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DS. Senado, Pleno, núm. 76, de 19/06/2018
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 40

celebrada el martes, 19 de junio de 2018

ORDEN DEL DÍA



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2017. 780/000002 Defensor del Pueblo; informe de actividad


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 624/000010 desarrollo sostenible; protección del medio ambiente; reserva natural Medio Ambiente y Cambio Climático


PREGUNTAS

Pregunta sobre los apoyos parlamentarios con que cuenta el Presidente del Gobierno para promover la cohesión y la estabilidad de España. 680/000570 cohesión económica y social; control parlamentario; programa de estabilidad JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)


Pregunta sobre los plazos del Gobierno para los compromisos de la Agenda Canaria. 680/000577 Islas Canarias; impuesto local; régimen económico; servicio público; tarifa aérea; tecnología limpia MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)


Pregunta sobre las iniciativas que el Gobierno tiene previsto plantear ante la Unión Europea para abordar de manera conjunta la situación que diariamente sufren un número importante de refugiados en el mar Mediterráneo. 680/000581 Mar Mediterráneo; ayuda a los refugiados; política comunitaria JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)


Pregunta sobre si tiene previsto el Gobierno derogar la prisión permanente revisable. 680/000575 aplicación de la ley; procedimiento penal; sanción penal ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)


Pregunta sobre si puede el Gobierno explicar cuáles son las disponibilidades presupuestarias en el año 2018 que le van a permitir crear cuatro nuevos ministerios. 680/000573 ministerio; presupuesto del Estado JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA (GPP)


Pregunta sobre cómo va a impedir el Gobierno que se destine dinero al proceso independentista de Cataluña. 680/000576 Cataluña; administración regional; autonomía; control financiero GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)


Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto revisar los contratos públicos relativos a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). 680/000543 Derecho de extranjería; contrato administrativo; equipamiento social; migración ilegal; seguridad pública MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)


Pregunta sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos de ETA. 680/000571 País Vasco; terrorismo; traslado de presos JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (GPP)


Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la gratuidad del peaje del tramo de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón (Araba/Álava). 680/000564 Armiñón (Araba/Álava); Burgos (Burgos); autopista; peaje ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)


Pregunta sobre si el Gobierno va a derogar la reforma laboral causante de la devaluación salarial. 680/000568 Derecho del trabajo; aplicación de la ley; remuneración del trabajo ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)


Pregunta sobre si el Gobierno es partidario de derogar la reforma laboral actual. 680/000572 Derecho del trabajo; aplicación de la ley MARÍA ROSARIO SOTO RICO (GPP)


Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno ante el desafío a la democracia en Cataluña. 680/000546 Cataluña; Estado de Derecho; democracia LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)


Pregunta sobre el modelo territorial que defiende el Gobierno. 680/000566 relación Estado-entidades territoriales TOMÁS MARCOS ARIAS (GPMX)


Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables. 680/000578 energía renovable; política energética MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)


Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén disponibles los informes medioambientales que demuestren si existen o no riesgos para desmantelar las instalaciones del almacenamiento submarino de gas Castor. 680/000580 almacenamiento; gas natural; impacto ambiental; informe de actividad MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)


Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto facilitar un múltiplex adicional para permitir la emisión recíproca del servicio público de comunicación audiovisual de aquellas Comunidades Autónomas que lo pretendan en virtud del artículo 40.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 680/000579 comunidad autónoma; política audiovisual; servicio público BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)


Pregunta sobre las medidas concretas que el Gobierno piensa adoptar ante el aumento que tienen cada año los delitos de odio hacia personas con discapacidad, y que constituyen ya el segundo motivo como causa de los delitos de odio en España. 680/000560 discriminación por motivo de minusvalía VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)


Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto devolver la universalidad del derecho a la salud en nuestro país y eliminar las trabas de acceso a los tratamientos médicos como son los copagos, derogando el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. 680/000567 derecho a la salud; pago; terapéutica MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)


Pregunta sobre si piensa mantener la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la misma línea de acción que llevó durante su etapa de Consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. 680/000574 Comunidad Valenciana; derechos del enfermo; establecimiento hospitalario; política sanitaria MARTA TORRADO DE CASTRO (GPP)


INTERPELACIONES

Interpelación sobre la política del Gobierno en materia de cohesión territorial. 670/000089 relación Estado-entidades territoriales; revisión de la Constitución CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)


Interpelación sobre la regulación de acceso a la actividad del transporte de mercancías por carretera. 670/000090 Derecho nacional; red de carreteras; transporte de mercancías LAURA CASTEL FORT (GPER)


Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno con respecto al presente y futuro de la autopista de peaje AP-7 en la Comunitat Valenciana. 670/000088 Comunidad Valenciana; autopista; peaje CARLES MULET GARCÍA (GPMX)


REGLAMENTO DEL SENADO

DICTÁMENES DE COMISIÓN

Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. 626/000010 Comisión parlamentaria; Cámara Alta; reglamento parlamentario Reglamento


HABILITACIONES

Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España. 551/000046 análisis demográfico; desarrollo regional; dinámica de la población; período de sesiones

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2017. 780/000002

El señor Fernández Marugán, defensor del pueblo en funciones y adjunto primero, expone un resumen del informe.

En turno de portavoces intervienen el señor Marcos Arias y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Gorrochategui Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora López Alonso, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Cortés Martín, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 624/000010 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 24 a 29, presentadas por los señores Mulet García y el propio señor Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Freixanet Mateo defiende las enmiendas 32 a 52, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Palomo García defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 1 a 14 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 16 y 31 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Santos Fernández y el señor Álvarez Cabrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Palomo García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto de la proposición de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas



MINUTO DE SILENCIO EN MEMOTIA DE LAS ÚLTIMAS MUJERES FALLECIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMOTIA DE LAS ÚLTIMAS MUJERES FALLECIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 550/000061

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ÍNDOLE ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA QUE HAN CAMBIADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS PARA CONSIDERAR ADECUADO EL AUMENTO DE LA DOTACIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y QUE, SIN EMBARGO, IMPIDEN CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE LLEGAR A LOS DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS. 680/000562 FUENSANTA LIMA CID (GPS)

Esta pregunta ha sido retirada.



PREGUNTA SOBRE LOS CAMBIOS QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO DE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 680/000569 MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

Esta pregunta ha sido retirada.



PREGUNTA SOBRE LOS APOYOS PARLAMENTARIOS CON QUE CUENTA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA PROMOVER LA COHESIÓN Y LA ESTABILIDAD DE ESPAÑA. 680/000570 JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

El señor Barreiro Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Sánchez Pérez-Castejón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Barreiro Fernández. En turno de dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Sánchez Pérez-Castejón).



PREGUNTA SOBRE LOS PLAZOS DEL GOBIERNO PARA LOS COMPROMISOS DE LA AGENDA CANARIA. 680/000577 MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

La señora Julios Reyes formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Sánchez Pérez-Castejón). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Julios Reyes. En turno de dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Sánchez Pérez-Castejón).



PREGUNTA SOBRE LAS INICIATIVAS QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO PLANTEAR ANTE LA UNIÓN EUROPEA PARA ABORDAR DE MANERA CONJUNTA LA SITUACIÓN QUE DIARIAMENTE SUFREN UN NÚMERO IMPORTANTE DE REFUGIADOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO. 680/000581 JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Sánchez Pérez-Castejón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bildarratz Sorron.



PREGUNTA SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DEROGAR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 680/000575 ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

La señora Muñoz de la Iglesia formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Justicia (Delgado García). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Muñoz de la Iglesia. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Justicia (Delgado García).



PREGUNTA SOBRE SI PUEDE EL GOBIERNO EXPLICAR CUÁLES SON LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO 2018 QUE LE VAN A PERMITIR CREAR CUATRO NUEVOS MINISTERIOS. 680/000573 JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA (GPP)

El señor De las Heras Muela formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). En turno de réplica interviene de nuevo el señor De las Heras Muela. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



PREGUNTA SOBRE CÓMO VA A IMPEDIR EL GOBIERNO QUE SE DESTINE DINERO AL PROCESO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA. 680/000576 GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

El señor Martínez Arcas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Martínez Arcas. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO REVISAR LOS CONTRATOS PÚBLICOS RELATIVOS A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE). 680/000543 MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

La señora López Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora López Santana. En turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).



PREGUNTA SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA. 680/000571 JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (GPP)

El señor Pérez Lapazarán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Pérez Lapazarán. En turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).



PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA GRATUIDAD DEL PEAJE DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA AP-1 ENTRE BURGOS Y ARMIÑÓN (ARABA/ÁLAVA). 680/000564 ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)

La señora García Díaz da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco). En turno de réplica interviene de nuevo la señora García Díaz. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A DEROGAR LA REFORMA LABORAL CAUSANTE DE LA DEVALUACIÓN SALARIAL. 680/000568 ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

El señor Guardingo Martínez da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Guardingo Martínez. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ES PARTIDARIO DE DEROGAR LA REFORMA LABORAL ACTUAL. 680/000572 MARÍA ROSARIO SOTO RICO (GPP)

La señora Soto Rico da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Soto Rico. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero).



PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE EL DESAFÍO A LA DEMOCRACIA EN CATALUÑA. 680/000546 LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

La señora Roldán Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Roldán Suárez. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña).



PREGUNTA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL QUE DEFIENDE EL GOBIERNO. 680/000566 TOMÁS MARCOS ARIAS (GPMX)

El señor Marcos Arias da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Marcos Arias. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña).



PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA REVERTIR TODOS LOS RECORTES Y OBSTÁCULOS ESTABLECIDOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 680/000578 MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

El señor Estradé Palau da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Estradé Palau.



PREGUNTA SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA QUE ESTÉN DISPONIBLES LOS INFORMES MEDIOAMBIENTALES QUE DEMUESTREN SI EXISTEN O NO RIESGOS PARA DESMANTELAR LAS INSTALACIONES DEL ALMACENAMIENTO SUBMARINO DE GAS CASTOR. 680/000580 MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)

El señor Aubà Fleix formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Aubà Fleix. En turno de dúplica lo hace la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO FACILITAR UN MÚLTIPLEX ADICIONAL PARA PERMITIR LA EMISIÓN RECÍPROCA DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE LO PRETENDAN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40.4 DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 680/000579 BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

El señor Picornell Grenzner formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Picornell Grenzner. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría).



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR ANTE EL AUMENTO QUE TIENEN CADA AÑO LOS DELITOS DE ODIO HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y QUE CONSTITUYEN YA EL SEGUNDO MOTIVO COMO CAUSA DE LOS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA. 680/000560 VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

La señora Felipe Saelices da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Felipe Saelices. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO DEVOLVER LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN NUESTRO PAÍS Y ELIMINAR LAS TRABAS DE ACCESO A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS COMO SON LOS COPAGOS, DEROGANDO EL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL. 680/000567 MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)

La señora Palencia García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Palencia García. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez).



PREGUNTA SOBRE SI PIENSA MANTENER LA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL LA MISMA LÍNEA DE ACCIÓN QUE LLEVÓ DURANTE SU ETAPA DE CONSEJERA DE SANIDAD DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 680/000574 MARTA TORRADO DE CASTRO (GPP)

La señora Torrado de Castro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Torrado de Castro. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez).



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COHESIÓN TERRITORIAL. 670/000089 CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

La señora San Damián Hernández expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña). Vuelve a intervenir la señora San Damián Hernández. Cierra el debate la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña).



INTERPELACIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. 670/000090 LAURA CASTEL FORT (GPER)

La señora Castel Fort expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco). Vuelve a intervenir la señora Castel Fort. Cierra el debate el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco).



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO CON RESPECTO AL PRESENTE Y FUTURO DE LA AUTOPISTA DE PEAJE AP-7 EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 670/000088 CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

El señor Mulet García expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco). Vuelve a intervenir el señor Mulet García. Cierra el debate el señor ministro de Fomento (Ábalos Meco).



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO DE DOS NUEVOS PUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DEL SENADO Y A HABILITACIONES.

>MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO DE DOS NUEVOS PUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DEL SENADO Y A HABILITACIONES. 550/000062

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la modificación del orden del día para la inclusión de los dos nuevos puntos en el orden del día.



REGLAMENTO DEL SENADO

DICTÁMENES DE COMISIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.2. 626/000010 Reglamento

El señor Sanz Alonso, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

Se procede a votar.

El señor presidente informa a la Cámara de que, de conformidad con el artículo 196.3 del Reglamento del Senado, para su aprobación se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.



HABILITACIONES

COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA. 551/000046

Se aprueba por asentimiento de la Cámara esta habilitación.

Se levanta la sesión a las veinte horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se reanuda la sesión.



DEFENSOR DEL PUEBLO

INFORMES

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2017. 780/000002

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Llamen, por favor, al señor defensor del pueblo. (Pausa).

Buenos días, señor defensor del pueblo.

Tiene usted la palabra para exponer el informe correspondiente al año 2017.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Señor presidente, señorías, tras casi treinta años de diputado en las Cortes españolas esta es la primera vez que participo en una actividad parlamentaria llevada a cabo en el Senado. Créanme que para mí es una gran satisfacción poder dirigirles la palabra en el día de hoy.

Concepción Ferrer y yo tuvimos el honor de ser elegidos por ustedes para desempeñar las funciones de adjuntos del Defensor del Pueblo hace prácticamente seis años, y yo comparezco en la mañana de hoy, en mi condición de Defensor del Pueblo interino, para presentar la gestión del año 2017, tras la culminación del mandato de doña Soledad Becerril. Hago esta presentación después de haber comparecido en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de haber defendido este informe en el Congreso de los Diputados. Me corresponde, pues, como establecen las leyes, comparecer aquí ante sus señorías.

Les voy proporcionar algunos datos que son útiles y que la ley establece que debo dar. En el año 2017 abrimos 25 776 expedientes, de los cuales prácticamente 25 000 eran quejas de ciudadanos, 760 eran actuaciones de oficio y 40 peticiones de recurso al Tribunal Constitucional. Esta es la última fase y, como he dicho, ya he comparecido en la comisión mixta y en el Congreso de los Diputados. A mí no me gusta repetir en cada una de las comparecencias lo dicho en la anterior. Por lo tanto, me voy a apoyar de una manera muy evidente, al principio, en lo que dije en el Congreso, pero luego pondré en marcha una serie de reflexiones que es bueno que se conozcan en las cámaras y, por supuesto, en esta.

El fundamento de mi intervención en el Congreso era uno: la sociedad española vive un proceso de recuperación económica, por lo que considero que ha llegado el momento de llevar a cabo un proceso de recuperación social, el cual estaría destinado a mejorar las políticas sociales y, con ellas, los niveles de vida, de renta y de consumo de aquellos colectivos que, por una serie de circunstancias que no vienen al caso en este momento, no han alcanzado a cubrir con cierta dignidad sus necesidades básicas. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una política de reparto que ayude a quienes están en este momento en mayores dificultades. Y en la intervención en el Congreso, me refería a los parados de larga duración, a los trabajadores pobres, a las familias en las que todos los miembros están en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin cobertura de desempleo, a los dependientes, a los niños y a las niñas en situación de pobreza infantil y, en general, a todas aquellas familias que no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes con los recursos necesarios. Es decir, un conglomerado extenso de desprotegidos que, por qué no decirlo, me hace pensar que todavía en esta sociedad vivimos una situación de pobreza invisible.

La actual desigualdad está amenazando las posibilidades de un crecimiento sano y sostenido, el cual solo podrá llevarse a cabo si somos capaces de poner en marcha una política decidida de distribución de las rentas. Para afianzar esta posición, he recurrido a nuestro propio trabajo, al que desarrollamos día a día en la institución del Defensor del Pueblo, y he procurado analizar una serie de factores significativos que, extrayendo de ellos el diagnóstico que proporcionan las quejas, nos pueden ser útiles y, desde luego, nos pueden ayudar a hacer una interpretación correcta de lo que viene sucediendo.

A lo largo de mi intervención en el Congreso me aproximé a los problemas de la desigualdad desde una perspectiva macroeconómica. Mi propósito es acercarme a los problemas del reparto y distribución desde un enfoque microeconómico. Y lo voy a hacer. Me voy a centrar en un conjunto de temas que a mí me parecen relevantes, en un conjunto de colectivos que tienen algún tipo de dificultades, como la violencia y la brecha salarial en las mujeres, los inmigrantes —y no solo en lo que ha ocurrido a lo largo del año 2017, sino en lo que acaba de ocurrir estos últimos días—; en el envejecimiento de los mayores y de los ancianos, en la problemática de los centros sanitarios y en los problemas de acceso a la vivienda, con especial incidencia en los jóvenes.

Bien es conocido que la violencia contra las mujeres es una realidad en España y que más de 1000 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003. El año pasado, los actos de violencia también los padecieron los niños y las niñas, 27 niños y niñas perdieron a su madre y 8 menores fueron asesinados por su padre. Partiendo de sucesos tan lamentables, considero que es fundamental que toda la sociedad esté unida contra la violencia machista, que muestre hacia ella un rechazo contundente y que oriente todos los esfuerzos posibles para acabar con esta locura. Por eso, creo que los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las relaciones entre los hombres y las mujeres han de basarse en el respeto y en la libertad. Y viene a mi memoria la idea de que la educación tiene un papel protagonista en este terreno. Lo dijo Kant hace mucho tiempo: El ser humano es lo que la educación hace de él.

Paso a continuación a hablar de la brecha salarial y de la discriminación laboral. Según datos muy recientes del INE, la mayor concentración de sueldos bajos se da entre las mujeres. En este momento, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 22,3 %, un registro muy similar al de hace ocho años. En algunos temas, se avanza en la sociedad española con excesiva lentitud. Estos datos muestran que las mujeres ganan menos que los hombres y hacen más trabajo no remunerado que ellos. Pero la diferencia entre mujeres y hombres va más allá. Las mujeres tienen más dificultades para acceder a un empleo acorde con su cualificación y, a su vez, encuentran más dificultades para romper el techo de cristal. La política de austeridad no ayuda a nadie, ni a las mujeres ni a los hombres, es más, va contra la conciliación al recortar los servicios públicos, como las guarderías, las escuelas y los hospitales.

A continuación, paso a hablar de los problemas inmigratorios. Miren, la primera vez que yo hablé en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el tema de la inmigración fue el 15 de febrero del presente año, hace cuatro meses. Hace cuatro meses, hice un relato de lo que estaba sucediendo, que voy a repetir de manera muy somera, pero se parece mucho a algunas de las circunstancias que vivimos hoy día. En el año 2017, entraron irregularmente en España 28 000 personas; diez años antes, en el año 2007, habían entrado 40 000 personas. Por lo tanto, cuando abordemos la cuestión de la llegada de extranjeros de forma irregular a nuestra sociedad, debemos tener bastante cuidado y debemos manejarnos en los justos términos. De esas 28 000 personas que llegaron a nosotros a lo largo del año 2007, 20 000 llegaron por mar y 6000 lo hicieron por las ciudades de Ceuta y de Melilla. Semejantes llegadas han dado origen a una expresión con la cual yo me siento incómodo; se dice que estos ciudadanos vienen aquí porque existe un efecto llamada. Señorías, yo no creo que exista un efecto llamada, creo que existe un efecto expulsión de unos países donde existen unas condiciones de vida insoportables; las hambrunas, las guerras y las desigualdades están a la orden del día.

Con ese tipo de comportamiento, es lógico que estas personas quieran venir como sea a esta parte del mundo para encontrar una vida más digna. Cuando en el año 2017 empezaron a verse que estas tendencias se podían producir, tomamos una decisión en el Defensor del Pueblo, que es tratar de analizar cuáles eran nuestros procedimientos de acogida, sus virtudes y sus carencias. Procedimos a hacer una visita a todos los centros de recepción de inmigrantes, desde Tarifa a Cartagena, analizamos su situación y procuramos ver qué estaba sucediendo y qué habría que hacer. Ahora, a la vista de esa experiencia, quiero hacer algunas consideraciones de carácter general.

Para afrontar esta situación, no solo hay que recurrir al control de las fronteras, que es muy importante, sino que hay que abordar los problemas de acogida de los inmigrantes, creando unas infraestructuras idóneas que mejoren las actualmente existentes. Estas infraestructuras han de ser próximas, flexibles, altamente especializadas y dotadas de equipos multidisciplinares. Estas infraestructuras han de hacerse mediante la colaboración con todas las administraciones públicas y, a ser posible, con la comprensión y el apoyo de la sociedad civil. En definitiva, ante este problema nos vamos a tener que plantear problemas de voluntad política, problemas de recursos económicos, de colaboración institucional y social y quién sabe si algunas actuaciones de reformas legislativas.

Señorías, estamos viviendo un proceso dinámico que no acaba aquí ni acaba ahora. Por lo tanto, en tanto en cuanto existan países donde haya guerras, hambre y persecuciones, habrá hombres, mujeres y niños que quieran seguir llegando a nuestras costas para poder vivir mejor. En ese sentido, Europa debería plantearse algunas circunstancias distintas a las que viene planteándose actualmente. Hay que facilitar la cooperación económica para mejorar las condiciones de vida y evitar el éxodo. Y hay que establecer un sistema de acogida adecuado acorde con el respeto al que todo ser humano tiene derecho. Eso me lleva a que, a continuación, me sitúe en uno de los problemas que está aquí y que va a seguir estando en los próximos años: el de esos jóvenes y niños, menores no acompañados, que llegan a nuestro país.

Hace aproximadamente veinte años que llegaron a Europa los primeros. Eran unos adolescentes que viajaban solos, sin referentes familiares. Esta forma migratoria produjo un cierto enfrentamiento entre dos lógicas distintas de ver el proceso. La primera defendía la necesidad de controlar en frontera los flujos migratorios —he hecho alusión a este tema anteriormente—; la segunda empujaba a la aplicación de políticas de protección de los menores. El legislador español, como no podía ser de otra manera, ante semejante dilema, optó por la aplicación del interés superior del menor. Y quienes llamamos menores no acompañados responden a distintas tipologías. Los hay que son algo así como los niños de la calle, pero también hay otros que vienen de conflictos bélicos y otros, incluso, que huyen de la trata de seres humanos. Por tanto, son realidades diversas difícilmente agrupables en una sola categoría.

Hay un primer dato que conviene señalar y conocer: el número de niños y niñas extranjeros que hay en este momento en España. He de decir que las cifras no son fiables, aunque ya digo de antemano que las que yo voy a manejar aquí son recientes y coincidentes; por lo tanto, algún elemento de fiabilidad proporciono, aunque solo sea en términos de tendencia.

El Gobierno, el 30 de abril de 2018, cifró los menores no acompañados en 6248. Y una ONG, Save the Children, a finales de mayo y con datos del 31 de diciembre de 2017, los cifraba en 6414; es decir, 6248 por un procedimiento y 6414 por otro. Por lo tanto, insisto, son datos recientes y coincidentes que me permiten a mí manejar no las cifras, no los guarismos, sino las tendencias. Durante los últimos cinco años, la llegada de este tipo de niños ha experimentado un crecimiento constante, muchos de los cuales —como veremos a continuación— vienen en pateras. Proceden de Marruecos, de Argelia, de Malí, de Níger, de Nigeria, de Guinea y de una retahíla de países cuyo enunciado les ahorro. Las rutas migratorias de estos niños y niñas son las mismas que las de los adultos. Su proyecto migratorio se apoya en el propósito de lograr un trabajo que les permita alcanzar en esta parte del mundo una vida digna, pero también quieren apoyar a sus familias, aquellas que han dejado en sus lugares de origen. Muchos de ellos, huyen de las guerras.

Por otra parte, cabe destacar las diferencias de actitud entre los chicos y las chicas. Las chicas huyen del maltrato, de los abusos sexuales, de los matrimonios forzados, huyen de la violencia. Muchas de ellas asumen riesgos graves durante los trayectos migratorios, y muchas de ellas cuando inician el camino hacia esta especie de tierra de promisión saben que pueden ser atrapadas y ser víctimas de las redes de trata. Por lo tanto, hacen frente a unos riesgos muy difíciles de conjurar en esas zonas por las que ellas se desenvuelven.

En España hay niños y niñas tutelados prácticamente en todas las comunidades autónomas, pero el número es más importante en Andalucía; y, aparte de Andalucía, también en Valencia, Cataluña, Madrid y en Euskadi. En estas comunidades autónomas la cifra es numerosa, como ocurre en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Señorías, esta es una Cámara territorial y, en ese sentido, quiero señalar que el problema de los menores no acompañados está siendo analizado por los defensores del pueblo de algunas comunidades autónomas con acierto. Por eso, para mí es una satisfacción poder citarlos esta mañana aquí. En términos de calendario, el primero que se expresó sobre la gravedad de este problema fue el Síndic de Greuges de la Comunidad Autónoma de Valencia, quien dijo en su informe que, en el año 2017, había aumentado el número de menores no acompañados en un 103 %. Pero a la vez, ponía de relieve la sobreocupación que se registraba en los centros de acogida. Por otra parte, el Ararteko del País Vasco expresó también su preocupación por esta situación y señaló que el aumento de estas llegadas hacía necesario e imprescindible aumentar las plazas de acogida. Todos los defensores que nos hemos pronunciado sobre esta situación hemos puesto de relieve que estos niños y niñas merecen una especial tutela y una protección por parte de quienes, en una sociedad avanzada como la nuestra, defendemos los derechos de la infancia y la adolescencia.

El Defensor del Pueblo de Andalucía, coincidiendo con las posiciones del Defensor del Pueblo estatal, ha dado un paso más al señalar, con acierto, que la particular protección de este colectivo no puede quedar interrumpida de forma automática el día que el menor alcanza la mayoría de edad. En ese momento, al cumplir los 18 años, al perder el apoyo y la tutela pública, se encuentra con unos problemas que le deberemos ayudar a resolver. Estos jóvenes, para lograr su plena integración laboral y social, requieren cada vez mayor formación, mayor conocimiento, mayor experiencia, todo ello imprescindible para poder subsistir. Por lo tanto, es necesario establecer sistemas de acogida, que deben diseñarse a través de modelos de cooperación entre las distintas administraciones.

Paso ahora a referirme a dos elementos puntuales que creo que sus señorías deben conocer: la situación de los menores en Melilla y la situación de los menores en Ceuta. Los menores en Melilla tienen una situación compleja, puesto que muchos de ellos vagan por las calles en estado lamentable y otros están a la espera de poder colarse en un barco que les lleve a la Península. En este momento el Gobierno de esta ciudad autónoma programa un conjunto de actuaciones destinadas a encauzar y resolver este problema. No saben ustedes la satisfacción que nos produciría en la Defensoría del Pueblo del Estado español que esto se produjera. Pero hay un hecho más en la ciudad de Melilla, y es que hay un grupo de niños nacidos en Melilla, hijos de extranjeros situados en esa ciudad a través de procedimientos no regulares, que quieren ir al colegio y a los que no se les facilita la escolarización.

En Ceuta las cosas han mejorado sustancialmente, aunque todavía hay algún problema de equipamiento en centros de primera acogida que debería resolverse. También esta ciudad autónoma ha establecido un mecanismo de colaboración con la Universidad de Málaga para la puesta en marcha de un programa pionero en España destinado a conocer y atajar las causas que llevan a estos menores a estar en la calle. La misma expresión de satisfacción que señalé en la ciudad de Melilla quiero señalarla para Ceuta.

Voy a hablar ahora del envejecimiento. En España hay tres problemas que van más allá de la dimensión estructural: España tiene un problema de agua, como todos sabemos; España tiene un problema de despoblación en amplias zonas del territorio peninsular y España tiene un problema de envejecimiento de la población. Del problema de envejecimiento de la población es del que quiero hablar esta mañana aquí.

Somos 46,5 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 83,4 años. Las personas de 65 y más años son casi 9 millones, el 19 % de la sociedad española, es decir, una quinta parte de la población española tiene más de 65 años. Si en lugar de establecer el listón en los 65 años lo situamos en los 80 años, el número de personas mayores con más de 80 años es de 2 900 000, el 6,1 %. Por lo tanto, nosotros, como dice el Imserso, estamos viviendo el envejecimiento del envejecimiento, y eso plantea una serie de cuestiones que quisiera poder desarrollar esta mañana ante ustedes.

Los riesgos son importantes. Hay una vinculación —que es fácilmente comprensible— entre edad y dependencia, dado que conforme avanza la edad las limitaciones en nuestra capacidad funcional aumentan. A estos problemas físicos, como son la pérdida de memoria, el alzhéimer, la demencia senil o los ictus, se añaden algunos problemas cualitativos. El primero de ellos es la composición de los hogares; el segundo, la posibilidad de que estos hogares puedan hacer frente a un proceso de ayuda familiar en favor de los mayores. Estos cambios de modelo de hogar y de condiciones socioeconómicas de los hogares nos enfrentarán en el próximo futuro a la necesidad de adoptar sistemas de protección social y de revisar la atención social que perciben los mayores. Es una opinión personal, pero intentar un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno es una realidad que no debería ignorarse.

Voy a hablar de cuatro cuestiones que considero relevantes desde el punto de vista de la problemática de las personas mayores. La primera es la dificultad de acceder al servicio asistencial recogido en la Ley de dependencia. Según los datos que nos hacen llegar los estadísticos profesionales —y yo no dudo de ellos—, el sistema actual no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las casi 300 000 personas a las que les han reconocido como dependientes pero no les han aprobado ningún tipo de prestación. No tengo datos, porque parece que no existen, del otro caso que se produce: qué ocurre cuando te valoran la condición de dependiente pero no recibes la prestación reconocida, bien porque no hay recursos —la palabra recursos, en la jerga de este colectivo no significa otra cosa que elementos de habitabilidad—, o bien por insuficiencia crediticia. Aquí se produce un fenómeno muy complicado que es fácil de entender: hay listas de espera que indican que difícilmente algunas de estas personas podrán acceder a una plaza en un tiempo razonable. Por lo tanto, hay un problema de financiación que deberíamos ser capaces de resolver mediante la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

El segundo problema del que quiero hablar no es el acceso a la residencia, sino el funcionamiento de las residencias, la calidad del servicio en las residencias, que afecta a la condición de vida de los mayores. Nos llegan quejas de los usuarios, es decir, de las personas mayores, de sus familiares y de los trabajadores de los centros, y todas ellas tienen un leitmotiv: la escasez de personal y de medios para prestar una adecuada atención a los mayores. A este respecto, los ratios de personal de atención directa juegan un papel muy importante porque nos permiten ver si se da o no una correcta atención. Nosotros creemos que las plantillas de personal de atención directa suelen cumplir los ratios fijados normativamente, pero también tengo que decir que estos ratios son antiguos y en este momento sería necesario hacer un esfuerzo mayor. Nosotros tratamos de incidir en las administraciones públicas para que pongan medios al alcance de los servicios de mayores con la finalidad de que se dé un trato respetuoso a sus derechos fundamentales y a su dignidad como personas.

A continuación, voy a hablar de los copagos. El sistema de copagos arrastra una queja recurrente entre los mayores españoles; recurrente porque los mayores españoles, por razón de edad, son consumidores de fármacos, en muchas ocasiones de manera significativa. En el Defensor del Pueblo creemos que los porcentajes del copago son excesivos y perjudican a muchos pensionistas y a personas vinculadas con ellos. Por lo tanto, venimos sosteniendo que es necesario llevar a cabo una modificación del modelo, insisto, una modificación del modelo, no su supresión, para que se aplique a partir de unas categorías que tengan en cuenta la capacidad económica y la progresividad. Eso se lo hemos dicho a las administraciones, se lo dijimos a la Administración saliente y se lo hemos dicho a la entrante. Nosotros creemos que debería estudiarse la posibilidad de modificar la Ley del medicamento. ¿Para qué? Para introducir esta filosofía de la capacidad y la proximidad y para establecer, si el legislador así lo entiende, exenciones o limitaciones destacadas que favorezcan a las personas con riesgo de pobreza y a pacientes con enfermedades crónicas severas. No quiero decir nada más, oigo muchas cosas en los últimos días y creo que encontrarán la solución más pertinente que haga compatibles las ideas de eficiencia y equidad.

Y voy a hablar de un tema que no se conoce suficientemente, que es la soledad de los ancianos, la soledad no deseada de los ancianos. Y alguien se preguntará: ¿qué es eso y cómo se origina la soledad de los mayores? Y vuelve a ser el Imserso el que establece al menos cuatro causas para que nos preocupemos de esa soledad: Hay dificultades de adaptación a la edad de jubilación, es decir, se producen problemas personales de asimilación y adaptación a la nueva situación. Hay problemas de desvinculación social; las personas mayores empobrecen sus relaciones sociales, a la vez que reducen su actividad fuera del hogar. A veces soportan golpes muy duros, como la viudedad, la dispersión y el alejamiento de sus hijos, o problemas de salud, de depresión y de salud mental.

Todos estos problemas en España no los conocemos ya que carecemos de una radiografía global y territorial de lo que les está pasando a los mayores. Quienes se dedican a esto nos indican que seguramente hay 1,5 millones de personas que viven en una situación de soledad no deseada. Algunas ONG, como Médicos del Mundo, Cruz Roja, Cáritas o El Teléfono de la Esperanza, ponen de manifiesto que muchas de las personas que atienden y apoyan viven solas, muchas de ellas no tienen ningún contacto humano en su vida diaria durante semanas o meses con otras personas, viven en una soledad no deseada, que en nuestro caso es exclusivamente una responsabilidad familiar. Por decirlo en términos castizos, esta sociedad a algunas personas les ha dicho: ahí te apañes. Pero existen otras sociedades en las que la soledad no deseada se plantea de una manera más integral, lo acaban de hacer en Gran Bretaña, y lo han hecho porque detrás de la soledad no deseada existe un coste humano, un coste social y un coste económico que han llevado al Gobierno de aquella nación a fijar prioridades. Por lo tanto, es necesario abrir un debate sobre esa cuestión en la sociedad española y ver cuáles son las líneas de actuación que pretendemos llevar a cabo. Recordaré las palabras de Jo Cox, una diputada laborista británica asesinada en un acto terrorista en el año 2016. Ella dijo: «No viviré en un país en el que miles de personas tengan vidas solitarias olvidadas por el resto de nosotros». Yo no quiero tampoco vivir en un país que olvida a los mayores que están solos.

Me acercaré ahora a los problemas que se plantean —y que hemos visto— en las cárceles españolas. Primero voy a dar algunos datos y a continuación voy a describir y analizar la problemática. En España actualmente hay 59 000 personas privadas de libertad en 96 centros penitenciarios. Esta cifra es más reducida y está lejos de los 76 000 personas privadas de libertad en el año 2009. Es decir, que entre el año 2009 y el año 2017 se ha reducido la población penitenciaria en un 22,5 %. Esto plantea algunas cuestiones relativamente importantes. Hace años a la Administración penitenciaria se le reclamaba que tuviera instalaciones penitenciarias. Yo recuerdo que las primeras iniciativas parlamentarias se pusieron en marcha en 1982 por un director general de Prisiones que ya no está entre nosotros. Hoy no solamente hay una demanda distinta, de otro tipo de instalaciones —yo he estado en Archidona, el pueblo andaluz donde el Gobierno de España ha llevado a las personas que han recogido en el mar—. Pero hay más; no solo es necesario tener dignas instalaciones penitenciarias, sino que hay que adecuar la estructura del personal a un número más reducido y a nuevas tipologías delictivas.

Los principales delitos en España están vinculados al tráfico de drogas, a robos y a actuaciones en contra de la propiedad y el patrimonio, pero no son los únicos. En los últimos años hay nuevas formas delictivas derivadas, por ejemplo, de la violencia machista. En abril de 2018 existían 4332 condenados por violencia machista. También están los delitos derivados de la seguridad del tráfico. En esa misma fecha había 1310 presos en las cárceles españolas por delitos relacionados con la seguridad del tráfico. Por lo tanto, no solamente hemos de tener modernas instalaciones carcelarias, sino que hay que proceder a solucionar los problemas de personal, y en ese sentido hay que valorar la actitud y la reclamación de los sindicatos y reforzar las plantillas, que se han visto mermadas como consecuencia de las restricciones presupuestarias.

Eso me lleva a plantearles a ustedes lo que entendemos deben ser las prioridades actuales. La primera prioridad de la Administración penitenciaria debe ser garantizar el derecho a la salud de los internos. El derecho a la salud de los internos ha cambiado, hace unos años se vinculaba al sida, pero hoy no, hoy la enfermedad mental constituye el principal problema sanitario en las prisiones españolas. Por lo tanto, hay que hacer algo en ese sentido.

Cuando me he enterado de que hay centros que no disponen de servicios psiquiátricos y que ni si quiera disponen de un psiquiatra externo al que recurrir cuando se plantea algún suceso de esta naturaleza, no he dejado de sentir alguna incomodidad. Por lo tanto, si yo tuviera que jerarquizar las prioridades de la Administración penitenciaria, diría que en la aludida falta de personal penitenciario es especialmente acuciante disponer de personal sanitario y entre el personal sanitario es muy importante disponer de personas capaces de llevar adecuadamente los tratamientos de salud mental. Eso no siempre ocurre, inclusive en los centros más cualificados. Voy a poner el ejemplo de un centro altamente cualificado: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que solo dispone de un psiquiatra de los cuatro que hay en plantilla. Pero eso no solamente ocurre en este caso, la carencia de personal en estos supuestos es muy importante.

Un fenómeno que ocurre entre nosotros es el de las pérdidas que se producen porque las consultas externas no se pueden llevar a cabo al no existir efectivos policiales que trasladen a los presos. Eso ocurre en algunos hospitales y también con carácter global. El centro penitenciario de Jaén, en el año 2016 tuvo unas pérdidas del 32 % y el de Palma de Mallorca, del 29 %, y hubo casi 4000 citas médicas que se perdieron por falta de efectivos policiales para trasladarlos. Y créanme, perder la cita tiene sus consecuencias, porque es volver a situarse en la cola de la lista de espera.

Por tanto, hay aspectos que deberíamos plantearnos. La recluta de personal sanitario en las cárceles españolas tiene alguna dificultad, porque los aspirantes no se estabilizan y con más frecuencia de la debida abandonan las instalaciones a las que accedieron en un momento determinado. Me voy a referir a dos casos, a lo que ocurre en Topas y a lo que ocurre en Córdoba. De Topas hemos recibido una queja en la que se nos dice que solo prestan servicio dos médicos de los ocho previstos en la relación de puestos de trabajo; y en Córdoba nos dicen, también por medio de una queja, que solo prestan servicio cuatro enfermeros de los trece previstos. Por tanto, allí hay que plantearse seriamente la recluta de personal y la permanencia del personal en estas instalaciones, que es vital para que los internos dispongan de calidad de vida.

A continuación voy a hablar de otras cuestiones que me parecen relevantes y que de alguna manera pueden ayudar a entender la problemática de las prisiones. En las prisiones, la Administración penitenciaria tiene que proteger la vida de los internos; hay fallecimientos naturales, pero también hay suicidios, y estas cosas suceden porque concurren una serie de factores que tienen que ver con la ruptura de las relaciones familiares, el aislamiento, los problemas jurídicos y procesales, el abuso de alcohol y drogas y los trastornos mentales. También hay problemas de malos tratos. En el año 2017 se recibieron quejas de 45 internos por malos tratos. Esto me lleva a recordar —y también lo harán los miembros del Senado que pertenecen a la Comisión Mixta Congreso y Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo— las intervenciones que tuvimos en esta Cámara Soledad Becerril y yo en relación con las contenciones mecánicas. Ella entregó la guía de buenas prácticas pocas semanas antes de cesar en su condición y yo presenté esa guía en mi primera comparecencia. Dos cosas quisiera decir: una, las contenciones mecánicas deberían reducirse al máximo, y dos, deberían realizarse bajo la estricta vigilancia del médico.

El problema de los grados de tratamiento me preocupa. Creo que es necesario llevar a cabo una reflexión sobre el primer grado penitenciario y meditar sobre la privación de libertad en las diferentes modalidades de nuestro sistema de cumplimiento. Dadas las circunstancias perniciosas que acarrea una estancia excesiva y prolongada en un régimen cerrado, debe limitarse al máximo su aplicación ya que así se evitaría la cronificación del recluso, de cuya situación a veces es muy difícil salir.

Termino este capítulo de la situación penitenciaria hablando de las mujeres presas. En España, las presas son 4390; en el año 2017, había 4390 mujeres internas, el 7 % de la población penitenciaria. En el año 2008, diez años atrás, eran el 8 %. Por lo tanto, aquí sucede lo mismo: se avanza con lentitud. Nosotros creemos que hay que mejorar la situación de las presas y que hay que poner en marcha políticas activas de discriminación positiva que ofrezcan nuevas oportunidades personales y laborales. La crisis, que ha sido mala para todo, también lo ha sido para poder establecer trabajos retributivos en talleres a los cuales se pudieran incorporar estas mujeres.

Hay un hecho al que no quiero dejar de referirme y es que cuando una mujer entra en la cárcel es muy probable que la estabilidad de un núcleo familiar se vea especialmente afectada, sobre todo si esta mujer tiene hijos. Por eso creemos que deberían incrementarse los llamados módulos de madres, que ahora son relativamente escasos.

Concluyo este capítulo diciendo, señorías, que no deberíamos resignarnos a hacer del mundo penitenciario una especie de aparcadero en el que se ven obligadas a permanecer algunas personas que no han podido soportar, por las razones que sea, las incertidumbres que nos ha tocado vivir.

El último punto del que voy a hablar es el acceso a la vivienda, haciendo especial énfasis en los jóvenes. Los rasgos básicos del mercado de la vivienda en España son: que la vivienda en propiedad es cara; que los alquileres son altos; que el número de viviendas en alquiler es bajo; que el gasto público de las administraciones en ayudas a la vivienda es reducido y que la disponibilidad de viviendas sociales por parte de las administraciones territoriales son escasas. Son cinco circunstancias que diagnostican la gravedad del problema. Yo no voy a centrarme en estos problemas que podríamos llamar tradicionales, voy a centrarme en los nuevos factores que surgen en el mercado de la vivienda.

El primer factor al que me voy a referir es la aparición del alquiler turístico, que ha distorsionado plenamente el alquiler residencial tradicional. Pero no solamente eso, sino que ha dado origen a una alteración muy significativa en el tejido social de las ciudades: se expulsa a los habitantes tradicionales de los centros de las ciudades, y son sustituidos por una población turística de gran rotación.

El segundo factor que tiene que ver, aunque parezca un poco extraño, con el mundo de la vivienda es la precariedad laboral. Cito este segundo factor porque son muchas las personas que en este momento tienen un empleo temporal o un empleo parcial, empleos que, como bien sabemos todos, incorporan una baja retribución. Acceder con esos empleos a la adquisición de una vivienda en propiedad no resulta sencillo, porque la tasa de ahorro de estas familias es más bien reducida. Siendo esto así, la salida más factible para este colectivo es alquilar en lugar de comprar. Por eso, para muchos hogares, el alquiler no es una opción, el alquiler es una necesidad, es la única vía posible. Ahora bien, el alquiler está por las nubes. Desde el segundo semestre de 2017 hasta hoy, el precio de la vivienda de alquiler se ha elevado considerablemente, con lo cual, el dibujo que más o menos teníamos establecido de una opción rápida y simple hacia el alquiler se pone muy complicado.

Y se pone muy complicado porque en el alquiler han sucedido cambios importantes. Era un mercado atomizado pero hoy no lo es, se ha convertido en un mercado profesional al que acuden inversores nacionales y extranjeros para comprar viviendas de alquiler y, como consecuencia de ello, el precio de los alquileres se ha vuelto inaccesible para muchas personas; desde luego, para los jóvenes. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una oferta en favor del alquiler social para aquellos colectivos más desfavorecidos. He insistido y volveré a insistir las veces que sea necesario en la situación de los jóvenes, que encuentran muchas dificultades para emanciparse y para construir un proyecto de vida propio y autónomo.

Hay un tercer factor que no se sitúa solo en el mundo del alquiler sino en el mundo de la vivienda en general. Hay mucho demandante de vivienda que lo que viene a decir es que necesita una vivienda pública. Y esto es correcto, pero tiene una dificultad porque el parque de viviendas públicas se ha reducido drásticamente, cuando no ha cesado por completo su construcción. Hoy hay menos oferta de vivienda pública que la que existió en momentos anteriores. Además, esta situación se encuentra agravada en algún caso, y no voy a dejar de referirme a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, donde se han llevado a cabo operaciones de venta masiva de viviendas públicas en alquiler a inversores privados.

Por tanto, hay menos oferta de vivienda pública a pesar de la creciente demanda y eso se viene traduciendo en un desbordamiento de las reclamaciones ante los poderes territoriales. Habrá que hacer algo; habrá que encarar adecuadamente estos problemas a través de una intervención pública en el mercado por medio de los distintos instrumentos que, como bien sabemos, tienen las distintas administraciones a su disposición.

Y ya termino. Soy consciente de que he hecho una larga intervención, pero me parecía que era importante que sus señorías conocieran los problemas reales que tienen algunos colectivos de la sociedad. Se ha tratado de una intervención un tanto de contexto porque, como bien saben algunos de ustedes, soy economista —ni soy abogado ni sociólogo— y en las aulas de la Complutense aprendí algunas cosas y leí a los economistas clásicos. En este sentido, ellos decían que lo que era bueno para la economía —los buenos datos globales— no siempre era bueno para el trabajo de mucha gente. Los economistas clásicos escribieron esto hace doscientos años; repito, que los buenos datos para la economía global no siempre se traducían en buenos datos para el trabajo de mucha gente. Ellos decían que en muchos lugares, y en muchos momentos, aunque se diga que las cosas van bien, también se están produciendo algunos efectos negativos; y cuando se producen estos efectos negativos, hay gente que pierde todo lo que tenía. En definitiva, junto con los buenos datos globales, en las sociedades también aparecen fenómenos de pobreza.

Por eso, he dedicado esta larga intervención a ir describiendo los impactos que en los diversos colectivos de la sociedad española se han producido con las políticas de ajuste. Me parecía que tenía la obligación moral de decirles a ustedes, a los senadores —como se lo dije a los diputados—, algunas de las cosas que están ocurriendo en esta sociedad.

A esos a los que les ha ido mal es preciso ofrecerles un mensaje de optimismo. Yo no se lo voy a ofrecer porque no tengo habilitación para hacerlo, pero ustedes sí tienen la posibilidad de ofrecérselo; cada uno puede ofrecerles su mensaje de optimismo o, al menos, podrán decirles que se darán los pasos pertinentes para que en algún momento ellos también se vean tan beneficiados como los demás.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores. Agradezco infinitamente el silencio con que han seguido esta larga intervención y el privilegio que he tenido de dirigirles esta mañana estas palabras.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, señor defensor del pueblo.

Puede usted seguir la intervención de los portavoces desde la tribuna.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Buenos días, señorías.

Antes de nada, señor Fernández Marugán, quiero darle la enhorabuena y agradecerles tanto a usted como a su equipo el desarrollo tan prolijo del informe que, como usted ha dicho, ya adelantó en el Congreso de los Diputados.

Es cierto, y usted lo ha comentado, que el actual defensor del pueblo es interino, se encuentra en funciones, pero sé que usted comparte conmigo y con los senadores de Ciudadanos que encontrarse en funciones no hace que los derechos fundamentales de las personas estén en funciones; los derechos no son precisamente interinos.

La institución que usted representa es fundamental para las Cortes Generales, para el Congreso y para el Senado; una institución, la del Defensor del Pueblo, que es importante y a la que hay que dar prestigio como tal, fundamentalmente en esa defensa de los derechos fundamentales de las personas, de todas y todos los ciudadanos y, sobre todo, dentro de su función constitucional, más allá de ser un buzón de sugerencias; nosotros creemos que es más que un buzón de sugerencias y que nos traslada una foto interesante sobre la realidad de los ciudadanos de este país.

Nos preocupa, en todo caso, el tiempo medio de respuesta de las administraciones públicas, casi 68 días, que a día de hoy es totalmente inadmisible, y estamos de acuerdo en todos y cada uno de los datos y cuestiones que usted ha abordado: el empleo —9 de cada 10 contratos son temporales—; la violencia machista; la situación de la infancia en tránsito; la brecha salarial de las mujeres; la Administración de justicia y su rapidez de respuesta a los ciudadanos; la acogida a los refugiados; las políticas activas —la educación, la vivienda—; y, otra vez, la Administración de justicia, que es la tercera área con más quejas dentro del conjunto de las que llegan al Defensor del Pueblo.

También quiero hacer una mención —usted no lo ha hecho—, en mi condición de portavoz de políticas integrales de discapacidad, sobre una parte del informe que habla de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Es verdad que en su informe habla de la falta de accesibilidad, de la falta del derecho fundamental de las personas con discapacidad o diversidad funcional a la educación y a la atención temprana. En este sentido, quiero trasladarle también mi enhorabuena por la parte del informe que habla de esa realidad de las familias y de las personas con discapacidad.

Quiero mencionarle, ahora que tengo la oportunidad, un informe elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se acaba de trasladar al Estado español —leo textualmente—: que examina las presuntas violaciones graves o sistemáticas del artículo 24 (derecho a la educación) de la Convención por el Estado parte —en este caso, España—, a saber, la alegada exclusión estructural y segregación de las personas con discapacidad del sistema educativo general por motivos de discapacidad. Este documento, igual que el informe del Defensor del Pueblo, para los legisladores —para el Senado y para el Congreso— tiene que ser un punto de partida para ponernos a trabajar con el fin de que el derecho fundamental a la educación y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad sea una realidad en este país. Es verdad que aquí hay muchos actores, operadores jurídicos, docentes, familias, alumnos y alumnas, pero también los alumnos sin ninguna discapacidad tienen derecho a convivir con personas con discapacidad en su entorno, en este caso, en la escuela.

Y, por último, le hago una petición que le hice a su antecesora y que para nosotros es importante. Yo siempre insisto a mis compañeros de Ciudadanos en el Congreso —también aquí, señor Fernández Marugán—, que es necesario aumentar el conocimiento y el debate entre los parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras convenciones. Sigue habiendo un desconocimiento profundo entre los parlamentarios —que somos los legisladores— sobre lo que conlleva para nuestro país la realidad y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en España.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Señora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Quiero agradecer al defensor del pueblo en funciones su comparecencia en esta Cámara para presentar el informe del ejercicio 2017. El número de quejas asciende a 24 976, 8798 más que en el año 2016, que alcanzaron la cifra de 16 178, pero muy lejos de los 35 000 escritos de queja que recibió el Defensor del Pueblo en el año 2010. Quiero pensar que el motivo es que las administraciones, ahora, funcionan mejor.

Se han incrementado las recomendaciones aceptadas por las administraciones en un 125 % y se ha reducido en casi 20 días el tiempo de espera para obtener respuesta.

El contenido de las quejas no varía prácticamente. Estas se refieren al ámbito de la justicia, al económico, al medioambiental, a la función pública, al funcionamiento de los servicios públicos o a cuestiones de asilo. Hay un dato muy revelador y es que gran parte de las peticiones de asilo que se manifiestan en el informe corresponden a ciudadanos venezolanos, lo que pone de manifiesto la dictadura chavista, por mucho que algunos grupos políticos la nieguen o la defiendan.

Señor defensor del pueblo, con todo mi respeto, creo que hay un apartado del informe en el que se excede en sus funciones; me refiero al apartado de crisis económica y desigualdad. Usted no puede corregir las leyes porque esa es una competencia de las Cortes Generales. Usted podrá acudir al Tribunal Constitucional si lo considera oportuno, pero no puede presentar presupuestos alternativos para criticar al Gobierno. Carga usted la responsabilidad de una crisis mundial al Partido Popular y lo culpa de aumentar la pobreza en España, pero olvida los años de gobierno de Zapatero, con un gasto desmesurado y unas elevadísimas cifras de paro. (Aplausos). Su deber es resolver las quejas de los ciudadanos al margen de las ideologías políticas. Puedo estar equivocada, pero esa es la impresión que me ha dado al leer ese apartado del informe.

Por lo que se refiere a mi comunidad autónoma, quiero destacar que han aumentado las quejas de 318 a 348. La Ley 2/2017 del Principado de Asturias, de montes y ordenación forestal, ha sido recurrida por inconstitucional en sus disposiciones transitorias primera y segunda; también se recoge la existencia de varios ayuntamientos que han obstaculizado la labor del defensor del pueblo y se ha dado traslado a la Fiscalía para ver si incurren en el tipo penal del artículo 502 del Código Penal; no se olvida el informe de la unidad terapéutica y educativa de la UTE de Villabona; y se formula una recomendación al Principado de Asturias para recordarle su deber legal de colaborar con la Federación Asturiana de Piragüismo.

Quiero destacar que la mayor parte de quejas por el impuesto de donaciones y sucesiones vienen, precisamente, de Asturias, Andalucía y Aragón, pese a la gran campaña llevada a cabo en Asturias en contra de este impuesto, que grava dos veces los bienes de una persona y, precisamente, una de ellas, en el momento de su fallecimiento. Esto es tan absurdo como sería establecer un impuesto cuando nacen los niños.

El informe es extenso, pero debido al tiempo limitado del que dispongo, he sacado lo que he considerado más importante.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones). No hay más intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo en nombre del Partit Demòcrata para hacer consideraciones relativas al informe anual del Defensor del Pueblo.

Antes de nada, quiero agradecer el trabajo y la presentación de este informe, que es un referente para las Cámaras parlamentarias, que intentamos aliviar con nuestro trabajo aquellas circunstancias y aquellos problemas del día a día que se han planteado en el informe y proponer soluciones.

La Defensoría del Pueblo debe atender las quejas de los ciudadanos y también puede actuar de oficio ante circunstancias en las que se vulneren derechos. En Cataluña ha habido un incremento de quejas de la ciudadanía, referidas principalmente al Estado y, concretamente, al Ministerio del Interior. A partir de ahí, haré referencia a lo que no hay en el informe del Defensor del Pueblo, a aquello que nosotros no hemos sabido encontrar y a lo que pensamos que no recoge el informe. Por tanto, ya les avanzo que, a nuestro entender, es un informe incompleto.

No hemos encontrado la referencia en el informe a la desproporción en la actuación del Estado y la brutalidad policial del 1 de octubre, así como la posterior represión y persecución de la libertad de expresión en Cataluña. Señorías, el 1 de octubre hubo en Cataluña vulneración de los derechos fundamentales. No nos cansamos de denunciarlo, como no nos cansamos de denunciar que queremos la libertad de los presos políticos y el retorno de nuestros exiliados. Además, esta vulneración de derechos fundamentales no solo la denunciamos nosotros sino también organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y no vemos referidas estas vulneraciones en el informe.

El voto, señorías, es la expresión genuina de la democracia, y la política debería ser la gestión de esas voluntades expresadas. Es un craso error el querer judicializar algo tan sagrado en una democracia. No se puede pegar o agredir a un pueblo por quererse expresar; no se puede pegar a la ciudadanía por querer ejercer el voto, por querer opinar sobre la situación política que les atañe.

Señorías, año tras año hemos denunciado que la Defensoría sí que actuó de oficio cuando se debatía el Estatut d’autonomia en Cataluña. Es cierto que el PP recogió firmas en contra y que también acudió al Tribunal Constitucional, pero la Defensoría actuó de oficio en ese caso. ¿Cuál es el resultado, señorías? Somos el único territorio con un estatut de autonomía que no es el que votó la ciudadanía, que expresó legal y libremente su opinión en las urnas y, además, tampoco es el que estas Cámaras parlamentarias ratificaron en su momento. De esos polvos, estos lodos.

¿Cómo es posible que no actúen de oficio para garantizar derechos vulnerados de los presos políticos catalanes y de los exiliados? ¿Cómo es posible que en este país, ultras con hechos violentos probados y con sentencias firmes —como en el caso de Blanquerna—, estén en sus casas bajo el pretexto de proteger los derechos del menor? ¿Cuál es la discrecionalidad respecto a los derechos de los menores? ¿Qué pasa con los menores que tienen a sus padres presos políticos a larga distancia? ¿Quién vela por esos derechos? ¿Cómo es posible que haya esta discrecionalidad? ¿Cómo es posible que no se refleje la persecución de algo tan básico como la libertad de expresión? Señorías, hablo de raperos, artistas y tuiteros, exiliados en algún caso o con riesgo de entrar en prisión únicamente por expresarse con libertad, con independencia de que compartamos o no lo que expresan.

Señorías, la justicia europea pone de manifiesto la inconsistencia de las acusaciones a nuestros presos políticos y exiliados. ¿Por qué no actúan de oficio ante algo tan abusivo como la prisión preventiva? Nosotros denunciamos esa prisión preventiva, pero también prestigiosos profesionales, juristas, académicos, profesores de Derecho Constitucional, magistrados del Supremo y —la última voz que también se ha alzado— la del propio fiscal Horrach, del caso Nóos, que además de decir que el rey tenía que haber ido a declarar, también se ha manifestado claramente respecto de la inconsistencia jurídica de esta prisión preventiva. ¿Dónde está la Defensoría en estos casos? La echamos de menos.

Requerimos, como lo hemos hecho en cada informe del Defensor del Pueblo, que exista un protocolo de actuación que acote la discrecionalidad de las actuaciones de esta Defensoría. El informe, como ya he dicho, está incompleto. Para el Partit Demòcrata está injustificada e inexplicablemente incompleto. No podemos entender cómo no se reflejan estas vulneraciones de derechos en este informe.

Señorías, el pueblo de Cataluña es un pueblo con vocación política, con ideas, y lo continuará siendo; las ideas no se pueden encarcelar. Usted ha hablado de relaciones y de que estas deben mantener el respeto, también el respeto a las libertades; pero en Cataluña, hoy, las libertades se han vulnerado. Señores, señor defensor del pueblo, esperamos que atiendan estos derechos vulnerados, necesitamos que los atiendan.

Hasta entonces, el Partit Demòcrata, agradeciendo el trabajo que ha hecho en este informe, tiene que decirle —con todo el respeto del mundo— que no refleja la realidad total, que no atiende y que, inexplicablemente, está incompleto.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivero.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Saludo de forma especial, como no podía ser de otra forma, a la Defensoría del Pueblo y a todo su equipo, a quienes agradecemos su comparecencia en esta Cámara.

Las quejas elevadas por la ciudadanía han aumentado en 2017 un 51,5 %. Estos datos denotan que algo ha sucedido durante ese año en este país. Usted ha mencionado temas importantes como las desigualdades, la violencia machista, los movimientos migratorios actuales —que nos parten el alma— y ha hecho especial hincapié en los servicios públicos. Yo me congratulo porque haya una institución, a la que usted representa, que reconozca en esta Cámara algo que en la Agrupación Herreña Independiente - Coalición Canaria hemos denunciado en reiteradas ocasiones, y es que la recuperación económica que tanto se ha venido anunciando no está llegando a toda la ciudadanía por igual. Y prueba de ello son temas como los que usted ha mencionado: copagos farmacéuticos con porcentajes excesivos; desigualdad salarial entre hombres y mujeres; la situación de las personas que llegan a España desde otros países; la fragilidad de un sistema de atención a la dependencia que no termina de aterrizar en este país; la deficiencia del sistema sanitario; o la lenta respuesta de la Administración de justicia, entre otros muchos aspectos que usted ha mencionado y que no puedo entrar a detallar. Como digo, todas ellas son demandas que hemos debatido en esta Cámara en muchas ocasiones; la diferencia es que hoy no somos los partidos quienes denunciamos estas situaciones sino que son los propios ciudadanos y ciudadanas los que elevan estas denuncias a través de la institución que usted representa.

Hay un dato que me llama especialmente la atención del informe anual de 2017 y es que, de las 918 recomendaciones elevadas por su institución, solo 514 fueron aceptadas, y considero que ese número debería ser mucho mayor. Creo que las instituciones deberían avanzar muchísimo más en esta línea, y no solo por respeto a la Defensoría del Pueblo sino, sobre todo, por respeto a la ciudadanía que, al fin y al cabo, es quien eleva estas demandas. Al margen de que las demandas sean muchas o pocas —no voy a entrar en números, o si en son más o menos que en años anteriores—, creo que todas deben ser igualmente valoradas y atendidas.

Finalizo. Gracias de nuevo por su comparecencia, a usted y también a todo el equipo por el informe que consideramos completo. Además, les animamos a continuar, a seguir en esa línea de trabajo para salvaguardar los derechos de la ciudadanía que tanto lo necesita.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun on, senatori jaun-andreok. Egun on, Fernández Marugán jauna.

Yo no voy a entrar en las profundidades de su informe porque eso ya lo hizo el representante del Grupo Vasco en la Comisión Mixta, de la que además es el presidente, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para hacer algunas reflexiones que nos ha suscitado el devenir de la Defensoría del Pueblo en estos meses, digamos, de interinidad, por decirlo de alguna manera.

Antes que nada, quiero agradecerle al señor Fernández Marugán su comparecencia por supuesto, nos parece que ha hecho un buen trabajo en su etapa como defensor adjunto y ahora como defensor del pueblo en funciones, y también queremos agradecérselo. Nos gusta su estilo, nos ha gustado lo que ha hecho y también cómo lo ha hecho, por tanto, ustedes comprenderán que no tengamos nada contra el señor Fernández Marugán como he dicho. Si acaso, lo único que podemos hacer es agradecérselo. Pero, evidentemente, el señor Fernández Marugán está en este puesto de forma temporal, en tanto en cuanto no se designe a una nueva persona para ejercer la Defensoría. Y de aquí surge nuestra primera reflexión, una reflexión que nace de la extrañeza de ver las dificultades de los grupos mayoritarios en Cortes Generales para llegar a acuerdos y designar a una persona buena, a una persona imparcial y capaz de ejercer el cargo de defensor o defensora del pueblo con las suficientes garantías de imparcialidad, de ecuanimidad y de justicia, algo que desgraciadamente también suele suceder cuando se trata de otro tipo de designaciones que tienen, por ejemplo, que ver con la judicatura. La pregunta es fácil: ¿No hay nadie en el Estado español que cumpla con estos requisitos que acabo de mencionar? ¿No hay nadie ajeno a los partidos políticos que sea capaz de concitar el consenso de todos los grupos de las Cortes Generales? Pues, sinceramente, nos cuesta creerlo. La alternativa es deducir que el problema no es este, es deducir que la razón del bloqueo de este tipo de elecciones —y quiero recordar que la señora Cava de Llano estuvo como defensora interina en el cargo dos años, cuando el máximo que se puede estar son cinco, y ya es bastante— es que, en vez de intentar realmente buscar una figura independiente con las características que la Ley del Defensor del Pueblo exige, se pierde el tiempo en designar a los afines a los partidos mayoritarios que menos incómodos resulten a los demás y después repartir los cargos adjuntos para que todo el mundo se quede contento, y una vez elegidos todos, eso sí, hay que obligarles a renunciar, por ejemplo, a la afiliación al partido al que pertenecen para cumplir mínimamente con lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 3/1981. ¿No sería más razonable, señorías, más democrático, más consonante con el espíritu que envuelve la figura del ombudsman, del defensor o la defensora del pueblo, que estas Cortes Generales se esforzaran un poco en elegir a una persona independiente, de consenso, con verdadera auctoritas, con una legitimización y una solvencia contrastadas socialmente y con capacidad moral para emitir una opinión para mediar y para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en el título I de la Constitución? ¿No sería mejor, señorías, esforzarse en esto, en vez de alargar la elección sine die, pasteleando hasta conseguir cuadrar a alguien afín a uno y otro partido, dependiendo de la temporada? Nosotros creemos que sí, señorías, creemos que merecería la pena el esfuerzo de tener instituciones como la de la Defensoría del Pueblo que no tuvieran nada que ver con el juego político y de mayorías de cada momento, ni en el fondo ni en la forma. En cualquier caso, señor Fernández Marugán, viendo el panorama actual de las Cortes Generales españolas, si no se cambia el sistema, le auguro un largo y espero que también provechoso mandato.

Una segunda reflexión y unas peticiones, señor defensor. Hace unas semanas le escuchaba decir en una entrevista que hizo en televisión que este segundo informe, que tanta polémica ha suscitado —se basa en el impacto de la crisis y la desigualdad social—, estaba más que justificado por la necesidad y también por el cuestionamiento de lo que ha sucedido en España en los últimos años, en los años de crisis, que han hecho diversas entidades de ámbito internacional y reputados expertos.

Nosotros siempre hemos sido partidarios de que la Defensoría del Pueblo tuviera un papel más proactivo en sus funciones —lo hemos pedido siempre— y que priorizara las actuaciones de oficio. Me atrevo a enmarcar este nuevo informe en ese papel proactivo que creemos que debe tener la Defensoría, por tanto, aplaudimos su iniciativa. Pero con esas mismas justificaciones, con esas mismas premisas que usted remarcó en la entrevista, como el cuestionamiento por parte de instituciones de ámbito europeo y mundial, la opinión de innumerables expertos reputados nacionales e internacionales, etcétera, nosotros le pedimos que siga investigando e informando sobre otras muchas cuestiones, como, por ejemplo, sobre la memoria histórica, que ha sido cuestionada y muy duramente por diversos organismos de Naciones Unidas y por tribunales y expertos europeos y de nivel global, un tema en el que los sucesivos gobiernos han mirado para otro lado con más o menos indiferencia y pasividad y en el que si se ha avanzado algo, ha sido gracias al empeño de las comunidades autónomas, de las entidades locales y, sobre todo, de las víctimas.

Con esos mismos argumentos también podríamos pedirle, y lo hacemos, otro informe sobre la utilización de la justicia para hacer política. (Con esto me refiero por supuesto también a los políticos catalanes presos, eso que tanto les gusta decir, políticos presos por cuestiones políticas, con una aplicación de la ley que no ha sido precisamente la más respetuosa con los derechos civiles y políticos de los encausados. Esto merece una reflexión). O pedirle un análisis de lo sucedido en el caso de Alsasua, en el que se juzga a unas personas fuera de su ámbito judicial natural, se les juzga en un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, se les aplica aquello de todo es ETA, y, a pesar de que el tribunal desestima las acusaciones de terrorismo, se les aplica unas condenas homologables a los actos terroristas, y además tenemos que ver cómo la Fiscalía recurre esa decisión con un empecinamiento inexplicable desde cualquier lógica jurídica. Y todo esto con unos ciudadanos que llevan presos de forma preventiva casi dos años. En cambio, delitos similares en otras partes del Estado, agresores al mismo Cuerpo de la Guardia Civil, incluso organizados en familias, que es la manera más antigua de organizar la delincuencia en algunos casos, esperan sentencias incomparablemente más ligeras que las de Alsasua y no padecen la prisión preventiva. Parafraseando a la presidenta Uxue Barkos, aquí parece que se aplica más el código postal que el Código Penal porque, dependiendo de dónde caiga, las penas cambian por el mismo delito, lo que es inaceptable. Por lo tanto, señor Fernández Marugán, echamos de menos un informe sobre la utilización de la justicia para hacer política, la politización de la justicia, sobre la sensación de justicia a la carta que estamos viviendo casi cada día mientras juristas de toda Europa miran de reojo al sistema judicial español y huyen de sus resoluciones judiciales como de la antigua gripe española. Urge por tanto un informe sobre este tema, es más que necesario, señor Fernández Marugán, y lo esperamos.

Por último, tampoco estaría mal que la Defensoría del Pueblo se ocupara también de la política penitenciaria aplicada excepcionalmente a los presos de ETA en lo referente a la dispersión y, sobre todo, en lo referente al alejamiento de sus comunidades de origen. Usted sabe, como todos nosotros, que ETA ya se ha disuelto —sesenta años tarde, se tenía que haber disuelto en el minuto uno de su fundación—, y con muchísimo sufrimiento totalmente innecesario. Insisto, tarde, pero se ha disuelto. Si la causa que originó esa excepcionalidad en el régimen penitenciario ya ha desaparecido, ¿cuál es la razón para mantener la política de alejamiento en la actualidad? Se lo cuestionaba anoche también el presidente del Gobierno en una entrevista televisiva. Es por tanto urgente solucionar una situación que solo obedece a un afán de venganza hacia los presos y a una condena añadida a sus familias, que no han cometido ningún delito. Ese sentimiento de venganza puede ser comprensible en lo personal, se puede entender por parte de las víctimas, injustas, causadas por ETA, pero convendrá conmigo en que es inaceptable que quien la ejerza se tenga a sí misma como una sociedad democrática y de derecho, respetuosa con los derechos de todos, incluidos los presos.

Ya tiene tarea, señor Fernández Marugán, mucha tarea. En su comparecencia en la comisión mixta en esta misma Cámara, el portavoz del Grupo Popular le decía a usted que tenía que hacer lo que le dicta la ley y no lo que le pedía el cuerpo. Eso dijo, literalmente. No sé a qué parte de su cuerpo debo apelar para que siga teniendo iniciativas como este último informe e incluya las que le he dicho entre sus tareas pendientes, pero le envío una petición multiorgánica para que todo su organismo tome nota de lo que le acabo de decir y se ponga a la tarea, no por nosotros sino por el bien de la sociedad y, sobre todo, de los ciudadanos, que se sienten indefensos ante una Administración que, utilizada como herramienta, puede llegar a ser muy cruel con quien no puede defenderse.

Espero, señor Fernández Marugán, que en su próxima comparecencia estemos hablando de estos temas en otros términos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Señor presidente, señor defensor del pueblo, muchas gracias a usted y a su equipo por su informe, que en gran parte compartimos, aunque podría ser más claro y directo. Durante los dos últimos años he participado como portavoz en la Comisión Mixta Congreso-Senado y he podido analizar. A simple vista este informe no debería presentar más incógnita que la de constatar obviedades como que se siguen vulnerando derechos y libertades fundamentales en el Estado. Pero Esquerra Republicana va más allá de su valoración sobre cuáles son los déficits democráticos del Estado español, ya que no creemos que se trate solo de casos puntuales de vulneración de las libertades generales, sino más bien de una cronificación e institucionalización de la vulneración de derechos durante estos últimos años. Por ejemplo, la ley mordaza, que la Defensoría del Pueblo ni tan siquiera recurrió al Tribunal Constitucional, es un claro ejemplo de vulneración de los derechos civiles, que acaba afectando a la calidad democrática del Estado español. Lo dice el influyente The Econonomist: España está en riesgo de ser degradada a democracia imperfecta. En el índice de democracia que cada año elabora The Economist, la calificación de España en 2017 se ha rebajado de 8,30 a 8,08 puntos, justo en el límite entre democracia plena e imperfecta, un indicativo de la valoración exterior sobre lo que realmente está pasando.

En todo caso, lo significativo de este informe no son tanto las quejas y valoraciones recogidas en él, con las que realmente estaríamos de acuerdo, con muchas de las que ha ido relatando usted aquí y en diferentes comisiones en el Congreso y en el Senado, sino las omisiones. Nosotros queremos dar de nuevo una especial relevancia a las omisiones de algunos aspectos sorprendentes de este informe. De nuevo obvia casos flagrantes de transgresión de derechos y libertades fundamentales al no incluir las vulneraciones de derechos que ya hemos indicado en informes anteriores sin ningún resultado y en algunas de nuestras intervenciones en la comisión mixta: vulneraciones de derechos lingüísticos en el País Valencià y en las Balears por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, un agravio que hemos venido denunciando año tras año y todavía hoy no hemos visto ningún tipo de análisis o recomendación a los diferentes ministerios afectados; o la corroboración o incremento de las agresiones por parte de grupos de extrema derecha, que han venido actuando con total impunidad en distintos puntos del Estado español durante el 2017, especialmente en Cataluña y el País Valencià a partir de este otoño.

También es necesario recordar que entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre del 2017 se han documentado en Cataluña al menos 130 incidentes violentos que tendrían una motivación política en defensa de la unidad de España, sin incluir la acción de las fuerzas de seguridad del Estado en torno al 1 de octubre. A nuestro grupo no le sorprende ya nada. Omitir de fábrica cualquier referencia sobre la flagrante vulneración de derechos y libertades civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado entre los meses de septiembre y diciembre del 2017 puede ser una labor más del entramado del Estado en el que la Defensoría no debería participar.

Ni una sola línea sobre los presos políticos catalanes en su informe. Otros casos de vulneración sí son incluidos, como el relativo al derecho a voto en el régimen electoral, en el que se constatan las trabas burocráticas y las dificultades para ejercer el voto por correo durante las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre del año pasado. Fuera de este pequeño inconveniente burocrático, resulta que para su equipo en Cataluña no ha pasado nada. Tenga presente, señor defensor del pueblo, que usted no fue visto en ningún momento durante el otoño en Cataluña, por lo que, probablemente, no tiene la visión de lo que pasó realmente en ese sitio, y ni tan si quiera realizó consultas a los diferentes partidos de los representantes catalanes en este Senado ni en el Congreso, lo cuales le podríamos haber explicado diferentes puntos de vista y realidades sobre lo ocurrido.

Usted y su equipo deberían estar al corriente de los informes presentados por el Síndic de Greuges de Catalunya sobre los hechos acaecidos este otoño. Por si acaso, le informaré rápidamente. El Síndic, el señor Ribó, en sus informes denuncia contundentemente las agresiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1 de octubre y la mala gestión del Gobierno español, del exministro Zoido. Estas agresiones están recogidas en el informe del Servei Català de la Salut, que da cuenta del número de 1066 personas atendidas en los servicios sanitarios —en esta cifra no están contabilizados los policías que comentaba el señor Zoido aquí mismo, en el Senado, y miles de vídeos lo demuestran—, en pueblos como Sarral en la Conca de Barberà, Vilabella en el Alt Camp, Montroig en el Baix Camp o en la misma Tarragona donde mi compañera de escaño, la señora Castel, fue agredida por la Policía por el simple hecho de defender el derecho a voto.

En las diferentes actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las cargas fueron realizadas sin motivos que precisaran de este tipo de actuación. Quiero recordarle que los mossos d’esquadra cerraron más colegios y retiraron más urnas sin ningún tipo de problema ni daño a ningún votante, ni a miembros de mesa ni a apoderados de ningún partido.

El Síndic critica también la desproporción penal con los líderes soberanistas y cuestiona que se les pueda procesar por un delito de rebelión. Y usted ni caso, ni una sola mención. Por todo ello, el Síndic incluso alerta de los límites democráticos traspasados por el Estado, advierte sobre la normalización de la represión democrática y reclama diálogo de todas las partes. Y no solo Síndic de Greuges, entre otros organismos internacionales, como ha dicho mi compañera Rivero, del Partit Demòcrata, también Human Rights Watch o Amnistía Internacional, respecto a lo sucedido estos meses en Cataluña, alertan sobre la vulneración clara de derechos y libertades civiles y políticos. En ambos casos se insiste en que es necesario realizar investigaciones efectivas e independientes sobre el uso de la violencia durante la jornada del referéndum. Y usted y su equipo ¿qué han realizado sobre ello? Nada. ¿Se han reunido con estas entidades internacionales independientes, que no independentistas? Pues no lo sabemos. Por lo tanto, a fecha de hoy, nada.

Como puede escuchar, señor defensor, sus funciones no se deben limitar solamente a informar de las quejas de los ciudadanos o de las deficiencias del sistema, usted, su institución, para nosotros, puede y debe actuar más de oficio, teniendo en cuenta que, en teoría, son libres para actuar y que tenemos ejemplos, y buenos, en muchos casos, como los acontecidos en Málaga tras la muerte de un inmigrante y su posterior informe en el Congreso.

De nuevo, nuestro grupo quiere aprovechar su presencia para impedir con su intervención que se haya evitado la extradición a Turquía de dos periodistas detenidos en España por la vulneración de los derechos humanos en aquel país.

No es necesario recordar que la Defensoría del Pueblo ha presentado recurso en el Tribunal Supremo contra el entonces nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña motivado por el Partido Popular, un estatuto diezmado, recortado y finalmente aplicado sin pasar por un segundo referéndum del pueblo catalán. De nuevo aquí, su institución ni se inmutó. Visto lo sucedido a posteriori, la desafección manifestada por el señor presidente Montilla fue la gota que llenó no el vaso ni el plato, digamos, un pantano de la paciencia de muchos catalanes que pasaron de confiar en un Estado a desconfiar de él, un Estado donde día a día el traspaso crece, y lo seguirá haciendo dado cómo actúan los diferentes Gobiernos del PP y del Partido Socialista, que propician una nula separación real de poderes.

Finalizo. Nuestro grupo no entiende de ninguna manera la omisión en el informe de los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017. Blanquear esos meses de represión —y digo blanquear— es una vergüenza, no incluyendo nada de la actuación policial y judicial. Esa no debe ser su línea de trabajo a futuro si realmente quiere que su institución sea realmente independiente. Le emplazamos a que tome en consideración las valoraciones que hoy sí están planteando otros organismos internacionales.

Para su información, nuestro grupo presentará al finalizar este Pleno una solicitud de comparecencia del defensor del pueblo ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar sobre la situación de lo acaecido en Cataluña, desde la intervención de las diferentes consellerías y ocupaciones de sedes de partidos políticos, hasta las elecciones del 21 de diciembre. Y si ni usted ni nadie de la Defensoría han visitado a los presos políticos, le pedimos que lo haga. Conozca directamente a Oriol Junqueras, a Dolors Bassa y a Carme Forcadell, entre otros, y así conocerá cuál es su posición y su estatus legal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Gorrochategui.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente.

Muchas gracias, defensor del pueblo. Buenos días y muchas gracias por su informe, que coloca a la Defensoría del Pueblo precisamente donde debe estar, al lado de los derechos de las personas y, sobre todo, de las personas más vulnerables.

Al contrario que algunas de las personas que han hecho uso de la palabra, nosotras queríamos agradecerle especialmente ese informe sobre la crisis económica y la desigualdad, que ha complementado el informe de la Defensoría del Pueblo, en principio porque parte de un presupuesto. Si interpretamos la justicia en términos de disfrute y realización de los derechos, hay una condición previa para poder disfrutar realmente de ellos y es la que tiene que ver con unas condiciones materiales de vida dignas. Por tanto, y al contrario de lo que expresaba la representante de Foro Asturias, esta no es una condición partidista.

La Constitución nos habla de que España es un Estado social, y esto supone aceptar la premisa de que para disfrutar de los derechos es preciso gozar de un mínimo de calidad material de vida para que sea digna. En ese sentido, si la justicia es el disfrute de derechos, este necesita de unas condiciones materiales de vida dignas. Es decir, que para que la justicia sea justicia, tiene que ser justicia social.

Por tanto, no comprendemos las críticas a este informe, que nosotros agradecemos infinitamente. Y lo agradecemos porque nos hace recordar a todos los operadores legislativos y al Gobierno dónde está el camino para que el disfrute de los derechos sea real y efectivo; cuál es el camino que hay que transitar. Porque la crisis no es algo natural, no es como la lluvia, ni tampoco lo son sus consecuencias; son consecuencias de decisiones políticas y, como tales, tienen que tenerse en cuenta a la fuerza para poder abordar políticas, también en el ámbito económico, que permitan el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales en términos de igualdad, o al menos de una mínima igualdad para todas y para todos. En este sentido, estamos de acuerdo con uno de los apuntes que usted realizaba. Se ha producido una regresividad en la fiscalidad en los últimos años y, tal como establece la Constitución, debe retomar la progresividad.

También estamos de acuerdo con el apunte sobre que los recortes en las prestaciones sociales durante la crisis han aumentado aún más esta brecha social que esta sistema impositivo ya de por sí acarrea.

Uno de los problemas a los que hacía referencia el defensor del pueblo en su exposición es el envejecimiento. El envejecimiento no tendría por qué ser un problema, es como tantos otros, lo que es un problema es la situación en la que pueden encontrarse las personas que han envejecido, porque faltan recursos, faltan políticas públicas que exigen recursos para que la vejez pueda disfrutarse en plenitud de derechos.

Entre las otras cuestiones concretas que se mencionan en el informe y que el defensor del pueblo ha desgranado en su intervención, hay un apartado que hace referencia a la vivienda. Compartimos el diagnóstico de que el problema para poder disfrutar del derecho a la vivienda en este país tiene que ver con que no ha existido política pública de vivienda, no ha existido y no existe, porque se ha dejado que los mercados hagan la política sobre vivienda. La vivienda se ha convertido en un activo más, y así, por ejemplo, tenemos el grave problema de la turistificación de los alquileres y la carestía de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Ya lo ha dicho el defensor, es demasiado caro comprar una vivienda pero también alquilar una vivienda. Así el derecho a una vivienda no puede existir.

La propuesta de aumentar el parque público de vivienda que hace en su diagnóstico nos parece perfecta. Si nos pareciésemos a Francia sería estupendo, algo que usted ha mencionado en el informe. Ha hablado también de establecer convenios basados en buenas prácticas con las entidades financieras tenedoras de vivienda. Está demostrado que este tipo de cuestiones no tienen mucho recorrido y que lo que tiene que haber son políticas públicas más incisivas en cuanto a la posibilidad de disponer de las viviendas que están en manos de las entidades financieras. En este apartado sí querríamos decir al Defensoría del Pueblo que tenga en cuenta el problema de los desahucios, problema específico dentro de la falta de acceso a la vivienda y de la falta de disfrute del derecho a la vivienda. Los desahucios que se producen en nuestro país son un grave problema. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, se producen hasta 100 desahucios al día en este país, y la mayor parte de esos desahucios tienen que ver con el impago del alquiler. Es un drama que incide en el disfrute de los derechos y que creemos que tendría que ser tomado en cuenta y ser estudiado por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo el defensor ha hecho referencia a uno de los mayores problemas de las prisiones que reside en la falta de realización del derecho a la salud. La asistencia sanitaria en las cárceles deja mucho que desear, es mala, es como si dijéramos, bueno, los que están en la cárcel son subpersonas y si no se les cuida igual, pues tampoco es para tanto, cuestión en la que estamos con el defensor del pueblo que hay que perseguir. Ha hablado de la dificultad para reclutar personal sanitario, sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el déficit de personal sanitario en las cárceles no es por falta de vocación.

Hay personas que tienen la vocación de trabajar en cárceles, porque les parece que ese trabajo, del cual son profesionales, desempeñado en el ámbito penitenciario, es bueno. El problema del reclutamiento no tiene tanto que ver con la negativa del personal sanitario a acudir a ese trabajo, como con las condiciones en las que se encuentran a la hora de poder desarrollarlo. Y este es un aspecto que debería tenerse en cuenta en los informes.

Como ha hecho referencia al drama de la falta de atención psiquiátrica, y a que gran parte de la población reclusa tiene enfermedades mentales, le pedimos aquí al defensor del Pueblo que haga un estudio cárcel por cárcel para saber cómo está esta cuestión, cómo se aplica el programa de atención a las personas con enfermedad mental, de forma que podamos tener el mapa de qué es lo que está pasando en torno a este tema. También querría comentarle a la defensoría que está elaborando, en el ámbito de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un informe sobre las condiciones del disfrute de los derechos de la población reclusa. El informe es amplio porque trata de los reclusos con discapacidad y va a haber un apartado específico sobre las enfermedades mentales. Probablemente, ese informe nos dé datos importantes que se podrán tener en cuenta en el trabajo de la Defensoría.

No sé si ha sido el defensor o algún portavoz en las intervenciones posteriores, pero se ha hecho referencia al alejamiento de los presos. No vamos a reproducir lo que ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque suscribimos lo que ha dicho sobre ETA como banda disuelta y sobre los jóvenes de Alsasua; pero sí queremos subrayar el hecho de que casi un 30 % de la población reclusa vive alejada de sus hogares. Sería interesante que la Defensoría del Pueblo hiciera un estudio o se preocupara de saber cuáles son los efectos que tiene en la población reclusa el hecho de estar alejada de sus hogares de residencia, porque tenemos que pensar en la reinserción de la que habla el artículo 25 de la Constitución. Es una petición que le hacemos.

Falta en el informe, y nos gustaría que constara, una mención a las personas encarceladas con largas condenas. Nada se dice, sobre todo, de aquellas personas que están en régimen de aislamiento absoluto. Casi 900 reclusos están en régimen de aislamiento absoluto, con el peligro que ello conlleva para el disfrute de sus derechos fundamentales. Nos gustaría que la Defensoría del Pueblo atendiera a esta cuestión.

Y, por terminar, ya que se acaba el tiempo, diré, puesto que también ha hecho referencia a los CIE, que el trabajo de la Defensoría sobre la vigilancia de los CIE es extenso y muy bueno. Como se ha anunciado que se publicará un informe a lo largo de este año, nos gustaría saber cuándo se prevé, en concreto, la publicación de dicho informe. Asimismo, se ha hecho alguna referencia a la entrada irregular al territorio español a través de los puestos fronterizos, pero nada se ha dicho de las porteadoras, por lo que quisiera hacerle una petición o una sugerencia, que se incluya su caso en este informe, ya que consideramos que es un colectivo de personas que merecen una atención específica, si lo que pretendemos es atender los casos de vulneración de los derechos de las personas cuando intentan entrar por las fronteras establecidas en España.

Sin más, doy las gracias a la Defensoría, y felicito tanto al defensor como a su equipo. Bienvenido este informe y todos los que se le parezcan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gorrochategui.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora López.

La señora LÓPEZ ALONSO: Muchísimas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor defensor, adjunta y todo el equipo de la Defensoría que le acompaña. Gracias por su intervención, así como por su informe, del que ya hicimos un análisis pormenorizado en la Comisión Mixta. Consideramos que, como siempre, es un informe detallado, pormenorizado, que rinde cuentas de su trabajo y del de su equipo en este pasado año de 2017.



Su institución, además de ser garante de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, ha dado cuenta del desarrollo de sus competencias, prestando ayuda y asistencia a un mayor número de ciudadanos, siendo útil, siendo partícipe, y mostrando preocupación por determinados temas importantes que deben ser resaltados.

Existen políticos que no solo conocen la competición política y que también saben de una competencia más compleja y generosa: la de pensar en los intereses de la sociedad, y todos ellos son un pilar de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Estamos en un momento de cambios, y el cambio fundamental es poner en el centro de la acción política a las personas, como hace nuestro nuevo Gobierno, el nuevo Gobierno socialista, el Gobierno de la dignidad, con el presidente Sánchez al frente. (Aplausos); un Gobierno de la dignidad útil apoyado por la labor de la Defensoría, que hace un relato coherente, con una toma de posición fundamentada y contextualizada; capaz; porque la Defensoría no se contenta con ser un mero registro de quejas o de actuaciones de oficio; va al fondo de las cuestiones buscando la verdadera voz de los ciudadanos y de las ciudadanas; consecuente, porque pretende ser un agente eficaz para solucionar los problemas en nuestro país; coherente, porque alza su voz para dársela a los que más lo necesitan; y eficiente, porque este año se han sustanciado 25 776 expedientes frente a los 17 000 del año anterior. Y no olvidemos que detrás de estos expedientes hay rostros de personas que sufren y que lo necesitan, a los que la Defensoría pone voz. Gracias, señor defensor por no mirar hacia otro lado.

Su informe tiene, además, las siguientes fortalezas: viene acompañado de la novedad de un informe específico sobre la crisis económica y la desigualdad, porque debemos priorizar y actuar en este sentido. Otro campo donde notamos un cambio de máxima importancia para nuestro grupo parlamentario es el nuevo apartado sobre violencia de género, tal y como reclamamos en nuestra intervención sobre el informe del año 2016, y hoy, por desgracia, de mayor actualidad al haber fallecido tres mujeres asesinadas en los últimos días. De este apartado resulta el compromiso de la Defensoría en la lucha contra la violencia machista y también su toma de posición sobre la necesidad de cumplir con los compromisos del Pacto contra la violencia de género, alertándonos al mismo tiempo del riesgo de prometer y de no dar; premonitoria advertencia. Hoy tenemos un Gobierno socialista que con sus políticas en solo una semana ha hecho ya toda una declaración de intenciones en este sentido. Otra fortaleza de su informe es su apuesta por retomar la presencia en el ámbito internacional. Nuestro Gobierno ha designado para ello a una experimentada persona para la coordinación y dirección de las relaciones internacionales.

Reivindicamos, defensor, el tema de la infancia. Nuestro grupo político tiene una gran preocupación por su situación, máxime si se tiene en cuenta que en el año 2017 se produjo el mayor empobrecimiento infantil en los últimos años y que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 22,23 % de los niños y niñas de nuestro país se encuentran en riesgo de pobreza. El Gobierno Socialista ha tomado buena nota de ello creando el alto comisionado contra la pobreza infantil, que nos preocupa y, ahora también, nos ocupa.

En conjunto, el informe versa sobre las diferentes realidades detectadas gracias a las quejas. Se establece un mapa de diagnóstico de los principales problemas de la Administración y de la sociedad; y, si se quiere ir al fondo de estos, entre los variados temas del informe, destacan las quejas sobre el funcionamiento de los servicios básicos del Estado y, en concreto, de la Administración de Justicia.

El primer bloque de quejas, unas 8000, se refiere al funcionamiento de los servicios básicos del Estado, porque su funcionamiento deficiente conculca el derecho de la ciudadanía a la buena administración y su derecho a que las administraciones cumplan, con eficacia y en un plazo razonable, su deber constitucional de servir con objetividad a los intereses generales, para lo cual se han de promover los derechos fundamentales de las personas.

Obligado es hacer mención al colapso de la Administración de Justicia, como hace su informe, a su monumental retraso. Véase, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil y la situación límite en que se encuentran muchos de los juzgados y tribunales. Se trata de un problema estructural, que es necesario abordar.

Persiste el defensor en recordarnos, y debemos tomar nota, que los servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos son, precisamente, los que no se han beneficiado de los efectos de la recuperación económica, por lo que los intereses más elementales de las personas más necesitadas de esos servicios, a los que les resulta difícil o imposible reclamar sus derechos, han sido vulnerados. El señor Marugán y su equipo lo resaltan con muy buen criterio y señalan como causa principal del mal funcionamiento de estos servicios un alarmante abandono en inversiones económicas, que siempre acaba afectando a los que más lo necesitan. Por ello, nuestro Gobierno va a luchar con firme convicción contra la desigualdad. No debemos tolerar, y se deduce el informe, el contrasentido de que la Administración ahorre con la técnica de no generar derechos o de dilatar su ejercicio. ¿Cuánto ahorro genera el no cumplimiento de la Ley de dependencia, por ejemplo? Pues es fácil calcularlo, sobre todo, para el anterior Gobierno del Partido Popular que ha generado la situación en la que estamos. Si lo hacemos veremos la diferencia entre las comunidades donde gobierna el partido Socialista y el Popular, las diferencias que hay entre un Gobierno con compromiso en la creación y aplicación de la Ley de dependencia y otro sin compromiso; y como muestra ahí está el elevado número de personas que fallecen con derechos reconocidos sin haber recibido el servicio o la protección, sin haber podido, en definitiva, ejercer sus derechos objetivos.

Así las cosas y sin poder adentrarnos a analizar la situación de otros servicios esenciales, necesarios para tener una vida digna e imprescindibles para el ejercicio de los derechos fundamentales, se puede pedir a nuestro país, además de un cambio en el Gobierno, que tenga responsabilidad, que no mire hacia otro lado, como nos reitera en su informe el defensor, para así poder recuperar nuestros servicios públicos esenciales que están bajo mínimos y que se han mantenido durante estos años de la crisis gracias al trabajo esforzado de los trabajadores públicos que han hecho de la necesidad virtud. Porque tenemos problemas de energía eléctrica, de listas de espera, en la educación y en la sanidad y en otros ámbitos. En el caso de la economía se aprecian graves deficiencias en la equidad.

Por lo tanto, deberemos preocuparnos por la inclusión, por la atención a la diversidad, por favorecer el acceso a la vivienda y al empleo, que ha de ser de calidad, porque ello repercute en las cotizaciones y en las pensiones.

En conclusión, defensor, podemos decir que nos preocupamos con responsabilidad del panorama que su informe dibuja sobre el funcionamiento de los servicios básicos, y que actuaremos ante la alarmante precarización.

Por ello, apelamos a que se siga trabajando por los intereses de toda la sociedad y a que continúe tomándose la molestia de ser útil a los demás.

Muchísimas gracias a usted y a toda la Defensoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Alonso.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cortés.

El señor CORTÉS MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Este debate viene precedido por otros, como ha dicho el señor defensor en funciones, pero sobre todo por la publicación del informe y por toda la documentación que genera la Defensoría del Pueblo. Por ello, creo que debe quedar constancia ante la Cámara que la Defensoría, gracias al impulso de la defensora doña Soledad Becerril, con la colaboración activa de los entonces dos adjuntos, tiene unos altísimos niveles de transparencia y accesibilidad. Estoy de acuerdo con el señor defensor en funciones en que hay que evitar duplicidades. Esto también lo pensó en legislador y, por eso, encomendó al defensor del Pueblo el control de la Administración, solo de la Administración, y no los debates políticos que, en sus aspectos institucionales, se encomiendan, en nuestro marco constitucional, a las instituciones representativas.

Pero antes de entrar en el fondo del informe, quiero decir, con el permiso de la presidencia, algunas palabras sobre algunas intervenciones que en este debate me han precedido. Hay portavoces que, con ocasión o sin ella, aprovechan la tribuna para dirigirse a su parroquia, y a ello nos tienen ya acostumbrados. Lo que han dicho nada tiene que ver con el debate, pero han hablado de presos políticos y exiliados; y en España, señor presidente, no hay, quede en el Diario de Sesiones, presos políticos y no hay exiliados. (Aplausos). En España, señor presidente, se ha aplicado la ley a quienes la han vulnerado y han sido los jueces los que han decidido cuál debe ser el destino de quienes han cometido estas irregularidades. Pero ha sido esta Cámara, precisamente esta Cámara, quien ha apreciado la gravedad de la situación en Cataluña, hasta tal grado que ha habido que aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque había que restablecer el orden constitucional que se había quebrantado por unas personas irresponsables que hoy rinden cuenta ante la justicia, no por sus ideas, por rechazables y retrógradas que nos puedan parecer, sino por violentar el Estado de derecho y el orden constitucional. Quede dicho esto aquí porque la representante del Partido Socialista, que impulsó también la adopción del 155, se ha olvidado, en su intervención, de replicar a quienes han apoyado la censura del presidente del Gobierno —ciertamente, en el arranque no ha tenido mucha dignidad—, algo, señores del PSOE, que pesará sobre su memoria y nos encargaremos de recordárselo.

Y puestos a dar datos, y ya que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya se ha referido al informe anual de The Economist para 2017, quede también constancia de que España aparece entre las 20 naciones consideradas democracias plenas; está en el puesto 19, por delante de países como Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos o Bélgica, esa es la realidad que ha ocultado. Pero fíjese en algo más, ni las democracias plenas ni las democracias defectuosas, como las califica The Economist, ni siquiera las que ellos llaman regímenes híbridos ni los regímenes autoritarios, ninguno, repito, ninguna nación del mundo ha respaldado el procés que han puesto en marcha; pero, sin embargo, sí han respaldado el orden constitucional y la legalidad española; nos ha respaldado toda la comunidad internacional. (Un señor senador: ¡Y todos los jueces!— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Senador Estradé, espere un momento.

El señor CORTÉS MARTÍN: La comunidad internacional. Los jueces han enviado a prisión a quienes han vulnerado esa legalidad; pero de la comunidad internacional, nadie, ninguna nación, ha respaldado el procés, como ustedes dicen; se lo digo para que lo tengan claro cuando hablen de los respaldos internacionales; nadie, ninguna nación del mundo. (Aplausos). Pero vayamos al informe, señor presidente. El señor defensor en funciones ha aludido a la conveniencia de evitar duplicidades con intervenciones previas en la comisión mixta y en el Congreso. Tiene sentido que así lo haya hecho, pero no por ello ha evitado, sobre todo en la parte primera de su intervención, entrar en terrenos que no son los que tiene encomendados por la normativa que le regula.

Este debate tiene su base en el informe anual, recogido este año, por primera vez, en dos documentos. Se agradece que sean dos documentos, porque el segundo de los mismos es, a nuestro juicio, una extralimitación con la que se ha quebrado la tónica de las actuaciones del defensor del pueblo desde que existe esta institución. En su intervención de esta mañana, el señor Fernández Marugán ha informado a la Cámara de cuestiones que suponen un ejercicio directo de su ámbito de responsabilidades. Ha hablado de cárceles y de la falta de dotaciones en algunas, en sectores que es evidente que han estudiado bien y que conocen como es debido, porque es un ejercicio de una administración concreta; de menores no acompañados; de acceso a la vivienda; de envejecimiento; de dependencia; de copagos, o de soledad no deseada de personas mayores. Sin embargo, y pese al debate que ya tuvimos en la comisión mixta y que también planteó en el Congreso de los Diputados el portavoz del Partido Popular, la primera parte de su intervención ha profundizado en el enfoque del documento que aparece con el número 2 y que lleva por título Crisis económica y desigualdad, que se dirige a enjuiciar y a proponer políticas y no actos administrativos.

Señor presidente, me importa mucho insistir en que nuestra crítica no va dirigida a que se hable de crisis económica y desigualdad, sino a que lo haga el defensor en su informe anual, porque lo que está haciendo quien es comisionado de las Cortes Generales es entrar en el terreno que corresponde a las Cortes y no a la Defensoría del Pueblo. Y así lo dice expresamente la Constitución y la ley orgánica que regula la institución del defensor del pueblo y que se ha respetado siempre. Por eso, señora Gorrochategui, no pueden ser recibidas esas palabras sin crítica porque quien las diga haga gala de mucha sensibilidad; la Defensoría del Pueblo tiene que sujetarse a la ley. Y el portavoz del PNV ha dicho que ellos eran partidarios de que la defensoría tuviese funciones más amplias, pero tiene exactamente las que tiene. Y es evidente, señor presidente, que el órgano comitente no puede ser enjuiciado por quien es su comisionado, que tiene que limitarse, tal y como dicen la ley y el reglamento que la desarrolla, a recibir las quejas de los ciudadanos, a investigarlas y, o bien archivarlas, o bien efectuar las oportunas recomendaciones. Esto lo ha hecho extraordinariamente bien la Defensoría del Pueblo y ha dado pasos muy relevantes en la última etapa haciendo mucho más accesible y mucho más fácil formular estas quejas o estas reclamaciones usando nuevas tecnologías, respondiendo cada vez con mayor celeridad y efectuando recomendaciones, muchas de las cuales son atendidas y otras no, porque ahí están además las administraciones, denunciadas públicamente, que no responden en la documentación que se nos ha remitido y que se ha hecho pública.

Además, tiene que actuar —y cito literalmente, como lo hice en la comisión, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del defensor del pueblo— por actividades concretas de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas. Esto es todo lo que tiene que hacer, y no es poco. Las leyes, incluida la de presupuestos, se tienen que debatir en las Cámaras por los que han sido elegidos por los españoles y no por quienes han sido designados por las Cortes Generales para una función tan relevante como concreta.

Fíjese hasta qué punto es esto así, que el artículo 10.2 atribuye también a diputados y senadores la capacidad de tomar la iniciativa para —leo textualmente— solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del defensor del pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas por las administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos en el ámbito de su competencia. Es decir, incluso los diputados y senadores, por voluntad de los diputados y senadores que hicieron la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, tenemos limitado el acceso a la Defensoría, al hacerlo con escritos motivados y para actividades concretas de la Administración, y no para que se enjuicien políticas, por importantes que sean, cosa que hacemos aquí todos los días —y ahí está el Diario de Sesiones para reflejarlo—. Es aquí donde a los representantes de los españoles nos corresponde hablar de todas estas cuestiones, que se reflejan en una ley y forman parte de las políticas públicas, de las políticas del Estado. El defensor tiene que enjuiciar actuaciones concretas y perseguirlas, denunciarlas y efectuar recomendaciones para que no se repitan. Eso es lo que ha venido haciendo la Defensoría, eso es lo que se refleja en el primer documento del informe que se ha presentado y, desgraciadamente, se extralimita en el segundo. Esperemos que esto se corrija en el futuro.

Señor presidente, la brevedad de tiempo, y el hecho de que sea esta la tercera instancia en que se produce este debate, me releva de entrar en mayores detalles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cortés.

Terminado el debate y la exposición del informe, damos las gracias de nuevo al defensor del pueblo y a su equipo por su presencia hoy aquí y les deseamos buen trabajo.

Muchas gracias.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 624/000010 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor presidente da lectura al punto 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.

El señor LABRADOR ENCINAS: Muchas gracias, señor presidente.

Comparezco en esta tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el dictamen aprobado en su seno el pasado 6 de junio de este mismo año, sobre la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad.

Con fecha 4 de mayo de este mismo año, tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena. Este texto se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, al amparo de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento del Senado por parte de la Mesa, que acordó, asimismo, fijar el plazo de enmiendas y propuestas de veto en el día 17 de mayo de 2018, siendo ampliado dicho plazo posteriormente hasta el día 23 de mayo de este año. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Se presentaron a este texto un total de 53 enmiendas, que se distribuyeron de la siguiente forma: enmiendas 24 a 29, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 53, del senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista; enmiendas 15 a 23, de las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández; enmiendas 32 a 52, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; enmiendas 1 a 14, del Grupo Parlamentario Socialista y enmiendas números 30 y 31, del Grupo Parlamentario Popular.

Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió dictamen sobre la citada proposición de ley, introduciendo las modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados, fruto de las ocho enmiendas aprobadas: enmiendas números 15 a 17, 21 a 23, y 30 y 31.

Esta proposición de ley consta de un artículo único, dos disposiciones transitorias y una disposición final, y tiene por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental, estableciendo un marco para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias de gestión en la materia, dotando de seguridad jurídica a los sectores.

Al mismo tiempo, se incorpora una definición de los recursos zoogenéticos y se regula la acuicultura, de acuerdo con el Reglamento 708/2007, del Consejo, de 11 de junio de 2007.

Por último, se habilita un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en supuestos con regulación específica, cuando exista un interés público de primer orden, la suspensión del procedimiento de catalogación de una especie o promover la descatalogación de una especie previamente catalogada.

Este dictamen ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, con fecha 15 de junio de 2018, y a dicho dictamen se han presentado tres votos particulares: el voto número 1, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el voto número 2, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; y el voto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

No quisiera finalizar sin antes agradecer el trabajo realizado por todas y cada una de sus señorías de los distintos grupos políticos, así como de los servicios de la Cámara, que una vez más han dado un ejemplo de buen hacer.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Labrador.

Comienza, si lo desean, el debate de totalidad.

¿Algún turno a favor? (Denegaciones).

¿Algún turno en contra? (Denegaciones).

¿Portavoces? (Denegaciones).

Pasamos, si les parece, al turno de enmiendas. En primer lugar, de los senadores Mulet y Navarrete, enmiendas 24 a 29.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Venimos aquí a tratar la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como ya hicimos en la Comisión de Medio Ambiente. Estamos aquí para adaptar la normativa tanto a una sentencia judicial como a la conveniencia de unos u otros, según el criterio que nos preguntemos. Esta normativa pretende acometer una modificación al crear una figura de especie exótica invasora naturalizada, con lo que se alude a ejemplares que fueron introducidos sin prohibición expresa anterior y que no han demostrado, según el texto, que causen perjuicios ecológicos y que tienen un interés económico. Esta figura permitirá que algunas especies sean reintroducidas o sean utilizadas para la caza, la suelta o fomentada su cría. Está bien, pero cabría ser reflexivos y analizar bien lo que estamos intentando aprobar, porque en el texto se habla de crear una categoría, la exótica invasora naturalizada, que alude a especies que estaban ya introducidas antes de la normativa de exclusión de especies, pero dice el texto: que no estuviese demostrado claramente que afectase y perjudicase por motivos ecológicos.

No obstante, si nos remitimos a la página web del Ministerio de Medio Ambiente y hablamos de algunas de esas especies que están ahí introducidas, vemos como, por ejemplo, sobre la trucha arcoíris dice que transmite un parásito que provoca la muerte de sus competidores, reduce los recursos para las especies autóctonas o que elimina de su medio natural anfibios que sirven para mantener la cadena trófica. Por lo tanto, creo que sí afectan a la ecología y a su medioambiente. Hablamos también, por ejemplo, del cangrejo rojo, que si tuviésemos que incluirlo como especie invasora naturalizada tendría que ser porque no afecta ecológicamente al medioambiente, pero resulta que propaga un hongo que mata al cangrejo autóctono o que realiza múltiples agujeros que debilitan o rompen nuestras acequias y nuestros sistemas de riego, o que provoca la desaparición prácticamente de todos los anfibios en su zona de ámbito de actuación porque resulta que son su comida.

Por un lado, queremos modificar esta ley para crear esa figura legal sobre la base de que, ecológicamente, no afecta tanto; mientras que, por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, en las fichas sobre los animales invasores que tenemos en nuestro país, pone de manifiesto que sí afectan. En consecuencia, habría que analizarlo de otra manera. Cabría tener en cuenta que estas especies sí afectan a nuestro medio natural y están modificando nuestro ecosistema. Por lo tanto, no solo hay que pensar en ayudar al medio rural, económicamente hablando, que es la pretensión de esta modificación —solo piensan en la economía, por encima del medioambiente—, sino que también hay que analizar el medioambiente e intentar llegar a un acuerdo. Lo que no se puede hacer es, con la justificación de que se nos despuebla el mundo rural por culpa de que no tenemos sistemas para cazar o pescar, reducir su población. Esta no es la cuestión, la cuestión es que tenemos que mantener nuestro medioambiente, que es más importante, porque ¿qué hará el mundo rural si no existe el medioambiente? Señorías, está muy bien proteger a las empresas que facilitan la pesca o los cotos de caza, pero si desaparece nuestro medioambiente, si dejamos que sea un desierto, ¡ya puede ir a vivir quien quiera!

En este sentido, con la intención de que no pueda pasar esto, hemos presentado seis enmiendas que ya relaté en la Comisión de Medio Ambiente, y quien haya tenido interés por esta ley las habrá leído y habrá visto cuál era su intención. En ese debate hablamos del mundo rural y me dijeron particularmente a mí que tuviera en cuenta el mundo rural, que lo conocían bien, etcétera. No tuve tiempo para rebatir, pero les recuerdo que yo soy residente en Vinaròs, que provengo de una comarca que se llama La Tinença de Benifassà, en Castellón, donde viven ocho personas en mi casco urbano y cinco en el de al lado; por lo tanto, conozco el mundo rural. Allí, las empresas que traen los cotos de caza y de pesca no revierten, con perdón de la palabra, ni un puñetero euro en esa zona. El dinero se va a donde está la empresa radicada, a la capital de la provincia, y los pobladores de la zona no ven nada que les pueda beneficiar con esa fantástica modificación. Por otro lado, ven que van desapareciendo especies y que les puede afectar.

Por tanto, una vez más, les pido que sean capaces de reflexionar y darse cuenta de que no por encima de todo está la economía, que también está el medioambiente. No podemos destrozar nuestro medioambiente, no podemos cargarnos el futuro de nuestras zonas rurales en pro de una economía mejor, más sostenible y que crea, según ustedes, más empleo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para la defensa de las enmiendas 32 a 52, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Estamos asistiendo a la sexta gran extinción de especies de la historia del mundo. La quinta es la de los dinosaurios; la nuestra, la sexta, lleva el mismo ritmo de extinción que la anterior. La característica especial del presente proceso de destrucción es que esta vez es culpa de una de las especies, la nuestra. Estas son palabras de Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO BirdLife, cuando compareció ante la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara hace solo un mes. No aprendimos nada. Estamos asistiendo a la sexta gran extinción de especies de la historia del mundo y somos responsables de ella. Este es el panorama crítico, extremadamente preocupante que nos mostraba y documentaba este experto en biodiversidad. Pues bien, el diagnóstico es compartido por la comunidad científica. El mundo está en un punto crítico, nuestro brutal impacto sobre el entorno hace que desaparezcan especies cada día, y sin esa diversidad se acaba la vida, pues somos ecodependientes, dependemos de la ecología, así que debemos cambiar, y cuanto antes, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de pisar en el mundo.

Yo no sé si esta Cámara es consciente de la gravedad de lo que aprobamos hoy. No sé si saben que hoy legislamos en contra de la biodiversidad, es decir, en contra de la vida, en contra de nuestro entorno, en contra de nosotras y de nosotros mismos. Empeoramos hoy el proceso de destrucción en lugar de actuar para frenarlo, que sería nuestra responsabilidad.

La norma que hoy ustedes quieren aprobar es la modificación de la Ley 42/2007, la ley que protege el patrimonio natural y de la biodiversidad, un cambio legal que lo que hace es desproteger, desproteger lo que está protegido, y esto es lamentable. Ustedes liberalizan hoy la suelta de especies invasoras, especies que están aniquilando nuestra biodiversidad autóctona, que están arrasando con la biodiversidad, con la diversidad de especies. Se trata de especies que necesitarían una gestión restrictiva, y ustedes lo que pretenden es quitarles restricción.

Hasta el momento nosotras solo hemos oído argumentos inválidos para sostener este cambio legal. Por ejemplo, que hay que cambiar la ley porque no permite pescar esas especies. Eso es falso, es exactamente lo contrario, ya que cuantas más invasoras se pesquen, mejor; de hecho, lo que hay que hacer es parar ese proceso de invasión, por lo que cuantas más invasoras se pesquen, mejor. Lo que no se puede hacer es, después de pescarlas, devolverlas al río; lo que no se puede hacer es soltarlas sin ningún control, pues sacarlas del río es lo importante para que no eliminen al resto de las especies.

También hay argumentos del tipo: mis votantes esto no lo entenderán. Se me dice que, con lo que nos costó que la gente hiciera pesca sin muerte, ahora hay que decir que hay algunas que son invasoras y a esas sí que hay que matarlas, sí que hay que llevárselas. Pues miren, la gente no es imbécil, la gente puede entender eso perfectamente, eso y mucho más. Las invasoras no hay que devolverlas al río, efectivamente, y así, entre todos y todas, evitamos su descontrol.

El cambio legal que hoy se aprobará llega como proposición de ley del partido que echamos del Gobierno. Solo entendemos que se use esa fórmula, la de proposición de ley y no proyecto de ley, porque así evita someterse a los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo de Estado, y evita también la participación pública y la opinión de los científicos. Y esto es así porque ustedes saben, como nosotras, que no habría quien, con una mínima solvencia técnica, quisiera avalar este despropósito. Es un cambio legal que pretende burlar, nada más y nada menos, que una sentencia del Tribunal Supremo, que dijo expresamente que no se podía hacer lo que ustedes pretenden hacer. Por lo tanto, no hay ningún respeto por la contundente sentencia que en su día hizo el Supremo.

Asimismo, se trata de un cambio legal que ignora los criterios científicos y técnicos. Se han movilizado en su contra, en contra de este cambio legal, más de 600 científicos y científicas, 17 sociedades científicas y 100 organizaciones de conservación de la naturaleza. Su tajante oposición quizás debería ponerles en alerta, ¿no les parece? Y ya que estoy aquí, le pido al senador del PP que esta vez no apele a la mayoría silenciosa. Claro que hay más científicos que esos que se movilizan en contra de este texto, pero eso no habla en ningún caso de su opinión.

La cosa es que este cambio legal quería servir, erróneamente, como ha explicado bien el senador Navarrete, para beneficiar a escasos sectores económicos, pero es que para esos sectores habría una solución específica, concreta, perfectamente posible dentro de la ley actual, sin tener que proceder a un cambio legal que desprotege al conjunto de nuestro sistema ecológico. La actual ley ya ofrece flexibilidad suficiente tanto para descatalogar una especie cuando se demuestra que no tiene un impacto grave para la biodiversidad como para levantar prohibiciones genéricas cuando hay una estrategia de control y de gestión. Es perfectamente compatible, pues, con la ley vigente, la conservación del medioambiente en general con los intereses sociales y económicos particulares que, por supuesto, debemos cuidar.

A nuestro entender, lo que está aplicando aquí el PP es una mirada muy corta y muy irresponsable. Sus intentos para rebajar los niveles de protección a la biodiversidad y al patrimonio natural han sido repetidos y han sido recurrentes, así que ya no esperamos nada de ustedes en esta materia, pero sí del resto de la Cámara.

Parece ser que esta iniciativa antiecológica tiene apoyos. A Ciudadanos, al PNV y al PDeCAT les pido que piensen bien lo que van a votar, piensen bien ustedes si van a votar a favor de esto. De corazón se lo digo, que se lo piensen, pues su voto aquí es cierto que es irrelevante, pero luego esta ley va al Congreso, y ahí su posición es decisiva. Van a ser ustedes corresponsables o no de este retroceso. Una abstención ahí, y se lo digo al PSOE para cuando el texto vuelva al Congreso, es insuficiente también. Está precioso el Ministerio de Transición Ecológica, pero no hay transición a ninguna parte si no hay biodiversidad. Así que les pido, señorías del PSOE, su voto negativo aquí y en el Congreso; les pido, señorías del PSOE, que batallen por la vida en esta cuestión.

Este cambio legal es pan para hoy y hambre para mañana en el mejor de los casos. De hecho, más bien es solo hambre, hambre a secas, es río sin peces, nada más. Señorías, es un terrible error liberalizar la gestión de las especies exóticas invasoras catalogadas, es un terrible error favorecer la suelta de esas especies en los ríos, es un terrible error promover la descatalogación de una especie bajo criterios políticos. La lucha contra la expansión de las especies invasoras debe darse principalmente atendiendo a criterios científicos y técnicos.

Las veintiuna enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario tratan de salvar esta situación, y ya las expliqué de forma concreta en comisión. El sentido de nuestras enmiendas es aprovechar que se ha abierto la cuestión de esta ley para mejorarla, no para empeorarla, para mejorar el régimen de protección de la naturaleza frente a la brutal amenaza que suponen las especies exóticas invasoras.

Somos perfectamente conscientes de que ese no es el objetivo por parte de quien propone este cambio legal, pero proponemos ahí nuestras enmiendas para abrir opción a un cambio de rumbo. Las enmiendas van dirigidas, primero, a mejorar la pésima calidad técnica de la proposición de ley que se nos presenta y, segundo, a establecer un sólido régimen de protección de la biodiversidad frente a las especies invasoras, siempre atendiendo a las consecuencias sociales que ello pueda tener.

Nuestras enmiendas incluyen, entre otras cuestiones, la definición de especie alóctona, a la que la proposición de ley se refiere pero sin haber definido bien el concepto. La rectificación de la propuesta que permite a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad tomar unas decisiones para las que no tiene competencias. Nuestras enmiendas incluyen también la solución a algunos absurdos jurídicos que se dan, como utilizar esta ley como recordatorio de un reglamento comunitario que ya es de por sí de aplicación directa. Lo que hacemos también es mejorar la redacción de los preceptos sancionadores, y eso es importante para así ganar en seguridad jurídica. También el rechazo al criterio temporal, que es un punto clave. El Tribunal Supremo dejó perfectamente claro en 2016 que el hecho de que una especie esté introducida en el medio antes de la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no es motivo para excluirla del catálogo de especies exóticas invasoras. Igualmente, enmendamos para eliminar la artimaña que utilizan ustedes para hacer pasar especies exóticas invasoras por recursos zoogenéticos, algo que el Supremo también rechazó.

Y voy a un elemento capital. Esta proposición de ley lo que hace es admitir que pueden existir especies naturalizadas. Especies naturalizadas es un concepto absolutamente ajeno a las ciencias biológicas y de conservación. Este texto se inventa que naturalizadas son las especies que llevan más tiempo asentadas en nuestros ecosistemas, cuando ese asentamiento lo que está demostrando es, precisamente, que han colonizado con éxito, es decir, que son una amenaza real, y no solo potencial, para nuestra biodiversidad. Justamente a estas las premian ustedes con la posibilidad de descatalogarlas como exóticas invasoras. A estas, a las que colonizan con más éxito, las eximen de las prohibiciones generales. Pues bien, también rectificamos eso. Son ustedes un peligro para el medioambiente, señorías.

Quiero que tengan claro que aprobar hoy esta ley significa retroceder en protección del medio natural, no avanzar, como es nuestra obligación, sino retroceder.

Resumiendo, esta proposición de ley abre la puerta a una de las mayores amenazas para la vida. La solución no pasa por cambiar la ley, sino por mantenerla y desarrollar las correspondientes estrategias de control de las distintas especies exóticas invasoras. Pido a esta Cámara que apoye hoy nuestras enmiendas para mejorar la protección de la naturaleza; por un lado le pido al PSOE, y por otro a Ciudadanos, a PNV y a PDeCAT, que no hagan seguidismo de las políticas ciegas del PP en materia ecológica; les pido que apoyen nuestras enmiendas aquí y que mantengan una posición de responsabilidad hacia el mundo, y después también en el Congreso; que hagan valer su fuerza parlamentaria para mostrar que hay un cambio de rumbo, que se está abriendo un nuevo tiempo, y que ese tiempo tiene un poso ético y de respeto por la vida.

En nombre de mi grupo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, les pido que sean valientes para revisar los propios lugares, para cambiar de opinión, para autocorregirse cuando es necesario, cuando es conveniente y cuando vale la pena, y hoy vale la pena, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Freixanet.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 14, del Grupo Parlamentario Socialista, y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado en las enmiendas 16 y 31 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Como se ha dicho, hemos presentado 14 enmiendas que, en comisión, fueron rechazadas. Estas 14 enmiendas tenían como principal fundamento reforzar la protección de nuestro medioambiente, nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad contra las especies exóticas invasoras, que son muchas y múltiples, y que en algunos casos han provocado ya gravísimos daños en nuestros espacios naturales.

Como ya se ha dicho, pero conviene recordarlo, esta proposición de ley está fundamentalmente motivada porque el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, elaborado por el anterior Gobierno, fue parcialmente anulado, y de hecho completamente descalificado, por una sentencia del Tribunal Supremo, la número 637/2016, en la que se estimaba que el real decreto tenía unos criterios completamente arbitrarios, que era incoherente con el objetivo que lo había motivado y que la lista de especies invasoras catalogadas era incompleta y artificial. De esa manera, el Tribunal Supremo dejaba completamente invalidado el real decreto del año 2013.

Para arreglar ese desaguisado se ha elaborado esta proposición de ley que se trae hoy aquí, y nuestro grupo, con sus 14 enmiendas, pretendía cumplir exactamente el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo, de tal manera que se refuerce la protección de los espacios naturales, del medioambiente y de nuestra biodiversidad. Porque el texto no cumple con ello, pues atendiendo a otros criterios, como dice expresamente, cinegéticos y piscícolas, contemporiza entre las necesidades de la protección contra las especies invasoras y los intereses económicos o de algunos grupos de presión que se han manifestado abiertamente en los últimos tiempos pidiendo que no se llevara a cabo la restricción que exige directamente la sentencia del Tribunal Supremo.

Como es sabido, nuestro país sufre graves problemas por la existencia de esas especies exóticas, en algunos casos gravísimos, como es el caso del mejillón cebra en la cuenca del Ebro, que está produciendo no solo gravísimos daños a las especies autóctonas, muy negativos para el mantenimiento de la biodiversidad, sino también gravísimos daños económicos, no solo medioambientales.

La introducción de especies exóticas invasoras fue, en algunos casos, voluntaria, como la de los años sesenta, y en otros accidental o, dicho de otra manera, por falta de la suficiente protección por parte de las Administraciones públicas para evitar que proliferaran cuando se detectó el primer caso, y con esta proposición de ley se tenía que haber aprovechado la experiencia negativa que ya tenemos acumulada desde hace 50 años en este país con estas especies exóticas invasoras. Sin embargo, no se hace y se sigue atendiendo más a las presiones —electorales, como se ha visto en los periódicos en los últimos meses— de algunos grupos que a las necesidades del medioambiente o del conjunto de nuestra población.

Desde ese punto de vista, las 14 enmiendas que hemos presentado reforzaban el control administrativo sobre el futuro de esas especies invasoras y, además, de las que pueden acudir a nuestro territorio desde los puertos, los barcos, las plataformas marinas, etcétera. En la comisión que ha tramitado esta proposición de ley nos hemos encontrado con que no solo no se ha reforzado la protección, sino que, en realidad, con la introducción de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular —que coincidía con otra del PDeCAT y otra del PAR— se ha disminuido la protección, se ha aligerado y se han dado facilidades a las comunidades autónomas, que, por cierto, son las que finalmente tienen que ejecutar y cumplimentar esta legislación marco que estamos tramitando en las Cortes Generales. Además, se toma como elemento definitorio la trucha arcoíris, una especie veterana en nuestro país, que tiene las características perfectamente definidas para haber hecho lo contrario, es decir, no solamente para permitir que se siga con la siembra en determinadas condiciones y espacios, sino que debía haberse aprovechado la tramitación de esta proposición de ley para prohibir definitivamente que las propias administraciones siembren truchas arcoíris en nuestros ríos, que es lo que propone esta enmienda que se ha introducido.

Continuaré con la argumentación en el turno de portavoces, pero sí quiero decir que o se está a favor de restringir la proliferación que existe, tanto en el mundo vegetal como animal, de especies exóticas invasoras, o se está a favor de seguir tolerándolas, como si hubiera sido inútil la experiencia acumulada en estos últimos 50 años, con unos conocimientos científicos muy importantes y con una sensibilidad medioambiental mucho mayor que la que existía en los años sesenta, cuando comenzó esta fase expansiva de las especies invasoras.

Parece que en el Senado, si el grupo mayoritario tiene la misma actitud que tuvo en la comisión, no se va a aprovechar la oportunidad ni se va a profundizar en la restricción de las condiciones en las que se podría autorizar. Además, se debe exigir a las administraciones competentes, fundamentalmente autonómicas —y también locales—, que tomen conciencia y trabajen con todos sus poderes para restringir, corregir y, de alguna manera, aumentar la regulación sobre estas especies exóticas, porque lo que se va a hacer es liberalizar, desregularizar su suelta en algunos casos.

Por estos motivos, quiero pedir expresamente que se apoyen las 14 enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, porque ante todos los problemas que hemos tenido durante los últimos años en los casos que he expuesto, y en muchos más que no he podido mencionar por evidentes razones de tiempo, podríamos cambiar el sentido de la restricción en la proliferación de las especies exóticas invasoras.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Palomo.

Para turno en contra, por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días.

Represento en esta tribuna, no al Partido Popular, sino al Partido Aragonés, que presentó nueve enmiendas a esta ley y que lleva dos años trabajando codo con codo con las gentes de los territorios afectados por la sentencia, que, en realidad, es la que nos ha traído aquí, la que ha propiciado esta proposición de ley.

Ayer, el senador Vázquez, con ocasión del debate de presupuestos, ironizaba sobre las discrepancias que ha habido entre el Partido Popular y el Partido Aragonés a lo largo de esta legislatura. Y es cierto. Somos fuerzas políticas distintas. No hace mucho yo defendía tesis contrarias a las del Partido Popular, como en el debate de la Ley de la sequía, o recientemente hemos votado junto con el Grupo Socialista una moción relativa a la despoblación, o con Podemos una relativa a LGTB. Somos partidos distintos, por lo que es lógico que esto suceda.

Lo que ya no es tan lógico y no se acaba de entender bien es que un mismo partido, durante el tiempo que ha durado la tramitación de esta ley, desde que sale la sentencia —recorrido que se inicia hace prácticamente dos años—, mantenga posiciones contrarias en uno y otro momento. Intentaré explicarme. No sé si no le he entendido bien al senador Palomo, aunque le he escuchado con mucha atención, que hoy ha hablado de presiones, de que las modificaciones que se incorporaron en el dictamen y en la ponencia priorizan intereses de índole económica, por lo que se formula un voto particular en el que se pide que se elimine el artículo 64 ter, al que él ha hecho referencia, que se incorpora como consecuencia de una enmienda idéntica que traía el Partido Popular —enmienda 33—, el Partido Aragonés —enmienda 19— y el PDeCAT —enmienda 53—. Él lo ha explicado muy bien. Y digo que no sé si le he entendido bien, porque me parece sorprendente que se pida la eliminación de ese artículo, que se vuelva al texto original y se hable de haber cedido a las presiones e intereses de índole económica, cuando persiste, pues no se ha retirado en esta Cámara, la moción 661/374, incorporada por el Grupo Socialista en enero de 2017, y en cuyo petitum se dice literalmente lo siguiente —voy a leer—: 1. Agotar las vías jurídicas existentes a fin de instar el aplazamiento de la sentencia por razones de índole económica y por la alarma social provocada. 2. Impulsar la modificación de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y biodiversidad para su adaptación al Reglamento del Parlamento Europeo, sobre prevención y gestión de la introducción y la propagación de especies exóticas invasoras, donde se recogen en su artículo 9 excepciones por razones de índole económica y social. 3. Impulsar la modificación de la Ley 42 de patrimonio natural y biodiversidad al objeto de garantizar jurídicamente la actividad de la pesca y caza deportiva de especies como la carpa, el lucio, el black bass, la trucha arcoíris y el arruí en aquellos lugares y espacios que no comprometan la viabilidad y el desarrollo natural de las especies autóctonas.

Senador Palomo, sabe usted que le tengo afecto, pero no lo entiendo. No puedo entender que ustedes pidan una cosa y la contraria.

He escuchado con mucha atención las intervenciones del senador Navarrete y de la senadora Freixanet. La senadora Freixanet ha sido un poco apocalíptica en sus planteamientos. Ambos han apelado, sobre todo la senadora Freixanet, a informes científicos de reputados científicos —ha citado al señor Atienza, que pasó hace muy poquito por la comisión, con un testimonio muy interesante—, pero estos argumentos científicos se contraponen con otros

igualmente bien fundados y también expuestos por personas profundamente reputadas. Esto nos coloca precisamente —y pienso que es lo que deberíamos visualizar en esta Cámara— ante el reto de gran calado al que nos estamos enfrentando aquí como legisladores, a mí modo de ver —al mío—, que llevo dos años trabajando codo con codo con la gente de Caspe, de Mequinenza... Voy a hablar de Aragón, que el senador Iglesias conoce muy bien, donde tenemos muchísimas zonas: todo el mar de Aragón, con Ribarroja y Mequinenza, pero hay además otras muchas zonas, como Barasona, La Sotonera, Yesa, La Tranquera, donde se practica la pesca deportiva y donde nuestras gentes, las gentes que viven allí, son firmes defensoras del medioambiente, firmes defensoras del desarrollo rural. No creo que se les pueda tildar de personas antiecologistas, pero, sinceramente, creo que esa ecología que se practica desde los sofás de las casas poco bien está haciendo a los territorios.

Les decía que nos enfrentamos al reto de tratar de buscar la compatibilidad entre la defensa del medio natural, la defensa de los ecosistemas de cada una de las zonas, la defensa de la biodiversidad y la defensa de un ecosistema que no es menos importante, que es el de los cientos de hombres y mujeres que viven en esas zonas, que se quieren mantener en sus pueblos y cuya actividad depende en buena medida —en estos casos que acabo de citar— de la pesca recreativa y de la pesca deportiva. Cero que no está reñida una cosa con la otra porque parto de la base de que estas personas son las principales defensoras del medioambiente y de sus ecosistemas. Por lo tanto, el reto al que nos enfrentamos es este y no otro.

Decía la senadora Freixanet que lo que pretendíamos con estos cambios que introdujimos en la ponencia no era otra cosa que burlar la sentencia. No, senadora, yo creo que no, lo que estamos haciendo es ejercer nuestra responsabilidad como legisladores. La sentencia de 16 de marzo de 2016 provocó una gravísima inseguridad jurídica. Es verdad que esta ley —una ley de la época Zapatero— ya venía precedida de dos modificaciones de dos reales decretos y también de una ley, la Ley 33/2015, que el Tribunal Supremo parecía desconocer. Pero yo no vengo aquí a criticar la sentencia del Tribunal Supremo —me parece bien lo que hizo el Tribunal Supremo—, porque nuestra obligación, como legisladores, es dar seguridad jurídica a los sectores y buscar soluciones que permitan compatibilizar ambos extremos. Como decía, esta sentencia provocó una gran inseguridad jurídica en el sector y desplazaba la obligación de dar muerte a estas especies —en la zona que yo conozco hablo, sobre todo, de la trucha arcoíris y de la carpa común— precisamente a los pescadores, inhibiendo de cualquier responsabilidad a la Administración. Por si fuera poco, cada comunidad autónoma se comportó de manera desigual: en Aragón fuimos más papistas que el papa y sacamos un plan de pesca que fue objeto de una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón —imagínese lo que vería— y que finalmente —hace muy poquitos días— ha tumbado una sentencia del mismo tribunal. Mientras tanto, en Extremadura y en Andalucía se hizo una planificación distinta y se seguían manteniendo los protocolos previos a la emisión de la sentencia. En definitiva, un desconcierto que produjo que se anularan cientos de licencias, al menos en nuestra zona, lo que trajo consigo el cierre de negocios, el cierre de comercios, el cierre de muchos establecimientos de restauración, hostelería, tiendas, alojamientos hoteleros, cuando esas zonas dependen prácticamente al 100 % de la pesca recreativa y, con ello, el abandono de nuestras gentes de esas tierras, gentes que son los principales tenedores y sostenedores del territorio con su acción diaria y los que más comprometidos están con el medioambiente.

Señorías, nosotros presentamos nueve enmiendas de las cuales se han incorporado un total de siete. He hablado de la que incorporaba el artículo 64 ter, al que he hecho referencia, que creemos, sinceramente, que alcanza ese punto de compatibilidad entre la necesidad de defender los ecosistemas de cada zona y las principales fuentes de recursos y de sostenimiento de las actividades económicas y sociales, pero, además, establece mecanismos para que se erradiquen esas especies cuando no se hayan naturalizado y sean un verdadero peligro para los ecosistemas o la biodiversidad de las zonas. Además de esa enmienda, incorporamos algunas otras que pretenden dar seguridad jurídica a esta proposición de ley, porque, ciertamente, la proposición de ley que habíamos recibido —lo digo con todo el respeto hacia los compañeros del Congreso, que hicieron un buen trabajo, porque, efectivamente, el itinerario de esta ley en estos casi dos años ha sido muy complicado— admitía algunas mejoras que son las que entre todos hemos incorporado en la ponencia que hoy se va a debatir en el Pleno de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Santos.

Tiene la palabra el senador Álvarez Cabrero.

El señor ÁLVAREZ CABRERO: Gracias, señor presidente.

Como ya se ha explicado, estamos ante una proposición de ley que parte de la iniciativa del Grupo Popular con el objeto de compatibilizar la lucha de especies exóticas e invasoras con la caza y la pesca de algunas de ellas. El único objetivo es dar flexibilidad de manera equilibrada a la lucha contra la expansión de estas especies y evitar su actual expansión incontrolada.

Se han presentado tres votos particulares correspondientes al Grupo Mixto, Grupo Podemos y Grupo Socialista. Muchas de las enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete van en el mismo sentido de las que ha presentado el Grupo Unidos Podemos y otras en el sentido de las presentadas por el Grupo Socialista, no todas, pero bastante parecidas. Por lo tanto, cualquier explicación que les dé ahora al Grupo Socialista y a Unidos Podemos les vale a ustedes. Por lo menos yo lo entiendo así, si no, se la doy a ustedes también.

Voy a empezar por las enmiendas de Unidos Podemos. Nos han dicho que somos un peligro o una amenaza para el medio natural y acusan gravemente a la presente proposición de evitar los efectos de la cosa juzgada en la sentencia 637/2016. Nada más lejos de la realidad jurídica. Uno de los apartados de esta sentencia dice: Esta Sala no puede determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los declarados nulos. El mismo tribunal puede intuir que se cambiará la ley. De hecho, la sentencia está juzgando los límites de la ley, si los hemos vulnerado o no en la confección del reglamento. El Poder Judicial, según se señala en esta enmienda, no crea normas jurídicas, sino que juzga su legalidad, entre otras, establece doctrina, pero creo que ustedes han olvidado que somos el Legislativo. Aquí creamos, modificamos o derogamos leyes y estamos sometidos a la Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otros, y de manera específica a ellos. Pregunten, porque yo creo que no están bien enterados de algunas de sus situaciones.

Por otro lado, trasponen ustedes textos jurídicos sobre derechos de las aves, textos que están totalmente plagiados. No es por nada, pero esto lo hemos detectado en otros textos jurídicos que están en vigor. En otra de ellas dicen que el concepto de especie naturalizada carece de fundamento científico y técnico. Bien, el glosario de la ciencia lo contempla como especie animal o vegetal aclimatada en un ambiente que no es el suyo o se mantiene por sí misma. A esto nosotros añadimos —ahora sí— un concepto jurídico determinado, y además con un interés social o económico. Social, bonita palabra cuando hablamos a la calle, pero luego aquí nos la pensamos, ¿verdad?

Rechazan, desde el punto de vista administrativo, que el consejo estatal pueda aplicar un mecanismo excepcional en caso de motivo imperioso. La ley es la que le da esa potestad. Estamos hablando de una ley, señorías. El consejo está conformado por profesionales del sector, federaciones de caza, consumidores, colegios profesionales, propietarios de terrenos... Ustedes critican bastante esta posibilidad. Si está en manos del consejo, ¿quizás es porque están allí las federaciones de caza y de pesca? Será por eso. Ustedes son muy amigos de los asuntos asamblearios, etcétera, pero de todos, porque si nos gustan, nos tienen que gustar todos, y más uno creado por ley.

Proponen un título competencial por el que se diga que la ley se dicta en desarrollo del artículo 149.1.23, competencias básicas del Estado. Pues miren ustedes, nuestro espíritu es el del 45.2 de la Constitución, que dice así: Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales. Sí, naturales. No me van a decir que el cangrejo rojo, el black bass o la carpa son máquinas o especímenes modificados por el hombre; que yo sepa, no; son recursos naturales. Además, la Constitución encuadra ese artículo entre los principios rectores de la política social y económica y manda al legislador, que somos nosotros, la utilización racional de todos. Precisamente, fue la Comisión Constitucional de esta Cámara quien, en los debates de la ponencia constitucional, modificó ese artículo; de esta Cámara partió ese artículo. Luego volveré sobre alguna enmienda más de ustedes.

Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, señor Palomo, su ley, la Ley 42/2007, prohibía aprovechar esos recursos. Han dicho por aquí que no. Pues estaremos viendo leyes diferentes, pero la ley prohíbe aprovecharlos, si no, la sentencia del tribunal no habría dicho lo que ha dicho. Nos gusta la sentencia cuando nos conviene o no nos la leemos. Yo me la he leído cuatro veces, del principio al final y del final al principio, y dice lo que dice sobre la base de la ley, porque estaba juzgando el 630/2013, que es un reglamento.

El Grupo Socialista habla en muchas de sus enmiendas de los recursos alóctonos. No lo hace en exceso, lo que cree conveniente, pero si tensáramos mucho la cuerda, la agricultura se quedaría paralizada. Creo que ambas partes lo tenemos muy claro. También con la modificación de la ley damos potestad a las comunidades autónomas. Eso de podrán o no podrán... Ya estamos con lo de que se puede o no se puede. Hay que decir con firmeza: deben tener potestad en estos temas.

A veces, para erradicar una especie es necesaria su gestión. No lo vean tan fácil como aparecía en una noticia que leí en prensa y que decía que el Ayuntamiento de Madrid se planteaba electrocutar a más de 14 000 especies que había en cierto lago de Madrid con un método masivo: la electrocución. Tanto que hablamos de maltrato animal, ¿eso no lo es? No es tan fácil. No se puede hacer así. Los informes científicos ya lo están diciendo: es imposible, hoy por hoy, erradicar la mayor parte de estas especies.

Proponen textos alternativos. Si los leemos, son enmiendas que atraen como el cebo del anzuelo al pez —y nunca mejor dicho—; atraen con ese léxico, pero, al final, lo que pretenden es volver al texto de la Ley 42 original.

En general, respondiendo a todas las enmiendas de unos y de otros, la erradicación de alguna de estas especies, como he dicho, es materialmente muy poco posible. Digo poco posible porque lo mismo en el futuro nos llevamos una sorpresa. Al cangrejo rojo, cuando lo sacabas del río, le tenías que dar con un madero o llevarte un infiernillo para no transportarlo vivo, que es lo que realmente estaba prohibido. Pero también estaba prohibida la tenencia, y lo sigue estando.

Hablando de la carpa, he de recordarles que, en una campaña arqueológica en el Sena, se encontraron los restos de una embarcación en cuya bodega aparecieron restos de carpas fosilizados.



Aquello tenía más de 6000 años. Creo que ya nadie niega que los informes científicos dicen que el cangrejo que todos llamamos autóctono es una especie introducida por Felipe II. Yo iría más allá: el cangrejo, para formar un buen caparazón, necesita aguas calizas y duras como las de los ríos en Italia. Ya veremos si los arqueólogos no nos dan una sorpresa dentro de unos años y nos hablan de Roma al referirse al cangrejo que aquí llamamos autóctono. Nosotros, ¿qué somos?, ¿autóctonos o alóctonos? Si salimos de Dubai o de la sima de Atapuerca, ¿qué somos? ¿Dónde está la línea que nos marca que algo es autóctono o alóctono? ¿Dónde está? Es también un concepto jurídico indeterminado. No ha habido ninguna enmienda en ese sentido.

Por supuesto, la trucha arcoíris no tiene ninguna capacidad reproductora; son asexuales. Y se llevan repoblando desde hace más de un siglo en nuestras masas de agua continental. Las actividades deportivas de la caza y de la pesca, como ya se ha dicho aquí, suponen toda una red de fijación de la población rural. No lo podemos negar, porque estábamos legislando a la contra de lo que había que hacer. Aquí lo que hemos dicho es que las especies que todos conocen son especies exóticas e invasoras y que hay que olvidarse de ellas; no se pueden cazar, no se pueden pescar y tienen que quedar ahí. ¿Cuál ha sido el resultado en general desde 2007? La expansión brutal de estas especies. Lo que hay que hacer es cazarlas y pescarlas porque la Administración ni puede ni tiene recursos para que estas especies se controlen. Si no las podemos erradicar, hay que controlarlas.

Desde finales del siglo XIX se han introducido más de 2 millones de toneladas de trucha arcoíris en nuestros ríos, unos 10 millones de ejemplares. Se constata que esta especie —como ya he dicho y vuelvo a repetir— no se reproduce, no se hibrida, pero es que lo constatan los informes científicos que, a su vez, se elaboran sobre la base de los informes técnicos y los trabajos de campo de pesca eléctrica y de extracción de pesca en los ríos para saber qué es lo que hay en ellos. Eso no lo podemos negar, en absoluto. Yo he estado haciendo pesca eléctrica durante diez años. ¡Cómo me van a contar aquí lo contrario, por favor! De ahí han salido informes técnicos, y yo quiero ver los informes técnicos sobre los resultados que hemos puesto encima de la mesa. Dicen los técnicos que la trucha común es una de las más invasoras del mundo. También está en tela de juicio si la trucha común vino de los ríos del centro de Europa.

Para finalizar, yo les pido a los senadores del Grupo Socialista que no hagan caso a voces y cánticos de sirena. Apoyen al medio rural de verdad. Pueden hacerlo. Apoyen con nosotros al medio rural. Han cambiado ustedes su sentido original. No lo hagan, no permitan que se les acuse de presentar enmiendas que son copia literal de las de Podemos, no lo consientan. No permitan que se diga que están ustedes en manos de ese partido. No permitan que se diga que ustedes se han apartado por completo de sus compromisos con la gente del medio rural. Esto no lo digo yo, yo lo reproduzco —ahora les diré de dónde lo he sacado—. Dicen que estas enmiendas son las de Ferraz y no la de sus comunidades, las de sus ayuntamientos y sus diputaciones. No permitan que les digan que los intereses de Ferraz son contrapuestos a los del territorio rural. Lo dice este documento que les muestro, que no es mío ni del Partido Popular, sino que lo tienen los pescadores y cazadores de toda España. Esto es lo que pone aquí, y les he entresacado lo más fino del documento.

Ustedes y el Partido Popular, y el Partido Popular y ustedes —el bipartidismo que llaman otros, los partidos cuña— fuimos capaces de limpiar durante años los ríos españoles, cuyo estado lamentable, vergonzoso, fue la verdadera causa de la pérdida de biodiversidad. ¡De eso no ha hablado nadie en ninguna enmienda! De esa pérdida de biodiversidad vienen algunas de estas consecuencias. Las propuestas de estos partidos solo pretenden cerrar el medio rural al hombre, que es uno de los graves daños que se puede causar a la biodiversidad.

Cuando yo era alcalde de mi pueblo, el Partido Socialista colgó unos carteles —todavía quedan en algunos lugares— que decían: Este pueblo no se vende —ahora no recuerdo por qué se decía—. Pues miren, con su propuesta de retirar las enmiendas 16 y 31 del Grupo Popular, que son las ruedas del vehículo que ha salido del Congreso de los Diputados, que son la clave de esta modificación legal en lo que se refiere al mundo de la pesca y del hombre en el medio rural y de todos los negocios que lo circundan, permítanme que les diga que los pueblos, vendidos están. Así que, por favor, reflexionen, aquí y en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Álvarez Cabrero.

Pasamos, señorías, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

A mediados del pasado mes de junio de 2017, Foro ya expresó en el Congreso de los Diputados el apoyo a la toma en consideración de una proposición no de ley en torno al patrimonio natural y la biodiversidad que diera solución al grave problema planteado por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló, a instancias de diferentes grupos y asociaciones ecologistas, varios puntos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, aprobado por el Gobierno.

El Pleno del Congreso rechazó entonces aquella toma en consideración, lo que prolongó una situación crítica que afecta y perjudica con severidad a todas aquellas personas y sectores que tienen su modo de vida en torno a los beneficios medioambientales, económicos y sociales que generan las actividades piscícolas y cinegéticas. Si en aquel momento ya era urgente la modificación legislativa, ahora ya es cuestión de emergencia para atajar y corregir las secuelas que se están sufriendo como consecuencia de la invasión de especies exóticas, que incluso con la salvaguarda de protección se han convertido en grandes depredadores de otras especies autóctonas de nuestra fauna ibérica.

Senadora Freixanet, hace muchos años yo pensaba como urbanita madrileña algo muy parecido a lo que usted hoy ha expresado en esta Cámara, pero desde hace veinticinco años vivo en el medio rural y considero que el panorama es completamente distinto. La gente que preserva el entorno y que defiende las especies son los que habitan el territorio y precisamente el territorio está cambiando porque se está despoblando a causa de prohibirles el único divertimento que tienen, que es la pesca y la caza.

Señorías, confío en que salga adelante esta iniciativa parlamentaria y que lo antes posible se corrijan las prohibiciones genéricas que han conllevado la protección de varias especies catalogadas como exóticas invasoras, como es el caso de la carpa común o la trucha arcoíris, impidiendo la posibilidad de su pesca deportiva, que al igual que la actividad cinegética mantiene un alto compromiso con la conservación y el equilibrio de las especies y constituye un importante apoyo económico para muchos de nuestros núcleos y entornos rurales. No está de más señalar que desde la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la captura de estas especies se han cerrado muchos establecimientos comerciales y decenas de piscifactorías, arrastrando la pérdida de miles de puestos de trabajo y de varios millones de euros. Señorías, el voto de Foro volverá a ser favorable a esta imprescindible modificación legislativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Hablamos hoy de la Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Intervengo para fijar nuestro posicionamiento, pero, en primer lugar, me van a permitir que haga una observación respecto al costoso trámite de esta ley, que, ciertamente, ha sido casi una carrera de despropósitos. Entendemos que el tema es delicado y que seguramente algunos se pueden sentir presionados. Ya en el Congreso hubo grupos parlamentarios —ya se ha dicho aquí— que fueron cambiando de opinión a medida que iba avanzando el debate, y seguramente las presiones; también hubo errores en el trámite de enmiendas, con numerosas transaccionales que supusieron errores en la votación y la inclusión de enmiendas in voce en último momento. Pues bien, algunos de estos errores en la votación supusieron suprimir de este texto el artículo 64 ter. Es cierto, señorías, que nosotros, por error, quitamos este artículo con el que estábamos de acuerdo, pero mis compañeros del Congreso se comprometieron a remediar el error en el trámite del Senado. De ahí que incorporemos este artículo.

Señora Freixanet, para su tranquilidad, seguidismo partidista, cero, ningún seguidismo partidista. Nosotros, a pesar de que a veces resulte incómodo, hacemos nuestro trabajo defendiendo a nuestros territorios y lo que creemos que es justo para ellos. Seguidismo partidista no hay y la prueba es que en la comisión, presentando un artículo idéntico al planteado por el Partido Popular y el Partido Aragonés, fueron capaces, por falta de seguidismo político, de votar a favor y en contra de la misma cosa para no votar nuestra propuesta. Por tanto, partidismo político y seguidismo, cero.

Desde el primer momento nuestro grupo consideró necesaria la actuación porque esta regulación resultaba a todas luces insuficiente, si se conocen los territorios y la problemática que conlleva, en algunas zonas más que en otras porque no hay homogeneidad en las zonas ni en lo que supone en cada una de ellas. En este sentido, en el trámite en el Congreso presentamos enmiendas que pretendían clarificar respecto de las especies naturalizadas —eso que usted dice que es un invento—, introducir mejoras en los procedimientos de gestión del catálogo de las especies exóticas invasoras —pensamos que es fundamental— y que las comunidades autónomas pudieran implementar sus propios catálogos, incorporando en ellos tanto las especies descatalogadas como las especies afectadas por procedimiento de suspensión, como las naturalizadas. Además, como ya lo tenían reconocido, proponíamos que las comunidades autónomas pudieran suplementar, es decir, endurecer las prohibiciones que el Estado dispone más allá de las decisiones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Señorías, estamos a favor de preservar el patrimonio natural, nada de antiecologistas; estamos a favor de la biodiversidad y en este sentido gestionamos las especies invasoras, el problema es cómo lo hacemos. Yo vengo de una zona en la que el 80 % del territorio está afectado por figuras de protección. La gente que vivimos allí no solo soportamos la presión para garantizar el medioambiente y la biodiversidad, sino que entendemos que tiene que ser así y nos lo creemos. Por tanto, antiecologistas, por favor, no.

El problema es que este tema no es fácil. Fíjense, cuando aplican el Reglamento 1143/2014 de la Unión Europea, catálogos de especies, nos dicen que no es fácil porque hay que tener en cuenta los gastos de aplicación, los costes de inacción, las características de cada especie y de cada zona, porque todas las especies invasoras no afectan igual a las autóctonas; también deben tenerse en cuenta los riesgos y las formas de introducción: si se introdujeron legalmente, cuándo, quién y cómo se soluciona; y legalmente no son iguales las mismas afectaciones. Asimismo, Europa dice que también hay que tener en cuenta los beneficios sociales y económicos; no solo, pero también hay que tenerlos en cuenta.

Nosotros estamos por la preservación, nos gusta más que lo de la recuperación. El olivo es una especie invasora, lo dicen los estudios científicos. ¿Adónde nos remontamos? ¿Acabamos con los olivos en todos los territorios? Por tanto, no es una cuestión de cero o cien. La Comisión Europea pide equilibrio.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, señor presidente.

Y sí, señoría, somos valientes porque utilizar matices en este debate que es tan fácil llevarlo a un extremo o a otro es para ser valientes, pero nosotros lo somos porque conocemos nuestros territorios y cómo les afecta esto. Soy senadora electa y tanto en el Alt Pirineu como en Lleida sabemos lo que supone, y nuestras gentes nos piden que reaccionemos, que preservemos la naturaleza y la biodiversidad, pero también sus derechos. Por eso, señoría, votaremos a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

Al final, creo que se ha dicho casi todo lo que había que decir sobre esta proposición de ley y lo que genera la sentencia del Tribunal Supremo, de agosto de 2016, que anulaba algunas disposiciones del Real Decreto 630/2013 al entender que este incumplía la Ley 42/2017. Evidentemente, la única solución para paliar esta situación era modificar la ley. Lo que pretende esta modificación, además del control y erradicación de las especies exóticas invasoras por parte de la Administración, es que también la caza y la pesca sean herramientas válidas para ello. Por eso la ley propone que en aquellas áreas ocupadas por dichas especies exóticas invasoras antes del 2007 —este aspecto es importante y conviene decirlo— se pueda cazar y pescar para su control y para su teórica erradicación. Pero además permite autorizar la suelta de truchas arcoíris en tramos concretos en los que se permitirá recuperar los denominados cotos intensivos de pesca, y como estas truchas se crían en piscifactoría es una oportunidad para mantener las empresas en marcha, así como por su interés para la pesca deportiva.

En el Grupo Vasco entendemos sin ninguna duda, en este tema y en todos los demás, que es imprescindible ser exquisitos con la precaución de no introducir especies invasoras en nuestros entornos naturales, pero también entendemos que es importante tener en cuenta la repercusión que tienen algunas de estas especies que llevan mucho tiempo conviviendo en los espacios naturales que nos rodean, sobre todo su caza y pesca, en las economías y en el desarrollo rural de algunas zonas muy vulnerables. En definitiva, la cuestión medular es que esta proposición de ley intenta habilitar la posibilidad de llevar a cabo la actividad de caza y pesca de especies catalogadas como especies invasoras objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, siempre introducidas —repito— antes del 2007, para su control o erradicación con el fin de evitar que se extiendan fuera de los propios límites de sus áreas de distribución; una posibilidad que en todo caso deberá ser autorizada por las comunidades autónomas.

En lo que respecta a la ley, me atrevo a decir que casi por primera vez o por una vez no parece que haya una controversia competencial, precisamente porque esta norma otorga habilitaciones importantes a las comunidades autónomas para el control y la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión de estas especies invasoras; incluso la suelta de la trucha arcoíris requerirá autorización administrativa autonómica. Nosotros entendemos que si surgiera esta polémica estaríamos hablando de no controlar nada, pero no es el caso, nosotros tenemos absoluta y plena confianza en el control que ejerce, por lo menos la Comunidad Autónoma Vasca, en su entorno natural, así como las diputaciones forales sobre la base de sus servicios de montes, de caza y de pesca. Consideramos, también lo ha dicho la senadora Santos y lo ha repetido la senadora Rivero, que quien tiene que gestionar esto es quien está en el medio, teniendo en cuenta todo aquello que sea importante para decidir la repercusión de la especie invasora, la coexistencia con especies no invasoras, con especies autóctonas, y también la repercusión que tiene en la economía e incluso en la cultura o en la gastronomía de las zonas en las que está implantada, y para eso nos hemos dotado de servicios de inspección y de los correspondientes departamentos de Medio Ambiente, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca de los servicios forales de caza y pesca, etcétera.

Por todo esto vamos a votar que sí a esta iniciativa, buscando volver al texto que en un principio por un problema que tuvimos en el Congreso no pudimos aceptar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cazalis.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas. (Rumores).

Ruego a sus señorías que guarden silencio. (Continúan los rumores).

Señorías, ruego guarden silencio, por favor, para continuar el Pleno con normalidad. (Pausa).

Senadora Quetglas, tiene la palabra.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente. Bon dia.

Señorías, como bien sabemos, estamos debatiendo la modificación de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Esta iniciativa del PP, como también supongo que saben, pretende esquivar una sentencia del Tribunal Supremo y así indultar a una serie de especies exóticas invasoras, poniendo en riesgo toda la normativa para prevenir y luchar contra esta grave amenaza para la biodiversidad. La modificación de la normativa pretende anteponer los criterios políticos y económicos a los criterios técnicos y científicos, de manera que cualquier especie dejará de considerarse invasora solo por atender al interés de sectores concretos. La proposición de ley del Partido Popular a todas luces empeora la ley, rebaja las garantías para las especies autóctonas y para el patrimonio natural de todas las personas que vivimos en este país de países.

Voy a hacer un rápido repaso de la historia legislativa que nos atañe. En España ya se obligaba a las administraciones a tomar medidas para evitar la introducción de especies alóctonas en la Ley 4/1989 y la Ley 42/2007, la que pretenden modificar, señorías del PP, fue un paso más allá y especificó la necesidad de desarrollar un catálogo de especies exóticas invasoras. En 2011 se desarrolló el catálogo por un real decreto que no tardó el Gobierno del PP en derogar y sustituir por el vigente Real Decreto 630/2013 para satisfacer a los mismos sectores que pretenden contentar con esta proposición de ley y que fue parcialmente anulado y modificado por el Tribunal Supremo en la ya citada sentencia del 2016.

Ahora el Grupo Popular pretende modificar la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para salvar lo declarado ilegal de aquel real decreto, vaciando de efecto la sentencia del Supremo para que nada cambie y la pesca y la caza deportiva y otras explotaciones económicas se sigan desarrollando como hasta entonces, poniendo de este modo en peligro el equilibrio natural y la conservación de la biodiversidad.

No podemos olvidar que las especies invasoras son la segunda causa de destrucción de la biodiversidad. Nada menos que proponen cambiar la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para que la sentencia quede en nada, en papel mojado, y me pregunto: qué tipo de políticas propugnan ustedes, qué uso están dando a las instituciones. Mucho nos tememos que nos lo van a demostrar en crudo lo que queda de legislatura. Ustedes se llenan la boca de legalidad en determinados territorios, pero para defender el medioambiente la legalidad no importa y si hay que cambiarla para burlar a la justicia y desproteger la naturaleza pues allá vamos, como están haciendo con esta proposición.

Una vez puesta en evidencia su incoherencia, paso a explicarles en cinco puntos los motivos de nuestro rechazo a esta modificación de la ley. Primero, porque ataca el mismo concepto y contenido del catálogo español de especies exóticas invasoras y desarticula los mecanismos de lucha contra esta amenaza de la biodiversidad. Segundo, porque el ámbito que fija la proposición de ley es precisamente el declarado nulo por el Tribunal Supremo. Tercero, porque supone la renuncia de competencias administrativas y la desconsideración —y esto también es muy importante— de la validez de la prueba científica. Cuarto, porque implica una inteligencia y aplicación errónea del Reglamento europeo de especies exóticas invasoras en la acuicultura. Y quinto, porque tergiversa el concepto de recurso zoogenético para tratar de convalidar la norma anulada por el Supremo.

Quiero trasladarles una última consideración, aunque no por ser la última dejar de tener su importancia. La proposición de ley que nos ocupa ha sido propuesta por el Grupo Popular, que hasta hace nada era el partido del Gobierno. ¿Cómo se explica entonces que la modificación de Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad no entre en las Cortes como proyecto de ley del Consejo de Ministros? Tal vez la respuesta es que semejante despropósito legislativo no hubiera superado sin bochorno ni uno solo de los trámites del proyecto de ley.

Señorías, es nuestra intención contribuir a mejorar la protección de nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza, no ponerla a los pies de los intereses de la pesca, la caza deportiva o los peleteros. La sociedad, el medioambiente y el planeta piden a gritos que los grupos parlamentarios actuemos con responsabilidad en el presente para el futuro de las generaciones y del planeta.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora QUETGLAS QUESADA: Acabo.

Por eso rechazamos la proposición de ley que hoy votaremos aquí.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Antes de nada quiero hacer dos aclaraciones. Una va dirigida a la senadora Santos, del PAR, para que esté tranquila: el Grupo Parlamentario Socialista siempre tendrá en cuenta los intereses sociales que puedan verse afectados por esta proposición de ley o por cualquier otra, o los que se deriven de ellas; tenga usted la completa seguridad de esto, no hay ningún problema en este sentido. La otra la dirijo al senador Álvarez Cabrero: quiero aclararle que la sentencia del Tribunal Supremo desautoriza el real decreto de 2013 del anterior Gobierno, no a la ley de 2007. Insisto: desautoriza el real decreto que había modificado la ley. Por tanto, tampoco hay ninguna duda: ha quedado bien claro que el Tribunal Supremo no comparte los criterios que mantuvo el Gobierno del Partido Popular cuando hizo ese real decreto, aunque los estén reproduciendo hoy en esta proposición de ley; eso está meridianamente claro. Eso quiere decir que el Tribunal Supremo podría volver a desautorizar esta proposición de ley, si se quedara como quiere el grupo mayoritario de esta Cámara, con los mismos criterios con los que desautorizó el real decreto.

Es sabido, además —y hay que repetirlo porque es completamente imprescindible—, que estamos haciendo una legislación básica que después tienen que aplicar, complementar e incluso modificar parcialmente las comunidades autónomas. Les estamos dando a las comunidades autónomas unas facultades según las cuales pueden hacer una interpretación más amplia o más restrictiva de esta proposición de ley, y eso lo tenemos que tener en cuenta porque al final donde se producen la conflictividad y la diferencia de criterios es en la gestión de la actividad cinegética y piscícola, porque en el resto parece que no hay mayor problema, no hay mayor discrepancia; es solo en esta materia. Pues bien, si la actividad cinegética y piscícola es la causa de los intereses contradictorios en la regulación de las especies foráneas, tendremos que ser especialmente cuidadosos con las comunidades autónomas, porque sería irresponsable pasarles la patata caliente y dejar que sean ellas las que incumplan los criterios que se derivan de la sentencia del Tribunal Supremo. Ya no son solo criterios de grupos políticos, no son solo criterios de organizaciones ideológicas, ya tenemos una sentencia que nos dice por dónde no se puede volver a ir, que es defraudando el espíritu de la ley de 2007, que es lo que hacía el real decreto de 2013.

La intención de nuestro grupo es dejar claro que no se pueden seguir autorizando sueltas de especies exóticas, que es en lo que estamos, porque a este punto hemos llegado en el artículo 64 ter, que tanto se ha mencionado aquí y que es el emblemático, el que deja en evidencia a qué apostamos cada uno de los grupos políticos. Se nos dirá que la autorización, prevista en ese artículo, de la suelta de trucha arcoíris en nuestros ríos se hace en unas condiciones previamente fijadas y muy restrictivas que prácticamente harían imposible que se reprodujeran, como ha dicho el senador Álvarez Cabrero. Pero también es cierto que, autorizando la suelta de trucha arcoíris, se envía un mensaje muy negativo a los ciudadanos porque seguimos primando los intereses de la pesca deportiva sobre los conservacionistas. Ya se ha dicho que evidentemente esta compite por el mismo espacio con la trucha común y también es evidente que eso tiene un efecto.

En último extremo, si las comunidades autónomas optaran por soltar legalmente ejemplares de trucha arcoíris, ¿cómo se podrían distinguir esos ejemplares de los que podrían soltar, por ejemplo, los particulares? Pues de ninguna manera. El argumento que contiene el tenor literal de la proposición de ley es que la trucha arcoíris se suelta para disminuir la presión sobre la trucha común, pero eso significa que alguien piensa que un pescador deportivo va al río, ve una trucha común y una trucha arcoíris y opta por intentar pescar la de menor calidad deportiva y gastronómica, que es la truca arcoíris. Es completamente infantil pensar eso, porque es de suponer que el pescador no es tonto, y un auténtico pescador va a intentar pescar la más valiosa, y además todo el mundo sabe que en el plato la trucha arcoíris es mucho peor que la común. (Aplausos). Por lo tanto, ese no es el caso.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor PALOMO GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.

Es evidente que detrás de esto hay otro interés y no es social, es otro interés, al que se es sensible o no se es, pero es más importante el interés medioambiental, que es el que se trata de proteger con esta legislación, tal y como nos ha mandatado ya una sentencia del Supremo que hay que respetar. Por lo tanto, si se mantiene en estos términos el tenor literal de la proposición, tal como ha manifestado el Grupo Popular, nuestro grupo se abstendrá,

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Palomo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias. Buenos días.

Evidentemente, en el Grupo Popular apoyamos esta modificación de la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad que, a nuestro entender, permitirá a los sectores afectados encontrar una solución que compatibilice la protección del medioambiente con las actividades comerciales, deportivas turísticas y de ocio de algunas especies catalogadas como exóticas invasoras. Es importante dejar claro que la modificación de la ley continúa la lucha contra las especies exóticas invasoras. Esta modificación no pone en ningún momento en duda que las especies exóticas invasoras sean un peligro para la biodiversidad. Se trata de aprovechar económicamente estas especies invasoras, como se hacía hasta 2016, solo allí donde su erradicación se ha demostrado inviable o extraordinariamente costosa. Precisamente las actividades de caza y pesca permitidas pueden contribuir a nuestro entender al control y a la posible erradicación de las especies invasoras. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Esta ley busca en todo momento mantener el rigor de la norma original, pero dándole flexibilidad. Se ha comprobado que el legislador español, en la Ley 42/2007, actuó con mayor rigidez de lo que exigía el propio ordenamiento jurídico comunitario. Por ejemplo, el Reglamento 1143/2014, del Parlamento Europeo, en su artículo 9, facultaba a los Estados miembros a poder desarrollar actividades contra las especies exóticas invasoras cuando existiera un motivo imperioso de interés público, incluido de naturaleza social y económica. Eso es lo que nosotros hacemos con esta modificación. No tiene sentido, a nuestro entender, mantener una legislación que, siendo más rigurosa que lo exigido por la normativa europea, perjudique a las poblaciones de los territorios afectados, más aún si esa población ha encontrado modos de vida en el aprovechamiento de estas especies sin causar daños al medioambiente.

Lo que se pretende es cambiar el régimen legal de las especies exóticas invasoras, que, por sus especiales circunstancias, pueden ser objeto de aprovechamiento económico en determinadas zonas, sin comprometer los estándares ambientales y dentro de lo que permite el ordenamiento jurídico comunitario. Teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es permitir la caza y la pesca como métodos de gestión de determinadas especies, únicamente en áreas ocupadas desde antiguo por estas y en las que su erradicación resultaría técnicamente imposible. En determinadas circunstancias y de forma excepcional, la propia Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá reconsiderar la catalogación de una especie o levantar alguna prohibición de especies catalogadas. Hay que recordar que esta posibilidad también está en el Reglamento europeo por el que nos regimos. Solo se permite la suelta de una especie catalogada, la trucha arcoíris, de la que ya se ha hablado bastante; como se ha comentado, solo en tramos muy concretos del río, es un ejemplar monosexo y no son reproductoras. Con ello se da seguridad jurídica a la acuicultura, donde la cría de especies como la trucha arcoíris tiene importancia económica.

La modificación respeta, a nuestro entender, la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 y no pretende modificar el actual régimen de catalogación de especies. El catálogo, además, se basa en criterios de información técnica y científica disponibles sobre el potencial invasor de la especie. Son estas las únicas circunstancias que han sido ponderadas para incluir o no una especie en este catálogo.

Sobre la vertiente económica y las implicaciones que tiene esta ley en los territorios en donde hay especies invasoras para fijar población, a nivel de las ventajas para la caza y la pesca continental, debo decir que aportan unos 9000 millones de euros al PIB, y unos 3,5 millones de personas, algunas de las cuales han fijado su residencia precisamente en el campo articulando su modo de vida a través de ese aprovechamiento, se verán afectadas, en este caso beneficiosamente, si modificamos la ley.

Además, la modificación tiene repercusión —como he dicho— en la pesca deportiva continental, también se pueden constituir cotos intensivos de pesca y en la acuicultura, que generó una producción de 17 700 toneladas y un valor de 90 millones de euros. En cuanto a la caza, solamente con el aprovechamiento del arrui en la Sierra Espuña también obtenía beneficios para los propietarios de cotos y el turismo. Otro aprovechamiento que también tenemos que destacar es la explotación del cangrejo rojo en la zona de las marismas del Guadalquivir.

Para terminar, diré que con esta modificación pretendemos —así lo pretendemos nosotros y los grupos que van a apoyarla— proteger el medioambiente para que suponga una oportunidad de futuro y un desarrollo económico de nuestro país. La posibilidad de autorizar de nuevo un aprovechamiento económico de especies invasoras, además de contribuir a contener su expansión e, incluso, su erradicación, abre de nuevo una esperanza y una vía de futuro para miles de personas que hasta 2016 desarrollaban esta actividad económica compatible e, incluso, alineada con ella. La modificación legislativa es especialmente importante en regiones de interior, con graves problemas de despoblación y ofertas de empleo. En estas zonas estas actividades han sido, sin perjuicios para el medioambiente, un estímulo para la permanencia o el regreso al campo de la población.

Por todo ello, nosotros creemos que esta modificación es necesaria, es importante y va en beneficio de los ciudadanos y además tenemos que agradecer el apoyo a todos esos grupos que lo ven en el mismo sentido.

Muchísimas gracias.(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar la votación.

En primer lugar, votamos las enmiendas de la proposición de ley y comenzamos con las de los senadores Mulet y Navarrete. Votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 36; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 35; en contra, 158; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 92; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos las enmiendas 32, 33, 39, 40, 42, 45 a 47, 49 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE:



Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34, 35, 37, 41, 43, 44, 48, 51 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 93; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 35; en contra, 216; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 1 a 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 94; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 61; en contra, 191.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 16 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 82; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 156; en contra, 35; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 157; en contra, 35; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva del texto por S.M. el Rey.

Señorías, la Comisión de Reglamento se va a reunir a continuación en la sala Enrique Casas.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.



MINUTO DE SILENCIO EN MEMOTIA DE LAS ÚLTIMAS MUJERES FALLECIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMOTIA DE LAS ÚLTIMAS MUJERES FALLECIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 550/000061

El señor PRESIDENTE: Señorías, desde principios de año han muerto víctimas de la violencia doméstica catorce mujeres. Teniendo en cuenta que este es el último Pleno de este periodo de sesiones, como condena del Senado a este tipo de violencia, en recuerdo de las víctimas y como muestra de nuestra solidaridad y cariño a las familias, les pido que guardemos un minuto de silencio.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos).



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ÍNDOLE ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA QUE HAN CAMBIADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS PARA CONSIDERAR ADECUADO EL AUMENTO DE LA DOTACIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y QUE, SIN EMBARGO, IMPIDEN CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE LLEGAR A LOS DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS. 680/000562 FUENSANTA LIMA CID (GPS)


PREGUNTA SOBRE LOS CAMBIOS QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO DE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 680/000569 MARÍA ISABEL MORA GRANDE (GPPOD)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Preguntas.

La pregunta de la senadora Lima ha sido retirada.

La pregunta de la senadora Mora ha sido aplazada.



PREGUNTA SOBRE LOS APOYOS PARLAMENTARIOS CON QUE CUENTA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA PROMOVER LA COHESIÓN Y LA ESTABILIDAD DE ESPAÑA. 680/000570 JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ (GPP)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, preguntas al señor presidente del Gobierno, al que doy la bienvenida a este Senado y le deseo mucho acierto. (Aplausos).

Pregunta de don José Manuel Barreiro. Tiene la palabra su señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, quiero sumarme en nombre de mi grupo, en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara, a la bienvenida que el presidente del Senado acaba de expresarle y también a los deseos de acierto. En definitiva, y como le decía el otro día a su ministra de Hacienda, sus aciertos van a ir en beneficio de la sociedad española.

No le oculto, no obstante, que vemos el momento con preocupación; una preocupación que creo que no es solamente de nuestro grupo parlamentario, ni obviamente individual, como en mi caso: es una preocupación del conjunto de la sociedad española; una preocupación que puede, desde mi punto de vista, obedecer a múltiples causas y cuya exposición escaparía de una sesión como esta, de preguntas de siete minutos. De todos modos, intentaré resumirlas en un par de ellas.

En primer lugar, usted accede a la Presidencia del Gobierno a través de una moción de censura, un instrumento constitucional acerca del cual no hay nada que decir ni hay que ponerle ningún reparo; pero no es menos cierto que produce un hecho insólito en la democracia española: por primera vez hay un presidente del Gobierno que nunca nunca ha ganado las elecciones. Esto lleva consigo que también por primera vez se rompa, no un principio constitucional o ni siquiera un principio de carácter legal, pero sí una regla o una costumbre establecida también en el marco de la democracia española, donde se respetaba que aquel que ganaba las elecciones era aquel que iba a gobernar. En este caso, usted ha entendido que debía romperse, y ha buscado para eso una serie de apoyos, que son los que le han posibilitado que la moción de censura prospere.

A nosotros nos gustaría saber si esos apoyos que han facilitado la moción de censura son los mismos en los que usted va apoyarse para conseguir lo que entendemos son dos principios fundamentales para que el país pueda continuar por la senda de crecimiento económico, por la senda de creación de empleo, que constituyen en definitiva la mejor herencia que seguramente ningún presidente ha recibido en democracia, y que es la que usted ha tenido la posibilidad de recibir en este momento. Y para mantener esos dos principios, de cohesión territorial y de solvencia del país, es necesario tener una serie de apoyos desde el punto de vista político. A nosotros nos preocupa saber cuáles son; primero, porque a lo largo del propio debate de la moción de censura no le hemos oído exponer ningún modelo de país; y segundo, porque tampoco le hemos oído presentar ninguna propuesta programática, más allá de aquella que usted dice que va a poner en marcha: aplicar los presupuestos que el Partido Popular, que Mariano Rajoy, aprobó junto con otras siete fuerzas políticas. Y esto también genera incertidumbre, y lo vivimos a lo largo del día de ayer aquí, porque son unos presupuestos que ustedes dicen que hacen suyos, pero que luego no apoyan; que de alguna forma no comparten, pero que tampoco enmiendan. En definitiva, estamos introduciendo en todo el proceso momentos de incertidumbre, que me parece que son importantes, y que usted, a lo largo de estos quince días que lleva de presidente del Gobierno, no ha tratado de disipar.

Por tanto, yo le pediría que, a lo largo de este breve debate, nos trasladase —y no solo al grupo mayoritario aquí, en el Senado, sino al conjunto de la sociedad española— cuáles son los elementos en los que se va a apoyar para sustentar al mismo tiempo esos dos principios que me parece que son relevantes para el funcionamiento del país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señor presidente.

Aprovechando que esta es mi primera comparecencia en la sesión de control en el Senado, quiero agradecer en primer lugar las palabras y los buenos deseos del presidente del Senado, y, por supuesto, mostrar la predisposición, la voluntad, el ánimo del nuevo Gobierno a entender y abrir cauces con todos los grupos parlamentarios, y significativamente con el grupo mayoritario de la Cámara del Senado, que es el Grupo Parlamentario Popular.

En segundo lugar, quiero agradecer al señor Barreiro el tono de su intervención y la formulación de su pregunta, aunque lamente quizás el fondo, que trata de suscitar algunas dudas sobre un partido, el Partido Socialista, y sobre un Gobierno sustentado por el Partido Socialista que, si algo ha hecho ese algo ha sido precisamente defender siempre la Constitución española y el orden constitucional.

En todo caso, con carácter general, señor Barreiro, me gustaría situar en el marco del debate la relación que pueda tener el nuevo Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Es lógico que en una democracia parlamentaria exista un debate entre la oposición y el gobierno; es lógico que ustedes pretendan ser adversarios del Gobierno; lo que les pido es que no sean adversarios del Estado. Y digo esto porque, en la moción de censura que debatimos a principios del mes de junio (Protestas) y a finales del mes de mayo, ustedes volvieron a manifestarse como siempre que ven amenazada su posición en el Gobierno o cuando pasan a la oposición: sugiriendo que son poco menos que los únicos que garantizan la cohesión territorial y la unidad de España, que solo lo hace el Partido Popular. Es decir, que ustedes la lealtad de los demás grupos parlamentarios cuando están en el Gobierno, pero se olvidan, en cambio, de la lealtad cuando están ustedes en la oposición y otros en el Gobierno.

Lo que le pido al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, señor Barreiro, es que reflexionen sobre lo que ha ocurrido durante estos últimos años, y que reflexionen sobre lo que ocurrió cuando estaban ustedes en la oposición y había otro Gobierno socialista en el ejercicio de sus funciones. No podemos —y la sociedad española lo entendería— ver de nuevo al Partido Popular poco menos que instando al agravio territorial, a la confrontación territorial, o poco menos, señor Barreiro. Para decirlo de manera ilustrativa, no podemos ver al Partido Popular poniendo de nuevo mesas petitorias para alimentar el agravio territorial que precisamente nos ha llevado también a la situación en la que estamos. (Fuertes y prolongados aplausos).

Por consiguiente, no les voy a pedir que apoyen al Gobierno, pero sí que apoyen al Estado. (Rumores.— Protestas). Sí, que apoyen al Estado.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Respecto a su pregunta, señor Barreiro, que viene ahí formulada, de cómo vamos a promover la cohesión y la estabilidad en España, le diré que la estabilidad en España se da extirpando la corrupción de la vida pública. (Protestas). Y la cohesión, reconstruyendo el Estado del bienestar que ustedes desmantelaron cuando estaban en el Gobierno. (Fuertes y prolongado aplausos). Si hay que hablar de cohesión y de estabilidad, será difícil, por no decir imposible —aunque nunca vamos a perder la esperanza, señor Barreiro—, contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.

Señor Sánchez, creo que nosotros no contribuimos a sembrar dudas. Seguramente entre mis muchas limitaciones está que no me expreso siempre de la forma correcta, usted no me ha entendido o yo no me he expresado correctamente. Pienso que las dudas las siembran sus actuaciones. Simplemente, si cogemos un periodo muy corto, muy corto, muy corto de tiempo, a usted se le ha escuchado decir que nunca, ni antes ni durante ni después, pactará con el populismo. A un compañero suyo que se sienta en el mismo banco del Gobierno ahora se le ha escuchado decir que nunca aceptarían una moción de censura que estuviera apoyada por los independentismos. Y podría seguir enumerando una serie de cuestiones que ustedes antes decían de una forma... Ayer mismo le hemos escuchado a usted en una entrevista —la primera en quince días, y bienvenida sea— en la Televisión Española que usted decía que iba a agotar la legislatura, y no nos parece ni bien ni mal, simplemente que quince días antes decía usted lo contrario. Por lo tanto, las dudas no están en este lado, las dudas están en usted y en lo que usted ha dicho. (Fuertes y prolongados aplausos). Están en lo que usted ha dicho y en lo que usted hace, y yo creo que sería bueno que, efectivamente, usted como presidente del Gobierno ahora contribuyera a disipar esas dudas.

Obviamente, este grupo parlamentario y el partido que lo sustenta siempre va a estar donde siempre ha estado, y es al lado del conjunto de la sociedad española, y defendiendo los principios fundamentales que inspiran nuestra Constitución. Pero es que ahí también tenemos dudas, señor presidente, porque personas que hoy se sientan en el banco del Consejo de Ministros han planteado reformas constitucionales que tienen que ver con peticiones independentistas que a nosotros nos preocupan. Por eso esta es una ocasión importante para que usted trate de disipar esas dudas y por lo que en la pregunta le planteamos cómo va usted a garantizar la cohesión y la estabilidad, porque es imposible que funcione el Estado al que usted se refería sin esos dos principios. Y en este momento hay dudas. Todos sabemos cómo ha llegado usted al Gobierno, ha conseguido un objetivo personal —yo no tengo nada en contra; usted lo ha planteado como un objetivo personal y nada más—, pero, a partir de ahí, tenemos que ir a un objetivo de país, y ese objetivo de país hay que sustentarlo. Por tanto, la pregunta es: ¿Usted va a sustentar ese objetivo de país sobre la base de aquellos que explícitamente quieren romper España? ¿Usted va a sustentar ese principio de estabilidad sobre la base de aquellos que en este momento están siendo cuestionados, cuando menos, por la justicia por esas actuaciones? ¿Usted lo va a sustentar sobre la base de aquellos que han estado del lado que han estado y que le han apoyado a usted en la moción de censura? Todo eso usted no lo ha dicho, presidente, todo eso usted no lo ha dicho en la moción de censura, y eso es lo que la sociedad española le está demandando,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: ... y nosotros, como representantes legítimos de esa sociedad y como fuerza mayoritaria, es lo que le demandamos en el día hoy.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señor Barreiro.

Antes me reprochaba usted en su intervención que había tardado poco menos que quince días en aparecer en los medios de comunicación y demás. Sí le voy a decir una cosa como portavoz que es usted del grupo mayoritario en el Senado: que no voy a estar cinco meses sin aparecer por el Senado (aplausos), voy a tratar de someterme, como corresponde en el Senado, a la sesión de control, porque creo que una Cámara como esta merece también el respeto del Gobierno.

Sí les diré a todos los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular que se exijan en la oposición la misma lealtad que exigen en el Gobierno. (Rumores). Exíjansela a ustedes mismos porque creo que eso será bueno para el país y, como le decía antes, también para el Estado.

Hacía usted referencia a esa entrevista que hice ayer en Radiotelevisión Española —por cierto, un medio público que necesita de una renovación del consejo de administración,... (Risas.— Rumores.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): ... esperemos que ustedes en el Senado también ayuden a revitalizar y a regenerar esa importante institución—. Señor Barreiro, ayer se cumplían, creo recordar, doce años desde que los catalanes fueron llamados a votar en referéndum la renovación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que posteriormente ustedes recurrieron ante el Tribunal Constitucional, y pasó lo que pasó. (Rumores). En definitiva, lo que quiero decirles es que Cataluña ahora mismo es la única comunidad autónoma de nuestro país que tiene un estatuto que no fue aprobado por la sociedad catalana. Y ese es un problema político que tenemos que resolver. El Grupo Parlamentario Popular, que es el mayoritario en el Senado, debería también tomar nota de cuáles han sido las consecuencias de la estrategia que llevaron a cabo precisamente cuando eran la oposición al Gobierno del Partido Socialista.

Simplemente le diré una cosa, señor Barreiro. Fíjese, en el año 2006, la sociedad y los ciudadanos catalanes que apoyaban a partidos o a movimientos proindependentistas representaban el 15 %. Hoy representan más del 40 %. ¿No podrían ustedes sacar alguna conclusión de aquellos polvos, estos lodos, señorías del Grupo Parlamentario Popular? (Aplausos). ¿Van a volver ustedes a lo mismo de hace doce años? Señorías, creo que probablemente esa estrategia comportó algún rédito electoral en el pasado pero a costa de poner en riesgo el futuro y la convivencia entre españoles en nuestro país. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Nooo!). Sí, señorías, sí.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Yo solamente apelo a su reflexión, a su generosidad y a su sentido de Estado, y creo que eso será importante porque, efectivamente, el Partido Socialista, cuando ha estado en la oposición —y ustedes lo saben bien, hace escasas semanas— ha sido profundamente leal… (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Nooo!). Sí. Lo ha sido para garantizar el orden constitucional en circunstancias extraordinariamente complejas. (Aplausos).

Sí le diré, por terminar y por ceñirme, señoría, a su pregunta... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): … que las debilidades del anterior Gobierno son las fortalezas de este nuevo Gobierno: la regeneración democrática y la justicia social. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Señorías, guarden silencio.

Señorías, guarden silencio, todos. (El señor Martínez-Aldama Sáenz: ¡Maleducados! ¡Maleducados!).

Señor Martínez-Aldama, por favor, guarde silencio. A ver si podemos continuar.



PREGUNTA SOBRE LOS PLAZOS DEL GOBIERNO PARA LOS COMPROMISOS DE LA AGENDA CANARIA. 680/000577 MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES (GPN)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María del Mar del Pino. Tiene la palabra su señoría.

La señora JULIOS REYES: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor Sánchez, a esta Cámara, el Senado, que, según la Constitución, es la de la representación territorial pero que en la práctica solemos ser impotentes espectadores de los graves problemas territoriales que tenemos en España.

Le animo a potenciar los consensos necesarios para actualizar nuestra Constitución y para que el Senado sea una cámara útil para la cohesión territorial, para la ciudadanía y para la democracia. Permítame esta intromisión con mi propia pregunta, no le pido que conteste a esto, pero, como puede que no tenga otra oportunidad para expresarle el sentir de una senadora autonómica de la única región ultraperiférica que tiene España, a 2500 kilómetros de distancia frente a las cosas africanas, frente a las costas del Sáhara, que desde el Parlamento de Canarias, que es de donde vengo, que cree en el diálogo y en el consenso para recuperar la cohesión territorial y social. Dicho esto, ¡suerte en esta nueva tarea!

La pregunta es por la vulnerabilidad en que pueda quedar Canarias ante la nueva situación política en relación con la hoja de ruta trazada para el cumplimiento de los compromisos de la agenda canaria.

Señor presidente, ¿cuáles son los plazos de su Gobierno en el cumplimiento de los compromisos de dicha agenda?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias.

Señora senadora, gracias por los buenos deseos, gracias también por reivindicar el papel del Senado, que efectivamente creo que es muy necesario cuando estamos hablando de crisis territoriales que trascienden a una mera comunidad autónoma, en este caso a la comunidad de Cataluña, y también afectan al conjunto del modelo territorial. Creo que hay muchos temas que se tienen que sustanciar en el Senado como la financiación autonómica, como la cooperación entre comunidades autónomas, como la cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Sabe que la propuesta que he dirigido a los ministros y ministras que me acompañan en esta sesión de control es que precisamente todas las conferencias sectoriales, algunas de ellas que fueron olvidadas por el anterior Gobierno, se vuelvan a reactivar. Sabe también usted, porque así tuve ocasión de poder decírselo al presidente de la comunidad canaria la pasada semana, que desde luego vamos a hacer diálogos bilaterales con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos para desencallar algunas de las cuestiones que afectan a las comunidades autónomas.

Tengo que decirle que, en el debate de la moción de censura, precisamente a la diputada de Coalición Canaria y al diputado de Nueva Canarias les expliqué y les planteé el compromiso del Gobierno de España para con la agenda canaria. Nosotros hemos asumido como propio un presupuesto que nosotros no compartíamos evidentemente para dar estabilidad económica y certidumbre también a los agentes sociales y económicos que en un momento como el actual es importante cumplir. Ahí hay una serie de requisitos y de compromisos con Canarias que se van a cumplir y desde luego también todo lo que tiene que ver con el REF y con la actualización del Estatuto de Autonomía de Canarias. Esperemos que se pueda aprobar definitivamente a finales de este año, a finales de 2018. Este es el ánimo del Gobierno de España. Espero con esto haber respondido a su pregunta, al menos en términos globales. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Gracias, presidente.

Gracias por la contestación, pero insisto en la necesidad de concretar fechas y de hacerlo rápido. Nos cuesta explicar siempre a los nuevos equipos ministeriales, cada vez que hay una alternancia PP-PSOE, las particularidades de Canarias, y nos preocupa que esto pueda ser aún más difícil tras las próximas elecciones. Lo digo con conocimiento de causa porque en esta Cámara le hemos tenido que explicar a algunos de los partidos estatales, que se llaman nuevos, qué es eso de la RUP, que es algo que está en los tratados europeos, que no es un privilegio, como tampoco lo es el REF de Canarias, que está desde la época de la conquista y que está en la Constitución. En fin, comprenderá nuestra preocupación.

Me consta que no es su caso, ni tampoco espero que el de su equipo, pero los nacionalistas canarios negociamos la agenda canaria con la administración saliente pero también con usted cuando apoyamos la primera y fallida investidura. Señor presidente, le pido que se preocupe personalmente de que se cumplan los compromisos de la agenda canaria antes de que acabe esta legislatura para que la ciudadanía de Canarias deje de ser maltratada en sus derechos.

El estatuto de autonomía, efectivamente, está en los últimos trámites en el Congreso y cuenta con un gran consenso del Parlamento de Canarias. Sería una gran frustración que lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias por segunda vez no se apruebe en las Cortes Generales. El REF económico está también en la misma circunstancia y contiene cuestiones importantísimas como consolidar la subvención del 75 % del transporte o los incentivos ligados a la diversificación de nuestra economía para mejorar la cantidad y calidad de empleo en Canarias y que las generaciones jóvenes preparadas que tenemos no se tengan que ir de Canarias si no quieren.

Para Canarias es urgente que los presupuestos del 2018 se puedan ejecutar en los apenas cinco meses que van a quedar con el fin de que puedan ser útiles para las personas que más lo necesitan. Estos no son tampoco nuestros presupuestos, los de Coalición Canaria, pero son los únicos que podemos tener, y existe la posibilidad —ojalá me equivoque— de que sean los últimos que se puedan aprobar en lo que queda de legislatura. La alternativa de haber prorrogado los del 2017 sería tener menos recursos para los pensionistas, para los servicios públicos, para los funcionarios y también para Canarias.

Es urgente acabar con la situación en la que se ha quedado Canarias tras las anteriores legislaturas de mayoría del Partido Popular que maltrataron a Canarias. (Protestas). Nos quedamos sin inversiones, nos quedamos sin planes de empleo, cuando la tasa de empleo superaba el 30 %, justo en ese momento. (Rumores). Nos quedamos con 480 millones de euros menos al año —lo he dicho muchas otras veces, no sé por qué se asombran— para los servicios públicos, quitando incluso de la ya mermada financiación autonómica parte de los ingresos del REF, lo que nunca había ocurrido, incumpliendo con nuestro fuero, incumpliendo con las leyes y dejando a Canarias en inferioridad de condiciones para atender las necesidades de los servicios públicos, justo, señorías, cuando la ciudadanía más lo necesita, en los momentos de crisis, y todo ello a pesar de ser Canarias una comunidad que ha cumplido con responsabilidad con los objetivos de déficit y de estabilidad. Es urgente que se consensue un nuevo modelo de financiación, una financiación autonómica para los servicios públicos, para que esta sea justa, para que estos puedan seguir siendo públicos, sostenibles, universales, de calidad y de equidad. Señor presidente, los canarios y canarias no queremos volver a viajar en el vagón de cola, tenemos los mismos derechos que los ciudadanos del continente

Como sabe, Canarias presentó un recurso de constitucionalidad por el incumplimiento de los convenios de infraestructuras. Las sentencias nos han dado la razón: obligan ahora al Gobierno de España a que se pague la deuda. Es urgente firmar ya —me gustaría que se comprometiera en fecha— los convenios de infraestructuras que llevamos años detrás de ellos. Tenemos carreteras como la de La Aldea que se deben hacer ya no solo por razones de accesibilidad, que también, sino de seguridad de las vidas de las personas.

Canarias está haciendo un gran esfuerzo por diversificar nuestra economía, por las energías renovables, por mantener nuestros servicios públicos, por dar respuesta a la desigualdad y al nuevo brote de inmigración que tenemos y hacerlo como se tiene que hacer, según nuestras fuerzas, pero necesitamos el apoyo de la Administración del Estado y de la Administración europea. El de la Administración europea ya la tenemos, ahora, señor presidente, nos falta un trato justo por el Estado español.

El futuro de esta legislatura desde luego que es incierto. Coalición Canaria siempre, siempre ha contribuido con responsabilidad y lealtad a la gobernabilidad de España, y lo seguiremos haciendo, señorías, pero, por encima de todo, además de por respeto, seguiremos defendiendo los intereses de Canarias. Por eso es urgente que se repare en lo que queda de esta legislatura el maltrato que en la anterior legislatura recibió Canarias y la deuda histórica que se tiene con Canarias por la Administración central del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios. (Rumores).

Guarden silencio, señorías.

Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, senadora.

Desde luego, el Gobierno de España va a tratar de reconstruir —su hoja de ruta es esa— muchos de los derechos y libertades que han sido desmantelados durante estos últimos seis años de Gobierno del Partido Popular. Eso debe tenerlo muy claro. De hecho, el compromiso con Canarias en anteriores administraciones socialistas creo que ha sido inequívoco.

Usted ha hecho referencia, por ejemplo, a los convenios de carreteras, a infraestructuras, a convenios de agua y al plan estatal de vivienda. Todos ellos fueron compromisos que, de alguna manera, no se iniciaron, pero se intensificaron bajo administraciones socialistas. Le puedo garantizar, señoría, que nosotros vamos a intentar, en este tiempo que tenemos hasta la convocatoria de las elecciones generales, reconstruir en buena medida algunos de los derechos a los que usted antes ha hecho referencia. Lo que creo importante es, primero, trasladar a la sociedad canaria que vamos a cumplir con los Presupuestos Generales del Estado, que vamos a ejecutar esos Presupuestos Generales del Estado, aunque no sean los presupuestos que hubiera querido este nuevo Gobierno. Y en lo que respecta a los compromisos con Canarias, los convenios de carreteras, que tienen una inversión de 307 millones de euros; el convenio de aguas, con una inversión de 40 millones de euros; el Plan estatal de vivienda, que vio la luz después de la aprobación en el Consejo de Ministros el pasado viernes, con una inversión de 30 millones de euros; el Plan estratégico de agricultura y ganadería; las infraestructuras turísticas; la lucha contra la violencia de género; el incremento, hasta el 75 % de las tarifas, en la bonificación de los billetes del transporte marítimo y aéreo de pasajeros en los viajes a la Península, que sé que es una reivindicación de todas las formaciones canarias, no solamente de las nacionalistas, sino también del Partido Socialista, y así quedó reflejado, además, en un acuerdo de coalición electoral que tuvimos con Nueva Canarias precisamente en las elecciones de 2015; la extensión del ámbito temporal con carácter retroactivo para las subvenciones al transporte de mercancías; la adhesión del plátano al sistema de compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías; y, en definitiva, también lo que significan las modificaciones pactadas en el REF.

También le diré a la Cámara que creo que, en relación con el sistema de financiación autonómica, hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas —la ministra de Hacienda podrá informar posteriormente—. El objetivo y la voluntad del nuevo Gobierno es, no poder renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material a lo largo de esta legislatura (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Oooh!— Rumores), pero sí hacer mejoras de financiación para todas y cada una de las comunidades autónomas a lo largo de los próximos meses hasta la convocatoria de las elecciones. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Lo que sí le puedo garantizar, porque además usted conoce cuál es la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes canarias, es que vamos a actualizar, por supuesto, el Estatuto de Autonomía de Canarias a lo largo de este año. Por tanto, esperemos que a finales del año 2018 podamos tener un nuevo estatuto de autonomía en Canarias. Esa es la voluntad del nuevo Gobierno de España y espero que podamos contar con el conjunto de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En todo caso, como he dicho al principio de mi intervención, y en la conversación que mantuve con el presidente de Canarias, tenemos la mano tendida para esos contactos bilaterales entre el Gobierno autonómico y el Gobierno de España para desbloquear muchas de las cuestiones que han quedado pendientes con el anterior Gobierno. Y, desde luego, quiero trasladar a la sociedad canaria que aquí, en Madrid, van a tener un Gobierno amigo, un Gobierno aliado para resolver muchos de los problemas que sufre la sociedad canaria. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



PREGUNTA SOBRE LAS INICIATIVAS QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO PLANTEAR ANTE LA UNIÓN EUROPEA PARA ABORDAR DE MANERA CONJUNTA LA SITUACIÓN QUE DIARIAMENTE SUFREN UN NÚMERO IMPORTANTE DE REFUGIADOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO. 680/000581 JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jokin Bildarratz. Tiene la palabra su señoría. (Rumores).

Guarden silencio, señorías.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Muy buenas tardes, señor presidente, eta ongi etorriak. Bienvenidos, tanto usted como todo su Gobierno, en nombre del Grupo de senadores nacionalistas vascos. En este grupo, además de educación, van a encontrar la mano tendida para todo aquello que necesiten. (Aplausos).

También le tengo que dar la enhorabuena por el gesto del Aquarius. Hay 630 personas que van a encontrar al menos un poquito más de luz para un futuro quizá menos incierto. Es evidente que estamos enfrentándonos y afrontando un problema de muy difícil solución, y le quiero preguntar si usted o su Gobierno tienen un plan, porque estamos hablando de dramas humanos. Les voy a dar una serie de datos, señorías. En 2014 murieron en el Mediterráneo 3283 personas. En el año 2015 fueron 3783 las personas fallecidas en el Mediterráneo. En el año 2016, señor presidente, 5143 personas. En el año 2017, 3139 personas. Y en lo que llevamos de año son ya 792 personas. Nosotros entendemos que la Unión Europea no ha estado a la altura de las circunstancias, pero tampoco lo ha estado el Estado español, porque, del compromiso que adquirió en lo correspondiente a refugiados y reubicación y reasentamiento de estos en el año 2017, el Estado español únicamente respondió al 17 % de sus compromisos. No es el único Estado que no ha cumplido. Tampoco lo han hecho Polonia y Hungría. Hemos visto estos días a Italia y Malta. Y Francia se ha librado por los pelos.

Señor presidente, el gesto del Aquarius está muy bien, pero ¿tienen un plan?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señor senador, por su pregunta y también por su agradecimiento. Creo que, en nombre del Gobierno, podemos hacer extensivo ese agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial al Ejército —y aquí están tanto el ministro del Interior como la ministra de Defensa—; a las organizaciones no gubernamentales; a gobiernos amigos, como el Gobierno francés, que el pasado fin de semana ofreció también sus servicios para acoger y asilar a algunos de esos migrantes; a las instituciones; a los gobiernos, y no solamente de ayuntamientos, gobiernos locales, sino también gobiernos autonómicos, y me consta que el lendakari ofreció, en nombre del Gobierno vasco, esa solidaridad que se ha visto expresada en todos y cada uno de los rincones de España. Creo que eso nos demuestra como país el orgullo de sentir que tenemos un pueblo solidario, un pueblo que no mira hacia otro lado cuando ve tragedias humanitarias, porque si no hubiera sido por el ofrecimiento que hizo el Gobierno de España de contar con un puerto seguro muy probablemente podrían haber acabado mucho peor.

Creo, además, que hay que reivindicar nuestra historia en esta cuestión; no es solamente una cuestión de presente, sino también de nuestra historia. Nuestro país, a lo largo de muchos años, durante la guerra civil y la dictadura franquista, sufrió el exilio, y hubo sociedades, particularmente en Latinoamérica, que acogieron a muchos de esos exiliados que sufrieron la dictadura y la guerra civil, como, por ejemplo, México. En consecuencia, nosotros no solo estamos siendo coherentes con los valores presentes de solidaridad del conjunto de la sociedad española, sino también con nuestra propia historia. Estamos reivindicando lo mejor de nuestra historia. (Aplausos).

Y con respecto al presente, haré una reflexión, porque nada tienen que ver, por supuesto, las migraciones de unos y otros colectivos, pero es evidente que nuestro país cuenta también con cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que salir como consecuencia de la falta de oportunidades. Este Gobierno quiere que regresen a España, quiere que vuelvan a construir sus vidas profesionales y personales en nuestro país, pero, mientras tanto, esperamos que las sociedades en las que están ahora desarrollando profesionalmente sus proyectos vitales cuenten con la solidaridad que nosotros expresamos como país al conjunto de estos migrantes. También le digo, aunque no afecte a la pregunta que me ha planteado, que, desde luego, en relación con estos emigrantes españoles el Gobierno de España va a plantear la modificación de la Ley electoral para el voto rogado y, en consecuencia, también intentará mejorar los derechos electorales de este importante colectivo. (Aplausos).

Centrándome en su pregunta, señor senador, le diré que una voz autorizada precisamente en la cuestión de las migraciones y también de los derechos humanos, como es la excomisaria Emma Bonino, dijo textualmente que los políticos que hablan del efecto llamada ni han puesto un pie en África ni se han encontrado en su vida con un refugiado. Las migraciones, señorías —usted lo ha dicho en su primera intervención—, tienen mucho que ver con la desigualdad, y me gustaría ofrecer un dato para ver la magnitud del desafío que tenemos por delante. El producto interior bruto de nuestro país, un país que cuenta con 47 millones de ciudadanos y ciudadanas, es superior al sumatorio del producto interior bruto de 32 países africanos que engloban a 1200 millones de seres humanos. Por tanto, no es una cuestión de efecto llamada, es una cuestión de efecto huida de las realidades de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades que tienen muchísimas de esas poblaciones, sobre todo cuando hablamos también de un fenómeno demográfico que a lo mejor para la vieja Europa resulta llamativo. Pero si uno mira hacia Senegal, por ejemplo, un país importante en África ahora mismo, ve que el 60 % de su población tiene menos de 25 años. Por tanto, esta es una realidad con la que tenemos que contar: desigualdad, demografía, guerras civiles, como la de Siria, o también nuevos tipos de migraciones o de refugiados como consecuencia, por ejemplo, del cambio climático.

En definitiva, señorías, es evidente que España es un país fronterizo, un país que tiene en el Mediterráneo una de sus principales referencias y, en consecuencia, no podemos permanecer ajenos. La reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad y, desde luego, el nuevo Gobierno se la plantea como tal, es que en el año 2004 y en el año 2005, señorías, ya sufrimos la crisis de los cayucos. Entonces no solamente vimos llegar a nuestras costas a más de 30 000 seres humanos en menos de dos años, sino que ya entonces el Gobierno socialista planteó una serie de modificaciones, una serie de políticas a nivel a europeo, porque decíamos entonces, como decimos ahora, que el desafío de las migraciones nada tiene que ver con un país, sino con el conjunto de la Unión Europea. Hablamos entonces, señorías, de hacer realidad una política migratoria común. Hablamos entonces de reforzar Frontex. Hablamos entonces de plantear políticas de integración —que en muchas ocasiones se nos olvidan— para los migrantes. Antes, recabando algo de información, datos numéricos sobre los recursos económicos que el entonces Gobierno socialista puso en relación con la integración de los migrantes en nuestro país, veía que fueron 3500 millones de euros los que puso el Gobierno de España para las políticas de integración. Desgraciadamente, durante estos últimos seis años han sido recortados prácticamente a la nada.

Por tanto, políticas migratorias comunes; Frontex; política de integración; una política de cooperación con África, que es fundamental no solo desde el punto de vista del país, sino del conjunto de la Unión Europea; una política de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos; y, por supuesto, reformar el sistema europeo común de asilo y el famoso Reglamento Dublín III.

Estas son las propuestas de las que he hecho partícipe al presidente de la República Francesa en esa conversación que mantuve el pasado fin de semana, y desde luego son las propuestas que el nuevo Gobierno de España va a llevar al Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio. Sé que va a ser difícil, sé que va a ser muy complicado, porque, como bien ha dicho usted, hay países del Este que no están por trabajar y construir una política migratoria común, pero le puedo garantizar, señoría, que en el Gobierno de España vamos a hacer todo lo posible por dar una respuesta global europea a un fenómeno global como es el de las migraciones. Hasta entonces, lo que le puedo agradecer es el tono de su pregunta, su intervención y también el ofrecimiento del lendakari para acoger a algunos de los refugiados del buque Aquarius.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Ha terminado haciendo mención al ofrecimiento del lendakari. Este es un problema que nos afecta a todos, lo que quiere decir que lo tenemos que gestionar, además, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y otra vez vengo a demandar la necesidad de un plan en el que trabajen de forma conjunta el Ejecutivo central, las comunidades autónomas y, cómo no, las entidades locales. Se necesita un pacto de Estado, un pacto de Estado que perdure en el tiempo y que también esté elaborado y pactado con la oposición.

Le voy a relatar una situación que ocurrió ayer: un autobús con 46 subsaharianos que salió de Almería terminó en San Sebastián. El chófer les dejó en San Sebastián totalmente abandonados, sin que ellos supieran dónde estaban. Es cierto que las instituciones vascas respondieron como tienen que hacerlo, tanto el Gobierno vasco, como la Diputación Foral y el Ayuntamiento de San Sebastián, pero no puede ser que 46 personas que llegaron en pateras la semana pasada, no sabemos de qué manera ni cómo, vayan en un autobús, no sabemos puesto por quién, de manera anónima, a San Sebastián. Evidentemente, eso no es bueno para nadie. Tal como usted ha dicho, señor presidente, la semana que viene —los días 28 y 29— se va a sustanciar el Consejo Europeo, y ahí tiene usted una oportunidad para liderar algo que no está funcionando en la Unión Europea. Creo que con el Aquarius usted ha hecho un gesto significativo y una llamada de atención tanto en el Estado como en el ámbito de la Unión Europea.

Le daré otro dato. En el año 2017, de las 31 120 solicitudes de protección internacional que hubo en España, el Estado español únicamente resolvió positivamente con estatus de refugiado las de 595 personas. Ese es otro dato que estamos mandando a la Unión Europea. Así pues, se va a ir con esos dos datos, con esos dos gestos, pero usted y su Gobierno tienen que liderar un proceso verdaderamente complicado y que va exigir la responsabilidad de todos. Y va a exigir una política migratoria, una política migratoria común con una política común de asilo, con una armonización legislativa en el ámbito de la migración y con algo muy importante: fomentar la solidaridad entre los Estado miembros.

La política migratoria que tiene que realizar el Estado español en la actualidad en nada se tiene que parecer a la política migratoria de hace diez años porque la realidad tampoco tiene nada que ver. La situación es totalmente diferente. En estos momentos es urgente compartir, primero, una reflexión; segundo, un plan; y tercero, un refugio para todos estos migrantes. Porque con el Aquarius había cientos de recursos humanos: 630 personas migrantes, 2300 trabajadores y voluntarios y más de 600 periodistas; pero el viernes y el sábado vinieron 980 personas en pateras, murieron 4, y no tenían 600 periodistas ni 2300 personas ni los recursos suficientes para poder llegar a tierra.

Señor presidente, es importante un protocolo marco. Está bien el gesto, está bien que el Aquarius haya sido una llamada de atención para todos, pero eso nos enseña que todas esas situaciones necesitan de un criterio y un protocolo marco.

Para finalizar, señor presidente, primero: liderazgo europeo en materia de migración. Segundo...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.

Pacto de Estado entre los diferentes niveles institucionales y entre los diferentes partidos políticos. Como le he dicho, reflexión, plan y refugio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.



PREGUNTA SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DEROGAR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 680/000575 ESTHER MUÑOZ DE LA IGLESIA (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Justicia.

Pregunta de doña Esther Muñoz. Tiene la palabra su señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, yo también quiero, en nombre de este grupo parlamentario, darle la bienvenida a la Cámara Alta y desearle mucho acierto.

Señora ministra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 2008, 2009 y 2014 avala la prisión permanente revisable porque —cito textualmente—: ofrece una posibilidad de reexaminar las sentencias de cadena perpetua y no viola la Convención de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos degradantes y protege como fin la resocialización del reo. El Estatuto Oficial de la Corte Penal Internacional en su artículo 110 avala esta prisión permanente revisable. El Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, cuando avalaron este estatuto, también avalaron la prisión permanente revisable. El Consejo General del Poder Judicial en sus informes de 1999 y 2013 avaló la presión permanente revisable, y cito textualmente de su informe de 2013, página 37: La pena de prisión permanente revisable prevista en el anteproyecto no ignora el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los condenados. Finalmente, señora ministra, ahí está la sentencia 181/2004 del Tribunal Constitucional avalando la extradición de personas que van a ser condenadas en sus países a penas de prisión permanente revisable.

Señora ministra, todos los países de la Unión Europea, salvo Portugal, cuentan con la prisión permanente revisable. Por tanto, es una pena avalada jurídica, internacional y socialmente, porque la gran mayoría de la sociedad, incluyendo los votantes socialistas, está a favor de la prisión permanente revisable. Por consiguiente, yo le pregunto: ¿van a derogar ustedes esta prisión permanente revisable? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Tiene la palabra la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, presidente.

Permítanme dos palabras. Es una satisfacción dirigirme en este caso a los representantes de la soberanía popular por primera vez y por primera vez en el Senado, que compruebo y veo que es dinámico, activo y absolutamente vivo. Así que es un verdadero honor, presidente. (Aplausos).

Señora Muñoz, como bien sabe, la prisión permanente revisable como pena fue introducida en el Código Penal por el Gobierno del Partido Popular sin consenso alguno, excepto consigo mismo, apoyándose en su mayoría absoluta, sin diálogo de ninguna clase. Esto nos ha llevado y nos llevó a que una amplia mayoría parlamentaria formulase un recurso de inconstitucionalidad. Y ese es el marco en el que ahora nos encontramos: el marco del recurso de inconstitucionalidad, porque, señora Muñoz, hay que legislar con la razón, con la racionalidad y con los derechos humanos.

Le agradezco profundamente las referencias que, por lo menos en este caso, sí se hacen a tribunales internacionales, a la Convención Europea de Derechos Humanos, a Naciones Unidas... Se lo agradezco. Y les pido que lo mismo que en este caso, para mantener la prisión permanente revisable, se mantenga en la defensa de los derechos humanos, porque hay que legislar justo desde los derechos humanos. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Guarden silencio.

Tiene la palabra, senadora Muñoz.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Señora ministra, ¿escucha usted a la gente? ¿Sale usted a la calle y escucha a la gente? Mire, hay dos hechos objetivos: el primero, que hay personas que no pueden o no quieren reinsertarse, y el segundo, que el Tribunal Constitucional ha aceptado que el único fin de la pena no es la reinserción. Los españoles se merecen un sistema judicial garantista, pero también que les proteja de esas personas que no quieren o no pueden reinsertarse. Y les quiero poner dos ejemplos. Felix Vidal es una persona que ha delinquido en varias ocasiones y ha entrado en prisión en varias ocasiones reincidiendo siempre en lo mismo: en agresiones a mujeres y en violencia y violaciones a mujeres. ¿Y saben quién es la primera persona para la que se solicitó la prisión permanente revisable? Para el parricida de Moraña, que asesinó a sus dos hijas con una sierra radial.

Me alegro de que hable usted de legislar en caliente. Fíjese, el Partido Popular empezó a estudiar esta pena hace diez años. La incorporó a su programa electoral en 2011. Y la incorporamos al Código Penal en 2015, después de haber recabado todos los informes preceptivos de todas las instituciones internacionales y españolas que le he detallado. ¿Le parece a usted poco consenso jurídico, internacional y social el que tiene esta pena?

Señora ministra, quiero terminar de una forma constructiva, porque es nuestra primera sesión de control. Y les quiero hacer una propuesta aquí, en que está todo el Gobierno. No entiendo las dudas que le genera la prisión permanente revisable, pero las respeto, como no puede ser de otra manera. Me ha hablado usted del recurso de inconstitucionalidad. Tiene razón: es ahí donde estamos. ¿Y sabe lo que les proponemos? Que esperen. No deroguen la prisión permanente revisable. (Aplausos). Esperemos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señorías.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Claro que sí, presidente.

Porque, señorías, en el ámbito de la justicia y en otros ámbitos es malo legislar en caliente, como también es malo derogar en caliente. Y en eso seguro que estamos de acuerdo, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, presidente.

Mire, señora Muñoz, este Gobierno asume los argumentos y la exposición que se hizo en el recurso de inconstitucionalidad, que se basa fundamentalmente en que entendemos que la prisión permanente revisable es una pena inhumana, que choca frontalmente con el artículo 15 de nuestra Constitución. (Rumores). También le digo que es una pena que impide la resocialización, la reinserción y la reeducación. (Rumores). Pero permítanme que siga y termine.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Este Gobierno está con las víctimas. No puede ser de otra manera (Rumores), estamos todos con el dolor de las víctimas, pero también le digo que existen herramientas tan eficaces y que no son tan vulneradoras de derechos fundamentales como, por ejemplo, la Ley de cumplimiento íntegro de las penas, con la que con unos pequeños retoques hacemos —fíjese lo que le voy a decir— que una persona salga de prisión más tarde que con la prisión permanente revisable. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Y una última cosa. Aquí también se trata, por las víctimas y para las víctimas, de establecer una política criminal que justamente impida que se cometa este tipo de horrendos crímenes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Sí, señor presidente.

Y en eso vamos a trabajar en este Gobierno. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (Continúan los rumores).

Guarden silencio, señorías; guarden silencio, por favor.



PREGUNTA SOBRE SI PUEDE EL GOBIERNO EXPLICAR CUÁLES SON LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO 2018 QUE LE VAN A PERMITIR CREAR CUATRO NUEVOS MINISTERIOS. 680/000573 JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA (GPP)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Hacienda. Pregunta de don Juan Antonio de las Heras. Tiene la palabra su señoría.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora ministra de Hacienda. Lleva usted tres comparecencias en esta Cámara en apenas una semana. Me parece estupendo; bienvenida de nuevo al Senado de España.

Se lo preguntó nuestro portavoz parlamentario, el senador Barreiro, en el pasado debate de los vetos al presupuesto que ahora han hecho suyo. Se lo pregunté yo también en ese mismo debate de los vetos a los presupuestos. Y ahora lo hago en sede parlamentaria, de forma oficial, como una pregunta: ¿con qué disponibilidades cuenta el Ministerio de Hacienda para hacer frente a los cuatro ministerios nuevos que se crean en esta nueva estructura del Gobierno de España?

Esperamos su respuesta. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, la actualidad ha hecho que haya desarrollado probablemente la mayor parte de mi actividad como ministra aquí, en esta Cámara. Por tanto, es un placer volver a contarle algunas cuestiones que tuvimos ocasión de debatir con motivo de los presupuestos.

Señor De las Heras, no hay un incremento significativo del gasto con motivo de la creación de cuatro ministerios; de hecho, se va a absorber, evidentemente, con las partidas presupuestarias que actualmente están conformadas en él, una vez que pase el trámite del Congreso. Y es que, en todo caso, estamos hablando de las retribuciones del ministro, subsecretario, secretario general técnico y director de gabinete, puesto que usted debe saber que el Gobierno ha aprobado ya un decreto de estructura general que mantiene intactas las secretarías de Estado con sus correspondientes dotaciones presupuestarias. Por tanto, hablamos de vasos comunicantes entre ministerios. Eso sí, hay una reordenación del Gobierno que permite visibilizar y aupar las políticas de ciencia, de transición ecológica, de cultura y todas aquellas que nos van a permitir ser efectivos en la actuación política y responder a las demandas de los ciudadanos y de los sectores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador De las Heras, tiene la palabra.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Muchas gracias, presidente.

Discrepo profundamente, señora ministra, porque cuatro nuevos ministerios van a generar mucho más gasto, sobre todo, porque la actual estructura presupuestaria del todavía hoy Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no contempla ninguna de esas nuevas cuatro secciones que haya que crear como consecuencia de la decisión de su Gobierno. Y se lo digo no solamente por los secretarios de Estado, que son los mismos que había antes, sino porque se va a generar un incremento de gasto corriente a pesar de que usted, hoy en sede parlamentaria y en declaraciones a Europa Press el pasado día 11, dijo que no iba a incrementar el gasto, so pena —y esto tendrá que explicarlo usted a sus compañeros del Consejo de Ministros— de que los nuevos ministros tengan que compartir el sueldo, los gabinetes, los asesores, los despachos, los chóferes, los coches oficiales y un largo etcétera, para ejercer su noble función de ministros del Gobierno de España.

Además, el Grupo Parlamentario Popular se lo pregunta también para conocer su opinión acerca del artículo 61 de la Ley general presupuestaria, que imagino que conocerá ya perfectamente, que establece que es competencia del Gobierno de la nación, a propuesta de su ministerio —en este caso de la ministra de Hacienda— y por iniciativa de sus compañeros del Consejo de Ministros, los afectados, autorizar las transferencias de crédito entre todas las secciones, como consecuencia —que es lo que ha ocurrido en este caso— de las reorganizaciones ministeriales que haya llevado a cabo el presidente del Gobierno.

Y se lo pregunto también, señoría, porque queremos saber su opinión sobre el artículo 55 de la citada Ley general presupuestaria, que establece, además, que, como ministra de Hacienda que es, ha de proponer al Consejo de Ministros la remisión del correspondiente proyecto de ley a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, referente a los créditos que se financien con baja de otros créditos, porque para dar cobertura a esos nuevos ministerios, evidentemente, tendrá que dar de baja los créditos inicialmente previstos, previo dictamen e informe del Consejo de Estado y de la Dirección General de Presupuestos, respectivamente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Termino, señor presidente.

Queremos conocer cuál es su opinión fundamental respecto de estos aspectos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señor presidente.

Señor De las Heras, creo haber manifestado con claridad que las retribuciones correspondientes a los altos cargos, subsecretario, ministro, director de gabinete y secretario general técnico, no suponen un incremento de gasto significativo. Por tanto, el argumento del que usted partía, que esas políticas visibilizadas en los ministerios van a suponer un incremento de gasto, no se sostiene. ¿Esto qué significa, que el Gobierno del Partido Popular no impulsaba una política de la cultura? ¿Qué significa, que el Gobierno del Partido Popular no tenía partidas presupuestarias dirigidas a la ciencia? ¿O qué significa, que no se habían ocupado de la transición ecológica? (Aplausos). Claro que no. Significa que estaban en otro departamento. Eso sí, señor De las Heras, la verdad es que la actuación del Gobierno en esa materia ha brillado por su ausencia. Pero los créditos presupuestarios estaban consignados y, por tanto, técnicamente a lo que se procede ahora, como en cualquier cambio de estructura de un gobierno, por ejemplo, cuando cambia el Gobierno a lo largo de un presupuesto, es a determinar, a asignar a cada uno de los ministerios las secciones correspondientes. Es un trabajo cotidiano que realizan el Gobierno de España, los ayuntamientos y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones. Cero complicaciones; efectividad en el desarrollo de las políticas, sin coste significativo para el Gobierno de España.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE CÓMO VA A IMPEDIR EL GOBIERNO QUE SE DESTINE DINERO AL PROCESO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA. 680/000576 GUILLERMO MARTÍNEZ ARCAS (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Guillermo Martínez Arcas. Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz del Gobierno anunció como gesto político de buena voluntad que el Gobierno dejaría de controlar las cuentas públicas de la Generalitat.

Por todos es conocido el implacable objetivo del presidente de la Generalitat de conseguir la independencia de Cataluña. En su discurso de investidura, literalmente, dijo: Seremos leales al mandato del 1 de octubre: construir un Estado independiente en forma de república. Y añadió: Cuando se levante el 155 no tendremos excusa para trabajar por la república. Como saben, el artículo 155 dejó de estar vigente con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat.

Con estos antecedentes, sin control financiero previo a la Generalitat, ¿cómo prevé evitar que se destinen recursos públicos a financiar el proceso independentista de Cataluña?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.

Senador, lo primero que le quiero trasladar es que el Gobierno de España no ha levantado el control financiero a la Generalitat de Catalunya. Lo digo porque así lo expresa en el enunciado de su pregunta, y eso es del todo incierto. El Gobierno de España ha procedido a completar el proceso que había iniciado el Gobierno del Partido Popular, que era que, con motivo del levantamiento del artículo 155, se procedía a eliminar los controles que eran fruto de su aplicación, entre ellos, el control previo del gasto.

Pero para que no le quepa ninguna duda, señor Martínez Arcas, el Gobierno de España, en relación con el control presupuestario de la Generalitat de Catalunya, se va a conducir exactamente igual que tenía previsto el señor Montoro, ni una orden arriba ni una orden abajo, exactamente igual. Por tanto, siguiendo la hoja de ruta marcada por el Ministerio de Hacienda, tanto en el levantamiento del 155 como en las cuestiones posteriores que quedan con efecto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Martínez Arcas, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, si usted nos dice que existe control financiero sobre la Generalitat, entonces, permítame que le diga, con toda humildad, que algún miembro del Gobierno está economizando con la verdad: o la señora portavoz del Gobierno o usted, señora ministra. (Aplausos.— Protestas).

Desde 2015, se ha ejercido un constante control sobre las cuentas de la Generalitat, atendida la deriva soberanista que su Gobierno iba adoptando. No obstante, aunque siga aludiendo al señor Montoro y aunque usted no se lo crea, como el 90 % de los españoles, el Gobierno es ahora una responsabilidad de ustedes, ni del señor Montoro ni del Señor Rajoy. Nosotros tenemos una propuesta concreta, y se la vamos a hacer llegar humildemente: convoque a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside la ministra de Economía, y aprueben una nueva orden ministerial que permita ejercer un control previo de los gastos de la Generalitat, tal y como estaba vigente hasta que ustedes llegaron al Gobierno, señora ministra. (Protestas).

En su primera intervención en esta Cámara, señora ministra, se comprometió a cumplir la Constitución española de la A a la Z, lo cual, permítame que le diga, humildemente, es una perogrullada, puesto que es una condición inherente al cargo que usted tiene. No obstante, con toda humildad, me voy a permitir recordarle dos principios constitucionales, que espero que tenga usted grabados a sangre y fuego (Un señor senador: ¡A sangre y fuego!): uno, el de la indisoluble unidad de España, que consagra el artículo 2. (Rumores). Y, dos, el irrenunciable principio de responsabilidad política de los poderes públicos, que obligan al Estado a ejercer sus competencias, tal y como consagra el artículo 9.

Señora ministra, ningún pacto de investidura con ningún partido, incluidos los independentistas, puede estar por encima del cumplimiento íntegro de la legalidad constitucional. Saben que el Gobierno de Torra sigue pertrechando la independencia de Cataluña, y a eso obedece, entre otras, la reapertura de las mal denominadas embajadas catalanas o el refuerzo financiero de la televisión pública catalana. (Rumores y protestas).

Su dejación de funciones en el tema catalán, le puede costar muy caro al conjunto de los españoles...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Termino, señor presidente.

Si enderezan el rumbo, aparcan los intereses partidistas y vuelven a anteponer el interés general, haciendo frente al desafío independentista con todos los instrumentos legales a su alcance, encontrarán la lealtad que pedía el señor Sánchez en su primera intervención en esta amplia mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martínez Arcas, primera cuestión. Lecciones de constitucionalidad, su grupo político a este Gobierno y al Partido Socialista, no nos va a dar. (Aplausos.— Protestas). No nos va a dar, porque la Constitución hay que entenderla desde el primer artículo hasta la última disposición, señoría, y ustedes durante este periodo y posteriormente a la moción de censura ni siquiera han comprendido lo que en esta materia planteaba la Constitución. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señor Martínez Arcas, segunda cuestión. ¿Que ahora ustedes, en el Grupo Popular, están planteando que el Gobierno actual cambie la hoja de ruta que tenía planteada el Gobierno del señor Rajoy? Pero ¿usted cree, firmemente, que puede hacer este planteamiento de cara a los ciudadanos y a la gente que nos escucha? ¿Usted cree firmemente que puede hacer aquí una propuesta para que el Gobierno actual efectúe el control previo de los gastos de la Generalitat cuando es el propio ministro Montoro quien comunica a la Generalitat, con motivo del levantamiento, que terminaba dicho control? (Aplausos).

¿Esa es la oposición, señor Martínez Arcas, que va a mantener el Partido Popular durante este periodo, la oposición de exigirle a este Gobierno aquello con lo que ustedes no comulgaban en el Gobierno anterior? ¿Esa va a ser la forma en la que vamos a tener que plantear las cuestiones? Pues los miembros de este gabinete nos vamos a ver obligados a explicar de una u otra manera que seguimos una hoja de ruta que ustedes habían diseñado, pero que ahora, con motivo del cambio de Gobierno, ustedes quieren recriminar por interés partidista. No lo vamos a consentir. (Fuertes aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señorías, guarden silencio, por favor.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO REVISAR LOS CONTRATOS PÚBLICOS RELATIVOS A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE). 680/000543 MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Interior.

Pregunta de doña maría José López Santana. Tiene la palabra su señoría.

La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente.

Señor ministro, le doy la bienvenida y la enhorabuena por su nombramiento, y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Quizás usted y yo tengamos ideas diferentes en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros en relación con su naturaleza, su razón de ser o a si se vulneran o no los derechos en ellos, pero estoy segura de que compartimos una idea, y es que un gobierno tiene que ser absolutamente trasparente y riguroso en la gestión de los recursos públicos. Nueva Canarias lleva denunciando desde hace mucho tiempo en el Senado el despilfarro de dinero público en el CIE de Fuerteventura, que está vacío desde 2011. Desde entonces se paga alrededor de un millón de euros anuales en alimentación, servicios médicos, limpieza o suministros.

Señor ministro, se ha permitido que las empresas hagan negocio con el CIE de Fuerteventura; se han utilizado los resquicios de la contratación pública para pagar a empresas por no hacer nada, con el pretexto de que tenía que estar preparado por si necesitaba ser ocupado. Se han licitado de manera centralizada contratos, incluyendo el CIE de Fuerteventura, a sabiendas de que estaba desocupado, incluso siendo muchas veces determinante para la adjudicación del contrato. Pero es que, además, en el CIE de Fuerteventura ni se alimenta ni se presta servicios médicos a ningún interno y todavía no sabemos si se limpia. Sin embargo, seguimos pagando dinero por todo ello.

Hasta ahora, el ministerio que usted empieza a dirigir en este momento no ha ofrecido información al respecto. He pedido las facturas de alimentación, las órdenes de pago, los albaranes; he pedido la fecha en la que se realizó la última limpieza, he pedido copia de la orden de cierre temporal del CIE de Fuerteventura, y no he obtenido ninguna respuesta. Además, hay en marcha una operación anticorrupción, la operación Grapa, por amaños de contratos públicos de su ministerio, en el que están implicados funcionarios y personal de las empresas adjudicatarias de los CIE. Estamos hablando, por tanto, señor ministro de irregularidad, de opacidad, de negligencia en el gasto público e incluso de serias sospechas de corrupción y, sobre todo, de inmoralidad, porque hacer negocio con el drama ajeno es inmoral y obsceno.

Por eso, le pregunto, ¿tiene previsto revisar los contratos de los CIE y acabar con el despilfarro de dinero público en el CIE de Fuerteventura? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias.

Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente la bienvenida y también a la señora López Santana sus palabras. Estoy convencido de que usted y yo, y diría que todos los senadores, como representantes de un Estado democrático, compartimos unos mismos principios en materia de derechos humanos.

En relación con la pregunta concreta que usted me expone sobre los contratos públicos, he de decirle que la Unidad Económica del Cuerpo Nacional de Policía está haciendo un estudio concreto de los pliegos de las condiciones de prescripciones técnicas y también de las condiciones generales administrativas particulares, con el fin de tener unos resultados más eficaces con el dinero público, pero también garantizando las prestaciones de los servicios a las personas que puedan estar internas y por el tiempo que deban estar en los centros.

No obstante, vuelvo a repetirle que estoy convencido de que en relación con la naturaleza de los CIE usted y yo podemos tener cuestiones en común, y se podrá ver en el desarrollo de esta legislatura. También se están haciendo esos estudios para adaptarnos, como usted bien sabe, a la Ley 9/2017, de contratos del sector público, en relación con la trasposición de las directivas 23 y 24 de 2014.

Respecto al CIE de Fuerteventura, al que usted se ha ceñido en su pregunta, he de referirle que, como usted bien sabe, y mejor que yo seguramente, desde el año 2012 se encuentra cerrado desde el punto de vista operativo. Eso ha conllevado distintas quejas. Se ha valorado que, atendiendo al número de inmigrantes que llegan a las costas canarias y a las previsiones para próximos años, no va a ser necesaria la utilización del citado CIE y que serían suficientes las plazas de los CIE Barranco Seco y Hoya Fría.

Finalmente, quería exponerle que, con fecha de junio, ya se ha estudiado y acordado, por esas circunstancias, el cierre del CIE de Fuerteventura, no solo administrativo, sino también operativo, lo cual excluirá esa preocupación. Como usted sabe, estamos pendientes del informe previo del Ministerio de Hacienda, que está en tiempo. Una vez nos conste, se cerrará operativa y administrativamente.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora López Santana, tiene la palabra.

La señora LÓPEZ SANTANA: Señor ministro, nos ha dado una buena noticia. A mí me gustaría que se cerraran todos, pero que se cierre el CIE de Fuerteventura implica que se va a acabar con el despilfarro de dinero público a futuro. No se le puede responsabilizar a usted, porque acaba de llegar, pero llevamos años gastando 1 millón de euros anual, es decir, llevamos 7 millones de euros en estos últimos años, desde que está vacío.

Por eso le pido concretamente dos cosas: una, que en el ejercicio de la legítima función parlamentaria que me corresponde, me remitan la información que no me ha llegado y, dos, que depure responsabilidades, averigüe qué ha pasado hasta el día de hoy y, si puede, antes de fin de año comparezca en la comisión del Senado para darnos explicaciones sobre este tema; creo que la ciudadanía se lo merece.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora López Santana.

Me comprometo a lo que usted ha indicado. Me comprometo, en primer lugar, a que mi departamento garantice los derechos humanos de aquellos internos que deban estar en el CIE y de cualquier otra persona. Y en segundo lugar, a la eficacia y eficiencia en el gasto público, siempre que se corresponda con ese respeto a los derechos humanos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA. 680/000571 JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta don José Cruz Pérez Lapazarán. Tiene la palabra su señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en primer lugar, quisiera darle la bienvenida en esta primera intervención que tiene en el Senado y desearle éxito en la gestión de su ministerio, que es muy importante para nuestro país.

Toca hablar de ETA y centrarme en la pregunta que ya conoce, pero antes de formulársela quisiera decirle algo que usted ya sabe. ETA fue derrotada por el Estado de derecho y con el Estado de derecho. Como consecuencia de esa derrota, ETA se disolvió. Un hecho importante que contribuyó a esa derrota fue la política penitenciaria llevada a cabo por los sucesivos gobiernos de España desde hace treinta años.

Pero después de la disolución de ETA, hemos visto homenajes a etarras, etarras muy sanguinarios a los que, a la salida de las cárceles, una vez cumplidas las condenas y sin ningún tipo de arrepentimiento, se les homenajea y se les trata como héroes. Y qué decir del colectivo de presos, un colectivo que es compacto, que no se ha disuelto y que sigue sin condenar la violencia.

Por eso queremos saber qué va a hacer su Gobierno con este colectivo como consecuencia de las posibles concesiones que se hayan hecho a los nacionalistas vascos a cambio de su apoyo en la pasada moción de censura. Nos preocupa no saber qué ha hecho el señor Sánchez con estos partidos nacionalistas y si, como consecuencia de estos pactos, se pretende cambiar algo que ha funcionado en el tiempo pasado.

Se lo digo porque en el Partido Socialista empieza a haber mensajes de cambio en ese sentido. Por eso le formulo la pregunta de qué van a hacer en materia de acercamiento de presos de ETA.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.

En primer lugar, la respuesta es bien sencilla: aplicación del principio de legalidad y aplicación de la Ley general penitenciaria en relación con el artículo 25.2 de la Constitución. El fin del cumplimiento de las penas debe ser la resocialización. Como ustedes han dicho en repetidas ocasiones y yo sé por mi función jurisdiccional en otros momentos, cuando he tenido que ocuparme de esta materia, la aplicación del principio de legalidad de conformidad con la Constitución es algo que este ministro, desde luego, no va a olvidar ni va a orillar. Tampoco va a orillar a las víctimas del terrorismo, que creo que se merecen el respeto de todos.

En ese sentido, también le digo que esto no obsta a un momento o a otro momento, pero el tratamiento en la política penitenciaria —y usted bien lo sabe, artículo 25.2—, siempre es el principio de individualización científica: tratamientos individualizados. Se valorarán las situaciones, pero como cualquier otra.

Me gustaría que no hiciéramos alarma de ningún tipo. Este es un Estado de derecho y se aplicará estrictamente el principio de legalidad. Tenga en cuenta que desde mi conocimiento, y mi conocimiento es concreto y extenso, el presidente del Gobierno no ha hecho ninguna componenda, como no podía hacerla, por el respeto al Estado de derecho y también a las víctimas del terrorismo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Pérez Lapazarán, tiene la palabra.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, usted nos habla de aplicar las leyes y de aplicar la ley penitenciaria, pero nos preocupan enormemente los cambios. Con el Partido Popular en el Gobierno nunca se produjo ningún acercamiento de presos, (Rumores). Porque el Gobierno del Partido Popular nunca cayó en la tentación de negociar con ETA. (Varios señores senadores: ¡Nooo!).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: …, ni con sus emisarios ni entrar en el juego de Bildu ni con otros partidos nacionalistas, nunca. (Rumores.— Aplausos). Por eso consideramos que no puede haber ningún beneficio penitenciario sin arrepentimiento y sin colaboración con la justicia, y menos aun cuando se buscan soluciones colectivas de acercamiento con las que pretenden un ataque y una batalla al Estado.

Usted habla de individualidades, y los que han querido reinsertarse individualmente lo han podido hacer vía Nanclares, y no lo han hecho. Solamente 39 personas lo han hecho. Lo preocupante es que hay más de 350 asesinatos sin resolver y el colectivo no tiene voluntad de colaborar en aclararlos.

Por eso creemos, señor ministro, que no se deberían cruzar líneas rojas: que, por tener poder, se cambien principios, y por apoyos a una moción de censura, se cambie algo que funcionó en materia penitenciaria…,

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.

… se cambie algo en materia penitenciaria que consiguió la derrota de ETA.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señor presidente.

No voy a entrar en un debate de estas características cuando es algo tan importante, cuando estamos hablando del terrorismo de ETA, algo que ha socavado a este Estado de una forma significativa. Le voy a decir una cosa: ETA se ha disuelto formalmente, pero quien ha disuelto a ETA ha sido el Estado de derecho, ha sido la sociedad española (Aplausos), han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos sido todos nosotros con esa unidad.

Tampoco voy a hacer referencia a quién trasladó más o menos presos, pero lo sé, y usted también lo sabe, y sabe que fue un ministro del Partido Popular. Yo, por respeto a mis antecesores, no voy a decir nombres, pero hubo otro ministro, también antecesor mío, que cuando yo formé parte de un tribunal —no voy a decir el año porque podría verse quién fue— en el que se ratificó la política llamada de dispersión en la mayoría de los casos, argumentó en este sentido en un diario —y si quiere, se lo paso, pero no quiero que conste en acta por ese mismo respeto a la persona—: «Si ETA desapareciera y anunciara su disolución, no tendríamos que aplicar con carácter general la política de dispersión penitenciaria, porque trae causa de la pertenencia a una organización terrorista. En manos de ETA y sus presos está el tomar la decisión para que terminemos con la política de dispersión. Mientras tanto, vamos a seguir aplicando la política de dispersión».

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Esto, evidentemente, es de hace años.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA GRATUIDAD DEL PEAJE DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA AP-1 ENTRE BURGOS Y ARMIÑÓN (ARABA/ÁLAVA). 680/000564 ELVIRA GARCÍA DÍAZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Fomento.

Pregunta de la senadora García Díaz. Tiene la palabra su señoría.

La señora GARCÍA DÍAZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Señor ministro, es su primera comparecencia en la Cámara Alta, por lo tanto, bienvenido al Senado, y le deseo mucho éxito en su gestión.

Planteé esta pregunta hace unos días, y ayer se publicó en prensa que el Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión termina este año y en el 2021. Le confieso que he leído su entrevista con sumo interés, pero me gustaría que confirmase ante esta Cámara lo que se ha publicado para poder decirle a los alaveses y a las alavesas que por fin se va a dar respuesta a una necesidad pública de movilidad y, sobre todo, de seguridad, que afecta al tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, dado que se trata de mi primera intervención como miembro del Gobierno al que me honro en pertenecer, quisiera trasladarles parte del mandato que nos hizo el presidente en la primera reunión del Consejo de Ministros, que es respetar las sesiones de control, ponernos a su disposición, bajo el principio de la trasparencia y la rendición de cuentas.

Como respuesta a su pregunta, somos conscientes de que el fin de la concesión de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón finaliza el 30 de noviembre de este año. Por lo tanto, y en la medida que compartimos su preocupación, solo tengo que decirle que no vamos a prorrogar esta concesión y que vamos a liberar el actual peaje.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora García Díaz, tiene la palabra.

La señora GARCÍA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, le tomo la palabra, y espero que se cumpla y se lleve a cabo lo que nos ha expuesto hoy aquí. También confío en que en un futuro las autopistas sean públicas, gratuitas y sostenibles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora García Díaz.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Muchas gracias por sus palabras. Ese es el compromiso y la voluntad de este Gobierno, especialmente porque, como bien sabemos, este tramo, por ejemplo, así como otros muchos cuya concesión vence, lleva muchos años ya por encima de la previsión que se estableció en su día. Se estableció una previsión suficiente para amortizar, y en algunos casos, como ocurre en la autopista del Mediterráneo, lleva 50 años cuando se previeron 20.

Aun así, sabemos que tenemos una reflexión pendiente, que es la viabilidad y la sostenibilidad de la red pública, que será un debate que tendremos que hacer cuando consigamos igualar en todos los territorios las mismas vías. Lo que tiene poco sentido es que algunos territorios estén penalizados y otros absolutamente liberados. Cuando tengamos una red absolutamente igualitaria, tendremos que plantearnos esa reflexión para el conjunto de españolas y españoles, porque eso es también vertebrar y hacer igualdad entre todos y todas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A DEROGAR LA REFORMA LABORAL CAUSANTE DE LA DEVALUACIÓN SALARIAL. 680/000568 ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Pregunta del señor Guardingo Martínez. Tiene la palabra su señoría.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra.

En primer lugar, quiero felicitarla por el nombramiento, pero también por el cambio de denominación del ministerio. Cuando oigo hablar de empleo, pienso en relaciones contractuales entre iguales, pero cuando oigo hablar de trabajo pienso en sindicalismo, negociación colectiva, derecho a huelga y acuerdos.

En el mundo del trabajo no existe ese plano de igualdad en el que algunos creen, y menos en el actual marco legal, donde en los últimos veinticinco años reforma laboral ha sido sinónimo de pérdida de derechos para la clase trabajadora. Especialmente lesiva fue la reforma laboral del 2012. Los descuelgues salariales, la prevalencia del convenio de empresa en este marco de externalizaciones y de empresas multiservicios ha provocado en nuestro país una dura devaluación salarial. Los salarios de hoy valen menos que antes de la crisis y el peso en la riqueza nacional de las rentas del trabajo ha caído y aumenta el de las del capital. La reforma laboral del 2012 no solo afectó a los salarios. Los descuelgues de convenio podían afectar a cualquier condición de trabajo: jornada, turnos, sistema de trabajo, horario, etcétera.

Se facilitaba el despido por absentismo justificado, una medida que ya introdujo Zapatero en su reforma; se abarataba el coste del despido e incluso se subvencionaba con el Fogasa, y se facilitaban los ERE y una serie de medidas más que el tiempo me impide continuar relatando.

Señora ministra, el presidente Sánchez se comprometió públicamente a derogar esta reforma laboral y yo no le voy a descubrir ningún secreto si le digo que a los españoles y a las españolas les gusta que los gobiernos cumplan sus promesas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.

Es un honor poder intervenir por primera vez en esta Cámara. Gracias por su bienvenida, señor Guariño.

Somos realistas, hemos llegado al Gobierno con una legislatura en marcha y con una aritmética parlamentaria compleja. Por tanto, nuestro primer compromiso es restituir el marco de relaciones laborales, dinamitado con la reforma laboral del año 2012, con diálogo social y, si es posible y deseable, con consenso político, y dejar sentadas las bases para un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Para ello hay que devolver a los agentes sociales su poder negociador y restaurar la primacía de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa. El convenio de empresa arruina las posibilidades de ordenación generalizada de las relaciones laborales, impide salarios dignos y contribuye claramente al dumping social.

Si algo caracteriza la eficiencia económica es la estabilidad en la regulación y para ello hay que recuperar la ultraactividad y la negociación sectorial, todo ello como paso previo e imprescindible para recuperar los salarios, por una cuestión de justicia social. No se puede apostar por una economía cuya competitividad se basa en la devaluación salarial. Hay que recuperar unos salarios decentes con incremento del salario mínimo interprofesional como condición necesaria para la estabilidad social y económica. Debemos crear bases firmes para el crecimiento de la economía y a ello también contribuirá la proximidad del acuerdo salarial entre los agentes sociales para este año y los próximos dos ejercicios, lo que es una gran noticia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Guardingo, tiene la palabra.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

He comentado antes que sí, que en los últimos veinticinco años la reforma laboral ha sido sinónimo de pérdida de derechos, pero el Estatuto de los Trabajadores —y en eso tiene usted razón— se puede también reformar para ganar derechos, porque los derechos laborales son algo muy moderno, en el siglo XIX no los había y esperemos que no los perdamos en el siglo XXI.

Para ganar derechos, nuestro grupo quiere plantearle tres medidas: la primera, como ha comentado usted, recuperar la negociación colectiva. Nosotros tenemos una proposición de ley que fue vetada por el anterior Gobierno y que hemos vuelto a presentar en el Congreso de los Diputados, porque es urgente un nuevo marco de relaciones laborales. El torpedo de 2012 a la negociación colectiva es la principal causa de que el 15 % de las personas que tienen un empleo en España no puedan salir de la pobreza. Somos el país de la Unión Europea con peor dato de trabajadores pobres. La segunda, respecto a la contratación, no puede ser que solo uno de cada diez contratos que se firman hoy sea indefinido. Hay que recuperar la causalidad en la contratación y abordar esa gama de contratos temporales a la carta que reforma tras reforma se han establecido. Y tercera, no puede ser tan barato y tan fácil despedir en España, porque eso provoca que en época de recesión se destruya empleo a mansalva.

Le pido que busque usted la mayoría parlamentaria, señora ministra, que es la que ha echado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recuperar derechos y ganar nuevos, y vamos a hacerlo alegremente, porque ganar derechos es una alegría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señor Guariño, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. (El señor Guardingo Martínez: Guardingo). Perdón, señoría: señor Guardingo.

Es necesario —estoy totalmente de acuerdo— sentar las bases para un crecimiento económico, del cual también deben participar las personas trabajadoras, pues son ellas las que, desde luego, han pagado con la depreciación salarial, con la pérdida de su empleo, sustituido por empleos precarios con la temporalidad y la parcialidad, el coste más elevado para salir de la crisis.

Desde la reforma laboral hemos asistido a una caída —estoy totalmente de acuerdo con ustedes— de los salarios sin precedentes. Han pasado de representar el 50 % sobre el PIB de rentas a caer hasta el 47 %, 3 puntos en seis años. Mientras, los excedentes empresariales crecían situándose en 2,5 puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea. Pero lo más grave es la doble penalización que sufren las personas trabajadoras, arrojadas del mercado de trabajo durante la crisis, las cuales, si han encontrado nuevo empleo, han tenido una pérdida de ingresos del 4,1 % de media.

¿Y lo jóvenes? ¿Qué decir de los jóvenes, que en el salario de entrada al mercado de trabajo en 2015 en relación con 2008 han tenido un decremento del 14 %? Así que, sí, la devaluación salarial es uno de los efectos más dañinos de la reforma laboral que este Gobierno se compromete a combatir, y estoy absolutamente convencida de que en esta tarea vamos a contar con su grupo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ES PARTIDARIO DE DEROGAR LA REFORMA LABORAL ACTUAL. 680/000572 MARÍA ROSARIO SOTO RICO (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Rosario Soto. Tiene la palabra su señoría.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Bienvenida, señora ministra. De sus palabras puedo entender que no van a derogar la reforma laboral y, por tanto, quiero preguntarle si van ustedes a renunciar a sus principios.

Muchas gracias. (Rumores.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Soto, no renunciamos a nuestros principios, pero tenemos los pies en el suelo. (Aplausos). Lo peor no es renunciar a los principios, sino no tenerlos, porque hay algunos que no los tienen. (Aplausos).

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno y yo misma, como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los agentes sociales y acordamos como primer paso, y con consenso, eliminar los aspectos más perniciosos de la reforma laboral. Hasta los empresarios están de acuerdo con esto.

Somos conscientes de que hemos llegado al Gobierno con una legislatura en marcha y con una aritmética parlamentaria complicada. Por tanto, nuestro compromiso es restituir el marco de relaciones laborales, quebrado por la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, con diálogo social y esperamos y deseamos que con consenso político, y esperamos que su grupo también esté ahí, porque ahí están los trabajadores, trabajadoras, sindicatos y empresarios de este país. Hay que devolver el equilibrio a las relaciones laborales, restituir el marco de la negociación colectiva y reponer los derechos conculcados. No se puede apostar por una economía cuya competitividad se basa en la devaluación salarial. Hay que recuperar unos salarios decentes e incrementarlos, así como aumentar el salario mínimo como condición necesaria para la estabilidad social y económica. Para ello, insisto, restableceremos, con el consenso social, la primacía de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa; recuperaremos la ultraactividad; pondremos coto al fraude de los contratos a tiempo parcial que ustedes han propiciado, contratos que esconden jornadas a tiempo completo, que impiden la conciliación y que están expulsando a la mujer del mercado de trabajo (Aplausos), e iniciaremos la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI acorde con los retos del presente y del futuro del mercado de trabajo. No podemos seguir con una regulación del año ochenta que ha sufrido a lo largo de su andadura múltiples reformas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora Soto.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Señora Valerio, el presidente de España, señor Sánchez, afirmó, y así se puede leer en la página web del Partido Socialista, que la primera medida que adoptaría cuando llegara al Gobierno sería derogar la reforma laboral. Pero ustedes no solo no van a derogar la reforma laboral, sino que han pasado de esa afirmación rotunda a decir que van a hacer unos retoques y, tras la reunión mantenida en la Moncloa con los agentes sociales, a decir que hay que tener los pies en el suelo, como ha afirmado usted ahora mismo, y que no se puede derogar la reforma laboral alegremente, sino que hay que analizarla profundamente.

Y yo le pregunto a usted: ¿Es que durante los pasados seis años, en los que han estado pidiendo la derogación de la reforma laboral todo su grupo aquí y en el Congreso y el ahora presidente de España lo hacían alegremente? ¿Es que no la habían analizado con profundidad? (Aplausos). Pero es que, además, usted se ampara en la compleja aritmética parlamentaria para decir que no la pueden derogar; eso sí, van a hacer algunos retoques. Y corríjame si me equivoco, porque digo yo que habrá una aritmética parlamentaria distinta, pero los mismos 84 diputados hay para derogar la reforma laboral que para hacer los retoques y para modificar el articulado del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social. (Aplausos). ¡Digo yo, señora Valeria!

Lo que yo creo es que a ustedes no les desagrada tanto la reforma laboral. Es más, probablemente les guste, porque ustedes son conscientes de que esta reforma laboral ha permitido crear en España 2 700 000 puestos de trabajo; ha permitido recuperar el 80 % del empleo destruido durante la crisis; ha permitido —y usted ha hablado de empleo juvenil— que el paro juvenil se haya reducido 20 puntos; ha permitido que hoy haya en España 8,5 millones de mujeres trabajando; ha permitido que durante cincuenta meses consecutivos se haya incrementado el trabajo indefinido. (Aplausos).

Señora Valerio, a ustedes no les gustan los Presupuestos Generales del Estado, pero van a gobernar con ellos; no les gusta la reforma laboral, pero van a gobernar con ella; no les gusta la Constitución española, pero probablemente tampoco van a modificarla (Protestas). Sí, señorías, sí. (Aplausos). Mal empiezan; mal empiezan, señora ministra. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, por favor.

La señora SOTO RICO: O están ustedes faltando a la verdad y sí les gustan todas estas normas que le he dicho pero se amparan en la falsa aritmética parlamentaria para no derogar o no eliminar aquello que les gusta y están cómodos gobernando con ello, o van ustedes a renunciar a sus principios por estar sentados en estos sillones azules, señora ministra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soto.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias.

Señora Soto, lecciones de constitucionalismo, al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno socialista, las justas. (Aplausos).

¿He creído entender que van a plantear ustedes una proposición de ley para derogar la reforma laboral? (Denegaciones de la señora Soto Rico). Sí, ¿no? (Aplausos). Es que he creído entender eso.

Señora Soto, el Partido Popular, con su reforma laboral quebró el pacto social que había en este país. Fue una reforma impuesta, que sustituyó empleo estable y de calidad por empleo precario. En los dos años siguientes a la aprobación de la reforma laboral del Partido Popular se destruyeron 714 000 empleos indefinidos a tiempo completo, el doble de los que se destruyeron durante la crisis y hasta la reforma laboral de 2012. Todas las estadísticas lo reflejan: más empleo, pero de peor calidad y cotizaciones decrecientes, que han puesto en un grave problema a la Seguridad Social.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Trabajaremos por un empleo digno, por un nuevo estatuto de los trabajadores que contenga un marco de relaciones laborales justo, que no mire al pasado, sino hacia el futuro de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE EL DESAFÍO A LA DEMOCRACIA EN CATALUÑA. 680/000546 LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

Pregunta de doña Lorena Roldán. Tiene la palabra su señoría.

La señora ROLDÁN SUÁREZ: Gracias.

En primer lugar, quiero darle la bienvenida, ministra, y desearle muchos aciertos en esta nueva etapa.

La pregunta es: ¿Qué medidas tiene previstas su Gobierno para proteger los derechos de los catalanes ante el desafío a la democracia?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Roldán.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchas gracias.

Señora Roldán, muchas gracias por sus palabras y por sus deseos de éxitos. Siempre he pensado que los éxitos del Gobierno forman parte de un éxito colectivo y, por tanto, de toda la sociedad española.

Concuerdo con su calificación en la formulación de la pregunta cuando habla de desafío a la democracia en Cataluña. Efectivamente, estamos viviendo un desafío a la democracia y estamos, sobre todo, viviendo un reto político. Los retos acostumbran a tener respuestas que no se agotan en una sola actuación, sino que necesitan aproximaciones diversas y poliédricas y, por tanto, actuaciones en distintas direcciones.

En este ámbito, el programa de Gobierno, que expresó el propio presidente del Gobierno en el debate de la moción de censura que permitió su investidura, combina, al menos, dos líneas de actuación. En primer lugar, garantizar por encima de todo —y esa es la principal responsabilidad de todo poder público, de todo Gobierno— el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas por igual, de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Para esto solo hay un camino, solo hay una vía en democracia: el respeto a la legalidad y a las reglas del juego. Solo si respetamos el sistema democrático y el Estado de derecho tendremos las garantías suficientes todos los ciudadanos. Un Gobierno, como decía, tiene la obligación de preservar esos derechos y libertades, independientemente de las opciones políticas del propio Gobierno y de cada uno de los ciudadanos.

En segundo lugar, los poderes públicos y especialmente el Gobierno tienen que dar respuestas políticas. Para eso, en primer lugar, nos hemos propuesto recuperar tres conceptos que han desaparecido de la vida institucional de este país: lealtad entre administraciones públicas e instituciones, respeto y confianza. Si no recuperamos esos conceptos va a ser muy difícil construir nada.

La respuesta política, más allá del marco constitucional y legal, como decía, tiene que reconocer un hecho inequívoco, y es que en estos momentos las opciones políticas que configuran una mayoría de Gobierno en la Generalitat plantean unas demandas que responden a la posición de una parte de los ciudadanos de Cataluña, pero de una parte significativa de ciudadanos en Cataluña. Y negar esa realidad no contribuye a solucionar el problema, más bien lo que hace es alimentarlo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Roldán, tiene la palabra.

La señora ROLDÁN SUÁREZ: La pregunta se la hace mi grupo, pero ¿sabe quién más se la hace? 1 100 000 catalanes y muchísimos más que están preocupados viendo que su Gobierno les da la espalda, sobre todo después de escuchar el otro día a su portavoz, que nos dijo que veía con respeto y normalidad que se reabrieran las embajadas catalanas. ¿Sabe para qué han servido esas embajadas? Han servido para hacer propaganda del procès, han servido para separar y dividirnos a la sociedad catalana y han servido también para intentar sacarnos del resto de España. Para eso han servido las embajadas. Pero a ustedes les parece bien, les parece normal, según ha dicho. Y no es que los partidos separatistas hayan hecho propósito de enmienda, no, todo lo contrario. El señor Torra ya nos ha dicho que piensa hacer exactamente lo mismo que su antecesor. Y ¿qué es lo primero que han hecho ustedes? Darles luz verde para que se gasten el dinero de todos los catalanes. Y el señor Torra, que es muy aplicado, se ha puesto manos a la obra: 20 millones de euros para TV3 y reabrir el Diplocat. Hablaba usted de confianza, pero ¿qué quiere que le diga? A mí no me parecen de fiar, porque son los mismos y están haciendo exactamente lo mismo.

Torra, ese señor que nos llama tarados genéticos, que nos llama bestias a los que no pensamos como ellos. (Rumores). Torra, el presidente del lazo amarillo para los del lazo amarillo —porque ya nos lo ha dicho—, dice en un twitter: el lazo amarillo representa hoy más que nunca al Gobierno de Cataluña, porque —según nos explica— el lazo amarillo significa dignidad y significa humanidad. ¿Qué pasa, que los que no llevamos el lacito amarillo no somos dignos? Pero todo está bien en Cataluña, ¿no, señora Batet? Y todo esto a usted le parece normal.

Usted también nos ha dicho que van a intentar recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Se ve que ahora, de repente, van a ser constitucionales, así, por arte de magia, unas leyes que los partidos separatistas hicieron a sabiendas de que el Tribunal Constitucional se las iba a suspender. No lo digo yo, lo dice el propio señor Salvador en un mail que tengo aquí. Hablaba sobre unos impuestos y decía: «Espero que el Constitucional lo suspenda porque si no, haremos un ridículo espantoso». Si quiere, luego se lo enseño, porque tiene cada perla este mail que es increíble. Y no es el único, también la señora Vergés, nuestra nueva consellera de Sanidad, decía en otro mail: «Esta ley en el minuto uno será tumbada por el Tribunal Constitucional. No os consideréis presionados por tener que hacerla en pocos meses». ¡Mira qué bien! Un Gobierno trabajando para hacer leyes que sabía perfectamente que se iban a suspender, para seguir con el victimismo. ¿Y dice usted que las va a intentar recuperar? Ya, si acaso, de la separación de poderes hablamos otro día. ¿Es normal esto, señora Batet? Tienen ustedes un concepto de la normalidad un tanto extraño, de verdad. Insisto, ¿qué va a hacer para proteger los derechos de los catalanes? ¿Cuánto nos va a costar su pacto con los separatistas, con esos que han dado un golpe a la democracia, con esos que han provocado la huida de miles de empresas, con esos que han partido en dos la sociedad catalana, con esos que acaban de declarar ahora persona non grata al jefe del Estado, como ya nos hicieron a nosotros? ¿Al jefe del Estado, que es una institución?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ROLDÁN SUÁREZ: Voy acabando.

Están excluyendo, están expulsando de esos territorios a millones de catalanes solo porque no piensan como ellos. Le pregunto, ¿qué más tiene que pasar en Cataluña para que ustedes no justifiquen los abusos que se están produciendo?

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ROLDÁN SUÁREZ: Mientras su Gobierno nos utiliza como moneda de cambio, millones de catalanes seguimos esperando que nos protejan.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Roldán.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Señora Roldán, la denuncia del problema está bien, pero ¿y qué? ¿Y qué más? Una vez constatada la denuncia tendremos que aportar alguna solución para resolver los problemas, porque esa es la responsabilidad de las fuerzas políticas y, desde luego, es la responsabilidad del Gobierno de España.

Que usted me hable de fractura o de problemas de convivencia en Cataluña...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Acabo, señor presidente.

Yo comparto perfectamente ese diagnóstico, lo he sufrido en propia piel, y no me gusta ver cómo un Gobierno —el Gobierno de la Generalitat— hace dejación de representar a la mitad de Cataluña. El Gobierno de España no va a hacer eso; ese reproche no se le va a poder hacer al Gobierno de España, porque nos sentimos interpelados por todos los ciudadanos de Cataluña y del conjunto del Estado, y, por tanto, tenemos la obligación de dar respuestas.

El señor PRESIDENTE: Termine, señora ministra, por favor.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Señora Roldán, la cohesión social, la cohesión territorial del Estado es una de nuestras prioridades y también lo es precisamente en el ámbito de Cataluña. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL QUE DEFIENDE EL GOBIERNO. 680/000566 TOMÁS MARCOS ARIAS (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Tomás Marcos. Tiene la palabra su señoría.

El señor MARCOS ARIAS: Bienvenida, señora ministra.

Doy por formulada la pregunta.

Gracias, presidente.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Marcos.

El Gobierno defiende el modelo territorial contenido en la Constitución española, en los estatutos de autonomía y en el conjunto del ordenamiento jurídico. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Ministra Batet, la reforma de la Constitución nunca es para contentar a quienes quieren romper España; es para impulsar un proyecto de país para los próximos años, un proyecto de ciudadanos libres e iguales, con un claro compromiso por la unión, la dignidad, la igualdad y el futuro de España, con la defensa del orden constitucional para abordar una reforma —y ustedes también lo han dicho— que incluya el derecho fundamental a la protección de la salud, a la información pública, a la atención a la dependencia, a los servicios sociales, a la vivienda, a un medioambiente sano, y además de la reforma del sistema electoral, facilitar el voto a las personas con discapacidad y la reforma del Senado. Porque, señora ministra, una reforma para contentar a los que han dado un golpe a la democracia para consolidar la supremacía de unos territorios contra otros y para olvidarse de que la Constitución es para todos no es una reforma.

Tenemos que profundizar en nuestras libertades, en la igualdad de todos los españoles en todos los territorios. Levantar muros de inequidad entre las comunidades autónomas, segregar para agradar a algunos, generar desigualdad poniendo el territorio por delante de los derechos fundamentales de los ciudadanos no es el camino.

Pero ¿cuál es el camino de su Gobierno? Señora ministra, no lo sabemos. Proponen una cuestión y la contraria, como don José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista en la comunidad de Madrid, que dice que Madrid es una nación; como don José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista, que dice que ni siquiera con una moción de censura pactaríamos con nacionalistas o separatistas; con don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que dijo: Cataluña necesita un presidente que gobierne, no un racista al frente de la Generalitat. Lo dijo él y después añadió: Bienvenidas todas las propuestas; o el PSOE, que lo mismo pide el acercamiento de políticos presos, que acepta que el rey sea persona non grata y que apoya manifestaciones en favor de los agresores de Alsasua.

Señora ministra, ¿tiene usted la intención de saltarse al Tribunal Constitucional? ¿Será su gran aliado en esta reforma el señor Torra, que ya ha demostrado que no quiere ni respeta la Constitución española?

En Ciudadanos creemos, y seguimos contando con todos los ciudadanos. Sí, hay que reformar la Constitución, señora ministra, pero no para inventarse una nación de naciones, sino para reforzar la nación de ciudadanos libres e iguales.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señor presidente.

Señor Marcos, los manuales de Derecho Constitucional acostumbran a incluir un capítulo sobre los instrumentos de defensa de la Constitución, y suele tratar ese capítulo la reforma constitucional como mecanismo precisamente de defensa del propio texto constitucional.

Modificar la Constitución es ante todo una forma de garantizar su carácter de expresión de las prioridades y opciones de los ciudadanos, y con ella su vigencia y efectividad. Una Constitución que pierde el apoyo de la sociedad y que deja de ser referente común para la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas precisamente en cuestiones y ámbitos tan polémicos como los que estamos hablando es una Constitución más débil, y con ello se debilitan también las instituciones y la ciudadanía en su conjunto. Precisamente porque queremos una Constitución fuerte, porque queremos un Estado fuerte, porque queremos unas instituciones democráticas fuertes y una ciudadanía orgullosa de su modelo y de su sistema democrático, defendemos la reforma de la Constitución.

El modelo territorial que España tiene y que este Gobierno defiende piensa en la necesidad y en las posibilidades de todos los españoles y de todas las comunidades autónomas. Este modelo lo hemos construido durante años y lo ha construido precisamente el Partido Socialista desde el Gobierno de España, desde las Cortes Generales, desde los gobiernos y los parlamentos autonómicos, de todos y cada uno de ellos.

Señor Marcos, no hay partido que sepa mejor que el nuestro lo difícil y a la vez lo necesario que resulta un modelo que se construye sobre el acuerdo de todas las comunidades autónomas y con un consenso amplísimo en toda la sociedad española. Nuestro modelo territorial no es una contrapartida a nada ni a nadie, lo repito, no es una contrapartida a nada ni a nadie, no es un modelo para una comunidad autónoma y mucho menos para una fuerza política; el nuestro es un modelo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes de que ese modelo requiere mayorías parlamentarias, mayorías reforzadas, consensos muy específicos que garanticen además el posterior éxito de la reforma. A ello nos vamos a dedicar y contamos con todos los grupos de esta Cámara y del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA REVERTIR TODOS LOS RECORTES Y OBSTÁCULOS ESTABLECIDOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 680/000578 MIQUEL ÀNGEL ESTRADÉ PALAU (GPER)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra para la Transición Ecológica.

Pregunta de don Miguel Ángel Estradé. Tiene la palabra su señoría.

El señor ESTRADÉ PALAU: Buenas tardes, señor presidente.

Señora ministra, bienvenida. También hacemos extensivo el saludo a los otros miembros del Gobierno. Les deseamos aciertos y valentía para afrontar la negociación bilateral necesaria para resolver el conflicto de soberanías que hay planteado entre España y Catalunya. (Aplausos).

Vayamos a la pregunta. Nosotros pensamos que el Estado español resolvió de una forma muy poco ejemplar todo lo que hace referencia a la implantación de las energías renovables. Ha dado muy mal ejemplo y ha sido de los que peor se ha comportado en este aspecto. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Zapatero dio un gran impulso a las energías renovables y creó muchas expectativas, incluso yo diría que demasiadas, pero luego entró el PP y desmontó todo lo que había hecho el Gobierno socialista. ¿Qué provocó eso? Provocó que muchos inversores y productores se sintieran literalmente estafados, perdieran toda la confianza en el Estado español y en las instituciones, y también ha provocado que hayan presentado multitud de querellas y recursos ante los tribunales españoles y europeos, que ganarán con toda seguridad y pondrán al descubierto el abuso que se ha cometido con ellos. Pero bueno, busquemos soluciones.

Nosotros le queremos preguntar si su Gobierno está dispuesto a dar un impulso decidido a las energías renovables, si está dispuesto a recuperar la confianza de los inversores, de los productores, a restablecer la credibilidad del Estado español y, en la medida en que se pueda, si está dispuesto a reparar el daño y los perjuicios que se ocasionaron a los productores, porque se cambiaron las reglas del juego en medio del partido, y eso es inmoral y abusivo.

También nos gustaría saber si están dispuestos a establecer un marco normativo que deje muy claro qué pueden esperar los productores y los inversores y qué primas van a recibir; un marco que no esté a merced de los vaivenes de la política, de los cambios de Gobierno, de las coyunturas, es decir, un marco propio de un país serio y comprometido con las energías renovables. Y por último, nos gustaría saber si ustedes están dispuestos a levantar el impuesto al sol, porque si no, mucha gente creerá que se está favoreciendo a los grandes grupos energéticos en contra de los pequeños productores y de los particulares que quieren producir la energía que consumen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

Me sumo a la reflexión inicial de mis compañeros, que, como yo, se estrenan en esta Cámara. Subrayo el enorme respeto que sentimos por la institución y la vocación de trabajar con total transparencia en el ejercicio de nuestras funciones en modo diálogo con todos ustedes para construir una España mejor.

La respuesta corta a su pregunta es que sí, claro. En su pregunta está implícita una de las grandes constataciones que refleja el Gobierno del presidente Sánchez con la creación de este ministerio. España no puede seguir perdiendo oportunidades, no puede retrasar la modernidad de su economía, no puede retrasar el entendimiento de los límites ambientales ni el impacto social que tiene la falta de incorporación razonable de una estrategia que, en el fondo, es una estrategia de modernización, de innovación y de equidad.

Quizá haya podido usted constatar esa oportunidad insospechada del Gobierno de trasladar con gran convicción, en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, celebrado el lunes —por tanto, pocas horas después de la entrada en funcionamiento del nuevo Gobierno—, el cambio de posición de España al respecto: defendimos los mismos objetivos que había defendido el Parlamento Europeo, buscando la máxima presencia en los objetivos de renovables, eficiencia energética y gobernanza para facilitar el cumplimiento del Acuerdo de París y nos posicionamos claramente en favor de la prohibición del impuesto al sol. Queda ahora rescatar, en ese resultado que se está alcanzando en el ámbito comunitario, todas las consecuencias para nuestro marco nacional; además, algunas de ellas cuentan con proposiciones que han estado respaldadas por el conjunto de los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, y que nos deben permitir avanzar en esta dirección.

Está claro que la transición energética por la que ha apostado el mundo en general, y Europa en particular, nos lleva a un modelo completamente diferente, y eso debe permitir, como usted muy bien ha dicho, recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores ajeno a esos vaivenes y que, de algún modo, permita anticiparse para hacer viable ese proceso de cambio sin dejar a nadie atrás, sin eliminar los aspectos sociales.

Hemos asistido a un periodo en el que se ha abandonado todo este proceso, con gran perjuicio para inversores, industriales y sociedad, y hay que recuperarlo. Debemos dotarnos de ese marco estratégico que estamos llamados a presentar a finales de diciembre de 2018 y sobre el que no hay escrita una sola línea —el plan nacional integrado de energía y clima— y, como le digo, estaré encantada de poder, en el ejercicio de mis funciones, trabajar con todos ustedes para resolver estas cuestiones y muchas otras.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Estradé, tiene la palabra.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.

Sus palabras suenan muy bien y, en consecuencia, tanto en el Senado como en el Congreso tendrá a su lado al Gobierno de Cataluña porque estos inversores, estos productores merecen que se reparen los perjuicios y merecen todo nuestro apoyo.

En cualquier caso, le aseguro también que no será fácil recuperar su confianza, pero si entre todos nos ponemos a ello, lo podremos conseguir.

Gracias. (Aplausos.— La señora ministra para la Transición Ecológica, Ribera Rodríguez, pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Se le acabó el tiempo, señora ministra.

Lo siento.



PREGUNTA SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA QUE ESTÉN DISPONIBLES LOS INFORMES MEDIOAMBIENTALES QUE DEMUESTREN SI EXISTEN O NO RIESGOS PARA DESMANTELAR LAS INSTALACIONES DEL ALMACENAMIENTO SUBMARINO DE GAS CASTOR. 680/000580 MIGUEL JOSÉ AUBÀ FLEIX (GPER)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Miguel José Aubà. Tiene la palabra su señoría.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.

Quiero felicitar a la señora ministra por su nombramiento y desearle el mayor número de éxitos posible, así como al resto de miembros de su Gobierno.

La pregunta es muy concreta: ¿en qué fecha prevé el Gobierno español que estarán disponibles los informes medioambientales que demuestren si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones de almacenamiento del gas Castor?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.

Esto de ser novata me ha hecho gestionar mal los tiempos, pero voy a procurar ser eficaz en esta segunda respuesta.

De nuevo he de decir que todavía no lo sé, y le voy a explicar por qué y a qué me comprometo. Su pregunta se enmarca en un contexto en el que parte de la información está disponible desde mayo del año pasado, con esos estudios de la Universidad de Harvard y del MIT, en los que se determina con claridad que no se puede descartar con certeza absoluta qué supondría el funcionamiento de ese almacenamiento de gas en términos de riesgos sísmicos. A la vista de esa información técnica se paralizó el funcionamiento y, evidentemente, el Gobierno anunció su compromiso de recabar informes técnicos para saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar en condiciones de seguridad. A fecha de hoy no conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado y todavía no tengo constancia de a quién se han encargado ni en qué momento están, pero me parece que es una cuestión extraordinariamente importante porque, además, abre un abanico de preguntas que deben ser contestadas.

Por tanto, mi compromiso es averiguar dónde estamos y presentar esa información de forma transparente a todos ustedes. Además, será necesario entender cuáles son las conclusiones que se deriven de ella, y si no hay informes, encargarlos rápidamente, para posteriormente debatirlos con todos ustedes porque me gustará oír también sus reacciones, sus comentarios, y sus recomendaciones con respecto a los pasos a seguir.

Espero tener respuesta lo antes posible y, evidentemente, les mantendré informados.

Quedo enteramente a su disposición. Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra.

Tiene la palabra, senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señora ministra, por su información.

Esperamos que sean coherentes con el cumplimiento de las iniciativas parlamentarias que hemos ido presentando y con algunas que se han votado ―entre ellas, la del Castor― con el apoyo del Partido Socialista y que se incluyan en el calendario.

En este sentido, nosotros pedíamos un calendario transparente para el desmantelamiento del Castor y que se constituyera una comisión de seguimiento al respecto; que se hiciese efectiva una sentencia del Tribunal Constitucional y que no se pague a los bancos por la indemnización del Castor; también solicitábamos que no cargara más en los recibos de los consumidores del gas la indemnización que nunca se debió pagar a Florentino Pérez; que emprendan las acciones necesarias para recuperar, si es posible, las cantidades restituidas en Escal UGS; que inicien actuaciones para reclamar las responsabilidades de las empresas por los defectos constructivos en el diseño del Castor —que los hubo—, y les recuerdo que eran errores graves; y que promueva la transparencia de la información —ha dicho que se compromete a ello— y el acceso a toda la documentación, estudios y contratos asociados al Castor. Puede empezar ya por publicar los estudios del MIT y demás, que ya están en poder de su departamento.

Por último, espero que impulsen la creación de una comisión de investigación sobre el Castor, por coherencia con el voto del Partido Socialista Obrero Español en el Senado, y también en el Parlamento de Cataluña, donde, por cierto, acaba de constituirse a propuesta de Esquerra Republicana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.

Como digo, me comprometo a recabar toda la información, a consolidar aquella que existe y a reclamar la que no existe; a compartirla y a diseñar o a participar en la elaboración de los escenarios de alternativas, así como a discutir y a hablar con todos ustedes antes de tomar ninguna decisión al respecto.

En el contexto del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, del seguimiento de lo que ha funcionado y lo que no, es fundamental entender qué es lo que ha ocurrido y hasta dónde se ha llegado para dar los siguientes pasos.

Agradezco su pregunta y, como he dicho anteriormente, quedo a su disposición.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO FACILITAR UN MÚLTIPLEX ADICIONAL PARA PERMITIR LA EMISIÓN RECÍPROCA DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE LO PRETENDAN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40.4 DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 680/000579 BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Economía y Empresa.

Pregunta de don Bernat Picornell. Tiene la palabra su señoría.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, en primer lugar, le doy la bienvenida al Senado y, como ya dijimos a su compañera, la ministra de Hacienda, en el trámite de los presupuestos, estamos seguros de que podremos llegar a acuerdos, y, por tanto, le tendemos ya la mano para dialogar, para hablar, para lograr pactos o lo que surja.

Dicho esto, quiero preguntar qué línea va a seguir su ministerio para facilitar la reciprocidad de los medios de comunicación en lengua catalana. Nuestro objetivo es garantizar los derechos lingüísticos de más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas; unos derechos, por cierto, recogidos en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Deje que le cite dos artículos de esta Carta: Los Estados miembros deberán garantizar la libertad de recepción y no pondrán obstáculos para las retrasmisiones. Y, señora ministra: Las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de los países vecinos. Además, la Ley general de la comunicación audiovisual recoge que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual se podrá efectuar siempre que así se acuerde. Pues bien, existe ese acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña, ratificado por ambas cámaras y también por el Senado, pero que tiene una gran salvedad, que es justamente el espacio radioeléctrico. Eso es lo que necesitamos y lo que hoy le pedimos, señora ministra, un segundo múltiplex para la Generalitat Valenciana.

Es por eso por lo que le formulo tres preguntas: en primer lugar, ¿el Gobierno tiene previsto facilitar un múltiplex adicional? En segundo lugar, ¿cómo va a garantizar el Gobierno de Pedro Sánchez, su Gobierno, que 10 millones de hablantes puedan ver en sus casas IB3, À Punt o TV3? Y, en tercer lugar, ¿va a hablar, va a negociar, va a llegar a acuerdos con Italia y con Francia, países donde también se habla nuestra lengua?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidente.

Antes de nada, y al igual que mis compañeros, deseo expresar mi satisfacción por estar por primera vez en el Senado, escuchar el debate y responder a las preguntas que se puedan plantear aquí. Además, señor Picornell, quiero agradecerle muy sinceramente sus palabras de apoyo, de aliento y su apertura a que establezcamos una relación de confianza y de diálogo, que es lo que quiere el Gobierno de España en estos momentos.

Con respecto a su pregunta, señor Picornell, como usted sabe muy bien, la competencia de planificación del espectro radioeléctrico corresponde en exclusiva a la Administración General del Estado y esto es así porque se trata de un bien de dominio público de interés general. Este proceso de asignación está sujeto a importantes restricciones y, muy particularmente, al carácter limitado del espectro radioeléctrico, que además ha de repartirse entre un número muy importante, y yo diría creciente, de servicios; por ejemplo, la radiodifusión radiofónica o televisiva —que parece ser el interés principal de su pregunta—, los operadores móviles, los satélites o la investigación científica.

Además, el Gobierno debe atender a las estrategias europeas respecto al uso de las distintas bandas de frecuencia, y por eso en mayo de 2017 se aprobó una decisión sobre el segundo dividendo digital que obliga a los Estados miembros a liberar la banda de frecuencia de 700 megahercios, para introducir la nueva tecnología 5G.

Todas estas son variables que limitan las frecuencias disponibles y que hay que tener en consideración a la hora de planificar y distribuir el espectro radioeléctrico entre las distintas opciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias.

Señora ministra, nosotros entendemos que estamos ante una gran anormalidad. De hecho, usted me hablaba del espacio radioeléctrico y tenemos muchísimos ejemplos de intercambio dentro de un mismo país y entre distintos países. Los alsacianos, del Estado francés, reciben la televisión en alemán; los suecos que viven en Finlandia también pueden ver la televisión en su idioma; los hablantes de italiano, de alemán o de francés en Suiza también lo pueden hacer y así un largo etcétera.

Esquerra Republicana cree que debe velar por el acceso y el derecho a la información plural y diversa de todos sus ciudadanos; unos ciudadanos que hoy por hoy pueden conectar con canales de Arabia Saudí, de Francia o de Rusia, pero que no lo pueden hacer con los canales de sus territorios más próximos. Podemos ver centenares de canales, pero no los de nuestra lengua.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PICORNELL GRENZNER: Voy acabando, señor presidente.

Por eso, señora ministra, reivindicamos esta cuestión y le pedimos diálogo. Para nosotros no tiene sentido alguno y necesitamos una solución en este sentido.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias.

Señor Picornell, déjeme explicarle con un poco más de detalle las limitaciones a las que me he referido anteriormente en materia de administración del espacio radioeléctrico, y luego me referiré un poco más concretamente a su posición y a su solicitud, que entiendo perfectamente.

Como le decía antes, el espectro es un recurso finito, escaso y cada vez más necesario puesto que hay numerosos servicios, cada vez más servicios, que requieren el uso de este espectro, que tenemos que asignar de manera eficiente porque a los usos tradicionales de retransmisiones audiovisuales se suman ahora otros: la telefonía móvil, las investigaciones científicas o la comunicación de ingentes cantidades de datos. Estos usos son cada vez más importantes para la sociedad y la economía del futuro, y yo diría que para la sociedad y la economía del presente, y hay que tenerlos en cuenta a la hora de asignar el espectro radioeléctrico.

El Gobierno de España tiene la intención de basar esta asignación en criterios como la máxima eficiencia en el uso, la disponibilidad de usos prioritarios y, como usted señalaba, el derecho a recibir una comunicación plural y diversa. Por eso quiero señalar en relación con esta cuestión que, según la Ley general de la comunicación audiovisual, las comunidades autónomas ya pueden acordar, mediante convenios, la difusión mutua de canales regionales en territorios limítrofes. Para ello ya cuentan con un múltiplex digital que gestionan de forma autónoma, pudiendo decidir libremente a qué canales asignan esa parte del espectro.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Termino.

En este contexto, resulta difícil que el Gobierno vaya a poder facilitar un múltiplex, pero no hay ningún impedimento para que puedan ceder la parte del múltiplex que ya controlan para los objetivos que usted ha señalado, señoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR ANTE EL AUMENTO QUE TIENEN CADA AÑO LOS DELITOS DE ODIO HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y QUE CONSTITUYEN YA EL SEGUNDO MOTIVO COMO CAUSA DE LOS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA. 680/000560 VIRGINIA FELIPE SAELICES (GPPOD)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Pregunta de doña Virginia Felipe Saelices. Tiene la palabra su señoría.

La señora FELIPE SAELICES: Gracias, presidente.

La doy por realizada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Felipe.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, vamos a adoptar una posición proactiva en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Los datos recogidos en el informe anual del Defensor del Pueblo no nos permiten tibieza: un aumento de un 15,9 % en el año 2017 con respecto al año anterior.

Ya se está valorando la puesta en marcha, de forma dialogada y con una visión transversal, de diferentes medidas que después le enumeraré.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Felipe, tiene la palabra.

La señora FELIPE SAELICES: Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra. Le expreso mis mejores deseos para que haga una buena labor y ayude a mejorar la sociedad.

Los estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad, señora ministra, hacen que no se quieran tener hijos con discapacidad y que exista normativa que permita interrumpir el embarazo si quien va a nacer la tiene; que se nos segregue en la educación y el empleo; que otros puedan decidir por nosotros; y que se lleven a cabo otras prácticas contrarias a los derechos humanos, que también ocultan más violencia, como esterilizaciones e internamientos forzosos.

Esos estereotipos y prejuicios están tan arraigados y presentes en todos los ámbitos, señora ministra, que hoy en día hay quienes niegan la entrada a establecimientos y actos a personas con discapacidad porque dicen que asustan y molestan a la gente. Hace poco, un representante público manifestó en un Pleno municipal que hay personas con discapacidad que utilizan los servicios de la prostitución porque no les queda más remedio. También he de decir, señora ministra, que cuando me quedé embarazada se dijo de todo, y que uno de los comentarios fue que a todas las tontas nos daba por lo mismo. Además, debido a la falta y denegación de accesibilidad, muchas personas no podemos utilizar los medios de transporte, acceder a la información y a las comunicaciones ni entrar en establecimientos, o tenemos que hacerlo por una puerta trasera en vez de por la de los demás. Otras personas ni siquiera pueden salir de sus casas o se ven obligadas a hacerlo arrastrándose por el suelo y las escaleras. Y los medios para presentar denuncias y de atención a las víctimas, que no son plenamente accesibles, nos convierten en más vulnerables aún.

Lo descrito es una muestra del germen de delitos de odio y violencia por razón de discapacidad y de su aumento cada año hasta consolidarse como el segundo motivo de odio en España, haciendo que nuestro país sea el segundo de la OSCE con más casos de este tipo.

Con actitudes y normativas contrarias a los derechos humanos no pueden promoverse estos ni proteger a todas las personas en su ejercicio, dejando estrategias y planes llenos de palabras pero vacíos de contenido. Señorías, las instituciones debemos contribuir con el ejemplo para que encuentre reflejo en la sociedad y se produzcan sinergias que alumbren un sentimiento de aceptación. Por ello, el reciente informe de la ONU sobre la segregación educativa de las personas con discapacidad en España debe servir como punto de inflexión para empezar a recorrer el camino que, a través de una educación inclusiva que comience en la infancia, enseñe a convivir respetando la diferencia de la diversidad de todas las personas.

Señora ministra, me pongo a su disposición y a la de todo su Gobierno para trabajar y conseguirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Felipe.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Gracias, señora Felipe, por esta primera pregunta que me permite saludarla.

Discúlpeme si no sustancio como debiera la respuesta porque varias conversaciones se me mezclaban y me impedían oír con precisión el contenido de su discurso. (Aplausos).

En cualquier caso, quiero decirle, si me lo permiten, que la actitud de este Gobierno va a ser proactiva, como le he dicho, en una política que tiene que ser dialogada y trasversal; tenemos que comenzar un diálogo con los diferentes agentes para concienciar y poner en marcha diferentes acciones: con el sistema educativo, con los medios de comunicación y también programas de formación y sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y sus derechos. Todo ello en cumplimiento del artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad que insta a los Estados a potenciar todas aquellas medidas tendentes a la toma de conciencia.

En la actualidad hay mucho margen de mejora. Usted hacía un relato de todas las dificultades que se encuentran las personas con discapacidad o diversidad funcional a lo largo de su día. Por ello, existe en la actualidad una línea de subvención a la Fundación A la Par, en el Programa apoyo a las víctimas con discapacidad intelectual en su paso por el sistema policial y judicial, aunque es una línea que ha sufrido un recorte del 30 % en 2017. Sin embargo, esto es ampliamente mejorable y no ataca al origen, a la prevención, así que es necesario en ese contexto buscar medidas que hablen de una respuesta preventiva, de una sensibilización y de la aplicación efectiva de las leyes.

Conozco su interés y su sensibilidad a través de las iniciativas que he visto que ha registrado en el Senado, y le puedo decir que tenemos una importante coincidencia. Le puedo dejar bien claro nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno, de avanzar en un modelo de convivencia que logre eliminar todas las barreras que dificultan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Muchas gracias por su ofrecimiento. Contaré con su señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO DEVOLVER LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN NUESTRO PAÍS Y ELIMINAR LAS TRABAS DE ACCESO A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS COMO SON LOS COPAGOS, DEROGANDO EL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL. 680/000567 MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA (GPPOD)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Concepción Palencia. Tiene la palabra su señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.

Señora ministra, en 2012, hace ya seis años, el Partido Popular decretó un apartheid sanitario en nuestro país. Con el Decreto 16/2012, de exclusión sanitaria, parte de la población dejó de tener asistencia sanitaria gratuita y se instauró el copago farmacéutico para los pensionistas. Usted sabe que estas medidas son ineficaces y que no ahorran dinero, como así se dijo para justificar la implantación, sino todo lo contrario. Usted sabe que una enfermedad mal tratada, tratada tarde, la falta de prevención o la falta de adherencia a los tratamientos no disminuyen los costes sino que los aumentan. Esto si hablamos en términos económicos, porque si hablamos en términos de coste social y humano, es incalculable el daño y el dolor causado por este decreto de exclusión sanitaria.

El viernes de la semana pasada la señora Celaá, la ministra portavoz de su Gobierno, anunció la medida de restaurar la universalidad de la sanidad. En este sentido, mi pregunta para usted es cómo y cuándo tiene previsto su ministerio restaurar la universalidad del derecho a la salud y eliminar las trabas de acceso a los tratamientos, como los copagos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Gracias, señoría.

El compromiso es devolver los derechos arrebatados por la anterior etapa de Gobierno del Partido Popular y hacerlo uno a uno, paso a paso. Como usted ha dicho, comenzaremos por eliminar la exclusión sanitaria y seguiremos con la eliminación de la discriminación económica en el acceso a los tratamientos farmacológicos; es decir, los copagos a los pensionistas.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros dio el pistoletazo de salida a un proceso dialogado con las comunidades autónomas, con la sociedad civil y también con los grupos parlamentarios para recuperar la atención sanitaria universal; desde el primer momento nos hemos puesto a trabajar en ello, y este proceso dialogado, que ya se está sustanciando, es imparable. La comisión delegada ha sido convocada y mañana mismo las comunidades autónomas estarán en el ministerio para buscar soluciones conjuntas. Además, la semana siguiente celebrará una reunión preparatoria el consejo interterritorial con el mismo objetivo. Pero no solo buscamos el diálogo con las comunidades autónomas; el diálogo está abierto también a la sociedad civil. Mañana por la tarde las puertas del ministerio se abrirán a todas las organizaciones, ONG, colegios profesionales y sociedades científicas que han trabajado en la plataforma y en red durante estos años, denunciando la situación de la exclusión sanitaria. Por último, también dialogaremos con los grupos parlamentarios. Son ustedes quienes tendrán que dar el último toque a la asistencia sanitaria universal con la convalidación en el Parlamento.

Por tanto, hemos comenzado un proceso dialogado, imparable, para recuperar los derechos. Como le decía, uno a uno y paso a paso. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Palencia, tiene la palabra.

La señora PALENCIA GARCÍA: Señora ministra, este proceso que usted ha comenzado, y que yo aplaudo, es urgente porque no hay excusa para no devolver el carácter universal a nuestra sanidad pública y acabar con el copago farmacéutico con inmediatez. Además de ser una obligación para un Gobierno social, le recuerdo que derogar el Decreto 16/2012 es un compromiso del pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal que algunos grupos políticos adquirimos con la sociedad civil, también su grupo político. Retrasar la derogación del copago, como usted ha dicho públicamente, es fallarles a ellos y a ellas, a la sociedad civil, que no se ha rendido y que siempre ha mostrado solidaridad y capacidad de lucha en las peores circunstancias. No les falle, señora ministra; no les falle tan pronto al menos.

Restaurar el derecho a la salud universal es una cuestión prioritaria y urgente, y hay aspectos que no pueden esperar trámites; por ejemplo, la injusticia que se está cometiendo con las personas extranjeras reagrupadas, a las que se les niega la tarjeta sanitaria teniendo derecho a ella, a pesar del criterio de los tribunales y de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Su Gobierno —también apelo a la ministra Valerio— puede terminar con esta barbaridad desde este instante, dando orden para que el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, deje de estigmatizar a estas personas que, cuando reclaman su derecho en los tribunales, les retiran la tarjeta de residencia como represalia, actuando de manera contraria a derecho y a los tratados internacionales pero, sobre todo, contraria al mínimo respeto por los derechos humanos y civiles de las personas. Lo pueden y lo deben hacer ya.

Para terminar, señora ministra, le doy la bienvenida a esta Cámara y le deseo un camino de aciertos en una tarea nada fácil, pero urgente. Urge actuar para que las personas más vulnerables dejen de sufrir las peores consecuencias de los recortes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Con ello, usted va a hacer justicia: devolver la dignidad a nuestro Sistema Nacional de Salud y, con ello, a nuestro país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Muchas gracias, señoría.

Le aseguro que la recuperación de derechos será un camino que recorreremos unidos aquellos y aquellas que creemos en una sociedad decente. Apenas llevamos doce días con hoy, doce días y dos fines de semana y ya hemos convocado la comisión delegada. Esto es inaudito por la rapidez si lo comparamos con el anterior Gobierno.

Yo tan solo le quiero decir que no podemos hablar de defraudar. Vengo de la experiencia en la Comunidad Valenciana en la que tardamos seis meses en eliminar el copago. Por tanto, en el Gobierno central con unos presupuestos que no son genuinamente nuestros entenderá que el proceso va a ser un poco más costoso, pero con voluntad política lo vamos a conseguir porque lo que queremos es volver al origen, a Ernest Lluch, a entender que la salud es un derecho, un derecho universal y que hay que preservar la equidad y la calidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE SI PIENSA MANTENER LA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL LA MISMA LÍNEA DE ACCIÓN QUE LLEVÓ DURANTE SU ETAPA DE CONSEJERA DE SANIDAD DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 680/000574 MARTA TORRADO DE CASTRO (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Marta Torrado. Tiene la palabra su señoría.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

¿Piensa mantener la ministra de Sanidad la misma línea de acción que llevó durante su etapa de consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Gracias, señoría.

Le agradezco esta primera pregunta del Grupo Parlamentario Popular que me permite saludarle de nuevo en Madrid con esta nueva responsabilidad en un Gobierno de Pedro Sánchez que ha devuelto la ilusión y la confianza a muchas personas. (Aplausos).

Este ministerio va a tener como ejes la defensa irrenunciable de la salud como derecho, garantizar el derecho a la promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia y eliminar las discriminaciones que sufren las personas con discapacidad. En este nuevo tiempo que la democracia nos abre vamos a practicar la política con respeto y diálogo con las comunidades autónomas, con las fuerzas políticas y con la sociedad civil. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senadora Torrado, tiene la palabra.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

Pues menuda racha llevan porque un nuevo escándalo rodea al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ahora es usted la que está en el punto de mira tras conocerse el último asunto. Durante su etapa en la Conselleria de Sanidad desvió pacientes a hospitales privados de una empresa acusada, presuntamente, de financiar en b al PSOE valenciano. (Protestas).

Señora ministra, hay una clara relación de esa empresa Hospimar, a la que usted ha derivado multitud de pacientes, con el PSOE, y así lo reflejan los correos que enviaba la exsecretaria de organización del PSPV de Benidorm pidiendo que se facturasen a nombre de esta empresa gastos de campaña del Partido Socialista. Pese a que el PSOE y sus socios de Compromís alardean de ser contrarios al uso de hospitales privados usted, durante su gestión, les ha derivado pacientes de forma notable y algunos de los traslados son especialmente llamativos como, por ejemplo, los pacientes con tratamientos de radioterapia. Traslados que se realizaron a pesar de que la Conselleria de Sanidad licitó los instrumentos hospitalarios para estos tratamientos. Desarrollar ese tratamiento nos ha costado casi medio millón de euros.

Además es que hasta ustedes lo confirman en un informe emitido por el PSPV sobre su financiación donde admiten dos donaciones particulares que, según su propio informe, se hicieron de manera incorrecta al PSOE de Benidorm y que habrían ido a pagar facturas de la agencia de publicidad Crespo Gomar encargada de la campaña socialista. Además, el informe de la Unidad de blanqueo de capitales de la Policía es demoledor y deja pocas dudas acerca de cómo funcionaba la financiación ilegal del PSPV y Bloc-Compromís y que había empresas que les pagaban a cambio de beneficios.

Ahora ya sabemos que sí, que ustedes se financiaban de una forma ilegal y además esto era una trama. (Protestas). Cada día que pasa vamos conociendo más datos como que los socialistas mintieron cuando dijeron que solamente había algunas discrepancias contables. De nada vale intentar negar la evidencia o atacar al Partido Popular para distraer la atención o confundir a la ciudadanía. Los hechos son los que son. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora TORRADO DE CASTRO: Por eso hay que mirar de frente y asumirlos; hay que asumir las responsabilidades políticas.

Pero este no es el único ejemplo de sus presuntas irregularidades. Su conselleria, señora ministra, está plagada de enchufes, de quejas de los facultativos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora TORRADO DE CASTRO:... de menosprecio al colectivo de la enfermería; de falta de planificación de las plantillas; de escasez de medicamentos; de centros cerrados y de despidos injustificados. Su ineficacia en la gestión ha sido día a día. (Protestas).

Su conselleria —y termino ya—...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

Guarden silencio, por favor.

La señora TORRADO DE CASTRO: ... ha sido un coladero de amigos y afines, donde cada uno hacía lo que le daba la gana. (Aplausos). Y además, lo más grave es que...

El señor PRESIDENTE: Termine ya.

Senadora Torrado, tiene que terminar ya.

La señora TORRADO DE CASTRO: ... están perjudicando a todos los valencianos. Y lo dicen hasta los vecinos de su pueblo, de Burjasot, en este folleto donde se denuncian todas esas irregularidades. (La señora Torrado de Castro muestra un folleto al hemiciclo).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Señoría, tranquilidad. No me va a sacar del registro, del diálogo y del respeto. (Aplausos.— Risas).

Tengo la impresión de que sus compañeros del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas se dejaron algo en el tintero en la última sesión de control, y usted ahora lo intenta traer aquí. Pero el secretario general del PSPV-PSOE dejó bien clara la situación.

Y respecto al Plan de choque que a usted le preocupa, las cifras están muy claras y la relación de la Administración con las empresas es la misma desde que se puso en marcha en 1996. Y por cierto, no solamente se ha gestionado de una manera transparente, sino también eficiente y eficaz. Debo decirle también que la demora quirúrgica ha disminuido en la última legislatura en la Comunidad Valenciana.

Señoría, yo también le reconozco que hay que tener mucho atrevimiento para sacar este tema con la mochila que ustedes traen a cuestas, pero no nos van a apartar de nuestros compromisos ni de nuestros objetivos de Gobierno, que es defender la salud como derecho. Vamos a cumplir con la recuperación de los derechos sanitarios, con la dignidad del sistema de dependencia y con la eliminación de barreras para las personas con discapacidad. (Aplausos).

Pero, señora diputada, seguimos a su disposición en el Parlamento. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Señora senadora!). Perdón, señora senadora, gracias por el apunte. Como digo, seguimos a su disposición en el Parlamento, además, las puertas del ministerio están abiertas y le invitamos a que cuando usted quiera o pueda se sume al diálogo constructivo para mejorar las políticas sanitarias y de bienestar social de España y de los españoles y las españolas. Porque un Gobierno decente no quiere dejar a nadie atrás, y este es un Gobierno decente que no va a dejar a nadie atrás. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COHESIÓN TERRITORIAL. 670/000089 CLARA ISABEL SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ (GPP)

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: Para exponer esta interpelación, tiene la palabra la senadora San Damián. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora SAN DAMIAN HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Señora Batet, se estrena usted en esta Cámara. Bienvenida y muchos éxitos.

En su primer acto como ministra de Política Territorial hizo usted unas declaraciones en las que dijo textualmente que, debido a la crisis institucional, y especialmente a la política, era necesaria una reforma urgente de la Constitución, una reforma de la Constitución deseable y una reforma de la Constitución viable. Y dijo también que era necesario renovar el Pacto territorial de España. Y curiosamente, señora Batet, hizo usted estas declaraciones en Barcelona, en la comunidad autónoma donde un Gobierno independentista quebrantó el orden constitucional y estatutario, poniendo en jaque la unidad de España y obligando a tomar una de las medidas más duras que tuvo que tomar un Gobierno: la aplicación del 155, una decisión que se adoptó con el apoyo del Partido Socialista.

Seguramente, señora Batet, muchos catalanes, como les pasó a muchos españoles, se sintieron muy decepcionados con sus declaraciones y lo digo porque esperaban que usted, que representa a un partido constitucionalista, o eso es lo que se le supone, hubiera hecho unas declaraciones en las que, por ejemplo, hubiera defendido sin fisuras la unidad de España, en la que hubiera defendido los derechos y libertades de todos y cada uno de los catalanes y en las que en vez de proponer una reforma constitucional urgente hubiera apelado usted a la unidad de todos los demócratas en defensa del modelo territorial que nos ha dado los mayores tiempos de prosperidad en España. Pero no, señora Batet, usted no optó por decir lo que la mayoría esperaba, optó por decir lo que a usted y a su partido les convenía.

Señora ministra, desde que llegaron ustedes a la Moncloa, sin haber ganado las elecciones y sin programa de Gobierno, han anunciado cuatro decisiones de gran calado que afectan gravemente o muy seriamente al modelo de Estado. Han anunciado una reforma de la Constitución, han anunciado la renovación del Pacto territorial, han anunciado el acercamiento de los presos independentistas que cumplen prisión por incumplir y atentar gravemente contra el ordenamiento jurídico y han rebajado el control financiero por debajo de las exigencias del 155 en la Generalitat de Catalunya. Como no son temas menores, señora ministra, esta interpelación es para que usted nos explique qué significan esas cuatro decisiones y nos diga si ustedes van a tener más gestos y más guiños con Cataluña. Esto, señora ministra, no se lo pregunto con la desconfianza basada en el equilibrio entre el Gobierno y la oposición, se lo pregunto, señora Batet, porque cada vez que el Partido Socialista gobierna en España adoptan ustedes decisiones cuyas consecuencias tenemos que pagar todos los españoles durante mucho tiempo. (Aplausos).

Señora ministra, quería dejar también meridianamente claras algunas cuestiones a las que, de alguna manera, ha hecho referencia el presidente del Gobierno. Lo que está ocurriendo en Cataluña tiene claramente dos responsables directos, señora Batet —en eso creo que estaremos de acuerdo—, que son Esquerra Republicana y el PDECAT. Estos son los principales responsables porque han sido ellos los que han vulnerado el ordenamiento jurídico, pero, permítame recordarle, señora ministra, las responsabilidades que el Partido Socialista ha tenido en la inestabilidad institucional y política y territorial en Cataluña.

Señora ministra, el Partido Socialista, cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero fue el que dijo que apoyaría el estatuto que saliera del Parlamento catalán y con su mayoría parlamentaria en el Congreso aprobaron el estatuto que luego se declaró inconstitucional. El Partido Socialista fue el que llegó al Gobierno de la Generalitat después de una hegemonía absoluta de Convergència i Unió y lo hizo de la mano de Esquerra Republicana, que, siendo un partido residual, ustedes lo convirtieron y le dieron alas. Es el mismo partido, su partido, señora Batet, el que criticó y encabezó una manifestación en contra de la resolución del Tribunal Constitucional encabezada por el señor Montilla, que hoy se encuentra en la bancada socialista. Y, señora Batet, el Partido Socialista, fue el mismo partido que nos criticó cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el estatuto y en vez de criticar a quien hizo el estatuto y criticar el estatuto criticó al Partido Popular. Yo le recuerdo, señora Batet, que el recurso lo interpuso el PP, pero lo hizo también un defensor del pueblo que era del Partido Socialista y lo hizo un presidente de Aragón, que está sentando en esa bancada, que se llama Marcelino Iglesias. (Aplausos). Este es el PSOE, señora Batet. Lo que nos preocupa ahora es que ustedes vuelven al Gobierno y vuelven a colocarse en la equidistancia entre la Constitución y los que la vulneran, entre la ley y los que la incumplen, entre los que creemos en la unidad de España y los que tratan de romperla. Apela usted ahora, señora Batet, a una reforma constitucional y yo le pregunto, señora Batet: cuando un Gobierno de un territorio quebranta gravemente la unidad de España e incumple la ley ¿cree usted que es lógico que la reacción urgente e inmediata del Gobierno sea la de proponer una reforma de la Constitución o renovar los pactos? ¿Cree usted que esa es la necesidad urgente o lo que debe hacer un Gobierno? (Aplausos). ¿Con quién, señora Batet? ¿Con ellos? ¿Con los que han incumplido la ley? ¿Con ellos, con los que, desde luego, no respetan las normas y muchos menos la Constitución? ¿No sería mejor renovar los pactos con quienes sí respetamos la Constitución y creemos en el ordenamiento jurídico? Habla usted, señora Batet, de reformar la Constitución. ¿Para qué, señora ministra? ¿Para que los que han hecho la vida imposible a cientos y cientos de catalanes se salgan con la suya? ¿Quiere usted que reformemos la Constitución para que esos que han intentado declarar la independencia al margen de la ley lo puedan hacer ahora amparados por la Constitución? ¿Para que los que han intentado dar un golpe de Estado no tengan que cumplir con la justicia?

Y le pregunto más, señora Batet: ¿cómo quieren usted y su Gobierno abordar esa reforma constitucional? Si lo que ustedes están haciendo son declaraciones vacías para quedar bien con los independentistas, dígalo; no pasa nada. Pero, si lo que están ustedes intentando es pagar un precio político o un peaje por llevar al señor Sánchez a la Moncloa, debe decirlo aquí en esta Cámara, señora Batet. (Aplausos). Debe usted decirlo aquí en esta Cámara porque si es lo primero, si es un gesto a los independentistas, ni nos sorprende ni nos preocupa porque demostrará usted que son lo que temíamos que eran: políticos con gran capacidad para adaptar sus principios y para arrimarse al sol que más calienta. (Aplausos). Pero si lo que está usted intentado es pagar un precio político, debe usted decirlo aquí en esta Cámara.

Por eso, señora ministra, conviene que nos dé amplias explicaciones de lo que ha querido hacer y decir con sus declaraciones. ¿Con quién quieren reformar la Constitución? ¿Para qué quieren reformar la Constitución? Quieren ustedes hablar de ese federalismo simétrico o asimétrico? ¿Quieren ustedes contarnos cómo calculan la simetría de ese federalismo? Nos gustaría también saber si reformar la Constitución supone dar más competencias a las comunidades autónomas o si esa reforma de la Constitución lleva implícita, señora Batet —y esto es muy importante—, la retirada del texto constitucional del artículo 155. ¿Piensan ustedes retirar el artículo 155 de la Constitución española y dejarnos sin el único instrumento que tenemos para protegernos de quienes atacan la unidad de España? (Aplausos).

Otra cuestión, señora Batet, ¿quieren ustedes incluir en la Constitución la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación? ¿Esa es la intención que tiene el Gobierno de España para pagar que les hayan regalado a ustedes el Gobierno? Y más, señora Batet, ¿va a poner en marcha más transferencias a lo loco a las comunidades autónomas que se lo pidan? ¿Les van a dar ustedes las finanzas? y ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Van a hacer como en el País Vasco, que les dan el régimen penitenciario? ¿Esa es la parte que le han pagado a Bildu, señora Batet? (Rumores.— Aplausos).

Hasta el 1 de junio, nos temíamos que tenían ustedes un pacto secreto con independentistas y nacionalistas, pero después de sus declaraciones, señora Batet, nos tememos que ese pacto es cierto y queremos que aquí, en la Cámara Territorial, nos lo cuente. Ahora subirá usted aquí, señora Batet, y nos hará un mitin y dirá que todo lo que ha ocurrido en Cataluña es culpa del Partido Popular. En definitiva, señora Batet, va a subir usted aquí a decirnos lo que vienen haciendo hace mucho tiempo, a camuflar con eso del federalismo y de la nación de naciones lo que verdaderamente les sucede, y es que ustedes no tienen un modelo de Estado. (Rumores.— Aplausos). Esa es la realidad, señora Batet, ustedes no tienen un modelo de Estado. El modelo de Estado que ustedes tienen está en manos de quienes les han regalado el Gobierno. Esa es la realidad, señora Batet. Y quiero recordarle, para terminar, algo que nos gustaría que tuviera en cuenta cuando hable de reforma de la Constitución.

Señora Batet, usted representa a un Gobierno que tiene 84 diputados, 50 menos que el Partido Popular, y cuando habla aquí en esta Cámara, en el Senado, representa a 62 senadores. Fíjese, aquí en esta tribuna yo represento a 147 senadores. No se le olvide eso, señora Batet; téngalo en cuenta cuando hable usted de reformar la Constitución. (Rumores). Porque, ¿cómo y con quién quiere usted llevar a cabo esa reforma? ¿Con quién va a buscar el consenso, con esa amalgama atropellada de extremistas de izquierdas, independentistas y nacionalista, incluido Bildu, que quieren destruir España? (Rumores.— Aplausos) ¿Con esos, señora Batet?

Voy terminando, señor presidente. Señora ministra... (Rumores). Tranquilos, no se preocupen, ya tendrán tiempo de hablar. Tienen mucho tiempo para hablar y para dar explicaciones. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.

La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Señora Batet, nosotros en el Partido Popular creemos en la democracia de verdad, en esa en la que los ciudadanos eligen a los que les gobiernan y creen también en que los que lo gobiernan tienen que representar a todos los ciudadanos por igual.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Sí, presidente, termino.

Ustedes, por la manera en que han llegado a Moncloa, van a ser teledirigidos por nacionalistas e independentistas, esos que les han regalado a ustedes el Gobierno, señora Batet, y para pagar esa deuda que tienen ustedes con ellos no cuenten con el Partido Popular. El Partido Popular no juega con la unidad de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora San Damián.

Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señor presidente.

Señora San Damián, ha conseguido en una sola intervención tocar y romper los dos temas de Estado: Cataluña y terrorismo. Ha conseguido un récord en su primera intervención, en la primera sesión de control.

La lealtad que reclaman en los temas de Estado cuando están en el Gobierno desaparece automáticamente cuando ustedes no están en el Gobierno y son oposición. (Aplausos). No van a encontrar en esta ministra esa misma actitud. Nosotros vamos a seguir siendo responsables con los dos temas, lo hemos sido desde la oposición y ahora lo vamos a seguir siendo desde el Gobierno, señora San Damián.

Señorías, la cohesión territorial, como cualquier dinámica de cohesión, no se tiene, sino que se gana o se pierde cada día. La cohesión de la sociedad española hoy es más débil que hace diez años. Usted ha hablado de la fuerza del independentismo, pues el independentismo crece y deja de ser residual precisamente cuando ustedes gobiernan España, señora San Damián; no ha dejado de crecer con ustedes en el Gobierno. Y esa cohesión o esa degradación de la cohesión de la sociedad española lo es por el conflicto territorial en Cataluña, generado y desarrollado en estos años, pero lo es también, en mi opinión, por una crisis de confianza en nuestras instituciones y por los efectos sociales de la crisis económica y las respuestas frente a la misma. Y sobre esas dos cuestiones ustedes también tienen responsabilidad directa: cohesión institucional y cohesión social.

Creemos, pues, que debemos avanzar en la potenciación de la cohesión de la sociedad española. Lo que este Gobierno entiende por cohesión territorial, seguramente y soy consciente, presenta, probablemente, elementos distintos de la comprensión del Partido Popular y de su concepción de la cohesión territorial, porque para nosotros la cohesión territorial, como decía, es algo indisociable de la cohesión social y de la cohesión institucional. Es, en definitiva, una forma de cohesión de nuestra sociedad que pasa por tres grandes elementos: asegurar los derechos de los ciudadanos y los servicios que les dan contenido; garantizar la consideración atenta y abierta de las demandas y problemas que plantean los ciudadanos, reforzando, precisamente, los elementos comunes y dando salidas al enfrentamiento de posiciones contrapuestas; y actuar conjuntamente con el resto de administraciones, prestando especial atención a sus posiciones y propuestas para construir un auténtico sistema de participación y cooperación entre gobiernos. Pero ante ellas, no puedo sino manifestar el compromiso del Gobierno para evitar tales peligros y garantizar las libertades de los ciudadanos allí donde se encuentren y en toda España.

El Grupo Popular tiene al Gobierno a su disposición para reaccionar frente a tales situaciones si se producen y, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno, este responderá. No tenga ninguna duda.

Pero los más graves peligros para la cohesión en este sentido provienen de la situación financiera en nuestras instituciones públicas y, en especial, de las comunidades autónomas, responsables de la prestación y calidad de la mayor parte de los servicios, de los servicios sociales precisamente. La defensa de la cohesión territorial, en este sentido, pasa por avanzar en la suficiencia del sistema de financiación de las Administraciones públicas y un adecuado reparto de los recursos correspondientes, como su señoría, sin duda, sabrá a partir de las demandas y reclamaciones que en este sentido recibía hasta hace quince días un Gobierno del Partido Popular.

Cohesionar quiere decir sentirse solidarios, es decir, asumir que existe un interés común y que toda preocupación, interés o demanda no es de una sola de las partes, sino de todos. Esto no es ni debe ser una competición o un enfrentamiento entre comunidades, que a eso también han sabido jugar muy bien. Es y debe ser una atención constante y equilibrada a los problemas e intereses de todos y, sobre todo, una atención que tome en cuenta las necesidades y propuestas de todos.

Por último, cohesionan los esfuerzos y los proyectos conjuntos. Avanzamos más y mejor cuando trabajamos juntos, como los que el Gobierno de su partido asumió, por ejemplo, en relación con los Juegos Mediterráneos, como recientemente he tenido ocasión de agradecer y de destacar. Necesitamos abordar, de manera conjunta, los problemas, mejorar los canales de participación y cooperación, pero, sobre todo, saber aprovecharlos y tener la actitud para quererlos aprovechar. Los grandes proyectos comunes, incluso los localizados en un territorio concreto, benefician a toda España y maximizan sus posibilidades de éxito.

Pero usted me pregunta por la política de cohesión territorial. Quiero agradecerle que haya encontrado el acierto y el valor de hablar de política y de usar ese término en su intervención, también eso es una novedad en el Partido Popular. La aplicación de las normas y su garantía se dan por supuestas y son obligatorias, pero para merecer tal nombre un Gobierno, además de cumplir y hacer cumplir la ley, debe hacer política, en primer lugar, aplicando las normas de modo razonado y explicando las razones de la propia norma; en segundo lugar, formulando alternativas políticas dentro del marco legal. La ley, y menos la Constitución, no predeterminan las decisiones del Gobierno, las enmarcan, las delimitan, pero no imponen una opción. Precisamente, esa es la grandeza de nuestro texto constitucional, que nos ha permitido gobernar a fuerzas políticas con proyectos políticos distintos, con ideologías distintas. En tercer lugar, hay que asumir riesgos también, señora diputada, riesgos políticos. No se cohesiona blindándose en la trinchera del inmovilismo y las posiciones sin riesgo, sino esforzándose en la búsqueda de puentes y asumiendo el riesgo del fracaso también.

En conclusión, señoría, en el Gobierno creemos que es hora de hacer política de cohesión territorial, esto es, de cohesión social, que quiere decir de justicia social y de cohesión institucional, es decir, reconectando las instituciones públicas y democráticas con la ciudadanía. Son demasiados años sin esa cohesión territorial, sin esa cohesión social, sin esa cohesión institucional, sin trabajo desde el Gobierno para acrecentar y para hacer fuertes esas tres cohesiones indisociables. Su ausencia ha provocado ya algunos daños, pero confío en su restablecimiento. Y su restablecimiento, precisamente, comportará algunos beneficios para todos.

La reforma de la Constitución la ha defendido el Partido Socialista desde hace muchísimos años, señoría. Lo he dicho en la respuesta a una de mis preguntas: defender la reforma de la Constitución es defender la Constitución, es defender el texto constitucional y el marco de convivencia que nos dimos todos porque la Constitución tiene que responder y representar a los intereses de una inmensa mayoría de la sociedad, tiene que ser un texto reconocido por una inmensa mayoría de la sociedad, tiene que responder a los problemas de una inmensa mayoría de la sociedad y eso, en estos momentos, es claramente mejorable. Usted lo sabe y yo lo sé. Por eso, mi partido lleva años defendiendo la reforma de la Constitución, para impulsar su capacidad de alcanzar los objetivos, para defenderla —como decía—, para fortalecer ese texto reconocido por todos los ciudadanos. La sociedad necesita que la Constitución preste atención a nuevas demandas, no solo territoriales, señoría, sino también para integrar a un mayor número de ciudadanos en su defensa.

Es verdad que hemos hablado de contenidos concretos, de ampliar derechos en la Constitución, de clarificar las competencias para bajar la conflictividad, de incorporar y fijar elementos esenciales de su financiación, de fortalecer la cooperación y de los órganos de cooperación del Estado que, en estos momentos, no están funcionando como deberían, y también de reforzar el papel de esta Cámara, del Senado. En el Gobierno de España somos muy conscientes de que esas aportaciones y reflexiones solo se abrirán paso si conseguimos compartirlo con otras fuerzas políticas y generar las mayorías necesarias con un amplio consenso ciudadano. Esa es nuestra predisposición, ese es el trabajo que nosotros vamos a realizar.

Termino, señora San Damián, diciendo que, en estos momentos, como miembro del Gobierno de España, no represento a un grupo parlamentario, ni del Senado ni del Congreso, sino que represento al Gobierno de España, a todos los españoles y a todas las españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

Tiene, a continuación, la palabra la senadora San Damián.

La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora Batet, ha contestado tal y como esperaba, es decir, que no me ha contestado absolutamente a nada; pero yo voy al grano. En España, en los últimos años, ha habido una serie de políticos y de partidos en Cataluña que se han dedicado a vulnerar la ley hasta el punto, le recuerdo, de declarar unilateralmente la independencia en Cataluña. Por tanto, en España hoy podemos distinguir dos tipos de políticos: los que incumplen la ley y los que la cumplen; pero los que la incumplen utilizan, además, todos los métodos posibles para provocar la mayor crisis institucional en España, como ha sucedido.

De su intervención, señora Batet, lo único que saco en claro es que viene a confirmarnos que quiere usted estar en el medio de los dos tipos, en medio de los políticos que cumplen y de los que incumplen, y estos últimos, digo, utilizan todos los métodos posibles para destruir este país. Está usted en la equidistancia, señora Batet. Ustedes, el Partido Socialista, están en la equidistancia. El problema es que antes usted no representaba a un gobierno, como bien ha dicho, pero ahora sí; ahora sí, señora Batet. Y lo que dice usted y lo que hace es lo que dice y lo que hace el Gobierno de España. Es verdad que es usted una ministra con los pies de barro, sinceramente se lo digo, sin respaldo, solo apoyada por los partidos que precisamente han incumplido, fíjese lo que le digo, la ley en Cataluña, por partidos como Esquerra Republicana, como PDeCAT y Podemos, en su versión catalana, que hasta ahora no sabíamos muy bien con quién estaba, pero ahora ya sabemos que está con ustedes y ustedes con ellos.

Apela usted al diálogo, señora Batet, y al consenso. Pero para eso, señora ministra, todos deberíamos tener el mismo punto de partida, que es ni más ni menos que pensar en el interés de todos los españoles. (Aplausos). Pero ustedes están vendidos a unos pocos, señora Batet; ustedes se deben ahora a unos pocos; y como esos pocos no representan el interés general de España, mucho me temo que todos los partidos políticos no partimos del mismo punto de partida. Hasta la moción de censura, señora ministra, el diálogo nos servía para defender la unidad de España. Hoy, el diálogo que ustedes nos piden es para poner en riesgo a este país.

Además, nos viene a dar lecciones sobre convicciones. Pues le voy a hablar de convicciones. Hace quince días ustedes pactaban para defender la Constitución española, y hoy son parte de un acuerdo secreto para satisfacer las ansias del señor Sánchez, poniendo en riesgo nuestro país. (Aplausos). Esas son sus convicciones, señora Batet. Me hubiera gustado creerla cuando ha hablado de cohesión territorial y de reforma constitucional. La hubiera creído si hubiera usted hablado pensando en los cuarenta y siete millones de españoles y en los diecisiete territorios; la hubiera creído si creyera que piensa usted para el conjunto de los españoles y no para aquellos que pretenden proyectos rupturistas fuera de la ley. Por tanto, permítame que le diga que yo no la creo, que el Grupo Parlamentario Popular no la cree.

Y claro que hay que reformar —voy terminando, señora Batet— la cohesión territorial, claro que sí. Claro que hay que reforzar la cohesión y claro que hay que fortalecer la cooperación y la lealtad entre las instituciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ: También le recuerdo —sí, presidente— que no todas las cuestiones tienen que hacerse dentro del marco constitucional, que se puede llegar a grandes acuerdos mientras trabajamos juntos en una reforma de la Constitución, con sosiego, sin urgencias y sin deudas pendientes con los territorios.

Y termino ya, señor presidente, con un mensaje que me gustaría que la señora Batet trasladara al presidente del Gobierno. Señoría, dígale usted al señor Sánchez, de parte de esta humilde senadora y del Grupo Parlamentario Popular, que nosotros creemos firmemente en España, que creemos que España es un gran país y que la Constitución española y su modelo territorial nos ha dado los mayores tiempos de prosperidad de nuestra historia. Y queremos que tengan ustedes muy claro, señora Batet, que, aunque a ustedes les hayan regalado el Gobierno, nosotros no vamos a permitir que regalen España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora San Damián.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidente.

Señora San Damián, la sociedad española tiene suficientes problemas reales e importantes como para añadir a las preocupaciones de los españoles y españolas falsos problemas, miedos ficticios, peligros inexistentes, pactos secretos que no existen, etcétera.

Para cualquiera que conozca la historia de nuestra democracia desde 1977, es obvio que la actuación del Partido Socialista —insisto, tanto en el Gobierno como en la oposición— siempre ha servido a la cohesión social y territorial de España; repito, siempre. Para nosotros, España no es solo una bandera ni se agota en una bandera, señora senadora; España es, sobre todo, sus ciudadanos y sus ciudadanas; y lo que nos preocupa precisamente es el deterioro de esa cohesión social, de esa cohesión territorial e institucional que ustedes han provocado. (Aplausos).

Ustedes saben bien por qué han perdido el Gobierno; lo saben perfectamente. Y aunque es duro aceptarlo —entiendo que sea duro aceptarlo—, son ustedes quienes han articulado una coalición de todos los grupos parlamentarios en su contra debido a la necesidad de defender a las instituciones democráticas; a la necesidad de devolver la reputación internacional a nuestro país; a la necesidad de devolver al Gobierno de España el prestigio que se merece; y a la necesidad de reconexión con los ciudadanos y ciudadanas, que tenían una desafección galopante con nuestra democracia, señora San Damián. (Aplausos).

En mi primera intervención, mis palabras iniciales —recuerden que dije que la cohesión de la sociedad española era más débil que hace diez años— no eran palabras huecas ni vacías ni producto de ideas abstractas; y no lo eran porque se refieren a elementos concretos. El abandono de la atención a la dependencia en manos de las capacidades y recursos de cada comunidad, con sus diferencias y desequilibrios, hace más daño a la cohesión territorial que cualquier proclamación altisonante. No hay cohesión territorial que resista las diferencias de recursos disponibles para desplegar políticas de atención sanitaria en las comunidades autónomas con impacto inmediato, por ejemplo, en las listas de espera. Que unas comunidades deban elevar las tasas universitarias, no por opción política sino por necesidad financiera, no estimula tampoco la cohesión territorial; que los ayuntamientos no puedan destinar el superávit que ellos mismos han generado a las finalidades votadas por sus vecinos, tampoco es positivo para la actuación conjunta y la consiguiente cohesión; que las comisiones bilaterales con las comunidades autónomas lleven seis años sin reunirse no mejora el diálogo, señora senadora, ni la cohesión, porque también hace daño a la cohesión institucional; y que las conferencias sectoriales se reúnan cada año en menos ocasiones y con menos asuntos no contribuye al diálogo y al acuerdo; además, no es la mejor receta para reforzar la cohesión que solo, ante la precipitación de los acontecimientos del pasado septiembre, el Gobierno del Partido Popular accediera a plantearse un diálogo constructivo sobre alternativas territoriales demandadas por varias comunidades autónomas, y que lo hiciera a instancias del entonces secretario general, hoy presidente del Gobierno, pero, bienvenida esa disposición.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Termino, presidente.

Tomar la iniciativa implica con seguridad cometer errores, y a eso estamos dispuestos. No actuar, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, implica con más seguridad aún renunciar a cualquier acierto y dejar que las situaciones nos coman y se degrade esa cohesión territorial que ustedes dicen defender.

En la defensa de esa cohesión territorial, social e institucional, espero que nos podamos encontrar. Así lo desea el Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Política Territorial y Función Pública.



INTERPELACIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. 670/000090 LAURA CASTEL FORT (GPER)

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 9.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para exponer la interpelación, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, de entrada, quiero darle nuestra enhorabuena por su acceso al cargo, pese a que está al frente de un ministerio con numerosos frentes abiertos.

La interpelación pretende la regulación del acceso a la actividad de transporte por carretera que Fomento debe aprobar para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado mes de febrero, y que declara ilegal la actual regulación.

En abril del pasado año la Comisión Europea denunció en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España por incumplimiento de la reglamentación europea sobre condiciones de acceso a la profesión de transportista al considerar que el requisito de flota mínima de la normativa española, es decir, la exigencia de disponer de un mínimo de tres vehículos de transporte para acceder al sector, pudiera resultar desproporcionado y discriminatorio. El tribunal resolvió no admitir a trámite los argumentos del Gobierno español al considerar que del reglamento europeo se desprende que cualquier empresa que disponga al menos de un vehículo debe poder obtener una autorización de transporte. Debe tenerse en cuenta que la actual regulación española de 1999 ha supuesto un crecimiento espectacular del sector, pasando a ocupar la segunda posición por encima de Francia y Alemania.

Tras la sentencia, Fomento está obligado a poner fin al incumplimiento de la normativa europea y a modificar el reglamento de ordenación de los transportes terrestres, que afectará al transporte de mercancías y también al de viajeros en autobús, debiendo eliminarse estos requisitos de flota mínima establecidos en tres camiones y cinco autobuses. Sin embargo, a fecha de hoy sigue sin conocerse el contenido del proyecto normativo, el cual debe ser sometido, además, a consulta preceptiva de las asociaciones representativas del sector.

Aprovecho la ocasión para saludar a los representantes de Fenadismer, de la Federación nacional de asociaciones de transporte de España, que se encuentran en la tribuna de invitados. Bienvenidos. (Aplausos).

Retomo el hilo argumental. Las manifestaciones realizadas por el último director de transporte terrestre resultaban preocupantes, ya que lejos de proteger el tejido empresarial, apuntaban hacia una ultraliberalización o uberización en el acceso a la actividad. Así, llegó a plantear la eliminación del requisito de antigüedad máxima de los vehículos para acceder al sector, sin atender ni al medioambiente ni a la seguridad vial y con el agravante de que la edad media de la flota española arroja unos datos preocupantes, consecuencia de la crisis, que se ha traducido en una media de edad de trece años en vehículos rígidos, siete y medio para cabezas tractoras y nueve en vehículos ligeros.

Respecto al comportamiento de la demanda de transporte en España, esta se ha caracterizado por grandes oscilaciones anuales, motivado por la tipología de la mercancía. Excepto en la cornisa Cantábrica, Cataluña y Levante, donde existe actividad industrializada de generación estable de cargas, en el resto del país están dispersas y fluctuantes. Frente a dichas fluctuaciones, responden mucho mejor los autónomos y las pequeñas empresas por su flexibilidad. Ha sido dicha configuración empresarial la que ha permitido a la flota española copar importantes cuotas de mercado. Existen en España 103 859 empresas de transporte por carretera, datos a 1 de enero de este año, con una media de dos vehículos por empresa. De hecho, España es el país europeo con mayor número de empresas de transporte de mercancías por carretera, casi una sexta parte del total de la Unión. Sin embargo, la crisis supuso la desaparición de casi 30 000 empresas, momento que fue aprovechado por grandes empresarios de transporte español para deslocalizarse y establecerse en países de la Europa del este para competir con menores costes de explotación.

Estos empresarios trasladan sus empresas, rematriculan allí sus camiones y despiden a sus conductores en España. Lo voy a repetir para que se entienda bien. Estas grandes empresas españolas trasladan sus sedes fuera de España y despiden a sus trabajadores españoles y, por supuesto, dejan de tributar en España y de contribuir a las cotizaciones laborales de sus conductores al estar dados de alta en otro país, pese a trabajar en España, para aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales, de hecho hasta ocho veces inferiores a los de España. Así, a título orientativo, el salario anual de un conductor en España ronda los 20 000 euros anuales; en Rumanía, 5000; y en Bulgaria, 3000 euros anuales.

Al amparo de la normativa europea reguladora del transporte por carretera, existe un mercado único de transporte, de tal modo que cualquier empresa de transporte establecida en cualquier Estado miembro puede realizar sin ninguna limitación cualquier transporte internacional entre los demás países de la Unión y, bajo ciertas condiciones, también realizar transportes interiores, el llamado de cabotaje. Ello posibilita que una empresa de transporte de origen español pueda deslocalizarse a otro Estado miembro y continuar realizando los mismos tráficos internacionales que venía haciendo sin necesidad de que los conductores o los vehículos tengan que pisar el país de establecimiento, salvo para pasar la inspección técnica. Tampoco existe la obligación de que los conductores retornen periódicamente a su país de origen. Lo habitual es que se les permita visitar su país cada dos meses, lo que conlleva situaciones cercanas al esclavismo.

Estas empresas, en un alto porcentaje, corresponden a grandes flotistas españoles que controlan una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España. Doy otro dato: casi un tercio de las exportaciones españolas son controladas por estas flotas españolas del este de Europa. Tal situación también se produce en el transporte interior en España pese a la existencia de reglas limitativas. Por ello consideramos urgente promover las modificaciones legislativas para que el control de estas empresas se realice desde el primer día que acceden al país. Rechazamos la posición defendida por algunas organizaciones de grandes flotistas, que pretenden establecer un periodo de varios días durante los cuales podrían operar fuera de control y perpetuar la competencia desleal y el dumping social.

Para combatir dicha situación, Francia, Italia, Alemania, Austria, Holanda y Bélgica transpusieron la directiva 2014/67, sobre desplazamiento de los trabajadores, exigiendo que los trabajadores procedentes de empresas extranjeras cumplieran con el salario mínimo del país de acogida y obligando a notificar previamente el desplazamiento, sea cual sea la duración, tal y como prevé la directiva. Ello ha permitido la disminución de la competencia desleal. Sin embargo, la regulación establecida por el Gobierno español en el pasado año mediante el Real Decreto-ley 9/2017, con el que aparentemente se transponía la directiva, en realidad la desvirtuaba además de ser incongruente, ya que no modificaba la excepción de comunicación cuando los desplazamientos tienen una duración inferior a ocho días. Dicha excepción, además de no venir prevista en la directiva y de no recogerse en ninguna otra regulación europea, supone que las empresas de transporte extranjeras que operan en España quedan excluidas de cualquier control, teniendo en cuenta que los servicios de transporte, tanto internacionales como nacionales, no tienen nunca una duración superior a ocho días; de hecho, en la mayoría de los casos la duración es inferior a uno o dos días. De esta forma, el real decreto-ley perpetúa el mercado español como un paraíso para las empresas deslocalizadas sin que pueda ejercerse control alguno.

Afortunadamente, durante el trámite de convalidación de este real decreto-ley, se acordó la conversión en proyecto de ley, que está pendiente aún de tramitación. La mayoría de los grupos, excepto el Popular, plantearon enmiendas tendentes a un control más efectivo. La aprobación de este real decreto-ley supuso, además, la aprobación casi por unanimidad de una proposición no de ley el 15 de marzo del 2017 en la Comisión de Fomento del Congreso, de adopción de medidas para luchar contra el dumping social y la competencia desleal.

Para finalizar, en enero del año pasado, nueve países occidentales de la Unión lanzaron en París la alianza por la carretera, promovida por Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia para adoptar una posición común de defensa de los intereses de sus empresas de cara al paquete legislativo de movilidad promovido por la comisión. Posteriormente se sumaron Holanda y Suiza. Dicha alianza considera que el transporte de mercancías se enfrenta a la competencia desleal derivada del dumping social por las empresas que se deslocalizan en países con menores costes, lo que pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas de control de este fraude y el mal uso de las normas del mercado interior y de la legislación laboral. Además, tiene el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores. Los países, pues, han adoptado una posición común, ante la tramitación del paquete de movilidad, opuesta a los intereses de los países del Este. Sorprendentemente, el Gobierno español no se adhirió a esta iniciativa, extremo objeto de debate en el Congreso de los Diputados, donde se votó y aprobó la proposición no de ley con el único voto en contra del Partido Popular y de Foro Asturias. A pesar de esto, el anterior Gobierno siguió sin adherirse.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CASTEL FORT: Voy terminando.

Por todo lo expuesto, señor ministro, le pregunto, ¿cuál va a ser la posición de su ministerio ante la situación descrita? Tras la sentencia del tribunal, ¿qué requisitos plantea introducir su ministerio en la nueva regulación para el acceso a la actividad de transporte por carretera? Le pregunto también si se contempla el mantenimiento del actual requisito de antigüedad máxima de la flota y si tiene intención de adherirse a la alianza por la carretera. Y le pregunto, finalmente, cuál va a ser, sobre el proceso de deslocalización o fuga de empresas, las cuales no buscan nuevos mercados, sino cerrar sus bases en España...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora CASTEL FORT: … con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, la posición de su ministerio.

Muchas gracias, señor ministro. Le reitero mi bienvenida. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, señor presidente.

Agradezco a la interpelante que haya planteado una cuestión de política pública y se haya alejado de las extrañas intrigas que hemos escuchado por aquí. Antes de entrar en la cuestión concreta que me plantea, me gustaría aprovechar para enmarcar brevemente la actividad del transporte de mercancías por carretera en nuestro país, con objeto de destacar su importancia estratégica para la actividad económica en general y para el empleo; me gustaría de alguna forma poner en valor la actividad de este importante sector económico.

El transporte de mercancías por carretera supone más del 90 % en el reparto modal del transporte de mercancías nacional, un 94,4 % en 2016. Tiene, por tanto, tal como he indicado anteriormente, un papel estratégico y fundamental en el funcionamiento de nuestro país desde el inicio de la cadena de producción, transportando las materias primas, hasta el final, con el transporte del producto terminado. Usted ya ha dado algunas cifras de esto, y yo vuelvo a remarcarlas. Cuenta con más de 100 000 empresas dedicadas al transporte público de mercancías, con más de 240 000 vehículos pesados. En suma, la carretera es el modo que claramente mueve más mercancías en el transporte interior y esto no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de un sector muy dinámico, muy competitivo, flexible, con una gran capilaridad y en el que la dedicación de sus trabajadores ha sabido adaptarse a las necesidades de sus clientes con unos elevados estándares de calidad. En efecto, un sector del transporte por carretera fuerte, abierto y competitivo puede ser un instrumento clave para impulsar la actividad económica y generar otras nuevas oportunidades, para que, en suma, España pueda aprovechar sus bazas como plataforma logística internacional.

Tenemos un sector del transporte muy potente y que, como ya he dicho, ha demostrado, sin duda, su valía y su potencial. Por ello, debe mirar al futuro con optimismo, si bien tenemos que ser conscientes de que hay algunos importantes retos por delante y la interpelante ya me ha situado algunos. En efecto, me estoy refiriendo a retos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el ámbito nacional, sin duda, la digitalización del sector y la administración electrónica son dos retos relevantes que requieren la máxima implicación, tanto del sector como de la administración. En el ámbito europeo e internacional, también tenemos importante retos, principalmente marcados por el denominado paquete de carretera, que se está negociando en Europa, y concretamente en lo relativo a las condiciones sociales para los trabajadores de este sector. Ha insistido bastante la interpelante en esta cuestión. En este aspecto, les puedo asegurar que en el Ministerio de Fomento vamos a trabajar intensamente para defender los intereses de los transportistas españoles. Quiero destacar, porque también usted lo ha hecho, un aspecto especialmente relevante: la necesidad de garantizar las condiciones sociales de nuestros trabajadores transportistas. Por ello, puedo decirles que vamos a trabajar intensamente en contra del denominado dumping social, que consiste en una competencia desleal basada en la contratación, en contra de la normativa, de trabajadores de países europeos con condiciones laborales y sociales menos exigentes que las exigidas en España, de forma que las empresas reducen sus costes salariales y aumentan, por tanto, sus beneficios de manera ilícita. En definitiva, son empresas que tratan de defraudar o de burlar las condiciones que se exigen en España, siendo en muchos casos empresas claramente españolas que han optado por la deslocalización e intentan sacar un mayor beneficio mediante este sistema de fraude.

En ese sentido, le puedo decir que, tal y como se aprobó en una proposición no de ley sobre este asunto que planteó el Grupo Socialista el pasado año, vamos a reforzar el Plan de inspección del transporte por carretera específicamente en lo referente a inspecciones realizadas a transportistas no residentes. Además, vamos a incrementar las inspecciones coordinadas con la Inspección de Trabajo y con Hacienda con el fin de poder detectar la actividad de estas empresas buzón —así se las conoce—, que son precisamente las que tienen sede en otros países de la Unión Europea, principalmente en países del Este, y las que contratan a sus trabajadores con las condiciones de esos países, pero que, en realidad, operan únicamente en España, lo que les permite reducir drásticamente costes laborales y tributarios, tal como he dicho antes. Se trata de empresas que actúan en contra de la normativa y de manera desleal, y, por tanto, vamos a perseguir intensamente estas prácticas fraudulentas.

Por otra parte, en lo que se refiere al acceso a la profesión de transportista —usted también se ha referido a ello—, que tiene una gran relación con la normativa europea, España tiene reguladas por orden ministerial las condiciones para obtener la autorización para ejercer el transporte de mercancías por carretera. Entre otros requisitos, esta orden ministerial incluía la necesidad de que cualquier nuevo empresario entrante dispusiera al menos de tres vehículos para solicitar una nueva autorización. Esta orden ministerial del año 1997 ha sido defendida por todos los gobiernos desde entonces porque se consideraba que estos requisitos eran la mejor forma de asegurar que los nuevos entrantes tuvieran la capacidad necesaria en un mercado cada vez más exigente y para avanzar hacia un sector menos atomizado con empresas de mayor tamaño. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia, el mes de febrero de este año, en la que declara contraria a la reglamentación comunitaria la exigencia de una flota mínima de tres vehículos, al considerar que es contraria al Reglamento 1071/2009 del Parlamento Europeo por el que se establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26 del Consejo. Por supuesto, al Ministerio de Fomento no le queda otra que acatar esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo va a hacer a través de la modificación del Reglamento de ordenación de los transportes terrestres.

En estos momentos se encuentra en tramitación administrativa una modificación del Reglamento de ordenación del transporte terrestre, que se planteó inicialmente para cumplir dos objetivos: la necesidad de adaptarlo a la administración electrónica y la necesidad de adaptarlo precisamente a este reglamento que acabo de comentar por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera.

El texto propuesto de esta modificación se sometió ya a información pública el pasado año, sin incluir la eliminación de la obligatoriedad de estos tres vehículos dado que todavía no se había dictado la sentencia a la que me he refiero antes. Por ello, ahora resulta necesario modificar el texto que se sometió a información pública para acatar la sentencia y suprimir esta exigencia. Ahora bien, en el Ministerio de Fomento pretendemos seguir manteniendo el objetivo de fomentar un sector fuerte y competitivo, preparado para competir en el ámbito internacional. Para ello, buscaremos las medidas que garanticen que los profesionales y empresarios que accedan a la profesión cuenten con los requisitos necesarios para contribuir a este fin.

Como sabrá, llevo muy pocos días en el ministerio, no llega a dos semanas, y apenas tengo ultimado siquiera el equipo, no he tenido tiempo suficiente. Además de la limitación temporal, se encuentra uno con agendas como la del día de hoy, que está muy bien, pero que me impide poder ir más rápido. En todo caso, tenga la conciencia de que vamos a dedicarnos plenamente a acometer todos estos propósitos que le he comentado.

El Ministerio de Fomento cuenta con instrumentos establecidos en la normativa para la colaboración estrecha con los representantes del sector a través del Comité nacional del transporte por carretera. Me reuniré con este comité para conocer de primera mano sus inquietudes y su posición al respecto, y agradezco que usted me haya podido dar esta oportunidad para, al mismo tiempo, no solamente dirigirme a esta Cámara, sino también al sector de los profesionales del transporte por carretera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor ministro de Fomento.

A continuación, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Señor ministro, muchas gracias por su exposición. Me quedan pendientes algunas dudas que en estos tres escasos minutos quiero exponerle. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el sentido de la nueva regulación de la pérdida de honorabilidad para ejercer de transportista o el requisito de capacidad financiera o el de la competencia profesional? También el sector reclama una simplificación burocrática y, tras la obligación de tramitación electrónica, quizá una ventanilla única o una plataforma única ayudaría con los trámites de solicitud de autorizaciones o incluso en notificaciones de expedientes sancionadores. Es una sugerencia.

En 2019, previsiblemente, parece que se aprobará la reglamentación europea del posting, el desplazamiento de conductores al extranjero, que incluirá el salario mínimo, las operaciones de cabotaje, las empresas deslocalizadas, el descanso semanal a bordo del vehículo y el descanso semanal en el domicilio. Hago un inciso respecto al salario mínimo porque existen buenas prácticas, como la de Noruega, que exige el cumplimiento del salario mínimo y una dieta mínima diaria cuyo cumplimiento se controla a través del cliente noruego que contrata los servicios. Estaría bien aplicarlo en el caso español. En definitiva, ¿cuál va a ser la posición de su Gobierno respecto a este paquete legislativo?

Muchas gracias de nuevo, señor ministro, y le deseo muchos aciertos, si el tiempo se lo permite en su agenda, y que trabajemos en estrecha colaboración.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Muchas gracias, presidente.

Permítame que hable desde el escaño. Quiero poner de manifiesto nuestra plena colaboración en este sentido. Vamos a ponernos en contacto con el Comité de transporte por carretera porque antes de empezar cualquier medida nos gustaría, al menos, escuchar al sector para no suplantar y recoger la sensibilidad y los intereses que nos toca defender como Gobierno de España, que es preservar también nuestro modelo de competencia y de excelencia en el sector, y creo que tenemos que hacerlo conjuntamente.

Asimismo, quiero asegurarle que nosotros participamos también de la iniciativa de la alianza porque, de hecho, fuimos autores de esta proposición y, por lo tanto, ahora que tenemos el Gobierno tenemos la posibilidad de aplicar esa resolución que se aprobó mayoritariamente en el Congreso y, por supuesto, me gustaría también contar con usted para que nos ayudara en un feliz desenlace de esta cuestión que afecta no solamente a los empresarios, sino muy especialmente a los trabajadores del sector del transporte en la carretera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor ministro de Fomento.



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO CON RESPECTO AL PRESENTE Y FUTURO DE LA AUTOPISTA DE PEAJE AP-7 EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 670/000088 CARLES MULET GARCÍA (GPMX)

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 9.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Pasamos, señorías, a la siguiente interpelación, del senador Mulet, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.

Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Usted, que es valenciano, se viene aquí, y el anterior presidente del Gobierno se va al País Valencià, al Registro de la Propiedad de Santa Pola. Imagino que usted, como yo, al pensar en un presidente del Partido Popular registrando propiedades tendrá más que escalofríos.

Santa Pola, como ejemplo del País Valencià, es un municipio de 30 000 habitantes —hoy tiene uno más—, pero a pesar de ello no tiene tren, mientras que hay pueblos en el Estado español que tienen paradas de AVE a pesar de tener 30 habitantes. Si usted quiere ir a Santa Pola desde Alicante, ha de ser por medio de una empresa privada y con un servicio más que deficiente. Si baja desde Valencia a Santa Pola ha de hacerlo pagando la AP-7 y enlazar luego con la N-332, que es el acceso que también utilizará el señor expresidente del Gobierno si va desde Madrid a Santa Pola, una carretera, la N-332, sin desdoblar, sobrecargada, muy peligrosa y, desde hace años, esperando unos accesos dignos; obras que Fomento posterga y posterga.

Sabemos que no hace falta explicarle demasiado cómo está el País Valencià, maltratado desde hace años. Un país saqueado por sus anteriores gobernantes, ahora imputados, en la cárcel o a sus puertas; un país infrafinanciado por los respectivos gobiernos centrales, ya fueran del Partido Popular, ya fueran del Partido Socialista, como bien sabe; un país con infrainversiones. Y mientras ha habido dinero de todos los ciudadanos para inversiones en el resto del Estado, al País Valencià esto le ha llegado tarde y mal; y digo tarde en el mejor de los casos, porque muchas veces ni ha llegado.

En el Estado español la política de movilidad sostenible ha sido inexistente, no ha existido, ha sido insensata. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apostado por dedicar el grueso de las inversiones públicas a infraestructuras, a un modelo cuestionable de un sistema viario que no atendía en demasiadas ocasiones a las demandas del flujo poblacional, económico y lógico, sino más bien a demandas clientelares, electoralistas o de estrategia partidista, hechos que también se han trasladado a la política ferroviaria.

La apuesta tanto de un partido como del otro, de un Gobierno como del otro, ha sido un AVE elitista para conectar Madrid con todas las capitales de provincia, pero sin vertebrar el resto del Estado, y todo ello siempre en detrimento de un tren tradicional que ha ido desmantelándose. Se ha pensado más en beneficiar a las grandes empresas constructoras que en solucionar problemas de movilidad de la gente. No se ha apostado por un transporte público; no se ha apostado por rebajar el impacto ambiental, por rebajar la huella de CO2, por buscar alternativas sostenibles y sensatas de movilidad. Todo se ha diseñado para los vehículos particulares tradicionales, las ciudades, las carreteras, las autovías o autopistas, todo para dar cabida a cuantos más coches mejor. Ha sido una política desarrollista que ha esquilmado el paisaje, el territorio o los recursos públicos, también vidas, desgraciadamente, y ha generado polución.

Esa falta de visión de futuro ha generado que, hoy por hoy, las carreteras, las autopistas, las vías rápidas sean, desgraciadamente, imprescindibles para que la gente se pueda mover, porque si no hay trenes dignos —que no los hay—, si no hay buenos servicios de autobuses o tranvías interurbanos, que no los hay, la gente necesitará usar su vehículo para desplazarse a trabajar o a estudiar. Si no hay trenes de mercancías dignos y se paralizan actuaciones imprescindibles, como el corredor mediterráneo, las mercancías han de transportarse irremediablemente con camiones por carreteras y autopistas. Como sabe, es muy triste, pero es la realidad.

El polémico AVE entre Valencia y Cataluña —y podemos debatir si apostamos por el AVE o no— que prometieron en su día Magdalena Álvarez, Pepe Blanco o los sucesivos ministros de Fomento del Partido Popular, no existe. Tampoco existen las cercanías que en su día prometió el ministro Blanco y que luego prometió el último ministro del Partido Popular. No existen las cercanías entre Valencia y Vinaròs que, por cierto, tendrían que haberse puesto en funcionamiento el mes pasado; no están, pero sí se las espera mucho. La CV-10, desde el aeropuerto peatonal del abuelito hasta Cataluña, que prometieron en su día el ministro Blanco, la ministra Álvarez o la ministra Pastor no está, pero sí se la espera. Continuamos sin desdoblar la N-340, la N-332 y la A-68 continúa siendo una utopía. No existe el tren de la costa en las comarcas centrales; el corredor mediterráneo continúa siendo inexistente y su partido reivindica aquí que no sea mediterráneo, sino mesetario —no sé lo que pensará usted ni lo que propondrá; esperemos que piense un poco en los valencianos—; continuamos sin soterrar las vías férreas en la ciudad de Valencia; continuamos sin la línea Xàtiva-Alcoy; sin las estaciones intermodales de Alacant o de Castellón; sin conexiones dignas en la Comarca de la Vega Baja, y sin tantas y tantas mejoras necesarias, como la de Santa Pola que hemos empezando explicando.

Eso ha pasado años tras año por la política que ha tenido tanto el Partido Popular como, desgraciadamente en muchos casos, el Partido Socialista. Así, mientras una parte del territorio español ha visto que tenía que pagar por poder trasladarse por las autopistas de peaje, otros territorios, con menos población y con menos flujo económico, han disfrutado durante décadas de autovías gratuitas.

En 1970, como sabe perfectamente, comenzó la expropiación para la autopista y los valencianos, desde entonces, estamos pagando por esta AP-7. Puedo hablar en primera persona, pero también podría hablar en tercera, porque mi realidad será la de muchos valencianos. A mis abuelos, por ejemplo, esa autopista les quitó sus mejores huertos para que otros pudieran circular por la autopista. Ellos, agricultores como tantos valencianos, nunca la usaron. A mis padres o a la gente de mi generación siempre nos ha tocado pagar por esa autopista, construida sobre los terrenos de nuestros abuelos. Nos ha tocado pagar, pagar, pagar y continuar pagando, y mientras la N-340 continúa pasando por el casco urbano de mi municipio —como ocurre en otros tantos—, una 340 que continúa convertida en un punto negro de principio a fin, y mientras la CV-10, que también pasa por nuestros municipios, continúa sin estar terminada gracias a años y años de olvido.

Ahora hemos leído en prensa declaraciones suyas en las que afirma que en 2019 se va a terminar la concesión privada y que no se va a prorrogar, pero entenderá que estemos un poco escaldados, no por usted, sino por la trayectoria de su partido político. Antes hemos puesto ejemplos de promesas en infraestructuras para el País Valencià que el PSOE y el Partido Popular incumplieron año tras año. Quiero recordar que en el año 1986 fue el PSOE el que nos prometió que, después de la vergonzosa prórroga que en su día hizo la UCD en relación con la AP-7, esta sería pública y gratuita. En 1986 se nos mintió y se volvió a una concesión privada, como hizo posteriormente el Partido Popular, cuya prórroga volvió a alargar hasta 2019.

Lo que le pedimos es claridad, no como hacía el anterior ministro, que si bien también reconocía que en 2019 terminaba la concesión, no descartaba absolutamente nada. Sabemos que finaliza en 2019, pero lo que pedimos es más claridad en sus declaraciones. Queremos que diga si esta va a ser pública; queremos que diga si definitivamente no se va a volver a otorgar a una concesión privada; queremos que diga que no va a haber letra pequeña, como otras veces han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista; pedimos que nos explique, que nos diga, que va a ser gratuita a todos los efectos; pedimos que no se permita ningún tipo de nueva prórroga en la gestión y garantizar su gratuidad una vez extinguido el contrato de concesión y que no haya ninguna sorpresa, como algún tipo de canon, euroviñeta, peaje blando en la sombra, compensación económica por su mantenimiento a manos de concesiones ni ninguna forma de explotación de mantenimiento que no sea la puramente pública y con cargo a la Administración General del Estado.

Igualmente, pedimos que nos confirme que va a exigir a la empresa concesionaria la entrega inmediata de la AP-7, en la fecha que estimemos, en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento, y pedimos también rescatar la AP-7 ya y no esperar a finales de 2019 en aquellos sitios más conflictivos, en aquellos sitios donde no están hechos los desvíos, los desdoblamientos de la N-340 o la N-332. Les pedimos que sean claros y contundentes y que no haya ningún tipo de sorpresa, como ha habido en otras partes.

También pedimos que para 2019, o antes si puede ser, cuando se rescate la AP-7, ya tengamos los accesos dignos que necesitan los municipios valencianos. Hay 50 municipios valencianos afectados porque el trazado de la AP-7 pasa por sus términos municipales, y pensamos que en 2019, o antes si se consigue su rescate, tienen que tener garantizada su conexión directa con esta autopista.

Esperamos, confiamos en que haya un antes y un después en el Ministerio de Fomento y que los valencianos, por fin, tengamos el trato digno que no hemos tenido en 40 años.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidente.

Somos perfectamente conscientes del relevante papel que tiene la autopista de peaje AP-7 para vertebrar y cohesionar el territorio en la costa mediterránea, y en mi caso particular lo digo con total conocimiento porque, al igual que usted, también soy valenciano y conozco muy bien esta vía desde hace muchos años.

De todas formas, quisiera relatar los antecedentes de esta autopista para que consten en el Diario de Sesiones y para que conste también que no estamos ante una medida atrevida ni improvisada. Es más, si alguno quisiera recordarme alguna declaración, como se ha hecho estos días, para forzarme a un posicionamiento de este tipo, ya le adelanto que en 1997 hice declaraciones públicas. En mis condiciones políticas en Valencia, en las que pedía el fin de esta concesión. En ese año —1997— se prorrogó por trece años más, y esa es la razón de que venza el 31 de diciembre de 2019, es decir, como consecuencia de esa última prórroga, que fue superior a todas las que hubo anteriormente.

Entre los años 1971 y 1972 se adjudicaron respectivamente los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, de la actual AP-7. La concesión tenía que haber finalizado 27 años después; por lo tanto, en un caso tenía que haber terminado en el año 1998 y en el otro en 1999 del siglo pasado. Sin embargo, los decretos de los años 1977, 1981 y 1982 ampliaron los plazos de las concesiones de ambos tramos seis y cinco años, aproximadamente, hasta el año 2004. Como consecuencia de la fusión de las concesiones existentes, mediante otro real decreto del año 1986 se ampliaron los plazos poco más de dos años, hasta el año 2006. Pero en 1997, año que he comentado antes, un último real decreto prorrogó el plazo de ambos tramos hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, trece años más, algo que no había ocurrido en ninguna de las prórrogas.

Es cierto que se redujo el importe de los peajes para estimular la utilización de la autopista, pero no es menos cierto que supuso una prórroga de trece años del período concesional. De hecho, sin esta última prórroga ahora mismo la AP-7 no sería de peaje y no tendríamos este debate ni esta interpelación ni esta intervención mía. A partir de ese momento ningún otro Gobierno ha prorrogado los plazos concesionales de estos tramos de la AP-7 entre Tarragona y Valencia ni entre Valencia y Alicante.

En concreto, el último ministro de Fomento, en numerosas ocasiones, en respuesta a varias preguntas e interpelaciones formuladas tanto en el Senado como en el Congreso, vino a reiterar la voluntad de que, con carácter general, no iban a prorrogar los plazos de las concesiones cuyo contrato estaba más cercano a finalizar. Esto lo dijo el ministro anterior, y me sorprende que no hubiera ninguna reacción. Ha bastado que lo dijera yo para encontrar mucha reacción. Debo entender que no hubo reacción porque no se dio crédito a las palabras del ministro, porque era la misma manifestación. Sin embargo, parece que aquí todo son dudas. Lo he dicho en público y también lo he respondido en la pregunta oral que he tenido oportunidad de contestar antes con relación a la AP-1: no vamos a prorrogar las concesiones a su vencimiento y, por lo tanto, vamos a liberar los peajes correspondientes. En estas y en aquellas que finalicen en 2021. A partir de ahí se plantearán otras cuestiones, claro que sí, porque la gratuidad es un término muy relativo. Gratis, gratis, no hay nada; la diferencia es quién paga. Le puede salir gratis al que no paga, pero siempre hay alguien que paga: lo pagan los usuarios, lo pagan todos los contribuyentes, alguien tiene que pagar. Por lo tanto, es verdad que no tiene mucho sentido que haya comunidades que tengan que pagar una autopista y otras que no. Eso parece un poco raro, porque no es precisamente muy igualitario. Es verdad que no podemos comprometernos con un modelo de sostenibilidad, de viabilidad, que no solo es económica, sino que también tiene que ser medioambiental, por supuesto, hasta que no tengamos una red pública completa. Por lo tanto, esto será un debate futuro, pero está ahí.

Ahora bien, yo no quiero engañar a nadie, yo digo lo que se puede hacer, lo que queremos hacer si tenemos tiempo para ello. Pero también le digo que cincuenta enlaces de aquí a 2019 yo no lo veo, no veo cómo armar cincuenta enlaces ahora mismo, con cincuenta proyectos que, además, han de ser financiados. Si yo le dijera que sí, le estaría engañando. También es verdad que tendríamos que replantearnos al final si es una autopista o es otra cosa.

Por lo tanto, es verdad que para el 2019 queda no mucho tiempo, pero el suficiente como para estar pensando exactamente qué modelo se quiere implantar y, efectivamente, qué proyectos se pretenden acometer. Y tenemos todo este tiempo, porque, por ejemplo, para la AP-1 de Burgos, sobre la que he hablado antes, ya no hay tiempo casi para nada, porque nos va a tocar en el ministerio, por procedimiento abreviado, por procedimiento negociado, contratar el mantenimiento de la autopista, porque no habría voluntad de prorrogar la concesión, pero por los hechos no se ha preparado nada para liberarla. Así, si se quiere hacer bien, y ya conociendo el propósito, en este tiempo deberíamos ir acometiendo exactamente cuáles son los proyectos, las obras que hay que hacer, prever la conservación de esta vía, es decir, mirar exactamente qué enlaces hay que plantear, ver también qué piensa la Generalitat al respecto, en qué piensa colaborar o aportar.

En fin, nos queda, previendo ya el final de la concesión, todo un tiempo para que esta sea efectiva y lo sea en las condiciones que requiere integrarla en el régimen común de la red pública.

Por lo demás, yo solamente le pediría confianza en este Partido Socialista porque es el que gobierna con ustedes en la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, no es otro, es el mismo Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor ministro de Fomento.

A continuación, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Señor ministro, la confianza se gana, se mantiene, se pierde, se recupera..., es decir, no es un acto de fe ciega. Lo que queremos son hechos. Mi tono ha sido de confianza y yo le doy esos cien días de margen, o los que hagan falta. Entendemos que ustedes en una semana no pueden explicarnos todas sus previsiones, sus principios e ideas sobre lo que estiman como prioritario, pero hay una historia que le precede no a usted, sino a su partido. Ha explicado todo el trámite histórico que ha tenido esta autopista, y ha de entender que estemos escaldados, como he dicho antes, por la actuación que ha tenido su partido respecto a estas infraestructuras y a otras. Pero le doy cien días o doscientos de margen de confianza. Obviamente, estamos cogobernando con ustedes en Valencia, pero ya le decimos que no tienen carta blanca. Simplemente decidimos en su momento echar del Gobierno al presidente más corrupto que ha tenido España y ahora lo que pedimos es que cumplan con las reivindicaciones históricas. (Rumores). Ya sé que es muy difícil elegir al más corrupto de los presidentes habiendo los que ha habido, pero para mi modo de entender sí ha sido así.

Por tanto, nosotros planteamos cincuenta accesos porque pasaba por cincuenta municipios. Nos da igual que sean cincuenta, veinte o diez, pero sí que hace falta abordar este reto que tenemos.

Obviamente, las autopistas no son gratis, y para los valencianos nunca han sido gratis ni estas ni las del resto del Estado. Aquí esta autopista la hemos pagado ya cuatro o cinco veces, y también hemos pagado las del resto del Estado. Esta autopista sabe perfectamente cómo va de llena y sabe cómo van de vacías las autovías, que también hemos pagado los valencianos con nuestro esfuerzo, en el resto de España, que no va nadie. También hemos pagado las autopistas radiales rescatadas vergonzosamente por el anterior Gobierno, por las que tampoco va nadie. O sea, que sabemos que gratis no hay nada. Simplemente pedimos no un trato preferencial, sino un trato digno que no hemos tenido hasta ahora. No pedimos un privilegio respecto al resto de España, pedimos estar, como mínimo, a su nivel, al nivel de cualquier otro territorio. Pedimos que se nos trate con igualdad, pero, desgraciadamente, usted sabe que durante cuarenta años no ha sido así, que hemos sido siempre los paganos del Estado. Pensamos que ya es momento de hacer justicia.

Por tanto, le damos esos cien días de confianza, pero sepa que no es un cheque en blanco y esperamos que la próxima vez que tengamos ocasión de debatir ya sea con usted presentando proyectos de cómo piensa actuar con la AP-7. Sobre todo, descarte cualquier tipo de peaje en la sombra. No son gratis, ninguna infraestructura en España va a ser gratis, pero pedimos que, a partir de 2019, no tengamos ningún tipo de sorpresa, y si se puede rescatar antes algún tramo, como pedimos y exigimos, háganlo con la mayor brevedad posible.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias.

Le agradezco sus palabras. Ratifico nuestro compromiso, que he expresado aquí, de no prorrogar la concesión vigente de la AP-7 a su vencimiento y, por tanto, aplicar la gratuidad en la medida en que se levante el peaje de la autopista AP-7. A partir de este próximo año iremos estudiando las actuaciones que sean necesarias al objeto de que, efectivamente, se pueda recuperar esta concesión y poner en marcha la vía como se merece y como debe ser.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor ministro de Fomento.

Llamen a votación (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO DE DOS NUEVOS PUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DEL SENADO Y A HABILITACIONES.

>MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO DE DOS NUEVOS PUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DEL SENADO Y A HABILITACIONES. 550/000062

El señor PRESIDENTE: Señorías, tengo que proponer al plenario una modificación del orden del día, al amparo de lo previsto en el artículo 71.4 del Reglamento del Senado. Solicito la aprobación de la mayoría de senadores presentes para proceder a la modificación del orden del día de esta sesión para la inclusión de dos nuevos puntos, relativos al Dictamen de la Comisión de Reglamento de la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifica el artículo 49.2, y habilitación para la celebración durante el mes de julio de 2018 de una sesión extraordinaria de la Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica en España, a fin de elaborar el informe de la comisión.

¿Aprueban dicha modificación del orden del día? (Asentimiento). Queda modificado.

Muchas gracias.



REGLAMENTO DEL SENADO

DICTÁMENES DE COMISIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.2. 626/000010 Reglamento

El señor presidente da lectura a los puntos 10. 10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Los autores de esta propuesta son todos los grupos de la Cámara.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Reglamento, el senador Sanz.

El señor SANZ ALONSO: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Reglamento acerca de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2 para adaptar las comisiones permanentes legislativas a la estructura del nuevo Gobierno aprobado por el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio.

La propuesta fue presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara ayer, día 18 de junio de 2018, y ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales hoy, día 19. El Pleno del Senado, en su sesión de ayer, tomó en consideración esta propuesta. Se abrió, a continuación, el plazo de presentación de enmiendas que ha concluido hoy a las diez horas sin que se presentase ninguna.

En la sesión de la Comisión de Reglamento, celebrada tras finalizar la sesión plenaria de esta mañana, se dictaminó la propuesta de reforma sin introducir modificaciones en el texto tomado en consideración por el Pleno de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

Vamos a proceder a la votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

De conformidad con el artículo 196.3 del Reglamento del Senado, para su aprobación se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 239; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2.



HABILITACIONES

COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA. 551/000046

El señor presidente da lectura a los puntos 11. y 11.1.

El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Especial sobre la Evolución Demográfica en España durante el mes de julio de 2018, a fin de elaborar el informe de la comisión.

¿Se puede aprobar dicha habilitación? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y cinco minutos.


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