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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 112, de 26/06/2020
cve: BOCG-14-D-112
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de junio de 2020

Núm. 112


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

DIPUTADOS

Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página2)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilización del superávit y los remanentes de tesorería de las Administraciones Públicas canarias ... (Página13)

162/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas ... (Página15)

162/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre apoyo al pequeño y mediano comercio ... (Página17)

162/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la cultura en libertad ... (Página20)

162/000319 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural y Euskal Herria Bildu, relativa a la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español ... (Página21)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

ÍNDICE

DURÁN PERALTA, José Carlos (GS) (núm. expte. 005/000325/0001) 1 ... (Página8)

GÁZQUEZ COLLADO, Paloma (GP) (núm. expte. 005/000266/0001) 1 ... (Página3)

0 Declaración inicial.

1 Modificación de la declaración.

2 Declaración final.


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a utilización del superávit y los remanentes de tesorería de las Administraciones Públicas canarias, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La evolución del impacto que la crisis de la COVID-19 está ejerciendo sobre la economía canaria pone de relieve nuestra alta especialización en los sectores más afectados por la suspensión de actividades impulsada por el Real Decreto de estado de alarma. Una situación que se ha visto amplificada al coincidir en plena temporada alta turística en Canarias, lo que ha provocado que la intensidad del impacto socioeconómico en nuestro territorio sea claramente superior al de otras Comunidades Autónomas, lo que justificaría la adopción de medidas específicas de apoyo a nuestro archipiélago.

La crisis sanitaria ha repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística. En todas las proyecciones que se realizan en nuestro país a nivel autonómico, Canarias figura, precisamente por el cero turístico al que se ha visto sometida, entre las Comunidades Autónomas más gravemente afectadas en el plano económico.

El PIB turístico de Canarias alcanzó los 16.099 millones de euros, elevándose su contribución a la economía de las islas al 35,0 % en 2018. Concretamente el turismo generó 343.899 puestos de trabajo ese año, lo que representa el 40,4 % del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo año.

Las consecuencias del parón de nuestra principal actividad empresarial y el efecto arrastre que conlleva sobre el resto de actividades económicas del archipiélago que influirán sobre el PIB y el empleo al cierre del año 2020, vienen condicionados por las distintas hipótesis y metodologías de análisis utilizadas. Así, por ejemplo, entidades como el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) o el ISTAC han realizado estimaciones sobre la reducción del PIB canario en 2020 que oscilan entre un 12,7 % (escenario optimista) y un 32,3 % (en el escenario más pesimista).

En cualquier caso, se prevé para este año una caída de ingresos para las administraciones públicas canarias, vía caída de recaudación tributaria, del orden de los 1.500 millones de euros, un incremento del paro hasta alcanzar el 26 % y la amenaza de que la tasa de pobreza y exclusión social alcance al 60 % de la población canaria.

Para poder mitigar las negativas consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19 sobre Canarias, se requiere actuar con carácter urgente y adoptar decisiones excepcionales ante situaciones excepcionales.


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El superávit presupuestario y el remanente de tesorería de las entidades locales, cabildos insulares y la Comunidad Autónoma de Canarias en 2019 ascendió aproximadamente a 4.500 millones de euros, un ahorro que a nivel nacional puede alcanzar los 28.000 millones de euros que tienen depositados en entidades financieras como consecuencia de haber generado superávits desde el año 2012.

Hay que señalar que la generación de dichos superávits y remanente en las administraciones no se debe solamente a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), sino a la gestión eficiente y rigurosa de los recursos financieros, lo que ha provocado de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario y a tener unas administraciones públicas saneadas. Permitiéndonos tener ahora este colchón de recursos financieros para enfrentarnos a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. Por lo que es más importante y justo aún que se nos permitan su utilización por parte del Estado.

Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.

Desde hace varios años, las entidades locales, Cabildos Insulares e incluso la Comunidad Autónoma de Canarias, que están saneadas y que cumplen con los criterios la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el periodo medio de pago a proveedores, han venido reclamando al Gobierno una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.

Las entidades locales y los Cabildos constituyen las administraciones más cercanas a los canarios y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de la Comunidad Autónoma y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.

Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por la COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, desempleados, etc.), por ejemplo, aumentar las partidas de emergencia social, ampliar los servicios de ayuda a domicilio, implementar ayudas a los sectores productivos. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para atender a sus vecinos y proteger a los trabajadores públicos.

Por otra parte, la gran mayoría de entidades locales han aplazado y/o anulado el pago de tributos locales (impuestos, tasas y precios públicos), así como rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios.

Y todo esto en un contexto de escasez de recursos financieros, falta de liquidez e incertidumbre ante la parálisis y el retraso del Gobierno de Canarias a la hora de cumplir con las transferencias a las entidades locales, en especial con el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Por lo que, en muchas ocasiones, ven restringidas sus posibilidades para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y proteger a sus vecinos y tejido productivo por la falta de recursos económicos. Situación frustrante si tenemos en cuenta que en los bancos se acumula el dinero del superávit y remanente, cuyos importantes no se pueden usar libremente por las numerosas reglas que deben cumplirse para poder aplicarlo y por el límite de actuaciones que pueden realizarse con dichos recursos.

Unas limitaciones que siguen vigentes, aunque el Gobierno haya aprobado, a través del Real Decreto-ley 11/2020 -de 31 de marzo- por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, la posibilidad de que las entidades locales destinen el 20 % de su superávit para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente a la pandemia.

Y siguen vigentes porque este Real Decreto-ley no suprime la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la LOEPSF y, por tanto, impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit, ni siquiera en ese 20 %.

Además, un 20 % que es insuficiente para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses las entidades locales junto a los Cabildos Insulares y la Comunidad Autónoma, deberán seguir desarrollando para garantizar la salud, el bienestar de sus vecinos y la recuperación económica, especialmente de aquellos más afectados por la crisis sanitaria y económica.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Flexibilizar la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir a la Comunidad Autónoma de Canarias el uso del 100 % del superávit de 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.

2. Flexibilizar la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir el uso del 100 % del superávit de 2019 y del remanente de tesorería, a los Ayuntamientos y los Cabildos con el fin de que puedan poner en marcha aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.

El superávit y el remanente podrán destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación de un Plan Económico-Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).

3. Autorizar a la Comunidad Autónoma el uso de los 500 millones, correspondientes a parte de la sentencia judicial sobre el Convenio de Carreteras y que están contabilizados en el superávit del año 2018, para gastos no financieros de libre disposición, excluyéndolo de su cómputo en el cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-María Auxiliadora Pérez Díaz, Guillermo Mariscal Anaya, Ana María Zurita Expósito, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Antonio González Terol, María Elvira Rodríguez Herrer y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000316

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.

Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Proposición no de Ley sobre la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, para su posterior debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Desde 2007, con la aprobación de la Ley de Igualdad, funcionarios y funcionarias de prisiones trabajan indistintamente en módulos masculinos y femeninos de las cárceles en España. Actualmente existe un déficit de 3.500 plazas de funcionarios en nuestras prisiones, lo que se traduce en que estos deban realizar tareas, como el cierre de celdas o el reparto de las comidas, solos, lo que es particularmente peligroso en el caso de las funcionarias.

Hoy en día existe una funcionaria para una media de 100 internos varones, lo que resulta enormemente limitado, no solo por la carga de trabajo que supone a la hora de llevar a cabo con eficacia las tareas propias del puesto de trabajo, sino por el riesgo para las mujeres trabajadoras que implica esta situación en un entorno tan vulnerable al conflicto, en muchas ocasiones, de carácter sexual, como es una prisión.

Las funcionarias de prisiones han denunciado reiteradamente la desprotección que sufren frecuentemente ante agresiones de carácter sexual, como tocamientos, acorralamientos, masturbaciones, exhibicionismo, miradas lascivas, comentarios lascivos en grupo, etc. Y ejemplos pueden mencionarse muchos, como el ocurrido en el Hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante, donde se produjeron tocamientos y acorralamientos a una funcionaria que, para mayor estigma, Instituciones Penitenciarias no consideró agresión sexual, o el acontecido en el Centro Penitenciario de Ocaña II donde, a pesar de que un interno se masturbó delante de la psicóloga en el despacho, la dirección del centro no tomó medidas adecuadas, limitándose a poner un cartel prohibiendo al personal femenino tener contacto con el interno a solas.

Estas situaciones, y muchas más que ocurren casi a diario, son reflejo de la total desprotección en la que se encuentran las trabajadoras de las prisiones españolas y de la equivocada política de culpabilización de la víctima que sucede, también en nuestras cárceles, cuando la única medida que se toma para impedir estos reprobables comportamientos es la de alejar a las funcionarias de las tareas propias de su puesto de trabajo. Por ello, las trabajadoras de los centros penitenciarios han manifestado en muchas ocasiones que no confían en que la administración penitenciaria las ayudará, por lo que apenas denuncian estos casos que se producen con una enorme frecuencia.

Es imprescindible que las autoridades penitenciarias denuncien de oficio y apoyen a su personal femenino, en vez de restar importancia a los casos o revictimizar a las agredidas.

Por otro lado, muchas de estas agresiones, y otras tantas de todo tipo sucedidas también a los funcionarios hombres, podrían evitarse si todos ellos y ellas tuviesen reconocida la condición de agentes de la autoridad. Aunque la autoridad que ejercen está reconocida de facto, ninguna ley les otorga este rango, aunque el número de agresiones no deja de incrementarse, con más de 2.000 contabilizadas en el último quinquenio.

Es esta una reivindicación histórica de este colectivo que trata, diariamente, con situaciones de enorme vulnerabilidad al conflicto y al uso de la violencia. Otorgarles dicha condición, que hoy todavía no les reconoce ninguna norma con rango de ley, ayudaría a proteger de una manera más garantista su integridad física, en un contexto de constante incremento del número de agresiones de las que son objeto.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, en un plazo de seis meses, un informe que estudie las medidas a adoptar para la consideración de la perspectiva de género en la situación de las funcionarias de prisiones y otras trabajadoras de las cárceles españolas, que será presentado ante las Comisiones de Interior e Igualdad del Congreso de los Diputados.

2. Establecer un plan o protocolo de actuación para prevenir los ataques y agresiones de carácter sexual que sufren las funcionarias y trabajadoras en los centros penitenciarios españoles, que recoja


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medidas eficaces para su protección y que no supongan la revictimización o culpabilización de la víctima.

3. Llevar a cabo las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica General Penitenciaria a efectos de establecer la consideración de los y las funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras y Sara Giménez Giménez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Más País, desde el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno de apoyo al pequeño y mediano comercio.

Exposición de motivos

El pequeño y mediano comercio constituye una actividad crucial para el empleo y para el conjunto de nuestra economía, pero también cumple una función decisiva en la transformación morfológica de las ciudades, por lo que constituye un eje esencial para la dinamización de una vida comunitaria equilibrada, por las conexiones que aporta entre territorio, ciudad, ecología y cultura. Ciudad y comercio son un binomio inseparable: una ciudad desarticulada es incompatible con una estructura comercial de calidad y un comercio urbano con buena salud constituye posiblemente el mejor instrumento de que dispone una ciudad para la vitalidad de la vida urbana.

Durante estos meses de confinamiento la mayor parte del pequeño y mediano comercio ha sufrido con enorme intensidad las consecuencias de esta crisis. Aunque ha habido importantes medidas para paliar la situación de los negocios, no ha habido ninguna actuación específica dirigida a este sector.

A esto se añade el daño que han causado las modificaciones legislativas introducidas por los anteriores gobiernos del PP, en especial liberalizando los horarios comerciales en beneficio de las grandes superficies comerciales, ya que, por un lado, la mayoría de los pequeños establecimientos comerciales están llevados por personas que son autónomas y, por otro, todos los estudios sobre comportamiento de la demanda comercial coinciden en que las compras se concentran los domingos y festivos en las grandes superficies comerciales en detrimento de las compras en el pequeño y mediano comercio, por lo que abrir en domingos o festivos para competir con las grandes superficies comerciales les supone un alto coste a veces inasumible y por el contrario no encuentran apenas compensación en las ventas.

Estas modificaciones rompieron el equilibrio entre formatos comerciales en detrimento del pequeño y mediano comercio. En particular, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, impuso una fuerte liberalización de horarios comerciales, cuyas principales medidas fueron:

- Ampliar el horario semanal de 72 horas a 90 horas.

- Ampliar los domingos y festivos de apertura autorizada de 8 a 10 al año.

- Ampliar los criterios para la declaración de zonas de gran afluencia turística.

- Imponer a las CCAA la obligación de la declaración de, al menos, una zona de gran afluencia turística en las ciudades que cumplieran determinados requisitos.

Ampliando aún más en la desregulación de horarios comerciales, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, modificó a la baja el umbral requerido para la obligatoriedad de la declaración de, al menos, una zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, tanto de las pernoctaciones como de los habitantes (de 1.000.000 de pernoctaciones a 600.000 y de 200.000 habitantes a 100.000), penalizando a los municipios que no declaren una zona de gran afluencia turística con la liberalización total de horarios durante todo el año.


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Igualmente, la desregulación de las rebajas ha supuesto un duro golpe para el pequeño y mediano comercio que tenía una importante cuota de sus ventas durante la campaña de navidad y de primavera, cumpliendo las rebajas de invierno y verano una función complementaria para la venta del stock. Desde la desregulación de los periodos de rebaja las ventas han caído para el pequeño y mediano comercio que no pueden competir con las agresivas campañas de las plataformas internacionales de comercio on line y de las grandes superficies comerciales.

Al mismo tiempo, la competencia desarrollada por las plataformas internacionales de ventas on line, están reduciendo progresivamente la cuota de mercado del pequeño y mediano comercio, con una competencia desleal en cuanto a los costes fiscales y en cuanto a la externalización de impactos ambientales, ya que el envío de productos a través del transporte de mercancías prácticamente individualizado supone un fuerte incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Por ello es necesario regular la información para que haya transparencia en el impacto ambiental y la huella de gases de efecto invernadero que genera.

Así mismo, para paliar el impacto ambiental y desincentivar la venta de mercancías a grandes distancias, se debe establecer una tasa en función de la emisión de gases de efecto invernadero en la distribución individualizada de las ventas y sus devoluciones, realizadas por las plataformas on line, cuando el transporte de la mercancía exceda del ámbito urbano, afectando los rendimientos del impuesto a la financiación del plan de ayudas al pequeño y mediano comercio, a través de las Comunidades Autónomas.

Las grandes superficies comerciales también han afectado sensiblemente al modelo de ciudad como consecuencia de desplazar en muchas ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la periferia, con el consiguiente deterioro y degradación de los espacios interiores, a menudo sin alternativa al uso del automóvil particular para acceder a este formato comercial, con consecuencias indeseadas en términos de saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de polución atmosférica.

No es aceptable que los beneficiarios de tales actividades traten de externalizar los costes de su actividad en el medio ambiente, en la ordenación del territorio, en las infraestructuras y en la vida ciudadana. En línea con la fiscalidad verde proponemos la creación de un impuesto sobre las grandes superficies comerciales que compense a la sociedad, de la que obtienen importantes beneficios por no interiorizar los costos económicos y sociales que se derivan de las afecciones que producen a las infraestructuras, al medio ambiente, a la ordenación territorial o al deterioro de los centros urbanos tradicionales. Algunas Comunidades Autónomas ya han implantado este impuesto que ha sido considerado plenamente constitucional y adecuado al derecho comunitario por distintas sentencias de Tribunal Constitucional y del Tribunal de Unión Europea, respectivamente.

Proponemos crear este impuesto a nivel estatal estableciendo unas bases comunes y unos tipos mínimos y ceder el 100 % de sus rendimientos a las Comunidades Autónomas, con la obligación de afectarlos a la financiación del plan de ayudas al pequeño y mediano comercio.

A pesar de la aportación del pequeño y mediano comercio al empleo, a la actividad económica y a la vida urbana, la suma de las consecuencias económicas de la crisis motivada por la COVID-19, una legislación que favorece a las grandes superficies comerciales y la competencia desleal de las plataformas internacionales de ventas on line, está poniendo al sector en una situación límite que amenaza con una extinción masiva de establecimientos comerciales urbanos si no se toman las medidas adecuadas para reequilibrar la situación en el comercio.

Por eso proponemos la elaboración y aprobación de una ley específica de apoyo al pequeño y mediano comercio, que establezca de forma novedosa un foro para la participación de todas las administraciones y sectores sociales con incidencia en el pequeño y mediano comercio, dotado de un mecanismo de decisión por mayorías cualificadas en la forma en que se determine, mediante el diálogo con todas las partes implicadas, como espacio de consenso para impulsar el plan cuatrienal de apoyo al pequeño y mediano comercio, que contará, entre otros recursos financieros, con los obtenidos mediante la tasa por los daños ambientales en la distribución individualizada de las ventas realizadas por las plataformas on line y el impuesto a las grandes superficies comerciales, cuyos rendimientos estimados se adelantarán por la hacienda del Estado.

La ley también establecerá, de acuerdo con el foro estatal de apoyo al pequeño y mediano comercio, criterios prioritarios para el impulso, reforma y modernización de las estructuras del pequeño y mediano


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comercio y de sus asociaciones de carácter territorial más representativas como son los mercados de abasto y los centros comerciales abiertos.

Igualmente autorizará a los Ayuntamientos a realizar bonificaciones y exenciones en los impuestos municipales para aquellos establecimientos que se ajusten, en la forma que se determine, a los criterios prioritarios establecidos en esta ley.

Por consiguiente, desde el Grupo Parlamentario Plural, Más País presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, estableciendo:

a) Establecer un horario máximo semanal de 72 horas.

b) Autorizar un máximo de domingos y festivos de apertura autorizada de 8 al año.

c) Suprimir la regulación de la declaración de zonas de gran afluencia turística, sin perjuicio de las competencias de cada Comunidad Autónoma en materia de comercio interior, para establecer la regulación que, en función de sus distintas circunstancias, consideren oportunas.

2. Modificación del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista con la siguiente redacción:

"Artículo 25. Temporada de rebajas.

1. Las ventas en rebajas solo podrán tener lugar como tales en dos temporadas anuales; una iniciada al principio de año, y la otra, en torno al período estival de vacaciones.

2. La duración de cada período de rebajas será como mínimo de una semana y como máximo de dos meses, de acuerdo con la decisión de cada comerciante, dentro de las fechas concretas que fijarán las Comunidades Autónomas competentes."

3. Realizar en el plazo de seis meses diagnóstico de la incidencia e incremento tanto general como en ámbito urbano de la movilidad derivada de la venta on line, incorporando el análisis de la tecnología de las flotas y la sostenibilidad de la distribución. El estudio diagnóstico incorporará el análisis de todas las cadenas de distribución desde los grandes corredores hasta la última milla urbana.

4. Estudiar compensaciones o una tasa en función de la emisión de gases de efecto invernadero en la distribución individualizada de las ventas y sus devoluciones realizadas por las plataformas on line, cuando el transporte de la mercancía exceda del ámbito urbano, cuyos ingresos fiscales se destinarán al programa de apoyo al pequeño y mediano comercio.

5. Crear un impuesto a las grandes superficies comerciales, a nivel estatal estableciendo unas bases comunes y unos tipos mínimos, cediendo el 100 % de sus rendimientos a las Comunidades Autónomas para que puedan destinarlos a la financiación del plan de ayudas al pequeño y mediano comercio.

6. Aprobar la ley de apoyo al pequeño y mediano comercio que, entre otras medidas, prevea:

a. La creación de un foro estatal de apoyo al pequeño y mediano comercio en el que estén representados, además del Gobierno central, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las asociaciones del sector, de las personas consumidoras y de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras.

b. Un plan cuatrienal de apoyo al pequeño y mediano comercio, elaborado previo acuerdo en el foro estatal de apoyo al pequeño y mediano comercio mediante el sistema de decisión que se establezca, financiado, entre otros recursos financieros, por la tasa por los daños ambientales en la distribución individualizada de las ventas realizadas por las plataformas on line y por el impuesto a las grandes superficies comerciales, cuyos rendimientos estimados se adelantarán por la hacienda del Estado.

c. El plan, en todo caso, establecerá ayudas con carácter prioritario a:

1) La peatonalizaciones y urbanismo comercial de las calles con mayor concentración de establecimientos comerciales.

2) Los establecimientos comerciales que certifiquen la distribución mediante canales locales o comarcales de comercialización.

3) La reforma de los mercados de abastos.

4) El fomento de los Centros Comerciales Abiertos.


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5) La digitalización integral de la gestión y venta de los establecimientos comerciales.

6) El asociacionismo comercial y el cooperativismo.

7) La formación de los trabajadores y trabajadoras del comercio

8) El comercio justo.

d. La ley autorizará a los Ayuntamientos a realizar bonificaciones y exenciones en los impuestos municipales para aquellos establecimientos que se ajusten, en la forma que se determina, a los criterios prioritarios establecidos en esta ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

162/000318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Defensa de la Cultura en Libertad, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En estas últimas semanas ha quedado patente la existencia de un movimiento "revisionista" que pretende poner en tela de juicio toda la producción artística realizada durante siglos, juzgando diferentes obras o monumentos históricos con los ojos del presente. En las últimas fechas, los amantes de la cultura y la libertad hemos tenido que ver como desde diferentes movimientos se ha empezado a criticar la obra literaria de Tolkien o como diferentes HBO retiraba de su catálogo "Lo que el viento se llevó", por considerarla una película racista.

Esta pulsión, canalizada a través de movimientos posmodernos, pretende no solo juzgar la historia y el arte a partir de los valores actuales, cosa que es legítima, aunque profundamente equivocada, sino que intenta imponer la censura, o aboga directamente por la destrucción, de determinadas películas o monumentos que narran historias o enlazan la figura de personas cuyos principios no encajan con los actuales. Si esta corriente consigue imponer sus postulados, estaremos abriendo la puerta a una deriva autoritaria, que en estos momentos se presenta bajo el paraguas de la defensa de lo correcto, la igualdad y los principios del siglo XXI. En caso de que estas corrientes consigan imponer su terreno de juego, provocaría situaciones tan surrealistas como evitar la difusión de obras maestras cinematográficas como "Historias de Filadelfia" o "Gilda", o la obra de teatro de Romeo y Julieta por suponer una "apología del amor romántico". Del mismo modo, y con los mismos argumentos que utilizan, y en relación a la producción cultural española, podrían quedar vedadas las obras de Berlanga o Camilo José Cela al no ser acordes a los valores y principios actuales. También las obras de Francisco de Quevedo podrían ser objeto de censura, al poder ser caracterizado su contenido homofóbico.

Los representantes públicos en democracia debemos defender la libertad de la ciudadanía para acceder a la cultura en condiciones de igualdad, propiciando que la ciudadanía pueda conocer la historia y su arte sin la presencia o presión de una suerte de "calvinismo civil" al que hay que hacer frente desde los poderes públicos.

Del mismo modo que Castiello se levantó contra Calvino, en el libro de Stefan Zweig, los que defendemos la libertad y la democracia debemos proteger la libertad de los artistas, los escritores, los directores de cine, los creadores en general como instrumento para generar conciencia crítica en un país democrático.

Esta situación tiene especial repercusión en España, donde disponemos de una extensa y variada producción artística en todas sus formas. Ser responsable de la gestión de todo el patrimonio cultural que existe en España, nos obliga a defender la cultura de los nuevos puritanos, quienes se encuentran cosiendo en masa letras escarlatas en la solapa de quien no piensa igual que este movimiento, que representa una nueva pulsión liberticida fruto del desconocimiento y la fobia como principales motores de su acción política.


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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1. Defender el acceso a la Cultura en Libertad dando cumplimiento efectivo al artículo 20.1 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y el artículo 44, que proclama la obligación de los poderes públicos de tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Adoptar cuantas medidas y modificaciones normativas considere necesarias para evitar cualquier tipo de censura o de destrucción de la producción artística en cualquiera de sus formas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha puesto a toda la población mundial en una situación extraordinaria de dificultades sin precedentes. A pesar de que a diario constatamos que esta pandemia afecta a todo el mundo, no se puede afirmar que nos afecta a todas las personas por igual.

La situación derivada de la COVID-19 ha puesto en evidencia que es la población migrante y particularmente las personas en situación administrativa irregular, quienes padecen en mayor medida los efectos de las políticas de ajustes en los ámbitos sanitario, social, laboral y económico. Se trata de una situación de desprotección, negación y vulneración de derechos, instituida legalmente con anterioridad a la declaración del estado de alarma, a través de las políticas migratorias europeas y del Estado español. La política migratoria actual restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno, y cuando lo permite, las personas migrantes trabajadoras están expuestas a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral, como también a una gran brecha salarial, al trabajar dentro de sectores de trabajo precarizados, generizados y racializados, en muchas ocasiones, en condiciones de explotación.

Es por ello que la Coordinadora Obrim Fronteres y el movimiento RegularizacionYa, compuesto por centenares de colectivos por los derechos de las personas migrantes en todo el territorio español, apoyadas por más de 1.500 entidades y organizaciones, han impulsado una acción para denunciar "las precarias condiciones laborales, la desprotección y explotación" y reivindicar cambios en este sentido. Como ejemplo de estas afirmaciones, la campaña cita la visita del relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Philip Alston a España. En el mes de febrero de 2020, cuando visitó a los temporeros onubenses y las trabajadoras del hogar y cuidados en Madrid, el Relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran "inhumanas", de las peores que había visto por el mundo, y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.

La reconstrucción del país, en un escenario postpandemia, exige no dejar a nadie fuera, especialmente, no dejar fuera a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Es necesario tener en cuenta la realidad de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, tomando medidas suficientes para hacer efectiva la demanda de regularización así como otras medidas conexas que avancen hacia un paradigma de derechos.


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Ante esta situación extraordinaria, es urgente que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales, tome medidas integrales e inclusivas que reconozcan y garanticen la protección, promoción y el acceso a los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Para no dejar a nadie atrás y para garantizar la equidad y la justicia social presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación.

Se concederán las autorizaciones que se hubieren solicitado en aplicación de la normativa de extranjería en vigor en el momento de la solicitud hasta la declaración del Estado de Alarma. En el caso de las solicitudes de residencia que no contemplaran un permiso de trabajo, éste se concederá de todos modos. Incluso a partir de los 16 años con autorización del representante legal o del familiar del o la menor.

Así mismo resolver de manera favorable y urgente todas las solicitudes en trámite, en línea con el procedimiento ya abierto con el Real Decreto 13/2020 para los jóvenes de 18 a 21 años en el sector agrario.

En todos estos casos, se asignará número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática y de oficio junto con la concesión del permiso de residencia y trabajo.

2. Aplicar el artículo 127 del Reglamento de Extranjería para seguir concediendo el permiso de residencia y trabajo a toda persona que lo solicite, una vez resueltos todos los expedientes en tramitación y hasta la modificación integral de la Ley y el Reglamento de Extranjería, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

a) Se concederá inicialmente un permiso temporal por un periodo de 5 años.

b) El permiso concedido autorizará a la residencia y al trabajo, por cuenta ajena y propia, sin ningún tipo de limitación, ni territorial ni sectorial.

c) Asignación de número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática y de oficio junto con la concesión del permiso de residencia y trabajo expedido.

d) Los únicos requisitos para la concesión de este permiso serán:

- Acreditar la identidad del solicitante. Mediante los mismos documentos indicados en el apartado 1. Empadronamiento por vías extraordinarias y vía telemática de todas las personas que viven en el municipio.

- Acreditar que reside en España, al menos, desde el 14 de marzo de 2020 mediante cualquier documento acreditativo de su estancia en el territorio anterior a esa fecha.

e) La renovación de este permiso de residencia y trabajo se realizará automáticamente y de oficio tras la comprobación de que la persona ha residido en España de forma legal y continuada durante los 5 años previos. Y corresponderá otorgarle la residencia de larga duración permanente con una validez de 10 años, cuya renovación se realizará directamente ante la Policía Nacional.

3. Desarrollar y publicar el Reglamento de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria contemplando:

- Asegurar el acceso a la presentación de solicitud de protección internacional de forma ágil mediante declaración y sin requerimiento de documento de identidad.

- Concesión de permiso de trabajo junto con el permiso de residencia desde el momento de la solicitud de protección internacional.

- Resolución del expediente de protección internacional en un plazo de 180 días, acatando lo dispuesto en el punto 12.1e de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional en el pun, así como en la jurisprudencia del TEDH.


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- Asignación de número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática y de oficio junto con la concesión del permiso de residencia y trabajo.

- En caso de denegación o archivo, accederán al régimen general expuesto con permiso inicial de 5 años de residencia y trabajo, renovable automáticamente si se mantiene la estancia en el país y con los mismos requisitos.

Se establecerá un periodo de 30 días para resolver la admisión a trámite y acceso al programa de acogida y refugio.

4. Flexibilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a la salud. En la misma línea, flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo.

5. Cumplir con la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones por la que se habilita a trabajar a menores extranjeros en edad laboral, de 16 a 18 años, asegurando que todas las autorizaciones de residencia expedida cuentan automáticamente con permiso de empleo que le habilite expresamente a trabajar.

Conceder los permisos de residencia y trabajo a las personas menores de edad de 16 a 18 años residentes en España pero que no son tuteladas por la administración, a través de la petición de la persona familiar de la menor que esté a su cargo en la Oficina de extranjería correspondiente.

Se concederá el permiso de residencia y trabajo a las personas jóvenes que aunque siendo menores tuvieron la protección de la administración, salieron del centro sin el permiso de residencia, y a las que aún saliendo con permiso de residencia no lo pudieron renovar por motivos económicos.

6. Para jóvenes a partir de 18 años, concesión inmediata del permiso de trabajo en cualquier sector económico y independientemente de su actividad laboral previa para todas las personas jóvenes ex tutelados/as con permiso de residencia, contando con autorización de residencia y trabajo con una duración inicial de 5 años y renovación automática.

Es necesario asegurar, aportando los recursos oportunos a las Administraciones Públicas competentes, que los y las jóvenes que han estado bajo la protección de la administración puedan acceder a los servicios de apoyo para mayores de 18 y hasta los 21 años; recursos sumamente importantes y fundamentales en los ámbitos jurídico, laboral, residencial y psicológicos.

7. A fin de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia se deberán tomar una serie de medidas encaminadas a velar por el interés general del menor:

Reforzar las instancias de coordinación, entre los organismos públicos de todos los niveles territoriales (estatal, autonómico y local) a fin de asegurar una política de protección integral de la infancia.

En general, en los procedimientos que se implementen en relación a la asunción de la tutela por parte de las administraciones competentes que involucren a personas jóvenes no acompañadas, observar y respetar las garantías elementales de debido proceso, como el derecho a ser informada, a la asistencia jurídica, a ser oída, a contar con un asesoría especializada e independiente, a la tutela judicial efectiva, a intérprete, entre otras normas del debido proceso.

Arbitrar los mecanismos de regularización expeditivos, flexibles y simplificados para la infancia nacida o no en España descendientes de padres migrantes, basados en los principios internacionales de derechos humanos y el sistema normativo de protección de la infancia.

Eliminar las pruebas oseométricas para personas jóvenes que disponen de documentación de su país de origen y determinación de la edad según estos documentos.

8. Asegurar el uso de las vías extraordinarias para garantizar que todos los ayuntamientos cumplen con el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y que todas las personas que vivan en España puedan acceder a su derecho y obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que residan habitualmente.

Es necesario promover el empadronamiento de las personas que no disponen de domicilio fijo o de pruebas documentales ordinarias de la dirección en la que residen a través de los servicios sociales, garantizando su acceso a todas las personas.

Se modificará la normativa para aceptar como válido para la determinación de la identidad y nacionalidad, cualquier documento con validez en el país de origen o residencia que contenga los datos suficientes para establecerlas.


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A fin de garantizar el acceso al empadronamiento, se notificará y se hará cumplir a todos los municipios del Estado español la Resolución de 29 de abril de 2020 sobre la gestión del Padrón Municipal, con especial mención a las secretarías municipales y funcionariado estatal, para que faciliten el empadronamiento de todas las personas residentes en su demarcación en cumplimiento estricto de la ley.

Asimismo se mantendrán las medidas telemáticas implantadas con motivo de la declaración del Estado de Alarma para realizar la inscripción en el padrón municipal, así como a otros servicios derivados de estos asegurando la renovación automática de las inscripciones en el padrón municipal.

9. En relación con los mecanismos y dispositivos de control migratorio existentes en el Estado español, asegurar el cierre definitivo, y sin alternativas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el archivo de los expedientes de devolución y expulsión en trámite.

10. Trasladar urgentemente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos. Del mismo modo garantizar que las personas que se encuentran en los recursos de emergencia en Canarias sean trasladadas a Península a fin de poder continuar con su tránsito migratorio. Establecer un tiempo máximo de estancia en cualquiera de estos centros de 15 días garantizando que ésta se dé en condiciones dignas.

11. Poner fin a las devoluciones en caliente y/o exprés tanto terrestres -de las personas que llegan a Ceuta y Melilla- como marítimas y derogar, a la mayor brevedad posible la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social introducida en la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo.

12. Poner fin a la práctica de parada, identificación y/o detención basada en la identificación por perfil étnico racial, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

13. Dotar de medios materiales y recursos humanos y técnicos suficientes a la Oficina de Asilo y Refugio, a la Policía Nacional, a las oficinas de extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Estado; procurando su formación continua, sobre todo en derechos humanos, delitos de odio y lucha contra la discriminación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2020.-Jaume Asens Llodrà, Enrique Fernando Santiago Romero, Sofía Fernández Castañón, Joan Mena Arca e Isabel Franco Carmona, Diputados.-Pablo Echenique Robba, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Carolina Telechea i Lozano, María Carvalho Dantas, Montserrat Bassa Coll, Joan Josep Nuet Pujals, Francesc Xavier Eritja Ciuró, Jordi Salvador i Duch, Marta Rosique i Saltor, Norma Pujol i Farré, Inés Granollers Cunillera, Joan Margall Sastre, Pilar Valluguera Balañà y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Néstor Rego Candamil, Mariona Illamola Dausá, Inés Sabanés Nadal y Laura Borràs Castanyer, Diputados.-Iñigo Errejón Galván y Joan Baldoví Roda, Portavoces del Grupo Parlamentario Plural.-Jon Iñarritu García, Isabel Pozueta Fernández e Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, Diputados.-Mertxe Aizpurua Arzallus y Oskar Matute García de Jalón, Portavoces del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Albert Botran Pahissa, Diputado.-Mireia Vehí Cantenys, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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