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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 24, de 13/02/2020
cve: DSCD-14-CO-24
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 24
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 2
celebrada el jueves,
13 de febrero de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día:

Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión):

- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento en la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000045) ... (Página2)

- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000055) ... (Página2)

- Para informara sobre las líneas generales de la política de su departamento. a Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 213/000092) ... (Página2)

- Para informar de las líneas generales de actuación de su departamento en la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000128) ... (Página2)

Comparecencia, a petición propia, del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000002) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (IGLESIAS TURRIÓN):

- PARA QUE EXPLIQUE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000045).

- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000055).

- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 213/000092).

- PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000128).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Buenos días, bienvenidos a la sala Constitucional ante la atenta mirada de quienes popularmente llamamos los padres de la Constitución; hacer la primera reunión de trabajo aquí -de esta XIV Legislatura- de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad tendría que hacernos recordar que nuestro trabajo es el de continuar haciendo que los artículos que ellos escribieron sigan convirtiéndose en el marco en el que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan vivir con dignidad.

Me permitirán que, antes de dar la palabra al vicepresidente, les informe de algún detalle. Como saben, el orden del día de hoy es llevar a cabo la comparecencia a petición propia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Algunos grupos parlamentarios habían presentado ya una solicitud de comparecencia en los mismos términos, por lo que hemos hecho una reunión previa de Mesa y portavoces, y lo que ahora he de someter a la consideración de los miembros de la Comisión es la alteración del orden del día, a los efectos de incluir las cuatro solicitudes de comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Popular, Republicano y VOX. Tienen el mismo objeto que la comparecencia solicitada a petición propia por el vicepresidente segundo del Gobierno. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.2 del Reglamento de la Cámara, propongo a la Comisión la ampliación del orden del día, a fin de que las comparecencias indicadas se sustancien también en el curso de esta sesión. ¿Se aprueba su inclusión por asentimiento de la Comisión? (Asentimiento). De acuerdo; se celebrarán acumuladamente todas las comparecencias.

COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (IGLESIAS TURRIÓN), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000002).

El señor PRESIDENTE: Para llevar a cabo la comparecencia les informo de cómo serán -más o menos, esperemos seguirlo con normalidad- las sucesivas intervenciones. Primero, el vicepresidente tendrá el uso de la palabra sin límite de tiempo, a continuación tras él intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor -tal y como hemos quedado en la reunión previa-, para lo que tendrán siete minutos. En el caso de que un grupo tenga más de un portavoz eso no alargará su tiempo. A continuación contestará el vicepresidente sin límite de tiempo; después otro breve turno de los grupos que lo soliciten, para el que tendrán dos minutos. Finalmente tendrá la palabra el vicepresidente. Les ruego que, para facilitar el trabajo de la Mesa, nos hagan llegar quiénes intervendrán como portavoces por los diferentes grupos.


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Finalmente, sin querer en absoluto coartar la libertad de expresión, estaría bien que todos nos ciñéramos al objeto de esta Comisión: los problemas que dan lugar a que existamos como Comisión y las soluciones que les damos o que les intentamos dar. Creo que no me equivoco si digo que se lo agradecerán quienes nos sigan, quienes nos escuchen y quienes tengan esperanzas depositadas en nuestra Comisión.

Señor Iglesias, cuando quiera, tiene usted la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.

Señorías, es un honor para mí comparecer en esta Comisión del Congreso de los Diputados para esbozar las que serán las líneas principales de trabajo de la Vicepresidencia Segunda y del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030. Es fundamental -y habla bien de nuestra democracia, en términos de transparencia- que todos los miembros del Gobierno, como estamos haciendo en estos días, vengamos a la sede de la soberanía popular para dar cuenta de los planes de actuación y líneas estratégicas de esta legislatura. Como yo he estado en la posición en la que están ustedes, les quiero pedir disculpas por anticipado porque siempre es largo de explicar lo que uno tiene planificado hacer en cuatro años. Por tanto les agradezco enormemente su atención y su paciencia.

La pasada semana, como seguramente ustedes saben, Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, visitó España y presentó un panorama tan crítico como por otra parte ajustado a la realidad, sobre algo que nos tiene que preocupar mucho, que es la situación de desigualdad, el enquistamiento de la pobreza en España y las enormes carencias de nuestro sistema de protección social para enfrentar la pobreza. A la vez el señor Alston saludó el mensaje de este nuevo Gobierno, poniendo en valor -cito literal- su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal y su priorización de los más vulnerables, y defendió políticas públicas que van en la línea de las que recoge el programa de nuestro Gobierno. Por eso considero que es tarea fundamental de esta vicepresidencia hacerse cargo de la grave situación social que el relator describe, y que vive nuestra patria, así como expresarles nuestro firme compromiso para abordarla y para que en el futuro no tengamos que volver a sentir la vergüenza de que un relator internacional de la ONU venga a España y tenga que denunciar una situación de pobreza y desigualdad inaceptables en la cuarta economía de la zona euro.

En el año 2018, según el indicador Arope, la pobreza y la exclusión social fueron en nuestro país del 26,1 %, es decir, 2,8 puntos más alto que en 2007 y 4,2 puntos más alto que la media europea. A día de hoy casi diez millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza en España, lo que supone un 21,5 de la población, 4,7 puntos más que la media europea. Aunque se están registrando algunas mejoras en los indicadores como consecuencia de la reciente recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, estarán de acuerdo conmigo en que estas cifras son insuficientes y nos mantienen en niveles socialmente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro. Estas situaciones son especialmente graves para algunos colectivos sobre los que esta vicepresidencia tiene la responsabilidad de aplicar políticas que mejoren su situación. Estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en la población gitana, estoy pensando en la población infantil -les recuerdo que en nuestro país la pobreza infantil llega al 30 %; somos medalla de bronce de la Unión Europea en pobreza infantil- o en los jóvenes. La pobreza también afecta de forma más acusada a los migrantes, a las mujeres, a los hogares monomarentales y también, muy especialmente, a la población rural.

España es también uno de los países europeos con peor distribución de la renta. El coeficiente de Gini se sitúa en el 33,2 frente al 30,9 de media en la Unión Europea. Nuestro país ha experimentado una auténtica década perdida como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad fiscal y salarial, que han tenido un impacto muy negativo sobre la distribución, dando lugar a un proceso de desigualación hacia abajo. Mientras los hogares que tienen un nivel de renta igual o superior a la media han recuperado ya los ingresos reales anteriores a la crisis, los hogares situados en el 10 % inferior de la distribución de la renta registran una disminución entre el 20 % y el 35 % en sus ingresos reales. El aumento de la desigualdad se ha producido estos años de la mano del aumento de la pobreza.

El programa del Gobierno, y particularmente la actuación de esta vicepresidencia segunda, descansa en un compromiso político muy claro: trabajar para mejorar esta situación consecuencia de demasiados años de políticas al servicio de una minoría privilegiada y contrarias a los intereses de la mayoría social y


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de la patria. La dimensión del problema requiere acciones transversales en diversos ámbitos en el marco del compromiso con la Agenda 2030, sobre la que me detendré después. Mencionaré algunas de las medidas concretas que aparecen en el acuerdo del Gobierno de coalición y que para nosotros son cruciales como Gobierno. El incremento del indicador público de renta de efectos múltiples, lo que se conoce como Iprem. El aumento de la prestación por hijo a cargo. El desarrollo de un ingreso mínimo vital para familias sin ingresos o con ingresos bajos. La elaboración de una ley marco que refuerce y mejore la coordinación de los servicios sociales públicos, garantizando una cartera mínima de servicios comunes en todas las comunidades autónomas. Una mejor financiación del sistema público de atención a personas dependientes. El aumento del gasto en educación y sanidad, o un cambio en las políticas de vivienda, así como poner en marcha una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que como saben el Gobierno aprobó ya.

De forma global el objetivo de este Gobierno será consolidar y reforzar lo que algunos académicos llaman el cuarto pilar del Estado del bienestar. ¿Qué es el cuarto pilar del Estado del bienestar? Los servicios sociales públicos, la atención a la dependencia y el sistema público de escuelas infantiles. Esto es lo que marca, por desgracia, la diferencia entre algunos países del norte de Europa y los que hemos sido colocados como países del sur. Queremos parecernos a estos países del norte. Todas son medidas de carácter social que van a beneficiar al conjunto de la población, que permiten mejorar la distribución de la renta y que, además, tienen un importantísimo impacto de género, ya que contribuirán a mejorar el reparto de trabajo de cuidados, en el camino hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Me gustaría, antes de detallar el contenido de las medidas, compartir con ustedes algunas consideraciones. Señorías, España tiene que aumentar el gasto social, pero a la vez es necesario reforzar su eficacia redistributiva focalizando las prestaciones en los grupos sociales más vulnerables. El gasto social en España, como saben, es inferior al que le correspondería de acuerdo con su PIB per cápita, especialmente en conceptos como la lucha contra la exclusión social, el apoyo a las familias, incluida la prestación por hijo a cargo, en discapacidad y en vivienda. Y, miren ustedes, la capacidad de nuestro país para reducir la desigualdad medida por la reducción del índice de Gini es un 15 % menor a la media de la Unión Europea. La capacidad de las trasferencias sociales para reducir la pobreza infantil, por su parte, es la más baja de la Unión Europea. La reducción de la tasa de pobreza antes y después de trasferencias también es menor en España, menos 6,8 puntos, en relación a Europa, que es menos 8,7. Aunque para los hogares con ingresos más bajos las transferencias monetarias suponen el 65 % de sus ingresos, es decir, son imprescindibles para que estas familias puedan vivir, buena parte de nuestro gasto social beneficia a los hogares de clase media en lugar de beneficiar a los hogares de bajos ingresos. Esto se debe a que las prestaciones sociales más importantes, pensiones y desempleo, se encuentran vinculadas al empleo, y los hogares de menor renta se encuentran en buena medida excluidos del mercado de trabajo o se insertan precariamente en él. La reducción de la pobreza y la desigualdad requiere, por tanto, de un enfoque transversal que tenga en cuenta la aplicación de un amplio paquete de medidas. En primer lugar, la educación pública. La educación pública es imprescindible para evitar la perpetuación de situaciones de pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y promover una movilidad social ascendente, a la que cualquier compatriota tiene derecho, señorías. En segundo lugar, el derecho a la vivienda, hoy principal motivo de exclusión social en España. En tercer lugar, las condiciones del mercado de trabajo, el aumento de la precariedad, la extensión de los contratos atípicos y el subempleo o el estancamiento salarial registrado hasta el último año han disparado la pobreza laboral; pobreza laboral quiere decir que hay gente con un contrato de trabajo que es pobre en la cuarta economía de la zona euro, que alcanza ya al 13 % de la población, y que afecta sobre todo a las personas ocupadas que tienen contratos temporales o a tiempo parcial. España no solo tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sino que la diferencia en la pobreza laboral de temporales y fijos también es la más alta, 21,3 % frente al 7,3 %.

La buena noticia, señorías, es que nuestro sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora para apoyar las políticas de reducción de la pobreza y la desigualdad, en dos sentidos. Por un lado, los impuestos en España no son suficientemente progresivos, y esto podría mejorarse introduciendo reformas en la tributación de la riqueza o en el trato desigual que ahora tienen la rentas de trabajo en relación con las rentas de capital. Se podrían también modificar algunos privilegios fiscales, ya que actualmente son las grandes empresas y las rentas más altas las que se benefician de estos privilegios. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte de la redistribución se produce a través del gasto, es llamativo que España tenga un déficit de ingresos públicos del 7 % del PIB cuando se compara con la media europea.


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La adopción de medidas que atañen a los ingresos, como las que ya se incluyen en nuestro acuerdo de gobierno, podrán corregir este desequilibrio y contribuir a ampliar el margen fiscal y la posibilidad de financiar políticas sociales.

Entrando en materia, en cuanto a las medidas más significativas que pondremos en marcha desde este Gobierno, hace unos días -lo citaba al principio- el señor Alston, el relator de la ONU, decía que uno de los principales problemas del sistema de protección social en España era la insuficiencia de los programas de rentas mínimas que aseguren ingresos adecuados a los hogares que carecen de ellos. Así pues, será una prioridad absoluta de este Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice el ingreso mínimo vital para todos los hogares. El sistema actual se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial. Salvo algunas excepciones este sistema se ha caracterizado por los bajos niveles de cobertura y por la existencia, en muchos casos, de controles o requisitos complementarios a la simple y sencilla falta de ingresos, que ha terminado por excluir de manera absurda del acceso a estas rentas a mucha gente que lo necesitaba.

Por ello, uno de los compromisos del nuevo Gobierno para que la vicrepresidencia de Derechos Sociales pueda coordinar su diseño y el impulso político y parlamentario es la puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social, que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos como un derecho ciudadano para toda la población. Vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social para que esto sea una realidad lo antes posible.

Por otra parte, la primera iniciativa legislativa que impulsaremos desde la vicepresidencia, como ya hemos anunciado públicamente en diferentes ocasiones, será poner en marcha la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Como saben, señorías, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró la necesidad de aprobar una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género, que garantice la reparación de derechos y unas normas de atención suficientes. Es una ley que responde a una amplia demanda social consensuada con las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, y que pretende proteger a niños y niñas de las graves consecuencias que tiene para su desarrollo la violencia.

En tercer lugar, desarrollaremos un plan de choque para reimpulsar el sistema público de atención a la dependencia. La Ley de Dependencia aprobada en 2006 supuso un hito histórico en el desarrollo del Estado del bienestar en España. Aquella ley reconoció el derecho a la atención de las instituciones públicas de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, el sistema público no ha sido capaz de atender adecuadamente a este sector de la población, debido básicamente a la falta de financiación, especialmente tras los recortes sufridos en 2012, que aún no se han terminado de revertir. En España hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido el derecho a la prestación de dependencia, pero en torno a 265 000 aún no perciben la ayuda que les corresponde por derecho; una ayuda que tienen reconocida y que no están percibiendo. El Gobierno se ha comprometido a reducir drásticamente esa lista de espera al menos en un 75 % durante la legislatura, y también a elevar el nivel mínimo con el que se financia la atención a cada persona dependiente.

Para aumentar el número de beneficiarios y la dotación de cada prestación reconocida será necesario hacer un importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado. Como precedente, cabe recordar que en el proyecto de presupuestos presentado en 2019, que por desgracia -como saben ustedes- no fue aprobado, el incremento para esta financiación era de 830 millones de euros. Además se llevará a cabo una evaluación del funcionamiento del sistema de atención a la dependencia para revisar y mejorar el propio diseño del modelo. El objetivo final de estas medidas será garantizar la atención a la dependencia como un servicio público universal.

Esta política tendrá además un fuerte impacto económico y de creación de empleo, que permitirá autofinanciar una parte importante de la inversión inicial por los retornos fiscales, así como una influencia positiva en la igualdad de género, ya que la mayoría de las personas cuidadoras en el entorno familiar son, como saben ustedes, mujeres.

En cuarto lugar, está vicepresidencia va a trabajar para impulsar los servicios sociales públicos a través de una ley marco de servicios sociales. La Constitución española consagra la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo una función de promoción del bienestar social y el desarrollo de un sistema de prestaciones sociales. El sistema público de servicios sociales se ha constituido -como saben- a partir de la colaboración entre la Administración central, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de asistencia social, y los ayuntamientos, que gestionan directamente los


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servicios sociales generales o de atención primaria. Dado que la pobreza y la exclusión social son un fenómeno multidimensional, su labor resulta absolutamente crucial.

En 1988 se aprobó -como saben- el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para articular la cooperación económica y técnica entre las distintas administraciones y consolidar una red de servicios sociales de gestión local. Ese plan se renueva anualmente, y ha visto cómo se producía una fuerte reducción de la aportación de la Administración central. Para potenciar ese sistema público de servicios sociales vamos a llevar a cabo tres actuaciones: vamos a aumentar la dotación estatal al plan concertado; aprobaremos una ley marco de servicios sociales consensuadas con las comunidades autónomas; y proporcionaremos el sistema público de servicios sociales sin menoscabar la labor realizada por las entidades del tercer sector de atención social, con las que vamos a mantener, lógicamente, una estrecha colaboración y con las que me pude reunir hace solo unos días.

En quinto lugar, este Gobierno considera imprescindible reconocer y proteger a las diferentes estructuras familiares: familias monomarentales y monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras. Para ello vamos a impulsar desde está vicepresidencia la ley de diversidad familiar. Trabajaremos para que se adecuen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad, según tamaño, características y rentas familiares; impulsaremos, como no podía ser de otra manera en un Gobierno progresista, medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, a través del reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables, sin ser pareja. Y en sexto lugar, esta vicepresidencia impulsará, coordinará y elaborará los planes operativos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Aprobada por el Gobierno en marzo de 2019 esta estrategia consta de cuatro metas fundamentales: combatir la pobreza y la exclusión social, es decir, servicios sociales y prestaciones para los más vulnerables; inversión social en las personas, es decir, inclusión activa mediante políticas de educación, formación y empleo; protección ante los riesgos del ciclo vital, es decir, sanidad, infancia, apoyo a las familias, servicios sociales y de dependencia; y eficacia de las políticas.

Por último, pero no menos importante, en el marco de la revisión de la Estrategia Europea para la Integración y Lucha contra la Discriminación de la Población Gitana, vamos a trabajar para mejorar el diagnóstico de su situación laboral, su situación habitacional, su situación educativa, para adoptar medidas más eficaces que eviten la situación de discriminación que esta población vive. Se desarrollará también la Estrategia Frente a la Soledad no Deseada, la Estrategia para las Personas sin Hogar y el Plan de Accesibilidad para Personas con Discapacidad y en Contra de su Discriminación.

A propósito de la Agenda 2030, que como ustedes saben adquiere un rango inédito en nuestro país en este Gobierno, en primer lugar, quiero agradecer la labor que ha realizado durante este tiempo el Alto Comisionado para la Agenda 2030, con Cristina Gallach al frente, por avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación en nuestro país. Ahora desde esta vicepresidencia recogemos el testigo de este trabajo, con toda la humildad y con muchísima ilusión, para darle un nuevo impulso. Contamos para ello con una nueva Secretaría de Estado, que por primera vez otorga a la Agenda 2030 funciones ejecutivas. En este sentido, nuestro país puede presumir de ser un ejemplo mundial al menos en su voluntad política de convertir la Agenda 2030 en algo más que un conjunto de buenas intenciones o de buenas palabras. Quiero decirles que voy a poner todo mi esfuerzo y toda mi voluntad en convertir a España en un referente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, como bien saben, es el mayor acuerdo jamás suscrito a nivel internacional. Hasta 193 países nos pusimos de acuerdo en torno a cuáles son los grandes retos de nuestro tiempo.

A veces la política doméstica nos hace olvidar lo realmente importante y tienen que salir los jóvenes a las calles para recordarnos que estamos gobernando también para las generaciones futuras. Sumándose a esta agenda en 2015 España asumió un compromiso fundamental ante sí misma y ante el mundo acerca del país que queremos ser al menos dentro de diez años, un país que establezca las bases de un trabajo digno, que logre o que se acerque a la igualdad real entre hombres y mujeres, que luche en serio contra la emergencia climática cuidando de sus mares y de sus tierras y que acabe o que, al menos, reduzca la desigualdad y la pobreza en la que viven miles de familias. Sin embargo, creo que no sería honesto con ustedes si no señalara que, más allá de la firma de este acuerdo, la pasada década fue totalmente desperdiciada en lo que al cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país se refiere; una década en la que derechos conquistados por nuestras madres y abuelas, como la sanidad universal, dejaron de ser una realidad, para dar paso a recortes en los servicios públicos y a unas libertades cada


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vez más limitadas. Por eso, creo que esta década debe ser la década del constitucionalismo democrático en España, una década en la que la Agenda 2030 nos marque el paso y en la que establezcamos los medios necesarios para tener un país que cuide del medio ambiente y de las personas, siempre en el marco de un nuevo modelo productivo sostenible económicamente y también sostenible ecológicamente, porque lo que no es sostenible ecológicamente, señorías, tampoco lo es económicamente.

La Agenda 2030 debe garantizar los derechos humanos y la justicia social, y no hay mejor antídoto contra los discursos del odio que extienden eso del sálvese quien pueda que hacer que en España la Agenda 2030 sea una realidad. Frente al odio, nuestro trabajo debe ser promover consensos sólidos entre diferentes actores sociales, políticos y económicos que quieren, igual que quiere este Gobierno, un país más justo, más sostenible y más equitativo. Esta vicepresidencia tiene la obligación de que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no sean una mera declaración de buenas intenciones o un lavado de cara social y verde de los poderosos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser un compromiso firme con la gente de nuestro país y nuestro trabajo, por lo tanto, pasa por establecer la hoja de ruta necesaria para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y lograr que estas metas sean una realidad en España. Por eso, uno de los primeros objetivos de esta vicepresidencia será la elaboración de una estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030, en coordinación con todos los actores implicados que deben contribuir a esta agenda. Mi mano está tendida al conjunto del Gobierno -tendré que coordinarme con otras vicepresidencias y otros ministerios-, pero también a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y también -porque esto no se ha terminado de hacer del todo- a los movimientos sociales, al sector público y privado, a las universidades y al conjunto de la sociedad civil organizada. Mi mano está tendida, porque soy plenamente consciente de que únicamente trabajando juntos en la misma dirección, compartiendo objetivos y planes vamos a poder pisar el acelerador y poder decir en 2030 que lo logramos o que, al menos, logramos una parte de nuestros objetivos.

Tenemos que hablar con todos y de todo para ponernos de acuerdo en aquellas políticas que nos acerquen más rápido y más eficazmente a cumplir los objetivos, por ejemplo, que no haya en España ningún niño por debajo del umbral de la pobreza, lograr acabar con la precariedad laboral que viven millones de compatriotas, que tengamos una ley de cambio climático lo antes posible y que podamos extender la educación pública de 0 a 3 años a toda la población. Creo que pedir esto no es pedir la luna en la cuarta economía de la zona euro. El impulso de estas y otras medidas identificadas como centrales por su impacto múltiple en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible son las denominadas políticas palanca -que tengo la obligación de dar a conocer-, descritas por Naciones Unidas y que son fundamentales para recuperar el tiempo perdido en la pasada década y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas políticas abarcan cuestiones tan importantes como la prevención y la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades, el cambio climático y la transición energética o la economía circular, y son reconocidas por Naciones Unidas como políticas con un efecto multiplicador a la hora de lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para avanzar en estas políticas, así como en su transversalización, la reforma de los mecanismos de gobernanza de la Agenda 2030 va a ser clave. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que afrontar los nuevos objetivos con una organización sólida y adaptada a lo que queremos hacer. Partiendo del trabajo ya realizado, este Gobierno va establecer una comisión delegada para la Agenda 2030. Allí esta vicepresidencia va a coordinar a diferentes ministerios de nuestro Gobierno para que la Agenda del desarrollo sostenible, para que la Agenda 2030 no sea una mera declaración de buenas intenciones, sino que se traduzca en acciones ejecutivas por parte de diferentes departamentos ministeriales de nuestro Gobierno. Esta es una de las tareas principales que me encargó el presidente del Gobierno y la voy a llevar a cabo con toda la responsabilidad y con muchísima ilusión. Y junto a ello, vamos a realizar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones reglamentarias para que todas las estructuras de articulación y coordinación se pongan en marcha cuanto antes. Entre ellas, quiero destacar, brevemente, el consejo de desarrollo sostenible, un espacio de diálogo y trabajo con diferentes actores sociales, medioambientales y económicos que tiene que empezar a andar lo antes posible.

En definitiva, la Agenda 2030 no puede ni debe considerarse como un tema exclusivo de esta vicepresidencia. Muy al contrario, el Gobierno, en su totalidad, tiene un fuerte compromiso con su cumplimiento y así vamos a trabajar. Está bien que llevemos el pin de la Agenda 2030 -lo lleva mucha gente-, pero esto no es solamente llevar un pin con buenas intenciones, esto se tiene que traducir en políticas ejecutivas que afectan a diferentes departamentos ministeriales de este Gobierno, y la voluntad de esta vicepresidencia es que la gente conozca algo más que el pin. Me consta, además, que hay


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muchas administraciones autonómicas y muchos ayuntamientos que están jugando un papel fundamental, determinante en la aplicación de la Agenda 2030 en nuestro país. La secretaria de Estado Ione Belarra ha podido ya hablar con algunos responsables de comunidades autónomas y de ayuntamientos y gran parte de los desafíos que tenemos que afrontar van a tener que ver con esa coordinación que estamos comenzando a implementar ya. En las semanas que llevamos trabajando desde la vicepresidencia, hemos podido recibir la bienvenida de muchas de estas administraciones y una predisposición excelente para que trabajemos juntos. Ese trabajo común va a ser determinante, imprescindible, para llevar a buen puerto la tarea que se me ha encomendado. Por ese motivo, no quiero dejar pasar en esta comparecencia la oportunidad de destacar el esfuerzo realizado por el conjunto de ministerios y, muy en particular, por el Ministerio de Hacienda para que este año podamos contar con unos Presupuestos Generales del Estado alineados por primera vez en España con la Agenda 2030. Es decir, el esfuerzo presupuestario en su conjunto -como ustedes saben el 90 % de la política que puede hacer un Gobierno son los presupuestos- tiene que estar dirigido y orientado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es voluntad de esta vicepresidencia seguir profundizando en esta línea de actuación en subsiguientes ejercicios presupuestarios para que pronto tengamos unos Presupuestos Generales del Estado coherentes y alineados con la Agenda 2030. La Agenda 2030 no solamente tiene que estar en el pin, tiene que estar en los Presupuestos Generales del Estado.

Creo además que, junto a la acción del Gobierno, si queremos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a ser necesario que las Cámaras parlamentarias, este Congreso y el Senado, se involucren activamente, en tanto que aquí está la sede de la soberanía popular, y, por tanto, el papel de control va a ser fundamental para que aquí sea donde tengamos que rendir cuentas y desde aquí se pueda también impulsar su implementación. La Comisión mixta para la coordinación y el seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un mecanismo fundamental para la rendición de cuentas en torno a los avances y desafíos en su aplicación. Precisamente, la rendición de cuentas y le evaluación del progreso de España en la implementación de la Agenda 2030 es una prioridad de este Gobierno desde el minuto uno, y esto será así desde este mismo año. A pesar de que la fecha de solicitud oficial para la evaluación ya había finalizado antes de que se constituyera este Gobierno, vamos a tratar de que nos examinen y que podamos rendir cuentas. Este Gobierno ha expresado su voluntad y manifiesta su compromiso de elaborar el informe de progreso sobre la situación de la Agenda 2030 de España y, por lo tanto, participar activamente en el próximo foro político de alto nivel. También en lo referente a la alineación y medición de resultados, otra de nuestras prioridades será apoyar e impulsar a todas las administraciones competentes en la elaboración de los sistemas de información y estadística para medir el grado de consecución de la Agenda 2030. A este respecto quiero agradecer el trabajo ya realizado por las administraciones y, en particular, por el Instituto Nacional de Estadística, por hacer una mención expresa de la situación actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Nuestro objetivo va a ser apoyarlos para que sigan avanzando en la elaboración de indicadores y estudios que permitan conocer cuál es el estado actual y cómo vamos avanzando en el cumplimiento de nuestros objetivos.

Para finalizar esta parte, no quiero dejar de mencionar que en estos años, excepcionalmente duros para la gente en España, han sido los movimientos y las organizaciones sociales quienes a menudo han hecho más por el cumplimiento de la Agenda 2030 que la propia Administración pública. Sin saber exactamente qué era la Agenda 2030, quienes estaban trabajando por el impulso de la Agenda 2030 eran las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, cuyas movilizaciones fueron determinantes para que este Gobierno exista. Desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos, a todas y cada una de las personas que se han movilizado para defender los derechos sociales, porque, cuando alguien se moviliza para defender las pensiones, cuando alguien se moviliza para defender los derechos de las mujeres, cuando los estudiantes salen a defender su derecho a la educación, no solamente están defendiendo los derechos de todos, están defendiendo la democracia. Mi agradecimiento sincero a las mujeres, a los pensionistas, a las mareas en defensa de los servicios públicos, al movimiento por la vivienda digna, a los jóvenes que salen a la calle para recordarnos que no tenemos un planeta B, a todos los que han defendido los servicios públicos frente a los abusos de una minoría privilegiada que en algún momento pensó que las instituciones eran suyas y no de España. Hoy, en esta primera comparecencia pública en el Congreso, quiero mostrar mi reconocimiento y mi compromiso con esa gente; junto con ellos, este Gobierno podrá avanzar mejor.


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En definitiva, las líneas que he establecido a lo largo de esta intervención se orientan hacia un objetivo fundamental, que no es otro que aprovechar la ocasión histórica que supone este Gobierno de coalición para hacer realidad el país que la mayoría social de España quiere que construyamos.

Quiero referirme, por último, a una dirección general de nueva creación dependiente de esta vicepresidencia, algo que no ha existido nunca en España: una Dirección General de Bienestar Animal. Como sabéis, la hemos puesto en práctica, y me gustaría también compartir con esta Comisión, brevemente, algunas medidas de actuación concreta que vamos a llevar a cabo. Todas las medidas que hemos previsto se centrarán en la promoción, incentivo e implicación de las administraciones públicas y la ciudadanía en el bienestar de los animales. Puede que existan sectores reacios, que entiendan que la protección de los derechos de los animales no es prioritaria, que esto no tiene ninguna importancia, pero creo que, si echamos un vistazo a nuestro entorno y si escuchamos a la gente joven que está llamada a dirigir nuestro país en las próximas décadas, veremos que esta es una cuestión que va avanzando a la par que otros sectores y que, indudablemente, cuenta ya con un respaldo social amplísimo en nuestra patria. Desde esta vicepresidencia nos apoyaremos en el sector defensor de los derechos de los animales, con la mejor voluntad de trabajar conjuntamente.

El principal reto que nos marcamos para esta legislatura es sacar adelante una ley de protección animal que sirva de referente para la defensa de los animales domésticos pero también de los salvajes y así evitar escenas indignantes como la de aquel cazador que dibujó la palabra vox en el suelo con cincuenta conejos muertos. Además, desde este Gobierno trabajaremos para elevar las penas por maltrato, regularemos el uso de los animales en circos y unificaremos los diecisiete registros de animales domésticos. Para llevar a cabo todas estas medidas, vamos a desarrollar un marco legislativo estatal, sobre la base de las capacidades competenciales que tenemos y de la normativa europea. Vamos a establecer mecanismos de refuerzo y protocolos y planes de actuación que den herramientas a las comunidades autónomas para lograr llegar al sacrificio cero y así garantizar el equilibrio entre abandonos de animales domésticos y adopciones. Consideramos que es también necesario promocionar iniciativas educativas y culturales, en coordinación con la administración educativa, para la inclusión de la empatía animal en los sistemas escolares de nuestro país, poner en marcha planes de formación para las Fuerzas de Seguridad del Estado e incentivar la creación de unidades específicas de protección animal.

En cuanto a la homogeneización de la aplicación de las leyes autonómicas, como saben, la mayoría de las competencias de protección animal en lo referente a animales domésticos o de compañía son de competencia no compartida por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el marco de una ley estatal será, lógicamente, centrarse en la normativa europea de obligado cumplimiento en el conjunto del Estado. Asegurar el bienestar animal, señorías, es establecer mecanismos de coordinación a nivel autonómico pero también a nivel europeo. Innumerables directivas europeas dirigidas a nuestro país quedan en cajones de las consejerías de las comunidades autónomas. Esto no puede ser. El cumplimiento de la normativa en muchos casos es competencia estatal y en otros directamente autonómica. La creación de una relación de directivas, su seguimiento y su promoción pública, que es lo que vamos a hacer, evitará el incumplimiento de las mismas y, además, nos ahorrará unas cuantas sanciones de la Comisión Europea. También vamos a plantear la unificación de las bases de datos de identificación de animales. Actualmente, los registros de identificación de animales de compañía están diferenciados por comunidades autónomas y, por lo tanto, no existen registros unificados ni coordinados de las mismas. Es necesario establecer un mecanismo supraautonómico no solo por el bienestar animal, sino por una cuestión de salud pública y de seguridad.

Sobre la aplicación de la directiva europea del lobo, son necesarias ayudas, planes de apoyo a los ganaderos y mecanismos de control de ayudas frente a los ataques. Necesitamos mecanismos eficientes que trasladen las directivas europeas de apoyo al lobo y a los ganaderos afectados en sus territorios. También revisaremos ciertas leyes estatales, como, por ejemplo, la normativa 32/2007, de animales potencialmente peligrosos, realizando estudios pormenorizados de la situación de los animales salvajes en nuestro territorio de cara a establecer mecanismos de equilibrio en los ecosistemas y colaborando así con el control poblacional, el control del aumento de enfermedades de transmisión de animales salvajes, animales domésticos de consumo y la cohabitación de explotaciones ganaderas y agrícolas con los animales salvajes. Creo que, a la vista de los últimos acontecimientos a nivel global, no tengo que explicarles a ustedes la importancia del tema que nos ocupa. Asimismo, vamos a plantear la creación de un único sello de bienestar animal no solo para productos derivados de la producción animal, sino también los que generen o garanticen equilibrios en ecosistemas. En la actualidad, se están generando


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mecanismos publicitarios de diferentes sectores para implementar la idea del bienestar animal en los medios de producción en los que se utilizan animales. Muchas de estas identificaciones carecen de garantías de trazabilidad para evidenciar el posible bienestar de estos animales. Esta medida, en coordinación con los organismos responsables de la potenciación de las políticas en el mundo rural, puede aportar un beneficio integral a las pequeñas producciones rurales sobre las macroproducciones, que no solo implican una merma del bienestar animal, sino un impacto negativo en el sector ganadero y agrícola, y, con una marca reconocida y promocionada desde el Gobierno central, generaría un amplísimo beneficio a estas producciones. Por último, vamos a impulsar la bajada del IVA veterinario y estableceremos, junto a colectivos y colegios veterinarios, análisis de impacto de esta reducción del IVA desde un punto de vista laboral y de salud pública.

Les pido disculpas de nuevo por haber sido quizá demasiado exhaustivo, muchísimas gracias por atender esta comparecencia y estaré encantado de responder a sus preguntas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el primer turno de intervenciones de portavoces. Habrá once intervenciones. Les ruego que se ajusten al tiempo que hemos establecido. En primer lugar, tal y como hemos previsto, de menor a mayor, tiene la palabra Albert Botran, del Grupo Mixto.

El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias. Buenos días.

Represento al Grupo Mixto, en concreto a la Candidatura d'Unitat Popular.

En primer lugar, déjenme decir una cosa que no atañe a esta Comisión pero sí quería manifestar al vicepresidente. Ayer usted colgó un vídeo en redes sociales con Teresa Rodríguez, de Andalucía, anunciando que no seguirían juntos. Déjeme decirle que, por nuestra parte, nos pareció un gesto muy maduro. A veces las diferencias que hay en la izquierda llevan a escisiones sangrantes, dolorosas, de las que luego tarda décadas en recuperarse. Nos pareció un gesto muy bonito. No sé a quién responsabilizar, si a usted o a la contraparte, pero, en todo caso, son hechos que hacen que la política sea un poco mejor. He gastado casi un minuto, pero quería decir esto.

Algunas de las cuestiones que usted ha planteado corresponden a competencias que están transferidas a la Generalitat y, por tanto, no entraremos en políticas concretas. En algunos casos, el Parlament de Catalunya, por ejemplo en derechos LGBTI, ha ido por delante, y harían bien en seguir algunas de las cosas que ya se han hecho. La Ley LGBTI se hizo muy en complicidad con los movimientos de reivindicación de los derechos, si bien todavía se está pendiente de un reglamento que siempre hemos estado exigiendo, en parte porque debe haber un reglamento sancionador de las violencias homofóbicas, transfóbicas, etcétera.

Además de esta cuestión de las competencias transferidas, quiero señalar cuatro cuestiones estructurales en cuanto a las políticas a las que usted ha estado haciendo referencia; dos de ellas las ha mencionado, pero otras dos no, y son los problemas centrales con los que se encuentra cualquier política social que quiera desarrollarse en el Estado español, en Cataluña, en los països catalans, donde sea. La primera de ellas es que el trabajo sigue siendo la garantía del acceso a los derechos, y en unas sociedades capitalistas, en las cuales se nos imponen unas altas tasas de paro, casi casi estructural, y una mayor precariedad, es un problema estructural, porque hay todo un conjunto de sectores sociales que quedan excluidos de este acceso al derecho, y eso es una cosa que, sin romper con las imposiciones del sistema capitalista, no se va a poder transformar. La otra cuestión a la que usted se ha referido también resulta central, y es la fiscalidad. Es decir, sin obligar a que las grandes empresas y las grandes fortunas tributen más o, incluso, que tributen lo que les toca -porque en muchos casos la evasión fiscal es la principal forma que tienen estos poderes de evadir sus obligaciones-, sin mayor fiscalidad, todas estas inversiones sociales no se pueden llevar a cabo. Estas son las dos cuestiones estructurales que usted ha citado, pero hay otras dos que no ha mencionado.

Muchos de estos servicios se prestan de forma externalizada, concertada o privatizada, y eso también suele ser un problema, ya que puede implicar prestaciones desiguales; no es lo mismo una empresa que otra, y eso provoca desigualdad. Además, suele implicar precariedad para las personas que tienen estos trabajos, ya que podrían estar dentro del circuito público, y, por tanto, con los derechos de trabajadores y trabajadoras públicas. Y la otra cuestión es la del gasto público, otro límite político, en este caso impuesto por la Unión Europea, porque a ustedes les hicieron firmar un compromiso de no superar una cantidad y es un límite clarísimo a la inversión social cumplir con las imposiciones de la Unión Europea, lo cual también va en relación con la Ley de dependencia. Esta ley no la llegó a implementar ningún Gobierno, ni el que la promovió en su momento ni el que vino después, que quizá creía menos en ella, aunque no sé


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por qué motivos. Desde luego, una cosa es redactar una ley y colgarse la medalla de que se va desarrollar la cuarta pata del Estado del bienestar y otra es que eso quede luego en un cajón. Esas eran las cuestiones más estructurales.

Finalmente, después de escuchar su intervención, quería hacer notar un par de temas que me ha parecido que han quedado sin señalar. En cuanto a los derechos LGBTI, no se ha mencionado que también hay que garantizar el derecho a la reproducción asistida de las parejas lesbianas y de las mujeres solas, cuestión que se habló en su momento, pero quedó en el tintero y es una reivindicación prioritaria del movimiento. Finalmente -con ello termino, pero me parece hay que señalarlo-, efectivamente, se ha hablado de los menores y la infancia, de que hay que combatir la violencia sobre los menores. A nosotros nos parece que hay un sector de la juventud especialmente afectado por estas violencias, los que se ha venido en llamar menores extranjeros no acompañados, los MENA, nombre dado por los medios de comunicación o los partidos políticos que, en realidad, ya es discriminatorio e, incluso, ahora criminalizatorio. En Cataluña es una cuestión que se ha querido atender, pero la agencia en cuestión no ha estado a la altura, se encuentra desbordada y es un problema que le ha venido muy grande. Sin embargo, este es un sector de la infancia y de la juventud que debe ser tratado como tal, es decir, vengan de donde vengan, deben ser tratados como jóvenes expuestos a una situación de mucha vulnerabilidad. En esta materia, hay cuestiones en las que tienen responsabilidad los correspondientes Gobiernos, la Generalitat en su caso, pero el Estado también tiene algunas responsabilidades para con ellos. Una es, por ejemplo, la competencia que tiene la policía en el establecimiento de la edad de estos menores, que se lleva a cabo a través de unas pruebas muy abusivas, a las cuales incluso no se pueden negar. Normalmente, en un reconocimiento médico un detenido se puede negar a ser reconocido, pero en el caso de los menores no se hace ni tan siquiera con esta garantía de que se puedan negar.

El señor PRESIDENTE: Señor Botran, vaya terminando.

El señor BOTRAN PAHISSA: Sí, señor presidente. Gastaré treinta segundos nada más en esta segunda cuestión.

Después también hay pruebas que, al final, tienen un margen de error, pruebas que se hacen incluso cuando se aportan documentos acreditativos, como desconfiando del menor, y pruebas que tienen un margen de error a veces de un año, cosa que quiere decir que quizás para alguien que es menor la prueba de la policía puede establecer que es mayor de edad. Es un problema que deberían considerar también como prioritario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aizpurua, del Grupo Euskal Herria Bildu.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Gracias por sus explicaciones, señor vicepresidente, y enhorabuena también por su nombramiento al frente del ministerio. Voy a aprovechar esta oportunidad para desearle suerte en el reto que tiene por delante, que es, ciertamente, muy muy importante, porque su ministerio alcanza temas que afectan a toda la ciudadanía, a la vida cotidiana de toda la ciudadanía; trata de cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, una cuestión que es compleja y que, a la vez, se sustenta en un concepto que debería ser sencillo o que, al menos, así nos debería parecer, y no es otra cosa que garantizar que el crecimiento económico favorezca un modelo que dé resultados equitativos para toda la gente y, especialmente, además, para quienes se sitúan en las condiciones más desfavorables.

Es cierto que muchas de las materias que se gestionarán desde su departamento están transferidas ya a nuestras comunidades autónomas, tanto a la comunidad autónoma vasca como a la navarra, pero esto no nos lleva a sustraernos de la necesidad de implicarnos también desde nuestra formación en estos asuntos, porque las líneas maestras que se cruzan en este ministerio tocan cuestiones de derechos y también todo eso que se dilucida entre lo que debiera ser correcto e incorrecto. Por eso son tan importantes estas líneas transversales, cuya conjunción y coordinación, efectivamente, debe ofrecer un programa de sostenibilidad a todos los niveles y conducir a mejorar la vida de las personas. Con toda seguridad, el objetivo fundamental de la política es precisamente ese, y de ahí su importancia. Son los grandes desafíos sociales a los que hay que hacer frente y, de la misma manera, son una oportunidad también para que el sistema de protección social de los servicios sociales y de atención a la ciudadanía entre en la agenda pública. De ahí también su importancia y supone, en definitiva -lo ha dicho usted, ha hablado del cuarto


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pilar-, remachar uno de esos pilares del Estado del bienestar. La Agenda 2030 implica también el necesario giro político que hay que dar para poder afrontar desde la política retos como el cambio climático, la desigualdad o la pobreza porque, efectivamente, hoy ya no es suficiente con tener un trabajo para salir de la pobreza. Esa es la situación en la que estamos. Ciertamente, tampoco podemos avanzar en las cuestiones sociales si no avanzamos también en la solución de los problemas ambientales. Para ello se necesita de una coherencia en todas las políticas. Entre otros aspectos que usted ha citado en su intervención, sí coincidimos también -por citar uno de los temas- en la necesidad muy urgente de proteger a la infancia ante las inadmisibles estadísticas que dan cifras más que alarmantes en este Estado sobre las denuncias interpuestas por abusos sexuales y que tienen a menores como víctimas.

Tan solo quiero desearle que estas líneas de actuación que ha esbozado se traduzcan en políticas reales y concretas, que no se queden en las declaraciones de intenciones a las que este tipo de asuntos acostumbran y que sea a la mayor brevedad posible, porque consideramos que la gran mayoría de los problemas que se tienen que abordar desde este departamento son realmente de una urgencia más que evidente, inaplazable. En cualquier caso, le animamos a que desde su ministerio actué con audacia, actúe con valentía. Mi formación, Esukal Herria Bildu, seguirá desde la responsabilidad política que ya acreditamos en la investidura extendiendo la mano y también la colaboración para todo aquello que suponga una democratización. Seremos responsables, tal y como dijimos, pero también exigentes y si hay avances estaremos ahí. Confiamos en que sea así y, si no hay avances, nos opondremos a ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra Josune Gorospe por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Gracias, presidente.

La señora GOROSPE ELEZCANO: En primer lugar -cortesía parlamentaria manda-, vicepresidente, le felicitamos por el nombramiento y le agradecemos las explicaciones que nos ha dado hoy para exponer las líneas generales de los ámbitos que a usted le toca gobernar en adelante y para toda la sociedad. Creo que eso es muy importante, ser consciente del paso que ha dado desde el ámbito de la política, y defendiendo unos intereses de un grupo político en concreto, a defender los intereses desde un plano institucional. Querría seguir la exposición que usted mismo ha hecho hoy.

Ha iniciado su exposición refiriéndose a Philip Alston, el relator que nos ha acompañado, como también lo hizo ayer en el Pleno de control. Leía usted una referencia que el hizo diciendo que la pobreza era una opción política. Más o menos ese era el sentido. Empiezo por la pregunta. Me gustaría saber -se ha referido también hoy al diagnóstico que hacía Philip Alston- cómo valoran y qué medidas van a tomar, no ya en relación con el diagnóstico que hace sino con las propuesta del relator para enfrentar y encarar esa situación de pobreza que, cuanto antes, se debe abordar. Cierto es, como usted decía, que desde el ámbito de las políticas sociales los colectivos que deben tener prioridad son aquellos más vulnerables en la sociedad. Por tanto, empiezo preguntándole por esto, qué se va a hacer para encarar esta situación de pobreza. En segundo lugar, también nos gustaría saber, en el planteamiento que usted hace de nuevas políticas sociales, si ha adoptado o tiene algún modelo como referencia que a usted le parezca que en otros ámbitos, en otras comunidades autónomas, en otros Estados, en otros lares se están desarrollando con buenos resultados y que usted pueda haber cogido como referencia.

Se refería también usted al ámbito de la dependencia. Sabe perfectamente que en Euskadi tenemos competencias exclusivas en esta materia y que desde el ámbito institucional hemos hecho un amplio desarrollo de las políticas sociales, y más desde la Ley de Servicios Sociales de 2008, pero en el ámbito de la dependencia en concreto -y también usted se refería a la necesidad de modificar la Ley de dependencia vigente-, tenemos ahí un malestar con el Estado. Se ha referido usted a los recortes que hubo en el 2012 y, consecuentemente, todas las comunidades autónomas -pero en particular la de Euskadi porque hizo un desarrollo superior de esa Ley de dependencia en aquellos ámbitos competenciales, en este caso en gran medida desde las diputaciones forales- están un poco desamparadas por el incumplimiento de las obligaciones financieras en esta materia. Básicamente uno de los aspectos que la Ley de dependencia establecía eran aquellos servicios que se deberían conveniar con las comunidades autónomas o con el ámbito competencial y deberíamos sufragar fifty-fifty, al 50 %, entre el Estado y el ámbito competencial correspondiente. Sabe usted que encarar este tipo de situaciones y decir que no porque el Estado no paga es muy difícil y, por tanto, las administraciones competentes las han abordado. En nuestro caso en concreto es especialmente grave el ámbito de la financiación de la


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prestación económica de asistencia personal que se ha desarrollado y nos gustaría que se pusiera las pilas en esto y abordara este déficit de financiación que están soportando las administraciones competentes.

Siguiendo con su intervención, se ha referido también usted al ingreso mínimo vital, a la renta básica de ingresos. También conocerá que nosotros tenemos desarrollado en Euskadi un sistema de renta de garantía de ingresos. Antes me refería a lo de: la pobreza es una opción, y también en el informe de Naciones Unidas del índice de desarrollo humano sostenible hay una expresión que dice: podemos elegir. Efectivamente, en políticas públicas se puede elegir cuáles son las prioridades. Euskadi eligió que entre sus prioridades estuvieran unas políticas que acompañaran a aquellas personas con mayores necesidades, y por eso se hizo un gran esfuerzo económico desde el ámbito institucional para desarrollar ese sistema de renta de garantía de ingresos. Si ustedes promueven y pretenden que el Estado tenga un sistema de renta similar al que se ha puesto en marcha en Euskadi contarán con nuestro apoyo siempre y cuando -insisto, siempre y cuando- esto no suponga en ningún caso una injerencia en nuestro ámbito competencial. Tenemos un sistema que se ha mostrado eficaz, con un amplio apoyo y consenso social; la sociedad vasca avala ese sistema de apoyo a los más vulnerables y, además, es algo que a nosotros nos compete. Por tanto, le agradeceríamos que no haga ningún ejercicio de filibusterismo político ni una referencia indirecta o directa a algún marco legal para cercenar ese ámbito competencial. Lo mismo ocurre con la Ley marco de servicios sociales a la que usted se refería, señor vicepresidente. Ha dicho, en concreto, que todo lo que se haga se realizará en colaboración con las comunidades autónomas, pero sepa que el PNV estará en frente si en algún momento tiene alguna tentación de cercenar nuestro ámbito competencial. Ya lo ha visto cuando usted ha sido parlamentario en este Congreso; cuando en 2016 ustedes presentaron la proposición de ley 25 nuestro grupo parlamentario le dijo: Ojito con entrar en nuestro ámbito competencial. En todo aquello que suponga incrementar la calidad de vida de las personas del Estado sabe usted que nos encontrará a su lado.

Se ha referido antes el portavoz del Grupo Mixto a los menores no acompañados. Ha citado usted, y me parece bien, a los menores no acompañados y a distintos colectivos vulnerables, pero sí creemos que en eso también debe tomar usted medidas, porque sabe que probablemente el sistema de protección social que desde Euskadi se está ofreciendo -porque no solo les atendemos sino que les acogemos como ciudadanos vascos, ciudadanos que en el futuro podrán estar allí, van a vivir con nosotros, dándoles formación para el empleo y un proyecto de futuro- puede ser un foco o un punto de atracción y hace que más menores no acompañados se dirijan hacia Euskadi -Vizcaya y Guipúzcoa-. Creemos que sería razonable que no hubiera otros ámbitos que en lugar de foco de atracción actuaran como foco de expulsión y, por tanto, que hubiera mayores concentraciones en unos ámbitos que no jugaran a favor de su integración social.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora GOROSPE ELEZKANO: Termino.

En cuanto a la agenda 2030 ya no tengo más tiempo solo le preguntaría una cuestión, señor vicepresidente. Se ha referido a la estrategia que ustedes van a aprobar. Me gustaría saber cuál es el calendario con el que están trabajando para desarrollar esa estrategia y empezar a implementarla, porque, como usted bien ha dicho, se ha perdido una década y habrá que ponerse las pilas para seguir avanzando. Solo un apunte. Decía que la agenda 2030 ha salido hacia delante fundamentalmente por el impulso de los movimientos sociales y las asociaciones y no tanto por el impulso de la Administración. Tome como modelo lo que en Euskadi se ha hecho en la agenda 2030, porque desde el ámbito institucional se han dado unos pasos excelentes, hay unos paneles de indicadores, seguimiento y compromiso de distintos agentes institucionales.

Reitero nuestra felicitación y nuestro agradecimiento y escucharé sus explicaciones atentamente.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra Sara Giménez.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: En primer lugar agradecemos su intervención, le felicitamos por su nombramiento y le deseamos suerte y muchísima energía para todo el trabajo que hay que hacer en el ámbito de los derechos sociales.


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Empezaré manifestando que desde Ciudadanos tenemos un firme compromiso con el trabajo en derechos sociales, en igualdad y discapacidad. Dentro de la exposición que ha realizado me gustaría empezar por un pilar fundamental. Cuando hablamos de la igualdad de oportunidades uno de los principales ascensores sociales es la educación y creo que eso se ve reflejado en los distintos organismos internacionales el Comité de los Derechos del Niño, la visita que ha hecho el relator de Naciones Unidas, a la que ha estado atento.... Creo que las altas tasas de fracaso escolar que tenemos actualmente más de un 17 %, casi un 18 % en España y cómo está afectando a determinados grupos de población debería ser una de las prioridades en las que nos deberíamos poner a trabajar, porque en muchas ocasiones alguno de ustedes ya me habrán escuchado decirlo, pero es que no puedo dejar de llevarme las manos a la cabeza cuando veo que el 64 % de los gitanos no terminamos la secundaria obligatoria. A veces se han puesto parches que han mirado para otro lado, pero al final la pobreza de la que a continuación podemos seguir hablando viene condicionada por esta desigualdad en un punto de partida, que es la educación, con lo cual me parecería importante que nos pusiéramos de una vez por todas a abordar el alto fracaso escolar, alto fracaso escolar también el relator hizo una mención que viene ligado a una segregación escolar que existe en nuestro país y ante la que en muchas ocasiones parece que hemos mirado para otro lado. En todas nuestras localidades hay determinados centros escolares, públicos o concertados creo que el debate va más allá de la pública y la concertada, en los que se aglutina a niños con bajas rentas socioeconómicas, a niños gitanos, a niños migrantes. Dentro de la misma zonificación hay un colegio en el que está aglutinado un determinado perfil de niños y en otro el resto, con lo cual hay que poner desigualdades estructurales encima de la mesa.

Continuaré exponiendo nuestra preocupación acerca de que es importante proteger a las familias, como bien se ha dicho. Por eso, como conocerá, presentamos nuestra ley de familias en la anterior legislatura. Ahora igualmente porque hay que facilitar la natalidad en nuestro país, la igualdad y la conciliación. Ahí nos gustaría que camináramos hacia ello, que las mujeres pudiéramos tener opciones de teletrabajo, mayor flexibilidad, que tengamos esa educación gratuita de 0 a 3 años, que se equipare y que se reconozca también a las parejas de hecho con los mismos beneficios que los matrimonios para determinadas cuestiones como la viudedad. O sea, que tengamos en cuenta la ley que hemos presentado y nos gustaría tener apoyo en esta materia.

Cuando hablamos de infancia estamos de acuerdo con esa ley contra la violencia infantil que existe, y me parece que es una de las mayores prioridades a abordar. Me gustaría preguntarle sobre la situación que se ha dado en Baleares. Desde Ciudadanos creemos importante la protección y la responsabilidad del Estado cuando los menores son tutelados. No nos importa qué color político hay detrás sino el interés superior del menor. Por tanto, me gustaría saber cuál es su postura respecto a la necesidad de una comisión de investigación en esta materia y siempre primando que el Estado tiene una responsabilidad con esos niños, no se pueden permitir los abusos y tenemos que ser responsables con ellos.

Hablamos de infancia y hemos estado hablando de menores no acompañados. En esta línea me gustaría preguntarle si va a haber una rectificación o alguna modificación en relación con la reducción de los fondos estatales que ha habido a las comunidades autónomas en materia de menores no acompañados, porque se han reducido 40 millones de euros, de los cuales 26 millones de euros afectan a Andalucía, y mientras pensamos en si se mejora el sistema establecido, si se realiza un sistema más eficaz, lo que no podemos hacer es reducir los fondos estatales que facilitan la atención a estos menores.

En materia de exclusión social y pobreza ya ha puesto encima de la mesa los indicadores que tenemos, el último estudio de Foessa, y la situación es alarmante. Es sorprendente cómo el relator hizo referencia a que le había sorprendido cómo en España está habiendo situaciones de pobreza que no se veían en campos de refugiados y en círculos que están muy cercanos a las propias ciudades. Ante esto hay que abordar específicamente la pobreza que afecta a determinados grupos de población que pueden ser personas discapacitadas. Ha hablado de los trabajadores pobres, y es verdad, porque más de un 50 % de los trabajadores no llega a fin de mes. ¿Qué vamos hacer con ello? La pobreza infantil es muy elevada, es más de un 29 %, casi un 30 %, pero si mira a los niños gitanos es alarmante. Pongo encima de la mesa que no miremos para otro lado ante determinadas realidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando hablamos de pobreza y lo unimos a nuestras situaciones de precariedad laboral, los altos índices de desempleo que tenemos, la temporalidad, los contratos a tiempo parcial, ¿qué medidas vamos a poner en marcha para que haya una inserción sociolaboral digna y además una inserción sociolaboral de los grupos más vulnerables, que tienen grandes dificultades para acceder al empleo? Porque hay determinados grupos discriminados, y lo ponemos encima de la mesa en esta Comisión, aunque lo trabajaremos más


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en la parte de igualdad. ¿Qué hacemos con la discriminación? Porque la discriminación existe, afecta a determinados grupos. También tenemos recomendaciones, malas trasposiciones europeas en nuestro país, y tenemos que tener en cuenta que a veces la desigualdad de oportunidades viene también de la mano de la discriminación y el rechazo hacia determinadas personas.

Finalmente ha estado comentando la situación de dependencia. Compartimos la preocupación de que haya casi 300 000 personas...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: ...con la dependencia reconocida pero sin que puedan hacer efectivo su derecho porque no la tienen asignada. Hay que replantearse esta situación. Igualmente comparto la inclusión que ha realizado del tema de la soledad no deseada, porque es la antesala de otros problemas que es importante abordar. En materia de discapacidad nos gustaría contar con su apoyo en la propuesta que hemos realizado de modificación del Código Penal para evitar la esterilización forzosa que todavía siguen sufriendo mujeres discapacitadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.

Tiene la palabra a continuación el representante del Grupo Parlamentario Plural, Genís Boadella.

El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.

Señor vicepresidente, felicitación y agradecimiento por su comparecencia voluntaria hoy. La cordialidad parlamentaria impone desearle la mayor fortuna en esta tarea, y esperamos que así sea.

El partido al que yo represento, Junts per Catalunya, como usted sabe y no le es nuevo, tiene la voluntad de que Cataluña sea un Estado, pero mientras tanto, sin renunciar a ninguno de los planteamientos de carácter nacional que nos competen, nos vamos a ocupar -por supuesto que sí- de todas aquellas políticas y cuestiones que afecten a la calidad de vida, igualdad y bienestar de nuestros conciudadanos. En este sentido, en líneas generales podemos estar de acuerdo y voy a intentar seguir la línea de su exposición para comentarle algunas cuestiones que pueden ser de interés. En primer lugar, nosotros, por nuestra trayectoria y nuestro legado político, somos unos firmes defensores de la colaboración público-privada, de generar riqueza, porque solo generando riqueza se puede repartir la riqueza. Por tanto, también le pondré algunos ejemplos de cómo abordar estas cuestiones no solo desde la ampliación de la carga impositiva sino facilitando y promocionando medidas fiscales en este ámbito. Somos firmes defensores no solo de esta manera de entender la sociedad sino también de acabar con esta política recentralizadora que se ha llevado a cabo en los últimos años en materia de competencias. Usted ha apuntado la aparición de una nueva ley de servicios sociales, otro marco conjunto para todo el Estado, pero muchas comunidades autónomas ya tenemos competencias en este ámbito, y la historia nos cuenta cómo acaban todas estas cuestiones.

De hecho, le voy a hacer algunas preguntas concretas en materias sociales. ¿Ustedes se plantean restablecer las competencias que tenían los ayuntamientos en materia de servicios sociales? Desde el punto de vista de la proximidad y la atención directa, los ayuntamientos son el mejor instrumento, pero se acabó con estas competencias. Lo mismo ocurre con la dependencia. El compromiso y las obligaciones financieras del 50/50 entre el Estado y las comunidades autónomas han acabado, en el mejor de los casos, en un 80/20 por lo que respecta a la financiación.

Señor vicepresidente, hay temas que no han salido en su intervención y que me gustaría comentar, por ejemplo, el acceso a la vivienda. La Generalitat tiene competencias sobre acceso a la vivienda y, en los últimos tiempos, el Estado se ha encargado también de impugnar muchas de las iniciativas que el Parlamento de Cataluña ha llevado a cabo para facilitar el acceso a vivienda. El Estado tiene la Sareb, un instrumento potentísimo de vivienda, y solo una muy pequeñísima parte de los pisos que tiene la Sareb se está poniendo a disposición de los ayuntamientos. Como le dicho, voy a poner ejemplos concretos, y otro sería permitir a los ayuntamientos bajar la fiscalidad o hacer bonificaciones en el IBI y en otros impuestos o tasas municipales para aquellos pisos que vayan destinados al alquiler. Si se quiere pueden ir referenciados al índice de precios del alquiler, pero esto ayudaría a promocionar las viviendas de alquiler. También se podría llevar a cabo la modificación del IVA en aquellas promociones y viviendas de alquiler en suelo cedido como derecho de superficie. Estas son medidas fiscales que ayudan a promover que aparezca más vivienda asequible y no tienen por qué ser automáticamente siempre a costa de ir cargando


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la fiscalidad en los ciudadanos, en una clase media muy perjudicada, como usted sabe. Por supuesto, nosotros también compartimos los objetivos de la agenda 2030. Me ha hecho gracia la frase de que lo intentarían. Ha venido a decir que se comprometían y que lo intentarían, y esto me ha recordado la frase de: No lo intentes, hazlo. Por tanto estaremos a su lado para que esto se lleve a cabo y le daremos cobertura en este ámbito que, por supuesto, es una prioridad absoluta en nuestra política para hacer frente el futuro que nos deviene. Igual ocurre con la cuestión relativa a los derechos de los animales y todas las modificaciones legislativas que en este ámbito se tienen que aprobar.

No obstante, señor vicepresidente, déjeme que haga hincapié en una cuestión que me ha sorprendido especialmente, y es todo el ámbito de la discapacidad. Esta es la Comisión de asuntos sociales y políticas integrales de discapacidad y he notado que no se ha hablado demasiado sobre estas cuestiones. En España existen cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa más o menos el 10 % de la población. Gracias a esta Comisión y a la tradición que ha tenido han aparecido nuevas normativas y regulaciones que pueden beneficiar a estas personas. Me hubiera gustado escuchar alguna reflexión sobre los temas de discapacidad y que hubiese tenido la misma duración que la del resto de bloques a los que se ha referido el vicepresidente, de más o menos un cuarto de hora, porque aquí también hay mucho trabajo que hacer. En primer lugar, fomentar el empleo en este ámbito. Esto quiere decir permitir la compatibilidad entre las pensiones y el trabajo -especialmente de las no contributivas-, incrementar los incentivos para la contratación -aquello que le decía antes: solo generando riqueza podemos repartir esta riqueza-; hay que incrementar los incentivos para la contratación, tanto en empresas privadas como exigirlo en las empresas que concurran a la contratación pública. Y especialmente, en una cuestión que por supuesto compartimos, y es que se aumente el salario mínimo interprofesional, pero todo el mundo sabe que esto tiene una derivada colateral y es el efecto en los centros especiales de trabajo, aquellos centros que dan cobertura y trabajo a personas con discapacidad, que asumen el salario mínimo interprofesional, pero el poco beneficio que genera el trabajo que hacen estas personas, que es a veces más ocupacional que mercantil y productivo, conlleva graves problemas cuando se aprueban estas subidas del salario mínimo interprofesional. De hecho, usted sabe que una parte de este coste lo asume el Estado, es una subvención, pero es una demanda del sector, especialmente en Cataluña, donde los centros especiales de trabajo son un modelo muy consolidado para dar actividad laboral a toda una serie de personas que no puede acceder a la empresa ordinaria. Desde el sector se pide que esta subvención suba alrededor del 60, 61, 65 % para hacer viable el futuro de los centros especiales de trabajo.

Acabo ya con la última pregunta. A finales de 2018 vimos el anteproyecto de ley de reforma del derecho civil en materia de discapacidad, un anteproyecto que quedó malogrado por todas las legislaturas frustradas y los adelantos electorales. Por tanto, me gustaría saber cuál es el planteamiento del Gobierno con relación a esta necesaria y urgente reforma, de acuerdo con las previsiones de la Convención de Naciones Unidas.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias a ustedes.

Por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra Norma Puyol.

La señora PUJOL I FARRÈ: Moltes gràcies, president.

Buenos días, vicepresidente. Antes de comenzar mi intervención, quiero felicitarle por su nombramiento y agradecerle la comparecencia de hoy en esta Comisión. Lo primero que quiero decirle es que mi grupo tiene unas altísimas expectativas en usted y en su ministerio, e intentaremos apoyarle en todo lo que sea necesario para no defraudarle. Le deseamos toda la suerte del mundo y, señor Iglesias, le pedimos que, con su visión que tiene del plurinacionalismo, vele por todas aquellas cuestiones de posibles invasiones competenciales, en cuestiones, por ejemplo, como la adopción internacional, la ley de protección, temas del Injuve y otros más. Le manifestamos toda nuestra voluntad de colaboración pero, por favor, siempre con respeto al autogobierno.

Usted ha hablado de algunas referencias hechas por el relator de Naciones Unidas, el señor Philip Alston, y ha apuntado algunas de las radiografías más preocupantes. El diagnóstico de la situación actual es compartido tanto por usted como por nuestro grupo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de recalcar algunas de las muchas cosas que han fallado en el sistema para llegar hasta aquí, porque si no analizamos los errores del pasado, seremos incapaces de afrontar el futuro. Dicen que quien desconoce la historia, está condenado a repetirla. Vamos a ello. La recuperación económica no ha ido acompañada


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de mejoras significativas en las condiciones de vida de las capas bajas y medias, sino todo lo contrario. Las desigualdades han ido aumentando año tras año y Oxfam Intermon explica cómo la concentración de la riqueza está poniendo en riesgo el modelo de bienestar del conjunto del Estado. El último informe sobre el pobreza en España indica que una parte importante de la población pobre está constituida por personas adultas, con nivel educativo medio o alto y además con trabajo. Por tanto, la mayoría de la pobreza en España no se encuentra en la puerta de la iglesia, sino en el trabajo temporal a tiempo parcial, con contratos temporales, las familias con niños, de los hogares monoparentales y monomarentales. Este informe dice también que el 27,9 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, tal como usted también ha apuntado antes. Estas frases que ahora voy a decirles seguramente las habrán oído muchas veces, pero conviene repetirlas, y es que las tres personas más ricas del Estado acumulan la riqueza del 30 % más pobre. Tres personas tienen tanto como 14 millones. Rescatamos bancos, hacemos amnistías fiscales y, mientras tanto, siguen los desahucios en este Estado. Somos fuertes con el débil y débiles con el fuerte. Desde 2014 crece el PIB, pero de los resultados de la reactivación económica solo se benefician una minoría mientras que la desigualdad -como usted sabe- se cronifica y se intensifica. España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido esta desigualdad desde que estalló la crisis y donde ha seguido aumentando, a pesar de los últimos años de crecimiento económico. Hacienda sigue cargando sobre las pymes, sigue cargando sobre los asalariados, mientras tanto las grandes fortunas practican la elusión fiscal a través de las Sicav. Resulta que tenemos los impuestos a niveles equiparables a otros países de nuestro entorno europeo, pero se recauda mucho menos. ¿Qué pasa aquí? Lo de siempre, pagan las clases medias trabajadoras mientras que el Ibex se lo lleva a Panamá. ¿Qué pasa con los pisos de la Sareb, que los bancos están subastando a los fondos buitres, bancos a los que rescatamos con dinero público y que siguen desahuciando? Tenemos uno de los parques públicos de vivienda más raquítico de Europa y subastamos los pisos que se han pagado con dinero público. Cada día se desahucian de media en el conjunto del Estado ciento sesenta y cinco personas, una cifra muy alarmante. ¿Qué pasa también con la precariedad? España lidera la tasa de temporalidad de la OCDE con el 23,1 %. La última reforma laboral aprobada en 2012, que el PSOE no ha querido derogar, ha permitido la desregulación de los mercados y ha abandonado el auge de la temporalidad y la parcialidad. Se han perdido derechos laborales logrados a partir de las reivindicaciones que sindicatos y trabajadores han batallado durante muchas décadas.

Hablemos ahora un poco de nuestra situación en Cataluña. Mientras el Estado precarizaba condiciones de vida, más de cuarenta leyes catalanas eran recurridas al Tribunal Constitucional desde la aprobación del Estatut d' Autonomia de 2006. Más de la mitad de recursos contra el Parlamento han afectado directamente a políticas sociales y a la recaudación de impuestos de la Generalitat. Se ha impedido en Cataluña desarrollar políticas sociales y más avances en materias de vivienda, de pobreza energética o de atención social y de salud. Me alegra oír que usted haya comentado que se tiene que aumentar el gasto social. Estamos muy de acuerdo con esto porque los servicios sociales en Cataluña -me consta que también en el resto del Estado- aún no se han recuperado de la situación previa a la crisis. Las competencias en materia asistencial y las inversiones finalistas recaen en las comunidades autónomas, que padecen una infrainversión crónica con políticas como la contrición del techo de gasto y el margen de déficit que permite Europa.

Voy a hablar ahora de la Ley de dependencia, que usted también ha comentado. Mi grupo dio apoyo a lo que usted comenta porque es muy importante que intentemos cumplir con aquello que se prometió, que era el compromiso de cofinanciar al 50 % la Ley de dependencia. Esta ley es una de las principales herramientas para desarrollar políticas sociales avanzadas y se encuentra en este momento en entredicho debido a esta infrafinanciación del Estado. Esperamos que la Generalitat y los ayuntamientos no se queden solos afrontando esta emergencia social. Ahora mismo, para dar cifras reales, estamos hablando de que la financiación de la Ley de dependencia en Cataluña es la siguiente: Cataluña paga el 65,1 %; el Estado, el 12,2 % y las personas usuarias, el 22,7 %. Tenemos que intentar revertir esto y llegar a la cofinanciación y confiamos en usted.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora PUJOL I FARRÉ: Enseguida, presidente.

Señor Iglesias, usted tiene un reto y es poner de acuerdo a dos ministerios de su Gobierno, el de Derechos Sociales y el de Trabajo, porque es importante para coordinar muchas de las peticiones que tenemos. Para ir avanzando -termino en treinta segundos-, tiene otro reto, señor Iglesias, le pido que


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anteponga los derechos humanos y de la infancia vulnerable al trato administrativo y punitivo respecto a la inmigración. Hemos hablado de MENAS, en Cataluña hablamos de jóvenes migrados solos para intentar desestigmatizar a estos jóvenes. Y le pido cuatro cosas: transparencia, revisión del sistema de pruebas de edad sobre la base del respeto de los derechos humanos y también las directivas europeas, la solidaridad y el reparto, y también la reforma de la Ley de extranjería para optar a trabajar.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.

La señora PUJOL I FARRÉ: Como decía nuestra consellera Dolors Bassa ?encarcelada-, el trabajo dignifica.

Muchas gracias, siento haberme alargado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Pilar Garrido Gutiérrez, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida al vicepresidente y agradecerle la comparecencia en esta Comisión y la explicación que ha dado de las líneas generales del trabajo que va a desarrollar en la vicepresidencia. Me gustaría empezar, por contextualizar, y me voy a referir muy brevemente al marco normativo y al contexto socioeconómico. Cómo no comenzar aludiendo a la clave de bóveda de nuestro sistema que es la Constitución. La Constitución establece la forma de Estado y proclama que somos un Estado social y democrático de derecho. Esta fórmula no es cualquier fórmula, lo que significa es que los poderes públicos, el Estado, tienen que tener un papel activo en la procura existencial, o lo que es lo mismo en la garantía de las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. La dignidad de la persona y la igualdad, no solo formal sino material, son los conceptos básicos sobre los que pivota nuestro modelo, nuestro sistema. Esto se concreta, como todas sabemos, a lo largo de un catálogo de derechos sociales que están en el propio texto constitucional. Y digo derechos, derechos que son vinculantes, que tienen un contenido vinculante para los poderes públicos. No estamos hablando de normas programáticas, sino que estamos hablando de contenidos de carácter orientativo. Su vicepresidencia se llama -nada más y nada menos- que Vicepresidencia de Derechos Sociales. Por lo que acabo de mencionar, creo que usted es muy consciente de la importancia del cometido que tiene esa Vicepresidencia y de la gran responsabilidad que ha caído sobre sus espaldas. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, queremos decirle que vamos a trabajar y empujar para que todo eso que usted ha explicado muy brevemente salga adelante.

Bien, respecto al contexto socioeconómico habría que hablar del Estado del bienestar también muy brevemente. El Estado del bienestar en España ha conjugado, como todos sabemos, ciertos servicios públicos esenciales -educación, sanidad- con elementos propios de un modelo familiarista. Una de sus notas características, como usted también sabrá, es la infrafinanciación de estos servicios públicos, pero sobre todo destaca el déficit social que provoca la ausencia -diría- de servicios universales en estos cuarenta años de apoyo a la familia, a la infancia, a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia. Además, los cambios acontecidos en estos últimos años en las estructuras familiares son importantes: la incorporación de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población. Si esto lo unimos a la gran crisis financiera de 2008, nos encontramos con un contexto de gran incertidumbre que ha provocado el deterioro de las condiciones de vida de una importante mayoría social. La crisis financiera de 2008, como todas compartimos, ha recaído sobre las familias españolas y ahí están los informes que se han citado, crecimiento de situaciones de emergencia social, de pobreza, de desigualdad, de exclusión. Haré alusión al informe FOESSA, a ese 30 % de pobreza infantil -lo quiero volver a repetir, aunque se ha dicho-, pero me quedo con una frase del informe que decía claramente: el ascensor social está roto. Ocho de cada diez personas que vivieron graves dificultades económicas en la infancia y en la adolescencia las están reviviendo en la actualidad como adultos. Esto quiere decir que la que la calidad de vida de cada persona depende de la familia en la que nace e incluso del código postal. Creo que esto nos tiene que dar que pensar, sobre todo, a aquellas personas que hemos utilizado ese ascensor social para estar en una situación un poquito mejor o bastante mejor que nuestros padres y nuestras madres.

El relator de la ONU decía exactamente lo mismo; decía que el sistema de protección social en España se había roto. Esto nos indica algo que ya comentaba usted, la insuficiencia de nuestro sistema de protección social, que redistribuye, dicho brevemente, de una manera insuficiente y que, además, deja


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fuera en algunas ocasiones a aquellas personas que más lo necesitan. Tenemos, si hablamos de prestaciones económicas, un sistema, que usted también ha definido, incoherente, fragmentado, con muchas incompatibilidades, que, como digo, no llega donde debería llegar: trabajadores pobres, la trampa de la pobreza, obligaciones invasivas y humillantes en esas rentas de garantía, incluso en Euskadi, falta de perspectiva de género... Son cosas que están ahí y cuestiones que habrá que abordar. Usted hablaba de ello y me gustaría que, si puede, avanzara -ya sé que es muy pronto- un poquito más sobre esa ley de suficiencia de ingresos, sobre el papel que va a jugar la Vicepresidencia en su elaboración y algunas de esas características o líneas de trabajo que van a componer ese proyecto de ley.

Por último, también me gustaría referirme a los servicios sociales. En España, los servicios sociales han sido considerados como la última red de protección; solo se les ha puesto el ojo de encima cuando nos hemos dado cuenta de la falta de eficacia de los sistemas de protección social, que estaban pensados para otro modelo distinto, es decir, estaban diseñados para una sociedad de pleno empleo, que no está ni creo que vaya a venir. Existe hoy una gran tensión, en esos servicios sociales, entre las necesidades estructurales crecientes (aumento de desempleo, precariedad, cuidados) y los recursos insuficientes, que les alejan de tener un propósito que yo creo que es el que debería ser, ese propósito universalista. Es decir, los servicios sociales no pueden persistir con esa confrontación, con que cada vez se les exija más pero se les dé menos desde los poderes públicos. Además, como todas sabemos, esta situación que, al final, tiene que resolverse, sí o sí, en las familias y en la vida cotidiana, recae en las espaldas de las mujeres, que acabamos haciendo dobles, triples o cuádruples jornadas, dentro y fuera de casa. Además, a esto hay que sumar la complejidad -ha salido aquí- de que estemos hablando de competencias que están descentralizadas, con la presencia del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios. A esto hay que añadir, además, toda esa normativa que está dentro de esa política de austeridad, que no voy a citar porque no tengo tiempo, pero que ha provocado el paulatino desmantelamiento de los servicios sociales. Por tanto, dadas las carencias de este sistema de servicios sociales y de atención a la dependencia -usted lo ha citado-, me gustaría conocer un poquito más cuáles son esas medidas prioritarias que va tener la Vicepresidencia en este ámbito de la dependencia y de los servicios sociales, es decir, cómo va a avanzar su Vicepresidencia para fortalecer el llamado cuarto pilar, del que tanto y tanto habla tanta gente y respecto al que tan poco se ha hecho.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.

Tiene ahora la palabra Reyes Romero Vilches, del Grupo Parlamentario VOX.

La señora ROMERO VILCHES: Buenas tardes.

Señor vicepresidente, querría expresarle en mi primera intervención nuestra disposición a dialogar, desde las antípodas ideológicas. Ya sé que usted no se cansa de repetir que somos un partido de extrema derecha, pero el verdadero peligro, según ha dictaminado y condenado el Consejo de Europa, es el comunismo, que ustedes profesan. La discrepancia y el pluralismo político son bienes superiores de nuestra Constitución y el pueblo español nos ha concedido un mandato representativo a ustedes y a nosotros. Ya que Podemos, su formación, quiere dialogar sin condiciones con formaciones políticas dirigidas por golpistas condenados por sedición por un golpe que todavía está en marcha, y con otras formaciones que incluyen a terroristas no arrepentidos, que apoya a dictaduras condenadas en los foros internacionales y con partidos con representantes condenados en firme por corrupción, tengan ustedes a bien dialogar además con una fuerza constitucionalista como es VOX, la tercera fuerza política, que representa a casi cuatro millones de españoles, y partidaria del cumplimiento de la ley; y no declare alertas antifascistas contra nosotros al modo en que nos tiene acostumbrados.

Ya sabemos que en su programa, como en todos los programas de los partidos comunistas, nos prometen el paraíso en la tierra, pero ese cielo que nos prometen siempre se ha convertido en un infierno. El ejemplo lo tenemos en Mallorca, donde ustedes gobiernan. Dieciséis menores tutelados por los poderes públicos y quince niñas y un niño han sido explotados sexualmente durante años, y ustedes no han abierto el pico ni han hecho el menor esfuerzo por denunciarlo ni por aclararlo, por la única razón de que ahora les conviene estar callados para no molestar, porque forman parte de ese Gobierno. Se han negado a abrir una Comisión de investigación a propuesta de nuestro partido, VOX Actúa Baleares, así que me gustaría que me explicara esta cuestión. Otra cuestión es el tema de los ERE en Andalucía. Están gobernando con un partido que ha sido causante de los ERE en Andalucía, donde ha quedado probado que miembros del partido de sus socios de Gobierno, entre otras múltiples actividades ilegales, dedicaron


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dinero público, que estaba destinado a pensionistas y parados en Andalucía, a drogas y prostitutas, sin que a ustedes, un partido que no dice dos palabras sin acusar a los demás de machistas, hayan esbozado la menor crítica. En la política no todo es postureo, señor Iglesias, ni presumir de buenas intenciones, sino que hace falta un poco de coherencia.

Ya sabemos lo que va a ocurrir en España cuando cumplan su programa de Gobierno: con el pretexto de garantizar los derechos sociales, se van a embarcar ustedes en un camino de subida de impuestos, de regularizaciones, de estatalizaciones y de intervenciones en los mercados. Esta agenda social lo único que va a producir es aumento del paro, como ya lo ha hecho la subida del salario mínimo interprofesional; déficit, economía sumergida y bajada de la actividad económica. Lo decimos con toda seguridad, porque las recetas que ustedes pretenden implementar para gobernar nuestro país se han probado en la historia muchas veces y en distintos países, y a ninguno de ellos les ha dado buenos resultados. Los resultados han sido calamitoso, como hemos tenido ocasión de comprobar recientemente en Venezuela. Se nos olvidó preguntar al señor Ábalos si fue a aprender cómo se transforma un país riquísimo en un país del que se han tenido que marchar cinco millones de personas; y no lo digo yo, lo dicen instituciones internacionales: siete millones necesitan asistencia humanitaria, personas con malnutrición, personas que están faltas de medicamentos... En fin.

Los servicios públicos no son gratis, y ustedes no hacen bien anunciando a las personas más desfavorecidas que el Estado les va a otorgar todos los derechos gratis, porque gastar más de lo que se tiene es una irresponsabilidad, y lo sabemos los que tenemos la suerte de ser padres de familias numerosas; gastar más de lo que se tiene es un error que arruina a las generaciones futuras, si es que estas llegan a nacer. Ya que nos cuenta que viene usted con la intención de defender los derechos de la infancia con la 'ley del pianista', le pedimos que defienda también a los niños en el seno de sus madres, ya que la Ley Aído hace justamente lo contrario. Supongo que su reciente paternidad le habrá demostrado que lo que su señora esposa tenía en el vientre no era un grano. (Rumores).

Vuelvo a la cuestión económica. Le pedimos que, cuando la realidad le demuestre el camino de declive económico que ustedes están dispuestos a emprender, no busquen chivos expiatorios culpando a las empresas. Los pequeños y medianos empresarios son los que más puestos de trabajo crean, solo necesitan que se les deje trabajar y que no se les ponga una soga en el cuello con la burocracia existente y la subida de impuestos que se está viendo llegar; solo necesitan que les dejen trabajar, como decíamos. Tampoco queremos que culpen a Donald Trump ni a los foros internacionales, sino que haga usted una sincera autocrítica, porque a usted no le van a juzgar los españoles por su retórica, por su discursos, por sus buenas intenciones ni por sus lágrimas de cocodrilo; lo van a juzgar por los resultados que van a cosechar en la medida en que haga realidad las recetas que tienen planteadas en su programa.

Si hablamos del bienestar animal, y antes quería aclararle que nosotros desde VOX somos defensores de los animales y estamos en contra del maltrato animal, quisiera preguntarle una cuestión. Me gustaría saber si nos van a prohibir comer huevos de gallinas violadas o leche de vacas explotadas.

A lo largo de esta legislatura tendremos ocasión de exponerle nuestras medidas de políticas sociales, que son muchas, y desde luego estaremos dispuestos, como ya le decía, a dialogar, desde las antípodas ideológicas, con respeto y procurando el bienestar de los españoles en su conjunto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por parte del Grupo Popular, tenemos apuntadas a dos portavoces, Alicia García Rodríguez y Carmen González Guindo, pero no tengo el orden. Tienen ustedes la palabra.

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Bienvenido vicepresidente a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad. Se ha hablado poco de derechos sociales, nada de políticas de discapacidad y cero de juventud. Mire, señor Iglesias, usted abanderaba la justicia social. ¿Qué justicia social, la del comunismo de élite que crea un Gobierno hipertrofiado más próximo a una agencia de colocación, que no ha sido capaz ni siquiera de revertir los malos datos del mes de enero con doscientos cuarenta empleos perdidos, peor dato de 2013? Desde junio de 2018 hay 20 000 mujeres menos trabajando y 14 000 jóvenes en paro. Usted hoy ha olvidado también a las víctimas de violencia machista. Mis primeras palabras sean en memoria de las diez mujeres asesinadas por violencia machista durante este año, el peor dato de los últimos diez años. Y en materia de infancia, el Partido Popular dejó el anteproyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, acordado con las organizaciones que trabajan en favor de la infancia y con las


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comunidades autónomas. A este anteproyecto de ley sus socios de Gobierno lo dejaron durmiendo el sueño de los justos, pero ahí entra usted en la acción: bautiza la ley, se hace una foto, anuncia en los platós de televisión el nombre de la ley de infancia, y mientras usted está cegado por los focos y las cámaras su partido y el PSOE abandonan a su suerte a las niñas menores tuteladas, abusadas y prostituidas en Baleares. El PSOE y Podemos se han unido para evitar la creación de la Comisión de investigación. Es violencia machista, es maltrato infantil, es un caso de trata de menores, el silencio cómplice de este Gobierno nos abochorna, nos avergüenza. ¿Asumirá alguien alguna responsabilidad?

El Partido Popular ha registrado una iniciativa; queremos que pongan en marcha el Eje 8 del Pacto de Estado de medidas relativas a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Queremos y exigimos aprobar con la máxima urgencia la ley de protección integral; y le exigimos, señor Iglesias, que tenga usted la decencia de reunir el pleno del Observatorio de la Infancia, y dé usted instrucciones inmediatas para revisar los protocolos, para evitar situaciones de maltrato y prostitución que afectan a los menores de edad.

En materia de juventud, usted no ha dicho absolutamente nada. ¿Tiene previsto impulsar el Plan nacional de infancia y adolescencia, que sus socios de Gobierno tienen pendiente impulsar desde junio de 2018? ¿Se hará una foto? ¿Le pondrá un nombre? ¿Va a impulsar medidas para favorecer la emancipación de los jóvenes? ¿Va a desarrollar el reglamento de la Ley de voluntariado y de la Comisión Interministerial para el Voluntariado sobre los que no ha dicho nada? Me llama la atención que usted no haya dedicado casi nada de tiempo a las familias, y que ponga al mismo nivel o a un nivel inferior a la Dirección General de Familias respecto a la Dirección General de Bienestar Animal. Me gustaría conocer alguna iniciativa útil en términos de conciliación y de corresponsabilidad: qué medidas, en qué plazos, con qué presupuesto y alguna acción concreta para estimular la natalidad en nuestro país.

Sobre la política de mayores pasa de puntillas por la estrategia frente a la soledad no deseada. Siento decirle que el Grupo Parlamentario Popular ya se adelantó, y que el PSOE ha estado dos años mareando la perdiz. El Grupo Parlamentario Popular le insta ya a diseñar y a aprobar la estrategia nacional contra la soledad crónica. Ya está registrada y calificada una PNL. Cuente con la colaboración de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, de las organizaciones del tercer sector, y léase usted la PNL que ha presentado este grupo y que ha tomado la iniciativa.

En materia de dependencia, ¿sabe qué ha heredado usted de sus socios de Gobierno? Que hay 20 000 personas más en la lista de espera en el último año, unas 270 000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no las reciben, unas 270 000 personas en lista de espera, y 20 000 más con el Gobierno socialista en el último año. ¿Qué medidas concretas va a impulsar para evitar que estas 270 000 personas dependientes estén en lista de espera? ¿Sabe que reducir la lista de espera en un 75 %, con ese plan de choque que usted ha anunciado, supone un esfuerzo económico de 1300 millones al año? Díganos ya, comprométase ya, a decirnos, sin consultar al señor Sánchez, si usted va a presupuestar los 1300 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.

Mal empieza usted, señor Iglesias, dando la espalda a las personas dependientes, negando los 2500 millones que les adeudan del IVA a las comunidades autónomas y 700 millones a los ayuntamientos. Este dinero va a financiar dependencia, va a financiar servicios sociales, sanidad y educación, y usted les está dando la espalda. Siéntese en el Consejo de Ministros y reivindique lo que usted ha reivindicado estando en la oposición. Y mire, ha dicho que ha tenido que venir, en materia de exclusión, el relator especial de la ONU para la extrema pobreza,...

El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que el tiempo es compartido.

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ...para que usted, señor Iglesias, se ponga al día de la situación de pobreza y exclusión. Usted ayer aludía en el Pleno a un barrio pobre, sin agua, sin electricidad, que visitó el relator. Es cierto, ¿sabe usted si ha visitado comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista desde hace más de treinta años? Algo tendrá que ver.

En materia de exclusión, sea valiente, díganos dónde va a dejar las tasas de pobreza; la de exclusión está al 26 %, la de infantil a un 30 %. Comprométase hoy, díganos si va a reducirla a un 15 %. Yo espero que usted hable de que un cero por ciento de pobreza sería lo ideal cuando deje de ser vicepresidente. Tenga coraje, señor Iglesias. Respecto a la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, se dejó prácticamente pendiente de aprobar por el acuerdo del Consejo de Ministros. Debe aprobarla y comprometerse, porque el Partido Popular así lo dejó. En cuanto a la Ley marco estatal de servicios sociales, requiere abordar asuntos y competencias exclusivas de las comunidades


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autónomas. Tenga usted cuidado con quién dialoga, ahora que es el relator, porque a algunos partidos o Gobiernos les faltará tiempo para presentar recursos de inconstitucionalidad.

Por lo que se refiere a la materia del tercer sector de acción social, reúna la mesa de diálogo civil, téngales en cuenta, contemple las entidades de acción social como colaboradores necesarios e imprescindibles de la Administración General del Estado. Aborde con urgencia el desarrollo reglamentario de la asignación tributaria para fines sociales del 0,7 %, creada en el marco del Impuesto de Sociedades. Tampoco ha dicho nada sobre si va a mantener el doble tramo, tanto del tramo estatal como del autonómico, del 0,7 % del IRPF.

Lo que más me ha dolido, siendo de Castilla y León, es que usted no haya hecho ni una sola mención a la España de las oportunidades, a la España rural, al reto demográfico. El Grupo Parlamentario Popular le urge a impulsar medidas con enfoque y perspectiva rural en las políticas sociales, lo que es esencial y que usted hoy también ha olvidado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, si puede ser, por un tiempo de minuto y medio.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré comer un poquito del tiempo de después.

Ante todo, quiero dar la bienvenida al señor ministro a esta Comisión. Que no dude de que es una Comisión donde se ha trabajado mucho y bien a favor de las políticas de discapacidad. Me ha llamado la atención que solo en dos ocasiones le he oído decir la palabra discapacidad, quería hacérselo notar. Lamento decirle que por nuestra parte no compartimos la visión catastrofista que usted nos ha expuesto, y le quería recomendar el informe de la ponencia de Catherine Naughton, directora del Foro Europeo de Discapacidad, en su visita a España, en enero de 2017, porque es muy recomendable.

Nosotros consideramos que durante los últimos años se ha trabajado mucho y bien al respecto, y el mérito de los partidos que han gobernado, tanto PP como PSOE, ha sido poner oídos a los verdaderos artífices del cambio que ha experimentado la sociedad española. El mérito ha sido de las propias personas con discapacidad y de sus familiares, quienes desde la creación de asociaciones del tercer sector se han organizado en defensa de políticas que implementen medidas de acompañamiento a lo largo de toda la vida de las personas con discapacidad. Las asociaciones han puesto y siguen poniendo sobre la mesa de los legisladores todas aquellas iniciativas que nos han permitido ir avanzando día a día hacia lo que pretendemos todos, que es la total inclusión de las personas con discapacidad.

Sin ir más lejos, quiero hacer alusión a los temas puestos sobre la mesa en su visita, el pasado martes, al Senado de Cermi. En cuanto a la reforma del artículo 49 de la Constitución, no dude de que aquí van a contar con todo nuestro apoyo; esperamos que le den la importancia que realmente tiene y no lo utilicen como una excusa para una serie de modificaciones de la propia Constitución, porque usted sabe que el texto ya estaba consensuado en la anterior legislatura del Partido Popular y ya se había trabajado en el anteproyecto, pero se convocaron las elecciones. Por lo que se refiere a la modificación del derecho civil para adecuarlo al imperativo de los derechos humanos marcados en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, le diré que en la legislatura en la que gobernó el Partido Popular ya se avanzó y...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: ¡Madre mía! Bueno, cogeré tiempo de la réplica.

Quería hacerle varias preguntas. La Comisión General de Codificación ya tenía trabajos. ¿Se ha avanzado algo en estos dos últimos años de Gobierno de sus socios en el Partido Socialista? Le haré solo una pregunta más, y el resto me lo guardo para la réplica, por favor, solo una.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: En cuanto al cambio normativo de la Ley de Propiedad Horizontal, quería saber si va usted a poner en marcha algo que tenía en su programa, como la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal, en la que usted se comprometió a invertir un 1 % de los Presupuestos Generales del Estado.

El resto de las preguntas se las haré en la réplica.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Luis Carlos Sahuquillo por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor vicepresidente, a su casa, al Congreso de los Diputados. Comparece para explicar las líneas maestras de su política en un Gobierno de coalición que abre una nueva etapa, con una agenda social prefijada, marcada y con compromiso, como usted ha desmenuzado en su intervención, porque los españoles más vulnerables esperan de nosotros una respuesta rápida a los problemas para que mejoremos su vida y no reproches, algunos de los cuales no tienen cabida en esta Comisión. La portavoz del Grupo Popular hablaba de juventud o de reto demográfico y yo creo que hay otros foros donde comparecerán los responsables pertinentes para explicarlo. Aquí tenemos algo reseñable, y es que siempre ha habido una sintonía muy buena, independientemente de la ideología de cada uno, y hemos intentado plantear cómo podemos mejorar la vida de las personas, fundamentalmente de las más vulnerables, en colaboración con entidades sociales que siempre han demandado de nosotros esa complicidad para poder diversificar todos nuestros planteamientos conforme a lo más importante, y es que seamos capaces de adquirir compromisos y ejecutarlos para mejorar la vida a las personas, como decía, más vulnerables.

Señor vicepresidente, ha hecho usted un diagnóstico de la situación donde ha hablado de realidades. Algunas nos han hecho sonrojamos recientemente, como ha ocurrido al leer el informe del relator especial de Naciones Unidas, el señor Alston, y nos hemos ruborizado porque refleja cómo es verdad que el incremento de la desigualdad se ha producido por un aumento de la pobreza; lo crucial que es asentar el cuarto pilar del Estado del bienestar y la importancia del incremento del gasto social para atajar fundamentalmente la pobreza infantil y erradicarla -luego haré mención a este asunto, cuando hable de la Agenda 2030-, además del tema de la dependencia. Escuchar aquí aseveraciones en las que no quiero entrar -creo que tenemos que tener un buen ambiente en esta Comisión y en lo que a mí concierne, como responsable del Grupo Socialista, lo voy a intentar- por parte del Grupo Popular, que durante siete años y medio fueron los máximos destructores del Estado del bienestar con la excusa de la crisis, la verdad es que es un poco hiriente. Yo creo que va a poder usted ahorrar-y fíjese que no creía que pudiese hacer nunca un chascarrillo con este comentario- si hace caso a lo que decía el señor Echániz el otro día en declaraciones públicas en el Pleno. Eso sí, que lo diga quien fue el que más destruyó los servicios públicos, las políticas sociales, durante sus cuatro años como consejero de Sanidad y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha... Los datos son coherentes, aquí no se trata de palabras; son hechos.

Por tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos en intentar mejorar las condiciones de vida de las personas. Usted hablaba de una serie de medidas, seis en concreto, para afianzar esas políticas que pretende llevar en su departamento y que estoy convencido que redundarán en la calidad de vida de las personas: la prestación de ingreso mínimo vital, la ley integral de infancia y adolescencia, un plan de choque sobre la Ley de dependencia... La verdad es que aquí hemos visto durante más de siete años de Gobierno del Partido Popular que en todos los presupuestos se iban recortando y eliminando incluso niveles aprobados en la propia ley que suponían inversiones directas a las comunidades autónomas, que ponían otra parte de las mismas. Es decir, lo mismo que ponía el Estado ponían las comunidades autónomas para desarrollar algo que es un derecho subjetivo de las personas. Una ley, sí, un derecho más que aprobamos los grupos parlamentarios, aunque no todos y no todos con la misma fuerza y ahínco, gracias a la propuesta del Gobierno socialista del entonces presidente Zapatero. Y desde 2012 es verdad que falta financiación y es verdad que los presupuestos fallidos del Gobierno del Partido Socialista después de la moción de censura de junio de 2018 recogían un incremento de casi 900 millones de euros para coadyuvar a aplicar estas políticas de atención a la dependencia con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.

Es fundamental -y coincido con los compañeros tanto del PNV como de Junts per Cat- intentar desarrollar esa ley marco de servicios sociales en coordinación con las comunidades autónomas y que de una vez por todas dejemos aparcada la inacción, sobre todo presupuestaria, que se ha hecho con el plan concertado, algo que era fifty-fifty, como bien decía, y al final los ayuntamientos, que son los que más directamente acometen los problemas acuciantes que tienen los ciudadanos, puedan tener financiación. Por cierto, habrá que modificar leyes que desde el Gobierno anterior del Partido Popular han coartado la posibilidad de gasto a los ayuntamientos, muchos de los cuales tienen cantidades ingentes de recursos


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económicos que no pueden ser utilizados. Esa también es una política social que tiene que aplicar este nuevo Gobierno de coalición para que los ayuntamientos tengan la posibilidad de invertir -que no es gastar- en políticas sociales tan fundamentales para sus ciudadanos.

Es importante la medida a la que se refería usted de diversidad familiar que creo que fundamentalmente tiene que atender a un colectivo que tiene más dificultades, como es el de las familias monoparentales. En cuanto a los planes operativos de prevención contra la pobreza y la exclusión social, aquí tenemos un grave problema -lo decía usted- y tenemos que acometer urgentemente medidas para erradicar la pobreza, y esto lo incardino con lo que quiero decir ahora, dentro del apartado del que usted hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En la Administración General del Estado debemos fajarnos en cumplirlos como un compromiso inaplazable sin dejar a nadie atrás, algo a lo que nos comprometimos en 2015. Como usted bien decía, más de 190 Estados aprobamos en la Asamblea de Naciones Unidas garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta, a los que vivimos actualmente pero también a los que nacerán en los próximos años. El 29 de junio de 2018 -lo reiteró, 29 de junio de 2018- el Consejo de Ministros aprobó el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 con el fin de desarrollar los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible con medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, respetando el medio ambiente y poniendo la economía al servicio de las personas.

Esta nueva Comisión, señorías, tiene la posibilidad de incidir directamente, con las políticas que llevemos a cabo a través de la Vicepresidencia, en erradicar la pobreza extrema, en erradicar el hambre, en garantizar el bienestar de todos los ciudadanos independientemente del país de origen o procedencia, en reducir las desigualdades entre las personas garantizando la igualdad de oportunidades. Su ministerio, señor vicepresidente, tiene que desarrollar medidas normativas y económicas -y estoy convencido de que así lo hará porque en su voluntad está, según ha dicho cuando ha presentado las líneas de trabajo para los próximos cuatro años- y lo debe hacer en coordinación con las comunidades autónomas, como usted bien decía, y las corporaciones locales y con la máxima participación de la ciudadanía en el desarrollo de la Agenda 2030 para luchar por la radical igualdad de las personas. Ahí estaremos siempre a su lado, no tenga ninguna duda.

Desde junio del pasado 2018 se han tomado decisiones que colocan a España en la senda de orientar sus políticas públicas en el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se creó el Alto Comisionado para la Agenda 2030, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, un Ministerio de Transición Ecológica comprometiéndose con el Acuerdo de París, un Ministerio de Ciencia, se ha recuperado el acceso universal a la sanidad -ustedes saben que se eliminó-, se ha recuperado el diálogo social reorientando la política de empleo, se ha recuperado la solidaridad española con los que vienen de otros sitios porque allí nada tienen, se ha aprobado -como ya he manifestado anteriormente- un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: ...fraguando alianzas con participación de la sociedad civil. Por tanto, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, señor vicepresidente, y colaboraremos con usted.

Termino incidiendo en una cuestión muy importante. España ratificó el 3 de diciembre de 2007 -y, por tanto, reconoció- la diversidad de las personas con discapacidad y necesidades para promover y proteger los derechos, y el Estado nos obliga a tomar medidas y a reformar leyes, a desarrollar políticas y programas en torno a esa Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos mucho trabajo por delante y tendremos tiempo en sucesivas sesiones de ir desmenuzándolo, y espero que, en buena lid, seamos todos capaces de poner en valor lo que nos une, que es trabajar por las personas que ahí fuera están esperando que nos entendamos en lo que a sus preocupaciones diarias respecta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Sahuquillo. Hemos terminado las once intervenciones y además en el tiempo estimado.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


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A propósito de la intervención del representante de la CUP, de Albert, quiero agradecer en primer lugar el tono y no sería justo no entrar en el fondo de la reflexión que se plantea, que yo que creo que es pertinente y que por desgracia no es habitual que se plantee en un espacio institucional como el Congreso de los Diputados. Tiene que ver con el saludo que hacía su señoría, a la manera en que se ha producido, de manera amistosa, madura y fraternal, una ruptura, pero donde hay seguramente elementos que también podrían definir nuestras relaciones con ustedes. Quizá hagamos un diagnóstico parecido sobre el sistema económico global, sobre las consecuencias en términos de dolor social que un sistema económico determinado produce en las poblaciones, en los seres humanos, y seguramente discrepemos en la manera de afrontar, en la manera de actuar políticamente en el marco de ese sistema que configura la realidad. Este debate suena a un viejo debate en el movimiento obrero sobre reforma o revolución, pero estará usted de acuerdo conmigo en que, a día de hoy, reformistas como Bernstein o Kautsky sonarían de extrema izquierda, mucho más a la izquierda que ustedes. Eso revela la correlación de fuerzas en la que nos movemos; aquí es donde usted hace anotaciones muy interesantes y quiero asumir un debate sobre eso. Usted dice que el gasto público -que el diputado del Partido Socialista, el señor Sahuquillo, definía de manera muy sensata como inversión social- está limitado por las reglas del juego y por los propios poderes europeos. Claro que sí. Si usted quiere que le reconozca que vivimos en una democracia limitada por poderes económicos que no ha elegido nadie, le digo que sí, es así. Vivimos en un sistema que tiene limitaciones que no son democráticas. A partir de ahí, grosso modo, hay básicamente dos opciones: enfrentar de manera directa, de manera frontal, ese sistema o reconocer que la correlación de fuerzas implica estrategias diferentes, estrategias reformistas, estrategias que en buena medida se inspiran en la acción de la humanidad en la historia.

En el marco de un sistema económico concreto, se logró el sufragio universal; en el marco de un sistema económico concreto, las mujeres lograron el reconocimiento de derechos; el movimiento obrero logró la jornada laboral de ocho horas, logró imponer el derecho del trabajo, que es seguramente una manera de plasmar la lucha de clases en textos jurídicos, y se consiguió, si me apura usted, la democracia. La democracia es un movimiento histórico que limita el poder de los que tenían todo el poder económico, y creo que ese movimiento histórico puede tener estrategias diferentes e implica siempre reconocer el poder de los adversarios, y ahí quizá hagamos un análisis diferente. Soy consciente de que la construcción del cuarto pilar del Estado del bienestar se va a encontrar con límites inmensos, soy consciente de que es muy difícil afrontar el problema. Yo dejaría de decir ya para siempre eso de MENA. Son niños que se han visto obligados a migrar solos y ya está; ni MENA ni leches, son niños que se han visto obligados a migrar solos, y si cualquiera de nosotros nos hubiéramos visto en esas circunstancias habríamos tenido que hacer lo mismo. Soy consciente de que, mientras no se alteren las bases esenciales del sistema económico en el que vivimos, esos fenómenos van a seguir existiendo y van a poner a cualquier Estado en una situación de contradicción. La intervención de la diputada del PNV era bastante clara: "claro, como somos un territorio más rico, aquí vienen más; a ver cómo hacemos". Pues claro, así funciona el mundo.

A partir de ahí, nosotros entendemos que desde dentro, respetando las reglas, se pueden cambiar algunas cosas y mejorar otras, no todas, y eso implica asumir y surfear contradicciones e implica tragar sapos también, nunca con gusto, nunca con ganas; algunos habrá que tragar y otros no estaremos dispuestos a tragarlos, pero nuestro objetivo es lograr que haya un poco menos de injusticia y que la democracia construya barreras, escudos y mecanismos de defensa que le permitan protegerse un poquito mejor de las fuerzas no democráticas que tratan de imponerse a ella. Creo que coincidiremos en este diagnóstico, no coincidiremos quizá en las vías a implementar, pero le invito a que mantengamos siempre un respeto y el compañerismo entre los que coincidimos respecto a las causas que nos han motivado a hacer política.

A propósito de la intervención de la diputada de EH-Bildu, de Mertxe, le doy las gracias, señoría. Valoro enormemente que la representante de una formación que es independentista y que, por lo tanto, legítimamente querría aspirar a que un territorio del Estado dejara de serlo, asuma que cuando hablamos de justicia social, de justicia medioambiental, cuando hablamos de infancia, eso esté por encima de cualquier legítima aspiración política y que en esto tengamos que colaborar y entendernos, independientemente de que nos emocionemos con símbolos distintos y tengamos aspiraciones distintas. Lo valoro mucho porque creo que, si desde el respeto somos capaces de construir algo que yo llamaría patriotismo -quizá usted no, pero creo que entendemos lo mismo-, un patriotismo de la justicia social, de la justicia ambiental, de los derechos de la gente que esté por encima de los colores de cualquier bandera o de los elementos de identificación cultural, estaremos haciendo algo muy bueno por la gente,


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independientemente de la bandera con la que se emocione cada uno, y creo que eso, en términos democráticos, es muy positivo.

A propósito de la intervención de la diputada del PNV -le doy también las gracias por el tono-, aparecía un elemento que en muchas formaciones políticas que representan la realidad plurinacional de nuestro país ha sido constante: la cuestión competencial. Ya le digo que nosotros no tenemos la más mínima tendencia jacobina en lo que se refiere a la cuestión territorial; al contrario, yo pienso que la eficacia se construye mucho mejor desde la descentralización y desde el respeto a las competencias que tiene cada cual. Lógicamente, las negociaciones competenciales siempre van a ser un objeto de la política y un objeto de negociación y habrá tiras y aflojas, pero una vez queda eso determinado, las competencias de cada uno son las reglas del juego de las que nos hemos dotado todos. A partir de ahí, ese respeto tiene que estar en el diálogo y en la colaboración entre las instituciones, porque nos empuja algo enormemente importante como es el bienestar y los derechos sociales de la gente, independientemente del territorio en el que estén.

Y aquí me preguntaba usted por modelos de referencia concretos. Parecería que, como hay elecciones en Euskadi muy pronto, yo tendría que ser prudente en esto. No se me caen los anillos a la hora de reconocer que su formación política, una formación política de tradición democristiana que podría estar situada, en el eje ideológico izquierda-derecha, más a la derecha que otras muchas, ha tenido históricamente un compromiso con la justicia social que ha tenido traducciones institucionales en Euskadi que nosotros respetamos; seguramente seremos críticos en algunas cosas -y yo pensaré que mi partido podría hacer cosas mejor que ustedes en la Lehendakaritza-, pero las respetamos y valoramos, y no hay electoralismo que justifique no reconocer que Euskadi, en términos de protección social, es una referencia para muchos territorios del Estado, y me gusta que sea así. Creo que cuando alguien hace algo bien está bien imitarlo y mejorarlo. Habrá otros territorios que hagan las cosas mejor que ustedes y seguro que podrán aprender de ellos e imitarlos también.

Me hablaba usted del peso institucional de las instituciones vascas en la defensa de la Agenda 2030. En este caso, querría romper una lanza a favor de la sociedad civil vasca que ha sido la que ha empujado a las instituciones en Euskadi y fuera de Euskadi a que ocurran determinadas cosas. Si en el conjunto del Estado las pensiones se han actualizado como se tienen que actualizar es gracias a que los pensionistas y las pensionistas salieron a la calle y, en especial, los pensionistas y las pensionistas en el País Vasco. Creo que la sociedad civil vasca, con una tradición de autoorganización y de crítica constructiva a la institución, es una referencia que merece todo nuestro reconocimiento.

A propósito de la intervención de la diputada de Ciudadanos, Sara, voy a decirle algo con lo que quizá no le haga un favor, pero se lo voy a decir de todas formas: ojalá liderara usted Ciudadanos. (Risas). Ojalá. A mí me gustaría mucho y creo que sería muy bueno para España. Gracias por el tono, gracias por el contenido. En cuanto a lo que ha dicho usted de la educación, claro que en una sociedad democrática la educación es el instrumento que tiene que reequilibrar las desigualdades económicas de partida y claro que un Gobierno democrático tiene que priorizar siempre la educación pública, porque desde el momento en el que un Gobierno no prioriza la educación pública deja de ser un Gobierno democrático. Decía Nelson Mandela que la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en democracia el hijo de un minero puede estudiar para terminar convirtiéndose en el director general de la mina. Esto que decía Mandela es absolutamente cierto, pero solo funciona, solo opera si hay instituciones que construyan una educación pública que realmente permita esa movilidad social y que cualquier ciudadano, independientemente de su código postal, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de que en su casa no haya libros o no haya instrumentos culturales que le permitan salir adelante, pueda tener un sistema de educación pública que le permita ser libre. Pero para eso hay que defender lo público, porque, por definición, el único instrumento de nivelación social tiene que ser público, y por eso le agradezco enormemente su intervención.

A propósito de Baleares, que ha salido en varias intervenciones, creo que en esto todas las formaciones políticas, independientemente de nuestras ideas, tenemos que estar juntos; juntos. Creo que es legítima la pelea política con determinados temas y creo que con otros temas no. Está habiendo una investigación por parte de la fiscalía, está habiendo una investigación por parte de la defensoría del pueblo, y creo que todos deseamos no solamente que se depuren responsabilidades sino que caiga quien tenga que caer. Este Gobierno, cuando plantea una ley de protección a la infancia, no lo hace para que sea una ley del Partido Socialista y Unidas Podemos, sino para que sea una ley en la que todas las formaciones políticas podamos ponernos de acuerdo para que se convierta no solamente en una


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referencia internacional de prestigio, que eso estará bien porque ayudará a que en otros sitios se proteja también a los niños y niñas, sino para proteger por fin en este país a los niños, niñas y adolescentes. Y creo que hay temas donde determinados tonos y determinadas acusaciones se alejan no ya de la cortesía parlamentaria sino de un cierto sentido de la dignidad. ¿Alguien puede pensar, en esta Comisión o en este Congreso, que hay un solo diputado de los 350 que puede estar a favor de lo que hemos visto allí? En un asunto como este creo que quizá deberíamos actuar todos con un poco más de responsabilidad. (La señora Angulo Romero: ¡Equilicuá!).

Hablaba usted también del problema de los niños y jóvenes obligados a migrar. Le tengo que recordar que en los presupuestos generales que planteamos en 2019, y que no salieron porque no obtuvimos los apoyos necesarios para que salieran, estaba acordada una partida de 30 millones para poder atender a esos niños. Esos presupuestos van a ser una referencia en la nueva negociación que se tiene que producir. Ojalá nos podamos poner de acuerdo en esto, porque en realidad la clave de lo que estamos debatiendo aquí es cómo los derechos sociales se convierten en un asunto central en la negociación que en todos los grupos parlamentarios tendrá que haber sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado.

A propósito de la intervención del diputado de Junts per Catalunya, señor Boadella, le agradezco también el tono. Ha dicho usted algo que es de una enorme irresponsabilidad. Mientras tanto, usted aspira a que Cataluña sea un Estado. Eso es legítimo, pero mientras eso no ocurra -algunos deseamos que eso no ocurra nunca porque nos gusta que Cataluña, una nación que se llama Cataluña, forme parte de España, nos parece que eso embellece nuestra patria, pero ahí podemos tener proyectos distintos que se pueden relacionar democráticamente y sensatamente-, es responsable y es bueno que, lógicamente, colaboremos. Le puedo decir que he hablado con el responsable de la Generalitat de las competencias en las que tenemos que colaborar y que la coordinación va a ser total en este aspecto.

Hablaba usted de la discapacidad. Aquí les leeré alguna cosa. Tengo que recordarle que quizá la situación de los dependientes en Cataluña no es la mejor; por desgracia, los datos dicen que en Canarias y en Cataluña el número de dependientes que tienen derecho a recibir la prestación y que no la reciben es de los más altos del Estado y que, por lo tanto, estamos obligados a colaborar todas las administraciones para acabar de una vez con algo que, independientemente de nuestras ideas, es una vergüenza y que es responsabilidad de todos.

A propósito de la intervención de la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña: comparto al 98 % buena parte de los elementos de análisis. Sin ánimo de meter presión, le diré que necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado, y en la negociación que se tiene que producir de estos presupuestos creo que todos ustedes, los que están en esta Comisión, tienen el deber de presionar a sus formaciones políticas para que estos asuntos sean centrales en esa negociación de presupuestos. Los presupuestos generales -lo decía antes- condensan el 90 o 95 % de la acción política de un Gobierno; si estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, trabajemos para que haya unos presupuestos generales que asuman mandatos que compartimos todos los que estamos aquí.

Agradezco enormemente las intervenciones tanto de Unidas Podemos -de Pilar-, como del Partido Socialista. Para no hacer eterna esta Comisión, lo que voy a hacer es enviaros -aunque ya lo conocéis- el detalle de nuestras propuestas.

A propósito de la intervención de VOX, doña Reyes, percibo algo que me entristece. Su tono de inicio y su tono final contrastaban enormemente con el contenido de la lectura que usted nos ha hecho. Y tengo la sensación de que usted no piensa, no puede pensar todas las cosas que ha dicho aquí, porque ha dicho cosas que no solo no forman parte de lo que debería ser una mínima cortesía parlamentaria, sino de un trato humano más sensato entre nosotros y, por lo tanto, ahí no voy a entrar, señoría. Ha dicho usted algo que me ha llamado la atención, ha dicho que son ustedes constitucionalistas. Lean la Constitución. El artículo 128 de la Constitución dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Me cuesta pensar que ustedes estén de acuerdo con esto. La Constitución dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Me cuesta pensar que ustedes estén de acuerdo con esto. Dice que las pensiones se tienen que actualizar regularmente; dice también que los salarios tienen que ser dignos; habla de la vivienda como un derecho. Y, fíjese, tanto la tradición política de la que proceden ustedes como buena parte de la tradición política de la que procede el Partido Popular no hizo absolutamente nada para que la Constitución del 78 existiera; el Partido Comunista de España, sí; para que lo recuerden ustedes cada vez que hablan del comunismo. Ustedes y el Partido Popular, porque ustedes son una escisión del Partido Popular, tienen muy poco que ver con esa Constitución de la que presumen. Sin los comunistas españoles


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esa Constitución no sería posible. A lo mejor, enterándose de esto, no se siente usted tan constitucionalista, señoría.

A propósito de la intervención de las dos diputadas del Partido Popular, les agradezco, en primer lugar, que reconozcan los datos, creo que eso es un elemento enormemente positivo, y por eso percibía en sus intervenciones una cierta contradicción. Decían que no había que caer en el catastrofismo, pero reconocían lo que estaba contando el relator especial de las Naciones Unidas. Bueno, ¿en qué quedamos? Yo creo que lo que está diciendo el relator especial es para sentir vergüenza como país. Que a la cuarta economía de la zona euro tenga que venir un relator especial de la ONU y contar al mundo lo que ha visto aquí, ¡hombre!, yo creo que es para que todos sintamos vergüenza como españoles y que, por lo tanto, nos pongamos a trabajar en ver qué podemos hacer. Y aquí creo que ustedes han señalado algunos de los elementos fundamentales del debate. Han dicho que no he hablado de las familias. Les voy a mandar la intervención por escrito, porque creo que se les ha escapado alguna cosa. Lo que deduzco es que a lo mejor no tenemos el mismo concepto de familia; que, para ustedes, determinadas formas en las que la gente organiza la vida no se les puede llamar familia. Ustedes dijeron durante mucho tiempo que si dos mujeres querían casarse eso no era un matrimonio, que a eso no se le podía llamar matrimonio; y lo mismo dijeron cuando dos hombres querían casarse. Creo que ustedes tienen un enorme problema a la hora de entender lo que es España en el año 2020 y a la hora de entender lo que es una familia; hay muchas maneras de organizar una familia y creo que en democracia eso hay que respetarlo.

Han hablado ustedes de favorecer la natalidad. ¿Cuál es la clave para favorecer la natalidad? ¿Cuál es la clave? Eficiencia económica, que solamente se puede producir si hay capacidad de consumo, ¿o no? ¿Qué es lo que necesita una familia para tener hijos? Tener unas perspectivas de estabilidad económica que le permitan tener hijos. ¿Eso es posible con una reforma laboral que favorece la temporalidad? ¿Eso es posible sin aumentar los salarios? ¿Eso es posible sin desarrollar un modelo productivo que salga de una vez de un modelo exclusivamente centrado en el ladrillo? ¿Es posible que aumente la natalidad si no aumentamos el suelo de ingresos? Ustedes han preguntado, ¿de dónde van a sacar el dinero? Pues, habrá que mejorar el modelo productivo de este país y habrá que cumplir la Constitución en lo que a la fiscalidad se refiere. Hablamos de la cuarta economía de la zona euro. Si queremos fomentar la natalidad tendremos que tener unos niveles de desarrollo social acordes con nuestra capacidad económica. El problema es que si gobernamos pensando que los impuestos son una manera de hacer daño a los ricos no entendemos nada. Los impuestos no sirven para atacar a los ricos; los impuestos para lo que sirven es para ayudar a los ricos a que los pobres tengan unas cuantas oportunidades más. Para eso sirve un sistema fiscal en un país democrático, para que los que tienen más tengan la oportunidad solidaria de ayudar al progreso de su país haciendo que los que tienen menos puedan recibir lo que dice la Constitución, que son los beneficios de un sistema redistributivo. Y esto no solamente es una cuestión de justicia social, es una cuestión de eficacia económica, porque los sistemas de economía de mercado, sobre los que se podrían poner efectivamente muchos peros, se fundamentan en el consumo y la única manera de que una sociedad aumente su capacidad de consumo es la redistribución. Y que haya seguridad. La seguridad -aunque a ustedes les cuesta entenderlo- no tiene que ver con los muros; la seguridad tiene que ver con que una familia tenga unas perspectivas razonables de que van a tener trabajo con un sueldo digno; de que haya unos servicios sociales que les protejan y les cuiden; que sepan que sus hijos no van a tener que dejar de estudiar por no poder pagar una tasa universitaria; que sepan que sus hijos van a poder ir a la mejor escuela -pública- y que no les degrade la educación pública y se apueste por un sistema en el que la mejor educación solamente la tengan los que pueden pagar. Seguridad es que la gente sepa que los mejores profesionales sanitarios están bien pagados y tienen los mejores equipos en un sistema público de sanidad universal que no excluya a nadie. Esas son las bases de la construcción democrática y creo que ustedes tienen que ser autocríticos con el papel de su formación política en los últimos tiempos, que ha contribuido a menoscabar las bases materiales de sostenibilidad de la democracia que son los derechos sociales.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Empezamos el segundo turno de intervenciones por parte de los portavoces. Hemos dicho al principio que tendrían dos minutos. Así que a los dos minutos les avisaré. He de decirles también que en la primera parte hemos cumplido muy bien. Por tanto vamos bien de tiempo.

Tiene la palabra Albert Botran, del Grupo Mixto.

El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, señor vicepresidente.


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Brevemente, y también sin ánimo de alargar un debate de fondo en el que seguramente no podré quedarme a su réplica; le dejaré con la palabra en la boca. Para nosotros claro que es importante la correlación de fuerzas. También sabemos que el adversario es poderoso, no nos lo tiene que contar usted. Pertenezco a un movimiento político que lo ha pagado con nueve presos políticos, con exiliados, con decenas, centenares de personas enjuiciadas precisamente por hacer un movimiento que tenía mucho de desafío al orden también económico. Y en el que por cierto echamos en falta a su formación en momentos en los que hubiese ido muy bien que el conjunto de las izquierdas apoyase lo que era un movimiento -insisto- de ruptura, de desafío al orden político y también al económico. Quiero matizar, porque yo tampoco le he dicho que desde sus cinco ministerios puedan desmontar, combatir, abolir el capitalismo. Eso no lo he dicho. Lo que sí he dicho es que era necesario señalar los límites de las políticas que se hacen dentro de estos marcos político-económicos, y acumular fuerzas para la ruptura y para superarlos.

Otra cuestión. Como dijo alguien que usted bien conoce, una cosa es tener que tragarse sapos, y otra que mientras se hace se diga que tienen buen gusto. Eso es distinto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.

Tiene la palabra Mertxe Aizpurua.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: No lo voy a utilizar. Contribuyo un poco a que la sesión termine ágilmente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra Josune Gorospe, del Grupo Vasco.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Sí, por matizar también. Decía usted que yo había dicho que atraíamos porque Euskadi era un territorio rico. Sabe usted que si cruzamos distintos indicadores de los países -aquí han salido algunos, el índice Gini, el Arope, el índice de desarrollo humano- veremos que no siempre los países ricos desarrollan modelos de desarrollo humano sostenible y modelos de desarrollo y de protección social. Lo que atrae de Euskadi es, por supuesto, la riqueza, porque nadie va a un sitio donde están peor, pero indudablemente es la apuesta política y la prioridad que se ha dado al modelo vasco de protección social. Me gustaría matizar eso.

Y un segundo matiz, en cuanto a la Agenda 2030. No planteaba el rol institucional como sustitutivo del ámbito del movimiento social asociativo, sino que lo que lo decía era que, en esa estrategia que ustedes van a desarrollar y poner en marcha -le preguntaba por el cronograma, no me ha contestado, y si en el segundo turno pudiera decírmelo se lo agradecería-, el rol institucional era muy importante en cuanto a la coordinación multinivel y la coordinación de los distintos agentes, algo que la Agenda 2030 establece como prioritario en cuanto al modelo de gobernanza.

Sin más quiero decirle que nos tendrá enfrente y en contra si cualquier iniciativa que usted promueva cercena el fondo competencial de Euskadi. Nos tendrá en contra si cualquier iniciativa que usted promueva va en contra de tener el mejor nivel de calidad de vida en todo el Estado, y nos tendrá apoyándole y colaborando con usted en todo aquello que redunde en beneficio de mejorar las condiciones de vida de las personas. Le deseo suerte.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Sara Giménez, del Grupo Ciudadanos.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias por sus palabras; gracias por compartir la preocupación educativa que le he transmitido.

Por complementar en alguna idea más, únicamente quiero hacer referencia al sistema que es necesario -cuando se ha hablado de las rentas mínimas de esa armonización- para que no haya desigualdades territoriales y para hacer realmente una garantía de derechos. Y sobre todo que con el plan de trabajo haya una introducción de qué hacemos con las personas, porque a veces no es simplemente el sostener su vida digna a través de la garantía de una cuantía económica que le permita esos mínimos, sino también, por las franjas de edades en las que viene radicada la pobreza, el que seamos capaces de construir una serie de itinerarios para que estas personas puedan salir mayoritariamente de la situación de pobreza a través del empleo.


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Únicamente eso, y nos ponemos a su disposición para trabajar a favor de la igualdad de oportunidad en todos los lugares.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Genís Boadella, del Grupo Parlamentario Plural.

El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, agradezco el tono cordial. Dicen que lo cortés no quita lo valiente, y yo le pido que sea valiente y me conteste dos de las cosas concretas que le he pedido en mi intervención. Para ganar tiempo y ser rápidos: ¿se plantean aumentar la subvención a los centros especiales de trabajo en relación con la subida del salario mínimo? ¿En qué calendario temporal o cuál es la intención en relación con el anteproyecto de ley de reforma del Derecho Civil en materia de discapacidad?

Si me contesta a estas dos cuestiones, se lo agradeceré mucho.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Republicano, Norma Pujol.

La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, president.

Señor vicepresidente, también le agradezco sus palabras. Sobre el ruego que me hacía acerca de los Presupuestos Generales del Estado usted ya sabe que para construir nuevos acuerdos, primero, hay que cumplir los acuerdos previos. Ya sabe usted que esperamos que en estos previos acuerdos ustedes tengan un papel fundamental para poder ayudarnos.

Antes me he dejado algunas cosas por decir. Celebramos la creación que ha comentado de la nueva Dirección General de Bienestar Animal y sobre todo que se planteen la bajada del IVA veterinario, porque desde Esquerra Republicana lo presentamos en una proposición no de ley a finales de octubre de 2016, y por tanto, si se da cumplimiento a esta bajada del IVA, estaremos muy contentos.

Para terminar diré alguna cosa que antes se me había quedado pendiente, como el nuevo baremo de discapacidad. Pedimos desde Cataluña que se fusione con el baremo de dependencia y que se pueda disponer de un único baremo para todo el sistema de autonomía. Esto haría que se hiciera una fusión de equipos de valoración, y por tanto ganaríamos eficiencia. Pedimos que este nuevo baremo no signifique ningún aumento de los tiempos de valoración, para no empeorar aún más los tiempos de resolución, porque al fin y al cabo, como todos hemos dicho, estamos aquí para mejorar la vida de las personas, y confiamos en que con usted al frente del ministerio esto puede llevarse a cabo.

Nada más que añadir, excepto desearle mucha suerte en su labor venidera. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, Pilar Garrido tiene la palabra.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente, muy brevemente.

Solo quería resaltar dos ideas. Por un lado, que desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos vamos a trabajar para que los derechos sociales en esta legislatura ocupen el lugar que se merecen, porque es la única manera de materializar y hacer realidad eso de mejorar la vida de la gente. Otra idea. Yo creo que todos somos conscientes de las dificultades de los temas que tratamos, también porque están repartidos en diferentes administraciones y son competencias multinivel. Desde ese punto de vista desde Unidas Podemos lo tenemos claro, yo como vasca todavía más, y entiendo que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a afinar todo lo posible para que todas las medidas y todas las propuestas encajen perfectamente en ese Estado de las autonomías que tenemos diseñado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.

La señora ROMERO VILCHES: Señor Iglesias, quería preguntarle si se arrepienten de haber votado en contra de la constitución de una comisión de investigación sobre el asunto de Mallorca. Para crear una familia ha dicho usted que se necesita estabilidad económica y una vivienda digna. Pues le doy la enhorabuena, porque estoy segura de que va a ser usted padre de una familia supernumerosa con su 'casoplón' de Galapagar. (Rumores). En cuanto a la educación defendemos desde VOX la educación pública, pero también la concertada y la privada. Los colegios concertados tienen enormes listas de espera. No sé por qué será. Defendemos la libertad de los padres para decidir la educación que quieran


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dar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, como reconoce el artículo 27.3 de nuestra Constitución. Por otro lado, quiero recordarle que MENA significa menores de edad no acompañados. No sé por qué le molesta a usted que utilicemos esta palabra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, Alicia García, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Una pregunta: ¿piensa usted cerrar los centros de educación especial? En el caso de los menores tutelados en Mallorca el Grupo Parlamentario Popular ha pedido su comparecencia. Espero que lo haga pronto. En materia de dependencia usted ha dicho que Cataluña tiene una lista de espera muy alta. Ha dicho que están obligados a colaborar. ¿Sabe usted que Castilla y León es la comunidad autónoma que no tiene lista de espera, que mejor gestiona la dependencia? Espero que colabore con la misma proporcionalidad con Castilla y León que con Cataluña.

Usted está más cómodo en su papel de relator que defendiendo los derechos sociales. Ha venido con la camiseta de relator. Tiene más prisa en sentarse a la mesa de negociación con el Gobierno separatista de Cataluña que en reunir y escuchar al tercer sector en la Mesa de diálogo social; tiene más prisa en sentarse con Esquerra que en convocar el Pleno del Observatorio de Infancia para revisar los protocolos. Señor Iglesias, tiene más interés en amparar a una torturadora que tiene sanciones de la Unión Europea por incumplimiento y violación de los derechos humanos que en defender los derechos sociales.

Hace un mes la prensa publicaba que una empresa ligada a Podemos cobró 1,3 millones de euros del Gobierno de Morales, que está siendo investigada. Está usted más ocupado en la financiación de Unidas Podemos que en exigir en el Consejo de Ministros el pago de los 2500 millones del IVA para atender la sanidad, la educación, los servicios sociales y a los dependientes. Tenga el coraje y pida la financiación para eliminar las listas de espera de dependencia, que esté en los presupuestos de 2020.

Venezuela y Bolivia, sus países de referencia. ¿De verdad, señor Iglesias, son esos sus referentes para los servicios sociales en España, haciendo más pobres a los pobres? Póngase a trabajar, remánguese, dedíquese a la verdadera justicia social, a gestionar los servicios sociales, a avanzar en derechos sociales, con más recursos, con más prestaciones, para llegar a más personas, para que nadie quede atrás y que todas sus necesidades estén atendidas. Póngase la chaqueta para reivindicar las políticas sociales y gestionarlas, no para darnos clases teóricas de la universidad, como usted ha hecho hoy aquí. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Luis Carlos Sahuquillo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, presidente.

Veo que no han tenido ninguna aceptación las palabras que decía, que fundamentalmente iban dirigidas a la señora Reyes Romero y a la señora García.

Deje usted para sus líderes ese discurso, le va a venir bien que seamos capaces de reflexionar todos juntos para trabajar para esas personas. Cuando hable de menores, de los MENA, le recomiendo, si no la ha visto, que vaya a ver una película que está de estreno ahora, Adú. Probablemente cuando salga usted de allí... (Protestas.-La señora Romero Vilches: Diríjase usted al presidente, no a mí). No, estoy utilizando la palabra y la utilizo como creo conveniente.

El señor PRESIDENTE: Solo hablan el que tiene la palabra y el presidente de la Comisión.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Dicen que los consejos están para no darlos, y no suelo darlos, por eso estoy reflexionando. A lo mejor si usted ve esa película tiene otro concepto distinto de lo que ha dicho hoy aquí.

Yo tengo aquí una retahíla de lo que su Gobierno que usted defiende del Partido Popular hizo durante siete años y medio con los servicios sociales. Cuando quiera hacemos un monográfico, pero en buena lid tengo que decir que debemos intentar todos juntos arrimar el hombro y respetar el concepto de esta Comisión, para intentar mejorarlo cada uno desde nuestra ideología. Pero yo creo que el vicepresidente ha hecho un relato de por dónde quiere ir los próximos cuatro años con una cuestión muy importante que tenemos: unos presupuestos que hay que aprobar, que ustedes los han bloqueado continuamente. Hubo otro partido que por responsabilidad política se abstuvo para que Rajoy -¡cuánto le echamos de menos,


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quién iba a decir que íbamos a echar a Rajoy de menos (risas), cuanto le echamos de menos!- fuera capaz de gobernar, gracias a que unos nos abstuvimos para que ustedes gobernaran. Ustedes no han hecho eso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el segundo turno de intervenciones. Por tanto tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por sus intervenciones.

Trataré de contestar a las preguntas concretas que se me han formulado. A propósito del cronograma vamos a tratar de tener la estrategia lista y publicada en 2021. A propósito de las subvenciones en los centros de trabajo, lo vamos a impulsar y ojalá podamos tener esto muy pronto. Como saben ustedes hay un grupo de trabajo para la reforma del artículo 49. Creo que estamos bastante de acuerdo en esto, y pienso que podemos trabajar juntos. Sobre si vamos a cerrar los centros de educación especial, la respuesta es no. A propósito de los recortes en la financiación me ha sorprendido escuchar algunas cosas. Quien dio un hachazo del 40 % a la financiación de los servicios sociales en el año 2012 fue don Mariano Rajoy. Me llama la atención que ustedes digan esto, y también me llama la atención que estén ustedes tan en contra de la universidad. No sé qué tiene de malo que en una comisión se puedan discutir cuestiones políticas importantes.

Una curiosidad. Yo con el tercer sector ya me he reunido; con el Gobierno de Cataluña todavía no. Creo que eso ustedes deberían saberlo. A propósito de la pregunta que se hacía sobre discapacidad voy a leer un documento de la vicepresidencia, que es inédito y pasa a estar aquí, que es nuestro plan de trabajo. El objetivo fundamental es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal para conseguir suprimir barreras arquitectónicas -sobre esto algunos de ustedes han generado muchas polémicas últimamente-, de comunicación y de actitud para obtener la autonomía personal y la vida independiente, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del desarrollo de las políticas públicas de la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades, con las ciudades autónomas y por supuesto con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias. Para ello -y aquí viene lo importante, tal y como prevé el programa de gobierno- hay que impulsar la restauración de los derechos erosionados por el Partido Popular en comunidades autónomas y en ayuntamientos, hay que impulsar una estrategia de accesibilidad y movilidad sin barreras para las personas con discapacidad, y por supuesto -y esto es lo fundamental- hay que financiar el sistema de la dependencia. Esto va a beneficiar a muchas personas discapacitadas en una situación de dependencia y sobre todo a sus familias.

Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señorías. Es un honor y una obligación comparecer en esta Comisión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por sus detalladas explicaciones.

Por cierto, esta mañana he preguntado a otros miembros del Congreso si era habitual que en un plazo tan corto de tiempo compareciera un vicepresidente. Me han dicho que no lo tenían claro, que habría que comprobarlo, pero que un plazo tan corto no era habitual. Esto lo digo -lo he estado mirando- porque hoy hace precisamente un mes que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado su nombramiento como vicepresidente. Por tanto, es un plazo realmente corto.

Para terminar solo quiero decir que espero que esto sea un buen indicio de que entre la Comisión y el ministerio habrá un trabajo fluido y que tendrá frutos para aquellas personas a las que nos dirigimos. Repito, gracias, señor Iglesias, y también gracias a todos los miembros de la Comisión por su compresión con esta Presidencia, que hoy se ha estrenado.

Para acabar, gràcies per la seva atenció. Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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