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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 13, de 22/10/2019
cve: DSCD-13-PL-13
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2019 XIII LEGISLATURA Núm. 13
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 4
celebrada el martes,
22 de octubre de 2019


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. (BOE núm. 246, de 12 de octubre de 2019). (Número de expediente 130/000002) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. (BOE núm. 246, de 12 de octubre de 2019). (Número de expediente 130/000003) ... (Página17)

- Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. (BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 2019). (Corrección de errores en BOE núm. 237, de 2 de octubre de 2019). (Número de expediente 130/000001) ... (Página29)

Declaración institucional:

- Declaración institucional con ocasión del Día Internacional de la Niña 2019. (Número de expediente 140/000004) ... (Página40)

Votaciones ... (Página41)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

- Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook ... (Página5)

La señora ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones (Maroto Illera) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Rosell Aguilar, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular, y Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

- Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017 ... (Página17)

La señora ministra de Hacienda en funciones (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Aizpurua Arzallus y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; De Quinto Romero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Garcés Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor De Quinto Romero.

- Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas ... (Página29)

El señor ministro del Interior en funciones (Grande-Marlaska Gómez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Aizpurua Arzallus y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Mesquida Ferrando, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular, y Sánchez Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Declaración institucional ... (Página40)

La señora secretaria (Elizo Serrano) da lectura a la declaración institucional con ocasión del Día Internacional de la Niña 2019.

Votaciones ... (Página41)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, se aprueba por 59 votos a favor y 2 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 35 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017, se aprueba por 60 votos a favor y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, se aprueba por 61 votos a favor.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 24 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención.

Se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Voy a empezar pidiendo a los miembros de la Diputación Permanente que ocupen, por favor, los escaños que le corresponden a cada grupo parlamentario, puesto que la Diputación Permanente de hoy se va a desarrollar para convalidar decretos-leyes, lo que significa que la presencia del Gobierno es obligada, puesto que presenta el texto del decreto-ley, y el Gobierno ocupa habitualmente el espacio que está enfrente de la Mesa. Por eso, les rogaría a los grupos parlamentarios que respetaran los carteles que se han puesto en los distintos escaños para poder empezar la sesión con absoluta normalidad y sobre todo para mantener el decoro que creo que esta Cámara merece. (La señora Olona Choclán pide la palabra).

Señora Olona, no se va a establecer un debate con la Mesa. Les quiero rogar, por favor, y se lo pido por segunda vez, que sabiendo que estos escaños correspondían al Grupo Parlamentario Ciudadanos, puesto que así lo indicaba un cartel, cambien de lugar y ocupen los escaños que les correspondían y que los servicios de la Cámara han distribuido previamente precisamente para evitar esta situación.

La señora OLONA CHOCLÁN: Señora, presidenta, sin ánimo de entrar en un debate...

La señora PRESIDENTA: Señora Olona...

La señora OLONA CHOCLÁN: Querrá una respuesta.

La señora PRESIDENTA: No, lo que quiero es que lo haga.


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La señora OLONA COCLÁN: Señora presidenta...

La señora PRESIDENTA: Señora Olona, no le he dado la palabra. (El señor Sánchez del Real pide la palabra).

Señor diputado, no vamos a entrar en una discusión. La Presidencia no entabla un debate ni una discusión con los miembros de la Cámara, como ustedes saben. No estoy aquí para discutir. Yo les hago un ruego; si ustedes tienen a bien levantarse, se levantan; si no se levantan, entiendo que no están por mantener el decoro de la Cámara, que no están por mantener las reglas básicas de funcionamiento de esta Cámara y, por tanto, buscaremos una alternativa. Eso es lo que les estoy planteando.

La señora OLONA CHOCLÁN: Señora presidenta...

La señora PRESIDENTA: Señora Olona, no le he dado la palabra...

La señora OLONA CHOCLÁN: Pero indicar que faltamos al decoro por el hecho de ocupar un asiento que no está...

La señora PRESIDENTA: ¡Señora Olona, no tiene usted la palabra!

La señora OLONA CHOCLÁN: No seamos discriminatorios y arbitrarios en el ejercicio de las funciones públicas que nos corresponden.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señora presidenta, no se preocupe; nos movemos nosotros. Ante la inactividad del Grupo Parlamentario VOX, que no entiende cuál es el decoro parlamentario, nos movemos nosotros. No se preocupe usted, muchas gracias. (Los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos se trasladan a la segunda y tercera fila de la sala).

La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco, señor Gutiérrez.

Como sus señorías conocen, la Diputación Permanente que celebramos hoy tiene como punto único la convalidación o derogación de diversos decretos-leyes. En primer lugar, corresponde debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno...

La señora OLONA CHOCLÁN: Señora presidenta, al amparo del artículo 72.1, en relación con el artículo...

La señora PRESIDENTA: ¡Señora Olona, no tiene la palabra! (Fuertes protestas). Por favor, guarden silencio. Señora Olona, no le he dado la palabra.

La señora OLONA CHOCLÁN: Al amparo del artículo 72.1, en relación con el artículo 103.1, esta diputada...

La señora PRESIDENTA: ¡Señora Olona, la llamo al orden por primera vez! Le ruego, por favor, que podamos mantener la sesión.

Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno... (La señora Olona Choclán continúa hablando). Señora Olona, la llamo al orden por segunda vez. (La señora Olona Choclán continúa hablando). Señora Olona, no tiene usted la palabra, no le he dado la palabra. (La señora Olona Choclán continúa hablando). Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. (La señora Olona Choclán continúa hablando). ¡Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez! Le ruego, por favor, que abandone la sala. (Aplausos.-La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y muestra unas fotografías.-Protestas). Señora Olona, por favor... (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías.-Protestas). Señora Olona, vamos a continuar con la sesión de la Diputación Permanente. La he llamado al orden tres veces: respete a esta Presidencia, a la Cámara y a la Mesa del Congreso de los Diputados, por favor. (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías). Le ruego que abandone la sala. (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías). Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías). Tiene que abandonar la sala. (La


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señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías.-Protestas y silbidos.-Varios señoras y señores diputados: ¡Fuera, fuera!). Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías). Señora Olona, por favor, le ruego que abandone la sala, le ruego que abandone la sala. (La señora Olona Choclán continúa hablando, puesta en pie, y mostrando unas fotografías.-Varias señoras y señores diputados: ¡Ya está bien!-Continúan las protestas). Señora Olona, no estamos en un circo, estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. (La señora Olona Choclán y el resto de los diputados del Grupo VOX abandonan la sala.-Aplausos.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos ocupan los escaños dejados por el Grupo Parlamentario VOX).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 12/2019, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA DEL GRUPO EMPRESARIAL THOMAS COOK. (Número de expediente 130/000002).

La señora PRESIDENTA: Retomamos la sesión. Vamos a debatir sobre el objeto que nos ha convocado a esta Diputación Permanente, que es la convalidación, como les decía, de diversos decretos-leyes. El primero es el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno en funciones, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN FUNCIONES (Maroto Illera): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto 12/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Este grupo británico organizaba cada año, a través de su agencia de viajes mayorista y de sus aerolíneas, millones de viajes de turistas hacia hoteles españoles, principalmente de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que vendían cada año buena parte de su capacidad de alojamiento a dicho grupo. Su quiebra ha supuesto la cancelación de más de 475000 asientos de avión durante la temporada turística de invierno en las comunidades autónomas de Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, que son las más afectadas. Para que se hagan una idea, durante el año 2018, el Grupo Thomas Cook transportó a 1,3 millones de pasajeros en España. Sus principales destinos fueron Canarias, con más de 800000 pasajeros, lo que supone cerca del 62 % de su cuota de mercado en España, y Baleares, con más de 365000 pasajeros, suponiendo un 28 % de la cuota. Por tanto, ambos destinos, Canarias y Baleares, acapararon prácticamente el 90 % de la oferta del turoperador hacia España. Y lo que es, si cabe, más importante: la condición de insularidad de estos territorios supone una gran desventaja en el proceso de recuperación del sector al verse reducida su capacidad de conectividad aérea. Como les he descrito, esta fuerte dependencia del grupo empresarial británico afectaba muy significativamente a empresas turísticas, a trabajadores afectados tanto directa como indirectamente, y todo ello por el efecto arrastre que desencadenan estas situaciones de insolvencia en toda la cadena de valor. Por todo ello, fue necesaria una actuación inmediata y extraordinaria de carácter temporal por parte del Gobierno y de todas las administraciones y agentes del sector, una respuesta urgente de todos para evitar mayores perjuicios al sector turístico.

Señorías, espero que entiendan que con esta actuación se trata de evitar que el efecto de Thomas Cook se propague indeseablemente al conjunto de nuestro sector, tan apreciado para todos. Desde el primer momento en que conocimos la situación, el ministerio que dirijo se ha ocupado de lo que importa y ha afrontado los problemas reales ante una situación provocada por una empresa foránea. Es indudable que, aunque el Gobierno esté en funciones y, por tanto, tenga limitado su margen de actuación, esto no significa que no esté funcionando y atienda situaciones excepcionales como esta. Así, desde que se produjo la quiebra, el 23 de septiembre, hemos mantenido numerosas reuniones, primero, para coordinar el plan de contingencia puesto en marcha por el Gobierno del Reino Unido para retornar a los británicos afectados, un plan que, como saben, se ha desarrollado de manera satisfactoria gracias, sobre todo, a nuestros empresarios, que han proporcionado todo lo necesario al turista británico hasta su retorno. Pero


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también hay que agradecer la labor de AENA y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que han asegurado que el retorno se haya realizado sin incidencias.

Hemos mantenido, como decía, reuniones con responsables de turismo de todas las comunidades autónomas afectadas, con las patronales hoteleras, con diversas aerolíneas que operan en nuestro país y con otros departamentos ministeriales con los que se ha coordinado el conjunto de actuaciones que hoy presento, para lo cual se reunió la Comisión Interministerial de Turismo, que no se reunía desde su creación en 2012. También se ha convocado con carácter extraordinario el pleno del Consejo Español de Turismo, Conestur, el pasado 7 de octubre para analizar la situación, para analizar el impacto de la quiebra de Thomas Cook y poner en común las medidas que desde todos los ámbitos -la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales y, por supuesto, el sector privado- era preciso adoptar para atenuar las consecuencias negativas de la quiebra del turoperador británico.

Quiero dar las gracias desde esta tribuna a todos los que han contribuido a dar contenido a este real decreto-ley, que es, como les decía, el resultado de un intenso trabajo coordinado con muchos actores públicos y privados, un trabajo que se ha impulsado desde el Gobierno de España, que, como les decía, a pesar de estar en funciones, ha considerado prioritario dar una respuesta rápida y extraordinaria a una situación que podría tener un enorme perjuicio para el conjunto de nuestra economía; un Gobierno responsable que en apenas tres semanas ha sido capaz de aprobar un conjunto de medidas que a continuación les paso a describir, y lo ha hecho por responsabilidad y, sin duda, en atención única y exclusivamente del interés general.

Señorías, el objetivo prioritario de estas medidas urgentes que hoy sometemos a su convalidación es disminuir las consecuencias de los procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook y mantener la actividad y el empleo del sector turístico mientras se producen las necesarias adaptaciones de nuestro mercado, que han de terminar en una mejora de la competitividad, reduciendo con ello la dependencia que todavía tiene de la turoperación. Debido al eminente impacto de la quiebra de Thomas Cook en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, se ha reforzado el plan de choque en estos dos territorios especialmente por su carácter insular y las consecuencias que se derivan de ello.

Antes de presentar las medidas, permítanme que destaque las cuatro áreas que hemos querido abordar en la respuesta del Gobierno: el mantenimiento del empleo, que es, sin duda, lo que más nos ha preocupado; la mejora de la liquidez y financiación de las empresas afectadas por los impagos del turoperador turístico; el fortalecimiento de la competitividad del sector y, finalmente, la mejora de la conectividad aérea.

En primer lugar, se recoge en el real decreto-ley una medida para el mantenimiento del empleo que es aplicable a las empresas establecidas en los territorios insulares. Me refiero a la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores en los sectores del turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística de forma excepcional durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y de febrero y marzo de 2020. Estos contratos ya contaban, como saben, con una bonificación los meses de febrero, marzo y noviembre, una medida que desde su implantación ha tenido una positiva acogida por parte de las empresas, contribuyendo así de forma importante al mantenimiento del empleo de dicho colectivo durante los citados meses, con un óptimo resultado para la desestacionalización de la actividad turística y la ampliación de los periodos de ocupación y Seguridad Social. Hay que recordar que estos sectores son intensivos en mano de obra y que, por tanto, tienen un alto potencial de generación de empleo. Esperamos que solo en los meses adicionales de octubre y diciembre de 2019 más de 22000 personas se beneficien de esta medida.

Como segunda medida en materia de empleo, se refuerza la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas, en el marco del Sistema Nacional del Empleo y sus respectivas competencias, para coordinar la protección por desempleo y la ejecución de las políticas activas de empleo para los trabajadores afectados, con el objetivo de dar eficaz respuesta a los mismos en el menor tiempo posible. Esta medida es aplicable a todas las comunidades autónomas afectadas, y esperamos poder coordinar la iniciativa de todas las administraciones para mejorar la empleabilidad de los afectados por la quiebra de Thomas Cook. Quiero señalar en este punto que, además, desde el ministerio se están realizando contactos con empresas interesadas en comprar unidades de negocio de la filial de Thomas Cook, In Destination Incoming, con sede en Palma de Mallorca, que supondría recuperar parte de los más de novecientos empleos directos afectados.

Junto al mantenimiento del empleo, otro de los problemas que atiende el real decreto-ley es la falta de liquidez de las empresas afectadas. Para ello, se establece una línea de financiación de hasta 200 millones


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de euros, que será aprobada en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De esta línea se podrán beneficiar todas las empresas afectadas en el conjunto del territorio español. Se pondrá en marcha, como decía, una línea de financiación específica gestionada por el ICO que dé respuesta rápida y eficaz a los problemas de liquidez inmediata a los que se enfrentan las empresas afectadas por los impagos del grupo Thomas Cook, permitiéndoles mantener la actividad y el empleo durante el proceso de reorganización y adaptación de su modelo de negocio. Por otro lado, y como medida extraordinaria para fortalecer la competitividad de las empresas más afectadas, se regula el denominado Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, el cual estará dotado con 500 millones de euros y tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos proyectos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, de innovación y modernización de los servicios para adaptarse con inmediatez ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra del grupo empresarial británico. Se refuerza, igualmente, el programa Destinos Turísticos Inteligentes, que desarrolla mi departamento a través de Segittur, con el objetivo de mejorar la gestión y hacer los destinos turísticos más competitivos en un contexto excepcional como el actual, marcado por la desaparición de uno de los principales turoperadores que trabajaban en nuestro país. La inteligencia en el turismo es una respuesta efectiva y rápida ante la excesiva dependencia de alguna de nuestras empresas a la turoperación de agentes extranjeros.

Como antes he señalado, uno de los problemas más inmediatos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden un poco de silencio.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN FUNCIONES (Maroto Illera): ... que era necesario atender es la pérdida de conectividad con el fin de recuperar los asientos perdidos por la quiebra de Thomas Cook, una respuesta que se hace, si cabe, más necesaria en Canarias, que se encuentra, como saben, al principio de su temporada alta. Para ello, en este real decreto-ley se aprueba la concesión directa de ayudas a Canarias y Baleares con objeto de recuperar la pérdida de conectividad y consolidar la diversificación y mejora del destino. Estas ayudas constituyen el necesario complemento a las ya adoptadas por los órganos competentes en materia aeronáutica y aeroportuaria de nuestro país, medidas dirigidas a asegurar la conectividad aérea con los territorios más afectados.

Como sus señorías conocen, AENA aprobó el pasado 2 de octubre un incentivo para que las compañías aéreas que operen en los aeropuertos de Canarias y Baleares tengan una rebaja del 38 % de la tarifa total de aterrizaje y despegue, el coste de escala. Asimismo, la acción de AENA se sumará a nivel internacional a la promoción de destinos, aunando el esfuerzo de todos los actores involucrados en la atracción y retención de las compañías y en el mantenimiento de la conectividad. También quiero señalar la medida anticipada de reducir en más de un 12 % la tarifa en ruta y en aire que las compañías aéreas abonan por la prestación de los servicios de navegación aérea, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

Junto a la recuperación de los asientos, es urgente también recuperar las reservas, y para ello Turespaña reforzará sus actuaciones promocionales con el objetivo de estimular la demanda del mercado británico y otros mercados alternativos a través de un programa promocional de España como destino turístico.

Finalmente, se han establecido por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, medidas generales de información a las empresas del sector turístico, que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook. Asimismo, el Ministerio de Justicia está analizando y estudiando la defensa de los intereses generales de los afectados como consecuencia de la quiebra de este turoperador. Debido a la complejidad de la quiebra y con el objetivo de ofrecer una información útil a todos los afectados por los efectos de la insolvencia de Thomas Cook, en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha habilitado, desde el 15 de octubre, un espacio específico que se irá actualizando periódicamente para incorporar novedades que sean de utilidad para empresas, trabajadores y el conjunto de las administraciones públicas.

Como ven sus señorías, se ha tratado de acompañar el real decreto-ley con medidas adicionales que completan una respuesta responsable, ponderada y urgente del Gobierno de España ante la quiebra de uno de los principales agentes turísticos en nuestro país. En definitiva, las medidas que se adoptan en este real decreto-ley pretenden dar respuestas concretas, necesarias y urgentes a estas necesidades. Así se aborda con inmediatez la situación generada en el sector turístico por la insolvencia del grupo empresarial británico, evitando con ello que se repercuta negativamente en el empleo que se genera


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principalmente en las pymes, así como evitando que se den situaciones transitorias de falta de liquidez que impidan seguir operando a nuestras empresas. Igualmente, se adoptan medidas para atender la imprescindible sustitución del referido turoperador por situaciones alternativas vinculadas a las nuevas tecnologías y la digitalización, a través de una mayor diversificación.

Señorías, todas estas medidas que hoy someto a su convalidación constituyen una muestra clara del compromiso del Gobierno -y espero que también del conjunto de las fuerzas políticas- con el sector turístico de nuestro país, por su carácter estratégico en la generación de riqueza, de empleo y de bienestar social. Por tanto, señorías, lo que hoy se somete para su convalidación es un conjunto de medidas de choque que consideramos convenientes, urgentes e indispensables para el interés general, y espero contar con su aprobación. No caben alternativas, necesitamos seguridad jurídica para que nuestras empresas y trabajadores puedan, a partir de hoy, tener a su disposición ese plan de choque. Por lo tanto, insisto, apelo a su responsabilidad para que hoy se convalide este real decreto-ley y atendamos con urgencia a este interés general que el sector nos ha reclamado. Solicito, por tanto, a sus señorías el voto favorable para la convalidación del presente real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora ministra.

En turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, a mí me sorprendió y me alegró la nota de prensa del ministerio y del Gobierno de España, socialista, que decía "un plan de 700 millones del Gobierno de España para paliar la crisis que se ha generado por la caída de Thomas Cook". Pero, cuando uno lee el decreto, la moral se te viene a los pies. Sin embargo, lo vamos a apoyar -voy a usar una palabra suave porque el calificativo sería otro- a pesar de que es insuficiente. Lo vamos a aprobar porque es muy importante para esos trabajadores fijos discontinuos que están en Baleares, no en Canarias.

Voy a ir desmontando cada una de las cosas que ustedes han vendido con irresponsabilidad. Al final, de los 700 millones, 200 son de liquidez del ICO y estos se van a dedicar exclusivamente a avalar las facturas pendientes de Thomas Cook, es decir, va a ser un préstamo más barato que el de mercado y va a tener una duración en función de cuándo se resuelvan los temas judiciales de los cobros de Thomas Cook.

Hay 500 millones para inversión en el Focit, para mejoras en digitalización, temas a medio y largo plazo que no resuelven nada en este momento. A Segittur se destinan 1,48 millones para gestión de la innovación. Resulta que venden como el gran tema la subvención directa a Canarias con 15 millones y a Baleares con 8 millones para mejorar la conectividad de la promoción, pero, mire usted por dónde, lo sacan del Fondo financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas, que ahora se llama de la competitividad turística, y se modifican los presupuestos. ¿Saben de dónde salen los 15 millones para Canarias? De las infraestructuras turísticas, del convenio de infraestructuras turísticas y de los presupuestos prorrogados del Estado, donde hay 15 millones para un convenio con Canarias de infraestructuras turísticas que ustedes no han querido formalizar en el año 2019. Se lo quitan a Canarias y se lo dan a Canarias. Pregunte a los alcaldes del Puerto de la Cruz, de Arona, de Adeje y de las zonas turísticas, que son socialistas, qué les parece que se paralicen esos proyectos de infraestructuras turísticas, que eran muy importantes.

En cuanto a las bonificaciones de la Seguridad Social, nos alegramos mucho por los trabajadores de Baleares, pero no es el caso de los de Canarias. En el decreto se habla de medidas complementarias aeroportuarias que ya están implantadas y que van a ser maravillosas, entre ellas las de Enaire. ¿Usted sabe que la medida de Enaire que ha anunciado y que entra en vigor el 1 de enero se aprobó en el mes de marzo pasado? No es nueva.

Hablemos también de tasas. Usted sabe perfectamente, porque se lo ha dicho el sector tanto a los turoperadores como a los empresarios y al ministerio, que las tasas aéreas no son las que ustedes han aprobado. AENA, una empresa con capital mayoritario público, ha esquilmado a Canarias. El presidente de AENA cuando el Gobierno anunció que iba a estudiar las rebajas de tasas aéreas dijo que ni hablar y resulta que ganando millones tiene abandonados los aeropuertos canarios, y precisamente las tasas que pueden ser atractivas para el turoperador, que se las pidió el sector, no son las que se han aprobado. Yo


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sé que usted es la ministra de Turismo, pero cuando les interesa el Gobierno son todos y ahora que las cosas van mal la culpa es de Fomento.

Seguimos. Usted y su secretaria de Estado dicen que hay que cambiar el modelo de comercialización y ser menos dependientes de los turoperadores, pero, mire por dónde, hace cinco días, el 17 de octubre, hubo una reunión de todos los responsables de Turespaña en los mercados europeos y los responsables de Turespaña en Londres y Berlín dijeron que no solo no van a cambiar el sistema de turoperación, sino que a raíz de la quiebra de Thomas Cook se reforzará el deseo de los ingleses y de los alemanes de ir con un turoperador porque es la forma de estar asegurado y poder cobrar en el caso de una anulación, así como que el modelo de turoperación es con el que se va a seguir funcionando y va a ser el prioritario en el mercado británico.

Continuamos, señora ministra. Aclárense las instituciones gobernadas por el PSOE. Usted ha declarado que se ha recuperado, gracias a las maravillosas medidas del Gobierno de España, el 74 % de las plazas perdidas por Thomas Cook, pero el Gobierno de Canarias dice que es el 91 % de las plazas cuya suma se cifra en 200000 plazas. A eso suman las plazas de Jet2 que se habían anunciado -tengo aquí el anuncio- un mes antes de la caída de Thomas Cook, que incluye a los nórdicos de la compañía que nunca se perdieron. El Gobierno de Canarias habla del 91 %, pero antes de ayer el cabildo de Tenerife, gobernado por socialistas, hace una rueda de prensa y dice que gracias a las gestiones del cabildo de Tenerife se ha recuperado el 50 % de las plazas, es decir, 300000 plazas. Cada uno se apunta un tanto, pero los números no cuadran y, además, lanzan una información a los operadores turísticos de Canarias y Baleares que es falsa.

Termino con dos cosas. En primer lugar, está la quinta libertad, que está recogida ya en el REF. Tengo aquí -no me da tiempo a leerlo- lo que dijo Chano Franquis -tuvo un achuchón, pero me alegro muchísimo de que ya esté bien- durante un Gobierno del Partido Popular cuando planteó este tema Coalición Canaria. Él dijo que solo hacía falta una comisión bilateral, y el PSOE decía lo mismo en Canarias. Se le ha reclamado activar la quinta libertad, que ya está en el REF, en el régimen económico y fiscal de Canarias. Cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno, el señor Soria y el señor Rajoy lo prometieron en el discurso de investidura, después gobiernan con doña Ana Pastor y dicen que no. Ahora el PSOE, que es el que está en el Gobierno, cuando solo hace falta una comisión bilateral, no hace nada.

Iberia-brexit. Usted en la Asamblea de la Organización Mundial de Turismo dijo que era un problema de una empresa y que eso lo llevaba Fomento. El ministro de Fomento, señor Ábalos, en el último Pleno no sabía que se había denegado el plan de contingencia de Iberia. Como haya un brexit duro en los próximos meses y el Gobierno de España no se implique, porque considere que es un tema privado, en Canarias y Baleares nos quedamos sin conectividad.

Ryanair. El ministro Ábalos dice que es un problema laboral, y usted también dice que es un problema laboral. Eso está claro, porque son quinientos puestos de trabajo y centenares de familias afectadas, pero también significa conectividad porque perder las bases de Canarias supone perder miles de plazas aéreas. ¿Saben lo que hizo el Gobierno portugués? Se implicó, y por eso las bases en Faro, en el sur de Portugal, ya no se cierran. Pero ustedes dicen que solo es un problema laboral y cada uno se lo quita de encima. Como usted dice, están en funciones, pero yo le pido una cosa: no estén en funciones, porque detrás de la crisis de Thomas Cook no solo hay gente que se vive del turismo, sino taxistas, comerciantes y padres de familia. Esa gente tiene rostro, gente como los trabajadores de Ryanair, a los que el presidente de Canarias, el presidente del Cabildo de Tenerife y el director general de Trabajo, que es de UGT, todos socialistas, no han sido capaces de recibir. No solo es un tema laboral, aunque sea un tema que afecta a mucha gente, sino también de conectividad de Canarias.

No están ustedes en lo que hay que estar. El señor Ábalos está en campaña electoral. A ustedes cuando les interesa es del Gobierno y, si no, es de Fomento o de Trabajo. Yo voy a apoyar este decreto por Baleares. Sin embargo, no nos vendan que nos dan el dinero que ya era de Canarias para infraestructuras turísticas; trabajen en lo que hay que trabajar. Cuando un Gobierno socialista necesitó mi voto, ese discurso de las tasas aéreas de AENA se lo tuvieron que comer, y al final en los presupuestos se bajaron las tasas aéreas. El Gobierno de Grecia y de Egipto, en una crisis muy inferior a la que tenemos ahora Baleares y Canarias, eliminaron el cien por cien de las tasas aéreas, las que hacen que el turoperador gane dinero de verdad. ¿Y sabe cuándo se bajaron? Cuando el señor Rodríguez Zapatero necesitó mi voto. ¿Y sabe lo que hizo el Partido Popular cuando llegó, con el señor Soria, ministro canario? Las volvió a implantar.

Canarias y Baleares no nos podemos permitir un agujero como este.


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La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene que terminar.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino.

Yo no sé si usted seguirá de ministra después de las próximas elecciones. Yo espero estar aquí. ¿Y sabe lo que le digo? Deseo estar equivocada y que dentro de seis meses, cuando veamos la efectividad de sus medidas y de estas políticas, tenga que decir que me equivoqué. Deseo estar equivocada porque, si no lo estoy, estamos hablando de miles de puestos de trabajo, el 40 % del empleo de Canarias. Nos va a tener a su lado en lo que sea bueno, pero no vamos a ser cómplices de engañar con las ayudas del Gobierno de España porque de esos 700 millones de euros, 15 millones ya eran de los canarios y ustedes nos los dan ahora para su promoción.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muy brevemente.

No me voy a demorar porque tanto en la memoria como en la información periodística y en las intervenciones que me han precedido está la afección que tiene a la economía de Canarias y de Baleares principalmente la quiebra de Thomas Cook a corto plazo o inmediatamente en el empleo y en las fuentes principales de la economía de estas dos comunidades, y a medio plazo en lo que pueda afectar la quiebra de Thomas Cook a la conectividad de los destinos turísticos. Quería manifestar que nuestro grupo apoyará la convalidación del decreto, pero quería llamar la atención también en tres aspectos.

De las siete medidas que se articulan en el decreto-ley consideramos que no todas tienen una conexión directa e inmediata con la quiebra del operador Thomas Cook. Por ejemplo, el cambio de nombre del Fomit, del Fondo Financiero para la Modernización de Infraestructuras Turísticas a Focit, para reenfocar su actividad, creemos que es una decisión estructural, ya que tiene una conexión relativa con Thomas Cook porque va a afectar a todo el sector o, en su caso, va a beneficiar a todo el sector. Lo mismo se podría decir respecto a que hay ciertas medidas que no necesitan un decreto-ley, ni siquiera una norma con rango de ley, como es la medida de prestación de información de la Secretaría de Estado de Turismo a las empresas para que afronten la recuperación de las deudas en el marco de los procesos de insolvencia de las filiales o de las empresas vinculadas a Thomas Cook. Consideramos también que en este decreto hay ciertas medidas que, por cómo se articulan, no tienen una conexión directa temporal entre este decreto-ley, que es urgente y requiere una intervención inmediata, y sus efectos, que están dilatados en el tiempo, puesto que algunas medidas requieren disposiciones por parte del Gobierno -posiblemente de la comisión delegada- para instrumentar condiciones, requisitos, etcétera, mientras que otras medidas requieren convenios para la ejecución de estas medidas económicas con las comunidades de Canarias y Baleares.

Estas tres cuestiones nos han llamado la atención, pero en todo caso no añadiremos por nuestra parte ninguna controversia más a este asunto porque entendemos que la situación es ya lo suficientemente complicada como para complicarla más.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Pausa). No está.

Pasamos al siguiente grupo parlamentario. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Rosell Aguilar.

La señora ROSELL AGUILAR: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días.

El grupo confederal aprobará la convalidación, de acuerdo con su contenido, aunque lo consideramos insuficiente e interesamos su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, a fin de que no decaiga en el momento de constitución de las nuevas Cortes si estuviera en trámite. Nos alegra que el Gobierno tome medidas para paliar la insolvencia del grupo Thomas Cook y que se haya reunido con la patronal y las comunidades autónomas afectadas, sobre todo Baleares y Canarias. Creemos, sin embargo, que es un real decreto-ley poco ambicioso, con tintes electoralistas en cuanto a las cantidades propuestas, como ha dicho ya Oramas, y poco garantista con las personas trabajadoras afectadas, sobre todo esto último. En esta línea ha advertido el sindicato Comisiones Obreras que ciertamente el empleo fijo-discontinuo corresponde a Baleares, que no es la estructura de empleo que tiene Canarias.


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Aparte de las subvenciones -23 millones de euros repartidos entre Canarias y Baleares, 15 y 8-, el decreto no supone, creemos, ninguna ayuda financiera a las comunidades autónomas, ni a las empresas ni a los trabajadores, sino que se trata de créditos que pueden ser solicitados, devueltos y sobre los que todavía faltaría información. Exceltur, la patronal, como sabe, ha pedido información, por ejemplo, sobre estos tipos de interés que se van a aplicar. Es cierto que la cifra anunciada por el Gobierno en nota de prensa fue de 700 millones y en el real decreto-ley solo se consignan 200 en forma de línea de financiación y los 23 de subvenciones, siendo los otros 500, como usted ha dicho, la dotación del Fondo Financiero para la Competitividad para proyectos. Pero entendemos que dar como cifra la suma es una cuestión un poco electoralista en estos tiempos que corren.

Proponemos una serie de medidas para mejorar este real decreto-ley cuando haya Gobierno, sobre todo para minimizar el impacto en las personas trabajadoras y ampliar el ámbito de actuación sobre las empresas del sector. Creemos que deberían ampliarse medidas en tres ámbitos al menos. El más importante sería el ámbito laboral, ya que las personas trabajadoras son la parte más débil de este real decreto-ley, que debería modificarse cuando exista Gobierno. En primer lugar, proponemos condicionar las medidas adoptadas por el Gobierno al mantenimiento del empleo, no solo la modificación de cuotas de la Seguridad Social sino que ha de asegurarse una fluida coordinación del SEPE para la agilización de la tramitación del acceso a las prestaciones. En segundo lugar, planteamos la coordinación también con el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, para agilizar el acceso a los pagos garantizados por este organismo y garantizar programas de formación para la diversificación económica para las personas trabajadoras afectadas de manera que puedan recalificarse incrementando sus posibilidades de empleabilidad, así como garantizar la reposición de prestaciones por desempleo a las personas afectadas por ERTE, por expedientes de regulación temporal de empleo. Por último, planteamos la posibilidad de poner en funcionamiento el sistema de ayudas establecido en el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecían normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. Esto respecto de las personas trabajadoras.

En cuanto a las empresas, sí nos parecería necesario también estudiar en el plazo más breve posible -desde la constitución del nuevo Gobierno- las consecuencias del impago de Thomas Cook a empresas españolas en materia de IVA o de IGIC, del impuesto general indirecto canario, en el caso de Canarias. Sabemos que la situación de interinidad dificulta la posibilidad de implementar alguna medida que mitigue estos efectos, pero cuando el Gobierno esté constituido debería realizarse en el menor tiempo posible.

Respecto del sector turístico, sí nos parecen importantes también acciones complementarias ligadas a los mercados emisores o recuperación de clientes a través de Turespaña en mercado emisor o la utilización de planes extraordinarios del Imserso, incluso para aquellos territorios o localidades donde el impacto haya sido mayor. En realidad, lo que hemos visto en territorio es que el mercado rápidamente se recompone y que las empresas buitres se reparten rápidamente las piezas, aunque en tiempo de bonanza no reparten riqueza, sí que reparten pérdidas económicas y pérdidas de empleo. De nuevo surge el miedo a mayor inestabilidad y precariedad económica y laboral, que es lo que no deja a la gente dormir en los territorios insulares.

Tenemos aun así un modelo de país de monocultivo en el turismo, como el colonialismo que obliga a desplazarse o a dedicarse únicamente a la exportación de recursos naturales en materia prima, y así sucede con el turismo de sol, de playa y de islas sobresaturadas. El propio decreto reconoce la fuerte dependencia de las islas Canarias y de las Islas Baleares al grupo empresarial británico, lo que tiene efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en las empresas que prestan servicios intermedios y auxiliares en el sector. Creemos que se habla poco del día a día de miles de familias que realmente tienen sueldos miserables en el sector turístico que representa el 45 % del sector en Baleares y el 35 % en Canarias, pero no se corresponde con esta misma riqueza generada al bienestar. Ahora, todos y todas lamentamos lo que ha pasado, ya que miles de personas trabajadoras se han quedado, por un lado, sin su descanso merecido, y por otro, miles de empleos corren peligro.

Por supuesto, estamos a favor de este decreto y esperamos que sirva para ayudar realmente a la gente de a pie que se dedica al turismo, a los que cada día se dejan la vida limpiando habitaciones, sirviendo comidas, cocinando o conduciendo, pues no solo se trata de las empresas turísticas tal y como las conocemos. Pero, realmente, como ciudadana residente en las islas, avergüenza que ahora tengamos que poner parches y paliativos para no cambiar nada de un modelo económico dependiente, vulnerable y


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poco sostenible. Por tanto, de nuevo insistimos al Gobierno del Estado en apostar por la diversificación, la sostenibilidad turística, por la innovación y acabar con la dependencia y la estacionalidad y, sobre todo, luchar contra la vulnerabilidad de nuestras economías y proteger a la ciudadanía de la avaricia de un mercado que se queda con los beneficios y socializa las pérdidas.

Como he anunciado al inicio, a mi grupo parlamentario le interesa su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que no decaiga, pues está en trámite la fecha de constitución de las próximas Cortes Generales.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rosell.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Presidenta, ministra, afronto el debate de este real decreto con una profunda y absoluta tristeza. En primer lugar, porque ya hace tiempo se escuchaban tambores de guerra acerca de la mala situación de Thomas Cook; esto no es nuevo, no pasó el otro día sino que lleva tiempo hablándose sobre este tema, con ese runrún acerca de lo que podía ser. En segundo lugar, porque este real decreto es del todo poco ambicioso, no mira más allá de intentar poner un parche, y no quiero pensar yo que sea porque nos encontramos en un periodo electoral. Y en tercer lugar -y por eso le hablé del segundo-, porque ha sido un real decreto que en lugar de buscar un consenso y reunirnos a todas las fuerzas para que saliese un texto ambicioso y que no se tuviese que llamar a última hora para ver si se aprueba o no, saliese un paquete reforzado con una mayoría solvente que fuese totalmente transversal y que sí respondiese a lo que necesita en este momento el sector turístico.

No se habla de lo que están sufriendo las familias por la falta de planificación y lo digo porque existe muchísima preocupación al respecto. Estamos hablando de un sector que a nivel nacional puede ser un 11 % del PIB y un 13 % del empleo nacional, y me voy a referir a distintas comunidades autónomas. Como usted ha dicho, hay comunidades que están más afectadas que otras, en este caso mi comunidad autónoma, Canarias, y también el archipiélago balear, son las más afectadas, aunque también Cataluña, Andalucía y distintas partes de España. Me centro, si me permite, en Canarias porque es donde más impacto va tener, ya que estamos hablando de que puede haber una caída de 6,5 % del PIB en las islas. Tenemos un PIB que depende un 40 % del sector turístico y, lamentablemente, no ha habido una evolución en cuanto al modelo de contratación turística porque se siguen contratando en mayoría paquetes turísticos, un 60 % del turismo que llega a las islas viene por paquetes turísticos y Thomas Cook era el segundo turoperador más importante en las islas. Estamos hablando de pérdidas millonarias, de miles de millones de euros, que en materia de empleo puede suponer una pérdida del 10 % de los puestos de empleo que tienen que ver con el sector turístico, más de 15000 empleos en las islas. No quiero recordarle las tasas de desempleo de las islas ni las tasas de desempleo juvenil porque son bastante vergonzantes para todos, pero créanme que es importante.

En mi tierra, además, se dejaron a miles de personas ese día, en Canarias, Baleares, en distintos puntos de España. ¿Cree usted que esta es la imagen que se tiene que proyectar de España? Porque como no se tomaron medidas preventivas, como nadie hizo caso a esos tambores de guerra que ya se escuchaban de que iba a haber una posible quiebra del turoperador, se quedaron miles de turistas británicos en nuestros aeropuertos. Se intentó paliar con una respuesta lo más rápida posible para poder trasladarlos a su destino de origen, pero la imagen fue lamentable. En lo que llevamos desde esa crisis hasta el momento se han cancelado 475000 asientos turísticos en nuestro país, creo que es un dato relevante.

Lo que me preocupa es que el sistema bipartidista durante todos estos años se ha sentido cómodo con el modelo turístico porque funcionaba así y no han visto más allá. Sin embargo, la revolución tecnológica y la irrupción de Internet han ido cambiando el modelo de contratación en el mercado turístico. Se ha seguido apostando por un modelo que a todas luces ya parecía que estaba obsoleto sin darle respuestas al sector ni tampoco señales de previsibilidad. Esperábamos medidas mucho más contundentes, aunque le digo sinceramente que tampoco me sorprende demasiado que no existan, porque si las hubiesen querido nos hubieran convocado a todos para hablar.

Es el segundo real decreto que debato de su ministerio y todavía a día de hoy nunca he hablado con usted. No sé, eso quizá lo deberían escuchar todos los ciudadanos de nuestro país porque, como digo, es el segundo decreto y todavía no he hablado con usted, ni siquiera hemos cruzado un 'hola', así que cada uno verá sus intenciones.


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Nos falta contundencia y creemos que las empresas se están enfrentando a una dura situación. Por eso, creemos que puede haber más propuestas. También vamos a solicitar que se tramite como proyecto de ley de urgencia porque creemos que cabe un hueco para introducir medidas que sí sean importantes. Ponemos sobre la mesa, por ejemplo, que se intente paliar a través de medidas como la exención del pago de IVA de las facturas no cobradas o una moratoria en la devolución de los préstamos oficiales.

Señora ministra, estamos aquí para poner, en este caso, soluciones sobre la mesa. Hablábamos de temporada alta y de temporada baja, la diferencia entre los territorios es que en la mayor parte del territorio nacional la temporada alta ya acabó, con lo cual sí podemos devolver esas facturas no cobradas, pero Canarias va a perder toda su temporada alta porque empezaba ahora. La pérdida y las cancelaciones que ha habido en Canarias son asombrosas. Hay pequeños hoteles de familias que han visto cómo el cien por cien de la ocupación que tenían reservada ha caído. ¿Les estamos dando alguna respuesta con este real decreto a esos pequeños propietarios de distintos establecimientos hoteleros -no estamos hablando de grandes compañías- para que no quiebren, para que puedan sobrellevar, en este caso, la situación a la que nos estamos enfrentando? Usted hablaba de que era prioritario este real decreto y estoy de acuerdo. Asimismo, hablaba de responsabilidad. A mí el hecho de que la responsabilidad de los demás sea asumir todo lo que usted dice sin que haya debate y sin que haya una negociación previa me parece bastante irresponsable, por otro lado. Lo digo porque, después de la reunión que usted mantuvo con los turoperadores y con toda la patronal y el sector, nosotros también nos reunimos y la visión que nos dieron de esa reunión fue bastante preocupante. Primero, porque sus manifestaciones, al parecer, solo giraban en torno a la marca España y a la imagen de España, pero en cuanto a resoluciones sobre lo que podía pasar, no hubo demasiado contenido, y así nos lo transmitió el sector. Usted hablaba de conectividad, y a mí me preocupa. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque yo no soy de Madrid, yo soy de Canarias, pero además soy de la isla de La Palma que tiene el concepto de doble insularidad. Si no se soluciona el tema de las plazas de desplazamiento a Canarias, Canarias no solamente va a tener un sistema de aislamiento en sí mismo por ser islas y por estar a 2000 kilómetros de la Península, sino porque va a ser imposible llegar a las islas, y, repito, el 40 % de nuestro producto interior bruto viene del turismo. Así que es necesario que se reavive la conectividad, y lo digo porque tras la crisis de Monarch de hace unos años todavía no se han restaurado esas plazas. Acaba de quebrar Thomas Cook y ustedes están hablando de las plazas, pero tampoco se ha hecho nada directamente para solucionarlo. Ryanair ha anunciado que va a cerrar las bases. No han hecho absolutamente nada en relación con lo que va a pasar con Iberia. ¿Sabe que la única conexión directa que tiene la isla de La Palma con la Península es a través de Iberia? ¿Qué va a pasar? Que los palmeros podremos ir a Bélgica, a Alemania o al Reino Unido, pero no podremos venir a la Península porque el Gobierno ha decidido que el tema de Iberia es un tema de una compañía privada. No, señora, es conectividad y es principio de igualdad, de que todos los españoles se puedan mover por el territorio en igualdad de condiciones, vivan en un archipiélago o vivan en territorio peninsular.

Más allá de eso, me apena que prefiriesen que colapsase la situación porque, como digo, esto ya se veía venir y prefirieron que colapsase. Usted decía que es mentira...

La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tendría que ir terminando.

Las señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Voy terminando, presidenta.

Usted decía que es mentira, pero no es mentira, señora ministra. (La señora ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Maroto Illera: ¿Tenemos la culpa?). En 2011 ya hubo una caída en bolsa importante, pero es que entre mediados de 2018 y mediados de 2019 se ha desplomado un 50 % en bolsa.

Creemos que la solución no es ambiciosa y que falta consenso. Apoyaremos este real decreto porque nosotros sí somos responsables. Y, por su responsabilidad, le pediría que le diga al grupo que apoya al Gobierno que apoye también que se tramite como proyecto de ley de urgencia para que podamos incluir medidas, por ejemplo, para Málaga, que no aparecen en el real decreto (la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Maroto Illera: Sí están), o para ciertas comunidades autónomas porque, por responsabilidad, lo que demanda el sector es consenso. Señora ministra, además de replicarme cuando no tiene el uso de la palabra -lo cual es de bastante mala educación (rumores) porque yo sí la respeté-, lo que le puedo decir es que lo que demanda el sector es responsabilidad y consenso. Estamos dispuestos a sentarnos; ahora solo falta saber si usted también está dispuesta.

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.

Este real decreto es una muestra más y representa la enseña del sanchismo y lo que significa el Gobierno de Sánchez: un Gobierno que nunca se anticipa, de nula anticipación, siempre reactivo. Ser reactivo convierte a este Gobierno en un Gobierno que siempre improvisa, que actúa con retraso, con medidas insuficientes y, en la mayor parte de los casos, ineficaces. Es cierto que se conocía qué estaba ocurriendo en el Reino Unido. Hace dos años que tenemos un debate importante, como todos saben en esta casa, sobre el brexit. Es cierto que el británico es el principal turismo de nuestro país con más de un 21 % y que el primer turoperador británico y el segundo mundial es Thomas Cook. Por tanto, el Gobierno era conocedor de lo que estaba ocurriendo. Podría serlo, porque seguimos sin saber dónde está el señor Ábalos. Al señor Ábalos le hemos pedido que presente un plan de contingencia, sabiendo lo que iba a ocurrir con Thomas Cook desde el mes de septiembre, y le pedimos también los informes de sostenibilidad financiera de la compañía, que deben presentar al Ministerio de Fomento cada compañía aérea que opere en nuestro país, pero hemos tenido el silencio -otra enseña clara del Gobierno de Sánchez- como respuesta, a ver si el silencio y el paso del tiempo solucionan las dificultades.

El turismo británico es extremadamente relevante, como todo el mundo sabe en esta Cámara, y fundamentalmente en nuestra tierra, en Canarias. Solamente entre enero y agosto recibimos más de 15,6 millones de turistas británicos y les anuncio que son 225000 más que en 2018 y 600000 menos que en 2017. Por tanto, había que haber tomado medidas con antelación a las que se han tomado, haberlo hecho mucho antes. Piensen solamente que la quiebra de Thomas Cook significa que desaparezcan las plazas de 1223000 pasajeros y, ante eso, la respuesta ha sido más bien escasa, sobre todo pensando en Canarias, donde la temporada alta empieza en octubre y acaba en Semana Santa y donde más del 10 % del empleo turístico está ligado a este turoperador porque uno de cada cuatro turistas extranjeros que llegaban a Canarias lo hacían de la mano de Thomas Cook.

¿Qué deficiencias vemos en este decreto? Ya anuncio que votaremos a favor porque, como le dijo en su día el marqués de la Ensenada a Fernando VI refiriéndose al canal de Castilla, lo que no se comienza no se acaba. Por tanto, si este es el inicio, nosotros no vamos a ser un obstáculo para ello; ahora, lo consideramos absolutamente ineficiente. No contempla ninguna bonificación ni rebaja de las tasas aeroportuarias, que es -como bien decían los anteriores colegas que han intervenido- el principal problema que tiene la desaparición o la insolvencia de Thomas Cook. Es el problema más importante, sobre todo cuando hablamos de las islas Canarias, ya que la navegación aérea es el principal vehículo para la atracción de turistas y para la conectividad de nuestra tierra. Pero resulta que el presidente de AENA -un dirigente del Partido Socialista catalán elegido por el señor Ábalos- recientemente decía que las tasas no determinan la elección de un destino. Por tanto, si la ministra de Industria se ha reunido con los agentes para hablar de reducción de tasas, quiere decir que discrepa del presidente de AENA y, lo que es más grave, del inexistente y desaparecido ministro de Fomento, cosa que aún preocupa más e introduce otro factor del Gobierno de Sánchez, que estamos observando en los últimos meses, y que es: cada loco con su tema.

Nosotros queríamos -y así se lo hicimos saber al Gobierno- que figurase una clara alusión a la necesaria rebaja de las tasas aeroportuarias para aquellas plazas que se incrementasen con respecto a la planificación del 31 de agosto. Todas las tasas, no solamente la de pasajeros; las siete tasas que tienen que ver con la navegación aérea. Porque ya conocimos en 2011 que eso tiene un efecto directo positivo sobre la atracción de turistas. Había medios y se podía habilitar un artículo a través de este real decreto que autorizase al Gobierno a trasladar a AENA, desde los Presupuestos Generales del Estado, las cantidades necesarias para compensar esta bonificación a la que hacíamos alusión. Por lo tanto, no hay un argumento técnico ni jurídico que evite este planteamiento que hacemos, que es la reducción y la bonificación de las tasas aéreas para aumentar las plazas nuevas a las islas Canarias, a Baleares y al resto de destinos que Thomas Cook cubría.

Nos presentan una ayuda de 15 millones de euros que, como bien decía la señora Oramas, ya figuraba. Lo único que pedimos, si es posible -y ya sé que esto es complicado cuando hablamos del Gobierno socialista-, es que esta ayuda se realice y se lleve a cabo con celeridad, y se ejecuten tanto los 15 millones para Canarias como los 8 millones para Baleares. Pero es tan ridículo que -fíjense- el real decreto incorpora 1400000 euros para destinos inteligentes. Es decir, un país que recibe 82 millones


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de turistas, que es la segunda potencia mundial, va a cambiar su metodología, va a cambiar la forma en que realiza el desarrollo turístico con 1,5 millones de ayudas. Me parece que solamente la cifra ya debería producir sonrojo en aquellos que la presentan.

Luego nos presentan un fondo que ya existía y lo que hacen es cambiarlo de nombre. Antes se llamaba Fondo para la modernización de las infraestructuras turísticas; lo cambian de nombre y ahora se llama Fondo para la financiación del Estado para la competitividad turística, etcétera. Es decir, la medida potente es el cambio de denominación de un fondo. Y, después, nos introducen ayudas para avales por 200 millones de euros. No sabemos cómo, ni cuándo, ni la metodología; no se sabe absolutamente nada, el desconcierto reina en el sector turístico de toda España y, particularmente, en el de Canarias, como así me lo han hecho saber, por supuesto, los agentes. Teniendo en cuenta, además, que Thomas Cook pagaba los servicios que se le prestaban a noventa días, fíjense los problemas de tesorería con los que se encuentran ahora mismo las compañías que trabajan en el sector turístico en Canarias, donde, como bien saben todos ustedes, representa el 60 % del producto interior bruto. Pues se nos presentan 200 millones de euros cuando solamente en el primer semestre de 2019 los turistas británicos gastaron en Canarias 2040 millones de euros. Frente a eso se nos ofrece una ayuda de 200 millones de euros, sin cuantificar cómo ni dónde, ni de qué manera, ni el plazo, ni los tipos de interés, ni nada de nada.

Por otro lado, se anuncia la bonificación de la Seguridad Social. Nos parece que es una buena medida fundamentalmente para las Islas Baleares, porque hace mención a los fijos discontinuos, pero yo pienso en las islas Canarias, donde el 65 % de los trabajadores son fijos. Por tanto, no aplica esta medida a la comunidad autónoma más perjudicada por la desaparición de Thomas Cook.

Por último, nos gustaría hacer de nuevo hincapié en el problema de la competitividad. Si el segundo operador turístico cierra las bases en Canarias y el tercero desaparece, ¿no nos damos cuenta, no observa el Gobierno la gravedad del problema al que nos enfrentamos, que puede ayudar a solucionar con una bonificación de tasas aéreas a la que renuncia, no creo que la ministra, sino el ministro de Fomento, que no baja de la tarima del mitin ni para esto? Por tanto, les invito a la reflexión, a que busquen mecanismos urgentes para garantizar la conectividad en Canarias y que habiliten, como he dicho antes, una bonificación absoluta, total, de tasas aéreas para aquellas plazas que incrementaron lo que ya fue previsto el 31 de agosto de este mismo año.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Hernández.

El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero reconocer el trabajo realizado no solo por el ministerio sino por los Gobiernos autonómicos y también la implicación máxima de las administraciones insulares y locales, que han trabajado y han incorporado medidas que se han implementado en este real decreto. Por tanto, ha existido diálogo, ha existido consenso y ha existido voluntad por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para sacar adelante este real decreto que hoy estamos debatiendo. Además, quiero poner en valor a los profesionales del ministerio, en concreto del área de turismo; un extraordinario equipo capaz de vertebrar en tiempo récord medidas tan importantes como las que se están debatiendo en el día de hoy. También quiero dejar algo muy claro: este real decreto no comprende todas las soluciones a una realidad turística, porque ya hay muchas acciones que se están desarrollando desde los diferentes ministerios y también desde las comunidades autónomas y administraciones insulares. Por tanto, tengamos una perspectiva amplia del sector turístico y no seamos oportunistas a propósito de un real decreto que pretende solventar una situación coyuntural dada por la quiebra de un operador. Punto uno.

Haré un recorrido por las intervenciones de los diferentes portavoces, pero hay algo que no encaja en todo esto. España es el segundo destino turístico en número de turistas y en gasto en destino, por detrás de Francia y Estados Unidos, y el primer destino en competitividad. Algo no encaja con la intervención de los diputados que me han precedido en el día de hoy. Algo está haciendo bien el Gobierno de España, algo ofrece España como destino turístico como para no ser tan apocalípticos en el análisis no actual, sino incluso en todo el recorrido, y quiero destacar un dato del Partido Popular en concreto. En junio o julio de 2018 ya advertían de que el turismo en España iba a descender, iba a tocar suelo; pues al cierre del ejercicio 2018 España batía récords tanto en el número de turistas como en gasto en destino. Por tanto, a efectos de advertir lo que pueda suceder en el futuro, precisamente no están muy habilitados para


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aventurarse en el día de hoy a dibujar un escenario futuro. Creo, sinceramente, que desde el ministerio se ha vertebrado un paquete de medidas muy interesante. La ministra no ha dicho que vayan a cerrar las puertas a seguir trabajando en todos los ámbitos, incluido el de conectividad.

Señora Oramas, usted habla de irresponsabilidad y de que el ministro Ábalos aprovecha cualquier oportunidad para hacer política. Su intervención en el día de hoy deja bien claro que eso es precisamente lo que hace usted cada vez que tiene la oportunidad de intervenir en una Diputación Permanente o en un Pleno de la Cámara. Y responsabilidad también es apelar a no haber tomado medidas en el pasado, cuando su formación política gobernó Canarias -la comunidad autónoma- durante veintiséis años y no tomó medidas para vertebrar la modernización del sector -entre otras lindezas que usted ha soltado aquí-, con un presupuesto de 2018 que comprendía eso efectivamente, y los convenios están firmados con todas las administraciones canarias para las infraestructuras turísticas, y esos convenios están articulados, vertebrados y se están ejecutando. (La señora Oramas González-Moro pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señora Oramas. El final, el propósito de este fondo está orientado a la competitividad y a la conectividad. Es otro fin, señora Oramas, no confunda y no falte a la verdad, se lo pido por favor, también utilizando el término de decoro de la Cámara. Y no me interrumpa, por favor. Se lo pido por respeto a la Diputación Permanente y a los diputados y diputadas que estamos aquí presentes en el día de hoy.

Usted habla también de Iberia, de Ryanair y de Norwegian, utilizando situaciones dadas en el ámbito privado para responsabilizar al Gobierno de España, pero responsabilidad la suya también. Porque ¿quién le dice a usted que el Gobierno de España no está trabajando para solventar esto? ¿Quién lo dice? (La señora Oramas González-Moro señala a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Maroto Illera). No, no señale usted a la ministra. ¿Quién dice eso? Lo dice usted. El Ministerio de Turismo está trabajando para facilitar a la iniciativa privada su adaptación a la realidad existente y no diga lo contrario porque está usted faltando a la verdad. Está faltando a la verdad y no se lo voy a permitir porque no es cierto.

En cuanto a las funciones, usted hace un recorrido atacando a las administraciones canarias. No confunda usted el mercado turístico internacional con el mercado británico y con otros mercados. Las declaraciones que hace el cabildo de Tenerife -por cierto, cogobernado con Ciudadanos-, que está de acuerdo y que respalda esta medida, responden a un mercado concreto, las que hace el Gobierno de Canarias tres cuartos de lo mismo y las que hace la ministra responden a los datos oficiales de AENA. Por tanto, no se está dibujando un escenario ficticio, se está hablando con datos oficiales, señora Oramas.

Al Partido Nacionalista Vasco le quiero agradecer su intervención y su voluntad de apoyar esta iniciativa.

En relación con Ciudadanos y el planteamiento poco ambicioso, me gustaría señalarle al Grupo Parlamentario Ciudadanos las declaraciones hechas por el embajador británico en España, en las que agradece y reconoce la labor del Gobierno español precisamente para recoger y facilitar el traslado de todos los turistas británicos establecidos en el momento de la quiebra y el retorno al Reino Unido, reconocido también por el primer ministro y el ministro de Exteriores británico. (La señora Rodríguez Hernández pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, usted dijo que estaban tirados en los aeropuertos, que estaban tirados en España. Se llevó a cabo, coordinado con el resto de administraciones, un operativo ejemplar ante una situación excepcional y es reconocido también por el Gobierno británico. Como dije en un primer momento, todas estas medidas se ven complementadas por otras muchas medidas.

Al Partido Popular me gustaría también preguntarle qué hizo el Partido Popular cuando gobernaba y sufrimos la quiebra de Monarch. Cero medidas, cero iniciativas. Por tanto, no están en condiciones de exigirle absolutamente nada. Y pregunto también al Grupo Ciudadanos cómo puede un Gobierno de España intervenir ante una empresa británica en la situación que usted comenta, que cotiza en bolsa y que analiza datos. ¿Qué puede hacer el Gobierno de España más allá de facilitar, dialogar y vertebrar facilidades para mejorar la conectividad de este país? (La señora Rodríguez Hernández: Plan de contingencia).

Usted también ha hablado de que se ha perdido conectividad. ¿Cómo es posible que se pierda conectividad y sigan la Península, Canarias y Baleares subiendo en el número de turistas? Es incomprensible que usted pueda hacer esas declaraciones.

En cualquier caso, hecho este recorrido, apelo a la responsabilidad del resto de formaciones políticas. Hablan de proyecto de ley y entendemos que estas medidas se deben implementar con carácter de


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urgencia. Honestamente, creo que las medidas, independientemente de que tengamos margen de mejora en algunos ámbitos, responden exactamente a lo que demanda y exige el sector.

Sin más, señora presidenta, termino mi intervención.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez.

- REAL DECRETO-LEY 13/2019, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ACTUALIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS ENTREGAS A CUENTA PARA EL AÑO 2019 DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN SITUACIÓN DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, Y SE ESTABLECEN DETERMINADAS REGLAS RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. (Número de expediente 130/000003).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

Para presentar este real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno en funciones, la señora ministra de Hacienda en funciones.

La señora MINISTRA DE HACIENDA EN FUNCIONES (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Comparezco, como decía la presidenta, ante la Diputación Permanente para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley por el que se regula la actualización de las entregas a cuenta para el año 2019 de comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales en situación de prórroga presupuestaria. Además, señorías, se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en tributos del Estado, correspondiente al año 2017. Es una iniciativa, señorías, con la que este Gobierno está dando una respuesta responsable y diligente a una situación, yo diría que inédita hasta ahora en nuestro país, y que tiene un origen claro y definido: la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un Gobierno en funciones. Desde esta misma tribuna recuerdan sus señorías que advertí a los grupos PP y Ciudadanos y a partidos independentistas de los graves perjuicios que su voto negativo a los Presupuestos Generales del Estado implicaban para el conjunto de la sociedad española y para el Estado del bienestar.

Creo, señorías, y lo recordarán porque lo trasladé con meridiana claridad, que España necesitaba unos Presupuestos Generales del Estado que revitalizaran los servicios públicos esenciales, que dotaran de más recursos a las comunidades autónomas para sanidad, para educación o para dependencia. Además, después de tantos años de dura crisis, teníamos que fortalecer las políticas sociales, que constituyen pilares del Estado del bienestar, y ello, señorías, para que los beneficios del crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad, especialmente a la clase media y a los colectivos más vulnerables. Pero, lamentablemente, las advertencias cayeron en saco roto, porque se impusieron otro tipo de intereses. Se prefirió anteponer el rédito electoral a corto plazo al bienestar de la ciudadanía y del país. Las consecuencias son conocidas por todos: prórroga presupuestaria y convocatoria electoral, lo que implica que el Gobierno esté en funciones, con las consiguientes restricciones derivadas de la Ley del Gobierno. Como decía, esta situación inédita -presupuestos prorrogados- ha condicionado todas las actuaciones en esta materia, como bien saben.

Antes de entrar en el detalle concreto del contenido de este real decreto, me gustaría trasladar algunas consideraciones que contextualizan el punto de partida en el que cada uno se sitúa. Señorías, desde que tomé posesión de mi cargo como ministra de Hacienda he venido manifestando cada vez que he tenido oportunidad que este Gobierno tiene una concepción distinta del Estado de las autonomías a la que protagonizó el PP en la anterior legislatura, por no hablar de otras formaciones presentes en la Cámara que directamente reniegan del Estado autonómico. Frente a los intentos de centralización enmascarada vía normativa o de delimitar la capacidad competencial a partir de la asfixia financiera, he defendido y defiendo que las comunidades autónomas son tan Estado como la Administración general, porque son las


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administraciones territoriales las que tienen obligación de proveer, en términos de igualdad y de calidad, servicios que son básicos para el conjunto de los ciudadanos. Creo y sostengo que su autonomía política va de la mano de la autonomía financiera. De ahí que no tenga sentido que el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado o el bloqueo de la conformación del Gobierno central limite o penalice a su vez la capacidad competencial de las comunidades autónomas. Señorías, asumir esta premisa sería tanto como entender que la autonomía política de las comunidades está jerarquizada respecto a la Administración general, que su presupuesto depende de que la Administración central haga el suyo propio, cuando ese, desde nuestro punto de vista, no es el espíritu de la Constitución.

Por ello, desde el primer minuto el Gobierno ha trabajado sin descanso para buscar una solución absolutamente respetuosa con el marco de la legalidad, de manera que los recursos pudieran llegar a las administraciones territoriales, comunidades autónomas y entidades locales, tal y como hemos defendido siempre. Confío, señorías, en que la vía que abrimos con este real decreto-ley sirva también de orientación futura para el debate del próximo modelo de financiación autonómica, de manera que en la ley orgánica que se debata en esta Cámara, y donde se regule este sistema, quede expresamente fijado que los presupuestos de las entidades territoriales no pueden depender del presupuesto general de España ni tampoco de que el Gobierno esté en plenas capacidades.

También me gustaría aclararles un extremo que se ha venido utilizando quizá de manera un poco interesada -lamento decirlo- por parte de algunas formaciones políticas en un intento de confundir a la ciudadanía. La no actualización de las entregas a cuenta no era, como algunos se empeñaban en señalar, sinónimo de recorte impuesto a comunidades autónomas, sino que se trataba de un problema de tesorería, particularmente acentuado en algunos territorios a medida que nos íbamos acercando a final de año. Este es un tema complejo técnicamente, pero intentaré explicarlo de manera sencilla y breve. Las comunidades autónomas reciben cada mes aproximadamente 8000 millones en concepto de entregas a cuenta. Eso es lo que han venido recibiendo mensualmente a lo largo de este año, insisto, cada mes y sin que haya habido ningún tipo de problema. De hecho, la actualización de las entregas a cuenta, que es lo que se cuestionaba al encontrarnos en doble situación de prórroga y Gobierno en funciones, supone 4682 millones. Como ven, esto representa aproximadamente quince días de liquidez. Por eso, señorías, les insisto en que se trata de una situación que no se correspondía con ningún recorte inducido ni nada que se le parezca.

Las dificultades eran -insisto- de tesorería, de liquidez de pago, no presupuestarias y no para todas las comunidades. Por eso, hemos estado monitorizando los planes de tesorería de las diferentes comunidades, para conocer su evolución y actuar en consecuencia, facilitando los mecanismos de liquidez extraordinarios a aquellas cuya situación lo aconsejaba. Y saben sus señorías que ante esta situación inédita de prórroga y Gobierno en funciones solicitamos orientación a la Abogacía del Estado, a la que desde aquí quiero felicitar por su profesionalidad y rigurosidad.

En un primer momento, en el mes de agosto, la Abogacía del Estado entendía -probablemente, era lo correcto- que la actualización de las entregas a cuenta podía condicionar la actuación de un Gobierno entrante. Sería correcto, señorías, porque en el momento en que solicitamos este primer informe consultivo nos encontrábamos en un periodo en el que todavía era posible la conformación de un Gobierno. La fecha límite era el 23 de septiembre y había capacidad para que ese Gobierno pudiera hacer un planteamiento respecto a esta materia en lo que restaba de año. Por cierto, exactamente lo mismo que argumentaban el PP, los presidentes de comunidades autónomas y el anterior ministro de Hacienda cuando se les preguntaba por las entregas a cuenta: que el Gobierno estaba atado de pies y manos y que no se podían actualizar. ¿Y qué ha cambiado para que ahora sea posible esta actualización? En primer lugar, que el Gobierno no se ha resignado, no se ha cruzado de brazos, sino que ha trabajado activamente buscando una solución. Y en segundo lugar, una vez que se activó el reloj de la nueva convocatoria electoral, el hecho de liberarla ya no condicionaba al Gobierno entrante; en cambio, no hacerlo producía un claro perjuicio. Por tanto, señorías, se entendía que la conformación del Gobierno resultante de las urnas después del 10 de noviembre ya no tendría capacidad operativa sobre el presupuesto de 2019, que es el presupuesto del que estamos hablando, por lo que el perjuicio no se podría resolver por un Gobierno entrante y no se estaría limitando su capacidad de actuación. Ahora sí se podía dar esta situación, que además se sumaba a una segunda condición: declarar una urgente necesidad para poder poner en valor que alguna o todas las comunidades autónomas pudieran tener problemas de liquidez para hacer frente a sus compromisos de pago. Esto es lo que hemos demostrado metodológicamente a través de la monitorización de estos planes de tesorería que he comentado. En concreto, había dos comunidades


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autónomas que podían tener dificultades para hacer frente a sus compromisos ya en el mes de noviembre, por lo que se podía determinar la urgente necesidad para que no se produjera una consecuencia no deseada.

Anticipándonos, pues, a que se pudiera producir un menoscabo en la prestación de los servicios públicos de algunas comunidades autónomas por el hecho de que no hubieran llegado estos recursos, lo hemos argumentado en el informe que por segunda vez se solicitó a la Abogacía del Estado, con un elemento añadido, señorías, que quiero poner en valor: la importancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas poder cobrar a tiempo su factura y que no se produzcan demoras que puedan afectar al negocio. A los 4682 millones de la actualización hay que sumar otros 2136 que ya recibían de más las comunidades respecto de la prórroga del año 2018. En total, las comunidades autónomas ingresarán 102800 millones de euros en el año 2019, un 7,1 % más, lo que supone la cantidad más alta registrada hasta la fecha. La cifra, señorías, habla a las claras del compromiso que tiene este Gobierno con el Estado de las autonomías y con el Estado del bienestar. Por otro lado, hemos actualizado las entregas a cuenta de entidades locales por valor de 821 millones de euros, de forma que los recursos totales que recibirán las corporaciones locales por este sistema de financiación serán 18879 millones de euros, lo que supone un 4,6 % más respecto al año 2019.

Quiero dejar constancia de que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista valoramos de forma muy positiva el esfuerzo y la contribución de las entidades locales en la reducción del déficit público del Estado y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las entidades locales son un engranaje fundamental en esta arquitectura administrativa del Estado, y como tal tienen que ser tratadas.

En resumen, señorías, en ningún momento la prestación de servicios públicos en comunidades autónomas ha estado comprometida, como algunos han querido trasladar, ni, por supuesto, se ha vinculado la actualización de las entregas a cuentas a ningún tipo de chantaje; justo el contrario, hemos actuado con respeto a la legalidad y a las competencias autonómicas antes, ahora y después de la actualización. Han sido circunstancias distintas, pero también ha habido una voluntad política distinta a la del Gobierno precedente, porque, señorías, creo que hemos actuado con responsabilidad y siendo conscientes de este papel fundamental que tienen las comunidades autónomas tanto en la vertebración territorial como en la provisión de servicios públicos fundamentales. Señorías, con esta actualización, con este real decreto-ley, el Gobierno pone de manifiesto que cree profundamente en el Estado autonómico, que cree en el modelo territorial que hemos construido, en donde cada nivel administrativo tiene que ejercer sus competencias con la autonomía que pueda para posibilitar que los servicios alcancen a todos los ciudadanos. Nosotros hemos sido responsables y coherentes con nuestra idea de Estado, que es la que define el título VIII de la Constitución; un Estado de las autonomías con amplias competencias, con servicios públicos esenciales que tiene que prestar a la ciudadanía, con el principio de solidaridad entre territorios y, por supuesto, igualdad de derechos y obligaciones. Por tanto, señorías, ante la parálisis a la que nos intentan abocar, nosotros hemos aportado respuestas, desde la seriedad y desde el rigor, en el momento en que ha sido posible, a pesar de la complejidad -insisto- y de ser una situación inédita en nuestro país.

Concluyo, señorías. Les pido el voto favorable para la convalidación de este real decreto-ley, porque con él sentamos un precedente para que en un contexto de presupuestos prorrogados y Gobierno en funciones se pueda hacer efectivo este pago de entregas a cuenta a comunidades y entidades locales; un precedente que va a permitir a futuros Ejecutivos, sean del color político que sean, cumplir con sus obligaciones para con las comunidades autónomas y las entidades locales y garantizar que no van a ser víctimas del bloqueo presupuestario o institucional del Gobierno central. Confío en que los grupos parlamentarios de la Cámara que se han posicionado estos meses reclamando la actualización de las entregas y demandando que el Gobierno actuara en este sentido sean coherentes y voten a favor del real decreto-ley, porque, señorías, lo contrario dejaría traslucir que, detrás de este debate, en realidad no les interesaba ni el Estado del bienestar ni la calidad de los servicios públicos, ni siquiera la defensa del modelo autonómico, y que lo único que buscaban era la confrontación y el desgaste.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda en funciones.

En turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios de la Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Parece que el tiempo fuera está nublado y, en cambio, aquí dentro ha despejado bastante. Hablaré en nombre de Compromís y de Coalición Canaria, puesto que no podemos intervenir cuatro.

Había una película de García Berlanga titulada Los jueves, milagro. Pues, parafraseando a García Berlanga: en elecciones, milagro. Lo que no podía ser antes, parece que ahora sí que puede ser. Lo que no podía hacer un Gobierno en funciones, ahora sí lo puede hacer un Gobierno que está más en funciones. Yo creo que este Gobierno será recordado por dos o tres cosas. La primera, porque tardó más de un año en sacar a Franco del Valle de los Caídos. La segunda, porque hizo lo mismo que Mariano Rajoy en financiación autonómica; es decir, nada. Y la tercera, por convocar unas nuevas elecciones que van a permitir que el Partido Popular vuelva a remontar y que los que se han ido, al parecer, saquen mejores resultados. Espero que no sea recordado por dar una nueva oportunidad para que la derecha vuelva a gobernar.

Se podía y se debería haber hecho antes -lo dijo Coalición Canaria, lo dijimos en Compromís y lo han dicho otros partidos en esta Cámara-; y mientras no se encontraba solución había gente que no podía cobrar, proveedores de todas las comunidades autónomas que no podían cobrar, es decir, pequeñas vidas, pequeños autónomos, pequeñas empresas que no cobraban. (Rumores). Como no solo quiero hacer críticas, hago una propuesta en la línea de lo que ha dicho la propia ministra, sacar el tema de las... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Espere un segundo, señor Baldoví.

¿Podrían guardar un poco de silencio, por favor? Gracias.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltíssimes gràcies.

Sacar el tema de las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, que en la Agencia Tributaria tuvieran participación las comunidades autónomas porque también nosotros recaudamos impuestos, y que sea esta la que determine cada año las entregas a cuenta por encima de que el Gobierno esté o no esté en funciones.

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Buenos días, señora presidenta. Gracias.

Señorías, considero que estamos ante un momento excepcional, en un momento de suma gravedad. Por eso, en primer lugar voy a referirme a otro tema; estamos hablando aquí de autonomías y de financiación autonómica en un Estado que ha colapsado; nos encontramos ante un conflicto que no se mide en aportaciones económicas ni en equilibrios de financiación. Hablo de una crisis democrática, de una involución que nos arrastra con eufemismos hacia un Estado de excepción que se está llevando por delante derechos básicos de la ciudadanía. Lo hemos constatado en solo un mes: han condenado a más de cincuenta años de prisión a ocho jóvenes de Altsasu por una pelea en un bar, y también han condenado a cien años de prisión a los representantes catalanes democráticamente elegidos por poner urnas para que el pueblo se expresara.

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, le ruego, por favor, que se atenga a la cuestión del real decreto-ley que se está convalidando porque tiene usted dos minutos y ha consumido uno.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Un momento solo; tres frases solamente.

Lo que quiero decir es que frente al problema político irresuelto que tiene el Estado con Cataluña y en Euskal Herria, ustedes han apostado por la represión. En Altsasu se ha puesto en marcha un montaje para dar un escarmiento a Euskal Herria y a su juventud, para recordarnos que la justicia española no se basa en el Código Penal sino en el código postal. En Cataluña se están suspendiendo libertades...

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, le ruego, por favor, que se ciña a la cuestión, que es el real decreto-ley referido a las entregas a cuenta.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Sí, señora presidenta. Posiblemente no me estoy refiriendo al tema, pero sí me estoy ciñendo a la realidad y, tal y como está la realidad hoy en día, yo creo que este


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tema es grave y simplemente hay que decirlo. Creo que en Cataluña se están suspendiendo libertades, se ha encarcelado a representantes legítimos y han aporreado a un pueblo digno, pacífico, pero también enfadado. (Rumores). Como dijo Curzio Malaparte sobre el totalitarismo, se trata de un Estado donde todo lo que no está prohibido es obligatorio.

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, se le ha acabado el tiempo y le tengo que llamar de nuevo a la cuestión.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Una última referencia.

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Siguen sin entender que no se puede obligar a millones de personas a sentir y ser lo que ustedes desean, a ser lo que ustedes nos obliguen.

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, lo siento muchísimo, pero le tengo que quitar la palabra.

En último lugar, en nombre del mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.

La señora BORRÀS CASTANYER: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Ahora mismo se está debatiendo este real decreto-ley que hace meses que debería haberse aprobado por dos motivos: primero, porque estamos hablando de recursos que no son del Estado, que son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y, segundo, porque las administraciones territoriales necesitan estabilidad en la determinación de sus ingresos. Aprobar el aumento de los anticipos a cuenta de 2019 en el último trimestre del año no contribuye a dar estabilidad, pero ya sabemos que las administraciones territoriales importan bien poco al presidente, Pedro Sánchez, a pesar de las competencias que gestionan, la mayoría de ellas de carácter social. En este caso en lo que se refiere al aumento de los anticipos que se debate ahora mismo, lo acaba de decir la ministra, a Cataluña le corresponden 875 millones de euros, son demasiados recursos para que los retenga el Estado.

Al hilo de lo que decía mi compañera, este real decreto-ley se enmarca en el contexto de inestabilidad en que vivimos. Cuatro convocatorias electorales en cuatro años son el ejemplo más evidente y prolongado de situación de inestabilidad política de España causada por incapacidad política de sus gobernantes; ayer Mariano Rajoy, hoy el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El propio presidente en funciones está abonado a la inestabilidad. En febrero podría haber intentado aprobar los presupuestos, pero prefirió convocar elecciones y jugar a la ruleta electoral para ganar posiciones. Las ganó, pero a su modo de ver no era suficiente. Podía haber formado Gobierno, pero fue incapaz de hacerlo y prefirió seguir jugando a la ruleta de la inestabilidad con una nueva convocatoria. Y aquí estamos, con un Gobierno en funciones desde hace más de siete meses y con un presidente incapaz al que agrada la inestabilidad. Abro paréntesis, negarse a hablar con el president Torra también es apostar por la inestabilidad. La indecencia de que el presidente del Gobierno se niegue a hablar con el president de la Generalitat de Catalunya en el conflictivo escenario por la sentencia del procés abona la inestabilidad política, social e institucional. Pedro Sánchez sabe que el president Torra siempre ha condenado la violencia, todas las violencias, y no precisamente porque se lo haya pedido él; primero, porque es un pacifista convencido y, segundo, porque lo ha manifestado en múltiples ocasiones. En cambio, no sabemos si el presidente, Pedro Sánchez, condena todas las violencias. De hecho, sabemos que la que no condena es la del primero de octubre. De todos modos, parece ser que prefiere apuntarse a la creación de las fake news, cuando no directamente a las mentiras, y seguir hablando de violencia para crear inestabilidad.

El contenido del real decreto-ley es un daño colateral de la inestabilidad. La ministra nos anunciaba en agosto que, de acuerdo con un informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno en funciones no podía aprobar el aumento de los anticipos. Luego resulta que sí que podía, es más, finalmente lo acabó haciendo. Contra la voluntad de la ministra de no actualizar los anticipos, la Generalitat de Catalunya presentó un recurso contencioso -lo anunciamos aquí- y, efectivamente, la ley permite actualizarlos por parte de un Gobierno en funciones. Sin embargo, ahora, en octubre, ya convocadas las elecciones, el Gobierno ha conseguido por arte de magia que la Abogacía del Estado modifique su informe y permita pagar los anticipos. Pero, como señala la exposición de motivos de la norma que estamos convalidando, este real decreto-ley adopta las medidas de ajuste técnico mínimas e imprescindibles para actualizar las entregas a cuenta y, efectivamente, son mínimas. Les pondré dos ejemplos de medidas mínimas que deberían corregirse. Por un lado, la modificación de anticipos no cubre el cambio de contabilización aplicado al IVA


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de 2017, y eso a la Generalitat de Catalunya le supone una merma de 443 millones de euros de ingresos que no va a percibir en 2019 y que deberá esperar a percibirlos en años posteriores. De momento, los retiene el Estado. Por otro lado, el artículo 4 establece que las entregas a cuenta se harán en los meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley, sin ninguna concreción.

La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, se ha pasado mucho de su tiempo.

Gracias.

La señora BORRÀS CASTANYER: Termino, señora presidenta.

Estamos en octubre, los anticipos del 2019 se establecen para meses posteriores y es un despropósito legal tratar de pagar en 2020 lo que correspondería a este ejercicio contable. Una vez más el centralismo del Estado limita la capacidad de gasto de la Generalitat y de las comunidades autónomas. Deberíamos votar no por la incongruencia que supone no pagar lo que no le corresponde a la Administración central, pero por supuesto daremos luz verde a la transferencia de los 875 millones que son de la Generalitat y que el Estado retiene impropiamente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señora presidenta.

Buen día, señorías. Primero diré algo que, a nuestro juicio, es evidente para el conjunto de la ciudadanía: han jugado -como siempre ha hecho el bipartidismo- de forma irresponsable y partidista con el dinero de todos y de todas en esta cuestión. Lo han hecho, primero, faltando a la verdad; segundo, con una enorme irresponsabilidad y, tercero, con un lastimoso y clamoroso electoralismo. Nos toca recordarles además que en ningún caso facilitamos el Gobierno hace un año y medio para que emplearan el Ministerio de Hacienda precisamente como un dispositivo de partido. Y esto creo que es importante decirlo.

Pero más allá del evidente secuestro de las entregas a cuenta previas al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado y del lacerante electoralismo posterior, vamos a entrar en la cuestión, tanto de las entregas a cuenta como del sistema de financiación autonómica. Una primera cuestión evidente: el sistema de financiación autonómica está caduco. Es un procedimiento que sufrió una reforma en el año 2009 y que tenía que ser revisado en el año 2014; no se hizo esta revisión y, por lo tanto, lleva años sin actualizarse. Aquí está la primera responsabilidad: el partido que ahora se rasga las vestiduras y que gobernaba en el año 2014 con mayoría en esta Cámara y tenía muchos ejecutivos autonómicos era precisamente el Partido Popular, pero no hizo absolutamente nada por una reforma que evitara los problemas que ahora estamos padeciendo. En segundo lugar, existe un problema de fondo. El sistema de financiación autonómica tiene una elevada insuficiencia, dado que, como todo el mundo sabe, los recursos que reciben las comunidades autónomas no están al nivel de los compromisos que estas tienen. En un modelo descentralizado de Estado la mayoría de las prestaciones fundamentales están transferidas a las comunidades autónomas, como saben, sanidad, educación o protección social. Todo este paquete está transferido a las comunidades y, por lo tanto, si el Estado ahoga a las comunidades autónomas, ahoga los recursos públicos básicos que recibe la ciudadanía. A nuestro juicio, la suficiencia del sistema necesita, por lo tanto, asumir la soberanía fiscal y el autogobierno o, por lo menos, el gobierno compartido como una forma de funcionamiento. Con la idea de desarrollo de un Estado casi federal en materia fiscal, en el que las comunidades autónomas forman parte de ese Estado con capacidad de intervención, con derechos, obligaciones y deberes, es necesario mejorar esta soberanía fiscal de las comunidades autónomas; ahora bien, una soberanía fiscal que no debe transformarse en un dumping fiscal como el que están practicando algunas comunidades autónomas -por cierto gobernadas por el Partido Popular y que son las más ricas-, que están llevando a cabo una descapitalización precisamente de aquellas figuras fiscales que gravan la riqueza, impuesto sobre patrimonio o impuesto sobre sucesiones, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid prácticamente desaparecen, haciendo el sistema más injusto y redundando, en este caso sí, en la insostenibilidad. En definitiva, para que paguen menos los que más tienen, sí que desarrollamos rápidamente reformas perniciosas que generan menos recursos a la caja común.


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Además de estos problemas estructurales hay problemas de funcionamiento del sistema de financiación autonómica, y uno de ellos es este de las entregas a cuenta. No puede ser que unilateralmente el Gobierno central sea el encargado de decir cuáles van a ser los ingresos de las comunidades autónomas y obligarles a hacer presupuestos al amparo de unas estimaciones que no hacen en el ministerio. Un Estado donde las comunidades autónomas tienen un papel relevante implica necesariamente que este tipo de decisiones se tengan que llevar a cabo en órganos de colaboración y cooperación. En este caso, como saben, en el Estado español existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero entendemos que el Gobierno no se aplica en la búsqueda de consensos en ese órgano y no nos parece adecuado. Revertir esta situación, a nuestro juicio, ayudaría a acabar con una práctica del Gobierno central que consiste en hacer una infravaloración sistemática en la estimación de los ingresos. Todos los años el Gobierno central anticipa unas cantidades que se sitúan siempre muy por debajo de lo que luego es la realidad. ¿En qué se traduce esto? En que las comunidades autónomas tienen que hacer sus presupuestos con una previsión de ingresos baja, que obliga a recortes en elementos fundamentales del sistema de bienestar. El funcionamiento, por lo tanto, es deficiente y el sistema está diseñado bajo dos ejes perniciosos: tiene un sesgo siempre centralista y está diseñado para ir ahogando y recortando por la vía de la austeridad el Estado del bienestar. La liquidación tiene que ser más rápida, más justa y más equilibrada.

Termino ya. En todo caso, apoyaremos este real decreto-ley porque es necesario acabar ya con el secuestro por parte del Gobierno en funciones de estos recursos que son de todos y todas, pero son imprescindibles reformas amplias del sistema de financiación autonómica. Siempre ponemos el ejemplo de Galicia -lo entiende cualquiera-; un servicio público siempre es más caro de financiar en O Courel o en Fisterra que en Madrid. En definitiva, se trata de un sistema de financiación autonómica caduco, con problemas estructurales y coyunturales, que tiene que ser corregido en términos de soberanía y de justicia fiscal.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Reino.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De Quinto Romero.

El señor DE QUINTO ROMERO: Señora presidenta, señorías, señora Montero, nos encontramos hoy aquí para desbloquear por fin las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Nuestro grupo parlamentario lleva insistiendo desde hace tiempo en que ningún Gobierno en funciones puede escudarse en su interinidad para negar a los Gobiernos autonómicos y locales lo que es de ellos. Por tanto, le anticipo que vamos a votar a favor de dicho desbloqueo, pese a que entendemos que el real decreto-ley que nos proponen no es una solución sino un mero parche y, pese a nuestro malestar, por la bochornosa gestión que han hecho ustedes de este tema, que ha puesto de relieve su hipocresía por sus continuos cambios de criterio según les convenía; su ventajismo político por su intento de chantaje al resto de partidos exigiendo una investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos; y su poco respeto una vez más hacia instituciones tan respetables como la Abogacía del Estado al tratar de convertirla en la abogacía del Partido Socialista Obrero Español.

Recordemos algunos hitos. En agosto de 2016 su partido defendía que un Gobierno en funciones entonces, el del señor Rajoy, sí podía perfectamente desbloquear estos pagos. En junio de este año cambian de opinión y usted misma aquí dice lo contrario. Hoy comprobamos que o mentía o ignoraba que era posible. En cualquier caso, lo que ha sido un escandaloso chantaje fue escucharle decir textualmente: la mejor forma de que se actualicen las entregas a cuenta es que haya Gobierno, y para eso lo tienen ustedes muy fácil, abstención patriótica. Ahí es nada. Para justificar su negativa a desbloquear los pagos, usted esgrimió que su postura estaba respaldada por un supuesto informe de la Abogacía del Estado. Cuando se le reclamó en el Congreso la entrega de dicho informe reconoció que no existía como tal, que fue verbal. Ante el alboroto que esto generó por lo que muchos entendimos que fue mentir en sede parlamentaria, el informe repentinamente se materializa y es filtrado con 'prisa' a su diario favorito -y he dicho lo de 'prisa' en minúsculas- (Risas). Cuando al cabo del tiempo, el señor Sánchez toma la decisión de ir a elecciones todo da un vuelco. Supongo que el famoso asesor de cabecera de su partido les aconseja que electoralmente interesa desbloquear esos pagos. Imprudentemente el señor Sánchez, en un mitin el día 2 de octubre, asegura, ante el estupor de la Abogacía del Estado, que ya se ha encontrado una fórmula para hacer posible los pagos antes del 10 de noviembre. De inmediato se le desdice. Milagrosamente, al cabo de siete días y de forma improvisada, la Abogacía les prepara un nuevo informe


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en el cual donde decía digo ahora dice Diego y en el que, ahora sí, parece que dichas cantidades se pueden desbloquear.

Pero déjeme que me detenga por un momento en este hecho. El primer informe, aquel en el que se negaba la posibilidad de desbloquear estos fondos, fue redactado, si no me equivoco, por los abogados del Estado de su ministerio, el de Hacienda. Entiendo que la redacción de un nuevo informe o contrainforme tendría que haber sido competencia de los servicios consultivos de la Abogacía del Estado, pero no, se saltan ese paso y se lo encargan a la misma abogada general, que es el único cargo público del Cuerpo de la Abogacía del Estado que curiosamente depende de forma directa de su colega, la señora Delgado, la misma que quiso retorcer el brazo a mi colega, el abogado del Estado Edmundo Bal, pero con poco éxito.

No sé, señora Montero, si usted es consciente del daño que su utilización partidista de la Abogacía del Estado está haciendo en ese cuerpo, del descrédito al que lo condena y del malestar que en él genera. Los argumentos en los que ahora basa la factibilidad del desbloqueo curiosamente son los mismos, dados la vuelta, que antes justificaban su imposibilidad. Señora Montero, ustedes están haciendo mucho daño a nuestro país, y no todo vale. Las llaves de la Moncloa y el helicóptero no se pueden comprar a costa de paralizar un país por más de un año. Si no hay Gobierno no es porque ustedes no hubieran acordado un programa de Gobierno de 370 puntos con su socio preferente, sino porque su jefe decidió que no había sitio para dos colchones en la Moncloa, algo que sorprende mucho cuando todos podemos ver que cuando se trata de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, allí ustedes aceptan todo tipo de colchones sin miramientos. Tampoco su Gobierno estaría en funciones si hubieran aceptado las tres sencillas condiciones que Albert Rivera les ofreció una vez que certificaron la ruptura oficial de negociaciones con su socio preferente. Pero las encuestas les cegaron, querían más y más escaños. Sin embargo, las elecciones probeta, las que resultan de supeditar el interés de la ciudadanía a la ambición del gobernante, las carga el diablo; créanme, ya le pasó a Susana Díaz.

Sé que ahora empiezan a darse cuenta de su error, y por ello intentan desesperadamente utilizar las ruedas de prensa de los consejos de ministros para hacer campaña, lo cual ya ha hecho que la Junta Electoral Central les amoneste. También su nerviosismo les ha llevado a romper irresponsablemente el consenso sobre las pensiones para darse al populismo más barato introduciéndolas en el debate electoral. Y además, la minimización de la actual desaceleración económica empieza a recordar a los españoles el famoso debate entre Solbes y Pizarro de febrero de 2008, en el cual el directivo anticipaba la crisis que el profesor no quería ver.

Como decía al principio, pese a toda la chapuza que su Gobierno ha hecho, votaremos a favor de este real decreto-ley. Lo haremos por responsabilidad, por las comunidades autónomas y por las entidades locales con las que su Gobierno ha pretendido jugar. Ayer nos planteábamos exigir que este real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley -eso sí, por el trámite de urgencia-, pero hemos creído que, pese a sus imperfecciones, era mejor esperar a que se constituyera una nueva Cámara y entonces presentar una proposición de ley seria y profunda que implique modificaciones en la Lofca y que nos evite, de una vez por todas, este día de la marmota en que los Gobiernos de turno utilizan las actualizaciones de las entregas a cuenta como rehén ante el adversario político, aplazando siempre esa reforma de la financiación de la Administración autonómica y local que España tanto necesita.

Termino con un ruego al Partido 'Sanchista' Obrero Español: sé que el 10 de noviembre ya no les da tanto optimismo, y lo entiendo, pero les pido que piensen en España, que se serenen, que controlen esa desesperación que les lleva al populismo, que les lleva a excederse en el gasto y a incumplir los compromisos con Europa y recibir el rapapolvo de la carta que hoy ha enviado Bruselas a la ministra Calviño, criticando el plan presupuestario remitido y pidiendo un nuevo plan que cumpla las reglas fiscales. De verdad, controlen ese nerviosismo electoral que les lleva a tirar la casa por la ventana, porque esa casa que tiran por la ventana no es suya sino de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De Quinto.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.

El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Señorías, querida ministra de Hacienda, si tuviéramos que poner un título a esta película sería Al final de la escapada. Hoy es el final de una huida hacia adelante que no ha servido absolutamente para nada. Pero, desgraciadamente, no es un tema estrictamente de arte ni de películas, sino que además es el final


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de una escapada que ha llegado a la Unión Europea. Lo decía el portavoz de Ciudadanos, al que quiero agradecer solemnemente que cite a Manuel Pizarro, uno de los grandes estandartes económicos del Partido Popular. Es verdad también que desde esta perspectiva, señora ministra, hemos pasado de los viernes sociales a los martes comunitarios y, desgraciadamente, a partir de esta semana va a recibir serias intimaciones por parte de la Unión Europea porque el plan presupuestario sencillamente es irrisorio; no cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni cumple con las reglas de contención del gasto público ni cumple, evidentemente, con las premisas necesarias para que la ortodoxia presupuestaria y la disciplina fiscal existan en España. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

El real decreto-ley es el colofón de una tragicomedia en tres actos, ministra, en tres actos, y además tres actos desde el punto de vista cronológico perfectamente delimitados. Se lo voy a explicar. Le diré algo más, esta es la confirmación de que el Grupo Parlamentario Popular tenía razón; ha perdido usted cuatro meses en reconocernos que teníamos razón. Si nos hubiera dado la razón desde el primer momento seguramente nos hubiéramos evitado todo este espectáculo; un espectáculo que está basado en la manipulación, en las medias verdades, en las mentiras integrales y, sobre todo, en la volatilidad argumental. Lo va a descubrir inmediatamente, señora ministra. Primer acto: desde el 1 de enero hasta el día en que se convocan las elecciones del 28 de abril. ¿Cree usted señora ministra que en ese periodo no se podía haber aprobado este real decreto-ley? Es verdad que usted me puede decir que tenían la absoluta certeza de que una vez celebradas las elecciones generales habría un Gobierno activo que podría aprobarlo, y si es así, señora ministra, le pido coherencia porque los reales decretos-leyes sociales que aprobó antes también se podrían haber aprobado después de celebrarse las elecciones generales y con un Gobierno en activo. El segundo acto es cuando ya tenemos el Gobierno constituido, un Gobierno en funciones, hasta la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre. Aquí comenzamos con el espectáculo del informe de la Abogacía del Estado que era algo parecido al gato de Alicia en el país de las maravillas. Un día aparecía el informe, otro día desaparecía, otro día sonreía, otro día decía lo que no decía; es cierto que un día se filtraba, el mismo día que se negaba. La verdad es que el espectáculo fue bochornoso, señora ministra. Los días 26 y 27 de agosto pasarán a la historia parlamentaria porque dijo lo mismo y lo contrario en una hora. Dijeron que no había un informe, se filtró en dos horas al diario El País, se negó al resto de medios de comunicación y, en esta situación, evidentemente, la certeza de la fiabilidad y la seguridad de la señora ministra palidecía constantemente.

Pero hay más. ¿Cuál fue la justificación de la negativa? Porque la justificación de la negativa también fue evolucionando argumentalmente. Primero, que no lo podía hacer un Gobierno en funciones; luego, que aunque hubiera un Gobierno en funciones no podía aprobar un real decreto-ley. Yo la he escuchado a usted, señora ministra, decir: absténganse patrióticamente, como si fuera la condición absoluta y sine qua non para poder aprobar este real decreto-ley. No era una abstracción patriótica, lo que había era un abuso antipatriótico por parte de ustedes porque se ha demostrado nítidamente que un Gobierno en funciones puede aprobar este real decreto-ley. Pero, además, había otro argumento que utilizaban en aquel momento y que ahora ya no lo utilizan porque aparentemente la Abogacía del Estado dice lo contrario y porque la exposición de motivos cristaliza esa opinión de la Abogacía del Estado. Y le diré algo más, señora ministra, todavía no tenemos -este portavoz todavía no tiene- el informe de la Abogacía del Estado a su ministerio; era muy fácil haberlo entregado, pero no lo tenemos. Nos hubiera gustado tenerlo; tendremos ocasión de pedirlo o tendremos ocasión de conocerlo si tenemos la ocasión de gobernar dentro de unas semanas. Pero había una expresión que estuvo presente en todo este argumento político, y es que un Gobierno en funciones no podía librar los fondos porque eso suponía condicionar las orientaciones políticas de un futuro Gobierno. ¿Usted me puede decir, e incluso un órgano sensato y cabal de asesoramiento técnico, que el libramiento de los fondos derivados directamente del automatismo de financiación autonómica y local, que es la aplicación de una fórmula, condiciona las orientaciones políticas de un futuro Gobierno? Lo que condiciona es el funcionamiento ordinario de los Gobiernos autonómicos y locales que, evidentemente, al no tener esos fondos se veían con una necesidad clara de financiación.

Pero llegamos al real decreto-ley. El señor Baldoví hablaba de un gran director de cine, García Berlanga, y García Berlanga tiene una película del año 1962 que se titula Las cuatro verdades; aquí, en el real decreto-ley, son las cuatro mentiras. Desde luego, quien le haya preparado la exposición de motivos se ha lucido; ha intentado un equilibrio argumental entre el informe anterior de la Abogacía del Estado y el nuevo y, desde luego, el resultado es estrepitoso.


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Vamos a empezar con las cuatro grandes mentiras. La primera falacia. Dice la exposición de motivos que como se han convocado las elecciones el 24 de septiembre ya queda claro que no puede haber una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y, por lo tanto, ya no hay suficiente base documental para poder prever cuáles son las actualizaciones de las entregas a cuenta. Mire usted, señora ministra, ustedes saben que no va a haber presupuesto desde el mes de julio; desde el mes de julio podían haber aprobado este real decreto-ley. ¿Saben por qué? Usted lo sabe, porque es necesario un techo de gasto y porque es necesaria una orden ministerial de aprobación de los presupuestos por parte del Ministerio de Hacienda, y nada estaba aprobado. Por lo tanto, este real decreto-ley no deriva de la convocatoria de las elecciones, como dicen fraudulentamente en la exposición de motivos, sino que deriva directamente de la propia cronología de todos los hechos.

En segundo lugar, vuelvo a insistir, ahora dicen -porque no lo decían hace dos meses- que la liquidación de las actualizaciones de las entregas a cuenta no fija orientaciones políticas a un nuevo Gobierno. Ya lo sabíamos; quizá no lo supiera algún órgano informante de su ministerio o los propios órganos de responsabilidad política de su ministerio. Pero la exposición de motivos dice algo más que es falso, dice que el Gobierno no tiene capacidad presupuestaria porque la tiene limitada. Si la tiene limitada, ¿por qué aprueba tres suplementos de crédito en este real decreto-ley? Porque, evidentemente, puede hacer modificaciones presupuestarias para poder atender las necesidades que estaban previstas en el real decreto-ley. Pero me ha sorprendido una afirmación que ha hecho, señora ministra, y es que usted ha dicho, y lo viene repitiendo sistemáticamente, que esto solamente provoca tensiones transitorias de tesorería como consecuencia de la no existencia de los flujos financieros. ¿Me quiere decir, señora ministra, que esto no provoca efectos relevantes e irreversibles sobre las finanzas de las administraciones públicas? ¿Me quiere decir que lo que ha ocurrido hasta ahora no provoca un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria? Señora ministra, ¿me quiere decir que eso no es así? Léase la página 3 de la exposición de motivos porque usted lo reconoce; reconocen en su real decreto-ley que nos han llevado a una situación no solamente de tensión financiera sino también de tensión presupuestaria. Párrafo primero del real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hace ocho días y publicado el pasado sábado.

Respecto a los efectos -y concluyo ya, señor presidente; un minuto más y perdóneme por haberme extendido-, evidentemente este real decreto-ley provoca un desfase en cuanto a las cantidades que fueron comunicadas en el año 2018 y que sirvieron para la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas de aquel periodo. Por otra parte, nos sorprende -y no vamos a entrar en esa disquisición ahora porque lo harán las comunidades autónomas bilateral o multilateralmente, señora ministra- que lleva un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera; repito, lleva un año sin convocar el Consejo de Política y Financiera. Tendrá que dar respuesta a que comunidades autónomas como Andalucía reciban 52 millones de euros menos de lo que estaba inicialmente previsto; Madrid reciba 54 millones de euros menos de lo que estaba inicialmente previsto y Murcia reciba 18 millones menos de lo que estaba previsto.

Acabo. Ministra, la he escuchado decir en alguna declaración que lo del IVA va aparte. Las comunidades autónomas tienen pendiente la liquidación de los 2496 millones del IVA, fruto de la transformación inminente del sistema de información. En cualquiera caso, señora ministra, le agradecemos que, aunque sea tardíamente, haya traído este real decreto-ley por varias razones. En primer lugar, porque desbloquea la situación. Lo vamos a votar a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar, señor Garcés, ya ha pasado más de un minuto de su tiempo.

El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Acabo ya, señor presidente.

Sí le pido una cosa, señora ministra, que ya que cree usted tanto en el Estado autonómico evite hacer las declaraciones que hace en la Comunidad Autónoma de Valencia acusando a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal porque eso demuestra tener una falta de conocimiento absoluto del Estado autonómico.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Garcés.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanquer Alcaraz.


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La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, es indiscutible que nos encontramos ante el debate y convalidación de un real decreto-ley que para las comunidades autónomas y entidades locales es trascendente en materia de financiación en términos cuantitativos porque las dota de mayores recursos incrementando su capacidad para atender con mayor holgura la prestación de los servicios que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía y consiguiendo así reforzar su autonomía financiera. Pero es rotundamente falso que se haya retenido deliberadamente cantidad alguna con respeto a las entregas a cuenta; mes a mes este Gobierno ha ido transfiriendo a las comunidades autónomas las cantidades que les correspondían de acuerdo a la ley y al presupuesto prorrogado, que es el presupuesto vigente en 2019. Como es falso igualmente que la no actualización que hoy nos ocupa y que es objeto de este real decreto-ley haya generado hasta el momento problemas de liquidez o tensiones de tesorería, que vendrán motivadas por otras cuestiones pero no por la actualización de estas entregas a cuenta. No sé qué problema tienen para aplaudir que se haya conseguido precisamente poder actualizarlo por primera vez atendiendo a una situación extraordinaria de la que no existía precedente alguno y existiendo claramente informes que así lo avalan. Me ha sorprendido, me parecido faltona e irrespetuosa la intervención del portavoz de Ciudadanos. ¿Debe ser acaso que considera que los funcionarios son manipulables? (El señor De Quinto Romero: Algunos, algunos). ¿Es que acaso es así como funciona? ¿Es que usted funciona así o es que, posiblemente, tiene un desconocimiento tal de lo que es la Administración pública que considera que el Gobierno puede hacer a su antojo aquello que quiere? (El señor De Quinto Romero: Sí, Informe Marlaska). Señorías, es lamentable que tengamos que escuchar en esta Cámara este tipo de alusiones a los funcionarios (el señor De Quinto Romero: A los políticos), que además de ser inapropiadas son irrespetuosas y que creo que no sería mucho pedir que retirara de su intervención.

Y, efectivamente, es relevante este real decreto-ley. Nosotros calificamos esta cifra en la que hoy se sustenta este real decreto-ley como justa, como sobresaliente y nada despreciable, pero no porque no se haya entregado mes a mes lo que les corresponde sino porque se suma a la mayor cifra jamás registrada de 112800 millones de euros. La transferencia que el Gobierno va a hacer a las comunidades autónomas este año es la cifra jamás registrada, como bien ha indicado la ministra en su intervención. Por tanto, esta actualización no es más que la cantidad que les corresponde a las comunidades sobre la base de criterios técnicos del ministerio y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de financiación, de 18 de diciembre, como se recoge en la exposición de motivos de la norma. Cabe recordarle al portavoz del Partido Popular que la Ley de financiación autonómica está concebida para un ciclo presupuestario ordinario, por lo que evidentemente se requieren ajustes extraordinarios.

También quisiera poner en valor algo a lo que no ha hecho mención ninguno de los intervinientes -al menos no lo he escuchado-: lo que supone también para las corporaciones locales, porque se aumenta la transferencia de recursos pero además se fijan reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en tributos del Estado correspondiente a 2017 y se consigue establecer medidas que les permitan hacer frente de manera menos agresiva y progresiva en el tiempo a los saldos deudores que pudieran derivarse de tal liquidación. Sin duda, este real decreto-ley nuevamente refleja la voluntad manifiesta del Gobierno socialista de mejorar la financiación y dotar de mayor margen de actuación a las entidades locales como administraciones más próximas a la ciudadanía y a las comunidades autónomas. Por eso todas las iniciativas van encaminadas a atender a los grandes pilares del Estado del bienestar, que son la educación, la sanidad y la dependencia. Es una voluntad política que se ha manifestado en todas y cada una de las iniciativas que ha llevado a cabo este Gobierno desde un principio, no les quepa la menor duda. Porque si de algo no se puede acusar al Gobierno es precisamente de falta de voluntad en este sentido. Si la actualización de las entregas a cuenta, objeto de discusión hoy, no se ha llevado a término antes, no ha sido en ningún momento por la falta de voluntad del Gobierno por acometerla. Realmente quien ha sido víctima y no verdugo ha sido el Gobierno socialista, precisamente por la actitud entorpecedora de los grupos de la oposición, que han pretendido anteponer en todo momento -y hoy lo hemos visto en sus manifestaciones- su interés electoral al interés del país, haciendo incluso algunas aseveraciones de carácter demagógico impropias de un responsable político que debería en todo momento velar por la verdad. Si esto no ha sido posible ha sido, en primer lugar, porque muchos de ustedes lo que han hecho ha sido impedir la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que hubieran permitido la actualización inmediata y ordinaria de las entregas a cuenta. Pero también porque han contribuido -cómo no- a la situación continuada de bloqueo institucional a la que han abocado a este Gobierno desde un principio. ¿O no hay que acordarse de que cuando se estableció la senda de estabilidad financiera por parte del Gobierno fueron ustedes los que vetaron en el Senado la posibilidad


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de adoptar medidas que permitieran mayor margen de financiación para las comunidades autónomas? ¿No fue así? ¿O es que no han contribuido siempre a bloquear institucionalmente impidiendo la única posibilidad de tener un Gobierno en esta legislatura, que era apoyar la investidura de Pedro Sánchez porque era la única alternativa posible? Por tanto, basta ya, basta ya de echar la responsabilidad a los demás sin asumir nunca ninguna responsabilidad. Su voto está en el Diario de Sesiones en cada una de las iniciativas, y no pueden negar los obstáculos jurídicos también existentes, dada la condición de presupuestos prorrogados y Gobierno en funciones.

Me queda muy poco tiempo, pero quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones. En primer lugar, claro que no ha entrado en las diferencias que pueda haber con respecto a las previsiones iniciales. Por supuesto que no ha entrado, porque si entrara vería que son mínimas. Y sobre esas que usted plantea, ¡qué casualidad!, Comunidad de Madrid, que es aquella que reduce continuamente el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Evidentemente, como se demuestra, cada vez que se bajan los impuestos se reduce la recaudación. A ver si lo aprenden. (Protestas.-El señor Garcés Sanagustín: ¡No tiene nada que ver!). Y basta ya de pedirnos al resto de España que financiemos su insolidaria capacidad de bajada de impuestos y la utilización y la generación de un paraíso fiscal en la Comunidad de Madrid. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Eso es mentira!). Ya está bien, solo faltaba eso. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Claro, esto es lo que tiene tener que contestar a cada uno de los grupos. Con respecto al IVA, ustedes han sido los culpables. Montoro no lo hizo posible, y cuando Montero puso una solución en los Presupuestos Generales del Estado, ustedes la evitaron. Así que reitero: las cantidades que se han transferido a las comunidades autónomas son las que se corresponden con la legislación vigente. Es normal que los presidentes quieran más -cómo no; es innato a su condición-, pero otra cosa es que les corresponda.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Blanquer, debe terminar.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas felicidades, señora ministra, porque ha conseguido no solo crear un precedente, porque es un real decreto relevante en términos cuantitativos y también en términos cualitativos, sino que además ha conseguido aprobarlo con nota, con la unanimidad de todos los miembros de esta Cámara. Por tanto, muchísimas felicidades. Desde luego, el Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez y con usted misma ha demostrado crecerse ante las dificultades, anteponerse a ellas...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por favor, señora Blanquer, debe terminar.

La señora BLANQUER ALCARAZ: ... y no cesar en el intento para conseguir convertir en respuestas los desafíos. Desde luego, este real decreto es muestra de ello. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (El señor De Quinto Romero pide la palabra).

¿Señor De Quinto?

El señor DE QUINTO ROMERO: Por favor, artículo 71. Hay una mención y se ha solicitado que retire algo del Diario de Sesiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, dígame. (Rumores). ¿Va usted a retirarlo o no?

El señor DE QUINTO ROMERO: Quiero explicarlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pero diga antes si lo va a retirar o no.

El señor DE QUINTO ROMERO: No. Quiero explicarlo. Quiero explicar que no ha entendido nada de lo que ha sido mi intervención. (Protestas).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Se le ha pedido que retire la alusión. (Rumores). Mi pregunta es si la va a retirar.

El señor DE QUINTO ROMERO: No la voy a retirar.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Entonces no tiene usted la palabra.

El señor DE QUINTO ROMERO: Sí, sí, tengo un minuto. (La señora Arrimadas García: Sí, tiene un minuto). Tengo un minuto para explicarlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, no.

El señor DE QUINTO ROMERO: Tengo un minuto. (La señora Rodríguez Hernández: Sí, es un turno por alusiones).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene un minuto nada más.

El señor DE QUINTO ROMERO: Le quiero explicar que no ha entendido nada de mi intervención, que no he faltado a los funcionarios sino a los políticos que, como ustedes, les presionan para que no puedan hacer libremente su trabajo. (Aplausos). Como el señor Marlaska con su famoso informe del Día del Orgullo, como el caso de la ministra Delgado con mi compañero Edmundo Bal y como está ocurriendo con todo esto.

Muchas gracias. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 11/2019, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS. (Número de expediente 130/000001).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, el punto tres, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior en funciones.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR EN FUNCIONES (Grande-Marlaska Gómez): Presidente, muchas gracias.

Señorías, en primer lugar déjenme que manifieste en mi nombre como ministro del Interior en funciones y en nombre del Gobierno el reconocimiento al trabajo desarrollado durante todos estos días y en todo momento en Cataluña por los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Urbana, confiando en el restablecimiento inmediato de todos los heridos. (Aplausos). Quiero recordar que en un Estado de Derecho, como es España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son la vanguardia de toda la sociedad y lo que pretenden -y a lo que tienden- es garantizar ese espacio público de neutralidad y seguridad para que todos podamos ejercitar nuestros derechos y libertades en paz.

También me gustaría, antes de entrar en la petición de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, recordar a todas las personas que han sufrido daños personales derivados de las catástrofes a las que hace referencia el mismo y reiterar la solidaridad, junto con la de todo el Gobierno, a los familiares de los fallecidos y a todas las personas afectadas como consecuencia de las emergencias que hemos padecido durante este año. Por otra parte, quiero reconocer el esfuerzo y la generosidad de quienes intervinieron en la respuesta a estas emergencias. Me refiero tanto a los trabajadores de los diferentes servicios de intervención y asistencia como a los que colaboraron de forma voluntaria. A todos ellos mi agradecimiento y el de todo el Gobierno por su trabajo en condiciones tan adversas y afrontando a veces situaciones que pusieron en riesgo su propia integridad física.

Comparezco hoy por tal motivo para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, aprobado por el Consejo de Ministros de 20 de septiembre pasado, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Como todos ustedes saben, en los últimos meses varias comunidades autónomas han sufrido el efecto devastador de una serie de siniestros que han ocasionado situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que han alterado sustancialmente las condiciones de vida de la población y han producido graves daños personales y


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materiales, tanto en bienes privados como en bienes, instalaciones y servicios públicos, así como en explotaciones agrarias e infraestructuras municipales: el incendio forestal de Torre del Español en Tarragona, de 26 de junio, que afectó a unas 6000 hectáreas; el incendio forestal de Almorox, Cenicientos y Cadalso en las provincias de Madrid y Toledo, que afectó a unas 3000 hectáreas; graves inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra, donde falleció una persona en el municipio de Tafalla. En la Comunidad Autónoma de Galicia, en las comarcas de Monterrei y Valdeorras, en Ourense, el pasado mes de julio el desbordamiento de ríos como el Rubín produjo inundaciones en viviendas y naves industriales y agrícolas, arrastrando vehículos y personas que afortunadamente pudieron ser todas rescatadas. La granizada produjo significativos daños además en viñedos y huertas. Los días 25, 26 y 27 de agosto otra depresión aislada en niveles altos, la conocida DANA, recorrió de oeste a este la Península y Baleares, afectando a las comunidades de Madrid, Aragón, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Andalucía y Cataluña. La intensidad torrencial de las lluvias y las grandes granizadas que se produjeron en cortos periodos de tiempo afectaron gravemente a cultivos como la oliva, la uva y cítricos, entre otros. También hay que recordar los incendios declarados entre el 10 y el 17 de agosto pasado en la isla de Gran Canaria, que supusieron uno de los mayores siniestros forestales de los últimos años en nuestro país, tanto por la superficie total quemada como por la importante afectación sobre espacios naturales protegidos. Por último, el pasado 9 de septiembre una nueva DANA, con consecuencias de mayor virulencia si cabe que la que tuvo lugar a finales de agosto, alcanzó nuestro país y se fue desplazando hacia el sureste peninsular. Este fenómeno meteorológico, caracterizado por desencadenar lluvias muy fuertes a su paso, encontró su punto álgido los días 12, 13 y 14, afectando gravemente a extensas zonas de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y en días posteriores también a zonas del sur de la Comunidad de Madrid.

Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil descentralizado y eficaz, donde todas las administraciones públicas actúan de manera coordinada bajo los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad frente a situaciones de emergencia como las que hemos vivido en los últimos meses. Esta descentralización competencial es compatible con la dirección por parte del Gobierno de la nación de las acciones complementarias que se llevan a cabo desde la Administración General del Estado. Así, ante la gravedad de estas inundaciones, se activó el Plan estatal de protección civil y se solicitó el apoyo del sistema Copernicus de la Unión Europea para obtener imágenes de las zonas afectadas que pudieran servir a las autoridades autonómicas en la gestión de las emergencias y también en la evaluación de los daños. También se movilizó un gran contingente de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, de los cuerpos de bomberos, de las policías locales, de las policías autonómicas, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de los servicios de emergencia, la Cruz Roja y voluntarios de agrupaciones locales de Protección Civil.

Los gravísimos daños personales y materiales derivados de las distintas situaciones catastróficas anteriormente citadas, la magnitud de las emergencias y las medidas necesarias para subvertir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas justificaban la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las distintas administración territoriales. En este sentido, hay que recordar cómo la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado se aplicarán las medidas recogidas en su capítulo V, previa declaración de la misma de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 23 de dicho texto legal. A su vez, el artículo 24 del mismo recoge la relación de medidas que podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada declaración en los términos que apruebe el Consejo de Ministros. Asimismo, la disposición final segunda de la citada Ley 17/2015 contempla la habilitación específica al titular, entre otros, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para desarrollar medidas de naturaleza laboral y de Seguridad Social. Por todo ello, el Gobierno decidió poner en marcha las medidas de ayuda extraordinaria que se establecen en la presente disposición y a las que se estima que podrá destinarse un total de 774 millones de euros. Estas medidas se adoptan en aplicación del principio, como he dicho, de solidaridad interterritorial y, al igual que en otras ocasiones en que ha sido necesario actuar con carácter urgente ante este tipo de situaciones y con el fin de adoptar aquellas medidas que requieren una norma con rango de ley, se aprobó este real decreto-ley en el Consejo de Ministros que también les he indicado, de 20 de septiembre pasado.


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Todas las medidas contempladas en el real decreto-ley que se presenta a convalidación, y que a continuación voy a resumir, son directamente aplicables respecto a todos los sucesos a que he hecho mención y por los cuales el propio artículo 1 del real decreto-ley efectúa la correspondiente declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Asimismo, y mediante procedimiento previsto en los artículos 1.2 y 1.3, resultarán aplicables a sucesos ocurridos en otras zonas desde el 1 de abril de 2019 o que pudieran ocurrir hasta el próximo 31 de marzo de 2020 en los términos que se determinen reglamentariamente.

Las medidas extraordinarias previstas en este real decreto-ley en el ámbito del Ministerio del Interior se refieren al régimen de ayudas previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de emergencia o naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión. Estas ayudas van dirigidas, en primer lugar, a unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales o daños materiales en su vivienda habitual o en enseres de primera necesidad, a las corporaciones locales para hacer frente a los gastos de emergencia que hayan tenido que realizar y también a titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios y a comunidades de propietarios por los daños sufridos en los elementos comunes. Aunque estas ayudas son de aplicación inmediata, sin necesidad de dictar ningún real decreto-ley, la gravedad de las distintas situaciones que hemos indicado ha hecho necesario adoptar las siguientes medidas extraordinarias recogidas en el presente real decreto-ley. Así, eximir del IRPF los importes derivados de las ayudas por daños personales; simplificar la acreditación de la titularidad de los distintos bienes inmuebles afectados; extender las ayudas para sufragar hasta el 100 % de los gastos de emergencia de las corporaciones locales, y también poder sufragar el pago de las franquicias de los daños indemnizados por el consorcio de compensación de seguros. Finalmente, se concede un plazo de dos meses para que los afectados puedan presentar sus solicitudes; es decir, se amplía el plazo previsto en el real decreto indicado.

El real decreto-ley establece también importantes medidas en el ámbito competencial de otros departamentos ministeriales. Así, se aprueban una serie de beneficios fiscales para los afectados. En concreto, se prevén exenciones de las cuotas del IBI correspondientes al ejercicio en que haya tenido lugar el siniestro y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas, así como exenciones de las del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en la tramitación de las bajas de vehículos afectados por los hechos catastróficos, así como la expedición de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados. Por otro lado, se prevé la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por la disminución de ingresos en tributos locales que se hayan producido con ocasión de estas situaciones de emergencia en ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas. También se prevén reducciones fiscales especiales para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de los siniestros indicados.

En cuanto a medidas laborales y de Seguridad Social, este real decreto-ley prevé una serie de medidas que corresponden a las que habitualmente se incluyen en este tipo de decretos para situaciones de emergencia. Así, en primer lugar, se prevé exonerar a los empresarios del abono de cuotas durante los periodos de suspensión de contratos, considerando el periodo de suspensión como efectivamente cotizado. En segundo lugar, se permite no computar el tiempo de suspensión de contrato causado por las emergencias en los periodos máximos para la percepción de prestaciones por desempleo. Finalmente, este real decreto-ley permite solicitar moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y que, para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro puedan solicitar del servicio público de empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.

En el ámbito de la cooperación con la Administración local, este real decreto-ley contempla la posibilidad de conceder una subvención de hasta 50 % de los gastos de proyectos relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios directamente relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos, los cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales.

En relación con las actuaciones de restauración forestal y medioambiental, se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para declarar zona de actuación especial las zonas afectadas en las materias de su competencia y para declarar igualmente la emergencia de las obras que, en consecuencia, hubieran de ser ejecutadas por dicho departamento para la restauración hidrológico-forestal, colaboración


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para la recuperación de los espacios de la Red Natura 2000, apoyo directo a la retirada de biomasa quemada, colaboración en el tratamiento de plagas y restauración de infraestructuras rurales.

En forma similar, para actuaciones en el dominio público hidráulico, se faculta a la ministra para la Transición Ecológica para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público hidráulico las zonas afectadas en la cuenca hidrográfica correspondiente y la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento para la eliminación de los tapones formados por restos vegetales, retirada de los cauces de los sedimentos que puedan provocar una disminución de la capacidad de desagüe de los mismos y reparación de los márgenes que hayan sufrido procesos erosivos, así como la ejecución de defensas en aquellos puntos más sensibles a sufrir erosiones.

Por último, en cuanto a las actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre, el presente real decreto-ley faculta también a la ministra para la Transición Ecológica para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo-terrestre las zonas afectadas en el litoral correspondiente, la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento para la restauración y demás obras necesarias para asegurar la conservación y disminuir los efectos de futuros temporales en el dominio público marítimo-terrestre, incluyendo playas, arenales y humedales litorales, así como en estructuras dañadas en el litoral.

Con la adopción de todas estas medidas, el Gobierno no solo ha pretendido ser sensible a la realidad de los afectados, sino también hacerlo desde el rigor y la responsabilidad con las cuentas públicas. En este sentido, quiero poner de manifiesto que las medidas referentes a daños se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidas con cargo a las disponibilidades presupuestarias existentes en los departamentos ministeriales y entidades de ellos dependientes. En aquellos casos en los que se acrediten insuficiencias presupuestarias en los departamentos ministeriales, las actuaciones se podrán financiar con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

Por último, no querría finalizar esta exposición sin referirme a la justificación jurídica que respalda la utilización de la figura de este real decreto-ley para adoptar las medidas a las que acabo de aludir. Como bien saben, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que el real decreto-ley es un instrumento legislativo de urgencia, al que resulta lícito recurrir cuando se trata de subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el que permite el procedimiento legislativo ordinario o, incluso, el de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, correspondiendo al Gobierno el juicio político sobre la concurrencia de dicho presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad exigido por el artículo 86.1 de nuestra Constitución. Además, se viene exigiendo de forma reiterada una conexión de sentido o relación de adecuación entre el presupuesto habilitante y las medidas adoptadas mediante el real decreto-ley. Los mencionados requisitos concurren en las situaciones provocadas recientemente por los fenómenos ya descritos, que han ocasionado gravísimos daños personales y materiales en numerosos municipios de distintas comunidades autónomas. Las medidas para restablecer la normalidad de las zonas afectadas y la adopción con la necesaria celeridad que demandan las circunstancias, como son determinados beneficios fiscales y medidas laborales y en materia de seguridad, requieren la aprobación urgente de una disposición con rango de ley. Se trata por lo demás de medidas adecuadas para paliar en parte los efectos ocasionados por sucesos en viviendas, establecimientos y explotaciones de distinta naturaleza, infraestructuras y equipamientos, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre. Por lo expuesto, también me gustaría señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor ministro.

En tercer lugar, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Tiene dos minutos.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Centraré mi intervención en la DANA de septiembre que afectó al territorio valenciano, sobre todo a las comarcas del sur de Alicante. Se perdieron seis vidas, y eso, evidentemente, es irrecuperable, pero este decreto va a servir para paliar daños personales y materiales en viviendas y en establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y agrarios. Ahora bien, en este decreto, señor ministro, hay algunos


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que se van a quedar fuera y que se quedan muchas veces fuera de todo. El 93 % de los agricultores de la Vega Baja del Segura, al tener vinculada esta ayuda a tener un seguro agrario, se va a quedar fuera. Este año ha habido un incremento del precio del seguro agrario y muchos de estos agricultores han quedado excluidos y hay que tener en cuenta la precaria rentabilidad que tienen muchas explotaciones. Recordemos el sector de los cítricos, que viene de una campaña absolutamente infame y ha sido expulsado. Por tanto, estos se van a quedar fuera, como también los agricultores que no padecieron estas lluvias, pero que sufrieron daños por la rotura de una infraestructura del Estado: la mota del río Segura, sobre todo en Almoradí y en los pueblos de alrededor. Les pedimos, pues, que tengan una especial consideración con estos agricultores, porque, finalmente -insisto-, el 93 % se va a quedar fuera.

Quiero acabar nuestra última intervención -es el último punto- con una pequeña reflexión. Hoy hemos hablado de algo más que de Cataluña; hemos hablado básicamente de ayudar a personas con tres decretos: el de la crisis turística, el de las comunidades autónomas, que gestionan el 70 % del Estado del bienestar, y el de las personas afectadas por desastres naturales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Mi recomendación -y acabo, señora presidenta- es que, en lugar de ponernos cada día el morrión, ese casco de los Tercios de Flandes que se puso algún líder de algún partido y que algunos quieren llevar de forma permanente, nos pusiéramos todos los días un casco azul, que nos lo pusiéramos como hoy, para aprobar prácticamente por unanimidad los decretos que ayuden a las personas, pero también para Cataluña. Esta Cámara y los ciudadanos lo agradecerían enormemente.

Moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidenta.

Consideramos que este real decreto llega tarde, porque las devastadores inundaciones que sufrió Navarra fueron el 8 de julio. Han pasado cuatro meses, durante los cuales las navarras y los navarros afectados por estas inundaciones han estado esperando una respuesta por parte de este Gobierno, esperando las medidas y los recursos económicos que necesitaban y que tanto han reclamado y que este Gobierno no ha sido capaz de aplicar hasta que las consecuencias de la DANA le han obligado a actuar. Uno podría pensar que hay ciudadanos de primera y de segunda y que Navarra y Euskal Herria han tenido que esperar otra vez a que este Estado actúe. En cualquier caso, votaremos a favor del real decreto, como no podría ser de otra forma.

Aprovecho que está aquí el señor ministro del Interior y que hablamos de inundaciones para recordarle que este Estado hace aguas en medio de un tsunami que se está levantando en las calles, un tsunami democrático que se hace cada vez más grande y que va desde Barcelona a Donostia y pasa por Madrid o Zaragoza. Se están hundiendo, señores del Gobierno. Están ahogando los derechos y las libertades. No dejen pasar meses y meses para dar respuesta a los problemas, como han hecho con las inundaciones. Los vascos y las vascas llevamos décadas diciéndoles lo mismo: los conflictos políticos se solucionan con política y diálogo, no con cárcel y con porras. Hemos pedido innumerables veces sentarnos en una mesa y acordar fórmulas que permitan a la ciudadanía decidir. La respuesta siempre ha sido no. Pues bien, hoy vuelvo a reclamar...

La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, le quiero recordar que hay que ceñirse a la cuestión del punto del orden del día, que es la convalidación del real decreto-ley.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Termino ya.

Pido que se escuche a la gente. Pido que se sienten y que dialoguen antes de que el agua les llegue al cuello. Si no, como una gran ola, la democracia les pasará por encima.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua.

Por último, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.

La señora BORRÀS CASTANYER: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Lo que está ocurriendo en Cataluña no es una catástrofe natural, porque viene precedida por la cerrazón política y por la represión, una combinación ciertamente catastrófica. Sin embargo, contrariamente


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a lo que ocurre en Cataluña, en situaciones catastróficas tanto el Estado como Cataluña tienen sus propios mecanismos para dar respuesta a situaciones urgentes, como pueden ser los daños que estamos analizando. Esos mecanismos se encuentran reconocidos en las respectivas leyes en relación con la protección civil, teniendo en cuenta las competencias reconocidas. Ese marco legal tiene como objetivo definir un conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a las personas, a los bienes y al medioambiente en situaciones de emergencia. En el caso de los incendios acaecidos en Cataluña, la Generalitat anunció un plan de choque para que todas las administraciones dieran una respuesta conjunta en los territorios afectados por el fuego en la Ribera d'Ebre, en les Garrigues y en Segrià. Para dar buena respuesta, es importante que haya coordinación entre las diferentes administraciones públicas y que se tengan en cuenta las decisiones que toman los Gobiernos y las reivindicaciones de los territorios afectados. El Gobierno del Estado no puede tener la tentación de solapar o tomar decisiones que vayan en contra de los planes que haya adoptado, en este caso, la Generalitat de Catalunya. También es importante la solidaridad con todas las personas afectadas y la rapidez de las diferentes administraciones públicas para dar respuesta. Debería quedar al margen cualquier tipo de confrontación política, porque estas situaciones requieren cooperación, coordinación y, sobre todo, que se escuche a los territorios afectados.

Termino con dos consideraciones finales. Como estamos hablando de catástrofes y el ministro Marlaska está presente, aprovecho para preguntarle sobre sus supuestas presiones para no dar de alta a los agentes a los que visitó ayer en Cataluña y otras tácticas ruines. También le querría preguntar si usted está en condiciones de decir lo mismo que ya ha anunciado el conseller Buch, que se corregirán las actuaciones que no se ajusten a los protocolos policiales, pero lo que voy a hacer es apelar a los demócratas del Estado a escuchar la voz de la ciudadanía de Cataluña.

La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, tiene usted que...

La señora BORRÀS CASTANYER: Sí, señora presidenta, pero es que el ministro se ha permitido en su intervención inicial arrancar aplausos de una parte de los miembros de esta Cámara hablando precisamente de las fuerzas policiales. Por tanto, voy a concluir.

La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, yo le pido que se ciña a la cuestión de la convalidación del real decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora BORRÀS CASTANYER: Absolutamente, pero precisamente porque el ministro lo ha hecho, yo me permito, dentro de mi tiempo y si usted me lo permite, terminar.

Apelo, decía, a los demócratas del Estado a escuchar la voz de la ciudadanía de Cataluña, que se manifiesta y reclama una solución política para poder conseguir la independencia. Denuncio que la sentencia abre un agujero negro sobre los derechos fundamentales de reunión y de manifestación, y eso sí que es una catástrofe democrática mayúscula.

La señora PRESIDENTA: Señora Borràs.

La señora BORRÀS CASTANYER: Y como no lo entienden en castellano se lo voy a decir en inglés, que ayer fue trending topic mundial.

La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo, señora Borràs.

La señora BORRÀS CASTANYER: Spain: Sit and talk. (El señor De Quinto Romero pronuncia palabras que no se perciben).

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también, ministro, por las explicaciones.

Ya adelanto que el Grupo Parlamentario Vasco dará su voto favorable a la convalidación de este decreto-ley en el que se declaran unas zonas afectadas ante unos riesgos catastróficos y se abre una


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panoplia de medidas encajables en el capítulo V la Ley de Protección Civil, o se hace una operación por la que se habilita al Gobierno para que flexibilice ciertos requisitos incorporados en el Decreto 307/2005. En realidad, la ley está produciendo una derogación singular de un reglamento para un caso concreto; no está modificando un reglamento, sino que dice que en un caso concreto -en estos casos- no lo vamos a aplicar.

Al margen de haber anunciado el voto favorable, voy a hacer algunas consideraciones críticas. La primera versa sobre la falta de explicación de por qué se introducen todas estas medidas en un decreto-ley, o sea, en una norma con rango de ley, cuando no era preciso. La mayoría de las medidas que se adoptan no tienen una reserva legal, excepto aquellas que se relacionan con medidas laborales y de Seguridad Social o beneficios fiscales del artículo 24.2 de la Ley de Protección Civil, la cual sí tiene una reserva de ley, y entiendo que también tiene una reserva de ley una derogación singular de un reglamento, o sea, en un caso concreto no aplicar un reglamento flexibilizándolo. Eso no lo puede hacer el Gobierno. El Gobierno puede derogar un reglamento o aprobar otro, pero no puede decir que en un caso concreto no se aplica.

La pregunta que me hago es por qué salvo en estos dos supuestos se dicta un decreto-ley, porque un decreto-ley en estas circunstancias hace que se cuestione esa conexión o esa necesidad. El decreto-ley se hace para subvenir a una realidad con urgencia y porque no hay otro mecanismo, y aquí había otros mecanismos supraordenados a la ley a disposición del Gobierno. Y respecto a la urgencia, llama la atención que este real decreto-ley se aplique retroactivamente a situaciones acaecidas hace seis meses, porque se retrotrae al 1 de abril. La urgencia de las medidas cuando se trata de paliar hechos sucedidos en el caso más extremo seis meses antes, desde mi punto de vista, no está explicada.

La segunda cuestión en la que me manifiesto crítico o que al menos me llama la atención es que el decreto-ley tiene una regulación peculiar, porque dice: desde el 1 de abril hasta que aprobemos este decreto. También dice que mediante este decreto en sus términos, sin necesidad de aprobar otro decreto-ley -o sea, otra norma con rango de ley- aunque se requiera, con relación a todo lo que pase hasta abril o hasta marzo de 2020, se habilita al Gobierno a que dicte estas mismas disposiciones sin recurrir a un decreto-ley. Eso también significa que habilita al Gobierno a hacer una derogación singular de un reglamento. A mí eso, jurídicamente, me parece insólito. Me parece insólito, no voy a decir ponerse la venda antes que la herida, sino el hecho de que una ley -si la convalidamos hoy- habilite al Gobierno a que en un futuro dicte una ley, si lo requiere, para subvenir a necesidades de esta naturaleza -dice: en términos similares o hechos similares- y le habilite también a derogar singularmente un reglamento. La verdad, esto es algo que no había visto hasta ahora.

Dicho esto, quiero mostrar mi perplejidad y subrayar que en ningún caso cambiaré el sentido del voto que he anunciado al principio de mi intervención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Todavía hoy tenemos muchas imágenes en nuestra retina de todas esas catástrofes que se han ido sucediendo desde la DANA. Por eso, quiero empezar trasladando nuestro reconocimiento y nuestro cariño a todos esos ciudadanos que han sufrido esos episodios, especialmente a los que han perdido seres queridos o familiares. También quiero trasladar nuestro reconocimiento a todos los voluntarios, a los policías nacionales, guardias civiles, servicios sanitarios, bomberos y, especialmente, a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, a esos militares que cuando cumplen cuarenta y cinco años algunos dicen que ya no sirven. Siempre, pero especialmente cuando vemos el trabajo que realizan en ocasiones como esta, nos damos cuenta de que sirven y, además, de que son muy útiles para la sociedad española.

El cambio climático no viene, ya está aquí y lo estamos viendo. Hace muchos años que nos lo venían avisando todos los expertos. Algunos políticos se lo tomaban a risa y decían que tenían un primo que les había dicho no sé qué, pero el caso es que tenemos aquí el cambio climático. Nos parece de justicia que se haya articulado en un real decreto-ley para paliar los efectos y todos estos daños que se han producido, pero también es cierto que creemos que estas medidas cada vez van a ser más frecuentes porque, como he dicho, el cambio climático ya está aquí y sus efectos los estamos padeciendo todos los ciudadanos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es adelantarnos, es decir, no podemos estar solamente para solucionar a tiempo pasado, los efectos de una catástrofe cuando ocurre. Tenemos que tomar la delantera


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y poner en marcha un plan integral ambicioso para paliar y reducir los efectos y frenar el cambio climático. Sé que es verdad que en esto tienen que colaborar y coordinarse muchas administraciones -locales, autonómicas, las diputaciones, el Estado-, pero es lo más importante que tenemos que hacer, porque de ello dependen muchísimos ciudadanos y muchos puestos de trabajo, como los de los pescadores, por ejemplo. Hemos visto estos días unas imágenes dantescas del Mar Menor, con millones de peces muriéndose, y esto incide en la economía y en la vida de todos los ciudadanos.

Es verdad que este real decreto se queda corto también en algunas cuestiones. Se ha dicho ya por aquí, por ejemplo, que los agricultores que no tienen un seguro se van a quedar fuera. Hay que mejorar este real decreto, pero tenemos que tomarnos mucho más en serio, mucho más si cabe, la cuestión del cambio climático. Es decir, hay que hacer políticas activas a nivel internacional, pero también a nivel nacional podemos, debemos y tenemos la obligación de ponernos a trabajar -los legisladores, el Gobierno y todas las instituciones- para reducir los efectos y frenar el cambio climático.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Mesquida Ferrando.

El señor MESQUIDA FERRANDO: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero expresar todo nuestro apoyo y solidaridad a los agentes de las fuerzas de seguridad heridos en los graves disturbios de Cataluña y de Madrid, en especial a los que continúan hospitalizados. Quiero sumarme al reconocimiento que ha hecho el ministro Marlaska del trabajo de los efectivos policiales. Efectivamente, ha sido un enorme trabajo a pesar de la pésima prevención y de la pésima planificación: pésima prevención, porque tenían informes meses atrás de que esto iba a pasar -cortes de carreteras, disturbios, bloqueos de aeropuertos-, y pésima planificación, porque no disponían de los efectivos adecuados, no disponían de los medios suficientes -hemos visto antidisturbios recoger munición para volver a utilizarla- y los GRS no recibieron la orden para actuar en ayuda de sus compañeros policías y mossos. Se merecen mucho más que condecoraciones, se merecen la equiparación real y efectiva de sus salarios. (Aplausos).

Señor Marlaska, su comparecencia se produce hoy tras 243 días, es decir, han transcurrido más de ocho meses desde su última comparecencia en esta Cámara en la Comisión de Interior, y nos trae para su convalidación el Real Decreto-ley de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar daños causados por el temporal, incendios en Canarias e inundaciones. Quiero tener también un recuerdo para los fallecidos y expresar mi solidaridad con las familias y con todos los que trabajaron en las labores de protección civil y bomberos y enorgullecerme de haber colaborado en su día en la puesta en marcha de la Unidad Militar de Emergencias.

Ponemos de manifiesto la insuficiencia de las medidas, aunque aplaudimos la rapidez en aprobar este real decreto. Son ayudas insuficientes, porque no cubren el impacto económico de las zonas afectadas. Ustedes han otorgado 750 millones para todas las catástrofes -incendios en Canarias e inundaciones en Murcia y Alicante este verano-, cuando solo el impacto económico en la Región de Murcia ha sido de 1000 millones. Aplaudimos la rapidez, pero, señor Marlaska, a continuación tenemos que lamentar la lentitud con la que su Gobierno está actuando en el caso de las inundaciones que se produjeron en Mallorca en octubre del año 2018. La tremenda riada provocó trece muertos y afectó a los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç y Son Servera. Se produjo el 9 de octubre y transcurrido... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Mesquida. Ruego guarden silencio, por favor.

Gracias.

El señor MESQUIDA FERRANDO: Se produjo el 9 de octubre de 2018, y transcurrido un año su Gobierno aún no ha pagado las ayudas calificadas de urgentes para paliar los daños. Tardaron tres meses y medio desde que se produjo la catástrofe hasta que aprobaron el real decreto-ley, y la convocatoria para solicitar las ayudas se publicó el mes pasado, ayudas urgentes que, como digo, un año después de la catástrofe todavía no han llegado.

Señor Marlaska, ha querido comparecer para la convalidación de este real decreto-ley y le puedo garantizar que desde Ciudadanos siempre estaremos al lado del Gobierno para apoyar aquellas decisiones o acuerdos que sean buenos para los españoles, lo que no impide que usted sea el miembro del Gobierno


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al que más reproches podemos hacer. Le reprochamos que no estuviera en Cataluña desde el primer día, apoyando con su presencia a policías y guardias civiles y a sus familias cuando eran acosados en sus casas cuartel; le reprochamos la indecencia de censurar el discurso del jefe de la Guardia Civil y pedir disculpas a continuación al señor Torra; le reprochamos que abroncara, en vez de felicitar, a los guardias civiles que brillantemente detuvieron al...

La señora PRESIDENTA: Señor Mesquida, por favor, tengo que pedirle que se ciña a la cuestión, que es la convalidación del real decreto-ley a cuyo contenido se tiene que referir.

El señor MESQUIDA FERRANDO: Sí, señora presidenta. Estamos viviendo la mayor crisis de seguridad pública en décadas. Está el ministro del Interior aquí, lleva ocho meses sin comparecer y tenemos que dar la imagen, la impresión de que esto es la orquesta del Titanic y aquí no pasa nada. Yo creo que alguna referencia se tiene que hacer a esta crisis, como digo, de orden público.

La señora PRESIDENTA: Ya se ha hecho.

El señor MESQUIDA FERRANDO: Ahora nos dice el Gobierno que va a actuar con firmeza y que no le temblará no sé qué pulso, cuando toda la firmeza y toda la energía se han ido con los huesos de Franco.

En definitiva, señora presidenta, señor Marlaska, déjeme decirle solo una cosa: nadie le ha pedido la dimisión por irse a cenar tranquilamente a un restaurante. Solo le hemos reprochado que no estuviera en Cataluña desde el primer día, que no estuviera con los agentes, cenando, cuando eran acosados. (Aplausos).

Usted me recordó -ya termino- que tuve la gran fortuna y el privilegio de trabajar con Alfredo Pérez Rubalcaba, un gran ministro del Interior, y aprendí muchas cosas de él y con él. Sobre todo, aprendí a distinguir entre un buen y un mal ministro del Interior, y le aseguro que usted no es un buen ministro del Interior. Los españoles se merecen un ministro que les proteja, por tanto, el mejor servicio que puede hacer a la seguridad de los españoles es volver a la Función Judicial, de donde nunca debió salir, y dejar el Ejecutivo, porque no está a la altura del cargo que ostenta.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mesquida.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.

La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.

Buenos días.

Quiero iniciar esta intervención apoyando, como no podía ser de otra manera, a todas las víctimas y sus familiares de todas las tragedias que se contemplan en el real decreto-ley que ahora vamos a ver, y también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están trabajando estos días en Cataluña, y le pedimos al ministro que envíe más medios en cuanto sea posible. (Aplausos).

Señorías, la situación es excepcional, estamos convalidando un real decreto-ley en un momento en el que la Cámara está disuelta, aunque muchos de los asuntos que lo justifican son situaciones de hace unos meses. Yo no entiendo, como antes se ha dicho, que valoren la rapidez en este real decreto-ley. En algunos de los asuntos hace meses que se tendría que haber trabajado y haber apoyado a las víctimas con medidas.

Vamos a votar favorablemente, aunque nos parezca una nueva prueba de irresponsabilidad política que haya esperado a que se produzcan situaciones tan diferentes en casi toda España -inundaciones, incendios-, en lugares tan distintos y con necesidades tan diversas. Es una prueba más del desgobierno de Pedro Sánchez y de las respuestas a situaciones coyunturales y complejas que continuamente se adoptan en clave electoral. Estos acontecimientos que recoge el real decreto-ley hubieran requerido soluciones específicas para cada territorio.

Señorías, este real decreto-ley no responde a las afirmaciones del señor Sánchez, y las cito de manera textual: el Ejecutivo central no va a escatimar ningún tipo de recurso material y humano para dar respuesta a la DANA o al Plan Marshall al que hizo referencia algún líder socialista. Este real decreto-ley es un corta y pega, es un cajón de sastre. Además, se aprueba sin diálogo con los representantes de las comunidades autónomas -y no me refiero a Gobiernos del Partido Popular, sino a Gobiernos del Partido Socialista, como el de la Comunidad Valenciana- que hoy en todos los medios han reclamado más ayudas al decir que este real decreto-ley es insuficiente. La valoración de daños


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que hace la memoria económica que le acompaña, excepto en el caso de ADIF y de AENA, se hace de una manera global, aunque haya acontecimientos que se dan desde hace bastantes meses y hayan tenido bastante tiempo para estudiarlos.

No hay un estudio serio detrás de este texto. A cada acontecimiento ha aparecido Pedro Sánchez usando los medios públicos -tierra, mar y aire- y, cuando llega el momento concreto de poner negro sobre blanco, la solución es hacer un real decreto-ley de corta y pega, un cajón de sastre. No aporta ninguna medida especial ni extraordinaria, como requiere el episodio de lluvias excepcionales y sin precedentes vivido en el mes de septiembre en Alicante o en Murcia, tal como han reconocido la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Segura.

Este real decreto-ley tampoco ha tenido en cuenta los daños ambientales que se han producido en el Mar Menor -laguna salada de gran singularidad mundial que se ha visto sometida a un fuerte impacto al haber recogido gran cantidad en las escorrentías y arrastres provocados por las lluvias-. Hace tiempo que se está trabajando con la comunidad científica sobre el Mar Menor, y debemos trabajar todos juntos y, de acuerdo con los científicos, intensificar este trabajo, pero necesitamos medios específicos y urgentes para los que este real decreto-ley no da respuestas. Por eso exigimos que este próximo viernes el Gobierno apruebe un nuevo real decreto-ley -hagan uso de sus viernes sociales- en el que se adopten medidas en el ámbito de sus competencias. El Mar Menor necesita ayudas del Gobierno y que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, asuma medidas concretas. Si no quieren dar ayudas no las den, pero no pongan impedimentos para que se actúe. La comunidad científica ha señalado estos días de manera unánime que la primera medida que hay que tomar es impedir que se siga vertiendo agua dulce al Mar Menor, y esto es una competencia del Gobierno de España. En un solo día se vierten cinco piscinas olímpicas de agua dulce al Mar Menor. -Si no lo quieren hacer, cedan la competencia-. Esta es la primera medida que hay que abordar después de la DANA.

Es urgente abordar el Plan Vertido Cero que mi grupo ha planteado en esta Cámara de manera reiterada y sobre el que el Gobierno ni siquiera ha respondido a las preguntas que le hemos formulado. Exigimos que este viernes se apruebe este real decreto-ley que permita la realización de todas las medidas que recoge el Plan Vertido Cero, como el proyecto de captación de drenajes, las balsas de laminación, etcétera. Los ministros de Transición Ecológica y de Agricultura las conocen perfectamente, aunque no las estén implementando, ni las recoja este texto, ni fueran dotadas económicamente en el proyecto de presupuestos que trajeron aquí, que no recogía nada. Estas obras deben ser declaradas de emergencia y de interés general.

Este futuro real decreto debería ampliar las ayudas que prevé el Real Decreto-ley 11/2019, ayudas a los ayuntamientos de las zonas afectadas. Además, se deberían incluir situaciones críticas de los colectivos afectados, ampliando medidas socioeconómicas, como las que propone Asaja, entre otras para aquellos que no tienen contratado el seguro agrario para pagar las franquicias del seguro agrario, ayudas a los apicultores que solo tienen seguro de responsabilidad civil; ayudas también para los que han tenido que cesar su actividad, exención de las cuotas, inactividad de comercio e industria; ampliación de las indemnizaciones por los daños a las viviendas o ayudas a los pescadores. Les pedimos que este viernes aprueben todas estas medidas. Si no lo hacen, será otra demostración más de que sus palabras son palabras electorales y que nunca se convierten en hechos. Ustedes quieren usar un daño natural con un interés electoralista y, si no, ¿por qué han retrasado la aprobación y convalidación de este real decreto-ley todo lo que han podido manteniendo en la incertidumbre a los afectados durante meses, como se ha dicho antes en referencia a Navarra?

Vamos a solicitar, por si no aprueban este real decreto-ley que les estamos pidiendo de manera reiterada durante esta intervención, que el Real Decreto-ley 11/2019 se tramite como proyecto de ley para presentar las enmiendas oportunas e incluir las medidas citadas, pero también otras cuestiones que han citado el resto de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra.

Para finalizar, cumplan además todos sus compromisos de una manera efectiva y eficiente; no esperen que les reclamemos el pago de las ayudas a través de los medios de comunicación como se ha tenido que hacer en los últimos meses con otros asuntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borrego.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.


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La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, muy buenos días a todos. En primer lugar, queremos sumarnos al reconocimiento del trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos momentos en Cataluña.

No entro más a valorar ese aspecto y le quiero decir al señor Mesquida que mi grupo sí respeta -sí respeta- a los afectados por las catástrofes e inundaciones y va a centrar su intervención en esos afectados por las catástrofes acaecidas desde el pasado 1 de abril. Para ustedes, señores de Ciudadanos, puede ser que los sucesos de la DANA, las inundaciones o los incendios ya no estén de moda, porque ahora está de moda la sentencia, el procès, Barcelona y Cataluña, pero para nosotros las siete víctimas que se han llevado estos temporales, sus familiares y el resto de personas que aún no han podido volver a sus casas se merecen un respeto y, en lo que a nosotros respecta por lo menos, aquí vamos a hablar de lo que atañe al punto del orden del día que es, ni más ni menos, el real decreto de las ayudas para dar respuesta unánime, certera y sin ambigüedades, a las personas que lo están esperando que son las víctimas de estas catástrofes que han acaecido desde el pasado 1 de abril. (Aplausos).

Me van a permitir que comience mi intervención enviando un mensaje de fuerza y apoyo a todos los vecinos y vecinas de los diferentes territorios afectados por los temporales acaecidos y las diversas situaciones catastróficas vividas en los últimos meses, los más recientes este pasado mes de septiembre en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Madrid, que sufrieron los episodios de gota fría e inundaciones. Igualmente, quiero hacer un agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Cruz Roja, a los bomberos, a Protección Civil y a la Policía local, a los servicios de limpieza y también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a todos los voluntarios que, de forma desinteresada, mostraron su lado más humano.

Señorías, las catástrofes naturales se manifiestan en nuestro país cada vez con más frecuencia y de manera especialmente virulenta. La última prueba de ello la hemos tenido en el mes de septiembre con los efectos de una fuerte depresión aislada en los niveles altos de la atmósfera, lo que conocemos comúnmente como DANA, que ha causado innumerables daños y estragos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Así, señorías, a pesar de estar en funciones e inmersos en una repetición electoral por culpa del bloqueo de los partidos de la oposición que, inexplicablemente, sin alternativa viable para dar respuesta a la ciudadanía, se han permitido bloquear al único grupo que podía formar Gobierno, se aprobó el Real Decreto-ley 11/2019 el pasado 20 de septiembre para adoptar medidas urgentes que palíen los daños y las necesidades de los afectados por las graves inundaciones e incendios, declarando así como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, a las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales e inundaciones, articulándose la adopción de un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve de los diecisiete ministerios en una respuesta coral y vertebrada para paliar los daños personales y materiales causados por estos siniestros, lo que supone un paquete de medidas extraordinarias que comprenden más de 774 millones de euros para las zonas afectadas.

Hoy nos toca decir sí o no, nos toca convalidar o no este real decreto para dar certeza, para dar seguridad y para dar una respuesta sin ambigüedad a los ciudadanos y ciudadanas que lo están esperando sin retrasar más allá las ayudas que hay contempladas en este decreto. Sin embargo, este Gobierno no solo se esfuerza en restituir con la mayor prontitud posible la normalidad en los territorios y en las vidas de las personas afectadas por las catástrofes acontecidas, sino que, en previsión de las mismas, el pasado mes de abril el Gobierno aprobó ya la primera Estrategia Nacional de Protección Civil, que es uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la protección civil en nuestro país; es una estrategia que fija en líneas generales una serie de actuaciones a implementar en todas las fases de gestión de las catástrofes y emergencias: anticipación, prevención, intervención, respuesta y recuperación. En esa fase de recuperación es donde se justifica hoy la convalidación del presente real decreto al que podrán acogerse particulares, personas físicas y jurídicas, empresas, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turísticos, pesqueros y corporaciones locales.

El compendio de medidas que comprende este real decreto-ley es diverso, variado y exhaustivo que, obviamente, responde y está encuadrado dentro de una respuesta global que se tiene que dar desde todas las administraciones, desde la responsabilidad de todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así, algunas de ellas son, por ejemplo, la exención del pago de la cuota del IBI en las actividades económicas en el ejercicio correspondiente y las ayudas personales, que estarán exentas en el IRPF. Desde el Ministerio de Trabajo, están las normas relativas a bonificaciones, moratorias, exenciones de cuotas relativas a la suspensión o exención de relaciones laborales y los pagos a la Seguridad Social de empresarios por trabajadores por cuenta ajena y autónomos;


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desde el Ministerio de Transición Ecológica, obras para restaurar el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico; y desde el departamento de Fomento, obras de emergencia para reparar los daños en infraestructuras de titularidad pública. Por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reducción que corresponde al ejercicio fiscal de 2019 ajustándose a los módulos de la estimación efectiva singular para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas. También se aprueban en el real decreto indemnizaciones del seguro agrario combinado en determinados supuestos para actividades ganaderas y vinculadas a ellas que puedan estar o no cubiertas ante la catástrofe por una póliza. Igualmente, se habilita el mecanismo de cobertura de la Administración Pública de los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado, así como aquellas actividades agrícolas, ganaderas y agropecuarias. En este apartado, en concreto, el decreto va en la misma línea a la aprobada por el Gobierno en el año 2016, y por ello este es un real decreto exhaustivo que responde, como les he dicho, de una manera eficaz y rápida a un trabajo entre todos los ministerios que he nombrado para dar una respuesta a un fenómeno como este, actuando con la responsabilidad y la celeridad que se nos exige a todos los representantes públicos y a todas las administraciones públicas en una situación tan urgente como la vivida el pasado mes de septiembre en nuestro país, en la que perdieron la vida más de siete personas.

Por ello, señora Isabel Borrego, del Partido Popular, no debemos andarnos con ambigüedades; debemos dar una respuesta unánime, certera y pronta a los ciudadanos que nos están esperando.

Con respecto al real decreto-ley que planteaban del Mar Menor, les digo que el Gobierno regional de la Región de Murcia ha tenido veinticuatro años -veinticuatro años- para adoptar las medidas que ustedes ahora quieren que el Gobierno de España apruebe en tan solo tres días para posteriormente decir que se ha aprobado rápido, corriendo y que se ha hecho mal. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, tiene que terminar.

La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Por lo tanto, efectivamente, el Gobierno de España está trabajando, cumpliendo y elaborando un plan de vertidos cero para el Mar Menor. Eso sí, no nos pidan que hagamos en tres días lo que ustedes han sido incapaces de hacer en veinticuatro años, después de su dejación de funciones y mirar para otro lado. Ahora, nos ha estallado en la cara a todo el mundo la situación del Mar Menor.

Enhorabuena, ministro. Gracias, en primer lugar, por la unanimidad conseguida en torno a la aprobación de este real decreto-ley y por la celeridad para dar respuesta a una situación que los ciudadanos no entendían desde hacía mucho tiempo, máxime cuando -a pesar de que a usted se le pide celeridad para pagar- he de recordar que a día de hoy...

La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ JÓDAR: ... todavía hay víctimas de las catástrofes acaecidas por los terremotos de Lorca que con un Gobierno del Partido Popular no han cobrado las respectivas ayudas...

La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, tiene que terminar.

La señora SÁNCHEZ JÓDAR: ... ocho años después.

Gracias. (Aplausos).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 2019. (Número de expediente 140/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a las votaciones, me comunican que hay una declaración institucional que se va a leer por parte de la señora Elizo, la secretaria primera de la Mesa.

La señora SECRETARIA (Elizo Serrano): Gracias, presidenta. Buenos días.

Declaración institucional de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobada con ocasión del Día Internacional de la Niña 2019.


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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, con motivo del Día Internacional de la Niña que se celebró el pasado 11 de octubre y a propuesta de Plan Internacional la siguiente declaración institucional:

Las diputadas y los diputados miembros de la Diputación Permanente del Congreso, que representamos a la ciudadanía española, de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y la meta 5.1 de la Agenda 2030, que incide en la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, hacemos un llamamiento para acabar con los dañinos estereotipos de género que suponen una barrera en el desarrollo de niños y niñas y nos impiden avanzar como sociedad.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados lamenta que todavía hoy la discriminación y los estereotipos de género sigan presentes en las pantallas, medios impresos y publicidad. Ahora bien, esta situación puede cambiar, siempre y cuando todas las instituciones se comprometan para trabajar por una justa y veraz representación de las historias de niñas y niños que desafíe las discriminatorias normas sociales de género y las niñas y jóvenes cuenten con apoyo para participar, incidir, construir y liderar el cambio sin miedo ni discriminación. Para lograr este fin, y como apunta la Agenda 2030, es fundamental: a) mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer, y b) aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. Pero, sobre todo, se hace imprescindible hacer visibles a mujeres referentes que inspiren y empoderen a las niñas y a las jóvenes. Asimismo, la Diputación Permanente reconoce que, para que haya una participación efectiva y real de las mujeres y las jóvenes, es necesario que se creen espacios paritarios de toma de decisiones en los que estas puedan participar, sean visibles, escuchadas y valoradas en igualdad.

Por todo ello, las diputadas y los diputados hacemos un llamamiento al Gobierno español y a todas las instituciones nacionales, al sector económico y financiero, a los medios de comunicación, al tercer sector, a la sociedad civil, y a toda la comunidad internacional en su conjunto para que promuevan:

Una educación transformadora que enseñe a las niñas y a las mujeres jóvenes que pueden ser líderes y que sus deseos, metas y ambiciones tienen el mismo valor que los de los niños y los hombres, que también les enseñe a ellos que las mujeres están en todos los ámbitos y que han tenido un papel relevante en las diversas disciplinas. Una educación que garantice que en los temarios de las materias que se imparten existan referentes de mujeres en las diferentes etapas educativas.

Políticas prácticas y leyes que fomenten contenidos culturales y mediáticos que permitan que las niñas desarrollen todo su potencial desde una edad temprana y a través de modelos a seguir con quienes puedan identificarse.

Y por último, la implantación de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

VOTACIONES.

La señora PRESIDENTA: Ahora sí, procedemos a votar, en primer lugar, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 59; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sometemos, por tanto, esta votación a la Diputación Permanente.

Se realiza la votación.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora presidenta, ha habido un error. Es que no ha dicho que se tramite como proyecto de ley. Yo lo siento, pero a mí, por lo menos, me ha instado a confusión. Dijo como decreto de urgencia, no como proyecto de ley.


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La señora PRESIDENTA: He dicho como proyecto de ley por el trámite de urgencia, como de hecho es formalmente preceptivo que sea por el trámite de urgencia. (Pausa).

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora presidenta, es que no dijo la palabra "proyecto de ley". A mí, por lo menos, me instó a confusión y creo que a otros diputados de otros grupos también.

La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, lo dije. También hay otros miembros de la Cámara que así lo ratifican. (Asentimiento).

No vamos a repetir la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor, 35; en contra, 25; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).

Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2017.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 60; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley con 61 votos a favor.

Se ha solicitado que este real decreto-ley también sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sometemos a votación esta cuestión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 35; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: El real decreto-ley no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Se levanta la sesión.

Era la una y treinta minutos de la tarde.

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