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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 135, de 31/08/2020
cve: DSCD-14-CO-135
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 135
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 8 (extraordinaria)
celebrada el lunes,
31 de agosto de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado), para informar sobre el acuerdo alcanzado entre el departamento que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relativo a la incautación de remanentes de las entidades locales por parte del Estado, así como la autorización del uso de superávit de los ayuntamientos. Por acuerdo de la Diputación Permanente. (Número de expediente 213/000590) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, que tiene un único punto del orden del día, que es la comparecencia de la señora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, para informar sobre el acuerdo alcanzado entre el departamento que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a la incautación de remanentes de las entidades locales por parte del Estado, así como la autorización del uso del superávit de los ayuntamientos. Como todos ustedes saben, esto deviene de un acuerdo de la Diputación Permanente.

El procedimiento con el que vamos a articular esta Comisión es el ordinario. Intervendrá la señora ministra sin tiempo limitado y, a continuación, por orden de mayor a menor, los grupos parlamentarios tendrán una intervención de diez minutos y un segundo turno de cinco minutos para replantearle a la señora ministra las cuestiones que estimen oportunas.

Sin más dilación, señora ministra, le doy la bienvenida. Tiene usted el tiempo que estime oportuno.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero pronunciar unas breves palabras para mostrar mi satisfacción por ver que sus señorías se encuentran bien de salud. Espero que los pocos días que hayan podido desconectar o disfrutar de un descanso lo hayan hecho en las mejores condiciones para comenzar el curso escolar y el curso político, también planteando soluciones a los problemas complejos que en este momento tenemos en la sociedad.

También quiero empezar mi intervención trasladando nuestra solidaridad -creo que hablo en nombre de todas las señorías- por los incendios importantes que existen en nuestro país, especialmente, el incendio que se estaba produciendo en la zona de Huelva, donde los alcaldes -como hoy vamos a hablar de municipalismo, creo que es de rigor señalarlo- y las alcaldesas se están batiendo el cobre para que los vecinos estén seguros, para encontrar lugares adecuados donde refugiarlos hasta que esté estabilizada la totalidad del incendio, e intentando buscar confortabilidad para todos sus vecinos y para todas sus vecinas. Vaya desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, la solidaridad con todos ellos y con las personas que están pasando por un momento complicado.

También durante este verano, y creo que ninguno somos ajenos, hemos ido viendo los datos correspondientes a la pandemia. Desde aquí, vaya nuestra solidaridad para todas las personas que en este momento están pasando esta enfermedad, para los que están guardando cuarentena y para las que han perdido a un ser querido. Como siempre, reciban las condolencias de los miembros del Gobierno y también del Congreso de los Diputados. De hecho, la pandemia sigue provocando consecuencias importantes, en España y en todo el planeta. Saben que los datos que se recaban diariamente indican una evolución preocupante, aunque con una incidencia bastante desigual, asimétrica, en el conjunto del territorio, ya que hay algunos lugares donde las autoridades sanitarias autonómicas están intensificando las medidas para proteger la salud y la vida del conjunto de los ciudadanos.

Como ha transmitido el presidente del Gobierno esta mañana, creo que tenemos que trasladar a la sociedad entera un mensaje de alerta. Seguimos estando en contacto con esta enfermedad. Tenemos que tener confianza en que, por supuesto, el sistema sanitario está ahora infinitamente mejor preparado de lo que lo estaba en el mes de marzo y, por tanto, el paso de la ola, si es que así se determina, no se desarrollará en las mismas condiciones que cuando lo vivimos la primavera pasada.

Vamos a contar pronto con una vacuna efectiva, y así lo anuncian todos los expertos científicos. Conocemos mejor al virus y, por tanto, los sanitarios están manejando mejor la enfermedad en los centros. Reforzaremos las capacidades estratégicas, en línea con lo que se dictó en la Comisión de Reconstrucción, para que esa fortaleza, esa capacidad terapéutica del sistema sanitario, nos permita mantener la seguridad y, sobre todo, la buena atención que el sistema en España presta normalmente a todos los ciudadanos.

Soy consciente, y el Gobierno lo es, de que quizá en este momento la principal preocupación estriba en la vuelta al colegio. Saben ustedes que se está trabajando con todas las comunidades autónomas para que esa vuelta se realice en condiciones de seguridad, que se garantice a los niños y niñas que tienen todos los medios que están a nuestro alcance para que no se produzca ninguna incidencia en relación con el desarrollo escolar, con el crecimiento personal. Pero también, señorías, necesitamos que las generaciones recuperen el ritmo de la actividad escolar, fundamentalmente, de forma presencial, como se ha determinado en la Conferencia Sectorial. Por tanto, queremos enviar un mensaje de confianza tanto a la comunidad educativa como a las asociaciones de padres y madres de que seguiremos dialogando,


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hablando, en la seguridad de que todos estamos aportando lo mejor para que la situación se pueda resolver lo antes posible con la llegada de la vacuna.

Señorías, creo que la política y los políticos tenemos que tener para los ciudadanos esa utilidad que nos piden en todos los sondeos, en todas las encuestas, en cualquier conversación que uno tiene con amigos, familiares, vecinos; permanentemente lo que se le pide al poder político, al Legislativo, al Ejecutivo es que demos una respuesta lo más coordinada posible a una situación inédita que vive nuestro país, y que, por tanto, requiere también una respuesta distinta, inédita, una respuesta, diría, compleja, porque todo tiene una gran complejidad, pero que permita que se vea que el diálogo, la negociación son señas de identidad, no del Gobierno, sino de aquellos que ostentamos la representación de los ciudadanos y que estamos aquí para solucionar problemas y no generar más conflictos de los que las personas ya tienen, es decir, para tomar decisiones que nos ayuden a resolver el día a día de tantas personas que están preocupadas no solo por el horizonte sanitario, sino también por el económico al estar inmersos en un ERTE o por estar en uno de los sectores que más está sufriendo la pandemia, como es el sector turístico, el de la hostelería que, como saben ustedes, es el que está sufriendo con más intensidad en este día a día hasta que se recupere el turismo internacional, es decir, hasta que vuelvan a llegar los turistas que habitualmente vienen a visitarnos a nuestro país.

Por eso en el día de hoy agradezco la posibilidad de comparecer para informar sobre un importante acuerdo que ustedes conocen, porque ha sido objeto de debate en los medios de comunicación, relativo a la respuesta que tenemos que dar al municipalismo en este momento, fundamentalmente sobre la posible utilización de su remanente. Este acuerdo se alcanzó con la Federación Española de Municipios y Provincias, después de una larga y ardua negociación. Espero que en esta comparecencia, en la que voy a intentar ser lo más breve posible, pueda detallar el contenido y pueda rebatir punto por punto las inexactitudes que he visto publicadas o comentadas por parte de algunos de los grupos que están aquí presente. Creo que es fundamental que seamos capaces de ver en su total dimensión sobre qué asunto estamos trabajando, cuál es la dificultad que el Gobierno tiene a la hora de arbitrar las propuestas, y cuáles son las ventajas que, a nuestro juicio, tiene el decreto-ley que tramitamos en el Consejo de Ministros, una vez se firmó este acuerdo con la FEMP.

Lo primero que quiero decir, señorías, es que el acuerdo recoge punto por punto todas las recomendaciones que aprobaron en la Comisión de Reconstrucción, concretamente, en el bloque que se refería a la reactivación económica. Es más, el decreto-ley supera en muchos de esos aspectos gran parte de lo que allí se discutió, y creo que justamente en lo que los supera es donde podemos tener más divergencia. Creo que con mi explicación podrán ustedes entender por qué el Gobierno ha optado, en una de las partes del decreto, por utilizar un mecanismo, inédito también, como todo lo que hacemos en estos días, con el que podamos realmente ser capaces de salvar algunos de los marcos legales de los que nos hemos dotado.

Concretamente, lo que se ha planteado en este decreto-ley aporta, en primer lugar, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer uso de las inversiones financieramente sostenibles que, como saben, habitualmente se articulaban a través de los proyectos de presupuestos; pero durante el año 2020, al no haber proyecto de presupuesto, no existía régimen legal para que los ayuntamientos hicieran lo que en el pasado, en los dos últimos años, vienen haciendo, que es utilizar parte de esos remanentes en las que se llaman inversiones financieramente sostenibles. Recuerden que en los últimos años habíamos dado a los ayuntamientos la capacidad de poder ejecutarlas en el plazo de dos años, en vez de un año, pero el tiempo se quedaba corto para algunos de los proyectos que pueden ser emblemáticos y, por tanto, hemos incorporado en el decreto-ley esa máxima de que los ayuntamientos utilicen los remanentes para las inversiones financieramente sostenibles, tal y como veníamos haciendo en las leyes de presupuestos. Igualmente, esa primera idea que les acabo de lanzar, venía también en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, al igual que esta segunda, en relación con la suspensión de la regla de gasto o, mejor dicho, con que el cómputo de la regla de gasto no sea un limitante a la hora de que los ayuntamientos puedan disponer de sus recursos y, más concretamente también, de estos remanentes.

El elemento último que proponía el dictamen respecto a esta cuestión tenía que ver con la capacidad de los ayuntamientos para participar en la gestión de los fondos europeos, en aplicación del principio de subsidiariedad, en colaboración con comunidades autónomas, algo que también está incorporado a este decreto-ley y que se irá explicitando en la medida en que el conjunto del Gobierno avance sobre cómo y de qué manera se van a plantear los proyectos que alumbrarán esos fondos de reconstrucción, y que,


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como ya hemos anticipado en muchas de mis comparecencias, irán concretados en el proyecto de presupuestos, que espero que en tiempo y forma pueda ver la luz en este Congreso de los Diputados.

Por otra parte, también se solicitó al Gobierno que articulara un mecanismo para que se pudiera compensar a los ayuntamientos por la importante caída de recursos, que correspondían básicamente al área del transporte. Se ha obligado a los ayuntamientos, y ellos mismos así lo han hecho en uso de sus competencias, a mantener un ritmo de transporte público que permitiera una distancia entre las personas, a pesar de que en estos días se hace un menor uso del transporte público, ya que las personas, ante el miedo a la pandemia, están haciendo utilizando más su vehículo. En definitiva, los ayuntamientos han hecho un esfuerzo por mantener el ritmo habitual de circulación del transporte urbano. La bajada del número de viajeros impactaba de forma muy significativa en las arcas públicas, lo que requería de un mecanismo que permitiera que los ayuntamientos pudieran resarcirse de esa caída de ingresos que se va a producir por el comportamiento lógico que los ciudadanos están teniendo en estos días. Señorías, estos son los elementos de contexto, que ustedes conocen.

Igualmente, quiero hacer un breve repaso por el encorsetamiento legal, por el marco normativo que obliga al Gobierno a respetarlo y a actuar en consecuencia. Básicamente, quiero referirles dos normas que no son cualquier cosa, sino que son normas importantes. La propia Constitución española establece la obligación de la estabilidad para las entidades locales. Por la lectura que hago de algunas de las declaraciones de los grupos, en algunos casos este elemento se obvia, en otros casos, probablemente, no es compartido, pero es evidente que el Gobierno de España, cuando impulsa un decreto-ley, lo tiene que hacer en el marco constitucional y también en el marco de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley del año 2012, impuesta por el Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, determinó que las corporaciones locales tenían que mantener una posición de equilibrio respecto al superávit presupuestario, y fijaba también las condiciones de la regla de gasto. Insisto, señorías, en que esa ley, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, establece un marco legal en el que, evidentemente, el Gobierno -entiendo que todas sus señorías- se tiene que mover, intentando buscar la fórmula, las soluciones que nos permitan, en la medida de lo posible, maximizar la capacidad de los ayuntamientos para poder emplear sus recursos.

Esta circunstancia ha determinado que desde el año 2012 los ayuntamientos españoles hayan ido registrando lo que se ha venido llamando un superávit que no pueden gastar y que destinan o bien a amortizar deuda o bien a depósitos bancarios. En el cierre del segundo trimestre de este año se habían acumulado en torno a 26000 millones de euros, de los cuales se calcula que en torno a 14000 millones estarían disponibles para poder ser utilizados, porque el resto forma parte de las necesidades de tesorería, de anticipo de tesorería, básicamente relativas a tener una reserva para el pago de las nóminas -así es como los alcaldes lo tienen establecido-, lo que rebaja esta cantidad de 26000 millones de euros a 14000 millones aproximadamente. Como decía, es un dinero que está en las cuentas bancarias de los correspondientes ayuntamientos y que no puede ser utilizado por las corporaciones locales, insisto, porque la norma que en este momento ampara todo el marco de la estabilidad presupuestaria y también la Constitución, impiden que se pueda usar, puesto que incurrirían en déficit, circunstancia que a todas luces está prohibida por ambos textos legales. Diría más, con la actual política de tipos, y creo que aquellos que se relacionan con los alcaldes lo conocen bien, estos depósitos bancarios están costando dinero a las entidades locales, porque al ser los tipos negativos están pagando por mantener su remanente en los bancos hasta el 0,50 %. Es decir, que este sostenimiento de los remanentes en los bancos nos cuesta a los ciudadanos unos 70 millones de euros al año solo en concepto de intereses.

Creo, señorías, que pueden compartir conmigo que esto es algo difícil de comprender en la actual situación económica, donde resulta imprescindible tras la pandemia reenfocar nuestras políticas públicas hacia esta reconstrucción social y económica, que creo que es lo que todos perseguimos. En este contexto, sin duda, los municipios tienen que tener un importante protagonismo, el que les asigna nuestra arquitectura constitucional, la distribución competencial, pero también por ser la Administración más cercana a los ciudadanos, la que mejor conoce sus necesidades, la que discrimina situaciones familiares, ya que cuesta trabajo que lo hagan otras Administraciones por la lejanía de esa realidad. Por tanto, también creo que podemos compartir que están llamados a jugar un papel destacado, fundamental para esta reconstrucción social y económica de nuestro país.

Es por ello por lo que desde el inicio de esta iniciativa se reforzó el papel de interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias, para plantear las distintas líneas de trabajo y llegar a un acuerdo que permitiera que posteriormente el texto pudiera ser debatido y discutido por este Congreso de


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los Diputados. Por eso, señorías, desde ese municipalismo, del que creo que todos los partidos que estamos aquí estamos convencidos, defendemos que tenemos que buscar fórmulas, instrumentos que les permitan participar de una manera hegemónica en esta fase de recuperación que comienza y que requiere que todos nos coordinemos y que seamos capaces de llegar a consensos elementales, para permitir el funcionamiento cotidiano de nuestras administraciones, pero también el funcionamiento extraordinario que exige este momento.

De hecho, hemos ido trasladando algunas de esas iniciativas en diferentes decretos-ley que se han discutido en este Congreso. En concreto, recuerdan ustedes el 8/20, que destinó 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar gasto social para aquellas familias que tenían dificultades, realmente, para llegar a fin de mes. Saben que además fue una iniciativa previa a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, un elemento que también tendrá que ser objeto de debate en el futuro -espero que sí- con motivo de la discusión sobre las competencias municipales. Desde luego, este Gobierno a lo largo de la legislatura quiere poder promover que los ayuntamientos en el futuro puedan asumir un nuevo y mejor marco competencial. Sin duda, el Ingreso Mínimo Vital aparece también como un elemento nuevo que tendrá que ser debatido, discutido y también modulado con las competencias que los municipios ostentan en esta materia.

Igualmente, ampliamos el catálogo de inversiones que no computaban, en cumplimiento de la regla de gasto. Se permitió que se destinara hasta un 7 % del superávit para financiar gastos de inversión en determinados lugares, en determinados entornos importantes para nuestra actividad económica; me estoy refiriendo a los vehículos eléctricos o la prestación de servicios públicos, de recogida, de eliminación, de tratamiento de residuos, todos ellos competencias municipales, pero que tenían dificultades para poder ejercerlas por la restricción presupuestaria, al tener la regla de gasto constreñida la capacidad real de los ayuntamientos.

Son medidas que, como digo, seguro que servirán para atender mayores necesidades, pero no eran suficientes. Había que dar un paso adelante, había que hacer una línea específica, intentar utilizar esos remanentes de tesorería porque, evidentemente, nadie comprende, ni esta ministra ni creo que ninguno de los diputados, que si los ayuntamientos tienen dinero en los bancos en este momento no pudieran utilizarlo, eso sí, respetando el marco jurídico, porque un Gobierno responsable no puede hacer otra cosa que respetar el marco jurídico y promover las reformas legislativas que permitan cumplir con el objetivo.

También saben, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, que cuando se trata justamente de buscar soluciones a una situación que tiene, ni más ni menos, un marco legal como es el de la Constitución, difícilmente se puede encontrar una solución óptima. Encontramos la más favorable posible, pero no es una situación totalmente óptima, digamos que a total satisfacción de alcaldes, alcaldesas y del propio Gobierno. Tenemos que hacer un ejercicio de innovación, de imaginación que nos permita, por lo menos, ser capaces de avanzar en ese objetivo que todos teníamos previsto. Así lo hicimos. Nos comprometimos con la FEMP a no marear la perdiz, si me permiten la expresión, a intentar buscar soluciones de verdad a este problema con todos los elementos que el Estado tiene a su disposición. Saben ustedes que cuando el equipo actual del Ministerio de Hacienda entra a desarrollar o a aplicar soluciones a un problema, por supuesto tiene el aval de los servicios jurídicos, explorando todas las opciones que en un primer momento pudiera ser de sentido común que se aplicaran, y el resultado, al final, no siempre, insisto, es el que a todos nos hubiera gustado si no tuviéramos un marco normativo que fuera realmente tan restrictivo a la hora de que los ayuntamientos puedan gastar su dinero incurriendo en déficit presupuestario; cuestión, insisto, que prohíbe la propia Constitución española.

En este acuerdo que se ha alcanzado con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincia, hay también una virtualidad añadida que quiero transmitir a sus señorías. Es la primera vez que el Gobierno de España cuenta con la FEMP para un asunto de esta complejidad y de esta envergadura. Habitualmente, y así lo han expresado algunos miembros de la FEMP, y creo que con ello podrán ustedes hacerse una idea de lo que estoy diciendo, se decía que los acuerdos se habían adoptado por unanimidad. Creo que saben ustedes perfectamente que cuando se trata de materias complejas es mucho más difícil ser capaces de adoptar acuerdos por unanimidad, pero eso no quita ni resta ningún tipo de valor a los acuerdos que se alcanzan con una institución que tiene un mandato de interlocución desde la perspectiva municipal, y que, por tanto, tiene todo mi reconocimiento -espero que el de todas sus señorías- al trabajo que se ha desarrollado y, especialmente, a su presidente, Abel Caballero, porque llevamos semanas, meses, discutiendo sobre estos asuntos, y sabemos que la FEMP es un órgano democrático que acuerda sus resoluciones por mayoría. Por tanto, tenemos que ser respetuosos con los acuerdos que


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se adoptan en cualquier órgano que democráticamente tenga una representación. Digo esto, señorías, porque he escuchado algún comentario respecto a que el Gobierno había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, Partido Socialista con Partido Socialista. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la FEMP. La FEMP tiene una mayoría del Partido Socialista y, por tanto, ha ejercido su mayoría, pero no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista -lo quiero poner encima de la mesa-, hemos llegado a un acuerdo con la FEMP, ratificado en una firma que suscribieron el presidente del Gobierno y el propio presidente de la FEMP. No aceptar ese acuerdo o esa representación de la FEMP sería como decir que el órgano es ilegítimo, porque su mayoría no los representa. Creo que todas sus señorías estarán de acuerdo en que la FEMP, actúe con la mayoría que actúe, está representando democráticamente a los ayuntamientos de España. Otra cosa distinta es que los resultados de las elecciones municipales no le gustaran a todo el mundo igual. La mayoría de la FEMP no la conforma el Gobierno, la conforman los ciudadanos con la elección de sus representantes municipales, que a su vez tienen un reflejo en la FEMP. (Aplausos). Por eso creo que merece el respeto de esta Cámara y también de todos los grupos políticos, porque sería poco adecuado no considerar que la mayoría de la FEMP representa a la mayoría de los ayuntamientos de España; sería poco menos que quitarles esa capacidad de representación que le han dado los ciudadanos a través de la designación de los alcaldes.

Por eso, señorías, en este acuerdo creo que se incorporan muchos de los elementos que se han ido acumulando, como reclamaciones de las entidades locales durante este periodo, y mucho más justo ahora que estamos ante una legislatura de un Gobierno progresista que busca esa justicia social, pero sin abandonar la línea de sostenibilidad de las cuentas públicas, porque esa sostenibilidad es la garantía de unos servicios públicos, ahora, para el futuro y para todos y para todas.

Siempre hemos defendido que las políticas austericidas socavaban el Estado del bienestar y ralentizaban el crecimiento económico. Por tanto, señorías, ojalá seamos capaces entre todos de llegar a un acuerdo óptimo que permita dar una respuesta al problema que tienen las entidades locales. Digo esto, porque quizás la tentación, que para muchos es irresistible, de utilizar cualquier iniciativa del Gobierno para intentar desgastarlo, para obviar que el problema que se está discutiendo es un problema real que nos afecta a todos, sobre todo, a los ciudadanos, y para hacer de todo siempre un elemento de agravio o de menoscabo para el Gobierno, creo que está fuera de lugar, porque tenemos algo entre manos mucho más importante, como es que realmente más de 8000 ayuntamientos sean capaces de desarrollar una política que pueda resultar productiva para el conjunto de los ciudadanos. Políticas que, como ustedes han visto en el propio decreto-ley, no buscan otra cosa que aprovechar ese potencial para estar más cerca de las personas, dando la posibilidad de que esos recursos se empleen en el gasto social que desarrollan los ayuntamientos y que nos ayuden a crear empleo, elementos sustanciales que conciernen a todas las Administraciones. También los ayuntamientos, por supuesto, a través de la licitación de obra pública, de la rehabilitación de vivienda, de la agenda urbana, de todo su programa de Gobierno, tienen una posibilidad real de activar la economía, de incorporar recursos, de mover los terrenos, sobre todo, de aquellos sectores que tienen mayor complejidad, el terreno de la cultura que, como saben también, es muy dependiente de las actuaciones de los ayuntamientos y que ha sido de los que más ha sufrido durante esta pandemia. En definitiva, tenemos que reconstruir, diseñar entre todos un país que haga frente, sin que nadie se quede atrás, a la competitividad, a la prosperidad, a la justicia social o a la igualdad de oportunidades.

En esta línea, hemos planteado un decreto-ley que recoge un novedoso mecanismo, que es el que he escuchado con mayor intensidad que sus señorías no comparten, que permite que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente de tesorería sin que tengan que incurrir en déficit. Ese es un mecanismo que se plantea en este decreto-ley de forma voluntaria. Quiero insistir en este concepto. Esto es voluntario, y voluntario significa que el ayuntamiento que quiera puede hacer uso de ese mecanismo, y el ayuntamiento que no quiera puede hacer uso de todo lo demás, pero no de ese mecanismo, porque entienda que prefiere tener el dinero y no prestárselo al Estado, o porque no tenga remanente que poder poner a disposición. Por eso me llama la atención que algunos utilicen palabras como confiscación, hurto o robo. A fuerza de repetirse en todos los debates, se termina uno acostumbrando a estas palabras que son tan groseras, que son tan fuertes, pero que no responden para nada a la realidad de este decreto. Aquí nadie confisca nada, aquí nadie roba nada. Aquí se ponen en marcha mecanismos que permiten que a aquel que realmente le parezca que es útil para su ayuntamiento lo utilice, y que el que entienda que no es útil para su ayuntamiento, no haga uso de él, sin ningún tipo de penalización ni ninguna cuestión distinta.


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Los ayuntamientos lo podrán utilizar tal como ustedes han visto en el decreto-ley. Les explico el mecanismo de una manera didáctica. Discúlpenme si es excesivamente didáctica, pero se sorprenderían cuando hago determinadas afirmaciones que algunos de los responsables políticos no conocen. Cuando los ayuntamientos aplican su superávit se produce déficit. Hay gente que opina que no, pero es que esto no es opinable, esto es Reglamento europeo, son normas de contabilidad nacional. Eso no tiene discusión teórica. Cuando los ayuntamientos aplican su remanente hacen déficit en sus cuentas públicas; igual que cuando tienen ahorro plantean superávit en sus cuentas públicas. Incurren en déficit. Esto es así, al punto de que no se puede simplemente impulsar una norma que permita que los ayuntamientos utilicen la totalidad de sus superávit, porque sería una norma inconstitucional. No pueden utilizarlo más que hasta el límite que les plantea la Constitución, de hecho, el decreto lo establece. El decreto dice que los ayuntamientos pueden libremente utilizar su remanente hasta el momento en el que sus cuentas incurren en déficit. Eso es una cantidad, una cuantía variable, dependiendo de cada ayuntamiento, y que depende también de si tienen inversiones financieramente sostenibles que también se incorporan a esa partida, si tienen que hacer frente a sentencias, a situaciones distintas, que también se enfrentan a esa partida.

Digo esto, señorías, porque la realidad de los ayuntamientos -y esa es una de las complejidades de este debate, y una de las complejidades que ha tenido la FEMP- es totalmente distinta si hablamos de grandes ciudades, de pequeños municipios, de ayuntamientos con remanente o de ayuntamientos sin remanente. En definitiva, hay una realidad muy dispar en el municipalismo, que es verdad que tiene dificultades para que una solución pueda ser óptima para todos aquellos que tienen situaciones distintas. Lo que hemos intentado con este decreto-ley es satisfacer las diferentes demandas que se producen en esas situaciones distintas, pero lo que le viene bien a un ayuntamiento es contraproducente para otro, y esa ha sido la complejidad de esta negociación. De hecho, el mecanismo que nosotros habíamos diseñado, que, insisto, parece que es el que presenta mayor dificultad para sus señorías, lo que pretende es ir más allá de la utilización de los remanentes que les permite la ley hasta la utilización al marco del déficit. Dicho de otra forma, utilizar 5000 millones de euros o inyectar 5000 millones de euros a toda la actividad que desarrollan los municipios, sería cuatro veces más de lo que se podría hacer solo si se utilizan los remanentes hasta incurrir en déficit, que sería en torno a unos 1000 millones. Dicho de otra manera, si a los ayuntamientos solo se les dice que utilicen los remanentes hasta el límite de su déficit, que es lo que dice la Constitución, serían 1000 millones los que pueden emplear. El objetivo de la FEMP, y este Gobierno lo hizo suyo, es que los ayuntamientos pudieran dedicar más recursos que esos 1000 millones, y que, por tanto, pudiéramos tener un marco distinto que nos permitiera inyectar hasta 5000 millones. La intención del Gobierno era que fueran en el primer año, pero la FEMP, con cautela, y creo que con prudencia, prefirió que fueran en dos ejercicios, para que le diera tiempo efectivo a los ayuntamientos a ejecutarlo, y así es como se estableció en este decreto-ley.

El Gobierno no necesita los remanentes de los ayuntamientos para la Tesorería -eso también lo quiero dejar muy claro-, es más, para el Gobierno es una complejidad administrativa tener que hacer todos estos préstamos. Es el único mecanismo que el Gobierno ha visto legal, disponible, para poder poner a disposición de los ayuntamientos esos 5000 millones, y que posteriormente el remanente se les fuera devolviendo en los plazos en los que se acuerde con los ayuntamientos, de manera que en la medida en que se va devolviendo, lo puedan utilizar. Este es un poco el esquema, decía pedagógico, de funcionamiento que está detrás de los remanentes y del fondo. Es una fórmula para intentar superar los 1000 millones, que era lo que permitía la utilización solo de los remanentes en el marco de la Constitución, ya que a partir de ahí, incurren en déficit y, por tanto, tener la capacidad de aportar esos 5000 millones con una iniciativa que permite no entrar en un fraude legal y que sea, digamos, que admisible para los juristas, para la abogacía del Estado, que es la que informó favorablemente este decreto-ley.

A partir de ahí, como ustedes mismos han escuchado las mismas críticas que he escuchado yo, parecería que ese mecanismo que se ha puesto en marcha, añadido a todos los ya comentados, de la regla de gasto, de la posibilidad de la utilización del remanente hasta el déficit, de los demás elementos de las inversiones financieramente sostenibles, es un elemento que favorece al Gobierno de España. Todo lo contrario, al Gobierno de España, ese mecanismo le cuesta 5000 millones de euros, porque posteriormente se devuelve la totalidad de esos remanentes, en el periodo de tiempo que permita que los ayuntamientos lo puedan gastar ahí ya sin tener que incurrir en déficit. Es la fórmula que hemos visto más imaginativa y entiendo que inédita. Siempre digo que cuando hay grandes retos de preguntas y el equipo se pone a trabajar, intenta buscar todas las fórmulas posibles. Entiendo que esta fórmula, que espero que ustedes la hayan entendido desde esa posición, para nada intenta hacerse con los remanentes de los


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ayuntamientos, ya que el Gobierno está financiándose en los mercados y tiene propuestas de préstamo de los fondos de reconstrucción muy importantes. Por tanto, no hay un problema, como lo hubo en la crisis anterior, de financiación de las administraciones públicas, el dinero tiene tipo de interés negativo, como he comentado anteriormente. Por tanto, no es algo que el Gobierno de España necesite, es un mecanismo que hemos diseñado justamente para permitir que los ayuntamientos gasten 5000 millones de euros sin incurrir en déficit y, por tanto, sin contravenir la Constitución y la propia Ley Orgánica de Estabilidad.

No se nos ocurre ninguna otra propuesta, y esto también lo quiero dejar claro, no hay otra fórmula que no sea saltarse la Constitución, cuestión que considero que nadie de los que estamos en esta sala va a hacer, por lo menos este Gobierno, porque ni se lo permitirían los Servicios Jurídicos, ni motu proprio este Gobierno va a impulsar una norma que no esté conforme con la Constitución o con la normativa que en este momento tenemos. Pero las normas se pueden cambiar; con un decreto-ley las leyes ordinarias se podrían cambiar, pero es que estamos hablando de una ley orgánica y de la Constitución. No estamos hablando de un decreto-ley que se sustituye por otro, y que, por tanto, puede tener ese marco legal.

El acuerdo permite, igualmente, que los ayuntamientos puedan resarcirse de aquella partida de ingreso que más se ha visto afectada, como es el transporte. En colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la cuantía que se ha determinado, después de requerir a los ayuntamientos toda la información necesaria, está en 400 millones de euros, como máximo, como elemento tope, aunque la realidad es que la aproximación que ha hecho el Ministerio de Transportes no supera los 300 millones. Nos hemos dado ahí un cierto colchón de seguridad por si el devenir de la pandemia, a lo largo de los próximos meses, tiene una afectación superior en el transporte de viajero. Pero también hemos querido, de alguna manera, atender el requerimiento de los alcaldes de que se pudiera compensar por la caída de ingresos que se ha provocado por esta cuestión.

El resto de las figuras fiscales que acompañan la financiación local no tiene una variación significativa, con motivo de esta situación económica, porque sus figuras fiscales, como ustedes bien conocen, son mucho más estables. Es mucho más estable el IBI que el impuesto de sucesiones, o que el IRPF, en términos de lo que significa su aportación por parte de los ciudadanos, estando afectados los dos últimos por la situación de la economía. Bueno, no es un buen ejemplo el de sucesiones. Discúlpenme, probablemente sería mejor actos jurídicos documentados, que es otra figura fiscal de comunidades autónomas, porque está sufriendo una caída realmente importante en comunidades autónomas. Igualmente ocurre con el IRPF y con el IVA, cosa que es mucho más estable, afortunadamente, en la financiación de los ayuntamientos, cuya figura fiscal es propia; son figuras fiscales que no están impactadas de igual manera por la situación económica.

No obstante, también este decreto-ley contempla una actualización de la PIE. Saben ustedes que las comunidades autónomas, en el decreto del Fondo COVID y en los decretos previos de actualización de las entregas a cuenta, se les hizo una actualización de sus ingresos al 1,6, que era la previsión que tenía el Gobierno a comienzos de este año, y con la PIE se hace lo mismo, que no se había hecho hasta la fecha. Por tanto, la caída de los ingresos del Estado no afectaría a la financiación local. Ese déficit se lo queda el propio Estado y, por tanto, se les dan a las administraciones locales los recursos que tendrían si no hubiera habido COVID-19 ni pandemia sanitaria, lo cual entiendo que era de forma clara una apuesta sin paliativos por el municipalismo. Estamos financiando en comunidades autónomas y en ayuntamientos, como si aquí no hubiera ocurrido una crisis económica, fruto de una pandemia sanitaria.

El acuerdo también establece que las Diputaciones puedan prestar asistencia económica a municipios que tengan riesgo financiero con dos fórmulas fundamentales. La primera es formalizar préstamos, concertar operaciones de crédito para financiar remanentes de tesorería negativos que presentan dichas entidades. Una segunda opción que también tienen las Diputaciones, es que con cargo al superávit del 2019 se puedan realizar transferencias corrientes de carácter finalista, considerándose en este año 2020 como inversiones financieramente no sostenibles y sin computar en regla de gasto; es decir, que las propias Diputaciones pueden transferir parte de su remanente a los ayuntamientos que se encuentran con dificultades económicas, para ser capaces entre todos de que los vecinos de esas localidades no se tengan dificultades mayores.

También tenemos el compromiso de estudiar, antes de acabar el año, las condiciones financieras de los préstamos que se dan a estas entidades del Fondo de Financiación de Entidades Locales. De lo que se trata es de posibilitar, sobre todo, la financiación de las deudas con acreedores públicos, que se están compensando mediante retenciones de la participación en los tributos del Estado o que se están cancelando con acuerdos de fraccionamiento o de aplazamiento con la Agencia Tributaria y con la


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Seguridad Social. Todo ello es demanda de los alcaldes y alcaldesas de ayuntamientos en riesgo financiero, bien en situación muy complicada o simplemente que no tienen remanentes para poder hacer frente a circunstancias sobrevenidas. Por tanto, los ayuntamientos que tienen deudas con los organismos públicos van a poder cancelarlas y la van a poder sustituir por préstamos con cargo a este Fondo de Financiación de Entidades Locales.

Igualmente, a los municipios que han presentado durante los dos últimos ejercicios problemas de liquidez o de solvencia se les permite la consolidación de la deuda a largo plazo. Un elemento, que aquellos que hayan tenido responsabilidades en las administraciones, en la parte financiera, saben que es muy importante, porque hasta ahora se han estado financiando con esos préstamos a corto plazo, de forma que tenían que devolverlos antes de que acabara el año, y ahora se va a poder convertir en deuda y, por tanto, van a poder resolver algunos de los problemas que tienen de pago a proveedores.

Como ustedes pueden observar, este decreto-ley contempla toda una serie de medidas dirigidas a ayuntamientos que no tienen una situación saneada. Afortunadamente, es una minoría. El conjunto de ayuntamientos que se encuentran en estas circunstancias no llega al 3 % de la totalidad de los municipios, pero son igualmente importantes. El Gobierno de España, desde el primer momento, y la FEMP lo sabe, porque ha sido objeto siempre de discusión con la FEMP, quería que los ayuntamientos sin remanentes incluso se pudieran beneficiar de aquellos que tenían remanentes. Yo sé que es una situación compleja, pero en el acuerdo que llegamos con la FEMP se optó por la fórmula de que ellos se beneficiaban de todo esto que les acabo de comentar, y serían aquellos que tienen remanentes de tesorería, que son los que lo ponen a disposición del Estado, los que se beneficiarían del fondo de los 5000 millones, que es como un anticipo para el gasto de los remanentes que los ayuntamiento tenían en el banco.

Una vez explicado el porqué de esta cuestión, quiero terminar diciéndoles, con toda seriedad y con toda franqueza, que realmente considero que es un buen acuerdo para los ayuntamientos, me parece que resuelve algunas cuestiones. Por supuesto, todas las materias que la Comisión de Reconstrucción de este Congreso puso como tarea al Gobierno, todos los elementos que ahí se contemplaban están, excepto uno que iría en la Ley de Presupuestos de 2021, que es la regla de gasto, correspondiente a 2021, porque en este momento con los decretos ley no podemos arbitrar las fórmulas para 2021. Y no se ha hecho tampoco con las comunidades autónomas, como ustedes pudieron comprobar. Una vez que lleguemos a los acuerdos con la Unión Europea estaremos en condiciones de hacerlo, pero la intención, se lo digo ya, de este Gobierno, es que se quede sin efecto la regla de gasto para los ayuntamientos también para el año 2021.

Insisto en que el elemento que ha causado mayor polémica entiendo que tiene que ver con el fondo y con los préstamos asociados que tiene el fondo. Vuelvo a decir que es el único mecanismo que encontramos que nos puede permitir dar una inyección extraordinaria a los ayuntamientos para que se pueda emplear ese dinero dentro de nuestro marco legal -insisto con lo del marco legal, porque no es un capricho del Gobierno- está marcado por el límite constitucional.

Por tanto, señorías, lo más que puedo hacer, terminando esta intervención, es pedirles seriedad, serenidad en este debate que es muy importante, porque estamos decidiendo sobre algo que afecta muy directamente a los ciudadanos, a muchos responsables públicos, miembros de nuestras formaciones políticas, y creo que todos sabemos que no todas las situaciones de los ayuntamientos son iguales. Por tanto, tenemos que ser suficientemente responsables como para llegar a un acuerdo que permita que la gran mayoría de los ayuntamientos se puedan beneficiar, la gran mayoría, sabiendo que no siempre se va a recoger la totalidad de todo lo que en este momento hay en relación con las entidades locales. Por tanto, no tengo ningún inconveniente, y así se lo quería transmitir desde el primer momento, en el apartado relativo a los remanentes, qué es lo que se trataba de solucionar, ya que la pregunta era cómo se podían utilizar los remanentes. Todo lo demás es un elemento que viene añadido, pero esa era la pregunta que el Gobierno quería contestar. Este es el mecanismo que nosotros hemos visto. No se nos ocurre ningún otro mecanismo alternativo que no vaya contra el texto constitucional. Por tanto, señorías, lo que sí les puedo decir es que, si ustedes están de acuerdo conmigo en esta materia, yo me puedo comprometer a que el texto se pueda tramitar, y lo hago en nombre de mi grupo, como proyecto de ley. Aquello que tiene que ver con los remanentes o con los fondos lo modifican ustedes, según entiendan, cumpliendo con la legislación, que les permite estar de forma más satisfactoria en la posición que ustedes defienden en este momento. Es lo más que puedo plantear porque, insisto, no se nos ocurre ningún otro mecanismo que pueda ser compatible con la Constitución y que permita que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente, más allá de lo que los limita el objetivo de déficit.


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Soy absolutamente clara y sincera con el estado de la cuestión. Cuenten conmigo. Creo que todos estamos convencidos de la necesidad de que los ayuntamientos estén en primera línea, así lo están, a pesar de que no tengan recursos, y pienso que todos queremos solucionar este problema. Por tanto, rogaría a sus señorías que no incorporemos esto también al debate permanente de la crispación, del enfrentamiento, de intentar sacar tajada política de un tema que creo que estamos aquí para solucionarlo, porque creo que la propuesta que tenemos tendrá cosas positivas. Tendrá cosas que a sus señorías no les guste. Modifiquen las cosas negativas, pero permitan que los ayuntamientos puedan actualizar su financiación, no computar la regla de gasto, que les permita también, por otra parte, continuar con las inversiones financieramente sostenibles y gastar su remanente al límite del déficit que les permite actualmente este marco legal.

Si creen ustedes que hay que modificar el fondo de 5000 millones, no hay que tenerlo o hay que hacer alguna cuestión añadida al mismo, este Gobierno estará encantado de escuchar esa sugerencia, y el compromiso es no implementarlo hasta que este Congreso de los Diputados haya ratificado ese acuerdo en la parte correspondiente al fondo y a los remanentes. Si me permiten decirlo, la parte correspondiente a la financiación es urgente y deberíamos hacerla llegar a la mayor brevedad posible para que los ayuntamientos no tengan un problema real de pago a proveedores durante este último trimestre.

Esto es de lo que quería informar, señor presidente. Quedo a disposición de sus señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montero.

Después de la intervención de la ministra, damos paso a las de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.

Señora ministra, gracias por su comparecencia. La verdad es que creemos que tenía que haber venido antes de firmar el acuerdo con el presidente de la FEMP, el acuerdo para apropiarse de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones. Es un acuerdo que se ha hecho de espaldas a la junta de gobierno de la FEMP, y, además, tras ignorar la solicitud de diálogo que le han hecho once alcaldes de nueve formaciones políticas diferentes. Es decir, se han saltado a la torera el consenso y el diálogo.

Mire, han traspasado todas las líneas rojas. Han dinamitado el consenso histórico del municipalismo en la Federación Española de Municipios y Provincias. El 22 de mayo, la junta de gobierno de la FEMP aprobó por unanimidad un documento donde se veía claramente cuáles eran las prioridades de las corporaciones locales: flexibilizar la regla de gasto para 2020 y 2021, un fondo adicional a los remanentes de 5000 millones de euros, poder participar en los fondos europeos, prorrogar la IFS. Resulta que el Partido Socialista, el Gobierno se presenta en la FEMP con un acuerdo para apropiarse de los ahorros municipales, confiscando los remanentes y haciendo un chantaje inaceptable a los ayuntamientos y a las diputaciones de España. Por cierto, el presidente de la FEMP, el señor Abel Caballero, ha perdido toda la credibilidad. Ha traicionado a los alcaldes y a los presidentes de las diputaciones; ya no los representa, no los ha defendido, y no puede seguir ni un minuto más al frente de la FEMP, porque los ha traicionado. Por cierto, voto de calidad, hubo empate, nada de una mayoría aplastante en la FEMP.

Decía usted también que era un buen acuerdo. Señora ministra, ¿ustedes se creen que somos tontos? ¿Ustedes se van a creer sus propias mentiras? Ha conseguido que toda la oposición esté de acuerdo en contra de este real decreto-ley. Pero bueno, vamos a entrar en el real decreto-ley. El Estado habilitará un fondo de 5000 millones de euros para las entidades locales que presten su remanente. Es decir, que los ayuntamientos que tengan remanentes de tesorería negativos no van a participar en el fondo, que son los que más lo necesitan. Eso es absolutamente injusto y discriminatorio. Van a crear ustedes ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero seguimos. Si el ayuntamiento tiene remanentes positivos, el Gobierno, en lugar de hacer las modificaciones oportunas para permitir utilizar el cien por cien de los remanentes, lo que dice es que hay que prestarle los ahorros de los vecinos al Gobierno para que nos autoricen utilizar una parte y lo devolverán en diecisiete años.

Mire, decía usted, o decía el otro día en la Diputación Permanente, la diputada socialista, que no era ni un robo ni un hurto ni una incautación. Es peor. Es un despreciable chantaje a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los vecinos. Mire, yo he sido concejala del Ayuntamiento de Málaga durante trece años, cuando el vecino no tiene para comer va al ayuntamiento, cuando el vecino no tiene empleo va al ayuntamiento, cuando el vecino no tiene para pagar la luz va al ayuntamiento, cuando no tiene para medicinas o para comprar pañales no va a la puerta del Ministerio de Hacienda, va al ayuntamiento. Son auténticas UCI sociales, han sido dique de contención en esta crisis del COVID-19. Es el primer lugar


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donde se va, al ayuntamiento. Señora ministra, rectifique, retire el decreto, escuche a los alcaldes. A los alcaldes los elige el pueblo, no como sucede con ustedes, que los pone y los elige Pedro Sánchez. Los alcaldes defienden a los vecinos, no defienden a los partidos políticos. Usted solo defiende a Pedro Sánchez. Además, decir a un alcalde en qué se tiene que gastar sus ahorros, nosotros creemos que es un ataque a la autonomía local. Por eso vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Pero mire, entrando en el listado de actuaciones del real decreto, ¿usted cree que con la que está cayendo es el momento de gastar recursos en coches eléctricos para la policía? ¿Por qué no incluyen en ese listado medidas de fomento del empleo, de apoyo a los autónomos, a las familias que están en un ERTE? ¿Por qué? Podía haber ampliado también el objeto de las inversiones financieramente sostenibles. Mire, han engañado hasta a sus compañeros socialistas de la FEMP, cuando han cambiado el plazo de devolución de diez a quince años. Señora ministra, es que es todo un auténtico despropósito, digno de un Gobierno que está nocaut, desesperado y hundido económicamente. Su Gobierno podía haber hecho las modificaciones de la ley orgánica o de la Constitución -luego hablaremos del artículo 135- si hubiera voluntad política de ayudar a los ayuntamientos, pero no ha modificado nada. Su único objetivo es hacerse con los 14000 millones de euros, seguramente, para poder satisfacer pagos inmediatos. Nos preguntamos: ¿tan mal están las cuentas públicas para que este Gobierno se atreva a meter la mano en la caja de los ayuntamientos? ¿Tan mal están las cuentas públicas para cometer este grave error? Estamos muy preocupados, señora ministra.

El Gobierno mintió en las previsiones económicas que envió a Bruselas, y así lo hizo saber también la AIReF. Ustedes hablaban de una bajada de ingresos del 5 %. La realidad es que a junio la caída real de ingresos es de un 14 %, la caída de ingresos tributarios de un 18 %, y el incremento del gasto público un 23,7 %. Es decir, que el déficit a mayo está ya en 47000 millones de euros. 13000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social, que es bastante preocupante. Pero es que, además, la caída del PIB en España, un 22,7 % en el primer semestre, dobla la media de la caída de los países de la OCDE. Es decir, España se hunde con el mayor desplome del PIB. Además, tenemos el peor saldo de contagio y de muertes por cada 100000 habitantes. La pandemia es mundial, pero los peores datos sanitarios son en España y los peores datos económicos son en España. Esto es, desgraciadamente, porque tenemos los peores gobernantes.

Señora ministra, en el último año se han cerrado 132000 empresas. Se han perdido 748000 empleos. Pero el problema es que antes de la pandemia, en enero, ya estaban ustedes destruyendo 244000 empleos. Se destruyó la mitad del empleo que se creó en el año 2019. El Banco de España estima un déficit para el año 2020 de 123000 millones de euros, un 11 %, y ustedes lo han fiado todo al rescate europeo. Pero el MEDE, el SURE, si viene, habrá que devolverlo. Es decir, lo de siempre. Los socialistas endeudando a los españoles. Desde que llegó Sánchez al Gobierno, la deuda pública ha aumentado en 132500 millones de euros, cada español debe 2800 euros más. Pero seguimos, el Fondo de Reconstrucción, los 140000 millones de euros. La mitad habrá que devolverlo. Pero ¿sabe usted cuándo llegarán esos recursos? En el año 2021, 2022 y 2023. ¿Qué pasa con el déficit de 123000 millones de euros del año 2020? Por eso entendemos, señora ministra, su interés en hacerse con los remanentes a toda costa.

El Gobierno no quiere ayudar a los ayuntamientos, lo que quiere es confiscar los 14000 millones de euros. Esto es tremendo, señora ministra. Los padres quitándoles la hucha a los hijos. (Rumores). Esto es tremendo, señora ministra. Este es su balance: se quedaron con los 2500 millones del IVA del año 2017 de las comunidades autónomas; se quedaron con 700 millones de euros del IVA de los ayuntamientos; incautaron 1366 millones de euros de los fondos de formación de empleo de las comunidades autónomas, y ahora quieren confiscar los 14000 millones de euros de los ahorros de los vecinos. ¿Quién va a ir después de los ayuntamientos, señora ministra?

Decía usted: Estamos mal, pero menos mal que estamos. No, señora ministra, no estamos mal, estamos peor, al borde del abismo socioeconómico. Es una tragedia. Están destrozando la economía, la seguridad jurídica. No tienen ustedes nada de credibilidad.

Vamos a hablar de la Ley de Estabilidad y del artículo 135. Usted es ministra del Reino de España, y usted sabe perfectamente que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que usted, que Zapatero, el Partido Socialista tuvo que aprobar en el año 2011, y que votó a favor el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, la Ley de Estabilidad no es una ley impuesta por el PP, como usted ha dicho, es una ley consecuencia y mandatada de un artículo, el artículo 135 de la Constitución. (Aplausos). En una semana cambiaron


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ustedes el artículo 135. Cámbienlo si hace falta. ¿O es que miles de muertos por la COVID no son motivo suficiente para cambiar la Constitución, la ley orgánica o lo que estime oportuno?

Por cierto, señora ministra, habla usted mucho de la estabilidad presupuestaria. Bienvenida a la estabilidad presupuestaria, esa que usted no cumplió cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, además de que ha intervenido las cuentas del año 2018, cuando era consejera; ahora las interviene como ministra.

Dicen ustedes que no se pueden aplicar los remanentes. Hay que cumplir ciertos requisitos con la Ley de Estabilidad; requisitos que han ido siendo flexibilizados por los Gobierno del Partido Popular. Pero mire, ¿sabe lo peor? Que a lo mejor usted no quiere modificar la Ley de Estabilidad, porque necesitan los remanentes y los superávits de los ayuntamientos para maquillar ante Europa el dramático déficit que su ruinosa gestión lleva generando desde hace dos años; por eso no le interesa autorizar el uso de los remanentes a los ayuntamientos.

Tenemos el peor Gobierno, el Gobierno más caro de la historia y el primero que va a meter mano en la caja de los ayuntamientos. ¿Cómo quieren ustedes arrebatar los ahorros a los ayuntamientos, sin antes hacer un verdadero plan de reducción del gasto público? Ajústense el cinturón, como están haciendo todos los españoles. Den ejemplo, que tienen el Gobierno más caro, con el mayor número de asesores de la historia. Señora ministra, reduzca el gasto superfluo e ineficiente, y así no tendrá que subir los impuestos, como le está pidiendo Podemos. Mire, copie de Alemania, de Francia, de Italia, que España es el único país que no ha bajado los impuestos. Y no me hable del proyecto de ley, que sabe usted que no es la solución. El proyecto de ley y la tramitación llegan tarde y mal.

Su pésima gestión social-comunista es precisamente uno de los motivos por los que los ayuntamientos van a tener que utilizar estos remanentes que ustedes quieren arrebatar. Personas en ERTE que todavía no lo han cobrado, la nueva prestación para autónomos; 125000 la han cobrado, pero hay un millón que está en la cuerda floja. El Ingreso Mínimo Vital es un caos, no existe; las empleadas de hogar todavía no han cobrado la prestación. Ustedes son responsables de todos estos problemas, y estos problemas van a ir a la puerta de los ayuntamientos, y ustedes les van a quitar los remanentes para poder atenderlos.

El señor PRESIDENTE: Señora España, tiene que ir acabando, por favor.

La señora ESPAÑA REINA: Termino.

Retire el real decreto. Dialogue, consensue, porque se debe llegar a un acuerdo. Es un gravísimo error lo que están ustedes haciendo, y desde el Partido Popular le tendemos la mano para llegar juntos al acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González Coello.

El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Buenas tardes.

Muchas gracias, señora ministra. Gracias por estar hoy con nosotros.

Le agradezco que por tercera vez en esta legislatura nos visite. A nuestra formación le hubiese gustado contar con su presencia más, y así lo hemos pedido, con alguien más de su ministerio, alguna secretaria de Estado, algún director general. No será que no lo hemos pedido reiteradamente, y la verdad es que por aquí no ha venido absolutamente nadie, salvo usted, esta es la tercera ocasión. Así entiendo yo que es muy difícil hacer nuestra labor de oposición. Pero, bueno, espero que haya tenido unas buenas vacaciones, que haya descansado en estos momentos tan difíciles, donde también nos hubiese gustado que ninguno de los que estamos aquí nos hubiéramos ido de vacaciones.

No sé por qué se reían parte de nuestros compañeros diputados cuando hablaban del problema que estamos dejando a la siguiente generación y del dinero que estamos quitando a los hijos. Va a ser la primera vez, desde el año 1953, que las nuevas generaciones van a vivir peor que las anteriores en este país. Las deudas que estamos contrayendo no se van a terminar de pagar cuando nosotros estemos jubilados, la terminarán de pagar nuestros hijos. Por lo tanto, les estamos quitando el pan a nuestros hijos y a algunos que todavía no han nacido.

Como se puede imaginar, y antes de meterme en el tema de hoy, le quiero hacer tres preguntas que le he hecho varias veces, las tres veces que ha venido. La primera: ¿Cuáles son las previsiones de déficit y de deuda con las que trabaja el ministerio? La segunda: ¿En qué fecha tiene programado el Gobierno


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presentar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado? La tercera: ¿Se ha reunido alguna vez la Comisión nacional para la Reforma de las Administraciones Públicas? Solo tengo datos del año 2018, y me gustaría saber si se reunió en el año 2019, si tuvo algún tipo de actividad, si identificaron algunas vías de ahorro en ese año, y si en el año 2020 se han reunido o se van a reunir. Quiero recordar que el objetivo de esta comisión era identificar las duplicidades y reforzar la cooperación para conseguir ahorros, simplificación administrativa, eliminar las trabas y los procedimientos en beneficio de los ciudadanos e identificar campos de actuación que estuviesen duplicados para su posterior centralización.

Ahora entro en lo que nos ha traído hoy. Se puede imaginar que estamos en contra de este acuerdo. Creo que, salvo el Partido Socialista, a nadie le gusta. Nos parece que es un chantaje para los municipios españoles, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables. El único nivel de la Administración que ha tenido superávit es la Administración local y llega el Gobierno central y se lo quiere llevar. Si he entendido bien su exordio, básicamente, es: denme ustedes superávit, que nosotros sí sabemos gastarlo y nos lo vamos a gastar. El PSOE vuelve a demostrar que cree que el dinero es suyo y no de los españoles. Usted dijo que eso de que el dinero estaba mejor en los bolsillos de los ciudadanos, de las personas, era una falacia, y lo está demostrando. Es injusto y es insolidario. Quiere volver a enfrentarnos, como han dicho anteriormente, crea municipios de primera, que son aquellos con remanentes que acepten su chantaje, y de segunda, aquellos municipios que tengan remanente que no lo acepten. Luego, hay unos terceros, de los cuales se olvida, que los condena definitivamente.

Con este acuerdo, el Gobierno utiliza como salvavidas a los municipios donde gobierna el PSOE, con un voto de calidad de un señor que dijo aquí justo lo contrario de lo que votó dos meses después, y ahí están las hemerotecas. Básicamente, blanquea la gestión -creo que penosa, y no lo digo de manera subjetiva, sino es un dato objetivo, puesto que tenemos los peores datos sanitarios y económicos de nuestro entorno-, con el apoyo de sus alcaldes socialistas.

El presente acuerdo hipoteca a los españoles, endeuda al Gobierno futuro, no solo frente a Bruselas, sino frente a los municipios. Son capaces de endeudar a la nación durante una década con tal de mantenerse en el poder unos meses más. Este pacto es ineficaz, pues requiere modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, con mayorías absolutas. Yo creo, sabiendo que hay más de ocho grupos que están en contra, que es absolutamente imposible. Por otro lado, lo señalado, es un engaño a Bruselas, que es lo que persigue. Básicamente, ustedes no han buscado medidas de ahorro, no han identificado partidas ni reducciones de gasto en un momento como este. Es más, tienen el gasto disparatado, en primer lugar, su Ejecutivo, y pretenden dar una imagen a Europa contraria a lo que es la realidad.

Sánchez e Iglesias siguen con su estrategia de destrucción de la economía nacional a costa de mantenerse una vez más en el poder. ¿Por qué no nos anuncian medidas de recortes? Creo que sería bueno para todos, para todos los ciudadanos y para el Gobierno que nos dijeran qué partidas, qué organismos. La última vez que vino, yo le ofrecí una lista que no quiso aceptar, de partidas presupuestarias y de organismos de la Administración central que creemos que podemos eliminar, con un importantísimo ahorro.

Recuerdo, en el mes de abril, en los debates económicos -ahí nadie estaba de acuerdo sobre la desaceleración económica-, me quedé solo. En noviembre, ya todo el mundo lo asumía. Pero en un debate que hubo en El Economista, hablando de las vías de ahorro que había, hablando de un estudio que hizo UPyD, que hablaba de 23000 millones, Juan Carlos Bermejo, rescatado político de Ciudadanos, hablaba de más de 50000 millones. Hubo un señor de Más País que dijo que los gastos superfluos del Estado rondaban los 90000 millones. Desconozco de dónde sacó esa cifra, pero lo dijo. Lo que está claro es que hay un gasto superfluo del Estado que tenemos la obligación moral, ética y la necesidad de identificar y acometer. Y por qué ahora, después de los meses transcurridos, no oímos nada de eso, es algo que nos preocupa profundamente.

Es un ataque a la autonomía financiera municipal, sin lugar a duda. El acuerdo es un ejemplo de la hipocresía socialista. Nosotros decimos, y lo han expuesto muy bien anteriormente, que donde se siente más cercano el ciudadano, su primera Administración, es su ayuntamiento. Usted también lo ha dicho, y le quiere quitar esos recursos a aquellos que han hecho sus deberes para usarlos, la verdad es que no sé cómo, para sacar una mejor foto en Europa, y para dejarlos fuera de un plan de reconstrucción y dar 5000 millones que están acotados a una agenda ideológica, donde coches eléctricos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -perjudicar el uso del transporte privado, en medio de una pandemia-, incrementar el gasto en adoctrinamiento ideológico son partidas que se podrían ver beneficiadas. Pero no hablan ni de atención a las familias ni de incentivos a la recuperación del empleo ni de ayudar a las empresas


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existentes, que están muriendo a cientos por día, ni de ayudar al sector turístico o al sector agrario ni de impulsar políticas industriales y de investigación y desarrollo. Un Gobierno responsable, en vez de involucrar a los municipios en cuestiones ajenas, empezaría por reducir la ineficiencia de sus ministerios. Como le he dicho, direcciones generales, subvenciones a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, oenegés y demás asociaciones ideológicas. Consideramos que es muy urgente eliminar cualquier superestructura administrativa y de duplicidad. Le enfatizo, le pido, le ruego que se meta con ello.

Las funciones de los municipios son la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, el orden en las calles, la limpieza viaria y los servicios municipales. Lo que se pretende es implicar a los municipios en cuestiones que le son absolutamente ajenas, y el Gobierno decirle dónde pueden y deben gastarse el dinero. La verdad es que en eso sí han innovado. Pero bueno, muy socialista y comunista.

Resumiendo, después de exprimir fiscalmente a los ciudadanos y a las empresas, el Gobierno sigue sin tener los recursos necesarios para financiar un gasto público desbocado. En este contexto, en el que hay que situar su deseo de confiscar, o mejor, de incautarse, de los superávits generados en los ayuntamientos, al margen de la dudosa constitucionalidad o legalidad de esta iniciativa, si se impone de manera coercitiva, la pretensión gubernamental genera incentivos perversos y lanza una señal inequívoca de que una Administración prudente y ortodoxa de las finanzas públicas no solo no es deseable, sino que resulta contraproducente. Si una corporación municipal es austera, genera superávit en los años buenos para hacer frente a los malos, no podrá obtener beneficio alguno de su gestión, ya que el dinero que se haya ahorrado será incautado por el Gobierno para financiar sus despilfarros. Ustedes sí saben gastar. Lo tenemos todos clarísimo. En este contexto, los Gobiernos locales tendrán, y con razón, todos los incentivos para no tener sus cuentas públicas en equilibrio o en números negros, sino para incurrir en déficit permanentes, como de facto hace el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Puestos a eliminar los superávits de las corporaciones locales, sería mucho más razonable y eficiente que ese ahorro fuese devuelto a los ciudadanos y a las empresas de las ciudades y pueblos de España donde están esos superávits. Por ejemplo, bajando impuestos y tasas municipales, como están haciendo en otros países de nuestro entorno. Esto sería mucho más eficaz, poner el dinero en el bolsillo de los contribuyentes que ponerlo en manos de su Gobierno, que ha hecho del derroche de los recursos públicos bandera. Son los habitantes de los ayuntamientos los que han de beneficiarse de la buena política financiera de sus gestores, del mismo modo que soportan sus costes cuando aquella es mala.

Por otra parte, la iniciativa gubernamental muestra hasta qué punto desprecia la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, aplicándole un rasero radicalmente distinto al que proporciona a unas autonomías cuya pésima gestión financiera no solo no sufre penalización alguna, sino que es premiada. Si hay una Administración cercana a los ciudadanos, esa es la municipal. La propuesta del Ministerio de Hacienda es radicalmente contraria a ese espíritu. En otras palabras, constituye una forma de subvertir las bases de la democracia local.

Ante este panorama, nosotros desde VOX no vamos a participar en este latrocinio perpetrado contra los ayuntamientos y adoptará todas las medidas que proporciona la ley para intentar evitar que se materialice; todas. El Gobierno está atrapado en sus propias inconsistencias. Está cegado ideológicamente. No quiere reducir el gasto público, pero no tiene ni tendrá los ingresos necesarios para financiarse. Yo estoy de acuerdo que ahora se está financiando bien. La pregunta es cuándo dejará el Banco Central Europeo de comprar, y entonces tendremos un problema, y muy grave, en España.

En medio del absoluto desplome de las finanzas públicas, quiere hacer embarcar este Gobierno en su Titanic a la única Administración territorial que no hace aguas, la local, y nosotros pensamos que esto es sencillamente inaceptable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello.

El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias.

Muy buenas tardes, ministra. A mí me toca realizar esta intervención desde una posición bastante compleja, porque intervengo como miembro de un grupo parlamentario que apoya al Gobierno de coalición, y que al mismo tiempo es un Gobierno profundamente municipalista. Además, me toca hacerlo como alguien que, durante cuatro años, entre 2015 y 2019 le tocó estar al frente de la Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Barcelona. En ese momento, ya durante ese periodo nos tocó batallar


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junto a muchos compañeros y compañeras de diferentes alcaldías, de diferentes colores políticos de todo el país, contra uno de los problemas que nos ha traído aquí, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular. Porque aquella ley, que en su momento se aprobó con el apoyo de Convergència i Unió, constituyó, desde nuestro punto de vista, una de las agresiones más abiertas del municipalismo en aquel momento, y sigue siéndolo actualmente.

Por eso, la verdad es que subleva un poco escuchar la hipocresía con que algunos grupos objetan la propuesta del Gobierno, sin hacer la más mínima autocrítica de lo que supuso aquel golpe durísimo. Porque muchas de las personas que están aquí, que hoy hablan de manera airada de expropiación de recursos, parecen olvidarse de que aquellas leyes del Partido Popular suponían, entre otras cosas, impedir a los ayuntamientos reforzar sus plantillas, sus servicios públicos, forzarlos a generar superávits millonarios para pagar a los bancos y luego imponerles sanciones coercitivas cuando no se cumplía esto. A mí eso me parece más cercano a la confiscación que lo que se ha dicho aquí. Por eso nosotros en el año 2017, todavía lo recuerdo, yo no estaba en esta casa, pero nuestro grupo parlamentario y el Partido Socialista ya presentamos una proposición de ley aquí en el Congreso para que se eliminaran los elementos más lesivos de aquella norma, que luego se bloqueó en la Mesa del Congreso, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. En nuestro acuerdo de Gobierno de coalición, también dijimos que había que modificar esa legislación. Yo creo que acertamos. Es más, diría que, si teníamos razón cuando firmamos el acuerdo de coalición, todavía tenemos más razones ahora cuando vemos cuál ha sido el desarrollo de la pandemia y cuando vemos cuáles son las necesidades económicas y sociales que tenemos sobre la mesa.

Los primeros que han entendido esto ha sido la Unión Europea. La Unión Europea entendió, cuando estalló la pandemia, dada la gravedad de la situación, en una situación extraordinaria que no había sido prevista, porque no se podía prever por parte de los Estados, que había llegado el momento de activar una norma de emergencia extraordinaria del derecho europeo que decía que había que poner en pausa la obsesión por la eliminación del déficit que se había observado en los años anteriores. Es la llamada cláusula de escape. La Unión Europea vio esto clarísimo. Vio esto clarísimo, y lo han visto en este tiempo muchos países de Europa; por ejemplo, Alemania, que ha permitido flexibilizar la posición del déficit en todas sus administraciones, incluyendo los Gobiernos locales. Y no solamente lo ha entendido Alemania, ahora estaba pensando también en la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hace muy pocos días, en el encuentro que se produjo en Jackson Hole, ha ido más allá, reconociendo sin tapujos que, dada la envergadura de la crisis, lo que debe ser prioritario es sencillamente reactivar la economía, reactivar el empleo y favorecer la capacidad, el poder adquisitivo de la ciudadanía. Esto era impensable hace algunos años. A mi juicio, esta interpretación, que se está haciendo en la Reserva Federal y que está haciendo la Unión Europea, es la forma en que deberíamos interpretar la Constitución española.

Yo soy constitucionalista, ministra, y son muchos los juristas que sostienen que el artículo 135.4 tiene una cláusula de escape muy similar a la que prevé el derecho europeo, y esa cláusula de escape no excluye a los ayuntamientos. No los excluye. Si nosotros hiciéramos eso, veríamos lo que el Partido Popular no se está atreviendo a decir, que el problema no es la Constitución. El problema es la Ley de Estabilidad del Partido Popular, que nació como una ley que introducía enormes arbitrariedades y enormes perjuicios para los ayuntamientos, desde el punto de vista social y económico, pero que ha quedado totalmente desbordada por la situación actual, que es lo que entiende la Reserva Federal y que es lo que entiende la Unión Europea.

Por lo tanto, creo que es muy importante tener claro que no va a haber reconstrucción social y económica si no somos capaces de romper en algún momento ese corsé legal, que es el que hoy les está impidiendo a los ayuntamientos hacer aquello que otras administraciones no pueden hacer de la misma manera: proteger al pequeño comercio, economía de cuidados, proteger a las pymes, etcétera. Nosotros no podemos renunciar a este horizonte, de la misma manera que no podemos renunciar a una reforma en profundidad de la financiación local, y tampoco a una reforma fiscal mínimamente progresiva. Escuchaba la intervención del Partido Popular y parece que el Partido Popular ni siquiera cree en el artículo 31 de la Constitución, que establece que la fiscalidad tiene que ser progresiva. Por cierto, recuerdo al alcalde de Málaga del Partido Popular, quejándose de las propias leyes aprobadas por el Partido Popular, también en su momento.

Sin renunciar a eso, supongamos que damos por buena la afirmación de aquel religioso vasco que aconsejaba que en tiempos de tribulaciones no había que hacer determinadas mudanzas. Supongamos


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que damos por bueno que eso es así. Podríamos aceptarlo, que esas reformas a las que nosotros no renunciamos no es el momento de hacerlas. Pues bien, al menos, lo que sí que habría que hacer es ir por el camino correcto. Nosotros reconocemos que en el acuerdo con la FEMP se han avanzado en algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, aligerar el corsé de la regla de gasto, ampliar el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles. Esos son avances. Pero no nos engañemos. Si la caída de la economía es de la envergadura que se está previendo, nuestros ayuntamientos, todos sin distinción, van a necesitar muchos más recursos, y eso solo puede venir por dos vías. O el déficit o la asignación de transferencias y fondos singulares que les permita a los ayuntamientos afrontar efectivamente esta emergencia. Si la alternativa es que el déficit no se puede permitir, nos quedan los fondos, y el decreto-ley, efectivamente, habla de los fondos. Habla de diferentes fondos, y habla de algunos destinos que deberían darse a esos fondos: transporte, cultura, agenda urbana, etcétera. Algunos se pueden ampliar. Se podrían discutir. Pero el problema creo que no está ahí. El problema, efectivamente, es el instrumento escogido. El problema es pretender condicionar esos fondos, que no son gastos del Gobierno, ministra, que son fondos que los ayuntamientos merecen, igual que las comunidades autónomas recibieron 16000 millones de euros. Esos fondos no tienen por qué estar condicionados a esos préstamos. Eso es lo que no se acaba de entender.

Nosotros hemos negociado duro, y lo hemos celebrado en Europa, para que la Unión Europea se comprometa a proporcionarle a España créditos baratos, incluso, transferencias no reembolsables. Imagínese usted si la condición que nos hubieran puesto para llevar adelante ese tipo de medidas hubiera sido que nosotros depositáramos previamente un aval o dineros propios en un banco de Finlandia, como le hicieron a Luis de Guindos en su momento. Nos hubiera resultado una cosa inaceptable. Por lo tanto, creo que el problema, ministra, que es lo que están planteando todos los ayuntamientos o buena parte de los ayuntamientos, muy buena parte de los ayuntamientos -lo dijo el alcalde de Vigo aquí, lo han dicho ayuntamientos de diferentes colores, hoy lo han dicho los ayuntamientos de Valencia y de Barcelona, donde también gobierna el Partido Socialista- es que la filosofía de los préstamos no se entiende. No se entiende no solamente porque sea injusta con el esfuerzo que los ayuntamientos han hecho en medio de la crisis, sino porque, como usted bien sostenía ahora, no se necesita, el Gobierno central no lo necesita. El Gobierno central se está financiando en los mercados internacionales de manera adecuada; comparados con los 300000 millones de financiación que necesitamos para 2020, y que ya se han cubierto en un 80 %, los 9000 millones de los ayuntamientos no representan prácticamente nada. Por lo tanto, los ayuntamientos, todos ellos, sin distinción, necesitan fondos estatales y fondos europeos, igual que lo necesitan las comunidades autónomas, que pueden estar condicionados a unos objetivos de gasto, respetando la autonomía local, pero a nada más. Para mí esta es la cuestión.

Aquí me parece que hay una constante histórica, ministra, y es que la democracia y la modernización han avanzado en España cuando han avanzado las libertades municipales. Hoy el municipalismo puede ser un motor importante de cambio económico, de cambio social, pero para que sea posible tenemos que reemprender con urgencia el diálogo. Tenemos que hacerlo, porque los votos no dan, ministra, y hay tiempo. Hay tiempo. No hacerlo, de hecho, creo que no nos va a hacer parecer más fuertes. Creo que los vecinos no lo van a entender, que sería un lastre para la reconstrucción económica y social que necesitamos. Pero creo que supondría algo peor, que es lo que quieren muchos partidos de derecha: colocar a los ayuntamientos en manos de una suerte de nuevo y voraz Gobseck, aquel personaje de palidez lunar en el que el genio de Balzac intentó inmortalizar a todos los especuladores y todos los rentistas del mundo. Solo con una buena financiación local eso se puede conseguir y todavía estamos a tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pisarello.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señora ministra. Gracias por esta comparecencia en esta Comisión, sobre la que volvemos a hablar de cómo legislar y tomar decisiones sobre los remanentes de los ayuntamientos. Es un tema del cual hemos discutido y hablado mucho todos los grupos parlamentarios, ya sea en el Pleno, a través de mociones e interpelaciones, o fijando posición en esta misma Comisión. Nos encontramos aquí no para debatir un posible acuerdo fruto de la negociación, y el acuerdo entre la mayoría de los grupos de la Cámara, sino para que usted dé explicaciones de un acuerdo del Gobierno con la FEMP, que a nosotros nos parece vergonzoso.


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El Grupo Parlamentario Republicano rechaza rotundamente el acuerdo firmado por el Gobierno español y la FEMP. Se trata de un acuerdo que solo votó favorablemente el PSOE, que también queremos recordar que mereció el concurso de Podemos, ya que sin su abstención no hubiera seguido adelante, y ahora tendríamos la opción de llegar a un acuerdo entre todos. Con este acuerdo, el autodenominado Gobierno más progresista de la historia, rechaza dotar a los ayuntamientos de las herramientas y recursos necesarios para superar la crisis social y económica desde la proximidad. Todo lo contrario, decide apostar una vez más por las recetas clásicas de todos los Gobiernos que hasta ahora han gobernado el Estado español: recentralización y austeridad. Les recuerdo que ustedes también dieron apoyo al artículo 135 de la Constitución, aprobado en agosto de 2011, sin someterlo a referéndum entre la ciudadanía. Este que parece que ahora no le gusta, pero que no hacen nada para derogarlo.

Esta iniciativa del Gobierno del Estado es un nuevo ataque a las administraciones locales, las cuales llevan años perjudicadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la LRSAL, aprobadas por el PP y avaladas por el PSOE. Con esta legislación se impusieron unas restrictivas reglas de austeridad a los ayuntamientos, como el cumplimiento de la regla de gasto, la reducción de la deuda y la imposibilidad de generar déficit. El resultado: 14000 millones de euros que pertenecen a la ciudadanía, acumulados en cuentas bancarias y bloqueados por estas injustas leyes estatales.

Usted, ministra, ha dicho que no hay alternativa a lo que nos propone. Es decir, nos dice que o aceptamos esta usurpación por parte del Estado de los superávits de los ayuntamientos, o estos no podrán utilizar ni un euro para luchar contra la crisis. Pero en realidad, ministra, sí que hay alternativa, que pasa por modificar de urgencia la Ley Montoro, que tanto daño ha hecho a los ayuntamientos. De hecho, ustedes, el PSOE, lo proponían en su programa electoral. De hecho, está en el pacto de su Gobierno de coalición con Podemos. Además, hay una mayoría en este Congreso favorable a hacerlo, que se ha demostrado en más de una votación. Sí se puede, pero no lo quieren hacer.

Usted también nos dice, ministra, que la medida aprobada por el Gobierno con la FEMP es voluntaria. Pero permítame que lo ponga en cuestión, ya que pone la transferencia de los remanentes como condición imprescindible para acceder al fondo extraordinario de los municipios. Si esto no es un chantaje, se le parece mucho. Si esto acabara pasando, se cargaría completamente el objetivo del fondo, ya que el acceso no sería sobre la base de criterios objetivos de impacto económico, como serían los ERTE, el aumento del paro, el cierre de empresas, etcétera. Y si el decreto se convalidara, y solamente aquellos municipios gobernados por el PSOE transfirieran los remanentes, podríamos encontrarnos con que la totalidad de los 5000 millones del fondo fueran solamente a ayuntamientos socialistas; cosa que sería escandaloso, que entiendo que no es su voluntad.

Usted también nos dice que aprobemos el real decreto-ley, que se tramite como ley, y que los grupos presentemos enmiendas para corregirlo. ¿Sabe qué pasa, ministra? Que nos han hecho esta trampa tantas veces, tantas veces, que ya no cuela. Ya se lo hemos visto hacer muchas veces, cuando no les interesa que se modifique un real decreto-ley ya convalidado, no convoca la ponencia de la ley y, por tanto, no se modifica nada.

Desde Esquerra Republicana hemos apostado en reiteradas ocasiones por la imprescindible derogación del marco de austeridad impuesto por el PP y que ha contado con su aval. Hemos reclamado, como no podía ser de otro modo, que los ayuntamientos puedan disponer de la totalidad de unos recursos que les pertenecen para invertirlos libremente en aquello que consideren. Todas estas medidas cobran aún más sentido, si cabe, debido al contexto de emergencia social y económica actual. Sin embargo, la propuesta anunciada por el Gobierno ni permite utilizar libremente la totalidad de los ahorros en la lucha contra los efectos de la pandemia, ni deroga el marco de austeridad actual, ni permite a los ayuntamientos incurrir en déficit puntual en un momento de extrema necesidad.

Señorías del Gobierno, ustedes pretenden que, en un contexto de extrema incertidumbre, estos ahorros, que deben servir como red de seguridad, sean cedidos en forma de préstamo al Estado. Los ayuntamientos no deben ser el banco del Estado. Esta es una propuesta totalmente opuesta al principio de autonomía municipal, que no podemos apoyar. Ustedes con este acuerdo pretenden cargarse el principio de autonomía local, y no se lo vamos a permitir como partido municipalista que somos y como ganadores de las pasadas elecciones municipales en Cataluña.

Por todo esto, ministra, le anuncio que los ayuntamientos con alcaldes y alcaldesas de Esquerra Republicana no van a transferir sus remanentes al Estado, porque se vulnera el principio de autonomía local, y porque los ayuntamientos republicanos se ponen siempre al lado de la ciudadanía, al lado de quien más está sufriendo esta crisis. En ningún caso financiarán ni harán de banca al Estado. También le


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anuncio que las diputaciones de Tarragona, Lleida y Girona, también gobernadas por Esquerra Republicana, tampoco lo van a hacer. No sabemos qué hará la de Barcelona. Igual, la portavoz del PSOE nos lo explicará.

A la hora de la verdad, ministra, más allá de promesas electorales, acuerdos de Gobierno o grandes eslóganes, ustedes no se diferencian mucho del PP. A la hora de la verdad, ustedes también compran la política austericida, basada en la asfixia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que implantó el PP.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Margall.

A continuación, intervendrán por el Grupo Parlamentario Plural, según me han comunicado, el señor Rego, el señor Baldoví y el señor Bel.

Entiendo que ustedes se han distribuido el tiempo. Otras veces ha habido algún pequeño problema, espero que no lo haya. Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Rego.

El señor REGO CANDAMIL: Muchas gracias, señora ministra.

A pesar de su insistencia, supongo que precisamente porque nadie más lo ve de esa manera, la medida prevista en el Real Decreto 27/2020 supone, a juicio del BNG, una auténtica incautación por parte del Estado de recursos de los ayuntamientos.

No dudamos de la necesidad de fondos en estos momentos de crisis sanitaria y socioeconómica, pero sabemos que es precisamente en el ámbito local donde más necesaria y efectiva puede ser una inyección de recursos, que permita a los concellos, entidades ya de por sí infrafinanciadas, y que además asumen competencias impropias, atender las enormes necesidades derivadas de esta crisis sanitaria: necesidades de protección social, y también para contribuir a reactivar la economía en el ámbito local.

No hay duda de que el bloqueo de los remanentes municipales es una medida injusta que castiga precisamente a los ayuntamientos que realizaron una mejor gestión económica. En el caso de los concellos galegos, la cantidad de remanentes, que se estima en unos 890 millones de euros, hay que destacar que la deuda municipal se sitúa a 31 de diciembre de 2019 en el 0,3 % del PIB gallego, muy lejos del 3 % establecido como límite. Ello, a pesar de que los criterios del sistema de financiación de las entidades locales a través de la PIE perjudican gravemente a Galicia, donde los concellos ingresan de media 50 euros menos por habitante que en el conjunto del Estado. Es por ello por lo que el BNG rechaza taxativamente la pretensión del Gobierno de apropiarse de los recursos ahorrados por los consejos. No nos sirve, porque es absolutamente demagógico el argumento de que hay que cumplir la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Lo que hay que hacer con la Ley Montoro es derogarla como, por cierto, solicitan la mayoría de los ayuntamientos, y como el mismo PSOE defendía no hace mucho. Ahora este Gobierno hace con la Ley Montoro lo mismo que hizo con otras normas de la etapa de los Gobiernos más antisociales del Partido Popular, como la Ley Mordaza o la reforma laboral, en vez de derogarlas lo que hacen es aplicarlas, y eso nos parece profundamente negativo.

Es justamente por eso por lo que el BNG defiende derogar la Ley Montoro y revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución española. No sirve decir que es una ley orgánica, una reforma constitucional tremendamente complicada, porque ya demostraron ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, en año 2011 que si se quiere se puede hacer de la noche a la mañana; derogar la Ley Montoro y permitir a los concellos utilizar sus remanentes en el momento que más lo precisan.

Finalizo con una breve referencia a un aspecto diferente del decreto que creemos injusto, y es la disposición adicional octava, que extiende el reconocimiento como accidente laboral de contagio de COVID-19 a los trabajadores y trabajadoras de centros sanitarios y sociosanitarios, pero que sigue dejando fuera de esta protección a los técnicos y técnicas de cuidados de personas dependientes en el hogar. El personal de los servicios de ayuda en el hogar está igualmente expuesto a las infecciones por COVID-19, y además se trata de un grupo vulnerable, imprescindible y esencial que tiene que tener los mismos derechos. Por tanto, es un aspecto que entendemos que necesariamente se debe modificar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Baldoví, tiene la palabra.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidente.

En la conferencia que ha dado el presidente Sánchez esta mañana, yo creo que ha habido una palabra que ha salido muchas veces, unidad. Esa era la palabra clave. Además, ha hablado de la unidad, no de todos, pero sí de los más.

A la vista de lo escuchado a los que me han precedido, y sabiendo lo que dirán los que me van a suceder, poca unidad veo yo alrededor de este decreto. Ha hablado de otra cosa, que esta unidad se hace con el diálogo. Probablemente, en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias se rompió una parte de este diálogo al aprobar un acuerdo con el voto de calidad del presidente, doce a doce y una abstención de Izquierda Unida. Probablemente, no sea la mejor manera de empezar a hacer circular este decreto. Luego, creo que también se rompe un consenso peligroso, y es que esos 5000 millones solo van a ir a unos ayuntamientos y no a otros. Es decir, va a haber españoles que no van a poder acceder a ese dinero. Por tanto, me parece absolutamente injusto. Esos 5000 millones, igual que los 16000, se tenían que repartir en función de las necesidades o equitativamente.

Este decreto no va a salir, y eso lo sabe usted y lo sé yo; no va a salir. Entonces, aquí hay una cosa. Si el problema es la ley, modifiquemos la Ley Montoro. Si el problema es la Constitución, oiga, el Partido Socialista y el PP tienen una experiencia contrastada en modificar la Constitución en un mes, por vía de urgencia y sin referéndum. Hagámoslo. En tiempos complicados, soluciones excepcionales.

Hay una máxima latina que dice: Errare humanum est. Errar es de humanos. Pero persistir en el error, probablemente no sea lo más inteligente. Yo sé que usted es una persona muy inteligente, que tiene un gran equipo, y seguro, seguro que si se esfuerzan van a encontrar otro camino. No puede ser el único camino. Es usted la única que va contra dirección. ¿Vamos todos contra dirección o va usted? Cuando uno es el único que va contra dirección, probablemente la equivocación sea suya.

Acabo. Palabras del presidente Sánchez: unidad y diálogo. Por tanto, este decreto no puede salir con todos en contra y solo el Partido Socialista a favor.

El señor PRESIDENTE: Señor Bel, tiene la palabra, siendo consciente del tiempo que le han dejado.

El señor BEL ACCENSI: Bueno, soy consciente del tiempo que tenía asignado, presidente, y, en todo caso, confío en su generosidad.

Señora ministra, muchísimas gracias por su comparecencia aquí, todavía en pleno mes de agosto. Voy a intentar ser constructivo, a ver si nos podemos entender unos y otros. Porque aquí hay una paradoja, usted nos viene a decir que este real decreto-ley cumple el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, y, curiosamente, la parte que afecta al dictamen fue aprobada con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios menos con los del Partido Socialista, y ahora parece que somos todos los grupos parlamentarios los que le estamos diciendo que no cumple. Quizá se lo tendrá que mirar. Nos lo tendremos que hacer mirar todos, pero lo más probable es que se lo mire el singular y no el plural. En todo caso, señora ministra, mire, usted dice: Esto no es una expropiación de los recursos, un expolio. Puedo estar de acuerdo. Es voluntario y no se lo voy a discutir. Tampoco usted me va a discutir que realmente, con este real decreto no posibilitan la aplicación de los remanentes de tesorería. Usted misma ha dicho que a los remanentes de Tesorería les dan un préstamo que será devuelto. Por tanto, los remanentes están en el préstamo, y será devuelto durante los próximos diecisiete años; quince años más dos de prórroga, igual a diecisiete años. En todo caso, será devuelto entonces. Y si se pueden utilizar, será entonces, al utilizarlos -si no se ha cambiado la normativa-, cuando van a generar igualmente déficit. ¿Qué es lo que van a poder aplicar los ayuntamientos ahora? Los 5000 millones del fondo. Bienvenido el fondo, pero no están aplicando los remanentes. Si el Gobierno pone 5000 millones para que los utilicen los ayuntamientos -que estamos de acuerdo-, estos 5000 millones tienen que ser utilizados por parte de todos los ayuntamientos, los que tengan remanente, los que no tengan remanente, los que tengan remanente y no quieran hacer el préstamo, los que tenga remanente y quieran hacer el préstamo, pero no puedan hacerlo por la totalidad, por tanto, no lo van a hacer.

Nos tenemos que poner de acuerdo, y eso es muy fácil. El Gobierno puso 16000 millones para las comunidades autónomas, y se repartió con un criterio entre todas las comunidades autónomas, no entre aquellas comunidades autónomas que habían cumplido el objetivo de déficit fiscal, sino entre todas. Pues si el Gobierno pone 5000 millones, estos 5000 millones se tienen que repartir entre todos los ayuntamientos, sin ninguna excepción.

Yo soy partidario de que se puedan aplicar los remanentes sin que compute al déficit del ejercicio. Ustedes entienden que el problema es la Constitución y el artículo 135. Yo no soy constitucionalista, pero


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se lo he recordado: el 135 no tiene un apartado ni dos, tiene seis, y tiene el apartado 2, que dice lo que usted ha dicho, y tiene el apartado 4, que dice lo que le han dicho. Si es una cuestión de modificar la ley orgánica, eso se puede hacer. Ustedes llevan dos años en el Gobierno. Por tanto, señora ministra, esto no es cuestión de que aprueben el real decreto, convaliden, y ya ustedes después aquí se apañan y me cambian lo que ustedes quieran, porque, mire, el Real Decreto-ley 8 que usted ha mencionado, aprobado en marzo, todavía está en periodo de enmiendas. Si se tarda ocho meses en tramitar este real decreto-ley, las enmiendas que les podamos plantear no van a servir absolutamente de nada. Por tanto, si ustedes ofrecen diálogo, ofrezcan diálogo sincero, pacten, y si se tiene que aprobar otro real decreto de aquí a quince días, de aquí a ocho días o de aquí a tres semanas, se pacta, y ustedes sabrán que se podrá convalidar. Si no, no se va a poder pactar.

Aunque me exceda con el tiempo, quiero plantear una cuestión formal. Obviamente, nosotros estamos en contra de ese real decreto-ley y no lo vamos a apoyar, y lo diremos cuando toque en el debate parlamentario, pero a mí no me ha gustado escuchar unas palabras sobre la persona del alcalde Abel Caballero, del cual yo discrepo, y que no hubiese hecho nunca este acuerdo, pero creo que no se le puede cuestionar como presidente de la FEMP, porque legítimamente fue elegido; en todo caso, podemos discrepar, pero no le podemos pedir la dimisión desde esta sala, como, obviamente, los alcaldes no van a poder pedir nuestra dimisión como diputados porque hemos sido elegidos democráticamente.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes, señora ministra. Hoy está siendo un día diferente en esta Comisión, porque todo lo que estamos hablando parece que estamos de acuerdo en una base, y es que este real decreto es un sinsentido, y yo creo que el Gobierno tiene que replanteárselo. El Gobierno lleva meses, desde que empezó la crisis del coronavirus, pidiendo consenso, pidiendo unidad. Hoy mismo, como bien ha dicho el señor Baldoví, el presidente del Gobierno la vuelve a solicitar. Pide diálogo, pero después, cuando llega la hora de la verdad y cuando el diálogo sería lo que solucionaría el tema de los remanentes, del superávit de los ayuntamientos, no existe.

Cuando hablan de que es un acuerdo que ha aprobado la FEMP, hombre, yo diría que es una propuesta que el Gobierno ha llevado a la FEMP, y esta, con los votos del Partido Socialista la ha sacado adelante, Es totalmente legítimo, pero no es un acuerdo. Aquí se necesita unanimidad, y aquí no ha existido ese diálogo, ese consenso y esa unanimidad. Había una mayoría que no era favorable -12 votos en contra y 1 abstención- a la aplicación y a la aprobación de este acuerdo, y con ese voto de calidad se rompe totalmente el consenso, se rompe totalmente un diálogo ahora, en esta crisis económica tan importante, cuando los ayuntamientos necesitan estar más respaldados que nunca.

Ha dicho al principio, por lo menos así he querido entenderla, que este real decreto está inspirado en ese documento que se aprobó en la Comisión de Reconstrucción. Como bien ha dicho el señor Bel, yo creo que no, porque la enmienda que se aprobó con el apoyo de la mayoría de los partidos -excepto el Partido Socialista-, en el apartado a) dice algo completamente diferente a lo que viene a traer este real decreto: permitir, de manera inmediata, que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y de los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020. Yo creo que se aleja mucho, porque, además, todas las condiciones que este real decreto impone para adaptar ese fondo -que ya hablaremos cómo se llega a él-, creemos que no se inspiran realmente en el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción que todos aprobamos aquí, que fue un trabajo muy importante al que dedicamos muchísimo tiempo como para que, repito, no se inspire realmente en él.

Usted dice que esto no es un chantaje. Yo no lo voy a llamar chantaje, pero sí que es cierto que pone a los ayuntamientos entre la espada y la pared. El que tiene superávit, que me lo deje y entonces sí le dejo acceder a este fondo; el que no, que se vea con las diputaciones. Nosotros creemos que esto no debe hacerse así. Creemos que no puede ponerse entre la espada y la pared a los alcaldes, y, sobre todo, ¿qué hacemos con los ayuntamientos que no tienen ese superávit? ¿Tienen menos derecho a ser ayudados en una crisis económica y sanitaria como la que estamos viviendo? Yo creo que se nos ha ido la perspectiva, y la perspectiva es el diálogo.

Aquí se ha puesto de manifiesto que todos estamos de acuerdo en algo, y yo creo que hoy el Gobierno tiene que escuchar a todos los partidos de la oposición. Dice que no se puede ir en contra de la ley que


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establece la no utilización de ciertas cantidades del superávit. Pero es que hay una manera mucho mejor que la que usted ha propuesto, que es hacer modificaciones legislativas, y hoy de aquí por lo menos se puede ir con la sensación de tranquilidad de que la mayoría de los partidos que estamos aquí podríamos sacar esas modificaciones legislativas, incluida la de la Constitución. Todos estamos de acuerdo en que podía hacerse vía esas modificaciones legislativas, pero parece ser que no quiere escucharnos, y yo creo que aquí sí se ha tendido la mano, Ciudadanos ha tendido la mano muchísimas veces para negociar multitud de cosas durante el estado de alarma, y hoy, una vez más, se la volvemos a tender. Yo creo que es importante que escuche a todos los partidos políticos, porque, curiosamente, todos estamos de acuerdo en la base de este reparto. ¿Cuál es la base? Que todos los ayuntamientos deberían poder acceder a un fondo similar al de las comunidades autónomas, con el que se dotaron esos 16000 millones. Que todos los ayuntamientos pudieran acceder a este fondo de 5000 millones, y no solo para unos cuantos usos, sino para todo lo que el ayuntamiento entienda, porque, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, hay muchísimas cosas para las que todas las personas de las ciudades van a los ayuntamientos a solicitar ayuda, y no se puede encorsetar la participación en ese fondo solo si se entregan los remanentes, y, además, solo para unos usos determinados. Tienen que ampliar también los elementos para los que puede utilizarse ese fondo y, por supuesto, para todos. No hay ayuntamientos pobres y ricos. Hoy tenemos que olvidar eso. Tenemos que olvidar que no se cumple que hay ayuntamientos que no tienen ese superávit. Tenemos que ayudarnos porque es el momento. Yo creo que es el momento de ir todos a una.

También dice que estaría dispuesta a hablar con su grupo parlamentario para que se tramitara como proyecto de ley. Pues también estoy de acuerdo con algunos de los portavoces que he escuchado. Todavía estamos esperando que se pueda empezar a tramitar como proyecto de ley el 8, el 9 y algunos más que le siguen, hasta el 27. Es que eso no nos asegura que nosotros podamos poner nuestro granito de arena con las modificaciones que hemos recogido de los ayuntamientos que hemos visitado. No nos lo asegura. Es que no es la solución. La solución es llegar al consenso.

También me preocupa muchísimo que diga que no se les ocurre una solución mejor. Le reconozco que se me ha hecho un nudo en la garganta, porque sinceramente me preocupa que el Gobierno no encuentre una solución mejor. Creo que a todos nos ha preocupado que lo diga y lo repita como para convencernos de que esto es lo mejor que ha encontrado. Esto no puede ser lo mejor que ha encontrado, la verdad es que no. El Gobierno no puede quedarse en eso: Esto es lo que tengo, y aquí os la veáis. Los ayuntamientos -vuelvo a repetirlo- nos necesitan.

Le digo una cosa, señora ministra, aquí encuentra hoy el consenso. Puede hacer las modificaciones que usted entienda convenientes legislativamente, o bien traer un nuevo real decreto, pero tiene que hacerlo con el consenso que hoy tiene aquí, y creo que los partidos que quedan le van a decir lo mismo: esto así no puede funcionar. Los ayuntamientos necesitan mucho más.

Para terminar, usted ha dicho que es una iniciativa novedosa, un mecanismo muy imaginativo, que es algo inédito. De verdad que sería inédito que nos pusiéramos todos de acuerdo, y volvemos a tenderle la mano desde Ciudadanos para retomar las conversaciones para que estos fondos FEMP puedan ser utilizados por todos los ayuntamientos por igual, tengan o no ese superávit a las espaldas, y ayudemos a los ayuntamientos, porque realmente ahora es el momento. Quizás más adelante será tarde.

Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Gracias, ministra, por su comparecencia de hoy para dar las explicaciones pertinentes. Es verdad que nos encontramos ante un decreto polémico, debido al problema de los remanentes de los ayuntamientos acumulados desde 2012, que difícilmente pueden gastar debido al corsé que establece la Ley de estabilidad, y a lo que hasta ahora nadie ha dado solución, tampoco hoy ustedes con esta ingeniería normativa, porque solo permite utilizar parte del fondo, que no de los remanentes, porque estos se podrán utilizar al cabo de dos años, y mientras estarán cautivos en el ministerio. No sabemos por qué este mecanismo tan inédito.

De todas formas, para el Grupo Vasco hay un motivo de fondo por el que no estamos de acuerdo con este decreto, principalmente con lo relativo a los préstamos de los remanentes de los ayuntamientos al Estado. Tampoco las formas nos han gustado, pero el principal motivo es que este decreto no tiene en


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cuenta ni respeta el sistema de concierto económico ni el convenio navarro. No se atiende a la particular relación financiera de las comunidades forales con el Estado, una relación bilateral entre Gobiernos. Hay que recordar que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la tutela financiera de las entidades locales corresponde a las diputaciones forales, y que, por tanto, existen normas forales que ya regulan la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que, además, regula la utilización de los superávits. Por eso decimos que es a aquellas a las que corresponde cualquier decisión al respecto. Asimismo, hay que tener en cuenta que cualquier decisión y cualquier acuerdo sobre la financiación y la sostenibilidad de las instituciones vascas se debe abordar y adoptar de forma bilateral en la Comisión Mixta del Concierto, y esto una vez más se lo han saltado. Obvian el modo paccionado que debería haberse utilizado para abordar, en su caso, este tema. Además, hay que recordar que los ayuntamientos vascos, desde luego, no se financian con recursos del Estado, se financian con recursos propios y recursos forales. No hay traslación, por tanto, de flujos económicos del Estado, es decir, no se recibe dinero del Estado, y por ello entendemos que no hemos de estar sujetos a este decreto.

Igual que hoy usted -y de forma, además, bien hecha- ha reconocido la legitimidad de la FEMP en esta cuestión, creemos que debería haber hecho lo mismo con la Comisión Mixta del Concierto, porque es verdad, la FEMP representa a la mayoría de los ayuntamientos españoles, pero no representa a los vascos.

Entendemos que este decreto ha sido un poco objeto de improvisación también, porque han ido modificando según veían que no contaba con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos, porque, en un principio, el decreto se diseñó para prestar estos remanentes de manera voluntaria, pero a cambio de la posibilidad de un 35 % del remanente de los propios ayuntamientos, y al ver que esto no fraguaba, se modificó por el crédito extraordinario de los 5000 millones, pero eso sí, sometido a condición, porque el decreto establece en lo que se puede utilizar el mismo. Un préstamo que es verdad que se devolverá en un plazo máximo de quince años a partir del 2022 -dos años de carencia-, pero que, según el acuerdo de la FEMP, iba a ser también un máximo de diez años y lo han modificado sin consenso alguno, al parecer. Usted nos ha hablado también del pago de una serie de intereses. Es verdad que no se restan las comisiones y los gastos asociados, y, además, tampoco parece que es el Estado el que asume los gastos financieros, tal y como se había informado, según consta en las condiciones financieras del préstamo en el Boletín Oficial.

Es un decreto, desde luego, que traslada el ajustado acuerdo con la FEMP, que sale adelante con gran oposición, pero en cuyo traslado -entendemos que por estas apreciaciones- no cumple íntegramente el acuerdo alcanzado. También es verdad, como usted ha dicho, que el decreto establece otras medidas: no se exige el cumplimiento de la regla de gasto durante el ejercicio 2020, si bien también establece la obligatoriedad de equilibrio presupuestario a cierre, una regla que, de facto, sabemos ya que se va a incumplir, porque los gastos que ya están realizando los ayuntamientos van a ser superiores a los ingresos. Por lo tanto, entendemos que esto no es una dádiva. Lo que se necesita, desde luego, desde nuestro punto de vista también es excepcionar la regla de gasto en 2021, que hoy nos ha dicho que, a pesar de que no está en este decreto, parece que lo van a asumir o quieren asumirlo.

Es verdad que el decreto prorroga las inversiones financieras sostenibles, tal y como se viene haciendo también en los últimos años, así como la utilización del remanente para gastos generales sin los límites que había hasta ahora en la disposición adicional sexta. Pero sí nos dicen -o, por lo menos, es lo que hemos entendido y ha salido en prensa- que si no se convalida este decreto todas estas medidas van a decaer y que no se van a regular en otro decreto. Entonces, si no se convalida, si es eso lo que han dicho ustedes, me gustaría saber cómo llaman ustedes a esto.

A pesar de que la cesión de remanentes es voluntaria, no es menos cierto que, quien no se acoja, no puede acceder al fondo, seguirá manteniendo sus fondos congelados, y quien se acoja, además, estará sujeto a condición, porque, como hemos dicho, solo puede utilizar el fondo para determinadas cuestiones. Para nosotros, desde luego, esto es limitar la autonomía de los ayuntamientos, una recentralización, aspecto con el que no estamos de acuerdo, porque las entidades locales son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, quien mejor conoce sus necesidades y sus intereses, y por ello entendemos que han de gastar su dinero en aquellas necesidades y políticas de interés que detecten entre sus vecinas y vecinos. No hay que olvidar, además, que estos remanentes de Tesorería de los que disponen son fruto del esfuerzo fiscal, desde luego, de la ciudadanía, de las renuncias a muchísimas inversiones y, en definitiva, de la buena y estricta gestión realizada por algunos ayuntamientos.

Por otro lado, como ya se ha mencionado aquí, también es verdad que obvian distintas casuísticas que se pueden dar para aquellos ayuntamientos que no disponen de remanentes, y que, por tanto, no


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tendrían acceso a ese fondo extraordinario. Algunos, a lo mejor, será por su mala gestión, pero habrá quien no tenga remanentes, porque, quizá, ha realizado una inversión financiera sostenible importante y se haya quedado sin ellos, a pesar de haber realizado una buena gestión, o también porque, en muchos casos, a pesar de haber hecho una buena gestión, no ha podido cumplir con los objetivos que per se ya eran inalcanzables, porque no ha habido objetivos diferenciados, no se atiende a la peculiaridad de cada ayuntamiento.

Por último, también quiero recordar que Europa, ante el escenario generado por la COVID, procedió a la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para que los países pudieran gastar libremente en función de sus necesidades, y lo que es paradójico es que los países quedan liberados del pacto de estabilidad cuando superan esa tasa de déficit del 3 % del PIB, y las entidades locales, sin embargo, no lo pueden hacer, cuando el origen de este incumplimiento se basa en la misma causa. Lo mismo cabe decir del 135, que abre esa puerta a la Administración central y a las comunidades autónomas, pero no parece que lo hace a los ayuntamientos. Es verdad que, como ha dicho el señor Pisarello, yo también he oído esa parte de que el 135 puede excepcionar a los ayuntamientos. Habría que verlo.

La AIREF también ha dicho que la regla de gasto no debería aplicarse en este contexto a los ayuntamientos, y que pueden utilizar esos remanentes acumulados en sus sucesivos superávits hasta no incurrir en déficit, como usted también ha dicho. Pero matizaba, además, que la regla de gasto requiere cambios en su diseño, en su planteamiento y en su medición, sobre todo las entidades locales que no se pueden acoger a la libertad de gasto decretada por la Comisión Europea, siendo la causa actual la redacción y la fórmula con la que está recogido el límite financiero en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por eso es necesario modificarla, porque no vale un parcheo, lo que estamos haciendo aquí es parchear la situación, salir en este momento.

Desde la propia FEMP también se reivindicó la posibilidad de la utilización de los remanentes, del superávit, no una parte, sino la totalidad, según las condiciones impuestas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y la FEMP, en junta de gobierno del 22 de mayo, en el documento denominado Pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración local reivindicaba el derecho a utilizar libremente el remanente de tesorería o superávit presupuestario para conseguir paliar en lo posible los efectos causados por la COVID-19 y reactivar económica y socialmente sus localidades, páginas 6 a 11, ¿qué es lo que ha cambiado ahora para algunos?

Desde luego, para nosotros no es ni lógico ni tampoco de sentido común que con la situación derivada de la COVID, una crisis inaudita en la que las administraciones van a tener que realizar importantes gastos para paliar la crisis y, por tanto, es necesario tener liquidez, haya recursos ociosos en esos ayuntamientos, y que estos no puedan ser utilizados argumentando la imposibilidad de hacerlo por la Ley Montoro o la ley de estabilidad.

Resultaría, desde luego, a nuestro juicio, bastante justo decir que la Ley de estabilidad, como la conocemos, no sería posible si previamente un Gobierno socialista no hubiera modificado de forma exprés -también en agosto- el artículo 135 de la Constitución. Una reforma del artículo 135 que allá, por el 2014, su presidente, el presidente hoy, el señor Sánchez, estaba a favor de modificarla, porque decía que fue un error. Desde luego, nosotros no compartimos la fórmula adoptada para dar solución a este tema, ya que es un remiendo para que los ayuntamientos puedan esquivar la regla de gasto, pero que solo permite movilizar una parte de ese fondo, ni tan siquiera los remanentes.

Este real decreto, desde luego, no tiene en cuenta los regímenes forales, no resuelve la reclamación de la mayor parte de los ayuntamientos, que es disponer todos sus remanentes, ni excepciona la regla de gasto para 2021. En definitiva, podríamos decir que se sigue considerado a las entidades locales como entidades menores de edad, y, es más, lo que más grave nos parece es que nos están diciendo hoy que no hay posibilidad de modificar la ley de estabilidad, y mucho menos la Constitución, desde el momento que están solicitando esa cesión de la totalidad de los remanentes durante quince años, y su devolución a partir de 2022, manteniéndolos, además, cautivos durante dos años. Esto no lo compartimos, ministra. Nosotros entendemos que, si se quiere, sí se puede. Hoy existen bastantes mayorías, y habrá que intentar llegar a esas mayorías para poder cambiar la Constitución y la Ley de estabilidad. Lo que no se puede alegar es que el proceso es largo, que los ayuntamientos no podrán utilizar los remanentes. Los ayuntamientos llevan mucho tiempo esperando que se cumplan las promesas de cambiar la regla de gasto. El grupo que apoya al Gobierno hablaba también de derogar el 135, modificar la ley, y hoy también parece que nada es posible, solo remiendos.


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La raíz del problema de los remanentes está en la modificación de la Ley de estabilidad y el artículo 135, y mientras esto no se produzca, solo vamos a poder hablar de parches continuamente. Lo cierto es que hoy en su Gobierno parece que no existe esta voluntad política, ni tan siquiera en este concepto excepcional, pero vuelvo a recordar que la Constitución se modificó un mes agosto y en un plazo muy breve de tiempo.

Para terminar, usted a lo mejor nos dirá que los que no apoyemos el decreto seremos quienes tengamos -o esto lo hemos oído- que dar explicaciones a la ciudadanía, porque, de no aprobarse, como he dicho, además, decaerían las disposiciones relativas al uso de remanente para gastos generales, la aplicación de la regla de gasto para 2020, y la prórroga del destino del superávit a 2019 a inversiones financieramente sostenibles. Es decir, parece que nos están trasladando la culpa o la responsabilidad a los distintos grupos parlamentarios, trasladándonos esa espada de Damocles, cuando lo cierto es que no ha habido diálogo ni la empatía suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Desde luego, entendemos, que el Gobierno se ha apresurado a elaborar un decreto para que luego sea aprobado con la justificación de que esto es mejor que nada, y con la amenaza -entre comillas- de que si no se aprueba tal cual no hay posibilidad de rectificación o de aprobar incluso otro decreto, por ejemplo, como con la prórroga de las inversiones financieras sostenibles, la utilización de remanentes para gastos generales o inaplicación de la regla de gasto.

Sí, seremos nosotros los que expliquemos a la ciudadanía que no podemos hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Señora Sagastizabal, tiene que acabar, por favor.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy acabando.

... porque estamos atados, porque el Gobierno no quiere atajar el problema de raíz, y porque, si no se convalida el decreto entendemos, será más restrictiva o tan restrictiva como el señor Montoro.

Con esta alternativa, ¿qué es a lo máximo que puede aspirar un ayuntamiento en una situación excepcional? ¿Es esto a lo máximo que puede aspirar un ayuntamiento? Porque, según ustedes, no se puede modificar la ley. ¿Qué tenemos que asumir, una política de resignación, y estar continuamente parcheando porque no se puede modificar las leyes? Yo creo que los políticos estamos aquí para modificar las leyes y, sobre todo, para dar respuestas a esa ciudadanía.

Finalmente, la realidad es que han aprobado un real decreto muy débil, porque solo el PSOE le ha dado su apoyo en la FEMP, con el voto de calidad de su presidente y la abstención de su socio del Gobierno, y que, de momento, parece que no cuenta con la confianza de la mayoría del Congreso de los Diputados.

Ministra, lo que ha quedado en evidencia es la necesidad de reforma de la Ley de estabilidad y del 135, y, desde luego, no es cuestión, para nosotros, de desgastar al Gobierno, ni muchísimo menos. Creo que hemos dado muestras de todo lo contrario. Pero sí que existe la necesidad de intentar dar respuesta a esas necesidades que tienen los ayuntamientos, y no nos sirve con un simple parcheo o con solamente la aprobación de un decreto para luego tramitarlo como proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente. Gracias, ministra.

Usted ha dicho que no es la necesidad de fondos del Estado en este momento lo que los lleva a plantear este decreto. Pues nuestra lectura es que sí. Esa es la lectura que hacemos, porque, de lo contrario, sería todavía más incomprensible toda esta situación. Sin duda, el Estado necesita fondos, y nosotros enmarcamos aquí este proyecto que se ha presentado, porque es verdad que se necesitan muchos fondos para enfrentar la crisis social y económica derivada de la pandemia. Sin embargo, esta vía de financiación, que pasa por que el ahorro de décadas de los consistorios se lo presten al Estado y, a cambio, que estos puedan disponer de parte de sus fondos, en nuestra opinión no es de recibo. No lo es desde ningún punto de vista. Entregar el remanente para que el Estado les devuelva parte de ese dinero, para que solo así puedan destinarlo a las necesidades municipales, parece en realidad una broma de mal gusto.

Usted ha dicho que es voluntario. Sí, será voluntario, pero perjudica o castiga a quien no lo apoye, a quien no lo haga. Por lo tanto, la voluntariedad de esta propuesta está, cuando menos, en entredicho.


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Plantear a los ayuntamientos que cedan al Estado los ahorros acumulados por una ley que ha ahogado a los consistorios durante las últimas décadas, y forzarles o querer forzarles a entrar en un esquema de crédito como el que se plantea, para nosotros es simplemente incomprensible. Lo habría sido años atrás, y ahora, en esta situación, con las consecuencias de la pandemia, todavía es más incomprensible.

Lo ha dicho usted, los ayuntamientos son la primera puerta, la primera trinchera para responder a la crisis social, la primera puerta que toca la ciudadanía cuando la población sufre necesidades acuciantes, y estos tiempos son especialmente terribles, y las necesidades aumentan y seguirán aumentando, y son también las alcaldesas, los alcaldes, los concejales y las concejalas quienes deben dar respuesta a esta realidad que tienen enfrente. Creemos que el Estado tiene que buscar fórmulas mejores para enfrentar esta crisis, y tiene dónde hacerlo. Pero para eso es necesario modificar las estrictas reglas fiscales e invertir en proteger a la gente en los empleos relacionados con la educación, con los cuidados y con la sanidad. Los beneficios sociales de obrar así son obvios: mejora la calidad de vida de la gente, pero es que, además, desde el punto de vista económico, esta inversión pública crea empleo directo, lo que ahorra prestaciones por desempleo y aumenta la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales, y con ello se genera una demanda para la industria, para la hostelería, para el comercio y para otros servicios. Lo que no se puede hacer, lo que no se debería hacer, desde un punto de vista progresista al menos, es repetir la salida de las crisis precedentes mediante políticas de austeridad y de recortes.

Señora ministra, por poner un ejemplo, y dado que también desde la derecha se han utilizado algunos ejemplos europeos, yo también voy a poner un ejemplo europeo. Como bien sabrá, Dinamarca, que ingresa prácticamente cuatro veces más por el IRPF que el Estado español, se ha planteado con seriedad tasar más a las grandes fortunas para garantizar el sistema de pensiones. El cambio en la fiscalidad, a nuestro juicio, es esencial para poder salir de esta situación, y se puede. No solo se puede, sino que se debe. La pregunta es qué piensa hacer el Gobierno en este terreno también, si es que no van a tomar medidas para que las grandes fortunas -ese 1 % más rico del Estado- pague impuestos, al menos en la misma proporción en que lo hace la clase trabajadora, si no van a poner un impuesto a la banca para que retornen, aunque sea mínimamente, los 60000 millones de euros que nos adeudan a todos y a todas, si no va a haber un impuesto a las grandes empresas y multinacionales. Porque, si no lo van a hacer, deberán explicar cómo van a subir el índice de recaudación. Deberán explicar cómo se recauda más en esta situación si no se generan nuevas figuras impositivas.

En definitiva, lo que queremos saber es cómo van a arreglar esto. ¿Lo van a hacer como se ha hecho hasta ahora, descargando el peso sobre las espaldas de los de siempre, de la misma forma que proponen hacerlo con los ayuntamientos, tal y como hizo el PP de Montoro con su Ley de estabilidad presupuestaria, y blanqueando así el déficit del Estado a costa de los ayuntamientos, como ha sucedido en todos estos años?

La formación que represento, Euskal Herria Bildu, es la primera fuerza municipalista de nuestro país, y en los ayuntamientos que gobernamos, ni en Navarra ni en Álava ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya, Euskal Herria Bildu no va a ceder los remanentes del Estado, y no es porque estén en mala situación económica, están en mejor situación económica. Son ayuntamientos, la gran mayoría, muy saneados.

Ha dicho usted que es a favor de los ayuntamientos este planteamiento, y que no se le ocurre otra fórmula para poder hacerlo. Pues lo vamos a decir. Lo que debe hacerse -lo vamos a decir una vez más, porque creo que se ha oído aquí varias veces-, lo que debe hacerse, y es urgente, es reformar esa Ley de estabilidad presupuestaria para que acaben de una vez las restricciones que impuso el PP.

Ha dicho que no existe mecanismo legal para que los ayuntamientos utilicen el superávit, pero eso ocurre porque el Gobierno mantiene y aplica la Ley Montoro. Si no, no sucedería, y si es una ley impuesta, no debería aplicarse. Ha aludido usted también a la dificultad de modificar la ley orgánica, se ha dicho también de varias maneras. Pues, efectivamente, hablamos también del artículo 135, que se modificó, como se ha recordado, de un día para otro, en una semana, en pleno agosto, entre el Partido Popular y el PSOE. Allí no hubo problemas para modificarlo rápidamente, con lo cual se puede hacer. A mí me ha resultado curioso, cuando menos curioso, que a lo largo de toda su intervención haya justificado continuamente la Ley Montoro, como si no hubiese otra alternativa, y sí la hay; se ha dicho más de una vez: es cambiar la Ley Montoro, esa es la alternativa que tenemos, y cuentan con una mayoría, efectivamente, para poder hacerlo.

Ha hablado de que un Gobierno responsable debe respetar el marco legal. No, un Gobierno responsable, con todos los respetos, lo que debería hacer es cambiar precisamente ese marco legal, si se cree, al menos, que es injusto, como se ha podido denotar de su intervención. Además, le recuerdo que


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los dos partidos que hoy forman el Gobierno, tanto Unidas Podemos como el PSOE, llevaban en sus programas electorales acabar con la regla de gasto que asfixia a las corporaciones locales, incluso a las corporaciones locales que han hecho bien sus deberes. Bueno, cito las promesas de campaña porque creo que es necesario recordarlo. Lo de la palabra dada no debe ir con algunos partidos, y tampoco si son acuerdos firmados y rubricados se siente, al parecer, la inquietud o la vergüenza al no aplicarlos, al negarlos, al modularlos o al olvidarlos incluso.

Cuando se valora los datos de la lejanía de la gente respecto a la política, de la desafección de la juventud hacia la clase política, creo que no deberíamos extrañarnos de lo que ocurre, porque creo que no hay que lamentarlo ni se puede buscar explicaciones extrañas para ello. Es pura lógica, porque quien no cumple la palabra carece de todo crédito, en cualquier escenario.

Ha insistido usted en que esta propuesta -ya voy terminando- es una fórmula acordada con la FEMP. Los ayuntamientos vascos no están en la FEMP. Pero, en cualquier caso, el acuerdo que han podido alcanzar es un acuerdo de mínimos, un acuerdo que no sé si lo puede vender usted muy bien. Es un acuerdo del PSOE con el PSOE, consigo mismo, en realidad, con lo cual yo creo que una cuestión como esta necesita el consenso, necesita el diálogo y la negociación, tal y como usted ha mencionado además, y esto está claro que no lo ha habido.

Euskal Herria Bildu, nuestra formación, tiene un compromiso con nuestros ayuntamientos, con los ayuntamientos de nuestro país. Por lo tanto, tenemos también un compromiso con la derogación de la Ley Montoro, que es algo a lo que nos comprometimos. Si usted y su Gobierno creen que es una ley injusta para los ayuntamientos, le invitamos a acometer ya la derogación de esas injustas normas, y si lo hacen, podrán contar con nuestro apoyo sin ninguna duda.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aizpurua.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mazón.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.

Nuevamente estamos debatiendo el asunto de los remanentes de tesorería. La posición del Partido Regionalista de Cantabria yo creo que ha sido siempre muy clara desde el primer momento: nos hemos opuesto, pero, además, en este caso no es que se haya opuesto el Partido Regionalista de Cantabria, es que yo creo que puedo hablar en nombre de la mayor parte de los ayuntamientos de Cantabria, más del 80 %. La Federación de Municipios de Cantabria se pronunció en contra de esto, hasta algunos de los ayuntamientos del PSOE. Creo que ha pasado lo mismo en el resto de España.

Yo mismo la interpelé a usted el 20 de mayo sobre este asunto, no sé si se acordará, en el Pleno, y usted dijo respecto a la primera propuesta de la FEMP que tenía algunas cuestiones que compartía, y otras que no eran competencia municipal. Pues de aquello parece que ustedes no han compartido nada, y no creo que sea porque la FEMP no haya querido admitir otras modificaciones. Pero no lo aclaró usted entonces y no lo ha aclarado ahora, porque yo creo que han faltado explicaciones convincentes. Desde luego, a mí, y creo que al resto de los compañeros, al resto de los diputados, tampoco les ha convencido. No hay ninguna explicación, de verdad, convincente.

La única explicación que veo en este caso es la prepotencia con que están actuando ustedes en estas materias. Pasó lo mismo con el IVA, con los famosos 2500 millones del último mes. Todos en contra. Luego ustedes, de una manera aleatoria, dieron 16000 millones a todas las comunidades autónomas, que no se sabe de dónde salió esa cifra, podrían haber sido 10000 o 20000, porque nunca lo explicaron. Fíjese usted qué fácil habría sido haber dado los 2500 millones a las comunidades autónomas y haber dejado los 13500 para repartir, que nadie hubiera dicho nada. Pero ustedes, como en Las mocedades del Cid, mantenella y no enmendalla, y así están continuando.

Volviendo al tema de los ayuntamientos, en España hay muchísimas necesidades en todos los niveles. Sabemos que la Administración General del Estado tiene muchas, las comunidades autónomas, pero hay tres niveles, están los ayuntamientos también, y creo que usted no desconoce las competencias municipales. No voy a hablar de la cercanía con los vecinos, que ya se ha hablado aquí suficiente, pero hay muchas necesidades de gasto, no solamente de gasto puro, sino de inversión, que parece que se están olvidando.

Las inversiones son el motor de la economía, y han desaparecido. Han llevado a gran parte del paro de hoy y van a ser el paro de mañana, y no solo estamos hablando de las grandes inversiones que parece que estamos esperando que vengan de los fondos europeos. Estamos hablando de las pequeñas


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inversiones. No creo que nadie quiera abandonar todas estas pequeñas inversiones que se hace en los ayuntamientos, en los municipios, que vendría muy bien para reforzar el tejido de la microeconomía, que son los que más cerca están, porque no los vamos a olvidar para siempre. Yo creo que el cambio de paradigma, en el que casi todos estamos de acuerdo, no llega a tanto. Mientras tanto, las consecuencias son que la economía no repunta.

Nosotros pedíamos libertad a los ayuntamientos para poder gastar, porque, además, los ahorros, el dinero ahorrado, está ahorrado para gastarlo en los momentos en que se necesita, y creo que no hay mejor momento que en estos casos para gastarlo. Los ayuntamientos saben perfectamente que tienen los gastos sanitarios de la COVID, los gastos asociados sociales -aparte de los sanitarios-, las inversiones para reforzar la respuesta sanitaria y social a la COVID, las inversiones para reactivar la economía a corto plazo y las inversiones a medio plazo, que cumplan los objetivos que todos pretendemos, del modelo digital y de un modelo medioambientalmente sostenible. Pero no hay que olvidar que estas inversiones que nadie recuerda -y que habría mucha necesidad de ellas- tienen un multiplicador muy grande, mucho mayor, como 4 o 5 veces más que lo que va directamente al consumo en la economía. Incluso se podría admitir alguna limitación en la libertad de gasto, restringiéndola a determinadas inversiones, incluso a algún tipo de autorización. Yo entiendo que podría llegar a admitirse algún tipo de restricción respecto a las inversiones clásicas. Pero, desde luego, tal como lo están planteando ustedes aquí, nadie lo va a admitir, estamos viendo que nadie lo admite.

Hay otro aspecto del que también estamos hablando continuamente, que es la lucha contra la despoblación, el reforzamiento del mundo rural. También parece que hay unanimidad en todos cuando hablamos de que hay que reforzar el mundo rural, la despoblación. Claro, yo aquí me pregunto: si a los ayuntamientos se les considera como se les está considerando, ¿cómo vamos a reactivar el mundo rural si prácticamente no se les hace caso para nada? No sé si se va a dirigir desde las grandes ciudades, desde los ministerios, cómo va a ser la lucha contra la despoblación.

En esta comparecencia, a final de mayo, en la interpelación también le dije que en aquel momento había pasado lo peor de la pandemia, y que era urgente empezar a actuar en esta materia. Había que empezar a moverse en el tema de los remanentes y movilizar este dinero. Bien, estamos en septiembre. Usted antes ha dicho que es urgente actuar. Pues otro reproche que le podemos añadir respecto a esta materia de los famosos remanentes es que siguen dormidos en los bancos sin generar nada más que gastos, como usted ha dicho. No están generando ninguna otra novedad.

También le dije el 20 de mayo algo referente al pacto, y usted contestó literalmente: Veremos en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica cómo van a contribuir las entidades locales en esta reconstrucción. El Congreso es un sitio muy importante para ver cómo actuar. Pues bien, el dictamen de la Comisión, en la resolución 138 dice: Aprobar con carácter inmediato la posibilidad de que las entidades locales puedan disponer libremente del superávit remanente de tesorería de los ejercicios 2019 y 2020, y que durante los ejercicios 2020 y 2021 no les sea de aplicación la regla de gasto.

Esto se aprobó así, si yo no tengo mal el documento, pero usted lo había anunciado, y ya ve cómo lo ha podido incumplir. También el mismo día dijo -es que es muy fácil hablar, claro-: Hay que trabajar codo con codo con todas las administraciones y con todas las formaciones políticas para identificar las prioridades. [...] Sepa que vamos a llegar a acuerdos y vamos a dejar satisfechos a todos los ayuntamientos con su papel. Literal me lo dijo. Bueno, ya ve usted: ni codo con codo ni satisfechos, y el resultado es que tiene en contra a la mayor parte de los ayuntamientos de España, porque hay muchos socialistas que también están, y a todos los partidos políticos.

No me quiero extender más de momento. Vamos a ver si da alguna explicación, pero no todo es negativo. Dentro del debate jurídico hemos aprendido algo: que la regla de gasto para el ejercicio 2021 no tiene que respetar la Constitución. (Rumores).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente.

Bienvenida, ministra, una vez más a esta Comisión, a esta su casa, y permítame, en primer lugar, sumarme a sus palabras de apoyo y reconocimiento a los alcaldes, alcaldesas, vecinos y vecinas de todos los municipios afectados por los incendios en estos días.


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También quiero agradecerle las palabras y el mensaje de confianza y de esperanza que ha lanzado a toda la ciudadanía, porque, sin duda, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez continúa con determinación y con diálogo, dando soluciones a las necesidades de este país, y especialmente a pesar de todas las dificultades. De ahí el acuerdo alcanzado con la FEMP del que hoy hablamos, y que da importantes y útiles soluciones financieras al conjunto de las entidades locales. Sí, señorías, al conjunto de las administraciones más cercanas a la ciudadanía, pues da soluciones a sus alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que se dejan la piel día a día, las veinticuatro horas del día, por atender los desvelos de sus vecinos y vecinas. Así que este acuerdo se da en un momento como el actual, y, por tanto, era y es urgente adoptar. De hecho, está en vigor, se adoptó el mes de agosto.

Era urgente y, por tanto, aunque algunos se nieguen a verlo, es sin duda un importante reconocimiento de municipalismo. Yo los he oído a ustedes y me da la sensación de que muchos de ustedes no han oído a la ministra, pero yo los he oído a todos, absolutamente a todos. Han hablado de la Constitución, han hablado de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Pero, que yo sepa, en un real decreto-ley en el mes de agosto, eso no se podía aprobar. Por tanto, señorías, aquí hemos venido a dar soluciones. Yo he escuchado a la ministra, y la ministra ha dado soluciones. Además, ha hecho una oferta a esta Cámara, que tengo la impresión de que nadie ha escuchado. Por tanto, dejen al menos -y permítame, si es posible, que me escuchen- que exponga cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que las medidas que ha desarrollado perfectamente la ministra se desarrollan a partir del acuerdo con la FEMP, pero, además, son de gran relevancia, especialmente por tres motivos.

En primer lugar, porque son soluciones de carácter extraordinario y urgente en un contexto actual extraordinariamente complejo. En segundo lugar, porque son fruto de la negociación y del diálogo entre el Gobierno de España y la FEMP, reconociéndolo como el máximo órgano de representación de los Gobiernos locales. Por cierto, quiero reconocer todo el trabajo y esfuerzo que han hecho todos y todas los que lo han hecho posible. En tercer lugar, porque sí, señorías, sí que va más allá de lo dictaminado en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción, y, además, va más allá en beneficio de las entidades locales.

Si me lo permiten, también daré argumentos al respecto, porque lo que está demostrado, y con todo lo que yo les voy a intentar indicar, basándome especialmente en lo que se ha dicho hoy aquí, el Gobierno, con este real decreto-ley, sí que atiende las necesidades de los ayuntamientos. El Gobierno sí que ha escuchado las reivindicaciones de los ayuntamientos. Pero el Gobierno lo que tiene que hacer es conciliar y hacer lo posible dentro del marco legal en el que se encontraba en el mes de agosto.

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un momento actual complejo, claro que sí, de extraordinaria crisis sanitaria con duros efectos económicos y sociales, que hace que el acuerdo sea fundamental para activar económicamente a los municipios, dotándolos de recursos para hacerles frente a estos efectos. No sé si han escuchado, pero es que el real decreto-ley contiene más financiación para los ayuntamientos. Lo ha explicado, mayores entregas a cuenta. Porque todo el mundo sabe que los ingresos del Estado van a reducirse y, por tanto, la participación en los ingresos del Estado se puede reducir, y lo que hace es dar más financiación a los ayuntamientos. Pero es que, además, esta situación tan compleja es también por este telón de fondo de una gran fragmentación parlamentaria que dificulta la obtención de mayorías absolutas para una modificación inmediata de una legislación heredada que, efectivamente, encorseta a los ayuntamientos, y esto hace que el acuerdo alcanzado sea el posible. Decía que no es el óptimo. Si hacemos un ejercicio de maximización de intereses en el que ponemos las restricciones, pues sí, efectivamente, es el óptimo, diríamos, o posible entre las reivindicaciones municipalistas y lo máximo que se puede alcanzar con las limitaciones actuales.

Es difícil creer que podíamos modificar una ley orgánica así, de momento, de manera inmediata y fácil, cuando estamos viendo ya que algo que es un acuerdo, que es bueno, que tiene muchísimas cuestiones que son buenas, está siendo objeto de tanto insulto. Sí, se está insultando, se está hablando de incautación, se está hablando de chantaje. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando todo el mundo sabe que una ley orgánica no se puede modificar en un real decreto-ley. Pero ¿de qué estamos hablando? Por tanto, claro que hay urgencia; se dijo aquí: es urgente. De hecho, se aprobó el real decreto-ley. Algunos hablan de incautación, cuando fue realmente el Gobierno del Partido Popular quien incautó la capacidad de acción de los ayuntamientos, porque eso no lo está haciendo el actual Gobierno. El Gobierno del Partido Popular fue quien quiso convertir a los ayuntamientos en meras unidades burocráticas, hurtándoles sus competencias de decisión política con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Por el contrario, con el acuerdo adoptado se amplía el margen de actuación de los municipios según sus circunstancias, reconociendo a los ayuntamientos como administraciones clave para atender desde


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la proximidad a las necesidades de la ciudadanía. Sí, señorías. Eso lo hace el acuerdo, y resulta más que insultante que sean precisamente los que propiciaron una ley al margen de la voluntad mayoritaria de los ayuntamientos quienes pretendan ahora dar lecciones, y que, además, la portavoz del Partido Popular se permita deslegitimar a la Federación Española de Municipios y a su presidente. Quiero decirle a la portavoz del Partido Popular que a Abel Caballero lo apoyó el cien por cien de la Asamblea General de la FEMP el 21 de septiembre. (Rumores). Por tanto, al menos tendría que reconocerle su legitimidad, que parece que en su intervención no lo ha hecho.

En segundo lugar, yendo a las razones -me voy al principio porque no me quiero desviar, porque yo creo que la intervención de la portavoz del Partido Popular ha dicho tantas falsedades que es imposible poder ir una a una-, entonces me centraré realmente en lo que quiero decir. Como decía, en primer lugar, este acuerdo da soluciones. En segundo lugar, tiene en cuenta a la FEMP, que es la mejor conocedora de la realidad municipal. Se trata de un acuerdo municipalista que concilia el interés del conjunto del Estado con la reivindicación del subsector local manifestado en el documento de mayo. Es un acuerdo entre representantes de Gobiernos, no entre representantes de partidos, dada la autoridad que les es atribuida democráticamente. Además, pregúntele al alcalde de Málaga, porque creo recordar que no le parece tan mal el real decreto-ley. Por otro lado, el alcalde de Bilbao es el presidente de la Comisión de Transportes de la FEMP. Por tanto, yo creo que los municipios vascos también están en la FEMP.

Vuelvo al tema -no me quiero ir de los tres aspectos tan importantes-. Como decía, en primer lugar, es un acuerdo que da soluciones; en segundo lugar, está dialogado y negociado con la FEMP; y, en tercer lugar, no solo tiene en cuenta lo solicitado por los grupos parlamentarios en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción, sino que va más allá en beneficio de todos los municipios. ¿Por qué? Porque, primero, da soluciones de apoyo financiero a todas las entidades locales atendiendo a su situación, no solo a quienes tienen remanentes, también a los que no los tienen, con diversas soluciones financieras que son opcionales para situaciones y realidades municipales bien distintas. Me llama la atención, porque he escuchado a todos los grupos y veo que no tienen una visión de conjunto de lo que suponen todas las medidas de las que estamos hablando. ¿Por qué digo que va más allá? Porque contempla la prórroga del uso de la aplicación del superávit del 2018, una prórroga que el dictamen no lo recogía. Artículo 2 del Real Decreto-ley 27/2020. Eso no lo incluía el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, pero hay muchos ayuntamientos que, a pesar de ser un remanente del 2018, no han tenido tiempo para poder aplicarlo. ¿Qué significa esto de manera inmediata? Todo el mundo sabe lo que cuesta muchas veces adoptar decisiones por los alcaldes. Por tanto, claro que va más allá de lo que se adoptó en el dictamen, pero es que, además, contempla un fondo de 275 millones, ampliable a 400, para cubrir el déficit del transporte público municipal provocado por la crisis de la COVID. Esto sí que se recogía en el acuerdo de mayo, y no se recogía en el dictamen.

Por tanto, va más allá de lo que decían los grupos parlamentarios. Contempla un acuerdo para el acceso de las entidades locales a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. Eso sí que lo decía, y lo cumple el real decreto-ley. No se olvida de nadie el real decreto-ley. Contempla la posibilidad de reestructurar la deuda, de mejorar las condiciones financieras de los ayuntamientos con remanentes negativos y con mayores problemas, incluye a las diputaciones para que puedan ayudar también a los municipios con dificultades, y lo más importante, lo que ha venido aquí: el tema de los remanentes. Sí, señorías, se contempla la utilización inmediata de los remanentes de superávits del 2019, de diferentes formas y diferentes opciones. Del 2020 todavía no sabemos. Todavía no sabemos cuál va a ser el remanente del 2020, porque todavía no ha terminado. Por tanto, ya se incluirá y, además, tenemos el compromiso de la ministra, que ha dicho que lo va a incluir. ¿Qué más queremos? Por tanto, no hay excusa para no convalidar el real decreto-ley. (Rumores).

Voy a poner un ejemplo. Un ayuntamiento, una diputación, un consejo insular con superávit en contabilidad nacional en 2019 y remanente superior a este. Pues puede destinarlo a gastos derivados de la COVID, porque eso ya lo dijo el Real Decreto 8/2020. También lo puede dedicar a la renovación de vehículos eléctricos, eso también lo dijo otro real decreto. Pero es que también puede destinar los saldos pendientes a inversiones financieramente sostenibles. Es que lo dice el artículo 1 del real decreto-ley. Pero es que también los saldos no utilizados puede destinarlos a gastos generales, siempre que no entren en déficit. Es que lo dice el artículo número 6.

Ahora, la gran cuestión, el artículo 3 y el artículo 4, que, además, hoy nos ofrece la ministra que, si se convalida el real decreto, se tramita como proyecto de ley y, si se encuentra una fórmula mejor, se puede incorporar. Porque ¿qué ocurre si, de todas estas opciones que tienen los ayuntamientos, hay remanentes,


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hay saldos todavía que no se han podido aplicar, por qué entonces se entra en déficit? Pues puede colocar los saldos pendientes, como dice muy bien el artículo, en lo que serían...

El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, tiene que ir acabando, por favor.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Sí.

Simplemente lo que quería decir es que esta fórmula, es verdad que se dice que es un préstamo al Estado desde el punto de vista del Estado, pero realmente es como un depósito a plazo por parte de los ayuntamientos, en el que, además, obtiene un beneficio de un 35 % durante los dos primeros años. Por tanto, es una solución. De hecho, tengamos en cuenta que aquí se está hablando mucho de los remanentes como ahorros, pero realmente son desequilibrios positivos que no son accesibles, y este acuerdo lo que hace es que esos desequilibrios positivos que se tienen se convierten realmente en ahorros de los que van a poder disponer.

Otra cuestión: aquí se dice: No, es que se habló de diez años y ahora se dice quince. No, se habla de diez, y como dice lo que salió publicado en el BOE del 11 de agosto, efectivamente, si tú optas por los quince años, lo que estarás haciendo es optar por mayor interés. Yo creo que están todas las opciones, son opciones voluntarias y, además, se consigue que entregas un 100 % y recibes un 135 %.

En ningún caso se puede hablar de incautación, en ningún caso se puede hablar de todos los descalificativos que hemos tenido que oír en esta sala, y realmente si ustedes lo que quieren es modificar la Constitución española y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, saben bien que en este real decreto-ley no lo podemos hacer. Lo que habría que hacer sería convalidar las medidas, que son muy buenas para los ayuntamientos y, con posterioridad, inmediatamente, pongámonos a hablar, que no tiene nada que ver con este real decreto-ley. Centremos el debate, por favor, porque aquí hemos venido a dar soluciones, no solo a expresar reproches, y he oído muchos reproches. Soluciones, solo la ministra.

El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, lleva excedidos tres minutos.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión por tres minutos. (Pausa).

A continuación, la señora ministra responderá a aquellas cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quería agradecer a todos los grupos políticos su intervención. Yo creo que, más allá de las inexactitudes, desde mi punto de vista, que algunos portavoces han planteado -voy a intentar ahora transmitir el por qué considero que son inexactitudes- es conveniente que en este Parlamento podamos discutir de cuestiones tan complejas en el marco de la Comisión. Digo esto porque familiarizarse con lo que significa incurrir en déficit o no, dependiendo de las circunstancias, lo que son remanentes, la regla de gasto, son elementos que, evidentemente, requieren de una profundidad que muchas veces prolonga el debate, pero me parece imprescindible para que seamos conscientes de hasta dónde podemos avanzar y en qué cuestiones ya no se puede avanzar.

Lo primero que quiero decir-ya transmitiré alguna cuestión a algún grupo en particular-, en general, señorías, es que una situación de urgente y extrema necesidad requiere de actuaciones urgentes y de extrema necesidad. Ni la ley orgánica ni la Constitución se pueden cambiar por un decreto-ley. Lo que ha hecho el Gobierno, dentro del marco legal que no se puede modificar por decreto-ley, ha sido intentar plantear soluciones a problemas que son complejos, sean justos o no sean justos. La posición que tengan los grupos políticos, señor Pisarello, previa a que se produzca esta situación, puede ser una u otra, pero cuando uno gobierna, su obligación es responder a las necesidades que hay planteadas, y si son urgentes, y por eso lo decía, probablemente no encontremos las respuestas óptimas, pero son las que permiten avanzar y caminar en la dirección correcta. Eso es lo que pretende el Gobierno humildemente. No pretende hacer un cambio de todo el marco de la estabilidad presupuestaria, no pretende arreglar la financiación de los ayuntamientos con este decreto-ley, no pretende, con este decreto-ley, quitar agravios históricos de los ayuntamientos respecto a reivindicaciones que me pueden parecer justas. Este Gobierno, lo que pretende única y exclusivamente es que durante el año 2020 y una parte del año 2021 podamos transitar utilizando toda nuestra potencialidad, nuestra capacidad, evidentemente, respetando la legislación


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vigente, pero porque yo no puedo impulsar un decreto-ley que se salte la Constitución. Sé que sus señorías eso lo entienden. Por tanto, el decreto-ley que puedo impulsar es el que respeta el marco constitucional. Durante las discusiones que se han mantenido, y por las manifestaciones de sus señorías, entiendo que hay elementos del decreto-ley, que vienen de la Comisión de Reconstrucción, que sus señorías comparten porque alivian el encorsetamiento financiero de las entidades locales; el problema se plantea, por lo que les he escuchado única y exclusivamente con el fondo y el préstamo. También es lo que había leído en la prensa previamente.

Por eso les decía a sus señorías que por mi parte no había ningún inconveniente en que lo otro, que parece que todos estamos de acuerdo, al menos no he escuchado ninguna intervención en contra, pueda entrar en vigor, como de hecho ha entrado. Yo tengo que traspasar la PIE a los ayuntamientos en la actualización de la PIE y no puedo esperar mucho más, porque están teniendo problemas de pago a proveedores. Hay cuestiones que son urgentes e inmediatas que sería bueno -estamos todos de acuerdo- que se pudieran desarrollar. Ya lo he dicho que hay un mecanismo que hemos diseñado desde el Ministerio de Hacienda, que sus señorías no comparten -ahora hablaré de los adjetivos que se utilizan para calificar la actuación del Gobierno y los grupos políticos que los trasladan-, pero si el fondo y el préstamo no se comparten, o no se comparte uno de ellos, o no se comparten los dos, yo he dicho a su señoría que en nombre del Grupo Socialista pongo a disposición a sus diputados para tramitarlo como proyecto de ley, el resto entra en vigor, y eso no entra en vigor, y no va a poder entrar, porque no tiene otra solución que los cambios normativos que sus señorías han planteado que no se pueden hacer por decreto-ley. Es decir, que este Gobierno no puede traer una respuesta distinta. Eso es lo que intento llevar a su ánimo. Sabiendo que muchas veces la política se tiñe de intentos de desgaste, de adjetivos y de excusas, creo que este tema, que afecta a muchos alcaldes y alcaldesas de sus grupos políticos que están gobernando, requiere apartar un poco los intereses partidistas y ver si realmente podemos buscar soluciones efectivas.

Lo que he propuesto a sus señorías, y creo que es muy sensato, es que entren en vigor las medidas que todos compartimos, y que esta, que es la que tiene la dificultad, y que no puede ser sustituida por otra, se debata en este Congreso. No es una cuestión de prepotencia, señora Martínez, creo que ha sido usted la que lo ha dicho. ¿No? No me acuerdo quién. Después lo repasaremos en las notas. No es una cuestión de prepotencia, es una cuestión de que no tengo otra solución, y, por tanto, a eso de los remanentes no puedo plantearle otra solución, salvo que se modifique la Constitución, que se modifique la ley orgánica, que se modifiquen las exigencias de Bruselas, que se modifique todo el marco de la estabilidad presupuestaria, y que se pueda hacer por este Congreso en un tiempo razonable, que no es exactamente el tiempo de un decreto-ley. Esta es la propuesta que hago a sus señorías con absoluta limpieza política. O sea, no tengo ningún as en la manga, y es lo que le he dicho desde el primer momento.

En cualquier caso, voy a intentar seguir insistiendo en que el decreto-ley es un avance. Claro que es un avance. Un decreto-ley que puede permitir, señora España, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, pongamos por caso, poder poner a disposición de los ciudadanos 400 millones de euros, a mí me parece que es un avance. Probablemente no es el óptimo, o no es el ideal al que quiera llegar un alcalde o una alcaldesa. Hablo del Ayuntamiento de Madrid, porque es el que tiene un volumen de remanentes más importante, por eso lo menciono. A mí me parece que es difícil trasladar a los ciudadanos que no empleemos esos 400 millones porque si la Constitución, la ley orgánica... Si hay que cambiarlas, cámbiense, pero, evidentemente, no al albur de un decreto-ley que lo que intenta es dar una solución urgente a las necesidades de los ayuntamientos.

Creo que le he escuchado, señora España, una expresión que me gustaría aclarar. El ejemplo que usted ha puesto me parece poco ilustrativo. Yo no soy el padre y los ayuntamientos son los hijos. Yo no tengo una concepción paternalista de los ayuntamientos, en ningún caso. (Aplausos). Son administraciones distintas, independientes, con las que tenemos que relacionarnos con coordinación, pero en ningún caso se trata de que nosotros seamos padres de nadie, ni de que, por supuesto, los ayuntamientos sean hijos de alguien.

Hablar de confiscación, cuando se está hablando de poner a disposición de forma voluntaria no se sostiene. Simplemente es que no se sostiene hablar de confiscación cuando esa es la cuestión.

Por cierto, señora España, usted ha querido ridiculizar la compra de vehículos eléctricos por parte de los ayuntamientos. Me sorprende que haya querido usted ridiculizar esto, puesto que forma parte del plan de automoción, forma parte de la necesidad de la renovación de la flota de las administraciones públicas,


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y es algo que pidió el sector de la automoción. Usted lo ha ridiculizado, como si la compra de los vehículos eléctricos fuera un capricho, un elemento que este Gobierno hubiera planteado.

Dicen ustedes: Es que se tiene que pactar y se tiene que consensuar. Yo voy a repetir lo que ha dicho la señora Blanquer, mi portavoz, a quien quiero agradecer su intervención, su esfuerzo por intentar trasladar las bondades que los demás miembros de los grupos ven en parte del decreto, por lo que he entendido, ya que incluso el Partido Popular comparte la parte de la regla de gasto, comparte la parte correspondiente a que las inversiones financieramente sostenibles se puedan aplicar en 2020, creo que comparte que se puedan utilizar los remanentes hasta el límite legal que tienen los ayuntamientos y, por tanto, que se les autorice hasta esa capacidad, creo que comparten el fondo de transporte, al menos en el diseño, no sé si en la cuantía. Yo creo que comparten cosas, lo que pasa es que el Partido Popular está en otra cuestión, señora España. (La señora España Reina pronuncia palabras que no se perciben). Perdone, pero yo no la he interrumpido. Usted, en la declaración que hace hoy aquí -y creo que todos hemos sido testigos- no sorprende a nadie, porque ha hecho lo mismo de siempre, que es intentar, da igual lo que sea, incluso en un tema tan serio como el municipalismo, utilizar las herramientas para desgastar al Gobierno. O sea, a usted lo que le interesa es que el decreto-ley se tumbe, no que se arregle el problema de los ayuntamientos. A usted no le interesa nada que se arregle ese problema, lo que le interesa es que el decreto-ley se tumbe, porque cree que eso puede desgastar al Gobierno. Se lo digo ya, señora España: si este Congreso tumba el decreto-ley, el Gobierno humildemente -como podrá usted entender- admitirá que no tiene mayoría para sacarlo adelante, así se lo comunicará a la Federación Española de Municipios y Provincias y, por tanto, para este Gobierno no supone ningún tipo de desgaste. Pero ustedes no están pensando en los ayuntamientos, están pensando en armar una mayoría con el resto de los grupos políticos para intentar, como siempre, tumbar las iniciativas de un Gobierno, según ustedes, absolutamente dañino para este país, y, por tanto, no van a aprobar nada de lo que este Gobierno pueda poner encima de la mesa, más allá de que sea o no sea interesante en términos conceptuales.

Usted ha hablado anteriormente del Ayuntamiento de Málaga. Yo he escuchado también al alcalde del Ayuntamiento de Málaga referirse a este decreto-ley de una forma bastante razonable. (Rumores). Lo que he escuchado lo habré escuchado yo, señoría, no me discuta usted lo que yo he escuchado. No, es que algunas veces es que queremos hasta corregir al que ha escuchado o al que ha sido el autor de una determinada idea.

Por tanto, realidad compleja, situación compleja, señorías, y creo que es importante tenerlo claro. Del Partido Popular nosotros no vamos a recibir ningún tipo de lección de municipalismo, señoría. Si ustedes son los responsables de esa ley orgánica, son ustedes. La aprobaron sus predecesores, señor Bel, y lo digo también porque todos tenemos que ser coherentes con lo que somos. Ustedes son responsables de esa ley orgánica, pero yo he transmitido que el límite no solo está en la ley orgánica, sino que está en el propio texto constitucional. Muchas veces en política uno puede tener la tentación de hacer una huida hacia delante, yo lo veo todos los días. Muchos comentarios, muchas declaraciones son huidas hacia adelante. Dicen: Bueno, si hay que cambiar esto, que se cambie, bueno, pues si hay que hacer lo otro, que se haga. No, ahora y en este momento, ¿qué pueden hacer el Gobierno y el Congreso de los Diputados para que los ayuntamientos puedan utilizar más recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Esta es la cuestión, y hay cosas que podemos hacer, aunque hay otras que no pero, repito, hay cosas que podemos hacer. ¿Por qué no las vamos a hacer si estamos de acuerdo? A lo mejor el portavoz de Vox no está de acuerdo, porque ha hablado de recortes de gasto. Si usted lo que pretende es que yo venga aquí con un recorte de gasto, señoría, quizá tenga que esperar sentado, porque probablemente no venga con un recorte de gasto. Con racionalidad sí, con racionalidad sí. Usted verá medidas de eficiencia, medidas de racionalidad. Los recortes, en términos de quitar a los ciudadanos derechos que tienen adquiridos, este Gobierno no los va a practicar.

Creo que hay comunes denominadores en el decreto-ley, de los que todos participamos. Son fruto de la Comisión de Reconstrucción, son reclamaciones justas que plantean los alcaldes y alcaldesas, y que, por tanto, las podemos llevar a cabo. Hagámoslo, y aquello que no tiene consenso, eliminémoslo, si así lo entienden sus señorías. Yo tengo mi posición como Gobierno, como grupo político al que pertenezco y como diputada de esta Cámara. Pero, insisto, creo que los ayuntamientos no pueden esperar a determinadas cuestiones, y, evidentemente, un decreto-ley no va a resolver el tema del cambio constitucional o de la ley orgánica que se requeriría para la utilización libre de los remanentes por parte de los ayuntamientos. Pienso que hay veces que hay que hablar con esta claridad para que sepamos cuál es el margen que tenemos para poder avanzar, y si podemos avanzar y estamos de acuerdo, hagámoslo,


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y si no estamos de acuerdo, el decreto-ley decaerá y, por tanto, no se podrá llevar a cabo lo que ahí se plantea, que es importante y urgente. Insisto, todo lo que no tiene que ver con el fondo y con los remanentes, que, como he comentado, parece -por lo que ustedes han expresado- que cuenta con la oposición de todos los grupos políticos y, por tanto, no tiene visos de ser una medida que ustedes vayan a vayan a compartir.

Señora España, señora portavoz del PP, le quiero transmitir que es evidente que, de todas las afirmaciones que usted ha hecho relativas al Gobierno, yo no le voy a contestar una por una. Un tercio de su intervención lo ha empleado en hablar de los ayuntamientos, y luego se ha dedicado a criticar al Gobierno por el déficit. Es la realidad de lo que usted ha dicho, señora España. Usted maneja su tiempo como usted quiere, pero yo también evalúo su intervención como yo considero también que ha sido, y creo que usted ha utilizado -insisto- esa parte para exponer en su discurso, como siempre, porque tampoco lo innova... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, silencio.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): ..., que lo que hay que hacer es cargarse a este Gobierno. Sí, señora España, todo lo que usted ha dicho tiene que ver con que el paro, el déficit y la deuda son culpa de este Gobierno, no de la pandemia. No estamos ante una situación inédita que requiere unidad de la oposición y el Gobierno para intentar acometer medidas, no, ustedes lo utilizan simplemente para intentar desgastar la labor ejecutiva y, por tanto, al Gobierno. Por eso no le voy a contestar a las cuestiones que no tienen que ver con el municipalismo, porque creo que los ayuntamientos merecen, en el día de hoy, que la sesión se la dediquemos a ellos.

No es un acuerdo del PSOE, señora España, es un acuerdo con la FEMP. Discutir que esto no es un acuerdo con la FEMP creo que no ha lugar. Es un acuerdo con la FEMP. Otra cuestión es que la FEMP haya logrado su acuerdo con su sistema reglamentario. Entiendo que no es ilegal lo que ha hecho la FEMP, porque hubiera recurrido. Lo ha hecho con la mayoría de la FEMP, en este caso usando el voto de calidad del presidente; con la mayoría de la FEMP.

Yo le decía anteriormente que intentar trasladar que un acuerdo que se lleva al BOE, de diálogo mantenido con la FEMP, es porque no se ha dialogado, me parece que no responde a la realidad y que, además, es negar la democracia de la FEMP. ¿El acuerdo al que ha llegado la FEMP no es democrático, señoría? ¿No representa a los ayuntamientos españoles? ¿En esa expresión que ha hecho la FEMP no están mayoritariamente representados sus intereses? ¿No se trata de representar a la mayoría general de los ayuntamientos? Ya les dije anteriormente que es imposible, cada uno tiene una casuística. ¿Están ustedes diciendo de verdad que la FEMP no representa a los ayuntamientos si no adopta las mayorías por unanimidad? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿También en este Congreso sería este el supuesto? Si no adopta las mayorías por unanimidad, ¿no sería...? Las mayorías aprobadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados cuando tenía mayoría absoluta, ¿no son legítimas, según ustedes? Lo que no puede hacer cada uno es utilizar el argumento en función del momento, por lo bien o lo mal que le viene. Pero le digo más. ¿Sabe cómo se aprobaron los presupuestos de Madrid en el año 2020? Con el voto de calidad del alcalde. (Aplausos). ¿Es menos democrático? Es que ustedes han dicho que no es democrático. ¿Es menos democrático? ¿No? Entonces, si no es menos democrático para el Ayuntamiento de Madrid, no es menos democrático para la FEMP.

Otra cuestión distinta es que ustedes, como grupos parlamentarios, no quieran respetar un acuerdo con la FEMP. ¡Hombre, claro! Es que el acuerdo viene gestado en semanas de negociación con el interlocutor legítimo de los ayuntamientos, a quienes ustedes, en el paso por este Congreso, no dan legitimidad. Claro, esto es lo que ocurre. Es como si el diálogo social trae un acuerdo a esta Cámara, pactado en el marco del diálogo social y el Gobierno, y se tumba por parte de este Congreso. Pues, evidentemente, no se reconoce esa interlocución del diálogo social, sea ese acuerdo con la mayoría de todos -o sea, con la mayoría de los sindicatos y los empresarios-, o al revés.

Yo también llamo un poco a la consideración de esta cuestión. Insisto, es la primera vez, por unanimidad, señora España. Claro, los demás acuerdos, por unanimidad, pero este acuerdo, que es un acuerdo que asume la complejidad, evidentemente, no tiene por qué contar con unanimidad, y no por ello es menos legítimo. ¿No? Entonces, si hay un acuerdo legítimo con el órgano de representación de los ayuntamientos, avalemos ese acuerdo. Pero yo ni siquiera les pido eso, ni siquiera les estoy pidiendo que lo avalen. Estoy pidiendo que avalen aquella parte que ustedes comparten, que fue fruto también de la Comisión de Reconstrucción, que nadie aquí se ha expresado en contra de la regla de gasto, de actualizar


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la PIE, del superávit, de utilizar los remanentes hasta el límite de la estabilidad. Dejen que eso circule y sea posible, y algo más complejo, que es la utilización de los remanentes que este Gobierno podía haber dicho: pues no se pueden utilizar, y punto; no se puede, como veníamos diciendo antes de traer este decreto-ley. Es que no se puede legalmente. Háganse los cambios normativos que ustedes consideren que se tengan que hacer, pero un decreto-ley no puede traer ese cambio normativo. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer un cambio legal. Hablan ustedes de dos o tres meses para convalidar este decreto-ley, en caso de que se tramite como proyecto de ley, pero es que, una modificación de la Ley orgánica de estabilidad o una modificación de la Constitución, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se va a demorar? Desde luego, mucho más que esos plazos que se han establecido. ¿Pueden esperar los ciudadanos y los ayuntamientos? Entiendo que no. Se lo digo de buena fe. Si hubiera otro cambio legal o un cambio legal hacia adelante, ya estaríamos hablando de otra cuestión y no de los remanentes de los ayuntamientos.

Claro que al Gobierno de España le cuestan estos recursos. Yo nunca vi, señora España, que el Gobierno de España pusiera recursos a disposición de los ayuntamientos españoles. Nunca lo vi. En plena crisis económica, nunca lo vi. Lo que hizo el Partido Popular... (El señor González Terol pronuncia palabras que no se perciben).

Nunca. Dígame usted un caso que pusieran un fondo. Nunca.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Terol, no interactúe con la ministra. Deje que la ministra continúe.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Nunca se creó por un Ejecutivo del Partido Popular un fondo a repartir entre los ayuntamientos. Lo entiendo, lo entiendo, porque es verdad que fuera de esta Comisión hay personas que quieren entender este debate, pero hay algo que parece que es contradictorio. ¿Cómo el Gobierno de España pone un fondo de 5000, si los ayuntamientos tienen disponibles 15000? ¿Acaso es que somos masoquistas, señorías, y piensan ustedes que el Gobierno de España tiene interés en gastar 5000 millones, si fuera posible que se utilizaran los remanentes de los ayuntamientos? Imposible. Por eso hemos ido al límite de nuestras posibilidades, incluso dotando un fondo de 5000 millones para permitir que los ayuntamientos puedan utilizarlo. El siguiente debate es. ¿Quién utiliza el fondo?, que también lo han planteado sus señorías. ¿Quién utiliza el fondo? Como el fondo está previsto para arreglar el problema de los remanentes me decía el señor Bel -y si no le importa, señor Bel, lo comento-: pero luego se les devuelven íntegros los préstamos. Claro, pero cuando se les vayan devolviendo -más allá del año 2021, que está con los 5000 millones, si el decreto-ley se convalida-, el porcentaje que supone esa devolución hace que los ayuntamientos no incurran en déficit, se lo pueden gastar, y al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente. Porque es verdad que se lo pueden gastar hasta el límite que les plantea la estabilidad presupuestaria.

¿Eso se puede cambiar modificando la Constitución y la ley orgánica? Señorías, si eso se hace y se modifican la Constitución y la ley orgánica, entonces lo podrán gastar de otra manera. Pero para entonces habrá pasado el momento -espero que sí- de la pandemia. Este es el atrapamiento que tenemos todos, el Gobierno, pero también sus señorías; esto no es solo del Gobierno. Por eso tenemos que actuar ya, y rápido, y tenemos que hacerlo con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Si hay alguno que está desajustado, evidentemente, si ningún grupo político ve la parte correspondiente al fondo y al préstamo, elimínenlo. Es lo que les digo.

Ahora, ¿se podrán utilizar los remanentes de otra manera? No se me ocurre otra fórmula, y lo que le digo a sus señorías es que estoy abierta a escuchar fórmulas en el marco legal, pero no se nos ocurren, y no es un tema de decir: estudien ustedes más. Hemos estudiado muchísimo, mañana ya estamos en el mes de septiembre y los ayuntamientos tienen prisa por recibir los fondos y poder ejecutarlos.

Por tanto, seguro, señorías, que mejorable es todo, y yo a lo que les invito es a mejorarlo, y a lo que me comprometo es a que eso no va a estar operativo hasta que sus señorías no lo convaliden si quieren, y si no lo convalidan, no será operativo, porque decaerá. Me parece una propuesta y una oferta bastante razonable, pensando en el único interés de los ayuntamientos, que son los que, en este momento, yo creo que a todos nos interesan. Por eso digo que se han planteado muchas inexactitudes, y a algunas -muy levemente, presidente, para no prolongar innecesariamente la jornada- voy a intentar darles respuesta.

Señora España, creo que le he contestado a algunas de las cuestiones que usted ha planteado, pero no me ha dejado claro algo. Parece, por su expresión, que ustedes lo que están pidiéndole al Gobierno es que promueva la reforma del 135. ¿Eso es lo que piden? Ahora me contesta. Es que creo que es lo que me ha pedido. Tengo que decirle que me ha sorprendido que el Partido Popular pida la


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reforma del 135 o la modificación de la ley orgánica. Me ha sorprendido. Si el Partido Popular está pidiendo la derogación del 135 o la modificación de la ley orgánica, que lo diga, porque creo que todos tenemos que saber qué es lo que cada uno está planteando. El resto de los grupos creo que han planteado esto. El resto de los grupos políticos -creo que no me dejo a nadie fuera-, todos, incluido Ciudadanos (denegaciones) -no, Ciudadanos no; excepto Ciudadanos y el Partido Popular, que ahora me lo aclarará-, lo que han planteado ha sido una modificación del... (El señor Pisarello Prados: No; una modificación, no). ¿Tampoco el señor Pisarello? Entonces debemos hablar... (Rumores). Bueno, una modificación del marco legal, ley orgánica y constitucional, que permita la... (El señor Pisarello Prados: No, no). Bueno, pues lo aclara usted ahora, señor Pisarello. Una modificación del marco legal que permita la utilización de los remanentes; eso es lo que lo que yo he entendido de lo que ha dicho cada uno de los portavoces. Ahora, si no es así, por favor, que se nos aclare, pero es lo que he entendido, incluso del Partido Popular. He escuchado a la señora España -ahí está el Diario de Sesiones- decir que se cambie la Constitución. (La señora España Reina hace gestos negativos). Sí, señora España; ahí está el Diario de Sesiones. (La señora España Reina hace gestos negativos). Bueno, usted me hace así con la mano, un poco despectiva, pero es que está el Diario de Sesiones, y creo que usted lo ha dicho. Si no lo ha dicho, no importa, hay un segundo turno. Entonces, exactamente, ¿qué proponen para los remanentes? Ustedes, exactamente, ¿qué proponen? ¿Utilizarlos libremente? Como bien le he dicho, el decreto-ley lo habilita hasta el límite que marca la Constitución y, por tanto, lo pueden utilizar en ese porcentaje y en esa cuantía.

Señorías, por supuesto, si el decreto prospera, ustedes están en su derecho de poner un recurso de inconstitucionalidad. No entiendo por qué el recurso de inconstitucionalidad, se lo tengo que decir. No sé qué artículo vulnera. Dicen ustedes: vulnera la autonomía municipal. Creo que es lo que han dicho ustedes, que vulnera la autonomía municipal, y creo que ese argumento se utiliza en relación con el tipo de actividades que se puede potenciar. No, no vulnera la autonomía constitucional. Yo no les digo a los ayuntamientos que actúen fuera de sus competencias, porque estas son todas competencias municipales. No se les está diciendo en ningún caso que actúen fuera de sus competencias. Evidentemente, cuando el fondo lo pone el Gobierno de España o cualquier otra Administración y no es un fondo que forme parte de su sistema de financiación, es un fondo que se puede dirigir para esto o para cualquier otra cuestión que cualquier comunidad autónoma pone a disposición de los ayuntamientos. Eso ocurre todos los días, señorías. Todos los días las comunidades autónomas ponen fondos a disposición de los ayuntamientos con carácter finalista, y no creo que eso sea inconstitucional. Lo ha hecho la Junta de Andalucía hace poco y lo hacen todas las Administraciones. Como ustedes parece que fundamentan el recurso de inconstitucionalidad en relación con las actividades, les recuerdo: no forman parte de la financiación municipal y, además, son fondos que el Gobierno de España pone a disposición y pueden ser finalistas, no finalistas, hacia unas actividades o hacia otras actividades, y todas son competencia de los ayuntamientos. Por tanto, no hay ninguna que se salga de su marco normativo.

Utiliza usted algunas veces algunos adjetivos, algunas frases que, señora España, a ninguno nos sorprenden, porque no las emplea usted particularmente, sino que las utilizan la mayoría de los portavoces de su grupo. Por ejemplo, meter la mano en la caja. El Partido Popular habla de meter la mano en la caja. Que un partido de Gobierno, que es un partido comprometido -que yo sepa- con las normas, con las leyes, que no es un partido de desobediencia civil -que yo sepa- hacia las normas o la Constitución, hable de meter la mano en la caja, cuando lo que se plantea es un mecanismo voluntario para que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente durante los próximos años, solo descalifica el resto de los argumentos. Se lo digo sinceramente, señora España, porque yo no he descalificado ninguna posición suya ni del Partido Popular. (Rumores). No, no he hecho ninguna descalificación. Yo no hablo de que ustedes hayan robado, ni de que ustedes hayan hurtado, ni de que ustedes hayan confiscado, ni de que hayan metido la mano en la caja ni lo voy a hacer, porque me parece que va un paso más allá de la cortesía que todos nos debemos en términos parlamentarios.

En relación con el señor González, voy a contestarle simplemente que las preguntas que usted trae a esta Comisión no corresponden a la comparecencia de hoy, ni siquiera se refieren a competencias de mi ministerio. Si usted quiere saber cuántas veces se ha reunido la CNAL, probablemente en Política Territorial le puedan dar esa información, pero yo no soy la coordinadora de esa cuestión. Si lo que quiere usted es hablar de la previsión de déficit, de la previsión de deuda, vamos otro día a otra comisión y hablamos de eso, pero hoy merece la pena que hablemos de los ayuntamientos, porque los alcaldes y alcaldesas se lo merecen.


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Creo que usted ha tergiversado alguna cuestión. Quien dijo que era mejor que el dinero estuviera en el bolsillo de los ciudadanos fueron ustedes, no yo. Fueron ustedes. Hoy me lo dice usted a mí como un reproche, y yo no he dicho eso, yo lo combatí. Eso lo dijeron ustedes. Su portavoz dijo que el dinero donde mejor estaba era en el bolsillo de los ciudadanos. Parece paradójico que hoy usted lo ponga en mi boca.

El Gobierno de España, señoría, no se quiere quedar con los remanentes. Usted no se ha leído el decreto-ley. Si usted está diciendo que el Gobierno de España -lo ha dicho usted, está ahí el Diario de Sesiones- quiere quedarse con los remanentes para gastarlos en gasto superfluo, usted no se ha leído el decreto-ley, porque el Gobierno de España no se queda con los remanentes, se los devuelve a los ayuntamientos. Por tanto, no se los puede gastar ni en gastos superfluos ni en no superfluos; no se los puede gastar. Es más, le cuesta 5000 millones de euros que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes en los próximos años.

Señor Pisarello, yo no lo entiendo, se lo tengo que decir. Nosotros hemos llevado este decreto-ley al máximo de flexibilización que permite la norma. Evidentemente, un decreto-ley no es el vehículo para cambiar la Constitución ni la ley orgánica. Claro, hay otra posibilidad, que es no hacer nada, que es a lo que nos tenía acostumbrados el Partido Popular. No se hace nada. Si no se hace nada, es como el que no friega, que no rompe un plato. Eso es lo mismo: el que no hace nada no es objeto de críticas ni de no críticas, porque no hace nada. Dice: Ahí está el marco constitucional que lo limita todo; por tanto, ¿qué me dicen ustedes a mí? No; este Gobierno, al que ustedes apoyan, se ha puesto manos a la obra. Ha recogido todas las aspiraciones que la FEMP, con los ayuntamientos detrás, tenía y ha recogido todos los parámetros fiscales. Me estoy refiriendo a parámetros fiscales. Es más, se incorpora dentro del acuerdo, que no es objeto de este decreto-ley, que hay que reformar la financiación local. Eso se contempla dentro del acuerdo con la FEMP. Hay cuestiones de otro tipo, como que se va a participar en los fondos europeos, hay otras ventajas en el acuerdo con la FEMP que no están aquí ahora, porque no han sido objeto del decreto-ley, pero es un decreto mucho más amplio. Sin duda, creo hay una pulsión global -en el Gobierno, seguro; en esta Cámara, creo que también- sobre la necesidad de actualizar el marco de los ayuntamientos, pero no solo el marco financiero, sino también el competencial, señor Pisarello. Yo creo que hay que actualizar el marco competencial. Es más, creo que la financiación local hay que abordarla en un marco de actualización de las competencias municipales, porque creo que son necesarias, porque creo que son eficientes, porque no tiene sentido que la Administración más cercana a los ciudadanos no tenga competencias que sí tienen otras administraciones -Gobierno de España o comunidades autónomas- en la parte de ayudas, de capacidad de resolver las necesidades de los ciudadanos que los ayuntamientos conocen mucho mejor. Por tanto, ¿el debate de la municipalidad se acaba aquí? No, no ha hecho más que empezar. ¿Que ha empezado con unas propuestas que permiten avanzar en muchos frentes? De acuerdo, pero tenemos que hablar de la financiación local y también de la Ley de racionalización de las entidades locales, y probablemente en este Congreso, ahora sí, haya una mayoría que nos permita revertir algunos de los elementos que ahí se plantearon, y el acuerdo con la FEMP tiene el compromiso del Gobierno de abordar esos debates. Lo digo porque no figuran, pero son igualmente importantes en ese acuerdo que algunos denostan de una manera tan clara. Y vuelvo a agradecer el trabajo de la FEMP y de su presidente, el señor Caballero, porque créanme que no es un trabajo fácil dar capacidad de representación a ayuntamientos que están cada uno en una situación distinta, porque no se parece en nada uno al que tiene al lado.

Por tanto, ¿hay cuestiones que pueden entrar inmediatamente en vigor y son buenas, señor Pisarello? Sí. ¿Podemos convalidar el decreto-ley, tramitarlo como proyecto de ley y eliminar aquello que a este Congreso mayoritariamente no le gusta? Sí. ¿Qué problema hay? Ninguno. Otros están en otra cosa, en desgastar, en denostar, en nunca dar respuesta para luego reprocharte que no la das. No voy a hablar de lo del IVA una vez más, es que no voy a hablar. No lo provocó este Gobierno, este Gobierno intentó solucionarlo. No se le puede reprochar, cuando intenta solucionar problemas, que los intente solucionar. Otra cosa es que se comparta o no se comparta la solución, pero no se le puede reprochar eso. Entonces, ¿a qué le invito? A que hagamos todo eso que usted planteaba, insisto, que tiene que ver solo con los fondos y los remanentes, porque no le he escuchado que esté en contra del resto. Hagámoslo. Si ustedes consideran que hay que tramitar otros cambios normativos, si este Congreso considera que hay que tramitar otros cambios normativos, háganse en los tiempos de los cambios normativos, desde luego, no en un decreto-ley, porque no se puede. Permitir que los ayuntamientos en el año 2020 no tengan ningún instrumento sería una mala opción. Creo que la buena opción es coger lo que es de consenso y dejar aparcado para su modificación aquello que no lo es.


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Señor Margall: vergonzoso, no. Usted no puede decir que este acuerdo es vergonzoso. ¿A usted qué le hubiera parecido mejor? ¿No hacer nada? ¿A usted no le hubiera parecido vergonzoso que el Gobierno de España no hiciera nada? No. De las diez, doce o catorce medidas importantes que se plantean, ustedes no comparten dos: el fondo y los remanentes. ¿El fondo de transporte lo comparten? ¿Les parece bien? ¿Les parece correcto? ¿No se pronuncian porque lo comparten? Entiendo que sí. Si ustedes quieren modificar las condiciones de reparto de los 5000 millones por otro criterio que no sea el de los remanentes, intentemos hacer un ejercicio de consenso y hagámoslo. No se había hecho extensivo al resto de los ayuntamientos porque de lo que se trataba en la pregunta era de dejar que los ayuntamientos utilizaran sus remanentes, no de poner un fondo a disposición de los ayuntamientos por 5000 millones. Esa no era la cuestión. Es más, ¿por qué no? Porque los ayuntamientos, en sus ingresos, se han visto repercutidos menos que las comunidades autónomas, y no se trata de que se peleen las Administraciones entre ellas -cuando se dice esto, los ayuntamientos se molestan; cuando son los ayuntamientos, se molestan las comunidades-, no, se trata de ser realista, y las comunidades autónomas, en sus tributos propios, tenían una caída de ingresos, y los ayuntamientos, en sus tributos propios, en la parte que ellos recaudan -puesto que la PIE propongo actualizarla al 1,6, o sea, que les suba la financiación respecto al año anterior-, son más estables, se resienten menos. ¿Excepto cuál? Las tasas de transporte. Por eso el fondo de transporte no es un capricho ni una casualidad. Por eso, de urgencia, por un decreto-ley no podemos modificar el marco normativo. Yo le pido, señor Margall, en nombre de los ayuntamientos, que por lo menos avancemos en aquello en lo que tenemos consenso. Si a su señoría no le parece, elimínenlo, pero dejemos que los ayuntamientos puedan tener actualización de su financiación y puedan seguir trabajando con unas reglas fiscales que están en el objeto de la cláusula de escape.

Señor Pisarello, justamente, la cláusula de escape no escapa de la Constitución. Este es el problema. Por tanto, el Gobierno de España no puede impulsar una norma que sea ilegal. El informe jurídico de este decreto-ley es favorable; las consultas hechas a la Abogacía del Estado respecto al margen que nos permitía la Constitución son contundentes: no pueden entrar en déficit. Yo no soy constitucionalista; tampoco, si lo fuera, mi función dentro del Gobierno sería ser gabinete jurídico. ¿Entiende lo que le digo? Yo pregunto a aquellos que me tienen que avalar en la parte jurídica, y la interpretación que dan al 135 no tiene ninguna duda, porque pone: entidades locales. Lo he leído, igual que ustedes, señorías, varias veces, porque antes de este debate no parecía tan claro, no todo el mundo se había leído lo de las entidades locales. Yo me puedo fiar de su criterio constitucionalista, señor Pisarello, pero ese no es el criterio con el que el Gobierno avala sus normas. Por tanto, si el gabinete jurídico entiende que incurren en déficit, la única interpretación posible es esa. Créame cuando le digo que, aunque me gustaría, no puedo llegar a otra conclusión que sea diferente.

En relación con el resto de los grupos, el señor Rego habla de incautación. No está. Bueno, entonces, señor Baldoví. Creo que le he contestado con los argumentos que he dado anteriormente respecto al 135 y a la Ley de estabilidad. Lo que intento con este decreto-ley, con los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance, es posibilitar un marco lo más favorable posible para las entidades locales. Me podría haber quedado sin utilizar los remanentes ni el fondo, lo podía haber hecho perfectamente en la parte que yo les digo que dejen que se convalide, pero creo que es obligación de este Gobierno ponerles a sus señorías opciones en las que puedan encontrar una fórmula que sea, sin ser la óptima, la que mejor se compadece con sus propios principios. Por eso no se puede hablar de incautación cuando es voluntario. (El señor Baldoví Roda hace gestos negativos). Bueno, usted no ha hablado, pero lo ha escuchado. Hablar de confiscación... ¡Hombre! Me parece que ese argumento se descalifica por sí solo.

¿Unidad? ¿Diálogo? Claro; yo he acordado con la FEMP, señor Baldoví. Usted dirá que la FEMP ha llegado a un acuerdo muy exiguo en su votación, pero para mí tiene la misma validez, señor Baldoví; no puede ser de otra manera, para mí, tiene la misma. No le puede usted reprochar eso al Gobierno. Podrá usted decir que no es un acuerdo suficiente, pero no podrá usted reprocharle al Gobierno que no haya dialogado, porque hemos dialogado con el representante legítimo de los ayuntamientos, hemos llegado a un acuerdo y lo hemos firmado, señor Baldoví. Ustedes no lo comparten y este Congreso es el que tiene que ratificar las normas. Son soberanos para decir "no lo compartimos", pero no digan que no hemos dialogado, porque los órganos de representación -el Consejo de Política Fiscal, la FEMP- se quedan sin contenido si al final lo que se acuerda con ellos no vale y hay que discutir con cada uno de los grupos políticos presentes en esta Cámara. No digo que sea bueno ni malo, digo que ellos también tienen que tener un papel y que, institucionalmente, yo tengo que reforzar su entidad al representante de los ayuntamientos. No pueden ustedes pasar por alto ese acuerdo y esa mayoría, como si no ocurriera nada,


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porque dicen ustedes que es del PSOE; es la que los ayuntamientos democráticamente elegidos por los ciudadanos representan, y negarla es negar la propia democracia de la FEMP. Otra cosa es que ustedes no lo compartan y aquí lo tumben. Están en su derecho, tienen esa potestad, pero no digan que no hay diálogo, no digan que no se ha acordado tras largas reuniones y, sobre todo, digan qué alternativas hay. En el marco actual, ¿hay alternativas para la utilización de los remanentes? Nadie las ha puesto en la mesa. Nadie tiene la alternativa respetando el marco constitucional. Ahora, cambiando todo, cambiando el marco constitucional, claro, así hay 20000 alternativas, pero ese es otro camino, no el del decreto-ley, que es lo que quiero trasladar a sus señorías.

La unanimidad no se requiere, señora Martínez. No se puede exigir a un órgano que para que sus conclusiones sean válidas sean unánimes y a otros no, para otros sus mayorías nos valen. No; las mayorías y los reglamentos marcan cuándo un órgano tiene capacidad de llegar a acuerdos, y cuando la FEMP vota este acuerdo, tiene capacidad de firmarlo porque tiene la mayoría de la representación municipal. Esto tengo que defenderlo porque soy una demócrata, como creo que lo serán todos ustedes, y porque creo en las instituciones, y escuchar determinados comentarios me da -¿cómo diría?- un poco de miedo en cuanto a cómo valora cada uno que el otro es legítimo. ¿El otro es legítimo si son cuatro votos más tres, más dos, si solo vota uno, si solo votan cuatro? Señorías, es legítimo aquello que representa a la mayoría. El acuerdo de la FEMP representa a la mayoría y, por tanto, es legítimo, otra cosa es que haya que modificarlo porque este Congreso de los Diputados entienda que no.

Señora Sagastizabal, la tutela financiera de los ayuntamientos la tienen la mayoría de las comunidades autónomas. No es un hecho singular del concierto; la tienen, y lo saben los diputados presentes en la sala. La tutela financiera no significa que el Gobierno de España no haga un seguimiento de los ayuntamientos ni tenga una competencia en los ayuntamientos. Tiene una serie de cuestiones relativas a la aprobación de los PES e incluso las operaciones de deuda las tiene que aprobar el Gobierno de España. Entonces, esto no va contra la tutela financiera, ni mucho menos. La tutela financiera se sigue ejerciendo por parte de casi todas las comunidades autónomas que tienen tutela financiera de las entidades locales. En el caso de ellas, son las comunidades autónomas; en su caso, no tienen que ser las comunidades autónomas, pueden ser las diputaciones forales, pero da igual, esa tutela también se ejerce. Este decreto-ley le puedo asegurar, señora Sagastizabal, que para nada va contra el concierto, para nada. Permite a los ayuntamientos llegar hasta ese máximo que hemos comentado en las demás intervenciones con el resto de los grupos. Por tanto, si no se convalida, el proyecto de ley decae, pero no porque el Gobierno de España quiera que decaiga, sino porque no podemos hacer otra cosa. Yo no tengo otra respuesta a los remanentes. Para tenerla, hay que modificar las leyes. Por tanto, no pueden ir en un decreto-ley para el año 2020, siento decírselo a su señoría, y eso significa que si esperáramos a esos cambios normativos, dejaríamos sin capacidad de actuación a los ayuntamientos. Respetuoso, por tanto, con el régimen foral, como no podía ser de otra manera, más allá, señoría, de que no tengo ningún inconveniente en que en el trámite se plantee el respeto absoluto a todos los elementos singulares forales. No tengo ningún problema -se lo digo también-, si en algún momento hay algo que pueda causar algún desajuste, en que se ponga por escrito en el decreto-ley el respeto absoluto a la situación singular del País Vasco, como no puede ser de otra manera. Insisto, no hemos hablado con los grupos políticos porque hemos hablado con la FEMP, que es la representante de los ayuntamientos. Ahora es el momento de hablar con los grupos políticos. Cada uno tiene su lugar.

Señora Aizpurua, yo creo que le he respondido a todas las cuestiones que usted ha planteado. Creo que este decreto-ley, lejos de no ser coherente con los acuerdos de gobierno que se han ido produciendo, es totalmente coherente. ¿Es posible relajar la regla de gasto? Aquí está. ¿Es posible que los ayuntamientos utilicen parte de su remanente hasta que llegan al límite constitucional? Aquí está. ¿Es posible que las inversiones financieramente sostenibles incorporen más elementos y se puedan ejecutar las del año 2018, como nos pedían? Aquí está. ¿Es posible poner un fondo de 400 millones para paliar la falta de viajeros en el transporte urbano? Aquí está. ¿Es posible arreglar el tema de los remanentes sin modificar la Constitución o la ley orgánica? No. Aquí hay una propuesta de poder utilizarlo de una manera indirecta. ¿No les gusta? Insisto: modifíquenla. Si quieren que haya otros participantes de esos 5000 millones, promuévanlo en el trámite parlamentario. Les tengo que decir que las conversaciones con la FEMP fueron muchas. Este Gobierno en algún momento propuso que los remanentes se compartieran con los ayuntamientos que no los tenían. La FEMP dijo que no, que eso no lo aceptaban los ayuntamientos con remanentes. Como digo, ha habido mucha charla y mucha conversación para poder llegar hasta aquí. Si no se convalidan, todas esas medidas no las podremos llevar a cabo. No es un problema de chantaje.


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Alguien ha hablado de chantaje. Señores, es un tema de asumir la realidad, y la realidad es que, si no se convalida, nosotros no podemos, por decreto-ley, tramitar una modificación de la Constitución -quiero ser francamente clara- ni de la Ley orgánica de estabilidad. No podemos. Por tanto, si ustedes creen que se tienen que tramitar, tramítense, pero eso tardará, y los ayuntamientos estarán sin capacidad de respuesta durante el año 2020. Creo que he respondido prácticamente a todos los demás grupos con lo que he comentado.

Señor Monzón, creo que le he contestado a las cuestiones. Usted hablaba de libertad para que los ayuntamientos lo gasten como quieran. Lo que hace falta es promover una norma que les dé libertad para gastarlo como quieran. No es posible en el marco constitucional, señor Monzón. Se lo insisto. Si a mí esto me cuesta 5000 millones y hubiera tenido una opción de utilizar los remanentes en el marco constitucional, ¿cree que hubiera puesto los 5000 millones? Hombre, parece absurdo. Si eso fuera posible, para mí sería más barato y cómodo decir: utilicen ustedes sus remanentes. Como no es posible, se ha puesto en marcha este instrumento para que se pueda hacer.

Creo, señor presidente, que he contestado a las cuestiones más importantes, insisto, intentando ir al meollo de la cuestión, olvidándome de las descalificaciones que han hecho todos y cada uno de ustedes, como si todos los partidos políticos hubieran apostado por el municipalismo desde siempre y como si esta fuera una cosa nueva, que viene con este Ejecutivo.

Creo, señorías del Partido Popular, que gobernar y estar en la oposición tiene que ser coherente, y si realmente ustedes tienen propuestas de este tipo, el Gobierno tiene que conocerlas, porque puede que sea interesante estudiarlas. Por tanto, si ustedes quieren modificar la Constitución, yo quiero saberlo, a ver si es posible encontrar un marco de acuerdo. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

A continuación, se abre un segundo turno de intervenciones, teniendo cada interviniente cinco minutos y no más.

Comenzará el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.

La verdad, señora ministra, que cuando intervine la otra vez se reía usted mucho cuando terminé; no se ría tanto, porque los españoles no se ríen, porque lo están pasando bastante mal.

No ha escuchado nada de lo que le ha dicho esta Comisión, que le ha pedido diálogo y consenso. Se ha quedado usted absolutamente sola, porque va contracorriente. Actúe. Es ministra, señora Montero, es ministra, y decir que es lo mejor que ha encontrado, me parece un auténtico desastre. Retire este real decreto-ley, negocie con las formaciones políticas y dé solución a las corporaciones locales. No hay tiempo, señora ministra. Como dice Fernando Simón, las cosas no van bien. Entre parados, ERTE y autónomos en cese de actividad, hay más de 6 millones de españoles que eran nuestra clase media trabajadora y que ahora están en una situación precaria, dependiendo de un subsidio que tampoco llega a tiempo por el colapso administrativo.

No nos sirve la tramitación como proyecto de ley, usted lo sabe mejor que nadie. No nos sirve, porque llegará tarde, cuando ya los ayuntamientos estén mal y estén en quiebra. Se flexibilizó la Ley de estabilidad en el año 2015 por el Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué no se plantea su departamento, su ministerio, ampliar el listado de actuaciones en el año 2020 y en el 2021? Por ejemplo, que se les puedan dar ayudas a los autónomos, a las empresas, al comercio, a la hostelería, a las familias que estén en ERTE y que lo estén pasando mal. ¿Por qué no modifica la regla de gasto, no solo para este, sino también para el año 2021? Se lo ha recomendado la AIReF, ha sido aprobado por todo el arco parlamentario menos por el Partido Socialista. La pandemia es motivo más que suficiente. La Unión Europea está flexibilizando los objetivos de déficit y de deuda. Traslade esa flexibilidad a las corporaciones locales puntualmente para el año 2020 y para el año 2021. Mire usted, en una semana Zapatero modificó el artículo 35 de la Constitución. La pandemia llegó en marzo, estamos en agosto y llevan ya dos años en el Gobierno. Si ustedes no le dan una solución, al final es que quieren apropiarse de los 15000 millones de euros.

En cuanto al señor Abel Caballero, claro que es legítimo el apoyo, pero también le voy a decir una cosa: él les dijo a los presidentes de las diputaciones -entró telemáticamente- que no iba a permitir que el Gobierno se quedara con los remanentes de las corporaciones locales -pregunte a los presidentes de las diputaciones-, y eso no es decir la verdad.


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Por tanto, ¿legal? Sí. ¿Moral? No. Ningún grupo del Congreso está de acuerdo. Solo el Partido Socialista y el Partido Socialista en la FEMP. Por lo tanto, algo estará pasando. Yo sé que lo de los padres quitando de la hucha de los hijos le ha dolido, y es duro, pero es el ejemplo más claro de lo que ustedes están haciendo. Cuando no tienen argumentos, cuando ha dicho lo de los coches eléctricos... Mire, bienvenidos los coches eléctricos si, además, se les pueden dar ayudas a las pymes, a las empresas, a los comerciantes y a las familias. Desde luego, no digan que nosotros no tenemos interés en ayudar a los ayuntamientos. Mírese usted, hágaselo mirar. Ningún grupo político está aceptando su real decreto. No haga demagogia. Usted es ministra del Reino de España. Es ministra del Reino de España. No se escude en la Constitución, porque la Constitución española no habla del 35 %, la Constitución española no habla de un fondo de 5000 millones de euros, de un fondo de 7000 millones de euros este año, y en el año 2021 de otros 7000 millones de euros. ¿A que eso no lo hace? Claro, usted se escuda en la pandemia. Le voy a decir una cosa. La caída del PIB en este semestre del 22,3 %, es el doble de lo que está cayendo el PIB en Alemania. Entonces, la pandemia es mundial, pero aquí, en España, los datos económicos son nefastos. El paro, 244000 empleos destruidos en enero antes de la pandemia. Hombre, señora ministra. Señora ministra.

Más cosas que me ha dicho usted, a las que también le tengo que contestar. Yo no he visto en el decreto, en ningún momento, que los ayuntamientos puedan participar en los fondos europeos. Es fundamental que los ayuntamientos puedan hacerlo. Claro, ese es el problema, que sí está en el acuerdo de la FEMP, pero no lo ha incluido usted en el decreto. Me parece que eso es traicionar incluso a sus compañeros de partido de la propia FEMP. Los ayuntamientos no son cajeros automáticos, y no diga que lo peor ya ha pasado, porque los ciudadanos siguen sufriendo y las colas del hambre están, desgraciadamente, a las puertas del ayuntamiento y no a las puertas del misterio. ¿No cree usted que es un poco curioso que den 16000 millones de euros a las comunidades autónomas, y quiten 15000 millones de euros a los ayuntamientos? ¿Por qué no dan un fondo a los ayuntamientos, que es lo que pide por unanimidad la FEMP? Un fondo incondicionado, independientemente de los remanentes. Señora ministra, ya nos mintieron desde el Gobierno con el tema de los expertos, los fallecidos, los test, las mascarillas, ahora con los rebrotes. Yo le pido por favor que no nos mientan con el tema de los remanentes. Los vecinos necesitan ahora sus ahorros.

Le voy a decir una cosa, la carta del alcalde. Si usted cree que el alcalde está a favor es que no ha leído bien las cartas. No me diga que el Partido Popular no ha hecho nada, que es el partido...

El señor PRESIDENTE: Señora España, tiene que ir acabando, por favor.

La señora ESPAÑA REINA: Sí. Termino.

El partido del país que cuando gobernó más creció en la Unión Europea y que más empleo creó.

Termino ya. Vaya papelón le ha tocado a la portavoz del Grupo Socialista. ¿Sabe lo que lamento? La hipocresía de muchos alcaldes socialistas que no están de acuerdo con este decreto y que están traicionando a sus vecinos. Así que rectifique, señora ministra. Rectifique, retire el real decreto, dialogue con los grupos políticos y escuche a los alcaldes. Nosotros le decimos que sí al diálogo, que sí al consenso y que sí a los remanentes. Pero, desde luego, también le decimos que no al chantaje, que no a la obligatoriedad y que no a este real decreto, como usted lo ha traído.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.

Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor González Coello.

El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias. Voy a intentar ser breve.

Le he preguntado sobre el CORA, y le agradezco que, a la tercera visita que nos hace, me haya respondido. Ingresos y gastos. Para nosotros es importante. Usted dice que sí está de acuerdo con una racionalidad en el gasto. Me gustaría saber, en este año de Gobierno, dónde ha habido racionalidad, cuánto y cuándo, porque, que yo sepa, es cero. Yo le voy a dar ahora la respuesta del CORA, tengo el último informe. No ha habido ninguna reunión en el año 2019 y, que yo sepa, tampoco en el año 2020. Creo que es el momento de hacer racionalidad, como usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que no lo hacen.

Credibilidad y confianza. Según el indicador del sentimiento económico de la eurozona, elaborado por la Comisión Europea, España es el único país donde la confianza en la recuperación económica cae.


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El único. El único del entorno de la eurozona. No solo no mejora, sino que ha empeorado en este último informe. Hay que eliminar, señora ministra, el pesimismo al que ustedes nos llevan. Se lo dije en marzo y se lo repito ahora. Existen, y por eso me sorprende que diga que no han encontrado otras alternativas. Pues lo siento, porque seguramente han trabajado muchísimo, pero mal. Nosotros le hemos propuesto en esta Comisión más de 30 PNL, entre las cuales hay una -si no recuerdo mal- que tiene dieciséis hojas hablando de este asunto. Si no se la ha leído, yo estaré encantado de mandársela con ese listado de organismos que deberían ser racionalizados, si lo quiere recibir.

España no tiene por qué tener una tasa de paro tercermundista. Este no es nuestro destino. Sus políticas económicas nos han llevado a la peor situación que tenemos en nuestro entorno. Sus anuncios fiscales no están teniendo ningún efecto... (La señora ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, habla con un miembro de la Mesa). Perdón. Me gustaría que terminaran de hablar; es que me dirijo a la señora ministra y me gustaría que me escuchara. Gracias.

Tenemos unas políticas económicas y una política fiscal absolutamente nefasta, y los resultados son objetivos, no son subjetivos, es un despilfarro enorme. Hay diecisiete burocracias distintas poniendo en cuestión la viabilidad -y así lo digo- de la Administración. Hagan caso a los consejos de Neumark en su famoso libro Principios para una política fiscal justa y económicamente racional. Alemania e Italia, por poner un ejemplo, triplican las ayudas fiscales que tenemos los españoles para relanzar la economía. Su Gobierno tiene varios récords de despilfarro. Uno de ellos con su millar largo de asesores, lo que supondrá un coste inédito en nuestra democracia este año de más de 50 millones de euros, cifra inédita en los presupuestos en la historia de la democracia. Hay miles de millones de ahorro al alcance de una buena gestión. Escuche los informes de la AIReF u otros. Dejen de gastar en ustedes y gasten más en España y en los españoles. Sin estímulos fiscales sencillos y directos no saldremos adelante, sin apoyar a las familias y la natalidad no saldremos adelante, sin simplificar nuestra burocracia y administración no saldremos adelante, sin eliminar el gasto político -se lo vuelvo a repetir- disparado de su Ejecutivo no saldremos adelante, y mucho me temo que mientras sigan ustedes gobernando no saldremos adelante.

Permítame, señora ministra, que le pregunte lo que crea oportuno y no lo que usted crea que le debo preguntar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Pisarello.

El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias.

Ministra, voy a intentar ser lo más claro posible, por si no se me ha entendido. Creo que si en el mes de mayo o junio, cuando se anunció un fondo incondicional para las comunidades autónomas de 16000 millones de euros, se hubiera anunciado un fondo equivalente para los ayuntamientos, hoy no tendríamos este debate. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que meses después nos damos cuenta de que la caída del PIB en el último trimestre ha sido mucho más grave de lo que nosotros nos esperábamos, y entonces lo que era necesario en su momento hoy es urgente e impostergable. Por lo tanto, flexibilizar la regla de gasto, ampliar el marco de las inversiones financieramente sostenibles está bien, pero, ministra, ha quedado totalmente desbordado por la realidad que tenemos ahora.

Frente a eso, lo que yo le planteo es que tenemos dos opciones. Una sería, por ejemplo, permitir que los ayuntamientos hagan déficit; en Alemania lo pueden hacer de manera controlada. Pero si esa opción no se quiere -y no voy a entrar en el debate jurídico, yo creo que se podría hacer sin reformar la Constitución-, no lo hagamos. El Gobierno se está financiando en condiciones muy favorables en los mercados internacionales con el apoyo del Banco Central Europeo, y se le han habilitado 140000 millones de dólares por parte de la Unión Europea para que pueda invertirlos, precisamente, en esta emergencia. Podemos utilizar ese dinero.

Se está haciendo una crítica -no está ahora el representante de Esquerra Republicana- que no comparto. Este no es un problema de que sea una propuesta austericida, como se ha dicho aquí de manera totalmente exagerada, lo que sí creo es que es insuficiente en el contexto de agravamiento de la crisis que tenemos, y que utiliza una fórmula que -hay que decirlo con toda claridad- no tiene el apoyo suficiente, ministra, porque, aunque yo le dijera que nosotros comprometemos el apoyo, el apoyo no estaría.


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Está bien, esto se ha pactado con la FEMP, de acuerdo, pero hoy ha salido una nota de la alcaldesa y del alcalde de las principales ciudades progresistas de España, que son la segunda y la tercera en población, diciendo esto mismo: desconectemos los 5000 millones de euros de los préstamos. Eso se puede hacer a través de un real decreto-ley. Se puede hacer en este real decreto-ley o se puede hacer en otro, pero se puede hacer a través de un real decreto-ley, porque la urgencia que existe es esta. Creo que la propuesta es esa. Lo de la flexibilización de la regla de gasto, lo de la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles está bien, pero la caída de ingresos va a ser tal que no va a ser suficiente.

Vamos a reconocer ese fondo a los ayuntamientos, no como un gasto del Gobierno, ministra, sino como algo que los ayuntamientos se merecen, igual que se lo merecían las comunidades autónomas, porque la suficiencia financiera es un principio constitucional, no forma parte de la discrecionalidad del Gobierno. Por tanto, desconectemos esos fondos de la filosofía de los préstamos. Creo que esa es la medida fundamental para que se abra la posibilidad de generar un nuevo consenso. Ojalá lo podamos hacer en este real decreto-ley. Si no lo pudiéramos hacer, la urgencia va a seguir estando sobre la mesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pisarello.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.

Nosotros reconocemos que hay aspectos positivos, claro que lo reconocemos. Cuando se dotó a las comunidades autónomas de esos 16000 millones y había unos fondos para el transporte, ya dijimos que, por ejemplo, el transporte metropolitano de Valencia necesitaba esos ingresos, y entendemos que los necesitan.

Pero aquí hay un problema, y es que los números no salen. Se puede hacer de esta manera o se puede hacer de cualquier otra, lo ha apuntado el señor Pisarello ahora mismo. Es decir, ¿se podía dotar de 16000 millones a las comunidades autónomas? Pues dotemos de 14000 a los ayuntamientos. Igual. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede hacer? Eso se puede hacer, ¿verdad que sí? Pues lo hacemos. Esos 5000 millones, ¿se pueden desvincular de los ayuntamientos que entren o no entren? Se pueden desvincular. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hablar. Estamos dispuestos a consensuar, estamos dispuestos -y lo ha expresado el mismo alcalde de Valencia en un artículo que firmaba hoy- a llegar a un punto en común. Pero le pedimos flexibilidad. No nos empeñemos en que esto salga de una determinada manera. Seguro que hay otras, y a usted le reconozco su capacidad. Seguro que de aquí a la semana que viene, o de aquí a quince días, encuentra la fórmula idónea para que, si no todos, una gran mayoría de los que ahora no estaríamos dispuestos a aprobar este decreto pudiéramos respaldarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.

Señora ministra, gracias por su respuesta. Es verdad que hoy en el debate nos hemos ido sumando todos a la misma idea, y la misma idea es que los ayuntamientos necesitan ayuda -eso queda claro-, y la necesitan ya. Si tenemos que partir de esa base, y de que, además, es muy urgente, un real decreto podría ser una solución. Pero no vale vincular esa creación del fondo a la entrega del superávit de los ayuntamientos, tienen que desvincularlo. Creen un fondo para que todos los ayuntamientos, hayan tenido o no superávit, puedan recibir esa ayuda, porque lo necesitan. Usted ha puesto de ejemplo a Madrid, que recibiría un gran dinero muy bien. ¿Y qué hacemos en Granada, que no tienen superávit? ¿Los vecinos de Granada no tienen la misma necesidad? ¿Los vecinos de los ayuntamientos que no han tenido ese superávit no pueden superar la crisis con las mismas oportunidades que los de otras ciudades? Eso es lo que nosotros queremos, que se cree un fondo que se desvincule de la entrega de los remanentes, y que a ese fondo puedan acceder todos los ayuntamientos, porque es necesario.

Señora ministra, si hay algo que no se puede poner en duda sobre Ciudadanos es que hemos tendido la mano al Gobierno siempre que ha sido necesario. Hemos tenido siempre un espíritu constructivo, y seguimos teniéndolo, porque, además, para lo que viene, que son unos presupuestos, vamos a necesitar que exista diálogo, que exista consenso; necesitamos hablar y dialogar. En las cosas urgentes, como usted bien ha dicho, deben tomarse medidas urgentemente, pero no podemos hacer que solo los


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ayuntamientos que tienen superávit tengan ayudas. Desvincule de la entrega de los remanentes ese fondo de 5000 millones para los ayuntamientos. Todos lo necesitan, no solo los que han tenido superávit.

Ahora estamos en un momento de extraordinaria necesidad. Todavía los datos no nos dan lo que va a venir en esta crisis económica, que va a ser mucho más grave, y los ayuntamientos necesitan de ese respaldo económico. Así que lo que Ciudadanos pide es diálogo, que cuenten con nosotros para llegar a un consenso. No le pedía unanimidad en la FEMP, le pedía consenso, que se hubiera llegado con más consenso a ese acuerdo y a esa votación. Pero ahora es el momento. Ahora podemos, todavía hay tiempo para tomar medidas, y eso es lo que le solicitamos.

Muchísimas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Gracias, ministra, por sus respuestas. Yo no le he dicho que va contra el concierto económico, sino que no se respeta el sistema de concierto, porque cualquier decisión relativa a la financiación y sostenibilidad de las entidades vascas tiene que ser adoptada en la Comisión Mixta del Concierto. Nuestro órgano de representación de los ayuntamientos no es la FEMP, la FEMP es del resto, y por eso decimos que tendría que haber abordado cualquier cuestión sobre este tema en la comisión mixta.

Es verdad que ustedes vinculan el fondo a la entrega de los remanentes, de tal manera que el ayuntamiento que no entrega no va a tener acceso a todo esto. Entonces, ¿por qué vinculan, realmente, el fondo a la entrega de los remanentes? Porque si no se vinculase, a lo mejor podría haber más consenso, y eso se lo digo yo, que ni tan siquiera sabemos si tendríamos acceso a esos fondos por nuestro peculiar sistema de financiación. A veces lo hemos tenido y otras veces no, como ya pasó en el decreto anterior.

Es verdad que con este decreto-ley no se puede cambiar la Constitución, efectivamente, ni la Ley de estabilidad, pero lo que estamos pidiendo, y lo que se ha venido pidiendo a lo largo de muchos meses, es hacer modificaciones en la Ley de estabilidad para cambiar la regla de gasto, y, desde luego, modificaciones de la Constitución en un plazo, el que sea. ¿Por qué? Porque a posteriori podemos tener problemas, y porque si se establece una excepcionalidad para las comunidades autónomas y la Administración central, por qué no para los ayuntamientos. Eso es lo que estamos diciendo: que hay que abordar el problema de raíz, y si no se modifican esas dos leyes difícilmente se va a conseguir, porque posteriormente podemos tener también esas dificultades.

Estamos de acuerdo en que no se puede hacer por este decreto, pero sí de la otra manera. Es más, aquí ya hubo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos para flexibilizar incluso la regla de gasto. Si la leen, desde luego comprobarán que iba más allá de lo que ahora se pretende con la utilización de los remanentes.

Usted nos ha pedido que se convalide este decreto-ley y que luego se tramite como proyecto de ley, pues también nosotros lo podemos pedir a la inversa. Es decir, coja de este decreto aquellas medidas que puedan ser positivas y en las que estamos todos de acuerdo, y, posteriormente, debatamos esas en las que no estamos de acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sagastizabal.

A continuación, por el Grupo Parlamentarios Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Aizpurua.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.

Ministra, gracias por sus explicaciones. En primer lugar, para tener tantas bondades este decreto, hay algo que a mí me causa mucha extrañeza. Si tiene tantas bondades, es un poco extraño que no se vean por ningún lado o que seamos todos los grupos quienes no las veamos, excepto el Partido Socialista. Digo que me causa extrañeza, y creo que debería llevar a pensar sobre el tema al Gobierno, porque no todos los grupos fijamos aquí la posición o adoptamos nuestra posición desde un ánimo o desde una voluntad de desgaste al Gobierno, eso está claro. Con lo cual, yo creo que algo sí ha fallado en todo esto.

Bueno, no sé, voy a negar la mayor para terminar. Dice que no hay otra solución. Bueno, se está hablando aquí de soluciones intermedias, incluso transitorias, y se han planteado algunas. No sé si pueden ser o no viables o reales, pero creo que esto no nos tiene que despistar de una cuestión que es fundamental, y es que, para arreglar el problema de los ayuntamientos, hay que modificar la Ley de


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estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, eso está clarísimo. Creo que esa es la solución que necesitan también los ayuntamientos a corto, a medio y a largo plazo. Habrá que cambiar lo que haya que cambiar, derogar el 135 y la ley Montoro. Cambiar lo que haya cambiar, si hay que cambiarlo, no es nunca una huida hacia adelante.

Si usted, como creo, y por lo que ha dado a entender, piensa también que es una ley injusta, y si piensa lo que dice, ¿por qué no se hace realidad? Creo que tiene la mayoría suficiente para poder hacerlo. Aprovechémoslo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aizpurua.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mazón.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias otra vez.

Señora ministra, nosotros no hablamos ni de confiscación ni de robo, pero sí decimos que esto es una especie de chantaje o de coacción, porque si usted ofrece a los ayuntamientos: o esto o utilicen el remanente de Tesorería como puedan, que en la práctica es dedicar nada más que un pequeño porcentaje a los flujos de tesorería, no sé qué nombre tiene, pero deja muy pocas opciones.

Hay otra cosa que también me preocupa, que es que en este mismo decreto-ley está incluida la reducción del IVA de algunos productos sanitarios, con lo cual, siempre te pueden decir que si no va esto, pues no va lo otro. Creo que tienen que hacer otro decreto inmediatamente, otro decreto-ley con lo que nos salga. Quitamos lo de los ayuntamientos, y por lo menos lo otro, que creo que habrá unanimidad, lo deben hacer.

Yo no pongo adjetivos a todo esto, pero sí le puedo decir que es una injusticia para los ayuntamientos sin tesorería, y también para los que tienen tesorería, porque el Estado se va a permitir un déficit, que va a ser pavoroso, y, sin embargo, a los ayuntamientos parece que no les dejan. Esto es también una injusticia.

Con respecto a lo de la FEMP, usted que es una política veterana no nos diga que para usted es lo que diga la FEMP, como es legítimo y como es legal, lo que nadie duda aquí, pero sabe, como todos, que ese acuerdo no es verdaderamente representativo de los ayuntamientos, y esta es una cuestión política, no es una cuestión ni legítima ni legal. Está en el aire y todos lo sabemos.

Lo que he querido decir antes respecto a lo del techo de gasto de 2021, que, a su vez, va a generar, obviamente, un déficit, es que, si en la Ley de presupuestos de 2021 lo van a aumentar, es raro que ustedes no hayan encontrado una solución para para este techo de gasto de 2020. Si no, no se entiende, si era imposible, por qué el Partido Socialista aprobó lo que aprobó en la Comisión de Reconstrucción, porque si resulta que es imposible podían haber tenido un poquito de contacto.

Para terminar, le quiero decir algo respecto a Cantabria. Antes yo le hablaba de que ustedes eran prepotentes y es verdad que tienen un gran empecinamiento, lo hemos sufrido en nuestras carnes. En el tema de Valdecilla, después de reclamar las deudas y ganarlas en los tribunales, vuelven a ir hasta el Tribunal Supremo. Les presentaron una interpelación a la que, por cierto, usted no fue, fue el ministro de Justicia, no sé si mandaron a alguien a dar la cara porque no quería darla o le mandó el presidente Pedro Sánchez, y sorprendentemente, al no pagar una deuda mandaron allí a explicarlo. Le digo sinceramente que para Cantabria este Gobierno no está resultando nada beneficioso. Hay incumplimientos flagrantes, continuos, especialmente tenemos unos acuerdos con el Ministerio de Transportes y hay un acuerdo para el Gobierno de Cantabria; en enero había ciertas disculpas, porque había que arrancar el presupuesto y faltaba el primer mes. Luego llegó la pandemia, cuando se superó la pandemia ya hubo compromisos más explícitos, y en estos momentos yo recibo únicamente la callada por respuesta en todo lo que tenemos pendiente. No sé si a ustedes el PRC no les parece un buen socio, ustedes sabrán, pero no deberían complicarse la vida inútilmente, como está pasando con estas otras cuestiones.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Para finalizar, la señora Blanquer tiene de nuevo la palabra.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente.

Me gustaría aprovechar la segunda intervención de mi grupo especialmente para hacer una reflexión, porque yo creo que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen, y lo que nos une hoy


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aquí a todos, y he podido escuchárselo a todos los grupos parlamentarios, es que lo que queremos es dar soluciones y respuestas a los ciudadanos, y en este caso, que estamos hablando del acuerdo con la FEMP, lo estamos focalizando en todas las medidas financieras de apoyo que se están dando a los ayuntamientos, y son medidas de apoyo que se dan a aquellos que tienen remanentes y a aquellos que no tienen remanentes. Focalizar todo el problema única y exclusivamente en el caso de remanentes me parece que no es útil desde el punto de vista del objetivo final que tenemos todos los que estamos aquí, que es precisamente dar soluciones. Entonces, creo que ha hecho una oferta importante la ministra, porque ha dicho que si el problema lo tenemos con la utilización de los remanentes, eso no tiene que invalidar todas aquellas medidas en las que sí que estamos de acuerdo.

No se puede retirar el real decreto-ley, porque un real decreto-ley se tiene que llevar a convalidación, es así. El que se modifiquen... (La señora España Reina pronuncia palabras que no se perciben). No, no se puede retirar, señora España. Yo le he dejado a usted hablar tranquilamente.

Escúcheme, me molesta bastante que usted no reconozca a la FEMP. Me molesta, porque, además, yo no la tengo a usted por una persona que no reconozca a las instituciones, y realmente usted no tiene ningún problema con que que el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado los presupuestos para el año 2020 con el voto de calidad de su alcalde, pero sí que tiene problemas para que la FEMP pueda llegar a un acuerdo utilizando el voto de calidad. Usted tiene doble vara de medir.

Quiero poner en valor estas cuestiones que estábamos diciendo desde un principio. Tengan en cuenta que no estamos hablando única y exclusivamente de aquellos ayuntamientos que tienen remanentes positivos, sino que estamos hablando de medidas financieras para todos los ayuntamientos, para aquellos que tienen remanentes, para aquellos que no los tienen, para aquellos que están en riesgo financiero; estamos hablando también para todos de lo que supondrían las entregas a cuenta, mayor financiación; estamos hablando de muchísimas cuestiones. Por tanto, creo que es un momento en el que no aportamos nada desde el Parlamento si única y exclusivamente nos ponemos todos a decir: Esto no me gusta, retírenlo. Creo que esa no es la solución. Hay un compromiso por parte del Gobierno, y así lo está diciendo, que es: Oiga, si ustedes no están de acuerdo en esta parte, no la vamos a aplicar, pero las otras medidas en las que sí están de acuerdo, las aplicaremos. Yo les he escuchado decir que están de acuerdo en prorrogar la utilización del superávit de 2018, que están de acuerdo en que en el año 2020 la regla de gasto no se aplique. Eso está en el real decreto-ley. Hay muchísimas medidas en las que ustedes están de acuerdo. ¿Por qué centrarlo todo en un detalle? (Rumores). Sí, efectivamente, porque es que, en estos momentos, y tal como tenemos el marco, y, además, se ha... (Rumores). A ver, yo he dejado hablar a todos los portavoces. Me gustaría, señor presidente, que me dejaran intervenir.

Lo que estoy intentando decir es que a mí me gustaría salir de esta Comisión dando un mensaje muy positivo a los ciudadanos y a las ciudadanas, y yo creo que todos los que estamos aquí queremos darles soluciones, y hay posibilidades de hacerlo. Cada uno verá algunas cosas que hubiera hecho de otra forma. Por ejemplo, lo que decía Podemos no es cierto, pero no es que lo diga el Partido Socialista, no es que lo diga la ministra cuando hablaba de la cláusula, en el 135.4, es que no es posible, lo dicen los servicios jurídicos del Gobierno. No lo está diciendo ni siquiera la ministra, lo ha dicho, lo ha explicado, hay que escuchar a todas las partes para, precisamente... (Rumores). Bueno, usted puede tener otra opinión, pero lo que te está diciendo es que ella no está dando una opinión personal, está hablando de los servicios jurídicos de un Gobierno al que, por cierto, apoyamos. Por tanto, si nos dice que los servicios jurídicos no lo permiten, pues no lo permiten. No es un invento, ni de la ministra ni del Partido Socialista. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Yo creo que hay mucha oportunidad hoy aquí. He escuchado a los grupos que este acuerdo no tiene por qué ser un punto final. No lo es. Es un punto y seguido en la reivindicación municipalista. Pero es cierto que es urgente adoptar medidas, medidas que ya se adoptaron, que ya están en vigor. Es que no hay que adoptarlas, es que ya están en vigor. Por tanto, dejemos que sigan su curso, porque ya están en vigor.

El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, señor presidente, es muy generoso. Lo ha sido en mi primera intervención. Por tanto, simplemente me gustaría que esa generosidad también la tuvieran todos los grupos parlamentarios y que consiguiéramos ser útiles a la ciudadanía. Yo creo que se lo merecen, y también nos lo merecemos todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar tiene de nuevo la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente. Creo que brevemente, porque la mayoría de los argumentos ya se han expuesto y hay poca capacidad de profundizar en elementos en los que creo que hemos profundizado suficientemente.

Señora España, quiero decirle que no puedo retirar -lo ha dicho mi compañera- el decreto-ley. Creo que el Gobierno ha hecho lo correcto, que es ser fiel al acuerdo que firma con la FEMP. Es que un Gobierno no puede hacer otra cosa si llega a un acuerdo. Sí, señora España, ustedes hubieran hecho lo mismo, y quiero entenderlo así. Si ustedes llegaran a un acuerdo con un representante legítimo de una institución, ustedes lo traerían aquí. Otra cosa distinta es que, una vez traído aquí, este texto tenga que sufrir modificaciones porque los grupos parlamentarios no estén de acuerdo en su totalidad. Eso lo puedo compartir, pero no puedo retirar el decreto-ley ni llevar al papel algo que no ha sido lo que he pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Es verdad que hay otras materias que no están en el decreto-ley, respecto a la financiación local, a los fondos europeos, pero porque no son objeto de este decreto-ley. Ya se incorporarán a los trámites de los presupuestos en la parte de fondos europeos, en lo que corresponde a ese apartado o en lo sucesivo en la parte de financiación local. Es obvio. Hay cuestiones del acuerdo que son muy importantes para el municipalismo y que no están aquí, pero que vendrán en el momento en el que se discutan esas materias.

Señora España, el Gobierno no se queda con los remanentes. ¿No se lo ha leído bien? No se los queda. El Gobierno devuelve los remanentes a los ayuntamientos en un periodo (protestas) -se lo voy a contar, señora España, si usted me lo permite- que, en un principio, eran diez años prorrogables a quince, si el ayuntamiento quiere. Si no sería a diez años. Es más, diez años que, si el interés es negativo, tal como tiene en este momento proyectado el Banco de España, el Gobierno de España paga el coste para los ayuntamientos. Yo no tengo ningún interés en que los ayuntamientos los reciban en siete, en ocho o en diez. Tengo interés en que la parte que reciban la puedan ejecutar, y por tanto que sea una parte calculada para que no exceda el límite constitucional. Eso es lo que pretendo. Pero usted entenderá que lo importante es que, sean diez o sean quince, sea favorable para los ayuntamientos, y así lo permiten. Por eso utilizar palabras que, a lo mejor hay que reservar para cuando alguien realmente incauta o cuando alguien confisca o cuando alguien se gasta los remanentes o se los queda, no es adecuado y esas palabras deben de quedar reservadas para caracterizar esa situación. (Protestas).

Señora España, yo le insisto, estoy intentando dar los argumentos que permiten decir: hay una parte del decreto-ley que no se comparte, y otra sí, insisto, porque hay una parte que creo que sí, salvo que aquí el que no lo haya dicho tampoco lo comparta, y tengo que entender que lo que quiere es recorte del gasto público. Lo decía ante el señor González, no sé si se refería a eso. Creo que el resto de los grupos políticos hemos estado de acuerdo en esa cuestión. Yo voy a seguir hablando, señora España, de la municipalidad. No voy a caer en la tentación de decirle cómo se va a comportar este trimestre respecto al PIB, qué pasa con el desempleo, qué hicieron ustedes en la situación de crisis. De eso hablamos muchos días. Hoy toca hablar de los ayuntamientos, y creo que ni un minuto hay que reservarle a otra materia que no sea exclusivamente al tema de los ayuntamientos.

Señor González, usted puede preguntar lo que quiera, evidentemente, y yo le tendré que contestar respecto al orden del día que aprueba esta Mesa. Por tanto, las preguntas de hoy son relativas al decreto-ley. De otras materias, cuando usted quiera y la Mesa así lo incorpore en el orden del día, yo le contestaré sin ningún tipo de problema.

Señor Pisarello, aprovecho su intervención para hacer dos aclaraciones que no las he hecho anteriormente, y además me gustaría intentar llevar a su ánimo que debemos evitar entrar en esto. Gran parte de la conversación que se produce con la FEMP y, por tanto, con los ayuntamientos, versa respecto a que las comunidades autónomas han tenido recursos adicionales, y los ayuntamientos no tenían recursos adicionales. Yo le tengo que decir -y se lo digo sinceramente, señor Pisarello-que lo importante en los recursos de las comunidades autónomas era que no se cayera el sistema sanitario. Me da igual quién gestiona el sistema sanitario. Si hubieran sido las corporaciones locales, el dinero hubiera ido a las corporaciones locales. Esta es la cuestión. La cuestión es que, cuando los fondos se arbitran fuera de la financiación, que es todo un esfuerzo que hace el Gobierno de España, cuando se arbitran fuera de la financiación, claro que persiguen un interés político prioritario. En este caso, a las comunidades se les dijo: 9000 millones para sanidad, 2000 millones para educación, y el resto para compensar la caída de


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ingresos. Igual que ahora, se dio ese sentido. ¿Por qué a las comunidades? Porque tienen las competencias, señor Pisarello; no es que aquí ahora nos hemos puesto a repartir dinero porque nos ha dado hoy por repartir dinero, sino que era para las comunidades autónomas. Y, ¿por qué fueron 16000? Por los datos que proporcionaron las comunidades autónomas. También se lo digo a su señoría, no fue una cifra que nosotros nos inventáramos, fue por los datos que las propias comunidades autónomas proporcionaron.

¿Por qué la cifra de 5000 para los ayuntamientos? Es un tercio de su superávit, que no pueden gastar; es un tercio de su superávit. ¿Que podían haber sido 20000? ¿Y por qué no 50000, y por qué no 100000 millones, y por qué no 200000? Seamos serios, ¿no? El cálculo de comunidades autónomas se hace de esa manera, con los datos que proporcionan las comunidades autónomas respecto a cuál iba a ser el incremento del coste de los servicios: educación y sanidad, y no creo que a ningún diputado de esta sala le parezca mal que el Gobierno de España ayude a reforzar educación y a reforzar sanidad. Eso no significa, señor Pisarello, que los ayuntamientos tengan derecho a reclamar esa misma partida presupuestaria, porque las competencias que se están reforzando no las tienen ellos. Es que yo creo que tenemos que ser capaces de salir de este discurso, si no, no vamos a poder avanzar, porque esta es la solidaridad interadministrativa, quiero decir. Es que yo no tengo necesidad de poner los 16000 millones; necesidad legal, política sí, y con los ayuntamientos hay una necesidad política de poner el dinero a su disposición. Por eso no sigue el mismo esquema, porque los ayuntamientos le digo en caída de ingresos cómo se van a comportar. En transporte, que es lo más grave. En el resto de los tributos, en la parte de recaudación, no en la voluntaria, que un alcalde decida "no le voy a cobrar" o "voy a aplazar el pago de -yo qué sé- los veladores de las cafeterías -pongamos el caso-, y me lo paga en el cuarto mes", el Gobierno de España no entra. Tampoco con las comunidades autónomas. Es que en los ayuntamientos el IBI hay que pagarlo sí o sí, señor Pisarello, y no tiene nada que ver con la crisis sanitaria el pago del IBI. No lo tiene. La PIE está actualizada al 1,6. Yo les transfiero a los ayuntamientos, con este decreto-ley, la PIE como si no hubiera ocurrido nada. Por tanto, tienen conservada su financiación. A las comunidades autónomas, como no tenían conservada su financiación, a sus tributos propios se les dio ese importe. En País Vasco -está aquí la diputada, que lo puede confirmar- se tradujo en términos de déficit, porque ellos no tienen actualizada la financiación. Porque, como ustedes bien saben, ellos recaudan el IRPF y el impuesto de sociedades. Por tanto, el Gobierno de España no le puede actualizar la financiación. Eso no le ocurre al resto de comunidades. El IVA es como si se hubiera comportado sin crisis. En el impuesto de sociedades no participan las comunidades, y el IRPF como si se hubiera comportado subiendo al 1,6.

Pensémoslo. Pensémoslo, porque si el problema -insisto- está en el fondo y los remanentes, tenemos varias posibilidades en la tramitación: eliminar los dos; dejar uno, eliminar otro; dejar uno y abrirlo a otros participantes que no sean los que estaban establecidos. Pero sí les digo una cosa: entonces no se habrá arreglado el tema de los remanentes, que era la pregunta de la ecuación. Era la equis a despejar: los remanentes. Siguen estando ahí.

Ustedes dicen: pero cuando le devuelva el préstamo, los remanentes van a seguir estando en los bancos. No, porque el porcentaje que se les devuelve en ese periodo lo pueden ejecutar sin incurrir en déficit. Aunque la Ley de Estabilidad lo impide en este momento, se autorizaría, se autoriza para que lo puedan utilizar. Se les da una utilización a los remanentes, con fórmulas de desvincular, a los remanentes no se los toca. Pero, claro, hay una pregunta que también se podrían hacer los ciudadanos: ¿qué sentido tiene que el Gobierno de España se gaste 5000 millones más y siga dejando el mismo dinero en los bancos? Pedimos un préstamo para endeudarnos por 5000, cuando los ayuntamientos tienen 15000. Es incoherente. Aun así, se ha puesto el fondo encima de la mesa, para permitir que los remanentes luego se puedan ir devolviendo. ¿Hay mejoría sobre el procedimiento? Discutámosla aquí. Pero, ¿por qué vamos a tumbar un decreto-ley que trae amplias mejoras en otros apartados para los ayuntamientos? No lo veo razonable.

Estamos abiertos al debate y al diálogo, y si hay algo que no gusta, se quita, pero no parece razonable que se cambie, y ahora esperemos a que se cambie la Constitución, no sé, que se cambie la ley orgánica, y dentro de dos años podamos venir con una propuesta de utilización de los remanentes. Bueno, hagamos esto, o no lo hagamos, porque sus señorías entiendan que no hace falta tocar los remanentes, porque no se puede. Hasta que no se modifiquen las leyes, pues no se tocan. Yo lo que he intentado ha sido darle respuesta a una situación que, como se ha visto en este debate, es tremendamente compleja, ha implicado estudiar bastantes alternativas y bastantes posibilidades, y aunque a ustedes esta les parezca extravagante, les puedo decir que es la mejor que hemos encontrado. A algunos les molesta que yo diga


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esto. Es que sería poco humilde si no lo digo. Esta es la mejor solución que hemos encontrado para la utilización de los remanentes. ¿Hay otra? Quiero escucharla -en el marco constitucional-, pero no la tengo. No encuentro otra.

Que se diga que se devuelva y se vuelva a traer sin que haya ninguna propuesta encima de la mesa es perder el tiempo. Si nosotros convalidamos el decreto-ley y las medidas entran en vigor, se aparca este tema y ustedes deciden si lo quieren eliminar o si lo quieren modificar, pero no tiene ningún sentido volverlo para atrás para que no vuelva nada o que vuelva lo mismo que ya está en el decreto-ley. Es que no tiene sentido. Por eso yo abogo por que sus señorías convaliden el decreto-ley, se aparquen los remanentes y el tema relativo al fondo, se le dé celeridad en este Parlamento, si se quiere, yo no tengo otra manera de hacerlo. Se le dé celeridad si se quiere, y si no, que se hagan en el año 2021. Quiero decir que ese dinero se traslade al año 2021, si ya no da tiempo en este ejercicio de poder desarrollarse. Yo, más facilidades, señorías, no puedo dar, y me tienen que entender: no puedo dar más facilidades. Me decía la señora España: usted es la ministra. Por eso traigo el decreto-ley, evidentemente que sí. Pero, señora España, usted hace un círculo. Cada vez que le hablo me hace usted un círculo: que yo escucho a todos los grupos que no están de acuerdo con una parte, que con la otra sí. Elimínenla si no la comparten. Pero yo no tengo otra solución para los remanentes que no sea el cambio del marco legal, y ese no puede ir en un decreto-ley, y esta es la verdad de este debate, es la verdad de lo que ocurre hoy.

Por lo tanto, insisto a sus señorías que piensen el sentido de su voto, que tienen el compromiso del Gobierno de solamente ejecutar la parte del consenso correspondiente a todas las normas fiscales que se quedan derogadas con motivo de este decreto-ley, y que la parte relativa al fondo y a los remanente, si sus señorías quieren discutirla, tienen propuestas alternativas o simplemente prefieren eliminarla, el Gobierno de España, evidentemente, aunque no lo comparta, aceptará lo que este Parlamento diga. Pero den respuesta a los ayuntamientos, nos están esperando. Es muy importante, son una Administración cercana muy importante, que tienen que acometer medidas, y créanme que les diga que no pueden esperar a que se hagan unos cambios normativos que requieren de unas mayorías cualificadas tan importantes. Créanme que no pueden esperar.

Démosles la capacidad que tenemos en nuestra mano, e insisto humildemente: si no les gusta el mecanismo que hemos buscado -que es obvio que no- para el fondo y los remanentes, estamos abiertos a cualquier otra sugerencia que sus señorías quieran plantear, que el Ministerio de Hacienda no ha tenido capacidad de más modelo que este que les traigo, porque los demás se descartaron, porque eran jurídicamente inviables según la Abogacía del Estado.

Así que esto es lo que les puedo decir, agradeciendo su intervención, y rogando que realmente de este tema apartemos las discusiones partidistas, dejemos a un lado un poco -no lo digo por todos los grupos políticos, lo digo por algunos- ese intento permanente de querer desgastar al Gobierno, incluso con una cuestión tan sensible. Seamos sensatos, aprobemos lo que estamos de acuerdo, y lo que no estemos de acuerdo, no lo aprobemos.

Eso, señorías, es lo que yo les propondría como conclusión de esta intervención. En cualquier caso, tendremos ocasión de seguir dialogando, no sé si el miércoles o el jueves que viene, creo que se debate este proyecto de decreto-ley. Por tanto, tendremos tiempos añadidos, presidente, para poder terminar esta intervención ya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por todo el tiempo que ha dedicado a esta Comisión.

Llegados a este punto, señorías, se levanta la sesión.

Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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