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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 68, de 11/07/2017
cve: DSCD-12-PL-68
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 68
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 65 (extraordinaria)
celebrada el martes,
11 de julio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018. (Número de expediente 430/000004) ... (Página4)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. ("BOE" núm. 158, de 4 de julio de 2017). (Número de expediente 130/000018) ... (Página29)

- Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. ("BOE" núm. 162, de 8 de julio de 2017). (Número de expediente 130/000019) ... (Página42)

- Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. ("BOE" núm. 150, de 24 de junio de 2017). (Número de expediente 130/000017) ... (Página56)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página67)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página68)

Corrección de error ... (Página69)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página4)

Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018 ... (Página4)

En nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el acuerdo relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.

En turno en contra interviene el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Montero Soler y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Bel Accensi y Candela Serna, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, los señores Salvador Armendáriz y Martínez Oblanca, la señora Oramas González-Moro y el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

En turno de réplica intervienen los señores Saura García, Bel Accensi, Montero Soler y Roldán Monés; la señora Capella i Farré y el señor De Olano Vela.

Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Función Pública.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página29)

Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada ... (Página29)

El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Maura Zorita, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos ... (Página42)

El señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Honorato Chulián, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera ... (Página56)

El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra intervienen los señores Montero Soler y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página67)

Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, se aprueba por 175 votos a favor, 173 en contra y 1 abstención.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página68)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada, se aprueba por 270 votos a favor, 60 en contra y 18 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 89 votos a favor y 260 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación


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de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos, se aprueba por 347 votos a favor y 2 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 90 votos a favor y 259 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera, se aprueba por 266 votos a favor, 71 en contra y 12 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 91 votos a favor y 258 en contra.

Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2018-2020 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2018. (Número de expediente 430/000004).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Comenzamos con el punto I del orden del día, relativo al acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2018. Para presentar el acuerdo tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública. (Rumores).

Silencio, señorías. Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero):Señora presidenta, buenas tardes.

El Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020. Este acuerdo incluye además el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2018. Como en ocasiones anteriores el Congreso en la sesión de hoy y eventualmente el Senado en la sesión de mañana van a conocer la propuesta del Gobierno sobre la figura difundida públicamente como techo de gasto, y debatirán sobre la misma, aunque tengo que insistir en que lo que se va a votar esta tarde son los objetivos de déficit y de deuda, y no el límite de gasto, que compete exclusivamente al Gobierno. Equivale a una información a la Cámara, siendo el primer paso que tiene que dar el Gobierno, que es la institución que tiene la responsabilidad y el deber de elaborar el proyecto de ley de presupuestos del Estado, para darlo a conocer.

¿Qué traemos esta tarde al Congreso de los Diputados? Traemos cifras y objetivos de déficit, de deuda, de estabilidad y de compromiso de nuestras administraciones públicas para el periodo 2018-2020. Y como antes he dicho también traemos cifras detrás de ese límite de gasto del Estado. Esto es lo obvio, pero no es lo que más importa. Estoy seguro de que no es lo que más importa a sus señorías ni a los españoles. Vamos a intentarlo de nuevo y a mirar lo que hay detrás de esas cifras. Encontraremos que lo que traemos esta tarde a la Cámara es proyecto y futuro para España, el mejor escenario económico que ha tenido nunca la sociedad española ante sí, y ese escenario económico -insisto, el mejor- es el que tenemos al alcance de la mano. Así pues, ¿qué traemos hoy al Congreso de los Diputados? ¿Cómo es ese futuro que viene envuelto en los objetivos de estabilidad presupuestaria? Traemos la apuesta del Gobierno por el empleo, por la creación de millones de puestos de trabajo. Traemos y comprometemos un


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futuro donde en el horizonte de 2020, que es el que fijan los objetivos de déficit y de deuda pública, trabajarán en España 20,5 millones de personas y habrá más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Ese es el futuro del que estamos hablando esta tarde, el futuro del empleo; empleo que no había como consecuencia de la crisis económica. Eso es lo que traemos aquí, lo que vamos a debatir y lo que vamos a someter a votación. Será ese empleo el que hará sostenible el sistema de pensiones. Será el nuevo empleo el que permitirá que se corrija a la baja el déficit de la Seguridad Social. Será ese empleo el que permitirá que se consolide el Estado del bienestar en España. Será ese empleo el que garantizará la financiación de unos servicios públicos cada vez de mayor calidad sin recurrir al déficit público y el que acelerará la reducción de la deuda pública. Es el futuro de mayor empleo y bienestar y es el futuro que tenemos por delante en esta legislatura. Hoy presentamos realmente -aunque es discutible si es hoy o fue en el mes de diciembre- ese nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado que facilita este escenario de crecimiento económico y creación de empleo. Insisto en que nuestro objetivo es mayor empleo y mayor bienestar, y esa es la propuesta que el Gobierno trae detrás de estas cifras de objetivos de déficit y de deuda a la Cámara. (Aplausos). Solo hace falta mirarlas bien. Hay que mirarlas bien y apoyarlas. Al hacerlo nos corresponsabilizaremos de su cumplimiento, y de esa manera estaremos coadyuvando a la consecución de ese objetivo. Quien haga lo contrario simplemente se estará quedando al margen del final del túnel de la crisis y de la esperanza de todos los españoles, porque lo que deseamos todos es superar de una vez esta crisis y su peor legado.

No hay otra manera de ver las cifras que hoy traemos al Congreso. Los objetivos de estabilidad y deuda y el techo de gasto nos llevan a los presupuestos del año 2018, unos presupuestos nuevos en los que insistiremos en consolidar la política presupuestaria que nos está empujando hacia delante, que nos está haciendo superar la crisis económica y que nos está permitiendo esta formidable creación de empleo. La política presupuestaria, junto a las reformas estructurales que acometimos en la X Legislatura, está haciendo que lideremos el crecimiento económico en nuestro entorno europeo, y hace que de cada diez puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea cuatro sean en España. Eso es lo que nos da confianza a la hora de apostar por ese futuro, y lo que hace que desde el Gobierno llamemos a la responsabilidad de apostar por estos objetivos de déficit y de deuda, preludio y compromiso para elaborar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Hace cinco años, cuando yo mismo tenía el honor de representar al Gobierno en esta tribuna, sentíamos cómo el suelo se hundía bajo nuestros pies. Mirábamos a ver dónde llegábamos en términos de hundimiento de la realidad económica de los españoles. Mirábamos y esperábamos poder cambiar las cosas y ver con esperanza el futuro. Señorías, hace tan solo cinco años se hundía el empleo, se hundían los ingresos públicos, se hundían y quebraban las empresas y no existía el crecimiento económico; vivíamos en esa recesión. Hoy no es que vengamos a la Cámara con un suelo firme, no, es que estamos ante la mejor oportunidad de crecimiento económico de nuestra historia, porque nunca en la historia de España habíamos sido capaces de crecer con esa creación de empleo. Al mismo tiempo ese crecimiento está impulsado por nuestro sector exterior, por nuestra capacidad de financiación frente al resto del mundo, y por tanto por nuestra no dependencia de los recursos del resto del mundo para sostener, para afianzar nuestro crecimiento económico. Nunca en la historia de España se habían combinado estos elementos o, resumido de otra manera, nunca había habido un crecimiento tan competitivo como para permitir ese saldo por cuenta corriente durante ya cuatro años largos de crecimiento económico, e insisto en que nunca se había ido a un crecimiento que en términos de afiliación a la Seguridad Social superara -según el último registro correspondiente al mes de junio- las 670 000 personas.

Así pues el empleo crece casi un 3 % y el crecimiento de nuestro producto interior bruto -el escenario económico que traemos a la Cámara- también lo hace en un 3 % en términos reales, algo más en términos nominales. Pero insisto en que es la primera vez en la historia de la economía española, en la historia de la sociedad española en que con este crecimiento económico estamos viviendo semejantes registros de creación de empleo. Esta alianza entre crecimiento y empleo es tan dinámica, está teniendo tanta fuerza que ella misma se convierte en impulsora del crecimiento económico, lo que hace que sean la demanda interna y la inversión en nuestras empresas, la inversión en bienes de equipo de nuestras empresas y cada vez más la construcción aliada con el aumento del gasto de nuestras familias las que estén alimentando este crecimiento tan vigoroso a la cabeza de los grandes países de la Unión Europea, y al mismo tiempo tan saneado, tan equilibrado como el que estamos viviendo. Eso hace que no tengamos especial preocupación por que existan nubarrones que impidan a través de tempestades la continuidad de este crecimiento económico, porque prácticamente lo único que podría impedir este crecimiento


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económico tan sano y tan creador de empleo sería la razón política. Vamos a ver cómo esta tarde esa razón política se supera a través de las votaciones de los grupos políticos con sentido de responsabilidad. Por tanto podremos hacer que efectivamente esta tarde sea otra ventana abierta a la confianza, a la esperanza de que podamos decir que en el transcurso de tres años habremos acabado definitivamente con la crisis económica en España.

No hace falta que recuerde que España no ha sido históricamente un país que pueda presumir de su balanza de pagos, o al menos no lo ha sido hasta estas fechas. Nos hemos pasado décadas viviendo lo que es la confrontación de nuestra realidad económica con esa balanza de pagos, prácticamente desde el Plan de Estabilización de 1959, y en esta ocasión, en este recorrido que estamos haciendo ahora tenemos superávit por cuenta corriente, ya cuatro ejercicios con superávit por cuenta corriente, más de cinco ejercicios con capacidad de financiación frente al resto del mundo. Por tanto, si se cumplen las previsiones que trae el Gobierno a esta Cámara, de aquí al año 2020 habremos tenido el recorrido de crecimiento económico con superávit por cuenta corriente mayor de nuestra historia, ocho años de crecimiento económico con superávit por cuenta corriente, algo que no había pasado nunca en la historia económica de España. Y eso es nuevo, y eso es lo que estamos aprendiendo los españoles; es nuevo, pero es lo más sano y lo más tranquilizador que nos puede pasar, y es lo que nos da mayor fortaleza y más esperanza para afrontar el futuro. Pero también hay que preguntarse qué es lo que nos ha traído hasta aquí; qué es lo que nos ha traído a ese crecimiento creador de empleo compatible con ese superávit de nuestra balanza de pagos: nos han traído las reformas estructurales; nos ha traído la reforma laboral; nos ha traído la reforma del sector bancario; nos ha traído la reforma energética; nos ha traído, en sus comienzos, la reforma de la educación; nos ha traído la reforma de las administraciones públicas, elaborada y desarrollada durante la X Legislatura; nos ha traído una política presupuestaria como la que hemos desarrollado en España, que no es que haga compatible el crecimiento con la reducción del déficit público, sino que la reducción del déficit público es la que se ha convertido en el motor del crecimiento económico y en el impulso de la creación de empleo. A medida que vamos reduciendo ese déficit público, y vamos consiguiendo el gran objetivo que se traza en ese planteamiento para el año 2020, que es la supresión de los déficits de nuestras administraciones públicas, y a medida que vamos confirmando que eso es factible, lo que hacemos es que vamos reduciendo el nivel de deuda pública. El programa del Gobierno es que se reduzca en 7 puntos porcentuales de producto interno bruto de aquí a 2020; más de 70 000 millones de euros de reducción de deuda pública, lo que liberará la capacidad de financiación de nuestro crecimiento económico, nos hará progresar, nos dará nuevos impulsos y facilitará esta recuperación económica.

El año 2020, ese año que es el nuevo que se aporta en el trámite actual de objetivos de déficit de deuda, es el año del equilibrio presupuestario, donde todas las administraciones públicas, a excepción de la Seguridad Social, verán reducido drásticamente su déficit, aunque también la Seguridad Social por la sencilla y convincente razón de que habrá más de 20 millones de españoles trabajando y cotizando a la Seguridad Social, y por tanto podremos decir que hemos superado definitivamente la crisis. Lo que no podremos decir es que volvamos a las políticas que nos llevaron a la crisis. Eso es lo que no podremos decir y no deberemos decir como corolario, como colofón, como desean algunos, que lo que están deseando es que otros arreglen la crisis para venir ellos a hacer lo mismo que hicieron en el pasado reciente y llevar adelante la peor crisis que ha vivido España. Eso es lo que debemos sacar como aprendizaje y como conclusión de lo que significa la corrección de la crisis que estamos viviendo en nuestro país.

Eso es lo que traemos también con el proyecto de límite de gasto del Estado, un crecimiento de gasto del Estado del 1,3 %, un crecimiento que irá destinado en su gran mayoría a financiar las clases pasivas, los derechos de los funcionarios en su retiro, los nuevos derechos, y también a la subida de los salarios de los funcionarios públicos, para lo que emplazaremos a negociar a las centrales sindicales para la preparación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Decía que es un techo de gasto o un límite de gasto del Estado que crece el 1,3 %, lo que significa -en relación con la regla de gasto queda algo por debajo de ese crecimiento- unos 1497 millones de euros que nos van a permitir la reducción del déficit del Estado, que está programada como la mayor reducción de todos los subsectores de nuestras administraciones públicas, insistiendo en que lo que domina en el espíritu de este primer paso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado es facilitar la financiación de nuestras administraciones territoriales, de nuestras comunidades autónomas, cuyo 70 % largo de gasto va a educación, sanidad y protección social, y financiar cada vez de una manera más prioritaria el gasto social,


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como ya se hace en los Presupuestos Generales del Estado que esta Cámara aprobó y que han entrado en vigor en el año 2017.

La propuesta que traemos a la Cámara, en términos de desglose de los objetivos de déficit, añadiendo el año 2020 -el añadido, en el momento en que la mayoría de las administraciones públicas van entrando en equilibrio presupuestario, tampoco debería contener mayor secreto-, es la que ya fue votada en la Cámara de los Diputados el 15 de diciembre del año pasado, donde tengo que recordarles que la votación que se registró en esta Cámara alcanzó 251 votos a favor de la propuesta que llevaba el Gobierno, que yo mismo en mi condición de miembro del Gobierno presentaba, es decir, esa propuesta de objetivos de déficit. La nueva propuesta que traemos modifica en el sentido de flexibilizar una décima al alza los objetivos de nuestras comunidades autónomas, tanto para el año 2018 como para el año 2019. La propuesta por tanto, consecuencia -como ya he explicado públicamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- de las negociaciones políticas, facilita que la media de nuestras comunidades autónomas se sitúe en la senda programada de objetivos de déficit.

Mi pregunta, que no es retórica, es la siguiente: si lo que trae el Gobierno a la Cámara es una rectificación al alza de los objetivos de déficit de nuestras comunidades autónomas, la mitad gobernadas por el Partido Socialista, ¿cuál es el argumento que van a exponer los portavoces que se van a oponer a esta propuesta, cuando ya votaron a favor en el año 2016 sobre objetivos más exigentes? Yo me sentaré y escucharé atentamente esos argumentos, pero espero que sean suficientemente explícitos y convincentes, porque la verdad es que no parece razonable que parte de aquellas señoras y aquellos señores diputados que votaron a favor en esta Cámara, permitiendo alcanzar el máximo -insisto- histórico -nunca se había alcanzado un registro de votación a favor de la propuesta del Gobierno de 251 votos-, nos digan que esto que traemos es muy distinto. No, muy distinto no es, es un objetivo a favor de las comunidades autónomas de subida de déficit. Escucharemos todos los argumentos con espíritu y ánimo constructivo, como tienen que ser los debates en esta Cámara.

Quiero insistirles en que la propuesta de objetivos de estabilidad y techo de gasto que hoy debatimos es objetivamente mejor que la de diciembre pasado, y viene como entonces acompañada de novedades que van a mejorar la vida de las personas con rentas más bajas y con más dificultades económicas. Otra cosa es que quienes por propia voluntad se quieran quedar al margen de esta propuesta pretendan ofrecer otro tipo de argumentos, pero espero que sean de contenido suficientemente explícito, puesto que de lo que tratamos entre todos los componentes de esta Cámara es de consolidar, a través de la reducción del déficit público, los objetivos de déficit, de deuda de nuestras administraciones públicas y -decía- impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

A estas alturas -ya del verano- de 2017 el déficit público del conjunto de nuestras administraciones públicas del 3,1 %, que parecía inalcanzable cuando estábamos votando los objetivos de déficit a mitad de diciembre (Rumores) -recuerdo que cerramos el año pasado en el 4,3 % de déficit de las mismas-, hoy parece un objetivo tan alcanzable que apenas...

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor ministro.

Silencio, por favor. Continúe.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.

... ninguna institución, ni dentro ni fuera de España, cuestiona hoy que vayamos a alcanzar ese objetivo del 3,1 %. Es más, hemos escuchado decir al comisario responsable de asuntos económicos y monetarios, el señor Moscovici, que con toda seguridad en el año 2018 España estará por debajo del 3 %, estará en ese objetivo del 2,2 % que proponemos. Esa propuesta es la que permitirá que España salga del procedimiento de déficit excesivo, después de casi diez años de permanecer en él, y lo hará cumpliendo con todas las normas, con todos los estándares de la gobernanza europea, algo que favorecerá la aplicación en España de políticas nacionales; políticas en línea con lo que estamos haciendo en estos últimos años; políticas que permitirán, junto con la dedicación prioritaria del gasto social, favorecer más crecimiento económico a través de más inversión y mejora de los grandes servicios públicos, que son la base de la igualdad de oportunidades de los españoles.

Por tanto este es el proyecto que trae el Gobierno: que España salga del procedimiento de déficit excesivo. Los pactos políticos que nos están conduciendo hacia ese objetivo no es que sean perfectamente compatibles, es que son todos ordenados hacia la consecución de ese objetivo de corrección del déficit público, de que España -como lo que es, miembro del euro, socio leal con la gobernanza europea, y en definitiva comprometido como está con el proyecto de integración europea- cumpla con sus compromisos


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de corrección del déficit. Esos compromisos son los que nos van a permitir -insisto- a partir del año próximo encontrarnos con la auténtica política nacional que haga que podamos dar las prioridades que por supuesto van a irnos marcando este Parlamento y el Senado, como máxima representación y delegación de la soberanía popular.

Señorías, evidentemente traemos a esta Cámara unos acuerdos de objetivos detrás de la propuesta. Quiero agradecer públicamente el significado de traerlo con esos acuerdos; acuerdos en los que han estado los grupos políticos que apoyaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; acuerdos que son exponente de un Gobierno que dialoga, de un Gobierno que como saben sus señorías se ha vuelto a dirigir a todos los grupos de esta Cámara para tratar de llegar a acuerdos cada vez más amplios, más consolidados. Por tanto lo que quiero es, en primer lugar, reconocer a los grupos políticos que esta tarde van a ocupar esta tribuna apoyando la propuesta del Gobierno, y quiero hacerlo en el sentido de que el Gobierno aspiraba sin duda alguna a que hubiera un apoyo como el que tuvo en diciembre del año pasado. Ese apoyo no es posible en el día de hoy -ya veremos esta tarde cómo nos explicamos todos públicamente-, algo ha pasado en la política española que hace que ese apoyo no sea factible, no sea posible, y bien que lo digo lamentándolo. Pero eso supone el mayor reconocimiento del Gobierno a los grupos que han estado dispuestos al diálogo, a los grupos que han ido con el Partido Popular en las últimas elecciones generales -a UPN, a Foro-, a los grupos que han permitido consolidar seriamente la investidura del presidente del Gobierno, del presidente Rajoy -a Ciudadanos, a Coalición Canaria-, a los grupos con los que estamos negociando con fluidez, como estamos demostrando, con la defensa ordenada de nuestras capacidades y de nuestras prioridades y dentro de la normalidad institucional de España, como el PNV, y a grupos como Nueva Canarias, que apoyó los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, hizo un gran ejercicio en favor de la recuperación económica en Canarias y en toda España.

Esta tarde vuelvo a invitar a todos los grupos políticos al diálogo, a la predisposición para el encuentro y, en concreto, al apoyo de la propuesta que hace el Gobierno. Vuelvo a insistir en el agradecimiento a la determinación, a la generosidad, a la visión de Estado, a la lealtad y al compromiso con la estabilidad que están aportando los grupos políticos que hacen posible que el Gobierno traiga su proyecto a esta Cámara. Quiero valorar el compromiso de estos grupos políticos con los españoles, porque sin esa determinación, sin esa generosidad, sin esa visión y sin esa lealtad no sería posible la estabilidad política que estamos siendo capaces de articular y de construir en el Parlamento. No podríamos estar ayudando a tantas personas, a cientos de miles de personas que han conseguido su trabajo en los últimos meses y en los últimos años, como tampoco podríamos dar satisfacción a todos aquellos que lo van a encontrar en los próximos meses y años y, por tanto, no podríamos decir que estamos por la apuesta de la mejora de los servicios públicos o que estamos trabajando en la reforma de nuestro sistema tributario para seguir favoreciendo precisamente a los contribuyentes que menos renta tienen. No podemos abandonar este camino, señorías, y no hay mayor recompensa que la que estamos consiguiendo hacer juntos tantos por tantos.

Muchas gracias, señora presienta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitando la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Saura García. (Rumores). Silencio, señorías.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Montoro... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, ¿usted sabe cuál es uno de los grandes problemas de este techo de gasto, de esta senda de déficit? (Un señor diputado: ¡Tú!). El problema, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal, sobre su amnistía fiscal, es usted, porque no debería seguir siendo ministro de Hacienda del Gobierno. (Aplausos). Además, señor Montoro, no debería traer ningún techo de gasto más ni ninguna senda de déficit a este Congreso de los Diputados, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que usted no cumple con los principios constitucionales, por ejemplo, el de la justicia tributaria, el de la equidad tributaria, porque usted trata mejor a los defraudadores y a los evasores


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que a los contribuyentes normales de este país. Por eso el gran problema de este techo de gasto y de esta senda de déficit es usted, que no debería seguir siendo ministro de Hacienda. (Aplausos).

El segundo problema de esta senda de déficit, de este objetivo de déficit, por el que no estamos de acuerdo, señor Montoro, es porque la vía elegida para hacer el ajuste va totalmente por el lado del gasto social y el gasto productivo, de tal manera que el ajuste para el año que viene va a ser de en torno a 9000 millones de euros, porque la economía va a crecer alrededor del 4,5 en términos nominales y el gasto social y productivo de nuestro país no va a estar por encima del 2,4, fundamentalmente porque el techo de gasto está muy por debajo de la regla de gasto del 2,4. Y por eso, señor Montoro, los datos macroeconómicos no llegan a la mayoría de los ciudadanos, fundamentalmente porque el empleo que se crea es de mala calidad, los salarios son de miseria y el Estado del bienestar se ve recortado porque el crecimiento no llega a esas políticas sociales que se recortaron anteriormente. Por eso los datos macroeconómicos no llegan a la mayoría de los ciudadanos.

El año pasado, por comparar, gran parte del ajuste se hizo por el lado de los ingresos, cambiando normativamente los ingresos tributarios, particularmente el impuesto sobre sociedades, destopando las bases máximas de cotización y subiendo el salario mínimo interprofesional de una tacada -la mayor subida de una vez en la democracia- para subir los ingresos de todos los entes públicos, pero fundamentalmente de la Seguridad Social. El ajuste este año, para el año 2018, se hace exclusivamente por el lado del gasto público. Y se preguntarán ustedes, señorías: ¿Por qué el Gobierno hace todo el ajuste por el lado del gasto público? ¿Por qué se deshace lo hecho en el año anterior? Se lo voy a explicar claramente, señorías: porque la derecha española quiere un gasto público, un gasto social mínimo; lo que quiere es un gasto de subsistencia, eso es lo que quiere. Al final, ustedes quieren que el gasto público se sitúe en el 38 % del PIB. Ese es el objetivo: la sociedad del 38 %. En términos del Estado del bienestar, lo que quieren ustedes, señorías, es que seamos como Letonia o quizá como Lituania o como Rumanía, pero no como Dinamarca, porque lo que quieren es hacer que el gasto público vaya al 38 %, igual que los ingresos, al 38 % en relación con el PIB.

Además, la derecha nos viene ahora prometiendo bajadas de impuestos, y las comparan con las zanahorias, oiga, pero no nos hablan del palo. No hablan de los palos, no hablan de los recortes del Estado del bienestar, no hablan de los recortes que eso supone en becas o en política sanitaria o en las inversiones para reducir las listas de espera o para reducir el fracaso escolar. De esos palos no nos hablan. Nos hablan de la zanahoria, pero no nos hablan del ajuste de caballo por el lado del Estado del bienestar. Y en eso, señorías, con sus zanahorias, vienen los señores de Ciudadanos. ¿A qué? A plantear un parche en el IRPF, de tal manera que el IRPF se va a convertir ya... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

Un segundo, señor Saura. Señorías, por favor, guarden silencio, que no se escucha al orador.

Continúe.

El señor SAURA GARCÍA: Como les decía, señorías, al final el IRPF se va a convertir en un frankenstein, porque, lejos de hacer una reforma en profundidad del IRPF, lo que seguimos haciendo es poner parches. Pero lo más grave no es eso; lo más grave es que los 8 millones de rentas que menos tienen no solamente no van a beneficiar de esas zanahorias, sino que van a perder como consecuencia del ajuste que se tiene que hacer en el Estado del bienestar, porque esos 8 millones de españoles que menos tienen son los que más se benefician del mismo. Estamos hablando de los españoles que están en las decilas con menos renta: la uno, la dos, la tres; los hay que no se benefician en la cuatro y también en la cinco y, sin embargo, tendrán recortes del Estado del bienestar. ¿Por qué no hacer una reforma en profundidad en el IRPF para que estas rentas, las que menos tienen, no sufran recortes del Estado del bienestar? ¿Por qué un nuevo parche? ¿Por qué no una reforma en profundidad? La socialdemocracia plantea, para reducir las desigualdades, no disminuir ni deteriorar las prestaciones de carácter universal sino mejorarlas, incrementarlas, y para eso necesitamos no incrementar el déficit público sino una reforma en profundidad de los impuestos. Por ejemplo, nosotros demostramos que, para el año 2018, con dos reformas concretas se pueden paliar los recortes en 5600 millones de euros, por ejemplo, haciendo que el impuesto sobre sociedades para grandes grupos tenga un mínimo efectivo del 15 % y subiendo los tipos a las rentas de capital para aquellos que tengan una base imponible de más de 150 000 euros. Con eso podemos obtener perfectamente 5600 millones de euros para que el recorte del Estado del bienestar sea menor y, sobre todo, señorías, para que esos 8 millones que menos tienen no pierdan el Estado del bienestar que necesitan para cubrir sus necesidades.


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Un tercer problema, señorías, son las comunidades autónomas. En el debate del techo de gasto y objetivo de déficit anterior demostramos que las comunidades autónomas iban a contar con 5000 millones de euros más para que no tuvieran que hacer recortes. Sin embargo, para el año 2018 las comunidades autónomas van a tener que hacer planes de ajuste por 2500 millones de euros. Miren la diferencia en relación con el año pasado: las comunidades autónomas podían tener más 5000 millones para no hacer recortes y ahora van a tener que hacer recortes en 2500 millones de euros. Porque, señor Montoro, lo de la décima mágica forma parte de la serie de películas 'Montoro y el trilerismo fiscal', de tal manera que te doy una décima por un lado y te la quito por otro; es decir, te doy una décima con un objetivo de déficit algo mayor, pero, como resulta que la reforma fiscal pactada va a valer en torno a 2000 millones de euros -eso es lo que nos han dicho a través de los medios de comunicación-, más de la mitad la tienen que pagar las comunidades autónomas. Luego, señor Montoro, por un lado te doy una décima mágica y por otro te la quito. Trampas a estas alturas, después de que usted haya sido ministro de Hacienda durante cinco años, ninguna.

Un cuarto problema, señor Montoro, tiene que ver con el techo de gasto. No ha querido modificar la regla de gasto, una regla que usted pactó con nosotros que se tendría que modificar en el primer semestre. Lo pactó con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, pero nuevamente ha incumplido.

Hay un quinto problema, señora presidenta, señorías, que es el colmo del esperpento del Gobierno en relación con los objetivos de déficit. El colmo del esperpento, lo patético, es cómo se calcula y recalcula el objetivo de déficit de la Seguridad Social para el año que viene. Si ya era difícil llegar al 1,2 de déficit, cuando este año la Seguridad Social, solo la Seguridad Social, acabe en 2 puntos del PIB, el 1,1 va a ser prácticamente imposible. Mire, señor Montoro, lo de la Seguridad Social con ustedes es pura aventura. Pagar las pensiones en el futuro con su política es pura aventura. Acabaron con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, están pidiendo prestado para pagar la paga extraordinaria y, como no cuadran las cuentas, los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo; un 10 % van a perder entre los años 2017 y 2022. Señor Montoro, eso es lo que sucede con las pensiones.

Termino ya, señorías. Con una desigualdad estructural en nuestro país, con unos ingresos que no llegan al Estado del bienestar, con un problema financiero importante en la Seguridad Social, ustedes abrazan lo que dice la derecha americana republicana sobre que lo importante es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. No; la clave no es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, señor Montoro; la clave es en qué bolsillo está el dinero, y muchos ciudadanos no tienen dinero en el bolsillo. Expliquen la verdad, porque si su objetivo es llegar al 38 % del gasto con relación al PIB, eso implica que las pensiones públicas de ahora y del futuro van a ser de miseria, es decir, que van a sacar dinero del bolsillo de los pensionistas y lo van a poner en el bolsillo de las rentas más altas. Esa es la clave. Digan toda la verdad, la zanahoria y también el palo.

Vamos a votar en contra, en primer lugar, porque se deshace todo lo que se planteó el año pasado, es decir, que el ajuste venga por el lado de los ingresos, y en segundo lugar, porque ese objetivo de déficit y esa senda de déficit y de deuda dibujan un modelo de sociedad insostenible e injusto con el que no estamos de acuerdo.

Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías, señor ministro reprobado, hace apenas seis meses planteábamos aquí que nuestro grupo parlamentario estaba en contra del techo de gasto para 2017, pero no solo esto, sino que estábamos en contra de la lógica tributaria con la que ustedes articulan todo el proceso presupuestario. Y es que en un momento en el que ustedes se llenan la boca de recuperación, hablar de techo de gasto está tremendamente vinculado a las políticas de austeridad. Es un contrasentido hablar de crecimiento económico y de expansión del empleo, como hacen ustedes, y al mismo tiempo seguir diseñando la política presupuestaria desde la lógica de la austeridad. En estos momentos, en lugar de hablar de techo de gasto deberíamos estar hablando de cómo revertir los recortes que se han producido en este país desde el año 2011, deberíamos estar hablando de cómo garantizar una base sólida de ingresos que permitieran financiar el Estado de bienestar y las inversiones públicas, esencialmente porque eso entra dentro de su competencia, esencialmente porque eso es también política presupuestaria y usted básicamente se la pasa por el forro. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor MONTERO SOLER: Le vuelvo a repetir lo que le dije hace seis meses: Ustedes asumen una lógica equivocada y contraria a los principios de la lógica presupuestaria y hasta del propio sentido común. Igual que no se puede empezar una casa por el tejado, ustedes no pueden empezar a cuadrar las cuentas públicas hablando del techo de gasto, porque la conclusión única solo lleva recortes, recortes y recortes o, en su defecto, consolidación de todos los recortes que se han producido hasta ahora. El verdadero problema presupuestario de este país, ministro, y usted lo sabe igual que yo, son los ocho puntos de diferencia en términos de PIB que tenemos en materia de ingresos con respecto a la media de la eurozona. No son los gastos públicos a los que hay que poner techo, de manera que creo que debería preocuparse de recaudar más y de recortar menos; de esa manera, milagrosamente, vería cómo la economía se estimula de una forma más intensa, salvo que le preocupe que ese punto se lo apropie el señor De Guindos, porque últimamente la relación entre ustedes anda nada más que regular. Así que deje de hacernos trampas al solitario y hablemos de cómo asegurar un suelo de ingresos que permita financiar el Estado de bienestar y que asegure unas finanzas públicas saneadas a futuro. No tiene sentido que venga a hablarnos del techo de gasto cuando este techo de gasto para este año es todavía 3500 millones inferior al del año 2016, es incluso inferior al año 2013, el año peor de la crisis. ¿En qué quedamos, señor ministro? ¿Estamos saliendo o no de la crisis? Porque si estamos saliendo de la crisis, no tiene sentido que presupueste por debajo de lo que se presupuestó en el peor momento de la misma.

Mi grupo -lo sabe- hace una propuesta alternativa tanto en términos presupuestarios como en términos de ingresos. Planteamos la necesidad de una expansión fiscal de 19 500 millones, que permitiría crear más empleo y de calidad, reducir las desigualdades y reorientar el modelo productivo. Hacerlo es relativamente simple, y si lo tiene a bien se lo explicamos: elevando el suelo de ingresos de la economía, cubriendo las insuficiencias de nuestro sistema tributario, que tiene agujeros como los quesos de Gruyère, aumentando la progresividad del mismo, no cayendo en las manos de Ciudadanos y en su propuesta regresiva y, sobre todo, ralentizando la cifra de déficit para el año 2018. Nadie nos obliga a tener un déficit del 2,2 % para ese año, nadie. Podemos mantenernos en el límite del 3 %, porque esas décimas permiten consolidar derechos, revertir recortes y tener una mejor sociedad para todos y todas.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Decía la economista Joan Robinson, una economista brillante -probablemente, si hubiera sido hombre en vez de mujer habría recibido el Premio Nobel-, que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Podríamos parafrasearlo para decir que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por el señor Montoro, fundamentalmente porque lo que ha presentado hoy aquí es un engaño absoluto, no solo en términos de la crítica que acertadamente ha hecho el compañero, Alberto Montero, sino porque el techo de gasto ha ido acompañado de un discurso según el cual, gracias a un acuerdo de Ciudadanos y del Partido Popular, se mejora la capacidad económica de las clases populares, ya que, como se les bajan los impuestos, van a tener más dinero.

Hay que hacer un esfuerzo pedagógico muy sencillo. Imaginemos que el señor Montoro les quita todos los impuestos a las clases populares, todos, no solo los 2000 millones, sino todos. Por una parte, las clases populares tendrían más dinero en el bolsillo, evidentemente, pero por otra, como no hay impuestos, no se podrían financiar los servicios públicos: la sanidad, la educación, las pensiones y las prestaciones sociales. Así, las clases populares, con más dinero en el bolsillo, tendrían más difícil acceder a esos servicios, que ahora serían privados y mucho más caros. Lo que el señor Montoro ha conseguido hacer con el señor Rivera y Ciudadanos ha sido poner un poquito de dinero en el bolsillo izquierdo de los ciudadanos y robárselo a mansalva del bolsillo derecho. Ha detraído recursos del Estado del bienestar para poder financiarlo y de esta forma está dificultando las condiciones de vida de la mayoría social. Esto no es nuevo; es el modelo decimonónico, el modelo de los liberales de 1812, a los que tanta referencia hace Ciudadanos; es el modelo del liberalismo del siglo XIX y es a lo que tiende cualquier reforma caracterizada por la bajada de impuestos, eso sí, vendida de esa forma discursiva tan grandilocuente y falsa al mismo tiempo. No por casualidad el salario en su sentido amplio incluye el salario directo, el


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salario en diferido y el salario indirecto, es decir, las pensiones y la capacidad de acceder a los servicios públicos de forma más barata que si fueran privados. Esto es lo que ustedes no están citando; es más, están rebajando la capacidad del Estado para tener unos servicios públicos de calidad. En todo caso, están dando dinero a unas personas con el que, paradójicamente, van a tener más dificultades para acceder a esos servicios a los que hoy pueden acceder gracias al sistema del Estado del bienestar. Es una política incoherente, porque, como hemos repetido muchas veces, no tenemos un problema de gastos, sino de ingresos, y cuando se bajan los ingresos y la recaudación se agrava el problema. Por eso es incoherente y al mismo tiempo es contraproducente. Las crisis en el sistema económico capitalista son cíclicas y eso significa que ustedes están reduciendo la capacidad de intervención en una futura crisis económica, sea recesión o sea simplemente reducción de la actividad económica, de tal manera que están buscando ya la excusa para nuevos recortes. La reforma es injusta, es contraproducente y es incoherente, pero sobre todo es una inmensa mentira liberal contra las clases populares.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Presidenta, señorías, tras las últimas elecciones que tuvimos en este país, Ciudadanos tenía esencialmente dos opciones. Una era apostar por lo que apostaron algunos, que era ir a unas terceras elecciones y apostar por la inestabilidad en un país con un 20 % de paro, con un cien por cien de deuda, con todo el planeta mirándonos para ver si podían o no seguir financiando nuestra gigantesca deuda y, dicho sea de paso, despreciando la voluntad expresada dos veces por los ciudadanos. Teníamos esa opción o teníamos una opción alternativa, que era apostar por la estabilidad e intentar llegar a acuerdos siguiendo el mandato de los ciudadanos y asumiendo el coste que podía tener apoyar a un partido que no nos gustaba. Decidimos apostar por la estabilidad a cambio de una cosa muy sencilla: que hubiera cambios reales y reformas en este país. Pedimos cambios en tres líneas esencialmente. Hablamos del mercado laboral, para intentar abordar los problemas del 'precariado' generalizado en el que vivimos en nuestro país; hablamos y acordamos reformas en la educación y en la innovación para sentar las bases de un modelo de crecimiento viable en el mundo de la globalización; y hablamos de regeneración, para empezar a cambiar la podredumbre que durante tantos años se había instalado en nuestro país. Luego nos explicarán -aunque ya han tenido oportunidad y no lo han hecho- lo que han conseguido los demás. Nosotros, en el año que llevamos de legislatura, hemos conseguido una cuarta parte de las medidas con las que nos habíamos comprometido y que le habíamos exigido al Gobierno. En el ámbito laboral -no hace falta que lo explique, porque lo hemos explicado muchas veces- hemos conseguido un complemento salarial, el complemento salarial naranja, que beneficiará a cerca de 600 000 jóvenes a un coste cero y que estará condicionado a la formación. Tenemos una Ley de autónomos en marcha que beneficiará a más de 3 millones de familias de autónomos que han estado abandonadas durante una década en nuestro país. Además, hace poco se firmaba finalmente la aprobación del cheque de formación, con más de 1000 millones, que podrá permitir acabar con un sistema de políticas activas rotundamente fracasado durante años y dar el dinero directamente a los trabajadores para que ellos mismos puedan elegir cómo formarse. Tenemos los permisos de paternidad. Tenemos todo eso concretado específicamente con beneficios directos y reales para la gente y expresado en los presupuestos. (Aplausos). Además, en el ámbito de la educación, hemos conseguido el Programa Prefe contra el abandono escolar; en el ámbito de la innovación tenemos los cimientos de una red Cervera de transferencia tecnológica para mejorar la conexión entre las pymes y las universidades; en el ámbito de la regeneración, tenemos una Ley integral anticorrupción, un paquete en marcha contra el capitalismo de amiguetes para recuperar la independencia de los reguladores, las comisiones de investigación y podría seguir un buen rato.

En esta última negociación del techo de gasto que hemos mantenido con el Gobierno hemos seguido exactamente el mismo criterio. Hemos dicho: Estamos dispuestos a aportar estabilidad, pero lo vamos a hacer a cambio de que haya mejoras. Es un entorno macroeconómicamente favorable. Desde que hicimos el acuerdo hasta hoy el crecimiento económico ha mejorado, los ingresos públicos han mejorado de manera sustancial y, además, por primera vez en muchos años -lo tendrá que reconocer usted, señor Montoro- se va a cumplir el objetivo de déficit con un ajuste de 15 000 millones; vamos a llegar al 3,1 % marcado con todas estas reformas conseguidas por Ciudadanos. Por tanto, estabilidad y cambios.

Pero, como digo, hemos pedido estabilidad a cambio de una cosa muy importante para aprobar este mal llamado techo de gasto, una rebaja fiscal necesaria para los mileuristas de este país. Por desgracia,


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algunos consideran ese tipo de rebajas fiscales para mileuristas regresivas; esa es la interpretación del nuevo progresismo que tenemos en nuestro país. (Aplausos). La rebaja fiscal es muy sencilla de entender. Hasta hace poco los trabajadores que ganaban hasta 12 000 euros no pagaban IRPF y ahora hasta 14 000 euros no van a pagar IRPF y los que ganan entre 14 000 y 17 000 euros van a pagar menos. Además, hay otra cosa que deben considerar regresiva el señor Montero y el señor Garzón, y es que habrá unas devoluciones concretas para esas familias tan horribles del capitalismo fascista y opresor, que son las familias que tienen dependientes a cargo, que tienen mayores de ochenta años a su cargo, que tienen familias numerosas (Aplausos); ese es el tipo de políticas regresivas que hacemos en Ciudadanos.

En este punto, pasado un año, los ciudadanos quizás querrán reflexionar. Entonces se preguntarán qué ha conseguido Podemos, ese partido de la gente, con sus setenta y dos diputados -más del doble de los que tenemos nosotros- para mejorar la vida de los precarios, de los jóvenes, de los dependientes. ¿Qué han conseguido? Absolutamente nada, ya se lo puedo decir yo. (Aplausos). Lo peor no es que sea solo Podemos, es que tampoco el PSOE ha conseguido absolutamente nada. Antes el señor Saura hablaba de palos y zanahorias. Le voy a decir, señor Saura, lo que ha conseguido usted, ni palos, ni zanahorias, nada, ser absolutamente irrelevante. (Aplausos). Me pregunto qué les dirán a las comunidades autónomas en las que gobiernan si no fueran a tener -como conseguimos nosotros gracias a apoyar el presupuesto pasado- la financiación para la sanidad y la educación, los 5000 millones. ¿Qué les explicarán a los ciudadanos? ¿Les dirán no, lo siento, yo soy del puño en alto, yo soy realmente progresista? ¿Eso es lo que les explicarán? Me pregunto también qué le explicarían a Europa, porque imagino que siguen siendo europeístas. Es verdad que ahora están en contra del comercio internacional, pero el Partido Socialista debe seguir siendo todavía europeísta. ¿Qué le dirían al señor Moscovici si siguiéramos siendo no solo el país con más déficit de la Unión Europea, sino que además no hubiéramos conseguido aprobar unos presupuestos? Ese es el tipo de políticas que nos están ofreciendo los supuestos progresistas izquierdistas auténticos de nuestro país. Nosotros, por el contrario, seguiremos apostando por la estabilidad y apostando por los cambios para ir mejorando este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, presidenta.

Senyores i senyors diputats, ministre, señor Montoro, nosotros nos vamos a oponer a los objetivos de déficit que hoy nos presenta. Tampoco nos gusta el techo de gasto que hoy nos presenta porque consideramos que es absolutamente injusto a nivel social y territorial porque, como nos tienen acostumbrados, cargan de nuevo todo el peso del ajuste en las comunidades autónomas, que son las que concentran el mayor porcentaje del gasto social. Además, lo hacen de nuevo incumpliendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, porque su disposición transitoria primera -como bien conoce el ministro- establece que la distribución de los objetivos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas se hará teniendo en cuenta el déficit estructural de cada administración a 1 de enero del año 2012. Si se siguiera este criterio, al conjunto de las comunidades autónomas le correspondería un objetivo de déficit para el año 2018 del 0,8 % y no del 0,4 % del PIB que usted hoy aquí nos plantea y, aplicando los criterios que ustedes aplican, le correspondería a todas las comunidades autónomas, también a las gobernadas por el Partido Popular. Esta afirmación no solo la hace Esquerra Republicana, sino que también la ha venido avalando la Airef a lo largo de estos años.

Ahora bien, señor ministro, esta semana usted ha tenido que rectificar, se ha visto obligado a modificar su propuesta inicial e incrementarla en una décima. Gracias a esta generosidad inmensa -lo digo entrecomillado-, hemos pasado el 0,3 % al 0,4 %. Eso sí, a costa del déficit -como alguien apuntaba con anterioridad- de la Seguridad Social y no de la Administración General del Estado, que nunca le toca nada; y lejos, claro está, de ese 0,8 % que nos correspondería. Es, pues, una constante que seguimos denunciando desde Esquerra Republicana, el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno del Reino de España de las propias leyes que hace; es decir, aquello que ustedes señalan todo el día a los independentistas resulta que el Gobierno del Reino de España incumple sus propias leyes. Además, vamos a denunciar una vergonzante deslealtad institucional con respecto a Cataluña y al resto de comunidades autónomas, porque son ustedes quienes mayor capacidad tienen -la Administración General del Estado- para ajustar sus cuentas y, de esta manera, lo que están haciendo ustedes es imponer ajustes de forma desproporcionada a unas comunidades autónomas ya de por sí mal financiadas.


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De nuevo, ustedes lo que hacen con este proceder es obligar a las comunidades autónomas a mantener los recortes sociales -a que recorten ellas y a mantener los recortes sociales- mientras autorizan al Gobierno del Reino de España a que siga generando déficit por encima de sus posibilidades. Como siempre, asfixian el gasto social de las comunidades autónomas, a pesar de que ustedes saben que este gasto social se ha visto incrementado en los últimos años por culpa de la crisis, sí, pero también de sus políticas económicas y laborales y de sus recortes sociales, mientras ustedes, el Gobierno del Reino de España, continúan derrochando en armamento, en deficitarios kilómetros de alta velocidad, en el rescate de las autopistas radiales madrileñas; pagando las deudas de los oligopolios amigos, como el bancario o el eléctrico; pagando los desastres de sus amigos empresarios, como es el caso Castor y el señor Florentino; o manteniendo unos ministerios sobredimensionados en tanto que no tienen ya muchas competencias, como es el caso del de Cultura o el de Sanidad; o sea, que ustedes mantienen gastos estatales superfluos mientras están imponiendo recortes sociales a las comunidades autónomas. Están adoptando, a sabiendas, decisiones injustas que, además, perjudican a la ciudadanía. Asimismo, aplican unos objetivos de déficit uniformemente a todas las comunidades autónomas, imponiendo, de nuevo, esta visión centralista sin tener en cuenta el nivel competencial que tiene cada una de ellas, de manera que castigan a aquellas comunidades autónomas con mayor nivel competencial, en este caso Cataluña, que tiene competencias que las quiere asumir y que quiere tener más.

El café para todos, que lo es también en el reparto de los objetivos de déficit, sin tener en cuenta -como decía- el gasto social, sin tener en cuenta las competencias de cada una de las comunidades autónomas, resulta ser una decisión injusta que no tiene que ver con factores externos o ajenos a la actuación y decisión del ministro Montoro. Aquí no intervienen ni las fuerzas telúricas ni el destino ni la mano de Dios; nada tiene que ver; no son los responsables de estos objetivos de déficit que aprueba el Gobierno del Reino de España. El principal artífice y responsable es usted, señor ministro; es usted, señor Montoro. Ello supone un claro boicot del Gobierno de España a la economía catalana, a la ciudadanía catalana, a toda la ciudadanía catalana, también a la que le vota a ustedes. La distribución que hace su Gobierno es totalmente arbitraria sin corresponder a cualquier otro criterio conocido objetivo, más allá de los intereses que puedan tener como administración; ni en relación con el peso del gasto de cada Administración ni teniendo en cuenta ni considerando las posibilidades de ajuste según el tipo de gasto.

Señor Montoro y resto del Partido Popular, aplíquense la austeridad que predican y dejen de dar lecciones y de apretar las tuercas a aquellas comunidades que, como Cataluña, tienen una eficiencia económica y financiera de la que deberían tomar ejemplo. Resulta curioso -antes lo decía- que en todos estos años el Gobierno central, la Administración General del Estado, no ha hecho ningún esfuerzo de contención, como sí lo han tenido que hacer, lo han hecho y se han apretado el cinturón los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En resumen, señor Montoro, creemos que su propuesta es una trampa más. Está jugando con el dinero de los ciudadanos haciendo una especie de subasta o de tómbola permanente, ofreciendo a diestro y siniestro aquello que desea para conseguir el apoyo a lo que representa ya un avance de la aprobación de los presupuestos de 2018. Le recordamos que es usted un gestor del dinero público, no su propietario.

Por otro lado, con este objetivo de déficit -señora presidenta, voy acabando- y con los recortes en impuestos ustedes están renunciando a la obtención de mayores ingresos y a potenciar el Estado del bienestar. No estamos a favor de rebajar impuestos, sino de redistribuirlos y cambiar la carga impositiva, de bajar los impuestos a las rentas bajas y medias. Pero esta rebaja debe estar debidamente compensada por el incremento de los impuestos a las rentas más altas, a las grandes fortunas, y por perseguir a los defraudadores y a los evasores fiscales. Las rebajas de los ingresos significan recortes sociales y en el nivel de calidad de los servicios. En definitiva, perjudican a las rentas más bajas, que son las que ustedes dicen beneficiar. En todo caso, los objetivos de déficit que hoy ustedes aprobarán son una muestra más de la política económica incoherente del Gobierno del Reino de España, del Gobierno al que da apoyo el Partido Popular, a la que hoy nosotros, Esquerra Republicana, votará en contra y a la que los ciudadanos de Cataluña podrán decir adiós votando el próximo 1 de octubre.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.

El procedimiento de fijación de los objetivos de déficit y deuda constituye, como ha dicho el señor ministro, un marco previo para la posterior elaboración y aprobación de los presupuestos. Señor ministro, hoy nos trae la propuesta del Gobierno de fijación para el periodo 2018-2020 del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública, un objetivo encaminado a la reducción del déficit público comprometido con las instituciones europeas. Tengo que mencionar que, aunque el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones se mantiene, en tan solo unos días se ha dado un giro en cuanto a la rebaja del déficit de las comunidades autónomas, pasando desde un 0,3 % a un 0,4 %, lo cual en principio les da un poco más de respiro a pesar de que también les acecha la regla de gasto. Este grupo entiende además que los objetivos de déficit y deuda se han repartido de manera injusta durante los últimos años entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Asimismo, estos objetivos son simétricos, uniformes para todas ellas, sin tener en cuenta la diferente posición económica, el diferente crecimiento económico entre unas y otras ni tampoco, en el caso de las comunidades autónomas forales, su autonomía fiscal, que les permite adoptar decisiones de gasto financiadas por aumentos de los tributos que regulan. Cada administración tiene una situación económica y presupuestaria distinta, y por ello se debería permitir un nivel de déficit diferenciado. En definitiva, discriminar el déficit público de cada comunidad en función de la situación real, aunque entiendo que esto exigiría una mayor coordinación y solidaridad, y no sé si en general se está por la labor.

Los objetivos de déficit y deuda, además, conllevan la fijación del techo de gasto, que, aunque se ha ampliado respecto al del año pasado en tres décimas y junto con el nuevo objetivo de estabilidad permitirá a las comunidades autónomas hacer unos presupuestos algo más expansivos, sigue siendo un límite que ha de regir en el presupuesto de cada institución, presupuesto que ha de ser un instrumento de política económica eficaz para que después de hacer frente a los pagos corrientes y las obligaciones sociales se utilice para incentivar la creación de empleo e inversiones en aquellos sectores que sean más competitivos. La fijación del techo de gasto es un instrumento de técnica presupuestaria. Una vez que se estiman los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario, que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad, por lo que un nivel más alto de ingresos permitiría un límite de gasto superior, siempre por supuesto que se cumpliera el objetivo de estabilidad. Por tanto, el foco no necesariamente debe estar en el gasto, sino también en los ingresos, en conocer o verificar si las estimaciones son correctas y en la mejora del déficit de recaudación tributaria.

Por otro lado, quiero incidir en un aspecto que nos sigue preocupando, y no es otro que la regla de gasto, una regla que es beneficiosa para el cumplimiento de los objetivos que se han asignado a España, pero que a su vez limita las facultades de las comunidades autónomas y ayuntamientos porque limita su capacidad de gestión, ya que obliga a cada una de las administraciones a que no gaste más en cada ejercicio de lo que gastó en el ejercicio anterior, incrementado por un porcentaje que es el incremento del PIB nominal a medio plazo, es decir, la tasa de crecimiento potencial de la economía, tasa que en algunas comunidades autónomas es inferior al potencial real de crecimiento a medio plazo. Es una regla que se decidió en el año 2012 en un escenario que poco tiene que ver con el actual, con una economía en crecimiento después de años de ajuste y que es más restrictiva que la de la propia Unión en cuanto a su metodología y su aplicación. La gran diferencia es que en Europa no se aplica mientras el Estado tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. La aplicación de la regla de gasto, tal y como se contempla en la Ley de estabilidad, puede producir en aquellas administraciones públicas que se aproximan al equilibrio presupuestario, es decir, que cumplen los objetivos de déficit, una imposición de un gasto público más restrictivo del que resultaría compatible con el objetivo de déficit; dicho de otra manera, a un déficit inferior al fijado por el objetivo de estabilidad. La existencia de esta regla limita el crecimiento de gasto, dando lugar a un mayor superávit, superávit que solo puede utilizarse para amortizar deuda o, siempre que se respete la regla de gasto, se destine a inversiones financieramente sostenibles. Entendemos que esta flexibilización es insuficiente una vez cumplidos por las administraciones públicas los objetivos de déficit y deuda y, por tanto, que todo el ahorro debería poder destinarse a la mejora del crecimiento económico.

Somos conscientes de que nos encontramos todavía es un escenario un tanto complejo y por ello el equilibrio entre mejorar el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas con políticas expansivas y cuadrar las cuentas hasta que no haya déficit hace difícil la toma de decisiones, pero a pesar de esto nuestro grupo le pide, señor ministro, que sean conscientes de los aspectos mencionados, que se


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replanteen en el medio plazo la redacción de la Ley de estabilidad y tengan en cuenta la posibilidad de fijación diferenciada de objetivos, así como lo dicho para la regla de gasto. Los límites de déficit y deuda siguen siendo límites duros que van a seguir exigiendo rigor. La recuperación y consolidación del espíritu de bilateralidad del concierto económico, a través de las reuniones entre los Gobiernos vasco y central, nos permitió ya el año pasado acordar con ustedes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y ha sido un factor importante, junto con el acuerdo sobre el cupo alcanzado en mayo, para la aprobación de los establecidos en el acuerdo que hoy estamos debatiendo. Confiamos en que siga existiendo una voluntad firme de cumplir con lo establecido en el concierto económico y que podamos seguir manteniendo reuniones dentro de ese clima de cordialidad y respeto institucional mutuo.

Por eso, y con todas estas matizaciones realizadas, nuestro grupo va a votar favorablemente, porque valoramos que en un clima de bilateralidad, cordialidad y respeto institucional mutuo podremos tener la oportunidad de ir acercando posturas hasta conseguir una aplicación de la normativa mucho más racional y ajustada a nuestra propia realidad social y económica. Y porque, además, somos conscientes de las limitaciones de la gobernanza europea, del contexto de dificultad actual y de la necesidad de una estabilidad económica. En definitiva, por ser positivo para Euskadi, por coherencia y responsabilidad. Entendemos que la negociación y el acuerdo deben ser la norma y no la excepción y este es, además, el mensaje que nos han dado los ciudadanos y ciudadanas.

Eskerrik asko. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Señor ministro, muy brevemente. Un año más le vamos a tener que votar en contra de esta distribución de objetivos de déficit y le voy a recordar por qué. Por el mismo motivo de siempre: incumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley de estabilidad presupuestaria. Acuérdese, aquello que pactamos; nosotros votamos a favor de la Ley de estabilidad presupuestaria por esa disposición transitoria. ¿Qué hacen con la distribución de objetivos de déficit de este año? Para la Administración central y la Seguridad Social -las áreas de su responsabilidad- ustedes se reservan el 82 % de todos los objetivos de déficit. A las comunidades autónomas les ceden el 18 %, cuando están gestionando el 33 % del gasto público en el Estado español; solo el 18 %. Esto es con la distribución de este ejercicio presupuestario, pero veamos qué ha pasado. Años 2011 a 2016, ejercicios cerrados. De toda la reducción del déficit que se ha producido en el Estado español, 4,8 puntos, ¿quién la ha generado? Se lo explico. Comunidades autónomas, el 52 %; corporaciones locales, el 22 % y la Administración central y la Seguridad Social solo el 25 %. Por tanto, está claro que los objetivos de déficit son para que los estén asumiendo, estrictamente, las comunidades autónomas.

No me resisto a leerles -saben que normalmente no leo- un párrafo del acuerdo que hoy someten a consideración, aquel acuerdo de 7 de julio que rectifica el de 3 de julio, y que a mí me gusta definir como la semana fantástica. ¿Qué ha pasado la semana fantástica? Esto sucede en la semana fantástica -y leo textualmente- del 3 al 7 de julio: La evolución de la situación financiera, tanto de la Seguridad Social como del conjunto de las comunidades autónomas, aconseja reconsiderar la distribución de los objetivos de déficit que se contempló en aquel acuerdo. Esto, el 3 de julio. Es decir, que del 3 al 7 de julio la situación financiera de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas ha evolucionado de tal forma que permite modificar una décima. ¿Qué es lo que constatamos? Que la distribución de los objetivos de déficit es absolutamente arbitraria, no responde a ningún criterio y que si en cuatro o cinco días se puede cambiar una décima, en un mes se podrían cambiar cuatro décimas. Ya se lo han dicho: les correspondería a las comunidades autónomas el doble de los objetivos de déficit que les están asignando. Por tanto, una vez más, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señorías, permítanme un apunte previo. Ayer conocimos la liquidación del sistema de financiación de 2015 que se incorporará en las arcas, en nuestro caso de la Generalitat, y que esta cifra, junto con el


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sistema de financiación ordinaria, vuelve a situar a la Comunidad Valenciana como la peor financiada. Ayer, en un tuit, el señor Barrachina, diputado del PP por Castellón, se tomó la licencia de decir que la Comunidad Valenciana recibe financiación adicional cuando realmente lo que recibimos son préstamos. Además, permítanme que les diga dos verdades que demuestran la realidad. Una es que la Comunidad Valenciana no dispone de financiación adicional, sino de un déficit de financiación, y dos, que los que sí que han tenido financiación adicional han sido ustedes con la Gürtel, con la caja B, con Blasco, etcétera. Por otro lado, Compromís quiere volver a denunciar la arbitrariedad del Gobierno en la fijación de los objetivos de déficit, porque no es posible que si las comunidades autónomas asumen el 40 % del gasto social, solo tengan el 18 % del margen de déficit público. Esto es a todas luces una injusticia que a ustedes les ha permitido maltratar política y económicamente a las comunidades autónomas.

Pero vamos más allá. El grupo valenciano no avalaría el techo de gasto -aunque aumentase suficientemente-, ni el objetivo de déficit -aun siendo equitativo-, si el presupuesto resultante de todo este proceso siguiese permitiendo realidades como la que escuchamos la semana pasada de Karim, un agricultor, que en Albacete denunció situaciones laborales de cuasi esclavitud, o como los miles de personas que en mi tierra están trabajando por 3 o 4 euros la hora y con jornadas de trabajo maratonianas. Esta es la realidad de nuestro país, señor Montoro: no se crea empleo, se reparte miseria; y, por cierto, eso es lo que ha conseguido también el partido Ciudadanos.

Termino. El grupo valenciano vino a Madrid a dos cosas: A exigir un trato justo para nuestro pueblo y a rescatar personas, y de ahí no nos movemos.

Gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Votaremos no tanto al techo de gasto como a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para el periodo 2018-2020. No podemos dar por bueno que en Madrid decidan por nosotros cuánto podemos gastar o endeudarnos y que lo hagan sin tener en cuenta nuestra situación económica de partida ni las políticas públicas a implementar. No podemos dar por buena la prioridad del control del déficit, la apuesta por la austeridad. No nos parece aceptable que el Estado se siga reservando la mayor parte del déficit cuando son las comunidades autónomas las que realizan la mayor parte del gasto social y un tercio del gasto público y que deja a estas, junto con las entidades locales, con un margen cada año más estrecho para actuar. Eso se traduce en que la comunidad autónoma vasca contará con 140 millones menos y Nafarroa con 36 millones menos, por las dos décimas que baja el techo de gasto. No aceptamos el ataque a las competencias y la autonomía que encierra la Ley de estabilidad, que está limitando las posibilidades de las entidades locales de actuar ante las necesidades sociales más cercanas, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos; ayuntamientos que, aun teniendo superávit y una deuda totalmente controlada y proyectos sociales a desarrollar, se ven obligados a destinar ese superávit al pago de la deuda, a realizar planes financieros por no cumplir la regla de gasto, aun contando -repito- con un situación totalmente controlada y saneada, lo que les impide trabajar e invertir en las necesidades de la ciudadanía.

Comunidades autónomas y municipios necesitan poder hacer uso de los recursos de que disponen para asegurar la cohesión social, para apuntalar el tejido productivo, para generar actividad económica, para reducir el paro, para ayudar a quienes más lo necesitan. Necesitan poder decidir cuánto, cuándo y cómo gastar, y se encuentran con una Ley de estabilidad antisocial, austericida, que ataca frontalmente el entramado institucional, recentralizadora, neoliberal, que nos impone el techo de gasto. En última instancia, son reglas ajenas a nuestra realidad que limitan nuestra capacidad de acción y, por tanto, nos imposibilitan realizar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Por todo ello, Euskal Herria Bildu votará no.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendariz.

El señor SALVADOR ARMENDARIZ: Gracias, señora presidenta.

En estos días muchos españoles e instituciones recuerdan a Miguel Ángel Blanco Garrido. (Aplausos). Señorías, yo también quiero agradecer el ejemplo de las familias de todas las víctimas de ETA que, por encima de su dolor, conservaron su claridad moral y su fe en que entre nosotros, entre los políticos, con


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la fuerza del Estado de derecho y la firmeza de la ley, acabaríamos con la violencia y el odio. Hoy toca una vez más devolverles la confianza que depositaron en nosotros y decirles que nuestro compromiso sigue vivo; vivo en la lucha por ganar espacios a la libertad, empezando por Alsasua; vivo en el combate de los radicalismos que aún justifican la actividad criminal y pretenden mantener en pie su proyecto totalitario; y vivo para enfrentarnos al odio y a tantas mentiras con un relato veraz y real de lo que padecimos, con buenos y malos, valientes y cobardes, víctimas y verdugos, héroes y villanos. (Aplausos). Voy al tema, señorías. Gracias, señora presidenta.

Imagino que a ninguno le sorprenderá el sentido de nuestro voto esta tarde. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Nuestro voto al acuerdo será que sí y, como tengo muy poco tiempo para dar mis razones, las voy a enunciar exclusivamente, señor Montoro. Uno, porque es coherente con lo que decidimos hace estrictamente seis meses. Dos, porque tenemos un acuerdo de largo recorrido con ustedes, con el Partido Popular, con el Gobierno que afecta a Navarra y que hoy reafirmamos y renovamos. Y quisiéramos que fuera así porque, además, seguimos obligados a suplir la falta de voluntad y ambición del Gobierno abertzale de Navarra con el futuro de nuestra comunidad. Tres, porque se están cumpliendo aquellos objetivos económicos y presupuestarios previstos en todo caso, es decir, que no han cambiado las circunstancias a peor como para modificar el sentido de nuestro voto. Cuatro, porque sabemos que la aprobación del acuerdo hoy da estabilidad, la estabilidad genera confianza y la confianza es la base del crecimiento en un círculo virtuoso que nosotros defendemos. Cinco, porque creemos que sería una equivocación hoy revisar las reformas y los acuerdos que precisamente nos han llevado a revertir esta situación de crisis. Y por último, como es obvio, porque no compartimos esa filosofía que algunos grupos defienden de que cuanto peor, mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Hace casi siete meses que respaldamos con el voto de Foro los objetivos planteados por el Gobierno encaminados a la reducción del déficit público, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, adaptando las cuentas públicas a las directrices del Consejo de la Unión Europea. Hace unos días que las Cortes Generales aprobaron, también con los votos de Foro, los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que recogen, en el caso específico de Asturias, partidas presupuestarias muy importantes para atender grandes prioridades que dan cumplimiento al programa de cambio político con el que PP y Foro comparecieron en las elecciones. Para Asturias es la primera vez en muchos años que se concretan expectativas presupuestarias para avanzar en obras y proyectos de infraestructuras imprescindibles, como la alta velocidad ferroviaria, el plan de vías de Gijón o, en materia de carreteras, la Ronda Norte de Oviedo y la autovía del suroccidente, así como actuaciones de impulso socioeconómico para las cuencas mineras, medioambientales y de reindustrialización, entre otros aspectos destacados. Ninguno podría llevarse a término sin la aprobación del límite de gasto no financiero planteado por el Gobierno, que Foro comparte, y que aumenta en una décima las previsiones iniciales, lo que hace aún más incomprensible el cambio radical del Partido Socialista, que en diciembre votó a favor de los objetivos de déficit, pero que hoy, Pedro Sánchez de por medio, va a votar en contra aunque ello suponga arrastrar en su deriva nociva y perjudicial a España a la inestabilidad y también a que comunidades como Asturias se vean excluidas de imprescindibles y grandes avances presupuestarios si se rechazase el techo de gasto.

Señor presidente, no quisiera abandonar esta tribuna en estas fechas emotivas sin tener un recuerdo para Miguel Ángel Blanco, para todas las víctimas del terrorismo; para tus padres, María del Mar, para ti. Miguel Ángel, Míguel, sigue en el corazón de millones y millones de españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, Coalición Canaria mantuvo una posición de abstención en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera porque considerábamos, igual que la portavoz del PNV, que no tenía sentido que


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cuando se cumple el déficit -en el caso de Canarias se va a cumplir y, no solo eso, sino que va a ser déficit cero en este ejercicio-, el superávit que se produce vaya a compensar a las comunidades que no cumplen el déficit -y no voy a nombrar a ninguna-. Nosotros creemos que el sacrificio no lo hace un Gobierno, no lo hace una fuerza política, lo hacen los ciudadanos y la comunidad canaria, que estaba en el 35 % de paro en 2013, está ya en el 25,7 %. Pero queda mucho camino, quedan 220 000 parados y necesitamos reinvertir ese superávit en la propia sociedad para crear empleo. Ese es nuestro objetivo. El techo de gasto no es solo el techo de gasto, es la posibilidad de que 8000 ayuntamientos y 17 comunidades autónomas tengan presupuesto. Quizás el Estado puede prorrogar unos presupuestos, como nos pasó en este ejercicio, pero desde luego los ayuntamientos -y se lo dice una persona que fue durante once años alcaldesa- o las comunidades autónomas no pueden tener un presupuesto prorrogado porque eso afecta a los servicios esenciales y al empleo.

En ese sentido, nosotros vamos a apoyar el techo de gasto, creyendo y esperando que la forma definitiva de esa posibilidad de reinversión del superávit generado en aquellas comunidades que cumplimos el déficit quede resuelto en los presupuestos del 2018.

Mari Mar, desde luego, son veinte años de un antes y un después. Mi solidaridad, mi recuerdo y mi emoción para ti, tu familia y toda la ciudadanía vasca.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Buenas tardes a todas y a todos, señorías.

Nueva Canarias se abstuvo en diciembre del año 2015 y volverá a hacer lo mismo en este debate. No podemos votar a favor porque no compartimos las políticas del Partido Popular: les hemos dicho que estamos en contra de la degradación de los servicios públicos, estamos en contra de la precarización en el empleo y estamos en contra del crecimiento a través de la devaluación interna. Estamos en contra de esto. Ahora, dado que no es posible el cambio político en España -en esta Cámara la responsabilidad de quién ha impedido eso está clara-, nosotros vamos a aprovechar que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta para conseguir algunos logros que, en nuestra opinión, hubiesen sido impensables en la etapa anterior. Por eso hemos planteado mejoras que sabemos que no son todas las que compartimos, pero sí son razonables. Desde luego, el concepto de que por una vez las comunidades autónomas vean mejorada su capacidad de financiación para atender sus importantes responsabilidades en el mantenimiento de los servicios públicos -de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales- es una noticia razonablemente positiva. Una décima más es verdad que es una décima, pero son 1000 millones de euros, y esta garantía en el año 2019 no deja de ser una ayuda para mantener lo que hay que mantener mientras conseguimos que cambien las cosas en el Estado.

Y después hay una cuestión importante que tal vez se ha señalado poco -no se lo hemos escuchado al ministro-, y es la cuestión de la regla de gasto. Nosotros hemos oído hablar -y estamos de acuerdo- de que hay que reinterpretar la regla de gasto para tratar de conseguir que las corporaciones locales que han hecho el máximo esfuerzo, que han conseguido superávit, tengan al menos la posibilidad de gastar esa parte de su superávit en atender las numerosísimas necesidades que tiene la población de los múltiples municipios españoles que han cumplido todos estos años con el déficit cero y además han sido capaces de generar ahorro. Confiemos en que esa sea la dirección; en ese caso, cuenten ustedes con nuestra abstención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Quevedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Olano Vela.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señor ministro.

Al igual que el señor Salvador, el señor Oblanca y la señora Oramas, quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de Miguel Ángel Blanco (Aplausos), cuyo asesinato ocurrido hace veinte años marcó un punto de inflexión en la determinación del conjunto del pueblo español para acabar con la violencia de la banda terrorista ETA. Asimismo quiero mostrar mi absoluta repulsa hacia aquellos que pretenden mantener una postura equidistante entre víctimas y verdugos, negándoles a las primeras, a sus familias y al conjunto de sus vecinos el recuerdo y el reconocimiento que las víctimas se merecen. (Aplausos).


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Volviendo al tema que nos ocupa, mi grupo va a apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero para los presupuestos del año próximo aprobado por el Gobierno, previsiones que consideramos prudentes y realistas y que contemplan un reparto justo del déficit entre todas las administraciones públicas. Señorías, que la política económica y de creación de empleo llevada a cabo por este Gobierno en los últimos años es un éxito lo discuten muy pocos fuera de esta Cámara, muy pocos, y ello porque los datos lo demuestran. Somos el país de la Unión Europea que más empleo crea, más de 672 000 nuevos empleos el último año, y hemos sido capaces de recuperar dos de cada tres empleos destruidos por la crisis. Nuestra economía es la que más ha crecido de las grandes de la Unión Europea estos dos últimos años y volverá a hacerlo en 2017 y 2018 si se cumplen las previsiones de todos los expertos. Siendo esto cierto, que lo es, sinceramente no veo el motivo para cambiar radicalmente las políticas que están dando un resultado tan positivo.

Pese a esto, los portavoces de Podemos y Compromís se empeñan día a día en trasladar a la opinión publica una fotografía de España que se parece más a un suburbio de Somalia que a la realidad, y lo cierto es que las cifras y los hechos cada mañana se lo rebaten. Yo le reconozco la virtud de la perseverancia, pues ese trabajo debe ser agotador, pero realmente lo que ustedes venden y lo que ustedes pretenden dibujar no se acompasa con la realidad. No quieren ustedes cumplir el objetivo de déficit público, lo que aumentaría la deuda y la financiación se encarecería sustancialmente, detrayendo recursos para sufragar el Estado de bienestar; están ustedes en contra del libre comercio, lo que reduciría las exportaciones y volvería el déficit exterior. Subirían salvajemente los impuestos -hoy lo han dicho otra vez-, 19 500 millones de euros, no solo a los ricos sino a todos los españoles, para lograr esa cifra, señorías, lo que retraería el consumo interno, una de las palancas de la recuperación económica. En definitiva, populismo puro y duro que solo traería miseria y pobreza.

Señor Roldán, portavoz de Ciudadanos, usted presume de todo lo que consiguen. ¿No se les ha ocurrido pensar que si ahora se pueden hacer ciertas cosas es porque antes se hicieron otras que permiten ahora determinados márgenes? (Aplausos).

Señorías, el acuerdo del Consejo de Ministros que hoy debatimos establece el techo de gasto para 2018 en 119 834 millones, aumentando en 1497 millones con respecto a 2017, un incremento del 1,3 % que permitirá seguir reduciendo el déficit público a la vez que impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, y asimismo blindar la protección social para aquellos que todavía no perciben los efectos de la recuperación. Aun así, insisten en hablar de recortes cuando lo que hay es un aumento del gasto de prácticamente 1500 millones de euros para el año próximo.

El déficit público para 2018 que votamos hoy es el mismo que se estableció en diciembre del año pasado -menos 2,2 %- y su reparto entre las distintas administraciones públicas es similar al que hace meses se acordó con las comunidades autónomas. Digo similar porque finalmente se ha rebajado el objetivo para las comunidades autónomas en una décima, de forma que el mayor esfuerzo lo realizará nuevamente la Administración General del Estado, permitiendo más holgura en el gasto, hasta 1200 millones de euros, a las comunidades autónomas. El déficit establecido del menos 2,2 % permitirá por fin a España salir del procedimiento de déficit excesivo en que nos metieron los socialistas allá por el año 2009.

Señorías, cuando se afirma que el grueso del esfuerzo en la consolidación de las cuentas públicas lo han realizado las comunidades autónomas no se dice la verdad. En el año 2011, el Partido Socialista dejó un déficit en la Administración central del menos 5,27 % y terminará 2018 con el menos 0,7 % del PIB. Por su parte, en el año 2011 las comunidades autónomas cerraron con un déficit del menos 3,35 % del PIB y cerrarán en 2018 con un déficit del menos 0,4 %. La realidad es que la Administración central ha hecho un ajuste de 4,5 puntos del PIB y las comunidades autónomas de 2,95. Y si sumamos el déficit de la Seguridad Social, el ajuste todavía sería mayor en el caso de la Administración General del Estado. Cuando hace unos meses tuvimos este mismo debate, hicimos hincapié en el ejercicio de responsabilidad que estábamos haciendo los distintos grupos políticos. Dijimos que era positivo para la estabilidad política y para trasladar confianza en nuestra economía. Pues bien, señorías, hoy debatimos la misma senda de reducción del déficit público para 2018 y 2019, exactamente la misma. Sin embargo, el Grupo Socialista se desdice y pasa -cito textualmente al portavoz socialista de aquella ocasión, que es el mismo de esta tarde- de valorar positivamente los objetivos de déficit públicos a rechazarlos de plano. Señor Saura, cuando lo justifica con los recortes en el Estado del bienestar, le recuerdo que en los presupuestos generales para 2017 el gasto social es superior en 12 000 millones de euros al último que aprobaron ustedes en el


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año 2011, 12 000 millones de euros. Por tanto, no hablen de recortes del Estado del bienestar porque nada más lejos de la realidad. (Aplausos). Señorías, ¿qué ha cambiado en estos meses para que el Grupo Socialista pase de un sí a un no? ¿Qué ha cambiado para que ni siquiera se hayan querido sentar a negociar con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular? ¿Qué ha cambiado para que el Grupo Socialista se haya bajado del barco de la responsabilidad y del diálogo y se abrace ahora con los populistas y con aquellos que quieren romper España? Es una lástima que su portavoz no haya querido explicar si estamos ante la vuelta del 'no es no' a todo y si en adelante continuarán situándose al lado de Podemos, Bildu y Esquerra Republicana, dando la espalda a la mayoría de los españoles.

Termino, señorías, agradeciendo a Foro Asturias, a Unión del Pueblo Navarro, a Coalición Canaria, al PNV y a Ciudadanos su predisposición al diálogo y su voluntad de llegar a acuerdos. Y por último, quisiera poner en valor el buen hacer del ministro Montoro y de su equipo, que por segunda vez en la historia habrán heredado un país con todos los problemas económicos imaginables y lograrán, para asombro de muchos, superarlos una vez más. Desde aquí le traslado todo el apoyo, consideración y reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olano.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras en este turno de réplica para recordar lo que supuso para todos la pérdida de Miguel Ángel Blanco hace veinte años. Hace veinte años yo estaba en el Gobierno de España -era secretario de Estado de Economía- y entre todos tuvimos la fortaleza moral de afrontar las consecuencias de un asesinato -un asesinato más- que se cebó con un joven economista. Ese asesinato llevó a la Secretaría de Estado de Economía a reflexionar sobre qué sentido tenía la política que estábamos haciendo en aquel momento para que España fundara el euro, para que España abriera una etapa de prosperidad y de creación de empleo. Precisamente son ejemplos como el de Miguel Ángel Blanco los que nos hacen repudiar las conductas que utilizan la política para provecho propio en vez de buscar el interés general con independencia de los puestos que ocupemos. Por eso decía que realmente su recuerdo y el de todas las víctimas del terrorismo inspiran la acción política del Gobierno de España.

Dicho esto, en primer lugar paso a agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, un apoyo explícito que da sentido a la acción del Gobierno del Partido Popular y del presidente Rajoy. En el año 2011, cuando ganamos las elecciones generales, entendimos perfectamente el mandato que recibíamos. El mandato era realizar una acción de Gobierno que superara la peor crisis económica que estaba provocando una auténtica fractura social y política en España. Ahora, en el año 2017, cuando estamos realizando una nueva propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y, en definitiva, abriendo las puertas a la realización de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, es precisamente cuando podemos decir que nuestro trayecto y nuestro compromiso es cumplir con el mandato de acabar con esa crisis económica. Eso es lo que nos inspira y nos hace continuar en nuestros cargos aún siendo un Gobierno en minoría, apoyado por un grupo parlamentario sin fisuras, sólido y comprometido con el mandato de las urnas, para a través del diálogo político poder desarrollar las políticas presupuestarias y económicas que están siendo capaces de acabar con el peor legado de la crisis, que es el paro.

Quiero también agradecer el apoyo de los demás grupos políticos -como ya he hecho en mi primera intervención- que votarán favorablemente. Quiero agradecer expresamente el apoyo de Ciudadanos, con los que estamos desarrollando los acuerdos de investidura y los programas de reforma tributaria que concretaremos en los Presupuestos Generales del Estado, en coherencia con la corrección de los objetivos de déficit público. Cuesta entender que se critiquen esos acuerdos comprometidos con la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las personas con renta más baja y que apuestan por deducciones de la cuota del IRPF para las personas que más lo necesitan: personas con discapacidad, personas mayores con consecuencias en términos de dependencia en forma de carga familiar. Es incomprensible la actitud de crítica que ha mostrado la izquierda contumaz -esta que nos tiene acostumbrados a que le parezca todo mal, venga lo que venga-, porque en términos de progresividad fiscal no se puede hacer más. Nuestra propuesta es reducir el impuesto sobre la renta precisamente para las personas que menos renta tienen, favoreciendo las deducciones en la cuota. Por cierto, es un sistema que introdujimos en la reforma del IRPF del año 2003 para las mujeres trabajadoras con hijos a su cargo,


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un sistema de deducciones de la cuota que en los presupuestos de 2018 tendremos que mejorar y extender.

Al señor Saura creo que ya le ha contestado muy bien el señor Olano. Señor Saura, le contesto con el Diario de Sesiones de este mismo debate y con las palabras del portavoz socialista. Haré una cita literal, agradeciendo el trabajo que hacen las taquígrafas en la reproducción de nuestras palabras y también a veces de nuestras expresiones en el Diario de Sesiones. Decía el portavoz socialista: "Es que el sello de la socialdemocracia española, el sello del socialismo español, el sello del Partido Socialista está en los acuerdos y está en los objetivos de déficit para el año que viene, para el año 2017". Cierro comillas. Eso dijo el portavoz socialista. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? (Risas). Que un espíritu ha llegado a iluminar al Grupo Parlamentario Socialista, porque, insisto, es un espíritu de fuera, y se acabó esto. (Rumores). No pongamos excusas, ustedes están ya en otra cosa. Bien, de acuerdo, pero les voy a recordar que llevan en otra cosa desde el año 2011, les voy a recordar que no han apoyado una sola de las medidas que nos están haciendo posible la recuperación económica y recuperarnos de la crisis (Aplausos), les voy a recordar que ustedes estuvieron en contra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No han hecho nada por superar esta crisis económica, nada, solo quejarse, pero para quejarse ya está allí la izquierda contumaz. (Rumores). Pero bueno, allá ustedes. No tiene ninguna lógica -no podía tenerla, porque el argumento que ha utilizado el señor Saura es realmente notable-...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor ministro.

Por favor, les ruego silencio.

Continúe.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias.

Los datos macro no los vive la gente. ¡Vaya hombre, yo creía que los datos macro los hacía la gente! Cuando se dice que incrementa el consumo familiar, ¿qué incrementa?, ¿el consumo de los consejeros del Ibex? Cuando decimos que aumenta la inversión en bienes de equipo en las empresas españolas, ¿quién lo hace?, ¿no lo hace la gente que está invirtiendo? O cuando decimos que el nivel de exportación de la economía española está en un 35 % de nuestro producto interior bruto, ¿no lo hacen las personas, no lo hacen los que están fabricando y produciendo bienes y servicios en España? O cuando estamos desarrollando una industria como la del turismo, con esa potencia y esa capacidad, ¿no lo hace la gente de nuestro país, no lo hace el sector hotelero y hostelero, no lo hacen los trabajadores de esos sectores económicos? ¿No vive la gente esa recuperación? ¡No, no la vive la gente! ¡No entiendo cómo paga impuestos la gente, de verdad, no lo entiendo! Le voy a dar un dato. En la campaña de renta que se acaba de cerrar el 31 de junio ha aumentado la recaudación sobre el año anterior un 13 %, lo cual quiere decir que hay mucha gente que ha declarado, no en negativo, sino que está financiando correctamente a la Hacienda pública porque ha generado rentas. Repito, ha habido un 13 % de crecimiento. Además, dice que el ajuste que proponemos es un ajuste sobre la reducción del gasto. ¿Pero cómo va a ser sobre la reducción del gasto? ¿De dónde saca esto? Vamos a ver, traemos un escenario económico cuyo crecimiento al menos aporta del orden de 10 000 millones de euros en términos de ingresos tributarios y nuestro sistema de financiación autonómica vigente, el que tendríamos que reformar con su colaboración y su cooperación, hace que prácticamente la mitad de esa nueva financiación que viene del crecimiento vaya a las comunidades autónomas. Con lo cual, ¿dónde ve que se reduzca el gasto público? ¿Dónde está la propuesta de la reducción del gasto público? Se van a incrementar los recursos para todas nuestras administraciones como consecuencia, insisto, del crecimiento económico. Por cierto, la regla del gasto es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es gobernanza europea -quiero recordar a la Cámara que es gobernanza europea, no es una norma española, es una norma europea-; además España está sujeta al procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, tendremos que aplicar -como hemos hecho durante estos últimos años y seguimos haciendo- y tendremos que revisar cuando a instancias de la Unión Europea realmente se promueva esa revisión, pero no confundamos el hecho de que haya una moderación en el incremento del gasto público con la reducción del mismo.

Le voy a recordar al señor Saura, que para eso maneja estos datos, cuál era el nivel de gasto público que tenía el Gobierno socialista en el año 2007. (Muestra un documento). En el año 2007, señor Saura, que no había crisis, había un Gobierno socialista en España, otra cosa es que ese Gobierno socialista fuera el que con sus políticas estuviese gestando la crisis -pero, que yo sepa, no había crisis, en eso le doy la razón, pero lo que sí había era un Gobierno socialista en España y en muchas comunidades


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autónomas-, ¿saben sus señorías cuál era el nivel de gasto público total en España? El 39 % del PIB. ¿Qué traemos aquí como propuesta? Que en 2020 el gasto público en España sea el 39,2 % del PIB. ¿Qué PIB había en el año 2007? Había 1,1 billones de euros. ¿Qué PIB habrá en el año 2020? 1,3 o 1,4 billones de euros; ergo 39,2 % sobre el PIB es bastante más gasto que el que tenía el Gobierno socialista, tan socialista que era, tan distributivo y tan equitativo.

Ahora, le voy a leer la cifra de gasto social que tenía el Gobierno socialista que tenía ese gasto público sobre el PIB. El total de gasto social en España -gasto social, gasto de pensiones, gasto de prestación por desempleo, gasto de atención a la discapacidad, gasto en educación y gasto en sanidad, eso es el gasto social- era de 243 148 millones de euros. ¿Cuál es el gasto social que trae el Gobierno en ese programa de estabilidad para el año 2020? 330 000 millones de euros; 330 000 millones de euros en gasto social frente a 243 000 millones de euros. ¿Dónde está el recorte social? ¿Me lo quiere decir, señor Garzón, usted que es economista y que ha leído o ha estudiado a Joan Robinson? A mí me sorprenden siempre sus citas, desde que me lo hizo con Adam Smith y yo le tuve que recordar aquellos principios de filosofía social de Adam Smith. Yo dudo mucho que su señoría haya leído muy profundamente a Adam Smith, pero bueno, está muy bien, está perfecto, seguro, pero una cosa es leerlo y otra cosa es identificarse con esos principios de filosofía social. Pero, ¿me quiere usted rebatir esas cifras? ¿Me quiere usted decir que no es en esta España en la que el gasto social es el más alto de nuestra historia? ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿No es cierto? ¿No son cifras? Sí, son millones de pensiones; es la cobertura de nuestros parados; es la igualdad de oportunidades de nuestros niños y jóvenes en términos de educación; eso es lo que es esto; es el acceso a la sanidad pública tan importante para esa igualdad de oportunidades que representa, nada más y nada menos, que España tenga la esperanza de vida más alta de todo el mundo desarrollado, prácticamente solo comparable con Japón. Por eso gastamos en términos sociales, y esas son las cifras. Rebatan esas cifras. Suban y digan: ¡No son reales! ¡No es lo que propone el Gobierno!

Dicho esto, con estas cifras de gasto social, con estas cifras de presupuesto, con estas cifras de objetivo de déficit público, ¿me quieren decir los representantes de Podemos, me quiere decir el señor Montero, en vez de estar creciendo al 3 % este año, cuánto está creciendo Italia? ¿Cuánto está creciendo Francia? ¿Cuánto está creciendo Alemania? ¿Cuánto está creciendo el Reino Unido? ¿Cuánto está creciendo España? ¿Cuánto crecimos el año pasado, el 3,2? ¿Cuánto crecimos en 2015, el 3,2? ¿Cuánto crecimos en 2014, el 0,8? Contra pronóstico, porque nadie lo pronosticaba. ¿Me quiere decir que si hiciéramos otra política presupuestaria, en vez de crecer el 3 estaríamos creciendo el 5? No sé si se da cuenta de lo que está diciendo. Si ustedes tuvieran una propuesta razonable y sensata, acorde con las normas europeas... Por cierto, ha subido aquí a decir que España no tiene que cumplir con esos objetivos de déficit. ¿No somos Europa? ¿No somos euro, acaso? Señores de Podemos, señor Iglesias, somos euro, somos Europa, somos integración europea, y eso se llama compromiso de estabilidad económica y estabilidad presupuestaria. Se llama así en Europa, y es lo que está haciendo que esa Europa avance como fuente de libertades, avance como Estado de derecho y avance como el único lugar del mundo donde existe el Estado del bienestar fuertemente desarrollado. Las cifras que trae este Gobierno son las del Estado del bienestar, las que históricamente nunca había alcanzado, son compatibles con el crecimiento económico y con la creación de empleo y nos hacen que participemos en ese gran proyecto que se llama Europa de integración, mucho más que económica, de integración política, de entendimiento entre los pueblos de Europa.

Esto es lo que quería decirles a modo de primera réplica. Que quede claro que aquí nadie propone recortes de gasto a las comunidades autónomas, en absoluto. Que quede claro, porque son las cifras, y rogaría en este tipo de debates el rigor pertinente. Cuando se está diciendo que hay recortes se querrá decir que hay reducciones. Yo no les voy a negar que las hubo, ¡claro que las hubo!, porque hubo unos Gobiernos que promovieron un gasto que era infinanciable y que generó ese déficit, que fue una -no la única- de las causas de la destrucción de tres millones largos de puestos de trabajo. Eso fue lo que ocurrió en España hasta que cambió esa política, cambio que nos está haciendo superar la crisis.

Acabo leyendo las cifras. A la portavoz de Esquerra, que está en el 1 de octubre -puede bajarse del 1 de octubre cualquier día de estos porque no va a tener ningún tipo de efecto en términos prácticos ni reales-, que siempre acaba el discurso entonando un hecho que no va a acaecer, pero usted está en su derecho de reclamar aquello que entienda, le voy a dar los datos -al señor Ferran Bel también- respecto a los ajustes por administraciones -perdonen que utilice la tribuna para dar los datos, pero hay veces que en los debates es obligado hacerlo-, y qué Administración ha hecho mayor esfuerzo. Este es un debate bastante inútil, porque las administraciones, en un Estado como España, tenemos que hacer lo que nos


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corresponde, y al Gobierno de España lo que la Constitución le encomienda es la coordinación de las políticas presupuestarias. Pero como ustedes siempre apelan a este tipo de planteamientos, les voy a dar los datos, pero les voy a recordar que lo primero que hizo el Gobierno de España en el año 2012 fue aplazar las liquidaciones de las comunidades autónomas respecto del Estado, pequeño detalle, miles de millones de euros que, en vez de decirles que nos los ingresaran, los aplazamos a veinte años. Eso fue lo que hicimos, cosa que no hizo el Gobierno socialista tampoco, un Gobierno muy autonómico que produjo una debacle en las comunidades autónomas con el nuevo sistema de financiación de 2009 y el propio 2008 con la caída de recaudación. Voy a leerle las cifras publicadas. Ajuste acumulado 2011-2016, Administración General del Estado, en términos de producto interior bruto, 2,91 %; comunidades autónomas, 2,53 %; entidades locales, 1,04 %; Seguridad Social, -1,52 %; total, 4,95 %, que es lo que se ha corregido el déficit público desde ese 9,28 % del año 2011 para acá. Es un ajuste hecho ya, cerrado; ajuste que proponemos detrás de estas cifras para el periodo 2017-2020. Si quiere se lo leo ya acumulado: ajuste 2011-2020. ¿Qué proponemos? Que la Administración central baje el déficit público en 5,43 % del producto interior bruto; las comunidades autónomas, 3,35 % y las corporaciones locales, 0,4 % -porque ya estarían en una situación supervitaria-. La Seguridad Social sería la única Administración que estamos trayendo con propuesta de déficit de -0,4 %. Ese es el ajuste que traemos.

Yo comprendo a todo el mundo y comprendo que los socialistas tengan que decir lo que tienen que decir; que la izquierda contumaz tenga que decir lo que tiene que decir y, por supuesto, que los independentistas tengan que decir lo que tienen que decir. Eso yo lo comprendo y lo respeto como demócrata -no lo comparto, por supuesto-, aparte de miembro del Gobierno, como profundamente demócrata que soy. Pero les digo que no tienen ninguna razón para los argumentos que exhiben desde la tribuna, ninguna razón cuantitativa, ni uno ni otro. Por tanto, les animo a que sean constructivos. Ya sé que no lo van a ser esta tarde pero dejen que mi última palabra también pretenda ser cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo, y se ha dicho aquí con toda claridad, porque eso da estabilidad a un país; porque eso permite mejorar la financiación de los servicios públicos; porque eso alimenta el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso mis últimas palabras quieren invitarles a que se lo piensen mejor, no ya para esta tarde que no va a dar tiempo, sino de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El Gobierno insistirá, llamará a su puerta para ver si con el Grupo Parlamentario Popular es posible llevar adelante acuerdos que respondan a los intereses generales de todos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Saura por un tiempo de tres minutos.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, sumarnos a la solidaridad con la familia de Miguel Ángel Blanco. (Aplausos).

Señor presidente, señorías, señor Montoro, el problema es que usted no puede dar lecciones ya aquí, en esta Cámara, ni ante la opinión pública, porque la sentencia del Tribunal Constitucional dice -lo dice la sentencia- que usted no tiene principios para poder gestionar los recursos públicos de todos los españoles, no puede dar lecciones a nadie. (Muestra un documento). Le voy a leer dos párrafos de la sentencia del Constitucional que tengo aquí. Dice que la amnistía fiscal es "legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". Y continúa la sentencia del Constitucional -y aquí me parece demoledor el Tribunal Constitucional-: "El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario". Sentencia demoledora por la que usted no debería haber venido aquí esta tarde a presentar el objetivo de déficit, la senda de déficit y el techo de gasto. No; tendría que haberse ido a su casa. En cualquier otro país democrático, usted, como ministro de Hacienda, estaría o dimitido o cesado y no estaría aquí presentando un nuevo techo de gasto y una senda de déficit. Ese es el verdadero problema. Usted, señor Montoro, está inhabilitado para dar lecciones a nadie; a nadie. (Aplausos).

Además, lo que tampoco le voy a permitir, señor Montoro, es que vuelva a hacer trampas, que vuelva a jugar con las cifras, que vuelva a hacer piruetas fiscales. En el año 2011, señor Montoro, el gasto social


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representaba el 28,27 del PIB; en el año 2018, de acuerdo con sus estimaciones, el gasto social va a estar en el 26,9 % del PIB, pero es que en el año 2020 va a estar en el 25,57 del PIB. Es decir, no solamente estamos en la cola ya, es que vamos a retroceder. Hay crecimiento económico, pero no llega ese gasto social a la mayoría. Usted hace trampas porque tendría que comparar momentos económicos y ciclos iguales y resulta que su política fiscal y presupuestaria tiende a reducir el gasto social 3 puntos en relación al PIB en los próximos años; 3 puntos. Este es el programa de estabilidad que ha remitido el Gobierno de España a Bruselas, no programa del Partido Socialista, programa de estabilidad. Por tanto, no vale todo y no valen las trampas. Tercera idea, señor Montoro. Usted no quiere decir cuánto vamos a ingresar y quiere ocultar cómo calcular el techo de gasto porque no nos quiere decir cuánto dinero va a ir el año que viene a las comunidades autónomas porque el juego de reducir el déficit público, el juego de la regla de gasto y el juego también de las entregas a cuenta van a hacer, señor Montoro, que las comunidades autónomas el año que viene tengan que hacer planes de ajuste por 2500 millones de euros cuando en el último techo de gasto con 5000 millones de euros más no tuvieron que hacer planes de ajuste. Por tanto, no hubo ajuste en el Estado del bienestar. Esa es la diferencia. Usted no cuenta a los españoles cuáles van a ser las entregas a cuenta porque quiere ocultar que el año que viene las comunidades autónomas tienen que hacer un ajuste de 2500 millones de euros. Trilerismo fiscal: con una mano le doy una décima y con otra se la quito.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que ir acabando, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señor presidente. Señor Montoro, definitivamente, usted no puede dar lecciones a nadie aquí.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Saura.

Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Subo a la tribuna no para replicar sino simplemente para conformar los datos que ha dado el señor ministro. Efectivamente, estos datos que ha leído el señor ministro en esta tribuna son absolutamente ciertos, tan ciertos como los que yo he leído en esta tribuna anteriormente. (Muestra un documento). Son los mismos. De sus datos, señor ministro, de los que ha leído hoy aquí, se desprende que de la reducción del déficit en el Estado español durante los últimos cinco años, el 50 % lo han asumido las comunidades autónomas. Son sus datos, el 50 % lo han asumido las comunidades autónomas; poco más de un 20 % las corporaciones locales y entre la Seguridad Social y la Administración central un 25 %. Estos son sus datos. Estamos de acuerdo, el problema es que no estamos conformes. El problema es que no estamos conformes con que el gran esfuerzo en la reducción del déficit en el Estado español durante los últimos cinco años lo hayan tenido que asumir las comunidades autónomas y las corporaciones locales. (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Sí, son sus datos, cito sus datos, y en sus datos usted hace una especie de trampa. Consolide la Seguridad Social con la Administración central; son sus áreas de responsabilidad. Los presidentes de las comunidades autónomas tienen sus áreas de responsabilidad, los alcaldes tienen sus áreas de responsabilidad, y el Gobierno central -con el señor Rajoy al frente- tiene sus áreas de responsabilidad, y de las áreas de responsabilidad, ustedes han aportado a la reducción del déficit en el Estado español -de lo que nos congratulamos- el 25 %, las comunidades autónomas han aportado el 52 % y las corporaciones locales hemos aportado el 22 %. Por eso no estamos de acuerdo en que cuando se distribuyan los objetivos de déficit para 2018, ustedes, la Administración central y la Seguridad Social, se reserven el 82 % y a las comunidades autónomas les reservan exclusivamente el 18 %.

Este es nuestro punto de discrepancia y es donde entendemos que año tras año no se cumple con la disposición transitoria primera, que pactamos y que generó que nuestro grupo en aquel momento votase la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por tanto, confirmo sus datos y confirmo que el esfuerzo lo han hecho las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler por un tiempo de tres minutos.


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El señor MONTERO SOLER: Señor Montoro, desde la izquierda contumaz le sugerimos que deje de preocuparse por nuestras lecturas y se preocupe por las suyas. Si usted, en lugar de leer la parte filosófica liberal de Adam Smith, se leyera el último informe del Banco de España, la interpelación que me ha hecho directamente -y que ahora tengo la oportunidad de responderle- se la podría haber ahorrado.

El crecimiento diferencial de la economía española se lo explica el gobernador del Banco de España en ese informe y obedece esencialmente a tres factores: uno, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo; dos, la caída de los precios del petróleo; y tres, ¡oh!, la política fiscal expansiva del Gobierno del Partido Popular durante los años 2015 y 2016. No se lo digo yo; se lo dice el gobernador del Banco de España. (Aplausos). Eso significa que una política fiscal expansiva -más expansiva aún- promueve una mayor tasa de crecimiento. El límite lógico lo pone usted. Además, lo que ese informe le dice -le cito la página, por si no se lo quiere leer entero porque supongo que está a estas alturas de su vida muy ocupado como para ponerse a estudiar estas cosas- en la página 127 es que -abro comillas e inicio la cita- "los multiplicadores asociados a aumentos discrecionales del consumo y de la inversión públicos suelen ser superiores a los de los impuestos, dado el efecto directo de los primeros sobre la demanda agregada de la economía. En cuanto a los distintos componentes del gasto, la evidencia empírica muestra que el aumento de la inversión pública lleva asociado un mayor multiplicador que el del gasto corriente". Fin de la cita. ¿Qué significa eso? Que si el esfuerzo que van a hacer ustedes en recortar los ingresos públicos como consecuencia de las políticas que le impone Ciudadanos de 2000 millones de euros, lo hicieran en incrementar el gasto en 2000 millones, la repercusión sobre la economía sería más expansiva que la que están imponiendo ahora. Son planteamientos keynesianos clásicos que se siguen manteniendo y que los ratifica el propio Banco de España y toda la evidencia empírica.

Están imponiendo un recorte sobre los ingresos públicos de naturaleza ideológica y no de equidad y eficiencia. De manera que, preocúpese más de lo que lee, trate de volver a estudiar algo de Hacienda Pública, que así nos irá mejor a todos, y no se preocupe tanto por las lecturas del señor Garzón, que estoy seguro de que son ampliamente aprovechadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Montero.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés, también por un tiempo de tres minutos.

El señor ROLDÁN MONÉS: Muy rápidamente.

Me pregunto si alguien en España a estas alturas podría creerse que si no existiera Ciudadanos en esta Cámara, si el Partido Popular todavía tuviera mayoría absoluta, hoy estaríamos hablando de una bajada de impuestos para los españoles, una bajada de impuestos efectiva. (Aplausos). El señor Montoro dijo que no tenía el más mínimo interés en hacerla y, gracias a Ciudadanos, podemos hablar hoy de una primera bajada. (Rumores). No, el señor Montoro hablaba de la zanahoria pero para el momento adecuado, que es cuando vienen las elecciones. Nosotros pensamos que hay que intentar empezar a devolver los esfuerzos de la ciudadanía lo antes posible.

Simplemente un comentario más sobre este auge de pronto del Partido Socialista por la responsabilidad fiscal. Es fascinante, también le pasa a Podemos. Dicen que están muy preocupados porque no van a cuadrar las cuentas, pero parece que ustedes no estaban tan preocupados -ahí está el señor Saura- por cuadrar las cuentas cuando votaban a favor de las rentas y las pagas que proponía Podemos de 15 000 millones. (Aplausos). Por tanto, es básicamente un discurso completamente incoherente y completamente inútil al mismo tiempo el del Partido Socialista por desgracia que, por suerte, convierte a Ciudadanos en el único partido capaz, como decía antes, de conseguir al mismo tiempo estabilidad para este país y las reformas necesarias para la clase media y trabajadora.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roldán.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor Montoro, ¿quién ha soportado la carga de la reducción del déficit? Se lo han dicho antes: las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La Administración General del Estado lo ha aumentado en 2558 millones de euros, elevándolo ya a 7500 millones de euros. Pasar del 0,3 % al 0,4 % representa una décima, que es importante, porque son 200 millones de euros


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más. En el caso de Cataluña es muy importante porque, como he dicho antes, no todas las administraciones autonómicas tienen el mismo nivel de competencias. Algunos no las quieren ejercer, pero nosotros las queremos ejercer y las hemos ejercido siempre; es más, queremos ejercer unas cuantas más que supone tener competencias propias de un Estado. Por tanto, esa décima más, esos 200 millones más, bienvenidos sean, pero estará de acuerdo conmigo en que no es lo mismo tener un 0,4 % que tener un 0,8 %, que es muchísimo más y que nos permitiría cumplir con el Estado del bienestar que nosotros deseamos y soñamos para Cataluña. Es muy sencillo. Además, no lo dice solo Esquerra Republicana -insistiré hasta la saciedad-, se lo dice la AIReF cada vez que puede en los informes que emite. Se lo he dicho con anterioridad: la manera en la que ustedes distribuyen los objetivos de déficit no responde a ningún criterio objetivo. Y cuando usted hace esto y nos dice que no recorta o que no nos obliga a ajustar, dígame que estoy equivocada. Si resulta que una décima son 200 millones de euros hasta llegar a 0,8 %, es decir, duplicar, pasar de 0,4 a 0,8 % imagínese cuánto es. Por tanto, es verdad que nos obliga a ajustar, es lo que dicen ustedes: ajustar. En definitiva, quienes no podemos atender como deberían y como querrían atender el gasto social y, por tanto, las necesidades en sanidad, en educación, en cultura, en servicios sociales, son aquellas comunidades autónomas que tenemos las competencias para hacerlo.

Y después hay otra razón más: ¿quién incumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la disposición transitoria primera? ¿Quién incumple la ley? El propio Gobierno del Estado; el propio Gobierno del Estado incumple las leyes. En definitiva, no nos señalen con el dedo, no vuelvan a hacerlo; no nos señale con el dedo, señor ministro. Quien incumple primero son ustedes.

Además, por si no hubiera más razones, le daré unas cuantas. Entre 2015 y 2016 la Generalitat de Catalunya ha reducido el déficit en términos absolutos en un importe de casi 4000 millones de euros, repito: en un importe de casi 4000 millones de euros; esto representa el 85 % de la reducción total del conjunto de las administraciones públicas. Mire, nos sobran motivos y razones, a usted le puede producir más risa, menos risa, puede encontrar folclórico que los catalanes y las catalanas estemos entestados en votar pero tenemos razones y motivos suficientes para el 1 de octubre ir a votar les guste poco o mucho, lo entiendan más o lo entiendan menos. Tenemos la determinación de hacerlo y lo vamos a hacer; vamos a votar el 1 de octubre y deseamos, al menos en Esquerra Republicana, que gane un sí tremendo para decir que no a esas políticas que nos vienen determinadas desde el Gobierno del Reino de España.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Olano Vela.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.

Señor Saura, insistió usted en pedirle al señor Montoro que no le diera lecciones. El señor Montoro lo que ha hecho únicamente, con cifras, con datos oficiales y con datos de la Intervención General del Estado es desmontar todos y cada uno de los argumentos que usted pretendía dar en su primera intervención, todos y cada uno. Precisamente por eso, porque usted no tiene argumentos económicos en un debate de índole económica, recurre usted a leer sentencias que no tienen nada que ver con el déficit público ni con el techo de gasto. Yo le recomiendo que si quiere hablar de amnistías fiscales, nos refresque la memoria a los miembros de esta Cámara y hable de las dos amnistías fiscales que aprobó su partido, y ustedes aplaudían, en las que no solo no tenían que tributar ni un solo euro -en aquel momento eran pesetas-, sino que encima los españoles les teníamos que pagar a los defraudadores intereses por esas amnistías fiscales que aprobaron ustedes solitos en esta Cámara. (Aplausos). Por tanto, si quiere hablar de amnistías, refrésquenos la memoria con las amnistías que ustedes aprobaron.

Señor Saura, le pedía al señor Montoro que no hiciera trampas, pero si las trampas las están haciendo ustedes, llevan seis meses haciendo trampas. Yo le pregunté en mi primera intervención, y el señor Montoro también, qué ha cambiado desde diciembre, qué ha cambiado para que a la misma senda de déficit público, al mismo objetivo de déficit público -el menos 2,2 %-, ustedes votaran que sí en diciembre y voten ahora que no. ¿Qué ha cambiado? Las comunidades autónomas, a las que ustedes dicen defender porque el 70 % de su gasto es social, tienen una décima más de holgura para gastar, más de 1200 millones de euros que podrán gastar las comunidades autónomas en gasto social. ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es la dirección de su partido, nada más. Usted defendía en diciembre una cosa -se lo leyó el ministro y le leí yo una cita textual- y defiende ahora otra y se queda tan pancho. Claro, pero esto no es así, ¿quién se hace trampas en el solitario? Se las están haciendo ustedes. Ahora, engañan ya a muy pocos españoles, eso sí se lo puedo decir.


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Por último, señor Roldán, aquí se han bajado los impuestos antes de que llegara Ciudadanos. (Aplausos). Sí, sí, en el año 2015 y en el año 2016 se bajaron los impuestos con un impacto de 12 300 millones de euros, la mayor bajada de impuestos de la historia, y le aseguro que no estaba Ciudadanos. Y les vuelvo a preguntar, por si a los miembros del Grupo Ciudadanos no se les ha ocurrido hacerlo, si el hecho de que ahora tengamos cierta holgura para hacer determinadas cosas no será consecuencia de las políticas acertadas que hemos venido desarrollando desde el año 2012. Simplemente eso.

Muchas gracias, señorías (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olano.

Para cerrar el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, con el ánimo de acabar con este punto para pasar a los siguientes objeto del Pleno, quiero hacer dos consideraciones en relación con las cifras. Es muy importante insistir en ello porque, si me apuran, es algo relativamente novedoso. Estamos dando una prioridad al gasto social en nuestras administraciones y al mismo tiempo se produce recuperación económica y creación de empleo. Cada vez que habla un representante de Podemos y sus confluencias -y yo lo celebro- cita fuentes realmente dignas de mención: Adam Smith, Joan Robinson y ahora el informe del Banco de España sobre multiplicadores y aceleradores económicos. Está bien, van subiendo el nivel, pero lo que les quiero decir es que hay una realidad que estamos viviendo en España. El gasto social en nuestro país nunca había alcanzado estas cuantías y cuando el señor Saura dice que el gasto social en términos de PIB era del 22,50 % en el año 2007, tengo que decirle que ahora lo que trae el Gobierno es que sea sobre un PIB mucho más amplio, de un 25 %. Con un Gobierno socialista, señor Saura, he leído que era del 22,50 %. ¿Qué está ocurriendo en términos presupuestarios? Porque es una realidad que se está dando en nuestro país. Que en el año 2007 el gasto social sobre el gasto total de nuestras administraciones públicas fue del 57,68 % y la propuesta que trae el Gobierno es que llegue a ser del 64 % en 2020. Eso es lo que traemos sobre lo que representa el total del gasto público. Aquí hemos hablado de muchas lecciones y de muchas cosas, pero estamos aprendiéndolo todo. Estamos aprendiendo que se crece con gasto social, que podemos y debemos colocarnos en el mayor crecimiento porque necesitamos esa creación de empleo. Eso es lo que estamos aprendiendo, pero no quiere decir que el gasto público no vaya a desarrollar otros servicios públicos que son absolutamente esenciales, como la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la representación exterior de España o la cooperación internacional. Todo esto son gastos que necesitamos hacer, como los de las políticas públicas de I+D, de innovación y desarrollo, gastos en infraestructuras y en el desarrollo de la Agenda digital, de la que depende totalmente no ya nuestro futuro sino nuestro presente, la digitalización de la sociedad española y no solo de su economía. ¡Claro que necesitamos hacer todo eso! Insisto en que, como está ocurriendo este hecho, no hagamos que los debates políticos lo oculten porque nadie puede decir que España no esté creciendo y no esté creando empleo, a la cabeza de Europa. Eso es compatible con los impulsos fiscales del Gobierno. El Gobierno del Partido Popular, como recordaba el señor Olano, ha bajado los impuestos en los años 2015 y 2016 en 12 300 millones de euros; 12 300 millones de euros ha representado el impulso fiscal.

Luego, sobre el papel, se dirá que hubiera sido preferible otra cosa. No sé lo que hubiera sido preferible. Nosotros estamos en esta sala para hacer política, no para darnos lecciones unos a otros. Somos el Gobierno de España y traemos una política determinada con la que buscamos apoyo. Nos decía que no demos lecciones. Si me permiten decirlo, el debate de hoy está un poco obsesivo con las lecciones para arriba y para abajo. Aquí nadie da lecciones, aquí cada uno viene a ejercer sus responsabilidades y el Gobierno tiene la responsabilidad de traer propuestas de política presupuestaria, que es lo que hace que nuestro país marche y funcione, que nuestras administraciones públicas operen y que catorce millones de personas estén recibiendo esas rentas del sector público, que es de lo que estamos hablando en la tarde de hoy.

Por lo demás, quiero agradecer claramente el diálogo político, un diálogo que usted, señor Roldán, ha presentado como si me hubieran sacado una muela. No me han sacado ninguna muela; entre otras cosas, porque, a estas alturas de la vida, ya están todas suficientemente empastadas. (Risas). No me han sacado ninguna muela. Usted sabe que lo que hemos acordado lo hemos cumplido. Como Gobierno nos encargamos de hacer una propuesta que estamos desarrollando conjuntamente y que está incluida en los acuerdos de investidura. Quedamos en reducir en esta legislatura los impuestos y reducir el IRPF. Eso es


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lo que acordamos y estamos desarrollándolo a través de un diálogo político muy fluido y positivo. Tenemos que celebrar que eso sea así porque da mucha estabilidad política a nuestro país. Además, empezar cumpliendo nuestro compromiso de reducir los impuestos y hacerlo para las rentas más bajas y los grupos familiares más necesitados es una buena forma de empezar a bajar impuestos en esta legislatura. Eso es lo que estamos haciendo.

También quiero expresar mi agradecimiento a los grupos políticos que son tan importantes en estos acuerdos y que han ido con el Partido Popular a las elecciones generales. Con UPN compartimos todo un proyecto para Navarra y para España; lo quiero decir así de sencillo y simple para que conste en el Diario de Sesiones. Estamos trabajando en el mismo proyecto y por eso vamos juntos a las elecciones generales. Lo mismo ocurre con Foro Asturias. La apuesta de este Gobierno por Asturias es clara. Es una de las comunidades autónomas que necesita más atención del Estado para el desarrollo de sus infraestructuras. También quiero agradecérselo a Coalición Canaria, con la que estamos desarrollando con gran lealtad los pactos de investidura. Lo mismo nos ocurre con Nueva Canarias, porque Canarias necesita crecimiento económico -que ya está teniendo- y creación de empleo.

Por cierto, a la portavoz de Esquerra Republicana y al portavoz del PDeCAT les diré que Cataluña está creciendo y está creando empleo a la cabeza de España. No será la Cataluña de la que hablan ustedes. Si eso está ocurriendo es porque Cataluña es España y esa Cataluña, que a su vez es motor de España, está funcionando y le viene muy bien que crezca el resto de España. Por eso es una de las regiones europeas con mayor crecimiento y mayor creación de empleo. Por tanto, estaremos debatiendo mucho el déficit público entre administraciones, pero lo importante es la afiliación a la Seguridad Social y que contemos con la financiación correcta de nuestros servicios públicos.

Señor presidente, acabo diciendo que para mí es un honor presentar el llamado techo de gasto. Esta figura la introdujo en España la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2002, una figura nueva que propuso un Gobierno del Partido Popular. Yo tuve el honor de ser el ministro de Hacienda que trajo a la Cámara esta figura y, señor Saura, aquí sigo, haciendo la presentación del techo de gasto número equis. Por tanto, no vamos a darnos lecciones. Lo que van a hacer ustedes en la oposición y nosotros en el Gobierno es política por el bien de los españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 12/2017, DE 3 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, EN CUANTO AL SISTEMA DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA. (Número de expediente 130/000018).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al punto 2 del orden del día: Convalidación o derogación del real decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Educación Cultura y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante ustedes en nombre del Gobierno para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 12/2007, aprobado en Consejo de Ministros el 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12 de abril de 1996, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Se trata de un tema de calado que afecta al derecho de autor y que está íntimamente ligado a la evolución tecnológica. Esta hizo posible la distribución en el mercado de métodos y aparatos que permitían a cualquier persona la realización de un número considerable de copias de calidad similar a la original y en muy poco tiempo. De ahí que estas copias causaran un perjuicio económico a los titulares de derechos y atentaran contra la explotación comercial de las obras. Por este motivo, el reconocimiento del límite exigía una compensación dirigida a resarcir aquel perjuicio. Así enunciado se advierte con claridad la dificultad del empeño; permítanme por ello que haga un poco de historia sobre la configuración legal de esta compensación en nuestra legislación.


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En 1987 España se incorporó a los países que contaban con sistemas de compensación equitativa por el límite de copia privada. El procedimiento para fijar la compensación se modificó en 1992 y en 1994. La aprobación de la Directiva 29/2001, sobre derechos de autor, dio lugar a una nueva modificación mediante la Ley 23/2006, conocida como el canon digital y de propiedad intelectual. La Ley de 2006 estableció un procedimiento de negociación entre las partes y, en defecto de acuerdo, de fijación de las cuantías mediante una orden ministerial conjunta de los ministerios de Cultura e Industria.

La sentencia del año 2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea recaída en el asunto Padawan estableció -y cito- que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no resulta conforme con la Directiva de 2001, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. Consecuentemente, la Audiencia Nacional en 2011 y el Tribunal Supremo en 2013 anularon la antes mencionada orden ministerial del año 2008. Para ajustar el sistema a estos pronunciamientos judiciales, el Real Decreto-ley de 30 de diciembre de 2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, habilitó al Gobierno para establecer un procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, procedimiento que se reguló en el Real Decreto 1657/2012. De nuevo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la C-470/14, recaída en el año 2016, señaló que, sin rechazar la legalidad del sistema de compensación por copia privada financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el sistema español no permitía a las personas jurídicas solicitar exención de pago o su rembolso. Por ello el tribunal europeo declaró por segunda vez en siete años contrario a la Directiva de 2001 el sistema adoptado por nuestro país. Y finalmente, con la secuencia lógica de lo que he dicho anteriormente, el Tribunal Supremo, por sentencia de 10 de diciembre del año 2016, anuló el Real Decreto 1657/2012.

A la vista de esta sentencia, afirmé públicamente mi determinación de colmar el vacío legal consecuencia de las sentencias precitadas con una normativa que recabara el acuerdo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias y recogiera el apoyo y el sentir de los sectores implicados. Así, nos encontramos en el día de hoy, señorías, en las postrimerías de un largo debate que comenzó hace tres décadas, y después de escuchar a todas las partes implicadas, intentamos encontrar el equilibrio entre la retribución de los derechos de autor y el derecho a la reproducción y los límites a la copia privada con el mayor consenso posible. No se trata de un debate menor. Por un lado, está la tutela de los derechos de propiedad intelectual; por otro, los intereses públicos afectados por ellos: educación, seguridad, información, acceso a la cultura y protección de la intimidad. En este debate intervienen dos factores de forma decisiva. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, que origina situaciones nuevas imposibles de prever en normativas anteriores, y en segundo lugar, la obligación de adecuar nuestro marco normativo al derecho comunitario.

Por tanto, señorías, nos encontramos ante un vacío legal y el Gobierno debe solventarlo, en primer lugar, porque debemos cumplir con el derecho comunitario. El pasado mes de abril, el Gobierno recibió una carta de apercibimiento de la Comisión Europea que constituye el primer paso para la apertura de un procedimiento de infracción. Y en segundo lugar, porque al no poder aplicar la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en los términos regulados, los titulares de derechos de propiedad intelectual no disponen en este momento de un sistema que les indemnice el perjuicio ocasionado por los derechos que han dejado de percibir. Ante el vacío legal, y dada la extraordinaria y urgente necesidad, recurrimos a esta figura del decreto-ley que presentamos ante esta Cámara para su convalidación.

Señor presidente, señorías, he dicho en más de una ocasión que la cultura debe ser un asunto de Estado. Tenemos la responsabilidad de proteger e impulsar el talento de nuestros creadores y facilitar el acceso a la expresión cultural, protegiendo al mismo tiempo los intereses de los consumidores. Porque el talento hay que pagarlo. Detrás de la cultura existe una industria cultural de cuya pervivencia dependen muchos puestos de trabajo, y solo dotando al sector del marco legal propicio para retribuir adecuadamente al autor, al artista, al creador, garantizaremos que todo el caudal de talento que hay en España se consolide y continúe incrementando nuestro rico patrimonio común. La solución al vacío de la compensación por copia privada pasa por un sistema estable, sostenible y permanente, un sistema que además ha de ajustarse a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y consensuado con las entidades gestoras de derechos, los agentes sociales y las fuerzas políticas.

El decreto-ley que tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno para su convalidación incorpora un sistema de compensación basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes, distribuidores


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de equipos, aparatos y soportes de reproducción, acompañado de un mecanismo efectivo de exenciones y reembolsos. Este sistema, señorías, supone un procedimiento completamente nuevo y, además -como no puede ser de otra manera-, conforme al derecho comunitario. El sistema de 2006 fue declarado contrario a la directiva comunitaria, y cito textualmente la sentencia del Tribunal de Justicia: por la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. El sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que vino a sustituir al que acabo de mencionar del año 2006, no encontró oposición por parte del Tribunal de Justicia a esta modalidad; sin embargo, sí señala en su sentencia de 2016, y cito la misma textualmente: no haber encontrado un mecanismo que permita a las personas jurídicas que no están obligadas al pago de la compensación solicitar la exención del pago o su reembolso. Insisto y resumo, el sistema de 2006 fue declarado contrario al derecho comunitario por su aplicación indiscriminada, mientras que el sistema de pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado fue declarado contrario a la directiva en aspectos ligados a la exención del pago y al reembolso.

Por tanto, traemos hoy aquí una propuesta que supera los defectos de los sistemas anteriores; un nuevo sistema que convierte a los creadores, a los autores y a los consumidores en los auténticos beneficiarios del mismo; un nuevo sistema que distingue entre la licitud e ilicitud de la fuente, a partir de la cual se realiza la copia privada; un nuevo sistema que clarifica definitivamente quiénes son los sujetos acreedores de la compensación equitativa: los autores, productores, artistas e intérpretes, y que califica igualmente a los sujetos deudores obligados al pago de la compensación: fabricantes y distribuidores en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción. Un nuevo sistema en el cual la facturación de la compensación será llevada a cabo por las entidades de gestión constituidas, encargadas también de la gestión de exenciones y reembolsos a través de un sistema adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Quiero decirles también que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no nos sentimos ajenos a las polémicas que están rodeando a algunas de estas sociedades de gestión, y les confirmo que la aprobación de este nuevo sistema de compensación por copia privada irá acompañada de un incremento en la supervisión a estas entidades haciendo uso de la tutela que el ministerio tiene sobre ellas, y ello para velar por el reparto justo y equitativo de beneficios a los autores y desterrar prácticas que desprestigian a dichas entidades.

Señor presidente, señorías, proponemos una implantación progresiva del nuevo sistema y una regulación transitoria. Este último elemento ha sido la parte cuya negociación ha resultado más compleja, ya que ha habido que adaptar la descripción de equipos y soportes materiales de reproducción sobre los que van a repercutir las tarifas a la realidad tecnológica actual. De ahí la inclusión de las impresoras monofuncionales, los discos duros de ordenador, las tabletas y los smartphones. Para evitar su repercusión en los consumidores, el decreto-ley ha optado por la moderación en las tarifas de partida. Por un smartphone de 16 gigabytes proponemos una tarifa de 1,10 euros, con una media europea que está situada en torno a los 8,66 y un tope de 16 euros en Alemania, 25 en Austria u 8 en Francia, por citar tres países de nuestro entorno. Para una tableta de igual capacidad proponemos una tarifa de 3,15 euros frente a una media europea situada en 5,72 y unos topes superiores a 15 euros en Alemania u 8,40 en Francia. Creemos que en un mercado tan cambiante como el actual, donde la aparición de nuevas tecnologías obliga a una cuasi permanente adaptación legislativa, es mejor disponer de una escala tarifaria revisable cada tres años. La experiencia de este nuevo sistema nos dirá cuál resulta finalmente el nivel óptimo de tarificación.

Nos hemos preocupado mucho por la transparencia en el proceso, no solo en el trámite negociador, sino especialmente en la información final al consumidor. Por eso la tarifa por compensación vendrá especificada en la factura de compra. Nada se modificará en este proceso de implantación progresiva y adaptación de tarifas sin una consulta prioritaria a las asociaciones de consumidores.

Señorías, sé que otra preocupación de las fuerzas políticas es el procedimiento de exenciones y sobre todo de reembolso a aquellos consumidores finales, especialmente autónomos, que tengan derecho a él. Como sus señorías saben, existe un plazo de un año para el desarrollo reglamentario de este real decreto-ley. Trabajaremos con la máxima celeridad, en colaboración con los ministerios de Economía, Industria y Competitividad y Energía, Turismo y Agenda Digital, para que el real decreto que determine con carácter


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no transitorio los equipos sujetos al pago de la compensación, las cuantías y la distribución de las mismas esté listo en el menor tiempo posible.

Señorías, la industria cultural se ha convertido progresivamente en un importante componente de nuestro producto interior bruto. Un mundo en permanente y acelerado proceso de transformación tecnológica e industrial necesita instrumentos de protección de derechos y de garantía de las libertades individuales. Estos instrumentos deben contribuir a la eficacia de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, garantía del impulso creador y del marco jurídico de derechos y obligaciones, creando este nuevo sistema. Nuestra obligación como legisladores consiste en solucionar los problemas de los ciudadanos. Necesitamos un marco jurídico estable que cumpla con la normativa de la Unión Europea y que sea inatacable ante su tribunal. Necesitamos ese marco jurídico hoy, y espero que alcance el mayor consenso entre los diferentes actores. Hemos trabajado -lo quiero señalar expresamente- muy intensamente con las entidades de gestión de derechos. Quiero agradecerles su voluntad de acuerdo, incluso siendo consciente de que el decreto-ley que presentamos para su convalidación se aleja notablemente de sus expectativas iniciales. Y quiero agradecer muy particularmente a los grupos parlamentarios su colaboración, conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo. Hemos recogido en este real decreto-ley importantes contribuciones suyas, como las tasas sobre móviles, tabletas o impresoras monofuncionales, que ya existen en países de nuestro entorno.

Señor presidente, señorías, la aprobación de un marco jurídico estable de apoyo a los creadores forma parte del Plan Cultura 2020. Llegar a un acuerdo hoy en este real decreto-ley es un buen primer paso para avanzar por la vía de los pactos, defender el talento, crear riqueza y dar estabilidad al proceso creador.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de sus señorías el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 12/20117, de 3 de julio.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Foro se va a abstener en la convalidación de este real decreto-ley porque tenemos un compromiso programático ante nuestros electores para desarrollar la cultura digital y promover los medios adecuados para su fomento y difusión, un compromiso en el que también valoramos la supresión del canon digital. Precisamente este real decreto-ley recupera, si bien a modo de sucedáneo, el canon que fue declarado nulo e inaplicable por el Tribunal Supremo en noviembre de 2016, pero que previamente también había recibido severos varapalos de otros tribunales, caso de la Audiencia Nacional y, más recientemente, del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Para la elaboración de este real decreto-ley se ha tenido en consideración, efectivamente, el criterio de las sociedades gestoras que recibirán las compensaciones derivadas de la aplicación de este canon, pero se ha excluido a las entidades, asociaciones de usuarios sobre las que va a recaer el pago de esta nueva fórmula que cargará el coste de la compensación por copia privada a los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, caso de los móviles, las tabletas o las memorias USB, entre otros dispositivos y productos cuyo precio final sufrirá recargos.

Estando de acuerdo en la necesidad de compensar adecuadamente a quienes tienen derechos de autoría y de propiedad intelectual, la aplicación de este real decreto-ley, para cuya elaboración -repito- se escuchó solamente a la parte beneficiaria, nos devolverá a tiempos pretéritos en los que muchos cientos de miles de personas en España manifestaron su firme oposición al canon digital. Veo en la tribuna de invitados a algunos de sus más significados representantes siguiendo este debate.

En Foro expresamos también serias dudas de que esta nueva fórmula ayude a la implantación y difusión de la cultura digital y a la evolución de las habilidades digitales, una asignatura en la que los españoles estamos por debajo de la media europea, según los más recientes y cualificados informes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Señor ministro, ya sé que usted es ministro desde hace diez meses y, por tanto, no tuvo... (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo y Montojo: Hace un año ya). ¿Ya? ¿Sí? (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo y Montojo: El tiempo pasa...). Bueno, pero es curioso que oigamos siempre aquí las palabras de este Gobierno responsable, serio, cuando resulta que tienen que traer este real decretoley en trámite de urgencia porque incumplen la directiva europea y porque tienen una amenaza de expediente sancionador. Este expediente sancionador lo avalan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Lo dicen claramente estas sentencias: se estaba pagando con dinero público copias privadas, se creaba inseguridad jurídica, se apostaba por un sistema indiscriminado y además se perjudicaba notablemente a los titulares de los derechos y también a los ciudadanos. En definitiva, esto lo hacen porque no tienen más remedio. Como decía, han perjudicado a la comunidad creativa en sus programas de formación, de becas, de asistencia social, de promoción y también a los ciudadanos porque todos estábamos pagando por cualquier copia privada que, además, se convertía casi en ilícita.

Acabo. A pesar de lo que diga el señor Montoro, este integrante de una izquierda contumaz periférica votará a favor de este real decreto de una derecha pertinaz. Lo hacemos por pragmatismo, porque entendemos que, aunque se puede mejorar mucho este real decreto, los creadores mejorarán su situación respecto de la anterior porque se ajusta a la directiva europea y a las sentencias que se han dictado, porque es comparable a la legislación de casi todos los países de la Unión Europea y porque este texto también está consensuado con gran parte de las asociaciones de autores, de artistas, de editores y de productores. Esperamos que en el desarrollo o en la regulación se pueda mejorar notablemente.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias. Buenas tardes, señorías.

Señor ministro, este real decreto no es, a nuestro juicio, ni un punto final ni un punto de llegada, ni por la forma ni por el contenido. Aun así le avanzo que vamos a votar favorablemente su convalidación. A nuestro entender, este real decreto es una enmienda a decisiones de anteriores Consejo de Ministros, pero es una enmienda para bien y por eso va a tener nuestro apoyo.

El modelo anterior, el modelo de cargar a los Presupuestos Generales del Estado las copias privadas no funcionaba; lo dijimos nosotros, lo dijo el sector y finalmente lo dijo la Unión Europea. Ustedes presentan este real decreto casi de forma urgente para solucionar un problema que no es nuevo, que sabían que estaba ahí y que sabían que algún día tendrían que solucionar. Por eso discrepamos en las formas, pero aun así suscribimos gran parte del contenido de este documento. Creemos que es necesario impulsar un modelo de compensación equitativa que cumpla sobre todo con el derecho europeo, pero también con el sentido, con la visión y con la estrategia del sector cultural español. Eso no era así hasta ahora y eso hoy es un poco menos así. Somos conscientes -voy a ser un poco naif- de que ninguno de los cargos previstos por este real decreto va a acabar repercutiendo en los consumidores finales tanto en el caso de equipamientos como de aparatos o de software, pero aun así creemos que la prioridad debe ser preservar los derechos de la propiedad intelectual para proteger a un sector cultural que necesita el apoyo del Gobierno, el apoyo de esta Cámara y el apoyo de todo el país. Por eso, junto con el trabajo paralelo que estamos haciendo en la Comisión sobre creación del estatuto del artista, nos parece que este real decreto que se va a aprobar hoy aquí es una buena medida para ayudar al sector cultural y a los artistas de este país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

No voy a repetir ciertas cuestiones que otros grupos y el propio ministro ya han dicho; venimos a la convalidación del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio. Hace tres años, en julio de 2014, aprobamos la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual con -permítanme la expresión ya que es un palabro que no existe en el diccionario- 'veranitud' y cierta alevosía; también podríamos llamarlo con veraneo, pero


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lo de la alevosía lo voy a dejar. Lo digo porque fueron unas circunstancias un poco complicadas cuando se aprobó la modificación de aquella ley, con muchos grupos que habíamos trabajado presentando muchísimas enmiendas. Siguiendo el sentido común y la petición expresa de los autores, los beneficiarios y las entidades que trabajan en el mundo de la cultura, nuestro grupo presentó enmiendas para que no se cometiera la sinrazón de asignar a los Presupuestos Generales del Estado la compensación que hoy vamos a aprobar; enmiendas que no fueron aceptadas. Se defendió desde el Gobierno la necesidad del cambio, que lo del canon digital era una absurdo que había que cambiar, que no tenía ningún sentido... Y miren por dónde, volvemos a la casilla de salida.

Le dije, señor ministro, con todo el cariño desde esta tribuna hace un par de semanas, que usted era el ministro rectificador, y ya van tres. Hoy se lo vuelvo a repetir, porque usted es el ministro que nunca dice que rectifica pero, para bien para usted, es el único que rectifica, y me parece muy positivo. La denominada compensación equitativa por copia privada se financia en la actualidad, desde la modificación introducida mediante el Real Decreto de 7 de diciembre, a cargo de una partida en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Este sistema ha sido calificado por el Tribunal Europeo de Justicia como absolutamente incompatible con el derecho comunitario y resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró lo siguiente en la citada sentencia sobre el artículo 5: Debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas. Algo claro y prístino. Por lo tanto, la sentencia anula el Real Decreto de 2012, de 7 de diciembre. De esta manera, mediante el presente real decreto-ley que ustedes presentan, se sustituye el actual modelo de compensación equitativa, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes, es decir, el canon digital, dando cumplimiento al derecho europeo. A tal fin se introducen, según el decreto-ley, diversas modificaciones en la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Se redefine el concepto de límite de copia privada, se señalan quiénes resultan sujetos acreedores y remite tanto la concreción de los equipos y aparatos como de los soportes, etcétera.

Sin entrar a valorar el ajuste y corrección de los importes transitorios de la compensación equitativa por copia privada, que creo que es algo que debemos desarrollar más tranquilamente a posteriori, lo que nos vale hoy es la intencionalidad de cambiar el concepto que aparece en la ley. Creemos que es un paso positivo el que ha dado el Gobierno al reconocer que se equivocó, y ya van muchas equivocaciones de un ministro ausente, y ha venido otro a corregir aquello. A la hora de la adopción de la decisión sobre la eventual conveniencia de aprobar la convalidación de este real decreto-ley, resulta preciso valorar la utilización de esta fórmula normativa excepcional tanto para este supuesto concreto como en general para otros, ya que este Gobierno últimamente ha dictado doce decretos-leyes. A la vista de los pronunciamientos judiciales antes expuestos, no hay duda de que resulta obligado para cumplir con el derecho de la Unión Europea proceder a la regulación urgente de un nuevo sistema que resulte conforme con la jurisprudencia europea y estatal. Es cierto también que la sentencia del Tribunal Supremo rechazando la financiación de la compensación equitativa por copia privada fue dictada estando el Gobierno en funciones, en junio de 2016, situación que impedía la presentación de un proyecto de ley. Eso es así, pero no es menos cierto que la opción por la financiación presupuestaria del canon digital, como he dicho al inicio de mi intervención, fue una de las primeras decisiones adoptadas por este Gobierno en la anterior legislatura -la aprobamos en verano en Comisión, pero al final fue en diciembre de 2012-, alterando el sistema general hasta entonces vigente que hacía soportar el coste de la compensación equitativa a los usuarios de copias privadas, que finalmente fue declarado contrario. Por tanto, fue algo consciente, que el Gobierno sabía. También aprovecho la ocasión para denunciar la situación en la que el País Vasco se ha visto sumido tras la vulneración de los términos de traspaso de funciones y servicios en materia de propiedad intelectual; vulneración realizada a través de la posterior modificación de los puntos de conexión para determinar la Administración competente contenida en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Lo denunciamos en su día y ahora aprovechamos la ocasión para volver a denunciarlo y para que usted, señor ministro, tome nota de cómo está ese tema.

En consecuencia, creemos que se requiere la adecuada justificación por el Gobierno de la gravedad de los perjuicios que pueda generar la adopción de esta modificación legislativa por el oportuno procedimiento parlamentario y, vuelvo a reiterar -antes algún compañero lo ha dicho-, creemos que,


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por supuesto, deben beneficiarse los autores, porque es su derecho y es su obligación beneficiar a los autores, pero eso nunca puede ir en perjuicio de los usuarios y consumidores. Tenemos que buscar el equilibrio para que todas las partes queden satisfechas. En ese sentido, el uso de la excepcional posibilidad de la adopción de disposiciones legislativas por el Ejecutivo debe limitarse a casos real y excepcionalmente precisos. Ante esta situación, resultaría deseable por nuestro grupo que, en orden a evitar el excesivo y en ocasiones injustificado uso de esta excepcional medida normativa, es decir, el uso del real decreto-ley que el Gobierno utiliza, se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento parlamentario. Nuestro grupo dará su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley pero también pedirá que se tramite como proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el principio básico de la regulación de los derechos de autor debe garantizar un justo equilibrio, como comentábamos aquí, entre los derechos económicos de los autores, los productores o distribuidores y la regulación de una serie de excepciones que permitan el uso de dichas obras, con o sin remuneración. Ese es el principio básico de esta ley. Desde Esquerra siempre hemos defendido que, de acuerdo con la directiva comunitaria, los autores tienen derecho a recibir una compensación justa por las reproducciones que se hagan con finalidad privada. No obstante, tengan en cuenta que la ley contempla el derecho patrimonial -repito, patrimonial- de reproducción que legitima a su titular a autorizar o prohibir la producción de copias de su obra, lo que venimos definiendo como copia privada. Siempre hemos criticado que el modelo de distribución de dicha compensación era discriminatorio e injusto y, si no, véanse los recientes casos acaecidos con entidades de gestión como la SGAE. La deriva posterior del PP de suprimir el mecanismo y sustituirlo por un pago muy pequeño, muy reducido, a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, distorsionó el principio fundamental de la ley, ya que entonces lo pagábamos todos, hiciésemos uso o no de ello. El sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea y no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación. Además, supone trasladar el coste de dicha compensación, como hemos dicho, al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga de la copia privada. No es de recibo, por tanto, que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste. Ya en su momento expresamos que dicha reforma contravenía las directrices europeas y, de hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos acaba dando la razón; de ahí suponemos que nace la propuesta que plantean ustedes de decreto-ley para intentar resolver un error que en su momento cometieron ustedes. Pero centrémonos. ¿Cuál es ahora el marco real de debate que recoge dicho decreto-ley? La regulación del canon digital. Una regulación que creemos en nuestro grupo que parte de un mal diagnóstico, un insuficiente diagnóstico. Hemos de aplicar una ley analógica, cuyos resultados además eran correctos, a un contexto totalmente digital, y el centro de la cuestión ya no es la propiedad en el sentido patrimonial sino su uso como servicio. Esa es la gran diferencia y realmente donde hay contradicciones. De hecho, si uno de los objetivos es reducir la piratería, creemos que el enfoque no es precisamente el más correcto. Podemos estar de acuerdo más o menos en el incremento de la tarifa que supone para los precios de venta de todo lo que serían equipos, aparatos y soportes. Tengan en cuenta -es importante- que hoy son plataformas como Netflix o Spotify las que gestionan los contenidos como un servicio, y esta parece ser una tendencia que acabará afectando a muchísimos ámbitos. Más que de reproducciones o de descargas, hablamos de licencias de uso o tarifas planas, por tanto, el escenario ha cambiado, desde 2014 hasta la actualidad ha cambiado radicalmente. En todo caso, la regulación también debería extenderse a aquellos operadores de red, distribuidoras y plataformas que obtienen un beneficio directo de los contenidos. Solo así entenderíamos desde Esquerra Republicana que hay una aplicación real, una aplicación sin brechas que afecte no a un sector sino a todo el sector. Por tanto, creemos que es insuficiente lo que se plantea en la propuesta que presentan.

Sinceramente, el decreto-ley no contempla este tema y nosotros creemos que es importantísimo, y es que el escenario desde 2014 hasta ahora ha cambiado enormemente; es lo que sucede cuando se quiere recuperar un modelo de hace tres años sin haber hecho previamente un buen diagnóstico ni un debate profundo. Las prisas ante las presiones de la Unión Europea no son buenas consejeras, y desde aquí


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pedimos que no compliquemos más el escenario actual por un mal diagnóstico. Los errores legislativos que se han ido cometiendo en este tema lo han sido precisamente por la urgencia para atacar temas concretos. Entendemos que no basta, por tanto, con la introducción de modificaciones parciales a medida que el Estado se ve obligado a ir trasponiendo directivas comunitarias que inciden en la regulación de la propiedad intelectual y por ello es notorio que la actual Ley de Propiedad Intelectual necesita una profunda reforma para incorporar todos aquellos cambios acaecidos en el mercado de la información, de la cultura y en el marco tecnológico, y trasponer en su globalidad las distintas directivas comunitarias. La prisa, la urgencia creemos que no recoge todo esto y, por lo tanto, es importante que la reforma que se pretende incorpore elementos nuevos como en su momento ya planteamos en Esquerra Republicana, como es la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión de conformidad con la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. Hay muchos elementos que no se recogen y se debería aprovechar para hacerlo si se quiere hacer una reforma profunda.

Por todos esos motivos nos abstendremos en esta propuesta y pedimos, eso sí, su tramitación como proyecto de ley para poder debatir y actualizar una ley que creemos que es fundamental y que ha de afrontar nuevos paradigmas, no de ahora, no de intentar resolver en el día de hoy la sentencia que pueda caer por parte de la Unión Europea, sino para intentar resolver realmente un proyecto muy amplio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Eritja.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, Mari Mar, ayer, hoy, mañana y siempre nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, estará con Miguel Ángel Blanco, con su reconocimiento, con lo que supone su eterno recuerdo para lo que fue y lo que será la lucha de todos los demócratas contra la barbarie terrorista. (Aplausos). Nuestro abrazo, Marimar.

Hoy nos trae el Gobierno un real decreto-ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Señor ministro, podría comenzar esta intervención rescatando algunos de los sustanciosos y certeros refranes españoles: A buenas horas, mangas verdes; nunca es tarde si la dicha es buena o, como decimos en mi tierra, Santander, nunca llovió que no escampó. O quizá podría empezar echando mano de aquel famoso cuento de El rey desnudo, aunque en este caso el título debería ser el anterior secretario de Estado de Cultura desnudo -el señor Lassalle-, que con una particular perspectiva legislativa visual que solo él parecía tener, además del rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, se paseaba entre la multitud creyendo vestir el mejor de los ropajes, cuando todos veíamos que en realidad iba totalmente desnudo de vestimenta legislativa como de razones. Señalo esto porque era un clamor, una evidencia, que la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011 y del Real Decreto posterior 1657/2012, que reguló el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, fue una auténtica chapuza. Fue un auténtico sonrojo para el Gobierno del Partido Popular y por extensión para España. Causó un perjuicio enorme a los creadores, artistas e industrias culturales de nuestro país y fue claramente ilegal al no ajustarse a la Directiva Europea 2001/29, tal y como lo fueron confirmando las diferentes sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de nuestro Tribunal Supremo. Ya en 2015, Ciudadanos vio que la normativa relativa a la copia privada no era justa para los creadores e industrias culturales ni se ajustaba a la normativa europea. Lo incluimos en nuestro programa electoral y de aquí nace la exigencia -punto 91- que incluimos en el acuerdo para la investidura del señor Rajoy, que establece revisar los aspectos relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.

Dicen ustedes en la exposición de motivos de este real decreto-ley que hoy nos presentan para su convalidación que el anterior sistema de cargar la compensación equitativa a los Presupuestos Generales del Estado era un sistema de financiación literalmente no novedoso, puesto que ya se aplicaba en algunos países de nuestro entorno europeo, y que tenía carácter transitorio hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea. A esta afirmación quiero hacer tres matizaciones, señor ministro. En primer lugar, dicen que este sistema se aplicaba en algunos países europeos. Concretamente se aplica en dos; en Finlandia, que está pendiente de revisar este sistema; y en Noruega, que no pertenece a la Unión Europea. Dos de veintiocho si contamos Noruega, que no está dentro de la Unión Europea. No está mal. En segundo lugar, dicen que tenía carácter transitorio. Cinco años tampoco está mal; es una larga travesía en el


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desierto, sobre todo para nuestros creadores e industrias culturales. Nuestra percepción es que esta ocurrencia del señor Lassalle vino para quedarse y fueron los tribunales de Justicia los que lo pusieron en su sitio. Y en tercer lugar, ese sistema de compensación con cargo a los presupuestos generales era hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea. Los únicos que no lo tuvieron claro dentro de la Unión Europea fueron los finlandeses, el señor Lassalle y el Gobierno del Partido Popular, porque el resto de países europeos como Holanda, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Grecia -señores de Podemos-, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, etcétera, lo tuvieron tan meridianamente claro que ninguno de ellos utiliza este sistema de compensación. (Aplausos).

No es la primera vez que el Gobierno en esta legislatura viene deprisa y corriendo a esta Cámara, como diría el capitán Alatriste, a desfacer entuertos que no fueron capaces de resolver con esa mayoría absoluta, ignorando y saltándose a la torera directivas europeas, pero ya no se trata de llorar sobre la leche derramada, y hoy nos presentan para su convalidación este real decreto-ley, que ya les anuncio que contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Lo vamos a apoyar por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la concepción del límite de copia privada de este real decreto-ley por fin se ajusta a la Directiva Europea 2001/29, y nosotros, que tenemos una clara vocación y un profundo espíritu europeísta, somos partidarios de cumplir con la legislación europea. Seguramente otros están en contra de Europa, de la propiedad intelectual y de la propiedad en su ámbito más genérico. En segundo lugar, porque este sistema de compensación equitativa -ahora sí, señor ministro, antes no- nos equiparará al resto de los países de la Unión Europea. Ojalá esta sea la primera medida de muchas que en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual se aprueben en esta legislatura. No le voy a hacer una enumeración, pero sabe usted, señor ministro, que la lista de reformas y acciones, tanto legislativas como ejecutivas que es necesario impulsar es larga y en algunos casos urgente.

Aprovechando que hoy el Pisuerga pasa por el Congreso de los Diputados, quisiera dirigirme a los creadores, a los artistas y a todos los que forman el tejido cultural español que hoy se encuentran representados de forma mayoritaria en las diferentes entidades de gestión y asociaciones que nos acompañan en la tribuna de invitados para agradeceros vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestro talento y animaros en el empeño de seguir haciendo de la cultura un elemento fundamental y vertebrador de nuestro país, además de un referente a nivel mundial, como ya lo hacéis en muchas ocasiones. Muchísimas gracias por vuestro trabajo e incluso por vuestra osadía. (Aplausos).

Antes de acabar esta intervención -mi primera intervención en el hemiciclo-, porque lo considero de justicia y además porque me apetece, quisiera agradecer a mi compañera Marta Rivera por ser imprescindible, a mi compañero Guillermo por ser fundamental y al resto de este equipo que nos acompaña a los tres y que trabaja duro haciendo política útil, haciendo política de verdad, de la que trasciende, de la que sirve, en este caso para mejorar la cultura de nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Álvarez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Maura Zorita.

El señor MAURA ZORITA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en julio de 1997 yo tenía dieciséis años. Recuerdo perfectamente aquellas jornadas de julio y por ese preciso motivo y porque hoy recordamos el dolor que Miguel Ángel Blanco sufrió durante su secuestro y asesinato, quiero mandar un abrazo a sus familiares, a sus compañeros de partido y a todos los vecinos de Ermua. (Aplausos). Vistos los debates y acontecimientos de ayer y hoy, también me gustaría decir que en el recuerdo de ese dolor enorme, en ese recuerdo que es de todos, nadie debe ser más que nadie ni pretender ser más que nadie, porque nadie en ese dolor es más que nadie ni tampoco menos que nadie. (Aplausos).

Señor ministro, señorías, el decreto que el Gobierno nos trae hoy supone un cambio de posición histórico. Se lo cuento en un minuto. Hasta la primera legislatura de Rajoy teníamos el canon digital y así compensábamos la copia privada. Esto permitía que las entidades de gestión repartieran bastante dinero entre autores y editores. Se grababan los soportes -por ejemplo, los CD- y esto era muy polémico, como recordarán. Primero, porque no se sabía bien cómo se repartía ese dinero; algunas entidades lo hacían mejor, como DAMA o Aisge, y otras peor, como SGAE. Segundo, porque se presuponía cierta intencionalidad susceptible de compensación ex ante a quien compraba un disco duro o un DVD virgen. A Mariano Rajoy, que entonces era oposición en el año séptimo antes de los populismos, en 2007, el


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canon tampoco le gustaba. En octubre de 2010, el Tribunal Europeo, a petición de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó la sentencia conocida como Padawan, que establecía que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no era conforme a la Directiva 29/2001. La Audiencia Provincial de Barcelona falló en contra de SGAE y a favor de Padawan S.L. y el PP, que para entonces había ganado las elecciones de 2011, empeñado en llevarle la contraria al PSOE fuera como fuera, decidió que lo mejor era hacer la compensación por copia privada aún más indiscriminada, así que la asignó a los Presupuestos Generales del Estado para que la pagáramos todos con nuestros impuestos. Esto no lo entendió nadie y todo el mundo vio que pintaba fatal, pero se aprobó igualmente con la mayoría absoluta del PP y con el tiempo hasta pusieron Ley Lasalle a la criatura para homenajear a su inspirado autor. Ahora pagábamos todos, pero donde había 100 millones solo quedaban 5 o ni eso, porque el PP no pagó las cantidades que debía. Entonces las entidades de gestión -aquí presentes- se rebelaron y le pusieron una demanda, que ganaron justamente porque aquello no tenía básicamente ni pies ni cabeza. En noviembre de 2016 el Tribunal Supremo anuló la Ley Lasalle -qué cosas- y el Reino de España pasó a incumplir todas las normativas habidas y por haber en materia de compensación por copia privada. Lo mejor es que alguien del Gobierno, con Rajoy ya investido, pensó: qué bueno debió ser este Lasalle que no ha dejado ni el solar, vamos a nombrarle nada menos que secretario de Estado de Agenda Digital. Señor ministro, ¡de Agenda Digital! ¡No me diga que no es una buena historia! Había que solucionar esto como fuera, así que alguien decidió que había que volver al punto de partida pero con menos dinero, que los tiempos son duros. Como si no hubiera pasado nada, básicamente, pero sí pasa, señor ministro y señores del Gobierno, han pasado muchas cosas. Lo primero -justo es decirlo- es que le deben muchísimo dinero a las entidades de gestión y, a través de ellas, a los autores, editores y tenedores de derechos de autor en este país. (Aplausos). Lo segundo es que el mundo ha cambiado mucho, también el de la cultura. Han cambiado los usos sociales de la cultura, los soportes, las prácticas, la manera en que creamos, producimos y disfrutamos de la cultura. Usamos tabletas y smartphones, a través de ellos accedemos a Spotify, a Amazon Prime, a Netflix, a Bandcamp, a SoundCloud, a Filmin, a Youtube, a HBO, etcétera, cuyos modelos de licencia no requieren de compensación por copia privada. No entro ahora en si a mejor o a peor, pero la vida ha cambiado de manera irreversible y no precisamente en el sentido de hacer más copias privadas.

Muchos llevamos tiempo alertando de esta situación, tiempo señalando que hace falta un debate de fondo sobre la sostenibilidad y la remuneración justa de los profesionales de la cultura, tiempo proponiendo alternativas de financiación mixta de la cultura, tales como una tasa a las operadoras de red o la casilla cultural en la declaración de la renta, tiempo defendiendo una legislación adaptada a los usos vigentes. Las entidades saben perfectamente que la copia privada no es el futuro de la gestión colectiva de derechos, y tampoco es difícil darse cuenta si uno está al día de las tendencias tecnológicas, como es su caso. Sin embargo, el Gobierno nos pide que hagamos como si nada; pura ficción, básicamente. Y aquí estamos, en mitad de 2017 enredados en la compensación por copia privada sin haber tenido un debate a fondo sobre la vigencia y definición de la copia privada. En un momento en el que los ordenadores se fabrican sin lector de DVD y ya prácticamente sin puerto USB, seguimos sin tener el debate sobre la vigencia y definición de copia privada. ¿De qué estamos hablando, señores del Gobierno? Además pactan con las entidades este decreto -cosa muy lógica- pero no cuentan con asociaciones de consumidores, como Facua o la OCU, que se han mostrado rotundamente en contra, ni con asociaciones de startups, de autónomos o de internautas. Francamente, todo lo que rodea a este decreto, independientemente de que reconozca el trabajo que hay detrás, produce bastante perplejidad.

Voy al fondo y termino. El problema es de sostenibilidad de la cultura, es decir, que sea posible dedicarse a la cultura con derechos y con una remuneración justa. Los profesionales de la cultura no quieren una paga anual, no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos, no quieren más que trabajo digno y con derechos, que sea posible tener proyectos, quieren montar ellas y ellos mismos esos proyectos, lo que en realidad quiere y reclama la mayoría es un poco de estabilidad y de dignidad. La realidad es que si la compensación por copia privada fuera de 400 millones anuales -por poner un caso extremo e irrealizable-, seguiría siendo dificilísimo dedicarse a la cultura de manera sostenible, seguiría existiendo una precariedad gigantesca, mayoritaria y abrasadora, proliferarían por igual los falsos autónomos, los problemas para cobrar la pensión, la imposible financiación o casi imposible de los proyectos medianos y pequeños, los viajes sin seguros tras un vuelo en negro, los retrasos en los cobros, los impagos, las cláusulas abusivas en los contratos -si es que hay contrato-, la desigualdad entre hombres y mujeres


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y los accidentes laborales -y vaya mi recuerdo a la familia y amigos de Pedro Aunión, a quien hemos perdido este fin de semana en Madrid-. (Aplausos).

Hay consenso para acabar con esa situación; consenso para una jubilación digna de creadores y profesionales de la cultura; consenso para una financiación mixta de la cultura decente; consenso para la representatividad sindical del sector para que se puedan negociar convenios colectivos estables y dignos. Hay consenso en esta Cámara para todo eso, y esas medidas cuestan menos que este decreto vintage que tanto les ha costado. Cuestan mucho menos trabajo y son mucho más eficaces.

Termino ya. Desde luego, hay que ir poco a poco. La política no deja de ser el arte del 'mientras tanto', pero no es el arte de 'este mientras tanto'. Por todo esto y porque el legislador no puede permitirse vivir lejos del mundo que le ha tocado, no les apoyaremos hoy. Izquierda Unida se abstendrá. Podemos-En Comú Podem-En Marea votaremos en contra del canon digital y de este decreto que creemos que debería por su complejidad tramitarse como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maura.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el real decreto que ahora debatimos es el primer paso en la reparación de un error y de una injusticia; un paso corto, pero un paso en la buena dirección que nosotros vamos a apoyar. ¿Qué injusticia y qué error viene a mitigar este decreto? Pues los provocados por una decisión que tomó el presidente Rajoy en diciembre de 2011, es decir, cuando apenas llevaba una semana al frente del Gobierno de España. En un momento de grandes recortes en políticas sociales, el Gobierno decidió ahorrarle más de 100 millones de euros a la industria tecnológica y pagar la compensación por copia privada con dinero de los Presupuestos Generales del Estado. Resulta una ironía que aquel decreto se llamara 'de corrección del déficit público'. Hasta que entró en vigor aquel decreto, quienes sacaban beneficio de hacer una copia de películas, libros o canciones pagaban el perjuicio que producían a los autores por no poder venderlas directamente. Pero desde diciembre de 2011 personas como mi madre, es decir, personas que no solo nunca han hecho una copia de una canción o de una película, sino que jamás han comprado un soporte susceptible de hacer copias, pagan con sus impuestos la compensación por hacer copias de los que sí las hacen. (Aplausos). ¿Es un sistema más justo que el que había? Evidentemente, no; es más injusto. Eso sí, no hubo protestas. Las personas como mi madre, que nunca compraron tecnología que permitiera comprar películas, libros o canciones, no nos enviaron cientos o miles de correos ni pusieron tuits para protestar por el nuevo sistema que les hacía pagar a ellas el perjuicio ocasionado a los creadores culturales. El afán de justicia movía a los movilizados; la codicia movía a los movilizadores.

Una vez establecido el nuevo y más injusto sistema, los fabricantes y distribuidores de esa tecnología se quedaron calladitos contando sus millones. Fue entonces cuando descubrimos, además, que el Gobierno no iba a pagar a los creadores según la cuantía del daño que la copia privada hacía a los derechos de los creadores, sino según la disponibilidad presupuestaria. ¿Y quién decide la disponibilidad presupuestaria? El señor Montoro, en efecto, ¡un alma sensible ante los temas culturales donde las haya! De modo que, de 100 o 110 millones anuales en los que se estimaba el daño por copia privada, la cultura pasó a recibir 5 millones; los 5 millones disponibles no como un derecho sino como una gracia, una triste gracia. De ese modo, el Gobierno, en su primera semana al frente del país, lo primero que hizo fue regalar 100 millones anuales a los productores y distribuidores de instrumentos tecnológicos de copia y defraudar 95 millones a los creadores de la cultura. Por cierto, hay una cierta izquierda que no ve la lógica de la acumulación capitalista hasta que no la estudia en los libros de historia. Decía Hannah Arendt que la lógica de la acumulación siempre se impuso a la propiedad privada; es decir, que la acumulación primitiva de capital acude al robo cuando le resulta necesario. En el origen de toda gran fortuna hay un crimen, decía el autor de La comedia humana, y últimamente hemos visto levantarse inmensas fortunas en el sector tecnológico. Llevamos ya unos cuantos años asistiendo, no solo en nuestro país, a un largo proceso de saqueo de los derechos de propiedad intelectual, un saqueo ante el que el Gobierno, pero no solo el Gobierno, se ha mantenido pasivo cuando no cómplice. Lo curioso es que cuando algunas grandes empresas tecnológicas, las más modernas y avanzadas, han girado virtuosamente en sus políticas de respeto a los derechos de la cultura, haya en esta Cámara quien todavía se oponga a la convalidación de este real decreto exactamente por las mismas razones que llevaron al presidente Rajoy a hacer el entuerto de diciembre de 2011. Cuando la derecha rectifica desde posiciones que se dicen de izquierdas, hay quien


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persevera en eso que César Rendueles ha llamado con acierto ciberfetichismo, sin comprender que para garantizar el acceso a la cultura hace falta primero garantizar la producción de la cultura: de nuevas películas, de nuevas canciones, de nuevos libros. Me temo que en esta ocasión diferenciarse no es lo mismo que distinguirse. (Aplausos).

Este real decreto, efectivamente, no arregla el futuro, pero arregla el presente y más vale pájaro en mano, sobre todo porque aprobar este real decreto no empece que podamos mejorar todo lo demás que necesita la cultura, sino que facilita que con este escalón subamos el resto de los escalones. No sé si por virtud o por necesidad, quiero pensar que hay de las dos cosas, con este real decreto el Gobierno rectifica su política. Dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el 16 de junio del año pasado y otra del 10 de noviembre del año pasado del Tribunal Supremo, obligan a nuestro país a modificar este legislación y a hacerlo con premura. Llevamos mucho tiempo trabajando la modificación de esta legislación. Para que podamos aprobar este texto ha hecho falta el trabajo de muchas personas, el tiempo de muchas personas, en particular de las entidades de gestión. Se las critica, pero sin ellas los creadores no verían defendidos sus derechos. Son absolutamente necesarias, como lo son los sindicatos, para que los defiendan. Es su trabajo, su experiencia, su esfuerzo, lo que permite que vayan a recibir una compensación que es suya.

También debo reconocer el esfuerzo de mis compañeros portavoces de la Comisión de Cultura, de los grupos parlamentarios que han trabajado para que esta reforma se lleve a cabo. Por último, nobleza obliga, reconozco el esfuerzo del Ministerio de Cultura en buscar un consenso que permite rectificar una política equivocada e injusta. Ese consenso que cuesta tanto construir nunca debió romperse de un plumazo, como se hizo en 2011. Insisto, sin embargo, en que estamos lejos de que se repare el daño que se ha hecho a la cultura. Señorías, lo que hacemos es devolver a los creadores una parte de lo que es suyo, una pequeña parte, y no solo es lo justo, también es lo más conveniente para todos, también para la industria tecnológica.

Acabo. Hace más de treinta años yo era un recién licenciado en Sociología en paro y hacía un curso de informática, que, según se decía entonces, era algo que tenía mucho futuro. En un descanso, un licenciado en Químicas me preguntó: ¿Para qué sirve la sociología? Para explicarte por qué me haces una pregunta de carácter instrumental -le contesté-. No lo vi muy convencido, así que le pregunté: ¿Sabes para qué sirve un ingeniero que hace un tocadiscos? Él me dijo: Sí, claro. Era un chico listo, pero creo que no lo entendió todo hasta que le pregunté: ¿Y sabes para qué sirve Mozart? Cuando uno sabe para qué sirve Mozart es cuando lo entiende todo. Es a la buena estirpe de Mozart, de Picasso, de Cervantes, de Buñuel, a la que servimos hoy con un paso que se queda corto, es verdad, pero que va en la buena dirección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Torres Mora.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora García-Pelayo Jurado.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, voy a comenzar como procede. El señor Maura sabe que le aprecio. Coincido con usted en que nadie es más que nadie, pero sí creo que alguien es menos que nadie cuando no tiene la altura moral o la grandeza de corazón (El señor Maura Zorita hace gestos negativos) para reconocer o recordar que hace veinte años una persona, con independencia de la ideología que tuviera -una persona-, dio su vida por defender las libertades de los demás. Yo por eso me voy a quedar ahí, no voy a seguir; simplemente le voy a lanzar un beso muy grande a Mar. (Aplausos).

Señor presidente, señoras y señores diputados, lo que nos trae hoy aquí es la petición de convalidación del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo que se va a recibir por parte de los distintos grupos políticos que hacen posible, en definitiva, que se convalide este real decreto-ley. Pero quiero también agradecer el trabajo del Ministerio de Cultura, con el ministro al frente, y de todo el Gobierno por hacer posible que se dé una solución definitiva a un problema que es histórico. Me ha llamado la atención la intervención del señor Torres Mora, que se ha remitido al año 2011. Parece que el problema de la compensación por copia privada nace en el año 2011; no es así y usted sabe que no estamos resolviendo un problema histórico sino prehistórico. Me remonto a la sentencia Padawan donde ya se les llamó la atención -y gobernaba el Partido Socialista en España- en relación con el sistema de compensación que tenía nuestro país. Incluso le quiero recordar


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al Partido Socialista que ya la Ley de Economía Sostenible les exigía que el 6 de junio del año 2011 hubiera un sistema nuevo. Dejaron el Gobierno de España y dejaron el problema al Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno que dijo muy claro que el sistema que establecía no era un sistema definitivo sino que era provisional o transitorio. Por lo tanto, se reconocía desde el primer momento de su creación que no era el sistema deseable para todos. Hoy se está corrigiendo, hoy nos incorporamos al modelo europeo. Por cierto, se ha llegado a decir aquí que el sistema del Gobierno del Partido Popular era un sistema ilegal. Aquí nadie ha dicho que el sistema fuera ilegal; lo único que se ha dicho es que, en relación con las personas jurídicas, no se permitía la posibilidad de reclamar las exenciones en relación con el pago de la compensación, pero en ningún caso se ha cuestionado la legalidad del procedimiento. Eso creo que es importante también ponerlo encima de la mesa.

En definitiva, muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible. Me he dirigido al Gobierno, me he dirigido a los grupos políticos pero quiero hacerlo -y miro hacia arriba- a las entidades de gestión. Quiero agradecer personalmente a Antonio Fernández Carrasco, en representación de Adepi, el trabajo tan importante que ha hecho. ¿Por qué? Porque ha sido casi casi el puente que nos ha permitido la interlocución a todos los grupos políticos. Estoy viendo al secretario de Estado de Cultura, al que quiero agradecer también el que estemos hoy aquí. Gracias a todos, gracias por poner fin a una situación de interinidad, a una situación de provisionalidad. Gracias por hacer posible que España se incorpore al modelo europeo de compensación por copia privada y gracias también -¿por qué no decirlo?- por hacer posible que evitemos las posibles sanciones que podrían haber recaído desde Europa a España por no ajustarnos a ese modelo.

Quiero hablar también de los tiempos. Se dice que por qué ahora, deprisa y corriendo. No, deprisa y corriendo no, ustedes han provocado en muchos casos que haya que hacer ahora cosas deprisa y corriendo. ¿Por qué? Porque este Gobierno ha estado en una situación de interinidad o en funciones durante más tiempo del que nosotros y, por supuesto, del que los españoles hubieran deseado. Si hubiera habido estabilidad hace dos años o hace un año, evidentemente, hoy no hubiéramos tenido que venir, como ustedes dicen, deprisa y corriendo.

Paso a enumerarles algunas cuestiones que me parecen también destacables en relación con este real decreto-ley. Ustedes saben bien que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los creadores, a los que respetamos -y por eso estamos hoy aquí-, a los que apoyamos y a los que les reconocemos el valor que aportan a nuestra economía y no solamente a nuestra cultura, el derecho a autorizar o a prohibir que sus obras se reproduzcan total o parcialmente por cualquier medio o soporte. Pero la ley también establece un límite a este derecho del autor sobre su obra, fundamentalmente cuando no haya beneficio para el que realiza la copia o cuando esta copia sea para uso privado. En estos casos, también se establece un sistema de compensación. Regular este derecho a la justa y equitativa compensación o resarcimiento es lo que nos trae hoy aquí.

No podemos olvidar, por otro lado -y creo que también es fundamental destacarlo-, que con este decreto-ley, con esta convalidación ponemos punto final a una etapa de incertidumbre provocada por un vacío legal y que el modelo que hoy trae el Gobierno -también hay que destacarlo-, como ya he dicho, es un modelo consensuado con todos, pero sobre todo es un modelo transparente, sostenible y estable en el tiempo. Ya no se van a dar más bandazos porque ya se ha dado solución definitiva a una cuestión que, insisto, venía arrastrándose desde hace muchos años.

El modelo define con claridad a los acreedores de derechos, que son y serán nuestros creadores, titulares de la propiedad intelectual, pero también define a los obligados, que son los fabricantes y distribuidores de equipos. Voy a intentar no reiterar cuestiones que ya se han dicho, pero sí me gustaría destacarles una. Se ha dicho, poco más o menos, que aquí alguien se va a hacer rico y creo que con el sistema que se plantea -habrá que comprobarlo a lo largo del devenir del tiempo- no hay en principio ninguna justificación para que los consumidores tengan que pagar ningún peaje por este sistema que se instaura. ¿Por qué? Primero, porque creemos que es un sistema que es razonable para todas las partes: para los creadores, por supuesto que sí, y para las entidades de gestión, pero también -y esto es importante- para los fabricantes y para los consumidores que son, en definitiva, los que nos tienen que preocupar a todos. ¿Por qué digo que no tiene por qué afectar a los consumidores? Porque no tiene por qué afectar a los precios de mercado. En principio, la implantación de este modelo no tiene por qué afectar a los precios de mercado. ¿Por qué? Porque solamente afecta un 0,056 % en la facturación de las empresas tecnológicas. Por lo tanto, 0,0 % significaría cero subida de precios. Eso lo decimos y lo trasladamos con toda la claridad del mundo.


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Por otro lado, y voy terminando, me gustaría destacarles también que lo que hoy aprobamos es lo que podríamos llamar un marco general. Se ha dicho aquí, y lo ha mencionado el señor Maura, que hay muchas cosas por hacer. Evidentemente, eso es así. Hoy se está aprobando el marco general. Es un procedimiento, un sistema que se tiene que aplicar de forma escalonada para lo que, evidentemente, seguirá haciendo falta consenso y trabajo en común. Termino diciendo algo que creo que es importante. Se ha dicho también que hay muchas cuestiones relativas a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a la piratería. En definitiva, se ha hablado de todo, pero posiblemente la intervención del señor Maura no se ha centrado en el fondo de lo que nos trae hoy aquí porque lo que ha hecho ha sido disparar políticamente hacia todo lo que se mueve. Señor Maura, usted está en la Comisión de Cultura, en la que creo que trabajamos a tope y lo hacemos a impulso del Gobierno: Hemos abordado un Plan Cultura 2020, también iniciativas importantes para que se cree un fiscal antipiratería para reforzar la Comisión de Propiedad Intelectual y asimismo se han aprobado iniciativas importantes en relación con el Plan de Fomento de la Lectura. En definitiva, usted sabe lo que se está trabajando por parte de este Gobierno porque este Gobierno informa de las iniciativas que aprueba y de las iniciativas que quiere trasladar al Congreso de los Diputados. Por tanto, critique usted lo que considere que tiene que criticar porque nosotros, como le digo, vamos a seguir trabajando aunque no hayamos recibido ninguna propuesta suya en los días previos. No, no me haga gestos porque no hemos recibido ninguna propuesta suya a pesar de que se le ofrecido la posibilidad de hacer tales propuestas. Esperemos, de verdad, que con el consenso de todos los grupos políticos este decreto finalmente se convalide y esperemos de verdad que sea, porque así lo consideramos, el punto de partida de un trabajo común hacia el futuro en beneficio de nuestros creadores, en definitiva, en beneficio de nuestra cultura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García-Pelayo.

- REAL DECRETO-LEY 13/2017, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, EN LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL ÁMBITO LABORAL Y DEL CONTROL DEL GASTO, PARA LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS, Y POR EL QUE SE CREAN ESPECIALIDADES EN CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS. (Número de expediente 130/000019).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al tercer punto del orden del día. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno trae esta tarde al Congreso de los Diputados para su convalidación el Real Decreto-ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 7, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social y el control del gasto, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.

Esta oferta de empleo público extraordinaria fue aprobada por el Gobierno junto a la oferta de empleo ordinaria, que, a su vez, ha tenido dos fases diferentes: la primera, el pasado mes de marzo con carácter de urgencia, y la segunda, el mismo día 7 de julio. En el conjunto de las ofertas impulsadas este año por el Gobierno y que previamente han obtenido el respaldo de los representantes sindicales, reunidos en la Mesa de la Función Pública, se convocan 28 249 plazas, que es la cifra más alta desde el año 2008. Del total de esas plazas, 20 451, que representan el 72,4 %, se cubrirán por turno libre, y las 7798 restantes lo serán por procedimientos de promoción interna. De las dos ofertas de empleo aprobadas el día 7,


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la ordinaria de la Administración General del Estado incluye 10 323 plazas de nuevo ingreso y 5675 plazas de promoción interna, mientras que la extraordinaria incluye 3832 plazas de turno libre y 450 de promoción interna. Además, como acabo de señalar, el Gobierno ya aprobó otro real decreto el pasado mes de marzo con carácter de urgencia con la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017 debido a que esas plazas, por sus características, no podían esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En este caso fueron 6296 plazas de turno libre y 1673 de promoción interna, lo que recibió, como todas sus señorías conocen, un amplísimo respaldo de esta Cámara.

¿Por qué después de cinco años en los que ha ido disminuyendo el número de empleados públicos impulsamos estas ofertas de empleo? Por un lado, porque hay necesidades que el Estado tiene la obligación de atender para que los ciudadanos tengan a su disposición unos servicios públicos de calidad, que den una respuesta eficaz y eficiente a sus demandas. Por otro, porque la recuperación económica y la mejora en términos presupuestarios nos lo permiten. La crisis económica nos obligó desde el comienzo de la X Legislatura a hacer un ajuste en la plantilla de la Administración, que había crecido desmesuradamente durante los primeros años de la crisis pese a las gravísimas dificultades presupuestarias. Ahora, una vez que el número de empleados públicos ha vuelto a los niveles previos de la crisis, ligeramente por debajo de los 3 millones de personas, y una vez que la recuperación económica se consolida, es el momento de reforzar aquellas áreas que, tras un riguroso análisis, se consideran más necesarias para el funcionamiento del Estado y el servicio a la sociedad. Por ese motivo en la oferta de empleo público ordinaria hemos incrementado el número de los servicios que consideramos prioritarios, aquellos en los que la tasa de reposición de las bajas que se producen es del 100 %, frente al 50 % de tasa en los servicios públicos que no son prioritarios. Además, hemos considerado que existen otros servicios públicos que deben reforzarse aún más y de ahí su inclusión en la oferta de empleo público extraordinaria. Son los que luchan contra todo tipo de fraude y los que se encargan de controlar el gasto público; dos áreas extraordinariamente sensibles tanto para la mejora de las finanzas públicas en general como para combatir de manera específica la mala gestión y la corrupción. Al tiempo que fortalecemos esas áreas, hemos emprendido una mejora de la calidad en el empleo público. En ambos casos estamos avanzando, con el acuerdo de los sindicatos de la Función pública, en una dinámica que se desarrolla desde hace meses y que las dos partes pretendemos que se prolongue en el futuro, para lo cual ya estamos comenzando nuevas conversaciones.

Me gustaría destacar que esta oferta de empleo público tan amplia que ha aprobado el Gobierno supone un esfuerzo presupuestario necesario porque nos permite avanzar en la mejora de la Administración nutriendo los servicios públicos de nuevos efectivos que son imprescindibles para atender adecuadamente la demanda de los ciudadanos. Desde el punto de vista laboral, esta oferta de empleo va a rejuvenecer la Administración después de que en años de restricciones presupuestarias hayan ido elevando paulatinamente la edad media de las diferentes plantillas. Además estas ofertas de empleo van a incorporar a personas con un elevado grado de preparación, entre otras cosas porque se incrementa el número de plazas que requieren una gran especialización. El Estado ofrece así a todos los profesionales, y sin duda de un modo concreto a las personas jóvenes que se han estado preparando en los últimos años, la posibilidad de desarrollar una carrera de servicio público que pretendemos que sea cada vez más atractiva, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico y laboral. Las nuevas ofertas de empleo abren nuevas expectativas a miles de personas, tanto a las que quieren incorporarse a la Administración desde el sector privado o para salir de una situación de desempleo como a otras personas que ya son empleadas del Estado y que desean mejorar sus condiciones laborales y profesionales, a través de plazas de promoción interna, que son una de cada cinco de las que se crean este año. Como he señalado las áreas que se van a reforzar tras el análisis realizado en los últimos meses incluyen un elevado número de plazas muy especializadas, para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad española. Estamos buscando la mayor eficacia de la Administración en todos los ámbitos y la mejor prestación del servicio público a los ciudadanos, y creo que con las decisiones que estamos tomando en el ámbito de la Función pública, con la plena colaboración y la plena corresponsabilidad de los sindicatos, estamos en el camino correcto.

Centrándome ya en la oferta de empleo extraordinaria cabe destacar que supone la creación de 4282 plazas a lo largo de dos años, 2017 y 2018. El motivo de hacerlo así es acelerar lo máximo posible las convocatorias y la incorporación de efectivos en estos ámbitos en los que vengo insistiendo de lucha


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contra el fraude fiscal y laboral y el control del gasto público. Para contribuir a ese trabajo y a la mejora del servicio público que se presta desde estos ámbitos la oferta de empleo público extraordinaria convoca 2150 plazas en la Agencia Tributaria, 415 en el Servicio de Empleo, 564 en la Administración de la Seguridad Social, 320 en la Inspección y Subinspección de Trabajo, y 178 en los cuerpos de la Intervención del Estado. En todos estos casos la mitad de las plazas corresponden a la convocatoria del 2017 y la otra mitad a la del 2018, excepto en el caso del Servicio de Empleo Estatal, donde serán 215 este año y 200 el que viene.

El mayor esfuerzo de incorporación de personal corresponde a la Agencia Tributaria, una institución que es esencial en la mejora de los ingresos del Estado, tanto en el ámbito de la gestión ordinaria de los impuestos como en la lucha contra el fraude fiscal, como lo es también en la colaboración con la justicia frente a los delitos fiscales y la corrupción. Por eso como vengo explicando prácticamente la mitad de las plazas del real decreto-ley con la oferta de empleo extraordinaria van a la Agencia Tributaria, 2154 sobre un total de 4282, lo que supone la mayor asignación de recursos humanos a la Agencia Tributaria en muchos años. Me gustaría destacar además que casi la mitad de estas 2150 plazas corresponden a los cuerpos más especializados. De hecho la tercera parte de las mismas, 716, son para el Cuerpo de Técnicos de Hacienda, 180 para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 110 corresponden al Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera y 34 al Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. Además se sumarán 310 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y 800 agentes de la Hacienda pública y personal administrativo de la Administración General del Estado. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías; les ruego silencio.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): El control del fraude ha sido prioritario estos años y sus resultados han sido esenciales para el fortalecimiento de las finanzas públicas y la lucha contra la economía sumergida. Debemos insistir por el camino que hemos recorrido, y para ello tenemos nuevos instrumentos legales y medios tecnológicos, y ahora con esta oferta de empleo extraordinaria una ampliación de plantillas que era muy importante abordar y que resulta especialmente satisfactoria. En este sentido me gustaría hacer especial mención al esfuerzo que han realizado estos años los funcionarios de la Agencia Tributaria, del Servicio Público de Empleo Estatal, de la Administración General de la Seguridad Social, de la Inspección y Subinspección de Trabajo y de los cuerpos de la Intervención General del Estado. Ellos forman parte de esos sectores que son la salvaguardia de las finanzas del Estado, su labor en medio de las dificultades ha permitido que aquellas finanzas maltrechas de la crisis sean hoy mucho más sólidas, y puedan sostener la mejora de la actividad económica y de la creación de empleo. En los años de mayores dificultades no pudimos mejorar las plantillas como hubiera sido nuestro deseo, lo que sí hicimos fue que las tasas de reposición fueran siempre las más elevadas posibles, al tiempo que aprobábamos mejoras específicas de forma puntual. En este sentido las dos ofertas de empleo público extraordinarias que impulsamos en 2014 y 2015 dieron especial importancia a la mejora de las plantillas en estos sectores. No pudimos hacer lo mismo el año pasado como habría sido nuestro deseo, porque la parálisis política que obligó a que durante más de diez meses hubiera un Gobierno en funciones lo impidió.

También quisiera recordar que para modernizar la labor de estos sectores, al tiempo que suplíamos las carencias de personal a las que nos vimos obligados por la necesidad y la prioridad de reducir el déficit público, hemos introducido estos años mejoras normativas y de gestión de recursos humanos y materiales. Estas iniciativas impulsadas por el Gobierno, junto a la profesionalidad, la muy elevada profesionalidad de nuestros funcionarios, que han desarrollado un trabajo que sin duda ha alcanzado la excelencia, han hecho posible una mejora constante de los resultados. Para corroborarlo no tenemos más que repasar las cifras que se han conseguido en la lucha contra el fraude en todos los ámbitos y en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, los cinco años récord que se han alcanzado en estos últimos ejercicios en la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal. De manera que hoy aquí de nuevo quiero expresar el reconocimiento a todos esos funcionarios, a todos esos empleados públicos que han acometido esta ingente labor.

Por otra parte esta oferta de empleo extraordinaria tiene una segunda variable que es la relativa a las plazas que se destinan al control y persecución del fraude y al control del gasto público. Me refiero a la convocatoria de plazas destinadas a mejorar dos servicios esenciales en la atención directa al ciudadano, en los cuales se ha detectado una necesidad urgente de reforzar las plantillas este mismo año. Se trata, por un lado, de las oficinas de expedición del DNI y pasaportes, y por otro lado, de los examinadores de


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la Dirección General de Tráfico para la obtención de los distintos carnés de conducir. En este ámbito la oferta incluye la convocatoria de 150 plazas para las oficinas de expedición del DNI y pasaportes, que se unen a las 135 anteriores cuya incorporación es inminente, y de 505 plazas de examinadores de tráfico, de las que 70 son de turno libre y 435 de ámbito interno para favorecer la formación profesional de los actuales examinadores que pertenecen al subgrupo C2.

Señorías, como les decía al comienzo de mi intervención esta oferta de empleo público extraordinaria completa con la ordinaria la mayor convocatoria de empleo del Estado en los últimos años, y si en el primer caso reforzamos sectores fundamentales en la lucha contra el fraude y en el control del gasto público, en la oferta ordinaria se consolida el personal de los sectores fundamentales, al tiempo que se incrementa el número de estos sectores que decía que pasan a tener tasas de reposición del cien por cien, de las bajas que se van produciendo. De esta manera a los sectores de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, control de la asignación eficiente de los recursos públicos, asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos, lucha contra el fraude fiscal y laboral, Administración penitenciaria, asistencia directa a los usuarios de servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo y seguridad ferroviaria se suman este año los de atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencia. Los principales sectores en los que este año la oferta de empleo público ordinaria, aprobada el pasado día 7, crea nuevas plazas son: 1695 para los cuerpos de la Administración general, 743 para la Administración de Justicia, 774 para Instituciones Penitenciarias, 630 para Tecnología de la Administración, 386 para organismos públicos de investigación, 250 habilitados nacionales, 227 para salud pública y 266 para museos, archivos y bibliotecas. Además esta oferta incorpora una estimación de más de 2600 plazas para la Administración de Justicia adicionales a las 743 de la tasa de reposición, que corresponden al número de plazas a estabilizar este año, según el anterior acuerdo firmado con los sindicatos en marzo para reducir la inestabilidad laboral y la interinidad, fundamentalmente en la Administración autonómica. El incremento total de plantilla que se convoca este año respecto a la convocatoria de 2016 es de 9128 plazas, de las cuales 7024 son de turno libre y 2014 de promoción interna. Además el 7 % de las plazas ofertadas se reserva a personas con discapacidad, en concreto el 2 % para personas con discapacidad intelectual y el 5 % para aspirantes con cualquier otro tipo de discapacidad.

Señorías, me gustaría destacar que la amplia oferta de empleo público para este año nace como consecuencia de la unión de dos voluntades que han resultado coincidentes. Por un lado, la voluntad del Gobierno de mejorar la dotación de personal en determinados ámbitos de la Administración pública, una vez como decía que la situación económica ha mejorado, y consiguientemente la presupuestaria, pero también responde a la voluntad de diálogo y de entendimiento que han demostrado, tanto la Administración como los sindicatos en la Mesa de la Función Pública para alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. A partir de aquí es evidente que si esta oferta de empleo tiene una motivación prioritaria es su deseo de servicio público, la determinación del Gobierno de España y de los sindicatos de la Función pública de ofrecer a los ciudadanos la mejor atención por parte de la Administración y el mejor funcionamiento de todos los servicios públicos, en especial de aquellos que son prioritarios para el buen desarrollo del Estado. Quiero destacar la trascendencia del acuerdo alcanzado con los sindicatos de la Función pública, no solo por la aprobación en sí de esta oferta de plazas, sino porque además ambas partes estamos apostando por una mejora de la calidad del empleo público.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos estamos comprometidos con una dinámica de entendimiento que sin duda es muy buena para todos, sobre todo para los empleados de la Administración, y al mismo tiempo servimos al conjunto de los ciudadanos, que es lo que da sentido a toda nuestra labor. Esa dinámica tuvo como uno de sus principales hitos la firma, el pasado mes de marzo, del acuerdo para acabar con la alta tasa de temporalidad en la Administración pública, especialmente en la autonómica. Aquel acuerdo, propuesto e impulsado desde la Conferencia de Presidentes autonómicos, al igual que el de la ampliación de los sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición, permite iniciar procesos de selección para consolidar el número de plazas existentes en áreas prioritarias para el ciudadano, como la sanidad, la educación y la Administración de Justicia, y van a dar estabilidad laboral, hasta un 90 % de las plazas de interinos que existen actualmente y que ascienden a alrededor de 300 000. Estos dos acuerdos, el de la estabilidad laboral y el de la oferta de empleo, alcanzados en un intervalo de tiempo bastante breve, suponen la demostración de que el entendimiento es posible en cualquier ámbito cuando existe voluntad entre las partes. En este caso es evidente que todos los interlocutores que nos hemos implicado en esta negociación hemos puesto el máximo interés y el interés general de los


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ciudadanos por delante de cualquier otra consideración. Al hacerlo hemos alcanzado un acuerdo muy positivo y razonable, porque como decía aprovechamos la mejora de la situación económica de España para conseguir mayores ventajas para nuestros empleados públicos, y en definitiva para servir mejor a la sociedad. Al mismo tiempo somos consecuentes y respetamos los objetivos de reducción del déficit público.

Esta doble consideración, aprovechar el margen que ofrece la evolución de la economía de nuestro país para conseguir mejoras en la prestación de los servicios públicos, a la vez que mantenemos la senda de reducción del déficit, nos muestra un escenario que se puede y se debería aprovechar en otros ámbitos. El Gobierno desde luego está en ese empeño, pero para conseguirlo es necesario encontrarnos con interlocutores que tengan la misma disposición al acuerdo y el mismo grado de compromiso que han demostrado estos meses los sindicatos. A partir de los acuerdos que hemos alcanzado y de la buena disposición de las partes seguiremos progresando en el diálogo, y llevaremos adelante la negociación de cuestiones básicas y fundamentales para la Función pública, entre otras la mejora de las retribuciones a partir del próximo ejercicio 2018 y a partir de los próximos Presupuestos Generales del Estado, como ya también hemos anunciado.

Señorías, el fortalecimiento de los servicios públicos es una obligación que nos afecta a todos. El Gobierno desea incidir en ese fortalecimiento a través de una mejora de la dotación de medios humanos y materiales y de la calidad de la Función pública, que lógicamente repercutirán en una mejora de la atención y de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Para ese objetivo estamos contando con el apoyo de los sindicatos de la Función pública, cuya respuesta es coherente con el nivel de responsabilidad que tienen contraído con los trabajadores y con la propia Administración en la que desempeñan su labor. Desde aquí pido a sus señorías y a los grupos políticos el respaldo a ese objetivo compartido con las fuerzas sindicales, y por ese motivo pido el voto favorable a la convalidación de este real decretoley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, los independentistas cuando vemos que algo es razonable no nos importa votar a favor, y lo va a comprobar en este real decreto. Vamos a votar a favor de la convalidación. No obstante también les vamos a hacer algunas observaciones. Vamos a votar a favor porque lo encontramos razonable y está afectando a sectores de la Función pública que requerían este esfuerzo. Evidentemente la lucha contra el fraude fiscal y laboral a la Seguridad Social es imprescindible. También es imprescindible en otros dos sectores que les pueden parecer minoritarios, pero que desde nuestra óptica son fundamentales, el primero es el de todos los funcionarios que están atendiendo a las renovaciones de los DNI y los pasaportes en cada uno de los centros. Hay una excesiva demora en la tramitación de estos documentos y es necesario complementarlos. Nos parece poco, porque en Cataluña tenemos un déficit importante. Yo mismo como alcalde lo he sufrido en mi ciudad, en mi provincia y también está pasando en Barcelona. Por tanto entendemos que es razonable. El segundo, igual de razonable, es el incremento de plazas para las personas que examinan para obtener el permiso de conducción. También es un tema que nos genera muchos problemas en Cataluña. De hecho nuestro grupo, el Partit Demòcrata, presentó una PNL en la Comisión sobre Seguridad Vial defendida por el diputado Postius, que fue aprobada por unanimidad, y que reclamaba precisamente una mayor dotación. Tampoco nos parece suficiente, y por lo que nos ha llegado entendemos que solo va a afectar a Barcelona y no va a afectar a Lérida o a Tarragona, que son dos de las provincias que también tienen un déficit excesivo. Por tanto esperamos que se pueda complementar.

Más allá de esto, señor ministro, voy a hacer algunas reflexiones en torno a lo que estamos haciendo hoy. Vaya por delante que quiero agradecer la disposición de la secretaria de Estado de Función Pública para facilitarnos con carácter previo toda la información; le pido que le transmita nuestro agradecimiento. Lo que estamos haciendo hoy también le gustaría hacerlo a otras administraciones. Entiendo que este entorno presupuestario favorable que justifica este complemento de la oferta de empleo público, porque complementa la tasa de reposición de 2017 y anticipa la tasa de reposición del 2018, también lo podrían conseguir las corporaciones locales o algunas comunidades autónomas. Por tanto nosotros vamos a votar favorablemente, pero les animamos a que planteen que este entorno favorable no sea solo para la


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Administración General del Estado, sino que también lo sea para las comunidades autónomas, y especialmente para las corporaciones locales que año tras año están generando superávit y que en cambio tienen restringida la tasa de reposición en muchos de los ámbitos que también son prioritarios para la atención al ciudadano. Por tanto, señor ministro, es un voto de confianza con el ánimo de que puedan resolver esta cuestión y dar un trato idéntico a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas. Estaría bien que las corporaciones locales pudiesen anticiparse. Ya no le digo que eliminemos la tasa de reposición -que también se lo pido, sobre todo para las que generan superávit-, pero estaría bien que pudiésemos anticipar también las tasas de reposición de ejercicios venideros y convocar ya la oferta pública este año; nos facilitaría las cosas.

Señor ministro, para acabar -y aprovechando que está también el ministro del Interior presente- le diré que como usted sabe esta semana se ha reunido la Junta de Seguridad, y debo decirle que ha ido muy bien; ha costado, pero yo creo que las conclusiones son positivas. En Cataluña todavía tenemos pendiente una cuestión, que es la oferta pública para las plazas de mossos d'esquadra. Como sabe la Generalitat sacó 505 plazas. Recibió un requerimiento por parte del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto Público en el cual instaba a que solo se pudiera materializar esta oferta pública en 50 plazas, y la Generalitat le hizo caso, el conseller Jané le hizo caso; mantuvo la convocatoria en 50 plazas, retiró el resto y al amparo de la Ley de Presupuestos de 2017 ha abierto una nueva convocatoria con las 450 plazas restantes de mossos, señor ministro. Ha vuelto a recibir otra aclaración respecto a estas 450 y se le ha respondido. Soluciónelo pronto, señor ministro, porque estas plazas son importantes para la lucha contra el fraude, son importantes para expedir DNI y permisos de conducción, pero son muy importantes las plazas de seguridad en Cataluña. Estamos prácticamente por debajo de 1500 plazas de lo que se aprobó en su día en la Junta de Seguridad de 2006, 1500 plazas por debajo que la Conselleria de Interior quiere recuperar en tres años. No pongamos dificultad, facilitemos lo que es razonable. Igual que es razonable lo que plantean hoy y vamos a votar a favor, señor ministro, faciliten desde su ministerio -y seguramente también el Ministerio del Interior se lo va a agradecer- esta posibilidad. Usted dice que nos llama a la puerta, y yo estoy muy contento de que nos llame a la puerta, pero no siempre nos dé lentejas, o las tomas o las dejas, también responda a algunas de las demandas. Estas que están haciendo desde la Generalitat de Catalunya son razonables para la seguridad de los catalanes, pero también va a contribuir a la seguridad del resto de los habitantes de España y de toda Europa, porque este concepto global de seguridad no se puede limitar solo a Cataluña.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Baradiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente.

Señoras y señores diputados, los Reyes Magos parece que han cambiado de fecha para el ámbito de la Función pública y para los servicios públicos también, porque parece que el Gobierno ha decidido que su epifanía sea el día 7 de julio, lo que además nos hace pensar también en que puede haber habido una pequeña intercesión de San Fermín, echándole su famoso capotico. (Rumores). Junto con la aprobación del Real Decreto 702/2017, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, que estaba ya prevista en los presupuestos, vemos que este Real Decreto-ley 13/2017 aprueba una oferta extraordinaria de empleo público...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Barandiaran.

Les ruego silencio, señorías.

El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que este Real Decreto-ley 13/2017 realiza una oferta extraordinaria y adicional a la prevista anteriormente. Esa oferta extraordinaria y adicional además dice que se dirige a reforzar con urgencia la atención y prestación de determinados servicios, y de su texto se deduce así que esa nueva dotación extraordinaria y urgente se dirige, primero, al refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, para lo que decide crear nada menos que 2150 plazas, a razón de 1075 por año, los años 2017 y 2018, y todas ellas en turno libre. También un refuerzo del empleo en la lucha contra el fraude en los ámbitos laborales y de Seguridad Social, para los que crea 884 nuevas plazas, a razón de 442 por año. A continuación un largo elenco que incluye 178 plazas para el control del gasto público, 150 para las oficinas del DNI, 360 para los servicios centrales del SEPI y Fogasa, y otras 40 para las


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mismas funciones en organismos autónomos, para lo que crean además una nueva especialidad, y finalmente nada menos que 505 plazas para examinadores de carné de conducir, lo que -como expone además la memoria- ofrece una dotación completa de 4282 plazas adicionales, de las que 3832 son de turno libre. Por eso, como primera cuestión y más importante, queremos destacar el hecho de que mediante este real decreto-ley el Estado ha decidido que se puede superar su Ley de Presupuestos, pero que sin embargo hasta la fecha ha seguido una larga tradición de hacer pagar a los funcionarios y a los servicios públicos el coste de cualquier ahorro público y el coste de cualquier crisis. Para ello se imponían unos límites mediante la tasa de reposición a ofertas públicas de empleo, que sin embargo y en esta ocasión ha excepcionado para agregar a las cifras de 2017 sin aquel condicionante de la tasa de reposición en sectores que considera especialmente necesitados o de urgente atención.

En segundo lugar, toda esa fuerza extraordinaria va dirigida -y hay que destacar esta cuestión- a la Administración General del Estado; es decir, no tiene incidencia en las comunidades autónomas ni en las entidades locales, porque no se trata de servicios de las comunidades autónomas, sino de la Administración General del Estado en exclusiva. El único ámbito en el que la medida incide en políticas que puedan ser desarrolladas por comunidades autónomas, con competencias asumidas, es en lo relativo a la Inspección de Trabajo, donde la oferta para el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social es un capítulo donde ya dice que se produce en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección, ya que en tal caso las convocatorias para el Cuerpo de Inspectores se realizan por el Estado, teniendo en cuenta las necesidades, tanto del propio Estado como las propuestas por las comunidades autónomas con competencias en la materia. Por ello cabe preguntarse por qué el Estado sí puede hacerlo y las comunidades autónomas y entidades locales no, a pesar de que dicha situación de necesidad de refuerzo de los servicios propios de su competencia es también de todas esas administraciones. Es decir, esa situación novedosa o excepcional, ¿por qué se hace solo para la Administración General del Estado y no también para las administraciones autonómicas y locales?

Hay que preguntarse por qué la Administración del Estado se autoriza a sí misma lo que prohíbe al resto de administraciones públicas, a pesar de que las relaciones aludidas en la exposición de motivos sirve también para que ayuntamientos y gobiernos autonómicos puedan ofrecer la misma explicación para actualizar sus plantillas a esas mismas o a superiores necesidades posiblemente. Pero al margen de estas dos cuestiones principales llama la atención también su oportunidad o si no -entiéndanlo al revés- su inoportunidad. Hablo de inoportunidad porque resulta casi dramático que solo después de que el ciclo económico haya empezado a mejorar se tomen medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, precisamente cuando la necesidad o el requerimiento de ingresos, siendo importante, no es tan intenso como el que se ha podido producir hasta ahora. No obstante, bienvenido sea, porque ese fraude, sea cual sea su tamaño, no hace sino generar desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que redunda en perjuicio de todos y del propio sistema.

Más chocante aún resulta el refuerzo de la plantilla de funcionarios dirigida a combatir el fraude de la Seguridad Social. Dicho sea con todo respeto, que dicha medida se adopte el año siguiente al que acabamos de acreditar un déficit de 18 000 millones de euros en sus cuentas corrientes solo se puede entender como tardío e inoportuno. ¿No habría sido más oportuno haber hecho antes ese esfuerzo en aras de evitar o al menos de paliar en parte dicho déficit? Bienvenido sea, pero también tarde y mal.

Igual crítica merece la creación y convocatoria de puestos para el cuerpo de gestión que se ocupa de las prestaciones de desempleo, así como para la gestión de los programas centralizados de fomento del empleo, habiendo congelado las plantillas dedicadas a este fin en el momento histórico de mayor paro, de mayor desempleo, para pretender restaurar ahora ese equilibrio al final de ese ciclo, lo que, con todo respeto, resulta casi incongruente.

De todas maneras, entendiendo la necesidad de todas las convocatorias, porque todas redundan en la mejora del servicio público, no podemos dejar de hacer una mención especial a la relativa a los examinadores de Tráfico. Es llamativo que sea a estas alturas, cuando ya llevan tiempo en huelga, cuando se convoquen nada menos que 505 plazas, si bien solo 70 de ellas son de nueva creación, mediante la creación de una nueva especialidad además. Decía que bienvenido sea, pero quiero recordar las consecuencias que ha tenido la inexistencia de examinadores en muchos sitios, en particular en Gipuzkoa, de donde yo soy diputado, lo que también ha incidido en la posibilidad de empleabilidad de muchos jóvenes a quienes el requisito del carné de conducir les puede haber condicionado su ingreso en el mercado laboral.


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No quiero terminar sin advertir de otra cuestión que también nos llama la atención. ¿Cuál es el coste de la previsible dotación presupuestaria que se habrá de incorporar al capítulo 1 cuando, como dice la memoria que se acompaña, se incorporen los efectivos seleccionados? Nada dice la convocatoria.

Pese a este cúmulo de incongruencias, votaremos a favor, porque ya es hora de acabar con estas situaciones de interinidad. Por eso se nos va a permitir afirmar que el esfuerzo presupuestario que se hace ahora debería haber sido repartido entre todos los niveles institucionales, no solo en la Administración General del Estado, sino también para las administraciones locales y autonómicas. Al no hacerlo, el Gobierno está acreditando una falta de compromiso y sensibilidad con los ayuntamientos y una insalvable contradicción con el hecho de que a estos se les impida superar la tasa de reposición para mejorar sus servicios, haciendo que la excepción solo sirva para mejorar los servicios que dependen en exclusiva de él.

Termino, señorías. Aunque de forma tremendamente crítica, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidente. Molt bon vespre a totes i tots.

Señor ministro. Vuelven los grandes titulares del señor Montoro: empleo público y lucha contra el fraude fiscal; eso sí, después de diez años de descenso constante del número de empleados públicos, después de diez años de desguace del Estado del bienestar, después de diez años de recortes y de precarización de la Función Pública. Hoy nos anuncia la convocatoria de empleo público más ambiciosa de los últimos años, y lo hace, señor ministro, nada más y nada menos que para reforzar -nos dice- la lucha contra el fraude fiscal. Permítame que le pregunte, señor Montoro, para que lo entienda: ¿Será que, después de amnistiar a los grandes defraudadores mientras se perseguía el fraude de los 'robagallinas', el Tribunal Constitucional le ha hecho entrar a usted en razón? Pregunto. La verdad es que yo creo que no; yo soy de las que se temen que a ustedes, al partido de los defraudadores, ni su sacrosanto Tribunal Constitucional les hace cambiar. Esto es lo que me temo. Le diré por qué.

Seguimos con los titulares, esta vez con la oferta de empleo público para la Administración General del Estado para este año y para el año 2018, una oferta que asciende a más de 20 000 plazas. Es muy posible que la convocatoria de 8000 plazas de ingreso libre sea -eso es verdad- de las más ambiciosas de los últimos años, pero, por muy ambiciosa que sea, supone -y eso hay que decirlo- una pérdida de casi 800 puestos de trabajo, porque esta convocatoria no cubre -y se ha dicho aquí esta tarde- el cien por cien de las reposiciones. Hablando en plata, estos flamantes titulares que nos regala una vez más el señor Montoro no compensarán ni de lejos la pérdida de plantilla que se produjo durante los años de los recortes. Diré más. Durante años, su manera extremadamente restrictiva de aplicar las tasas de reposición ha hecho varias cosas, pero una de ellas y muy importante es hacer peligrar la prestación de servicios públicos al igual que el funcionamiento de servicios internos y, evidentemente, también de estructura.

Ante este escenario, cabe decir que no se va a reforzar la lucha contra el fraude fiscal, mucho menos teniendo en cuenta que desde el año 2010 hasta hace prácticamente cuatro días se perdieron casi 3000 efectivos en la Agencia Tributaria, lo que tuvo efectos absolutamente contrarios, adversos en la lucha contra el fraude. Lo cierto es que ahora, en esta oferta pública, señorías, no se pueden contabilizar como nuevos efectivos los 688 puestos a los que se ascenderá mediante la promoción interna -como nos contaba hoy el señor ministro- de funcionarios actualmente en plantilla. Únicamente 2150 nuevos efectivos se incorporarán a sus puestos de la Agencia Tributaria, y esto apenas aumentará la plantilla, ya que se estima que entre este año y el siguiente se darán de baja unos 2000 empleados, porque, evidentemente, la gente tiene derecho también a jubilarse, a pedir excedencia o a otras cosas.

Voy acabando. En Alemania, por poner un ejemplo, disponen de un empleado público para 740 contribuyentes; España -que no tendría que hacer falta que yo hoy, esta tarde, les recordase a todos ustedes que está entre los países de Europa con mayor volumen de economía sumergida- cuenta con un efectivo de la Agencia Tributaria para casi 2000 contribuyentes. Esto es lo que hay.

Para concluir, haré solo un apunte, señor ministro. Entre tanto titular -como decía al principio de mi intervención- parece que a usted no le basta con precarizar la Función Pública de la Administración General del Estado, sino que se dirigió -lo ha comentado también el señor Bel- a la Generalitat de Catalunya para que en Cataluña frenásemos sin más la contratación de 500 mossos d'esquadra, una


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contratación presupuestada para este mismo año. A través de un requerimiento, nos dijo que la limitáramos a solo 50 plazas, es decir, solo un 10 % de la oferta. Supongo que, como los Mossos d'Esquadra no deben perseguir el fraude fiscal, pese a que en Cataluña estemos en alerta terrorista de nivel 4 no merecemos en ningún caso tener una policía que garantice la seguridad de sus ciudadanos. Esto, señor ministro, también es lo que hay.

Señor Montoro, los independentistas, también hoy, vamos a votarle este real decreto a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, señor ministro Montoro, señorías, buenas tardes.

Decía Aristóteles que la política es el arte de lo posible. Así comencé el anterior debate de totalidad de los presupuestos y así comienzo hoy, porque esto es una derivada del acuerdo con Ciudadanos, una derivada cuyo cumplimiento le agradecemos mucho. (Rumores). El núcleo de esta oferta extraordinaria de empleo público...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor De la Torre. (Pausa).

Muchas gracias por su silencio.

Continúe, señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: El núcleo de esta oferta de empleo público es el aumento de medios en la Agencia Tributaria. Después de que, primero, el Partido Socialista y, más tarde, ustedes recortaran medios en la lucha contra el fraude desde 2010, llegamos al acuerdo -y fue una de las condiciones por las que votamos los presupuestos- de incrementar los medios en la lucha contra el fraude en 100 millones de euros. Pero este dinero tiene que emplearse luego de forma efectiva, y cuando se hizo así, nos encontramos en los presupuestos con que esto no era posible, porque en la Agencia Tributaria, donde se gasta el 71 % del dinero en personal, no se podía emplear este dinero y hacían falta más empleados públicos. Este decreto-ley viene a colmar esta necesidad, y le agradecemos especialmente que lo traiga porque es el tercer giro de 180 grados en política fiscal en muy poco tiempo.

Señorías del Partido Popular, cuando ustedes llegaron al Gobierno en 2012 su política fiscal se basó en tres grandes ejes: en primer término, la subida indiscriminada y masiva de impuestos a todos los que cumplían con ellos; en segundo término, a los que no cumplían, a esos sí, se les rebajaron los impuestos y tuvieron amnistía fiscal, y esto lo remataron con el recorte de medios en la lucha contra el fraude. Ante esa situación, han tenido que ir rectificando. En el primer caso, en el caso de la amnistía fiscal, porque el Tribunal Constitucional declaró que era claramente inconstitucional. Algunos advertimos desde el mismo día en que se publicó que iba a ser un fracaso. Esto lo ha denunciado Ciudadanos desde esta tribuna reiteradamente y ha intentado paliarlo. Aquí hay que reconocer que han sido mucho menos eficaces y han tenido mucha menos voluntad a la hora de cumplir con el acuerdo de investidura, por lo que han tenido que rectificar.

En segundo término, han tenido que rectificar en el tema de las subidas de impuestos. Hace unos días ustedes se comprometieron con nosotros a rebajar el IRPF en 2000 millones de euros a las rentas más bajas y a los grupos familiares en situaciones más comprometidas. Usted dice que es algo que han hecho voluntariamente. No lo sé, pero yo era negociador y la verdad es que me costó sacar este tema adelante; de hecho, es lo que le pareció a todo el mundo. Aquí he traído un titular (Muestra un recorte de prensa), que dice: Montoro contesta un no rotundo a la exigencia de Ciudadanos de bajar impuestos en 2018. (Aplausos). Evidentemente, esto lo hicieron porque no les quedó más remedio y constituye otro giro de 180 grados en su política.

En tercer término -que es lo que nos trae hay aquí-, ustedes acaban con los recortes de medios en la lucha contra el fraude fiscal y, por fin, tras los recortes sufridos desde el año 2010, la Agencia Tributaria va a recuperar algo de capacidad operativa. Esto es algo que llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Como usted sabe perfectamente -y alguna persona aquí ha citado datos-, por cada 5 euros que Alemania gasta en lucha contra el fraude, nosotros gastamos solamente 1 euro. Si Francia tiene más de 100 000 empleados públicos dedicados a la Administración Tributaria, Alemania más de 70 000 y en España tenemos 24 500, y disminuyendo, no es posible obtener los mismos resultados y al final tenemos más fraude fiscal y más economía sumergida. En este sentido, en los años en los que el Partido Popular


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ha estado al frente de las finanzas públicas ha continuado este recorte de empleados en la Agencia Tributaria. Cuando ustedes accedieron al Gobierno eran cerca de 28 000 y ahora son poco más de 25 000, y esto ha sido reiteradamente denunciado por los inspectores de Hacienda, por los técnicos y por todos los colectivos de la Agencia Tributaria, que han dicho que estaban al límite de su capacidad operativa. Por esta razón presentamos en el Senado la enmienda 842, para que el acuerdo presupuestario se materializase y estos recursos se invirtiesen efectivamente en mejorar la capacidad operativa de la Agencia Tributaria. Dicho en román paladino, para que hubiese más funcionarios en la lucha contra el fraude y no menos. Ustedes traen hoy aquí un decreto-ley que hemos negociado y que consideramos que es un cambio en la dirección correcta, porque no solamente incrementa el número de plazas, sino que también establece -esta es aportación nuestra y a lo mejor por eso no lo ha comentado- que la Agencia Tributaria se dotará de nuevos instrumentos de recursos humanos para mejorar su capacidad operativa, lo que viene a reconocer que estos instrumentos se han quedado obsoletos y que los empleados de la Agencia Tributaria, los funcionarios que luchan contra el fraude se merecen más recursos humanos para atender una situación que en algunos casos es crítica.

Por otra parte, este real decreto-ley es muy positivo porque incide en otra cuestión fundamental, que es el control del gasto público. Una de las medidas básicas en la lucha contra el fraude es controlar cada euro de dinero público para que se emplee adecuadamente. En este sentido, también teníamos previsto en el acuerdo de investidura -ustedes lo están llevando a efecto y es una buena idea- el control sistemático, la auditoría del gasto público, el spending review que se ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esta es una buena medida que se complementa con las nuevas plazas de interventores y auditores del Estado y de técnicos de auditoría. De nuevo se trata de acabar con los recortes en la lucha contra el fraude, recortes que también ha habido en la lucha contra la corrupción y que, desde luego, no compartimos. Por eso ahora estamos muy satisfechos con este giro de 180 grados.

Algo parecido se puede decir del incremento de plazas en la Seguridad Social o en la Inspección de Trabajo. Consideramos que estas medidas, complementadas con las dirigidas a las situaciones críticas que existen ahora mismo en la Policía Nacional, en relación con la expedición del documento nacional de identidad, y en los examinadores de Tráfico -que, según nos han informado fuentes sindicales, quizás no resuelven el problema pero sí ayudan a paliarlo-, son medidas correctas y van en la buena dirección. En consecuencia, apoyaremos la convalidación de este decreto-ley por bastantes razones, la menos importante de ellas -como ya le dije en su día en su comparecencia en la Comisión de Hacienda- que esto parte de una idea nuestra -por lo que, lógicamente, estamos de acuerdo-, que era instrumentar y hacer cumplir el acuerdo de investidura en materia de lucha contra el fraude y mayor y mejor control del gasto público. Además de este origen, es evidente que el Gobierno del Partido Popular, en parte gracias a nosotros -aunque a lo mejor no es la única razón-, empieza a ir en la dirección correcta: en lugar de premiar a los defraudadores y castigar a los que cumplen, se dan más medios en la lucha contra el fraude fiscal, y a los que cumplen, ya podemos empezar a bajarles los impuestos. Creemos que son buenas noticias. Es una buena noticia que bajen los impuestos y, específicamente, respecto a este decreto-ley, que lleguen refuerzos para el cumplimiento de la ley también lo es. Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a la convalidación de este decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De la Torre.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.

La señora HONORATO CHULIÁN: Buenas tardes, señorías.

Hemos escuchado un previsible discurso grandilocuente del reprobado ministro, señor Montoro. No nos sorprende, pero le vamos a recordar lo que ya le recordábamos cuando estuvimos aquí en el debate de tramitación de los presupuestos. Señorías del Partido Popular, ha sido precisamente el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho naufragar el empleo público de este país, y ahora se disfrazan de guardacostas y están tirando botes salvavidas. Obviamente, los botes salvavidas son necesarios, pero son botes salvavidas, y nosotros sabemos que lo que hay detrás es el naufragio provocado por los Gobiernos del Partido Popular; nosotros no nos olvidamos, pero creemos que tampoco se olvidan los miles y miles de opositores en este país o las empleadas y los empleados públicos, y por eso nos vemos también obligados a recordarlo aquí.


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Es cierto que este bote salvavidas que nos presentan hoy me ha sorprendido gratamente en dos cuestiones que me han parecido muy interesantes. La primera es que este real decreto-ley -lo han comentado algunos de los intervinientes anteriores- ha demostrado que sí se podía, que sí se podía destopar el límite sacrosanto de la tasa de reposición. Muchos de nosotros -organizaciones sindicales, colectivos de opositores o administraciones públicas- llevamos años recordando que es necesario repensar este límite de la tasa de reposición, y este real decreto-ley lo ha hecho, precisamente de la mano del Partido Popular, y no ha pasado nada, no se ha caído el mundo, no se han abierto los cielos ni nos ha tragado la tierra. Es decir, se puede repensar el límite de la tasa de reposición.

También me siento en la obligación de hacer un recordatorio, de señalar que hay un atisbo de hipocresía en esto que nos presentan, porque hace menos de un mes, apenas dos semanas, se aprobaron unos Presupuestos Generales del Estado en los que el Estado central obliga a las administraciones públicas de este país -a todas las administraciones públicas- a respetar la tasa de reposición de efectivos, y solo unos días después, dos semanas después, nos encontramos con este real decreto en el que la Administración del Estado se exime de ese cumplimiento del límite de la tasa de reposición. Esto, señorías, no nos parece serio; no nos parece serio que lo haga solo la Administración del Estado. Creemos que ha llegado el momento de repensar la tasa de reposición para todas las administraciones públicas de este país, no solo para la Administración del Estado -no solo para mí, sino para todas mis compañeras, como podríamos decir-, y muy especialmente para algunas de las administraciones más sufridoras, las administraciones locales, que han estado especialmente exprimidas desde 2013 por varias actuaciones de su ministerio. Nos parece que es el momento de repensar las tasas de reposición, muy especialmente para las administraciones locales. Ya que ha sido el Partido Popular el que ha quitado ese tabú del límite de la tasa de reposición, debemos seguir avanzando en esa dirección, para que todas las administraciones públicas, y no solo una -en este caso, la Administración central-, tengan las mismas reglas.

Otro de los temas que me han llamado la atención es que reconocen que hay ámbitos de la Administración General del Estado en los que era necesaria una urgente intervención. Nosotros también lo pusimos de manifiesto en las enmiendas que presentamos en la Ley de presupuestos; de hecho, una de las enmiendas fue una oferta especial extraordinaria, con un plazo de tres años, en la que señalábamos casi exactamente estos mismos ámbitos de intervención, porque entendíamos que hacía falta una intervención directa, inmediata y urgente. En ese momento nos llamaron demagogos, pero da igual; estamos contentos por estar coincidiendo en esta necesidad de urgencia.

Ahora bien, entrando concretamente en el texto y bajando a los números que nos proponen, hay que hacer un análisis de partida. Estamos hablando de que desde 2008 hasta la actualidad se han destruido más de 40 000 empleos públicos en la Administración General del Estado, es decir, estamos hablando de más de 6000 por ejercicio presupuestario, y lo que se presenta como creación real de empleo -al margen de la reposición de tasas de 2017 y de 2018- son 2026 puestos, que así se reflejan en el propio real decreto-ley. Bajando a lo concreto, en la Agencia Tributaria hemos perdido desde 2010 casi 4000 efectivos, y aunque ahora se presenta una oferta voluminosa, descontando, como comentaba la compañera de Esquerra, las ofertas de 2017 y de 2018, la creación de empleo es exigua. Es una creación que más o menos podría afrontar las 200 plazas; evidentemente, si las comparamos con las 4000 que hemos perdido en este tiempo, no es para ponerse medallas en la prevención y en la lucha contra el fraude.

En cuanto a la Administración laboral y Seguridad Social, desde 2009 hemos perdido 4249 efectivos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. Varias veces hemos puesto el ojo sobre la necesidad de una actuación enérgica en la Seguridad Social para poder revertir la situación de deficiencia actual; además, en 2019 se prevé una baja de 1500 efectivos, con lo cual creemos que es necesaria una oferta mucho más intensa que la actual. En el DNI, 150 puestos. Mire, señoría, creo que 150 puestos para la situación de colapso absoluto que existe en la gestión de los DNI en España es una oferta bastante deficitaria. Prisiones. ¿Qué ocurre con los nuevos centros que se van a abrir? Hay dos de inminente apertura y prisiones no está en la oferta extraordinaria de creación de plazas; está en la ordinaria pero no en la extraordinaria. Seguridad vial. Aquí creemos que el conflicto se cierra en falso; el conflicto que hay actualmente se cierra en falso para los examinadores y examinadoras y para la propia seguridad vial. Estamos hablando de una reducción de casi la mitad de la plantilla y se plantean solamente 70 plazas en la oferta. Es decir, hay que seguir avanzando mucho más para poder revertir la situación de recortes de los últimos años.

Y no puedo terminar sin hacer referencia a la eterna olvidada, que es la recuperación de los derechos económicos de los empleados y empleadas públicos de este país. Se ha hablado a lo largo de toda esta


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tarde de la extraordinaria situación económica de este país o por lo menos de la gran mejora de los últimos años, ¿Cuándo les va a tocar el turno a los empleados y empleadas públicos? ¿Cuándo se van a restituir los derechos económicos perdidos o cuándo vamos a dejar de perder?, porque sistemáticamente en cada ejercicio perdemos.

Termino, señorías. Nos parece que los presupuestos de 2018 podrían ser los presupuestos del inicio de la recuperación económica de los empleados y empleadas públicos de este país y, por qué no, ya que lo han puesto ustedes encima de la mesa, podrían ser los presupuestos con los que se va acabar con la tasa de reposición que tanto daño ha hecho a este país.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Honorato.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero señalar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que la urgencia a la que alude el Gobierno cuando argumenta la necesidad de aprobar esta oferta de empleo público a través de un real decreto-ley tiene su origen en los recortes de gasto público hechos por el propio Gobierno. Ese es el origen de este decreto-ley y esos son los recortes que el propio Gobierno ha hecho arrebatando derechos a la ciudadanía, encogiendo los servicios públicos y adelgazando las plantillas mediante el establecimiento de tasas de reposición que han ido menguando poco a poco los efectivos con los que cuenta la Administración para atender como es debido a quien necesita sus servicios. El recorte de efectivos ha llegado prácticamente a todos los ámbitos, como hemos ido advirtiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista, y ha dado lugar a situaciones verdaderamente de emergencia y de desastre en el mantenimiento de los servicios públicos, y no solo de los servicios públicos a los que alcanza este decreto-ley, sino también de otros muchos, como son los relacionados con las administraciones autonómica y local, a las cuales usted, señor ministro, señor Montoro, ha castigado permanentemente. Tiene una dilatada experiencia en esta Cámara, lleva aquí desde el año 1993, pero no ha sido alcalde ni concejal y eso se nota; eso se nota porque usted ha permitido que se vacíe de competencias a la Administración local, que se ningunee a la Administración local en el sentido de que se puedan o no prestar los servicios que se tienen que prestar. Usted y su partido lo han intentando, pero no lo han conseguido. Ha puesto demasiados palos a la Administración local y ahora toca el turno de darle zanahorias, esas que tanto le gusta a usted repartir ahora. Podía ampliar esta oferta de empleo público a la Administración local y también podía convocar la mesa de empleo público de la Administración local prevista en el acuerdo con los sindicatos. Desde luego, los alcaldes y alcaldesas se lo agradecerían, pero también los ciudadanos y ciudadanas.

Ya le advertimos el pasado mes de mayo, cuando aprobamos y convalidamos el decreto-ley por el que se aprobaba la oferta de empleo público en los servicios públicos esenciales y prioritarios, que no era suficiente aquella oferta en esos ámbitos, que se olvidaba de muchos otros y que faltaban medios humanos, falta que era alarmante en muchos servicios públicos. Se lo volvemos a decir ahora, señor Montoro: el Gobierno del que usted forma parte ha disminuido tanto los servicios públicos que la oferta que presenta este real decreto es insuficiente y no resuelve el problema real de las administraciones públicas para prestar servicios a la ciudadanía. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Serrano.

Les ruego silencio, por favor. Continúe.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Por ejemplo, en la Administración de Justicia, donde faltan medios humanos y también medios materiales, se ha degradado el servicio, que es de máxima importancia para las personas. Pero continúo con más ejemplos, señorías. En las oficinas de expedición del DNI, en los servicios públicos de empleo, en la Inspección de Trabajo, en la Seguridad Social, entre los examinadores de la Dirección General de Tráfico, en la Agencia Tributaria, la reducción del número de empleados y empleadas públicos que se ha producido en los últimos años ha desembocado en un déficit alarmante de la plantilla, que no se ha querido reconocer y al que no se ha querido poner remedio hasta ahora. Y ahora vienen de nuevo con la prisa de sus reales decretos para poner parches a lo que ya sabíamos. El Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno la elaboración de una verdadera política de recursos humanos en los servicios públicos basada en el rigor y en la seriedad y no a golpe de presión y de improvisación.


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Esta oferta de empleo público supone empezar a recuperar ligeramente el empleo público destruido por las políticas de austeridad salvaje del Gobierno del Partido Popular, de su Gobierno. Destruyeron más de 300 000 empleos. Sus políticas han pretendido hundir los servicios públicos, solamente salvados por el esfuerzo y el trabajo de los miles de empleados públicos, cuya labor ha sido decisiva en el mantenimiento del Estado del bienestar.

Señorías, en el trámite parlamentario de aprobación de los presupuestos ya advertimos que no era suficiente la cifra de empleo público que se proponía. Presentamos enmiendas para aumentar la tasa de reposición al 150 % en los sectores de especial sensibilidad social por estar relacionados con servicios públicos esenciales y con la lucha contra la corrupción y el fraude y el Grupo Popular no aceptó ninguna. Ahora el Gobierno se enmienda a sí mismo y publica, otra vez mediante decreto-ley, una figura que les encanta, la nueva oferta de empleo -cito textualmente parte de lo que dice la exposición de motivos- para atender necesidades extraordinarias en los sectores de lucha contra el fraude fiscal y laboral y la necesidad de mejorar la atención prestada en determinados servicios públicos esenciales. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista pretendían eso, señor ministro. ¿Cómo puede considerar el Gobierno que estas necesidades son ahora extraordinarias y prioritarias y antes no? ¿En qué estaban pensando? ¿Dónde estaban en aquel momento? Se lo digo yo. Estaban demasiado ocupados en desmantelar el Estado del bienestar mediante la eliminación de puestos de trabajo de empleados públicos y recortando derechos de los que aún mantenían su empleo. Señorías, saben que la evolución de los empleados públicos ha ido a la baja en los últimos años. Tuvimos el máximo en el cuarto trimestre del año 2010: 3 250 000 empleados públicos, dato que dista mucho del último del primer trimestre del año 2017: 2 974 000 empleados públicos. Usted, señor Montoro, es el culpable, el responsable de esos datos y ahora presume de que la oferta de empleo público anunciada es la mayor desde el año 2008. Menudo logro intentar recuperar ahora con prisas lo que previamente han destrozado... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Continúe.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Señor Montoro, le recuerdo que tiene en su haber la oferta de empleo público más baja: 2922 plazas en el año 2012. Ese es su récord y su mérito, así que no presuma ahora.

No quiero terminar sin agradecer el esfuerzo de los sindicatos. Sin su tesón hoy no estaría usted aquí con este tema. Aprenda y siga dialogando y escuchando a los sindicatos, planificando. Olvídese de las prisas, de los decretos-leyes, de esa figura. Haga caso a esta Cámara, haga bien su trabajo y así no sufrirá más revolcones como los que le ha dado el Tribunal Constitucional con la amnistía fiscal.

Señorías, no somos ingenuos. No ignoramos que probablemente esta oferta extraordinaria de empleo público tiene mucho que ver con la necesidad que tiene usted, señor ministro, de mejorar su imagen, pero no lo va a conseguir. Por mucho que piense que con esto va a mejorar su imagen y su reprobación, no lo va a conseguir, porque usted solamente está reparando una parte del daño que ha causado a los servicios públicos. El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a dar ya los pasos necesarios para recuperar la calidad de los servicios públicos más esenciales duramente golpeados por sus recortes. Por eso vamos a apoyar este real decreto-ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que ir concluyendo.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino enseguida, señor presidente.

Vamos a apoyarlo, pero desde luego no compartimos ni la forma ni su olvido de muchos sectores, de la Administración autonómica y de la Administración local.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 11 de mayo, hace exactamente dos meses, esta Cámara convalidó el real decretoley por el que se aprobó la oferta pública de empleo de los ámbitos del personal docente, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas, que permitía la convocatoria de 20 000 plazas en todas las administraciones, correspondiendo a la Administración General del Estado 7969 plazas. Por cierto, señores del Partido


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Socialista, echamos en falta convocatorias de plazas en el ámbito docente en muchas comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan. (Aplausos). Decía entonces que era una solución parcial, ya que lo realmente importante era que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fuese aprobada al depender de ella el resto de la oferta pública de empleo. Señorías, no debemos olvidar el fuerte compromiso que incorporaron los presupuestos para 2017 con la oferta de empleo público. Compromiso porque, en primer lugar, se ampliaron los sectores prioritarios para los cuales la tasa de reposición es del 100 %. Compromiso porque, en segundo lugar, se incorporó el acuerdo con todas las administraciones y con los agentes sociales para llevar a cabo un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal que afecta a los sectores de docencia, sanidad, justicia, servicios sociales, Policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.

Una vez publicados los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno del Partido Popular, de forma efectiva, cumpliendo con sus compromisos y mediante el diálogo y la negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, suscribió el pasado 6 de julio un acuerdo para la oferta pública de empleo en la Administración General del Estado para 2017. De esta forma, a las 7969 plazas aprobadas hace dos meses, se sumaron el pasado viernes otras 15 998 de nueva creación y de promoción interna vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Además de la oferta ordinaria, en el pasado Consejo de Ministros también se aprobó este real decretoley que se trae hoy para su convalidación y que persigue dos objetivos: primero, mejorar el funcionamiento de los servicios esenciales, como son las oficinas de expedición del DNI y pasaporte y, segundo, continuar mejorando en las políticas activas y pasivas de empleo y la gestión ordinaria de tributos, así como en la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Señorías, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en diciembre de 2011 la recaudación tributaria se había hundido; había caído 60 000 millones en dos años y, señores del Partido Socialista -no veo por aquí ahora al señor Saura-, ustedes no hicieron nada, absolutamente nada, por recuperar esa recaudación. No tomaron ninguna decisión efectiva para recuperar los ingresos tributarios. Señores de Ciudadanos, no sé dónde estaban ustedes entonces, no sé dónde estaba el señor De la Torre, pero sí les puedo decir que uno de sus gurús económicos el único consejo que nos daba era que pidiéramos el rescate a la Unión Europea. Es cierto y está publicado; si no me creen, revisen La Nueva España, un periódico de Asturias donde hizo precisamente él esas declaraciones. Lo mismo ocurrió en nuestro mercado laboral. Mientras se destruían 3,5 millones de empleos y 1200 españoles al día perdían su puesto de trabajo, ustedes, señores del Partido Socialista, no hicieron nada, absolutamente nada, para revertir la situación.

Frente a su incapacidad, el Partido Popular cuando llegó al Gobierno puso en marcha un amplio paquete de medidas a corto y medio plazo para alejarnos del abismo que suponía la amenaza de la intervención por parte de la Unión Europea y para desarrollar reformas estructurales de nuestra economía que nos devolviesen al crecimiento económico, la creación de empleo y la recuperación de los ingresos tributarios necesarios para mantener el Estado del bienestar. Dentro de esas políticas se diseñaron medidas para luchar de forma efectiva contra el fraude; vuelvo a repetir: luchar de forma efectiva contra el fraude. Primero, contra el fraude fiscal se pusieron en marcha actuaciones que dieron resultados: más de 65 000 millones desde 2012. La tendencia en el incremento de ingresos tributarios generados por la lucha contra el fraude ha sido creciente, alcanzando en 2016 los 14 883 millones de euros. También se tomaron medidas contra el fraude laboral. Desde 2012 a 2017 se han realizado más de un millón de inspecciones que han permitido que afloren 424 000 empleos, se han detectado 6005 empresas ficticias cuyo único objetivo era defraudar a la Seguridad Social y se han convertido 260 000 contratos indebidamente celebrados como temporales en indefinidos, siendo el ahorro total generado para la Seguridad Social por este Plan de lucha contra el fraude de 18 000 millones de euros. Por eso, señores diputados de otros grupos, lecciones al Partido Popular y a nuestro Gobierno de lucha contra el fraude fiscal, ninguna. (Aplausos). Esto, señorías, es lo que se ha hecho desde 2012, pero, como ya han anunciado tanto la ministra de Empleo como el ministro de Hacienda, el Gobierno continuará en esta legislatura en su lucha contra el fraude con nuevas medidas, dentro de las cuales se encuentra la que incorpora este real decreto-ley y que supone reforzar la Agencia Tributaria, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Intervención General de la Administración del Estado mediante una oferta pública de empleo extraordinaria de 3627 plazas.

Finalizo, señorías, mostrando el compromiso real del Gobierno del Partido Popular con los servicios públicos de calidad y el convencimiento de que esa calidad se debe al papel que desempeñamos los


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trabajadores del sector público. Muestra de ese convencimiento es la oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2017, que continúa con la senda ya iniciada especialmente desde 2015 y que, si consideramos el Real Decreto-ley 6/2017, el real decreto aprobado en el pasado Consejo de Ministros y este Real Decreto-ley 13/2017 que se trae aquí para su convalidación, supone una oferta total de 28 249 plazas, la mayor oferta de empleo público desde 2008. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como los números no los entienden, les traigo los gráficos (Muestra un gráfico), oferta pública del Partido Socialista desde 2008 y oferta pública del Partido Popular a partir de 2012 (Rumores.-Aplausos); como los datos no los entienden, aquí tienen ustedes los gráficos. Este es el compromiso. Sabemos que para los socialistas y para los comunistas nunca será suficiente, pero nosotros entendemos perfectamente que tienen que ser compatibles con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, porque el empleo público y los servicios públicos -siempre lo digo- no son compatibles con administraciones públicas o con unas finanzas públicas quebradas como las que nos dejaron ustedes, los socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora López Ares.

- REAL DECRETO-LEY 11/2017, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA FINANCIERA. (Número de expediente 130/000017).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Punto, pasamos al punto 4 del orden del día, que es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en la Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes en materia financiera que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de junio. Esta norma regula una serie de medidas de carácter urgente de importancia para el sector financiero en su conjunto, ya que van destinadas a reforzar su solvencia. En concreto, el real decreto-ley tiene dos objetivos. El primero es reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito para mejorar su resistencia ante los riesgos que puedan surgir en el ejercicio de su actividad. Además, se adoptan una serie de medidas para facilitar su constitución y potenciar su eficaz funcionamiento. El segundo objetivo es crear una nueva categoría de pasivos, los créditos ordinarios no preferentes, que facilitarán el cumplimiento de las exigencias mínimas de absorción de pérdidas establecidas por la nueva regulación financiera.

Paso ahora a detallarles el contenido del real decreto-ley. Comenzaré con las cooperativas de crédito. Son algo más de sesenta entidades de crédito y concentran, aproximadamente, un 6 % del total de los balances bancarios. Pero, señorías, tienen una gran importancia en los entornos rurales, donde gozan de elevadas cuotas de mercado. Las cooperativas juegan un papel de gran relevancia en la financiación de agentes económicos de pequeño tamaño de los sectores especialmente agrario, pero también industrial y otros profesionales. Pero, además, las cooperativas ejercen un importante papel vertebrador del territorio; su actividad facilita el acceso a los servicios financieros básicos en zonas de baja densidad de población, reducida presencia de oficinas bancarias y escasa penetración de las nuevas tecnologías. En los últimos años han conseguido afrontar la crisis financiera gracias, sobre todo, a un modelo de negocio sencillo y a un enfoque centrado en el medio y largo plazo. Sin embargo, como el resto de entidades medianas y pequeñas de todos los países de nuestro entorno, actualmente sufren una gran presión del mercado y se enfrentan a diversos retos.

Señorías, en un entorno de bajos tipos de interés la rentabilidad bancaria se reduce; y esto, junto con el decreciente pero aún elevado número de activos improductivos, podría suponer, en determinadas condiciones, un riesgo para estas entidades. Por eso, es urgente tomar medidas para contribuir a su fortalecimiento y mejorar su resistencia ante eventuales dificultades, de modo que las cooperativas puedan solucionar sus problemas sin necesidad de que los poderes públicos intervengan y sin llegar a situaciones irreversibles.


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En concreto, actuamos en tres ámbitos. En primer lugar, se reconoce expresamente la posibilidad de que las cooperativas constituyan sistemas o mecanismos institucionales de protección, previstos ya en la normativa europea y que pueden ser de dos tipos. Por una parte, sistemas reforzados, en los que las cooperativas mutualizan al cien por cien sus beneficios y riesgos y que cuentan con una entidad de cabecera que dirige, prácticamente, la totalidad de las decisiones del grupo. Y, por otra parte, sistemas normativos que no tienen que mutualizarse completamente y que se caracterizan por la constitución de un Fondo de garantía privado; este fondo se financia ex ante por las entidades miembros del grupo y se usa para hacer frente a las posibles necesidades que no puedan ser cubiertas con otros recursos.

En segundo lugar, establecemos incentivos para constituir estos mecanismos. Por ejemplo, las cooperativas que se integren en un grupo de este tipo tendrán un perfil de riesgo inferior, lo que redundará en un menor requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles para la absorción de pérdidas. Además, la entrada en un sistema institucional de protección que cuente con un fondo de garantía privado, también rebajará las aportaciones que se deben realizar al Fondo de garantía de depósitos.

En tercer lugar, con este real decreto-ley se establecen instrumentos para que estos mecanismos sean más efectivos. En concreto, las operaciones desarrolladas por una cooperativa con las de otras entidades integrantes de un mismo sistema no estarán sujetas a limitación; es decir, estas cooperativas podrán tener mayores exposiciones entre sí. Por otra parte, se elimina el tope de inversión que el Fondo de garantía privado puede realizar en una de las entidades participadas, y todo ello para facilitar la disponibilidad de estos recursos en caso de necesidad de recapitalización... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor ministro, por favor.

Señorías, les ruego silencio.

Muchas gracias. Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, presidente.

No obstante, cuando el fondo tome participaciones por encima de los límites previstos, el Banco de España deberá aprobar un plan de actuaciones con medidas concretas para desinvertir en la cooperativa en condiciones adecuadas para todos los integrantes del mecanismo o sistema. En este punto, permítanme que les justifique la urgente e imperiosa necesidad de tramitar esta modificación normativa por la vía del decreto-ley. El Gobierno anunció hace meses su intención de aprobar un proyecto de ley que actualice de forma exhaustiva la normativa de las cooperativas. El objetivo de este proyecto de ley, que el Gobierno presentará en los próximos meses, es mejorar la gobernanza económica de las cooperativas, fortalecer sus instrumentos de capital para apuntalar su solvencia y crear un fondo privado que les dé margen de maniobra para resolver sus problemas de forma temprana. No obstante, dada la coyuntura financiera actual de bajos tipos de interés y limitadas rentabilidades, que he comentado anteriormente, hemos considerado adecuado tramitar una parte de esas medidas mediante un real decreto-ley para imprimirle mayor celeridad. Esa es la razón por la que el Gobierno ha optado por regular este fondo privado de forma urgente y prioritaria, de modo que las cooperativas de crédito tengan a su disposición desde ya mismo todos los instrumentos posibles para actuar en caso de necesidad. El resto de elementos que les he comentado se tramitarán mediante un proyecto de ley.

Paso ahora a detallarles el contenido de la segunda parte del decreto-ley, que supone la creación de una nueva categoría de pasivo que puedan emitir las entidades financieras, los denominados créditos ordinarios no preferentes. Como ustedes saben, la regulación financiera internacional, europea y nacional sobre resolución bancaria exige que las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión cuenten con un colchón de pasivos que puedan absorber pérdidas en caso de resolución. Es lo que se conoce como el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, el MREL por sus siglas en inglés. Esta exigencia se enmarca dentro de la unión bancaria, en concreto en la normativa del Mecanismo único de resolución. Tiene como objetivo tanto garantizar que la resolución de entidades de crédito se haga en las mejores condiciones posibles como asegurar la máxima protección de los recursos públicos. Para hacer frente a estos requerimientos, los instrumentos con los que cuentan las entidades españolas son dos: el capital y la deuda subordinada. A estas categorías se suma ahora la deuda senior no preferente, que resultará fundamental para poder cumplir con los requisitos del MREL. Esta nueva deuda absorberá pérdidas después de la deuda subordinada, pero antes que el resto de créditos ordinarios, donde se encuadran los depósitos no garantizados o los derivados.


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Si bien ya existía la figura de la subordinación contractual, con esta norma se elevan los créditos ordinarios no preferentes a categoría legal. Esto facilitará que las entidades puedan emitir este tipo de pasivos al incrementar la seguridad jurídica y reducir los costes de su emisión. No obstante, los nuevos instrumentos deberán cumplir ciertos requisitos: se deberán emitir con un plazo de vencimiento efectivo igual o superior a un año, no podrán tener características propias de instrumentos financieros derivados y habrán de incluir una cláusula en la que se establezca que tienen una prelación concursal inferior al resto de créditos ordinarios. El real decreto-ley incluye también una modificación de la Ley del Mercado de Valores para establecer que este tipo de créditos ordinarios no preferentes son instrumentos financieros complejos. El objetivo es proteger a los ahorradores particulares, dado que los productos que se consideren complejos llevan aparejadas obligaciones añadidas en la comercialización entre minoristas.

Señorías, otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, ya han aprobado normativa nacional para que sus bancos puedan empezar a utilizar este tipo de emisiones. Es urgente, por tanto, que nosotros también lo regulemos para permitir su emisión a costes razonables, de forma que se facilite a las entidades bancarias españolas el cumplimiento de las exigencias de pasivos elegibles. Ello resulta especialmente relevante habida cuenta que las entidades que no consigan alcanzar el mínimo de pasivos elegibles se verán abocadas a reducir su balance, lo que se traducirá necesariamente en una reducción del crédito concedido con los consiguientes efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo. Ahí radica precisamente la necesidad de adoptar esta medida por la vía de urgencia, utilizando la figura del real decreto-ley, que hoy someto a su convalidación.

Termino ya. Nuestro sector financiero goza de buena salud y es causa y efecto de la vigorosa recuperación económica que está protagonizando el país. Sin embargo, eso no es óbice para que sigamos atentos a sus necesidades y avancemos en las reformas necesarias para garantizar su solvencia en el marco de la unión bancaria.

Por último, me gustaría hacer un reconocimiento expreso de las contribuciones a este real decreto-ley realizadas por diferentes grupos parlamentarios que nos han permitido mejorar la efectividad de la norma y alcanzar un amplio consenso. Es importante que este real decreto-ley se convalide como tal, ya que abrir la puerta a posibles modificaciones introduciría retrasos e importantes dosis de incertidumbre, que es precisamente lo que intentamos despejar.

Por todo ello, señorías, solicito su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el representante de dicho grupo, el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señor presidente, señorías, señor ministro, cada vez que usted nos presenta aquí un real decreto de medidas urgentes no sé por qué pero a todos nos empieza a temblar el pulso, porque normalmente siempre va camuflada alguna reforma que va contra el interés general. Esta es, en el caso de las cooperativas de crédito, que es en lo que me voy a centrar, una de ellas, primero porque el real decreto está repleto de medias verdades y argumentos falaces para tratar de justificar la reforma. El primero es una media verdad relacionada con la capacidad de resistencia que han tenido estas entidades de crédito, que son las que mejor han resistido la crisis. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y no es que sea porque su modelo es sencillo y su enfoque a medio y largo plazo, como aparece en la exposición de motivos, sino sobre todo porque su análisis de riesgo ha sido exhaustivo y sustentado, esencialmente, en el conocimiento tanto del prestatario como de la actividad que va a desarrollar ese prestatario con los fondos. Exactamente lo contrario que ha ocurrido con la banca tradicional, y usted lo sabe bien. De manera que ese modelo de las cooperativas de crédito se ha convertido en un modelo de éxito para la intermediación financiera en determinados contextos, ahora amenazados, de exclusión financiera.

En segundo lugar, alude a una serie de riesgos en torno a bajos tipos de interés, peso de los activos dudosos o morosidad e incremento de los costes legales que afectan solo, muy tangencialmente, a las entidades de crédito en cuestión, a las cooperativas de crédito. De hecho, el único de esos elementos que le puede afectar es la cuestión de los costes legales que son especialmente significativos para las pequeñas y medianas entidades y no para las grandes, que tienen mecanismos como los modelos internos -que usted conoce bien- que les permiten minimizar el impacto de las regulaciones legales. Pero lo


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relevante es dónde se encuentra el trasfondo de la medida. En la propia exposición de motivos dejan ustedes deslizar suavemente la posibilidad de vender más fácilmente estas entidades. Lo diré en terminología de Rajoy para que ustedes me entiendan mejor: facilitar la posibilidad de venderlas es el equivalente a facilitar la posibilidad de comprarlas; hacerlas más opables para que sean más fácilmente adquiribles en determinados contextos por otras entidades.

Para hacer eso, han recurrido a un instrumento que tiene una oprobiosa historia en nuestro país, que son los SIP o fusiones frías. De manera que nos encontramos con que parece que se les ha olvidado lo que ocurrió con BFA, con BMN, con Caja3, con Abanca, con Liberbank, con Catalunya Caixa, con Unnim, con Banca Cívica o con Bankia. Eso, que fue producto entre otras cosas de las fusiones frías, parece que ahora se ha convertido en una historia de éxito que hay que replicar; una historia de éxito tan penosa que parece que lo único que quieren replicar es el resultado al que llegaron. Primero se fusionaron; luego quebraron y luego fueron adquiridas por los bancos sistémicos a precios casi ridículos, en el mejor de los casos. Visto lo que acaba de ocurrir con el Banco Popular, usted entenderá que tengamos ciertas resistencias a aceptar este tipo de propuestas. Además, señor ministro, ¿por qué es urgente? ¿Qué debilidades hay en el sector más consolidado del sistema financiero español como para tramitar esto de forma urgente? ¿No sería mejor adaptar la normativa al sector que tratar de que el sector se adapte a una normativa que le es excesivamente rigurosa? No se entiende ni la necesidad ni la urgencia.

En cualquier caso, lo que han hecho es, por un lado, modificar la ley de cooperativas de crédito para permitir que las operaciones desarrolladas por una cooperativa con los demás integrantes del MIP en este caso -del SIP anteriormente- no computen a efectos del 50 %. A partir de ahí, las distintas cooperativas pueden comprometer operaciones del activo por encima del 50 % en terrenos donde no estaban operando tradicionalmente y, no solo eso, sino que crean un fondo de garantía privada el cual les permite, esencialmente, tomar participaciones de capital en otras cooperativas sin que eso consuma recursos propios. Eso, básicamente, les facilita ir creciendo de forma prácticamente artificiosa y facilitando de esa manera una excesiva concentración del riesgo. Esto constituye un incentivo para que estas instituciones y entidades -y voy terminando- sean más fácilmente adquiribles, como les decía, por entidades bancarias mayores, para que sean más fácilmente opables. Como les decía, vista la historia reciente de las fusiones frías de las cajas de ahorros y los pelotazos que se han dado en este país a instancia de las mismas al adquirirlas a precios ridículos, este real decreto-ley solo abre el camino para que la historia se repita. Así que no, señor ministro; nos negamos a ser cómplices de la desaparición de un sector que está saneado, nos negamos a ser cómplices de la desaparición de un sector que ha resistido bien la crisis, que cubre las necesidades de agentes financieros y de territorios que han sido dejados de lado por la banca tradicional y que usted pretende ahora quemar a soplete, de manera que tiene usted nuestro voto en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señora presidenta.

Ministro, ¿por qué ahora, cuando se supone que lo más duro de la crisis financiera ha sido superado, aprueban un real decreto-ley que empuja a las cooperativas de crédito a fusiones, cuando son las entidades que mejor han resistido la crisis? ¿Por qué incorporan en el real decreto medidas y criterios de directivas europeas que aún no han sido aprobadas? Los debates en el Parlamento Europeo y las posteriores negociaciones tripartitas pueden cambiar algunos de los elementos que se incluyen en el artículo 3.3 de este real decreto-ley. ¿Por qué lo aprueban con un real decreto-ley y no por tramitación ordinaria? Sus explicaciones no nos han convencido para nada y la situación de nuestro sistema financiero quizá no sea tan buena como ustedes a veces dicen. En definitiva, nos encontramos una vez más con el abuso de los reales decretos.

Antes de aplicar a las cooperativas las medidas que se aplicaron a cajas y bancos habría que preguntarse si es necesario y cuál es el objetivo real. ¿Por qué medicar a alguien que está sano? ¿Solo porque otro enfermó? Cuando en este caso, incluso, le podríamos estar contagiando directamente la enfermedad. La razón por la que las cooperativas de crédito han tenido una gran resistencia durante la crisis es que no entraron en la carrera por el aumento de escala, no se implicaron en la colocación de los excesos de capital de los mercados mundiales y se ciñeron a su función de operar dentro de un marco


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geográfico y económico concreto, además de por su gobernanza democrática -un voto por miembro-, que es un valor añadido que tienen estas entidades.

Casi una década después de la crisis bancaria de 2008 se sigue con la idea de que un banco cuánto más grande, mejor, y que la solución a la crisis bancaria es fusionar unas entidades de crédito con otras, pero lo que es malo para la banca en general resulta aún más absurdo para las cooperativas de crédito. El tamaño que han de tener las cooperativas es el que requiere el ecosistema productivo en que están inmersas. Tenemos un grave problema de concentración bancaria en nuestro sistema financiero: cinco grandes bancos controlan el 72 % de la cuota de mercado. Eso es un grave problema económico -riesgo de reducción de la competencia que puede encarecer y dificultar el acceso al crédito-, pero también es un problema democrático -concentración de poder en muy pocas manos, las mismas que controlan grandes medios de comunicación y grandes empresas-. Nosotros creemos que otra banca es posible, la cooperativa o la banca pública, y ustedes no tienen ningún interés en desarrollar ni una ni otra.

Respecto de la creación de una nueva categoría de pasivo que pueden emitir todas las entidades de crédito, queremos expresar nuestras dudas. Estas medidas nos producen desconfianza porque pueden generar más concentración financiera. Hay una contradicción entre afirmar que las entidades financieras están en un momento difícil por su baja rentabilidad y, por otra parte, exigirles emitir productos de pasivo que suponen incrementar los costes de financiación y suponen mayores costes para las entidades más pequeñas que tienen más dificultades para encontrar compradores para estas emisiones. ¿No sería mejor, en lugar de nuevas exigencias difíciles de cumplir, evitar la quiebra con un mejor control y supervisión? Se amenaza con que, de no aprobarse este tipo de productos, se va a contraer el crédito. ¡Pues ojalá se hubiera contraído en el periodo de la burbuja inmobiliaria! Lo importante no es que se contraiga el crédito, sino a qué se destina el crédito; lo importante es el control de los tipos de productos financieros para evitar abusos y malas prácticas; lo importante es regular que el crédito se destine a actividades productivas y no especulativas.

El contenido general de lo que proponen es básicamente una regla general de protección de los depositantes que clarifica la jerarquía de esta nueva categoría de créditos ordinarios no preferentes para que, en caso de resolución, se evite que la ciudadanía tenga que pagar el rescate de un banco. Pero hay elementos relevantes que no están y que echamos en falta. Se debe asegurar que estos productos ordinarios no preferentes no acaben vendiéndose a minoristas en las oficinas bancarias. Es un producto complejo de alto riesgo que puede tener un valor cero en caso de que se resuelva un banco. Viendo la trayectoria de los bancos y sus malas prácticas colocando este tipo de productos, se hace necesario tener garantías legales de que no se van a colocar masivamente a ahorradores. Hay diferentes opciones para ello. Se pueden ofrecer únicamente a quienes cumplan con el perfil de profesional establecido en la Directiva Mifid o bien establecer una cantidad de capital mínimo. También se hace necesario profundizar en la definición del punto 2.b), que no sean instrumentos financieros derivados ni tengan instrumentos financieros derivados implícitos. La práctica en la Unión Europea no está unificada en este sentido. Creemos que la definición de los derivados debe ser lo suficientemente nítida y clara para garantizar que tienen una alta capacidad de absorción de pérdidas en caso de que sea necesario y que bajo ningún concepto estos productos derivados pueden estar en orden jerárquico inferior a otros productos de ahorro. Una consideración más general: estamos ante muchas incertidumbres. El fracaso de los mecanismos de supervisión se constata en el caso del Banco Popular, que superó repetidamente los exámenes de estrés y que tuvo que ser liquidado de mala manera ante la incompetencia o negligencia de reguladores y supervisores. La credibilidad de la unión bancaria ha sido puesta en cuestión. En el caso de Italia se ha permitido que se incumplieran las normas europeas, se ha rescatado con dinero público. En este contexto, su real decreto-ley no aporta ningún tipo de seguro contra esos riesgos. No garantiza a accionistas ni depositarios mayores grados de transparencia ni de evaluación justa... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino, presidenta.

... ante posibles intereses de consolidación bancaria a su costa, tanto por parte del Gobierno como de las autoridades de la Unión Europea o de las grandes entidades bancarias. Le exigimos, por lo tanto, ministro, que establezca garantías para que esto no vuelva a suceder.

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Ministro, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa. No obstante, queremos hacer algunas reflexiones y aportaciones que también vamos a materializar cuando se tramite el correspondiente proyecto de ley que nosotros entendemos que es imprescindible. Efectivamente, el sector de las cooperativas de crédito es un sector importante, aunque alguien pueda pensar que como solo representa el 6 % del sistema crediticio en España no lo es. Es importante en España y entendemos que debe continuar siéndolo, como también lo es en el contexto europeo. Es verdad -se ha dicho y nosotros estamos de acuerdo- que seguramente este sector ha soportado mucho mejor la crisis financiera de los últimos años que el resto del sector financiero. Aquí la gobernanza habrá tenido algún efecto, habrá sido la responsable de este mejor soporte. Seguramente, se habrán estudiado muchísimo mejor los planteamientos financieros a medio y largo plazo. Estas reformas se plantean con urgencia y entendemos que si se plantean así será porque es necesario hacerlo, aunque hasta ahora la situación de este sector o de estas sesenta entidades en el conjunto del Estado español ha sido de relativa tranquilidad. Pero también quiero mandar un mensaje de confianza. Yo entiendo todas las posiciones y todas son razonables, pero seguramente los propios cooperativistas, los propios accionistas y todos los depositantes en estas entidades financieras deberán estar más tranquilos cuando se apruebe el real decreto que antes de aprobarse. No obstante, señor ministro -nuestro grupo ya lo ha solicitado en alguna ocasión-, nos consta que se está intentando desde el Gobierno tramitar el proyecto de ley que reforme esta normativa, que le recuerdo que prácticamente tiene treinta años, aunque se ha ido modificando a lo largo del tiempo y se habrá de adaptar también en los ámbitos de gobernanza. Si una característica tienen las cooperativas de crédito es que lo que se realiza lo acaban decidiendo cada uno de los socios, de los partícipes, que cada uno tiene un voto. Por tanto, en fusiones, en ampliaciones, etcétera, también tiene la misma característica.

Por tanto, señor ministro, vamos a apoyar el real decreto. No obstante, entendemos -siempre solemos decirlo en la misma línea- que no se debe abusar de los mecanismos del real decreto-ley. Si no recuerdo mal -y no lo hago-, solo durante este año ya han tramitado trece. Ustedes me dirán que porque la Cámara se lo permite, y es verdad, porque la Cámara se lo permite, pero nosotros siempre que traigan un real decreto-ley vamos a pedir que también se tramite como proyecto de ley. Está bien que haya intención de presentarlo, pero en relación con estos artículos entendemos que también serían objeto de mejora en algunos ámbitos. Eso no perjudicaría ni generaría incertidumbre desde nuestra óptica y, por tanto, lo vamos a pedir y vamos a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley también de este real decreto-ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias. Buenas tardes.

Nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley porque entendemos que viene a reforzar las cooperativas de crédito y completar la reforma del sistema financiero, que era un sector que quedaba por reestructurar, a pesar de que ha soportado mucho mejor la crisis financiera. Establece una normativa que facilita la solvencia de estas entidades mediante la constitución de mecanismos de protección que permiten minimizar el impacto financiero en caso de posible rescate y que se haga frente al problema de forma colectiva. Además, este real decreto-ley regula un crédito ordinario no preferente, un nuevo instrumento de deuda para facilitar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de las entidades que exige la regulación europea, trata de armonizar la jerarquía de los acreedores que tienen que asumir las pérdidas en caso de problemas de solvencia del banco y aumenta la protección del banco para recapitalizarse, permitiendo, por un lado, cumplir con los requisitos de capital y, por otro lado, obtener una financiación para, entre otras, ejecutar su actividad principal, que es la concesión de créditos. Además, entendemos que reducirá el impacto en el sector público de posibles crisis bancarias.

Por todo ello, nosotros, como he dicho, vamos a convalidar este decreto.

Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, buenas tardes, bona tarda.

Las cooperativas de crédito son uno de los actores más importantes en la unión bancaria europea. Creadas algunas hace casi dos siglos, las entidades de crédito cooperativas han permitido atender las necesidades financieras de segmentos de población específicos que, de otra manera, no hubieran podido ser atendidas: las familias, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de agricultores pero no solamente, también de artesanos, de comerciantes, de empresarios locales, de profesionales liberales, como es el caso en Cataluña de la Caixa d'Enginyers, la de Arquitectos o la de Guissona. No en vano, en Europa representan 7 billones de euros de activos y aproximadamente un 20 % de la cuota de mercado. Existen unos 4000 bancos cooperativos en Europa con 210 millones de clientes, y creciendo; fíjense si nos queda camino por andar.

El principal valor de estas entidades es la proximidad, al estar comprometidas en apoyar a las comunidades locales a las que pertenecen y proporcionar un ancla en los mercados para las pymes de sectores productivos, incluso en momentos en que no había manera de que el crédito llegara a las pymes. Las cooperativas de crédito han demostrado en Europa un papel estabilizador y han sido motor de crecimiento local y de la economía productiva, al margen de la economía especulativa... (La señora secretaria, Sánchez-Camacho Pérez, entra en el hemiciclo. Lleva una férula en una pierna. Es saludada por varios señores diputados.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Yo también me alegro de verla. Y que se mejore. (Risas.-Aplausos.-La señora secretaria, Sánchez-Camacho Pérez, ocupa su escaño en la Mesa ayudada por el señor Capdevila i Esteve.-Aplausos).

El mapa territorial de las cooperativas de crédito habla de una atención ajustada a las necesidades de los clientes, al mismo tiempo que aumenta la resistencia a los problemas económicos del territorio, especialmente en las zonas rurales. La diversificación financiera disminuye la probabilidad del riesgo sistémico de un fallo en el conjunto por la mayor dependencia de los grandes bancos, que ustedes siempre han propugnado. Ya sabemos cómo los fallos en el sistema financiero acaban repercutiendo en la economía real, a menudo a costa del dinero de los contribuyentes. De momento, 60 000 millones en el sumidero, que van a ser difíciles de recuperar. Las cooperativas de crédito son, pues, una especie de última aldea gala que se resiste a la presión de los grandes grupos financieros juntamente con la banca ética, y lo consiguen a partir de la confianza en los servicios de alta calidad que ofrecen, basados precisamente en su proximidad, en el conocimiento del negocio, no en el tamaño -en este caso el tamaño no importa-. Porque, como refleja el informe del Banco de España sobre la crisis financiera, el sector de las cooperativas de crédito no dio problemas durante la crisis y supo garantizar un mínimo del 5 % del crédito español, que se mantiene actualmente proporcional a su capacidad de actuación. Déjeme, señor ministro, que desde el Grupo Parlamentario de Esquerra le expresemos nuestros temores al respecto. No repetiré argumentación. Básicamente, si las cooperativas de crédito van bien, ¿a qué el carácter de urgencia? Aparte de esto, quiero manifestarle dos 'de acuerdo' y un 'pero'. Entendemos que es necesario que se establezca un acercamiento a los estándares internacionales. Además, la creación de estos mecanismos institucionales de protección supone para las cooperativas de crédito obtener un perfil de riesgo menor al aumentar su solvencia, y eso está bien, de acuerdo. También nos parece adecuada la 'mutualización de riesgos' -si se puede poner entre comillas supongo que sería más expresivo- similar al que se da en el sistema bancario, que pivotará en torno a un fondo de garantía de depósitos privado constituido por el capital aportado por las entidades con el que se cubrirán posibles insolvencias. De acuerdo -y este es el 'pero'- pero nos asusta que con el objetivo loable de la solvencia de las cooperativas de crédito y cajas rurales ustedes pretendan que se fusionen, porque lo importante, repito, no es el tamaño, sino que cada cooperativa sirva a los intereses de sus miembros y clientes con conocimiento y con solidez.

Y, perdonen si me precipito, tampoco nos fiaremos mucho cuando ustedes sugieran que las fusiones no supondrán ningún coste para el contribuyente porque la experiencia nos indica que la fusión masiva de las entidades de crédito no fue una solución al problema de cajas y bancos; al contrario, al final se ha


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creado un escenario oligopólico en el sistema financiero en el cual quienes acabaron perdiendo fueron los clientes, los pequeños inversores y, finalmente, el sistema público y la competitividad. Y porque la supervisión final del Banco de España no nos parece hoy en día -caliente todavía el cadáver del Banco Popular- una garantía de credibilidad y confianza; al contrario, tememos que su querencia a la concentración no juega a favor de las entidades de crédito cooperativas. Bienvenido sea, pues, el Partido Popular al mundo de la economía cooperativa pero no quieran ustedes, por favor, transformarlas en un instrumento de sus políticas liberales. Estaremos atentos a su tentación de transformar el sector financiero en un oligopolio como aquellos con los que ustedes se suelen sentir cómodos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ya le adelanto que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, votará a favor de la convalidación de este Real Decreto 11/2017, de medidas urgentes en materia financiera, a pesar de su tardía regulación, pues Bruselas la esperaba desde otoño de 2012. Fue uno de los compromisos que España asumió con el Banco Central Europeo, con la Comisión Europea y con el Fondo Monetario Internacional para el rescate de buena parte de nuestras instituciones financieras. Bien, pues la Ley 13/1989, de Cooperativas de Crédito, regula la parte más pequeña de nuestro sector financiero. Ha comentado usted que, sin embargo, estas cooperativas de crédito tienen una gran importancia en entornos rurales, financiando a pymes, a autónomos y a emprendedores, y además resulta necesario dotarlas de los instrumentos adecuados para abordar las lecciones duramente aprendidas y adecuar el marco legal a los estándares europeos e internacionales. Por todo ello, existen distintos motivos para convalidar este real decreto, a pesar de la opinión del señor Montero y del señor Vendrell, a quienes quizá les gustaría mucho más una banca pública y su politización. Triste error, creo yo.

Le voy a relatar cuatro principales motivos por los cuales vamos a apoyar este real decreto. En primer lugar, por el refuerzo de esos mecanismos de garantías, incorporando de forma voluntaria los sistemas institucionales de protección, los llamados SIP, y un nuevo artículo 10 bis, con dos modalidades, creando sinergias al crecimiento y ampliando su función social en el mundo rural. Es importante porque las economías a escala mejoran la competitividad, señor Capdevila. En esta ocasión, el tamaño sí importa. En segundo lugar, por las mayores garantías a los clientes, así como una imposición al Banco de España, que antes del 30 de septiembre debe desarrollar métodos para dotar ese Fondo de Garantía de Depósitos; es decir, que ante situaciones de insolvencia no acaben pagando todos los españoles esta crisis. En tercer lugar, por cumplir los estándares internacionales y europeos, evitando un rescate a la chipriota, con pérdidas para los clientes, y el error de las preferentes, protegiendo al inversor sin conocimientos financieros. Y por último, esta normativa positiva, a la espera quizá de una nueva Ley de Cooperativas de Crédito que actualice la Ley 13/1989, permitiría alejar lo sucedido con el saqueo de las cajas de ahorros. Señor ministro, en aquel entonces usted decía -palabras textuales-: Me gustaría especificarlo muy claramente. Aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, que hoy no está aquí, decía en rueda de prensa que no costaría ni un euro. Nada más lejos de la realidad y es que el Banco de España, en coincidencia con el informe del Tribunal de Cuentas... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, silencio.

El señor TEN OLIVER: ... dice en su informe del pasado mes de junio que hemos perdido más de 60 000 millones de euros. Señorías del Grupo Popular, del Grupo Socialista e incluso de Izquierda Unida, que ahora están con Podemos, la politización del sistema financiero y el saqueo de las cajas de ahorros también es una forma de corrupción. (Aplausos). Las cajas de ahorros estaban controladas por los viejos partidos y por los sindicatos, quienes estaban -todos lo conocemos- en sus órganos de administración. El señor Rodríguez Zapatero primero negó la crisis económica y más tarde ignoró los problemas que tenían las mismas. Recordamos aquella frase que decía: El sistema financiero español es el más sólido del mundo. Y a continuación, las fusionó sin sanear ni despolitizar. España perdió dos años preciosos para amortiguar el impacto de nuestra crisis financiera. El final ya lo conocen: el señor Rajoy acabó pidiendo un crédito a la Unión Europea. Por cierto, quizá es casualidad, pero las cooperativas de


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crédito no estaban politizadas ni necesitaron ese rescate bancario. Sin embargo, las cajas fueron las que más recursos necesitaron para ser rescatadas. Por cierto, sus presidentes estaban todos ellos vinculados con partidos políticos. Si quieren, se los recuerdo: Catalunya Banc, Narcís Serra, exministro del PSOE; Bankia, el señor Rodrigo Rato, del Partido Popular; la CAM, Novacaixagalicia, el Banco de Valencia -mi querido Banco de Valencia- con don José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular. Triste, ¿verdad? Además, las cajas de ahorros protagonizaron numerosos escándalos. Tenemos la estafa de las preferentes, las tarjetas black, la salida a bolsa de Bankia, las abusivas cláusulas suelo y todo ello con el beneplácito de los organismos reguladores, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por cierto, ¿no son ellos los que deberían cuidar de estas cosas? ¿No son ellos los que deberían proteger nuestras zanahorias? (Aplausos).

Hasta la fecha, ningún partido ha asumido ninguna responsabilidad política por esta nefasta gestión. Hoy, gracias a Ciudadanos, tenemos un acuerdo con el Partido Popular para garantizar la independencia de los organismos reguladores, crear una autoridad independiente de protección al consumidor e inversor financiero y, por supuesto, una comisión de investigación de la crisis bancaria en la que, aunque cinco años más tarde, por fin los responsables del saqueo de esos más de 60 000 millones de euros darán explicaciones a los españoles en sede parlamentaria.

Voy terminando, señora presidenta. Hoy votaremos a favor de la convalidación del Real Decretoley 11/2017, de medidas urgentes en materia financiera, pero sin olvidar que 8 de cada 10 euros que se han invertido se perderán en este rescate bancario. Es justo lo contrario a cuando invertimos un euro en la lucha contra el fraude, porque recuperamos 10. Yo les pregunto: ¿por qué no han hecho esto hasta ahora? ¿Por qué han traído ahora un real decreto de aumento extraordinario de la oferta de empleo público? Señorías, yo se lo digo. Porque hoy en esta Cámara está Ciudadanos. (Aplausos). No sé si a PSOE o Podemos se les ve o no se les ve, no sé lo que harán o qué decisiones tomarán, pero Ciudadanos hace política útil. Ciudadanos ha dado estabilidad y ha propiciado reformas, reduciendo los impuestos, mejorando las condiciones de los autónomos, de la clase media y trabajadora, obligando a invertir en la lucha contra el fraude, denunciando las amnistías y, por supuesto, dando mayor seguridad y flexibilidad al sistema financiero con la convalidación de este real decreto. Señorías, no lo olviden: la politización del sistema financiero y el saqueo de las cajas de ahorros también son formas de corrupción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, hoy en España, tras la crisis de las cajas de ahorros -desgraciadamente, tras la pérdida de las cajas de ahorros-, las cooperativas de crédito son como una joya de la corona. Son el último reducto de una banca movida por intereses sociales y vinculada a la actividad económica local. Como se ha comentado aquí ya, hay países como Francia, Holanda, Italia y Alemania que mantienen una importante presencia de banca social, de banca pública y de banca cooperativa; una presencia que en ocasiones llega a superar el 40 o el 50 % del sistema financiero nacional, algo que nos parece verdaderamente extraordinario porque en nuestro país se ha convertido ya en una excepción. Por eso, en el Grupo Parlamentario Socialista creemos que hay que seguir apoyando a las cooperativas de crédito. Creemos que hay que mejorar y estimular las estructuras que permitan que a esta banca -que, como digo, es banca social y de proximidad- se le den los elementos que le permitan ser rentable en un mundo de turbulencias financieras y, como ha dicho el propio ministro en su presentación, en un sistema financiero todavía muy inestable. Avanzo por ello el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la convalidación de este real decreto de medidas urgentes en materia financiera porque entendemos que las medidas que se incluyen van a contribuir a fortalecer la banca social, más necesaria que nunca para cumplir esta propia finalidad y para neutralizar la preocupante tendencia a la concentración del sistema financiero en nuestro país, algo bastante preocupante.

El Grupo Parlamentario Socialista valora la estabilidad financiera y la cohesión social, que se protegen con esta nueva normativa a través de los sistemas institucionales de protección. (Rumores). Yo no me voy a entretener ya en este último turno de palabra en entrar en todos los detalles de los mecanismos perfectamente descritos...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.


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La señora BOTELLA GÓMEZ: ... por el ministro en primera instancia y luego por algunos de mis compañeros diputados que ya han ido entrando en materia. Sí que me gustaría resaltar los puntos de encuentro y desencuentro para nosotros. Adelantamos que vamos a votar favorablemente porque entendemos que van a dar fortaleza y van a reforzar esta banca de proximidad y esta banca social, a las que el Partido Socialista quiere ayudar para que se mantengan en España y no pase como ha ocurrido con las cajas de ahorro. Creemos que es fundamental, pues algún dato se ha dado pero no se ha dicho que estaba afectando a 2,8 millones de socios cooperativistas en España o que, por ejemplo, tiene más de 18 000 puestos de trabajo de empleados que trabajan ahí. (Rumores). Pero esto es una parte, ahora me gustaría denunciar que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, la respuesta del ministro De Guindos ante estos acontecimientos verdaderamente urgentes, que son los que teóricamente motivan traerlo bajo esta fórmula...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

La señora BOTELLA GÓMEZ: ... esta fórmula aparentemente tan urgente en realidad es una muestra de improvisación, señor ministro, y una evidencia de que el Gobierno del presidente Rajoy va siempre por detrás de los problemas que ya se han presentado en este sector -ojo, se han presentado recientemente-, pero se presentaron ya en 2014 y la normativa para esta modalidad de entidades no estaba preparada. Tampoco ha sido especialmente diligente el ministro en el segundo punto que se aborda en este real decreto cuando se crea una nueva categoría de pasivos, que son estos créditos ordinarios no preferentes o esta deuda senior subordinada, porque esto viene de un pre adelanto de directiva, pero viene ya de finales de 2016. Usted mismo lo dice, y también en el informe técnico que acompaña el real decreto-ley, ahí se está especificando que la mayor parte de los países de nuestro entorno ya han asumido esas medidas, y eso es lo que realmente nos resulta preocupante, ese décalage entre el momento en el que se toma la decisión de hacerlo y cuánto estamos tardando en hacerlo en España.

Señor ministro de Economía, claro que es preciso aprobar estas medidas, y hay que hacerlo de manera urgente, pero no porque haya ocurrido algo extraordinario, hay que hacerlo ahora porque no se ha hecho antes, y cuando digo antes no me estoy refiriendo a hace dos meses, a hace seis meses o a hace un año, me estoy refiriendo a la legislatura pasada. Lo hemos dicho algunos de los diputados y diputadas que hemos hablado, esta medida, este real decreto-ley no puede sustituir al proyecto de ley que se debería haber formulado ya para reforzar si realmente lo que ustedes quieren -nosotros sí lo queremos- es reforzar estas entidades financieras. Por eso nos resulta inadmisible e irritante que se diga en el documento que acompaña al informe del Consejo de Ministros que con esto se culmina ya el ciclo de reformas en materia financiera. No nos vendan esto, no compramos esto. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que queda mucho por hacer -usted mismo lo ha reconocido-; hay que seguir trabajando en el tema de la gobernanza en este tipo de entidades y en el tema de fortalecer los mecanismos de capital y de solvencia.

Voy concluyendo. Señorías, no vemos ninguna razón para sentirnos tranquilos y desde luego el Gobierno debe dar todavía muchas explicaciones tras lo que ha ocurrido en el Popular y los acontecimientos que se siguen desarrollando, acontecimientos recientes que hoy mismo, señor ministro, desde Europa dicen que están contradiciendo lo que usted está diciendo aquí de que no ha pasado nada y que esto va a quedar perfectamente resuelto con los mecanismos europeos, están diciendo que no está tan claro quién va a tener que resolver, algo que dada la naturaleza del Popular tampoco nos sorprende.

Apoyaremos por responsabilidad la convalidación de este real decreto porque, a la luz de los riesgos que afronta el sistema financiero, no creemos que el sector del cooperativismo de crédito ni toda la actividad económica que depende de él, ni los empleos ni los socios cooperativistas tengan la culpa de la falta de diligencia del actual Gobierno en haber resuelto este tema. El proyecto de ley para las cooperativas de crédito sigue pendiente y, desde el Grupo Socialista, vamos a estar muy atentos.

Señor ministro, alto y claro, pensamos que tenemos un ministro de Economía que está aquí porque no ha conseguido nada mejor fuera; que a veces no sabemos si se va o se queda. No decimos que las reformas del sistema financiero sean fáciles; lo que sí decimos es que en los últimos cinco años usted no lo ha conseguido. Así que tiene faena por delante, y le aseguro que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a estar muy atentos en garantizar -como digo- este pequeño tesoro que significa para la banca de proximidad, para la banca social y para los que creemos en la inclusión financiera; España tiene todavía muchas posibilidades, no vamos a renunciar y no nos va a pillar el toro, como nos pilló con esa crisis tan tremenda, en la cual nos quedamos realmente sin un recurso, que era muy tradicional en


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nuestro país y que otros países europeos mantienen, que eran las cajas de ahorros, así que seguiremos atentos, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. La aprobación de un real decreto debe ir acompañada de dos requisitos, la extraordinaria y la urgente necesidad, y ambos concurren en este real decreto. En primer lugar, concurre en las modificaciones normativas efectuadas para llevar a cabo la introducción de los sistemas institucionales de protección en el régimen de las cooperativas de crédito; y concurre también en la modificación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Cuanto antes sean aprobadas estas medidas, antes estarán disponibles para las entidades, y de ahí su extraordinaria y urgente necesidad.

En cuanto a las cooperativas de crédito, el ministro ya ha detallado las modificaciones que implanta el real decreto y, por tanto, me voy a centrar en las necesidades de estas medidas. Debemos tener en cuenta los riesgos que afronta el sistema financiero y su impacto en experiencias recientes. El Banco de España, en su reciente informe de estabilidad financiera, nos informa de que persisten riesgos que afectan al sector, derivados del entorno de bajos tipos de interés, del decreciente pero aún elevado número de activos improductivos, tanto dudosos como adjudicados, y del incremento de los costes legales. Por eso, resulta urgente y necesario dotar a estas entidades de instrumentos que faciliten su resolución o liquidación por las consecuencias que podría tener sobre la competencia, la inclusión financiera y la actividad económica local. La necesidad surge porque las cooperativas de crédito tienen mayores dificultades a la hora de enfrentarse a estos retos mediante la captación de recursos en el mercado (Rumores), dado su pequeño tamaño y las características del modelo que introduce restricciones a determinadas operaciones, y todo esto por la importancia que las cooperativas tienen en entornos rurales, sus destacadas cuotas de mercado a nivel provincial y su marcado arraigo local, que determinan su relevancia para la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional (Rumores), tales como pymes, autónomos o emprendedores que, además, en ocasiones presentan mayores dificultades a la hora de obtener financiación...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor; silencio.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ... y más en estos momentos con la nueva regulación financiera.

Estas características hacen que no entienda la posición en contra del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Cuando organizaron un foro sobre banca pública en el que yo participé, defendían estas mismas cosas para mantener a Bankia como banca pública, evitar la exclusión financiera, mantener entidades en territorios donde no acceden los grandes y la financiación de pequeños sectores productivos. ¿Por qué ahora no apoyan a las cooperativas de crédito que cubren estas necesidades? ¿Por qué? (Aplausos). La verdad es que su discurso y sus objetivos siempre son oscuros para mí.

Hablaba el señor Montero de la mayor facilidad para venderlas y para comprarlas, pero esta mayor facilidad al final es para evitar poner dinero público, para evitar un rescate público. Estos son los objetivos de los mecanismos de resolución y esto es lo que no ha ocurrido en Italia y lo que no queremos nosotros que pase aquí en España. También comentaba que si está saneado ¿por qué va a desaparecer? Al revés. Si están saneadas se está intentando proteger estas entidades. (Aplausos).

Tampoco entiendo la obsesión con el tema de la concentración bancaria que presentan algunos grupos. Como estamos en una época de la posverdad, algunos conceptos se dan por sentados y no nos detenemos a analizarlos. Quiero recordarles a todos ustedes que Francia, con el doble de negocio bancario que España... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, queda ya poco tiempo, pero por favor guarden silencio. Desde la Presidencia no se escucha al orador, se lo puedo asegurar.

Continúe, señor Paniagua.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Quiero recordarles a todos ustedes que Francia, con el doble de negocio bancario que España, tiene únicamente tres entidades financieras nacionales, y existe absoluta


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competencia. Nosotros -les recuerdo- teníamos más de cincuenta entidades cuando llegó la crisis financiera, de ellas al menos veinte de ámbito nacional. ¿Había competencia? Sí. ¿Había eficiencia? No, sabemos que no, puesto que la mayoría de esas entidades han desaparecido. (Aplausos). Debemos pensar las cosas bien antes de hacer valoraciones categóricas como las que se hacen. Tenemos una Comisión de Investigación, aprovechémosla y obtengamos conclusiones positivas para el funcionamiento del sector, pero tengo serias dudas de que sea utilizada con este fin por algunos grupos y no exclusivamente para obtener un puñado de votos. Como ya ha anunciado el ministro, se presentará una ley para reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito, una ley que va a tener como objetivo reforzar la solvencia y la transparencia de estas entidades.

En cuanto a la introducción de la distinción entre créditos ordinarios preferentes y no preferentes, las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, como bien ha dicho el ministro, están obligadas por la normativa europea y nacional a incorporar en sus balances un número elevado de pasivos que favorezcan la absorción de pérdidas en el caso de resolución de la entidad. Esto ya es una obligación. Si las entidades no lo consiguieran, limitarían de forma importante su capacidad de ofrecer financiación en el mercado y por tanto afectaría negativamente a la actividad económica y el empleo. Es urgente, el mercado es muy reducido. Otros países ya han iniciado la colocación de títulos. Por tanto, debemos dotar a la mayor brevedad el marco jurídico necesario para su desarrollo, ya que nuestras entidades se encuentran en desventaja.

Por consiguiente, este Gobierno continúa en la senda que inició cuando llegó a finales de 2011 con dos objetivos: fortalecer las entidades financieras y proteger a los consumidores del sector. Tenemos la obligación de fortalecer las entidades financieras. Estas recogen el ahorro de las familias y empresas y lo redirigen hacia la inversión productiva mediante la financiación bancaria. Además facilitan la gestión diaria de empresas, instituciones públicas y particulares a través de cuentas, domiciliaciones, medios de pago, operaciones internacionales, avales y garantías. Esto a su vez favorece la actividad económica, ayuda en los mercados de capitales a distribuir las emisiones y es un movimiento continuo, incluido el tesoro nacional. Por tanto, es un sector básico de la economía nacional, como se ha demostrado, por ejemplo, en la salida de esta crisis. Hasta que las entidades financieras no estuvieron a pleno rendimiento, nuestra economía no fue capaz de impulsarse y dejar atrás la recesión, y algo que es tan básico es necesario explicarlo aquí teniendo en cuenta los mensajes que escuchamos a diario de algunos grupos políticos.

Les hablaba también de proteger a los consumidores del sector, porque ellos son nuestros ahorradores, nuestros consumidores, nuestros emprendedores, nuestros autónomos, nuestras empresas y nuestros inversores, todos aquellos sujetos que ayudan y permiten desarrollar nuestra economía, que permiten que se cree empleo y que al final aportan directa e indirectamente los recursos necesarios para mantener la infraestructura de nuestro Estado y nuestro sistema de bienestar social. Así lo hemos hecho desde que llegamos al Gobierno, desde el código de buenas prácticas hasta el real decreto de cláusula suelo, un proceso al que todavía quedan algunas etapas: la nueva ley de crédito hipotecario, la adopción de MiFID II y de PS II y la reforma de los organismos reguladores, todo para culminar una arquitectura que, cumpliendo con la normativa europea, permita una estabilidad de nuestro sistema financiero y una capacidad para recoger los ahorros de los españoles y financiar la actividad económica, todo ello desde la transparencia y la buena gestión. Estos son los principios que inspiran nuestra actuación, y creo que aquí no debería haber muchas discrepancias entre todos los grupos, salvo los de la casta populista, a los que el interés general parece importarles cero. (Muy bien.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzará la votación en tres minutos.

Muchas gracias. (Pausa).

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN).

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2018-2020 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2018. (Número de expediente 430/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar en primer lugar el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores, para el periodo 2018-2020.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 175; en contra, 173; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 12/2017, DE 3 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, EN CUANTO AL SISTEMA DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA. (Número de expediente 130/000018).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar a continuación la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar vamos a votar el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 270; en contra, 60; abstenciones, 18.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 89; en contra, 260.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley.

- REAL DECRETO-LEY 13/2017, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, EN LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL ÁMBITO LABORAL Y DEL CONTROL DEL GASTO, PARA LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS, Y POR EL QUE SE CREAN ESPECIALIDADES EN CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS. (Número de expediente 130/000019).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar continuación el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 347; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 90; en contra, 259.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


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- REAL DECRETO-LEY 11/2017, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA FINANCIERA. (Número de expediente 130/000017).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 266; en contra, 71; abstenciones, 12.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a proceder a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 91; en contra, 258.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las nueve y treinta minutos de la noche.

Corrección de error.

En el Diario de Sesiones núm. 65, correspondiente al Pleno celebrado el martes 27 de junio de 2017, en la página 4, donde dice "Se abre la sesión a las cuatro de la tarde" debe decir "Se abre la sesión a las tres de la tarde".

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