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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 55, de 18/03/2020
cve: BOCG-14-D-55
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de marzo de 2020

Núm. 55


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/000293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la independencia de la Agencia EFE ... (Página9)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la condena de la violencia en Chile y a la defensa de los derechos humanos y democráticos en el país ... (Página10)

Comisión de Defensa

161/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la denegación de permisos para el tránsito de armas sospechosas de ser usadas en el conflicto de Yemen ... (Página11)

Comisión de Hacienda

161/000313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el uso del superávit por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página14)

161/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la exención del IVA en los abonos de Semana Santa ... (Página15)

Comisión de Interior

161/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a alcanzar una equiparación salarial real y efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página16)

161/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a aprobar un Plan Director de Ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior ... (Página17)

161/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Sistema Nacional de Protección Civil ... (Página18)


Página 2




Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar un Pacto de Estado por la movilidad ... (Página19)

161/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la creación de una única autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes de transporte ... (Página20)

161/000342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un atlas sobre políticas públicas para el desarrollo de un Estado social ... (Página21)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el impulso de políticas públicas para abordar la erradicación del antigitanismo en el ámbito educativo ... (Página22)

161/000302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma ... (Página24)

161/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la elaboración de una Ley de Ordenación General de la Profesión Docente ... (Página25)

161/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos ... (Página27)

161/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la suficiencia financiera del sistema educativo ... (Página29)

161/000347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Formación Profesional Dual ... (Página30)

161/000348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Plan Estatal para la enseñanza y aprendizaje de la convivencia y combatir el acoso escolar ... (Página31)

161/000349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de los recursos públicos destinados a la Educación para alcanzar el 5 % del PIB ... (Página33)

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la cobertura de la cotización por la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal declarada de las personas que se encuentren en aislamiento durante un periodo de observación médica relacionada con el coronavirus COVID-19 ... (Página34)

161/000299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa al programa piloto visar dirigido a hijos y nietos de españoles de origen, residentes en Argentina ... (Página35)

161/000341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización ... (Página37)


Página 3




161/000343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar medidas en el ámbito laboral que palien el impacto negativo de la deslocalización sobre el empleo, eviten el "dumping" social y contribuyan al respeto de los derechos humanos ... (Página41)

161/000345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ratificación del Convenio 188 de la OIT y transposición de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación de dicho Convenio ... (Página43)

161/000364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas ante el coronavirus ... (Página44)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano sobre apoyo a la industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad ... (Página46)

161/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar al astillero de Navantia Ferrol de carga de trabajo al objeto de evitar el periodo de subactividad que se va a producir entre la construcción de los AOR para la Armada australiana y la construcción de la primera unidad de la F110 para la Armada española ... (Página46)

161/000337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo al sector turístico ... (Página48)

161/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a la competitividad y futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo), provincia de Lugo ... (Página49)

161/000346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha contra la morosidad ... (Página51)

161/000350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa fomentar la participación de la PYME en la contratación pública ... (Página52)

161/000360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un Plan de Acción específico para el continente africano ("Horizonte África") en política comercial ... (Página53)

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad ... (Página54)

161/000323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y puesta en marcha de un censo de pacientes con Alzheimer y otras demencias ... (Página55)

161/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la modificación de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, a efectos de finalizar con la desigualdad y discriminación de los progenitores que se hacen cargo de sus hijos ... (Página56)

161/000352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la accesibilidad cognitiva ... (Página57)


Página 4




161/000355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la teleasistencia avanzada ... (Página59)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a velar por los intereses de los agricultores y ganaderos españoles ... (Página60)

161/000326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a los acuerdos comerciales internacionales que la Unión Europea ha firmado con terceros países y cuyo impacto está siendo muy perjudicial para la agricultura española y, más concretamente, en la citricultura y el olivar en la provincia de Castellón ... (Página61)

161/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el traspaso a las Comunidades Autónomas de los fondos de los Planes de Desarrollo Rural ... (Página65)

161/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a incorporar las Comunidades de Regantes como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos ... (Página66)

161/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan de Acción sobre la dehesa extremeña para erradicar la enfermedad denominada "La Seca" ... (Página68)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado ... (Página69)

161/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto de España ... (Página70)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a acelerar la reversión de los saltos hidroeléctricos en proceso de tramitación o con inminente vencimiento de concesiones, así como a regular con carácter general y urgente, a través de Proyecto de Ley, la reversión pública de los saltos hidroeléctricos para que jueguen un papel clave en la transición energética y contemplen compensaciones sociales, económicas y ambientales para las zonas afectadas ... (Página71)

161/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la sostenibilidad territorial ... (Página73)

161/000336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la necesidad de proteger el medio marino de Gipuzkoa en las zonas de Ulia y Jaizkibel ... (Página74)

161/000339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a exigir responsabilidades en la gestión del trágico incidente del vertedero de Zaldívar, así como en la gestión del control de residuos, y a legislar para evitar sucesos de este tipo en el futuro ... (Página75)

161/000340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la competitividad del sector electro-intensivo español ... (Página77)


Página 5




161/000351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de impulso para la implantación del vehículo eléctrico ... (Página79)

161/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de la Asamblea ciudadana del cambio climático ... (Página80)

161/000357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la aceptación de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en el Delta del Ebro, y de posicionamiento favorable a la ejecución del Plan Delta ... (Página81)

161/000358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la vida útil de las centrales nucleares sitas en España ... (Página82)

Comisión de Cultura y Deporte

161/000255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a impulsar las celebraciones del Centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes ... (Página84)

161/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a crear un premio nacional al fomento de la lectura en los colegios ... (Página85)

161/000363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación de medidas de apoyo a los deportistas de alto nivel ... (Página86)

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

161/000300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación de los intermediarios digitales ... (Página88)

161/000356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a otorgar mayores potestades a los Ayuntamientos para requerir el soterramiento o mejora de las instalaciones aéreas de las redes eléctricas y de telefonía y su adecuada conservación ... (Página89)

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego ... (Página90)

161/000324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa de la salud pública y la prevención del tabaquismo ... (Página92)

161/000353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la accesibilidad cognitiva ... (Página95)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre infraestructuras tecnológicas ... (Página96)

161/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el personal investigador ... (Página97)

161/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Derecho Humano y Ciencia ... (Página98)

161/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cultura científica ... (Página99)


Página 6




Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las visitas de delegaciones oficiales a los territorios saharauis ocupados ... (Página101)

161/000314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la adopción de medidas urgentes ante la crisis migratoria en la frontera turco-griega ... (Página102)

Comisión de Igualdad

161/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acceso laboral de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil ... (Página103)

161/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cambio de denominación de espacios públicos con nombre de agresores sexuales ... (Página104)

Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo

161/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre pensiones de viudedad de parejas de hecho para garantizar de forma más equitativa y eficiente su fin de protección ... (Página105)

Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales

161/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la independencia de la Agencia EFE ... (Página107)

161/000344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las garantías necesarias para velar por la independencia de los miembros de la Junta Electoral Central ... (Página108)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a paliar los efectos de la situación de vulneración extrema entre los jóvenes migrantes que abandonan el sistema de protección a la infancia con la mayoría de edad ... (Página109)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

181/000053 Pregunta formulada por el Diputado don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si desincentivar los planes de pensiones privados es la estrategia más adecuada para garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía al alcanzar la jubilación ... (Página111)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/000024 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre medidas previstas por el Gobierno en apoyo al sector turístico en los próximos meses para evitar la pérdida de competitividad que ya se está produciendo ... (Página111)


Página 7




181/000025 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre planes del Gobierno respecto a los programas de apoyo a los destinos turísticos inteligentes ... (Página111)

181/000026 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre número de asientos ofertados para volar a España en los tres primeros meses del año respecto al mismo periodo del año 2019 ... (Página112)

181/000027 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre previsiones acerca de poner en marcha un plan específico para impulsar la modernización y renovación de maquinaria y otros elementos en el sector de la hostelería y la restauración ... (Página112)

181/000028 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre plan de promoción de TURESPAÑA previsto para el año 2020 ... (Página112)

181/000029 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre consecuencias directas e indirectas sobre el conjunto de la industria turística española que puede provocar la creación de un nuevo impuesto especial sobre el uso del transporte aéreo ... (Página112)

181/000030 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si un nuevo impuesto especial sería la estrategia adecuada de mejorar la conectividad aérea y aumentar la llegada del número de turistas a nuestro país ... (Página113)

181/000031 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre compromisos asumidos en materia de transferencia y desmantelamiento de la Red de Paradores de Turismo de España con 90 años de historia como contraprestación al apoyo parlamentario que prestan determinadas formaciones políticas ... (Página113)

181/000032 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre transferencia de la gestión y explotación de algunos establecimientos de la Red de Paradores de Turismo de España a las Comunidades Autónomas donde se ubican ... (Página113)

181/000033 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre acciones impulsadas dentro de la campaña de promoción "We have Spain in Common" y coste de cada una de ellas ... (Página114)

181/000034 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si quien viaja en avión es porque tiene más recursos y por ello habría que plantear un nuevo gravamen sobre el transporte aéreo ... (Página114)

181/000035 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre planes del Gobierno para seguir manteniendo a España como el país más competitivo del mundo en materia turística ... (Página114)

181/000036 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre acciones previstas para mejorar la conectividad aérea desde el continente asiático ... (Página114)

181/000037 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre acciones previstas para mejorar la conectividad aérea desde el continente americano ... (Página115)

181/000038 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre incremento de rutas y frecuencias experimentado en los aeropuertos españoles desde el año 2012 ... (Página115)


Página 8




181/000039 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre acciones previstas para mejorar la conectividad aérea desde Rusia ... (Página115)

181/000040 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre planes del Gobierno respecto a la rehabilitación de los destinos turísticos maduros ... (Página116)

181/000041 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre estrategia de Turismo Sostenible 2030 ... (Página116)

181/000042 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre acciones previstas para mejorar la formación en el sector turístico vinculada al empleo ... (Página116)

181/000043 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre planes del Gobierno respecto a la rehabilitación de los destinos turísticos pioneros ... (Página116)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/000044 Pregunta formulada por la Diputada doña Milagros Marcos Ortega (GP), sobre medidas previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prevenir futuras plagas y evitar la propagación de la población de topillo campesino ... (Página117)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

181/000048 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para evitar que la especulación con las licencias en los puntos de acceso a la Red Eléctrica puedan suponer retrasos en los plazos de puesta en marcha de instalaciones renovables que contempla el PNIEC ... (Página117)

181/000049 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre planes del Gobierno en relación a la creciente transformación de tierras en regadío intensivo, y en cuanto a la necesaria contención y reordenación de la superficie de regadío en las cuencas hidrográficas españolas más afectadas dependientes estas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ... (Página117)

181/000050 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre criterios que va a priorizar el Gobierno en el diseño de las nuevas subastas de renovables para reducir el precio de la energía, garantizar la rentabilidad de las inversiones y fomentar la descentralización y democratización de la propiedad de las instalaciones ... (Página118)

181/000051 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para reducir el término fijo del coste de la electricidad de manera que se fomente la eficiencia energética y el autoconsumo de energías renovables y se reduzca la pobreza energética ... (Página118)

181/000052 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas en relación a la superficie de regadío ilegal existente en la cuenca del Segura, concretamente en el Campo de Cartagena, perteneciente a la cuenca vertiente del Mar Menor, teniendo en cuenta el estado crítico en que se encuentra el citado Mar ... (Página119)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/000293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la independencia de la Agencia EFE, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

El sorpresivo cese del Presidente de EFE, don Fernando Garea, tras un mandato inusualmente breve para lo que ha sido tradición en la Agencia, unido a sus declaraciones de "despedida" -"una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial"- reafirman la necesidad de garantizar la independencia, estabilidad e imparcialidad de ese cargo de designación pública.

En sus 80 años de vida, EFE ha forjado un indiscutible prestigio como agencia de noticias imprescindible para la difusión de noticias en español en el mundo de habla hispana.

Los periodistas de la Agencia EFE también se hicieron eco de "la destitución sin explicaciones" de su Presidente y recordaron que "la agencia carece de línea ideológica". El propio Estatuto de Redacción de la Agencia proclama que "EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto".

Con esa voluntad de garantizar la independencia de la Agencia EFE, en enero de 2019, poco antes de disolverse las Cámaras por la convocatoria anticipada de las elecciones, los Grupos Parlamentarios del Congreso iniciaron los trabajos para impulsar una reforma legal que garantizara que la elección del Presidente de la Agencia EFE se hiciera con un amplio acuerdo parlamentario. En aquella iniciativa conjunta, los Grupos coincidían en destacar el objetivo de "preservar la neutralidad e independencia de los medios públicos de comunicación, y garantizar a su gestor el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso".

La fórmula más eficaz para garantizar la independencia y neutralidad de los cargos públicos que se designan al frente de instituciones de especial relevancia consiste en someter su elección a una comparecencia previa en el Congreso, en la que se evalúa sus méritos e idoneidad. Tras esa comparecencia, esa elección solo queda avalada si logra el respaldo de una mayoría reforzada de la Cámara.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma legal que garantice que el candidato a Presidente de la Agencia de Noticias EFE se someta a comparecencia pública previa en el Congreso de los Diputados a los efectos de valorar sus méritos e idoneidad.


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Tras esa comparecencia pública, la candidatura del Presidente de la Agencia EFE se someterá a votación y deberá obtener el respaldo de una mayoría reforzada del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2020.-Pilar Marcos Domínguez y Macarena Montesinos de Miguel, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000296

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano.

Proposición no de Ley relativa a la condena de la violencia en Chile y a la defensa de los derechos humanos y democráticos en el país.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch y de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley de condena de la violencia en Chile y de defensa de los derechos humanos y democráticos en el país, para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En los últimos tiempos, en Chile, la crisis del modelo neoliberal (las bases del cual fueron establecidas por Pinochet, desarrolladas por la transición y mantenidas por la democracia, generando que Chile se sitúe entre los países más desiguales del planeta) ha producido un enorme estallido social espontáneo que ya dura más de 100 días con el objetivo de reivindicar derechos y demandar justicia e igualdad para, especialmente, los sectores más desposeídos de la población.

La administración del presidente Sebastián Piñera ha negado la legitimidad del movimiento transformando sus demandas sociales en delitos y respondiendo con una durísima represión policial. Esta represión policial ha incluido el uso de armas, escudado en la instauración de un estado de excepción más que cuestionable en el cual ha llegado a declararle "la guerra" al pueblo de Chile, lo que ha acabado generando un grave costo social de millares de víctimas inocentes y un dantesco cuadro de graves y


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sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, tal y como acreditan el informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2019 y el informe de la ONU.

Así mismo, el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) ha presentado unas cifras muy alarmantes sobre las 3.461 personas que han sido heridas: 357 han sufrido lesiones oculares (contando, entre ellos, casos de ceguera total), 257 son menores de edad y 1.986 han sido heridas por bala y perdigón. A parte, 1.434 personas han denunciado vejaciones de connotación sexual, violencia innecesaria, humillaciones, golpes y atropellos. Sin ir más lejos, el INDH ha presentado 792 acciones judiciales, de las que 619 son por tortura y crueldad. Esta situación ha provocado la indignación y la solidaridad internacional, como demuestran colectivos como Chile Despertó de Tarragona, quienes justamente reclaman la actuación del poder político del Estado español en la defensa de los Derechos Humanos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados expresando su preocupación por la incesante violencia e inestabilidad política en Chile y condenando la desigualdad económica y social que la generan, insta al Gobierno español a:

1. Condenar el uso desproporcionado de la fuerza con la ciudadanía pacífica que se manifiesta y protesta en Chile en defensa de sus derechos fundamentales y frente a una situación de injusticia social; y a su vez, reconocer la protesta pacífica como legítima y como derecho fundamental en democracia.

2. Enviar un informe a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados sobre la colaboración en materia de asesoría policial al gobierno chileno.

3. Interlocutar con el gobierno chileno para instarlo a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) Tener en consideración el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en materia de abusos policiales teniendo por objetivo el desarrollo de una investigación que esclarezca las correspondientes responsabilidades.

b) Solicitar la inmediata liberación de los presos políticos encarcelados por la justicia chilena, miles de ellos jóvenes manifestantes.

c) Solicitar el fin de la persecución política a diputados opositores, como es el caso del jurista Hugo Gutierrez Galvez, quien podría ser destituido por el Tribunal Constitucional por apoyar las demandas sociales.

d) Dialogar y negociar con todos los sectores de la sociedad civil respecto a las demandas de los manifestantes para la resolución del conflicto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Jordi Salvador i Duch y Marta Rosique i Saltor, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

Comisión de Defensa

161/000320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Josep Nuet Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la denegación de permisos para el tránsito de armas sospechosas de ser usadas en el conflicto de Yemen, para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, atracó en el puerto de Sagunto el Bahri Abha, con bandera de Arabia Saudí. Procedente de Estados Unidos, dónde cargó carros


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de combate, su parada en el Port de Sagunt le sirvió, según activistas allí presentes, para cargar hasta 8 contenedores "presuntamente" de munición.

Dos meses más tarde, el 12 de febrero, paraba en el Puerto de Bilbao "por sorpresa" el buque gemelo del Bahri Abha, el Bahri Yanbu, otro de los buques de bandera saudí que se sospecha que realizan el transporte de armamento con destino a Arabia Saudí, causando una gran movilización en contra (como ya sucedió con el Bahri Abha).

El próximo sábado 7 de marzo será el turno del Bahri Jazan, el cuarto buque de la naviera saudí (en este caso, catalogado como "de transporte de vehículos") que atracará en un puerto español (en el de Sagunt, en este caso) en menos de tres meses, todos ellos cargados con material bélico muy probablemente para ser usado en el conflicto de Yemen. El Bahri Yazan zarpó del puerto de Savannah (en Georgia, Estados Unidos) a principios de febrero y viene procedente del puerto alemán de Bremerhaven; de camino hizo escala en el puerto de Baltimore/Dundalk, donde cargó los conocidos como LAVs, blindados ligeros fabricados por la canadiense General Dynamics, equipados con una torreta armada con cañón automático, ametralladora coaxial y ocho lanzadoras de granadas.

En las respuestas escritas que el Gobierno Español remitió a las preguntas que el Grupo Parlamentario Republicano formuló respecto a uno de los buques anteriores, el Bahri Abha, se decía que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados, el Gobierno español aplicaría el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso". El mencionado artículo permite suspender o revocar una autorización concedida "Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España".

Existen ya dudas más que razonables sobre el uso de las armas que transportan los buques de la naviera saudita Bahri. Tal y como el gobierno reconoce en su escrito, la venta de armas a Arabia Saudita está relacionada con la guerra del Yemen: la señora Razya al-Mutawakel, presidenta de la ONG Yemení Mwatana denunció a finales de 2018 que, una vez analizados los restos del material con el que Arabia Saudita bombardeó a la población civil de Yemen, estos pertenecían a armas fabricadas en Estados Unidos.

Pero el comercio de la muerte con Arabia Saudí es alto secreto: en las ya mencionadas respuestas del gobierno a las preguntas sobre el Bahri Abha y su parada en Port de Sagunt, el Gobierno hablaba también de la confidencialidad de la carga. En los buques de la naviera saudita, las cargas son cubiertas para que nadie pueda tener al alcance de su vista exactamente qué hay dentro de los buques; aún así, activistas por la paz de todo el mundo han conseguido imágenes de las cargas, como es el caso de los blindados OSHKOSH (MRAPs) o los blindados ligeros LAV que lleva el Bahri Jazan que atracará el sábado en el Port de Sagunt. No es el único caso, y es que a finales de octubre del año pasado se localizó el barco Bahri Hofuf, perteneciente a la misma naviera, atracado en el puerto de Adén, en Yemen, descargando material bélico procedente de Estados Unidos; el canal americano CNN difundió las imágenes del barco atracado en Adén, donde estuvo cerca de un mes con su sistema de geolocalización apagado. ¿Por qué motivo debemos pensar que no hay más casos como el del Bahri Hofuf, que desconectan el sistema de geolocalización y se dirigen directamente al Yemen, sin pasar por Arabia Saudita? ¿Se necesitan más argumentos para dudar de la utilización de la carga de los buques de Bahri contra la población yemenita?

Argumenta el gobierno que confía en las garantías que las autoridades sauditas les dan respecto al armamento, es decir, que este no será utilizado fuera de las normas nacionales y internacionales que lo regulan. Están confiando en las mismas autoridades que ordenaron asesinar al periodista saudí del Washington Post Jamal Khashoggi, y que después organizaron un juicio farsa según vienen a reconocer fas investigaciones de la CIA y la ONU.

Otra cosa a tener en consideración es que los buques que cargan en puertos del Estado español, ya sea en Motril, en Bilbao o en Sagunt, tal y como lo hará el Bahri Jazán este sábado, hacen la maniobra de carga de noche, algo explícitamente prohibido por la propia normativa al tratarse de material muy peligroso. De otro modo no se entendería que el pasado 12 de febrero se paralizara la carga del buque


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Bahri Yanbu en Bilbao de repente, retomándose la operación unas horas después, coincidiendo con la finalización de un acto de presentación de una conocida marca de camiones a poca distancia del puerto.

Después de casi seis años de guerra, más de 100.000 personas han muerto a causa de los bombardeos. A esto hay que añadir el hambre generalizada provocada por el bloqueo naval de Arabia Saudita que pone en riesgo la vida de más de 17 millones de personas en una crisis calificada por fa ONU como "la peor crisis humanitaria del mundo". Mientras países como Alemania han revocado sus acuerdos de venta de armas a Arabia Saudí, España es el tercer país proveedor del régimen: en lo que va de año 2020, y según el responsable de Ayuda Humanitaria de la ONU, en Yemen han muerto más de 160 civiles.

El mismo artículo 8 de la ley 53/2007 dice en su apartado c) que se revocará un permiso "Cuando se contravengan las limitaciones que se derivan del Derecho internacional, como la necesidad de respetar los embargos decretados por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras". Y la misma ley, en su artículo 11 dice que "La Administración General de Estado podrá proceder a la inmediata retención del material de defensa, del otro material y de los productos y tecnologías de doble uso en tránsito a través del territorio, o del espacio marítimo o aéreo sujetos a la soberanía española, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 8 de esta Ley, sin perjuicio de los controles establecidos por disposiciones especiales".

En cuanto a la legalidad internacional, basta recordar el artículo 6 del Tratado de las Naciones Unidas (ONU) que en su punto 3 dice que "Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el 6 artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte". Recordamos que hace unas semanas se prohibió por resolución judicial el amarre de uno de estos barcos en el Reino Unido, reconociendo la vulneración de la normativa internacional en cuanto al comercio de armas.

Arabia Saudí y la Guerra del Yemen se han convertido en la fuente de comisiones y beneficios para unos pocos, pero también se han convertido en la vergüenza del Estado, y es que las escalas y cargas de estos buques en puertos españoles convierten a España en cómplice de una masacre. Solo hay una manera de refutar la complicidad con un régimen dictatorial que no respeta los Derechos Humanos: dejar de venderles armas y negarse a que estos "barcos de la muerte" (sobrenombre por el cual se conoce a los buques de la naviera Bahri) hagan escala en puertos en territorio español. En tal sentido, se han movilizado colectivos como Antimilitaristes-MOC, Ecologistas en Acció, Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón OXFAM o las Plataformas Sagunt per la Pau, La guerra empieza aquí o Ongi Etorri Errukuxiatuak, así como otros colectivos en Bélgica, Francia o Italia.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Denegar el permiso para atracar en el Port de Sagunt al buque Bahri Jazan, y en el caso de que finalmente se realice, requisar el material de defensa que cargue o transporte, en virtud del artículo 11 de la Ley 53/2007.

2. Ejercer un control efectivo sobre el armamento y material de doble uso que realiza tránsito en el Estado español y, en particular, aquel que es sospechoso de ser utilizado en conflictos como los detallados en el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

3. Denegar el permiso para atracar en los puertos del Estado a buques sospechosos de transportar armamento en dirección a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o a otros países siempre que se considere susceptible de ser usados en el conflicto en Yemen, así como requisar el material de defensa en el caso de que finalmente se realice el atraque en puertos del Estado, en virtud del artículo 11 de la Ley 53/2007.


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4. Establecer una moratoria con el objetivo de paralizar todos los procesos de autorización, tránsito o exportación de armas o material de doble uso a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como a cualquier otro país cuando exista la duda de que van a ser usados en el conflicto de Yemen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

Comisión de Hacienda

161/000313

A la Mesa de la Comisión de Hacienda

Doña Ana María Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión, sobre uso del superávit por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reguló en su artículo 12 una nueva regla de disciplina fiscal, la regla de gasto, que supone la imposibilidad por parte de aquellas Comunidades Autónomas que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad utilizar su propio remanente presupuestario, por el incumplimiento de otras Comunidades Autónomas o del propio Estado.

La regla de gasto se utilizó por primera vez en el ejercicio 2013, año en el que al igual que había ocurrido ya en el 2012 la Comunidad Autónoma de Canarias cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y así ha ocurrido en los ejercicios posteriores.

La Comunidad de Canarias ha venido en esos años registrando una necesidad de financiación inferior al promedio de las Comunidades Autónomas así como una deuda pública sobre el PIB también sensiblemente inferior.

En este contexto, la aplicación de la regla de gasto está imponiendo a la Comunidad Autónoma de Canarias un límite a la evolución de sus gastos más restrictivo que el que deriva del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En cuatro ejercicios presupuestarios (2016, 2017, 2018 y 2019) no ha sido posible, por la aplicación de la regla de gasto, presupuestar una cuantía equivalente al déficit máximo permitido con la consiguiente repercusión en los gastos destinados a la prestación de los servicios públicos fundamentales, siendo una Comunidad Autónoma con una tasa de desempleo superior al promedio y con un PIB inferior a la media.

Seguiremos luchando por la aplicación de la regla de gasto territorializada que trate de forma justa a las Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y el uso de sus propios recursos para mejorar los servicios públicos fundamentales.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a Promover los cambios necesario para eximir de la aplicación del superávit presupuestario en los términos que define el artículo 32 de la Ley. Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a aquellas Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaría y de deuda pública establecidos, así como con los plazos de pago a proveedores determinados legalmente, y que presenten superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional por la aplicación de la "regla de gasto" definida en el artículo 12 de la citada Ley, permitiendo destinar


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hasta el 50 % de dicho superávit en servicios públicos esenciales, áreas estratégicas y en operaciones de capital que mejoren las infraestructuras de los servicios públicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la exención del IVA en los abonos de Semana Santa, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

La Semana Santa en Andalucía es un acontecimiento de interés turístico internacional que, además de su importancia cultural y antropológica, tiene una importante repercusión económica y sobre el empleo.

Según la "Encuesta de Seguimiento Turístico" elaborada por la Consejería de Turismo, Andalucía recibió 768.000 turistas durante la Semana Santa de 2019, que gastaron 352 millones de euros fundamentalmente en restauración (36,4 %), alojamiento (30,3 %) y compras (10,6 %). El grado de satisfacción de estos turistas es muy elevado (8,2 puntos sobre 10), lo que les hace plantearse la posibilidad de volver al mismo destino (tres de cada diez turistas repetían el destino del año anterior) y genera una imagen muy positiva que atrae nuevos turistas a esta Comunidad Autónoma (el 86,4 % de quienes visitaron Andalucía en Semana Santa lo hicieron por la experiencia propia o por la recomendación de amigos y familiares).

El éxito de esta celebración de carácter religioso, cultural y turístico descansa en dos pilares fundamentales: el profundo arraigo entre sus habitantes, que participan de manera activa y masiva en estas fiestas; y en las hermandades y cofradías que, de forma altruista, realizan una labor fundamental en el mantenimiento de una de las tradiciones y seña de identidad más importante de nuestro país.

Estas hermandades y cofradías, que se financian fundamentalmente a través de las cuotas de sus propios cofrades y por los ingresos que obtienen procedentes de los abonos de Semana Santa son entidades privadas de carácter social, sin fines lucrativos y en las que los cargos de presidente, patrono o representante legal son gratuitos y carecen de interés en los resultados económicos de la explotación.

La concurrencia de estos requisitos hace que la actividad concreta de la venta de abonos para presenciar los desfiles procesionales esté sujeta a la exención definida en el artículo 20.uno.14.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se había admitido hasta ahora por la doctrina administrativa del Ministerio de Hacienda en repetidas ocasiones.

No se entiende el cambio de criterio establecido ahora por el Gobierno socialista ,por el que se excluye de esta exención a las hermandades y cofradías, y se les reclama el 21 % del IVA a partir de esta Semana Santa de 2020 en el cobro de las sillas, tribunas y palcos de la carrera oficial, en una clara discriminación respecto al resto de espectáculos culturales en vivo, que tributan al 10 %, y poniendo en riesgo la viabilidad económica de estas entidades privadas, culturales, de indudable carácter social y sin ánimo de lucro.

Corresponde al Gobierno de España velar por las tradiciones y señas de identidad de nuestro país, lo que pasa por apoyar a las hermandades y cofradías de Andalucía que, con su labor altruista, contribuyen a hacer de la Semana Santa andaluza no solo un acontecimiento de interés turístico internacional sino parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra riqueza patrimonial inmaterial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reconoce el valor histórico, cultural y antropológico de la Semana Santa, así como su importante repercusión en el turismo, en la economía y en el empleo.


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Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aclarar la instrucción de la AEAT y mantener el criterio aplicado hasta hoy, según el cual se reconoce a las hermandades y cofradías el derecho a la exención prevista en el artículo 20.uno.14.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Interior

161/000297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alcanzar una equiparación salarial real y efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su posterior debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías del Estado fue una de las exigencias ineludibles que Ciudadanos puso al Gobierno de entonces, del Partido Popular, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, aún vigentes hoy.

Así, se obligó a incluir en las citadas cuentas una considerable partida presupuestaria para sueldos y salarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -FCSE- como punto de partida de un proceso de equiparación salarial a tres años que culminase con la equiparación "real y efectiva" entre todos los cuerpos policiales autonómicos. Todo ello ante la histórica inacción del bipartidismo ante esta justa reivindicación y la tibieza en el apoyo del resto de grupos parlamentarios y partidos políticos.

La exigencia de Ciudadanos culminó en un acuerdo del entonces Ministro, Juan Ignacio Zoido, con los representantes de diferentes sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de marzo de 2018. En el mismo, se estipuló una cantidad inicial -no cerrada ni definitiva- de 807 millones de euros, si bien se contemplaba la contratación de los servicios de una auditoría externa para que comparase las retribuciones de los distintos cuerpos policiales estatales y autonómicos "puesto a puesto", con el fin de llevar a cabo las correcciones necesarias para que la equiparación fuera "total y absoluta".

La mayoría de los sindicatos y asociaciones han venido considerando que esta cantidad es insuficiente, y así lo manifestó también la auditora externa encargada de llevar a cabo el análisis de las retribuciones, en su primer informe de febrero de 2019 en el que manifestaba: "En nuestra opinión la citada cifra de los 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva. [...] La exclusión de estos conceptos de la masa salarial utilizada en el cálculo por la Secretaría de Estado haría que la cifra de 807 millones de euros no permita alcanzar la equiparación salarial de las FCSE con los Mossos de Esquadra".

Este primer informe fue devuelto por el Ministerio del Interior, ya en manos del Ministro Fernando Grande-Marlaska con el gobierno del partido socialista, obligando a la consultora a realizar otro posterior. En este segundo informe, curiosamente, desaparece toda mención a la insuficiencia de este importe. Más al contarlo, la consultora deja claro que se ha tenido que ceñir a los 807 millones pactados inicialmente. Según se publicó en diversos medios, Interior habría forzado a la auditora a modificar su informe para que limitaran sus conclusiones a dicha cantidad. De hecho, en el segundo y definitivo documento se manifiesta que "[...] Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo son el marco total y absoluto del que debe partirse".


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Estas presuntas presiones del Gobierno son el origen de varios procedimientos judiciales abiertos por diferentes sindicatos de policías y asociaciones de la Guardia Civil contra el citado departamento ministerial.

Por otro lado, además, los dos primeros tramos de subida salarial ya ejecutados a día de hoy no incluían la correspondiente subida del "complemento específico general" que habría supuesto, de facto, que no quedara excluido el colectivo policial en segunda actividad y jubilado. En todo caso, el acuerdo en tres tramos que hoy se está llevando a efecto no supone fa equiparación real y efectiva de las FCSE en todo el territorio, como acreditó en un primer momento la consultora contratada al efecto, sino un incremento salarial que resulta insuficiente para llegar a la equiparación total.

En la misma semana en la que el Gobierno ha inaugurado su mesa de negociación con independentistas y separatistas en Cataluña y con una Agenda para el Reencuentro que contempla, por ejemplo, la deducibilidad del IVA para los medios públicos catalanes -TV3 y Cataluña Radio-, hemos conocido que el Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la equiparación salarial presentada por Jusapol, asociación formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, escudándose en restricciones presupuestarias y en la "insostenibilidad" de llevar a efecto una equiparación total de nóminas que supondría, dicen, un desembolso de 1.800 millones de euros.

Según ha manifestado Jusapol y los sindicatos mayoritarios del Cuerpo, "el Gobierno ha abandonado a las FCSE", uno de los colectivos mejor valorados por los ciudadanos, por lo que se han anunciado masivas movilizaciones para hoy, día 3 de marzo.

En este contexto, es indispensable promover una iniciativa que garantice que la equiparación salarial de nuestras FCSE es real y efectiva en todo el territorio nacional, por lo que este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar un nuevo informe a una consultora externa con conocimientos en la materia, en cuyo encargo se especifique de manera indubitada que su análisis no tiene por qué ceñirse a una validación de la cantidad de 807 millones acordada como cantidad inicial de partida, sino que debe dar una valoración libre e independiente de la cantidad que, a su juicio, es necesaria para llevar a efecto la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas.

2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 la cantidad que se estime necesaria para que exista una verdadera remuneración igualitaria, incluso de ser esta superior a los 807 millones ya aprobados.

3. Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los 90 agentes de la Guardia Civil dependientes del Ministerio de Defensa que aún no han recibido la subida pactada hasta ahora correspondiente a ninguno de los tramos reciban ya, al menos, la retribución correspondiente a los dos primeros.

4. Ejecutar la subida ya realizada y las que se deriven de la consecución de la equiparación salarial real sobre el Complemento Específico General, suponiendo esto que no quede excluido injustamente el personal en segunda actividad.

5. Retirar el veto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre equiparación salarial, con el fin de que la misma pueda ser tramitada parlamentariamente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley instando a aprobar un plan director de ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior, para su debate en Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La ciberseguridad constituye una dimensión más de la seguridad de nuestro país. Los ciberataques son una de las mayores preocupaciones de los Estados en la actualidad. Este tipo de actividades delictivas suele tener conexiones con el crimen organizado, el espionaje o el terrorismo internacional.

El cibercrimen es la modalidad de amenaza cibernética más extendida. En 2018, las FCSE conocieron de más de 110.000 casos de ciberdelincuencia, de los cuales el 80 % correspondieron a fraudes informáticos, fundamentalmente contra ciudadanos y pequeñas empresas, y es un hecho probado que la delincuencia se está trasladando del mundo físico al mundo virtual con gran rapidez. Otras tipologías, como el ramsomware, han crecido de manera meteórica durante 2019 a nivel global, y también en España, con episodios bien conocidos como los del malware Emotet o Ryuk, en los que han resultado afectados servicios públicos esenciales (hospitales, agua, entidades locales o energía...).

Un reciente estudio del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales (enero 2020) sitúa a los ataques cibernéticos contra las infraestructuras críticas como el quinto mayor riesgo en 2020 a escala mundial, apuntando a que tales ataques han afectado incluso a ciudades enteras, y a que la energía, la asistencia sanitaria o el transporte están ahora en su punto de mira.

En un país, que como España, tiene entre sus prioridades la de realizar una "Transición Digital" que mejore fa competitividad de nuestro sistema económico así como de nuestro modelo productivo, es imprescindible que ese cambio de paradigma, en un contexto donde la confianza es un elemento crucial, se realice de forma segura.

La Estrategia de Seguridad Nacional y su desarrollo, a través de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2019, establecieron una serie de líneas de acción cuya implantación se está culminando en estos momentos.

Este modelo de ciberseguridad permite disponer de margen para culminar fa estructura de organización y gobernanza de la ciberseguridad española. Un espacio donde el Ministerio del Interior debe jugar un papel de liderazgo puesto que constituye el único departamento del Gobierno de España que forma parte de todo el ciclo de vida de la ciberseguridad: Prevención, detección, protección, respuesta y persecución.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incorporar a sus diferentes políticas públicas, la apuesta por la digitalización segura de nuestra economía.

2. Impulsar la aprobación de un Plan Director de la Ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Sistema Nacional de Protección Civil, para su debate en la Comisión de Interior.


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Exposición de motivos

La reducción del riesgo de desastres en el contexto del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene un objetivo principal, que es impulsar la implantación y seguimiento del Marco de Sendai en coordinación con la aplicación de la Agenda 2030 que establece Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los diecisiete objetivos de Desarrollo sostenible guardan estrecha relación con las siete Metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y comparten también muchos de los indicadores establecidos para medir los logros obtenidos.

Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, España está trabajando intensamente para implementar estas metas de Sendai, que tan relacionadas están con los ODS de la Agenda 2030.

Un primer paso, de importancia central, ha sido el alineamiento de la primera Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada en abril por el Gobierno de España. Por primera vez, la Protección Civil española cuenta con un marco estratégico a cinco años, en el que se contemplan como factores potenciadores del riesgo el cambio climático, la vulnerabilidad social y personal frente a las emergencias, o los usos del suelo.

Hay que señalar no obstante, que ni los fenómenos meteorológicos adversos, ni el cambio climático, son los únicos culpables de los desastres. Hay otros factores, como la alta exposición en zonas de amenazas naturales y la vulnerabilidad de los elementos expuestos que, junto con la amenaza, conforman el riesgo.

Se trata de una realidad a nivel mundial que, también se ha podido constatar en Europa donde solo hay que recordar los sucesos tan recientes como el de la depresión atmosférica aislada en niveles altos (Dana), o la borrasca Gloria, que han afectado intensamente a distintas zonas de España.

En este sentido es imprescindible conseguir una reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales.

De aquí a 2030, el objetivo debe ser reducir significativamente los daños personales y materiales provocados por desastres naturales.

Por todo ello, y con la finalidad de avanzar en la citada reducción del riesgo que causan los desastres, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 diseñando e implementando los indicadores en línea con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres en el ámbito de la Protección civil incorporando la perspectiva climática."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Pacto de Estado por la movilidad, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

Como señala el filósofo José Antonio Marina, un Pacto de Estado es un instrumento para mejorar el funcionamiento de fa democracia en ciertos temas de decisiva importancia para la ciudadanía. Implica la conveniencia de que todos los partidos y fuerzas sociales estén dispuestos a trabajar a partir de una,base


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común. No supone homogeneidad absoluta, porque eso puede anular el dinamismo democrático, sino un acuerdo básico sobre algunos principios, y estructuras fundamentales.

La necesidad de incorporar las infraestructuras y la movilidad a un gran acuerdo político se fundamenta en la importancia del transporte para la consecución de los retos que nos plantea el mundo actual y de cuya consecución dependerá nuestro futuro bienestar. Como ha señalado la Asamblea General de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Transporte, el transporte constituye un mecanismo indispensable para el desarrollo sostenible de los países, así como un elemento estratégico para su crecimiento económico. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea que todas las personas deben tener acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Las infraestructuras son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. El transporte es un sector estratégico básico que garantiza la movilidad de los ciudadanos, el desarrollo de la economía, el incremento de la productividad y la libre circulación de mercancías.

La política de transportes forma parte de los ámbitos políticos comunes de la Unión Europea (UE) desde hace más de treinta años. El transporte es un sector estratégico de la economía de la UE que afecta directa y diariamente a todos los ciudadanos de la UE, que crea aproximadamente once millones de puestos de trabajo y constituye una herramienta básica de la integración europea.

En España, las infraestructuras de transporte absorben gran parte de la inversión pública del Estado. En un contexto en el que debemos acometer los importantes retos que nos plantea el futuro, una inversión más eficaz, guiada por criterios objetivos que nos permitan priorizar el destino de nuestras inversiones garantizando la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, es de importancia crucial para acometer dichos retos.

Desde finales de los años 80 se ha invertido en España en infraestructuras de transporte importantes cantidades de dinero que han permitido que hoy nuestras infraestructuras sean homologables a las del resto de países de nuestro entorno y en algunos casos superiores. Este esfuerzo inversor se ha venido realizando por los sucesivos gobiernos desde un convencimiento y un acuerdo político común tácito: la necesidad de equiparar a España con el resto de Europa en infraestructuras de transporte.

Las políticas de transporte cumplen sus objetivos a largo plazo, su gestión transciende el periodo de una legislatura y sus consecuencias se extienden durante décadas y afectan a varias generaciones; por ello deben obedecer a criterios estables con independencia del ciclo electoral o el signo político del gobierno de turno. Criterios básicos como la seguridad, la movilidad, la sostenibilidad y la cohesión territorial, sustentados sobre principios y metodologías estables, deben de gozar de un consenso político básico que permita orientar decisiones de forma efectiva hacia la satisfacción de las necesidades reales de las personas y de nuestro sector productivo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado por la movilidad, que oriente de forma estable y con independencia de las coyunturas políticas las decisiones de planificación en materia de movilidad e infraestructuras de transporte, con objeto de garantizar, de forma aún más eficaz, el derecho a la movilidad, la cohesión social y territorial, aumentar la productividad y competitividad de la economía y combatir el cambio climático."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la creación de una única autoridad administrativa


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independiente para la investigación técnica de accidentes de transporte, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La seguridad es la principal preocupación en cualquier sistema de transporte. Es un elemento básico del derecho a la movilidad que se sustenta fundamentalmente en el cumplimiento riguroso y estricto de las normas y procedimientos establecidos. No obstante, a pesar del celo en el estricto cumplimiento de la norma y los procedimientos, es inevitable que se produzcan accidentes, normalmente derivados de un cúmulo de circunstancias que no permiten evitarlos o preverlos. En ingeniería y en transporte, como en casi todos los ámbitos de la vida, el riesgo cero no existe. Nadie nos garantizará que nunca puede producirse un accidente, ni aun en el caso de que las inversiones fuesen infinitas, y sin que ello sea óbice para que la minimización del riesgo sea la principal preocupación de las autoridades encargadas de gestionar y supervisar nuestro sistema de transporte.

La investigación técnica sobre las causa de un accidente sirve fundamentalmente para la prevención de futuros accidentes e incidentes, para evitar en lo posible la repetición de posibles fallos. Actualmente son tres las Comisiones de Investigación de Accidentes adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), encargada de investigar accidentes e incidentes aéreos ocurridos dentro del territorio español; la Comisión de investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de interés General; y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), encargada de realizar la investigación de los accidentes e incidentes marítimos producidos en o por buques civiles españoles, o en o por buques civiles extranjeros cuando se produzcan dentro de las aguas interiores o en el mar territorial español, así como de los que ocurran fuera del mar territorial español cuando España tenga intereses de consideración.

La existencia de tres organismos distintos para la investigación de accidentes e incidentes relacionados con el transporte, obstaculiza el aprovechamiento de las economías de escala como consecuencia de la existencia de metodologías y procedimientos de investigación técnica semejantes. La creación de un organismo multimodal para la investigación técnica de accidentes facilitaría poder compartir experiencias y formas de trabajo en aspectos como la investigación de los factores humanos, organizativos y normativos o de las causas raíces de estos accidentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un organismo único intermodal que asuma las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Dicho organismo deberá gozar de independencia y autonomía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un atlas sobre políticas públicas para el desarrollo de un Estado Social, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La adopción de medidas dirigidas a garantizar la cohesión social es una prioridad política que está impulsando el Gobierno para responder a la demanda de la sociedad española para conseguir un Estado social justo.


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El actual Gobierno ha iniciado con firmeza el camino hacia un desarrollo social inclusivo, resultando muy conveniente instrumentar medios para medir el avance de las políticas públicas de carácter social más relevantes, con objeto de poder evaluar el impacto generado y poder modificar, en su caso, las medidas implantadas, así como adoptar nuevas medidas sociales.

En este sentido, los mapas y gráficos elaborados con los indicadores más significativos, obtenidos de los organismos y unidades estadísticas oficiales, son una herramienta fundamental para conocer la situación y la evolución de los diferentes aspectos sociales. Los mapas sobre los retos de mejora social, como la situación de los hogares, la dependencia, la desigualdad entre mujeres y hombres, la sanidad, la educación, las pensiones, el medio ambiente o la investigación, permiten una comprensión inmediata y eficaz de cada uno de los temas. La representación gráfica de la realidad supone una abstracción de los factores que influyen en un determinado fenómeno social y facilita la estimación de las causas y la propuesta de las medidas que deben ser planificadas e implantadas.

Para evidenciar esta evolución y, a la vez, tener la capacidad de transmitir esta realidad en un formato accesible para toda la ciudadanía, se considera que el instrumento óptimo es un Atlas, que crea un hilo narrativo a través de mapas, gráficos, textos y otros elementos visuales, que dan razón de la realidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a confeccionar anualmente, a través del Instituto Geográfico Nacional, una separata del Atlas Nacional de España denominado Atlas de Política Públicas Sociales con los principales indicadores a este respecto, desagregados por comunidades autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/000292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de políticas públicas para abordar la erradicación del antigitanismo en el ámbito educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La comunidad gitana en el Estado español, cifrada en torno a los dos millones de personas, es la minoría nacional más numerosa de todo el Estado.

Las cifras estadísticas oficiales advierten de la situación de exclusión en la que vive un segmento significativo de la población gitana. A esta preocupante situación de exclusión, se añade la grave discriminación sistémica que padece esta comunidad.

Según cifras del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, informe de 2014, el 90 % de las personas gitanas entrevistadas se percibían como una comunidad representada por los medios de comunicación de forma muy sesgada, a través de prejuicios y estereotipos.

Según el Eurobarómetro de 2019, en España, el 82 % de las personas entrevistadas creen que la integración de los gitanos y gitanas no sería beneficiosa para la sociedad.

Estudios recientes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, revelan la existencia de 2.604 barrios habitados mayoritariamente por población gitana. Barrios correspondientes a 1.069 municipios repartidos por todo el territorio del Estado. Estas áreas se encuentran geográficamente segregadas de los núcleos urbanos. Éstos barrios segregados, en términos generales, tienen tasas de desempleo más altas que el resto de barrios, presentan pocos o ningún servicio público, y cuentan con


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viviendas de calidad inferior (en ocasiones calificadas como infravivienda). Y sumado a todo esto, estos barrios están marcados por una alta estigmatización en el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Según estudios recientes del Fundamental "Rights Agency" de la Unión Europea, el 98 % de las personas gitanas entrevistadas tienen ingresos inferiores al umbral nacional de la pobreza, mientras que en el resto de la población española la cifra promedio es del 26 %. Y según un estudio del "European Antipoverty Network", la tasa de pobreza de la infancia gitana es del 89 %, mientras que la cifra promedio para el resto de la población es del 31 %.

Este contexto de exclusión y discriminación estructural, tiene un impacto negativo en el desarrollo educativo del alumnado gitano. El resultado más palpable de esta desigualdad quedó patente en el informe que elaboró en 2015 el "Decade of Roma Inclusion Secretariat", a instancias del Banco Mundial: solo el 2 % de las personas gitanas acceden a la universidad, mientras que la media nacional de acceso a la universidad es del 45 %.

No existen datos oficiales sobre las tasas de fracaso y abandono escolar en el alumnado gitano. No obstante, según datos del informe "El alumnado gitano en secundaria, un estudio comparado", elaborado en 2013 por la Fundación Secretariado Gitano: un 64 % del alumnado gitano de entre 16 y 24 años no concluye los estudios obligatorios, frente al 13 % del conjunto del alumnado nacional. Además, la tasa de abandono escolar temprano (porcentaje de jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años que han completado como nivel educativo máximo la ESO y no han continuado los estudios postobligatorios) se sitúa en el 63,7 % en la comunidad gitana, frente al 19,4 % en el conjunto de la población. Estas cifras advierten de que seis de cada diez alumnos gitanos no concluyen la educación obligatoria.

Existen herramientas de atención y orientación pedagógica, diseñadas e implementadas por organizaciones de la sociedad civil gitana, que podrían institucionalizarse, para contribuir a la mejora sustancial de los niveles de escolarización y de éxito del alumnado gitano.

Desde los poderes públicos, especialmente las administraciones competentes en materias de matriculación y planificación educativa, se deben abordar estrategias que eviten la segregación educativa que vive la comunidad gitana. Con el alumnado gitano se dan dos tipos de situaciones de segregación escolar: por un lado, la segregación residencial; y por otro lado, la segregación en el aula por la distribución del alumnado en función del nivel curricular.

Otro de los elementos discriminatorios hacia la comunidad gitana, en el ámbito educativo, es la falta de referencias en el currículum obligatorio a la historia de este pueblo que cuenta con un arraigo de más de 600 años en nuestro país. Hay desconocimiento preocupante sobre el pueblo gitano por parte de la mayoría de la sociedad española. A través de la incorporación de la historia del pueblo gitano en el currículum educativo, se podría corregir esta situación.

La "Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo", pide a los Estados miembros que concedan prioridad a los niños y niñas en la aplicación del marco europeo de estrategias nacionales para la inclusión del pueblo gitano, en particular proporcionando a los niños gitanos acceso a la educación. Esta Resolución Europea subraya que la plena escolarización y la desegregación del alumnado gitano resulta clave para una plena inclusión del pueblo gitano, ya que permitirá que las próximas generaciones mejoren su acceso al empleo y a la coexistencia normalizada con el resto de la sociedad.

El objetivo 3 de la Estrategia Nacional de Inclusión Gitana 2012-2020, establece la necesidad de incrementar la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y el aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa. Para ello, establece la necesidad de reducir las tasas de abandono escolar, para lo que el gobierno se comprometió a ofrecer datos en 2012 (objetivo 3.2.), así como incrementar el alumnado gitano que se titula en la ESO, para lo que también establecen el compromiso de ofrecer datos en 2012. A día de hoy ese compromiso no se ha cumplido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo estrategias para reforzar la educación inclusiva, posibilitando la inclusión del alumnado gitano en centros educativos ubicados en áreas no segregadas.


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2. Realizar un estudio sobre las tasas de abandono escolar y las tasas de titulación en ESO del alumnado gitano, incluyendo datos desagregados por género.

3. Desarrollar en el marco de una estrategia compartida con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas las siguientes líneas de trabajo:

a) Reforzar la cooperación en materia de educación inclusiva.

b) Promover la implicación de las familias gitanas en todo el ciclo de la educación y a lo largo del curso académico.

c) Impulsar la colaboración y coordinación con las entidades del movimiento asociativo gitano.

d) Fomentar el acceso a servicios de escuela infantil de 0 a 3 años.

e) Promocionar medidas de acompañamiento para la transición entre educación secundaria, formación profesional y educación superior; a través de programas de orientación laboral, de preparación del paso de secundaria a formación profesional y de acompañamiento en las fases de transición entre ciclos y etapas educativas.

4. Promover la incorporación de la historia gitana como parte del currículum educativo, junto con la elaboración, edición y distribución de materiales didácticos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2020.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú-Podem-Galicia en Común.

161/000302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La educación es un valor fundamental de nuestra Constitución, que en su artículo 20 c) consagra el derecho a la libertad de cátedra y en su artículo 27 el derecho a la educación. Concretamente, el artículo 27.2 determina que la Constitución Española también establece que niños y niñas sean educados en el fomento de la igualdad y el respeto, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 3, párrafo 1 proclama que el interés superior del menor siempre debe prevalecer, en tanto que los niños y las niñas son la educación tendrá por objeto "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Así mismo, los poderes públicos deben garantizar sujetos de derechos cuya libertad debe ser protegida por las instituciones.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación fija en sus artículos 121.1 y 125 el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, y su inclusión prescriptiva en la Programación General Anual del centro. La toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual corresponde al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar, así como al director/a del centro que debe garantizar en el cumplimiento de la ley. Son los docentes quienes, en el marco de la autonomía pedagógica establecida en la ley, tienen competencia para fijar las actividades complementarias que consideren oportunas, actividades que serán en todo caso evaluables a efectos académicos y obligatorias por ello.

Actualmente, la lucha contra el acoso escolar es, además, uno de los retos más importantes que tenemos a nivel educativo y, por ende, los contenidos LGTBI, la educación afectivo-sexual, la educación en diversidad o el fomento de la convivencia son elementos fundamentales en la educación de niños y


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niñas tal y como queda fijado en los objetivos 4 y 5 de la Agenda 2030, y en las recomendaciones del Relator Especial de la ONU 2010 sobre el Derecho a la Educación.

Por consiguiente, nuestras instituciones deben garantizar activamente la consecución de estos objetivos en beneficio de niños y niñas y no pueden permitir medidas que los menoscaben, como el veto parental como las se están planteando llevar a cabo en la región de Murcia o Andalucía. Abrir la puerta a la censura educativa es poner en riesgo los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Reconocer dicha amenaza supone defender lo que significa la escuela en una sociedad democrática y garantizar los derechos de los menores a crecer en libertad sin ver coartado el desarrollo de su personalidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar cuantas medidas estén en su mano para garantizar el cumplimiento de la Ley y la Constitución frente intentos de censura educativa por parte de cualquier Comunidad Autónoma.

2. Avanzar en materia de convivencia, fomento del respeto a la diversidad y educación afectivo-sexual, facilitando planes de educación sexual integral que protejan el papel de la escuela como instrumento para el libre desarrollo de la personalidad de los menores, con pleno respeto a su orientación sexual, género, raza, religión, etc. y erradicando toda forma de acoso escolar y discriminación.

3. En el marco de modificación de la Ley educativa, realizar las medidas necesarias para recuperar las competencias de los consejos escolares en la aprobación de la programación de los centros, así como impulsar y financiar una mayor implicación y participación de las familias en los centros educativos, de acuerdo a lo establecido en nuestra constitución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.

161/000317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la elaboración de una Ley de Ordenación General de la Profesión Docente, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Podemos considerar al profesorado como la piedra angular del sistema educativo, el elemento crítico para la mejora de la calidad del mismo. La vocación es el punto de inicio, pero el nivel de conocimiento del profesorado y su calidad pueden explicar hasta en un 30 % la variación de los resultados escolares.

La literatura científica disponible demuestra el papel relevante de los profesores en los resultados de los alumnos y, por extensión, del sistema educativo en su conjunto, en el que también interviene la estructura del sistema educativo, el funcionamiento y el ambiente social de los centros y su entorno, la configuración y adaptación del currículo, la evaluación continua del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los alumnos, entre otros.

Los organismos internacionales con competencias en educación y los Gobiernos, en particular los de los países más avanzados, han hecho de las políticas centradas en el profesorado un objetivo prioritario de intervención.

Organismos internacionales, como la OCDE, la Comisión Europea, la UNESCO o la OEI, entre otros, han recomendado de forma reiterada a los países miembros acometer reformas para revalorizar y mejorar la profesión docente. Baste recordar el informe Eurydice, titulado "La carrera docente en Europa: Acceso, progresión y apoyo", donde se pone de manifiesto la gran preocupación que tienen los países de nuestro


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entorno a la hora de elaborar políticas destinadas a prestar un apoyo efectivo al profesorado, incrementar su profesionalidad y mejorar su estatus.

Los países que decidieron acometer reformas en profundidad de sus sistemas educativos y, en especial, de la mejora de la calidad del profesorado, hoy se sitúan entre los diez mejores sistemas educativos del mundo.

Por estos motivos, consideramos imprescindible la elaboración de un proyecto de ley de ordenación general de la profesión docente, que contemple ese nuevo sistema de acceso a la profesión, y un diseño básico de la carrera profesional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un Proyecto de Ley de Ordenación General de la Profesión Docente que contemple un nuevo modelo de sistema de acceso a la profesión docente y un diseño básico de la carrera profesional que considere la evaluación, la formación, los incentivos, la promoción y el desarrollo profesional, que incluya, entre otras medidas, las siguientes:

a) Un sistema de acceso a la función docente capaz de atraer a los mejores expedientes académicos y que, inspirado en el MIR sanitario, garantice como criterios de selección el mérito y la capacidad; esté basado en el esfuerzo, la vocación y la implicación personal; comporte la superación de una prueba de selección nacional, seguida de una fase de formación de postgrado, de carácter teórico-práctico, que habilite a los candidatos para el ejercicio de la profesión.

b) Un Plan de Carrera Profesional que contemple la progresión a través de diferentes itinerarios y distintos grados retribuidos -o incluso de diferentes niveles dentro del mismo grado- en función de la implicación y dedicación de cada docente, de una formación permanente orientada a la mejora, de la preparación para la adquisición del siguiente grado y de los resultados de una evaluación del desempeño justa y objetiva.

c) La introducción de un sistema de incentivos para una mejora continua de la calidad educativa, en el que se reconozca la formación permanente como un derecho y también como una obligación del profesorado.

d) Un reforzamiento de los sistemas de formación permanente del profesorado en ejercicio, como estrategia privilegiada para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, que se articularía en torno a los siguientes ejes de acción:

i. Formación para la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas y, en particular, las asociadas con la discapacidad.

ii. Formación en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la mejora de los aprendizajes y formación en lenguas extranjeras para todo el profesorado, independientemente de cual sea su especialidad. Se establecerán programas específicos en estos ámbitos, así como programas de investigación e innovación educativas centrados en ellos.

iii. Actividades de formación, de ámbito nacional, acreditadas a efectos de los procedimientos de acceso a la función pública docente, del desarrollo de la carrera docente, de los concursos de traslados y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes.

iv. Actualización científica y didáctica en las distintas áreas, asignaturas o materias así como en la organización y dirección de los centros, en la coordinación didáctica, en la orientación -incluida la orientación profesional- y en la tutoría.

e) La implementación de un conjunto de itinerarios que facilite la movilidad profesional del profesorado en los ámbitos del aula, del centro y de las administraciones educativas.

f) El aprovechamiento del capital de conocimientos y competencias profesionales de los profesores experimentados en beneficio de la preparación de las nuevas generaciones de profesores y del sistema en su conjunto, en el marco del sistema del MIR docente.


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g) El acceso de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunas con las Universidades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-María Sandra Moneo Díez y Oscar Clavell López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que "todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza".

El derecho a la educación, o el derecho de todos a la educación, se configura bajo los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (apartado 3); la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales (apartado 6); el derecho a que en la programación general de la enseñanza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula además, que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca (apartado 9).

La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos son derechos que, por la tanto, gozan de protección constitucional, largamente confirmada por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en esta materia.

El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas". En este sentido, una correcta y adecuada financiación es la que hace efectivo el derecho a la libertad de enseñanza, por lo que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social y las necesidades de los más desfavorecidos, con el fin de que la gratuidad total de la enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o privada del centro en el que se reciba, permitiendo así consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para hacer efectivos los derechos recopilados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, es preciso financiar con fondos públicos los centros docentes de iniciativa social así como garantizar el derecho de las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada por su situación económica.

Por otro lado, fue la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la que desarrolló los principios que en esta materia contiene citado artículo de la Constitución, con la pretensión recogida en la Exposición de motivos de abarcar "todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación".

El preámbulo de esta norma define el sistema educativo en España como "un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable". Seguidamente se explica el marco educativo que configura la Constitución como de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas".


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Para ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación pública de los centros privados que reúnan los requisitos señalados n la ley, las familias pueden optar no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre los centros de iniciativa social.

Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y la Carta europea de los derechos fundamentales establece que "se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas".

También la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo 84, apartado 1, que "las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores", apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en 2013.

Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir libremente entre los centros de titularidad pública y los promovidos por la iniciativa social, mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, en un entorno plural de instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural.

Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no solo restringe ampliamente la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad, porque precisamente diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia.

A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia consolidado por el artículo 27 de la Constitución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

2. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

3. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarías, pública y privada-concertada.

4. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, públicos y privados-concertados, de los recursos necesarios para ello.

5. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos centros.

6. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias.

7. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. A tal efecto, fijará un calendario razonable de tiempo para adecuar el módulo de concierto al coste real de la enseñanza.


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8. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada se modificará la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la citada Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley.

9. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad.

10. Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-María Sandra Moneo Díez y Oscar Clavell López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Montserrat Bassa Coll, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la suficiencia financiera del sistema educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta del Gobierno, en marzo de 2019, la "Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condicionas para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria". Dicha ley aconseja la reducción del horario semanal lectivo de los docentes; dejándolos en 18 horas a la secundaría y 23 horas a la primaria.

Como en tantas otras medidas aprobadas por el estado, esta no ha ido acompañada de su consiguiente transferencia de financiación a la Generalitat que permita hacer frente a sus costes derivados.

Bruselas ha alertado de los bajos niveles de inversión pública en educación en el estado español. El gasto en educación en España es uno de los más bajos del conjunto de la zona euro con una inversión equivalente al 4,2 % del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en 2009 alcanzó el 5 %.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar en un plazo de tres meses una Ley de Financiación del sistema educativo que garantice las inversiones y la transferencia de recursos necesarios a las administraciones competentes para una correcta financiación de la Educación, en sus diferentes etapas y modalidades.

2. Crear un Fondo de Compensación Educativa para cofinanciar las políticas activas en materia de educación encaminadas a la mejora de la calidad del sistema.

3. Elaborar en un plazo inferior a tres meses y mediante la coordinación con las administraciones implicadas una estimación del impacto financiero que ha tenido para la administración autonómica la aprobación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y transferir a estas Comunidades Autónomas la parte proporcional de dicha estimación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Monserrat Bassa Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Formación Profesional Dual, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La FP Dual es un modelo de formación que tiene una larga trayectoria en países europeos como Alemania donde goza de una elevada reputación y además es una de las razones principales de la baja tasa de desempleo juvenil.

La cantidad de empresas involucradas en proyectos de FP Dual en España ha sufrido un incremento espectacular desde 2012, cuando solamente había 513 empresas hasta llegar a las 9.916 del periodo comprendido entre los años 2016-2017.

Si nos fijamos en las comunidades autónomas, se puede ver que hay tres comunidades que están muy por delante de las demás en número de empresas implicadas: Cataluña (2900), Andalucía (1807) y Comunidad Valenciana (1593).

El redimensionamiento de la FP Dual y el nuevo empuje que requiere la Formación Profesional en su conjunto, pasan por el compromiso de los sectores empresariales con estas enseñanzas, desde el diseño mismo del currículo hasta la calidad de las estancias formativas en empresas de los estudiantes y la cobertura de los puestos de trabajo ajustada a los perfiles formativos asociados.

Los últimos datos disponibles, proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, muestran un notable incremento en la implementación, desde 2013 hasta 2017. En el curso 2016-2017, el alumnado participante en FP Dual llega a casi 24.000 aprendices (unos 9.000 más respecto al curso anterior). En este mismo curso, se han registrado 9.916 empresas que ofrecen plazas de aprendices en FP Dual, y 894 centros educativos que imparten esta modalidad de FP.

Asimismo es todavía muy escaso el porcentaje de alumnos que cursan FP en relación a otros países 12 % frente al 29 % media de la UE y 25 % de la OCDE, cuando los datos indican que la FP proporciona una alta tasa de inserción laboral y consecuentemente la tasa de desempleo juvenil disminuye. En febrero de 2017 Alemania ocupó el último lugar de la lista al ser el país de la UE con la tasa de paro más baja en jóvenes menores de veinticinco años con tan solo un 6,6%. España se sitúa en la parte opuesta de la lista, siendo el segundo país con la mayor tasa de desempleo juvenil 41,5 %, por detrás de Grecia que tiene el 45,2 %. Este dato exige por tanto una reflexión y a su vez una actuación decidida no solo para fomentar la FP y adaptarla en títulos y cualificaciones a las necesidades del mercado laboral, pero también en una ampliación y diversificación del tipo de oferta.

Como la aplicación y regulación de la legislación en FP Dual depende de cada una de las Comunidades Autónomas se produce una falta de homogeneidad en horarios, interés por parte de las empresas, retribución, etc. Estas diferencias influyen mucho en la actitud del profesorado frente a la FP Dual.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha medidas para ampliar la oferta de Formación Profesional en modalidad Dual.

2. Analizar las diferencias entre los actuales modelos de Formación Profesional Dual de las administraciones educativas, para acordar un marco común."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Alfredo Sancho Guardia y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El acoso escolar ha existido desde siempre, con muchas y dramáticas facetas. Lo han sufrido y lo sufren a diario cientos de niños y niñas bajo patrones distintos, en algunos casos por estereotipos que son utilizados para hacer daño a los compañeros que sobresalen en cualquier sentido, o que tienen algún rasgo físico característico, que destacan en rendimiento escolar o por todo lo contrario, por razones de género, de etnias o religiones distintas, también existen casos de acoso escolar que no obedecen a ningún patrón concreto. Además, no hay que olvidar que ahora hay también un colectivo importante objeto de acoso como lo son los niños y niñas pobres, así como personas las pertenecientes a colectivos LGTBIQ y los que, al tiempo, pertenecen a otro tipo de minorías.

Los problemas de convivencia pueden ser de diversa índole: disrupción en las aulas, actos vandálicos, destrozos, episodios de violencia física o psicológica, incumplimiento de las normas del centro, absentismo escolar, consecuencias derivadas de comportamientos de inseguridad; temas de fraude o corrupción, acoso, violencia de género, comportamientos intolerantes y racistas, LGTBifobia, etc.

Más impactante es el acoso escolar o bullying porque cada alumno o alumna que lo sufre, padece un problema serio y traumático que puede marcar su futuro si no se sabe detectar, tratar o contar con la ayuda necesaria.

La realidad indica que los niños y niñas que han sufrido en algún momento acoso escolar tienen más probabilidades de padecer el fracaso escolar. Cuando falta el respeto, la convivencia se torna imposible o, al menos, se transforma en un tipo de convivencia violenta y no democrática.

Hoy en día no puede hablarse de acoso sin citar también al ciberacoso. Éste es una forma de acoso a través de los medios digitales, que está creciendo exponencialmente y que exige una actuación decidida. Tiene fas mismas características que el acoso (duración, desequilibrio, etc.), pero añade dos específicas: el anonimato que favorece su incidencia y que los jóvenes lo llevan siempre con ellos, ya que al abrir el móvil o el ordenador aparece el menaje, la foto, el insulto o la amenaza. Para combatir el ciberacoso es fundamental fa prevención y la educación de nuestro alumnado para el buen uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, evitando sus riesgos y amenazas.

Por ello, la mejora de la convivencia es un objetivo prioritario para los centros educativos ya que comporta múltiples beneficios para todos los integrantes de fa comunidad educativa y de modo especial incide en el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los planes de convivencia escolar no son nuevos. Hoy son una necesidad, pero también existe una exigencia legal para que todos los centros cuenten con un Plan de Convivencia, y dentro de este un protocolo de actuación para hacer frente el acoso escolar.

Existen investigaciones y experiencias muy positivas que llevan funcionando en los centros educativos desde hace muchos años, en algunos casos impulsadas por sus Comunidades Autónomas y en otros por iniciativa de los mismos centros y comunidad educativa, No son nuevas las intervenciones en mediación escolar, o proyectos en que los propios alumnos son una parte fundamental en la prevención o en la solución a los problemas de convivencia escolar, alumnado ayudante de convivencia, que actúan voluntariamente en los conflictos de relación o de aprendizaje.

Estos proyectos se convierten en oportunidades de educación y desarrollo moral, interviniendo en los conflictos con actuaciones preventivas o intervenciones eminentemente educativas dentro de un marco de compromiso de todo el centro educativo. Hay que trabajar también con las familias en identificar sus emociones, comprender su inquietud, informarles, implicarles en la solución, etc.

Es fundamental proporcionar una formación sólida al profesorado, para aprender a detectar los síntomas y conocer medidas preventivas y de actuación. Es preciso crear equipos constituidos por miembros de la Comunidad Educativa: profesorado, alumnado y familia en los centros, coordinados por


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personas debidamente formadas para ejercer la función de coordinador de convivencia en cada centro. Hay que educar en valores sociales, en la tolerancia y en el respeto a los demás, valores que se impartían en la asignatura Educación para la Ciudadanía y que fue aniquilada por la LOMCE.

La mejora de la convivencia debe ser un objetivo prioritario para los centros educativos ya que comporta múltiples beneficios para todos los integrantes de la comunidad educativa y de modo especial incide en el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por ello, es necesario que los poderes públicos se coordinen y trabajen junto con las comunidades autónomas con el objetivo de desarrollar un Plan de Convivencia para que todos los centros cuenten con un protocolo de actuación para que la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia ocupen el lugar que le corresponde en la educación. Esta es una de las razones por las que se creó el Observatorio Estatal de Convivencia en el año 2007 por un gobierno socialista, siendo un órgano concebido para contribuir a la construcción activa de un ambiente de convivencia escolar adecuado, para analizar situaciones, hacer diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia escolar, un órgano que jamás fue convocado ni activado durante los años de gobierno del PP.

Tal y como señala el informe Delors sobre la Educación del siglo XXI, lo recogía la LOE y lo señalan todos los expertos en educación, aprender a convivir es uno de los objetivos fundamentales de la educación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y combatir el Acoso Escolar, en colaboración rigurosa con las comunidades autónomas, que priorice la promoción, desarrollo y fomento de la convivencia escolar.

Asimismo, el Plan deberá ser acordado con todos los sectores de la comunidad educativa: sindicatos de profesorado, confederaciones de padres y madres, organizaciones de estudiantes y representantes de centros educativos.

Específicamente, dicho Plan deberá incluir:

a) Acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la adolescencia.

b) Acciones de educación a los alumnos y alumnas para que realicen un buen uso de las TIC evitando sus riesgos y amenazas, para prevenir el ciberacoso.

c) Acciones dirigidas a los medios de comunicación, de modo que la transmisión de noticias sobre acoso escolar respondan a la realidad del problema y no creen una alarma innecesaria.

d) La difusión de buenas prácticas en convivencia.

e) La organización de encuentros, jornadas o congresos sobre convivencia.

f) La puesta en marcha y mantenimiento de una página web que recoja materiales, experiencias, etc.

g) La elaboración de materiales que puedan ser usados por el profesorado o las familias y el propio alumnado.

h) La potenciación de una estructura organizativa al servicio de la gestión pacífica de conflictos en las que insertar programas como la mediación y la ayuda entre iguales.

2. Dentro del Plan Estatal, el Gobierno elaborará un Protocolo de Actuación Contra el Acoso, donde se trabaje la convivencia y se dote de competencias al alumnado para saber relacionarse desde el respeto, la paz y el rechazo de todo tipo de violencia. Dicho Protocolo pondrá en marcha de forma clara y sencilla acciones que lleven a crear un ambiente con un sistema de relaciones en el centro que prevengan el acoso y que intervengan si tiene lugar a través de una Red de Apoyo que cuente con un programa específico de Alumnos Ayudantes, de modo que todo el alumnado sepa a qué compañero -ayuda o compañera- ayuda debe acudir si sufre acoso, a qué profesores, a qué tutores, o con qué medios cuenta para comunicar la situación. Específicamente, el Protocolo contará con las siguientes acciones:

a) Fomentar planes de alerta e intervención que incluyan iniciativas de prevención primaria orientados a la mejora de la convivencia.

b) Promover planes de actuación secundaria, enfocados a intervenir cuando se dan situaciones de acoso y de quiebra de la convivencia impidiendo que se conviertan en crónicas.


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c) Proporcionar formación específica a los padres y madres, docentes y alumnos y alumnas para promover la creación de equipos de Convivencia en cada centro con grupos de actuación y de tratamiento de conflictos.

3. Convocar de manera inmediata el Observatorio Estatal de la Convivencia para:

a) Realizar dos estudios con carácter estatal, uno sobre la "Convivencia Escolar en Secundaria" que actualice los datos del informe de 2008; y otro pionero sobre la "incidencia del acoso escolar en Primaria".

b) Promover estudios en relación con la evaluación de las líneas pioneras de intervención en este campo para poder institucionalizar aquellas más eficientes para la promoción de la convivencia escolar.

4. Crear un Programa de Cooperación Territorial en colaboración con todas las Comunidades Autónomas y el Observatorio Estatal de la Convivencia para:

a) Acordar una definición común del acoso escolar y de sus características.

b) Poner en marcha acciones de formación dirigidos tanto al profesorado como a otros agentes de la comunidad educativa y a padres y madres, con el objetivo de formarles en temas de convivencia para que se puedan formar a otras personas y servir de enlace y mediación ante problemas que al respecto pudieran surgir en el centro educativo.

c) Llevar a cabo en los respectivos territorios, tanto el Plan Estatal para la enseñanza y aprendizaje de la convivencia como el Protocolo de actuación contra el acoso.

5. Destinar la financiación necesaria para llevar a cabo con éxito todas las medidas que componen el Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-María Luz Martínez Seijo y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de los recursos públicos destinados a la Educación para alcanzar el 5 % del PIB, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La educación es un derecho decisivo para el pleno ejercicio de la ciudadanía que requiere ser garantizado desde la primera infancia. Y para ello es necesaria la existencia de recursos con independencia de la comunidad en la que se viva. Además es necesario garantizar una inversión justa y adecuada en Educación con el fin de poder realizar una adecuada planificación educativa y prever y ajustar las inversiones que una educación moderna y de calidad requiere.

La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un moderno y óptimo sistema público es una de las bases fundamentales de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y posibilidades, que no se reduce a la mera adquisición de conocimientos.

Así, de este modo, entendemos el derecho a la educación recogido en nuestra Constitución como un derecho que además de la escolarización, debe hacerse efectivo como derecho a una distribución equitativa de oportunidades de aprendizaje, mediante una enseñanza personalizada e inclusiva. Y para llegar a ello es necesario contar con unos recursos suficientes, además de alcanzar acuerdos tanto con las diferentes Comunidades Autónomas como con los diferentes colectivos educativos además de las distintas fuerzas políticas que componen el Parlamento.


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La educación española sufrió de manera especial en los años de gobierno del PP un profundo retroceso tanto por su particular y restringida visión del derecho a la educación, como por su visión sesgada del sistema educativo, desarrollando políticas cuyo resultado han sido el retroceso en la equidad de nuestro sistema educativo y la disminución de los fondos a dichas políticas, tal y como queda registrada en el Real Decreto 14/2012 de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Dicho Decreto afectó a profundos recortes en las plantillas del profesorado, de ratios, dificultades en las sustituciones, por tan solo citar algunos casos, en las Comunidades Autónomas competentes en gestión educativa. Este Decreto junto con la política de recortes en los programas de cooperación territorial, visibles en los diferentes Presupuestos Generales del Estado presentados por los gobiernos del Partido Popular, mantienen lamentablemente sus consecuencias hoy en día.

Nunca antes el sistema educativo estuvo tan desordenado, ni las familias habían tenido que compensar con sus propios recursos las carencias presupuestarias en Educación. Y es que la política de recortes redujo de forma alarmante los medios humanos y materiales en todo el sistema de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el esfuerzo de toda la sociedad española en los últimos 30 años.

Ha llegado el momento en que compensemos y revertamos dichas políticas y sus resultados, apostando decididamente por la educación y la formación como un eje fundamental para el desarrollo de la sociedad española, dotando de nuevo al sistema de educación público de los medios necesarios para alcanzar el nivel de calidad óptimo, garantizando de esta manera de nuevo el principio de igualdad de oportunidades y avanzar en la modernización de nuestro sistema educativo.

Si queremos estar a la altura de los nuevos desafíos y realidades educativas del siglo XXI, se hace indispensable que se cuente con los medios presupuestarios necesarios de manera continuada y no puntualmente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas un plan de incremento del gasto público en educación hasta el año 2025, que permita el cumplimiento de los objetivos de mejora en calidad y equidad, y la equiparación progresiva a la media de los países de nuestro entorno (con al menos un 5 % del PIB)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-María Luz Martínez Seijo y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cobertura de la cotización por la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal declarada de las personas que se encuentren en aislamiento durante un período de observación médica relacionada con el coronavirus COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recientemente ha emitido un criterio por el cual se declara que las personas que se encuentren en aislamiento durante un periodo de observación médica relacionada con el coronavirus COVID-19 serán consideradas a efectos laborales en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, inclusive a efectos de las prestaciones


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correspondientes, siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos por la normativa vigente para la percepción de las mismas.

En ese sentido, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su artículo 45.1.c), establece la incapacidad temporal entre las causas de suspensión del contrato de trabajo.

Asimismo, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 144.4, establece que la obligación de cotizar tanto por la empresa como por el trabajador se mantendrá durante los periodos en que se suspenda el contrato de trabajo por una incapacidad temporal. Igualmente, en su artículo 173, dispone que, en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el abono de la prestación económica correspondiente se producirá del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el cuarto hasta el decimoquinto día, dicha prestación correrá a cargo del empresario.

Por su parte, el artículo 308.1 del citado texto refundido establece que, en el caso de los trabajadores autónomos que se encuentren en situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica, transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad.

Teniendo presentes estas circunstancias, el criterio emitido por la Seguridad Social, al no haberse adoptado ninguna medida adicional, hace descansar en las empresas en muchos casos todo el coste laboral derivado de los periodos de aislamiento por observación médica, o cuarentenas, relacionados con el coronavirus COVID-19.

Se trata de una situación que ha generado preocupación entre las empresas, especialmente entre las pymes y los autónomos, y que les ha llevado a reclamar un reparto más equilibrado que tome en consideración que, aun cuando pueda tratarse de una incapacidad temporal derivada de enfermedad común, el tratarse de una epidemia que lleva aparejada medidas de contención extraordinarias hace más propio hablar de unas circunstancias de fuerza mayor que justificarían una mayor cobertura de los costes laborales por parte de la Seguridad Social y, por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias y, en su caso, impulsar las modificaciones normativas que procedan, para establecer que, durante la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común declarada como resultado de encontrarse el trabajador afectado por una medida de aislamiento durante un periodo de observación médica con motivo de una epidemia o de otras circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la salud pública, corresponda a la Entidad Gestora de la Seguridad Social hacer efectivo el pago de la prestación por incapacidad temporal, así como hacer efectivo el pago de las cuotas de los trabajadores autónomos, desde el mismo día siguiente al de la baja en el trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-María Muñoz Vidal y Pablo Cambronero Piqueras, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al programa piloto visar dirigido a hijos y nietos de españoles de origen residentes en Argentina, para su debate en la Comisión Interior.


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Exposición de motivos

El artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el artículo 176 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establecen la posibilidad de conceder un número de visados para la búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen que se encuentran exentos de la valoración de la situación nacional de empleo conforme a lo previsto en el art. 40 de la Ley 4/2000.

En fecha de 26 de diciembre de 2018 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dictó la Orden Ministerial 1426/2018 por la que ponía en marcha un proyecto piloto para la concesión de visados para la búsqueda de empleo en España para los hijos y nietos de ciudadanos españoles de origen, residentes en Argentina y que no tuvieren la nacionalidad española. La norma establece que transcurridos tres meses sin que el extranjero haya formalizado un contrato de trabajo, quedará obligado a salir del territorio español, incurriendo en caso contrario en la infracción contemplada en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

La concesión de visados iba destinada principalmente a profesionales de alta cualificación profesional y a trabajadores de los sectores de ingeniería informática, tecnologías de la información, científico, financiero o marketing. El programa visar fue promocionado en Argentina como la gran oportunidad de residir en España y de mejorar el bienestar para sus familias. Sin embargo, a su llegada, vieron que el sueño que se les había prometido no era real, toda vez que, pese a que poseían un visado de búsqueda de trabajo, carecían de autorización para residir y trabajar. Para obtener, la autorización de residencia y de trabajo, las empresas deben ofrecerles un contrato laboral de 1 año de duración salvo que se trate de trabajadores altamente cualificados investigadores de acuerdo con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en cuyo caso no se exige duración mínima del contrato. Por otro lado, la nula información facilitada a las empresas españolas contratantes y el retraso de la Administración en la resolución de las solicitudes de autorización de residencia y trabajo, han frenado los trámites de contratación de muchos de !os trabajadores, con la consiguiente pérdida de la oferta de trabajo. Lamentablemente los trabajadores que no hayan podido obtener la autorización de residencia y trabajo incurrirán en situación de irregularidad si no pueden abandonar el territorio español a la expiración de su visado. Algunos de los hijos y nietos de españoles que confiaron en las bondades del programa visar y que no podrán obtener una autorización de residencia y trabajo se encuentran en situación de vulnerabilidad, toda vez que ya no disponen de sus ahorros y han vendido sus pertenencias para venir a España. Según el diario Clarín de Argentina, fuentes de la Embajada en España han relativizado el problema y aseguran que fueron retirados un total de 700 visados de !os cuales han viajado 400 argentinos hasta diciembre y que unos 150 habrían conseguido empleo. Hay que añadir, que, durante el año 2020, está previsto conceder un total de 5000 visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de españoles de origen, según establece la Orden TMS/1277/2019 del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social de 23 de diciembre, por lo que de no adaptarse medidas que flexibilicen los trámites para la obtención de la autorización de residencia temporal y trabajo, las situaciones de irregularidad irán en aumento, por lo que debería procederse a la prórroga de visados de búsqueda de empleo con el fin de evitar que los seleccionados en el programa piloto visar, que se han trasladado a vivir en España, incurran en situación de irregularidad al expirar el periodo de los mismos. Entendemos que la propuesta de prórroga del visado es razonable y es conforme con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento CE n.° 810/2009 por el que se establece un Código Comunitario sobre visados (Código de Visados), al encontrarnos ante un supuesto de fuerza mayor.

A ello hay que añadir que resulta conveniente una modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y del Reglamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, con el fin de que se equipare a los trabajadores altamente cualificados y de los que no lo son, en cuanto a la duración de los contratos, por lo que no debería exigirse una duración mínima en los contratos para la obtención de la autorización de la residencia temporal y trabajo.

Igualmente, al amparo del art 20 de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, creemos que es imprescindible que se reconozca el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar de todos los hijos y nietos de españoles de origen, desde su entrada en España y extender la duración de la


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autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en las mismas condiciones que los profesionales altamente cualificados.

Asimismo, es necesario que se procedan a adoptar modificaciones normativas y administrativas, con el fin de agilizar los trámites para la concesión de la autorización de la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. En los supuestos de visados de búsqueda de empleo para los solicitantes de hijos y nietos de españoles de origen, la administración debería facilitar a los empleadores el asesoramiento necesario para la obtención de la autorización de la residencia temporal y trabajo. En particular, debería establecerse un sistema que de forma simultánea permita al empleador dar de alta al trabajador y obtener la autorización de residencia y trabajo en un mismo trámite.

Finalmente entendemos que es necesario no olvidar que las medidas que se interesan van dirigidas a la protección de los hijos y nietos de españoles de origen: Todos ellos, son descendientes de exiliados y represaliados que se vieron forzados a abandonar el territorio español o de aquellos que emigraron por falta de oportunidades. En este sentido, la disposición adicional séptima de la Ley de la Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre hacia una previsión de concesión de la nacionalidad para los hijos de padres y madre españoles de origen y de los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Se trata pues de restituir a los hijos y nietos de españoles de origen, la nacionalidad que se sustrajo a sus padres y abuelos y acelerar las modificaciones normativas necesarias para la concesión de la nacionalidad española a todos los hijos y nietos de españoles de origen.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno español a:

1. Prorrogar los visados de búsqueda de empleo del programa piloto visar dirigido a hijos y nietos de españoles de origen según Orden Ministerial 1426/2018 de 26 de diciembre.

2. Equiparar a los trabajadores altamente cualificados y de los que no lo son, en cuanto a la duración de los contratos, sin exigencia de duración mínima en los contratos para la concesión de la autorización de la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a los hijos y nietos de españoles de origen.

3. Reconocer el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar de todos los hijos y nietos de españoles de origen, desde su entrada en España y extender la duración de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en las mismas condiciones que los profesionales altamente cualificados.

4. Adoptar las modificaciones normativas y administrativas necesarias con el fin de agilizar los trámites para la concesión de la autorización de la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, a los hijos y nietos de españoles de origen.

5. Acelerar las modificaciones normativas necesarias para la concesión de la nacionalidad española a todos los hijos y nietos de españoles de origen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley relativa a mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización.


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Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

I

La normativa de la Seguridad Social regula el acceso anticipado a la jubilación, dentro de un esquema gradual y flexible, que permite en ocasiones que las personas que ven extinguida su relación laboral, antes de cumplir la edad de acceso ordinario a la pensión, puedan enlazar sin solución de continuidad la cobertura pública de las prestaciones o subsidios por desempleo con la que ofrece la prestación de la Seguridad Social por jubilación.

No obstante, la normativa de la Seguridad Social prevé, en los supuestos de acceso anticipado a la jubilación, una reducción significativa del importe a percibir de la pensión, mediante la aplicación de unos coeficientes reductores, por cada trimestre de anticipación sobre la edad ordinaria que, en cada caso, resultase de aplicación, cuya cuantía varía en función del tiempo de cotización que se acredite en el momento de causar la pensión.

El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, endureció los requisitos de acceso para acceder a esta jubilación anticipada, y, además, aumentó los coeficientes reductores a los pensionistas que accedían a esta jubilación, incluso para aquellos que fueron arrojados del mercado laboral y tuvieron que acogerse a la misma obligatoriamente.

Se produce, de esta forma, un importante quebranto para el pensionista ya que, de una parte, pierde las retribuciones que tenía antes de la extinción de la relación laboral, pero al tiempo ve mermada la cuantía de la pensión a la que hubiese tenido derecho si el acceso a la jubilación se hubiese producido a la edad ordinaria, pérdida que, a su vez, se consolida en el tiempo durante todo el periodo de percibo de la pensión.

Aunque los coeficientes reductores de la pensión de jubilación, en el caso de acceso anticipado a la misma, tienen como base compensar a la Seguridad Social del gasto ocasionado por el adelanto en el tiempo del pago de la pensión, sin embargo han de tenerse en cuenta dos elementos concurrentes: de una parte, que buena parte de las jubilaciones anticipadas no son de carácter voluntario, sino que obedecen a planes de reestructuración de plantillas, a la aplicación de expedientes de regulación de empleo o a despidos de otra naturaleza, por lo que en la salida del mercado de trabajo, por parte, del futuro pensionista, este no tiene otra posibilidad que acceder a la jubilación; de otra, que en muchas ocasiones, se trata de personas que acreditan largas carreras de cotización, con períodos que superan el tiempo requerido para lograr el 100 por ciento de la base reguladora, sin que ese esfuerzo adicional de cotización tenga apenas incidencia en la reducción de la pensión que, como se ha indicado, se va a sufrir durante toda la vida del pensionista.


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II

La problemática indicada ya ha sido objeto, en algunas ocasiones, de medidas que han paliado, en parte, la incidencia de la reducción de la pensión a la que se tiene derecho en los supuestos de acceso anticipado a la jubilación, conforme a las orientaciones que contenía la recomendación decimoprimera del Pacto de Toledo, en su primera renovación de octubre de 2003.

Así, a través de la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, se arbitraron medidas que implicaron una mejora de la pensión percibida, por parte de las personas que habían accedido a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2002, y que acreditasen amplias carreras de cotización.

La situación de las consecuencias de la anticipación de la edad de jubilación también está presente en la segunda renovación del Pacto de Toledo (de 25 de enero de 2011), así como en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, a través de la cual se mandataba al Gobierno a realizar estudios actuariales, en el plazo de un año, relacionado con los coeficientes reductores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada, contemplando, de forma específica, la situación de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 y se hubieran jubilado anticipadamente a través de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos o contratos individuales de prejubilación de empresas.

De igual modo, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas se han llevado a cabo iniciativas tendentes a solucionar la problemática de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión de jubilación, cuando accede a la misma a una edad inferior a la legalmente establecida, iniciativas entre las que hay que señalar la Proposición no de Ley, aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía, relativa a la protección de los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada, mediante la que se insta a la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste la acción del Gobierno en orden a la adopción de las medidas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores del importe de la pensión, cuando la jubilación anticipada afecte a personas que acrediten 40 o más años de cotización o que tales coeficientes dejen de aplicarse, en la fecha en que el interesado alcance la edad ordinaria de jubilación que, en cada caso, corresponda.

III

La situación en que se encuentran las personas que se ven obligadas a acceder de forma anticipada a la jubilación, con la consecuencia de la reducción de la cuantía de la pensión, se ha visto agravada en los últimos años, como consecuencia de las reformas introducidas en el año 2013, en el ámbito de los subsidios de desempleo en favor de personas que acreditasen el cumplimiento de todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación, al demorar en tres años (desde la edad de 52 años a la de 55) el reconocimiento del subsidio, endurecer los requisitos de rentas en orden a ese reconocimiento, minorar la base por la que el Servicio Público de Empleo Estatal cotizaba en favor del desempleado y, por último, al extinguir el percibo del subsidio (con la consiguiente extinción de cotización a la Seguridad Social) en la fecha en que el perceptor del mismo podía acceder a cualquier modalidad de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, a decenas de miles de trabajadores que, con anterioridad a la reforma de 2012, podían mantenerse en el subsidio de desempleo y en la cotización a la Seguridad Social hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, se les fuerza a acceder, de forma anticipada, a esa misma jubilación, con la consecuencia de ver reducido el importe de la pensión.

De esta forma, un derecho que tiene una persona, el de acceder a la pensión de jubilación de forma anticipada al acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que el ordenamiento de la Seguridad Social exige para estos supuestos, implica un grave perjuicio en orden a la suficiencia de la pensión, puesto que la misma se ve minorada de forma importante que, en algunos casos, puede llegar al 30 por ciento del importe de esa pensión, considerando al tiempo que esa reducción de la pensión tienen carácter vitalicio.

IV

Se hace pues necesario que por el Congreso de los Diputados se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación de agravio y dificultad que tienen las personas que, de forma involuntaria y, con


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frecuencia, forzosa, se ven obligadas a acceder anticipadamente a la jubilación, en especial, para las personas que acrediten largas carreras de cotización.

Ahora bien, como se ha indicado, la anticipación de la edad de jubilación tiene consecuencias para el sistema de la Seguridad Social, puesto que esa anticipación implica un mayor esfuerzo económico para las arcas de la Seguridad Social, al tener que adelantar los pagos de pensión que, en otro caso, retrasarían hasta el momento en que se cumpliese la edad de acceso ordinario.

Por ello, la adopción de las medidas necesarias para corregir la situación de las personas que, de forma involuntaria, acceden anticipadamente a la jubilación, requiere de un soporte documental y estadístico, que permita cuantificar el impacto de las mismas, así como los recursos necesarios para llevar a cabo la mejora de la protección para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada, entre los que habrán de tenerse en cuenta los criterios que ya se recogían en la recomendación primera del Pacto de Toledo, en su formulación inicial de 1995, al situar en la esfera de las aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social el coste de las actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera necesaria la modificación de la actual regulación de las modalidades de acceso anticipado a la edad de jubilación, en cuanto suponen una minoración muy importante de la cuantía de la pensión a percibir por el interesado, que no tiene en cuenta, en la medida necesaria, la forma en que se accede a esa jubilación, así como los tiempos de cotización acreditados por el pensionista. En tal sentido, insta al Gobierno a:

1. Elaborar un estudio sobre la situación actual de las jubilaciones anticipadas, la forma de acceso a las mismas, las carreras de cotización que se acreditan por los jubilados y otras variables que permitan cuantificar el impacto de la adopción de las siguientes medidas, en su aplicación en los supuestos en que el acceso a la jubilación se efectúa en los términos previstos en el artículo 207 o en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, cuando, en este último caso, el acceso a la jubilación haya venido precedido por un despido o cualquier otra forma de extinción de la relación laboral, en que no haya mediado la libre voluntad del interesado:

a) Adecuar la determinación de los coeficientes de reducción de la pensión de jubilación a las carreras de cotización que presenten las personas que pretenden acceder de forma anticipada a la jubilación.

b) La supresión de los coeficientes reductores aplicados, con ocasión del acceso anticipado a la jubilación, en la fecha en que el interesado cumpla la edad ordinaria de acceso a la jubilación, cuando en el momento de causar la pensión se acredita un periodo de cotización que dé lugar a los derechos máximos de pensión.

2. Remitir el citado estudio a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde, tras el correspondiente análisis y el debate parlamentario oportuno, procederá a elevar a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados el informe correspondiente, en el que se contengan las propuestas oportunas en orden a la mejora de la cobertura social de las personas que acceden a la jubilación anticipada, para su tramitación parlamentaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Esther Peña Camarero y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000343

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas en el ámbito laboral que palien el impacto negativo de la deslocalización sobre e empleo, eviten el "dumping" social y contribuyan al respeto de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

La generalizada internacionalización de las empresas y la imparable deslocalización productiva hace que hoy una cuarta parte del PIB del mundo este generado por actividad internacional.

El funcionamiento de la economía mundial durante estas últimas décadas se ha basado en el mayor peso específico de las inversiones multinacionales. Ahora bien, este proceso de internacionalización empresarial, deseable e imparable por los cambios en el modelo de producción derivados principalmente de los cambios tecnológicos, se ha visto empañado cuando el objetivo perseguido es fundamentalmente la generación del mayor beneficio en el menor tiempo posible. Con esta finalidad se buscan territorios de bajos costes laborales y con legislaciones laborales, industriales y medioambientales menos garantistas para las personas trabajadoras.

Las causas más significativas de esta deslocalización han sido, pues, la búsqueda de costes salariales más bajos así como otros beneficios económicos, como menor presión fiscal, suelos industriales baratos, ayudas gubernamentales, entre otros. En definitiva, el objetivo es tener costes directos cada vez menores. La gran desigualdad de derechos y condiciones laborales entre los países son para algunas grandes empresas multinacionales un elemento fundamental para su implantación en territorios sin ningún tipo de control ni exigencia sociolaboral.

Sin lugar a duda, estos procesos de internacionalización empresarial vienen avalados por la emergencia económica de cientos de millones de personas que han pasado de la supervivencia autárquica y medieval a la economía productiva, favoreciendo el desarrollo de regiones en las que, hasta no hace mucho, simplemente se sobrevivía. Ahora bien, ello no empece el hecho de los efectos perversos que conlleva, como son la ausencia de derechos, la explotación laboral de millones de personas, la lacra del trabajo infantil y la incapacidad de los Estados para hacer valer y cumplir los derechos humanos y laborales. Así como la pérdida de empleo por el traslado de las empresas, o de partes del proceso productivo, a un lugar distinto de donde se situaba originalmente, en el denominado proceso de deslocalización.

Así, la explotación en las fábricas donde se elaboran los productos que luego consumimos en Occidente es motivo de alarma para ONG's que denuncian situaciones de esclavitud y de explotación laboral, a lo que añaden lo más vergonzante: la generalización del trabajo infantil. Los últimos datos publicados por la OIT nos indican que hay 168 millones de niños y niñas trabajando, lo que les priva de su niñez y de su correcto desarrollo emocional, físico y mental, absolutamente desprotegidos en su infancia y, por ende, en su madurez.

Recordemos el derrumbe del complejo Rana Plaza donde, en abril de 2013, fallecieron más de un millar de trabajadoras bajo los escombros, sin que esta tragedia haya tenido una respuesta adecuada ni por los Gobiernos, ni por las empresas que producen en los países en vías de desarrollo.

Las grandes firmas presionan a sus proveedores para producir ropa a precios cada vez más bajos, presión que se traslada a las personas trabajadoras en formas de largas jornadas, mal pagadas y sin derechos para que luego la prenda ya confeccionada se venda en las tiendas del primer mundo a un precio que excede mucho del coste que ha supuesto para la firma su elaboración.

La otra cara negativa de la internacionalización de las empresas y que afecta de lleno a las personas trabajadoras es la facilidad con que se produce la deslocalización productiva. Las empresas no tienen fronteras y buscan maximizar los beneficios disminuyendo los costes, prevaliéndose de unas legislaciones sociolaborales menos exigentes, tanto desde el punto de vista de la protección social, como de los derechos sindicales.

La deslocalización ha supuesto graves desequilibrios y desigualdades en el mercado de trabajo, ha traído mayor precariedad, mayor inestabilidad, más desempleo y debilitamiento del poder sindical.


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También ha modificado nuestro sistema de relaciones laborales, por lo que no es un fenómeno que solo afecte a los países del tercer mundo.

Además, estos procesos han aumentado mucho en los períodos de crisis fomentados por unas reformas y unos ajustes impuestos para hacerles frente, sobre todo la desregularización de las relaciones laborales.

Así, en España, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo su reforma del mercado de trabajo de 2012, en la que modificó el despido colectivo, flexibilizando la causa, bastando con que la empresa justificara pérdidas previstas, y no actuales, o disminución de su nivel de ingresos durante tres trimestres consecutivos para su fundamentación, hecho que también beneficia cualquier estrategia de deslocalización. Esta situación también nos pone en la necesidad ineludible de modificar la gran flexibilidad con la que el empresario puede extinguir los contratos de trabajo.

La globalización trata el trabajo como un factor económico más, sin deparar en su aspecto humano y social, hasta el punto de ver el derecho laboral y la acción sindical, sin olvidarnos de la necesaria protección social, como obstáculos al desarrollo empresarial. Es más las personas trabajadoras ven debilitada su posición negociadora ante la amenaza del cierre patronal y el traslado de la empresa a otro lugar.

Desgraciadamente también algunas empresas españolas están en el punto de mira por estas prácticas y actúan tan solo desde la perspectiva del máximo beneficio.

Las firmas de capital nacional han ido acometiendo gradualmente estrategias de deslocalización, con un número creciente de operaciones y de empleos afectados cada año. Principalmente las empresas de textil, confección, calzado, pero también alimentos, bebidas, industria auxiliar del automóvil, tecnología, energía y últimamente en el sector transporte. La experiencia de la industria española demuestra que se han destruido empresas y puestos de trabajo mediante el simple procedimiento de extinción de relaciones laborales y transferencia a países dotados de abundante mano de obra, pues los procedimientos de deslocalización son simples y rápidos, el cierre de una empresa en un lugar y la apertura en otro territorio para producir los mismos productos, con objeto de abastecer y suministrar idénticos mercados, son sencillos, y estos procesos han llevado aparejada efectos graves sobre nuestro empleo, tanto sobre su propia existencia como sobre su calidad.

Así como en el ámbito de la Unión Europea se tratan de paliar los efectos negativos de los desplazamientos transnacionales, mediante la regulación de unas normas mínimas de aplicación, no existe prácticamente ninguna medida en el ámbito nacional para evitar los efectos negativos de la deslocalización. En ámbito interno deberíamos ser capaces de potenciar un sistema de relaciones laborales que restaure el carácter tuitivo y equilibrador de las relaciones laborales, no supeditado solo a la situación económica, en el que se haga prevalecer la autonomía colectiva sobre la individual y la estabilidad laboral. Y que potencie la participación de los interlocutores sociales en las decisiones empresariales que afecten a la compartimentación o disgregación territorial del proceso productivo. Es necesario defender la protección social como elemento inseparable de la recuperación económica y de la buena marcha empresarial.

Incluso en muchos casos las empresas han recibido de las administraciones públicas subvenciones y otro tipo de ayudas para la realización de inversiones y fomento del empleo, para el crecimiento económico de la propia empresa, y, una vez recibidas estas ayudas, han trasladado todo o parte de su proceso industrial a otros países, con el único objetivo de maximizar el beneficio. Alegan como causa de cierre el mantenimiento de la competitividad, pero asumiendo una concepción de la competitividad pasiva, únicamente basada en bajos costes.

Esta cuestión requiere un amplio abanico de medidas para limitar los efectos negativos, como medidas de modernización e innovación empresarial para que nuestras empresas apuesten por una competencia y productividad no basadas en los bajos salarios, sino en un incremento de la calidad del producto, incorporando las nuevas tecnologías y la necesidad de impulsar estrategias de internacionalización, mejorando los instrumentos de apoyo a la exportación.

Es preciso adoptar también medidas que promuevan una "ética empresarial" para que las multinacionales en su proceso de externalización de la producción respeten unas condiciones laborales que impidan fa explotación laboral. Al respecto, se señala como buena práctica la elaboración de un Libro Blanco para la Cooperación al Desarrollo, similar al que existe en otros países europeos para priorizar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo. La deslocalización y globalización generan espacios


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propios de indignidad laboral o explotación esclavista y hacen imprescindible someterlas a códigos universales mínimos de dignidad laboral.

Es preciso recuperar la negociación colectiva y garantizar una mayor presencia del movimiento sindical, para que mediante el diálogo y la negociación en todos los ámbitos, se consiga hacer frente a la discrecionalidad de actuación de algunas empresas.

Esta Proposición no de Ley pretende paliar los efectos negativos que la deslocalización provoca en nuestro mercado de trabajo: eliminación de puestos de trabajo, competencia entre trabajadores, precarización de las condiciones laborales, bajada de salarios, deterioro del poder sindical y de los representantes unitarios, ya que ante las amenazas de cierre, los trabajadores terminan cediendo a gran parte de las exigencias empresariales y asumen una pérdida de derechos laborales. En definitiva, evitar el dumping social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Instar al reforzamiento de la acción normativa de la OIT, para asegurar unos estándares mínimos de condiciones de trabajo y fortalecer las regulaciones internacionales de las relaciones de trabajo, con inclusión de medidas sancionatorias para los distintos Estados o particulares que los incumplan incurriendo en menoscabo de los derechos laborales, entre ellas, la devolución de las ayudas públicas, bonificaciones o subvenciones que les hubieran sido concedidas en el marco de las políticas activas de empleo o de fomento de empleo,

- Adoptar las medidas que permitan una participación más activa en la negociación y en la ejecución de las decisiones empresariales relativas a la compartimentación del proceso productivo o deslocalización territorial, para asegurar un procedimiento con todas las garantías y tutelas a las personas trabajadores.

- Proponer las modificaciones legales para restaurar el equilibrio en las relaciones laborales y potenciar la negociación colectiva, gravemente mermada con la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular.

- Favorecer la modernización e innovación empresarial como método para ganar en competitividad y productividad en las empresas.

- Fomentar la implantación de códigos de buenas prácticas en los procesos de externalización y deslocalización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Esther Peña Camarero y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la ratificación del Convenio 188 de la OIT y transposición de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación de dicho Convenio, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El 14 de junio de 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca, con la finalidad de garantizar que las personas que trabajan a bordo de los buques pesqueros gocen de unas condiciones de trabajo dignas.

A tal efecto, establece los estándares mínimos para el trabajo a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y comida, así como de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, atención


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médica y seguridad social. También incluye disposiciones específicas relativas al cumplimiento y el control de su aplicación por los Estados de pabellón y los Estados de puerto. Y todo ello, sin olvidar el desarrollo sostenible del medio marino teniendo en cuenta la armonización social, la preservación de la seguridad y el medio ambiente mundial.

Con esta finalidad, el Convenio se marca como objetivo crear un instrumento único y coherente que complete las normas internacionales sobre las condiciones de vida y de trabajo para este sector e incorpora normas revisadas y actualizadas de los convenios y recomendaciones internacionales vigentes aplicables a los pescadores, así como los principios fundamentales consagrados en otros convenios internacionales en el ámbito laboral.

El Convenio responde, pues, a los desafíos que conlleva la globalización con disparidad de condiciones de trabajo según el Estado de pabellón y de puerto, instituyéndose en una buena herramienta para obstaculizar el dumping social al caminar hacia una competencia leal sobre la base de reglas comunes y controladas y dificultar la actividad de los "barcos piratas".

La Directiva (UE) 2017/159, de 19 de diciembre de 2016, y el Acuerdo de 21 de mayo de 2012 adjunto a la misma establecen las normas mínimas comunes para garantizar dentro de la Unión la aplicación uniforme de las disposiciones del Convenio, sin perjuicio de que los Estados miembros y los interlocutores sociales pueden mantener o introducir disposiciones más favorables.

Siendo esto así, la Directiva, tal y como consta en su artículo 6, debería entrar en vigor en la misma fecha que el Convenio 188, comprometiéndose los Estados miembros a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Acuerdo a más tardar el 15 de noviembre de 2019, si bien existe cierta flexibilidad en la fecha siempre y cuando se esté en la tramitación de la transposición.

La entrada en vigor efectiva del Convenio 188 se produjo el 16 de noviembre de 2017, tras cumplirse el requisito de su ratificación, como mínimo, por diez países, de los cuales ocho como mínimo deberían ser ribereños.

España es la tercera potencia pesquera del mundo y la primera de Europa y, aunque todavía no ha ratificado el Convenio 188, los trabajos de transposición de la Directiva y de su Acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico fueron comenzados por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, ante el convencimiento de que se trata de una buena herramienta para la buena gobernanza de los mares, especialmente en lo relacionado con la pesca que es la parte más desprotegida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 14 de junio de 2007, y, en consecuencia, a continuar con los trabajos de transposición de la Directiva (UE) 2017/159, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo de 21 de mayo de 2012 relativo a la aplicación de dicho Convenio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Esther Peña Camarero y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.a María de la Cabeza Ruiz Solás y D.a Mireia Borrás Pabón, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas ante el coronavirus, para su debate ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


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Exposición de motivos

El coronavirus está afectando a toda la sociedad a escala global. Aunque todos los actores implicados coinciden en señalar que debe actuarse prudentemente y que no debe crearse alarmismo, los datos indican que el virus está teniendo una incidencia real sobre la economía. En este punto, al Grupo Parlamentario VOX le parece preocupante los efectos que puedan tener sobre las empresas, los trabajadores, sus familias y, en particular, sobre los autónomos, que son el pilar indispensable de nuestra economía y los más desprotegidos ante situaciones con efectos económicos adversos.

El pasado 4 de marzo de 2020 el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó una "Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus". Este documento no hace referencia a los protocolos de actuación publicados por el Ministerio de Sanidad, y además entra en contradicción con estos últimos, ya que no clasifica a los contactos, dejando la definición de riesgo en una ambigüedad acientífica y de nulo rigor normativo. Este documento ha recibido críticas de diversos sectores, desde organizaciones empresariales hasta sindicatos de trabajadores. Todos coinciden en señalar que el citado documento es alarmista, por el mero hecho de su imprecisión, lo que conllevaría la aplicación de medidas desproporcionadas y fútiles. Además, al contrario de lo señalado en numerosas ocasiones por la Sra. Ministra, dilapida una vez más el dialogo social.

Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario VOX creemos que, ante situaciones como la presente, en las que cualquier decisión puede tener una repercusión directa e inmediata sobre los trabajos de miles de españoles, debe actuarse prudentemente y con máxima precaución, habida cuenta de las repercusiones que todo ello tiene.

Como se ha indicado anteriormente, ante la ralentización de las actividades económicas, los autónomos son los principales damnificados de la generación de situaciones que entrañan dificultades económicas ante decisiones o manifestaciones con poco fundamento por parte del ejecutivo o alguno de sus Ministros.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en España hay más de 3,2 millones de autónomos, lo que supone el 17 % de la población española en edad de trabajar que, a su vez, son los grandes generadores de puestos de trabajo. Por este motivo, es preciso que cualquier medida que pueda proponerse o adoptarse desde el Gobierno de España vaya encaminada especialmente a la protección de los autónomos.

En este sentido, el Grupo Parlamentario VOX cree necesario que en cualquier recomendación que pueda hacerse desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha de tenerse especialmente en cuenta el tejido de trabajadores y empresarios autónomos que conforman gran parte del sector productivo en España.

En cualquier caso, entendemos que toda medida a adaptarse en relación con el coronavirus debe estar presidida por el principio de libertad de empresa (art. 37 Constitución Española), entendida ésta como el resultado del acuerdo entre los trabajadores y los empresarios (art. 38 CE), salvo exigencia justificada, que deberá ser resuelta por el Ministerio correspondiente, en este caso el de Sanidad.

Por ello, es imprescindible que las Administraciones Públicas actúen siempre de acuerdo con los agentes sociales, organizaciones empresariales y representación de los trabajadores, que son los conocedores más inmediatos de la situación de dichos trabajadores y las empresas en las que trabajan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. En colaboración con el Ministerio de Sanidad, elaborar un plan que incluya diferentes escenarios en función de las probabilidades de contagio del coronavirus y las medidas que puedan adaptarse en cada uno de estos escenarios. De este modo, se aporta claridad y se gana eficacia y eficiencia en las respuestas, limitando los efectos que puede producir el coronavirus en la economía, reduciendo el alarmismo.

2. De acuerdo con los agentes sociales, garantizar un conjunto de servicios mínimos, con las funciones esenciales y absolutamente necesarias para mantener la productividad de la empresa en niveles aceptables.


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3. Estudiar mecanismos de reducción temporal de cargas sociales e incentivos fiscales para paliar los perjuicios económicos adversos causados a los autónomos como consecuencia directa del coronavirus."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Mireia Borrás Pabón y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000289

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano.

Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre apoyo a la industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad sea debatida ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en lugar de ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en lugar de por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y a las Comisiones de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 49, de 10 de marzo de 2020.

161/000319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a dotar al astillero de Navantia Ferrol de carga de trabajo al objeto de evitar el periodo de subactividad que se va a producir entre la construcción de los AOR para la Armada australiana y la construcción de la primera unidad de la F110 para la Armada española, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

La empresa pública Navantia, S.A., ha realizado un Plan estratégico que aborda múltiples factores -carga de trabajo, mejora de los procesos de fabricación, rejuvenecimiento de sus plantillas, transformación en un astillero 4.0, etc.- que son necesarios para salir de la situación en la que se


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encuentra, fruto de las pérdidas acumuladas durante años debido a la crisis y a la ausencia de carga de trabajo, así como a las deficiencias de su proceso productivo.

La puesta en marcha de este Plan estratégico ha venido retrasándole por distintos motivos pero es ya una necesidad inaplazable. Hay actuaciones en el astillero de Ferrol que, por su urgencia, no pueden esperar más si queremos asegurar la supervivencia del mismo. Es el caso del programa de las fragatas F110, cuya primera unidad comenzará a construirse en el año 2022 y, al estar finalizándose la construcción de los AOR para la Armada australiana, la ausencia de pedidos que en este momento tiene el astillero provocará un periodo de subactividad hasta 2022, lo que conllevará graves consecuencias para el tejido productivo de Ferrol y su comarca, duramente castigado por la crisis permanente del sector naval.

Esta carencia de carga de trabajo podría verse mitigada si el Gobierno tomara la decisión de construir una nueva unidad para la Armada española, del tipo AOR, para que sustituya al actual buque denominado "Patiño", que cuenta con más de veinte años de servicio y carece de doble casco, a pesar de transportar cantidades importantes de combustible para abastecer a las demás unidades. Esto tendría un doble beneficio: por un lado, se modernizaría la Armada española y, por otro, se dotaría de carga de trabajo al astillero de Ferrol, sin necesidad de diseñar un nuevo prototipo.

Fundado en el siglo XVIII, el astillero ha vivido la evolución de la construcción naval hasta nuestros días. Sin embargo, la última gran renovación se realizó en el siglo XX y desde entonces los astilleros competidores han evolucionado, por lo que es indispensable abordar su reforma. Lo que llama la atención es que ha sido la Administración socialista la que ha dejado fuera del mismo los trabajos de reforma como figuraba en los estudios previos.

El elemento clave para que Ferrol cuente con un astillero competitivo es la construcción de un dique seco cubierto, que tenga capacidad suficiente para albergar la construcción de buques y que coordine su carga de trabajo con la factoría de Fene. Durante estos años, Navantia ya ha realizado estudios preliminares y ha avanzado soluciones técnicas para abordar la reforma del astillero. Obviamente, la crisis financiera de los últimos años hizo imposible abordar este proyecto.

El anuncio del actual Gobierno de firmar la orden de ejecución de las fragatas F110, que cuentan con una dotación presupuestaria en los vigentes Presupuestos Generales del Estado de 270 millones de euros, aprobados por el anterior Gobierno del Partido Popular, obliga a que la reforma del astillero de Ferrol se tenga que acometer de forma inmediata. Además, la realización de esta infraestructura, debe ser independiente a la realización o ejecución del plan estratégico referido, ya que será la pieza clave de este o de cualquier otro plan estratégico.

Por otro lado, hay que resolver la mutación demanial de la lámina de agua actualmente colindante con las instalaciones. Navantia es una empresa pública, cuyo capital es 100 % propiedad de SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. La naval tiene una concesión demanial del Ministerio de Defensa, que es la propietaria de la práctica totalidad de los terrenos donde se ubicaría la nueva instalación y que revertiría al Ministerio de Defensa, en caso de abandono o término de la concesión demanial por parte de Defensa. Los terrenos propiedad de Defensa están declarados zonas de interés para la Defensa Nacional, en virtud del RD 282/2018, de 11 de mayo. La lámina de agua colindante con estos terrenos son competencia del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado (son aguas interiores) y, por tanto, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.

Dos ministerios parece que son los que, en principio, tendrían que autorizar el proyecto, a efectos de lo dispuesto en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Como sabernos, el órgano sustantivo tiene que ser único, por lo que el Gobierno tendrá que decidir a qué ministerio le corresponde esta función.

El Real Decreto 282/2018 declara zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Arsenal Militar de Ferrol, Estación naval de la Graña, propiedades militares colindantes y espacios marítimos de recalada en Ferrol", en su artículo 2.C) somete a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados.

El protagonismo que tiene el Ministerio de Defensa en este tema es incuestionable y entendemos que debe asumir la responsabilidad que como entidad pública le corresponde. Es propietaria del 85 % del espacio donde se ubica el proyecto, afecto a la Defensa Nacional, y las nuevas instalaciones revertirían en el Ministerio de Defensa en caso de renuncia o finalización de la concesión por parte del promotor. En definitiva, salvo mejor opinión fundada en derecho al objeto de garantizar la seguridad jurídica del proyecto, el Ministerio de Defensa debe de asumir el órgano sustantivo, previsto en la Ley 21/2013 y


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solicitar la tramitación de la DIA correspondiente, desbloqueando un proyecto fundamental para Navantia, la Armada española, la ciudad de Ferrol y, en definitiva, para el interés general.

También consideramos que, en aras de ese interés general, todo el terreno en el que se desarrollara el proyecto debe tener una propiedad única. En este caso, por sus características, el beneficiario no puede ser otro que el Ministerio de Defensa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar al astillero de Navantia-Ferrol de carga de trabajo inmediata con la contratación este año de un AOR al objeto de evitar el periodo de subactividad que se va a producir entre la construcción de los AOR para la Armada australiana que están en fase de finalización, y el inicio de la construcción de la primera unidad de la F110 para la Armada española, prevista para 2022.

2. Dotar de un dique seco cubierto al Astillero Navantia-Ferrol para la implantación del Astillero 4.0 previsto en su Plan Estratégico con una inversión de 300 millones de Euros y con financiación desde este año y plazos acordes con el Programa de las F-110, que permita la viabilidad y competitividad del mismo.

3. Realizar la mutación demanial de la lámina de agua actualmente colindante con las instalaciones de Navantia que sería ocupada por la nueva construcción, de manera que la totalidad de las instalaciones estén afectas al interés para la Defensa nacional.

4. Realizar cuantos trámites sean necesarios para tramitar la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva del proyecto de construcción, por parte de Navantia, de un dique seco cubierto en la factoría de Ferrol (A Coruña)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferro, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Apoyo al Sector Turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El turismo es una actividad económica imprescindible para nuestra economía, además de un sector de futuro, donde España tiene una posición de liderazgo indiscutible y que cuenta con un enorme potencial multiplicador en materia de generación de empleo, riqueza y bienestar.

España es la segunda economía del mundo en cuanto a recepción de turistas internacionales, la segunda en cuanto a gasto turístico y el primer país respecto a competitividad turística internacional, tal como refleja el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.

La industria turística española es además un potente y eficaz instrumento en la proyección exterior de España, que nos permite dar a conocer y poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio natural, histórico o cultural. Consolidar la situación privilegiada de España en el ámbito turístico es una apuesta que ha dado sus frutos históricamente y que aún nos dará con certeza grandes resultados y satisfacciones en el futuro.

Día a día, las condiciones del mercado turístico están sufriendo profundas transformaciones con la aparición de nuevas demandas, productos y competidores. El turista actual es un consumidor maduro que se ha convertido en un cliente exigente, con muchísima información y con nuevas motivaciones que exigen que desde el conjunto de las administraciones se preste una mayor atención y se articulen medidas y acciones que permitan a los generadores de la oferta estar a la altura de las necesidades de los consumidores del producto turístico.


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La apuesta por el turismo exige estrategias comunes y compartidas por los agentes públicos y privados que intervienen en su cadena de valor. Responder a este reto implica hoy más que nunca, reforzar las políticas de Estado en favor del turismo que con el mayor liderazgo institucional apuesten con una visión integral por una mayor coordinación y consensos entre los diversos ámbitos de la administración, involucrando, asimismo, de manera más activa y comprometida al sector privado.

España cuenta con activos de gran valor como son la seguridad, la conectividad, una excelente oferta con un altísimo nivel de calidad y la experiencia de nuestras empresas y profesionales del sector. Todo este caudal debemos emplearlo con una estrategia que consolide y avance nuestra posición de liderazgo, siendo capaces de afrontar los desafíos que se nos presenten en un entorno cambiante y sabiendo dar solución a situaciones comprometidas que puedan poner en riesgo nuestra competitividad.

El avance de esta actividad en España le ha permitido al turismo convertirse en el sector que más aporta a la economía nacional, representando un 15 % del PIB y siendo el sector que más puestos de trabajo es capaz de generar directa e indirectamente.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Retirar la propuesta del Gobierno de creación de una nueva tasa o impuesto especial que grave el uso del transporte aéreo.

- Reforzar acciones promocionales y de comunicación tanto en el mercado internacional como en el nacional, lanzando mensajes de tranquilidad y seguridad para amortiguar los efectos que las cancelaciones de la Feria ITB de Berlín, el Salon Mundial du Tourisme de París, así como multitud de reuniones y congresos previstos en nuestro país, -Mobile World Congress o Alimentaria en Barcelona-, puedan tener para el sector y de esta manera, mejorar la percepción de España como destino turístico de máximo nivel en calidad, seguridad, profesionalidad y con un sistema sanitario público y privado preparado para afrontar cualquier situación crítica.

- Rebajar la carga fiscal, tanto en tributos estatales como autonómicos y locales que graven hechos imponibles de servicios prestados por operadores pertenecientes a la industria hotelera para minimizar los efectos negativos que sobre el sector se están produciendo debido a la alarma generada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19); impulsar la aprobación de bonificaciones específicas en las cuotas de la Seguridad Social para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y evitar la destrucción de tejido productivo asociado a esta industria.

- Incrementar la cooperación con el sector y los destinos turísticos españoles ante las consecuencias del Brexit, en cuestiones relativas al acceso de los británicos a España, aviación civil y conexiones aéreas, acceso a la sanidad pública, etc.

- Constituir de manera urgente la mesa de trabajo anunciada por el Gobierno y de la que formen parte hoteleros, agencias y empresas de transporte que inicie los trabajos destinados a revisar, rediseñar, actualizar y mejorar el programa de vacaciones para mayores del Imserso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo a la competitividad y futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo) provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


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Exposición de motivos

Las factorías con las que la multinacional Alcoa cuenta en la localidad cervense de San Cibrao (para la fabricación de alúmina y aluminio) tienen un carácter estratégico por cuanto constituyen el principal motor económico y laboral de la Mariña lucense y uno de los más importantes de nuestra provincia, donde representa el 30 % de su producto interior bruto (PIB). Es la principal fuente de empleo directo para las más de 1.100 familias de trabajadores del complejo, a los que hay que añadir los empleos indirectos generados en la costa lucense, tanto en las empresas auxiliares como en sectores como el de servicios y hostelería (en torno a 5.000 puestos de trabajo más).

Uno factor principal para la competitividad y el futuro de esta está determinado por el coste de la energía, ya que para transformar la alúmina en aluminio es preciso un proceso de electrólisis intensivo en el uso de electricidad. Solo Alcoa San Cibrao tiene un consumo eléctrico equivalente a 30.000 hogares.

La factura eléctrica representa uno de los gastos más importantes de la cuenta de explotación de la factoría y los elevadísimos incrementos del precio que se han producido en los últimos meses ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de este complejo industrial, sin que el Gobierno central adopte las medidas a las que se comprometió, entre ellas, la aprobación del Real Decreto que incorpora el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Esta herramienta normativa debe establecer una combinación de medidas, primas, subvenciones y descuentos, que protejan la competitividad de las empresas altamente dependientes de la energía abaratando el coste final del suministro, una variable especialmente necesaria para empresas que compiten en un mercado global.

En este momento el precio de la electricidad en España es un 50 % más elevado que en Alemania o Francia. El borrador de Real Decreto presentado el pasado mes de marzo por el Ministerio Transición Ecológica no fue satisfactorio para nadie, porque recortaba el sistema de apoyo actual, y no incorporaba las demandas del sector. La Xunta de Galicia validó y presentó, con las empresas electrointensivas y el aval del Comité de empresa, un paquete de alegaciones para que el futuro estatuto incluyera las propuestas de Galicia sin que, a día de hoy, se haya obtenido respuesta alguna.

No es la primera vez que en la factoría lucense existen tensiones como consecuencia del precio de la electricidad, pero en esta ocasión la situación es mucho más grave derivada de la inactividad del Gobierno central o de decisiones políticas como las que desde el Ejecutivo estatal cuestionan el futuro de las empresas productoras de energía (térmicas, de carbón, nucleares) sin alternativas viables a precios competitivos. Conviene igualmente recordar que la Ministra de Transición Ecológica había comprometido la aprobación, en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones del 10 N, del referido Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Nada de eso se ha cumplido, aprobándose sin embargo un Real Decreto en materia energética relacionado con energías renovables, lo que invalida el argumento manido del gobierno central de no poder aprobar el Estatuto por encontrarse en funciones.

En este capítulo de incumplimientos caben igualmente los referidos al compromiso asumido por el Gobierno socialista en la última precampaña electoral, de recibir a los trabajadores y exponerles al detalle las medidas a aprobar, habiendo transcurrido meses sin hacer efectivo este compromiso, lo que supone un engaño más a la larga lista de incumplimientos por parte de este Gobierno.

La situación actual contrasta con lo ocurrido durante los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, que siempre intentaron buscar la mejor solución posible en apoyo de la industria electrointensiva: con negociaciones al más alto nivel entre el presidente Rajoy y el presidente internacional de Alcoa, estableciendo medidas de apoyo como las subastas por interrumpibilidad o la compensación por costes indirectos de CO2, o la construcción del gasoducto de la Mariña que abarató de manera significativa el coste energético de la factoría.

Además, a día de hoy, la situación se ve agravada teniendo ya que el mantenimiento de los precios actuales no permite la producción de aluminio en condiciones competitivas, lo que le llevó a la empresa a adoptar decisiones drásticas como la venta de las factorías emplazadas en A Coruña y Avilés o la decisión de recortar la producción y cerrar la actividad de 32 cubas en la factoría de San Cibrao.

Es necesario recordar también que el Pleno de la Diputación de Lugo, a propuesta del PP, ya aprobó por unanimidad varios acuerdos, con carácter de declaración institucional, con fechas 31 de mayo de 2016, 30 de octubre de 2018 y 26 de marzo de 2019.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a garantizar los centros productivos y los puestos de trabajo de las factorías de Alcoa en San Cibrao (Cerio).

- Impulsar todas aquellas iniciativas que contribuyan a la progresiva reducción del precio eléctrico para la industria electrointensiva, siempre en línea con las directrices europeas y garantizando la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

- Regular con eficacia la figura de las empresas altamente electrointensivas para garantizar su viabilidad, dadas las peculiaridades de las mismas y su importancia económica.

- Retirar la propuesta del Gobierno sobre el Estatuto de las empresas electrointensivas, y traer al Congreso una nueva propuesta consensuada con los trabajadores, empresas y Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la lucha contra la morosidad, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

En pasadas legislaturas se ha sustanciado un amplio debate entre los grupos parlamentarios de esta Cámara sobre la necesidad de establecer medidas de lucha contra la morosidad.

El retraso en los plazos de pago a proveedores es un elemento que incide directamente en la competitividad de nuestras empresas y que les impide financiarse correctamente.

Aunque en la Unión Europea existe una normativa común de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que ha sido transpuesta correctamente a la legislación española, la realidad es que aún queda un gran margen de mejora, tanto en la reducción de tiempos en los pagos por parte de las Administraciones públicas como entre empresas.

El seguimiento de la evolución de la morosidad no es sencillo ya que existen distintas fuentes de morosidad y tampoco es fácil medir los periodos medios de pago entre las empresas.

En cuanto a la morosidad empresarial, se observa el incumplimiento del periodo máximo para pagar establecido en la legislación de 60 días, según los datos recopilados por la Central de Balances del Banco de España. Igualmente, el periodo medio de pago es de 82,3 días, según el boletín de seguimiento de morosidad elaborado por Cepyme.

La morosidad es un aspecto muy perjudicial para las empresas, en especial para las pymes que son las que más lo sufren al ser, normalmente, los proveedores de las grandes empresas. Es un elemento claro que dificulta el acceso a nueva financiación y resta competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

En el Marco Estratégico en política de Pyme 2030, que se aprobó en abril de 2019, se incluyen recomendaciones para reducir la morosidad.


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Por ello, tenemos que analizar de forma rigurosa qué medidas podemos adoptar y qué regulación tenemos que modificar para ser más eficaces en la reducción de los plazos de pago sin dificultar la actividad económica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar el Marco Estratégico en política de Pyme 2030, en colaboración con el Consejo Estatal de la Pyme, en el que se establecen las siguientes medidas para luchar contra la morosidad:

1. Impulsar la modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales para establecer un régimen sancionador y un sistema arbitral de morosidad sencillo, ágil y efectivo.

2. Promover códigos de buenas prácticas (público y privado) con el fin de incentivar los mecanismos para reducir la morosidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Alejandro Soler Mur, Cristina López Zamora y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la participación de la Pyme en la contratación pública, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Uno de los problemas que presenta el tejido empresarial español, según datos de las empresas inscritas en la Seguridad Social en enero de 2020, es que el 86 % de estas tenía menos de diez trabajadores. Mientras, más de la mitad del total de empresas, el 53,3 % tiene menos de tres personas empleadas.

Aumentar el tamaño de las empresas en nuestro país permitiría aprovechar economías de escala, lo que ayuda a mejorar la competitividad, facilita mejoras salariales, posibilita su internacionalización, al tiempo que propicia un mejor funcionamiento de los mercados.

Entre los múltiples aspectos a tratar para favorecer el crecimiento empresarial y garantizar una competencia en términos de igualdad con aquellas empresas más grandes se encuentra todo lo relativo a la contratación pública. En dicho contexto de mejora de la legislación en la contratación pública para favorecer la participación de la Pyme se enmarca la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que a su vez es la transposición al ordenamiento jurídico español de diversas Directivas del Parlamento Europeo y el Consejo (Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). E igualmente el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), publicado en el BOE el 4 de febrero de 2019.

Por tanto, es imprescindible que el Gobierno, dentro del Marco Estratégico PYME 2030, fomente el acceso de las pymes a la contratación pública, mediante unas actuaciones en sintonía con la nueva regulación europea, facilitando con ello la participación de estas pymes en el valor total de los contratos que se adjudiquen. Un impulso que les permita competir en igualdad de condiciones con aquellas otras más grandes y que amplíe así sus posibilidades de negocio y crecimiento.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Desarrollar el Marco Estratégico en política de Pyme 2030, en el que se establecen las siguientes medidas para fomentar la participación de las pymes en la contratación pública:

1. Mejorar las ratios de participación de las pymes en la contratación pública, aprovechando para ello las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del Sector Público y el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, entre otras medidas.

2. Promover la compra pública innovadora, para lo que se elaborarán Mapas Tempranos de Compra Pública que permitan a las pymes prepararse para acceder a la demanda.

3. Impulsar la aplicación del código europeo de buenas prácticas en la Administración General del Estado, así como su promoción y difusión entre el resto de Administraciones públicas.

4. Dar mayor publicidad a los contratos no armonizados que, por sus características son más accesibles a las pymes.

5. Realizar estadísticas de la participación de las pymes en la contratación pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Alejandro Soler Mur, Cristina López Zamora y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan de acción específico para el continente africano ("Horizonte África") en política comercial, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

África presenta un significativo potencial económico como consecuencia de sus altas tasas de crecimiento económico y demográfico, del aumento del poder adquisitivo de la población, de la mejora de las instituciones o de su creciente apertura al comercio internacional. En este sentido es deseable acometer esfuerzos, escasos hasta la fecha, para poder aprovechar parte de las oportunidades que se presentan.

En 2019, África supuso el 6,7 % del total de las exportaciones españolas.

Por otro lado, la financiación del comercio ha avanzado enormemente en los últimos años, con un refuerzo de la financiación bilateral. Asimismo, se observa que cada vez hay más receptores de apoyo oficial que exigen términos más agresivos, lo que se traduce en la oferta de más tipos de productos y programas financieros disponibles y estrategias más proactivas.

En esta línea, diferentes informes sobre la actividad global en crédito a la exportación apuntan a la tendencia, por parte de la mayoría de las ECA (Export Credit Agency), a la flexibilización de requisitos de contenido local, de impulso de nuevos programas de apoyo o de un mayor apetito por el riesgo.

En base a todo lo anterior, y teniendo en cuenta que ocho de las quince economías más dinámicas del mundo son africanas, las principales economías exportadoras (China, Japón, Alemania, Francia...) están reforzando el apoyo financiero oficial bilateral en el continente como instrumento de política comercial apoyando así a sus empresas.

En consecuencia, parece conveniente impulsar y profundizar en actuaciones que permitan mayor recorrido de nuestro apoyo adaptado al escenario actual, contribuyendo de paso a cumplir con el mandato legal de "garantizar que nuestros exportadores e inversores cuenten con condiciones tan competitivas


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como las de sus competidores en los mercados internacionales" y con la política de diversificación de mercados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan de acción específico para el continente africano ("Horizonte África") en política comercial, que tenga como objetivo aumentar la presencia empresarial, institucional y financiera en el continente africano. Para ello se desarrollarán las siguientes actuaciones:

- Análisis de oportunidades de negocio para empresas españolas en África. Creación de programas específicos para apoyar la exportación de productos españoles.

- Refuerzo de la presencia y apoyo institucional en el continente africano.

- Identificación de sectores y mercados de oportunidad para empresas españolas donde aún no hay presencia empresarial.

- Reforzar el apoyo a las empresas españolas en el continente africano.

- Reforzar los instrumentos financieros disponibles para la internacionalización de empresas españolas en el continente africano.

- Designar una serie países prioritarios donde intensificar la presencia institucional como las actividades y acciones de ICEX, COFIDES y CESCE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Alejandro Soler Mur, Cristina López Zamora y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts Per Catalunya, Laura Borrás i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los Centros Especiales de Empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad.

Exposición de motivos

Según el informe "El empleo de las personas con discapacidad" elaborado por el INE en el año 2017, había 1.860.600 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años). De esta cifra, 651.700 eran activos y 481.000 personas ocupadas. Como señala dicho informe, "Lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad es su baja participación en el mercado laboral. En 2017 su tasa de actividad fue del 35,0 % (dos décimas menos que en 2016), lo que supuso más de 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad".

Contribuir a elevar la participación de las personas con discapacidad en las actividades laborales resulta un objetivo obligado y plausible, pero para ello se necesita adoptar medidas específicas que ayuden a hacerlo posible. Algo más de una cuarta parte de este empleo goza de reducciones y bonificaciones a la seguridad social y, en determinados casos, conlleva también subvenciones. Este es el caso de las 77.677 personas con discapacidad ocupadas en los Centros Especiales de Empleo, fos cuales se benefician de subvenciones por cada contrato de trabajo con personas con discapacidad, con el fin de poder mantener los empleos.


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Hay que destacar que los Centros Especiales de Empleo se caracterizan por emplear en su plantilla, al menos, a un 70 % de personas con discapacidad, para contribuir a su inserción laboral.

La base del sueldo de estos trabajadores es el salario mínimo interprofesional y está estipulado mediante la negociación colectiva del sector. La Administración, mediante regulación, determinó costear el 50 % del mismo. Estos centros emplean desde personas con un grado de discapacidad mínimo del 33 % hasta personas con más del 65 % de discapacidad. Aun así, las ayudas de la Administración estatal son idénticas, sin distinguir el grado de discapacidad que tenga la persona.

En este contexto, hay que considerar el aumento del salario mínimo interprofesional acaecido en 2019, que se incrementó desde los 735,9 euros/mes hasta los 900 euros/mes, así como también el incremento aprobado para 2020 desde los 900 euros/mes hasta los 950 euros/mes, una medida adecuada desde la perspectiva laboral y social, que sin embargo tiene una repercusión sobre los Centros Especiales de Empleo y a su capacidad de mantener el empleo de personas con discapacidad, que debe ser corregida, ya que el aumento del SMI incide directamente sobre sus costes salariales, en empleos y actividades difícilmente reconvertibles. De hecho, con el alza del SMI, los costes laborales de los Centros Especiales de Empleo se han incrementado en un 29 % por cada trabajador con discapacidad contratado, lo cual, sin duda debe ser corregido.

La solución está en acompañar el alza del SMI con un alza en el porcentaje del SMI cubierto por las subvenciones por empleo de cada persona con discapacidad que tengan contratada los Centros Especiales de Empleo. Por ello se propone incrementar, del 50 % del SMI actual al 60 % del SMI, la subvención.

Si aumenta el salario mínimo y en paralelo no aumenta la subvención a los Centros Especiales de Empleo, estos ven mermada su cuenta de explotación y muchos de ellos pueden convertirse en insolventes o verse obligados a minorar el empleo.

Por todo lo expuesto anteriormente, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los Centros Especiales de Empleo, desde el actual 50 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cada trabajador con discapacidad contratado, al 60 % del mismo, con el fin de compensar la mayor parte del incremento de costes laborales que les han supuesto los incrementos del SMI aprobados para los ejercicios 2019 y 2020, respecto el vigente en 2018. La finalidad del incremento de la subvención es la de conservar los empleos y viabilidad de los Centros Especiales de Empleo, entidades cuyo principal objetivo es proporcionar la realización de un trabajo productivo y remunerado, a los trabajadores con discapacidad, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de estos en el mercado ordinario de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000323

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y puesta en marcha de un censo de pacientes con Alzheimer y otras demencias, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Las enfermedades neurodegenerativas son, junto con las patologías cardiovasculares y el cáncer, las que mayor prevalencia presentan y mayor mortalidad causan en nuestro país.


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Entre las neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y conlleva deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Además, se caracteriza en su forma más prevalente por una pérdida de la memoria inmediata, así como por el menoscabo de otras capacidades mentales -normalmente las cognitivas superiores- derivadas de la destrucción progresiva de las neuronas.

La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 % y el 80 % del total de los casos de demencia y afecta en España al 0,05 % de las personas comprendidas entre los 40 años y los 65, al 1,07 % de 65 años a 69, al 3,4 % de 70 a 74, al 6,9 % de 75 a 79, al 12,1 % de 80 a 84, al 20,1 % de 85 a 89, y al 39,2 % de los mayores de 90 años.

En conjunto, en nuestro país hay actualmente entre 700.000 y 800.000 personas afectadas por Alzheimer que en 2050, de acuerdo con las estimaciones realizadas, podrían alcanzar los dos millones.

Ante esta realidad epidemiológica, sumada a otros factores sociales y demográficos como el aumento constante de la esperanza de vida y el envejecimiento progresivo de la población española, las administraciones sanitarias llevan años diseñando e implementando distintas acciones con las que reducir el impacto de la enfermedad en nuestra sociedad y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias y cuidadores.

La creación y puesta en marcha en diciembre de 2002 de la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas y la aprobación por el Consejo Interterritorial en abril de 2016 de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, son, entre otras, muestras representativas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de España en los últimos tiempos para desarrollar un diagnóstico precoz, así como un abordaje integral, multidisciplinar y transversal del Alzheimer en nuestro país.

Otro ejemplo de ello es el Plan Nacional de Alzheimer, que fue objeto de informe en el Consejo de Ministros celebrado el 17 de abril de 2019. El referido plan contempla avances a desarrollar hasta el año 2023 en distintos ámbitos como la asistencia sociosanitaria, la investigación o el desarrollo de programas de información y sensibilización.

No obstante, lo que el citado plan no contiene es la creación del censo de pacientes que organizaciones como la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa) solicitan con el objetivo de incrementar la cuantía y la precisión de la información y el conocimiento existente sobre las personas afectadas.

De esta forma, según plantean desde distintas entidades como la referida Ceafa, resultará más sencillo concretar la situación de cada paciente y facilitar a las administraciones la toma de decisiones más adaptadas a las necesidades reales del colectivo de afectados, de sus familiares y de sus cuidadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, un censo de personas afectadas por la enfermedad de Azheimer y otras demencias a nivel nacional con el que incrementar la cuantía y la precisión de los datos existentes sobre los enfermos, sus características y sus necesidades.

El censo, cuya actualización deberá ser periódica y permanente, será centralizado y custodiado por el Ministerio de Sanidad, y deberá ser tenido presente como sustento principal para la actualización y mejora de las acciones que se impulsen en el Sistema Nacional de Salud en favor de un diagnóstico temprano y de un abordaje integral, transversal, multidisciplinar y humanizado con los que mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de los afectados, sus familias y sus cuidadores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Alicia García Rodríguez, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000335

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a modificación de la Ley 40/2003 de Protección de las Familias Numerosas, a efectos


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de finalizar con la desigualdad y discriminación de los progenitores que se hacen cargo de sus hijos, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La actual Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, no prevé las nuevas estructuras familiares, y en consecuencia deja sin cobertura a los progenitores separados/divorciados y sin protección los hijos de familias reconstituidas.

Cuando uno de los cónyuges separado solicita la tramitación del carné de familia numerosa imposibilita automáticamente que el otro padre o madre pueda solicitarlo motivo que genera un agravio comparativo, especialmente en caso que dicha tramitación se realice sin previo aviso.

Dicha "laguna legal" provoca enormes distorsiones y problemáticas en el ámbito doméstico que afectan por igual a progenitores e hijos conculcando y limitando derechos de estos cuando se ven afectados sus recursos disponibles.

En este aspecto, hay que tener presente que la ley reguladora es del año 2003 y es a partir del año 2010 cuando se ha empezado a considerar la custodia compartida como un modelo adecuado y más igualitario. La consecuencia es la falta de previsión y la dificultad de aplicación de la ley si se quieren evitar desigualdades y discriminaciones.

Es necesaria una adecuación de la legislación vigente sobre protección a las familias numerosas que tenga en cuenta todos estos aspectos y que aborde de una manera más flexible y adecuada la realidad social de los nuevos modelos familiares tras los procesos de divorcio o separación.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de las familias numerosas con padres separados y garantizar los derechos de hijos y padres.

2. Modificar el artículo 3.3 de la ley 40/2003 para permitir que un niño esté a la vez en dos títulos (en caso de que los padres estén separados y/o con familias reconstituidas).

3. Modificar el artículo 2.c) de la ley 40/2003 para eliminar el criterio de convivencia como el que prevalece para otorgar el título en caso de no acuerdo de los padres sobre la "titularidad" del hijo/a.

4. Modificar el artículo 3.c) de la ley 40/2003 para modificar o suprimir la disposición que determina que un hijo de más de 21 años con ingresos queda fuera del título de familia numerosa y así evitar que los hijos de esta edad que están estudiando y a la vez contribuyen a la economía familiar, muchas veces de forma precaria, sean excluidos del sistema y en consecuencia se vean penalizadas las familias más vulnerables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Norma Pujol i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/000352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso a la accesibilidad cognitiva, para su debate en la Comisión de Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El acceso a la información es un derecho democrático. Para ejercerlo, muchas personas por su edad, por el poco conocimiento del idioma, a causa de una discapacidad o simplemente por tener limitadas sus habilidades de leer o comprender, necesitan acceder a materiales adaptados.


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La accesibilidad cognitiva puede hacer referencia a espacios, a procedimientos, a transportes, a entornos virtuales o a información escrita. En su sentido más amplio, la accesibilidad cognitiva debe entenderse como el conjunto de requisitos que deben existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por todas las personas, y en especial, por aquellas personas con menor capacidad cognitiva. Las barreras cognitivas son, en demasiadas ocasiones, el tipo de discriminación más decisivo y frecuente.

La accesibilidad cognitiva es un reto que debernos marcarnos como sociedad, como elemento fundamental para garantizar el derecho de participación plena para todas las personas, permitiendo el acceso en igualdad de condiciones a la información de manera completa y comprensible. Además de suponer un elemento de creación de empleo para las personas con discapacidad intelectual y otros colectivos, que contribuyen en la creación de servicios de accesibilidad cognitiva y en la creación de nuevas metodologías.

Las diferentes herramientas para fomentar la accesibilidad cognitiva, como son el uso de la Lectura Fácil, el Lenguaje Claro y la Señalización Accesible y Comprensible persiguen la eliminación de las barreras en la comprensión y la comunicación.

El Lenguaje Claro es especialmente importante en el ámbito jurídico y en el lenguaje administrativo. Hace referencia a la accesibilidad cognitiva de la información oral y escrita.

La Lectura Fácil nació en Suecia a finales de la década de los 60 y actualmente se utiliza en muchos países de Europa e Iberoamérica. En el proceso de elaboración de la Lectura Fácil participan personas con dificultades de comprensión, quienes realizan la validación cognitiva. La información en lectura fácil no solo abarca textos escritos, también incluye las ilustraciones, las imágenes y los formatos de maquetación. Se trata de uno de los recursos más desarrollados en España.

Actualmente, la ciudadanía demanda de las administraciones públicas que la información que le llega o se le comunica por cualquiera de los medios establecidos sea comprensible, directa y ajustada a sus necesidades. Por lo tanto, el uso del lenguaje claro y sencillo mejora la comunicación de la ciudadanía con la Administración.

Sin embargo, mientras se ha avanzado en otras formas de accesibilidad, en materia de accesibilidad cognitiva queda casi todo por hacer. El 30 % de la población tiene dificultades de comprensión y aún hay poca sensibilización para que esas personas dispongan de información y entornos fáciles, accesibles y comprensibles. Cuando impulsamos textos en "Lectura Fácil" y la información en "Lenguaje Claro" no solo estamos rompiendo barreras de comunicación para las personas con discapacidad intelectual, sino para el conjunto de la población, se tengan o no se tengan dificultades de comprensión.

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad recoge la accesibilidad como uno de sus principios generales. La accesibilidad está regulada en su artículo 9, y dentro de este artículo, es de especial interés para la accesibilidad cognitiva su apartado 2.d), donde se establece que los Estados parte "adoptarán medidas para dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas en formatos de fácil lectura y comprensión."

Sin embargo, aunque nuestro país cuenta con legislación relacionada con accesibilidad universal desde el año 2003, en materia de accesibilidad cognitiva nuestra legislación resulta claramente insuficiente. En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, no se recoge el término accesibilidad cognitiva, ni se hace mención a sus propiedades, recursos o herramientas, lo que impide que la accesibilidad cognitiva este dotada en nuestro país de plenas garantías normativas.

El movimiento asociativo que representa a la discapacidad organizada viene demandando una modificación legislativa y una mayor implicación por parte de las Administraciones públicas para promover e impulsar la accesibilidad cognitiva y sus principales servicios o herramientas, preocupación que el Grupo Parlamentario Socialista comparte.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas:

1. Desarrollar medidas que promuevan la accesibilidad cognitiva y el uso de la Lectura Fácil, el Lenguaje Claro y la señalización accesible para que la información generada por las Administraciones sea


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comprensible para el conjunto de la ciudadanía, y en especial para las personas con discapacidad intelectual y el resto de colectivos vulnerables.

2. Facilitar el acceso a un espacio ciudadano on-line, donde las personas puedan comunicarse con la Administración, todo ello, con garantía de cumplimiento de estándares de accesibilidad a la web, que eviten la discriminación de las personas con discapacidad, personas mayores y personas con reducido nivel de alfabetización, entre otras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Sonia Guerra López, Luis Carlos Sahuquillo García y Susana Ros Martínez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000355

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la teleasistencia avanzada, para su debate Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad.

Exposición de motivos

España actualmente cuenta con una de las tasas de esperanza de vida al nacimiento más altas del mundo y de Europa (83 años), lo que está poniendo a prueba tanto a nuestro sistema sanitario, como al de atención a las personas en situación de dependencia (SAAD).

En este sentido, fas nuevas tecnologías digitales son y serán esenciales para afrontar el reto de la longevidad y el envejecimiento de la población en nuestro país, y así mejorar la calidad asistencial y la sostenibilidad de dichos sistemas.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, regula en su artículo 15 el servicio de teleasistencia. Se trata de un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio, que según la ley, "facilita la asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento".

Este tipo de servicio ha sido de gran valor para las personas dependientes moderadas (Grado I), permitiendo su comunicación con una central en situaciones de emergencia o proporcionando compañía telefónica previniendo un estado de soledad perjudicial y no deseada. Y en todo caso, favoreciendo la permanencia de estas personas en su domicilio y en su entorno sociofamiliar.

Con los años y con el desarrollo de la ley, la telesasistencia ha ido evolucionando hasta convertirse en un servicio regulado y profesionalizado que ofrece una respuesta más amplia, incluyendo seguimientos periódicos de la persona e incorporando los servicios de atención domiciliaria. A este tipo de teleasistencia básica se le han visto aplicadas nuevas tecnologías, lo que ha permitido su evolución natural hacía la denominada teleasistencia avanzada. Este tipo de teleasistencia ha evolucionado hacia la monitorización de las personas en situación de dependencia, e incluye apoyos tecnológicos complementarios tanto dentro, como fuera del domicilio. De esta manera se posibilita una atención integral y personalizada en función de las necesidades de las personas en situación de dependencia, mediante una supervisión remota de sus vidas y hábitos, que permite a los profesionales del ámbito social y sanitario intervenir tanto con carácter preventivo, como asistencial.

Esta herramienta permite a su vez, la cooperación y coordinación sociosanitaria y permite a la persona en situación de dependencia participar y asumir un rol activo en su autocuidado, para poder adaptar mejor los servicios prestados a sus necesidades y circunstancias de vida y de estado de salud.

Este tipo de teleasistencia viene definida en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde se establece que su contenido será fijado por la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.


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Este contenido ha sido determinado mediante la Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este acuerdo se lleva a cabo una descripción detallada de los servicios de teleasistencia avanzada, de la tecnología asociada y de los tipos de programas de atención integral.

El Gobierno ha mostrado su compromiso con la promoción de esta prestación, por lo que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019, se preveía un incremento de la partida destinada a financiar el nivel mínimo de protección del sistema de atención a la dependencia, que entre otras cuestiones, posibilitaba la financiación de una nueva prestación de teleasistencia avanzada.

Además de promover una financiación suficiente, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos imprescindible dar impulso definitivo a este tipo de servicio, modificando el Real Decreto 1051/2013, para entre otras cuestiones, garantizar la igualdad de acceso a esta prestación para todas las personas en situación de dependencia en nuestro país, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención da la Dependencia de 15 de enero de 2018, impulsar de manera definitiva la teleasistencia avanzada, y así ampliar el catálogo de prestaciones del sistema de atención a la dependencia reconocido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Sonia Guerra López y Susana Ros Martínez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D.a Georgina Trias Gil y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tienen la obligación de presentar la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a velar por los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La situación de sequía meteorológica e hidrológica que está padeciendo España afecta especialmente a los agricultores y ganaderos de nuestro país, lo que requiere poner en marcha una serie de medidas urgentes que palien esta situación.

De todo el territorio nacional, una de las regiones que se ve más afectada es la referente a la Cuenca del Duero, debido a su clima predominantemente mediterráneo, con una fuerte variabilidad estacional e interanual. De esta forma, se puede observar que los periodos de sequía de esta zona se están agravando en los últimos años, por ejemplo, en la ciudad de Ávila y en sus poblaciones cercanas, cuyas reservas hídricas suponen entre el 53 % y el 60 % de años previos, amenazando así la viabilidad económica de sus explotaciones.

La falta de precipitaciones determina que no puedan cubrirse de modo adecuado todas las demandas, y que haya dificultades para poder hacer un uso normal de estas reservas hídricas existentes. Del mismo modo, la declaración de sequía obliga a la Administración a adoptar una serie de medidas temporales para


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mejorar el aprovechamiento de estos recursos de forma equitativa por todos los ciudadanos y sectores afectados.

La declaración de sequía en la demarcación hidrográfica del Duero se realiza por medio de un Real Decreto, en virtud del artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y corresponde a la Confederación Hidrográfica, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Gobierno de España en general llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para garantizar el acceso y el uso del agua por parte de todos los ciudadanos.

En cuanto a la situación de la zona mencionada, desde abril de 2019 se vienen experimentando varios períodos de sequía en las zonas bañadas por el río Adaja (Ávila).

Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Confederación no declaró la sequía hasta junio de ese mismo año y, mientras se tramitaba la correspondiente declaración, se adoptaron una serie de medidas de actuación urgente destinadas a paliar el impacto de la referida situación. Por ejemplo, la dotación otorgada para el riego del año pasado fue de 2.100 m3/hectárea, es decir, un 38 % de lo que corresponde a la dotación normal.

Ahora bien, a día de hoy, la reserva hídrica del pantano está al mínimo y el abastecimiento tanto de la ciudad de Ávila como de las poblaciones circundantes no está asegurada. De esta forma, tampoco se garantiza el agua de riego para la próxima campaña.

El 26 de julio pasado, el Gobierno sacó a información pública el proyecto de Real Decreto que declaraba la situación de sequía extraordinaria en determinados territorios de España, uno de ellos la demarcación hidrográfica del Duero, pero el 5 de agosto finalizó el período de alegaciones al borrador de dicho decreto de sequía, alegaciones que la Comunidad de Regantes del río Adaja presentó, sin haberse aprobado finalmente.

Con posterioridad, durante la Junta de Gobierno de la Confederación se insistió en la urgencia y necesidad de aprobar este Decreto de sequía, pero nuevamente no se adoptó.

Si los problemas hídricos no son suficientes, a estas circunstancias se une el hecho de tener que abonar a la Confederación el canon de regulación correspondiente a 2019 (548.864,78 euros), cuando no ha sido posible utilizar más del 30 % de la dotación asignada. Esta situación se produce como consecuencia de que el Decreto de sequía no se ha adoptado, y hay que tener en cuenta que las medidas provisionales no han permitido utilizar el 100 % de las aguas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la declaración oficial de sequía en la demarcación hidrográfica del Duero posibilitaría a los regantes la exención del pago del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, así como de amortización de las obras, si así lo acuerda el Gobierno de la Nación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

- Aprobar con carácter inmediato un Real Decreto que declare la situación de sequía extraordinaria en la cuenca del Duero y, en concreto, de la unidad territorial del Adaja.

- Una vez aprobado el Real Decreto anterior, adoptar las medidas y actuaciones oportunas que permitan acordar la exención de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Georgina Trías Gil y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel Lopez Maraver y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con los Acuerdos Comerciales Internacionales que la UE ha


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firmado con terceros países y cuyo impacto está siendo muy perjudicial para la agricultura española y más concretamente en la citricultura y el olivar en la provincia de Castellón, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Antecedentes

Primero. El Tratado de Roma (año 1957), por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE), fijó las bases de lo que sería la Política Agraria Común (PAC), concretamente en los artículos 38 a 47 del Tratado. El artículo 39 recoge entre los objetivos de la política agrícola común: "garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, en especial mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura". Hoy este objetivo no solo no se ha alcanzado, sino que el agricultor de los países de la Europa mediterránea se está arruinando y está abandonando sus campos.

También se recoge en el mismo Tratado, implícitamente, el germen del Principio de Preferencia Comunitaria "con el fin de proteger a las producciones agrarias comunitarias de la competencia exterior." Véase el artículo 44.2 del Tratado de Roma como expresión en materia agrícola del Principio de Preferencia Comunitaria al señalar, con el fin de garantizar el respeto de los objetivos del artículo 39, que "Los precios mínimos no deberán aplicarse de forma que obstaculicen el desarrollo de una preferencia natural entre los Estados miembros".

Segundo. El Principio de Preferencia Comunitario se establecía de forma expresa en la Conferencia Agrícola de Stresa celebrada en dicha localidad italiana del 3 al 12 de julio de 1958, en cumplimiento del artículo 43 del Tratado, que señalaba la necesidad de celebrar una conferencia para establecer una Política Agraria Común. Destacar que uno de los objetivos que se señaló en Stresa es la de preservar la agricultura familiar.

En Stresa se establecieron los tres principios básicos de la PAC:

1. Unidad de Mercado.

2. Principio de Preferencia Comunitario.

3. Solidaridad Financiera.

El Principio de Preferencia Comunitario establecía la preferencia por parte de los países miembros en el aprovisionamiento de productos agrarios comunitarios frente a los no comunitarios. De poco servía el deseo de una renta digna para el agricultor europeo si los potenciales compradores hubieran podido abastecerse a precios inferiores en el mercado mundial.

Tercero. Posteriormente, en la fase inicial de la PAC, el Principio de la Preferencia Comunitaria fue recogido formalmente en la Resolución del Consejo de diciembre de 1961 y en los Considerandos de los Reglamentos-base adoptados en los años 60 para la constitución de las primeras Organizaciones Comunes de Mercado (OCM,$) que sustituían a las Organizaciones Nacionales de Mercado.

Cuarto. Por su parte la primera jurisprudencia comunitaria 1 reconoció explícitamente el carácter básico del Principio de la Preferencia Comunitaria, más allá incluso de los límites de la propia PAC, llegando a calificarle como "uno de los principios del Tratado", del cual el artículo 44.22 2 sería una simple expresión en materia agrícola.

Quinto. El mismo Tratado que, con el Principio de Preferencia Comunitario, defendía los productos agrícolas europeos de las fluctuaciones del mercado internacional, en una contradicción abierta con ese espíritu defensivo de la agricultura europea, en su artículo 110, plasmaba una voluntad aperturista al comercio mundial. En el artículo 110 se afirmaba: "Mediante el establecimiento entre sí de una unión aduanera, los Estados miembros se proponen contribuir, conforme al interés común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a la reducción de las barreras arancelarias".

Sexto. El primer paso hacia la actual situación comercial internacional se dio en abril 1994 en Marrakech, en la finalización de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, del inglés General Agreement cm Tarifs and Trade). El propósito de estas conferencias periódicas, denominadas "Rondas", era la de establecer negociaciones bilaterales entre sus miembros,

1 Asunto 5/67 de 13.3.1968. Beus c. Hauptzollamt München, Rec. 125/1968.

2 2 Artículo que posteriormente, sin causa alguna, desapareció en la versión consolidada de 1992, modificada por el Tratado de Amsterdam.


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para, producto a producto, ir reduciendo los aranceles. Pero en ninguna "Ronda" hasta la última de Uruguay se había tratado la agricultura. Con la firma de la hoy Unión Europea junto con un gran número de países, se introducía a la agricultura como sector dentro de la disciplina multilateral, es decir, su apertura al comercio mundial.

Sin embargo, este hecho no impidió que las autoridades comunitarias reiteraran sin cesar durante el proceso negociador que debería quedar garantizado el Principio de Preferencia Comunitaria:

- Declaración del Consejo (de Ministros de la UE): "El Consejo toma nota de que la Comisión se compromete a asegurar a lo largo de la negociación que llevará a cabo, que se conceda la preferencia comunitaria suficiente a los productos cuyo apoyo sea reducido... o a velar para que se garantice un equilibrio análogo mediante la aplicación del artículo XI del GATT (cláusula de salvaguarda) convenientemente adaptado".

- Declaración de la Comisión: "La Comisión conducirá las negociaciones de forma que se asegure que en el futuro se concederá la suficiente preferencia comunitaria a los productos cuyo apoyo se haya reducido..."

Séptimo. También en la Ronda de Uruguay se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), bajo cuyo manto debían de formalizarse todos los acuerdos internacionales de comercio de los países socios. La OMC velaría por el cumplimiento de dichos acuerdos y todas las partes de un acuerdo se someterían a sus decisiones y a su arbitraje.

Octavo. En 1995 se firma el "Proceso de Barcelona", por los países de la UE y doce países del norte de África, con el objetivo, en su parte comercial, de establecer para el año 2010 una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países Mediterráneos. En 2008, el Proceso de Barcelona se transformó en el proyecto "Unión para el Mediterráneo", que agrupa a 43 países (los 27 de la UE y 16 de sus vecinos de las riberas Este y Sur del Mediterráneo). En el seno de esta unión se establece una red de Acuerdos de Asociación, entre los que cabe destacar el "Acuerdo de Asociación" con Egipto en 2001, cuya parte agrícola finalizó en 2008 y su entrada en vigor en 2010, cuyo objetivo era conformar una zona de librecambio en 2020, y el "Acuerdo de Liberalización" con Marruecos en el 2013, en virtud del cual, se liberalizó inmediatamente el 55 % de los aranceles de los productos agrícolas y la liberalización total en un plazo de 10 años, dando a Marruecos y a Egipto el mismo trato comercial con la UE que los estados miembros tienen unos con otros. También en apoyo al desarrollo de los países extracomunitarios de la Unión por el Mediterráneo, la UE ha impulsado y financiado dos proyectos agrícolas faraónicos: El Proyecto Toshka en Egipto de transformación de 600.000 ha de desierto en regadío y el Plan verde en Marruecos para la transformación de 700.000 ha de cereales y desierto en regadío. Estos proyectos hacen que la producción hortofrutícola, citrícola y olivarera en estos países aumente año a año, al tiempo que la producción española desciende.

Noveno. En febrero de 2008, la UE y Turquía adoptaron una Asociación de Adhesión, en donde también se introduce el librecambio comercial. Turquía, como país mediterráneo, eminentemente agrícola, es otro gran competidor que produce los mismos productos que España y en las mismas temporadas del año.

Décimo. El 10 de junio de 2016 se firmó en Kasane el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y los Estados del AAE (Acuerdo de Asociación Económica) de la SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Meridional) por otra (Sudáfrica, Namibia, Botswana, Mozambique, Suazilandia y Lesoto). Este acuerdo entró en vigor en octubre de 2016. Estos países sudafricanos se convierten en un peligroso competidor en producción de cítricos, que, aunque del cono Sur, la campaña de cítricos dura nueve meses, por lo que solapan seis.

Undécimo. El pasado 28 de junio, después de 20 años de negociaciones intermitentes, la Unión Europea y MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) cerraron un Acuerdo de Libre Comercio, a falta aún de ratificación por los gobiernos nacionales de los Estado Miembros y el Parlamento Europeo. Brasil es el líder mundial en producción de zumos de cítricos. Hay que tener en cuenta que en España el 20 % de su producción va dirigido a industria. Además Argentina es otro gran exportador de cítricos.


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Consecuencias

Los Costes de Producción de todos los países, nombrados en los antecedentes, con los que la UE ha firmado acuerdos de Libre Comercio, son muy bajos en comparación con los de los países comunitarios, por los siguientes motivos:

a) Salarios muy bajos. Tomando como muestra a España con un mínimo interprofesional de 1000 ?, en dichos países son los siguientes: Sudáfrica 221 ?; Marruecos 209 ?, Egipto 422 ?, Brasil 240 ?, Argentina 264 ?, Uruguay 308 ? y Egipto 84 ?. El salario agrario en Marruecos oscila entre los 0,650 y 0,75 euros la hora.

b) Con el fin de corregir sus balanzas comerciales y favorecer la exportación todos estos países juegan con su moneda devaluándola. Sirva como ejemplo Egipto, donde el tipo de cambio, a 31 de diciembre de 2018 era 20,36 libras egipcias por 1 euro, cuando dos años antes el cambio era de 8,50 libras egipcias por euro. El tipo de cambio de las monedas de esos países con el euro es el siguiente: Brasil 4,18; Marruecos 10,7; Egipto 19,81; Argentina 43,61; Turquía 5,95; Uruguay 36,84 y Sudáfrica 15,89,

c) Bajos impuestos, subvenciones a la agricultura y laxa o inexistente legislación fitosanitaria.

Todas estas ventajas unidas a la liberalización del mercado con la UE, conllevan las siguientes consecuencias:

1. No benefician a la agricultura familiar local, sino a grandes fondos especulativos y grandes compañías agroalimentarias mundiales, pero sobre todo europeas, que atraídas por esas ventajas han adquirido o alquilado grandes superficies de tierra en todos estos países.

2. Inundación del Mercado Europeo, por parte de esos países, de los mismos productos agrícolas que producimos los países europeos mediterráneos, lo que provoca el hundimiento de precios por debajo de los costes de producción. Según informes de las asociaciones agrarias del sector, en la campaña 2018-2019 más de 500.000TN de cítricos se quedaron en el árbol sin recoger y los precios de mandarinas y naranjas oscilaron entre los 5 y los 15 cts cuando los costes de producción se estiman en 15 cts para la naranja y 20 cts para las mandarinas. En la presente campaña este problema está ocurriendo con todo tipo de fruta, hortalizas y especialmente con el aceite.

3. Los agricultores arruinados están abandonando sus campos. Año tras año, España pierde producción y superficie cultivada, mientras que estos países la ganan. Nos están sustituyendo. Según datos de DATACOMEX del Ministerio de Comercio en cuanto a exportación de cítricos a la UE la República Sudafricana ha pasado de 579.026 TN en el 2014 a 813.410 TN en el 2018; Egipto ha pasado de 184.709 TN a 332.126 TN en el mismo periodo y Turquía de 240.911 TN a 284.922 TN. Por el contrario, España pierde casi 300.000 TN y pasa en ese mismo periodo de tiempo de 3.132.634 TN a 2.848.309 TN, habiendo perdido más de 5.000 Ha de cultivo que pasan a tierra abandonada.

4. Se está perdiendo la Soberanía Nacional alimentaria. La alimentación no puede estar en manos de países extranjeros.

5. La UE no exige reciprocidad fitosanitaria. En esos países se utilizan fitosanitarios que están prohibidos en Europa, ya sea porque son dañinos para el medioambiente o para la salud. No obstante, la UE permite su entrada, por lo que está atentando directamente a la salud de los ciudadanos europeos y favoreciendo daños al medioambiente en esos países extracomunitarios.

6. También se está produciendo un gran daño medioambiental innecesario, ya que se están transportando desde miles de kilómetros, en buques de trasporte de mercancías ultra contaminantes alimentos que producimos en Europa, lo cual, ante la imposibilidad de competir con ellos, los agricultores arrancan sus árboles, necesarios para renovar el aire. Como dato orientativo, los 15 buques más grandes del mundo contaminan tanto como 760 millones de vehículos.

7. Introducción de plagas. Junto con los productos agrícolas viajan también plagas endémicas de esos países, para las que no existe en Europa el agente de control biológico que pueda controlarlas.

8. Indirectamente, se es cómplice de la explotación laboral, explotación infantil, la falta de derechos de todo tipo en esos países, y del fraude fiscal, ya que las grandes compañías agroalimentarias, normalmente europeas, cultivan allí con esas prácticas y venden en Europa evitando los impuestos de producción.


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Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Exigir en las instancias europeas correspondientes la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. Europa debe aplicar las Defensas Comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas.

2. Exigir a la UE la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y Plagas. No permitiendo residuos de principios activos prohibidos en la UE.

3. Seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros, para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los Tratados que se deberán solicitar con tiempo suficiente a la producción de daños.

4. Exigir a la Comisión Europea la revisión urgente de los Tratados citados en la exposición para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas, que, según el estudio de impacto, se demuestre que están siendo perjudicados por la importación desde esos terceros países

5. En tanto se renegocian los Acuerdos Internacionales, compensar con fondos europeos de la PAC en la cuantía que se estime el perjuicio causado a la producción europea.

6. No ratificar MERCOSUR con la actual redacción. Los cítricos y sus transformaciones industriales deben salir del acuerdo o que aparezcan como productos sensibles y se les marque unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la producción europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Xavier Eritja Ciuró e Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el traspaso a las Comunidades Autónomas de los fondos de los Planes de Desarrollo Rural para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Se conoce como desarrollo rural el conjunto de políticas o acciones gubernamentales y no gubernamentales destinadas a la promoción y la consolidación de la calidad de vida en las zonas rurales. En concreto, las políticas públicas de desarrollo rural están presentes en muchos estados y a diferente escala de poder. Desde organismos mundiales y multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o el Banco Mundial, hasta organizaciones comunitarias como la Unión Europea o en el caso del Estado español, las políticas estatales y las autonómicas.

En el caso del Estado español y de Catalunya, parte de las políticas de desarrollo rural están enmarcadas por las políticas comunitarias fijadas desde la Unión Europea. La cual, mediante diferentes elementos como son los programas de desarrollo rural (PDR) dentro de la Política Agraria Común (PAC) fijan las directrices y los presupuestos para dichas políticas.

El caso de los PDR son planes de carácter plurianual, definidos a nivel regional, según argot comunitario, que tienen como objetivo establecer un programa de ayudas, adaptadas a la realidad y especificidad de cada territorio, que contribuya a mejorar la competitividad de las empresas agrícolas y ganaderas, a fomentar la aplicación de prácticas sostenibles en su actividad productiva, pero también, a


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través de la metodología LEADER, a dinamizar la economía local a través de las necesidades que el mismo territorio identifique. Todo ello para contribuir al desarrollo rural.

El programa plurianual del PDR de Catalunya 2014-2020 prevé una mayor integración entre las políticas de la Unión Europea y las zonas rurales con el objetivo de cumplir con los objetivos de la estrategia Europa 2020:

- La competitividad de la agricultura.

- La gestión sostenible de los recursos naturales.

- Un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales.

Este programa se financia con las aportaciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), fondos de la Administración General del Estado (AGE) y de la Generalitat de Catalunya. La aportación de los fondos de la Administración General del Estado es lineal para todo el período, y en el caso del programa de Catalunya es de 7.064.003 euros/año. Y, disponer de ellos, depende de la transferencia de fondos de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas una vez aprobados en reunión de la Conferencia Sectorial. Los fondos correspondientes al año 2018 se aprobaron en la reunión de la Conferencia Sectorial Agricultura con las Comunidades Autónomas de 10 de julio de 2018.

Se trata pues de una demora en la transferencia de fondos que la Generalitat de Catalunya y otras Comunidades Autónomas no pueden adelantar dadas las estrictas reglas del déficit público y las restricciones presupuestarias, causando por tanto un importante perjuicio hacía el administrado y perjudicando por tanto una de las políticas públicas básicas para el desarrollo rural, la cohesión territorial y la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Catalunya y el resto del Estado.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Proceder de manera urgente al traspaso de fondos relativos a los Planes de Desarrollo Rural del año 2018 a las Comunidades Autónomas.

2. Aprobar los fondos relativos a los Planes de Desarrollo Rural del año 2019 y siguientes hasta el final del período.

3. Proceder al traspaso de los Planes de Desarrollo Rural a las Comunidades Autónomas durante el primer trimestre de cada año para facilitar que se pueda hacer efectivo el pago de las ayudas incluidas dentro de los programas de desarrollo rural, especialmente, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 75.1 del Reglamento (UE) 1306, y el artículo 2.7 del Reglamento (UE) 2393/2017, que estas ayudas se deberán pagar, a partir del año de solicitud 2019, entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Francesc Xavier Eritja Ciuró e Inés Granollers Cunillera, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/000333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers i Cunillera y el Diputado Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de fa Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incorporar las Comunidades de Regantes, como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Los cambios de criterios en las valoraciones catastrales, en el marco del Procedimiento de Regulación Catastral 2013-2016, en relación a las "Propuestas de Resolución con acuerdo de alteración", han dado


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como resultado un alto valor catastral para los bienes de las Comunidades de Regantes, así como la consecuente obligatoriedad del pago del IBI.

Las Comunidades de Regantes han recibido de las Gerencias Catastrales "Propuestas de resolución de acuerdos de alteración" para diferentes bienes propiedad de las mismas.

De los Documentos recibidos se deduce una modificación de criterios en lo referente a las infraestructuras indispensables para el regadío (Balsas, Estaciones de bombeo, Estaciones de Filtraje,...), por lo que estos bienes que hasta este momento no tenían asignado valor catastral, por figurar como 9000 o como "indispensable para la explotación agraria en una parcela rústica" y que estaban exentos del pago de IBI, pasan a ser bienes a los que se les da un valor y se aplicará dicho impuesto, dando como resultado un importante incremento de costos para los regantes.

El "Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contempla que los ayuntamientos apliquen una serie de bonificaciones obligatorias o potestativas en sus artículos 73.3 y 73.4 respectivamente, en el artículo "Bonificaciones obligatorias", punto 3, hace referencia a la bonificación obligatoria del 95 % de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, sin mencionar otras entidades de interés público, como son las Comunidades de Regantes.

Las Comunidades de Regantes son Organismos de Derecho Público, con fines de Interés Público y sin ánimo de lucro. Su función es la gestión de un bien común y escaso que es el agua. Poniendo dicho bien a disposición de los comuneros en el momento necesario y al menor costo posible. Por tanto, cualquier incremento de costo de explotación de la Comunidad de Regantes, repercutirá directamente en los comuneros. Por tanto, el IBI que deberán pagar se repercutirá directamente a los regantes, poniendo en riesgo en muchos casos la viabilidad de las explotaciones agrarias.

Así también, se produce una doble imposición. Toda finca rústica que es transformada de secano a regadío, inmediatamente multiplica su valor catastral y por tanto aumenta de manera notable el importe de IBI al que debe hacer frente. Es decir, paga un incremento de IBI por pasar a ser de regadío. Si además debe paga el IBI de la infraestructuras necesarias que hacen posible el regadío, estará sufriendo una doble imposición. No tiene sentido por tanto que las infraestructuras necesarias para que pueda regar (las balsas), paguen IBI, ya que significaría que el agricultor paga por ser de regadío y vuelve a pagar por participar de la infraestructura necesaria para serlo.

Vale la pena hacer mención que en ningún punto del articulado de la Ley se mencionan a estos Organismos de Derecho Público que son las Comunidades de Regantes.

Hasta ahora y con muy buen criterio fas infraestructuras indispensables para el regadío eran consideradas de uso común, no estaban valoradas o se les daba valor 0, por tanto estaban exentas de pago de IBI. Entendemos que esa es la razón por la cual, el legislador, en el punto 3 del artículo 73, referente a "Bonificaciones obligatorias", no incluyó a las Comunidades de Regantes.

Si bien el artículo 74, puntos 2 y 3, del mencionado Real Decreto abren la posibilidad de la "Bonificación Potestativa" concedidas por los Ayuntamientos, mediante Ordenanzas, no parece razonable dejar a los Ayuntamientos la responsabilidad de cada año aplicar el artículo 74, para que mediante ordenanza puedan regular una bonificación. Es ponerlos cada año en la tesitura de aplicar o no una bonificación y decidir en qué porcentaje, lo que puede crear agravios comparativos entre diferentes Corporaciones Municipales y provocar además una situación de incertidumbre en la propia Comunidad de Regantes que no podrá redactar sus Presupuesto hasta no saber la decisión del Ayuntamiento en lo referente a las posibles bonificaciones.

Teniendo en cuenta el redactado del artículo 73, punto 3, "Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, si es el caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas". Es evidente el olvido de las Comunidades de Regantes en lo referente a esta bonificación obligatoria.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las


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Haciendas Locales, en el sentido de incorporar las Comunidades de Regantes, como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en el punto 3 del artículo 73 "Bonificaciones obligatorias"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Inés Granollers Cunillera y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/000359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo y doña María Magdalena Nevado del Campo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a elaborar un Plan de Acción sobre la Dehesa extremeña para erradicar la enfermedad denominada "La Seca", para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La Dehesa es un patrimonio único en el mundo que solo se puede encontrar en España, siendo el principal ecosistema de la Península Ibérica, con unos valores medioambientales, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, por ejemplo, por la UNESCO o por el Consejo de Europa. La Dehesa supone un modelo sostenible de explotación y conservación que le garantiza la elaboración de productos exclusivos con Denominación de Origen.

Compuesta por zonas de cultivo, pastos, montes de jaras, encinas y alcornoques, la Dehesa ocupa un territorio superior a los cinco millones de hectáreas (dos veces el tamaño de Bélgica) que se reparte a lo largo de varias provincias (Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Ciudad Real).

Sin embargo, los bosques de encinas (Quercus Ibex) y de alcornoques (Quercus Súber) de la Dehesa están sufriendo una enfermedad que los está matando lentamente y que se conoce popularmente como "La Seca" (Phytophthora cinnarnomi), afectando gravemente a esta región tanto por su importancia económica como por su relevancia en materia de biodiversidad.

El 90 % de las explotaciones ganaderas de Extremadura se desarrollan en régimen extensivo, lo que supone el cuarenta por ciento de la producción agraria de la región. Nos encontramos ante grandes masas arbóreas que producen la bellota, tan necesaria para los animales que habitan esta región, ya sean bovino, ovino, caprino o porcino.

Asimismo, en el caso de los alcornoques, el corcho es una de las principales industrias de la zona. Así, España ocupa el segundo puesto como productor mundial de corcho (solo por detrás de Portugal), con el 30 % de la producción mundial de este producto, una industria que genera más de dos mil puestos de trabajo, y que en época de saca y laboreo asciende hasta el doble. Aparte del beneficio económico para la zona, los alcornoques tras "la saca" del corcho tienen la capacidad de fijar seis toneladas de CO2 por hectárea al año, beneficiándonos a todos.

Por supuesto, también nos encontramos en nuestras dehesas diversidad de especies cinegéticas que ayudan a la sostenibilidad y son parte del motor económico. Sólo en Extremadura la caza ha generado unos cuatrocientos millones de euros y ha creado cien mil puestos de trabajo. Hay casi noventa mil licencias de caza vigentes y tres mil quinientos cotos que ocupan el ochenta y cinco por ciento del territorio de la comunidad. Todo esto ayuda tanto a la sostenibilidad de la Dehesa como a la economía de la zona y de España.

En estas dehesas ubicamos también la mayoría de las ganaderías de la cabaña brava española. Hablamos de más de ciento veinte ganaderías, algunas de ellas con un valor genético incalculable por ser únicas en el mundo. El sector del toro bravo genera mil empleos directos y ochocientos millones de euros al año. Por su parte, el cerdo ibérico es una raza única y un auténtico tesoro del que extraemos uno de nuestros manjares más preciados: el jamón ibérico de bellota.

En definitiva, la dehesa es una fuente importantísima de ingresos, sobre todo en Extremadura. Generadora de puestos de trabajo, tanto en la industria cárnica como en el agroturismo, el sector servicios, la caza y el deporte. Supone un freno a la despoblación de las zonas rurales, asentando núcleos


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poblacionales importantes alrededor de ella. Y, por supuesto, es un ejemplo de sostenibilidad y equilibrio natural difícilmente comparable. Además, si hacemos referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos decimotercero y decimoquinto hacen referencia a la acción por el clima y a la vida en ecosistemas terrestres, respectivamente. De ahí que las acciones que se tomen para luchar contra este gran problema son de una alta importancia social.

Por todo lo expuesto, la Dehesa está en grave peligro de desaparición como consecuencia de "La Seca", una enfermedad producida por un patógeno (Phytophthora cinnamomi) que se encuentra en el subsuelo y al entrar por las raíces del árbol lo seca completamente. Tanto la ubicación de las esporas en el suelo como su capacidad de permanecer largo tiempo en latencia hacen difícil solucionar este problema. Además, según el Centro de Investigaciones Científicas de Extremadura (CICYTEX), se han localizado más de cinco mil focos, afectando a una cantidad de encinas superior a las quinientas mil. Pero no solo eso, sino que el suelo afectado por esta fitóftora quedará improductivo para siempre.

Hasta la fecha, los estudios e investigaciones realizadas no han conseguido una solución eficaz para este problema. Las costosas inversiones solo han logrado minimizar los efectos sobre algunos árboles por medio del uso de fertilizantes cálcicos, pero no evitar o erradicar la presencia de estos parásitos en los árboles. Por su parte, el tratamiento con fosfonatos ha demostrado su eficacia en el control temporal de la enfermedad en algunas especies (el aguacate y el eucalipto), pero no en las encinas o en los alcornoques.

En los últimos veinticinco años se han secado más de quinientos mil árboles, convirtiendo así nuestro territorio nacional en un enorme desierto; por ello, desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos de máxima urgencia realizar un plan de actuaciones encaminadas a la investigación, localización y erradicación de este hongo, dado que sabemos que de seguir así acabará con un ecosistema único en el mundo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar con carácter urgente una propuesta de Plan de Acción sobre la Dehesa, en el que se recojan las siguientes medidas:

1. Promover la declaración de la "Phythopthora cinnamomi" como plaga, así como la declaración de utilidad pública de la lucha contra la misma.

2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir incluir en el listado de Plagas prioritarias de la Unión Europea la "Phythopthora cinnamomi".

3. Proceder a la elaboración y aprobación de un Programa Nacional de Control y Erradicación de la "Phythopthora cinnamomi".

4. Elaborar y ejecutar un Plan de Recuperación de zonas afectadas, donde se desarrollen acciones encaminadas al restablecimiento de la Dehesa.

5. Impulsar medidas de apoyo económico a los titulares de las explotaciones afectadas por la plaga."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo y María Magdalena Nevado del Campo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación del III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.


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Exposición de motivos

En cumplimiento del 64 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, vigente en la actualidad, fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 (BOE de 10 de diciembre) previo acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General de Estado. El plan se articula en 7 ejes y 120 medidas, (57 transversales y 63 específicas). Tras tres años de vigencia del II Plan, se ha realizado el Informe Final de Seguimiento del ll Plan de Igualdad de la AGE, que, una vez incluidas las observaciones de la Comisión Técnica de Igualdad celebrada el 22 de noviembre de 2018.

Los resultados del Informe final muestran una ejecución, a junio de 2018, de un 95 % del Plan, entre medidas ejecutadas y aquellas que se encuentran en ejecución. El resultado engloba 88 medidas ejecutadas (35 transversales y 53 específicas) lo que equivale al 73 % del Plan ejecutado, y 26 medidas en fase de ejecución (22 %), esto es, 18 transversales y 8 específicas.

A lo largo de 2019 el II Plan se ha mantenido vigente y se ha continuado en el impulso de las medidas pendientes.

El objetivo del Plan de Igualdad es promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución.

Los resultados de los planes anteriores, los estudios sobre la situación de la mujer en la AGE y los análisis sobre la brecha salarial de género deberían ser el punto de partida del nuevo plan, a modo de diagnóstico de la situación así como para valorar los ejes a consolidar o reforzar del mismo modo que nuevos ejes a proponer.

Para avanzar hacia una igualdad real y efectiva en el marco de la AGE, el III Plan debería contar con los siguientes elementos transversales:

1. Definición de objetivos generales, específicos y operativos o medibles (orientados a resultados) para cada eje y medida o acción propuesta en el Plan.

2. Elaboración de indicadores de ejecución y de impacto.

3. Una planificación de la evaluación o seguimiento de ejecución del plan.

4. Un plan de comunicación y divulgación del III Plan que acompañe al III Plan desde su inicio, y haga uso de todos los medios posibles para que todo el personal de la AGE lo conozca y se implique en su ejecución.

Para la elaboración de dicho Plan se debe contar con la participación de todos los agentes implicados en la materia.

Es por todo ello, que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, al amparo del artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado, con el objetivo de promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, contando para su elaboración con todos los agentes implicados en los departamentos ministeriales, así como con los representantes sindicales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Josefa Andrés Barea, José Luis Aceves Galindo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000362

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto de España, para su debate en Comisión de Política Territorial y Función Pública.


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Exposición de motivos

El Gobierno Abierto es una nueva forma de actuar mediante la que las Administraciones Públicas, a través de Planes de Acción, ofrecen información sobre lo que hacen con transparencia, rinden cuentas, promueven la participación y tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

España es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto de la que forman parte 79 países de todo el mundo con el firme propósito de promocionar los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la participación ciudadana y la colaboración social e institucional.

Este objetivo común se concreta en el diseño e implementación de Planes de Gobierno Abierto. El tercer Plan de Gobierno Abierto de España concluyó en 2019.

La transparencia, la rendición de cuentas y la participación constituyen aspectos clave en la agenda pública y una garantía para la buena marcha de las instituciones, es por ello que es necesario trabajar en la elaboración de un IV Plan de Gobierno Abierto.

Para su elaboración se deba contar con la colaboración de todas las Administraciones Públicas y la sociedad civil, con el objetivo de que pueda ser aprobado por el Foro de Gobierno Abierto en el primer semestre de 2020.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar, en el primer semestre de 2020, el IV Plan de Gobierno Abierto de España con la colaboración de todas las Administraciones Públicas y la sociedad civil, a través de la Comisión sectorial de Gobierno abierto y del Foro de Gobierno Abierto.

2. Realizar una evaluación, por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del III Plan de Gobierno Abierto de España, que concluyó en 2019."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Josefa Andrés Barea, José Luis Aceves Galindo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar la reversión de los saltos hidroeléctricos en proceso de tramitación o con inminente vencimiento de concesiones, así como regular con carácter general y urgente -a través de Proyecto de Ley- la reversión pública de los saltos hidroeléctricos para que jueguen un papel clave en la transición energética y contemplen compensaciones sociales, económicas y ambientales para las zonas afectadas, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

Las principales inversiones en aprovechamientos hidroeléctricos en España se realizaron a lo largo del siglo XX. Hoy estos son ya un sistema totalmente consolidado y efectivo de generación de energía renovable. Esta energía representa, según los datos de Red Eléctrica de España, un 20 % de la potencia instalada.

Prácticamente todas fas inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden al modelo "inversión-concesión". Este modelo se define por fa acción de, a cambio de la inversión privada, otorgar a los promotores una concesión de aguas con una duración mínima de 75 años. Al finalizar este


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plazo, las instalaciones deben revertir al Estado. De esta manera fa producción de energía hidroeléctrica tiene un carácter esencialmente público, en dos dimensiones principales. Por un lado, el origen de la energía está en el agua, que es un bien de dominio público. Por otro lado, las instalaciones hidroeléctricas tienen como fin último la reversión al patrimonio público de la Administración.

En estos últimos años, los plazos de aquellas primeras concesiones han ido finalizando o están en vías de finalización. Sin embargo, estas reversiones al Estado están teniendo diferentes problemas y dificultades. En primer fugar, con frecuencia se han producido demoras tras la caducidad de las concesiones para su reversión al Estado. En segundo lugar, hasta la fecha no se ha producido ningún avance para que los recursos obtenidos no se pudieran invertir con criterios de restitución económica y social en los territorios afectados, lo que favorecería una mayor vertebración en las zonas, especialmente de las áreas de montaña, generalmente despobladas, y respaldaría un proceso de transición energética hacia un modelo más sostenible. En relación con esto, hay que pensar también que, en este último tiempo, ha surgido la demanda social de revertir al interés público los beneficios que van a volver al Estado, y la necesidad de que estos jueguen un papel clave en dicha transición energética.

En 2018, durante la XI legislatura, se presentó y fue admitida a trámite la Proposición de Ley 122/000177 sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos. Posteriormente, en el período entre elecciones tal iniciativa se volvió a presentar. En dicha Proposición se planteaban modificaciones en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Con independencia de la urgente necesidad de estas modificaciones legales, se están produciendo y se van seguir produciendo en el corto plazo desajustes entre los ceses de producción y la reactivaciones, así como en las condiciones de las mismas.

Entre las centrales que han dejado de producir energía recientemente encontramos la central hidroeléctrica de Lafortunada con el agua del Cinqueta que se encuentra en parada desde noviembre de 2019, una vez que la concesionaria Endesa-ENEL entregó el sistema en parada segura a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Para retomar la actividad, la CHE, al parecer, tiene "en tramitación" un contrato de mantenimiento.

Por todo ello, y mientras se desarrolla con carácter amplio y definitivo una política general de ámbito territorial en relación con los beneficios que genera un bien de dominio público como es el agua y a los efectos de dar solución a los problemas inmediatos o a corto plazo, el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para instar al Gobierno a:

"1. Presentar con carácter de urgencia y antes de seis meses un Proyecto de Ley con el marco normativo necesario para asegurar la reversión pública de los saltos hidroeléctricos así como las compensaciones sociales, económicas y ambientales para las zonas afectadas.

2. Que se haga previsión del vencimiento de todas las concesiones de explotación del dominio público hidráulico para la generación de energía eléctrica hasta 2021 y se desarrolle, con carácter transitorio y mientras se aprueba la legislación correspondiente, un acuerdo marco de carácter general para todos los territorios y casos que se saque la gestión de los saltos a concurso, con el objetivo de que los pliegos de condiciones contemplen con carácter obligatorio convenios concretos con el porcentaje de los beneficios a recibir en los municipios afectados.

3. Tomar las medidas necesarias en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado para que el Estado abone el Impuesto de Actividades Económicas a los Ayuntamientos afectados por la explotación de los saltos hidroeléctricos.

4. Acelerar y culminar con urgencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro los trámites para la adjudicación del contrato de mantenimiento de la central hidroeléctrica de Lafortunada así como el proceso completo de tramitación hasta la puesta en marcha."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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161/000328

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Tomás Guitarte Gimeno, de la Agrupación de Electores Teruel Existe, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la sostenibilidad territorial.

Exposición de motivos

1.º Las consecuencias de la acción del Estado en el medio rural han estado marcadas por la existencia de medidas legislativas y administrativas, de intachable sentido democrático, cuya implementación en un medio singular ha producido, por su falta de adaptación en algunas ocasiones, efectos adversos en las áreas rurales, contraviniendo incluso el artículo 131 de la Constitución Española.

2.º De manera que el déficit de accesibilidad, los problemas de movilidad de grupos sociales y los déficit de servicios básicos en áreas rurales se traduce en menor calidad de vida para miles de habitantes.

3.º Como consecuencia de un proceso demográfico histórico de emigración y envejecimiento muchas áreas rurales que sufren una despoblación persistente, asociadas a graves deficiencias de equipamientos, se encuentran en un declive demográfico cercano al punto de no retorno.

4.º El Estado autonómico a través de las comunidades autónomas ha desarrollado políticas de ordenación territorial, que no han sido completamente eficaces frente a la despoblación, de manera que los desequilibrios territoriales y los efectos graves de la despoblación son ya un problema del Estado, extendiéndose por muchas áreas, regiones, provincias y comarcas de España.

5.º Usando como marco el mandado europeo sobre política territorial que dice:

Las políticas de desarrollo territorial pretenden conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión. Según los Ministros, es importante asegurar que los tres siguientes objetivos fundamentales de la política europea se alcancen por igual en todas las regiones de la UE:

- Cohesión económica y social.

- Conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

- Competitividad más equilibrada del territorio europeo.

6.º Teniendo en cuenta también el mandato constitucional sobre política territorial:

Artículo 131.

El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de fa Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Artículo 139:

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

7.º Ante todos estos problemas territoriales, sociales y económicos es necesario que el Estado atienda en sus políticas este problema y para ello es necesario diseñar un acción política específica dirigida a las áreas que sufren despoblación, así como disponer de instrumentos para evaluar y dirigir las políticas públicas en las áreas despobladas del medio rural. Siempre respetando el actual marco


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de competencias en ordenación territorial, como competencias propias de las Comunidades Autónomas.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Tomás Guitarte Gimeno, de la Agrupación de Electores Teruel Existe, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

Acordar un compromiso activo, y en muchos casos proactivo, del Estado para que la sostenibilidad del territorio de las áreas despobladas sea una condición imprescindible para el diseño e implementación de las políticas públicas que:

- Se incorpore a toda medida legislativa estatal o autonómica, evaluando los efectos territoriales de las mismas sobre las áreas escasamente pobladas.

- Posibilite la adopción de medidas de discriminación positiva para alcanzar el principio de sostenibilidad territorial, como promulga el artículo 138 de la Constitución.

- Integre los indicadores de La Estrategia Territorial Europea y los adecue a la realidad demográfica y territorial de España para definir las áreas escasamente pobladas.

- Diseñe una política territorial dirigida a las áreas que sufren la despoblación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000336

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a la necesidad de proteger el medio marino de Gipuzkoa en las zonas de Ulla y Jaizkibel.

Exposición de motivos

Los acantilados de Jaizkibel y Ulia son áreas costeras guipuzcoanas declaradas como Zonas de Especial Conservación (ZEC) que incluyen un área terrestre costera de 2.434 hectáreas en Jaizkibel y 43 ha en Ulia. Esta ZEC, sin embargo, no recoge el ámbito marino contiguo. Esta franja litoral forma un continuo ecológico, paisajístico y geológico que se extiende desde la parte oriental de la bahía de Ulia, en la punta de Mompas, hasta la ensenada de Los Frailes o Asturiaga en Hondarribia.

La propuesta de protección del medio marino de Ulia y Jaizkibel tiene un largo recorrido político, aunque todavía no se ha materializado en una figura de protección tan necesaria. En febrero de 2012 el Parlamento vasco adoptó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno vasco y al Ministerio de Medio Ambiente a estudiar en el plazo de un año la propuesta de Oceana, Colegio de Biólogos (COBE) y EIBE de Protección de la zona marina frente a Jaizkibel y Ulia, Euskadi. Porpuesta científica para la creación de un corredor ecológico marino entre Donostia (Ulla) y Biarritz y su inclusión en la Red Natura 2000.

A partir de esta propuesta el recorrido ha sido largo, y es unánime el consenso sobre la necesidad de conseguir un estatus de protección para la zona, pero desgraciadamente su materialización no ha avanzado en la misma medida.

Según los informes científicos citados, en los acantilados de Jaizkibel y Ulia existen 11 hábitats naturales recogidos en los anexos de la Directiva Hábitats, además de 37 especies de aves incluidas en la Directiva de Aves y una decena de especies, entre vertebrados, invertebrados y plantas, incluidas en la misma Directiva. Para muchas de ellas, tanto terrestres como marinas, estos acantilados son de gran


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importancia como zona de reproducción y/o migración. Entre ellas, por ejemplo, pueden mencionarse el halcón peregrino (Falca peregrinus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) o el paíño europeo (Hydrobates pelagicus).

Es reseñable la presencia de plantas como el endemismo vasco Armería euscadiensis, propia de los acantilados entre los cabos Villano e Higer, incluido tanto en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como en el Catálogo Nacional.

Igualmente, importante es el buen estado de conservación del hábitat prioritario de brezales de Erica vagans, que en el caso de Ulia llegan a cubrir una gran superficie del área del LIC30.

En el marco de la Directiva Hábitats, varios hábitats naturales marinos de interés comunitario contenidos en el anexo I de la Directiva, y cuya conservación requiere la designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), están presentes en la zona marina de Jaizkibel-Ulia. Los informes del Gobierno Vasco sobre el estado de la biodiversidad en el golfo de Bizkaia consideran que tanto las arenales de Azabaratza, como los arrecifes de Jaizkibel y Ulia, y el Estuario del Bidasoa tienen una representatividad alta y, en el caso de los arenales de Higer y Pasaia, y el estuario del Oiartzun, se califica como significativa.

En cuanto a las especies marinas contenidas en el anexo II de la Directiva Hábitats, para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC), a pesar de que algunas de ellas no han sido registradas en el ambiente marino frente a los acantilados de Jaizkibel-Ulia, sí han sido descritas en zonas protegidas colindantes. Ese es el caso de la lamprea marina (Petromyzon marinus) y del sábalo (Alosa alosa), especies presentes en la ZEC Txingudi-Bidasoa. En cuanto a los mamíferos marinos contenidos en el anexo II de la Directiva, el delfín murar (Tursiops truncatus) se han encontrado en las aguas de Jaizkibel-Ulia, mientras que la marsopa común (Phocoena phocoena) se ha observado en ZECs adyacentes, por lo que la zona propuesta de ampliación en el ambiente marino formaría, junto con las zonas próximas ya protegidas, un corredor ecológico de gran importancia para la conservación de estas especies.

Otras especies de cetáceos observadas en mar abierto frente a Jaizkibel-Ulia son: el delfín común (Delphinus delphis) y el rorcual aliblanca (Balaenoptera acutorostrata), mientras que el delfín listado (Stenella coeruleoalba), el calderón común (Globicephala malas), el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), el cachalote (Physeter macrocephalus) y la yubarta (Megaptera novaeangliae) han sido avistados más alejados de costa. Es también sobradamente conocido que esta zona era antiguamente utilizada como lugar de cría de la ballena franca o vasca (Eubalaena glacialis) y para SU caza por parte de las poblaciones costeras del Cantábrico. Tras años de estudios y propuestas, las opciones de protección de la zona marina frente a Jaizkibel y Ulia son fundamentalmente dos: la continuidad en el mar de las zonas terrestres ya protegidas, o bien la creación de una nueva zona de protección marina que abarque esta zona de litoral.

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a impulsar de forma urgente y con todas las acciones y estudios necesarios, la protección de la zona marina de Jaizkibel-Ulia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Pilar Garrido Gutiérrez y Roberto Uriarte Torrealday, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

161/000339

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a exigir responsabilidades en la gestión del trágico incidente del vertedero de Zaldívar, así como en la gestión del control de residuos, y a legislar para evitar sucesos de este tipo en el futuro.


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Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, excepto el punto 1 por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, relativa al ámbito competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir responsabilidades en la gestión del trágico incidente del vertedero de Zaldívar, así como en la gestión del control de residuos y legislar para evitar sucesos de este tipo en el futuro, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El pasado 6 de febrero tuvo lugar un desgraciado incidente en el vertedero de Zaldívar, que ocasionó el sepultamiento de dos trabajadores y una gran inquietud en el País Vasco por las peligrosas consecuencias que la contaminación en aire, suelos y aguas podría acarrear para la población.

Durante los días posteriores al suceso, se ha extendido la sensación de alarma, sobre todo tras observar letreros que anunciaban la monitorización de la calidad del aire en el entorno del referido vertedero y las fumarolas de humo que emanaban de los residuos. También la información ofrecida en relación con el consumo de agua ha generado gran inquietud.

La legislación vigente limita de forma importante los tipos de residuos y las cantidades admisibles en los vertederos, a la vez que establece medidas de protección y aislamiento. La instalación, propiedad de la empresa Verter Recycling 2002 S.L., obtuvo su autorización ambiental integrada para la actividad de vertedero de residuos no peligrosos de origen industrial con fecha 22 de enero de 2007.

Resulta ahora imprescindible conocer si había estudios de las barreras de seguridad naturales -geotécnico, geológico, riesgos, hidrogeológico e incluso climatológico- así como si las barreras artificiales eran las adecuadas para ese tipo de terreno, para los vertidos previstos y cuál era su diseño. En definitiva, saber qué tipo de vertido recibía realmente, si era para el que estaba diseñado y si se aplicaron correctamente las normas y procedimientos de autorización y control.

Es evidente, a la vista de lo acontecido, que han fallado estrepitosamente los instrumentos de control y seguimiento de la actividad del vertedero, competencia de la Comunidad Autónoma vasca, ya que en la última inspección, de 10 de julio de 2019, tan solo se detectaron pequeñas anomalías en el lugar. Previamente se habían realizado inspecciones de seguimiento en 2013, 2014 y 2017 y, además, dos visitas enmarcadas en planes específicos de control en 2014 y 2016. Pero también es cierto que el Gobierno de España no ejerció la supervisión medioambiental que le corresponde.

Una vez que se ha deslizado el terreno (problema geotécnico actual claro), los siguientes problemas a analizar y solucionar son consecuencia de la posible rotura o movimiento de la barrera artificial impermeable y, por consiguiente, resulta urgente determinar si los propios residuos como los lixiviados pueden estar contaminando los terrenos aguas abajo y probablemente los acuíferos. Con el agravante de que se podrían haber albergado otros altamente contaminantes para el suelo y subsuelo como, por ejemplo, algunos metales pesados. En cuanto a la contaminación del aire habría que conocer los niveles que se daban habitualmente -y se han dado estos días- de gases de compuestos de azufre, carbono, nitrógeno, metano entre otros o de amianto que, en inhalación, es altamente peligroso.

El problema generado y los costes que acarreará son muy notables. La gestión de los temas de lixiviados, la retirada de residuos, la afección a aguas superficiales y subterráneas, la obra civil de sostenimiento... va a ser compleja y requerirá una gestión adecuada y responsable.


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Por ello, es necesario analizar ahora la eficacia de la coordinación interadministrativa y, especialmente, establecer los mecanismos de coordinación necesarios para hacer inmediatamente efectivo el rescate de los cuerpos de los operarios desaparecidos. Y todas las Administraciones deben comprometerse a mitigar la contaminación ambiental que está afectando a miles de personas en el País Vasco.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. [...].

2. Analizar, con la colaboración del Gobierno Vasco, los acontecimientos en el vertedero de Zaldívar para afrontar las medidas técnicas y legislativas correctoras que sirvan para impedir en el futuro acontecimientos similares.

3. Poner a disposición del Gobierno Vasco los medios necesarios para asegurar la calidad del aire, suelos y aguas de todas las zonas del País Vasco afectadas por el accidente.

4. Realizar los cambios legislativos procedentes que permitan, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hacer un seguimiento seguro de la gestión de los vertederos y del control de los residuos que en ellos se recogen.

5. Desarrollar, garantizando el marco competencial, un plan de evaluación y seguimiento Estatal de todos y cada uno de los vertederos de España.

6. Que interese del Fiscal General del Estado a que se lleve a cabo la oportuna investigación, y si de la misma se hubiera evidenciado hechos de significación penal proceda a su judicialización, formulando al efecto la correspondiente querella."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Paloma Gázquez Collado, César Sánchez Pérez, Beatriz Álvarez Fanjul y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la competitividad del sector electro-intensivo español, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El sector electro-intensivo español, según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, genera en torno a 66.000 empleos directos y 186.000 empleos entre directos e inducidos, con un volumen de facturación de 20.000 millones de euros, siendo el 60 % de dicha facturación procedente de exportaciones.

El marco global de actuación de las empresas que lo conforman requiere que sean muy competitivas en toda su cadena de producción, sin embargo, la competitividad de las industrias electo-intensivas españolas respecto de sus homólogas europeas se ve perjudicada, fundamentalmente, por sus costes energéticos que, en ocasiones, superan el 50 % de sus costes de producción.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en junio de 2019, confirmó sus expectativas de que la nueva regulación de costes reduciría entre 12 ? y 15 ?/MWh los costes eléctricos existentes en aquel momento, que eran aproximadamente de unos 50 ?/MWh.

El actual proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electro-intensivos, arroja unos resultados que están lejos de las metas que se habían comprometido:

- No logra reducir el amplio diferencial existente con los precios eléctricos que pagan sus competidores homólogos europeos.

- Caracteriza al consumidor electro-intensivo (CEI), por un consumo eléctrico mínimo anual de 1 GWh y una Intensidad energética (consumo/VAB) mayor de 1,5 kWh/? de VAB, lo cual abre enormemente


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el espectro de industrias que pueden acogerse a lo regulado por este Real Decreto (en torno a un 500 % más de empresas).

- La compensación prevista de Cargos de financiación de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de sistemas no peninsulares, no está diseñada para la industria verdaderamente electro-intensiva.

- No logra otorgar certidumbre a un sector estratégico en nuestro país, que genera empleos estables y de calidad.

Este sobredimensionamiento del sector electro-intensivo contradice claramente el espíritu de la norma que, en su propia Memoria del Análisis de impacto Normativo, indica que se elabora con el fin de crear un contexto "que reconozca las particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible".

El Partido Popular, durante su etapa en el Gobierno, avanzó en el cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea que afectaban a la industria electro-intensiva en nuestro país:

- Se acordó compensar en lo posible el efecto de los cambios en el esquema de la interrumpibilidad introducidos por la Comisión Europea, con mecanismos de ayudas a las empresas electro-intensivas, consignando partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 (131 y 150 millones de euros, respectivamente).

- Se negoció y acordó con la Comisión Europea realizar un ajuste gradual en la interrumpibilidad para el 2018, que consistió en realizar una primera subasta por cinco meses, con menor potencia a subastar (2.600 MW) y menor número de bloques de 90 MW (720 MW vs. 900 MW), comparado con el año 2017; y realizar una segunda subasta para el resto de 2018.

- Se incrementó el volumen de fondos destinados en 78 millones de euros para compensación a las empresas electro-intensivas por los costes indirectos por CO2 para el año 2017, mediante una convocatoria extraordinaria de concesión directa, adicionales a los 6 millones de euros de la convocatoria ordinaria de la Secretaría General de Industria para ese año, tras un proceso de negociación con la Comisión Europea. Es decir, se consiguió que se compensarán 84 millones de euros en total.

- Se realizaron y prepararon las bases de la convocatoria extraordinaria de concesión directa de los fondos adicionales de 78 millones de euros para compensación a fas empresas electro-intensivas por los costes indirectos por CO2 para el año 2017.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular, en atención a las necesidades del sector electro-intensivo español, con el fin de mejorar su competitividad internacional y dar certidumbre a su futuro, y siempre al amparo de las directrices y exigencias impuestas por la Comisión Europea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas de apoyo a la industria electro-intensiva:

1. Establecer un auténtico Estatuto para la industria electrointensiva que incluya la categorización en función de factores como la proporción existente entre el consumo de electricidad (en kWh) y el valor añadido bruto (en euros). Adicionalmente, contemplar diversas categorías o como mínimo la figura del "Consumidor Hiper-electrointensivo"

2. Aumentar el grado de exención del impuesto especial sobre la electricidad del actual 85 % al 100 %. Esta medida podría tener un impacto de unos 1.520 millones de euros sobre las empresas electrointensivas que participan en la interrumpilidad.

3. Aplicar exenciones sobre el impuesto municipal y otros (IBI, IAE, etc.).

4. Implementar el mayor número de mecanismos de compensación, siempre respetando las directrices establecidas por la Comisión Europea, adicionalmente al actual mecanismo de compensación por costes indirectos CO2. En concreto, impulsar la compensación por los costes de financiación de las energías renovables en su totalidad incluyendo todos los peajes y cargos.

Asimismo, continuar destinando mayores fondos en los Presupuestos Generales del Estado para este fin, para que complementado con lo recaudado por la subasta de derechos de CO2 (el 25 % de la recaudación) permita a la industria electro-intensiva ganar en competitividad.


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5. Impulsar la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (el 7 %) establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética de tal manera que la industria electrointensiva se beneficie de una bajada en el precio final de la electricidad de entre 3-4 ?/MWh.

6. Aplicar una exención del pago de los servicios de ajuste y de los pagos por capacidad en el precio final de la electricidad, si bien, debe comunicarse y negociarse con anterioridad con la Comisión Europea, para evitar lo sucedido con el Gobierno de Pedro Sánchez, que sacó a audiencia pública estas medidas en su borrador de Estatuto Electrointensivo sin comunicárselo a la CE y, por tanto, fue rápidamente invalidado por la misma.

7. Reducir el pago por los peajes de acceso a las redes de acuerdo con criterios de electro-intensidad, siempre y cuando se garantice la sostenibilidad económica y financiera del Sector Eléctrico. No obstante, gracias a la reforma del Sector Eléctrico realizada por el Gobierno del Partido Popular, se han conseguido mantener invariables los peajes de acceso por quinto año consecutivo.

8. Fomentar la contratación a largo plazo, que permita a la industria electro intensiva asegurar un precio eléctrico competitivo para un determinado volumen de energía, mediante el desarrollo de un marco jurídico que recoja la contratación mediante los Power Purchase Agreements, PPAs. Por ello, reconocer a los consumidores electrointensivos su capacidad para contratar a largo plazo con una instalación de generación de energía renovable, ya sea directamente, a través de un intermediario o mediante subastas. Asimismo, establecer mecanismos de cobertura que aseguren las obligaciones de pago de las contrapartes del contrato."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de impulso para la implantación del vehículo eléctrico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El acuerdo de París, firmado en 2016 por 96 países, entre ellos España, establece el objetivo de mantener el aumento de temperatura media mundial por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos para limitar dicho aumento a un máximo de 1.5 ºC, reconociendo los riesgos del cambio climático y la reducción de estos que dicho límite favorecera.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), desarrollado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha establecido unos objetivos de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GED que suponen la paulatina eliminación de emisiones en todos los sectores durante los próximos años hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para ello, los objetivos de reducción de emisiones de GEI en 2030 son del 21 % (respecto a los de 1990).

La utilización de la electricidad como fuente de energía en el transporte incrementa la eficiencia energética de los vehículos y contribuye a la reducción del CO2, mejorando considerablemente la calidad del aire, y a reducir la contaminación acústica en las zonas urbanas.

El 27 % de todas las emisiones de GEI provienen del sector del transporte. Para el año 2030 el PNIEC prevé una importante reducción de las emisiones de este sector, ya que se estima que la penetración de renovables en el sector del transporte será del 22 % para ese año, lo que implica que en el año 2030 haya cinco millones de vehículos eléctricos en uso.

Sin embargo, España se encuentra a la cola de Europa en implantación del vehículo eléctrico. Para alcanzar los objetivos de descarbonización contemplados en el PNIEC y en los Acuerdos de París será necesario incrementar el porcentaje de vehículos eléctricos en el parque móvil de nuestro país.

Numerosos estudios e informes y la gran mayoría de agentes de este sector coinciden en señalar que la ausencia de una infraestructura de recarga adecuada y su distribución racional por el territorio, y la


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diferencia de precios de estos vehículos respecto a los de combustión, obstaculiza la comercialización de vehículos eléctricos y retrasa la consecución de sus beneficios medioambientales.

Además de la instalación de puntos de recarga privados, es imprescindible el acceso a puntos de recarga en estacionamientos colectivos, tales como bloques de viviendas o estacionamientos de oficinas, empresas, o centros comerciales.

Si queremos alcanzar a los países que están a la cabeza de Europa en la implantación del vehículo eléctrico en nuestro sistema de transporte y aumentar la ambición ambiental, acelerando así el proceso de transición energética para alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París, será necesario propiciar la adopción de medidas concretas para favorecer esta tecnología.

Ademas, en la Declaración de Emergencia Climática y en la futura Ley de Cambio Climático se establece la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, por lo que los vehículos de cero emisiones serán cada vez más necesarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover medidas de impulso para la implantación del vehículo eléctrico con la finalidad de acelerar la consecución de los objetivos marcados por los Acuerdos de París y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Entre otras:

1. Impulsar la instalación de una infraestructura de recarga accesible.

2. Impulsar la instalación de puntos de recarga en los garajes comunitarios de los edificios de nueva construcción.

3. Impulsar las instalaciones de puntos de recarga en espacios públicos y en usos terciarios, facilitando la instalación en negocios cuya principal actividad no sea la de suministro de combustibles o energía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Germán Renau Martínez, María Montserrat García Chavarría y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la creación de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

En fechas recientes la UE ha dado a conocer los resultados del Euro barómetro especial sobre cambio climático que había realizado, del que se desprende datos significativos en relación con nuestro país. España se convierte en uno de los países de la Unión Europea más concienciados por la lucha contra la crisis medioambiental, diez puntos más que la media del resto de Europa.

El Gobierno, recogiendo esa preocupación de los españoles, ha dado un giro a la política climática en el último año, convirtiendo la lucha contra el cambio climático en una política de Estado.

Así, el pasado 21 de enero, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue la aprobación en Consejo de Ministros de La Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental y que supone la puesta en marcha de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, a favor de un desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política.

Uno de los compromisos del gobierno es con la participación, la escucha, la transparencia con todos los actores de la sociedad, desde la utilización de los canales clásicos de participación, pero con la facilitación de otros nuevos; también en las políticas de lucha contra el cambio climático.


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Debe ser un espacio abierto de aprendizaje, debate y decisión de la sociedad civil. En ella los diferentes actores sociales han de establecer un dialogo sobre temas relevantes que afecten a la sociedad y que produzcan conclusiones y recomendaciones fruto del dialogo y el consenso social.

En definitiva un nuevo modelo que da voz a la sociedad civil, reforzando e impulsando la participación ciudadana, mayor transparencia en los procesos y diseñando estrategias de acción colectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que garantice la participación de la ciudadanía, con representación equilibrada entre hombres y mujeres, incluyendo la participación de los jóvenes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-María Inmaculada Oria López, Helena Caballero Gutiérrez y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados de Junts per Catalunya, don Ferran Bel i Accensi y doña Laura Borrás i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una Proposición no de Ley sobre la aceptación de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en el Delta del Ebre y de posicionamiento favorable a la ejecución del Plan Delta.

Exposición de motivos

La lucha para salvar el Delta del Ebre es a contrarreloj. La inacción histórica por parte de las administraciones competentes para evitar la regresión es flagrante y se pone de manifiesto con el siguiente dato: en Deltebre, de mediana, se pierden 5 metros de línea de costa cada año,

Esta cifra es demoledora y, aunque es sabida de manera reiterada por los entes responsables, se sigue sin actuar y poniendo de esta forma en riesgo la zona húmeda más importante del Mediterráneo y, con ello, el futuro de las personas que allí viven, los sectores productivos que actualmente están presentes en el territorio, y el singular ecosistema y fauna del Delta del Ebre.

Esta inacción histórica, junto con el propio dinamismo del Delta del Ebre, causa que este sea un territorio frágil y vulnerable, y que temporales como el Gloria acentúen aún más sus déficits estructurales. Del 20 al 23 de enero los habitantes del Delta del Ebre vivieron uno de los peores temporales que se recuerdan: olas de hasta cuatro metros, rachas de viento que alcanzaron los 100 km/h y lluvias intensas durante los tres días.

Las consecuencias de la tempestad desembocaron en importantes daños materiales en equipamientos y vías públicas, en pérdida de parte del cultivo del arroz a causa de fa entrada de agua salada en los campos, la destrucción de las bateas de mejillón y ostra y la correspondiente perdida de su cultivo, la inundación de viviendas y comercios, el corte del suministro eléctrico, etc. Es decir, una situación de emergencia con numerosos daños que incluso obligó a desalojar a familias para evitar poner en peligro su vida.

Además de las pérdidas materiales y de cultivos, el temporal acentuó la regresión anual que desde hace décadas viene padeciendo el Delta. Por una parte desdibujó las playas del Delta del Ebre y, por otro lado, hizo retroceder aún más la línea de costa. De hecho, las imágenes de la costa de Deltebre, de la Illa de Buda o del Trabucador son escalofriantes y los vecinos y vecinas del Delta las guardaran siempre en su memoria.

A partir de esta dramática situación, los ayuntamientos del Delta del Ebre empezaron a solicitar, en sus respectivos plenarios, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, también denominada de manera más común como zona catastrófica.


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De manera paralela a todos estos hechos, y a causa de la inacción histórica por parte de las administraciones, las comunidades de regantes y los alcaldes del Delta del Ebre formalizaron años atrás la Mesa de Consenso del Delta. Un espacio creado para instar, entre otros objetivos, a que el Delta del Ebre se sitúe en la agenda institucional de la política española y catalana, y para crear espacios de encuentro entre los diferentes agentes del delta.

De esta Mesa de Consenso surgió el Plan Delta, un documento de acción que contempla diferentes medidas sectorizadas a corto, medio y largo plazo, para frenar la regresión del Delta. El Plan se presentó justo una semana después del temporal Gloria en Sant Jaume d'Enveja y contó con una amplia representación institucional, y de agentes públicos y privados.

De esta forma, el Plan Delta se ha erigido como la hoja de ruta a seguir y la herramienta para desarrollar el plan de actuación que necesita el Delta del Ebre mediante diques inteligentes, regeneración de línea de la costa, caminos de guarda, dunas naturales de contención, etc.

En todo caso, el Delta del Ebre necesita pasar de la resignación y de las buenas voluntades a una acción concreta y efectiva. La lucha para salvar este territorio, y con él las ilusiones de las familias que viven en el delta, es a contrarreloj.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aceptar la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, también denominada zona catastrófica, de todos los ayuntamientos del Delta del Ebre que así lo hayan solicitado de manera oficial.

2. Posicionarse favorablemente sobre el Plan Delta que ha elaborado la Mesa de Consenso del Delta, dotar presupuestariamente las acciones que se describen en dicho Plan y comprometerse a ejecutarlas de manera planificada y consensuada.

3. Crear una comisión multilateral, en un plazo máximo de dos meses, entre el Gobierno del Estado, la Generalitat de Catalunya y la Mesa de Consenso del Delta para planificar y consensuar la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Delta, para la preservación y regeneración del Delta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. Ángel López Maraver y D.a María Magdalena Nevado del Campo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la vida útil de las Centrales Nucleares sitas en España, para su discusión en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

La energía nuclear ha contribuido progresivamente al desarrollo global, garantizando el abastecimiento eléctrico, reduciendo la dependencia energética exterior, frenando las emisiones contaminantes y produciendo precios estables y predecibles.

En este sentido en España contamos con cinco centrales nucleares (CN) operativas (siete reactores) por todo el territorio, siguiendo todas el sistema de EE.UU., con la excepción de la de Guadalajara (Trillo) que funciona acorde con el sistema alemán, y teniendo una vida útil fijada hasta los cuarenta años. Estas CN se ven sometidas a constantes revisiones y cada diez años es obligatoria la emisión de un informe que confirme y autorice la continuidad de las mismas en base a las medidas de seguridad.

En EE.UU. hay ciento cuatro centrales nucleares, de las cuales noventa y tres han sido recientemente autorizadas por el organismo regulador americano (NRC) para que alarguen su vida útil hasta los sesenta años y a dos de esas centrales hasta los ochenta años al considerar que son incluso más seguras en la actualidad que cuando fueron construidas.


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Los estudios recientes confirman que las centrales nucleares en España podrían aumentar su vida útil hasta los sesenta años como las de EEUU, tecnológicamente similares; pudiéndose prorrogar por periodos siempre que esté bien mantenida, actualizada y ofrezca garantías de seguridad.

En este sentido hay que tener presente que las centrales españolas realizan continuamente programas de mejora, reinvirtiendo de 30 a 40 millones de euros anuales por central, e incorporando las experiencias operativas de otros países para mejorar los procesos de envejecimiento de las mismas.

Corno adelantamos, cada diez años se realizan las revisiones periódicas de seguridad (RPS). A continuación mostramos gráficamente cómo las inversiones mejoran la seguridad de las centrales cada ario como consecuencia de:

- Equipos portátiles de emergencias alrededor de la central.

- Revisión periódica de seguridad.

- Mejora de los sistemas de incendios.

- Reforzado de las medidas (tanto con stegs como mayor duración de luz).

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Con el fin de conseguir la reducción del efecto invernadero, entendemos que la consigna debe ser no usar fuentes que emitan CO2. En este sentido, la energía nuclear no emite CO2, pues su proceso de producción no se basa en la combustión de un combustible, sino en la fórmula de Einstein E=mc2. Mediante reacciones nucleares se transforma masa en energía, y por tanto con cero emisiones de CO2.

Debemos dejar claro que en España la energía nuclear representó en 2019 el 36,22 % de la electricidad producida libre de emisiones.

Por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta que la energía nuclear genera cientos de miles de puestos de trabajo fijos altamente cualificados, y muchos de ellos subcontratados, que palia el despoblamiento en las zonas donde se ubican y originan riqueza en lo que se denomina la España vacía.

Urge actuar con rapidez, responsabilidad y sentido común.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Alargar la vida útil de las siete centrales nucleares que tenemos en España hasta los 60 años o incluso hasta los ochenta años.

2. No imponer gravámenes fiscales adicionales a las existentes con el fin de asegurar el equilibrio y la rentabilidad económica.


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3. No añadir trabas administrativas ni endurecer los permisos sin ser estrictamente necesario para asegurar la continuidad de las centrales ya existentes.

4. Preparar un plan para la apertura de nuevas centrales nucleares en España para asegurar una energía limpia, continua y segura.

5. Fomentar el uso principal de la energía que produzca menor contaminación de CO2, como es la energía nuclear."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-María Magdalena Nevado del Campo y Ángel López Maraver, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Cultura y Deporte

161/000255

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a impulsar las celebraciones del Centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las celebraciones del Centenario del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

El 17 de octubre de 1920 nacía en Valladolid Miguel Delibes, uno de los escritores más importantes de la literatura española del último siglo. Galardonado con multitud de reconocimientos (entre ellos el Premio de las Letras de Castilla y León, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Cervantes o el Premio Príncipe de Asturias), don Miguel retrató como pocos la vida de nuestro medio rural, pero también se ocupó en su prolífica obra del género periodístico, los libros de viajes o la novela histórica. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1975 y recibió entre otros honores varios doctorados honoris causa en universidades en todo el mundo y el nombramiento como Hijo Predilecto de Valladolid.

En este año 2020, con motivo del centenario de su nacimiento, se ha organizado desde la Fundación que lleva su nombre y con el apoyo de diferentes administraciones públicas un amplio programa cultural,


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siendo reconocido como un evento de excepcional interés público por el Ministerio de Cultura y Deporte, en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Dicha programación incluirá, entre otras actividades, una gran exposición en la Biblioteca Nacional y en Valladolid; múltiples reediciones de sus obras, conferencias, homenajes y eventos relacionados con el legado literario y humanístico del autor. Consideramos que esta programación puede verse enriquecida desde el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, y que es posible iniciar en este año 2020, coincidiendo con la efeméride, una serie de acciones que permitan conservar su memoria y dar a conocer aún más su obra. Estas propuestas no entran en conflicto con las ya programadas, sino que se suman a las mismas como homenaje al legado literario y personal de Delibes, que no pertenece a ningún grupo político ni social, sino que es patrimonio común de la literatura española y universal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforzar la proyección internacional del Centenario del Nacimiento de Miguel Delibes, impulsando a través de la dirección del Instituto Cervantes y de AECID una agenda de actos internacionales coordinada durante el año 2020 en todas las sedes internacionales del Instituto Cervantes y en los Centros Culturales de España en el extranjero gestionados por la AECID, que podría estar especialmente centrada en los libros de viajes del autor, menos conocidos por el público (Un novelista descubre América; Por esos mundos: Sudamérica con escala en las Canarias; Europa: parada y fonda; USA y yo; La primavera de Praga; Dos viajes en automóvil; Suecia y Países Bajos).

2. Contribuir a través de aportación presupuestaria por parte del Ministerio de Cultura a la cofinanciación de la creación de la Casa-Museo de Miguel Delibes en el espacio de Valladolid que se considerara adecuado, de forma que pueda contar con un pequeño espacio museístico en el que exponer los fondos de la Fundación Miguel Delibes, sede administrativa de la Fundación y espacio para la realización de eventos culturales. Dicha aportación debería ir destinada a la realización de un concurso arquitectónico de rehabilitación del espacio que se acuerde, obras de rehabilitación y dotación de la Casa-Museo.

3. Renombrar al "aeropuerto de Valladolid" con la nueva denominación "Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes", como homenaje a uno de nuestros autores más universales.

4. Realizar las gestiones oportunas, a través del Ministerio de Cultura, para que el Pleno de la Real Academia Española pueda celebrarse en Valladolid en tomo a la fecha del Centenario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Eduardo Carazo Hermoso y José Ángel Alonso Pérez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a crear un premio nacional al fomento de la lectura en los colegios, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Según los resultados del Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2018, realizado por la Federación de Gremios de editores de España (FGEE) y el Ministerio de Cultura y Deporte, un 32,8 % de los españoles no lee nunca. Aunque en todas las franjas de edad más de la mitad de los encuestados declara leer frecuentemente, si analizamos los datos podemos observar una relación directa entre el nivel de estudios finalizados y la ratio de lectores. A medida disminuye el nivel de estudios, menor es el número de lectores.


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Esta situación es un problema, si tenemos en cuenta que la lectura no es solo un instrumento para aumentar los conocimientos, sino que además ayuda a mejorar los niveles de concentración, la empatía y ayuda a prevenir la degeneración cognitiva.

Para fomentar el hábito de leer, los colegios deben ser considerados una herramienta por parte de las Administraciones públicas. El sistema educativo en general, y los profesores en especial, deben tener un papel activo en la promoción de la lectura entre los más jóvenes si queremos aspirar a tener una sociedad más informada y con mayor capacidad crítica en ele futuro. Para ello, nuestro sistema educativo debe ser capaz de crear entre los estudiantes la costumbre de leer, para que esto se vuelva una práctica habitual en sus vidas y la sigan practicando independientemente del nivel educativo que acaben alcanzando una vez finalicen sus estudios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un premio nacional al fomento de la lectura en colegios. Este premio, que tendrá la misma dotación económica que los otros premios nacionales, estará orientado al reconocimiento de los profesores y/o los centros que trabajen con especial interés en la promoción de la lectura. Su concesión servirá para que docentes y centros que hayan apostado por fomentar la afición a los libros vean reconocida su tarea en la promoción de la lectura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. Rafael Férnandez-Lomana Gutiérrez y D.a Mireia Borrás Pabón, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de medidas de apoyo a los deportistas de alto nivel, para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de instar al Gobierno de España a adoptar medidas para mejorar la vida profesional y personal de los deportistas españoles.

España tiene mucho que agradecer a nuestros deportistas, tanto a aquellos cuyos deportes gozan de mayor seguimiento en el país, como a aquellos que practican deportes con menor seguimiento por la población. Todos ellos son embajadores de nuestro país allí donde van y muchos son también referentes y ejemplo de su vida profesional y personal.

La formación de los deportistas se ha convertido a lo largo de estos años en una preocupación nacional, y su desarrollo depende tanto de la valía del deportista como de la ayuda por parte de los organismos públicos o privados. Aquellos que no han realizado algún grado de formación relacionado con el deporte ha sido principalmente por motivos de incompatibilidad entre el entrenamiento de alto rendimiento y la posibilidad de cursar estudios.

La regulación del deportista está prevista, entre otras normas, en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que regula, entre otras cosas, aspectos relativos a los deportistas de alto nivel; en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento; Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales; en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo y, en definitiva, en otras normas que regulan determinados aspectos en materia de IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF) o de Seguridad Social (Orden TAS/2865/2003 reguladora del convenio especial entre deportistas de alto nivel y Seguridad Social).


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La Ley señala que los Deportistas de Alto Nivel serán aquellos que figuren en las relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en colaboración con las Federaciones Deportivas Españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con los criterios selectivos que se determinan en el Real Decreto 971/2007 de 13 de julio: a) clasificaciones obtenidas en competiciones deportivas internacionales, b) situación de deportistas en listas oficiales de la clasificación deportiva aprobada por la federación internacional competente y c) las condiciones especiales de naturaleza técnico-deportiva, verificadas por los organismos deportivos.

En España, la promoción y la organización del deporte de alto nivel corresponde al Consejo Superior de Deportes en colaboración con las Comunidades Autónomas, las federaciones deportivas españolas, el Comité Olímpico Español, los clubes, etc. Estos organismos públicos persiguen mejorar los éxitos deportivos de España a nivel internacional. Tal y como garantiza la Constitución Española en su artículo 43.3, "los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitaran la adecuada utilización del ocio".

Todas estas normas constituyen un gran conglomerado que, sin embargo, no soluciona dos de los grandes problemas que deben afrontar nuestros deportistas: el primero, la compatibilización de su formación durante los años que compiten; el segundo, su incorporación al mundo laboral una vez deciden poner fin a la competición deportiva.

El Plan ADO/ADOP (destinado a deportistas discapacitados) ofrece una financiación extraordinaria y complementaria a los programas deportivos de alta competición, desarrollados por las federaciones deportivas españolas y financiados principalmente por el CSD.

Debido a la gran carga de horas que tienen que dedicar los deportistas a su principal actividad, pocos de ellos son capaces de compatibilizar su trabajo y entrenamiento. Para ello, el Plan ADO/ADOP (discapacitados) ofrece una beca, es decir, un tipo de contrato para la formación que no considera pago a Seguridad Social. En á momento en que su carrera profesional acaba, son muchos los que se quejan de que, al no haber podido cotizar a la Seguridad Social, no tienen prestaciones. Los deportistas saben que su vida deportiva profesional es corta, y a su vez, se encuentran con que no han cotizado a la Seguridad Social, y con que han invertido todo su tiempo en algo que ya no les va a financiar en un futuro su vida.

Desde hace años, desde el sector deportivo se está trabajando por llevar a cabo una Ley de Mecenazgo que permita conectar a los deportistas con las empresas y asociaciones e impulsar sus carreras. Sin embargo, actualmente todas aquellas acciones que lleven a la aportación de recursos hacia un tercero solo permiten la deducción de esta siempre y cuando el beneficiario sea una actividad de interés general, una federación nacional o autonómica ligada a otra nacional, universidades públicas o colegios mayores adscritos a las mismas, así como algunas entidades regionales. Sin embargo, en multitud de ocasiones las empresas quieren realizar actividades de mecenazgo con un deportista en concreto, algo a lo que las federaciones se oponen.

Todas estas actividades de mecenazgo tienen como incentivo fiscal el descuento en el Impuesto sobre Sociedades del importe destinado al Mecenazgo. Cabe señalar que dicho importe no debe superar el 10 % de la base imponible.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que es preciso que, desde el Gobierno de España, se realice un análisis detallado y profundo de los motivos por los cuales muchos de nuestros deportistas tienen problemas en incorporarse al mundo laboral y, a partir del resultado, se adopten las medidas precisas que faciliten la incorporación de los deportistas al mundo laboral una vez se retiran de la competición.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

a) Presentar a las Cortes Generales un Proyecto de nueva Ley de Mecenazgo que tenga por objeto, entre otras cosas, medidas fiscales que faciliten a las asociaciones y empresas apoyar a un deportista sin la intermediación de Federaciones o CSD, con el fin de atraer más empresas para apoyar el Deporte Español.

b) Promover las reformas normativas pertinentes en el sentido de reducir trabas fiscales y burocráticas, tendentes a simplificar el patrocinio de deportistas por parte de entes de naturaleza privada.


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De acuerdo con esto, prever incentivos fiscales para facilitar el patrocinio de deportistas de alto nivel durante su carrera profesional deportiva.

c) Elaboración de normas escritas para la concesión de las Becas ADO/ADOP que doten de rigurosidad al sistema para una mejor gestión de los recursos económicos.

d) Realizar los cambios normativos necesarios para que los deportistas que se acogen al Plan ADO/ADOP coticen a la Seguridad Social y, de este modo, puedan tener derecho a acceder a todas las prestaciones de la Seguridad Social.

e) Realizar los cambios normativos necesarios para que los deportistas que se acogen al Plan ADO/ADOP obtengan sus remuneraciones mensualmente y no al final del año para que, de este modo, puedan disponer de la liquidez necesaria.

f) Prever, en colaboración con el Ministerio de Universidades, mecanismos efectivos que garanticen una mayor compatibilidad entre la competición deportiva y los estudios para mejorar la reinserción en la sociedad de los deportistas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de asuntos Económicos y Transformación Digital

161/000300

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de los intermediarios digitales, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Exposición de motivos

La revolución digital cada vez está más presente en todos los sectores de la economía como los transportes, en envío de mercancías, servicios de alojamiento o comida a domicilio y muchos de los modelos que se están desarrollando están empezando a ser analizados jurídicamente en los últimos años.

Se entiende por economía de plataformas la interacción de dos o más sujetos, a través de una plataforma digitalizada, que satisface una necesidad a través del intercambio de bienes o servicios.

Sin embargo, la naturaleza del rol desempeñado por la plataforma es esencial para establecer las obligaciones y derechos de los consumidores, los prestadores de servicios o productos y las propias plataformas digitales. Determinar ese papel de la plataforma de contratación es, actualmente un problema grave y precisa de una regulación que establezca claramente una serie de criterios que den seguridad jurídica a las relaciones laborales, comerciales o de otro tipo que se pueden dar en este ámbito.

En un entorno en el que la tecnología tiene una implicación creciente en el mundo empresarial y en su relación con los consumidores, la puesta al día de nuestra normativa es necesaria y nos prepara para escenarios de los que aún desconocemos el potencial de cambio.

En la actualidad, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico establece que son servicios de intermediación: "servicios de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet". Regulación que se aleja considerablemente de los criterios sugeridos por la Comisión Europea.

La Unión Europea en 2016 puso en marcha una iniciativa para las plataformas dedicadas a la economía colaborativa. Al mismo tiempo se ha aprobado el Reglamento de 20 de junio de 2019 sobre el


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sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios/profesionales de servicios de intermediación en línea, cuyo ámbito de aplicación se centra en las relaciones entre las plataformas que prestan servicios de intermediación en línea y motores de búsqueda con los proveedores de bienes y servicios a consumidores. Es decir, entre la plataforma y los profesionales. Algunos aspectos de las relaciones entre la plataforma y los consumidores se abordan en otro instrumento como es la Directiva de 27 de noviembre de 2019 sobre la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Congreso a que impulse el diálogo con los actores relevantes para consensuar los criterios que determinen el papel de los intermediarios digitales, relativos al nivel de control e influencia de las plataformas digitales o colaborativas, incluyendo en cualquier caso:

1. Capacidad en la fijación del precio. En este apartado se pondrá especial atención a la transparencia de criterios de los algoritmos utilizados en la segmentación del mercado objetivo y la fijación de precios acorde a las características del usuario, véase, género, localización, capacidad económica, edad, o cualquier otra que resulte en una discriminación respecto a otros usuarios con similares características tal y como establecen los artículos 22 y 24 del Reglamento General de Protección de Datos.

2. Influencia en las condiciones contractuales esenciales entre el prestador de servicios subyacente y el usuario tales como las garantías, plazos de entrega, periodos de devolución, condiciones de calidad o cualquier otro susceptible de ser determinado por la plataforma. Asimismo, también se considerarán dentro de este criterio si las condiciones impuestas por la plataforma al prestador de bienes o servicios pueden considerarse constitutivas de una relación que excede los límites de la labor de un intermediario digital instrumental.

3. Tenencia de activos clave para desarrollar la actividad que pretende intermediar.

4. Disociación efectiva de la actividad de la plataforma y la actividad del prestador de servicios subyacente.

Todo lo anterior en línea con los criterios establecidos por la legislación comunitaria en la materia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-Marcos de Quinto Romero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borras i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una Proposición no de Ley para otorgar mayores potestades a los Ayuntamientos, para requerir el soterramiento o mejora de las instalaciones aéreas de las redes eléctricas y de telefonía, y su adecuada conservación.

Exposición de motivos

En numerosos municipios y barrios las líneas eléctricas y telefónicas son áreas. Estos tendidos aéreos a menudo conllevan una serie de perjuicios cuando discurren en los cascos urbanos, en polígonos industriales o en pequeñas agrupaciones de casas. Abundan los problemas urbanísticos que generan, pero también los que conciernen a la salud, especialmente si se trata de líneas eléctricas de alta tensión y si se encuentran situadas cerca de centros escolares o simplemente los problemas que se derivan de accidentes por desprendimientos.

En muchas poblaciones, a raíz de los recientes temporales, con fuertes rachas de viento y abundantes lluvias, han sido abundantes los desprendimientos de cables de las fachadas y postes, quedando colgando. De este modo, aumentó el potencial riesgo de que algún transeúnte padeciera algún percance grave. Los


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perjuicios provocados por los temporales no se quedaron aquí, sino que, a raíz del estado del cableado, se produjeron chispas en el tendido eléctrico con potencialidad para derivar en incendios y en cortes de luz.

Otros perjuicios que generan las líneas aéreas recaen en una peor ordenación urbana, una peor eficiencia en el uso del espacio público, la generación de barreras arquitectónicas, así como un empeoramiento de la estética de las calles de las poblaciones

La Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Sector Eléctrico no otorgan a los ayuntamientos las potestades necesarias para ordenar adecuadamente la instalación de las líneas aéreas eléctricas y de telefonía en sus tramas urbanas, con el fin de soterrarlas u ordenar su ubicación.

La Ley General de Telecomunicaciones incluso establece que, en los nuevos despliegues y cuando no haya canalizaciones subterráneas, las nuevas líneas no tengan que estar soterradas. Incluso en el caso de que existan estas canalizaciones, si por razones técnicas o económicas no es posible la canalización, los despliegues serán aéreos. La ley es muy laxa y no establece ningún parámetro para determinar la imposibilidad de las razones técnicas o económicas, con lo que las operadoras de telefonía tienen amplias potestades para determinar, a su conveniencia, cuando el despliegue debe ser aéreo o soterrado.

Por todo ello los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas legales necesarias para ampliar las potestades de los ayuntamientos para requerir a las operadoras titulares de telefonía y de electricidad el soterramiento o mejora de las líneas e instalaciones aéreas existentes, de los nuevos despliegues, así como su adecuado estado de conservación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud define la ludopatía como un trastorno de control de los impulsos, dentro de la categoría de adicciones sin sustancia. Por tanto, cuando hablamos de juego patológico o ludopatía estamos hablando de un problema de salud pública, con un claro impacto social que produce consecuencias alarmantes no solo para la persona que lo padece, sino para su entorno familiar y profesional.

Tanto es así, que actualmente esta problemática ha sido incorporada por primera vez, en la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2020 y en el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020.

Los principales estudios epidemiológicos llevados a cabo en diferentes países, incluido España, revelan que el incremento en el trastorno por juego de azar va asociado al aumento del juego legalizado. Concretamente en nuestro país, se produjo un importante repunte de este trastorno a partir de la entrada en vigor de la regulación del juego y las apuestas online en el año 2011. Los datos del Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España, encargado por la Dirección General de Ordenación del Juego en 2015, revelan que en nuestro país un 0,3 % de la población mayor de 18 y menor de 65 años ha desarrollado conductas de juego patológico con arreglo a su comportamiento en el último año (0,9 % si consideramos su comportamiento a lo largo de toda la vida).


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Esta tendencia se mantiene en el año 2018 tanto en el juego online como presencial. Según la última encuesta EDADES 2017-2018, los resultados entre la población de 15 a 64 años que reconoce haber jugado dinero tanto presencial como online en el último año son, que un 15,4 % de los jugadores podrían presentar un juego problemático y un 9,3 % un posible trastorno del juego.

A estos datos, se une el aumento de la preocupación social como consecuencia de la proliferación de locales de juego y de casas de apuestas en barrios y zonas donde se encuentran mayor número de situaciones de pobreza, precariedad y desempleo, así como el intenso debate social en toro al modelo de entretenimiento que se está promocionando entre la población, sobre todo, entre los más jóvenes.

Según datos del informe anual de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos, actualmente en España hay instalados 3.100 locales. El propio sector percibe con preocupación la actual saturación del mercado de salones y del juego en general.

De esta manera, la popularidad de estos salones y casas de apuestas, junto al auge del juego online están teniendo un impacto negativo sobre las personas más vulnerables a la adicción. El incremento de la prevalencia se ha producido en todo rango de edades, pero con especial incidencia en los jóvenes y en la infancia.

Según los últimos estudios realizados por la Dirección General de Ordenación del Juego en el año 2017, a pesar de que las apuestas no son legales en España hasta los 18 años, el 36 % de los participantes afirman haberse iniciado en el juego antes.

Según los resultados de la última encuesta ESTUDES (2018-2019) el 10,3 % de los estudiantes de 14 a 18 años reconocen jugar dinero online (17,4 % chicos y 3,6 %chicas), un 3,4 % más que en el año 2016 y el 22,7 % hacerlo de manera presencial (30,7 % chicos, 15,3 % chicas), lo que ha supuesto un 9,1 % más respecto del año 2016.

Está demostrado que aquellas personas que presentan una problemática más importante de juego en la edad adulta, son aquellas que se iniciaron a edades tempranas. Sirven los salones de juego y las casas de apuestas como elementos de socialización para los más jóvenes (consumiciones más baratas, bonos de bienvenida, etc.), en muchas ocasiones sin una alternativa de ocio saludable.

Además, la proliferación y publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas y juegos en línea en los medios de comunicación, radio, televisión e internet han jugado un papel esencial en los datos antes expuestos. De ahí, la importancia de llevar a cabo una regulación de la publicidad del juego de azar y la apuesta online de ámbito estatal, especialmente dirigida a los menores y los más vulnerables, al igual que sucede con el tabaco. Esta necesidad ha sido expresada y reclamada por el Defensor del Pueblo y en numerosas ocasiones por el grupo socialista y por los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado en Pleno y Comisión.

El Grupo Socialista, en definitiva, considera que es necesario abordar con fórmulas distintas las nuevas modalidades que han cambiado el patrón de consumo en los juegos de azar. Concretamente, es imprescindible abordar los cambios en la modalidad presencial de la oferta de juego que propician las apuestas deportivas y los salones de juego, que ha conformado una mayor percepción de riesgo social que nuestro grupo parlamentario comparte.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover actuaciones que permitan formular un marco regulatorio común que actualice y armonice la actividad del juego y su impacto en la salud pública, en el seno del Consejo de Políticas del Juego y analizar la pertinencia y necesidad de poner en marcha medidas tales como:

- El establecimiento de un número máximo de autorizaciones para la apertura de nuevos salones y casas de apuestas, acorde a criterios de población.

- La regulación de medidas en la accesibilidad a los locales de juego, a través de controles de acceso rigurosos de los menores de edad, de las personas inscritas en el registro de prohibidos o personas en situación de embriaguez.

- La regulación de la distancia mínima entre los salones de juego y los locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria.


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- El refuerzo de las sanciones a los propietarios de salones y locales de apuestas en los que se detecte la presencia de menores de edad, de personas inscritas en el registro de prohibidos y personas en situación de embriaguez.

- El estudio de la limitación de los horarios de apertura de los salones de juego y casas de apuestas y se endurezcan las sanciones por sobrepasar el límite horario establecido de juego o no exhibir de forma visible la prohibición de acceso a menores de edad.

- Promover la reorientación de la tasa por la gestión administrativa de juego con el fin de destinar un porcentaje a reforzar los medios materiales, instrumentos e inversiones necesarias, para acometer iniciativas de prevención, comunicación, sensibilización, intervención y reparación que faciliten las prácticas de juego responsable y mitiguen los efectos indeseables producidos por una actividad de juego no saludable, así como a la realización de estudios, memorias y trabajos de investigación en la materia.

- En el marco del Programa de Juego Responsable 2019-2022 y contando con la participación del Consejo Asesor de Juego Responsable, la elaboración de un código de buenas prácticas para el sector empresarial del juego, a fin de orientar su actividad en línea con los principios de promoción del juego responsable y de protección de los menores.

2. En colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, elaborar un Programa de Prevención de la ludopatía que desarrolle los objetivos estratégicos relacionados con la prevención, sensibilización y atención integral de las adicciones sin sustancia enunciados en la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2020 y en el contexto del Plan de Acción sobre Adiciones 2018-2020, en colaboración con entidades del Tercer Sector y la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Marisol Sánchez Jódar y Daniel Vicente Viondi, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la salud pública y la prevención del tabaquismo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

El consumo de tabaco provoca al año 51.870 muertes en nuestro país. Muchos de estos fallecimientos ocurren en edades tempranas, pues una de cada cuatro muertes entre la población de 35 a 65 años es atribuida al tabaco. El tabaco es el responsable directo del 29 % de las muertes por enfermedad cardiovascular y del 30 % por cáncer. El tabaco también es responsable del 80 % de los casos de cáncer oral, que tiene una prevalencia de entre 1 y 5,2 casos por cada 100.000 habitantes en España, así como serios problemas relacionados con la salud bucodental. En definitiva, el tabaquismo continúa siendo la primera causa de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad (AVAD) en España. El tabaquismo es además responsable del 6 % del gasto sanitario.

Según el II Informe de Evaluación del Impacto sobre la Salud Pública de la Ley 42/2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, las medidas previstas han tenido un impacto directo positivo importante en forma de disminución de ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, reducción de la mortalidad por infarto y de nacimientos prematuros con bajo peso. En el ámbito de la hostelería, en particular, han disminuido los niveles de nicotina ambiental y de partículas (exposición pasiva) hasta un 90 % en estos últimos años. Además, la aceptación y el apoyo social de estas medidas han sido elevadísimos, como se demuestra en diversas encuestas de opinión.

Sin embargo, la incidencia de las medidas adoptadas sobre la prevalencia del consumo de tabaco es todavía insuficiente, ya que dicha prevalencia en España permanece por encima de la media europea. Los


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últimos datos nacionales disponibles sobre prevalencia del tabaquismo (diario y ocasional) son de la Encuesta Europea de Salud en España de 2014 (EESE 2014) y de la Encuesta Nacional de Salud 2017 (ENSE 2017), que arrojan unas cifras todavía alarmantes: el 24,4 % de la población adulta es fumadora en España (28,2 % en hombres y 20 % en mujeres). La reducción respecto a la Encuesta Nacional de Salud en España 2011 (ENSE 2011), es de un 3,3 %; si bien el descenso es importante en hombres ( -7,18 %), en mujeres se produce un incremento (2 %), fundamentalmente en el consumo ocasional.

Además, en la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2017-2018, destaca el aumento del consumo de tabaco diario, el 34 % de la población adulta afirma haber consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días, un 3,6 % más que en 2011.

En términos generales, se comprueba una tendencia al aplanamiento en la tasa de prevalencia desde el año 2011. En todo caso, la tasa de prevalencia de fumadores en España destaca por ser significativamente superior a la de la mayoría de países europeos desarrollados, que está por debajo del 20 %.

También destaca la tasa de prevalencia entre los jóvenes de nuestro país. Según la encuesta ESTUDES (2018-2019), el 35 % de los alumnos han fumado tabaco en el último año (34,7 % en 2016). Además, se ha visto incrementado el consumo diario respecto del año 2016, un 10,3 % de las chicas y un 9,4 % de los chicos lo hacen de manera habitual. Aunque la tendencia también es a la baja, no debemos olvidar que la edad media de inicio de consumo de tabaco se ha retardado ligeramente hasta los 14 años, el tabaco continúa siendo la droga psi coactiva más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años. Además, el 47,7 % de los escolares viven en hogares donde se fuma a diario. Se ha visto incrementado de manera significativa el consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de 14 a 18 años respecto del año 2016, un 48,4 % afirma haber hecho uso de este tipo de cigarrillos en alguna ocasión (un 28,3 % más que en 2016).

Este progresivo menor efecto sobre la reducción del tabaquismo conforme pasan los años tras la entrada en vigor de la Ley, se muestra también en los datos de ventas de productos del tabaco. Tras las fuertes bajadas de ventas experimentadas en los tres años posteriores a la Ley (superiores al 12 % en 2012 y 2013), desde el año 2014 las ventas de cigarrillos se han prácticamente estabilizado. Aunque el consumo de cigarrillos haya caído, no ha sido así el consumo de tabaco, ya que muchos de esos fumadores que antes compraban cigarrillos se pasaron a otras modalidades más baratas, especialmente al tabaco de liar, cuyo consumo ha crecido un 43 % desde el inicio de la crisis. Existe evidencia sobre la eficacia de la aplicación e incremento de impuestos para reducir su consumo y sufragar los gastos sociales que supone.

En general, los datos sobre percepción social del cumplimiento de la Ley son positivos, pero la información sobre su vigilancia y la recepción y resolución de quejas por parte de las comunidades autónomas es muy incompleta e irregular, según el II Informe de Evaluación del Impacto sobre la Salud Pública de la Ley 42/2010. La percepción de cumplimiento es menor en relación a los recintos exteriores de los centros sanitarios y educativos, existiendo también estudios que indican un insuficiente cumplimiento de la normativa en las terrazas semi-abiertas habilitadas de bares y cafeterías.

La Organización Mundial de la Salud estableció hace ya años su estrategia denominada "MPOWER" como marco de trabajo para las estrategias nacionales de prevención y eliminación del tabaquismo:

1. Monitor. Monitorizar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.

2. Protect: Proteger a la población del humo ambiental de tabaco (HAT).

3. Offer. Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.

4. Wam: Advertir de los peligros del tabaco.

5. Enforce: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

6. Raíse: Aumentar los impuestos al tabaco.

En noviembre de 2017 el Gobierno del Partido Popular, tras años de incumplimiento, aprobó el Real Decreto-Ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE. Esta Directiva establece, además de la obligación de incluir nuevas advertencias sobre los perjuicios del tabaco en todos los envases de tabaco, requisitos de seguridad y calidad para los cigarrillos electrónicos y obligaciones de notificación de los nuevos dispositivos y productos relacionados con el tabaco. Con la transposición de la misma, el


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Gobierno se limitó a reformar la legislación española con los mínimos requerimientos, para evitar sanciones por el retraso acumulado, desaprovechando la modificación legal para dar pasos más firmes.

La OMS ha pedido a todos los países trabajar por la desnormalización del tabaco en la vida cotidiana. Hay que tener en consideración que la inmensa mayoría de los fumadores no fuman porque quieren, sino porque se inician en su consumo como consecuencia de usos sociales arcaicos o de una estrategia comercial de las compañías tabaqueras perfectamente diseñada y actualizada permanentemente con el fin de lograr la dependencia de nuevas generaciones de fumadores. Dos de cada tres fumadores actuales, se han planteado dejar de consumir y, además, lo han intentado (EDADES 2017-2018).

Son muchos los sectores sociales que muestran su apoyo a desarrollar medidas en favor de proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, prohibiendo el consumo de tabaco en los espacios cerrados reducidos (vehículos privados) playas, terrazas o el conjunto de los recintos hospitalarios del país.

Por ello, y a pesar de los avances logrados en la prevención tanto del tabaquismo activo como del tabaquismo pasivo (exposición al "humo de segunda mano"), es necesario continuar dando pasos hacia delante hasta la desnormalización del tabaquismo en la sociedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, de acuerdo con las indicaciones del Convenio Marco del Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud que fue firmado por España en 2003 y ratificado en 2005, insta al Gobierno a:

1. Promover medidas que garanticen la protección de la salud del menor frente al tabaco y productos y dispositivos relacionados, limitando su consumo en espacios restringidos o en actividades abiertas con gran presencia de menores y reforzar la prohibición de venta a menores de tabaco y productos relacionados.

2. Poner en marcha las líneas de actuación para la prevención del tabaquismo, consensuadas con las comunidades autónomas, con medidas como el fomento de la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito de la atención primaria.

3. Facilitar el acceso de la población fumadora a servicios sanitarios entrenados en el abordaje del consumo de tabaco y en el tratamiento del tabaquismo.

4. Promover nuevas campañas de comunicación, segmentados según perfiles de la población para la prevención del hábito tabáquico de carácter estatal, en colaboración con las comunidades autónomas en sus respectivos territorios, que aborden entre otras cuestiones las implicaciones que tienen para la salud las nuevas formas de consumo de tabaco y productos relacionados, concretamente de los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las pipas de agua.

5. Adoptar, en colaboración con las comunidades autónomas, criterios comunes y planes de vigilancia para el cumplimiento de la Ley 28/2005, mejorando el sistema de información actual claramente incompleto y reforzando la labor inspectora en áreas donde se haya detectado un menor cumplimiento y una mayor exposición al humo ambiental del tabaco.

6. Reforzar el control sobre el cumplimiento de la Ley 28/2005, que garantice lo contenido respecto de las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y productos y dispositivos relacionados.

7. Disminuir la accesibilidad al tabaco y productos relacionados en particular para los más jóvenes y menores de edad, armonizando en el seno de la Unión Europea la fiscalidad de todos los productos del tabaco y dispositivos relacionados, haciéndola similar a los países más desarrollados de nuestro entorno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Ana Prieto Nieto y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso a la accesibilidad cognitiva, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

El acceso a la información es un derecho democrático. Para ejercerlo, muchas personas por su edad, por el poco conocimiento del idioma, a causa de una discapacidad o simplemente por tener limitadas sus habilidades de leer o comprender, necesitan acceder a materiales adaptados

La accesibilidad cognitiva puede hacer referencia a espacios, a procedimientos, a transportes, a entornos virtuales o a información escrita. En su sentido más amplio, la accesibilidad cognitiva debe entenderse como el conjunto de requisitos que deben existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por todas las personas, y en especial, por aquellas personas con menor capacidad cognitiva. Las barreras cognitivas son, en demasiadas ocasiones, el tipo de discriminación más decisivo y frecuente.

La accesibilidad cognitiva es un reto que debernos marcarnos como sociedad, como elemento fundamental para garantizar el derecho de participación plena para todas las personas, permitiendo el acceso en igualdad de condiciones a la información de manera completa y comprensible. Además de suponer un elemento de creación de empleo para las personas con discapacidad intelectual y otros colectivos, que contribuyen en la creación de servicios de accesibilidad cognitiva y en la creación de nuevas metodologías.

Las diferentes herramientas para fomentar la accesibilidad cognitiva, como son el uso de la Lectura Fácil, el Lenguaje Claro y la Señalización Accesible y Comprensible persiguen la eliminación de las barreras en la comprensión y la comunicación.

El Lenguaje Claro es especialmente importante en el ámbito jurídico y en el lenguaje administrativo. Hace referencia a la accesibilidad cognitiva de la información oral y escrita.

La Lectura Fácil nació en Suecia a finales de la década de los 60 y actualmente se utiliza en muchos países de Europa e lberoamérica. En el proceso de elaboración de la Lectura Fácil participan personas con dificultades de comprensión, quienes realizan la validación cognitiva. La información en lectura fácil no solo abarca textos escritos, también incluye las ilustraciones, las imágenes y los formatos de maquetación. Se trata de uno de los recursos más desarrollados en España

Actualmente, la ciudadanía demanda de las administraciones públicas que la información que le llega o se le comunica por cualquiera de los medios establecidos sea comprensible, directa y ajustada a sus necesidades. Por lo tanto, el uso del lenguaje claro y sencillo mejora la comunicación de la ciudadanía con la Administración.

Sin embargo, mientras se ha avanzado en otras formas de accesibilidad, en materia de accesibilidad cognitiva queda casi todo por hacer. El 30 % de la población tiene dificultades de comprensión y aún hay poca sensibilización para que esas personas dispongan de información y entornos fáciles, accesibles y comprensibles. Cuando impulsamos textos en "Lectura Fácil" y la información en "Lenguaje Claro" no solo estamos rompiendo barreras de comunicación para las personas con discapacidad intelectual, sino para el conjunto de la población, se tengan o no se tengan dificultades de comprensión.

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad recoge la accesibilidad como uno de sus principios generales. La accesibilidad está regulada en su artículo 9, y dentro de este artículo, es de especial interés para la accesibilidad cognitiva su apartado 2.d), donde se establece que los Estados parte "adoptarán medidas para dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas en formatos de fácil lectura y comprensión."

Sin embargo, aunque nuestro país cuenta con legislación relacionada con accesibilidad universal desde el año 2003, en materia de accesibilidad cognitiva nuestra legislación resulta claramente insuficiente. En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, no se


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recoge el término accesibilidad cognitiva, ni se hace mención a sus propiedades, recursos o herramientas, lo que impide que la accesibilidad cognitiva este dotada en nuestro país de plenas garantías normativas.

El movimiento asociativo que representa a la discapacidad organizada viene demandando una modificación legislativa y una mayor implicación por parte de las administraciones públicas para promover e impulsar la accesibilidad cognitiva y sus principales servicios o herramientas, preocupación que el Grupo Parlamentario Socialista comparte.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:

1. Desarrollar medidas que promuevan la accesibilidad cognitiva y el uso de la Lectura Fácil, el Lenguaje Claro y la señalización accesible para que la información generada por las Administraciones sea comprensible para el conjunto de la ciudadanía, y en especial para las personas con discapacidad intelectual y el resto de colectivos vulnerables.

2. Facilitar el acceso a un espacio ciudadano on-line, donde las personas puedan comunicarse con la Administración, todo ello, con garantía de cumplimiento de estándares de accesibilidad a la web, que eviten la discriminación de las personas con discapacidad, personas mayores y personas con reducido nivel de alfabetización, entre otras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Ana Prieto Nieto, Marisol Sánchez Jódar y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Infraestructuras Tecnológicas, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

España participa como miembro destacado en los programas científicos y tecnológicos internacionales más relevantes, así como en diversas infraestructuras científicas internacionales y europeas pertenecientes al Foro Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI), de talla mundial tal como corresponde a su nivel científico internacional. Ello proporciona a la comunidad científica española la oportunidad de participar en los proyectos de investigación que, bien por su temática global, bien por la necesidad de contar con una mayor masa crítica o bien por la especificidad de las disciplinas, solo puedan ser abordados desde un punto de vista internacional.

Entre las principales organismos e infraestructuras en que España participa destacan: el CERN (European Organization for Nuclear Research), uno de los centros de investigación más importantes en el mundo, modelo de colaboración científica internacional en física de partículas; la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO); el Centro de Regulación Genómica-European Molecular Biology Laboratory (EMBL), el Proyecto de fusión ITER, del que España alberga la sede de la agencia europea ("Fusión for Energy": F4E); PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) cuyo objetivo es la creación de una infraestructura europea de supercomputación de alto rendimiento; XFEL Europeo (European X Ray Free Electron Laser), infraestructura europea de láser de electrones libres de rayos X; Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity lnfo Facility), entre otros.

Pero para poder competir y colaborar en el contexto internacional es asimismo esencial ser capaces de atraer grandes proyectos e infraestructuras científicas internacionales y europeos en los que España


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participa. Y en este ámbito, de atracción de grandes instalaciones y proyectos científicos internacionales a nuestro país, también se ha avanzado.

Entre otros, nuestro país alberga una subsede del prestigioso Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Barcelona y acoge, en Sevilla, la sede estatutaria de LifeWatch-ERIC, Infraestructura Europea de e-Ciencia para Investigación de la Biodiversidad y Gestión de los Ecosistemas.

Por otro lado, en junio de 2019 se anunció que España acogerá uno de los grandes superordenadores europeos de EuroHPC en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. El Gobierno también ha promovido la candidatura de Granada para albergar el IFMIF-DONES (lnternational Fusion Materials lrradiation Facility-DEMO Oriented Neutron Source) del reactor de fusión nuclear ITER, consiguiendo que fuera una infraestructura europea prioritaria, atrayendo el apoyo otros países a la candidatura española y con la próxima constitución de un Consorcio participado por el Ministerio y la Junta de Andalucía para atraer esta instalación. La sede europea elegida, Granada, se encuentra actualmente en competición con la candidatura de Japón. Además, nuestro país está realizando un gran esfuerzo para albergar el TMT (Thirty Meter Telescope) en Canarias si finalmente no se instala en Hawaii (EE.UU.); los permisos necesarios están listos a todos los niveles.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar adoptando las medidas necesarias para atraer grandes instalaciones y proyectos científicos internacionales a nuestro país. Y, entre otras:

- Continuar impulsando la candidatura de Granada a albergar la infraestructura IFMIF-DONES del reactor de fusión nuclear ITER.

- Finalizar la preparación del proyecto para albergar el Telescopio TMT en Canarias si finalmente no se instala en Hawaii (EEUU).

- Poner en marcha el supercomputador que España ha conseguido que se instale en el Barcelona Supercomputing Center en el marco del proyecto EuroHPC."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Personal Investigador, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

Para lograr un sistema científico competitivo globalmente es imprescindible la captación, durante los próximos años, de investigadores reputados internacionalmente, ya sean españoles o extranjeros.

El itinerario profesional del personal investigador a nivel estatal está estructurado en nuestro país sobre la base de las ayudas para contratos que, en el marco de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Plan Estatal de l+D+i, oferta el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El Plan Estatal de l+D+i (2017-2020) vigente en la actualidad cuenta con un Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en l+D+i que persigue favorecer la incorporación y formación de recursos humanos en l+D+i. En concreto, su subprograma Estatal de Incorporación financia convocatorias que se resuelven por concurrencia competitiva, cuya finalidad es favorecer la incorporación de personal investigador.

Por lo que respecta a la etapa posdoctoral los tres programas estatales para la contratación de personal investigador doctor son, de más junior a más sénior, el programa Juan de la Cierva-Formación


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(dos años de contrato), el programa Juan de la Cierva-Incorporación (dos años adicionales de contrato) y el programa Ramón y Cajal (cinco años de contrato).

Al objeto de promover la incorporación de talento cualificado al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, resulta necesario instaurar un modelo alineado con los países de nuestro entorno en cuanto a la consecución de estándares internacionales; un modelo que reúna las siguientes características:

1. Que sea un modelo abierto al personal investigador doctor nacional y extranjero.

2. Que sea un modelo cuya selección esté basada en criterios de idoneidad y excelencia científica. Los requisitos exigidos a los candidatos deben garantizar un alto nivel de preparación.

3. El modelo deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación, incluyendo una serie de evaluaciones a lo largo del mismo: una evaluación inicial para formalizar el contrato en prácticas; una evaluación intermedia que, si es positiva, dará lugar a la formalización de un contrato de obra o servicio; y una evaluación final que, si es positiva, podrá dar lugar a formalizar un contrato indefinido.

4. El modelo deberá lograr la fidelización de estos investigadores para que, una vez incorporados al sistema, puedan continuar promocionando en el mismo, de acuerdo con los sistemas previstos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para instaurar un modelo de itinerario profesional para el personal investigador doctor que promueva la incorporación de talento cualificado al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Derecho Humano y Ciencia, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El derecho humano a la ciencia se recogió en la Declaración Universal de los Humanos en el año 1948, en su artículo 27:

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Ya en el año 1996 se amplió en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15:

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural.


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b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

La Conferencia Mundial sobre la Ciencia de la UNESCO, aprobó en 1999, la Declaración sobre la ciencia y el use del saber científico que incluía cuatro objetivos:

1. La ciencia al servicio del conocimiento; el conocimiento al servicio del progreso.

2. La ciencia a/ servicio de /a paz.

3. La ciencia al servicio del desarrollo.

4. La ciencia en la sociedad y la ciencia para /a sociedad.

La Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, incluye en su artículo 13 la investigación científica:

Artículo 13. Libertad de las artes y de las ciencias.

Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta /a libertad de cátedra.

Finalmente, el 1 de enero de 2016 entro en vigor la llamada Agenda 2030. Este plan consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. El Gobierno de España aprobó en 2018 el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en España. Una de las áreas prioritarias es la investigación científica y técnica para los ODS.

Aunque no se cita expresamente el derecho humano a la ciencia, el Ejecutivo ha impulsado la inclusión del desarrollo del derecho a la ciencia en el borrador del II Plan de Derechos Humanos.

En conclusión, las instituciones internacionales, europeas y nacionales reconocen y están desarrollando el derecho a la ciencia coma valor cultural, económico° y social.

Es por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando ante las Naciones Unidas que la ciencia goce de pleno reconocimiento y pueda ser desarrollado como un derecho."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Cultura Científica, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

En las últimas décadas se han comenzado a desarrollar políticas gubernamentales e institucionales para fomentar la cultura científica.


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La velocidad y la magnitud de los cambios científicos y tecnológicos y su impacto en la vida cotidiana justifican que los contenidos de la ciencia y la tecnología deban formar parte de la cultura de la ciudadanía. Sin ellos estaría condenada a no poder interpretar las implicaciones de la ciencia y la tecnología, a no tener criterio para decidir sobre los interrogantes que plantean los nuevos hallazgos científicos y a no saber valorar el alcance y los efectos de muchos de los nuevos productos y servicios que ofrece el mercado.

Todo ello justifica que las políticas científicas contemplen acciones para favorecer la comunicación y divulgación de la labor científica y tecnológica a la ciudadanía.

La adopción, por parte de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia (UNESCO), de la "Declaración sobre la ciencia y el uso del conocimiento científico" de 1 de julio de 1999, fomentó que muchos países incrementaran su sensibilización y número de iniciativas para que el conocimiento científico fuera compartido y existiera una auténtica cooperación entre todos los agentes involucrados en ciencia.

Las instituciones de la UE llevan más de una década desplegando políticas para el fomento de la divulgación. La primera vez que la UE incluyó este punto fue en el VI Programa Marco de l+D (2002-2006) con el Programa de "Ciencia y Sociedad". En el momento actual, se incluye dentro de H2020 mediante el Programa "Ciencia con y para la sociedad".

Con respecto a España, la primera vez que la política científica nacional contiene previsiones para fomentar la divulgación social de la ciencia es en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Acción Estratégica "Divulgación de la Ciencia y la Tecnología").

En 2001 se crea la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros objetivos, para "propiciar el desarrollo de una cultura científica e innovadora de toda la sociedad y actuar como vehículo de comunicación y difusión científica entre sus agentes y de ellos con la sociedad en general". Esta Fundación gestiona desde 2007 una Convocatoria de ayudas que financia acciones de cultura científica y fomenta las redes de divulgación.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), actualmente en vigor, en su artículo 38 "Cultura científica y tecnológica", establece que las Administraciones públicas "fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación".

Uno de los seis ejes prioritarios que con carácter transversal están presentes en la vigente Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y que permitirán, junto con los otros cinco, sentar las bases del futuro desarrollo económico y la prosperidad de nuestra sociedad, es el eje relativo la difusión de una cultura científica, innovadora y emprendedora. El reto es acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos. En materia de divulgación de la l+D+I se defenderá la imagen de la investigación, la tecnología y la innovación como actividades que promueven el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

FECYT viene realizando desde el año 2002 una encuesta bienal sobre la percepción ciudadana de la ciencia y la innovación. Los datos de la última edición de la encuesta de Percepción Social de la Ciencia reflejan que el conocimiento e interés por la ciencia ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, la participación ciudadana es todavía baja, actuando la ciudadanía en la mayoría de los casos como meros receptores de información.

El fomento de la cultura científica debe, por tanto, ir un paso más allá, dirigido a lograr que los ciudadanos tengan una opinión crítica e informada que les permita tomar sus decisiones individuales y colectivas, así como participar de forma real en el proceso de generación del conocimiento científico.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo acciones para incrementar la cultura científica de la ciudadanía española, al objeto de lograr una sociedad mejor formada e informada sobre ciencia que le posibilite tomar mejores decisiones personales y colectivas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor y del Diputado Joan Josep Nuet Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las visitas de delegaciones oficiales a los territorios saharauis ocupados para su debate en instancia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El pasado 28 de febrero una delegación del lntergrupo por la Paz y la Libertad del Sáhara del Parlament de Catalunya, formada por miembros del Fans Catala de Cooperació, de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la asociación juvenil Sahara Dempeus y miembros electos de la CUP, Catalunya en Comú Podem y Esquerra Republicana de Catalunya.

El objetivo de la visita no era otro que el de entrar en contacto con la realidad del pueblo saharaui que, tras 45 años de ocupación de su territorio por parte de Marruecos, vive a diario la situación de represión. Así, durante esta visita, los miembros de la delegación visitarían el territorio y se reunirían con activistas, organizaciones y familiares de activistas con la finalidad de conocer, de primera mano, la situación.

Pero, una vez el avión tomó tierra, se impidió que la delegación pudiese poner un pie en territorio saharaui: sin la presencia de ninguna autoridad, Marruecos comunicó, a través de la tripulación del avión, que no reconocía a aquella delegación como parte de un viaje oficial, así que no se les autorizaba a entrar en la región, facilitándoles una tarjeta de embarque con todos sus datos con otra compañía aérea para su vuelta.

El viaje había sido notificado desde el Parlament de Catalunya al Ministerio de Exteriores, quien le trasladó el mismo al Gobierno marroquí. La respuesta de Marruecos fue la misma que en otras ocasiones, reconociendo que era una "visita no deseada" y que era probable que no se autorizara. Y es que hace solo tres meses, a principios del mes de diciembre de 2019, se impidió también la entrada de cuatro diputados vascos.

Que las autoridades marroquíes impidan la entrada de delegaciones institucionales a los territorios ocupados del Sáhara es una práctica que el Estado español tendría que denunciar públicamente. Por responsabilidad histórica para con el territorio, así como muestra de los compromisos que España tiene con los Derechos Humanos y el derecho internacional, este tipo de acciones desproporcionadas y arbitrarias que tienen como único objetivo evitar que la situación de represión sufrida por el pueblo saharaui no tendrían que ser toleradas.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados condena que se haya vetado la entrada de una delegación institucional del Parlament de Catalunya a los territorios ocupados del Sahara, e insta al Gobierno español a:

1. Denunciar públicamente que las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente la entrada de delegaciones institucionales a territorio saharaui.

2. Exigir explicaciones a las autoridades marroquíes respecto a la negativa de autorización de entrada en territorio saharaui de dos delegaciones institucionales, así como por qué esta negativa no fue argumentada presencialmente por parte de autoridades marroquíes.

3. Revisar, de forma conjunta con las cámaras legislativas autonómicas, la forma mediante la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comunica los viajes de las delegaciones institucionales a otros Estados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Marta Rosique i Saltor y Joan Josep Nuet Pujals, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


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161/000314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas y de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas urgentes ante la crisis migratoria en la frontera tuco-griega, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Amnistía Internacional ha denunciado la vulneración por parte de Grecia de la legislación internacional en materia de asilo y migraciones poniendo en riesgo la vida de miles de refugiados que se encuentran en su frontera con Turquía con el anuncio del pasado lunes 2 de marzo de suspender temporalmente las solicitudes de asilo.

También se anunció políticas de deportación a los países de origen de dichos migrantes y refugiados.

Igualmente Amnistía mostró una gran preocupación por el anuncio de que Grecia realizará simulacros militares con munición real en medio de una nueva ola migratoria en su frontera, después de que Turquía anunció la apertura de fronteras. Se calcula que más de 130.000 migrantes han cruzado a Europa después de que Turquía abrió sus fronteras, acusando a la UE de no cumplir con sus acuerdos. La reacción griega ante los migrantes y los solicitantes de asilo ha sido dura, ya que muchos fueron maltratados, con gases lacrimógenos y se calcula ya al menos dos fallecidos.

La legislación comunitaria europea debería ser respetada por los estados miembros de la UE y la protección de los refugiados es un compromiso adquirido y asumido por los países firmantes de los tratados. Grecia debe defender el derecho de asilo y la UE debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se aplica la legislación en sus estados miembros.

Hasta ahora las instituciones europeas han expresado su solidaridad con Grecia ante la ola migratoria, pero no han defendido los derechos de los solicitantes de asilo que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Están muriendo personas en las fronteras europeas a consecuencia del incumplimiento de los tratados comunitarios de países miembros.

Los Estados miembros de la UE pueden contribuir a aliviar la situación ayudando a Grecia a tramitar las solicitudes de asilo, crear centros adecuados de acogida y reubicar en otros países a quienes solicitan asilo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Respetar las regulaciones marítimas y no obstaculizar las operaciones de rescate y salvamento de las ONG que operan en sus aguas.

2. Tomar las medidas necesarias para acabar con la persecución económica hacia las ONG que operan en aguas españolas mediante multas amparadas en la disposición adicional segunda, de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

3. Exigir al gobierno Griego el respeto a la legislación internacional en materia de asilo y el respeto a los acuerdos comunitarios en materia de refugiados.

4. Coordinar con las administraciones Autonómicas y Municipales un plan de ayuda para la recepción de una parte de dichos refugiados atrapados en la frontera turco-griega.

5. Instar a las instituciones comunitarias europeas a reformular los acuerdos para un Sistema Europeo Común de Asilo que responda a la magnitud del problema, suponga un reparto de responsabilidades justas, equitativas y sostenibles y garantice una tramitación ágil para los solicitantes .

6. Ayudar al Estado griego a tramitar las solicitudes de asilo.

7. Crear centros de acogida de refugiados y ofreciendo recursos a las distintas administraciones que gestionan la recepción de migrantes y refugiados.

8. Poner en marcha vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo: habilitando la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles; facilitando la emisión de visados humanitarios y de estudios.


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9. Promover, en la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores y del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, una respuesta solidaria teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida y respeto del derecho de asilo y de los derechos humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-María Carvalho Dantas y Marta Rosique i Saltor, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

Comisión de Igualdad

161/000315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso laboral de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En la actualidad, de los 64.448 agentes que tiene la Policía Nacional, 55.731 son hombres y 8.757 son mujeres; estas representan solamente el 12 % del total de los agentes de este cuerpo. En la Guardia Civil los datos sobre la paridad deseada quedan aún más lejos: de 74.395 efectivos de la Benemérita, 69.334 son hombres y 5.061 mujeres, lo que representa alrededor de un 7 % de mujeres. Además, este porcentaje baja a medida que aumenta la responsabilidad en la Benemérita: así, tenemos una participación femenina que representa un 27 % de la escala de oficiales, un 2 % de la escala de suboficiales y un 7,6 % de la escala de cabos y guardias.

En España, entre los requisitos exigidos para ingresar tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil se incluye una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 metros para las mujeres, mientras que en el Ejército, la altura mínima se reduce a 1,55 metros para todos los aspirantes. Los requisitos exigidos en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultan perjudiciales para las mujeres, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, el 50 % de las mujeres no llega a la altura de 1,60 metros, mientras que un 20 % de los hombres no llega a la altura de 1,65 metros. El porcentaje en el que se encuentran la mayoría de las mujeres es el que corresponde a los 151-160 cm, con un 42,1 % de la muestra. Por tanto, la altura establecida para las mujeres deja fuera a un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres, pues su coeficiente sobre la media es más favorecedor.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado ante el caso de una ciudadana griega, a la que le fue denegado el ingreso en la Escuela de Policía helena debido a que no alcanzaba la estatura mínima de 1,70 metros exigida tanto para hombres como para mujeres (Asunto C-409/16).

El Tribunal sentencia que la fijación de una estatura física mínima idéntica para todos los candidatos -que no es el caso de España-, donde este hecho se solucionó en 2007 modificando la normativa y estableciendo un mínimo diferenciado por sexo constituye una discriminación indirecta, dado que perjudica a un número muy superior de personas de sexo femenino que de personas de sexo masculino. El Tribunal se alinea así con las sentencias dictadas por tribunales norteamericanos, como el famoso caso Rawlinson, constatando la existencia de discriminación indirecta hacia las mujeres que, por sus características físicas, difícilmente pueden cumplir determinados requisitos físicos que los hombres, en cambio, cumplen más fácilmente, como es la altura, la envergadura o el peso.

Pero, además, el Tribunal europeo incorpora una serie de observaciones que matizan la consideración de la altura como un elemento definitivo para la pertenencia a cuerpos como los de la policía. Así, recoge referencias a la regulación del tráfico o el auxilio ciudadano, por ejemplo, tareas ambas de gran importancia en el desempeño de los agentes de policía, para las que el Tribunal entiende que no se necesita especial fortaleza o altura, mientras que sí se necesita para la detención o custodia de los autores de hechos


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delictivos. Por tanto, si bien es cierto que el ejercicio de determinadas funciones de policía podría requerir el empleo de la fuerza física e implicar unas condiciones y características físicas particulares, no lo es menos que otras, como el auxilio e información al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan aparentemente de un esfuerzo físico elevado.

Así, podemos plantearnos si la fijación de esa altura mínima para las mujeres, que como vemos, limita de manera desigual y quizá discriminatoria a mujeres y hombres en su acceso a los Cuerpos de Policía Nacional o Guardia Civil, es adecuada para garantizar el objetivo perseguido -el óptimo desempeño del servicio a prestar en lo que se refiere a sus requisitos físicos- o va más allá de lo imprescindible, limitando en exceso la posibilidad de acceso de muchas mujeres y suponiendo en la práctica una limitación en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos fundamental facilitar el acceso laboral de aquellas mujeres que tienen vocación por entrar en los Cuerpos de la Policía Nacional o la Guardia civil y remover cualquier barrera que pudiera ser perjudicial o discriminatoria. En pleno siglo XXI, consideramos que los requisitos de altura que se exigen a las mujeres para entrar tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil deben ser rebajados y que solamente se podrían justificar para aquellos puestos de trabajo donde la fuerza y la complexión física sean requisitos necesarios para realizar unas funciones determinadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rebajar los requisitos de altura exigidos para el acceso de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, estableciendo las excepciones que se consideren imprescindibles solo para aquellas funciones que requieran el empleo de la fuerza física y/o impliquen una aptitud física particular."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Marta González Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio de denominación de espacios públicos con nombre de agresores sexuales, para su debate en Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La violencia sexual es una manifestación terrible de la violencia de género. Esta violencia que afecta a las mujeres, incluida la violación, es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres y niñas, que se comete contra las mujeres por ser mujeres, tanto en España como en otros países del mundo. La violencia sexual vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la integridad física y moral, la igualdad y la dignidad.

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa define la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. Este convenio amplía el marco de la violencia de género refiriéndose específicamente al consentimiento como elemento para definir la violencia sexual que los Estados deben tipificar.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones realizadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, el 50 % de las españolas han sufrido acoso sexual y el 49 %


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han evitado determinados sitios o situaciones por miedo a ser atacadas física o sexualmente. Una de cada veinte mujeres europeas ha sido violada. El 11 % de las españolas ha sufrido violencia sexual en su niñez. Según datos del Ministerio de Interior en 2019 en nuestro país se cometieron 2.519 delitos contra la libertad e indemnidad sexual lo que supone un incremento del 7.8 % en relación al año anterior.

En los últimos años, y gracias al empuje del movimiento feminista, la violencia contra las mujeres está en el corazón de la agenda política, social y mediática. En relación a la violencia sexual son muchos los avances que se han producido en relación a la ampliación y definición del concepto de violencia sexual. Las mujeres españolas han alzado la voz y dado forma a la violencia sexual que sufren. Las mujeres que han sufrido violaciones han explicado que ante una agresión, resignarse para mantener la vida no es consentir una relación sexual. Las mujeres han hecho públicas las agresiones que han sufrido visibilizando de este modo que no se trata de casos aislados sino de un problema estructural. Han explicado cómo se produce el acoso callejero, las violaciones y el acoso sexual dentro del ámbito laboral.

Son numerosas las iniciativas que desde el movimiento feminista se han impulsado para nombrar y reconceptualizar el acoso, las agresiones sexuales y las violaciones que de forma mayoritaria las mujeres sufren y viven en silencio. Esa ruptura del silencio que las mujeres han iniciado está impactando muy positivamente en toda la sociedad que muestra una mayor sensibilización en relación a este tema.

A pesar de los muchos avances legislativos y sociales en esta materia, todavía existen casos en los que se culpa o responsabiliza a las víctimas de la violencia sexual que han sufrido. Se cuestiona si las víctimas habían consumido alcohol o drogas, la ropa que vestían, si estaban solas o acompañadas. Nuestra sociedad ha minimizado y silenciado las agresiones sexuales hasta el punto de normalizar esta violencia.

Una sociedad democrática debe combatir con todos los instrumentos que tenga a su alcance la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Facilitar la recuperación y reparación de las víctimas de agresiones sexuales debe de estar en el centro de nuestros objetivos como país. Esa reparación es absolutamente incompatible con posibles homenajes y reconocimientos sociales que puedan recibir personas que han sido condenadas o que han reconocido ser agresores sexuales. Una sociedad justa no trata de igual modo a víctimas y a victimarios.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar que todas las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomen las medidas oportunas para el cambio de denominación de aquellos espacios públicos o proyectos que tengan el nombre y, por tanto sirvan como homenaje y reconocimiento público, de personas que hayan sido condenadas en firme por agresión sexual.

2. Solicitar a todas las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, que reconsideren la denominación de espacios públicos con el nombre de personas que han declarado públicamente haber cometido agresiones sexuales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Adriana Lastra Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género

161/000329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre pensiones de viudedad de parejas de hecho para garantizar de


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forma más equitativa y eficiente su fin de protección, para su debate en Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo.

Exposición de motivos

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, introdujo relevantes reformas en la regulación de la acción protectora de nuestro Sistema de Seguridad Social, siguiendo el Acuerdo que al efecto se suscribió por el Gobierno y los interlocutores sociales el 13 de julio de 2006, así como las Recomendaciones del Pacto de Toledo en su renovación de 2003.

Entre estas reformas, y por lo que al objeto de esta iniciativa se refiere, hay que destacar las relativas a las prestaciones de muerte y supervivencia, en concreto, las efectuadas sobre la pensión de viudedad y, dentro de esta, el reconocimiento de esta pensión a los supérstites de parejas de hecho, siempre que "acrediten una convivencia estable y notoria (.../...), así como dependencia económica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en función de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad." (exposición de motivos, párrafo 8).

Esta importante extensión de la intensidad protectora del sistema de Seguridad Social responde a un "propósito de modernización (.../...) al abordar situaciones creadas por las nuevas realidades familiares" (exposición de motivos, párrafo 2), dando así respuesta a emergentes demandas sociales.

No obstante, la ordenación de la pensión de viudedad de parejas de hecho estables, recogida en el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (en delante, LGSS), desde su regulación no ha estado exenta de litigiosidad dadas las distintas condiciones requeridas para el acceso a esta pensión frente a las establecidas para la generación de la pensión de viudedad con vínculo matrimonial.

Este diferente tratamiento jurídico fue reconocido por la propia Exposición de Motivos, párrafo 8, de la Ley al señalar que "habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad", y ello pese a que se ha intentado una "aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial".

De este modo, el artículo 221, apartado 1, LGSS establece que "cumplidos los requisitos de alta y cotización (.../...) tendrá derecho a pensión de viudedad quien se encontrase unido por el causante (.../...), formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad." Y continúa: "No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo profesional vigente, por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente."

De esta regulación se desprende que la Ley garantiza la pensión de viudedad a las parejas de hecho en situaciones de dependencia y precariedad económica, de ahí la referencia al SMI, y, a su vez, que son los hijos comunes los que identifican y cualifican esa concreta situación de necesidad para hacerla merecedora de mayor protección.

La proporcionalidad de este distinto tratamiento jurídico entre las parejas casadas y las parejas de hecho y su adecuación al artículo 14 de la Constitución, así como a sus artículos 39 y 41, ha motivado diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

En SSTC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ·3 y 4, así como 41/2013, de 14 de febrero, FJ 4, el Tribunal Constitucional se pronunció, entre otras cuestiones, sobre la amplia libertad del legislador en la configuración legal de las prestaciones de Seguridad Social "con los requisitos y en los términos que se considere pertinentes". Y también determinó que es "perfectamente constitucional una regulación de la pensión de viudedad para parejas de hecho (.../...) que no replique enteramente el régimen jurídico de la pensión de viudedad previsto para los matrimonios, en particular una regulación cuyo reconocimiento se fundamenta en la concurrencia de una situación real de necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares" STC 41 /2013 FFJJ 3 y 4. Esta doctrina es reiterada por AA TC 167/2017 y 8/2019.


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Sin embargo, el juicio de constitucionalidad no obsta al análisis y valoración de una regulación legal que provoca desprotección cuando la situación de necesidad de la pareja supérstite surge tras el fallecimiento de la persona que hubiera podido ser causante de la pensión de viudedad, habida cuenta de que solo se atiende a la renta de la unidad familiar previo al momento del óbito. Cambio de situación económica que sí se tiene en cuenta para determinar la pérdida de la pensión de viudedad en las parejas de hecho cuando vienen a mejor fortuna desde una precariedad marcada por unos ingresos referidos al SMI (221.1, párrafo 2, LGSS).

Además, esa situación real de necesidad se da generalmente en unidades familiares en las que es la mujer la supérstite, con hijos comunes a su cargo, produciéndose también en este supuesto una feminización en los casos de desprotección.

En consecuencia, en atención a las SSTC anteriormente recogidas que apelan a ese amplio margen de apreciación que asiste al legislador "en la determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas (.../...) a la hora de regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen, las circunstancias socioeconómicas, la disponibilidad de medios de financiación y las necesidades de los diversos grupos sociales, así como la importancia relativa de las mismas" [STC 41/2013,FJ 3.c)], y toda vez que existen evidencias de que existen situaciones dignas de protección no atendidas, especialmente en el caso de parejas de hecho cuya supérstite es una mujer con hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, parece aconsejable revisar y adoptar, junto con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social y de acuerdo con las Recomendaciones del Pacto de Toledo, las medidas que permitan que la regulación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho cumplan con su finalidad de protección, teniendo en cuenta la regulación global de las prestaciones de muerte y supervivencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las Recomendaciones del Pacto de Toledo, revise la regulación de la pensión de viudedad en los casos de pareja sin vínculo matrimonial y adopte las medidas que permitan garantizar de forma más equitativa y con mayor eficiencia el fin de protección perseguido por las mismas, teniendo en cuenta la regulación global de las prestaciones de muerte y supervivencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-María Mercè Perea i Conillas y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales

161/000294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la independencia de la Agencia EFE, para su debate en la Comisión de auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

Exposición de motivos

El sorpresivo cese del Presidente de EFE, don Fernando Garea, tras un mandato inusualmente breve para lo que ha sido tradición en la Agencia, unido a sus declaraciones de despedida -"una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial"- reafirman la necesidad de garantizar la independencia, estabilidad e imparcialidad de ese cargo de designación pública.


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En sus 80 años de vida, EFE ha forjado un indiscutible prestigio como agencia de noticias imprescindible para la difusión de noticias en español en el mundo de habla hispana.

Los periodistas de la Agencia EFE también se hicieron eco de "la destitución sin explicaciones" de su Presidente y recordaron que "la agencia carece de línea ideológica". El propio Estatuto de Redacción de la Agencia proclama que "EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto".

Con esa voluntad de garantizar la independencia de la Agencia EFE, en enero de 2019, poco antes de disolverse las Cámaras por la convocatoria anticipada de las elecciones, los Grupos Parlamentarios del Congreso iniciaron los trabajos para impulsar una reforma legal que garantizara que la elección del Presidente de la Agencia EFE se hiciera con un amplio acuerdo parlamentario. En aquella iniciativa conjunta, los Grupos coincidían en destacar el objetivo de "preservar la neutralidad e independencia de los medios públicos de comunicación, y garantizar a su gestor el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso".

La fórmula más eficaz para garantizar la independencia y neutralidad de los cargos públicos que se designan al frente de instituciones de especial relevancia consiste en someter su elección a una comparecencia previa en el Congreso, en la que se evalúa sus méritos e idoneidad. Tras esa comparecencia, esa elección solo queda avalada si logra el respaldo de una mayoría reforzada de la Cámara.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma legal que garantice que el candidato a Presidente de la Agencia de Noticias EFE se someta a comparecencia pública previa en el Congreso de los Diputados a los efectos de valorar sus méritos e idoneidad.

Tras esa comparecencia pública, la candidatura del Presidente de la Agencia EFE se someterá a votación y deberá obtener el respaldo de una mayoría reforzada del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2020.-Pilar Marcos Domínguez y Macarena Montesinos de Miguel, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000344

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre las garantías necesarias para velar por la independencia de los miembros de la Junta Electoral Central.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de errores presentada mediante escrito número de registro 15215 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las garantías necesarias para velar por la independencia de los miembros de la Junta Electoral Central, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

Exposición de motivos

El 26 de febrero de 2020 se debatió en el Pleno del Congreso una Moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la que se defendía la despolitización, neutralidad y ausencia de afinidad política de sus miembros, para el caso de los Órganos Constitucionales y organismos supervisores de la Administración General del Estado.

Pues bien, el mismo día se tuvo conocimiento de que precisamente Ciudadanos había estado retribuyendo mensualmente como asesor a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) designado por el Congreso.

Es el caso, no desmentido por las partes concernidas, del Sr. Andrés Betancor, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, que ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, tras su comparecencia en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja y a propuesta del Partido Ciudadanos.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo seleccionados por sorteo y cinco catedráticos de Derecho, Sociología o Ciencias Políticas designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso de los Diputados. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria.

Esta actuación del partido Ciudadanos denota que es necesario revisar a fondo el procedimiento seguido hasta el momento en la designación de los vocales de la Junta Electoral Central, para que algo así no pueda volver a ocurrir.

En base a las anteriores consideraciones, velando por el principio de transparencia y en defensa de la regeneración democrática, y con el fin de evitar irregularidades, conflictos de intereses y velar por la independencia de la Junta Electoral Central,

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su compromiso a impulsar, por el procedimiento reglamentario pertinente, las reformas legislativas necesarias para garantizar que en defensa de la calidad de la democracia velará por la independencia de la Junta Electoral Central impidiendo con todos los medios que tenga a su alcance que cualquiera de sus miembros incurra en situaciones que pudieran calificarse de irregulares.

2. La necesidad de impulsar la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, de 19 de junio, para recoger como causa de incompatibilidad con la condición de miembro de la Junta Electoral Central el estar vinculado por relación laboral o mercantil con alguno de los partidos políticos inscritos en el Registro y que concurren a los procesos electorales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Odón Elorza González y Ariagona González Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/000334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas, la Diputada Norma Pujol Farre y de Ia Diputada Marta Rosique i Saltor al amparo de lo establecido en el artículo 193


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y siguientes del Reglamento de Ia Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos de la situación de vulnerabilidad extrema entre los jóvenes migrantes que abandonan el sistema de protección a Ia infancia con la mayoría de edad, para su debate en la Comisión de Derechos a la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

Actualmente la mayor parte de los Menores no Acompañados, los mal llamados MENAS, padecen de una situación de extrema vulnerabilidad una vez se produce su salida del sistema de protección a la infancia de las Comunidades Autónomas en un plazo no superior, de promedio, a los nueve meses, después de cumplir los dieciocho años. Este hecho hace prácticamente imposible un verdadero proceso de acompañamiento e integración socio laboral.

Estos menores, que en menos de un año, son legalmente adultos por cumplimiento de la mayoría de edad tienen derecho a la obtención de la residencia temporal no lucrativa, dicho permiso de residencia les impide trabajar de forma regular y les aboca a la economía sumergida y a la precariedad y estigmatización.

Las CC.AA. y el resto de corporaciones municipales no disponen de los recursos suficientes para ofertar soluciones habitacionales de continuidad que sirvan de palanca para permitir mantener los programas y elementos de trabajo para continuar su proceso de integración, ya no como menores tutelados, sino como jóvenes migrantes.

Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, se detecta que la problemática, más allá de la situación habitacional que es competencia exclusiva de las CC.AA. y otras instituciones, podría ser atajada por el Gobierno de España si, como sucede en el caso de los solicitantes de asilo y refugio, se impulsa una directriz para reconocer automáticamente a la salida del sistema de protección a la infancia de permiso de trabajo para dichos jóvenes migrantes, resolviendo así tanto la situación de falta de inclusión como, por otro lado, aportando una vía efectiva y real para incorporarlos al mercado laboral.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para una efectiva colaboración entre los departamentos y administraciones implicadas en la gestión y concesión de permisos de trabajo para automatizar, agilizar y facilitar los trámites de acceso al permiso de trabajo y residencia para jóvenes migrados.

2. Transferir a las administraciones competentes los recursos necesarios para una adecuada atención al fenómeno de los menores y jóvenes migrantes para garantizar un proceso de integración efectivo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-María Carvalho Dantas, Marta Rosique i Saltor y Norma Pujol i Farré, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

181/000053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grupo Parlamentario VOX

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo

Diputado don Juan José Aizcorbe Torra, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)

Dirigida al Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, don José Luis Escrivá Belmonte.

Texto:

¿Considera su Gobierno que desincentivar los planes de pensiones privados es la estrategia más adecuada para garantizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía al alcanzar la jubilación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Juan José Alacorbe Torra, Diputado.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/000024

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuáles son las medidas previstas por el Gobierno de España en apoyo al sector turístico en los próximos meses para evitar la pérdida de competitividad que ya se está produciendo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000025

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a los programas de apoyo a los destinos turísticos inteligentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.


Página 112




181/000026

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuál es el número de asientos ofertados para volar a España en los tres primeros meses del año respecto al mismo periodo del año 2019, desglosado por aeropuerto de destino, procedencia y aerolínea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000027

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Prevé el Gobierno de España poner en marcha un plan específico para impulsar la modernización y renovación de maquinaria y otros elementos en el sector de la hostelería y la restauración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000028

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuál es el plan de promoción de Turespaña previsto para el año 2020?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000029

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló


Página 113




Texto:

¿Qué consecuencias directas e indirectas sobre el conjunto de la industria turística española puede provocar la creación de un nuevo impuesto especial sobre el uso del transporte aéreo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000030

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Considera el Gobierno de España que un nuevo impuesto especial sería la estrategia adecuada de mejorar la conectividad aérea y aumentar la llegada del número de turistas a nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000031

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Ha asumido el Gobierno de España algún compromiso en materia de transferencia y desmantelamiento de la Red de Paradores de Turismo de España con 90 años de historia como contraprestación al apoyo parlamentario que prestan determinadas formaciones políticas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000032

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Es cierto que el Gobierno de España pretende transferir la gestión y explotación de algunos establecimientos de la Red de Paradores de Turismo de España a las Comunidades Autónomas donde se ubican?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.


Página 114




181/000033

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuáles han sido cada una de las acciones impulsadas dentro de la campaña de promoción "We have Spain in Common" y cuál ha sido el coste de cada una de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000034

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Considera el Gobierno de España, tal como ha manifestado la Vicepresidenta Cuarta, que quien viaja en avión es porque tiene más recursos y por ello habría que plantear un nuevo gravamen sobre el transporte aéreo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000035

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuáles son los planes del Gobierno para seguir manteniendo a España como el país más competitivo del mundo en materia turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000036

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló


Página 115




Texto:

¿Qué acciones tiene previsto impulsar el Gobierno de España para mejorar la conectividad aérea desde el continente asiático?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000037

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Qué acciones tiene previsto impulsar el Gobierno de España para mejorar la conectividad aérea desde el continente americano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000038

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Cuál ha sido el incremento de rutas y frecuencias experimentado en los aeropuertos españoles desde el año 2012 y hasta la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000039

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Qué acciones tiene previsto impulsar el Gobierno de España para mejorar la conectividad aérea desde Rusia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.


Página 116




181/000040

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿En qué consisten los planes del Gobierno respecto a la rehabilitación de los destinos turísticos maduros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000041

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿En qué consiste la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 del Gobierno de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000042

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló

Texto:

¿Qué acciones tiene previsto impulsar el Gobierno para mejorar la formación en el sector turístico vinculada al empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

181/000043

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Diputado don Agustín Almodóbar Barceló


Página 117




Texto:

¿En qué consisten los planes del Gobierno respecto a la rehabilitación de los destinos turísticos pioneros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/000044

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputada doña Milagros Marcos Ortega

Texto:

¿Qué medidas se encuentran previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prevenir futuras plagas y evitar la propagación de la población de topillo campesino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

181/000048

Grupo Parlamentario Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Diputada doña Inés Sabanés Nadal

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