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BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 58-1, de 16/07/2019
cve: BOCG-13-B-58-1
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIII LEGISLATURA
Serie B: PROPOSICIONES DE LEY
16 de julio de 2019

Núm. 58-1


PROPOSICIÓN DE LEY

122/000028 Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia.

Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y siguientes del Reglamento del Congreso, la presente Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Eva García Sempere, María del Mar García Puig y María Freixanet Mateo, Diputadas.-Irene María Montero Gil y Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


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PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ÍNDICE

Exposición de motivos

TÍTULO l. Disposiciones generales, principios rectores y enfoques de actuación

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Definiciones.

Artículo 4. Manifestaciones de la violencia hacia la infancia y adolescencia.

CAPÍTULO II. Principios rectores

Artículo 5. Interés superior de la infancia y adolescencia.

Artículo 6. Igualdad y no Discriminación.

Artículo 7. Derecho a ser escuchado.

Artículo 8. Desarrollo de las potencialidades personales.

Artículo 9. Efectividad.

CAPÍTULO III. Enfoques transversales

Artículo 10. Enfoque de género.

Artículo 11. Enfoque interseccional.

Artículo 12. Enfoque de diversidad cultural y/o étnico-racial.

Artículo 13. Enfoque de diversidad sexual, de género y familiar.

Artículo 14. Enfoque de diversidad funcional.

Artículo 15. Enfoque integral.

Artículo 16. Enfoque de cambio social.

TÍTULO II. Medidas de toma de conciencia y prevención

Artículo 17. Objetivo y ámbito.

Artículo 18. Medidas de investigación.

Artículo 19. Medidas de recogida de información.

TÍTULO III. Medidas de prevención y de apoyo al buen trato

Artículo 20. Objetivo, ámbito y características.

Artículo 21. Promoción del buen trato en la familia.

Artículo 22. Promoción del buen trato en la escuela.

Artículo 23. Promoción del buen trato por parte de las instituciones.

Artículo 24. Buen trato dentro de la comunidad.

Artículo 25. Medidas de prevención de la violencia en los medios de comunicación.

Artículo 26. Medidas de prevención de la violencia en la publicidad.

TÍTULO IV. Detección y atención a la violencia

CAPÍTULO I. Obligaciones

Artículo 27. Prohibición de la violencia.

Artículo 28. Obligación de denunciar.

Artículo 29. Obligación de actuar.

Artículo 30. Publicidad y compromiso.

Artículo 31. Línea de atención telefónica.


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Artículo 32. Creación de un registro de casos.

Artículo 33. Especial protección a las niñas, niños y adolescente con diversidad funcional.

CAPÍTULO II. Violencias en el ámbito familiar

Artículo 34. Violencia familiar.

Artículo 35. Detección y atención.

Artículo 36. Violencia machista.

Artículo 37. Mutilación genital femenina y matrimonios forzados.

CAPÍTULO III. Violencia en la escuela

Artículo 38. Detección e intervención.

Artículo 39. Equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

Artículo 40. Apoyo al profesorado.

Artículo 41. Protocolos.

Artículo 42. Escolarización en casos de violencia.

CAPÍTULO IV. Violencia en las instituciones

Artículo 43. Proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes en las instituciones.

Artículo 44. Violencia en el entorno institucional.

Artículo 45. Medidas y garantías.

Artículo 46. La institucionalización como último recurso.

Artículo 47. La desinstitucionalización.

Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes extranjeros en las instituciones.

CAPÍTULO V. Violencias sexuales

Artículo 49. Agresión sexual.

Artículo 50. Prescripción.

Artículo 51. Respuesta reforzada.

CAPÍTULO VI. Violencias a través de las nuevas tecnologías y redes sociales

Artículo 52. Prevención, detección e intervención.

CAPÍTULO VII. Violencia en contextos de redes organizadas de delincuencia

Artículo 53. Necesidad de regulación específica.

Artículo 54. Especial protección.

Artículo 55. Recursos especializados para víctimas de la trata y otras redes organizadas de delincuencia.

TÍTULO V. Servicios de atención integral y recuperación

Artículo 56. Concepto.

Artículo 57. Servicios y mecanismos adaptados a niñas, niños y adolescentes.

Artículo 58. Red de atención integral.

Artículo 59. Catálogo de recursos.

Artículo 60. Ayudas económicas.

TÍTULO VI. Acceso a la Justicia

CAPÍTULO I. Garantías en los procedimientos judiciales y administrativos

Artículo 61. Asistencia jurídica especializada.

Artículo 62. Mecanismos de salvaguardia procesales adecuados.

Artículo 63. Procedimiento de determinación de la edad.

Artículo 64. Medidas para la seguridad personal en los procedimientos judiciales.


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TÍTULO VII. Reparación

Artículo 65. Dimensión individual del derecho a la reparación.

Artículo 66. Garantía de no repetición.

TÍTULO VIII. Obligaciones, responsabilidades y derechos

CAPÍTULO I. Obligaciones

Artículo 67. De las Administraciones Públicas.

Artículo 68. Con relación a la delegación y privatización de servicios.

Artículo 69. Con relación a las madres y padres.

Artículo 70. Con relación a las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO II. Responsabilidades

Artículo 71. Responsabilidad de madres y padres.

Artículo 72. Organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 73. Medios de comunicación y sociedad.

CAPÍTULO III. Titulares de derechos

Artículo 74. Titulares activos de derecho.

TÍTULO IX. Comisionado independiente para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Artículo 75. Definición.

Artículo 76. Funciones.

Artículo 77. Composición.

Artículo 78. Actividades.

TÍTULO X. Garantías de aplicación de la ley

Artículo 79. Formación profesional permanente.

Artículo 80. Estrategia Estatal de Acción y planes sectoriales.

Artículo 81. Dotación presupuestaria.

Artículo 82. Coordinación institucional.

Artículo 83. Obligatoriedad de los protocolos.

Artículo 84. Rendición de cuentas.

Disposición adicional primera. Aspectos civiles del matrimonio forzado.

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996 del Protección Jurídica del Menor.

Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima.

Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Disposición adicional sexta. Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Disposición derogatoria única.

Disposición final primera. Naturaleza de la presente ley.

Disposición final segunda. Título competencial.

Disposición final tercera. Modificaciones reglamentarias.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.


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Exposición de motivos

I

Las violencias contra las niñas, niños y adolescentes son una realidad de enormes proporciones que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en España. Sin embargo, a fecha de hoy, no existen datos suficientes, actualizados, homogéneos ni categorizados que nos permitan saber cuál es el alcance del problema de las violencias contra la infancia y adolescencia de forma integral. Además, desconocemos su evolución. Esta ausencia de información objetiva, y también subjetiva, refuerza la idea equivocada de que estas violencias son un fenómeno aislado y ocasional que afecta solo a determinadas categorías de niñas, niños, familias o a ciertos estratos sociales o contextos culturales.

Las violencias contra la infancia y adolescencia es la principal manifestación de desprecio y negación de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Estas violencias influyen de manera decisiva en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes e inciden de forma muy negativa, en su bienestar y desarrollo causándoles, les pone en riesgo de sufrir lesiones, daños y trastornos en una o varias de las áreas de su desarrollo físico, sexual, emocional, cognitivo y social, llegando incluso a provocarles la muerte.

Siguiendo el mandato de la Constitución en el Capítulo III del Título I, es obligación de los Poderes Públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de las niñas, niños y adolescentes. Para abordar adecuadamente este problema es necesario partir de la definición de violencia contra las niñas, niños y adolescentes que establece Naciones Unidas.

La ley parte del concepto de violencia que se desprende del artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño y cuyo alcance va más allá de la idea tradicional de maltrato que reconoce que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes tiene multitud de manifestaciones, tal y como establece en la Observación n.º 13 del Comité de los Derechos del Niño.

La norma prevé combatir toda forma de violencia o maltrato a las niñas, niños y adolescentes que vivan en España independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren tanto ellos como sus progenitores, representantes legales o cuidadores legales de su cuidado. Comprendiendo el concepto de violencia el descuido o trato negligente, la violencia psicológica, la violencia física, los castigos corporales, la violencia sexual, explotación sexual, tortura y tratos humillantes o penas inhumanas, crueles o degradantes, violencia entre iguales, autolesiones, prácticas perjudiciales, violencia en los medios de comunicación, violencia a través de internet y las nuevas tecnologías, violencia dentro de las instituciones y en el sistema de protección y reforma. Pero también la violencia que pueden sufrir por su orientación sexual, su identidad sexual y de género, sus rasgos físicos, su origen racial o étnico, su lengua, su religión, sus opiniones, su nacionalidad, su estatus de migrante, su clase social, su estado de salud o por tener algún tipo de diversidad funcional, sea esta física, intelectual, psíquica o sensorial. Atacar a una niña, niño o adolescente por ser quien es o por cómo es representa una de las formas de violencia más execrables y peligrosas. Ese trato discriminatorio, expresión de machismo, racismo, homofobia, transfobia, bifobia, xenofobia, aporofobia, etc. son formas de violencia estructural desde las que se incorporan valores violentos de convivencia que son legitimados y reproducidos en las diferentes relaciones que se establecen hacia la infancia y adolescencia y entre esta. La intolerancia y el odio que rechaza y reprime la diferencia y la diversidad desde las edades más tempranas entre las personas menores de edad, en vez de considerar esta como un elemento de riqueza que hace mejores a las personas y más valiosa a la sociedad a la que se pertenece.

En todo caso, precisamente, por la complejidad del tema, el listado de manifestaciones de violencia contra la infancia y adolescencia de esta ley no se concibe como una lista cerrada. Más bien todo lo contrario, debe estar sometida a continuas revisiones y actualizaciones en coherencia con normativas, resoluciones judiciales, recomendaciones, informes y observaciones que amplíen o maticen las manifestaciones de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que recoge en el articulado.

Esta ley representa un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico al conceder a las niñas, niños y adolescentes un papel protagonista y también activo acorde a su condición de titulares de derechos a la hora de promover de manera activa y multidimensional el buen trato hacia la infancia y adolescencia como parte imprescindible para erradicar las violencias hacia las niñas, niños y adolescentes. A tal efecto, se establecen las garantías necesarias para su adecuada presencia y participación en todos los ámbitos de su vida tales como familia, escuela, entorno comunitario y también en aquellos


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procedimientos administrativos y judiciales que les afectan para lograr una adecuada configuración legal del derecho a ser escuchado que prevea los cauces necesarios para que el ejercicio de este derecho sea efectivo, además de reforzar el derecho a la información durante estos procedimientos.

A su vez, la erradicación de las violencias contra las niñas, niños y adolescentes requieren de una intensa participación social y educación de la ciudadanía frente a estas. La ley parte de la idea de que las violencias contra las niñas, niños y adolescentes no son una cuestión individual, sino social. No se trata de una problemática coyuntural, sino estructural y al igual que sucede con otras violencias como las machistas, estas son utilizadas por el agresor como medio para ejercer poder y reforzar una situación o relación de superioridad o dominación donde hay un abuso que se aprovecha de la edad de sus víctimas, de sus circunstancias personales, sociales o de salud, pero también de su condición de sujeto vulnerable en un determinado contexto a causa de su orientación sexual, su identidad de género o sexual, su diferencia cultural, su género o cómo decide expresarlo, su origen racial o étnico, sus creencias religiosas o las de su familia, su clase social, su idioma y, por supuesto tener alguna diversidad funcional sensorial, física, psíquica o intelectual.

La ley quiere subrayar que quien inflige un daño o perjuicio a una niña, niños o adolescente, sea este puntual o continuado y sistemático, usando la fuerza física o verbal, sea como amenaza o de forma efectiva, causa un daño irreversible a la sociedad. La violencia contra una niña, niño o adolescente nos afecta de forma colectiva al conjunto de la sociedad. Tolerar y no actuar ante la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, sea dentro de la familia o fuera de esta, lanza un mensaje destructivo y desolador hacia las niñas, niños y adolescentes que legitima la violencia y el abuso, y provoca situaciones injustas e injustificadas de inseguridad e indefensión que suponen una violación de derechos humanos que ocasiona daños irreparables en las niñas, niños y adolescentes. Para evitarlo es necesario un compromiso público de los agentes políticos que refuerce el valor de la infancia y de la adolescencia libre de maltrato y violencias.

Por lo tanto, la ley surge de la necesidad de no invertir solo en un sistema punitivo o de represión sino en hacer parte fundamental de la solución la toma de conciencia, la sensibilización, la prevención, la educación y también la rendición de cuentas de las personas e instituciones que tienen bajo su responsabilidad el cuidado y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes.

Los ámbitos donde tienen lugar las violencias contra las niñas, niños y adolescentes son muy variados, de ahí que la ley parta de la necesidad de abordar su prevención y erradicación tanto en el entorno familiar como en el ámbito educativo, pero también en el contexto comunitario, en los medios de comunicación y por supuesto, en las instituciones y centros de protección y reforma. Además, de contemplar que las instituciones que atienden a la infancia y adolescencia, así como el sistema de Justicia sean revisadas en profundidad para afrontar ser accesible a las niñas, niños y adolescentes, y en su caso, dar respuesta a las situaciones de violencia que puedan sufrir las niñas, niños y adolescentes con la diligencia debida y disponibilidad de recursos.

La ley no obvia que en las diferentes manifestaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes también influye el factor de género y que entre estas existen violencias que se dirigen de forma muy específica contra las niñas, de hecho, la prevalencia de la violencia sexual es muy superior en las niñas y chicas adolescentes respecto de los niños y chicos en etapa adolescente. En consecuencia, es imperativo para todos los agentes que intervengan en el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas y medidas que afecten a la infancia y adolescencia incorporar una perspectiva de género que diferencie dos situaciones: por un lado, la violencia específica que se comete contra las niñas y chicas adolescentes como es la mutilación genital femenina y también aquellas que tienen mayor incidencia en ellas como son los agresiones sexuales, prostitución, etc. pero también la violencia que se ejerce contra las mujeres y que impacta directamente sobre sus hijas e hijos como sucede con la violencia machista. En coherencia con esta realidad, las medidas previstas en esta ley deben incorporar tanto en su planteamiento como en su aplicación y evaluación, la perspectiva de género con visión interseccional para la garantía de una vida libre de violencias haciendo especial hincapié en aquellas niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional, al ser, tal y como señalan multitud de estudios, los más vulnerables a todo tipo de violencia y sistemáticamente invisibilidades en las respuestas.

También se hace referencia en la ley a la violencia que proviene de las instituciones cuando estas, o las personas que actúan bajo su abrigo no actúan primando el interés superior del menor en los términos que recoge la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.


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II

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio de 2014, acordó la creación de esta Subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. A partir de las comparecencias de veinticinco expertos y expertas en la materia y del análisis de la documentación aportada se pudo realizar una radiografía de la situación y una serie de propuestas a los poderes públicos, con incidencia en todos los ámbitos de intervención y dirigidas a todos los agentes, para orientar las diferentes políticas públicas. Su conclusión fue que era necesario hacer frente a la violencia contra la infancia. Sus más de 140 conclusiones y propuestas están recogidas en el informe correspondiente publicado en el Boletín de las Cortes Generales del 2 de julio de 2015 y dieron lugar a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en septiembre de 2017 para impulsar una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. Esta ley viene a dar cumplimiento a ese mandato.

La reciente aprobación de las Leyes Orgánicas 8/2015, de 22 de julio y 26/2015, de 28 de julio introdujeron importantes modificaciones en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que han supuesto un importante avance en la reforma del sistema de protección a la infancia y adolescencia al regular y definir de forma más concreta las situaciones de riesgo y desamparo para fundamentar la adopción de las posibles medidas de protección en cuatro pilares: priorización de las medidas familiares frente a las institucionales, las estables frente a las temporales, las consensuadas frente a las impuestas y las nacionales frente a las internacionales. Al tiempo que subraya que la pobreza de sus progenitores o responsables legales de su cuidado no puede ser la única causa para determinar la situación de desamparo de los menores de edad.

Estas modificaciones han hecho que el interés superior del menor deje de ser un concepto jurídico indeterminado a ser un derecho fundamental, lo que se traduce, entre otras cuestiones, en el derecho a ser escuchado y escuchada y a participar en todos los procesos que le afecten. Por primera vez, se ha incluido en nuestra legislación la obligatoriedad de realizar estudios previos que analizasen el impacto que cualquier modificación normativa pueda tener en las niñas, niños y adolescentes. Otro de las mejoras significativas fue la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia reconociendo a los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista también como víctimas. Además de esta modificación se han introducido los requisitos necesarios para impedir que las personas que tienen antecedentes por delitos sexuales trabajen en contacto directo y habitual con niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, a pesar de la aprobación de estas reformas, su aplicación y desarrollo están en un punto muerto, algo que debe ser retomado a la mayor brevedad de tiempo puesto que esta Ley Orgánica no viene a sustituir la actual legislación en materia de protección a la infancia y adolescencia ni a desarrollar el marco legislativo pendiente. Esta ley viene a impulsar su desarrollo y a complementar y ordenar todos aquellos elementos que promuevan el buen trato hacia la infancia y adolescencia y erradiquen la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes ofreciendo un marco de actuación que deberá ser desarrollado en el plazo de 1 año desde la aprobación de esta ley a través de una Estrategia Estatal de Acción y de diferentes planes sectoriales en los principales ámbitos de actuación en materia de infancia y adolescencia educación, deporte, cultura, sanidad, servicios sociales, policía y justicia, tal y como establece el articulado.

La ley parte de la idea de niña, niño y adolescente como un sujeto titular de derechos que, desde la primera infancia y por derecho propio, debe ser protegido de manera apropiada a su edad, madurez y capacidades físicas o psíquicas; reconocido como un ser humano único y valioso con su personalidad propia; atendido en su diversidad cultural, sexual, de género, racial, étnica, religiosa, social, funcional y lingüística; y considerado como miembro activo de su familia, de sus comunidades y de las sociedades a la hora de expresar sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista.

Asimismo, el bien jurídico protegido por el derecho fundamental a la integridad moral, física psicológica y sexual que recoge el artículo 15 de la Constitución es la inviolabilidad del ser humano, vinculada a la dignidad humana previsto por el artículo 10 de la Constitución.

La ley impone obligaciones a las Administraciones Públicas debido a que estas tienen la obligación constitucional de proveer las condiciones materiales para el desarrollo del proyecto personal de vida que para sí tiene la persona como ser autónomo y la garantía de una vida digna. Las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de las violencias pueden afectar gravemente o llegar a impedir la realización de un proyecto vital personal. Además, la ley es un avance más en la consecución del derecho a la igualdad entre las niñas, niños y adolescentes conforme al artículo 14 de la Constitución al garantizar con


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carácter general y de forma tanto transversal como específica la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos.

En definitiva, la ley combate las violencias contra las niñas, niños y adolescentes estableciendo estrategias y medidas integrales para la investigación y recogida de información, la toma de conciencia, prevención y sensibilización, así como la detección, atención integral, protección, acceso a la justicia y la reparación a las víctimas menores de edad. A tal efecto, se han tenido presente las conclusiones y propuestas formuladas en el informe de la Subcomisión de estudio y las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados. Pero, ante todo, la ley da cumplimiento al mandato de urgencia y necesidad formulado hace un año por la proposición no de ley que impulsar la redacción de esta Ley Orgánica.

III

La presente regulación pretende recoger los consensos y obligaciones internacionales para erradicar la violencia contra la infancia y adolescencia y poner fin a la invisibilidad, falta de participación y revictimización institucional y social que enfrentan quienes sufren violencia siendo niñas, niños y adolescentes.

La ley parte del marco jurídico protector basado en la Convención sobre los Derechos del Niño que integra el enfoque de derechos de la infancia y adolescencia. La Convención fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y es la primera ley internacional sobre los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Tiene naturaleza vinculante y es de obligado cumplimiento para los Estados firmantes que la han ratificado, como España en 1990. La Convención supone un enorme punto de inflexión para la infancia y adolescencia en todo el mundo al reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como meros objetos de cuidados o protección. Frente a cualquier forma de violencia fomenta el buen trato a las niñas, niños y adolescentes, la visibilización de sus necesidades y el reconocimiento de sus derechos, especialmente el derecho a participar en todas las decisiones y ámbitos que les afectan. También, además de los progenitores y responsables legales de su cuidado, exige responsabilidad a todos los miembros de la sociedad como ciudadanos, profesionales e instituciones, a la hora de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier tipo de violencia que puedan llegar a sufrir.

Las estrategias y medidas de la ley reproducen gran parte de las medidas y propuestas de las Observaciones Generales y distintas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, como órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, la ley supone un avance en el cumplimiento de los mandatos internacionales en materia de lucha contra las violencias hacia la infancia y adolescencia incorporando a la legislación española las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición que recoge esta normativa.

Cabe destacar que se da cumplimiento a las Observaciones que se han realizado a España en el 2010 y 2018 por parte del Comité de los Derechos del Niño en las que su preocupación sobre el tema de la violencia contra la infancia y adolescencia. En 2010 el Comité de Derechos del Niño instó al Estado español a aprobar una ley integral sobre la violencia para combatirla en todas sus formas y entre otras recomendaciones señalaba la necesidad de incrementar la vigilancia por la utilización de internet, la elaboración de campañas de concienciación y programas de educación de familias para que utilicen formas de disciplina positivas, no violentas, priorizar la prevención, promover valores no violentos, la concienciación del problema y prestar servicios de recuperación e integración social, atender la violencia contra niños y niñas con diversidad funcional y luchar contra el acoso escolar, mejorar los datos de registros, explotación y agresiones sexuales. Y en 2018, al Comité le preocupa "la persistencia de los castigos corporales que, a pesar de estar prohibidos en todos los entornas, persisten, particularmente en el hogar". Entre sus objetivos recomienda que España "siga procurando crear conciencia sobre la ilegalidad de los castigos corporales y sobre sus efectos negativos en el desarrollo del niño y promoviendo formas positivas, no violentas y participativas de crianza de los niños y de disciplina y que vigile adecuadamente y haga cumplir la prohibición de los castigos corporales; que considere si deben establecerse prórrogas adicionales a los plazos de prescripción en los casos de abusos sexuales contra niños; que se establezcan conductos accesibles, confidenciales, adaptados a las necesidades de los niños y eficaces para la denuncia de casos de explotación y abusos sexuales, con inclusión del incesto y de los abusos en entornos escolares; que se mejore la formación de los profesionales y fortalezca la coordinación intersectorial para abordar casos de abusos contra niños y agilizar la elaboración de


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protocolos de atención; que se investigue activamente los casos de explotación y abusos sexuales de niños, enjuicie a los autores y asegure que reciban las sanciones apropiadas en caso de que se demuestre su culpabilidad; que se vele por que se apliquen medidas planificadas para brindar protección en todas las actuaciones judiciales en que las víctimas sean niños, como medidas para asegurar que esos niños no tengan que afrontar a los acusados y la posibilidad de prestar declaración en vídeo y de utilizar grabaciones de audio y vídeo; que se agilicen las actuaciones judiciales en los casos de abusos sexuales en que las víctimas sean niños, a fin de reducir el período de espera antes de prestar declaración; y que se revise la práctica de incluir automáticamente a los niños delincuentes sexuales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, y revisar periódicamente su inclusión en dicho registro, con miras a alentar el tratamiento y la rehabilitación de esas personas".

La ley tiene presente la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al incorporar de manera prioritaria la perspectiva de los derechos de la infancia para incidir en la máxima protección de todos las niñas, niños y adolescentes bajo la consigna de no dejar a nadie atrás. En consecuencia, deben tenerse presente todas sus metas ya que impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia y de la adolescencia. Su implementación representa una clara apuesta por un modelo social y político que ponga en el centro de las políticas a las niñas, niños y adolescentes.

Por el otro lado, la ley pretende incorporar en el ordenamiento jurídico español la relevancia de otros textos internacionales en defensa de la infancia y adolescencia y protección ante la violencia. Entre estos, es necesario subrayar, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (2007); la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. (2011); las Directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia (2009); la Carta Europea de los Derechos del Niño (1992) el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños (1996); la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), así como diferentes recomendaciones y resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa y su Asamblea parlamentaria relativas cómo proteger a las niñas, niños y adolescentes de las diferentes manifestaciones de violencia contra ellos.

IV

La ley consta de diez títulos, adoptando una perspectiva integral de promoción del buen trato y contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.

El Título I establece las disposiciones generales, los principios rectores y enfoques de actuación a través de tres capítulos. El Capítulo I se establece cuál es el objeto y ámbito de aplicación, así como las definiciones clave y detalla las distintas manifestaciones de la violencia hacia la infancia y adolescencia, subrayando que esta no es una lista cerrada, y que por lo tanto deberá estar sometida a continuas revisiones. En el Capítulo II se estipulan los Principios rectores de la ley: interés superior de la infancia y adolescencia, igualdad y no discriminación, derecho a ser escuchado y escuchada, desarrollo de las potencialidades personales y efectividad. El Capítulo III, explícita los cuatro enfoques transversales que deben tenerse en cuenta en la promoción del buen trato y la erradicación de las violencias: el enfoque de género, el interseccional, el de diversidad cultural y/o étnico-racial, el integral, el de diversidad sexual, de género y familiar y el de cambio social.

El Título II contempla las medidas de toma de conciencia y prevención (investigación y recogida de información) encaminadas a promover cambios en la población con vistas a erradicar las creencias, prácticas, costumbres, tradiciones y cualquier otro acto basado en la idea de la inferioridad de las niñas, niños y adolescentes o en una concepción adultocentrista de la infancia y la adolescencia.

El Título III establece las medidas de prevención y de apoyo al buen trato en la familia, en la escuela, por parte de las instituciones y dentro de la comunidad. Pero también medidas de prevención de la violencia en los medios de comunicación y en la publicidad. Cuatro son los pilares conceptuales en este título, el buen trato para responder a las necesidades de cuidado, protección de las niñas, niños y adolescentes, la parentalidad positiva que promueve vínculos afectivos seguros, protectores y estables, la disciplina positiva como forma de relacionarse y afrontar los conflictos con los límites que se imponen con firmeza y afectividad y la afectividad consciente como la capacidad que una persona tiene de forma consciente, voluntaria y sistemática de generar un entorno protector, cálido emocionalmente y dentro de él establecer relaciones afectivas positivas.


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El Título IV señala las estrategias para la detección y atención a la violencia y hace referencia expresa a que las violencias contra la infancia están terminante prohibidas en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, se señala al responsable de la gestión y dirección de los centros e instituciones como autor de un delito de comisión por omisión en las situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes que tengan lugar en el centro que está bajo su responsabilidad. Es su obligación de velar y actuar para que estas no sucedan la que lleva a señalar su responsabilidad individual. Junto con la obligación de actuar, está la obligación de denunciar. También regula este Título publicidad que las administraciones deben dar a tosas aquellas medidas y mecanismos que eviten y combatan las violencias hacia la infancia y la adolescencia. Su compromiso está también recogido en esta ley. Se establece la puesta en marcha de una línea de atención telefónica y de un registro de casos. Se hace una mención a la especial protección que debe prestarse en materia de detección y atención a las niñas, niños y adolescente con alguna diversidad sensorial, física, intelectual o psíquica. Dentro de este Título se contemplan, en cuatro capítulos diferenciados, una serie de medidas dirigidas a la detección y atención de las violencias en el ámbito familiar, en la escuela, en las instituciones y en contextos de redes organizadas. Asimismo, se señalan medidas básicas para detectar y atender las violencias sexuales y las que tienen lugar por medio de las nuevas tecnologías y redes sociales. Se modifica de plazo de prescripción de las agresiones sexuales y se elimina la distinción entre agresión y abuso. La edad de consentimiento para menores de edad es la establecida en el Código Penal, los dieciséis años.

El Título V hace mención a los servicios de atención y recuperación, a la necesidad de que estén adaptados a niñas, niños y adolescentes, formen parte de una red de atención integral con un catálogo de recursos que puedan informar y garantizar las ayudas económicas oportunas.

El Título VI reformula el acceso a la Justicia por parte de las niñas, niños y adolescentes estableciendo garantías en los procedimientos judiciales y administrativos como asistencia jurídica especializada, mecanismos de salvaguardia procesales adecuados, procedimiento de determinación de la edad y medidas para la seguridad personal en los procedimientos judiciales.

El Título VII contiene los elementos básicos de la reparación a las víctimas de las violencias, por un lado, estableciendo dimensión individual del derecho a la reparación y por otro, las garantías de no repetición.

El Título VIII establece, desde el enfoque de derechos humanos, las obligaciones de las Administraciones Públicas, las responsabilidades de padres y madres, pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación y por último, se fija la condición de sujeto titular de derechos para las niñas, niños y adolescentes.

El Título IX establece siguiendo las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, una nueva figura, ya existente en otros países y que resulta clave para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, un Comisionado independiente. Junto con su definición se articula su composición y actividades.

Por último, y antes de las disposiciones finales, el Título X establece las garantías de obligado cumplimiento para la aplicación de la ley. Sin estas, la ley no será posible. Entre estas está la formación profesional permanente, la aprobación de una Estrategia Estatal de Acción y planes sectoriales, la dotación presupuestaria, la coordinación institucional, la obligatoriedad de los protocolos y la rendición de cuentas.

Las tres disposiciones finales proponen incorporar algunas de las modificaciones legislativas pertinentes para la consecución de los objetivos de esta Ley, si bien será el trabajo intersectorial a distintos niveles dentro de cada territorio el que fijará las reformas y cambios que se desprenden de la aplicación de esta ley orgánica.

La aprobación de esta ley garantizará la protección integral de las niñas, niños y adolescentes contra la violencia. Los poderes públicos deberán asegurar su aplicación a todos los niveles y emprender una evaluación amplia del alcance, los factores de riesgo y las características de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes con miras a formular la Estrategia Estatal recogida en esta ley. La ley también recoge la necesidad de que los poderes públicos adopten un marco global de coordinación entre administraciones e instituciones que permita responder adecuadamente a las situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes prestando especial atención a sus dimensiones de género y diversidad. Deberán velar también porque se asignen recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para abordar las causas fundamentales de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.


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TÍTULO I

Disposiciones generales, principios rectores y enfoques de actuación

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho al libre desarrollo y respeto de su integridad moral, física, psicológica y sexual.

2. La presente ley tiene por objeto la protección del derecho a la integridad moral, física psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, así como la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra ellos.

3. Mediante esta ley se establecen estrategias y medidas integrales para la investigación y recogida de información, la toma de conciencia, prevención y sensibilización, así como la detección, atención integral, protección, acceso a la justicia y la reparación a las víctimas menores de edad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Los principios, enfoques, estrategias y medidas contempladas en la presente ley integral serán de aplicación a todas las niñas, niños y adolescentes que vivan en España independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren tanto ellos como sus progenitores, representantes legales o cuidadores legalmente.

2. Así mismo, será de aplicación a las niñas, niños y adolescentes que se hallen de forma circunstancial en España cuando suceda la situación de violencia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las autoridades de otros países.

3. En todo caso, debe aplicarse desde la primera infancia y apoyándose en las potencialidades de las propias niñas, niños y adolescentes y de los recursos de los sistemas sociales de los que forman parte: la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones y otros recursos de apoyo social.

4. En el caso de que converjan distintas normativas específicas en la regulación de manera integral de la protección de la integridad física, psíquica, moral y sexual de las niñas, niños y adolescentes se atenderá a aquella que supongan una protección reforzada para ellos bien porque atiendan a su condición de menores de edad bien porque la respuesta como víctimas de violencia represente una garantía para su reparación y recuperación.

Artículo 3. Definiciones.

1. Se entiende por "niña, niño y adolescente" toda persona menor de dieciocho años que, desde la primera infancia y por derecho propio debe ser:

- protegida de manera apropiada a su edad, madurez y capacidades físicas o psíquicas;

- reconocida como un ser humano único y valioso con su personalidad propia;

- atendida en su diversidad cultural, sexual, de género, familiar, racial, étnica, religiosa, social, diversidad funcional y lingüística; y

- considerada como miembro activo de su familia, de sus comunidades y de las sociedades a la hora de expresar sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista.

2. Por "violencia hacia la infancia y adolescencia" se entiende todo acto intencional que, siendo puntual o continuado y sistemático, usa la fuerza física o verbal, sea como amenaza o de forma efectiva, buscando ocasionar un daño o perjuicio a una niña, niño o adolescente causándole o poniendo en riesgo de sufrir lesiones, daños y trastornos en una o varias de las áreas de su desarrollo (físico, sexual, emocional, cognitivo y/o social) e incluso provocándole la muerte. Este uso intencional de la fuerza también puede ser ejercido sobre otra persona, animal u objeto si ello sirviese al autor o autores para lograr su objetivo frente a la víctima menor de edad. En el caso, de niñas, niños y adolescentes con alguna diversidad funcional física, psíquica, intelectual o sensorial debe tenerse presente que por ese hecho son


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más vulnerables a todos los tipos de agresión, sea mental, físico o sexual en todos los entornos, incluidos la familia, las escuelas, las instituciones privadas y públicas. Esta definición abarca la violencia que tiene lugar de los adultos hacia niñas, niños y adolescentes y también la que ocurre entre iguales.

3. El término "víctima" se refiere a la niña, niño o adolescente que ha sido objeto de alguna de las manifestaciones de violencia señaladas en el artículo 4 de esta Ley. Se parte de un concepto amplio de reconocimiento de víctima tal y como recoge el Estatuto de la Víctima, pudiendo ser las niñas, niños y adolescentes víctimas directas, pero también víctimas indirectas de las violencias.

4. El "buen trato" hacia niñas, niños y adolescentes consiste en de cuidado, protección, marco apropiado de afecto, empatía, comunicación, resolución no violenta de conflictos y uso adecuado de la jerarquía, como ocurriría con cualquier otra persona.

5. La "parentalidad positiva" es aquella que promueve, dentro de una unidad familiar, vínculos afectivos seguros, protectores y estables que proporcionan: un entorno educativo estructurado en rutinas y hábitos a través de los cuales se transmiten de modo flexible normas y valores; estimulación, apoyo y oportunidades de aprendizaje. Se basa en el reconocimiento de los logros y capacidades de las hijas e hijos y en su acompañamiento en la vida cotidiana, todo ello en un entorno libre de violencia física, verbal y emocional.

6. La "disciplina positiva" promueve, dentro de un entorno organizativo cuyo objetivo es el cuidado y/o educación de las niñas, niños y adolescentes, una forma de relacionarse y afrontar los conflictos donde los límites se imponen con firmeza y afectividad, respetando los derechos de todos los implicados, incluidos los del niño, niña o adolescente cuando es uno de sus protagonistas sus necesidades emocionales y preservando los vínculos y sin recurrir a ninguna forma de violencia, incluido el castigo físico y humillante.

7. Por "afectividad consciente" se entiende la capacidad que una persona tiene de forma consciente, voluntaria y sistemática de generar un entorno protector, cálido emocionalmente y dentro de él establecer relaciones afectivas positivas. Es, por lo tanto, garantía del derecho a la protección y al desarrollo pleno porque posibilita la creación del entorno seguro y de buen trato, además de una competencia profesional que debe ser promovida en todos los agentes sociales que trabajen con niños, niñas y adolescentes.

8. El "adultocentrismo" indica que existen relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en una posición de superioridad. Los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura así lo han definido.

9. Por "violencias sexuales" se hace referencia a la vulneración de los derechos humanos de -las niñas, niños y adolescentes y a una ofensa a la dignidad humana que niega el derecho a su integridad sexual y también a decidir acerca de su vida sexual. Comprenden cualquier acto de naturaleza sexual no consentida en cualquier ámbito de su vida con independencia de la relación afectiva y/o de parentesco entre la víctima y el sujeto agresor. Las violencias sexuales pueden tener distintas manifestaciones como agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, acoso, extorsión sexual y engaño pederasta, también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y otras como la mutilación genital femenina, infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual, matrimonio forzado, trata por razones de explotación sexual, explotación sexual, esclavitud sexual, así como las violencias sexuales simbólicas.

10. El "daño social" hace referencia a la vulneración de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que afecta sobre su desarrollo, formación y autoconstrucción como persona y al mapa relacional en que se desarrolla su infancia y su adolescencia en su vida cotidiana, Para su evaluación en el contexto de las violencias se tendrá en cuenta el impacto que sobre la víctima y sus redes de apoyo tiene dicha manifestación de violencia.

11. La "discriminación múltiple" hace referencia a los comportamientos de distinción, exclusión o restricción basada en la intersección entre sexo, género, raza, etnia, clase, edad, orientación sexual, identidad sexual o de género, situación administrativa de residencia, estatus de migrante, país de procedencia, religión, convicción u opinión, diversidad funcional, edad, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. Tiene por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos por parte de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes ámbitos de su vida.


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Artículo 4. Manifestaciones de la violencia hacia la infancia y adolescencia.

1. Partiendo de las manifestaciones de violencia contra la infancia y adolescencia establecidas en la Observación n.º 13 del Comité de los Derechos del Niño, se consideran como tales, entre otras, las siguientes:

a) "Descuido o trato negligente": el descuido físico, emocional, de salud, educativo y el abandono comprende la no atención de las necesidades físicas y psicológicas de las niñas, niños y adolescentes, así como la no protección del peligro y la no proporción al acceso a derechos cuando la persona o personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello.

b) "Violencia psicológica": maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato emocional que puede consistir en:

i) toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, la niña o adolescente como hacerle creer que no vale nada, que no es amado ni querido que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros;

ii) asustarle, aterrorizarle y amenazarle; desdeñarle y rechazarle; aislarle, ignorarle y discriminarle;

iii) desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas;

iv) insultarle, injuriarle, humillarle, menospreciarle, ridiculizarle y herir sus sentimientos;

v) exponerle a la violencia doméstica;

vi) someterle a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones de detención humillantes o degradantes, y

vii) someterle a la intimidación y las novatadas de adultos o de otros niños, en particular por medio de las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles o Internet.

c) "Violencia física": puede ser mortal y no mortal e incluye:

i) todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y

ii) la intimidación física y las novatadas por parte de adultos o de otros niños.

d) "Violencia sexual": fijando la edad de consentimiento para cualquier acto de naturaleza sexual en los dieciséis años, se considera como violencia sexual cuando estos actos no son consentidos o no pueden ser consentidos al ser menor de 16 años o por razones de diversidad funcional de la niña, niño o adolescente, en el que medie violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, la observación y la imposición de relaciones sexuales. Incluye la agresión sexual, la explotación sexual, el acoso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, educativa, así como en el espacio público.

e) "Castigos corporales": todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve como manotazos, bofetadas, azotes, dar puntapiés, zarandear, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con un palo u otro objeto, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, etc.

f) "Explotación sexual": se entiende por explotación sexual:

i) La incitación o coacción para que una niña, niño o adolescente se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial.

ii) La utilización de una niña, niño o adolescente con fines de explotación sexual comercial.

iii) La utilización de una niña, niño o adolescente para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de agresiones sexuales a menores de edad.

iv) La prostitución.

v) La esclavitud sexual.

vi) La trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, adopciones ilegales o tráfico de órganos dentro y fuera de España.

g) "Tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes": todo acto de violencia contra una niña, niño o adolescente para obligarlo a confesar, castigarlo extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas


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u obligarlo a realizar actividades contra su voluntad, cometido por lo general por la policía y otros agentes del orden público, el personal de casas o pisos de acogida, hogares, centros, residencias y otras instituciones de protección o reforma, así como personas que tienen autoridad sobre ellos, incluidos los agentes no armados.

h) "Violencia entre iguales": se ejerce de diferentes formas que pueden, y de hecho suelen darse al mismo tiempo. Puede ser física, psicológica, sexual y escrita o visual. Se caracteriza porque es ejercida entre niñas, niños y adolescentes, unos contra otros y también en grupo. Puede suceder en la escuela, así como en otros lugares de socialización como por ejemplo las actividades deportivas o de ocio, pero también puede tener lugar en espacios abiertos como la calle. También sucede a través de las TIC y las redes sociales.

i) "Prácticas perjudiciales": entre otras se refiere a:

i) La mutilación genital femenina.

ii) Los ritos iniciáticos violentos y degradantes.

iii) Las pruebas de virginidad a través de exploraciones o exámenes íntimos innecesarios.

iv) El matrimonio forzado.

v) Los delitos de "honor".

vi) Los actos de represalia como cuando grupos en conflicto se desquitan contra menores de edad del bando opuesto.

vii) Las muertes y los actos de violencia relacionados con la dote.

viii) Las acusaciones de "brujería" y prácticas nocivas afines como el "exorcismo".

ix) La uvulectomía y la extracción de dientes.

j) "Violencia de los medios de comunicación": creación de una imagen tendenciosa y estereotipada de las niñas, niños y adolescentes, especialmente de los que se encuentran en situación más vulnerable y desfavorecida, criminalizándoles como violentos o delincuentes solo por su comportamiento, su aspecto o sus rasgos diferenciadores.

k) "Violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones":

i) Las agresiones sexuales cometidas contra menores de 18 años para producir imágenes y grabaciones sonoras a través de las redes sociales, de internet y de las nuevas tecnologías.

ii) El hecho de tomar, retocar, permitir que se tomen, distribuir, mostrar, poseer o publicitar fotografías o seudofotografías (morphing) e imágenes y vídeos obscenos en los que participen menores de edad, o en los que se haga burla de una niña, niño o adolescente o a una clase de estos.

iii) La utilización de las TIC por las niñas, niños y adolescentes:

a) En condición de receptores de información, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a publicidad, correos electrónicos no deseados, patrocinios, información personal y contenidos agresivos, violentos, de incitación al odio, tendenciosos, racistas, pornográficos, desagradables y/o engañosos que son o pueden ser perjudiciales.

b) Cuando mantienen contactos con sus iguales a través de TIC y pueden ser objeto de intimidación, hostigamiento o acoso, utilizando métodos para atraerles con fines sexuales y/o coacción, engaño o persuasión para citarse personalmente con extraños o ser "captados" para hacerlos participar en actividades sexuales y/u obtener de ellos información personal.

c) En condición de agentes, las niñas, niños y adolescentes pueden intimidar u hostigar a otros, jugar a juegos que afecten negativamente a su desarrollo psicológico, crear y publicar material sexual inapropiado, dar información o consejos equivocados y/o realizar descargas y ataques piratas y participar en juegos de azar, estafas financieras y/o actividades terroristas.

l) "Violencia en las instituciones y en el sistema": el daño directo o indirecto ocasionado por las autoridades de todos los niveles que están encargadas de la protección de las niñas, niños y adolescentes cuando estos están bajo su guarda y/o tutela. Entre estos:

i) no aprobar o revisar disposiciones legislativas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes o actuaciones de otro tipo dirigidas a este fin;

ii) no aplicar adecuadamente protocolos y otras normativas;

iii) no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicos y humanos;


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iv) por mala praxis;

v) no dotar de presupuesto adecuado que permita la implementación del sistema de protección y de las leyes correspondientes, y

vi) no introducir mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la aplicación de esas leyes incluyendo en esa evaluación mecanismos de participación infantil y adolescente.

m) "Violencia de género": es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de género de los hombres, incluidos los chicos adolescentes, sobre las mujeres, incluidas las chicas adolescentes, cuando se ejerce sobre éstas por parte de quienes son o han sido sus parejas o quienes estén o han estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, no siendo necesaria la convivencia.

n) "Violencias machistas": cuando la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, niñas y chicas adolescentes surge como manifestación de la discriminación y de la situación de desigualdad que existe en el marco de un sistema de relaciones de poder de género. Estas violencias son producidas por medios físicos, económicos o psicológicos, incluyendo las amenazas, intimidaciones y coacciones, tengan como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico, y tanto si se produce en el ámbito público como en el privado.

o) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad e integridad de la niñas, niños y adolescentes que se halle prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o autonómica.

2. Estas manifestaciones de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes no suponen una limitación de la definición de violencia contemplada en el artículo 3 de esta ley. Dada la complejidad del tema, este listado no es cerrado y debe estar sometido a continuas revisiones y actualizaciones en coherencia con normativas, resoluciones judiciales, recomendaciones, informes y observaciones que amplíen o maticen las manifestaciones de la violencia hacia la infancia y adolescencia recogidos en esta ley.

3. Algunas de las formas de violencia señaladas pueden manifestarse simultáneamente, por lo que un mismo hecho puede abarcar varias de las categorías.

CAPÍTULO II

Principios rectores

Los principios generales que orientan el contenido de la presente ley son:

Artículo 5. Interés superior de la infancia y adolescencia.

1. Debe respetarse el derecho de las niñas, niños y adolescentes a que, en todas las cuestiones que le conciernan o afecten, se atienda a su interés superior como consideración primordial tanto cuando sea víctima de actos de violencia como en las medidas activas para su prevención.

2. El interés superior del menor, además de ser un principio, es un derecho y, también, una regla de procedimiento que debe actuar a la hora de proteger y promover la supervivencia, crecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como para apoyar y asistir a los progenitores y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de sus derechos, incluidas aquellas dirigidas a protegerles contra toda forma de violencia.

3. Este principio no puede aducirse para justificar prácticas tales como castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes que están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física y psicológica de cada menor de edad.

4. La mejor forma de defender el interés superior del menor de edad frente a las distintas manifestaciones de violencia es:

a) Prevenir todas las formas de violencia y promover la crianza positiva de las niñas, niños y adolescentes haciendo hincapié en la necesidad de centrar las políticas públicas en la prevención primaria;

b) Invertir recursos humanos, financieros y técnicos suficientes en la aplicación de un sistema integrado de protección y atención basado en los derechos de la infancia y adolescencia y teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de estos.


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Artículo 6. Igualdad y no discriminación.

1. Las instituciones públicas garantizarán que las medidas previstas en esta Ley se aplican en condiciones de igualdad, accesibilidad universal y sin discriminación alguna basada en el origen racial o étnico, lengua, religión, opiniones, nacionalidad, capacidad económica, orientación sexual, identidad de género y/o sexual, clase social, edad, estado de salud, diversidad funcional, estado civil, estatus de migrante o la situación administrativa de residencia tanto propia como de sus progenitores, representantes legales o responsables legalmente de su cuidado. Ninguna niña, niño y adolescentes podrá ser discriminado ni violentado por las características personales, económicas, sociales, culturales, étnico-raciales de su familia, ni porque esta esté encabezada por un único progenitor, por personas del mismo sexo o por otro familiar distinto o un tutor con el que no exista un vínculo biológico.

2. Desde una perspectiva positiva el principio de no discriminación exige que las instituciones promuevan mecanismos preventivos como políticas de igualdad de oportunidades y de inclusión social que incorporan medidas de acción positiva junto a otras que evitan el etiquetado y la segregación de personas o colectivos.

3. Es fundamental adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional tengan las mismas oportunidades que el resto de menores de edad para ejercer sus derechos tal como establece la Observación General n.º 9 del Comité de los Derechos del Niño.

4. La respuesta institucional deberá atender a la discriminación múltiple y tendrá en especial consideración a las víctimas menores de edad que cuenten con otros factores añadidos de discriminación u otras circunstancias que impliquen posiciones más desventajosas para el ejercicio efectivo de los derechos. En todo caso, la niña, niño o adolescente que ejerza alguna forma de violencia seguirá siendo tratada como niña, niño o adolescente, y su interés superior se primará en la intervención tanto como el de la víctima.

Artículo 7. Derecho a ser escuchado.

1. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser escuchado y a expresar su opinión libremente en función de su edad y madurez. Para ello, deberán recibir la información que les permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

2. Toda acción judicial, administrativa, extrajudicial o de mediación que concierna a una niña, niño o adolescente debe tener en cuenta su opinión directamente en consonancia con las normas del procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta su edad y capacidad de comprensión.

3. El derecho a ser escuchado también corresponde a niñas y niños de corta edad, así como a los que tienen una diversidad funcional sea esta física, sensorial, intelectual o psíquica. Todos tienen derecho a expresar sus opiniones en todos los procedimientos que les afecten y que estas se respeten de acuerdo con su capacidad en evolución en función de su edad y madurez.

4. El derecho a ser escuchado se convierte en principio de participación cuando se complementa con el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la información adecuada.

5. En caso de queja, deben existir sistemas de atención y reclamación al alcance de las niñas, niños y adolescentes para que puedan emitir su opinión en aquellos asuntos que les afectan. Las administraciones competentes garantizarán que las niñas, niños y adolescentes con diversidades sensoriales o intelectuales y de origen extranjero que desconozcan suficientemente el idioma cuenten con la asistencia necesaria para que se garantice su protección frente a cualquier manifestación de violencia en igualdad de condiciones.

Artículo 8. Desarrollo de las potencialidades personales.

La crianza y la formación de las niñas, niños y adolescentes debe garantizar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de una manera libre, integral y armónica; debe potenciar en todo momento sus capacidades educativas y de aprendizaje, y procurar su bienestar físico, psicológico y social. Esto se hará a través de la generación de entornos protectores por parte de la comunidad, la sociedad y los adultos responsables de su cuidado de forma que posibiliten ese desarrollo libre y pleno.


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Artículo 9. Efectividad.

Las Administraciones Públicas deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

CAPÍTULO III

Enfoques transversales

Artículo 10. Enfoque de género.

Las instituciones públicas han de incluir el género como parte del enfoque integrado de la violencia hacia la infancia y adolescencia y de las políticas, medidas y actuaciones que se establezcan para prevenirla, detectarla, atenderla y repararla. De este modo se evitará definir la categoría "niño y adolescente" desde una perspectiva masculina y se visibilizará cómo las niñas y chicas adolescentes son más vulnerables a las violencias, especialmente la sexual.

Artículo 11. Enfoque interseccional.

La toma de conciencia, prevención, detección, atención y reparación de las violencias hacia la infancia y la adolescencia han de abordar conjuntamente cómo influye en la violencia contra las niñas, niños y adolescentes la confluencia e interseccionalidad de características individuales relacionadas con el origen racial o étnico, lengua, religión, opiniones, nacionalidad, capacidad económica, orientación sexual, identidad de género y/o sexual, clase social, edad, estado de salud, diversidad funcional, estado civil, estatus de migrante. La interacción entre estas diferencias hace a las niñas, niños y adolescentes más susceptibles de sufrir violencia.

Artículo 12. Enfoque de diversidad cultural y/o étnico-racial.

Las Administraciones Públicas están obligadas a garantizar y promover el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y/o la identidad étnica-racial y las diferencias entre estas como un valor y una riqueza dentro de la infancia y la adolescencia. Por lo que deberán incluir esta perspectiva de forma transversal en todas las actuaciones dirigidas a erradicar las violencias contra la infancia y adolescencia de cara a fomentar la convivencia e interrelación entre los diversos grupos, así como promover un trato de igual a igual, el respeto a la diferencia, fomentar la riqueza de la diversidad y apoyar la interacción positiva entre las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 13. Enfoque de diversidad sexual, familiar y de género.

Las Administraciones Públicas en su objetivo de prevenir, sensibilizar y luchar contra las violencias que sufren las niñas, niños y adolescentes han de partir de una concepción no binarista y reduccionista del género, de las relaciones sexuales y afectivas, así como del modelo de familia. El reconocimiento de la diversidad sexual, de género y familiar implica incorporar la existencia de otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y/o sexual, por parte de las niñas, niños y adolescentes siempre que su edad y madurez lo permita, al igual que sucede en la toma de otras decisiones que se recogen en esta ley. En el diseño de las políticas públicas y estrategias de actuación, deberá tenerse en cuenta la existencia de otros modelos de familia diferentes a los formados por dos personas de distinto sexo.

Artículo 14. Enfoque de diversidad funcional.

Las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad frente al resto de menores de edad. Los factores personales y circunstancias que los rodean pueden suponer un incremento de la violencia o un empeoramiento de las consecuencias de sufrirla. Es imprescindible que se les haga especialmente visibles y presentes en las medidas, estrategias y respuestas que se den tanto para sensibilizar como para prevenir, detectar las violencias, así como en


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su atención, reparación y recuperación cuando son víctimas de cualquier manifestación de violencia contra ellos.

Artículo 15. Enfoque integral.

Todo niño, niña y adolescente tiene el derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. Por eso, para prevenir y afrontar las violencias hacia la infancia y adolescencia, se adoptará una mirada global, sistémica y multidimensional con medidas dirigidas a conseguir un tratamiento del incidente violento no como un episodio aislado con una única relación causa-efecto. A tal efecto, es necesario conjugar políticas, medidas y actuaciones entre diferentes ámbitos y sectores y niveles de gobierno central, autonómicos y municipales asumiendo que la responsabilidad es compartida y el trabajo colaborativo.

Artículo 16. Enfoque de cambio social.

Erradicar las violencias hacia la infancia y la adolescencia exige un cambio de percepción en cada uno de los miembros de la sociedad sobre estas y sobre la idea de "niño" como titular de derechos. En consecuencia, las estrategias y medidas para erradicar la violencia hacia la infancia y adolescencia deben abordar las creencias y actitudes sistémicas de la sociedad que perpetúan esa violencia en cualquier entorno, entre ellos el hogar, la escuela, la comunidad o los medios de comunicación.

TÍTULO II

Medidas de toma de conciencia y prevención

Artículo 17. Objetivo y ámbito.

1. Las medidas de toma de conciencia y prevención irán encaminadas a promover cambios en la población con vistas a erradicar las creencias, prácticas, costumbres, tradiciones y cualquier otro acto basado en la idea de la inferioridad de las niñas, niños y adolescentes o en una concepción adultocentrista de la infancia y la adolescencia que propicien conductas violentas hacia niñas, niños y adolescentes.

2. Así mismo, las medidas de investigación, información, prevención e intervención preventiva que se adopten deberán reforzar los factores de protección de niñas, niños y adolescentes. Entre estos factores figura la generación de entornos protectores en:

- las familias y los modelos de crianza positivos y no violentos;

- las escuelas y las relaciones de apoyo entre compañeros/as de la escuela y con otras personas de la comunidad educativa, incluidos profesores/as;

- un entorno prosocial, no violento y no discriminatorio en las organizaciones e instituciones destinadas a la atención y cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes como espacios deportivos, centros de salud, hospitales...

- una comunidad cohesionada con redes de apoyo sólidas y vínculos con los/as vecinos/as.

3. Será fundamental que, entre estas medidas, también se contemplen, a través de la educación formal, no formal y actividades lúdicas, actuaciones encaminadas a dar a las propias niñas, niños y adolescentes los conocimientos básicos y aptitudes necesarias para que ellos mismos puedan tener voz para opinar e informar, así como para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y desafíos sin apelar a la violencia y buscando apoyo.

Artículo 18. Medidas de investigación.

1. Las Administraciones Públicas, a través de los órganos competentes en materia de investigación, realizarán e impulsarán estudios y trabajos de investigación sobre la magnitud, circunstancias y distintas manifestaciones de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes tales como dónde ocurre, su distribución, características, el perfil de las víctimas, su extensión, consecuencias[...], así como sobre la evaluación de la eficacia de las intervenciones y medidas aplicadas para su prevención y erradicación, el nivel de coordinación y los medios necesarios para su tratamiento.


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2. Las Administraciones Públicas articularán medidas de apoyo a la elaboración de estudios, investigaciones y tesis doctorales que versen sobre el estudio de las distintas manifestaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes desde los principios y enfoques transversales recogidos en esta ley.

3. Las Administraciones Públicas garantizarán la difusión del resultado de los estudios e investigaciones que se consideren de interés con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad en general y a los profesionales del ámbito sobre sus conclusiones, generando el debate social y técnico necesario para la constante mejora y actualización de los recursos y servicios puestos a su disposición. La difusión se realizará de forma universal y gratuita, y tendrá en cuenta la utilización de las redes sociales y tecnologías de la información y comunicación.

Artículo 19. Medidas de recogida de información.

1. Las Administraciones Públicas deberán recoger información periódica de datos estadísticos desglosados, entre otras categorías, por sexo, edad, nacionalidad, el origen étnico o racial, país de origen, lugar de residencia, diversidad funcional, identidad sexual o de género y otros colectivos sujetos a discriminación que permita conocer y analizar en el ámbito de su competencia las causas, las consecuencias y la frecuencia de todas las distintas manifestaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo serán públicas.

2. Con el mismo objetivo, se realizarán encuestas basadas en la población general, a intervalos regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias en todas las manifestaciones de violencia incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

3. Las mismas encuestas, adaptadas a la infancia y adolescencia, deberán recoger la percepción y opinión de las niñas, niños y adolescentes como titulares de los derechos que se quieren garantizar, proteger y atender.

4. Asimismo, se realizará y mantendrá actualizado un mapa de los recursos de atención y protección frente a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que abarque la gama de servicios y recursos, distribuidos por habitante y geografía de forma que se puedan identificar los posibles obstáculos que inciden en que determinados perfiles queden fuera de los recursos o servicios especializados.

5. Para conocer la eficacia de las actuaciones y medidas establecidas en esta ley se establecerán indicadores e instrumentos para la evaluación periódica de los servicios y recursos. Los resultados de dichas evaluaciones serán accesibles al público y gratuitos.

TÍTULO III

Medidas de prevención y de apoyo al buen trato

CAPÍTULO I

Promoción del buen trato

Artículo 20. Objetivo, ámbito y características.

1. La protección de toda niña, niño y adolescente implica crear un espacio de buen trato afectivo que esté libre de cualquier forma de violencia, agresión o explotación y en el que los adultos siempre se rijan por el interés superior del niño y el respeto a sus derechos humanos.

2. La promoción del buen trato debe contribuir de manera efectiva a crear un entorno de seguridad en todos los espacios de crianza y convivencia y es parte de la responsabilidad que las madres, padres, representantes legales, cuidadores, familias, escuelas y otras instituciones asumen para garantizar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes que están bajo su cargo.

3. La promoción del buen trato se caracteriza por:

a) Ofrecer modelos alternativos al uso de la violencia que favorecen una educación integral que proporciona a las niñas, niños y adolescentes un sistema de valores, conocimientos, y competencias que les ayuden a desarrollarse plenamente.

b) Hacer referencia tanto a las competencias que los adultos tienen para responder a las necesidades de la infancia y adolescencia como a los recursos que la comunidad ofrece a las familias y a las escuelas.


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c) Partir del principio de desarrollo positivo, entendido este como el conjunto de competencias cognitivas, conductuales, emocionales y sociales que permiten actualizar las potencialidades de las niñas, niños y adolescentes para un despliegue evolutivo en condiciones favorables y saludables en su entorno y consigo mismos.

d) Considerar el desarrollo de vínculos afectivos estables y relaciones de apego positivas como un eje fundamental en el proceso de desarrollo de la infancia y adolescencia, especialmente en las etapas más vulnerables y entre las niñas, niños y adolescentes cuyas circunstancias les hacen más susceptibles de sufrir situaciones de discriminación.

e) Capacitar a las niñas, niños y adolescentes para poder vivir sus derechos de forma plena, así como de su participación en los procesos de construcción, seguimiento y evaluación de políticas y medidas que les afectan.

Artículo 21. Promoción del buen trato en la familia.

1. La familia tiene un papel primordial en la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes y en la prevención de la violencia. Las Administraciones Públicas, siempre primando el interés superior del menor, deberán contemplar medidas de intervención y apoyo que respalden la tarea educativa de madres, padres, representantes legales, cuidadores y familias a partir de modelos de crianza positivos (técnicas de cuidado; medios alternativos de disciplina; resolución de conflictos, habilidades básicas para la vida...)

2. Para ello, las Administraciones Públicas serán responsables de garantizar, sin estigmatización, que las ayudas sociales y/o económicas y los apoyos permitan a las madres, padres, representantes legales, cuidadores y familias ofrecer las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño/a. Entre otras formas:

a) Disponiendo de medidas de protección económicas y sociales para las familias, incluso en situaciones de emergencia: centros de apoyo a las familias; fortaleciendo los servicios comunitarios y redes de apoyo; centros de cuidado infantil de calidad; programas de actividades extraescolares, programas de apoyo para familias que enfrentan circunstancias especialmente difíciles, etc.

b) Organizando programas de información, apoyo y capacitación sobre parentalidad positiva, resolución de conflictos y otras dificultades relacionadas con la crianza. Entre otros:

- Programas de acompañamiento afectivo y pautas de crianza en la etapa perinatal y en la primera infancia.

- Programas sobre parentalidad positiva en las diferentes etapas evolutivas (primera infancia, menos de 12 años y adolescentes).

- Programas para situaciones que requieren apoyos específicos: monoparentalidad, diversidad funcional, migraciones...

- Programas preventivos de la violencia familiar y el maltrato infantil.

- Programas preventivos de la violencia entre iguales.

c) Desarrollando programas de formación sobre afectividad consciente para profesionales que trabajan con familias, infancia y adolescencia acerca de estrategias de reducción de la violencia en el hogar y la familia.

d) Desarrollando y reforzando las estrategias de coordinación y protocolos conjuntos para el acompañamiento a las familias en los centros sanitarios, educativos y sociales desde una responsabilidad compartida y mirada integral.

Artículo 22. Promoción del buen trato en la escuela.

1. Las administraciones competentes en materia educativa deberán desarrollar políticas, procedimientos y medidas que aseguren un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de las niñas, niños y adolescentes que respete su diversidad, libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales.

2. Los centros educativos son responsables de fortalecer los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, no discriminación, igualdad de género, respeto a la diversidad sexual, compromiso con la diversidad funcional y conservación del ambiente en su proyecto educativo, reglamento


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interno, planes de acción tutorial, plan de gestión de la convivencia escolar, proyectos, normas y otros instrumentos de apoyo que se generen en el centro.

3. Con la finalidad de prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes las administraciones dentro de sus competencias y los centros educativos de forma coordinada desarrollarán actuaciones encaminadas a:

a) Apoyar y requerir a directores, docentes, equipos de orientación y personal no docente de la escuela la mejora de sus competencias en afectividad consciente y habilidades para el manejo de métodos no violentos de enseñanza, disciplina e intervención en relación con la violencia entre iguales.

b) Promover y apoyar activamente la participación de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, desarrollo y monitoreo de las acciones para prevenir y responder a la violencia en la escuela.

c) Implicar a las madres, padres, familiares con contacto habitual, representantes legales, cuidadores/as de las niñas, niños y adolescentes a través de los organismos y espacios de participación, encuentro y formación establecidos. Se garantizará la equidad en el acceso a estos espacios por parte de todas las familias eliminando las barreras sociales, personales, familiares o culturales que puedan impedir la participación.

4. Todos los centros educativos elaborarán:

a) Planes de convivencia y reglamentos de régimen internos que favorezcan un modelo educativo inclusivo, solidario y restaurativo.

b) Protocolos para identificar y dar respuesta a las violencias entre iguales en el ámbito escolar que incluyan de forma explícita el acoso escolar por motivo de orientación sexual y de género, por diversidad funcional u otro motivo discriminatorio.

c) Medidas educativas que contrarresten los estereotipos sobre los que se construyen las relaciones entre mujeres y hombres basadas en la desigualdad, sumisión, el control y la violencia.

d) Plan de coeducación de desarrollo obligado en base a criterios de igualdad de género, diversidad sexual, familiar y de género, diversidad cultural y/o étnica-racial, diversidad funcional, tolerancia y respeto a los derechos humanos.

Artículo 23. Promoción del buen trato por parte de las instituciones.

a) Toda organización o institución, pública o privada, bien en el ámbito sanitario, educativo, deportivo o social cuyo objetivo sea la atención a la infancia y/o adolescencia, se comprometerá en generar las condiciones organizacionales y profesionales necesarias para promocionar el buen trato hacia la infancia y adolescencia como competencia mediante políticas de protección internas y procesos de formación y capacitación a su personal.

b) Las políticas de protección son un compromiso que afecta a todos los miembros de la organización o institución independientemente de su rol o función y garantizan la existencia de cuantos mecanismos y protocolos de detección temprana, actuación, promoción, denuncia ante la vulneración... sean necesarios para minimizar los posibles riesgos dentro y fuera de la misma.

c) Estas organizaciones e instituciones serán responsables de garantizar, en todos los niveles de su estructura, especialmente en aquellos donde existe un contacto directo con la infancia y adolescencia, que el personal posee la formación y competencias necesarias sobre afectividad consciente para su puesto, sin que puedan eludir de ninguna forma esta responsabilidad.

d) También serán responsables de asegurar que, en todos los niveles donde existe un contacto directo y habitual con la infancia y adolescencia, el personal no tiene ninguna condena por un delito de índole sexual ni en España ni en ningún otro país donde haya residido, solicitando y manteniendo actualizados de forma regular los correspondientes certificados de delitos de naturaleza sexual, tal y como establece la legislación vigente.

Artículo 24. Buen trato dentro de la comunidad.

1. La comunidad incluye cualquier espacio físico y social fuera del hogar y dentro del entorno cercano a este. Es el lugar de socialización utilizado y ocupado por las niñas, niños y adolescentes donde van tejiendo sus propias redes sociales ajenas al entorno familiar. Y como tal, debe ser un espacio protector que promueva el buen trato y esté libre de cualquier forma de violencia estructural y relacional.


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2. Las Administraciones Públicas pondrán en marcha estrategias de prevención de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en sus entornos comunitarios a partir de los cuatro niveles del modelo ecológico: el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad y a través de medidas dirigidas a:

a) Reducir los factores de riesgos inmediatos relacionados con las drogas, el alcohol, acceso a armas, a casas de apuestas, u otras actividades o servicios perjudiciales para su salud e integridad personal.

b) Fortalecer los factores de protección ambientales dotando a los barrios de infraestructuras físicas adecuadas, transporte público, zonas verdes, instalaciones deportivas públicas, oferta cultural y de ocio positivo y accesible, tejido asociativo y espacios de participación, bibliotecas y otros servicios básicos.

c) Apoyar a las niñas, niños y adolescentes que viven en entornos de alto riesgo y a sus familias con medidas no estigmatizantes, accesibles y que garanticen la igualdad de oportunidades.

3. Las Administraciones Públicas desarrollarán programas y campañas comunitarias de sensibilización, prevención e intervención en relación con el maltrato familiar y las violencias sexuales para abordar las necesidades jurídicas, médicas, psicológicas, educativas y sociales de las niñas, niños y adolescentes de una manera integrada.

Artículo 25. Medidas de prevención de la violencia en los medios de comunicación.

1. Los medios de comunicación promoverán la elaboración y aplicación de normas de autorregulación para garantizar un adecuado tratamiento de los contenidos relacionados con las manifestaciones de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que refuerce el rechazo social a la misma, siempre en el respeto de la libertad de expresión y su independencia.

2. Asimismo, prestarán especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. En todo caso, se protegerá la identidad de las niñas, niños y adolescentes independientemente de su estatus de víctima.

3. Los medios de comunicación fomentarán la formación de su personal con el fin de capacitarlo para informar sobre las violencias contra la infancia y adolescencia con objetividad, sin estereotipos y en el pleno respeto a sus derechos, a la dignidad, intimidad y libertad de las niñas, niños y adolescentes.

4. Las administraciones competentes garantizarán que los medios de comunicación de titularidad pública no emitan en su programación de imágenes o contenidos vejatorios relacionados con la imagen de niñas, niños, adolescentes, o que abunden en los estereotipos y prejuicios. Los medios de comunicación de titularidad privada subvencionados con recursos públicos deberán cumplir con estas obligaciones, reservándose las Administraciones Públicas el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 26. Medidas de prevención de la violencia en la publicidad.

1. Las Administraciones Públicas llevarán a cabo cuantas medidas de sensibilización e información consideren pertinentes, tanto a nivel publicitario como en los medios de comunicación, dirigidas a fomentar la parentalidad positiva, el buen trato, el respeto, la igualdad, la no discriminación, la convivencia, entre hombres y mujeres, eliminar actitudes y estereotipos sexistas, racistas o lgtbfóbicos, conseguir el rechazo social de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y dar a conocer los recursos y servicios de asistencia disponibles para la prevención y atención integral de las víctimas.

2. En los medios de comunicación se evitará la realización y difusión de contenidos y anuncios publicitarios que mediante su tratamiento o puesta en escena justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra la infancia y adolescencia, o en los que se contengan, expresa o tácitamente, mensajes que atenten contra la dignidad y/o integridad moral, física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con lo previsto en la regulación básica estatal.

3. Las autoridades gubernativas competentes podrán ejercer ante los tribunales la acción de cesación de la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de las niñas, niños y adolescentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal.


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TÍTULO IV

Detección y atención a la violencia

CAPÍTULO I

Obligaciones

Artículo 27. Prohibición de la violencia.

1. Toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes está terminantemente prohibida por muy leve que sea esta. Es el Código Penal la norma donde deben recogerse tales prohibiciones de manera clara y expresa.

2. Ningún menor de edad puede ser sometido a castigo corporal ni trato o castigo cruel, inhumano y degradante ni en el plano físico ni psicológico, ni a ninguna otra forma de violencia en los términos en los que esta ley define la violencia y sus manifestaciones en el artículo 3.2 y artículo 4.

3. Podrán ser responsables penales de dichos actos violentos tanto las personas físicas como jurídicas independientemente del vínculo que les una a la niña, niño o adolescente.

Artículo 28. Obligación de denunciar.

1. Los funcionarios públicos y profesionales tales como docentes, médicos, trabajadores sociales y demás profesionales en contacto directo y habitual con menores de edad, tienen la obligación de poner en conocimiento de los Servicios Sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal o los juzgados de guardia las situaciones de violencia contra una niña, un niño o un adolescente, al ser constitutivas de un delito tipificado en el Código Penal. De no hacerlo podría incurrir en delito de omisión.

2. La obligación de informar establecida en el párrafo 1 del presente artículo subroga toda obligación de confidencialidad, salvo en el caso del secreto profesional entre abogado y cliente.

3. En el caso de que las denuncias provengan de un miembro de la familia, comunidad educativa o de la sociedad en general, se preservará la identidad de esta persona siempre que lo desee, guardando la confidencialidad de sus datos personales ante quien es señalado como artífice de la situación de violencia.

Artículo 29. Obligación de actuar.

1. Ante la notificación, denuncia o información sobre la posibilidad o existencia de una situación de violencia contra una niña, niño o adolescente los organismos policiales o de servicios sociales tienen la obligación de actuar inmediatamente y de forma coordinada con las instituciones implicadas bien por vía de emergencia o por vía ordinaria en función de la gravedad de los hechos. En todo caso, se pondrá en conocimiento de los servicios de protección de la infancia y adolescencia.

2. En el caso de las personas jurídicas, además, será responsable a título individual la persona que tenga asignada las funciones de gestión y dirección del centro como autor del delito de omisión de actuación recogido en el artículo 11 del Código Penal.

Artículo 30. Publicidad y compromiso.

Las administraciones sanitarias, educativas, de justicia, policiales, servicios sociales y organismos de infancia, juventud e igualdad realizarán campañas regulares de información para que tanto el personal que depende ellas y que está en contacto directo con la infancia, la adolescencia y sus familias como la población general sepan qué hacer y a dónde acudir cuando tengan conocimiento de una situación de violencia contra una niña, un niño o un adolescente tipificada en el Código Penal como delito.

Artículo 31. Línea de atención telefónica.

Las administraciones competentes de protección a la infancia y adolescencia impulsarán, coordinarán y supervisarán un servicio público de información y asistencia las 24 horas del día que dé respuesta a las


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situaciones de violencia que puedan sufrir niñas, niños y adolescentes víctimas y que esté atendido por un equipo profesional, funcionarios públicos, especializados en los aspectos jurídicos, psicológicos y sociales relacionados con la violencia hacia la infancia y adolescencia. Para las situaciones de emergencia, este equipo tendrá posibilidad de poner en marcha los diversos recursos de atención, apoyo y acogida que se precisen según las circunstancias del caso concreto, facilitando de manera inmediata protección y ayuda a las víctimas menores de edad.

Artículo 32. Creación de un registro de casos.

1. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social creará un registro online de coordinación intersectorial en el que se detallen todas las intervenciones de servicios sociales, sanitarias, policiales, judiciales... por las que pasa una niña, niño o adolescente cuando se detecta e interviene ante un caso de violencia. Mediante este registro se garantizará el principio de intervención mínima sobre la víctima evitando que los equipos profesionales dupliquen actuaciones, revictimicen a las niñas, niños y adolescentes e intervengan sin conocimiento de las situaciones previas.

2. Este registro especificará la tipología de servicios que ha intervenido con la niña, niño, adolescente o la familia, permitirá dimensionar el problema y facilitará información periódica respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y así como otras que garanticen los derechos sobre información personal de los menores de edad e implicados en los casos de violencia hacia estos.

Artículo 33. Especial protección a las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional.

1. Las niñas, niños y niñas con diversidad funcional incurren en un riesgo mucho mayor de padecer violencia en comparación con aquellos que no tienen una diversidad funcional. Esto exige que las administraciones deban adoptar medidas explícitas para proteger a las niñas, niños y adolescentes con alguna diversidad física, sensorial, intelectual o psíquica tanto en el ámbito familiar del hogar como fuera de este contra todas las manifestaciones de violencia.

2. En consecuencia, todas las medidas de detección, atención, intervención y recuperación de las víctimas deberán incluir un enfoque transversal de las necesidades especiales de las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional que especialmente se haga explícito en los protocolos y directrices de actuación que se establezcan y desarrollen en los distintos ámbitos familiares, educativos, sociales, sanitarios, policiales y judiciales.

CAPÍTULO II

Violencias en el ámbito familiar

Artículo 34. Violencia familiar.

1. La violencia familiar hacia niñas, niños y adolescentes alude a todas las formas de agresión y maltrato, incluido el físico, psicológico y sexual, que tienen lugar contra ellos en el entorno del hogar y la familia dentro de un contexto de desequilibrio de poder donde los vínculos se establecen de forma abusiva.

2. Las respuestas a la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno del hogar y la familia además de incluir políticas y servicios de prevención, deben garantizar medidas concretas y accesibles de protección y apoyo a las víctimas. En todo caso, estas deben formularse e implementarse en paralelo y de manera equilibrada dentro del marco de una estrategia global que contemple medidas de política social, programas y servicios para la prevención y el cuidado y estrategias para generar cambios de actitudes y comportamientos respecto al uso de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar.

3. Para responder de forma adecuada a la necesidad de luchar contra la violencia hacia la infancia y adolescencia dentro del hogar, será necesario evaluar los actuales servicios de detección, atención, recuperación y reintegración a fin de ajustarlos a los requisitos de esta ley, mejorarlos y ampliarlos.


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Artículo 35. Detección y atención.

1. La escuela, los servicios públicos sanitarios y de servicios sociales son recursos clave para la detección y la atención de la violencia en el ámbito familiar, a tal efecto, se evaluarán con carácter prioritario los protocolos existentes de intervención contra el maltrato infantil y se introducirán las reformas oportunas para garantizar la atención, coordinación y disponibilidad de los servicios especializados de atención y recuperación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia familiar.

2. La legislación de protección jurídica del menor distingue dos situaciones de desprotección: riesgo y desamparo. La clasificación de situaciones de gravedad en los casos de maltrato infantil en el ámbito familiar, tendrá en consecuencia dos categorías: la de maltrato leve o moderado, que incluye las situaciones de riesgo, y la de maltrato grave donde se incluyen las situaciones que impliquen desamparo. En todo caso, las actuaciones a seguir atenderán a la normativa ya existente en los distintos niveles estatal, autonómico y local.

Artículo 36. Violencia machista.

1. Cuando las niñas, niños y adolescentes convivan en entornos familiares marcados por la violencia machista, estos deberán ser considerados de pleno derecho víctimas de esa misma situación de esa violencia machista tal y como se establece en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

2. Las actuaciones de las Administraciones Públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente al menor y a la madre víctima de la violencia machista, garantizando el apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan con la madre de cara a su protección, atención especializada y recuperación.

3. Los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia deberán coordinarse con los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en materia de violencia machista tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad.

4. En todo caso, en lo concerniente a los derechos de las hijas e hijos de las víctimas de la violencia machista, se aplicará lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para agilizar su aplicación y entrada en vigor.

Artículo 37. Mutilación genital femenina y matrimonios forzados.

1. La mutilación genital femenina y los matrimonios forzados son parte de las violencias sexuales que sufren las niñas y chicas adolescentes. Tienden a producirse en el ámbito familiar y se consideran parte de las violencias sexuales que pueden sufrir las niñas y chicas adolescentes. Ambas prácticas están prohibidas y tipificadas como delito en el Código Penal.

2. Se elaborarán programas de formación, dotados con recursos, para dar a conocer la mutilación genital femenina y sus formas, especialmente en menores de edad, a todos los y las profesionales sanitarios, para que sean capaces de prevenir y detectar situaciones de riesgo y/o posibles casos.

3. Las Administraciones Públicas revisarán sus normativas y tendrán protocolos de actuación que permitan una atención y detección ante casos de mutilación genital femenina y matrimonio forzado.

4. En el caso de la mutilación genital femenina se estará a lo dispuesto en el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria en relación con la mutilación genital femenina, previsto en la medida 185 de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

5. En el caso del matrimonio forzado todas las Administraciones Públicas, en coordinación, implementarán planes contra estos.


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CAPÍTULO III

Violencia en la escuela

Artículo 38. Detección e intervención.

1. Los centros educativos constituyen el principal espacio de socialización en la vida de las niñas, niños y adolescentes después de sus familias. Este papel los convierte en uno de los espacios con más posibilidades para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes tanto dentro de la propia escuela como en otros ámbitos de su vida como pueden ser la familia o el de las relaciones que establecen en el entorno digital.

2. Los planes de convivencia de los centros educativos deberán recoger las medidas oportunas para hacer frente a las distintas manifestaciones de violencia hacia la infancia y la adolescencia y ser inclusivos con las niñas, niños y adolescentes que pueden ser objeto de rechazo o discriminación por sus características personales, sociales o culturales.

3. Desde la dirección del centro educativo y coordinación con el resto de representantes de la comunidad educativa se realizarán acciones regulares durante el curso que se dirijan a sensibilizar e informar sobre qué hacer y a dónde dirigirse cuando se observe una situación de violencia contra un niño, niña y adolescente. Estas campañas incluirán al alumnado y al personal no docente.

4. Se integrarán en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos pertinentes para impartir alfabetización digital dirigida a mantener a las niñas, niños y adolescentes informados, comprometidos y seguros en el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

5. Los departamentos competentes dentro de cada centro educativo prestarán una atención especial al alumnado que sea víctima de situaciones de violencia, priorizando sus derechos por encima de los del agresor en el caso de que se presenten situaciones de convivencia dentro del centro.

6. Las Administraciones Públicas educativas competentes garantizarán a través de la financiación oportuna y el apoyo al profesorado que en todos los centros educativos se puedan desarrollar las medidas oportunas para hacer frente a las violencias contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 39. Equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

Los equipos de orientación como agentes clave que contribuyen de manera decisiva en la convivencia escolar y a que la actividad educativa incida en la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, deberán contribuir de manera expresa en todas las medidas y actuaciones que se desarrollen en el centro educativo para prevenir y abordar las situaciones de violencia entre iguales, la violencia familiar, la violencia machista, la violencia sexual y otras manifestaciones de violencia contra la infancia y adolescencia.

Se prestará especial atención a la situación de alumnado con diversidad funcional, aquel que es parte, o es identificado como parte, del colectivo LGTBI+ por ser trans, homosexual o bisexual, o que se le identifique como tal, y también al racializado y al que es de origen extranjero o cuyas creencias religiosas son minoritarias. Para ello, se impulsarán acciones específicas que sirvan para que tanto la dirección, los docentes, el alumnado como la comunidad educativa comprendan el valor de la tolerancia y la convivencia y por supuesto, qué significa la discriminación o tener una diversidad funcional y cómo esta afecta al alumnado que la padece.

Artículo 40. Apoyo al profesorado.

1. Con la finalidad de poder detectar e intervenir ante las distintas manifestaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, las administraciones competentes en materia educativa:

a) Facilitarán la formación específica y permanente del profesorado en prevención, detección e intervención educativa en situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo la violencia entre iguales, en particular en el entorno digital. Dicha formación deberá ser impartida por personal especializado en la materia y con una duración adecuada a la complejidad de los contenidos.

b) Las administraciones competentes integrarán en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos pertinentes para lograr la formación en la convivencia y el respeto a los derechos humanos,


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especialmente en valores de igualdad entre mujeres y hombres, de diversidad sexual y/o género, de diversidad funcional, multiculturalidad y origen racial o étnico.

2. La dirección y el equipo directivo del centro educativo serán informados por el profesorado de cualquier situación de violencia que hayan detectado, pasando a formar parte desde ese momento de las decisiones conjuntas que se tomen de cara a las intervenciones que se vayan a realizar en coordinación con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. En todo caso garantizarán que estas siguen los protocolos oportunos y respeta el interés superior del menor.

Artículo 41. Protocolos.

1. Las administraciones con competencias educativas promoverán la aplicación, permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas de actuación en el ámbito educativo, tanto público como privado y para cada uno de los niveles educativos. A tal efecto, estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en la atención de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito escolar.

2. Tales protocolos impulsarán actividades continuadas y coordinadas de prevención y sistemas de detección precoz e intervención para casos de violencia con las especifidades pertinentes para situaciones de acoso escolar, violencia familiar, violencia machista y violencia sexual, y siempre teniendo en cuenta el papel transcendental que juega el entorno digital en el ejercicio de estas violencias.

Artículo 42. Escolarización en casos de violencia.

Los departamentos competentes en materia de educación escolarizarán de forma inmediata a las niñas, niños y adolescentes que se vean afectados por cambios de centro derivados de situaciones de violencia que sufran, pudiendo adoptarse las medidas cautelares necesarias a fin de lograr la inmediatez del cambio. En estos casos no será necesaria la aprobación previa de los organismos que ejerzan las funciones de escolarización.

CAPÍTULO IV

Violencia en las instituciones

Artículo 43. Proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes en las instituciones.

1. Cuando una niña, niño o adolescente permanezca bajo la guarda de una institución de protección o reforma, bajo custodia policial o ingresado en un centro sanitario, las administraciones competentes deberán protegerle contra todas las formas de violencia.

2. Las administraciones correspondientes exigirán la adaptación de los servicios y recursos a la infancia y adolescencia tal y como se recoge en esta ley.

Artículo 44. Violencia en el entorno institucional.

1. Las Administraciones Públicas deberán adoptar todas las medidas adecuadas para impedir y eliminar la violencia institucional contra las niñas, niños y adolescentes que están a su cargo. Las políticas que rigen estas instituciones deberán buscar prevenir toda manifestación de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.

2. Por violencia en el entorno institucional se entiende tanto la que puede ser ejercida a través de medidas legislativas y administrativas que son contrarias al interés del menor bien porque no respetan cualquiera de sus derechos como el derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la participación u otros, bien porque son fruto del descuido y el trato diligente a que hace referencia el artículo 4.a) por parte del personal de las instituciones públicas y privadas de distintos ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial destinadas a la atención de la infancia y la adolescencia.

3. La comunicación y denuncia de la situación de violencia podrá provenir de la propia víctima, de sus familiares o amigos, así como de abogados u organizaciones para la defensa de los derechos humanos o derechos de la infancia y adolescencia.


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Artículo 45. Medidas y garantías.

Las administraciones competentes exigirán a las instituciones de protección y reforma tener un marco normativo y una gama de medidas y programas que protejan a las niñas, niños y adolescentes que están a su cargo de cualquier manifestación de violencia que tenga lugar dentro de la institución o provenga de algún miembro del personal que depende de la misma. Entre estas medidas, deberá obligatoriamente establecer medidas de:

1. Selección, capacitación y remuneración del personal. Los profesionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes en los sistemas de protección y de justicia deberán cumplir escrupulosamente lo establecido en esta ley. Deberán ser cuidadosamente seleccionados. Se verificará su historial delictivo debiendo carecer de antecedentes penales por delitos sexuales tal y como establece la legislación vigente. Tendrán la cualificación apropiada, incluidas competencias en afectividad consciente. Tendrán salarios adecuados a su categoría profesional y grado de especialización.

2. Supervisión técnica. La labor profesional será supervisada regularmente. Habrá espacios de supervisión técnica y procesos sistemáticos de auto cuidado que les permitan desarrollar las competencias socio emocionales necesarias para trabajar con niños, niñas y adolescentes.

3. Protocolos de actuación. Las administraciones competentes exigirán que los centros de protección y reforma cuenten con protocolos de actuación para prevenir, detectar y atender las situaciones de violencia que puedan tener lugar en sus instalaciones, sean estas entre iguales o por parte del personal del centro. Estos protocolos contendrán actuaciones específicas de protección frente a la violencia lgtbfóbica, la violencia machista, la violencia sexual, la motivada por la diversidad funcional de la víctima, su origen étnico o racial u otras características personales que puedan exponer a la niña, niño o adolescente a una situación de riesgo para su integridad dentro del centro.

4. Mecanismos de queja y denuncia.

a) Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la guarda de una institución deben tener a su disposición sistemas sencillos, accesibles y seguros para informar sobre la forma en que son tratados sin riesgo de sufrir represalias.

b) También deben tener oportunidades para expresarse libremente y manifestar verbalmente sus preocupaciones, particularmente aquellos que son reticentes a acceder a los mecanismos formales de queja o denuncia.

c) Las niñas, los niños, adolescentes y sus familias tienen derecho a apelar si no están satisfechos con la respuesta a su queja.

d) Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a dirigirse al Comisionado para los derechos humanos de la infancia y la adolescencia del que se habla en esta ley o, en su defecto hasta que esta figura entre en vigor, por el Defensor del Pueblo. También podrá acudir a un abogado o un miembro de una organización de derechos humanos o de derechos de la infancia para expresar sus quejas.

e) En el caso de la primera infancia, sus progenitores, representantes legales o responsables legales de su cuidado podrán interponer estas quejas o denuncias en los casos en que se ejerza violencia directa contra sus hijas e hijos o indirecta al vulnerar los derechos de las personas responsables de su crianza y cuidado madres, padres u cuidadores.

5. Monitoreo e investigación. Todas las instituciones de protección y reforma deben ser inspeccionadas y monitoreadas de manera independiente por el Comisionado para los derechos humanos de la infancia y la adolescencia o, en su defecto, hasta que la Ley que regula esta figura entre en vigor, por el Defensor del Pueblo. En estas inspecciones habrá pleno acceso a todas las instalaciones y libertad para entrevistar en privado a los niños, niñas y adolescentes internos, así como al personal público y privado. Se procederá a investigar cualquier denuncia de violencia de manera oportuna y dar traslado a la vía administrativa, civil o penal cuando sea oportuno.

Artículo 46. La institucionalización como último recurso.

1. La limitación o privación de libertad de movimiento a las niñas, niños y adolescentes debe ser siempre el último recurso. A tal efecto, las Administraciones Públicas deben disponer de medidas dirigidas a las familias y a la infancia y adolescencia que protejan su integridad moral, física, psicológica y sexual de los menores de edad fuera de las instituciones de internamiento de protección y reforma.


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2. En todo caso, las instituciones de protección y conflicto social donde se encuentren internados las niñas, niños y adolescentes deberán trabajar con el objetivo de la reintegración en su propia familia y subsidiariamente para la búsqueda de otra alternativa de cuidado familiar.

3. Las decisiones que se adopten dentro de las instituciones de protección y reforma han de tener en cuenta el interés superior del menor y sus necesidades especiales a largo plazo.

Artículo 47. La desinstitucionalización.

1. Las Administraciones Públicas son responsables de que los procesos de desinstitucionalización o externamiento no representen una situación de riesgo para la integridad moral, física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes.

2. Las instituciones deberán realizar estos procesos con suficiente previsión, diligencia y ofreciendo a las niñas niños y adolescentes redes de apoyo, alternativas residenciales y acceso a una atención adecuada y especializada que pueda supervisar su situación y acompañarlos.

3. En el caso de que el externamiento venga motivado por el cumplimiento de la mayoría de edad, las instituciones deberán, con dos años de antelación a la mayoría de edad, ofrecer programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo su guarda. Tras la desinstitucionalización, las Administraciones Públicas se asegurarán de que el acceso a la vida independiente por parte de los jóvenes se produce de manera efectiva y respetuosa con sus derechos.

4. Se deberá prestar especial atención a las niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional cuando estos no tienen los apoyos ni cuidados necesarios y especializados fuera de la institución en la que han estado ingresados o internos. Será necesario en todo caso, que la respuesta de continuidad venga de la institución que está obligada a contemplar esa situación de especial vulnerabilidad a la hora de buscar alternativas y proteger el derecho a la integridad de la niña, niño o adolescente con diversidad sea esta sensorial, física, psíquica o intelectual.

Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes extranjeros en las instituciones.

1. A las chicas y chicos extranjeros menores de edad se les concederá de manera automática la autorización de residencia con posibilidad de trabajar cuando cumplan los 16 años en igualdad de condiciones que el resto de los menores de edad.

2. Todos las niñas, niños y adolescentes extranjeros tutelados cuando alcancen la mayoría de edad estarán provistos de la autorización de residencia y trabajo a la que tienen derecho por ley o a la nacionalidad en aquellos casos que cumplan con los requisitos.

CAPÍTULO V

Violencias sexuales

Artículo 49. Agresión sexual.

Se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual.

- En el caso de mayores de dieciséis años pasa a considerarse delito de agresión sexual toda violencia sexual física no consentida con tipos atenuados o agravados en función de los supuestos concretos.

- En el caso de los menores dieciséis años pasa a considerarse delito de agresión sexual toda violencia sexual física con tipos atenuados o agravados en función de los supuestos concretos.

Esta ley modifica el Código Penal para eliminar esa distinción.

Artículo 50. Prescripción.

En los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual queda en suspenso hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Es a partir de ese momento cuando empezarán a computarse los plazos de prescripción establecidos en el artículo 131 del Código Penal.


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Artículo 51. Respuesta reforzada.

Ante la magnitud de las violencias sexuales contra las niñas, niños y adolescentes y dada su complejidad y las múltiples formas y lugares en los que tiene lugar es necesario fortalecer y revisar los marcos jurídicos y normativos que protegen a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia sexual. En particular:

1. Reforzar las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces de sensibilización y formación en los ámbitos educativo, de servicios sociales, sanitario, laboral, digital, publicitario, mediático, policial, judicial, forense y penitenciario.

2. Reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, así como establecer un sistema de coordinación eficaz de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.

3. Consagrar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales exigibles ante las Administraciones Públicas, asegurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios del sistema de Justicia tal y como se establece en esta ley en el Título VI de esta ley.

4. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias forenses, fiscales, jurisdiccionales y penitenciarias a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, de acuerdo con lo establecido en el Título VI de esta ley.

5. Garantizar la reparación integral de los daños y perjuicios padecidos por las niñas, niños y adolescentes víctimas de las violencias sexuales. La reparación deberá garantizar la restitución económica y moral de las víctimas.

6. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de las violencias sexuales en el ámbito familiar, en la escuela, en las actividades deportivas y de ocio y en cualquier otro lugar.

7. Incorporar la participación de las asociaciones de adultos que han sido víctimas de las violencias sexuales en las acciones de formación, sensibilización y prevención, recibiendo financiación pública para ello.

8. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de infancia y adolescencia, de igualdad de género, de diversidad funcional y de diversidad sexual y de género, así como de otras organizaciones de la sociedad civil para actuar contra las violencias sexuales hacia la infancia y la adolescencia.

9. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención, protección y tratamiento de las niñas, niños y adolescentes víctimas a través de la formación continua para la detección, sensibilización y formación en materia de las distintas formas que tienen las violencias sexuales. Para ello, se incluirán en los currículo universitarios de todas las profesiones que tienen relación con infancia la temática de violencia contra la infancia y la adolescencia y en todo caso en las carreras de Medicina, Enfermería, Psicología, Trabajo social, Educación social, Derecho, Formación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Pedagogía y Magisterio.

10. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las víctimas de violencias sexuales sin discriminación ninguna.

CAPÍTULO VI

Violencias a través de las nuevas tecnologías y redes sociales

Artículo 52. Prevención, detección e intervención.

1. A través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a diferentes formas de violencia que pueden atacar a su integridad física, psicológica y sexual y son constitutivas de diferentes delitos recogidos en el Código Penal. Entre estas, actualmente, se identifican las siguientes:

- Ciberacoso: cuando se usan las redes y medios digitales para realizar ataques personales con información confidencial y falsa. Implica un daño recurrente y puede consistir en amenazas, insultos, mentiras, mensajes de connotación sexual o simple.


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- Grooming: cuando los adultos que intentan acercarse a menores de edad y ganar su confianza fingiendo empatía con el fin de obtener satisfacción sexual. Suele estar relacionado con delitos graves como la pornografía infantil y la trata y tráfico de personas.

- Phishing: es un fraude que busca obtener información sobre la identidad, información bancaria, suplantando identidades personales e institucionales a través de mensajes de texto, llamadas, emails o ventanas emergentes en páginas web.

- Sextorsión: se trata de una forma de explotación sexual a través de amenazas y actos de chantaje que buscan obtener contenidos o material sexual como fotografías o videos producidos por la misma víctima con la que previamente se había creado una situación de confianza.

- Hacking o cracking: romper o quebrantar un sistema informático. Sus objetivos son todos los tipos de servicios informáticos.

- Cyberbullying: Se basa en el acoso psicológico entre iguales con el uso de fotografías, comentarios ofensivos, amenazas, rumores ofensivos a través de medios telemáticos, agobiando a la víctima que puede llegar al suicidio.

2. Las Administraciones Públicas tienen la obligación de prevenir, detectar e intervenir para proteger de la integridad de las niñas, niños y adolescentes ante estas nuevas formas de violencia. A tal efecto, diseñarán planes de actuación dirigidos a:

a) Perseguir y castigar las distintas formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes que se cometa a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

b) Centrar los esfuerzos en la autoprotección de las niñas, niños y adolescentes en materia de prevención. La forma de abordarlo debe abordar directamente los riesgos y no puede estar basada en la restricción, la censura o la usurpación de su intimidad a partir de la vigilancia de sus actividades online.

c) Implantar programas de formación para la prevención y detección de nuevas formas de violencia a través de las redes sociales en el ámbito familiar, en el entorno educativo, dentro de las instituciones que atienden a la infancia y adolescencia y entre aquellos profesionales que tienen contacto directo y habitual con las niñas, niños y adolescentes.

d) Introducir la protección de la infancia y adolescencia ante cualquier tipo de violencia que pueda producirse en el entorno digital o a través de las nuevas tecnologías en la aprobación, desarrollo y modificación de políticas y medidas relacionadas con la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la neutralidad de la red y la apertura de internet.

e) Promover campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a población en general.

3. Las redes sociales y compañías de las plataformas y canales de comunicación deben redactar sus términos y condiciones, y sus políticas de privacidad, en un lenguaje claro que las niñas, niños y adolescentes puedan comprender, y brindarles una manera sencilla de denunciar cualquier situación que incumpla las normas de privacidad, así como otras inquietudes relacionadas con su seguridad personal e integridad.

CAPÍTULO VII

Violencia en contextos de redes organizadas de delincuencia

Artículo 53. Necesidad de regulación específica.

1. Las Administraciones Públicas deberán desarrollar legislaciones específicas que aborden de manera integral y de forma especializada la prevención, atención y recuperación de las violencias contra las niñas, niños y adolescentes en el contexto de redes organizadas de delincuencia. Entre estas se encuentra la utilización de menores de edad para el tráfico de drogas, su captación para sectas, las bandas juveniles o la trata de niñas, niños y adolescentes con diferentes fines además de la explotación sexual.

2. En todo caso, hasta que exista una regulación específica, es necesario que las Administraciones Públicas estudien e investiguen la magnitud, distribución, perfiles de víctimas, modus operandi, tratamiento mediático y tutela penal ante las violencias contra niñas, niños y adolescentes en contextos de crimen organizado.


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Artículo 54. Especial protección.

1. Las administraciones competentes atenderán a las niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata y de redes de crimen organizado desde los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización profesional y coordinación intersectorial.

2. Se reconocerá la condición de víctima a las niñas, niños y adolescentes para que puedan acceder a medidas legales de protección de su seguridad personal, de regularización de su situación administrativa y de sus ascendientes en primer grado si no perjudica su interés como menor, de recuperación física y psicosocial de acceso a una educación, formación o a un empleo con vistas a encontrar una solución duradera a su caso.

3. Toda medida que se adopte se hará tras una evaluación individual de las circunstancias específicas de la niña, niño o adolescente víctima y teniendo en cuenta su opinión conforme a sus necesidades e intereses.

4. Se tendrán en cuenta en su proceso de tratamiento y recuperación las situaciones de especial vulnerabilidad que le pueden afectar como su origen, la nacionalidad o etnia así como la realidad de sus países de origen cuando las víctimas sean extranjeras y las condiciones de seguridad en las que han emprendido sus proyectos migratorios.

Artículo 55. Recursos especializados para víctimas de la trata y otras redes organizadas de delincuencia.

1. En materia de asistencia a niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Dar atención específica y especializada.

b) Contar con pautas que permitan los procesos de reparación del daños y recuperación de la niña, niño y adolescente víctima.

c) Hacer intervenciones psicológicas individualizadas y adaptadas a cada caso.

d) Tener servicios de acompañamiento de 24 horas al día para evitar la repetición de las situaciones de trata y nuevas captaciones.

e) Contar con el apoyo de supervivientes de la trata o la red que puedan hacer una función de mediación con las víctimas desde la empatía y la referencia de salidas exitosas de las redes durante todo el proceso.

f) Contar con la presencia de intérpretes y mediadoras originarias del mismo país o entorno cultural que faciliten el manejo de pautas culturales y lingüísticas de las víctimas a lo largo del proceso.

g) Contar con sistemas de valoración del riesgo y planificación de itinerarios individualizados para la formación de la inserción sociolaboral.

h) Incluir atenciones sanitarias específicas relacionadas con la salud sexual.

i) Promover el trabajo de normalización de las relaciones familiares apoyándolas en la identificación de posibles situaciones de riesgo o extorsión.

TÍTULO V

Servicios de atención integral y recuperación

Artículo 56. Definición de Atención Integral.

Ante cualquier manifestación de violencia, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una atención inmediata e integral encaminada a la protección de su integridad moral, física, psicológica y sexual. La atención integral comprende:

a) La información y orientación sobre sus derechos y los recursos existentes.

b) La atención a la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia.

c) La atención a las necesidades básicas, educativas, sociales y laborales cuando proceda.

d) La atención a las necesidades de alojamiento temporal seguro, en los casos en los que proceda.

Artículo 57. Servicios y mecanismos adaptados a niñas, niños y adolescentes.

1. La situación evolutiva de las niñas, niños y adolescentes, sus características personales o las situaciones de violencia que sufren no les incapacitan como interlocutores protagonistas de los hechos


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que les afectan. Estas circunstancias exigen que las instituciones, organismos, servicios y procedimientos estén adaptados para que, diligentemente, presten atención a las niñas, niños y adolescentes a la hora de informarles, tener en cuenta sus opiniones y ser escucharlos no como adultos si no desde su capacidad, potencialidad, momento evolutivo y en un idioma que entiendan.

2. En el caso de la primera infancia o determinados tipos de diversidad funcional debe ofrecerse igual protección. Su posición de relativa impotencia y dependencia de otros para la realización de sus derechos no puede representar una causa de discriminación para acceder a estos.

3. En ningún caso, la situación administrativa en la que se encuentren tanto las niñas, niños y adolescentes como sus progenitores, representantes legales o cuidadores legalmente puede condicionar su acceso a sus derechos.

Artículo 58. Red de atención integral.

Los recursos y servicios de detección y atención trabajarán de manera coordinada e intersectorial conformando una red de respuesta integral frente a situaciones de violencia que afectan a la infancia y adolescencia. Los principios que deben guiar esta red de atención integral son:

1. Finalidad. Los centros y servicios que conforman la red de atención integral tienen como finalidad básica apoyar a las niñas, niños y adolescentes en su proceso de recuperación, empoderamiento y búsqueda de la plena desarrollo y autonomía.

2. Interés superior del menor. Las actuaciones que se realicen por parte de los centros y servicios de la red de atención integral irán dirigidas a asegurar que el interés de los menores de edad prevalezca sobre cualquier otro interés legítimo.

3. Accesibilidad. Los entornos, instalaciones, procedimientos e información de los centros y servicios deberán ser accesibles física, cultural, social y emocionalmente a las niñas, niños y adolescentes sin distinción ninguna.

4. Calidad. El acceso a los centros y servicios deberán contar con personal capacitado, tener una metodología adaptada a la infancia y adolescencia para informarles, escucharlos y atender sus necesidades garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso a sus derechos.

5. Disponibilidad. La insuficiencia de los recursos humanos y financieros no puede servir de excusa ni argumento para no garantizar ni proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra las distintas manifestaciones de violencia a través de una red de atención integral.

6. Interdisciplinariedad y especialización. Los equipos de atención directa de profesionales deberán tener un perfil interdisciplinar y la especialización necesaria para intervenir con diferentes manifestaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a la especificidad de cada una.

7. Participación. Los centros y servicios de la red deberán promover las medidas oportunas para que se escuche a las niñas, niños y adolescentes y tenga en cuenta su relato y sus opiniones en los asuntos que les afectan.

8. Coordinación y trabajo en red. Las administraciones correspondientes deberán garantizar que los equipos profesionales de los centros y servicios que están atendiendo a las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia trabajan de forma coordinada.

9. Evaluación. Los centros y servicios deberán disponer de un sistema de evaluación del ejercicio profesional, que incluya un cauce accesible para recoger la opinión y/o quejas de las niñas, niños y adolescentes, así como de sus progenitores, representantes legales o responsables legales de su cuidado.

Artículo 59. Catálogo de recursos.

La red de atención integral y recuperación deberá estar compuesta por el conjunto coordinado de recursos y servicios públicos cuya finalidad sea desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 31. Integrarán la red de atención y recuperación los siguientes recursos y servicios:

a) Recursos generales de información y atención:

i) Línea telefónica de información y emergencia.

ii) Servicios Sociales de atención primaria.

iii) Servicios Sanitarios de atención primaria.

iv) Otros servicios de atención e información.


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b) Servicios de atención especializada:

i) Servicios especializados de los centros educativos.

ii) Equipos de atención a la infancia y adolescencia.

iii) Centros de Atención a la Familia.

iv) Puntos de Encuentro Familiar.

v) Centros especiales de atención las necesidades especiales de niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional física, intelectual o sensorial, incluyendo la primera infancia.

vi) Atención psicológica y terapéutica para niñas, niños y adolescentes.

vii) Recuperación para víctimas de las violencias sexuales.

viii) Asistencia integral para víctimas de trata.

ix) Atención y recuperación psicosocial integral a víctimas de la violencia machista.

x) Centros de salud mental y equipos de salud mental infanto-juvenil.

xi) Y cualquier otro servicio especializado que pueda incluirse en la red.

xii) Centros de información para la mujer y otros recursos de violencia machistas y otras violencias de género.

c) Red de recursos de acogida y protección de menores:

i) Centros de primera acogida.

ii) Recursos de acogida.

iii) Pisos y residencias.

iv) Y cualquier otro servicio de protección que pueda incluirse en la red.

d) Red de recursos de conflicto social:

i) Centro de día. Primera acogida.

ii) Recursos en régimen abierto.

iii) Recursos en régimen semiabierto.

iv) Recursos en régimen cerrado.

v) Y cualquier otro servicio de reforma que pueda incluirse en la red.

3. La regulación y organización de estos servicios deberá desarrollarse por parte de las administraciones autonómicas y municipales competentes en el marco de la elaboración de la Estrategia Estatal de Acción contra la Violencia hacia la Infancia y Adolescencia de cara a garantizar la disponibilidad de los recursos y la coordinación entre estos. En todo caso, en el Estrategia Estatal se especificará el número de recursos por población y su distribución territorial, asegurándose un reparto equitativo de los mismos y se garantizará su accesibilidad a las niñas, niños y adolescentes de las zonas rurales y otras zonas alejadas.

Artículo 60. Ayudas económicas.

1. Las administraciones competentes tienen la obligación de informar de manera individualizada sobre las ayudas económicas de emergencia, escolares, prestaciones, etc. a las que tienen derecho las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia y garantizar que estos acceden a esas ayudas a través de sus representantes legales.

2. Además de las ayudas previstas por las administraciones públicas, se podrá establecer, mediante desarrollo reglamentario, otras prestaciones económicas específicas o modificar los requisitos de acceso de las ya existentes para garantizar la recuperación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de distintos tipos de violencia.


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TÍTULO VI

Acceso a la Justicia

CAPÍTULO I

Garantías en los procedimientos

Artículo 61. Asistencia jurídica especializada.

1. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de alguna de las manifestaciones de violencia de las recogidas en esta ley tienen derecho a asesoramiento jurídico inmediato y gratuito antes de la interposición de la denuncia y durante todo el procedimiento o procedimientos judiciales y administrativos.

2. La asistencia letrada debe incluir la necesaria en procesos civiles relacionados con las situaciones de violencia denunciadas por la vía penal y en aquellos otros procedimientos cuyo objeto sea la reclamación a la Administración Pública de los derechos legalmente reconocidos como consecuencia de la acción delictiva.

3. La asistencia letrada deberá asegurar que el proceso supone los menos costes emocionales posibles para la niña, niño o adolescente.

4. A tal efecto, evitará duplicidades en las diligencias y actuaciones tanto procesales como periciales.

5. Se velará porque la audiencia se realice en un contexto adecuado, preservando su intimidad.

6. Se facilitará una misma dirección letrada que asuma la defensa jurídica de la víctima menor de edad en todos los procesos que sean consecuencia del acto de violencia padecido.

7. Los Colegios de Abogacía adoptarán las medidas necesarias para la designación letrada de oficio y garantizarán la especialización de las personas profesionales encargadas de dicha asistencia. Incluirán como línea de formación en el turno de oficio la materia de las violencias en el ámbito de la infancia y adolescencia.

Artículo 62. Mecanismos de salvaguardia procesales adecuados.

1. Las autoridades pertinentes están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados de la forma más adaptada a ellos posible, asegurando que se sientan cómodos y seguros y de que puedan expresar sus puntos de vista de manera efectiva y libre.

2. A tal efecto, el sistema de Justicia debe disponer de mecanismos de salvaguarda adecuados a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos penales y/o civiles que se sigan por los casos de violencia que han tenido lugar contra ellos o de los que han sido testigo. Entre estos mecanismos, los juzgados estarán obligados, entre otras actuaciones, a:

a) Disponer de estructuras organizativas especializadas para la infancia y adolescencia con un sistema de profesionales del sistema jurídico competentes en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes y una justicia adaptada a ellos.

b) Utilizar espacios adaptados a la infancia tanto en los casos de justicia penal como en los asuntos civiles. Se eliminarán los obstáculos de carácter técnico, logístico y arquitectónico para que el uso de salas adaptadas se convierta en una práctica habitual. Asimismo, las salas de espera y de vistas estarán adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos de edad y madurez.

c) Adoptar un método lo más objetivo posible para determinar la madurez de la niña, niño o adolescente para que pueda ejercer su derecho a ser escuchado, teniendo en cuenta su edad y capacidad de comprensión.

d) Tomar declaración a las niñas, niños y adolescentes lo más pronto posible por personal altamente cualificado usando una metodología estandarizada y adaptada a su edad, capacidad de comprensión y usando instrumentos de comunicación adecuados cuando haya algún tipo de diversidad sensorial o intelectual.

e) Esta declaración podrá ser grabada con las garantías legales oportunas para la defensa de las partes, teniendo en cuenta preguntas del juez o jueza y la defensa, con el objeto de que pueda ser aceptada como prueba preconstituida en la vista oral.


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f) Reducir lo máximo posible la duración del procedimiento, debiéndose estudiar la posibilidad de procedimientos acelerados en los casos de ámbito civil que afectan a niñas, niños y adolescentes e introducirse garantías efectivas para evitar retrasos indebidos.

g) Proporcionar a los profesionales intervinientes en el proceso protocolos y directrices sobre el modo de tomar declaración a las niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, grado de madurez y características personales. Esto nunca podrá depender de las competencias individuales de los profesionales ni variar en función de los tribunales y comunidades autónomas.

h) Establecer directrices claras y precisas para que haya una estandarización de los procedimientos de cara a facilitar la mayor coordinación entre los diferentes agentes y la armonización de las prácticas en lo relativo a las audiencias.

3. Las niñas, niños y adolescentes implicados en procedimientos judiciales han de ser informados para garantizar su participación efectiva y su bienestar en cada fase del procedimiento. Será necesario adaptar la información a la edad, capacidad de comprensión, situación personal, estado emocional, y en todo caso a su idioma.

4. Las niñas, niños y adolescentes deberán estar acompañados en todo momento de una persona adulta que será quien asuma la responsabilidad de informar, apoyar y preparar a la niña, niño o adolescente en todas las fases de los procedimientos judiciales. Esta deberá tener formación reglada específica para este tipo de función de mediación.

5. Esta figura mediadora será la principal interlocutora y actuará como intermediaria con los diferentes operadores que intervienen en el procedimiento. Puede ser nombrada por el propio menor de edad si tiene edad y capacidad suficiente y/o por sus progenitores. Estos también deberán estar informados de sus gestiones y actuaciones siempre y cuando esto no entre en conflicto con el interés superior del menor.

6. Los sistemas judiciales, todos los operadores implicados en el procedimiento y representantes de las partes implicadas son responsables de proteger la intimidad, la identidad y la imagen de las niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos, evitando la divulgación pública de información, audios o imágenes que pudieran conducir a su identificación.

7. En ningún caso, por prejuicios o falta de formación suficiente, los profesionales y operadores del sistema judicial pueden obstaculizar el acceso a sus derechos a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a otras culturas, al colectivo LGTBI+, tienen algún tipo de diversidad funcional, por su origen étnico o racial, sus creencias religiosas o por cualquier otro motivo discriminatorio. A tal efecto, existirán directrices y protocolos para orientar a los profesionales en cuanto a medidas y métodos específicos para evitar la discriminación y garantizar un trato diligente.

8. La administración competente en materia de justicia garantizará que las niñas, niños y adolescentes con diversidades sensoriales o intelectuales cuentan con la asistencia sistemas alternativos de comunicación en un plazo de tiempo razonable que garantice su derecho a la información y a la comunicación en todas las fases del procedimiento judicial. Igualmente, se garantizará un intérprete a cuando son de origen extranjero y desconocen el idioma.

Artículo 63. Procedimiento de determinación de la edad.

1. Conforme a lo establecido en esta ley sobre el acceso de las niñas, niños y adolescentes a la justicia y a su derecho a ser escuchados, se realizarán las modificaciones oportunas en las leyes de infancia y adolescencia, así como de extranjería para garantizar que la competencia para la determinación de la edad de extranjeros y extranjeras sin documentación cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, recaiga en los órganos judiciales dada la trascendencia que tiene para una niña, niños o adolescentes en situación de desamparo y máxima vulnerabilidad quedar sin la debida protección si, erróneamente y por falta de garantías suficientes, se señalase que es mayor de edad.

2. En caso de que la chica o el chico porte una documentación acreditativa de su edad y/o identidad, expedida por las autoridades de su país, nunca será considerado indocumentado y por tanto no se iniciará procedimiento alguno de determinación de la edad.

3. Cuando no porte ningún documento que acredite su edad y/o identidad, y ante la duda de que pueda ser mayor de edad por su apariencia física, se inicie el procedimiento de determinación de la edad,


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con las debidas garantías incluyendo especialmente el derecho a ser escuchado y la asistencia letrada gratuita en los términos que han sido señalados en este Título.

4. En aquellos supuestos en que un Juez ordene la realización de pruebas médicas para determinar la edad, los informes médicos deben cumplir con los estándares acordados por el Instituto de Medicina Legal, especialmente el establecimiento de una horquilla de edad de +/- dos años, dado los altos márgenes de error.

5. En ningún caso estas pruebas pueden incurrir en prácticas crueles y degradantes que atenten contra la dignidad. Las pruebas médicas deben ser respetuosas con los derechos de la infancia y adolescencia.

6. Quedan prohibidos los desnudos integrales para la exploración de sus genitales o la repetición de pruebas radiológicas.

7. La documentación acreditativa de la identidad de los jóvenes prevalecerá sobre los resultados de las pruebas de edad, quedando anulados de inmediato los decretos de edad, en el caso de que la documentación sea aportada con posterioridad.

8. Hasta que las competencias puedan ser transferidas al orden jurisdiccional, se insta a que la actuación del Ministerio Fiscal cumpla con todas estas garantías.

9. Las actuaciones que se realicen en este procedimiento deberán ser:

a) Supervisadas por el Comisionado independiente para los derechos humanos de la infancia y adolescencia. Mientras no se nombre esta figura, será el defensor del Pueblo el encargado de asumir sus funciones.

b) Se grabarán las comparecencias, que serán siempre realizadas en presencia de asistencia letrada y de la persona adulta que haya designado el menor de edad, en los términos que establece esta ley.

c) Se dará traslado de una copia del expediente de determinación de edad al joven sometido a pruebas de edad y a su abogado y de todas las comparecencias que el menor realice.

d) Los decretos de edad podrán ser recurribles directamente ante organismos judiciales en un plazo máximo de 3 días para que se puedan adoptar las medidas cautelares solicitadas en los procedimientos, en aras a salvaguardar la protección de todos los menores.

Artículo 64. Medidas para la seguridad personal en los procedimientos judiciales.

1. La administración competente en materia de justicia establecerá las medidas adecuadas en materia de equipamiento y medios materiales de los juzgados a fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos durante la celebración de los procesos judiciales y evitar la revictimización. Tal y como se ha señalado en el artículo 62.2.e) de esta ley se admitirá la prueba preconstituida como circunstancia normal, solo por razones excepcionales se atenderá a que la niña, niño o adolescente tenga que asistir a la vista oral a declarar nuevamente.

2. A tal efecto, los juzgados contarán con los equipamientos ambientales y tecnológicos necesarios para preservar la seguridad personal y emocional de las niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos en los procedimientos judiciales con el objeto de evitar el contacto y confrontación con la persona imputada o acusada.

TÍTULO VII

Reparación

Artículo 65. Dimensión individual del derecho a la reparación.

1. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos relativos a la violencia tienen derecho a la reparación integral de los daños y perjuicios padecidos, con la finalidad de garantizar su recuperación física, psíquica y social.

2. La reparación del daño tendrá por finalidad la restitución y rehabilitación psíquica y psicológica de las niñas, niños y adolescentes víctimas, el restablecimiento de su dignidad y credibilidad, la superación de cualquier situación de estigmatización de las víctimas y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos.


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3. La reparación integral de las víctimas deberá ser tanto simbólica como económica. Serán las Administraciones Públicas las responsables de garantizar una reparación pronta y oportuna para que las niñas, niños y adolescentes:

a) Cuenten con la protección necesaria para evitar la repetición de las agresiones, malos tratos y otra manifestación de violencia contra ellos.

b) Hayan obtenido tratamientos terapéuticos y servicios para su completa recuperación moral, física, psicológica y emocional.

c) Dispongan de la necesaria asistencia para obtener el derecho a una indemnización que, en su caso, les pueda corresponder por los daños físicos, mentales, materiales y/o sociales que hayan sufrido. Incluyendo entre estos, el dolor, el sufrimiento, la angustia emocional y la pérdida de oportunidades tanto de educación, empleo y prestaciones sociales.

4. En los supuestos en los que la víctima o su familia lo soliciten, la reparación simbólica incluirá la difusión pública de la verdad, el reconocimiento de la violencia y declaraciones institucionales que restablezcan la dignidad y reputación de la víctima.

5. Las Administraciones Públicas dispondrán todos los medios apropiados y sin dilaciones de los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la víctima objeto de violencia tiene acceso efectivo al resarcimiento, la reparación del daño, así como a otros medios de compensación justos y eficaces.

6. El derecho a la reparación será sufragado por la o las personas penalmente responsables, de acuerdo con la normativa vigente.

7. En el supuesto de delitos cometidos contras niñas, niños y adolescentes en el contexto de la Administración Pública, tratándose de agresores que ostentan relación laboral o funcionarial con dicha Administración Pública, podrá declararse la responsabilidad subsidiaria de la Administración en los términos fijados por las leyes y disposiciones reglamentarias, siempre y cuando se acredite que no existen protocolos para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias sexuales en el seno de dicha Administración, o que los mismos han resultado materialmente ineficaces para evitar las mismas.

Artículo 66. Garantía de no repetición.

1. El derecho a la reparación deberá garantizar la no repetición de las violencias contra las niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a disponer de un porvenir sereno y seguro.

2. El Estado deberá desplegar como medidas reparadoras de los delitos los medios necesarios para asegurar que la agresión no volverá a repetirse y que las niñas, niños y adolescentes gozarán de la protección efectiva ante represalias o amenazas.

3. Se promoverá la disposición de recursos de intervención, reeducación y reinserción con las personas autoras de la violencia con el fin de contribuir al objetivo de la no repetición de la violencia. También cuando estas son menores de edad, en este caso se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

TÍTULO VIII

Obligaciones, responsabilidades y derechos

CAPÍTULO I

Obligaciones

Artículo 67. De las Administraciones Públicas.

1. Las administraciones e instituciones públicas, en sus distintos niveles estatal, autonómico y local tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar una legislación que responda ante todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y castigar todo acto de violencia contra ellos.


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Las leyes y políticas de protección a la infancia y adolescencia son el mensaje más claro a la sociedad de que la violencia no es aceptable y cuando proceda será sancionada.

2. Esta obligación de luchar contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes incluye la aplicación de la normativa actual destinada a la protección de la infancia y adolescencia, su revisión de cara a validar su vigencia, valorar posibles reformas y activar desarrollos que estén pendientes, redactar nuevas leyes con la obligación de desarrollarlas y de establecer mecanismos para asegurar su efectiva aplicación, así como la periódica verificación de su eficacia a fin de corregir los aspectos que presenten disfunciones.

3. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como responsable último en el ámbito estatal de velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes contra la violencia asumirá un papel de coordinación para fomentar la participación y cooperación de los diferentes sectores en los distintos niveles.

Artículo 68. Con relación a la delegación y privatización de servicios.

1. Todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes que tomen los proveedores públicos y privados de servicios atenderán al interés superior del menor.

2. Las administraciones a nivel estatal, autonómico y local tienen la obligación positiva y activa de velar porque los proveedores públicos y privados de servicios que atienden a la infancia y adolescencia o que dirigen instituciones dirigidas a este fin, actúan de conformidad a esta ley y a toda la normativa que protege a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia.

3. Para asegurar el cumplimiento de esta ley, cuando se delegue o privatice algún servicio en el que se atienda a la infancia y adolescencia, la administración responsable establecerá mecanismos y procesos de supervisión a todos los proveedores de servicios públicos y también privados. Estos servicios deberán ser preferentemente de gestión pública para garantizar una mejor supervisión en la protección de las niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia, especialmente la que puede tener lugar desde la propia institución o servicio.

4. Para facilitar esa labor de control y supervisión se creará un registro único de entidades, instituciones, organizaciones y empresas prestadoras de servicios o que desarrollen de atención, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 69. Con relación a sus progenitores.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de apoyar y ayudar a las madres, padres y otros responsables legales de su cuidado a proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos y en consonancia con la evolución de las facultades de la niña, niño o adolescente, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo óptimo de sus hijas e hijos.

Para respaldar a las familias en su papel, las administraciones competentes deberán:

a) poner a su disposición una red de servicios de cuidado de sus hijas e hijos accesible, flexible y de calidad;

b) facilitar la conciliación positiva de la vida familiar y laboral;

c) elaborar programas para mejorar las competencias parentales y fomentar un entorno familiar sano y positivo;

d) incorporar una perspectiva de los derechos de la infancia y adolescencia en todos los niveles del proceso presupuestario.

Artículo 70. Con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Las Administraciones Públicas deben garantizar con absoluta prioridad que las políticas y medidas de protección a la infancia y adolescencia contra la violencia respeten y promueven el ejercicio de los derechos por parte de las niñas, niños y adolescentes como titulares de estos.


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CAPÍTULO II

Responsabilidades

Artículo 71. Responsabilidad de sus progenitores.

1. Cada progenitor/a será responsable en forma prioritaria e igualitaria de asegurar el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como de que estos disfruten plena y efectivamente del ejercicio de sus derechos. A tal efecto, rige la legislación vigente de protección jurídica de la infancia y adolescencia en relación con los deberes y obligaciones del ejercicio de la patria potestad. Esta responsabilidad será extensiva a los representantes legales y cuidadores/as reconocidos/as legalmente cuyas obligaciones como tutores/as también están recogidas en la legislación correspondiente.

2. Las situaciones en las que se detecte que una niña, niño o adolescente está en riesgo de sufrir violencia dentro de la familia o se confirme que la esté padeciendo se regirán por la normativa de ámbito estatal, autonómico y local en lo referido a las actuaciones ante las situaciones de desprotección social de los menores de edad.

Artículo 72. Organizaciones de la sociedad civil.

La responsabilidad de prevenir la violencia contra la infancia y adolescencia se hace extensiva a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y con las niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido explícitamente en esta ley. Sus instalaciones, programas servicios y personal deberán cumplir lo establecido en esta ley para promover el buen trato.

Artículo 73. Medios de comunicación y sociedad.

La obligación de respetar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes se extiende en la práctica más allá de las Administraciones Públicas, de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil, es responsabilidad de toda la sociedad crear un clima que facilite el cumplimiento de esta ley y un papel relevante en la creación de ese clima.

CAPÍTULO III

Titulares de derechos

Artículo 74. Titulares activos de derecho.

Las niñas, niños y adolescentes son reconocidos como titulares activos de sus derechos y con capacidad para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables y de pleno derecho. Como tales deben ser:

- protegidos de manera apropiada a su edad, madurez y capacidades físicas o psíquicas;

- reconocidos como seres humanos únicos y valiosos con su personalidad propia;

- atendidos en su diversidad cultural, sexual, de género, racial, étnica, religiosa, social, funcional y lingüística; y

- considerados como miembros activos de sus familias, de sus comunidades y de las sociedades a la hora de expresar sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista.

TÍTULO IX

Comisionado independiente para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Artículo 75. Definición.

El Comisionado para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es una institución independiente, consultiva, incluyente y transparente centrada exclusivamente en la infancia y


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adolescencia que estará en permanente coordinación con la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados.

Para su creación y puesta en marcha se requerirá una ley específica siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para este tipo de instituciones y basándose en la experiencia de aquellas que ya están funcionando en distintos países.

Artículo 76. Funciones.

Se encargará de vigilar, promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan por parte de las Administraciones Públicas, órganos ejecutivos, legislativos, judiciales y de otro tipo, para:

a) Fomentar de la visibilidad y los mejores intereses de los niñas, niños y adolescentes en el diseño, la aplicación y la supervisión de las políticas.

b) Asegurarse de que se conozcan y escuchen las perspectivas de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisión sobre asuntos que les afectan.

c) Promover la comprensión y concienciación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

d) Acceder a las niñas, niños y adolescentes que están bajo la guarda y custodia de las instituciones públicas o privadas en cumplimiento de una medida de protección o de reforma.

2. El Comisionado independiente para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no eximirá de sus obligaciones y responsabilidades a los agentes mencionados anteriormente, sino que colaboran con ellos para mejorar su desempeño.

Artículo 77. Composición.

1. Su composición será colegiada y asegurará una representación pluralista de los distintos sectores de la sociedad civil comprometidos con la promoción y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes desde las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de lucha contra la discriminación y de defensa de los derechos del niño, incluidas las organizaciones dirigidas por niños y jóvenes; las organizaciones sociales y profesionales sanitarias, legales, educativas, científicas, etc.; las asociaciones de víctimas de las violencias hacia la infancia y adolescencia; así como, las universidades y otros agentes sociales y también expertos en derechos de la infancia y adolescencia.

2. Las Administraciones Públicas estatales, autonómicas y municipales sólo participarán a título consultivo.

3. El procedimiento de nombramiento se definirá a partir de un proceso de selección abierto y por elección directa.

4. Deberá contar con una infraestructura adecuada, fondos suficientes, personal y locales propios de forma que esté libre de toda forma de control financiero que pueda afectar a su independencia.

Artículo 78. Actividades.

De forma orientativa y de acuerdo con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, el Comisionado independiente para la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes se encargará de:

1. Realizar investigaciones sobre cualquier situación de violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya sea por denuncia o por propia iniciativa, en el ámbito de su mandato.

2. Preparar y publicar opiniones, recomendaciones e informes, ya sea a petición de las autoridades nacionales o por propia iniciativa, sobre cualquier asunto relacionado con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

3. Mantener en examen la adecuación y eficacia de esta ley y la práctica protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

4. Promover la armonización de la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales con la Convención sobre los Derechos del Niño, sus Protocolos Facultativos y demás instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con los derechos niñas, niños y adolescentes y


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fomentar su aplicación efectiva, en particular brindando asesoramiento a los órganos públicos y privados sobre la interpretación y aplicación de la Convención.

5. Velar por que los encargados de formular la política económica nacional tengan en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer y evaluar los planes económicos y de desarrollo nacionales.

6. Examinar la manera como el Gobierno de España aplica la Convención y vigilar la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes e informar al respecto, procurando lograr que las estadísticas estén debidamente desglosadas y que se reúna periódicamente otro tipo de información a fin de determinar lo que ha de hacerse para dar efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

7. Fomentar la adhesión a todo instrumento internacional de derechos humanos pertinente o su ratificación.

8. Velar porque niñas, niños y adolescentes puedan expresar su opinión y sean escuchados en los asuntos que conciernen a sus derechos humanos y en la definición de las cuestiones relacionadas con sus derechos.

9. Promover y facilitar una participación significativa de las ONG que se ocupan de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidas las organizaciones integradas por niños, en la elaboración de la legislación nacional y los instrumentos internacionales sobre cuestiones que afectan a la infancia.

10. Fomentar la comprensión y la toma de conciencia en el público de la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, con este fin, trabajar en estrecha colaboración con los medios de comunicación y emprender o patrocinar investigaciones y actividades educativas en la materia.

11. Emprender procedimientos judiciales para reivindicar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado o garantizar que se brinda a los niños asistencia jurídica.

12. Entablar, cuando proceda, procesos de mediación o conciliación antes de que se recurra a una acción judicial.

13. Facilitar a los tribunales sus conocimientos especializados sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los casos adecuados en calidad de amicus curiae o parte interviniente.

14. Realizar visitas a los centros de atención y a todas las instituciones de protección y reforma que tengan niñas, niños y adolescentes bajo su guarda y custodia con el fin de informar sobre el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

TÍTULO X

Garantías de aplicación de la ley

Con el fin de alcanzar la aplicación efectiva de la Ley se deberán establecer como garantías la formación, la planificación de políticas públicas, el seguimiento y evaluación de la ley y la financiación.

Artículo 79. Formación profesional permanente.

1. La formación de profesionales con responsabilidad directa en la detección de las manifestaciones de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y en los recursos de atención, protección y justicia se considera una de las principales garantías de aplicación de esta ley.

2. Serán las administraciones responsables las que deberán garantizar, a través de la formación y de los requisitos de selección de personal, en todos los ámbitos profesionales que trabajan en la detección, atención, protección y justicia, que se preste una formación adecuada y homogénea para trabajar según los principios y enfoques previstos en esta ley.

3. La formación tiene que ser sistemática y continua e incluir la capacitación inicial y el reciclaje, y debe incluir programas de apoyo y cuidado de profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia para prevenir y evitar los procesos de agotamiento y desgaste profesional. La formación tendrá por objeto destacar la situación de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos.

4. Así mismo, cuando se promulgue nueva legislación, se realizará formación específica para garantizar el conocimiento profesional de su existencia y sus nuevas obligaciones.

5. En el plazo de un año desde la aprobación de esta ley, las Administraciones Públicas, en colaboración con entidades no gubernamentales y profesionales expertos en la materia, diseñarán


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programas de formación específica en materia de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar la formación del conjunto de profesionales intervinientes.

6. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y las Administraciones Públicas competentes deben asegurar que la formación y capacitación específicas a que se refiere el presente artículo se incorporen en los correspondientes programas de formación.

Artículo 80. Estrategia Estatal de Acción y planes sectoriales.

1. En el plazo de un año desde la aprobación de esta ley, el Gobierno de España elaborará y aprobará una Estrategia Estatal de Acción de desarrollo general de esta ley integral que deberá incluir como mínimo el marco temporal al que deba aplicarse, los objetivos perseguidos y las medidas a adoptar en los distintos ámbitos de la acción pública, los medios económicos previstos para su ejecución, la implantación progresiva de las medidas, la atribución de responsabilidades y las acciones de evaluación previstas con base en un sistema de indicadores.

2. La Estrategia será sometida previamente al trámite de información pública, por plazo mínimo de un mes, con la finalidad de posibilitar que profesionales, agentes sociales, colectivos y grupos interesados y, en general, cuantas personas tengan interés en erradica la violencia hacia la infancia y adolescencia realicen las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas.

3. A partir de las directrices que establezca la Estrategia Estatal, en el plazo de seis meses, se elaborarán planes sectoriales que tendrán la finalidad de profundizar en la previsión de acciones encaminadas a la plena aplicación de la ley integral en los principales ámbitos de actuación previstos en la misma. Al menos, se elaborarán planes sectoriales en los ámbitos de educación, deporte, cultura, sanidad, servicios sociales, policía y justicia.

Artículo 81. Dotación presupuestaria.

1. Se asignarán los presupuestos necesarios para garantizar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios a los diferentes sectores y poner en práctica las medidas que se desarrollen en cumplimiento de la presente ley, de manera progresiva y de acuerdo con el Estrategia Estatal de Acción y a los planes sectoriales.

2. Deben crearse y ponerse en funcionamiento sólidos mecanismos de seguimiento y vigilancia para que la asignación de presupuestos y la eficiencia de su ejecución estén sujetas a un sistema de rendición de cuentas que permita conocer la situación a los distintos niveles territoriales y adaptar las medidas y recursos a los diagnósticos obtenidos. Todo ello conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y con respeto a los regímenes especiales de Concierto Económico y de Convenio que rigen en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 82. Coordinación institucional.

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales asumirá las funciones de propuesta, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de la Administración General del Estado para la protección integral del derecho a la integridad moral, física psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, así como la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra ellos, en colaboración con las instituciones del Estado y Administraciones Públicas con competencias en la materia, así como con las organizaciones de la sociedad civil. Asumirá, en ese sentido, el seguimiento de la aplicación, el desarrollo normativo de esta ley y su adecuación a las cuantías presupuestarias consignadas a tal efecto.

Artículo 83. Obligatoriedad de los protocolos.

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protocolos de actuación especializados para cada tipo de violencia expresado en esta ley que garanticen la ordenación de sus actuaciones, de forma global e integral, en la sensibilización, prevención, asistencia y persecución de la violencia hacia la infancia y adolescencia. Deberán implicar a las administraciones sanitarias y a las educativas, a la de Justicia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Servicios Sociales, y en coordinación de los organismos de protección de la infancia y adolescencia, y siempre respetando la distribución competencias.


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2. Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de la existencia de estas violencias.

3. Todos estos protocolos a los que hace referencia esta ley tendrán carácter de obligado cumplimiento para todas las instituciones, personas y entidades públicas o privadas que los suscriban.

Artículo 84. Rendición de cuentas.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades y Ciudades Autónomas, a los tres años de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su aplicación en la prevención y erradicación de las violencias contra la infancia y adolescencia.

Disposición adicional primera. Aspectos civiles del matrimonio forzado.

Se añade un apartado cuarto al artículo 172 bis del Código Penal, con la siguiente redacción:

"4. En las sentencias condenatorias por este delito, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la anulación o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos, en su caso."

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Uno. Se modifica el párrafo 2.° del artículo 132.1 del Código Penal, que quedará redactado como sigue:

"Artículo 132.

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, excepto en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que los términos se computarán desde que la víctima alcance los 30 años. En todos los casos, si falleciere antes de alcanzar la mayoría de edad, se computarán a partir de la fecha del fallecimiento."

Dos. Se modifica el artículo 153 del Código Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

"Artículo 153.

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sean sus hijos o hijas convivan o no con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años."


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Tres. Se modifica el artículo 173 del Código Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

"Artículo 173.

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre sus hijos convivan o no con el autor, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica."

Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Primera. Se modifica el apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue:

"Artículo 12. Actuaciones de protección.

4. En el caso de que una persona se encuentre indocumentada y existan dudas fundadas sobre la posible mayoría de edad, se aplicará la presunción de minoría de edad, y esta será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el órgano judicial competente, realizará las pruebas periciales que considere oportunas, al objeto de fijar la edad del presunto menor. En el caso de que sea preciso realizar pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterán estas al principio de celeridad, se exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad, no pudiendo realizarse pruebas invasivas como la exploración de caracteres sexuales secundarios y sin que suponga un riesgo para su salud, ni aplicándose indiscriminadamente, especialmente si son invasivas. En ningún caso la negativa a someterse a pruebas médicas podrá ser considerado un indicio de asunción de la mayoría de edad. Durante todo el procedimiento de determinación de la edad se garantizarán los derechos procesales del ,menor, en aras a evitar cualquier indefensión."

Segunda. Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue:

"11. La negativa a respetar la orientación, identidad sexual o expresión de género de un menor por parte de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores ha de ser considerada para valorar una posible situación de riesgo. En caso de que alguno de los representantes legales del menor se oponga a que se reconozca la identidad sexual o expresión de género de éste en el centro escolar, las autoridades educativas lo pondrán en conocimiento de la administración pública competente, haciendo prevalecer en cualquier caso el interés superior del menor al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad sexual. Si la negativa se refiere a recibir la atención sanitaria demandada por el menor por razón de su identidad sexual, se estará a lo previsto en el número anterior."


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Disposición adicional cuarta. Modificación del Estatuto de la Víctima.

Primera. Se modifica el artículo 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que quedará redactado de la forma siguiente:

"Artículo 26. Medidas de protección para menores, personas con diversidad funcional necesitadas de especial protección y víctimas de delitos contra la libertad sexual.

1. En el caso de las víctimas menores de edad, víctimas con diversidad funcional necesitadas de especial protección, y víctimas de delitos contra la libertad sexual, además de las medidas previstas en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes:

a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) La declaración podrá recibirse por medio de personas expertas."

Segunda. Se modifica el párrafo tercero del artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que quedará redactado de la forma siguiente:

"Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia sexual o de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de esta ley."

Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley de Extranjería.

Se modifica el artículo 35 la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que quedará redactado de la forma siguiente:

"Artículo 35. LOEX. Menores no acompañados.

1. El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados en el marco la Convención de Derechos del Niño. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales Acuerdos.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen, que tendrán naturaleza de acuerdos técnicos de gestión administrativa, dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos.

3. En los supuestos en que cualquier autoridad pública del Estado o de las Comunidades Autónomas, y particularmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, identifiquen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se aplicará la presunción de minoría de edad y se pondrá al presunto menor a disposición de los servicios competentes de protección de menores. Estos servicios le proporcionarán la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, prestando especial atención a los colectivos especialmente vulnerables como niñas víctimas de trata y niños y niñas solicitantes de asilo.

Una vez el menor esté adecuadamente atendido y protegido, exclusivamente en los supuestos de ausencia de pasaporte o documento que acredite su edad, de acuerdo con la legislación del país de origen, se pondrá al menor a disposición de los juzgados de primera instancia, para que, con las garantías procesales oportunas, se inicie el procedimiento judicial de determinación de la edad. Durante todo el procedimiento judicial se asegurará la garantía de los derechos del menor reconocidos en la Convención de Derechos del Niño y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,


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de Protección Jurídica del Menor, así como la adecuada representación de sus intereses a través de asistencia letrada que será designada de conformidad con los intereses del menor y, en su caso, la designación de defensor judicial.

La presunción de minoría de edad se entenderá vigente mientras no exista resolución judicial firme sobre la determinación de la edad. Por tanto, los juzgados y tribunales habrán de tener en consideración y valorar expresamente el interés superior del niño o de la niña, a lo largo de todo el procedimiento judicial y en particular en las decisiones sobre medidas cautelares. Las medidas cautelares que sean solicitadas por la representación legal del posible menor, serán adoptadas de acuerdo con esta presunción, salvo que motivadamente se exprese una decisión judicial contraria, que habrá de considerar expresamente dicho interés superior.

4. Determinada la edad por resolución judicial, si se tratase de un menor, quedará definitivamente bajo la tutela de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle.

5. La Administración del Estado, una vez descartado que se está ante un menor solicitante de asilo, solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará únicamente mediante reagrupación familiar.

6. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto en este artículo, así como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen.

Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.

7. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que estén bajo la guarda o tutela en España de una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela o la guarda o a instancia del propio menor, se otorgará al menor una autorización de residencia que le situé en igualdad de condiciones que los menores y jóvenes españoles y que por tanto autorice a trabajar a partir de los dieciséis años, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores y cuya vigencia continuará al cumplir los 18 años, en aras a favorecer su integración socio laboral. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor. No podrán pasar más de tres meses desde el momento en que el menor queda bajo la tutela de la administración, y el momento en que se comienza a tramitar su documentación.

8. La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos establecidos en el apartado cuarto de este artículo.

9. Reglamentariamente se determinará el tipo de residencia que se otorgará, en los términos establecidos en el apartado 7 de este artículo. Las Comunidades Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad.

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.

11. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la


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protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.

Cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a la atención de los mismos.

Estará legitimada para promover la constitución de la tutela la Comunidad Autónoma bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse al juzgado competente que proceda en función del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, serán aplicables a los menores extranjeros no acompañados las restantes previsiones sobre protección de menores recogidas en el Código Civil y en la legislación vigente en la materia.

12. Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración."

Disposición adicional sexta. Puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género relativas a los menores de edad.

- Impulsar la aplicación práctica del reconocimiento de las y los menores como víctimas directas de la Violencia de Género.

- Mejorar la conexión entre la violencia contra las mujeres y la experiencia victimizadora de los hijos e hijas.

- Generalizar la aplicación de la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal para los casos de mutilación genital femenina.

- Identificar y eliminar las trabas existentes para la obtención del derecho de asilo de las víctimas de matrimonio forzado.

- Eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la violencia de género por los hijos e hijas menores de edad.

- Incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas.

- Aprobar un plan de atención integral a los hijos/as de las víctimas mortales de la violencia de género, con inclusión, entre otras prestaciones, de la atención psicológica y psicopedagógica que resulte precisa. Este Plan se incorporará al Sistema Nacional de Salud y planes de salud correspondientes. Con este fin en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se proveerá del apoyo técnico adecuado para asegurar la formación especializada de quienes, como profesionales sanitarios, tendrán encomendada dicha atención.

- Establecer mecanismos que aseguren que las pensiones de orfandad que puedan corresponder a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, con el incremento previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, puedan ser disponibles de forma inmediata con las oportunas garantías para abonar los gastos a que deban hacer frente, sin perjuicio de lo que dispongan con posterioridad las resoluciones judiciales.

- Realizar estudios sobre la situación de los menores custodia, régimen de visitas, relaciones con el padre maltratador, etc.

- Reforzar el apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas de víctimas mortales de la violencia, dado que es una situación que requiere especial celo protector.

- Establecer un sistema específico de atención pedagógica y educativa para los hijos e hijas de las víctimas mortales de violencia de género, mediante la designación, cuando sea necesario, de profesores/as de apoyo para el refuerzo educativo.

- Establecer que el Gobierno asegure el seguimiento estadístico sobre el impacto que la violencia de género tiene en los hijos e hijas menores, y singularmente a través de un registro con la recogida de datos de niños y niñas asesinados junto a sus madres, así como un registro de orfandad asociada a la violencia de género.

- Elaborar materiales informativos para madres y padres que les ayuden a detectar la violencia de género de la que pueden ser víctimas o agresores sus hijas o hijos adolescentes.


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- Estudiar la posibilidad de establecer la dispensa a no declarar de los menores no hijos del maltratador. Ante las dudas sobre la situación de conflicto que puede provocar a un menor tener que declarar en contra de un agresor con el que conviva, no siendo su padre y no pudiendo acogerse a la dispensa de declarar, se propone que el juez, dadas las circunstancias del caso, aprecie motivadamente la concurrencia de circunstancia análoga al parentesco que justifique esta dispensa especial.

- Diseñar un Plan judicial personalizado de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes Administraciones, que contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, y que irá acompañado de medidas de formación obligatoria especializada a todos los y las agentes implicados. Para ello se revisará el Protocolo en el ámbito de los Juzgados competentes en violencia de género para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre el itinerario y procedimiento, asegurando el conocimiento efectivo del recorrido judicial, desde el momento en el que se interpone la denuncia hasta el final del proceso.

- Hacer extensivos los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a quienes hayan padecido violencia vicaria o violencia "por interpósita persona", esto es, el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente ley.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

La presente ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 17.a, 18.a y 30.a de la Constitución Española.

Disposición final segunda. Naturaleza de la ley.

La presente ley tiene el carácter de Ley Orgánica.

Disposición final tercera. Modificaciones reglamentarias.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán su normativa a las previsiones contenidas en la presente ley.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para que dicte, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley en el "Boletín Oficial del Estado", las disposiciones que fueran necesarias para su aplicación.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" excepto las medidas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto del ejercicio en curso, que entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente.

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