. No sé si es por el nombre que se le puso -factor de sostenibilidad-, o por lo que sea, pero tal y como está parametrizado en la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad tiene poco efecto sobre las pensiones y sobre modificar el nivel de gasto; muy poco, ya que no llega a medio punto del PIB a largo plazo. Por tanto, estamos poniendo el foco sobre algo que realmente es poco importante y también afectando con el mismo mecanismo sobre los pensionistas existentes. Si hubiera un aumento muy elevado de la esperanza de vida, todos estaríamos de acuerdo en reconsiderar este principio general y habría que reflexionar sobre el sistema, porque si eso ocurriera habría que introducir también otros elementos, como la robotización, en el sistema por el lado de los ingresos. Sin embargo, insistir en el factor de sostenibilidad como un elemento importante es algo que verdaderamente no tiene mucha relevancia cuantitativa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo intentó reflejar haciendo cálculos del efecto del factor de sostenibilidad a medio plazo y estas cifras que he dicho proceden de esas estimaciones. Me preguntaba la señora Muñoz sobre ello, pero yo nunca me pronuncié sobre el factor del IRP, simplemente lo que hizo la AIReF fue poner de manifiesto cálculos objetivos que después pudieron servir para que distintos Gobiernos no lo aplicaran en diversas circunstancias, sobre todo porque si lo hubieran empezado a aplicar, el mensaje a medio plazo habría sido un mensaje muy duro, cuando hay canales alternativos para reajustar el sistema, que además son los que en general se utilizan en otros países. Aquí quisimos innovar con algo, pero verdaderamente no se había calibrado bien -yo lo dejaría ahí- sus consecuencias con los mecanismos automáticos que tiene de reglas.

Se ha hablado también de Bruselas y de las reuniones de la Comisión Europea. Este es un tema que conozco particularmente bien, porque he trabajado en organismos internacionales -he trabajado con ellos, dentro de ellos, desde ellos- en casi toda mi trayectoria profesional. Cuando vemos estas recomendaciones a veces no tenemos en cuenta algunos elementos que son muy importantes. A veces -esto nos ocurre en España, por ejemplo, con el output gap-, estos estudios se hacen con metodologías comunes que tienen que ser exactamente las mismas para todos los países. Esto surge del Ageing Working Group, que tiene que utilizar unas proyecciones poblacionales que condicionan mucho, como he explicado, los resultados y que son inadecuadas. Así las utilizó en su momento el INE y también Eurostat, y en el caso español son particularmente inadecuadas, como ha puesto de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por razones de homogeneidad metodológica utilizan esas proyecciones y no utilizan las que en privado nos reconocen ampliamente -me lo han reconocido varias veces- que son mucho más afinadas, como las de la AIReF o las que hará en su momento la Seguridad Social cuando publiquemos datos. Como resultado de eso, aparece una fotografía inadecuada. Yo voy a ir a Bruselas próximamente y tendré oportunidad de volver a hacerles ver que este tipo de mensajes -sobre todo los basados en ese tipo de metodologías tan


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simples para que sean comunes para todos los países- trasladan un alarmismo innecesario cuando se ponen de manifiesto. Creo que esto es así.

Hablando de cuestiones en las que la Comisión Europea tiene estudios más atinados -se ha hablado de los impuestos-, las recomendaciones que hacen sistemáticamente a España todos los organismos internacionales en el ámbito impositivo inciden en dos cuestiones. La primera es que somos un país con una fiscalidad medioambiental extraordinariamente baja en la comparación internacional y para los tiempos que corren de preocupación por los retos que nos plantea el cambio climático. Esto es algo sistemático y es constatable. La segunda es que a España se la tiende a identificar como un país con un problema de fiscalidad en las exenciones y bonificaciones fiscales de todo tipo; somos el país, junto con Italia, con mayor agujero en los beneficios fiscales. Probablemente estemos en torno a 70 000 millones de euros. Además, no los hemos evaluado. Nos ha dicho la Comisión Europea: ¿ustedes han evaluado si esos 70 000 millones de ingresos a los que han renunciado realmente están teniendo los efectos que esperaban? Realmente, no. Por eso esta Cámara en su momento, si no recuerdo mal por un acuerdo unánime, pidió que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evaluara los beneficios fiscales, y entiendo que la Autoridad los divulgará próximamente, porque sus trabajos deben estar cerca de ser completados. Por tanto, en algunas de las cosas que tienen que ver con nosotros estamos un poco a la espera de esa evaluación de la Autoridad independiente.

Preguntaba la señora Muñoz en relación con las reducciones a la Seguridad Social asociadas a la tarifa plana. Esa es una de las reducciones que está analizando en este momento la AIReF. Cuando veamos sus resultados, veremos en qué medida ha sido una reducción eficaz o no desde el punto de vista de los objetivos para los que se diseñó. Ahí estamos a la espera de esa evaluación. En general, cuánto mejor diagnóstico tengamos, cuántas más evaluaciones hagamos, mejores serán nuestras decisiones y más atinadas estarán. Esto, como reflexión de carácter general.

Tengo aquí apuntadas algunas preguntas más concretas. La señora Oramas hacía referencia al mínimo vital, que también se ha planteado por otros grupos -el señor Ruiz de Pinedo y el señor Salvador-. Tenemos la impresión de que -también, por cierto, es una recomendación regular que recibimos de Europa- tenemos un sistema de protección social, en la parte de rentas más bajas y de grupos marginados, muy por debajo de lo que es habitual en Europa y, por otro lado, tenemos una dispersión de beneficios a veces no suficientemente focalizados, con distintas administraciones involucradas. No me corresponde a mí, porque excede claramente mis responsabilidades, pero, en la medida de lo posible, en el área del diseño del ingreso mínimo vital, intentaremos hacer una reordenación de este tipo de prestaciones para que sean más eficaces, no se solapen y generen resultados redistributivos mucho más potentes desde el punto de vista de que estos beneficios se puedan focalizar realmente en los más desprotegidos, en los más vulnerables y puedan tener, por supuesto, unos efectos de redistribución de renta mayores que los existentes. Aquí hay un campo de acción que no solo involucra a la Administración central, sino también a los Gobiernos autonómicos; de hecho, los ayuntamientos son muy importantes en la gestión de todo este ámbito. Por tanto, como decía la señora Oramas, con las palancas que tengamos en otra parte del ministerio, intentaremos conseguir ese esquema de políticas inclusivas que realmente buscan que los que se quedan atrás puedan incorporarse por distintas vías a la sociedad y puedan tener una vida más gratificante. Eso, lógicamente, tendrá alguna incidencia sobre el sistema de pensiones. Estamos evaluándolo y estamos viendo exactamente cómo diseñar esto. No hay que precipitarse, porque el tema es complejo, hay muchas administraciones involucradas y hay que hacerlo bien.

Ha salido el caso de los jubilados que tienen carreras profesionales extraordinariamente largas, les gustaría jubilarse anticipadamente y están sometidos al límite de los sesenta y cinco años. Prácticamente lo han planteado todos los grupos, así que les invito a buscar un punto de consenso sobre este asunto y, como en otras cuestiones, plantearnos lo que creen que es apropiado. Nosotros lo evaluaremos, por supuesto, y veremos el margen que hay. Mientras tanto, si quieren, podemos traerles información sobre número de personas que se ven afectadas, carreras, implicaciones para la sostenibilidad del sistema. Esta es la forma de trabajar. Hemos identificado entre todos un problema claro, una situación intrínsecamente injusta; me ha parecido oírlo por parte de todos los grupos. Lo que podemos hacer es ayudarles a ver la dimensión del problema, con información y datos que tenemos en la Seguridad Social: de quiénes estamos hablando y cuáles son las mermas de ingresos que se producen. En esta idea de hacer políticas cada vez más focalizadas y más precisas, conviene tener la mejor información para que no nos equivoquemos a la hora de diseñar las políticas y, realmente, utilicemos la munición que tenemos -que no es infinita, nunca


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es infinita- y la capacidad fiscal que tenemos para ser efectivos en dirigirla a los colectivos que más se lo merecen, que tienen una situación más injusta.

También me ha planteado la señora Oramas algunas cuestiones en relación con la política de traer refugiados que se encuentran en campos de fuera. España tiene unos compromisos que no hemos cumplido como deberíamos hasta ahora, eso es verdad. Estamos trayendo refugiados a un cierto ritmo en función de los compromisos internacionales y de los acuerdos existentes a nivel internacional, pero tenemos un problema que no le quiero ocultar y en el que estamos trabajando, que es generar mayor capacidad de acogida de la que tenemos. Tenemos que tener una infraestructura de acogida bien diseñada, con más implicación del Estado y con capacidades habitacionales, por así decirlo, para poder acogerles en primera instancia y después ver su integración en la sociedad. Este es un ámbito en el cual el recorrido de mejora que tenemos en la Secretaría de Estado de Inmigraciones es amplio, pero también requiere cooperación y coordinación con los distintos ámbitos de la Administración, comunidades autónomas y, fundamentalmente, ayuntamientos, en los que el ámbito de mejora en la cooperación es significativo. Se trata de prepararnos mejor para cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades. Por supuesto, en estas situaciones hay que tener la máxima sensibilidad por las consideraciones humanitarias y de compasión que puede haber, pero necesitamos hacerlo de una forma ordenada y organizada, y eso requiere desplegar unos ciertos procedimientos e infraestructuras en los que en este momento somos débiles. En eso estamos trabajando. El otro día anuncié algunos números y datos y en cuanto tengamos más resultados los podré de divulgar.

En respuesta al señor Pinedo o al señor Salvador -ha sido uno de los dos-: sí, es mi intención. Me voy a ver con todo el mundo, por supuesto, y con todos los colectivos que en el ámbito de pensiones quieran trasladarnos sus preocupaciones y sus inquietudes. Estudiaremos la documentación que nos han presentado y estaremos muy implicados en intentar aprender de todos. Obviamente, hay una dimensión fundamental, que es el diálogo social con los sindicatos y las entidades empresariales, pero después hay que abrir otra puerta a todas aquellas instancias de la sociedad cuyas contribuciones sean importantes para que el diagnóstico sea el mejor posible.

Ha surgido, en términos dialécticos, el tema de la previsión social complementaria en el País Vasco. Hay que hacer una separación muy clara -y considero que el señor Barandiaran la ha hecho- con los planes de pensiones privados, que son un producto muy caro y, además, muy regresivo en la medida en que hay un beneficio fiscal que termina concentrándose. Es -se puede ver con datos públicos ya existentes, pero tiendo a pensar que cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo presente, se verá con más detalle- un beneficio fiscal muy regresivo y va probablemente dirigido a colectivos o personas para los que, por el nivel de patrimonio que tienen, esa decisión no tiene mucho que ver con tener una pensión complementaria -digo, lo que está diseñado ahora- y es un producto muy muy caro y con una estrategia de inversión muy particular. En cambio, los planes de pensiones que surgen de la negociación colectiva y en los que el beneficio fiscal propicia que en esa negociación colectiva se constituyan esos planes de pensiones tienen unas características muy distintas y tiendo a pensar que también su cartera de inversión, porque en estos planes la influencia que tienen las políticas de inversión, las comisiones de supervisión, es muy superior a la que hay en el caso de los grandes fondos de pensiones. No tengo aquí la información, pero para que pudiéramos tener una discusión más informada de lo que el señor Ruiz de Pinedo ha planteado sería deseable tener información precisa de la estructura de inversión que tienen los planes individuales de pensiones y de la que tienen los planes de empleo que emergen de la negociación colectiva. Este es un tema que me parece interesante para ir analizando y que podríamos ir viendo más adelante.

La señora Muñoz me ha planteado algunas cuestiones, por ejemplo, esos tres niveles de los que hablaba. Este es otro tema en el me tienen que perdonar que les devuelva un poco la pelota. Tiendo a pensar que sobre el área que tiene que ver con viudedad y con orfandad se puede hacer una reflexión en profundidad, teniendo en cuenta el cambio que se ha producido en la sociedad y la participación de la mujer en el mercado de trabajo, en el que ya prácticamente tenemos niveles de participación iguales el hombre y la mujer, pero, como ocurre en todo, el presente o incluso el futuro puede ser muy distinto del pasado y, entonces, hay que ver los distintos regímenes que podemos estar manejando. Imagino que cualquier rediseño de las prestaciones en este campo debería tener en cuenta distintas situaciones. Les invito a abrir una reflexión, si quieren, sobre este tema. Nosotros les podemos ayudar con información, con datos, pero no sé si esto puede suscitar el consenso máximo y lo podemos llevar a algo definitivo. Esa es mi sensación. Eso es lo que puedo decir sobre esto en este momento.


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Se ha planteado el tema de la Seguridad Social y la caja única. Obviamente, la caja única no está en cuestión. Lo puedo volver a decir, pero eso es así. Les pido que lean lo que dice exactamente uno de los treinta y tantos puntos que se van a discutir, que es el último. En los términos está expresada la discusión. Cuando hay una competencia en un estatuto que está aprobado, habrá que discutirla. Esa competencia tendrá que evaluarse en un momento determinado y ver si es factible o si pasados tantos años sigue teniendo sentido o no. Respecto a hablar a nivel técnico, no tengo restricción alguna. Si ustedes, por ejemplo, desde Andalucía -donde también, como saben, tienen una disposición similar a la del País Vasco en su estatuto- nos plantean que quieren esa competencia, habrá que discutirlo también, mientras no la deroguen del Estatuto de Andalucía o de los once estatutos donde existe. Ustedes están gobernando -me refiero al Grupo Popular, con los apoyos de VOX o de Ciudadanos- en comunidades autónomas en cuyos estatutos hay redacciones sobre las competencias que debería tener la comunidad autónoma en el ámbito de la Seguridad Social sensiblemente más ambiciosas que las que hay en el Estatuto vasco de 1979. Eso sigue vivo, que yo lo recuerde, y no debería ser motivo de inquietud. Lo que quiero hacer ver simplemente es que cuando esas competencias se han instalado y se han aprobado por los grupos, en la bilateralidad con la que se discuten esas competencias con la Administración central, hay que estar abierto al diálogo y a ver exactamente qué sentido tienen y qué recorrido pueden tener. Creo que hay que verlo con absoluta naturalidad y por eso me parece sinceramente que este asunto se presenta de una forma muy grandilocuente; yo lo veo con mucha naturalidad y no le doy mucha importancia, la verdad. Eso es lo que tengo que decir sobre esto.

Voy a ver si me queda alguna pregunta más que he ido apuntando aquí. (Pausa). De pensiones ya hemos hablado; he aclarado lo del factor de sostenibilidad... A todo lo que tiene que ver con coeficientes reductores y jubilación anticipada, creo que hay que darle una vuelta, hay que reordenarlo. En las discusiones que ustedes tengan, les podremos traer información para que vean exactamente dónde están los límites, los problemas, las personas afectadas y lo que está ocurriendo. Muchas de estas discusiones que tenemos se están produciendo sin tener suficiente información; sinceramente así me lo parece. No hay nada como dar información.

Ha habido algunas observaciones sobre el mercado de trabajo. Creo que se habla mucho sobre esto sin haber profundizado y analizado suficientemente. Para que vean ustedes hasta qué punto, les diré que ahora, por fin, están saliendo evaluaciones realmente precisas sobre las reformas de trabajo que se hicieron en Alemania a principios de los años 2000, las famosas reformas Hartz. Pues bien, por lo que se refiere a esas reformas que se desplegaron al principio, lo que se está poniendo de manifiesto ahora es que pudieron tener un efecto de dinamizar algo el empleo, pero han generado mayor desigualdad y precariedad. Siempre hay un binomio en las reformas entre eficacia y equidad. El nuevo paradigma económico que se está instalando en el mundo, empezando por los organismos internacionales -estos que citamos todos-, tiende a recordarnos que a veces, en aras de la pura eficacia, hemos generado problemas grandes de equidad y que el elemento de equidad hay que incorporarlo en la modelización que hacemos los economistas de una forma mucho más explícita. Bien, pues cuando analizamos la reforma alemana de principios de los años 2000, ya con suficiente perspectiva, lo que está saliendo en los estudios es que fue eficaz en algunos aspectos -quizá no tanto como se pensaba-, pero generó problemas de equidad que se tienen que reconsiderar. Desde esa perspectiva es desde la que hay que ver las reformas laborales que se han hecho en España en distintos momentos. El binomio equidad-eficacia muchas veces no está suficientemente explícito y los problemas de equidad a veces terminan generando efectos indeseables desde el punto de vista de la eficacia económica. Por ejemplo, es evidente que la precariedad en el mercado de trabajo tiene efectos indeseados de todo tipo. La lucha contra la precariedad, me parece central.

Aquí quiero conectar con un tema de género que se ha planteado. Siento no haberlo incorporado de forma explícita en mi presentación, pero estamos trabajando en él de forma clara e intensa. Empezando con los números, cuando hablamos de la brecha de género, la podemos ver desde tres puntos de vista, pero hay uno que es el más evidente y sobre el que tenemos que trabajar: el mundo de las pensiones. La brecha que hay entre las pensiones que reciben los hombres y las mujeres en España es de un 30 %. Hay países que están por encima, sobre todo los países nórdicos, pero también los hay que están sensiblemente por debajo del 30 %. Este es un tema en el que debemos trabajar, pero también hay otras brechas que no existen: la edad de acceso a la jubilación en España es prácticamente igual entre hombres y mujeres, no hay diferencias, y en esperanza de vida hay resultados enormemente positivos que estamos viendo en la comparación internacional. Pero, incidiendo claramente en lo que más nos debe importar, que


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es la brecha en términos de pensiones, análoga a la brecha que existe en el mercado de trabajo y salarial, hubo una iniciativa -un complemento de pensión adicional para mujeres con hijo- que existe, pero que se ha desnaturalizado como instrumento de lucha contra la brecha de género en pensiones desde el momento en que la sentencia del Tribunal Europeo ha establecido que los hombres también tienen derecho a esa prestación por cuidado de hijos. Tenemos que reconsiderar esa prestación para que cumpla su objetivo originario y tenemos diseñarla de forma que no plantee problemas de género desde el otro lado, problemas de falta de equidad por el lado del género. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Nosotros pensamos que la forma de abordar este tema es la siguiente. Cuando uno mira las vidas laborales de las personas, observa -hemos visto que es bastante claro- que en los periodos posteriores a la maternidad es donde se producen más agujeros en la vida laboral de las mujeres. Es perfectamente posible -pero hay que trabajarlo bien- diseñar un complemento de pensión para aquellos casos en los que se haya verificado que en el pasado, posteriormente a la maternidad, se produjeron esas discontinuidades en la vida laboral, y que esa sea la base para buscar una compensación por maternidad. la ventaja de esta solución, desde el punto de vista de la solidez ante los tribunales, es que perfectamente podría ocurrir que un hombre también tuviera esos periodos y, por lo tanto, pudiera ser eventualmente beneficiado. Esto va a ser más raro en el pasado -aunque seguramente habrá ocurrido también-, pero en personas más jóvenes quizá nos encontremos con que la existencia propia de este incentivo permite que la tarea del cuidado de los hijos se distribuya de una forma más equitativa entre hombres y mujeres. Por lo tanto, sí que hay algunas posibilidades, y estamos trabajando en ellas no solo para reducir la brecha en la pensión entre hombres y mujeres, sino para generar incentivos para que el cuidado de los hijos se distribuya entre las dos partes de la pareja de una forma más equitativa. Estamos trabajando en ello y, cuando tengamos algo concreto, lo traeremos a la Cámara por si implica la modificación de algún artículo de la Ley General de la Seguridad Social.

Ha habido muchas cosas, pero creo que he contestado ya a casi todo lo importante. Ya es la hora que es y hay un segundo turno. He intentado contestar a todo lo que me ha parecido central y relevante. Si se me ha pasado alguna pregunta, les contesto bilateralmente o en el segundo turno, pero no quisiera pasarme de las dos. Aunque, si quieren, reviso más.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

A continuación, vamos al turno de réplica. En primer lugar, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, la señora Oramas, por el Grupo Parlamentario Mixto.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, muchas gracias por su intervención. En este momento quiero decirle que el nacionalismo canario va a estar en el acuerdo dentro del Pacto de Toledo, como lo hemos estado a lo largo de la democracia en todos los grandes pactos de Estado, gobernara el Partido Socialista o gobernara el Partido Popular, y con varios criterios.

Primero, hay que intentar que este no sea un tema coyuntural -para eso se creó el Pacto de Toledo- y que no sea un arma electoral ni política, sino que seamos capaces de ver más allá, porque las pensiones afectan a toda la ciudadanía independientemente de quién gobierne este país. También nos gustaría que se acabaran ya las acusaciones sobre el PP que hemos escuchado en los últimos años de que unos se gastan la reserva de la Seguridad Social y otros han dejado una reserva para la Seguridad Social. Eso no es así. No la han dejado; la hicieron los ciudadanos con sus aportaciones y se ha gastado en necesidades de los ciudadanos de este país.

Nos parece adecuado que la Seguridad Social y las cotizaciones sean para las pensiones contributivas, pero en Canarias -y sé que la presidenta me entiende, porque ella es de Extremadura- creemos que a las pensiones no contributivas -que son principalmente de mujeres y de personas que en nuestras dos comunidades trabajaron desde niñas, pero no pudieron cotizar y se fueron a la emigración- hay que darles dignidad dentro de ese marco de la renta vital mínima que usted menciona. Es fundamental para luchar contra la pobreza y, sobre todo, para que el sistema de pensiones sea inclusivo y la mayoría de la gente -sobre todo las mujeres de este país- pueda una tener jubilación digna. De forma paralela, creemos que son muy importantes las políticas de inclusión laboral en sectores con difícil inclusión, como dice usted. Es fundamental que se analice y se valore la rebaja de cotizaciones, que se vean las que han funcionado y se financien por los presupuestos del Estado.


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En segundo lugar, creemos que es necesario que el Gobierno aclare que ese comentario de Bruselas de que la actualización al IPC pone en riesgo el futuro de las pensiones no es cierto. Creemos que esto se debe hacer, porque aumenta la incertidumbre.

En tercer lugar, creemos que es muy importante que se aclare dentro del Gobierno cuál es la posición. Desde luego, los nacionalistas canarios creemos que es muy buen documento el último que estuvo sobre la mesa y que tenía un amplio consenso. La duda que tenemos es si los socios del Gobierno van a estar en esa línea, porque, si no, se dice y no hacemos esfuerzos inútiles. Si es así, desde luego, nos va a encontrar a los nacionalistas canarios en ese documento de partida, porque ese es el comienzo, no el final. Después, eso tendrá que plasmarse en determinadas modificaciones de leyes, de presupuestos, de incentivos, de cotizaciones y de desgravaciones. En ese sentido, esta portavoz, como siempre en los diez años que llevo aquí, está a disposición del ministro y de los grupos políticos para seguir estudiando este asunto, que no tendré el nivel de los demás, y colaborar al consenso en un tema vital para la ciudadanía de España, y de Canarias, desde luego.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Ruiz de Pinedo.

El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Muchas gracias.

Solamente quiero manifestar una cuestión. El consenso es importante, pero si el consenso es paralizante, que es lo que viene ocurriendo en los últimos años, e impide dar respuestas a lo que pide la mayoría de la ciudadanía, puede ser frustrante. En ese sentido, pido que hagamos un esfuerzo por el consenso, pero avanzando y que no sea paralizante.

Con respecto a los colectivos concretos que pueden haber sido perjudicados en estas últimas decisiones y dinámicas, decía que hacían falta estudios. Creo que con respecto a las personas afectadas por el establecimiento de fechas límites arbitrarias en la cláusula de salvaguarda de las pensiones, la disposición final duodécima -que creo que existe ya algún estudio realizado- nos podría dar una idea cuantitativa y, sobre todo, cuantificar el colectivo de las personas que perdieron el empleo individualmente que no están sujetas a protección y ayuda de la empresa a la hora de esas cotizaciones. Podríamos ir identificando problema por problema, porque -entre nosotros- si no lideran ustedes desde el Gobierno, difícilmente en esta Comisión vamos a poderlo hacer. Como he dicho, creo que existe ya ese estudio, creo que estaba terminado, y será bueno para poder cuantificar y saber realmente en qué cuantías nos ponemos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señora presidenta.

Voy a retomar una frase del ministro, que, hablando de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, decía que es un asunto que se presenta de forma grandilocuente y pretende que se use con naturalidad. Yo voy a añadir que, además, se utilice sin manipulaciones interesadas ni corporativismos.

Miren, el artículo 149.1.17.ª de la Constitución dice, de forma textual, que es competencia del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social -y añade-, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Lo subrayo porque esta parte siempre se omite en este debate. Y añado, ese artículo que tanto se ha reproducido en otros tantos estatutos de autonomía del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es el artículo 18.2, menciona, como competencia de la comunidad autónoma del País Vasco, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Seguridad Social y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero también se omite en este debate que hay una disposición transitoria quinta en la que se establece la forma en la que se puede asumir esa competencia a través de convenios, que dice textualmente lo siguiente: "asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social -y esta es la frase que me gustaría destacar-, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad". Es decir, que, además de prever en concreto mecanismos de asunción de competencias por parte de la comunidad autónoma, que es el convenio, lo hace con una precisión que evita cualquier malinterpretación que vaya


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a reconducir al absurdo de intentar entender que hay una ruptura del sistema a través de la asunción de esa competencia. Nada dice ni el estatuto ni la Constitución respecto a la existencia de un principio de caja única, sino otras cuestiones. Es decir, el cumplimiento del 18.2 del Estatuto de Gernika y de otros preceptos nunca va a ser un obstáculo para mantener, defender y fortalecer los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema de Seguridad Social. Y quien afirme lo contrario lo que está es manipulando la realidad legislativa y colocándose en un contexto absolutamente paraconstitucional, entendido como tal el bloque de constitucionalidad.

A esos efectos, recordamos que también el Gobierno vasco -y la Comunidad Autónoma del País Vasco- va a ser en su caso un poder público que ejerza esas competencias, y lo hacemos precisamente porque pretendemos llenar de contenido lo que es un acuerdo, el estatuto de autonomía. Y no solo es eso, sino que los estatutos de autonomía de Cataluña, Galicia, Andalucía, Navarra, Valencia, Islas Baleares, Aragón, Extremadura y Canarias dicen lo mismo o cosas parecidas. Yo me pregunto entonces por qué se señala esa afirmación, ¿es que acaso el constituyente y el legislador quisieron dar a la ley una función meramente ornamental o quisieron darle contenido en realidad? Nosotros entendemos que hay que darle contenido, lejos de una visión política que, siendo legítima, no es ajustada en estos momentos a la Constitución: la visión unitaria, centralizadora y paraconstitucional de esta concreta competencia. Por tanto, señorías, cuando se hable de esta cuestión, por favor, hablen con precisión y eviten las manipulaciones interesadas a las que estamos asistiendo últimamente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.

A continuación le paso la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Muchas gracias, presidenta.

Intervendré muy brevemente. Me van a permitir, por alusiones, que me dirija a la portavoz del Grupo Socialista, a la señora Perea, para decirle que no intente poner en mi boca algo que yo no he puesto en duda -son sus propios compañeros de partido, como el anterior secretario de Estado, el señor Granado- sobre los 18 000 millones de gasto en pensiones de viudedad. El debate es en torno al propio diseño de esta pensión, concebido en una época donde la realidad de los beneficiarios de esta prestación, esencialmente mujeres, era diferente a la de hoy. No he puesto en duda si se tienen que pagar o no, sino el diseño.

Ahora, por cerciorarnos, me gustaría preguntarle al señor ministro sobre algo que me ha parecido entender de sus palabras al principio y sobre lo que no he preguntado antes porque no me ha dado tiempo. Usted ha dicho -leo textualmente-: El aumento previsto del gasto en pensiones en el pico -refiriéndose usted al pico del baby boom, años 2043-2048- aproximadamente es la mitad de lo que actualmente gastamos en deducciones fiscales. Me gustaría que me asegurara que no he entendido que está usted abriendo la mano a permitir que se eliminen las deducciones fiscales en el IRPF respecto a los planes de pensiones individuales.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz Vidal.

A continuación le paso la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Plural, señor Boadella Esteve.

El señor BOADELLA ESTEVE: Intervengo muy brevemente para referirme a una cuestión que también se ha dicho y en la que me gustaría incidir. El lunes pasado hubo aquí mismo, en el Congreso, una mesa redonda organizada por colectivos feministas sobre igualdad en las pensiones; la famosa brecha salarial traducida a pensiones. Me gustaría saber la opinión del señor ministro con relación a esta cuestión de la brecha en las pensiones que se produce en las mujeres y la igualdad, especialmente en esta semana en que los conflictos con el Ministerio de Igualdad ocupan las portadas de los periódicos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella.

A continuación por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra su portavoz, señor Salvador i Duch.


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El señor SALVADOR I DUCH: Muchas gracias.

Muy brevemente quiero señalar que sí ha dejado preguntas sin contestar. Yo concretamente tengo apuntadas trece preguntas que le he hecho de manera muy concreta y que para mí son importantes, aunque tiempo tendremos para abordarlas porque son de calado.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.

Hay varias cosas que se quedaron atrás. Siempre hemos defendido que la mejor manera de luchar contra la pobreza es hacer políticas que no produzcan pobres. Lo digo por la reforma laboral del Partido Popular, de la cual el portavoz del Partido Popular ha sacado pecho, lo cual me parece bien, pero deberíamos concretar y, como decía el ministro, calibrar un poco. El último informe de la OIT de julio de 2019 dice que somos el tercer país en trabajadores pobres. Después de Grecia y Rumanía, España. La cuarta economía europea es la tercera en trabajadores pobres. Señorías, hay dos millones y medio de trabajadores pobres, eso es lo que ha supuesto esa reforma, esa contrarreforma laboral. Nosotros creemos que hay que eliminar esos factores que recoge esa reforma: la revalorización de pensiones, que no lo es, y desde luego ese innombrable factor de sostenibilidad.

Ministro, hay que reorganizar también la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia la gestión -también lo mencionó- y, desde luego, hay que hablar largo y tendido de ese ingreso mínimo vital. Usted se refería a que la economía tiene problemas de equidad; a mí me parece que tiene profundos problemas de equidad, de reparto de la riqueza, y ahí tenemos que hablar mucho de ese ingreso vital mínimo. Es un tema del que, sin duda, tendremos ocasión de debatir a lo largo de la legislatura.

Muchas gracias. Insisto, gracias por su presencia. Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Pita Cárdenes.

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra su portavoz el señor Sáez Alonso-Muñumer.

El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.

Toda propuesta o recomendación tiene que basarse en un análisis de datos objetivos y no en afirmaciones. Creo que coincidirá conmigo el señor ministro, porque es economista. Por eso en VOX pensamos que la responsabilidad supone conocer y analizar valoraciones de expertos y no solo de los expertos que piensan igual que nosotros. Por eso me gustaría saber su opinión acerca del estudio que hace el Instituto Melbourne Mercer Global Pension Index, considerado como el estudio de referencia sobre los diferentes sistemas de pensiones en los treinta y siete países más ricos. En 2019 este estudio sitúa a España por debajo de la nota media general, obteniendo tras Italia la peor calificación en la evaluación de las ratios de sostenibilidad, que marcan si se pueden o se podrán pagar las pensiones.

Realidad es recordar que fue el PSOE quien acordó congelar las pensiones y recortó el sueldo de los funcionarios en 2011. Sensatez supone escuchar a los expertos de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que cuenta también con la adhesión del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sobre el riesgo de traspasar la gestión al País Vasco, traspaso que, evidentemente, si es en otra comunidad autónoma, el Grupo VOX estaría también en contra de ello. Sentido común supone recordar que en España, siendo uno de los países europeos con menor tasa de natalidad, se da la paradoja -según la Comisión Europea- que las ayudas a las familias siguen siendo las más bajas de la Unión Europea. Sentido común supone recordar que para aumentar los ingresos del sistema hay que potenciar las políticas que favorezcan la creación de empleo y que no se potencia la creación de empleo subiendo los costes de las empresas vía aumento de cotizaciones sociales o mayores impuestos, tampoco con el desmesurado número de normativas y de regulaciones existentes en España.

Quiero recordar, porque creo que es importante, que la autocomplacencia y la negación son el camino más corto para volver a la destrucción de empleo. Para ser sincero, hay que explicar a los ciudadanos -y a ello nuestro grupo parlamentario se compromete- por qué se prefiere -y es una pregunta al señor ministro- financiar el necesario mayor gasto de pensiones con deuda o con mayores impuestos -si pasamos a financiarlos vía Presupuestos Generales del Estado- antes que acometer un plan ambicioso de reducción del excesivo gasto político, como propone VOX, para mantener las pensiones.


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Para terminar, muchas gracias, por adelantado. Me gustaría volver a preguntarle acerca de su opinión sobre las cuentas nocionales, la información a los ciudadanos sobre la cuantía de su pensión esperable y la valoración acerca de los sistemas mixtos de pensiones que están en vigor en Holanda, Suecia o Dinamarca, que en el estudio que mencioné anteriormente figuran como los mejores valorados de los treinta y siete países en los cuales han realizado el estudio.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cabezón Casas.

El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.

Voy a intentar ser breve y conciso y dejar claros algunos mensajes, por si acaso en la anterior intervención no ha quedado claro el posicionamiento del Partido Popular. El Partido Popular viene a trabajar en el Pacto de Toledo sobre la base de esas veinte recomendaciones que se quedaron encima de la mesa. No fue este grupo parlamentario el que las dinamitó y hoy volvemos a reunirnos en este Pacto de Toledo con esas veinte recomendaciones y con una pregunta: ¿son estas veinte recomendaciones de todos los grupos o son recomendaciones del Gobierno? ¿Se ha sumado a las veinte propuestas uno de los grupos que hoy forma parte del Gobierno? Por lo tanto, queríamos saber si estas recomendaciones las impulsa el Gobierno o si son recomendaciones que dejan fuera a una parte del Gobierno como es la ministra Díaz, que dinamitó el acuerdo del Pacto de Toledo.

Este grupo quiere generar certezas y para eso dice que trabaja por los pensionistas actuales, por los 10 millones de pensionistas, también para garantizar y dar certeza a los 19 millones de cotizantes que hay actualmente en el sistema, así como a los que hoy todavía no han entrado a cotizar a la Seguridad Social. Por eso vamos a trabajar en el Pacto de Toledo y ese es nuestro compromiso, nuestra mano tendida para trabajar dentro del marco del Pacto de Toledo por esas veinte recomendaciones que hay, desde la máxima lealtad y sin ninguna duda de que nosotros no vamos a ser ningún obstáculo, siempre y cuando no se salten algunas líneas rojas para trabajar en ese sentido y para estar más cerca de aprobarlas que de romper ese acuerdo, como algunos han intentado hacer ver que este grupo quiere hacer.

En otro orden de cosas, y muy rápidamente, señor ministro, casi podría ser un alumno aventajado de sus informes de la AIReF, me podría someter casi a un examen para decirle que es verdad que usted no hace recomendaciones en la AIReF, pero sí propuestas muy claras de las medidas que había que tratar y que son prácticamente las que hoy nos ha desgranado aquí. Por eso, yo tengo dudas de si la hoja de ruta que usted nos ha propuesto hoy es la hoja de ruta del ministro Escrivá o es la hoja de ruta del Gobierno de España, y con esto hago un paréntesis que creo que es muy importante. Usted en las recomendaciones habla de modificar la cotización por contingencias comunes, de tener más para contingencias comunes y menos para desempleo, y o bien yo soy muy ingenuo, o ahí va a tener un obstáculo muy grande con la ministra Díaz, su compañera, porque usted le está quitando, con esos 3 puntos que dice que tiene de más España con respecto a los países del entorno, 12 000 millones de euros. Ahí es nada la disputa que ustedes tienen, es decir, entre la ministra Díaz y el propio ministerio. Usted está diciendo que quiere pasar el déficit de la Seguridad Social al Estado, lo cual puede ser coherente, pero ¿ya ha empezado a entablar esas negociaciones con la ministra Montero? Es que, claro, tiene que negociar con la ministra Díaz y con la ministra Montero esos 17 400 millones de los que usted hablaba en los informes de la AIReF con estas medidas a corto plazo.

Luego están sus medidas a largo plazo, que tampoco son banales y que tienen un importante reflejo en lo que van a suponer las pensiones del mañana con esos aumentos de las carreras profesionales, que se tengan en cuenta los veinticinco años de cotización que están previstos ahora o los treinta y cinco años de los que ustedes hablan en un futuro. Eso tiene un reflejo social muy importante porque, al hilo de lo que decía la portavoz de Coalición Canaria, sobre todo en los territorios con pensiones más bajas, eso desvirtúa mucho la equiparación de las pensiones. También hablaba de modificar los requisitos de acceso a la pensión, lo que también es muy importante que deje claro, porque aquí tiene un problema, no con el Partido Popular, que ha abogado en gran parte por estos métodos de nuevo acceso a las pensiones, sino con el Partido Socialista y con Podemos que a día de hoy es del Gobierno del que usted forma parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cabezón Casas.

A continuación, ya para concluir esta ronda de réplicas, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Perea i Conillas.


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La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Mal vamos si, en vez de buscar puntos en común, buscamos las diferencias. Yo lo dejo ahí, señor Cabezón. Me parece que se están confundiendo de entrada. No busquen las diferencias y busquen los puntos en común. Por ejemplo, ¿para ustedes el sistema de protección social es universal? ¿Se basa en el principio de unidad, solidaridad, redistribución de rentas, igualdad, suficiencia? ¿Pensiones suficientes y, por tanto, IRP no y derogación de la reforma de 2013 sí? Se tienen que posicionar en esta Comisión. (La señora Riolobos Regadera: ¡Quien está compareciendo es el ministro! ¡Nosotros no estamos compareciendo!). No, perdone, es mi turno de palabra. El Partido Popular tiene que dejar...

La señora PRESIDENTA: Mantengamos la calma, que hasta ahora esto iba fenomenal.

La señora PEREA I CONILLAS: El Partido Popular tiene que posicionarse. (La señora Riolobos Regadera: Nosotros no comparecemos aquí, comparece el ministro). El Partido Popular tiene que posicionarse en si su voluntad de consenso es tal o en hacer ver que sí pero no. Hay un acuerdo de coalición de Gobierno que deja bien claro que el acuerdo en el Pacto de Toledo es vital. En este sentido, le tengo que decir al portavoz de Bildu que el consenso es vital para reformas estructurales de país, y esta lo es y, por tanto, aquí hay un consenso unánime en la gran mayoría de recomendaciones donde lo que queda por hacer es que cada grupo formule sus votos particulares, pero los puntos en común ya están.

Yo le diría al responsable de VOX que entiendo que ustedes tengan su discurso con lo del gasto político, es decir, en hacer ver que las pensiones se resolverán si acabamos con los ayuntamientos, con las diputaciones, con la Generalitat. Esto es lo que dicen ustedes: acabar con el ámbito político. No vayan por ahí, las pensiones están por encima de todo eso y de las reyertas de corto plazo.

Acabo. Señor Cabezón, desde el máximo respeto, el coronavirus lo informa el Ministerio de Sanidad. Si no queremos crear alarma, yo no le pediría al ministro Escrivá que se posicionara al respecto. Escuche lo que acaba de decir el Ministerio de Sanidad hoy y no hará falta que en la ciudadanía se cree una sensación de incertidumbre que no lleva a ninguna parte.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.

A continuación le paso la palabra, para que cierre esta comparecencia, al señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Yo quería aclarar algo desde el principio que me parecía que era bastante obvio. Yo aquí estoy hablando en nombre del Gobierno, ni siquiera a título de ministro. Lo que yo estoy planteando aquí como posición de partida del Gobierno a partir del borrador previo del Pacto de Toledo ha pasado, lógicamente, los niveles de discusión y formación de criterio internamente dentro del Gobierno. Esto no lo estoy contando yo aquí por primera vez en ningún caso, sino que ha sido debatido y discutido en los órganos colectivos, que hay variados en un Gobierno, y en todos ellos. Esto es así. Creía que no hacía falta aclararlo, pero lo aclaro.

En cuanto a la cuestión que me han planteado y que me parece muy relevante, es verdad que hay un compromiso por parte de la Seguridad Social de ser mucho más explícito sobre las pensiones que van a recibir en un futuro los pensionistas de lo que ahora mismo es, es un ejercicio de más transparencia. El problema que hay -ustedes lo entenderán perfectamente- es que para poder decir a un pensionista cuál va a ser su pensión a medio plazo tiene que haber un marco estable de medio plazo sobre el que se calcule. Si no tenemos un marco estable -en parte es de lo que estamos aquí hablando nosotros-, difícilmente podremos decir a un pensionista con un nivel mínimo de certidumbre cuál va a ser su pensión a medio plazo. Luego, obviamente, que nos gustaría poder darles mucha mayor certidumbre siempre y cuando exista un marco estable de referencia, que es lo que tenemos que acordar, tienen ahora ustedes el Pacto de Toledo y después la normativa correspondiente. En cuanto eso sea así, podremos dar mucha más información y hacer las proyecciones con mayor finura. Pero, cuando la revalorización de las pensiones depende de los Presupuestos Generales del Estado de cada año, yo creo que sería imprudente ir mucho más allá de lo que se va en este momento en términos de información.

Señor Ruiz de Pinedo, vamos a mirar ese estudio y, si existe, lo haremos llegar y lo difundiremos para aclarar ese aspecto que usted nos plantea. Por cierto, va a haber un decreto-ley de actualización de lo que queda pendiente, que es la base máxima de cotización y la base de cotización de los autónomos, y lo haremos lo antes posible. Está ya en proceso de finalización interna. Lo importante ahí creo que es que


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queremos que la actualización de las bases de cotización se haga a partir de elementos absolutamente objetivos -quizá en el pasado no ha sido tanto así-, que se pueda entender exactamente por qué se actualizan las distintas bases de cotización y en función de qué criterios se está haciendo cuando esté el decreto-ley y se tramite por urgencia, porque aquí tenemos una petición de todos los agentes sociales de que se haga lo antes posible ante el hecho de que no generen problemas de tesorería los pagos que en su caso tengan que hacerse por la retroactividad.

Señor Sáez, no conozco el informe, pero, si me lo hace llegar, yo me lo estudio y le contesto. El problema que tenemos con las cuentas nocionales -me gustaría dedicar unos minutos a ello- es que son modelos alternativos al que tenemos nosotros que requieren transiciones muy largas. Suecia tardó décadas en ponerse de acuerdo con un consenso nacional extraordinario. Me da la sensación de que aquí no partimos de ese punto de consenso para ese modelo, que es un modelo alternativo que puede tener resultados equivalentes, y veo prácticamente impracticable recorrer ese camino, pero podemos tener una discusión conceptual sobre ese modelo. Los modelos puramente contributivos, ya sean basados en cuentas nocionales, ya sean basados en modelos de capitalización directa, como los que existen en muchos países latinoamericanos, requieren después -y esto se ha visto en la reforma que se ha hecho recientemente en Chile o en casi todos los países latinoamericanos- que toda la parte redistributiva del sistema que se pierde se reincorpore por fuera en otro tipo de normas.

No sé si usted conoce lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en muchos países; al final, cuando el sistema es puramente contributivo y no tiene en cuenta en otro tipo de normativa todos los elementos de redistribución de renta y de integración de personas que no se pueden quedar sin rentas y a quienes hay que proteger por parte del Estado del bienestar, ocurren el tipo de problemas que hemos visto en Chile. Aunque Chile intentó una reforma hace unos cuantos años -yo conozco muy bien el caso chileno por razones que no vienen al caso-, a partir de la experiencia de casi treinta años del sistema de capitalización, ha tenido un problema que está intentando reconducir ahora. Es decir, los sistemas puros de capitalización o los sistemas de cuentas nocionales, si no se complementan con sistemas muy bien diseñados desde el punto de vista de la redistribución, de las pensiones mínimas y de sistemas de protección asegurados, generan problemas muy grandes desde la perspectiva de la desafección que la sociedad tiene respecto al sistema político y al Estado.

En el caso sueco, si uno mira las discusiones de los últimos años, también verá algunas inquietudes sobre algunos elementos, y también algunas inquietudes sobre la gestión, aunque sea nocionales, de esas cuentas. Entiendo que conceptualmente es una discusión interesante y me voy al leer el estudio de Melbourne en cuanto me lo haga llegar. Son temas que intelectualmente me interesan mucho, pero, sinceramente -y lo digo de verdad-, no creo que se den los mimbres en España, dada la urgencia del problema que tenemos en este momento de eliminar la incertidumbre a los pensionistas, para intentar transitar a un modelo alternativo, como es el que usted plantea, lo que llevaría muchos años de reflexión, de discusión y de preparación, en los cuales esa incertidumbre seguiría creciendo porque sería muy difícil ponernos de acuerdo. No veo factible abrir ese debate en este momento, entendiendo que es un debate intelectualmente muy interesante. A ese nivel estoy dispuesto a discutir con usted, si me hace llegar el estudio de Melbourne.

Me queda hablar del coronavirus. Sabemos perfectamente que el portavoz del Gobierno es el ministro de Sanidad, y el ministro y el Ministerio de Sanidad están haciendo un trabajo extraordinario a la hora de gestionar una situación que es complicada. Creo que entre todos tenemos que ayudar al ministro de Sanidad para que siga cumpliendo con su trabajo y siga siendo una referencia internacional. Les puedo decir que en la gestión que está haciendo España de una situación compleja y difícil, en la que hay que intentar limitar los elementos de alarma siempre porque son innecesarios, apoyando entre todos al ministro de Sanidad y viendo cómo despliega él y su equipo la información y las medidas, seguiremos siendo una referencia internacional.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por todas sus explicaciones y por su comparecencia. Quiero dar también las gracias a los portavoces por el grado de disciplina que han mantenido en esta comparecencia. Espero que esta Comisión siga por estos derroteros.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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