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DS. Senado, Pleno, núm. 68, de 09/05/2018
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 36

celebrada el miércoles, 9 de mayo de 2018

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar y presentar un marco regulador de las condiciones de trabajo de los trabajadores dependientes de las empresas de la economía colaborativa. 671/000076 Derecho del trabajo; Internet; economía nacional; tecnología digital GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para prevenir y evitar los efectos medioambientales adversos derivados de la utilización de materiales de higiene personal de uso común. 671/000077 comercio; impacto ambiental; producto cosmético GPV


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a promover la creación de un grupo de trabajo que estudie las bases para homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros dependientes del Sistema Nacional de Salud. 662/000111 igualdad de remuneración; personal sanitario; sistema sanitario GPP


Moción por la que se apoya la decisión del Gobierno de que la mejora y renovación integral de la línea férrea entre Algeciras (Cádiz) y Bobadilla (Málaga) de la Red Transeuropea de Transportes esté ultimada en el año 2020 y la electrificación en el año 2021. 662/000112 Algeciras (Cádiz); Antequera (Málaga); infraestructura de transportes; red ferroviaria GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a promover una emisión filatélica y una moneda conmemorativa de los centenarios que el Principado de Asturias celebrará durante el año 2018. 662/000113 Principado de Asturias; coleccionismo; conmemoración; moneda GPMX


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, para la supresión de la tasa a la que está sujeto el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. 622/000018 modificación de la ley; nacionalidad; procedimiento judicial GPER


DICTÁMENES DE COMISIONES

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 624/000008 Sistema de Información Geográfica; modificación de la ley; obras públicas; política de medio ambiente; política de transportes; procedimiento parlamentario Fomento

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR Y PRESENTAR UN MARCO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA. 671/000076 GPS

El señor Varela Sánchez defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Mendiola Olarte defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Martínez Ruiz defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Ahedo Ceza defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Varela Sánchez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) con número de registro 108967.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera y el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Guardingo Martínez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Varela Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) con número de registro 108967, con el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 111; en contra, 143; abstenciones, 1.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y EVITAR LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES ADVERSOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL DE USO COMÚN. 671/000077 GPV

El señor Cazalis Eiguren defiende la moción, anunciando la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Guerra González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Vera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE ESTUDIE LAS BASES PARA HOMOGENEIZAR LAS RETRIBUCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 662/000111 GPP

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y el señor Mulet García.

La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Palencia García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Martínez Olmos defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Fernández Pérez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs y la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Palencia García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Martínez Olmos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 147; en contra, 28; abstenciones, 79.



MOCIÓN POR LA QUE SE APOYA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE QUE LA MEJORA Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA FÉRREA ENTRE ALGECIRAS (CÁDIZ) Y BOBADILLA (MÁLAGA) DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES ESTÉ ULTIMADA EN EL AÑO 2020 Y LA ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO 2021. 662/000112 GPP

El señor Landaluce Calleja defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Navarrete Pla y el propio señor Mulet García.

El señor Rufà Gràcia defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Mora Grande defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Caballos Mojeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Marmolejo Setién expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Caballos Mojeda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Landaluce Calleja, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 252; a favor, 181; en contra, 63; abstenciones, 8.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UNA EMISIÓN FILATÉLICA Y UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS CENTENARIOS QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRARÁ DURANTE EL AÑO 2018. 662/000113 GPMX

La señora Domínguez de Posada Puertas defiende la moción.

El señor Goñi Merino defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Mulet García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

El señor Álvarez Areces defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Domínguez de Posada Puertas expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, anunciando la presentación de una propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Goñi Merino, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Mulet García pide la palabra por alusiones.

Se pospone la votación.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2015, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA LA SUPRESIÓN DE LA TASA A LA QUE ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. 622/000018 GPER

El señor Masih Nahar defiende la toma en consideración.

En turno a favor interviene el señor Bagué Roura.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Masih Nahar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2010, DE 5 DE JULIO, SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. 624/000008 Fomento

El señor Crespo Iglesias, presidente de la Comisión de Fomento, presenta el dictamen.

El señor Bagué Roura defiende las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

En turno en contra de las enmiendas hace uso de la palabra el señor Sánchez Díaz.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Garrido Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Delgado Jiménez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sánchez Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y treinta minutos.

Se procede a votar.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UNA EMISIÓN FILATÉLICA Y UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS CENTENARIOS QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRARÁ DURANTE EL AÑO 2018. (Votación). 662/000113 GPMX

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 240; a favor, 217; en contra, 2; abstenciones, 21.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2015, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA LA SUPRESIÓN DE LA TASA A LA QUE ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. (Votación). 622/000018 GPER

El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido autorizada la votación telemática para la senadora Aparicio Calzada, que ha emitido su voto en sentido contrario.

Se rechaza la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 251 más 1 voto telemático, 252; votos emitidos, 251 más 1 voto telemático, 252; a favor, 109; en contra, 142 más 1 voto telemático, 143.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2010, DE 5 DE JULIO, SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Votación). 624/000008 Fomento

Se rechazan las cinco enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la proposición de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.

Se levanta la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR Y PRESENTAR UN MARCO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA. 671/000076 GPS

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se reanuda la sesión.

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.2.

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado nueve enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; una del Grupo Parlamentario Popular; tres del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y dos del Grupo Parlamentario Vasco.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Supongo que lo primero que hay decir en esta moción es que no estamos hablando de economía colaborativa, sino simple y llanamente de economía sin derechos, de economía desintegradora, de economía destructiva. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo con este nuevo fenómeno? Lo que ha pasado es que lo que originalmente era un espacio positivo, un espacio de oportunidad, marcado por lo digital, marcado por internet, que genera relaciones inmediatas, mercados instantáneos, nuevas formas de relación, nuevas actividades, nuevas empresas, todo esto, algo que nace en forma positiva, como una oportunidad —y así lo vemos nosotros—, impacta sobre nuestro modelo de relaciones laborales y genera una enorme confusión, difumina los límites entre la llamada economía colaborativa y la actividad empresarial y pone en cuestión los concepto más básicos, asumidos y conveniados hace más de un siglo: trabajo, trabajador y relación laboral.

Señorías, seguramente es necesario aquí un pequeño recordatorio, y es que el año que viene, 2019, se cumplirán 100 años de la puesta en marcha de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización surge a raíz del Tratado de París, que termina formalmente con la Primera Guerra Mundial. Los líderes mundiales se reúnen ese año para dar fin a dos tipos de conflictos violentos, armados. El primero, un conflicto militar entre naciones; y el segundo, un conflicto violento, industrial, entre las clases productoras de capital y de mano de obra. Desde 1870, cincuenta años antes, el mundo se había convulsionado en una contienda laboral que generó huelgas, conflictos, muertes y espacios de discusión no encauzados, lo que se conoció como el problema laboral.

En ese año, en 1919, hace cien años, los dirigentes sabían que era necesario adoptar reformar importantes en la relación empleado-empleador, y sabían que era necesario poner fin a los conflictos de masas de la industria, lo que lleva a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT tenía como primera finalidad restablecer la paz trabajador-contratador a través de la práctica de las relaciones laborales y del derecho laboral, y enumera nueve principios, de los cuales el primero dice: El trabajo no debe verse como un commodity, esto es, como una mercancía. El trabajo no es, señorías, como el café, como el carbón o como el acero; el trabajo es un producto humano, no es una mercancía y, por tanto, está sujeto a derechos individuales y colectivos.

Esta aceptación, la aceptación del trabajo como un objeto producido por el sujeto humano, determina derechos: el derecho laboral del trabajo, los derechos de representación, los derechos de sindicación, de negociación colectiva; es decir, determina las relaciones laborales que son aceptadas desde hace cien años por el conjunto de los países occidentales y de los países más avanzados del mundo.

Pues bien, señorías, estamos retrocediendo cien años, estamos volviendo a 1919. Cien años después se ponen en cuestión estos conceptos aceptados y asentados. ¿El trabajo es una mercancía? Y si no lo es, ¿por qué no genera derechos a los que lo ejecutan? ¿No son trabajadores? ¿Son colaboradores? ¿Quién regula los derechos de los colaboradores?

Señorías, ¿dónde se sitúa la frontera entre una actividad colaborativa y una actividad empresarial? ¿Qué son los ya cientos de miles de personas que prestan un servicio a un cliente intermediado por una plataforma?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Todo esto se resume, señorías, en una enorme confusión que solo tiene una respuesta: regulación, ordenamiento y encauzamiento. Frente a la ley de la selva, frente a la ley del más fuerte, para no volver al siglo XIX y para no volver a formas de esclavitud laboral, hay que regular, y la obligación de regular, básicamente, está en la autoridad laboral, que está asentada en el seno del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Por lo tanto, el Gobierno de España está obligado a regular estas nuevas formas de relación entre contratante y contratado, pero no quieren reconocer lo que es, es decir, una relación laboral sin más.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Senyories, avui debatem sobre l’economia col·laborativa, les seves conseqüències i el seu control. Internet i les noves tecnologies han impulsat models de consum alternatiu en els últims anys. Un dels models que més adeptes ha guanyat dia a dia ha estat l’economia col·laborativa, la qual es basa en prestar, llogar, comprar o vendre productes en funció de les necessitats específiques i no tant dels beneficis econòmics. Això és una definició que diu el MIT en una publicació recent en l’any 2015. De fet, aquest sistema és possible que siga el que no tinga els diners com a únic valor econòmic sinó també l’intercanvi o transacció de coses. Però veient les dades que ara vaig a exposar sembla que alguns han vist una possibilitat de negoci i no una possibilitat d’intercanvi.

Segons el mateix MIT en el seu informe calcula que el potencial econòmic de les economies col·laboratives és de 82000 milions d’euros; avui aproximadament ronda els 26000 milions. I els que participen a títol personal d’aquesta, teòricament, economia col·laborativa d’intercanvi poden arribar a embutxacar-se actualment fins a 2500 milions d’euros a títol lucratiu personal. La Unió Europea al 2015 va redactar un informe sobre l’economia col·laborativa que deia entre altres coses que el consum col·laboratiu representava la complementació avantatjosa des del punt de vista innovador, econòmic i ecològic de l’economia de producció i de l’economia de consum. A més deia que suposava una solució a la crisi econòmica i financera en la mesura que possibilitava l’intercanvi en casos de necessitat. Potser la Unió Europea es va passar una miqueta en les seves expectatives. Per tant, la Unió Europea tal volta s’equivocava.

L’economia col·laborativa està estenent-se a gran velocitat i abasta qualsevol àmbit de la nostra economia, però també té el seu costat fosc, com podem veure en exemples de conflictes com Uber, Airbnb o d’altres. Conflictes creats amb els seus competidors de l’economia tradicional, però també, diguem-ho així, entre els seus treballadors. Aquests treballadors de l’economia col·laborativa que no tenen cap relació laboral amb la plataforma i que en el millor dels casos —que no és la norma habitual—, aquesta plataforma com a mínim els posa els seus mitjans per a realitzar la tasca, la qual cosa no és gaire habitual, com he dit anteriorment. Com diu la pròpia moció ens trobem davant d’un fenomen que afecta i erosiona els pilars del nostre model de relacions laborals i a més a més de manera molt ràpida. Com quasi sempre agafa als poders de l’estat a peu canviat o en fora de joc per a actuar i modificar les nostres normatives per a adaptar-nos a estes noves qüestions.

Des de Compromís creiem que aquesta moció es queda una miqueta curta i, per tant, senyors del Grup Socialista hem presentat dues esmenes d’addició que creiem que amplien l’espectre i potencien aquesta moció. La primera és instar el Govern a augmentar partides pressupostàries destinades a la detecció del frau en la inspecció de treball i acabar amb les empreses que dilapiden els drets dels treballadors creant falsos autònoms per al seu propi benefici, o s’aprofiten de la possibilitat de contractar professionals i serveis amb cooperatives de treball, que teòricament s’emmarquen dins s’aquesta economia col·laborativa.

I d’altra banda, milers de treballadors freelance que s’han vist afectats per l’anunci d’actuacions per part del Ministeri d’Hisenda contra determinades cooperatives de facturació per existir algun tipus d’indici que darrere d’aquestes s’amaguen vertaderes cooperatives que intenten defraudar al ministeri. Per això demanem també un nou marc regulador que replantege la figura de l’autònom, dels drets i les quotes per què siguen més raonables per al ells, com ocorre en altres països del nostre entorn, però que també done tranquil·litat als freelance, la qual cosa milloraria l’emprenedoria d’aquests, evitaria l’economia submergida, definiria els seus drets i les seves obligacions i eliminaria zones opaques d’aquesta activitat.

La segona diu que insta el Govern a elaborar i presentar de forma urgent un marc regulador per als usuaris de l’economia col·laborativa, des de les apps, les tendes on-line de segona mà, d’intercanvi, etcètera, que defineixen les obligacions i que siga de forma clara i concisa en què sàpiguen tots, uns i altres, quins són el seus drets i les seves obligacions a l’hora de tributar, a l’hora de declarar els seus béns immobles o els seus béns mobles, etcètera.

Com he dit abans, des de Compromís creiem que la moció es queda curta, per això apostem per les nostres esmenes que amplien l’espectre tant en la seua aplicació com en el seu control de les mesures proposades tant per la seua moció com per les nostres esmenes. Cal regular el fenomen freelance, cal regular el fenomen kelly, l’offshoring, l’economia col·laborativa i totes aquestes coses cabrien dins d’aquesta moció i, per tant, hi ha que ampliar l’espectre, hi ha que regular millor i hi ha que estar damunt d’aquestes noves economies que provoquen tantes disparitats d’associació.

Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy debatimos sobre la economía colaborativa, sus consecuencias y su control. Internet y las nuevas tecnologías han impulsado modelos de consumo alternativo en los últimos años. Uno de los modelos que más adeptos gana día a día es la economía colaborativa, la que se basa en prestar, alquilar, comprar o vender productos en función de las necesidades específicas y no tanto de los beneficios económicos. Es una definición que dice el MIT en una publicación reciente de 2015. De hecho, este sistema es posible que no tenga el dinero como único valor económico para la transacción de cosas. No obstante, viendo los datos que voy a exponer ahora parece que algunos han visto una posibilidad de negocio y no de intercambio.

El MIT calcula en su informe un potencial de 82 000 millones de euros, y hoy ronda los 26 000 millones. Los que participan a título personal en esta, teóricamente, economía colaborativa de intercambio pueden llegar a embolsarse hoy en día hasta 2500 millones de euros a título lucrativo personal. La Unión Europea, en 2015, redactó un informe sobre la economía colaborativa que, entre otras cosas, decía que el consumo colaborativo representa la complementación ventajosa, desde el punto de vista innovador económico, de la economía de consumo. Además, decía que suponía una solución a la crisis económica y financiera en la medida en que posibilita el intercambio en casos de necesidad. Quizás la Unión Europea se pasó con sus expectativas y, por lo tanto, se equivocó.

La economía colaborativa está extendiéndose a gran velocidad y abarca cualquier ámbito de nuestra economía, pero también tiene su lado oscuro, como podemos ver en conflictos como Uber, Airbnb u otros, conflictos creados con sus competidores de la economía tradicional y también, digámoslo así, entre sus trabajadores. Esos trabajadores de la economía colaborativa no tienen ninguna relación laboral con la plataforma y, en el mejor de los casos —que no es la norma habitual—, esta plataforma, como mínimo, les pone los medios para realizar el trabajo, lo que no es nada habitual. Como dice la propia moción, nos encontramos ante un fenómeno que afecta y erosiona nuestro modelo de relaciones laborales de forma muy rápida y, como casi siempre, coge a los poderes del Estado a pie cambiado, fuera de juego, y cambia la normativa.

En Compromís creemos que esta moción se queda corta, por lo que, señores del Grupo Socialista, hemos presentado dos enmiendas que pensamos que amplían esta iniciativa. La primera insta al Gobierno a aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la detección del fraude vía inspección de trabajo y a acabar con las empresas que dilapidan los derechos del trabajador creando falsos autónomos en su propio beneficio o que se aprovechan de la posibilidad de contratar profesionales en cooperativas de trabajo que, teóricamente, se enmarcan dentro de esta economía colaborativa.

Por otra parte, hay muchos trabajadores free lance que se han visto afectados por el anuncio del Ministerio de Hacienda contra las cooperativas de facturación, porque hay indicios de que estas cooperativas intentan defraudar al ministerio. Por eso, pedimos también un nuevo marco regulador que replantee la figura del autónomo, los derechos y las cuotas, para que sean más razonables para ellos, como ocurre en otros países de nuestro entorno, y que también dé tranquilidad a los free lance, lo que mejoraría su emprendimiento, evitaría la economía sumergida y eliminaría zonas opacas de esta actividad.

La segunda enmienda insta al Gobierno a elaborar y presentar de forma urgente un marco regulador para los usuarios de la economía colaborativa —apps, tiendas online, etcétera— que defina las obligaciones, de forma que todos, unos y otros, sepan sus derechos y obligaciones a la hora de tributar, de declarar sus bienes inmuebles o muebles, etcétera.

Como he dicho antes, en Compromís creemos que esta moción se queda corta y, por eso, apostamos por nuestras enmiendas, que amplían el espectro, tanto en su aplicación como en su control, de las medidas propuestas en su moción. Hay que regular el fenómeno free lance, el fenómeno kelly, el fenómeno offshoring, la economía colaborativa, todas estas cosas que caben dentro de esta moción. Por lo tanto, hay que ampliar el espectro, hay que regular mejor y hay que estar encima de estas nuevas economías que provocan tantas disparidades de asociación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor NAVARRETE PLA: Brevemente. Simplement demanar que ens accepten aquestes esmenes i esperar que d’aquí surta una resolució que done resultat i done recolzament a aquestos nous fenòmens, sobretot perquè els treballadors i treballadores que es veuen afectats per elles siguen capaços de sortir millor d’aquesta situació.

Gràcies, senyor president.

Brevemente. Solo pedimos que acepten nuestras enmiendas y esperamos que de aquí salga una resolución que dé resultado y apoyo a estos nuevos fenómenos, sobre todo para que los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados sean capaces de salir mejor de ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Bon dia, senyories. El tema que el Grup Socialista porta avui aquí, és un tema que ja ha estat plantejat al Congrés pel Partit Demòcrata. Estem d’acord amb la proposta que vostès fan. És un debat que existeix i ha d’existir en la societat de les economies avançades. Les plataformes digitals són una realitat.

Ens plantegen, —i així ho apunta l’informe de la Comissió Europea—, un debat i la necessitat de fer modificacions normatives per adaptar-nos a aquesta nova realitat. I regular les relacions economico-laborals entre els individus i les empreses dins d’aquest nou marc. Això, necessàriament, ens fa donar un pas més en la regulació laboral i la protecció social. També ens caldrà donar una volta del que anomenem treball per compte propi i per compte aliè. Que prové, en el nostre cas, d’una economia de tipus industrial i que ha estat ja posat en plantejament per l’entrada de l’economia de serveis. Ara ens caldrà adequar-nos, a més a més, a aquesta nova realitat. Que la renovació la facin experts, enlloc del Govern, tenint en compte les singularitats que tenim aquí, —com és la figura de l’autònom— i també les experiències dels països que ens envolten, ens sembla una proposta més adient, perquè ho hem de revisar tot.

Per tant, nosaltres, al Congrés, a través de la Comissió de Treball i Seguretat Social en la sessió del 13 de desembre del 2017, vam plantejar la necessitat de revisar això. El Partit Socialista va fer la seva aportació i vam consensuar un text, —que per això el portem aquí—, un text consensuat i pensem que és més ambiciós que el que porten en la seva moció. I, tenint en compte que va ser aprovat ja en el Congrés, pensem que és una bona partida per revisar tota aquesta regulació.

Concretament, la nostra esmena diu: El Ple del Senat insta el Govern a presentar, abans de finalitzar el proper període de sessions i tenint en compte les interlocucions socials, un informe que identifiqui les reformes necessàries per a adequar la legislació econòmica laboral vigent tant per compte propi com per compte aliè als desafiaments del canvi tecnològic sobre el nostre sistema productiu, així com a les plataformes digitals i als seus usuaris. L’esmentat informe haurà de posar les bases sobre la interrelació entre el temps de treball i els canvis tecnològics en la prestació laboral, amb la finalitat d’assegurar la necessària seguretat jurídica entre empresaris i treballadors, així com garantir la necessària protecció social de les activitats de treball en plataformes digitals. Així com la seva seguretat jurídica i la dels seus usuaris i proveïdors de béns i serveis, incorporant la flexibilitat que li cal a l’economia digital. Aquest informe haurà de ser presentat a les comissions de treball i seguretat social del Congrés i d’aquesta Cambra parlamentària.

Pensem que, d’aquesta manera, donem cabuda a aquesta revisió que ha de ser molt àmplia.

M’han antecedit en la paraula companys que han parlat de temes molt concrets. Jo no concretaré perquè penso que el que ens cal és això. Asseure’ns i revisar de dalt a baix, tal com ens apunta la Comissió Europea, i mirar quin és el nostre model, com s’encaixa el nostre model a aquesta nova realitat i també estudiar aquelles solucions que ja s’estan duent a terme en els països del nostre entorn per també adequar-les, si s’escau, al nostre sistema. Pensem que això ho han de fer els experts, que són els que ens han de donar aquesta radiografia exacta de com estem i com hem d’encaixar aquesta nova realitat.

Per tant, els preguem que acceptin aquesta esmena. I, en qualsevol cas, nosaltres estem d’acord amb el seu plantejament i ja els avanço que, sigui com sigui, nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El tema que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista ya fue planteado en el Congreso por el Partido Demócrata. Estamos de acuerdo con la propuesta que ustedes hacen, pues se trata de un debate que existe y tiene que existir en una sociedad de economías avanzadas, ya que las plataformas digitales son una realidad.

Ustedes nos plantean —así lo apunta también el informe de la Comisión Europea— un debate y la necesidad de hacer modificaciones normativas para adaptarnos a esta nueva realidad y regular las relaciones económico-laborales entre los individuos y las empresas. Esto, necesariamente, nos hace dar un paso más en la regulación laboral y la protección social, además de avanzar en el trabajo por cuenta propia y ajena que, en nuestro caso, proviene de una economía de tipo industrial y que ya se ha planteado por la entrada en vigor de la economía de servicios. Por lo tanto, ahora nos tendremos que adecuar a esta nueva realidad y que sean los expertos, en vez del Gobierno, los que hagan la renovación. Teniendo en cuenta nuestras singularidades —como, por ejemplo, la figura del autónomo— y las experiencias de los países que nos rodean, esta nos parece una propuesta pertinente, porque lo tenemos que revisar todo.

Nosotros ya planteamos la necesidad de revisarlo en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde el Partido Socialista también hizo su aportación y se consensuó un texto —el que hoy traemos aquí—. Pensamos que este texto, que fue consensuado, es más ambicioso que el que presentan en su moción. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya fue aprobado en el Congreso, creemos que es un buen punto de partida para revisar esta regulación.

Nuestra enmienda dice concretamente: El Pleno del Senado insta al Gobierno a presentar, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones, y teniendo en cuenta las interlocuciones sociales, un informe que identifique las reformas necesarias para adecuar la legislación económico-laboral vigente, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como las plataformas digitales y sus usuarios. El mencionado informe tendrá que poner las bases en cuanto a la interrelación entre el tiempo de trabajo y los cambios tecnológicos a la prestación laboral, con la finalidad de asegurar la necesaria seguridad jurídica entre empresarios y trabajadores, así como garantizar la necesaria protección social de las actividades de trabajo y plataformas digitales, su seguridad jurídica y la de sus usuarios y proveedores de bienes y servicios, incorporando la flexibilidad que le hace falta a la economía digital. Este informe tendrá que ser presentado a las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social del Congreso y de esta Cámara parlamentaria.

Pensamos que, de esta forma, damos cabida a esta revisión, que tiene que ser muy amplia.

Me han precedido en el uso de la palabra compañeros que han hablado de temas muy concretos. Yo no voy a concretar, porque lo que me parece que nos conviene es esto: sentarnos y revisar lo que nos apunta la Comisión Europea, es decir, cuál es nuestro modelo y cómo encaja en esta realidad, además de estudiar aquellas soluciones que ya se están llevando a cabo en los países de nuestro entorno para adecuarlas a nuestro sistema. Pensamos que son los expertos los que tienen que hacer esta radiografía exacta de cómo estamos y de cómo tenemos que encajar esta nueva realidad.

Por lo tanto, les pedimos que acepten esta enmienda. En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo con su planteamiento y ya les avanzo que vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Parar la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías. La economía colaborativa nos ha puesto ante una disyuntiva de vital importancia para el futuro económico: por una parte, garantizar que cumplan sus obligaciones laborales y fiscales y darles protección adecuada a sus usuarios; y, por otra, no impedir su desarrollo con trabas excesivas y obsoletas.

Así que compartimos con ustedes la preocupación de su moción, que no es novedosa en esta Cámara, ya que a instancias del Grupo Parlamentario Popular se debatió, hace pocos meses, en concreto el 26 de febrero, una moción en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, donde todos los grupos expresaron su preocupación y aprobaron por unanimidad el estudio de los retos que suponen las nuevas tecnologías, la digitalización y los nuevos sectores productivos en nuestro modelo social, económico y de creación de empleo.

Así que, ante la moción que el Grupo Socialista plantea hoy, el Grupo Parlamentario Popular tiene que poner de manifiesto que la urgencia con la que se solicita al Gobierno el marco regulatorio requerido no responde a la complejidad y dificultades de un proceso que requerirá tiempo para asentarse y que tiene un enorme calado tanto por las oportunidades que genera la economía colaborativa como por los múltiples desafíos que plantea.

También hay que tener en cuenta que la existencia de una relación laboral no depende de cómo se denomine la actividad realizada por el trabajador, sino de la propia naturaleza de la relación y de si esta reúne todos los elementos definitorios para constituir una relación laboral. Y las notas configuradoras de la relación laboral se encuentran establecidas en el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Además, su moción no ha tenido en cuenta que existen otras formas de organización dentro de la economía social, como cooperativas o sociedades laborales, perfectamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, siendo conscientes de la importancia que la economía colaborativa tiene y tendrá en el mercado laboral, la Estrategia española de la economía social 2017/2020, aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 29 de diciembre de 2017, ya contiene medidas en esta materia. Así, la medida 13 analizará la normativa vigente con el objetivo de eliminar las trabas o limitaciones para la creación, crecimiento o desarrollo de la actividad empresarial que realizan las entidades que conforman la economía social y favorecer, en lo posible, la innovación social. La medida 15 de la estrategia, al objeto de preservar los valores inherentes de la economía social, promueve adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la lucha contra el fraude en el sector, en coordinación con el resto de Administraciones públicas con competencia en la materia y evitar así la actuación de entidades que, aparentemente bajo fórmulas de economía social, desarrollen sin embargo su actividad en fraude de ley, todo ello en aras de salvaguardar la legalidad y garantizar los derechos de los trabajadores del sector.

Por tanto, estando bien definido en nuestro derecho lo que es una relación laboral, cuáles son sus notas características y qué consecuencias jurídicas derivan de ello, no procede a la fecha realizar modificaciones al respecto. Pero el Grupo Parlamentario Popular cree que cualquier modificación tiene que venir de la mano de los agentes sociales, de los diferentes gobiernos y, cómo no, de ese comité de expertos que solicitamos en la moción aprobada en febrero por unanimidad y que el Gobierno español creará en los próximos meses para elaborar un libro blanco que tendrá por objeto realizar aportaciones al informe sobre el futuro del trabajo en los debates que tendrán lugar este año en el marco del G20.

Ante esta tesitura, y dado que se considera que cualquier modificación en el marco de relaciones laborales debe venir de la mano del acuerdo social, hemos propuesto una enmienda que esperamos que nos acepten. Queremos instar al Gobierno a que, de acuerdo con los agentes sociales, y en el marco del diálogo social, evalúe el trabajo que realizará el comité de expertos sobre el futuro del trabajo y promueva la adopción de tantas medidas como se consideren necesarias para crear en nuestro país cada día más y mejores empleos en el ámbito de la economía colaborativa, logrando que la recuperación que estamos disfrutando sea una recuperación inclusiva, logrando que el talento sea el gran activo estratégico que tiene España para competir en el futuro.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

Como ustedes saben, nuestro grupo parlamentario, Unidos Podemos, ya presentó una moción en esta Cámara el pasado septiembre referente a esta cuestión de la economía digital. Fue un tema que empezamos a trabajar a raíz de la huelga de las y los repartidores de Deliveroo, que han demostrado una enorme dignidad y que, incluso en las condiciones más adversas, se pueden lograr avances y mejoras concretos. La portavoz del Grupo Popular hablaba del comité de expertos y, bueno, el verdadero comité de expertos son estos repartidores y repartidoras de Deliveroo.

Nosotros, basándonos en la moción que presentamos, hemos traído tres enmiendas a esta Cámara. Consideramos, fundamentalmente, que es necesario que la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria tengan planes específicos para intervenir sobre este fenómeno de la economía digital y que, además, se coordinen entre ellas y con las comunidades autónomas para tener una actuación eficaz. Se trata de que el conjunto de las administraciones públicas estén ahí para evitar los abusos que se están produciendo contra las y los trabajadores y que esas empresas, normalmente extranjeras, no se vayan de rositas y, además, paguen impuestos.

A menudo pensamos en nuestra época como una especie de utopía digital en la que todo es maravilloso, pero lo cierto es que la tecnología tiene un carácter ambivalente y puede usarse para facilitarnos la vida, pero también en sentido contrario, como en este caso, para exprimir y controlar a la gente en sus puestos de trabajo. En el caso de la economía digital se aprecia cómo se usan estas tecnologías del futuro para regresar a las condiciones laborales del pasado. Esas empresas tienen un diseño publicitario que es muy moderno, simpático, trending, friendly, cool, que reivindica la interculturalidad o la vida saludable y que te hablan de flexibilidad, pero siempre es la flexibilidad del trabajador para adaptarse al mandato de la empresa.

Yo hace dos años trabajaba de repartidor, y mis condiciones de trabajo no eran ninguna maravilla, pero desde luego eran muchísimo mejores que las actuales de los repartidores en empresas como Deliveroo, Uber Eats y empresas similares. Ahora ni siquiera te reconocen como trabajador, te pagan tres euros la hora sin garantizar unos ingresos mínimos, la empresa no paga cotizaciones, no puedes caer enfermo, si tienes un accidente es responsabilidad tuya, si dañas a alguien es responsabilidad tuya, no tienes ningún tipo de plus por nocturnidad o por peligrosidad y en cualquier momento te pueden largar sin mayor problema. Y eso por no hablar de la represión contra prácticas de asociación sindical. Se trata a la gente como si fuera de usar y tirar, como si las personas no valiéramos nada.

Jorge Moruno, un compañero nuestro, explica muy bien cómo en nuestros días se está desarrollando todo un nuevo lenguaje azucarado para que asumamos que el progreso pasa por cargarse todas las garantías y derechos que tenemos como trabajadores, y que quieren hacer ver como incómodos corsés a la creatividad, al emprendimiento o a la innovación. Así que ahora tú ya no trabajas, sino que colaboras; ya no se te despide; sino que se te desconecta; y ya no se te controla, sino que se te valora. Y si no aceptas esas condiciones de explotación inaceptables es tu responsabilidad porque no estás motivado y desaprovechas las oportunidades que te ofrece el mercado.

Todo esto se acompaña de un proceso de individualización y de aislamiento del trabajador: ya no tienes un centro de trabajo al que acudir ni tienes compañeros con los que juntarse, ni siquiera hay un jefe al que puedas acudir o sentarlo a negociar. Estás completamente solo con un aparato, el teléfono móvil, que es una herramienta de control que informa de lo que haces, de dónde estás, de si estás siendo productivo o no.

Voy terminando. Todo este proceso no se limita a un espacio muy restringido de la economía digital, sino que está marcando una pauta, está avanzando tendencias que luego se reproducen en el conjunto de la economía. De la precariedad no solo son responsables quienes están sacando tajada, sino también aquellos políticos que, con sus reformas laborales, con sus políticas de devaluación salarial y de desregulación del mercado, han generado condiciones para que a una persona no le quede más remedio que aceptar este tipo de trabajos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: De modo que a la hora de buscar responsables y de encontrar soluciones, creo que la mayoría de ustedes deberían ponerse delante del espejo y admitir que sus políticas nos están llevando a un país cada vez más desigual y más injusto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Egun on guztioi.

Voy a empezar diciendo, señor Varela, que estamos de acuerdo con lo que usted ha expuesto. Creo que con la nueva era digital, con la capacidad tecnológica que tenemos en este momento, vivimos en un cambio de paradigma —lo podríamos llamar así—, y hemos pasado de pensar en propiedad a pensar en acceso y de una economía de producción a una economía de consumo. Este es un fenómeno imparable que, evidentemente, tiene efectos positivos, como una mayor libertad, la optimización de recursos, la posibilidad de un desarrollo de red de microemprendedores, pero que supone nuevos retos y que lleva aparejados efectos negativos, como por ejemplo bases de datos inmensas sin control, la posible desprotección del consumidor, la posibilidad de creación de monopolios o la competencia desleal. Además, uno de los efectos negativos que a nosotros nos produce la preocupación más importante es que en este momento hay una ampliación de los modelos de negocio que están precarizando todavía más las ya bastante precarizadas relaciones productivas, convirtiéndose de esta manera eso que se llama la economía colaborativa en un elemento más de desregulación.

Compartimos que la preocupación principal es lo que podríamos llamar la incertidumbre regulatoria en lo tocante al empleo —que ya no sabemos si es empleo, si es subempleo o si es semiesclavitud—, pero también en otros ámbitos como el de la claridad, las contribuciones impositivas, la competencia, etcétera. Estos ámbitos también generan dudas y disfunciones y, por eso, hemos presentado dos enmiendas. La primera es de modificación.



En la moción que presenta el Grupo Socialista se plantea la regulación de las condiciones de trabajo, pero nosotros entendemos que es necesaria una regulación más global y proponemos un marco regulador de las empresas, de la denominada economía colaborativa. Evidentemente, dentro de este marco regulador hay que tener en cuenta las condiciones de trabajo, la garantía del cumplimiento de la legislación laboral, el encuadre de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, las obligaciones contributivas, etcétera. Esa sería la primera enmienda.

Y hemos presentado una segunda enmienda, de adición, en la que pedimos que a esa regulación de las empresas, sobre todo, de su ámbito laboral, se incorporen también otras cuestiones que consideramos importantes, algunas de las cuales ya aparecen reflejadas en las recomendaciones dictadas por la Unión Europea al respecto, como serían la obligación de colaborar con las autoridades controladoras de la actividad desarrollada, tanto de ámbito estatal como autonómico, o la obtención de licencias que establezcan las condiciones de ejercicio de la actividad que impidan la realización de prácticas abusivas o contradictorias con la libre competencia.

Finalmente, demandamos de la Unión Europea que se elabore la correspondiente directiva, en la que ya sabemos todos que se está trabajando. Creemos que lo que debe hacer es plasmar unas normas comunes de funcionamiento de este tipo de empresas; directiva que esperamos llegue pronto y que sea traspuesta diligentemente, no como está ocurriendo con muchas otras.

Esta es la explicación de nuestras dos enmiendas, que pedimos al grupo proponente que tenga en consideración.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Tiene la palabra el senador Varela, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, he leído con atención y cuidado las enmiendas que han presentado el resto de grupos parlamentarios que conforman la oposición en esta Cámara —después haré una referencia a la del Grupo Popular— y tengo que decirles que aunque comparto prácticamente en su totalidad e integridad los argumentos que en ellas se exponen, no vamos a incorporarlas al texto porque básicamente desenfocan lo que pretende el Grupo Socialista con esta moción. En este sentido, una parte de las enmiendas lo que hace es reiterar la posición del Grupo Socialista, mientras que otras proponen un conjunto de medidas aisladas, que no es la intención de nuestra moción.

Señorías, con nuestra moción no queremos hacer referencia a una serie de actuaciones dispersas para frenar o combatir lo que está pasando con los trabajadores de las empresas llamadas de economía social sino reclamar una respuesta integral. Queremos una moción que abarque todos los aspectos de las relaciones laborales y del funcionamiento de las empresas que ejercen su trabajo en este ámbito económico, que inserte la actividad en nuestra regulación y que genere regulación para contemplar este nuevo fenómeno, que encauce la actividad. Por eso, nuestra moción habla básicamente del marco regulador, del encuadramiento de los trabajadores, de la salvaguarda de nuestras instituciones, de Hacienda y Seguridad Social, de manera urgente y que se traiga a las Cámaras. Estos cinco elementos abarcan lo que sus señorías proponen en sus enmiendas.

Sí vamos a aceptar una de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco porque no hace referencia al conjunto de las medidas que pensamos que hay que poner encima de la mesa sino a los actores que tienen que trabajar en ellas: las instituciones o administraciones como las autonómicas, que tienen competencias en esta materia. Esta es nuestra posición.

Decía la representante del PDeCAT que ya se habló de esta cuestión en el Congreso de los Diputados y también en esta Cámara, pero mi grupo no habla de la economía colaborativa sino de la pasividad o de la falta de regulación del Gobierno ante este fenómeno. Nosotros pretendemos que ante ese fenómeno, que todos ustedes conocen y que conocen mejor los que lo sufren, el Gobierno tiene que actuar.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Sé que el Gobierno en Cataluña ha elaborado un informe de la comisión interdepartamental para presentar propuestas en relación con la regulación de la economía colaborativa, y por eso pensamos que este Gobierno lo debe hacer también. Sin embargo, lo que hace el Partido Popular es básicamente presentar una enmienda en la que dice que hay que crear más actividad dentro de la economía colaborativa.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señor presidente.

No habla de crear empleo ni trabajo ni relación laboral, sino de actividad no regulada.

Por tanto, como comprenderán, señorías, no podemos aceptar esa enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Con ocasión del debate de esta moción son distintos los conceptos que hemos debatido: economía social, economía colaborativa, y de estos conceptos cuelga el de economía digital, que hemos de valorar porque la diferencia está en si existe o no ánimo de lucro. En este sentido, después analizaremos todo lo demás. En cualquier caso, es fundamental el respeto al Estatuto de los Trabajadores, a todos los derechos laborales, a los convenios colectivos y a la normativa internacional que defiende los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.

Además, hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, toda esta asunción de nuevos casos que muy bien señala la moción del Grupo Parlamentario Socialista es la realidad, la consecuencia de la crisis y que nos ha llevado a la reforma laboral que se ha practicado, en la que se han recortado muchísimos derechos hasta el punto de estar en una jungla sin derechos laborales, sin Estatuto de los Trabajadores y sin convenios colectivos en sectores como aquellos de los que aquí se habla, que ha abocado a los ciudadanos a buscar trabajo de cualquier forma y sin condiciones laborales de ningún tipo, como es el caso de los trabajadores de Deliveroo y de Glovo, entre otros.

Es fundamental que solucionemos este problema y, por supuesto, la Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

También quiero hacer una reflexión, en cuanto a que hay que mejorar la situación de los autónomos y del colectivo denominado freelance, porque no han visto satisfechas sus necesidades con la última reforma de la Ley de autónomos.

Por todo esto, por los derechos laborales de todos los trabajadores que se han visto abocados a coger estos trabajos que no se sustentan y que hay que regular, repito que la Agrupación Socialista Gomera votará a favor de la presente moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Dues qüestions: primera, senyors del Grup Socialista, primer els voldria preguntar, aquest és el nou sistema de treballar que tenen vostès en les mocions que ens presenten aquí? Aquesta és la seva cortesia parlamentària? Voldria dir-los que com a mínim dirigir-se a nosaltres per a dir-nos si accepten o no les esmenes. Fins fa dos minuts no sabia si ens havien acceptat o no les esmenes, no s’havien dirigit a nosaltres per a simplement dir-nos que no els les accepte perquè no ens agrada com les han redactat, què sé jo. La mínima cortesia seria eixa. Esperem això. I no és d’ara, repassant Diaris de Sessions anteriors i amb el meu company, li he preguntat i en les quatre últimes mocions que han presentat vostès les nostres esmenes ni ens han dit i les volien acceptar o no. Vostès sabran si és el nou tarannà que volen tindre, con a mínim amb nosaltres.

La segona qüestió, estem d’acord que hi ha que controlar els nous models d’economia i aquests tipus de treball associats a aquesta nova economia col·laborativa i estem d’acord que han de ser els experts els que ens diguen com i de quina manera s’ha de fer. Però també creiem que els legisladors estem per a senyalar-los i posar-los el dit dirigint-los cap a on creiem que està el problema principal i a on creiem que la societat ens està demanant que posem l’èmfasi. Per això mateix també, al mateix temps que esperem que el grup d’experts ens diga què hem de fer i cap a on hem de dirigir-nos, també hem d’utilitzar totes les eines que té l’administració pública, como per exemple dèiem nosaltres en les nostres esmenes, la Inspecció de Treball per posar el focus i posar-hi diners i posar èmfasi també en veure que hi ha que fer en les infraccions de la legislació laboral, que som conscients que actualment s’estan succeint, i que la inspecció de treball per falta de treballadors o per falta de pressupost o per falta d’indicacions del ministeri, no posa èmfasi en controlar-les i en sancionar-les si és necessari.

Per això, com dèiem, cal una dotació pressupostària. Per això, caldria que hagueren acceptat les nostres esmenes, perquè posen èmfasi, perquè diuen al Govern que hi ha que posar dotació pressupostària, no diuen que hi ha que fer coses i que hi ha que esperar que els experts ens diguen cap a on hi ha que anar, perquè precisament és el que hi ha que fer.

No només hi ha que dir que volem que volem fer coses, que som molt bones persones, que tenim molt bones voluntats i que bien que debatimos aquí y que bien que lo hacemos, sinó dir-los i dirigir-los què s’ha de fer i com s’ha de fer, i això era el motiu de les nostres esmenes, per focalitzar, per fer més potent la seva moció. Llàstima que no hagen sigut acceptades les nostres esmenes, però tot i això, conscients del problema que es planteja amb l’economia col·laborativa i conscients que hi ha que fer alguna cosa, tot i trobar que aquesta moció es queda curta i no és el suficientment potent i no dóna resposta a les necessitats d’aquests treballadors i treballadores que es troben en una situació d’indefensió, recolzarem la moció, votarem a favor d’ella i esperarem que el grup d’experts diga coses paregudes a les que hem dit nosaltres i, per tant, es dirigeixen cap a on creiem nosaltres que hauria que dirigir-se.

Gràcies, senyor president.

Me voy a centrar en dos cuestiones. En primer lugar, señores del Grupo Socialista, quiero hacer una pregunta: ¿es este el nuevo sistema de trabajo que siguen ustedes en las mociones que presentan aquí? ¿Es esta su cortesía parlamentaria? Como mínimo, deberían dirigirse a nosotros para manifestar si aceptan o no nuestras enmiendas y, hasta hace dos minutos, no sabía si lo iban a hacer o no. Ni siquiera nos han manifestado que no las aceptaban porque no les gustaba cómo las habíamos redactado, etcétera. Eso sería la mínima cortesía y, además, no es de ahora. En este sentido, revisando Diarios de Sesiones anteriores y preguntándole a mi compañero, he comprobado que en las últimas cuatro mociones que han presentado tampoco nos dijeron si iban a aceptar nuestras enmiendas. Ustedes sabrán si ese es el trato que quieren tener con nosotros.

En segundo lugar, estamos de acuerdo en que hay que controlar los modelos de economía y los tipos de trabajo asociados a esta nueva economía colaborativa, y también en que son los expertos quienes tienen que decir cómo y de qué forma ha de hacerse, pero también creemos que los legisladores estamos para dirigirles e indicarles dónde creemos que está el problema principal y dónde quiere la sociedad que pongamos el énfasis. Por eso, al mismo tiempo que esperamos que el grupo de expertos nos diga qué hemos de hacer y hacia dónde hemos de dirigirnos, también debemos utilizar todas las herramientas que tiene la administración pública, la Inspección de Trabajo, como decíamos en nuestras enmiendas, para poner el foco y el dinero en este asunto. También hemos de poner el énfasis en ver qué hay que hacer en cuanto a las infracciones de la legislación laboral porque somos conscientes de que esto está sucediendo por la falta de trabajadores o por la falta de presupuesto, y que el ministerio las controle y las sancione, si es necesario.

Por ello, como he dicho, nos hubiera gustado que aceptaran nuestras enmiendas porque indican al Gobierno que hay que aumentar las partidas presupuestarias y para que los expertos nos digan hacia dónde tenemos que dirigirnos.

Nosotros tenemos buena voluntad, y creemos que es bueno que debatamos aquí para decidir lo que hay que hacer. El motivo de nuestras enmiendas era hacer más potente su moción y, por ello, es una lástima que no las hayan aceptado; aun así, somos conscientes del problema que plantea la economía colaborativa y que hay que hacer algo al respecto por lo que, aunque la moción se quede corta y no dé respuesta a las necesidades de estos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de indefensión, apoyaremos la moción, votaremos a favor, y esperaremos a que el grupo de expertos diga algo parecido a lo que se recoge en nuestras enmiendas y que nos dirijan hacia donde nosotros consideramos que hay que dirigirse.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. De l’escó estant, ens sap greu que no hagin acceptat la nostra esmena. En tot cas, penso que no parlava d’altra cosa que del vostès proposen, d’un marc regulador. De fet, el que volien era un informe per a identificar les reformes necessàries per a adequar la legislació econòmica i laboral vigent, —que no ve a ser una altra cosa que això—, però tenint en compte els interlocutors socials. Per tant, penso que era més ambiciós. (El senyor vicepresident, Sanz Alonso, ocupa la Presidència).

A més a més, aquesta proposta que nosaltres li portàvem d’esmena recull la voluntat del Partit Socialista, perquè és una transaccional que vam fer. Tot i així, jo li he dit, penso que cal posar fil a l’agulla i no serem nosaltres els que posem pals a les rodes.

Per tant, només dir-li que ens sap greu que no l’hagi tingut en compte o, si més no, transaccionat en part, i manifestar el nostre vot a favor, malgrat això.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Voy a intervenir desde el escaño. Me sabe mal que no hayan aceptado nuestra enmienda porque, en todo caso, no hablaba de algo distinto a lo que ustedes proponen: de un marco regulador y de un informe para identificar las reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente, pero teniendo en cuenta a los interlocutores sociales, por lo que considero que era más ambicioso. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La propuesta que proponíamos como enmienda recoge la voluntad del Partido Socialista porque es una transaccional que firmamos. Aun así, como le he dicho, tenemos que ponernos ya manos a la obra y nosotros no vamos a poner obstáculos.

En cualquier caso, repito que me sabe mal que no la haya tenido en cuenta y que no la haya transaccionado en parte, pero quiero manifestar nuestro voto a favor a pesar de ello.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Antes de nada quiero agradecer al Grupo Socialista que haya aceptado una de nuestras enmiendas. Es una pena que por un error nuestro —se nos olvidó poner que era urgente— no haya sido posible que aceptaran las dos. En este sentido, sí creemos que la regulación global de las empresas sería mejor que solo la regulación del ámbito laboral. En todo caso, le adelanto que el voto de mi grupo va a ser favorable a esta moción.

Ante la economía tradicional, en este momento se presenta una economía o un consumo colaborativo, que en un inicio emerge como una forma de consumo responsable y que busca un uso mejor de los recursos. De lo que podría ser una especie de trueque —los bancos de tiempo o intercambios— hemos pasado a un negocio que, según los datos, mueve ya 26 000 millones de dólares en el mundo y produce beneficios de 3500 millones. Como herramientas se cuenta con las plataformas digitales, en las que la UE ya está empezando a hacer diferenciaciones. Así, por un lado, habla de los intermediarios digitales, que están situados en el régimen de aplicación de la directiva sobre comercio electrónico, que aquí se rige por lo establecido en la Ley 34/2002, con lo cual tiene cierta regularización; y, por otro, plantea los proveedores de servicios que operan en un determinado marco sectorial, y aquí es donde creo que todos echamos en falta un marco regulatorio.

Hablamos de economía colaborativa, pero no sé si debiéramos llamarla así porque hablamos de diferentes cosas, que necesitan distintas reglas de juego y que aún están sin definir. Lo que estamos llamando en este momento economía colaborativa es evidente que presenta ventajas, como mayor oferta, ahorro, apuestas por el desarrollo sostenible, una mejor gestión de los recursos, beneficio medioambiental, efectos favorables para la competencia, tiene valor social y podría incluir más cuestiones positivas en la lista pero, si se dan cuenta, en ningún momento aparecen los trabajadores. Ante estas ventajas, lo que es evidente es que también hay elementos que no son tan positivos, como el vacío legal respecto a contribuciones impositivas, coberturas de seguro y responsabilidad legal. Además, ¿qué hay del derecho de los consumidores? ¿Y de la posible competencia desleal o de la economía sumergida? En cualquier caso, sobre todo —y ya lo he dicho antes— la preocupación ha de centrarse en la situación de los trabajadores, en dónde y cómo queda su protección. Nos pueden decir que no son trabajadores o que son autónomos —que realmente son falsos autónomos—, algunos les llaman asociados y otros colaboradores, pero la cuestión es que se llevan todo lo malo de tener un contrato sin tenerlo y todo lo malo de ser autónomos. ¿Y cómo son las condiciones laborales en este tipo de plataformas? Pues conocemos el abuso y conocemos la explotación.

Hasta ahora, las estructuras productivas se han basado en un régimen contractual, se establecen obligaciones bilaterales y se impide, en principio, el abuso, pero ahora, en el caso de estas plataformas, ¿dónde y cómo están reguladas la jornada, la retribución, la seguridad, las vacaciones, la productividad y las situaciones de incapacidad? Creo que se generan muchas dudas y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿puede la llamada economía colaborativa olvidarse de la protección del Derecho del Trabajo? Para nosotros, evidentemente, no. Además, no podemos olvidar que este Derecho del Trabajo nace para intentar compensar la falta de igualdad entre empleador y empleado. En este punto surge la siguiente pregunta: ¿acaso aquí no hay empleados? Eso parece que es lo que nos quieren hacer ver, pero es mentira.

Se están dando en este momento situaciones que suponen la quiebra de las garantías sociolaborales. Las últimas reformas del mercado laboral descausalizaban la contratación, las condiciones de trabajo, el despido y debilitaban la negociación colectiva, de modo que han precarizado las condiciones y las relaciones laborales. No nos podemos engañar, la precarización no es consecuencia directa de la economía colaborativa, pero esta ayuda y mucho porque esta economía, mal llamada colaborativa, puede convertirse, de hecho ya lo está haciendo, en un elemento de desregulación que precariza aún más lo que ya estaba muy precarizado.

Por tanto, para nosotros, y finalizo, la conclusión es clara: es necesario y urgente —se me ha olvidado escribirlo, pero es cierto, señor Varela— un marco regulado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenos días.

Mi grupo cree que deberíamos ser claros y modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores para incluir unos límites que especifiquen bien una normativa que encuadre a los trabajadores de la llamada economía colaborativa. De este modo, se garantizarían sus derechos como trabajadores, se impediría el uso, el abuso y la explotación, asegurando condiciones de trabajo dignas y contribuciones justas del empleador a la Hacienda pública y, por lo tanto, mejoraría la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, se debería adecuar y modificar la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, para que se ejerza de una manera real la representación sindical y la negociación colectiva, así como incluir en el debate del Pacto de Toledo los pros y contras de la llamada economía colaborativa.

Mi grupo votará a favor de esta moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Socialista y, en caso de que se presente alguna modificación al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley Orgánica 11/1985 en pro de regular el buen sentido de la mal llamada economía colaborativa, nosotros estaremos al lado de la persona y del grupo que presente esa iniciativa.

Muchas gracias y buenos días.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Muchas gracias. Bon dia.

Una aparente contradicción y paradoja sobre lo que consideramos progreso sería que las nuevas tecnologías perjudicaran los derechos de los trabajadores. ¿Cómo puede suceder? ¿Acaso la tecnología puede tener ideología? ¿Acaso internet o un smartphone pueden ser de derechas o de izquierdas? Creo que son herramientas neutras, pero esas herramientas no pueden estar aisladas de los fenómenos sociales.

Como otros portavoces ya han comentado, estamos viviendo una época de retrocesos a escala global, pero también a escala estatal, en España, en cuanto a los derechos de los trabajadores y a esta situación no es ajena la digitalización de la economía. El contexto en que se produce esta revolución digital de la economía es de desregulación laboral y de la hegemonía del relato del emprendimiento y las startups, con los que parece que se quiere hacer realidad una utopía empresarial —que, seguramente, sería una distopía para la clase trabajadora— de unos trabajadores sin derechos.

Parece que hoy ya todos somos emprendedores, desde la empresa que diseña una aplicación móvil para llevarte comida a casa, que se compone de cinco chicos emprendedores en un garaje, hasta los ciclistas con esa caja enorme a sus espaldas. No se trata ya de que se nieguen las relaciones laborales sino que pretenden, en esta utopía de los emprendedores, negar la esencia misma de las relaciones laborales, la ajenidad y la dependencia. De una situación previa donde nos encontrábamos con falsos autónomos, hoy estamos ante los falsos emprendedores a 3 euros la hora, sin contrato ni Seguridad Social. Todos deberíamos hacer una reflexión: instituciones, autoridades laborales y la sociedad en su conjunto, sobre si este es el progreso que deseamos y sobre si a esto se le puede llamar progreso.

Hemos conocido, recientemente, que el Gobierno ha incluido el fraude amparado por la autodenominada economía colaborativa en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, así como otros aspectos de esta economía colaborativa que aunque no afectan directamente a los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral, sí en otros aspectos como el de la vivienda, y que la Agencia Tributaria ha puesto en su punto mira el alquiler ocasional de vivienda, con plataformas tipo Airbnb.

Asimismo esta misma semana ha quedado visto para sentencia el primer juicio de un trabajador contra la empresa Deliveroo en un juzgado de Valencia, y lo que tenemos de momento son resoluciones muy claras de Inspección de Trabajo sobre la existencia de una relación laboral que este tipo de economía y este tipo de plataformas digitales están negando.

Hace algunos meses presentamos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social una moción con cinco medidas para impedir este marco de desregulación en el que se desarrolla esta nueva economía digital. La primera era desarrollar nuestra normativa laboral a los efectos de evitar que se desarrollasen relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios amparados en la denominada economía digital o colaborativa, garantizando los derechos y obligaciones derivados de las diferentes modalidades de contratación laboral, puesto que Inspección de Trabajo y cualquier conocimiento básico del Derecho del Trabajo nos certifica que sí existe esta relación laboral. Segundo, que se constituyese, tanto en el seno del Ministerio de Empleo como en el de Hacienda, con implicación de los agentes sociales, un grupo de trabajo para analizar las reformas legales y medidas a tomar. Tercero, que se impulsase un plan específico y urgente en el seno de la Inspección de Trabajo, con la colaboración de las comunidades autónomas que tienen competencias en este ámbito, destinado a erradicar estas relaciones laborales encubiertas y a descubrir la laboralidad de estas relaciones a las que he hecho mención. Cuarto, que se instase a la Agencia Tributaria a establecer un plan de inspección o control específico para las actividades económicas desarrolladas por estas empresas. Y quinto, que se instara a la redacción de un informe de expertos para una reforma tributaria que abordase los retos de la mal llamada economía colaborativa, incluyendo las reformas legislativas y administrativas que pudieran ser necesarias para evitar prácticas abusivas y elusivas por parte de este tipo de empresas.

En resumen, estas son unas medidas que no entran en contradicción con la moción que propone hoy el Grupo Socialista —que lo hace de una forma mucho más sintética— y que vamos a apoyar para que las instituciones democráticas señalen hoy el comportamiento de ciertas empresas que, con la coartada del progreso tecnológico, pretenden devolvernos al siglo XIX.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela. (Rumores).

Señorías, les ruego que guarden silencio.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de nada quiero hacer referencia, aunque se corresponda con el debate de enmiendas, a la intervención del representante de Compromís. No sé si entendió suficientemente mi intervención, pero es que es difícil hacer referencia en tres minutos a nueve enmiendas, pero dije con claridad que había leído con atención todas sus enmiendas, que las compartía, pero que me daba la sensación de que distorsionaban la pretensión de nuestra moción. La pretensión de nuestra moción es centrarnos en la necesidad de regulación. Indudablemente se pueden poner encima de la mesa medidas que palíen o modifiquen en cierta medida la situación que estamos viviendo —nosotros tenemos esas medidas— y podríamos hablar de la identificación de los actores; de determinar cuándo se produce el salto entre la economía colaborativa y la actividad empresarial; de regular el acceso al mercado de nuevos operadores; de proceder a un espacio unificado para el otorgamiento de nuevas licencias; de proteger a los trabajadores y consumidores; de activar un plan especial de inspección, como nos propone Podemos, etcétera. Sin embargo, nosotros no pretendíamos eso; pretendíamos trasladar al Gobierno y al grupo mayoritario que es necesaria una regulación integral, y no modificaciones puntuales, de nuestro marco de relaciones laborales para incluir —y no para dejar en paralelo— el modelo de relaciones que se están produciendo. Como comentaba el portavoz de Esquerra, seguramente sea necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de libertad sindical y la Ley General de Seguridad Social, así como los ámbitos de nuestra legislación que abarquen esta situación.

Por tanto, este es el sentido de nuestra moción, y en absoluto desechamos ni desdeñamos sus aportaciones, que nos parecen muy acertadas; sencillamente creemos que distorsionan el enfoque.

Señorías, hoy aparece una información en la prensa que dice algo que yo creo que sintetiza con absoluta nitidez y precisión lo que estamos hablando. «Deliveroo responde a las críticas sobre su modelo laboral con un seguro gratuito para sus riders que cubre la pérdida de extremidades». Llamo su atención sobre el párrafo a las críticas sobre su modelo laboral, el modelo laboral de Deliveroo, el modelo laboral de una plataforma, no el modelo laboral al que están sujetas todas sus señorías, no el modelo laboral que aprobamos y aceptamos todos los españoles, no el modelo laboral de nuestros trabajadores y de nuestras empresas, su modelo laboral. Señorías, no hay un modelo laboral de ninguna empresa, hay un modelo laboral de los trabajadores de este país y de las empresas de este país y todo el mundo se debe someter a este modelo laboral.

La representante del Grupo Popular viene a decirnos que el Partido Popular considera que en España está perfectamente determinado lo que es una relación laboral. Yo le digo que no, señoría. Ustedes no tienen claro lo que es una relación laboral o no tienen claro que su modelo de relación laboral, su modelo de trabajador sea el mismo modelo que ha aceptado durante tantos años nuestra sociedad. Y le digo por qué, señoría. En la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde vimos hace unas semanas una directiva europea que hacía referencia a las condiciones laborales transparentes y predecibles para los trabajos no convencionales, para los trabajadores temporales bajo demanda y para las plataformas digitales, que es un avance de la Unión Europea en esta materia de la que estamos hablando, ustedes dijeron que no, el Gobierno dijo que no. ¿Sabe, señoría, por qué dijeron que no? Por la diferencia que tenía el Gobierno en la interpretación del término trabajador y trabajo con la Unión Europea. Lo que ellos consideraban que era un trabajador —trabajadores que estaban en las plataformas, trabajadores bajo demanda, trabajadores de las empresas digitales—, ustedes consideraban que no era un trabajador. Le voy a decir por qué se produce esto, señoría: porque esto colisiona frontalmente con su reforma laboral, porque la desregulación, la externalización y la subcontratación forman parte del alma de su reforma laboral, exactamente igual que forma parte del alma de las empresas llamadas de economía colaborativa, que lo que hacen es difuminar una actividad de nuestra sociedad que es positiva, la actividad colaborativa, que es algo bien distinto.

Señorías del Grupo Popular, ustedes no pueden ir a rebufo. Están interviniendo la Unión Europea; están interviniendo los juzgados y los tribunales; están interviniendo, prácticamente de forma autónoma, a los inspectores de trabajo para regular esta materia.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Ustedes no pueden cubrirse con un eufemismo, enmascarar lo que es una actividad laboral con una actividad colaborativa; es trabajo, se debe regular como trabajo. El trabajo determina derechos, los derechos determinan relaciones laborales y las relaciones laborales determinan un país moderno.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Señorías, como decía aquella vieja película española, no hablen ustedes de amor cuando queremos decir sexo. No hablen de economía colaborativa cuando simplemente quieren decir ustedes explotación laboral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.

Hoy estamos debatiendo aquí un tema importante y de relevancia: la economía colaborativa, un concepto ligado a la revolución digital. La tecnología está dando un giro a los conceptos tradicionales de oferta, demanda y consumo y la economía colaborativa ha adquirido un gran protagonismo y se augura una gran perspectiva de crecimiento. Esta economía tiene sus luces y sus sombras, plantea amenazas, pero también es un nicho importante de oportunidades. Lamentablemente, ustedes, los socialistas, solamente están viendo las sombras y las amenazas. Es un debate interesante, de profundo impacto a medio y largo plazo en nuestro modelo económico y social y hay que plantearlo con rigor y con responsabilidad. Ustedes, senador Varela, en un tema de este calado han venido con muchísimas prisas, reclamando de forma urgente un marco regulador, y sus planteamientos, desde luego, debieran ser más sosegados, reflexivos y mucho más prudentes.

Creo que no se debe demonizar lo digital, y, desde luego, hablar de esclavitud y de explotación creo que resulta muy exagerado en el mercado laboral del siglo XXI. La realidad laboral de un país democrático es que hay un marco legislativo claro y definido, fruto de la negociación y caracterizado por dotar de una mayor flexibilidad la relación laboral en la empresa y por ofrecer protección social al empleado mientras trabaja y también cuando se encuentra en paro.

Les decía antes, al defender la enmienda, que la economía colaborativa nos ha puesto ante una disyuntiva de vital importancia para el futuro económico. Por una parte, garantizar que cumplan sus obligaciones laborales y fiscales y dar la protección adecuada a sus usuarios y, por otra, no impedir su desarrollo con trabas excesivas y obsoletas. Esta disyuntiva, este reto, no solo nos lo hemos planteado el Gobierno de España y los grupos parlamentarios, sino que, de hecho, el G20 tiene previsto celebrar a lo largo de este año una serie de debates sobre los nuevos retos del mercado de trabajo, en los que ya se abordará el asunto de esta economía. La OCDE, por su parte, ha incluido la economía colaborativa en la agenda de su próximo fórum de competitividad. Y también en el seno de la Unión Europea se está trabajando en esta materia desde hace cierto tiempo; de hecho, ya se han realizado recomendaciones que —miren, senadores del Grupo Socialista— el Gobierno ya cumple. Ustedes no se resignan a reconocer que sus políticas no funcionan. Ustedes, los socialistas, parece que plantean volver a modelos del siglo pasado, defienden siempre un modelo caduco y fuera del contexto social. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.

La señora MENDIOLA OLARTE: Se abren ante nosotros grandes posibilidades que debemos aprovechar, y tenemos que dejar que los expertos nos ayuden a hacerlo. Lo que está claro, señorías, es que la economía colaborativa ha llegado para quedarse y de nosotros dependerá cómo.

El mercado laboral del siglo XXI necesita de la cooperación entre gobiernos, líderes empresariales, sindicatos e instituciones educativas para fortalecer el talento y el capital humano necesario a efectos de mantener el crecimiento laboral. Por eso presentamos la moción de febrero y hoy la enmienda, que, lamentablemente, han rechazado.

Para avanzar en todas las medidas regulatorias pertinentes todavía es necesario, sobre todo en el marco europeo, alcanzar acuerdos sobre algunos conceptos básicos y contar con un marco metodológico homogéneo en la Unión Europea que nos permita abordar este fenómeno con datos fiables. Desde luego, señorías, pueden estar muy tranquilos, el Gobierno ni está cruzado de brazos ni está parado; comparte con la Unión Europea sus recomendaciones. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene desarrollando un importante esfuerzo de control en las empresas pertenecientes a la economía colaborativa, sobre todo en lo relativo a la detección y corrección de falsos autónomos, al objeto de comprobar la efectiva realización de trabajo por cuenta propia y determinar el correcto encuadramiento de dichos trabajadores en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Como ya les dijo el ministro en la interpelación, la Agencia Tributaria, para evitar el fraude fiscal está reforzando el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago, como monederos electrónicos, priorizando la investigación en internet e intensificando el control de los nuevos modelos de actividad económica.

Senador Varela, no se pueden improvisar medidas y por eso vamos a votar que no a su moción (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Oooh). Sí... Esta cuestión requiere mucho rigor, estudio, debate, diálogo y responsabilidad, y en el rigor y en la responsabilidad siempre encontrará al Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mendiola.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Vasco, con número de registro 108967.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 111; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y EVITAR LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES ADVERSOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL DE USO COMÚN. 671/000077 GPV

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y dos del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Cazalis. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador Cazalis.

Si no guardan silencio, no continuamos, señorías. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio para poder continuar. (Pausa).

Comience, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatari jaun-andreok.

Este es un tema que podría ser muy escatológico, pero lo vamos a hacer muy fino para que nadie se espante.

No voy a extenderme demasiado en los argumentos que ya dimos cuando defendimos la interpelación, sino que voy a centrarme un poco más en la parte propositiva. Una parte propositiva que se basa en un hecho que es incontrovertible, que prácticamente el cien por cien de las toallitas higiénicas que se ponen en el mercado, casi 7000 toneladas, son productos, de tejido o no tejido, normalmente derivados del plástico —prácticamente el 99,9 %— o, si no, de celulosa, que está compactada a base de sustancias pegantes, sellantes, lo cual hace que puedan ser biodegradables —las plásticas no, las otras sí— a larguísimo plazo, pero, desde luego, no son dispersables, lo que genera un gran problema. Esto no surge de un vacío legal, sino de una interpretación muy laxa, y hasta cierto punto engañosa, por parte de las empresas para asimilar sus productos que no son biodegradables ni dispersables al propio papel higiénico, lo cual nos pone en una situación verdaderamente difícil.

Es importante, muy importante, impulsar medidas voluntarias para que el propio sector realice las acciones que tenga que realizar, pero consideramos que hay una carencia normativa clara y, sobre todo, falta concretar de qué materiales estamos hablando y por qué. Sabemos que unos no son biodegradables ni dispersables y no podrían estar en los saneamientos, mientras que otros sí lo son, pero entre medias tenemos materiales y una carencia normativa que creemos que hay que clarificar.

Lo que sí creo que hemos conseguido con esta iniciativa es que todos estemos de acuerdo en que tenemos un gravísimo problema y en que hay que tomar medidas. En cuanto a las medidas, hay diferentes puntos de vista: desde el más extremo hasta el más conservador, y evidentemente, también el punto de vista del Gobierno, no solo del central, sino de todos los gobiernos a todos los niveles, que son los que tienen que afrontar este problema y siempre son más reticentes a que alguien les diga lo que tienen que hacer. Pero creo que al final hemos llegado a una enmienda transaccional, basada en la propuesta del Grupo Vasco más las aportaciones del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, que creo que contenta a todos y que es un paso importante para empezar a trabajar.

La enmienda transaccional consta de seis puntos. El primero solicita prestar el apoyo que requiera la Asociación Española de Normalización, UNE, para la elaboración de unos criterios estándares para determinar qué materiales pueden ser vertidos por el inodoro y cuáles no. Hablamos aquí de definir el índice de biodegradabilidad y dispersabilidad de los materiales, pues si sabemos cuáles pueden serlo, también sabremos cuáles no y podremos tomar las medidas necesarias.

Además, hay que hacer lo mismo en el ámbito europeo, no a través de una norma española como la UNE, sino con una norma ISO, que tiene ya rango internacional, lo cual nos parece muy importante.

También consideramos necesario y urgente iniciar una campaña específica de concienciación ciudadana a nivel estatal sobre este tipo de vertidos, para que los ciudadanos tengan claro que por el inodoro solamente se puede verter aquello que los ingleses denominan como las tres pes —lo diré en español—: pipí, popó y papel de baño. Ni más ni menos. Creo que este puede ser el quid de la cuestión, y es importante hacerlo de manera urgente, lo mismo que es importante decir de forma urgente a la industria y a los distribuidores que es necesario etiquetar claramente como no desechables por el inodoro aquellos materiales que no cumplen las normas UNE; esto lo tienen que saber y hacer de forma voluntaria.

Por otro lado, hay que incentivar a nivel de la Unión Europea el desarrollo normativo de las acciones comunitarias destinadas a erradicar este grave problema medioambiental dentro de la estrategia que ya tiene la Unión Europea sobre plásticos, porque hasta ahora se quedaba fuera.

Y por último, crear un grupo de trabajo interinstitucional y sectorial para diseñar las medidas necesarias para una transición efectiva y en el menor plazo posible hacia un escenario libre de vertido en redes de saneamiento de material que no cumpla con las condiciones UNE e ISO, que hemos mencionado antes.

No se trata de prohibir que se hagan toallitas de origen plástico, porque pueden ser necesarias para otros usos, el industrial, etcétera. Se trata de que eso no genere un problema medioambiental más allá del que supone que, siendo un residuo plástico, pueda ser reciclable o utilizado después para generar energía.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

En cualquier caso, hemos llegado a una transaccional —que, aprovechando el turno de portavoces, luego agradeceré—, y creo que podemos estar medianamente contentos con lo que hemos conseguido, aunque, sin duda, se puede hacer mucho más y tendremos que seguir haciendo mucho más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis.

Habiendo decaído las enmiendas, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No va a intervenir nadie.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño brevemente para trasladar el apoyo de nuestro grupo a esta iniciativa.

Efectivamente, estamos viviendo un tiempo en el que se han introducido elementos verdaderamente revolucionarios en todo lo que tiene que ver con la higiene, no solo personal, sino con la propia higiene del hogar, y, desde luego, esto ha traído muchos elementos positivos; está claro, desde el punto de vista de la salud pública, que ha sido un avance importante.

Como contraposición, el problema es el no reciclado de estos materiales y que no sean biodegradables. Por eso consideramos que hay que avanzar en este sentido, intentando intervenir en todos los elementos de la cadena, desde la industria y la Administración hasta los propios ciudadanos, que tenemos que tomar conciencia a este respecto y quizá debemos hacer una pequeña reflexión.

Es importante que instemos, por supuesto, a que se impliquen todas las administraciones, desde la local hasta la europea, pero también me parece muy importante que se incentive todo lo que tiene que ver la I+D+i. Creo que ya hemos llegado a un punto de desarrollo en las sociedades actuales, que deberíamos instar a la propia industria a que invirtiera, desde el punto de vista de I+D+i, en materiales que además de que sean seguros para la salud pública, sean biodegradables para la seguridad del medioambiente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies.

Des de l’escó manifesto el nostre recolzament en aquesta proposta, que pensem que és transversal, equilibrada, i curosa en un problema que tenim tots. Cal treballar amb l’aigua, amb la transversalitat del cicle de l’aigua, i és clar que les bones pràctiques en el sanejament domèstic, són un problema, concretament per la utilització de materials no biodegradables, i estem d’acord amb el què es planteja en aquesta iniciativa. Sabem, totes les administracions estem fent esforços, i en aquest cas des de Catalunya, amb el seu model pioner de 500 depuradores, sabem la problemàtica que suposa per aquestes depuradores urbanes la utilització d’aquest tipus de tovalloletes no biodegradables. Així mateix també estem fent, des del 2016, campanyes de conscienciació a TV3 i també amb entitats i centres comercials perquè això arribi també a l’usuari.

En tot cas, no podem dir que no a aquesta proposta, que esperem que prosperi, i que és una feina de tots treballar per la sostenibilitat del medi ambient. Aquesta és una més de tantes i tantes coses que ens queda fer perquè així sigui.

Moltes gràcies.

Gracias.

Intervendré también desde el escaño para manifestar nuestro apoyo a esta propuesta, que creemos que es transversal, equilibrada y tiene mucho cuidado con un problema que tenemos todos. Hay que trabajar con el agua, en la transversalidad del ciclo del agua, y está claro que las buenas prácticas en el saneamiento doméstico son un problema, concretamente por la utilización de materiales no biodegradables. Estamos de acuerdo con lo que se plantea en esta iniciativa. Todas las administraciones estamos haciendo esfuerzos, y en este caso Cataluña, con su modelo pionero de 500 depuradoras. Conocemos la problemática que supone para estas depuradoras urbanas la utilización de este tipo de toallitas no biodegradables. También estamos haciendo, desde 2016, campañas de concienciación en TV3 y en entidades y centros comerciales para que esto llegue también al usuario.

En cualquier caso, no podemos decir no a esta propuesta, que esperamos que prospere. Es un trabajo de todos la sostenibilidad del medioambiente. Esta es una más de tantas y tantas cosas que nos quedan por hacer para que así sea.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite, intervendré desde el escaño, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Por lo tanto, voy a seguir esa máxima.

Evidentemente, no es lo normal, pero, como dice el título del disco, lo cortés no quita lo Atahualpa, y creo que tenemos que agradecer a la ministra García Tejerina que, según lo comentamos aquí, hizo una gestión para que este asunto entrara en la agenda europea de los ministros de Medio Ambiente. Creo que hay que agradecérselo. Cuando el Gobierno no lo hace, le echamos la bronca, y creo que cuando lo hace, tenemos que agradecérselo.

Por otro lado, lógicamente, quiero dar las gracias a los grupos enmendantes, porque sus enmiendas han servido para mejorar el texto y, sobre todo, para que fuera más plural, y a todos los grupos firmantes de la transaccional, que no han puesto ninguna pega.

Como decía la senadora Julios, estamos ante un problema, pero también ante una gran oportunidad. De hecho, quizá esto no lo podríamos haber planteado como lo hemos planteado si no existiera ya una alternativa basada precisamente en la I+D+i en el mundo del papel. Ya existe un tipo de toallita que es de celulosa trenzada y que es biodegradable y dispersable, y ello nos da pie a evitar que se utilice algo que no funciona.

No tenemos que pedirle al ciudadano que no utilice la toallita; tenemos que pedir a la industria que se adapte a las necesidades medioambientales reales, que es lo que estamos haciendo, sin perjuicio de que cuando no se pueda utilizar este tipo de material haya que utilizar el que ya existe pero sabiendo qué es, dónde está y cómo se gestiona después como residuo.

Yo creo que es una gran oportunidad también para que la industria pueda desarrollar este tipo de materiales, y es muy importante porque el desarrollo industrial es el verdadero desarrollo

Doy las gracias, de nuevo, a todos los grupos. Debemos felicitarnos por conseguir una transacción y un texto unitario, que no es el final, es el comienzo. Si alguien piensa que no vamos a exigir que se cumplan los puntos que hemos aprobado, se equivoca. Con esto no terminamos, con esto empezamos.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Buenos días, presidente.

Intervengo desde el escaño por seguir la tónica de los demás compañeros.

En primer lloc manifestar el nostre suport a aquesta moció. Estem d’acord en el contingut d’aquesta moció, en el moment i en la forma d’haver-la presentat. El moment perquè he fet una immersió aquesta setmana passada, sabem que teníem aquesta moció.

He anat a buscar als supermercats i a les tendes els usos que es donen a les tovalloletes. I m’he quedat sorprès: vaig trobar tovalloletes per l’interior dels cotxes, però també unes de repel·lent per els mosquits, apart de les normals que són habitualment les de higiene personal. Per tant, és el moment perquè hi ha una clara aposta d’alguns sectors perquè això sigui important.

Coincidim també en la forma, i ho dic perquè dels sis punts que conté aquesta moció, aquesta transaccional, n’hi ha un que em sembla interesant, que és el que diu textualment «Iniciar y financiar una campaña específica de concienciación a la ciudadania». Aquest crec que és el principal repte, apart de les empreses, que estic d’acord amb tots el demàs punts, però que la gent prengui consciencia de que és un residu que no es pot llençar als wàters i per tant hem d’evitar en la mesura del possible, els col·lapses que porta al sistema de sanejament i a les depuradores de tots els ajuntaments.

Com hem vist, la transaccional ha tirat endavant i espero que puguem arribar a bon port amb aquesta moció.

Gràcies.

En primer lugar, quiero manifestar nuestro apoyo a esta moción. Estamos de acuerdo con su contenido, con el momento y con la forma en la que se ha presentado. Estamos de acuerdo con el momento porque se ha hecho una inversión la semana pasada sabiendo que debatiríamos esta moción.

He ido a informarme a los supermercados y a las tiendas para saber qué uso se da a las toallitas y me he quedado sorprendido. He encontrado toallitas para los interiores de los coches y también toallitas repelentes de mosquitos, aparte de las normales, que habitualmente son las de higiene personal. Por tanto, es el momento y hay una apuesta clara de algunos sectores para que esto sea importante.

Coincidimos también en la forma, porque de los seis puntos que contiene esta moción, esta transaccional, hay uno que me parece muy interesante, que es el que dice textualmente: «Iniciar y financiar una campaña específica de concienciación para la ciudadanía». Este es el gran reto: aparte de las empresas —y estoy de acuerdo con los otros puntos—, que la gente tome conciencia de que es un residuo que no se puede tirar al váter. Hay que evitar en la medida de lo posible los colapsos que esto conlleva al sistema de saneamiento, a las depuradoras y a los ayuntamientos.

Hemos conseguido llegar a una transaccional, y espero que podamos llevar a buen puerto esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Aubà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Bon dia.

«El Govern és conscient de les qüestions que genera el rebuig de tovalloletes humides. És un greu problema econòmica l’etiquetatge, la repercussió en el medi ambient Per descomptat, la protecció i la millora del medi ambient són compromisos d’aquest Govern, perquè treballem per el benestar de la gent i per això donem prioritat a les polítiques mediambientals». Aquestes paraules les va pronunciar la ministra García Tejerina en resposta a la interpel·lació de les tovalloletes.

Malgrat la intervenció de la ministra en el passat Ple, us diré que si els preocupés una mica aquest tema, aquest any precisament que han aprovat el Reial Decret 85/2008 del 23 de febrer per el que es regulen els productes cosmètics, us vull recordar que les tovalloletes humides també són productes cosmètics i no han inclòs ni un sol esment al assumpte de l’etiquetatge de les conflictives tovalloletes humides. En el mateix sentit, si els preocupés una mica, haurien anunciat o pressupostat campanyes d’informació referents en això.

El primer reflexa de l’impacte de l’ús incorrecte d’aquestes tovalloletes humides o el seu desfet inconscient més aviat, el pateixen les xarxes de clavegueram i els sistemes de depuració, que precisament no són competència del ministeri ni de les Administracions generals de l’Estat. Com a molt, finançant o executant algunes estacions depuradores d’aigües residuals, però no les gestionen ni mantenen, i per això les urgències són mínimes.

I per acabar, recordaré una dita que deia la meva mare en circumstàncies com aquesta: obres son amores y no buenas razones. (Aplaudiments).

Buenos días.

«El Gobierno es consciente de lo que genera el deshecho de las toallitas húmedas, es un grave problema económico. El etiquetado, la repercusión en el medioambiente y, por descontado, la protección y la mejora del medioambiente son compromisos de este Gobierno, porque trabajamos por el bienestar de la gente, y por eso damos prioridad a las políticas medioambientales». Estas palabras las pronunció la ministra García Tejerina, respondiendo a la interpelación de las toallitas.

A pesar de la intervención de la ministra en el pasado Pleno, les diré que si les preocupase un poco este asunto, este año en que precisamente han aprobado el Real Decreto 85/2008, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos —y les recuerdo que las toallitas húmedas también son productos cosméticos—, hubieran incluido alguna mención sobre el etiquetaje de estas conflictivas toallitas húmedas, y no lo han hecho. En el mismo sentido, si les preocupara un poco, habrían anunciado y presupuestado campañas de información al respecto, y no lo han hecho.

El primer reflejo del impacto del uso incorrecto de estas toallitas húmedas por su deshecho inconsciente lo sufren las redes de saneamiento, que no son precisamente competencia del ministerio ni de la Administración General del Estado, que, como máximo financian o ejecutan algunas estaciones depuradoras de aguas residuales, pero no las gestionan ni mantienen y por eso las urgencias son mínimas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Para terminar, recordaré algo que decía mi madre en circunstancias como esta: obras son amores y no buenas razones. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Guerra.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Los seres humanos tendemos a considerar que lo que no vemos no existe, que aquello que alejamos de nuestra vista y eludimos, especialmente lo que nos estorba, nos incomoda o no nos resulta útil deja de existir, si bien, la realidad es que permanece o, en todo caso, se transforma y, a veces, en un problema. Por eso, no es de extrañar que en el imaginario colectivo aún perdure con bastante arraigo la creencia de que el inodoro es un agujero negro en el que todo se desintegra y desaparece, también los nuevos productos que incorporamos a nuestra cotidianeidad, cuando no hacemos otra cosa que alejar lo que en él depositamos unos metros o, como mucho, unos kilómetros.

Los que venimos del ámbito de la política municipal sabemos bien que cualquier pequeña costumbre o hábito cotidiano puede convertirse en un gran problema, cuyas consecuencias se multiplican cuando, más allá de lo local, se generalizan e, incluso, se globalizan, al tiempo que lo hacen los usos que lo provocan. En el caso que nos concierne, la voz de alarma la dieron hace ya tiempo quienes empezaron a verse directamente afectados, municipios y entidades gestoras del ciclo integral del agua, y quienes desde diferentes vertientes han sabido calibrar su justa dimensión y graves efectos: expertos investigadores, organizaciones de consumidores y usuarios, movimientos ecologistas..., hasta el extremo de que ha llegado y calado, como hemos podido comprobar en este debate, en el conjunto de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

También el Grupo Parlamentario Socialista se ha venido preocupando y ocupando de esta problemática; fruto de ello es la moción que presentamos el pasado 29 de noviembre para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, o la moción que con un carácter más amplio se debate mañana en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, instando al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de prevención de residuos plásticos y elementos desechables de difícil reciclaje.

La aparición en el mercado hace unos años de las toallitas húmedas de usar y tirar ha supuesto un cambio sustancial en los hábitos de la higiene personal, ampliando sus formatos también a otros usos de limpieza, con un crecimiento constante y exponencial de su venta y utilización. Ello, sin embargo, no ha venido acompañado de una normativa específica y adecuada que garantice su sostenibilidad ambiental, sus posibles efectos nocivos para la salud y su impacto negativo en los sistemas de saneamiento y depuración; tampoco de una normativa o de una información veraz, fácil y comprensible al consumidor, sobre la conveniencia de su uso ocasional y de una correcta gestión como residuo, ni de la necesaria concienciación sobre los costes y consecuencias negativas que no hacerlo adecuadamente comporta.

El resultado de ello son notables consecuencias en diversas vertientes. Desde un punto de vista estrictamente económico, el desatasco de colectores, la retirada de residuos, la reparación o reposición de equipos de bombeo y depuración o el incremento de la factura energética, hacen que la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento cifre entre 4 y 6 euros por habitante el coste que tiene este problema al año en nuestro país.

Tampoco habría que desdeñar el coste directo para vecinos y comunidades de vecinos por las incidencias producidas en las redes interiores. Los efectos negativos sobre el medio ambiente no son menos graves. Según estudios de la OCU, ninguna de las toallitas que se comercializan como desechables lo son, como tampoco son biodegradables, acabando en demasiados casos en ríos y mares a causa de los fallos de los sistemas de bombeo de pluviales y de residuales, aumentando también en determinados casos los riesgos de inundaciones.

Por ello, en el Grupo Socialista consideramos esenciales tres líneas de actuación. Una mejora de la información al consumidor, tanto en el etiquetado como en la publicidad, para evitar que no se ajuste a la realidad, confunda, o directamente engañe; una labor de concienciación que busque la complicidad y la implicación de la ciudadanía, y una normativa más precisa que ofrezca mayores garantías, a la vez que se aliente la colaboración con el sector para alcanzar soluciones más sostenibles.

En los tres casos, el texto final de la moción, rebajado en sus pretensiones iniciales para conseguir el apoyo del Grupo Popular, que nunca se ha caracterizado por su compromiso ambiental, se queda algo corto; le falta concreción y da una respuesta insuficiente para la magnitud del problema que, como diría el actual presidente del Gobierno, no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor. Fin de la cita.

No obstante, vamos a apoyar la moción porque se ha introducido parte de nuestras enmiendas y, en todo caso, supone un paso adelante. En ese sentido, es mejor empezar a andar que hacer poco o nada, como en tantas cuestiones nos tiene acostumbrados este Gobierno, esperando que los problemas se resuelvan solos, cuando en la mayoría de los casos no dejan de empeorar y agravarse.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.

Este es un problema que ciertamente no deja de crecer, por lo que es preciso que más pronto que tarde todo el mundo asuma su responsabilidad, se creen los instrumentos adecuados para atajarlo y se busque el compromiso conjunto de la sociedad.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.

Porque de la misma forma que pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas pueden generar un conflicto, también millones de pequeñas acciones responsables pueden ayudar a cambiar y resolver este y otros muchos problemas de nuestro tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guerra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un tema que en principio podría parecer de menor importancia, pero el señor Cazalis ya se ha encargado en la exposición de su moción de demostrar que es una cuestión que nos preocupa y que debemos tomar con el máximo interés.

Mi grupo había presentado una enmienda de sustitución, pero debido a nuestro interés por este tema, hemos decidido acudir junto con todos los grupos a una enmienda transaccional. La representante del Grupo Podemos decía que el ministerio no es sensible a esta cuestión, pero tengo que decirle que sí hay sensibilidad por parte de los ministerios de Agricultura y Sanidad, y por eso hemos podido llegar a esta transaccional.

El Grupo Socialista ha dicho que hemos rebajado el contenido de lo que se quería acordar. Todo lo contrario, incluso hemos aceptado algunas cuestiones en las que discrepábamos con el señor Cazalis, porque entendemos que es un objetivo en el que tenemos que ir sumando entre todos, y por eso hemos acordado esta transaccional.

Estamos ante un problema muy grave. En esta Cámara hay muchos alcaldes, muchos concejales que saben la problemática que existe en los saneamientos de sus municipios como consecuencia de las toallitas degradables que se tiran por los inodoros. Por tanto, felicito al señor Cazalis por empezar a abordar esta cuestión, aunque no se vaya a solucionar con esta transaccional. Además, hemos de hacerlo con cautela, porque a los ayuntamientos les crea un problema y les genera un gasto económico importante, pero a la hora de tomar decisiones también debemos tener en cuenta a las empresas y trabajadores que dependen de esta actividad.

Yo creo que hemos redactado una transaccional completa, con seis puntos importantes, donde todos nos damos competencias y normas para abordar esta situación. Por tanto, creo que hoy ha salido una gran decisión. Repito mi felicitación al señor Cazalis por esta iniciativa, porque se va a empezar a abordar un problema que ya existe pero que seguramente en diez o quince años, si no tomamos decisiones, será mucho más grave.

Y para resumir me quedo con la frase que ha dicho en su primera intervención: decisiones por parte del sector y normativa por parte del Gobierno. En este tema siempre va a encontrar al Gobierno; la sensibilidad tanto de la ministra de Cultura como de la ministra de Sanidad ha quedado demostrada. Por tanto, hemos de empezar a trabajar poco a poco para abordar esta situación y, sobre todo, ir dándole solución.

Nos congratulamos por haber alcanzado una transaccional entre todos los grupos y esperamos que sea el primer paso para solucionar este problema que, como he dicho, afecta a la población más cercana, que es la de los ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gutiérrez.

Señorías, teniendo en cuenta la propuesta de modificación a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Vasco formulada por todos los grupos, ¿se puede aprobar por asentimiento o algún senador solicita que se vote? (Asentimiento).

Queda aprobada por asentimiento. Enhorabuena. (Aplausos).



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE ESTUDIE LAS BASES PARA HOMOGENEIZAR LAS RETRIBUCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 662/000111 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis enmiendas: tres del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Navarrete y Mulet; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hay una máxima social que dice que todos aquellos que tengan la misma titulación, que tengan el mismo trabajo, que tengan la misma responsabilidad, deben tener la misma remuneración.

Hoy vamos a hablar de los trabajadores sanitarios y de la brecha salarial que hay en las diferentes comunidades autónomas. Lo primero que quiero poner en valor es a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Ellos son la piedra angular, el pilar fundamental de nuestro magnífico sistema sanitario público, que gozamos actualmente todos los españoles. Basta con leer la encuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que salió ayer, y ver el barómetro sanitario. Si la leemos, observamos que el mejor dato corresponde al Sistema Nacional de Salud y sus profesionales. Son cifras muy positivas de este barómetro sanitario. Pero el reconocimiento de nuestros profesionales sanitarios llega más allá de nuestras fronteras. A nivel europeo y de otros países, ellos representan la marca España. Tenemos un sistema de formación de profesionales sanitarios, a través del EIR, del MIR, del PIR, del FIR, del BIR, óptimo en formación y capacitación, y lo saben en nuestro entorno europeo, por ello, están ávidos por captar a nuestros profesionales sanitarios hacia sus propios países.

Señorías, después de esta máxima social, voy a hablar de la brecha salarial, de la diferencia retributiva que existe entre unos profesionales y otros, haciendo el mismo trabajo, según en qué comunidad autónoma ejerzan. Las retribuciones de los profesionales sanitarios, del personal al servicio de la administración sanitaria, proceden de la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Las contribuciones son dobles: una, la retribución básica, sueldo y trienios, que controla el Gobierno central y viene reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, es igual en todas las comunidades autónomas; y, dos, las retribuciones complementarias, en las que cada comunidad autónoma, según sus competencias —porque las tienen transferidas—, hace de su capa un sayo; es decir, cada comunidad autónoma lo valora como quiere. Y estas retribuciones complementarias de cada una de las comunidades autónomas son la causa de la brecha salarial; brecha que se ha ido acrecentando en el tiempo, sobre todo a partir del año 2009 por los ajustes económicos que han tenido que hacer las autonomías como consecuencia de la crisis, que han hecho a través de estas retribuciones complementarias.

Esta diferencia importante de salario entre las diferentes comunidades autónomas afecta a la calidad asistencial. En algunas comunidades autónomas hay fuga de batas blancas, hay una migración importante de profesionales y hay servicios que no se cubren. El salario es una variable muy importante para la captación de profesionales, pero también para fidelizar a esos profesionales al sistema sanitario.

Para que se hagan una idea, en la retribuciones complementarias son múltiples las diferencias, y las principales son las guardias, que pueden variar entre 17 y 25 euros, dependiendo de la comunidad autónoma; o la exención de guardias, que en algunas están reconocidas; o la exclusividad, donde hay una diferencia de 800 euros entre médicos o enfermeros que tienen exclusividad o no, según la comunidad autónoma; o la dispersión geográfica, o la productividad, la incentivación, la carrera profesional, que al fin y al cabo son escalones con euros, que difieren mucho de una comunidad a otra; o la nocturnidad, la peligrosidad..., es decir, son múltiples. Hay una gran variabilidad y grandes diferencias retributivas, lo cual provoca el agravio comparativo y la inequidad entre las diferentes comunidades autónomas desde el punto de vista de los salarios de los profesionales sanitarios.

Los informes en los que nos hemos basado en esta moción son de los colegios profesionales y de los sindicatos sanitarios. Ellos son los que tienen las cifras, son los que tienen los estudios hechos. Así, vemos que en médicos de atención primaria puede haber una variación, de trabajar en una comunidad autónoma o en otra, de 2200 euros mensuales, 27 985 euros anuales; en médicos hospitalarios puede haber una variación de 2100 euros mensuales, de 25 200 euros anules; en enfermería, la brecha salarial va de 3000 a 10 000 euros, según la comunidad autónoma donde se trabaje, haciendo siempre las mismas funciones. Pero lo mismo nos encontramos en farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas, podólogos, veterinarios, químicos, psicólogos, logopedas, ópticos, etcétera. Si a la brecha salarial le añadimos las condiciones sociolaborales, sucede lo que en muchas comunidades autónomas: la fuga de batas blancas.

¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora para intentar frenar esta brecha salarial? En el año 2012, al principio de la legislatura, el Gobierno creó un grupo de trabajo para llevar cinco medidas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que las comunidades autónomas, que son las competentes, actuaran en consecuencia. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en el nombre; no se pusieron de acuerdo ni en la cuantía ni en el tipo de contrato. Y desde el año 2012 hasta ahora ha aumentado de una forma importante la brecha salarial.

El Gobierno también ha estado trabajando en la demografía sanitaria para saber la necesidad de recursos humanos que tiene el Sistema Nacional de Salud, implementando la Ley de ordenación de las profesiones sanitaria y el Estatuto marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Se ha creado el registro estatal de profesiones sanitarias para planificar las necesidades de recursos humanos de las diferentes comunidades autónomas y el libro blanco de recursos humanos. El Gobierno está trabajando actualmente en la oferta pública de empleo para llegar a la estabilidad laboral del personal sanitario; 100 000 plazas sanitarias es lo que viene en la OPE que está planificando el Gobierno, intentando que salga el cien por cien de la tasa de reposición y que en tres años la temporalidad en el mundo sanitario esté por debajo de un 8 %.

No es un tema baladí, señorías. En Europa también se está trabajando, a través de la Federación Europea de Médicos Asalariados, la FEMS, donde está integrada la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en la gran diferencia que hay actualmente en los diferentes países europeos en cuanto a condiciones laborales, jornada, sueldo, contrato, y están intentando buscar un salario mínimo a nivel europeo para evitar —y nos vendría muy bien a los españoles— esa fuga de batas blancas que tenemos hacia países de nuestro entorno europeo.

Señorías, termino esta primera intervención dejando claros una serie de conceptos: el primero, que las competencias de las retribuciones complementarias son de las comunidades autónomas. Ese tema está clarísimo. Que el Gobierno central, el Gobierno de la nación, debe coordinar, aunar voluntades, cohesionar y evitar inequidades entre comunidades autónomas. De ahí, que debería formarse, si se aprueba esta moción, un grupo de trabajo dentro de la Comisión de recursos humanos, regulada por la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Este grupo de trabajo tendría que aportar soluciones a corto, medio y largo plazo, que se tendrían que llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que el Gobierno y las comunidades autónomas llegaran a un punto de consenso para evitar esa inequidad salarial entre las diferentes comunidades autónomas. El fin de la moción es terminar con esas desigualdades retributivas de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís presenta tres enmiendas a la moción del Grupo Popular. La primera es de modificación del único e indeterminado punto que exponen e incluye la participación de las comunidades autónomas, profesionales del sector, sindicatos y demás entidades en el texto original de su moción. No contar con los profesionales del sector ni los sindicatos ni las demás entidades implicadas ya denota la falta de voluntad del Gobierno y del Grupo Popular en esta propuesta. Intenta justificar su silencio e inactividad durante los casi siete años que llevan gobernando porque son conocedores de que la Confederación estatal de sindicatos de médicos, ya en el año 2012, planteó equiparar las grandes diferencias salariales existentes en el Sistema Nacional de Salud. Ganar lo mismo por el mismo servicio y la misma calidad de servicio no es un propósito descabellado, es importante defenderlo porque existe esa realidad, como ha dicho el representante del Grupo Popular.

La segunda enmienda es de adición y propone negociar con las comunidades autónomas un nuevo sistema de financiación justo y equitativo, que permita a los gobiernos autonómicos invertir en sanidad sin descuidar otras partidas presupuestarias como consecuencia de la infrafinanciación sufrida. Porque, como ya he dicho, es una moción general, con poco recorrido y, viendo los precedentes de este Gobierno, si nos encaminamos a una homogeneización de las retribuciones del personal sanitario, primero, tendremos que analizar de dónde viene, qué origen tiene esta diferencia salarial, y una cosa importante es el desequilibrio económico estructural como consecuencia de la desigualdad en el sistema de financiación de las autonomías. Hay autonomías que no tienen capacidad económica para negociar con los sindicatos de su comunidad unos sueldos dignos e intentar acercarse a la media estatal. No tienen dinero para hacerlo porque tienen prácticamente todas sus partidas cerradas y bien cerradas. Señorías, ¿existe voluntad política para revertir esa situación? Si revertimos el sistema de financiación autonómica, quizás las autonomías tengan capacidad negociadora.

La tercera enmienda, que es de adición, dice que hay que acabar con las actuales tasas de reposición impuestas por el Gobierno estatal, así como reforzar la estabilidad de las plantillas para rebajar el alto porcentaje de interinidad existente en el personal sanitario. En Compromís creemos que es imprescindible terminar con las actuales tasas de reposición impuestas por el Gobierno estatal, así como reforzar las plantillas.

En una comparecencia reciente del ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda del Senado, señaló, en materia de funcionarios, que el Gobierno está dispuesto a modificar las tasas actuales de reposición a medida que se identifiquen determinados servicios públicos insuficientes, siempre y cuando no suponga incrementar el capítulo 1 de los Presupuestos, el referido a gastos de personal, sino aprovechando la modernización de las administraciones públicas. Al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, en otras declaraciones, lejos de luchar por la gente que trabaja en su ministerio, siguió la disciplina de su partido político y señaló que la gestión y la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud tendría que verse con el análisis del porcentaje de interinidad y de los servicios públicos y reforzar estas plantillas, pero siempre sin modificar la tasa de reposición. ¿Sabemos algo de este esfuerzo por la estabilidad de las plantillas? Aún estamos a la espera de esas conclusiones y de esa manera de actuar y de pedir estabilidad en las plantillas. Gracias a las limitaciones de las plantillas en las tasas de reposición, no solo en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos del sistema público, este se tambalea.

¿Qué hay detrás de todo esto? Pues favorecer e impulsar el sector privado, aplicar los dogmas, tanto del Partido Popular como de su muleta parlamentaria y programática, que es el Grupo de Ciudadanos, y que lo público deje de ser bueno para apostar por lo privado. El atrevimiento de los señores del Grupo Popular es tal que sin ningún tipo de vergüenza o reparo vienen a traernos esta moción. Empezaron con la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con negociaciones que dieron un buen escarmiento al ministro Zoido que, propuesta tras propuesta, consiguió al final un pacto. Ahora están a la cola los trabajadores de los centros penitenciarios, que están reivindicando sus derechos para conseguir una tajada de esta equiparación salarial, y aquí estamos hablando ahora de la equiparación salarial de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Han destruido ustedes el modelo garantista y universal que se había creado en España durante estos últimos años, con privatizaciones, con recortes, con carencia de inversión en investigación y con limitaciones presupuestarias. ¿Creen de verdad, señores del Grupo Popular, en sus propias palabras?

Por todo ello esperamos que acepten nuestras enmiendas y también espero, señoras y señores del Grupo Popular, que esta vez sí crean en sus propias palabras y en su propia moción y la aprueben para homogeneizar estos sueldos y dignificar nuestro Sistema Nacional de Salud.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda de Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. No es la primera vez que se debaten en este Pleno temas relacionados con la problemática del personal del Sistema Nacional de Salud. Desde luego esto no es malo, todo lo contrario; yo creo que es bueno e importante, pero es necesario, desde nuestro punto de vista, que logremos llegar a consensos en temas como este. Debemos llegar a consensos aquí, en el Senado, para que luego sea más fácil lograr consensos en el consejo interterritorial que, como bien ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, ya sabemos que son muy difíciles de lograr.

Quiero recordarles que recientemente hubo incluso un debate relacionado con este tema a instancias en aquel momento del Grupo Socialista, donde se planteaba que en el seno del consejo interterritorial se desarrollasen los trabajos para poner en marcha un plan estratégico de recursos humanos, de los profesionales. En aquella ocasión presentamos una enmienda de adición, que fue aceptada por el senador Martínez Olmos, en la que se planteaba que, además de ese necesario plan estratégico, se abordase también la problemática de las diferencias salariales y la negativa consecuencia que esto está teniendo con mucha frecuencia en los territorios rurales, en los territorios despoblados, alejados, o en los territorios insulares, que en los momentos de escasez profesional son los primeros que se ven en grandes dificultades para mantener las plantillas. Ahora estamos nuevamente en uno de esos momentos, en un momento de grave dificultad, porque la demografía sanitaria, las jubilaciones masivas de profesionales, amenazan con una situación cada vez más complicada.

Señorías, cuando se están haciendo ofertas masivas de plazas que generan un efecto llamada importante o hay incrementos salariales importantes con los que los territorios de los que he hablado no pueden competir, estos se ven en graves dificultades. Asimismo detrás de esta gran diferencia salarial hay una gran diferencia en la financiación autonómica que también hace que unas comunidades puedan competir con salarios más altos, en tanto que otras no tienen la base necesaria para poder hacer lo mismo.

Lo dije y lo repito: las comunidades autónomas no debemos competir entre nosotras, sino colaborar para que todas podamos dar los mejores servicios a la ciudadanía. El papel del ministerio precisamente es el de liderar y encauzar esa coordinación, esa cooperación propia de un Sistema Nacional de Salud a través del consejo interterritorial y no de un sistema de sálvese quien pueda. Pues bien, señorías, las iniciativas que hemos presentado, las mociones, las enmiendas que hemos debatido aquí nunca han prosperado en este Senado porque nunca han sido apoyadas por el Partido Popular. Ahora nos traen una iniciativa para que el consejo interterritorial impulse un grupo de trabajo que homogenice las retribuciones de los profesionales. Nuevamente Coalición Canaria les ha presentado una enmienda, con unas características muy similares a las que presentamos en su día a la iniciativa del Grupo Socialista. Proponemos que el Consejo Interterritorial estudie cómo dar estabilidad a las plantillas profesionales en los diferentes territorios, tanto coordinando las oposiciones convocadas por las diferentes comunidades como evitando importantes desequilibrios retributivos y salariales entre los profesionales de las diferentes comunidades. Situaciones estas que, insistimos, si no se coordinan pueden poner en peligro la accesibilidad y la calidad de los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, insisto, en todos los territorios.

Presentamos esta enmienda nuevamente porque nos parece que volvemos a estar en una situación de desequilibrio entre oferta y demanda. Voy a hacer una breve reflexión, nos parece que el término más adecuado no es homogeneizar, porque incluso cada comunidad autónoma no puede homogeneizar los salarios, hay que mantener siempre determinados conceptos diferenciales si queremos incentivar por determinadas situaciones de mayor dificultad de acceso, de dispersión, etcétera. Lo que importa es equilibrar, lo que importa es armonizar, lo que importa es coordinarnos. Desde nuestro punto de vista, la palabra más adecuada no sea la de homogeneizar, hay que mantener diferencias, otra cosa es que esas diferencias estén equilibradas en función de conceptos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días, egun on.

Señor Aguirre, lo primero que tengo que decirle es que cuando hemos leído, sobre todo el cuerpo de la moción, pero también el petitum, nos ha causado una enorme preocupación y también sorpresa. Le voy a decir por qué una moción sobre homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros dependientes del Sistema Nacional de Salud nos causa sorpresa y lo es, sobre todo, por dos motivos. En esta Cámara, como ya se ha dicho, se han debatido varias veces iniciativas que ha traído la oposición con la intención de analizar, de mejorar, de hacer grupos de trabajo para dar solución a los problemas que tiene el personal al servicio de Sistema Nacional de Salud. Nuestro grupo, sin ir más lejos, presentó una iniciativa que tenía por objeto mejorar la contratación, que además era de obligado cumplimiento porque había una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, a lo que el Partido Popular se ha negado siempre. También nos ha producido sorpresa que ustedes presenten aquí una moción, porque no nos podemos olvidar que el Partido Popular es el partido de Gobierno, ustedes no necesitan traer una iniciativa a este Parlamento para proponer un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial de Salud. De hecho, el 24 de abril, si no estoy mal informada, ha habido una sesión del Consejo Interterritorial, y hubiera sido una ocasión magnífica para proponerlo. No obstante, en aras de mejorar su moción, y aquí va mi preocupación porque efectivamente esta moción deja mucho que desear, nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas. Nosotros somos conscientes del problema y de que no es solo la diferencia retributiva, sino que va más allá. Nosotros proponemos enmiendas que ponen el foco en la resolución de problemas reales, con el Gobierno como impulsor de un proyecto de modificación, para ver cómo encara el problema.

El Gobierno no puede eludir su responsabilidad como Poder Ejecutivo parapetándose en un grupo de trabajo que desconocemos para qué se forma. Debe proponer medidas y soluciones ya dentro del consejo interterritorial, efectivamente, y con la participación de las comunidades autónomas.

Por esta razón, incluimos también la obligación de formular ya una propuesta de modificación del modelo de financiación autonómica, porque esto era para antes de ayer. Les recuerdo que hay un compromiso de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 para que se aborde. Sin este abordaje no se puede hacer lo que pretende el grupo del Partido Popular por razones obvias, salvo, y eso sí que me preocupa mucho, que ustedes hablen de equiparar a la baja.

En paralelo proponemos otra enmienda para verificar que este impulso llevado por el Gobierno y todas sus acciones sean respetuosas con el modelo de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y también con los derechos laborales del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud. Es decir, nuestras enmiendas tienen como finalidad fijar la creación de un grupo de trabajo, pero con concreción y que sirva para solucionar problemas y no un ente indefinido como nos propone y parece que pretende el Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Buenos días. Gracias, presidente.

Señorías, señor Aguirre, en relación con esta iniciativa tengo que trasladarle una enorme preocupación y una gran decepción del Grupo Parlamentario Socialista por la forma en la que trae este tema aquí, porque realmente lo trae el Gobierno que se escuda en el Grupo Parlamentario Popular para tratar en la Cámara un tema para el que no necesitaría la Cámara. El Gobierno podría incorporar en el orden del día del Pleno del consejo interterritorial una propuesta en los mismo términos que usted plantea. Pero la gran preocupación viene porque en su propio discurso sale algo que creo que está últimamente evidenciando al Partido Popular porque va mirando de reojo al partido de Ciudadanos en las encuestas, en los escaños y en la calle. Usted ha dicho una cosa muy interesante: las comunidades autónomas hacen de su capa un sayo y, oiga, esto es muy fuerte e inadmisible en esta Cámara. Revise su reflexión porque usted está planteando aquí homogeneizar conceptos retributivos que son competencia de las comunidades autónomas pero desde una perspectiva absolutamente despectiva con las comunidades autónomas porque gracias a ellas tenemos un gran sistema sanitario en España. Sin embargo, el Gobierno que lleva gobernando desde hace ya seis años largos, si fuera coherente con este planteamiento que usted hace, ya hubiese planteado, por ejemplo, otra reflexión sobre el modelo de financiación autonómica porque la valoración que usted plantea no es de menos de 3000 millones de euros al año cuando propone el noble objetivo de que todos los profesionales ganen lo mismo. Debería ser una reflexión para que el modelo de financiación autonómica aporte a las comunidades autónomas unas cuantías coherentes con lo que ustedes plantean y, sin embargo, no lo hacen. Es más, ¿me quiere usted decir en qué comunidad autónoma del Partido Popular han tomado decisiones de subir estos conceptos retributivos que son su competencia para acercarlos a la comunidad que mejor paga? Es una propuesta llena de absolutas incoherencias, puede que para vanagloria personal, y yo creo que es absolutamente disparatado el planteamiento.

A nosotros claro que nos preocupa —quién va a decir que no— tratar de hacer posible que las retribuciones sean parecidas en aquellos conceptos que no tienen por qué ser exactamente iguales. Algunos sí lo son como la hora de guardia, pero respecto a otros que pueden estar vinculados a la dispersión geográfica o a otros conceptos, tiene que haber un espacio para las comunidades autónomas. Fíjese, incluso aunque el modelo del sistema sanitario fuese absolutamente centralizado habría conceptos retributivos específicos para determinados territorios y para determinados servicios.

Pero, en aras de hacer un planteamiento, no que homogenice, sino que armonice las retribuciones, nosotros somos partidarios de situar este debate —previo reproche al Gobierno por utilizar al Grupo Parlamentario Popular en algo que es de su competencia, puede hacerlo— donde tiene que estar, en el marco del consejo interterritorial, sí, en la Comisión de Recursos Humanos, pero también con los sindicatos. Por eso, proponemos un análisis en el marco del comité consultivo. Es una propuesta absolutamente constructiva, a pesar de la discrepancia con la iniciativa, pero, lógicamente, pensando en que los profesionales necesitan propuestas que sean viables.

Señor Aguirre, el principal problema que tiene su propuesta, en mi opinión, es que es demagógica y cuando pasen años, los profesionales van a ver que el Partido Popular, ni en el Gobierno de España ni en las comunidades autónomas que gobierna, ha tomado una sola decisión para hacer coherente las retribuciones complementarias con la propuesta que usted nos trae aquí. Y eso, ¿sabe lo que produce? Una enorme desafección de los profesionales con la política sanitaria. Es importante ser serios y rigurosos. Es un asunto importante y lo tenemos que tratar de una manera realista, de una manera factible, de una manera respetuosa con el Estado que nos hemos dado y si ustedes no creen en las comunidades autónomas, si se sienten amenazados por las propuestas que hace Ciudadanos, corrijan su modelo político y díganle a los ciudadanos que no están de acuerdo con el modelo autonómico, a ver si así encuentran el apoyo de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Olmos.

Tiene la palabra el senador Fernández Pérez, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, me corresponde fijar la posición de mi grupo con respecto a las enmiendas presentadas a esta moción. El petitum de la moción que hoy traemos aquí solicita promover, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, un acuerdo que impulse la creación de un grupo de trabajo que estudie y analice, de acuerdo con las comunidades autónomas la homogeneización de las retribuciones de los profesionales que trabajan en centros dependientes del Sistema Nacional de Salud.

Señorías, estamos hablando en esta moción de homogenizar los salarios de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. La enmienda de sustitución que presenta la senadora Palencia habla de todo menos de homogenización de salarios, habla de financiación autonómica, de medidas para promover la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y un apartado cuarto habla de un estudio con distintos profesionales para que los conceptos retributivos del personal del Sistema Nacional de Salud no perturben la distribución de las competencias del Estado con las comunidades autónomas. En esta moción no estamos hablando de eso, estamos hablando de alcanzar un acuerdo para homogenizar los salarios de los profesionales. Como entenderá, no podemos aceptarle ninguna enmienda, señora Palencia.

Con respecto a la enmienda que presenta la senadora Julios, de Coalición Canaria, mezcla salarios con reposición. Nosotros, en esta moción, estamos hablando únicamente de salarios, pero está claro que la reposición de los puestos de trabajo puede ser objeto de otra moción a debatir en esta Cámara.

El senador Navarrete, de Compromís, presenta una enmienda de adición que propone que intervengan también los sindicatos y los colectivos profesionales. En esta negociación hay grupo de trabajo que homogenizará Estado y comunidades autónomas. Los sindicatos, los profesionales, pueden intervenir perfectamente, es más, deben intervenir, en las reuniones de las mesas de las distintas comunidades cuando lleguen a este acuerdo salarial.

El resto de enmiendas de adición que presenta Compromís creo que no tienen nada que ver con esto. Hablan de financiación autonómica, igual que la enmienda de Podemos, y de reposición, que no es el objeto de esta moción.

Señor Martínez Olmos, respecto a la enmienda que presenta hoy el Grupo Socialista, yo entiendo que es un quítate tú para ponerme yo. Entiendo que nuestra moción es la original, que es la que tiene valor y si ustedes están de acuerdo en homogenizar los salarios de los profesionales que trabajan en los centros de salud, deben votar a favor.

También tengo que decirle que si nosotros miramos a Ciudadanos de reojo, según la encuesta del CIS, ustedes los miran por detrás.

Espero que apoyen esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Pérez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, representantes del Grupo Parlamentario Popular, sinceramente, no me ha sorprendido que no hayan aceptado nuestras enmiendas. Tampoco me ha sorprendido que no hayan venido a hablar con nosotros para decirnos simplemente que no las van a aceptar. Nada nuevo bajo el sol. Ni siquiera han aceptado la más inclusiva de todas, la que pretendía incorporar al grupo de trabajo a los actores sociales y laborales relacionados con el tema. Me acaba de decir su portavoz —yo lo he entendido así— que, una vez cerrado el pacto entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para homogenizar esos salarios, después, se sentarán a negociar con las entidades sociales, los sindicatos, etcétera. ¿Sentarse a negociar qué, si ya han cerrado un pacto? No lo entendemos.

Señores del Grupo Parlamentario Popular, con un nuevo sistema de financiación autonómica la capacidad de negociación de las comunidades autónomas para poder negociar un nivel salarial mejor para sus trabajadores sería fácilmente realizable, tendrían opciones para poder homogenizar sus sueldos, comparativamente hablando, con otras comunidades autónomas. También podrían estabilizar mejor sus plantillas. Sin embargo, homogenizar los sueldos es difícil, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de las comunidades autónomas. No es lo mismo vivir en el País Vasco que en el País Valencià; no es lo mismo vivir en territorio extrapeninsular —Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla— que vivir en Madrid. Por lo tanto, será difícil homogenizar el sueldo de un médico de familia en Madrid con el de un médico de familia en Melilla. Difícilmente se va a conseguir. Espero que lo consigan, pero, primero, doten a las comunidades autónomas de un sistema de financiación justo para que estas puedan, como mínimo, negociar la posibilidad de aumentar los sueldos y la capacidad adquisitiva de esos trabajadores, que ya han sido bastante vilipendiados por parte de este Gobierno, como para que ahora vengan aquí con un brindis al sol, diciéndoles que, seguramente, algún día se conseguirá un pacto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para homogenizar unos sueldos, cuando esto resulta bastante complicado.

El Sistema Nacional de Salud funciona gracias a los trabajadores y no gracias a sus propuestas de bajadas de sueldo, de reducción de personal, de falta de tasa de interinidad, etcétera. Por lo tanto, gracias a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud por ser tan buenos profesionales, a pesar de haber sufrido tantos palos por parte de este Gobierno, y gracias por seguir atendiéndonos con la máxima dignidad y profesionalidad, a pesar de los malos tratos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, la salud es el bien más preciado que tenemos y nuestro Sistema Nacional de Salud ha sido exitoso y un orgullo nacional. Sin embargo, durante los últimos años, la crisis, los recortes de un lado y el despilfarro de otros lo han puesto en serio peligro. Según un estudio del profesor de la Universidad de Granada, José Jesús Martín, el sistema retributivo de los profesionales de la salud es complejo, presentando significativas diferencias entre los servicios regionales de salud, consecuencia de la falta de coordinación y de un dilatado y accidentado proceso histórico que ha dado como resultado dieciocho servicios de salud, con políticas retributivas dispares, que provoca acusadas variaciones entre comunidades autónomas, lo que genera continuas tensiones y agravios comparativos. Las diferencias afectan a todos los complementos que gestionan las comunidades: específico, productividad, carrera profesional, guardias, etcétera; incluso, en la aplicación de la carrera profesional.

Lo único que es igual es el sueldo base y el complemento de destino fijado por el Gobierno en los presupuestos generales para todos los funcionarios. Causa sonrojo, porque estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, y el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, tiene un órgano, que es el Consejo Interterritorial de Sanidad, que debería hacer mucho más por fijar posiciones comunes; y como esto, todos los demás: prestaciones, cartera de servicios, listas de espera, política de personal, etcétera, que van deteriorando progresivamente y de forma silenciosa el Sistema Nacional de Salud.

Merece especial atención la heterogeneidad del complemento de exclusividad que se ha desvirtuado en muchas comunidades autónomas. El complemento de carrera profesional se ha convertido en una especie de pago por antigüedad, despreciando la posibilidad de armonizar el incentivo económico con los valores intrínsecos de la profesión. Sobre el rendimiento de productividad, la oscuridad es casi total en todas las comunidades.

Por todo ello, lo deseable sería una renovación del sistema retributivo en el marco de un pacto de Estado que dotara de gobernanza y transparencia al Sistema Nacional de Salud para que los médicos concilien la exigencia de eficiencia con su compromiso profesional con los pacientes, prevaleciendo los valores intrínsecos frente a los valores instrumentales.

Como bien decía nuestro insigne poeta Antonio Machado, solo un necio confunde valor y precio. Así pues, nos parece oportuna y acertada la moción y, por ello, contará con nuestro voto a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Molt breument, des del nostre grup els direm que no a aquesta proposta, malgrat parlin d’un grup de treball. No, en primer lloc, perquè vostès porten aquí alguna cosa que poden fer sense portar-la aquí i, el que pretenen és vestir-la de legitimitat parlamentària que no els cal. En segon lloc, perquè vostès parlen d’acord, i parlen de hacer de su capa un sayo quan el que volen dir és que les Comunitats Autònomes obrem amb llibertat amb allò que ens pertany obrar. Per tant, les competències en matèria de salut estan transferides a les Comunitats Autònomes des de l’any 2002 i, a més, a Catalunya disposem d’un Sistema Nacional de Salut propi, el CatSalut, i diferenciat de la resta. El CIS-CAT, amb centres públics i privats. És un sistema que, els agradi o no, funciona i és pioner i referent.

Per tant, aquest estudi que vostès diuen proposar, si més no, hauria de no ser vinculant i respectar aquells sistemes que estan funcionant a d’altres territoris, perfectament legals, no ens hem saltat res.

La proposta d’homogeneïtzació, aquesta paraula, nosaltres ens comporta molta més ideologia que no pas voluntat d’arreglar cap tipus de salari, de la retribucions porta implícita l’amenaça de recentralització de les competències en aquesta matèria. Davant de la qual, el nostre posicionament, ja els ho dic, és absolutament contrari.

Si el que volen és contribuir a millorar els salaris, abordin d’una vegada el finançament i financiin com és degut, els estem esperant. Durant la crisi, els professionals de la sanitat han fet un gran esforç perquè els estàvem esperant, encara els esperem. I, si no estem parlant d’això, i estem parlant que els molesta el nostre sistema sanitari, aleshores ja parlem d’una altra cosa, que ens va deixar molt clara el ministre Fernández Díaz.

Per tant, nosaltres direm no a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Muy brevemente, nuestro grupo va a votar en contra de esta propuesta, a pesar de que hablen de un grupo de trabajo; en primer lugar, porque ustedes presentan algo que pueden hacerlo sin traerlo aquí, y lo que pretenden es vestirla de una legitimidad parlamentaria que no les hace falta; en segundo lugar, porque ustedes hablan de acuerdo y de hacer de su capa un sayo, cuando lo que quieren decir es que las comunidades autónomas actuamos con libertad en aquello que nos compete. Por lo tanto, las competencias en materia de salud están transferidas a las comunidades autónomas desde 2002 y, además, en Cataluña disponemos de un Sistema Nacional de Salud propio, el CatSalut, y diferenciado del resto, el CIS-CAT, con centros públicos y privados. Es un sistema que, les guste o no, funciona y es pionero y referente.

Por lo tanto, el estudio que proponen no tendría que ser vinculante y respetar a aquellos sistemas que están funcionando en otros territorios perfectamente legales. No nos hemos saltado nada.

La palabra homogenización, en concreto, nos produce mucha más ideología que voluntad de arreglar ningún tipo de salario, de retribuciones, y esto lleva implícita la amenaza de recentralización de competencias en esta materia, ante la cual nuestra postura es absolutamente contraria.

Si lo que quieren es contribuir a mejorar los salarios, aborden de una vez por todas la financiación y financien como es debido; lo estamos esperando; durante la crisis, los profesionales de la salud han hecho un gran esfuerzo porque les estábamos esperando, y todavía les esperamos. Y si no estamos hablando de esto, sino de que les molesta nuestro sistema sanitario, entonces estamos hablando de otra cosa que nos dejó muy clara el ministro Fernández Díaz.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Gracias, señor presidente.

Lamentamos decir que Coalición Canaria no va a poder apoyar esta iniciativa porque no queremos ser partícipes de seguir generando una mayor frustración en los profesionales sanitarios, que es lo que, sin duda, va a generar esta iniciativa, que va a prosperar, porque tiene la mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara, pero que va a ser inviable en la práctica.

Señoría, usted comenta que tenemos un sistema de formación que es reconocido y prestigiado en toda Europa, por supuesto que sí, pero también hay que decir que lo tenemos no gracias al Gobierno del Partido Popular en España sino a pesar de, a pesar de los grandes recortes que se han producido en la financiación del sistema sanitario público. Tenemos un sistema de formación excelente por el esfuerzo que han hecho esas comunidades autónomas, que usted dice que hacen de su capa un sayo, por mantener el sistema de formación en condiciones y gracias también al esfuerzo de esos miles y miles de profesionales que a pesar de su salario han mantenido la calidad de las prestaciones y de la formación dentro del sistema MIR.

Habla usted de homogenizar, y yo me pregunto lo que se pregunta la mayoría de los ciudadanos, cuando se homogeniza será al alza porque no vamos a ir para abajo y perder salarios. Si vamos al alza, ¿van a presentar ustedes una enmienda en los presupuestos de 2018 para que el señor Montoro introduzca las cuantías necesarias para homogenizar al alza los salarios de los profesionales sanitarios? ¿Van a presentar ustedes una enmienda en los próximos presupuestos para equiparar los salarios de los profesionales sanitarios españoles con los europeos y evitar la fuga de profesionales a Europa? Eso implica mucho dinero, mucho dinero, y ustedes generarían una gran frustración a los profesionales si dicen que lo defienden y después no lo hacen en los presupuestos del 2018. Creo que están jugando con fuego con un tema que es lo suficientemente delicado como para no generar más elementos de conflicto y no buscar soluciones.

Señorías, me preocupa muchísimo que no hayan hecho ni un pequeño esfuerzo por negociar en un día como hoy, en un debate como el que ustedes presentan en esta Cámara, porque no han negociado con ningún grupo para incorporar o transaccionar alguna enmienda. Aquí tienen mayoría absoluta, en el consejo interterritorial no la tienen, ¿cómo piensan ustedes que van a ayudar, en este caso a la ministra de Sanidad, a que busque consensos en el consejo interterritorial con una iniciativa que solo va a contar con los votos del Partido Popular?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: ¿Ese es el mejor camino para alcanzar el consenso?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante una moción trampa porque si la lees una vez crees que hay preocupación por el Sistema Nacional de Salud y por sus trabajadores, pero si la vuelves a leer empiezas a ver entrelíneas que aquí no estamos hablando de sanidad, es una moción que anula la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y que además quiebra el sistema legal vigente. Lo que pretende esta moción es, enumero, primero, contrario a la Constitución, artículo 149.1, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer bases y coordinación general, no más, y esas bases se establecieron con la Ley general de sanidad, que contempla la creación en cada comunidad autónoma de un servicio de salud gestionado bajo la responsabilidad de las respectivas comunidades y de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio; es decir, que la ley plantea el reconocimiento de la diversidad en la gestión y en la definición de necesidades puntuales. Y voy a recordar el artículo 55.11 de esa misma Ley general de sanidad, que dispone que, dentro de su ámbito de competencias, las comunidades autónomas regularán la organización, las funciones y la asignación de medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud.

En lo que nos afecta directamente, además, esta moción ignora una ley orgánica, que es el Estatuto de Gernika, que en su artículo 18.1 señala que corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Pero, volviendo a la Ley general de sanidad, en su artículo 84, se refiere a un futuro estatuto marco diciendo que aunque el estatuto marco contendría la normativa básica —y vuelvo a decir básica—, reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para dictar normas de desarrollo de la legislación básica del régimen estatutario de los funcionarios del sistema de salud. Llega el año 2003 y se aprueba el estatuto marco finalmente, un estatuto que supera con creces el concepto de bases de su régimen jurídico y la capacidad ordenadora básica del Sistema Nacional de Salud. Ya empezamos a recortar. Era la VII Legislatura —mayoría absoluta del señor Aznar—, no era un intento nuevo, pero la verdad es que fue buen alumno.

El estatuto marco, respecto al sistema retributivo, como ha dicho el señor Aguirre, establece que las retribuciones básicas serán iguales en todos los servicios de salud y se determinarán anualmente en los presupuestos generales, pero reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de ordenar las retribuciones complementarias. Es decir, dispone que la determinación de conceptos, cuantías y criterios para su atribución se lleven a cabo en el ámbito de cada servicio sanitario. Por consiguiente, permite adaptar ciertos aspectos de la retribución a las peculiaridades y especificidades de los diferentes sistemas sanitarios, reconociendo la diversidad organizativa y las distintas realidades sociales y laborales. Y, señor Aguirre, reconocer eso, que es lo que establece la ley, no es que nadie haga de su capa un sayo, algo que me parece inaceptable. Lo único que quiere decir es que las comunidades autónomas gestionamos lo que la ley determina que nos corresponde. En todo caso, tampoco hay que olvidar que ustedes han ido recortando competencias con la imposición durante varios ejercicios, por ejemplo, de la congelación salarial, la supresión de la paga extra, de la eliminación de un sistema pactado del complemento en situaciones de IT, el establecimiento de una jornada para todo el personal del sector público, por lo que, de facto, ya hemos llegado a una grave quiebra de la competencia autonómica en materia de personal.

Ahora ustedes, con esta moción, van a más. Pretenden socavar la capacidad autonómica para regular también las retribuciones complementarias. De verdad que su voracidad centralizadora no tiene límites, parecen insaciables. Además, lo peligroso y lo preocupante es que esa capacidad regulatoria de las autonomías, ya muy mermada, lo viven, según dicen textualmente, como un problema que pone en peligro la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario. Eso no es más que una excusa. Esta moción no trata de lo que nos han contado. Esta moción es, sin más, una nueva vuelta de tuerca en ese intento centralizador y uniformador que insisten en imponer.

¿Saben cuál es el verdadero problema? Su incapacidad para reconocer y respetar la arquitectura legal vigente; para reconocer y respetar el sistema de distribución competencial establecido por esa Constitución que tanto dicen defender. Porque aunque usted, señor Aguirre, nos diga que lo tienen muy claro, a la hora de la verdad, hechos son amores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, senyor president.

Crear un grup de treball que estudiï i analitzi, amb la participació de les Comunitats Autònomes, les bases per homogeneïtzar les retribucions des professionals dels centres que depenen del Sistema Nacional de Salut. Homogeneïtzar, que sembla que és el nou recentralitzar. A aquestes altures, promoure aquest tipus d’



iniciatives homogeneïtzadores són, clarament, un subterfugi per a recentralitzar competències; la qüestió és recentrifugar i deixar a les altres administracions sense capacitats ni eines per a poder continuar treballant bé, com han fet fins ara.

Diuen que les diferències salarials entre professionals sanitaris entre comunitats està posant en perill la sostenibilitat i la qualitat del sistema. Sincerament, crec que vostès i les seves polítiques sanitàries són molt més perilloses per al Sistema Nacional de Salut. Com a infermera, com a professional sanitària de la sanitat pública, que he patit retallades, que he vist com el seu Reial Decret de prescripció infermera ha limitat el desenvolupament de la meva activitat assistencial, que el seu Govern pretenia que deixés d’atendre a col·lectius vulnerables en situació administrativa irregular; els demano que deixin d’ensabonar els professionals sanitaris, deixin d’ensabonar-nos. Perquè si realment creguessin que som el pilar essencial del sistema, no ens tractarien com ens tracten. Però la veritat és que sí, que som el pilar fonamental del sistema, però ho som perquè, tot i les precàries condicions laborals, mai, mai no deixarem d’atendre a cap pacient, sota cap circumstància.

I, malgrat que tenim claríssim que el més important del sistema són el conjunt de professionals sanitaris, entenem que la homogeneïtzació que proposen tampoc no és la principal mesura que pugui millorar la qualitat i la sostenibilitat del sistema.

Sempre que ens parlen d’homogeneïtzar ja sabem què ens volen dir i com ho volen aplicar; per aquest motiu no donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Crear un grupo de trabajo que analice y estudie, con la participación de las comunidades autónomas, las bases para homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros que dependen del Sistema Nacional de Salud. Parece que homogeneizar es un nuevo recentralizar, y a estas alturas promover este tipo de iniciativas homogeneizadoras es un subterfugio para recentralizar competencias. La cuestión es recentrifugar y dejar a las otras administraciones sin capacidades ni herramientas para poder seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora.

Dicen que las diferencias salariales entre los profesionales sanitarios y las comunidades, pone en peligro la sostenibilidad y la calidad del sistema. Pero, sinceramente, creo que son ustedes y sus políticas sanitarias las que ponen en peligro la sostenibilidad del sistema. Como enfermera, como profesional sanitaria de la sanidad pública que ha sufrido recortes, que ha visto cómo su Real Decreto de prescripción enfermera ha limitado el desarrollo de mi actividad asistencial, cómo su Gobierno pretendía que dejase de atender a colectivos vulnerables en situación administrativa irregular, les pido que dejen de enjabonar a los profesionales sanitarios. Dejen de enjabonarnos. Porque, si realmente creyeran que somos el pilar esencial del sistema, no nos tratarían como nos tratan. La verdad es que sí somos el pilar fundamental del sistema, pero lo somos porque, a pesar de las precarias condiciones laborales, nunca dejaremos de atender a ningún paciente bajo ninguna circunstancia. Y aunque tenemos clarísimo que somos lo más importante del sistema, entendemos que la homogeneización que proponen no es la principal medida que pueda mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema.

Cuando hablan de homogeneizar sabemos lo que nos quieren decir y cómo lo quieren aplicar, quieren hablar de recentralizar. Por este motivo, mi grupo parlamentario votará en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy debatimos en esta Cámara la situación de los y las profesionales de los centros dependientes de nuestro Sistema Nacional de Salud; ellas y ellos son los responsables de que en este país tengamos un servicio de salud público de calidad, y esto ocurre porque la mayoría elige su profesión con una clara vocación de servicio público. Traslado desde aquí mi reconocimiento a estos profesionales, pero no quiero dejar de recordar, a modo de homenaje por su dedicación y defensa de la sanidad público y de los derechos humanos, al doctor Luis Montes, tristemente fallecido hace unas semanas.

Señorías del Partido Popular, ojalá que el reconocimiento a todos los niveles, también el salarial, a las y los profesionales que trabajan en nuestro Sistema Nacional de Salud fuera el mismo en todo el territorio, ojalá, pero deberíamos empezar a reconocer que en nuestro país el mayor problema de captación y fidelización de profesionales, ese que ustedes señalan en su moción, no lo tenemos hoy en día entre las comunidades autónomas, sino que la mayor fuga de profesionales se produce porque países de nuestro entorno, Portugal incluido, les ofrecen mayor reconocimiento y mejores condiciones laborales, salariales y también no salariales. Miles de profesionales han emigrado de España, tanto por los recortes presupuestarios como por la congelación de la tasa de reposición por jubilación; casi 200 000 profesionales del Sistema Nacional de Salud tienen contratos temporales, lo que supone una tasa de temporalidad de más del 30 %, once puntos más alta que en la sanidad privada y no comparable a la de ningún país de la Unión Europea.

Las organizaciones médicas reclaman recuperar las más de 10 000 plazas que se han perdido desde que se produjeron los recortes en el año 2012 y se congelara la tasa de reposición, y las organizaciones de enfermería piden recuperar las casi 20 000 plazas perdidas en estos años. Por tanto, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que con la alta precariedad laboral y temporalidad, sobre todo si la comparamos con la media de la Unión Europea, confluyen otros problemas: la falta de atractivos e incentivos de nuestro Sistema Nacional de Salud para atraer a nuestro personal sanitario, la falta de inversión suficiente para asegurar su permanencia y la falta de transparencia y gobernanza efectiva del Sistema Nacional de Salud, que se plasma, en este caso, en una falta de políticas laborales y retributivas, señorías del Partido Popular.

Tres de las medidas que han incidido directamente en las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud son las siguientes: la primera, la Ley 8/2010, del 20 de mayo, aquella que nos rebajó el sueldo a todos los profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud un 5 %; la segunda, la Ley 20/2012, aquella que eliminó la paga extraordinaria en diciembre de 2012; y la tercera, la Ley 2/2012, la que nos aumentó la jornada a treinta y siete horas y media sin retribución a cambio. Podríamos pasarnos horas citando datos sobre la situación del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud.

Este es un problema grave, pero no es un fenómeno meteorológico, sino una consecuencia de las políticas de austeridad que se llevaron a cabo con la excusa de una crisis estafa que ha supuesto una significativa disminución de los recursos dedicados al Sistema Nacional de Salud. Y es que detrás de todo esto, aunque no se cite en la moción, está el modelo de financiación autonómica sin debatir; mientras esto no ocurra, los parches que se pretenden serán totalmente ineficientes.

Cuando el Partido Popular habla de homologación salarial, los y las profesionales sanitarios se echan a temblar. Ante este problema, que no solo no niegan sino que además alertan de que su efecto está poniendo en peligro la sostenibilidad y la calidad del sistema, alarman y amenazan con la recentralización y dicen que las comunidades autónomas hacen de su capa un sayo; siguen dilatando el problema con un supuesto grupo de trabajo que no sabemos por quién va a estar compuesto, por qué organismos, ni vemos ningún tipo de medida efectiva. Pues bien, les recuerdo que ustedes son responsables de la actual situación y que son un partido de gobierno.

Por tanto, en nombre de los y las profesionales, les pido que den soluciones a los problemas y que no nos entretengan con mesas vacías de compromiso y, sobre todo, vacías de financiación. Nuestro grupo no se va a negar ni a oponer a que se cree un grupo de trabajo que empiece a estudiar la adopción de medidas, aunque nos parezca tarde.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Acabo, presidente.

Tampoco vamos a votar a favor. Además, como saldrá adelante porque ustedes disponen en esta Cámara de mayoría absoluta, aunque no hayan tenido en cuenta ninguna de las enmiendas que con toda su buena fe ha presentado la oposición, nos comprometemos a hacer un seguimiento y control sobre la creación de dicho grupo para asegurarnos de que cumplen sus propias propuestas, algo que rara vez ocurre, o al menos intentar que no sea otro de sus brindis al sol vacío de voluntad política.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.

Señorías del Partido Popular, señor Aguirre, lamentamos que no hayan aceptado nuestra enmienda, sobre todo, porque es un tema importante que requiere consenso y el Grupo Popular —y se lo digo con toda solemnidad— hoy ha hecho un flaco favor al Sistema Nacional de Salud. Para que haya consenso, hay que hablar, dialogar y ceder. Pero le voy a decir más, este es un asunto importante que requiere dinero. Usted se subirá a esta tribuna y podrá no contestar a esta pregunta, pero yo se la voy a hacer sistemáticamente: ¿cuánto cuesta la homogeneización en la que está pensando el Partido Popular para el Sistema Nacional de Salud? (Aplausos). ¿Cuánto cuesta, o es que quieren rebajar salarios? ¿Quieren bajar retribuciones? No. Usted ha dicho que aquí hay una brecha salarial, que en algunos casos ha estimado en más de 20 000 euros al año; por tanto, yo le voy a responder a esta pregunta: no menos de 3000 millones y hasta 7 y 8000 millones de euros al año. Eso es lo que cuesta su medida como mínimo.

Por tanto, le voy a hacer otra pregunta: ¿ha hablado usted con el señor Montoro? Porque da la impresión de que el Gobierno no coordina las actuaciones del grupo parlamentario; ni con 3000 millones ni con 1000 ni con 500, el señor Montoro iba a dar el visto bueno, aunque usted le quiera trasladar a las comunidades autónomas que sean ellas quienes paguen esta decisión. Porque mientras el señor Aguirre está aquí haciendo una política populista, el señor Montoro está con la tijera recortando constantemente; está impidiendo a las comunidades autónomas tomar decisiones, no ya para ampliar y mejorar las retribuciones, sino para cumplir sus obligaciones. Al sistema sanitario le faltan 8 o 10 000 millones de euros todos los años; actualmente, le faltan esos recursos.

Así que es importante que haya consenso y recursos, pero ahí viene mi pregunta: ¿qué plan tienen de modelo de financiación autonómica para ser coherentes con esta propuesta? En mi opinión, sinceramente, creo que han hecho un flaco favor gestionando esta iniciativa de esta manera, porque si hay algo que une el discurso que hemos mantenido los portavoces de los grupos parlamentarios que no estamos en el Gobierno, es que esta decisión es populista y, sobre todo, que va a generar desafección de los profesionales, incredulidad. Este tema se tendría que hablar en el marco de un pacto global, porque si cuesta dinero primero habría que alcanzar en el marco de las competencias autonómicas un acuerdo político, y no para homogeneizar sino para armonizar determinadas retribuciones, con los grupos parlamentarios y, fundamentalmente, con los gobiernos autonómicos; debería fijarse en el consejo interterritorial y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un marco de tiempo. ¿O es que vamos a homogeneizar o armonizar, según la opción que cojamos, de un año para otro? ¿España, el señor Montoro va a permitir, con los datos que le ha mandado a la Unión Europea sobre el horizonte del gasto público, un incremento, aunque sea mínimo? Tenemos que replantear muchas cuestiones.

Yo creo que usted y el Grupo Parlamentario Popular han venido aquí como verso suelto del Gobierno, sinceramente, por mucho que el ministerio le haya dado la autorización para presentar esta iniciativa. El señor Montoro no la conoce, ¡pero si estuvo ayer aquí negándose a cuestiones más simples con el Ente Público Radiotelevisión Española! Son como un verso suelto, pero es que van a generar esa situación de desafección de los profesionales. Por eso es importante ser serio y riguroso. Nosotros somos partidarios de hablar de este tema respetando los marcos competenciales y los marcos institucionales que existen para este tipo de cuestiones. Lamentamos que no nos hayan aceptado la propuesta. No podemos votar esta propuesta porque es un engaño, consciente creo yo además —fíjese, le estoy diciendo palabras gruesas, consciente—, y hace mucho daño. No podemos votar que sí a esta iniciativa y por eso nos vamos a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Olmos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos los grupos parlamentarios han hablado de diferencias, y han dicho que haberlas, haylas. Hay una gran diferencia retributiva entre los profesionales de las comunidades autónomas como consecuencia de las retribuciones complementarias, cuya competencia es de las comunidades autónomas. Lógicamente, las que tienen que arrimar el ascua a la sardina son las comunidades autónomas. Lo único que estamos pidiendo es un grupo de trabajo para intentar armonizarlo de la mejor forma posible. No es tan difícil, lo que pasa es que hay que tener voluntad política para luchar en pro y evitar la inequidad retributiva de los profesionales sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud.

Para muestra, un botón. Señorías, como ustedes saben, yo soy del sur, creo que se me nota. Mi comunidad autónoma es Andalucía y voy a hablar de lo que está pasando en Andalucía fruto de esa brecha salarial que estamos sufriendo en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Y voy a hablar de una proposición no de ley que presentamos hace cinco semanas en el Parlamento andaluz, referente a la convergencia retributiva a nivel nacional. Las cifras que voy a dar no son del Grupo Parlamentario Popular, sino que salen de informes de la Federación de las asociaciones para la defensa de la sanidad pública, de los consejos generales de las profesiones sanitarias, de los sindicatos profesionales y del Instituto Nacional de Estadística. Todos los informes manifiestan de forma fehaciente que Andalucía sufre la mayor brecha salarial en comparación con el resto de las comunidades autónomas. (El señor Antich Oliver: Financiación).

Señorías, y no es un problema, como ustedes dicen, de financiación autonómica (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Noooo), es un tema de voluntad política, de saber gestionar. No saben gestionar. Es un tema de voluntad política y de apostar por una sanidad pública, en este caso la andaluza. (Rumores). Cuando un gobierno apuesta por esto, lo refleja en los presupuestos generales. En los presupuestos generales de la Junta de Andalucía lo que se invierte por habitante y año en salud se cifra en 1166 euros por habitante y año, cuando la media nacional es de 1403 euros por habitante y año y cuando en Extremadura, que es muy parecida a Andalucía, son 1488 euros por habitante y año. No hay voluntad política de apostar por la sanidad. ¿De dónde se recorta? Del capítulo 1. ¿Cuál es el capítulo 1? El de retribuciones de los trabajadores, de los 90 000 trabajadores en salud de la Junta de Andalucía. De ahí se recorta y de ahí viene luego el agravio comparativo. (La señora Víboras Jiménez: ¿Y el dinero, qué?).

Basta con ver las tasas. Vemos, por ejemplo, que la tasa de médicos por 100 000 habitantes en Andalucía es la más baja de todas. Si se trata de enfermería, vemos que es la segunda más baja de todas. No se apuesta por la sanidad. Es la comunidad autónoma que ofrece menos retribución salarial a sus profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios andaluces son los peor pagados del país. Los médicos de atención primaria de Andalucía, en comparación con otras comunidades autónomas y sumando los complementos retributivos, llegan a una brecha de 27 000 euros. (Protestas.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Señorías, pica, ¿eh? Pica. (Protestas.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Hay una brecha de 27 000 euros en atención primaria y de 25 000 euros en medicina hospitalaria. Pero quizá lo que más me preocupa es lo que ocurre con los médicos interinos, los sustitutos, que son a los que hay que fidelizar, porque la diferencia con extremeños y murcianos es de 10 000 euros brutos anuales y de 15 000 euros brutos anuales con los portugueses, que están al lado de nosotros. Los enfermeros en Andalucía cobran unos 7000 euros menos que los propios murcianos. (Rumores).

Señorías, ¿dónde están nuestros profesionales sanitarios? Hay una fuga de batas blancas. Los de Huelva están en Portugal, a los de Córdoba los tenemos en Ciudad Real o en Madrid, a los de Almería y Granada los tenemos en Murcia. Y nos encontramos con sitios esperpénticos, como puede ser el hospital de Huércal-Overa, que es un hospital perfectamente diseñado y formado que no tiene profesionales porque se han ido a Murcia, y se han ido porque las condiciones retributivas y sociolaborales son mejores allí que en Huelva, Granada o Almería. Eso se llama fuga de batas blancas.

Dado que existe este problema, hace cinco semanas presentamos una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que solicitábamos la convergencia retributiva nacional. Señorías, esto mismo se votó allí y obtuvo el voto a favor del Grupo Popular, que es consciente de este asunto, el voto en contra del PSOE (Rumores) y la abstención de aquellos que son palmeros del PSOE, como es Ciudadanos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. (Rumores).

Señorías, guarden silencio.

Vaya terminando.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Señorías, fue rechazada. (Aplausos.— Rumores).

Señorías, si uno no tiene un salario justo, emigra.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Andalucía tiene actualmente un déficit de profesionales sanitarios. Antes no se contrataban porque no querían pagarlo y ahora no se contratan porque, sencillamente, se han ido, no están. (Rumores).

Y aún vendrá el llanto y el crujir de dientes...

El señor PRESIDENTE: Senador Aguirre, espere un momento.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: ... cuando venga el plan vacacional, para lo que nos quedan muy poquitos meses. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Aguirre, termine. (Rumores).

Señorías, si no se callan y yo le llamo la atención, el senador Aguirre no se entera. (Risas). Con el ruido que están haciendo, no se entera.

Termine, senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Termino, presidente.

Señorías, termino diciendo que Andalucía tiene un magnífico sistema sanitario gracias a la ética y a la profesionalidad de sus trabajadores.

El señor PRESIDENTE: Senador Aguirre, tiene que terminar.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: A pesar de que la Junta de Andalucía ni ha invertido ni invertirá en su sanidad pública. Gracias a los profesionales, tenemos esta magnífica sanidad pública andaluza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 147; en contra, 28; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE APOYA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE QUE LA MEJORA Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA FÉRREA ENTRE ALGECIRAS (CÁDIZ) Y BOBADILLA (MÁLAGA) DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES ESTÉ ULTIMADA EN EL AÑO 2020 Y LA ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO 2021. 662/000112 GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado diez enmiendas: una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; siete del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Navarrete y Mulet; y una del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Landaluce. (Continúan los rumores).

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor LANDALUCE CALLEJA: Con la venia, señor presidente.

Señorías, hoy presentamos esta moción, una moción sobre la que me gustaría dirigirme a ustedes, no solo como senador del Grupo Parlamentario Popular, sino como uno de los 125 000 algecireños o uno de los 300 000 campogibraltareños que esperan desde hace más de cien años... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

Guarden silencio, por favor. De lo contrario, no continuamos con el Pleno. No hagan corrillos y abandonen el hemiciclo. (Pausa).

Continúe, señoría.

El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, presidente.

Les decía que les hablo como senador del Grupo Popular, como algecireño, como campogibraltareño; les hablo como un español más que espera que esta infraestructura, que no solo necesita Algeciras, sino que es clave en la vertebración de España y que tiene un alto valor estratégico para el transporte ferroviario de mercancías en nuestro país. Por ello es una prioridad para el Gobierno de España y para el conjunto de Europa, y quedó patente en noviembre de 2013, cuando el Gobierno del Partido Popular consiguió que la Unión Europea declarara como prioritaria en la Red básica transeuropea de transporte, el TEN-T, este corredor dentro de los corredores mediterráneo y atlántico. Así lo recoge el Reglamento 1316/2013, de la Unión Europea.

Como les digo, se trata de una infraestructura de 1892 que el Senado acordó modernizar en 1919, un Senado que no va a ver culminadas sus aspiraciones hasta ciento un años después; va a ser en el 2020. Entre tanto nuestra nación se ha configurado mediante distintas formas de Estado como república, dictadura o monarquía, y gobiernos del más antagónico signo han regido los designios de nuestro país, lastrando el progreso del Campo de Gibraltar por no haber apostado por esta red.

Señorías, este Gobierno del Partido Popular es el que se ha comprometido a culminar esta infraestructura. Es la principal necesidad de Andalucía, tal y como quedó patente en la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se plasmará en una reunión que mantendrán el ministro de la Serna y el consejero de Fomento de Andalucía. Y es verdad que llega tarde; sí, ciento un años, pero llega gracias a la apuesta decidida del Partido Popular por dar salida y entrada a las mercancías que llegan a Algeciras y cuyo destino o procedencia es el resto de España y de Europa. Esto, lógicamente, requiere de nuevos medios e instrumentos ágiles y eficaces para prestar un servicio con la mayor celeridad y calidad posibles, porque de ello dependen el desarrollo, la competitividad y la mayor capacidad de servicio, eficacia y utilidad del puerto de Algeciras. Se trata de dotar de la infraestructura necesaria a un puerto top, que tiene el mayor volumen de tráfico en España y el Mediterráneo, el segundo a nivel mundial que más creció en conectividad el año pasado por conexiones directas con más de doscientos puertos de España, el único puerto español y uno de los cuatro de Europa que gestiona más de 100 millones de toneladas de mercancías al año, el puerto en el que operan todas las compañías navieras incluidas en el top ten mundial.

La línea Algeciras-Bobadilla va a ser clave para competir con otros puertos europeos y africanos. Pero es además una infraestructura necesaria para las industrias que rodean el puerto, con el primer polo industrial de Andalucía, el segundo de España. De esta forma, la línea Algeciras-Bobadilla tendrá un efecto muy positivo en el empleo, en un área geográfica en la que, pese a los 10 000 empleos directos del puerto de Algeciras, frente también a los 9000 empleos que generan las grandes industrias, tenemos el principal problema en el desempleo; 31 902 personas en el Campo de Gibraltar desempleadas esperan con ansia la mejora de esta infraestructura. Por eso, esta red es prioritaria, y así es declarado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por los principales sindicatos, por los partidos políticos, por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, por la Asociación de Grandes Industrias; por todos, señorías.

Pero, como les decía antes, esto no es solo importante para mi ciudad, para Algeciras. Este no es un proyecto, un tren para Algeciras, este es un proyecto de Estado que mejora la economía de todo un país al actuar en todo el radio de acción del puerto de Algeciras, lo que llamamos el hinterland del puerto de Algeciras. Este radio de acción son todas aquellas empresas situadas en los distintos puntos de España por los que discurre la vía y especialmente los principales nodos logísticos que están conectados a través de esta infraestructura con el mundo. Hablamos de Antequera, cuyo desarrollo debe impulsar la Junta de Andalucía, tal y como la sociedad y el tejido empresarial malagueño llevan años reclamando, de forma que en 2020, con la vía modernizada, Antequera estará también preparada para competir y hacer de esta ciudad y su comarca un centro logístico importantísimo en el sur de Europa. Hablamos de Córdoba; hablamos de Linares y de Baeza, con su aceite para transportar; hablamos de nodos de la importancia de Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha; hablamos de Coslada, en Madrid; hablamos de Valladolid; hablamos de Burgos; hablamos de Miranda de Ebro; hablamos de Irún; hablamos de Zaragoza y de Tarragona; hablamos de todo el entorno de la geografía española cercano a la frontera francesa. Hablamos de que Algeciras, su puerto, está ya conectado al mundo con los mejores tiempos de tránsito: Pero también podemos conectar el resto de España al mundo a través de esta infraestructura. Se trata de que una empresa malagueña, cordobesa o de cualquier otro lugar que desee exportar sus productos pueda tenerlos en pocos días en Chile, en China o en Australia, en cualquiera de los más de doscientos destinos directos que —como les he dicho— figuran en el rango de acción o foreland desde el puerto de Algeciras; de que sea a unos costes económicos y temporales que le permita a esa pequeña y mediana empresa o a esa gran empresa aragonesa, castellana o catalana competir en las mejores condiciones posibles con las de cualquier lugar del mundo. El 50 % de lo que exporta España hacia el Magreb pasa por el puerto de Algeciras, por lo que las empresas de toda España ahorrarían en coste y aumentarían su capacidad de negocio.

Esta infraestructura es una demanda de las grandes navieras del mundo y también de las empresas de muchos países de Latinoamérica o Asia, que ven en ella su capacidad de estar también más presentes en España. El puerto de Algeciras es la puerta de España y la puerta de Europa al resto del mundo, por lo que creará actividad económica y empleo en todo el país al duplicar la capacidad de la vía con más de 56 surcos —usos de trenes— de ancho ibérico o internacional en este trayecto. Van a poder circular por ella al día a 160 kilómetros por hora, y con un menor coste al ser ya electrificada. Esto le vendrá también muy bien a los pasajeros, no solo a nuestros queridos vecinos de Ceuta, que utilizan mucho el transporte ferroviario cuando llegan a Algeciras, sino para todos los que usan el trayecto de Algeciras a Madrid.

Se van a invertir 350 millones de euros hasta 2020 en renovar y modernizar la vía, pero además se van a invertir otros 93 millones en reforzar las laderas de Almargen, en el subtramo Ronda-Bobadilla, con un viaducto nuevo, y otros 38 millones en construir las subestaciones necesarias. Por cierto, de las dos subestaciones necesarias, la subestación de Ronda, que no necesita de estudio de impacto ambiental, se espera que esté terminada en el 2020. También señorías, en la variante de Ronda-Antequera, que está valorada en unos 860 millones de euros, se sigue trabajando para que pueda ser una realidad. Es decir, que la modernización del trazado Algeciras-Bobadilla-Madrid no significa que a lo largo de los próximos años no se siga mejorando la capacidad del trazado, pero necesitamos tener ya la vía modernizada en el 2020, porque es fundamental, para poder utilizar este instrumento.

Señorías, miren, queremos una España competitiva con un puerto de Algeciras, con la línea férrea, y con el desarrollo de la conexión eléctrica que el Gobierno ha conseguido adelantar para este año 2018 —porque uno de los grandes problemas que teníamos en nuestra tierra es que no se podían instalar nuevas empresas porque faltaba suministro eléctrico—, en pocas semana, va a estar ultimado.

Por eso, señorías, les invito a que se sumen al Grupo Parlamentario Popular en su intención de dar certidumbre y seguridad a los empresarios para que estos sean conscientes de que la apuesta por esta red es incuestionable y está despejada de dudas, y que consigamos que se pueda tener un ahora, un tiempo y unas responsabilidades en su trayecto para poder mover sus mercancías.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya, terminando, señoría.

El señor LANDALUCE CALLEJA: Señorías, hay que despejar las dudas que pueden tener todos a la hora de invertir no solo en Algeciras, sino a lo largo del trazado, porque esta mejoría de la red, con esta renovación integral de la plataforma y la superestructura existente del Algeciras-Bobadilla estará ultimada en el año 2020 y totalmente electrificada en el año 2021.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Landaluce.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Landaluce, buenos días.

La verdad es que esta moción no supone ninguna novedad. Debatíamos en el Pleno pasado ya sobre la propuesta del Grupo Socialista, que de nuevo reivindicaba el corredor central. Aquí otra vez ustedes vuelven a mirarse el ombligo, como si Algeciras fuera el único puerto español, como si al Partido Popular y al Partido Socialista únicamente les importase —que así es— el corredor central, olvidando la realidad de los puertos del Estado y de la economía de todo el país. De nuevo, ustedes dan la espalda a los puertos del Mediterráneo, empezando por Almería y terminando por Barcelona.

Ací de nou tornen al mateix, a l’autocomplaença, a parlar de nou sols d’Algesires com si fóra l’únic port d’Espanya, optant de nou pel traçat central. En l’exposició de motius de la moció ho deixava clar, però en la seua intervenció ací ho ha deixat claríssim. Ni una sola menció al País Valencià, ni una sola menció a Catalunya, ni una sola menció a Múrcia, ni una sola menció a Almeria. Vostès treballen únicament per a uns punts molt concrets. Vostès tenen una visió molt raquítica del que hauria de ser l’economia d’este Estat.

Esta moció, al cap i a la fi, és una moció de publicitat a un projecte del Govern sense aportar cap proposta. Els pressupostos ja saben vostès que són insuficients i damunt no tenen cap tipus de garantia. La majoria dels pressupostos, el que apareix en Foment, després ni s’executen. Recordar-los que el tram entre Granada, Almeria i Múrcia no existix; recordar-los que el tram ferroviari entre València, Sagunt i Castelló, que en conjunt és el principal port de l’Estat espanyol, suposa un trànsit de contenidors cinc vegades més gran que el port d’Algesires, cinc vegades més gran, i a més està saturat. El tram està necessitat de solcs ja que actualment és impossible que un tren de mercaderies circule entre les sis del matí i les nou de la nit. Però a vostès ja sabem que els dóna exactament igual. El 80 % de les inversions europees per al corredor mediterrani s’han destinat a connexions de l’àrea de Madrid. 13.500 milions s’han destinat als eixos radials de l’AVE per a connectar Madrid amb diverses ciutats espanyoles. I vostès simplement vénen ací a aplaudir-li al Govern com a que ho està fent molt bé. Nosaltres pensem que no es tracta de recolzar la política de l’actual Govern, com diu vostè en la moció, ja que tots sabem que és insuficient i no és efectiva, ja que no aplegarem a temps a allò que estava marcat.

La frontera francesa amb Algesires, òbviament hauria d’estar des de fa dècades connectada. Això no ho dubtem ningú, però també la resta de ports de l’Estat. I ací no es tracta de competir a veure quin port és més important, si és més important la unitat dels ports de Castelló, València i Sangunt o el d’Algesires, sinó de col·laborar. I vostès mai han estat per la col·laboració, sinó per la competència directament. I ací el que fan és una proposta en què es neguen les mateixes oportunitats. Després em dirà el que voldrà, però el text diu el que diu i vostè en la seua exposició ha dit el que ha dit. No ha dit el contrari. I això també ho veurem, ho veurem en estos Pressupostos de l’Estat, que tornen a oblidar-se d’estes prioritats. Són partides insuficients. I ho veurem quan presentarem esmenes als Pressupostos de l’Estat; veurem què faran vostès. Vostès i, sobretot, els senadors valencians. Votaran de nou en contra. Per tant, ací no volem competir amb les actuacions a Algesires, volem com a mínim les mateixes oportunitats.

Estem parlant dels ports valencians, que suposen el 40 % de les exportacions i importacions de tot l’Estat. Vostès des que estic en aquesta Cambra, ni una sola proposta. No és que no hi hagen presentat, és que han votat en contra sistemàticament d’elles. Per tant, nosaltres no estem en contra que l’Estat investisca en este corredor, de fet no és una esmena de substitució, és una esmena d’addició. Estem a favor de la seua proposta, però pensem que fa falta exigir a l’Estat un altre tipus d’actuacions. Això no vol dir, en cap moment, retraure partides, retraure pressupostos, retraure esforços perquè s’invertisca en el corredor central, diem que també amb la mateixa velocitat, amb la mateixa pressió, amb la mateixa intensitat que vostès estan demanant estes inversions, també les demanen per al corredor mediterrani, per al Mediterrani, no per al centre. I per tant, les nostres esmenes són això, són una sèrie de peticions concretes perquè s’invertisca en el tram Granada-Almeria-Múrcia; la doble plataforma entre València i Castelló; Sagunt-Terol-Saragossa; demanem el tercer fil entre La Encina-Alacant; entre Elx i Múrcia; demanem la creació de l’estació intermodal en el port de Castelló; demanem una connexió ferroviària digna entre les tres capitals valencianes i la seua connexió amb Europa; i demanem, al cap i a la fi, el que vostè demana per a, únicament i exclusivament, per a Algesires. Demanem un tracte digne. Tant de bo algun dia el Partit Popular presentara en aquesta cambra alguna proposta o alguna moció o alguna iniciativa política a favor del País Valencià o almenys votaren a favor d’alguna de les nostres propostes.

Simplement estem a favor de la seua proposta i ens agradaria que vostès acceptaren estes esmenes perquè pensem que les milloren.

Gràcies.

Aquí, de nuevo, vuelven a lo mismo: a la autocomplacencia y a hablar solo de Algeciras, como si fuera el único puerto de España, optando otra vez por el trazado central. En la exposición de motivos de la moción lo deja claro, pero su intervención aquí, clarísimo: ni una sola mención al País Valenciano ni a Cataluña ni a Murcia ni a Almería.

Ustedes trabajan únicamente por unos puntos muy concretos. Tienen una visión muy raquítica de lo que tiene que ser la economía del Estado. Esta moción al fin y al cabo es una moción de publicidad de un proyecto del Gobierno sin aportar ninguna propuesta. Los presupuestos ya saben ustedes que son insuficientes y que no tienen ningún tipo de garantía. La mayoría de los presupuestos se plantean y luego no se ejecutan.

Quiero recordarles que el tramo entre Granada, Almería y Murcia no existe y que el tramo ferroviario entre Valencia, Sagunto y Castellón en conjunto es el principal puerto del Estado español y que supone un tráfico de contenedores cinco veces mayor que el de Algeciras, y además, está saturado. Este tramo necesita surcos, ya que es imposible actualmente que un tren de mercancías circule entre las seis y las nueve de la noche. Pero a ustedes les da igual: el 80 % de las inversiones europeas para el corredor mediterráneo se ha destinado a conexiones del área de Madrid; 13 500 millones se han destinado a los ejes radiales del AVE para conectar Madrid con diversas ciudades españolas.

Además, ustedes aquí vienen a aplaudirle al Gobierno diciendo que lo hace muy bien. Pero nosotros decimos que no se trata de apoyar la política del Gobierno actual ya que todos sabemos que es insuficiente y no efectiva, y que no llegaremos a tiempo a lo que estaba marcado.

La frontera francesa y Algeciras deberían estar conectadas desde hace décadas, pero también el resto de puertos del Estado. Aquí no hay que competir para ver qué puerto es más importante, hay que unir los puertos de Castellón, Sagunto y Valencia y trabajar por la competencia.

Lo que hace aquí es una propuesta que niega las mismas oportunidades a todos. Luego dirá lo que quiera, pero el texto dice lo que dice y en su exposición ha dicho lo que ha dicho, yo no digo lo contrario. Veremos aquí y en los Presupuestos Generales del Estado, donde se establecen las prioridades, que son partidas insuficientes, y ya veremos qué hacen ustedes. Los senadores valencianos votarán de nuevo en contra.

No queremos competir con las actuaciones de Algeciras, pero queremos las mismas oportunidades. Estamos hablando de los puertos valencianos, que suponen el 40 % de las exportaciones e importaciones de todo el Estado. Ustedes, desde que estoy en esta Cámara, no han hecho ninguna propuesta; no es que la hayan presentado, sino que las han votado en contra sistemáticamente. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de que el Estado invierta en este corredor —de hecho, no es una enmienda de sustitución, sino de adición—, estamos a favor de su propuesta, pero pensamos que hace falta exigir al Estado otro tipo de actuaciones. Eso no quiere decir en ningún momento que haya que recortar partidas, presupuesto y esfuerzos para que se invierta en el corredor central, sino que pidan la misma velocidad, presión e intensidad de estas inversiones para el corredor mediterráneo y no solo para el centro.

Nuestras enmiendas van en este sentido. Son unas peticiones concretas: que se invierta en el tramo Almería-Murcia; la doble plataforma entre Valencia-Castellón y Sagunto-Teruel-Zaragoza; pedimos el tercer hilo entre La Encina y Alicante, Elche y Murcia; pedimos la creación de una estación intermodal en el puerto de Castellón; pedimos una conexión ferroviaria digna entre las tres capitales valencianas y su conexión con Europa; y pedimos al fin y al cabo lo que usted: única y exclusivamente para Algeciras. Ojalá algún día el Partido Popular presentara alguna propuesta, alguna moción o alguna iniciativa política sobre el País Valenciano o votara a favor de alguna de nuestras propuestas.

Estamos a favor de su propuesta. Esperemos que acepten nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias. Buenos días.

La línea férrea Algeciras-Bobadilla, como bien indica la propuesta, es de necesidad perentoria para el desarrollo del puerto de Algeciras, la puesta en valor de las poblaciones del Campo de Gibraltar y, por tanto, un objetivo positivo para la creación de empleo y las condiciones de vida de sus comarcas. La utilidad de la misma es y puede ser ampliable, básicamente por dos razones —cree el Grupo de Esquerra Republicana—. La comunicación del Campo de Gibraltar no solo precisa de contacto directo con el centro y desde ahí con el norte de Europa, ya que otros destinos son igualmente importantes, y aceptando incluso la imposibilidad de afrontar todas las obras necesarias simultáneamente, sí es imprescindible que la autoridad asuma la necesidad de estas en forma de aprobación, con fechas de realización a largo plazo, como el presentado en nuestra enmienda de adición, que, en ningún momento, modifica la presentada por el Grupo Popular.

La finalización en 2021 acortará, eso sí, el camino de los tiempos de tránsito desde el Campo de Gibraltar hasta Bobadilla y Antequera, y desde ahí a España y a Europa. Tiene comunicación con otros destinos que pueden mejorar las comunicaciones entre ellos.

Entendemos que nuestro grupo podría presentar más propuestas a la de este senador. Al ser Bobadilla el centro receptor y repartidor de itinerarios por ferrocarril, sería imprescindible prever, asegurando en el futuro próximo las líneas que deben confluir, ya sea en la misma Bobadilla o en Santa Ana, por ejemplo, la reconstrucción de la línea Bobadilla-Granada, la reparación del tramo Granada-Moreda-Almería, la construcción de la línea Moreda-Guadix-Baza-Murcia, la reparación y mejora en su totalidad de la línea Utrera-Bobadilla, o una nueva línea que una La Línea de la Concepción-Jerez de la Frontera con San Roque y un cruce en Algeciras-Bobadilla con posibilidades de transbordo. También sería importante planificar la terminación urgente de una línea de AVE entre Santa Ana y Granada.

A fecha de hoy, creemos que nuestra enmienda se encamina a complementar la moción presentada y a obtener una respuesta positiva del Grupo Parlamentario Popular, así como a encabezar un frente común, que se ha realizado por el foro organizado por Ferrmed, en Algeciras.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Rufà.

Por parte del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero dar por defendidas nuestras enmiendas en sus justos términos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mora.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballos.

El señor CABALLOS MOJEDA: Señor presidente, señorías, el 25 de abril del año pasado y el 25 abril de este año 2018 dijimos en este Pleno, y lo seguimos diciendo hoy, que el puerto de Algeciras es el primero de España, de todo el Mediterráneo, y el cuarto de Europa, que la Unión Europea y el Gobierno de España lo situaron en el vértice de los ramales litoral e interior del corredor transeuropeo mediterráneo y que el tramo Algeciras-Bobadilla no es solo común a esos dos ramales del corredor transeuropeo mediterráneo, sino también al corredor atlántico.

Dijimos entonces, decimos ahora y seguiremos diciendo mañana y pasado mañana que la construcción de un ferrocarril de altas prestaciones y alta velocidad para dar salida a las mercancías del puerto de Algeciras suponía una enorme oportunidad para la creación de economía, riqueza y empleo para el Campo de Gibraltar, para Andalucía y para toda España, y, sin embargo, la Unión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España han denunciado que la construcción de este tramo, Algeciras-Bobadilla, sufre graves retrasos. ¿Por qué? Porque, a pesar de haber consignado en los siete presupuestos del señor Rajoy, desde 2012, 161 millones de euros, la ejecución de estos ha sido prácticamente irrelevante. Realmente, en el tramo Algeciras-Bobadilla solamente se ha invertido en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite, por valor de 179 millones de euros, más IVA, 200 millones, entre 2009 y 2011, y lo hizo el Gobierno del presidente Zapatero. Pero no es solo una huelga de inversiones la que hay en relación con este tramo y en general con Andalucía, es que no tienen ni redactados los proyectos, y usted lo sabe, señor Landaluce, a pesar de que hace un año, en esta misma Cámara llegamos a una transaccional con el PP para que se invirtiera en los dos ramales —en el litoral y en el interior—, en contra de las mentiras reiteradas de los bellacos que aquí se suben a no saber ni leer los papeles. Presentamos una moción, llegamos a un acuerdo transaccional y esos bellacos impidieron, boicotearon —haciendo filibusterismo— (Aplausos) un acuerdo para invertir 750 millones cada año, hasta 2020, en el ramal litoral y en el ramal interior del corredor mediterráneo, común en Algeciras-Bobadilla con el corredor atlántico. Pero da igual, estamos en el imperio de las fake news, y cada uno se cree las mentiras que le da la gana. Lo importante es que ahora, después de eso, que no pudimos tramitarlo, y después de que el PP votara en el Pleno anterior en contra de la moción en la que planteábamos lo mismo de siempre, hoy nos encontramos con que el PP nos trae una cosa que han llamado moción, que en realidad es un engendro, y que, por lo visto, va a encontrar numerosos compañeros de viaje que le van a acompañar. Cada uno hace el ridículo como quiere y cuando quiere, o defiende los intereses que defiende, pero, al menos, no den lecciones de nada. De coherencia, ninguna. Pues bien, esta llamada moción en realidad es un golpe de timón, es decir, lo que plantea el Partido Popular, que, por lo visto, va a contar con el apoyo de unos aliados coyunturales —tendrán que explicar por qué—, ya enseña la patita en el tercer párrafo de la moción, pues se habla de una mejora de la línea existente y no del proyecto de altas prestaciones y alta velocidad, al que le faltan 1280,06 millones de euros. (Aplausos). ¡Es lo que hemos defendido siempre y es lo que vamos a seguir defendiendo, señor Landaluce y compañeros de viaje!

La parte dispositiva lo que dice es: «... apoyar la decisión de que la mejora y renovación... de la línea...», sin comprometer ninguna cantidad. Y a esto lo llaman moción. Está mal llamada moción, y usted lo sabe perfectamente, señor Landaluce, es una renuncia intolerable. Si usted se quiere tragar este sapo por las razones que sea, trágueselo, porque nosotros lo vamos a vomitar de nuestra boca, hoy, mañana y pasado mañana, y si otros lo acompañan en ese desayuno de sapo, que expliquen, que se miren al espejo y que digan si están defendiendo o no lo que es lógico, lo que es razonable y lo que han votado, entre otros, en el Parlamento de Andalucía, todas las fuerzas políticas, porque los otros ya sabemos de qué va este juego.

En definitiva, señor Landaluce: faltan 1280 millones. Este gráfico que le muestro es de 2015, Ministerio de Fomento, y lo tiene usted, porque usted se trajo aquí, a Madrid, a un grupo de empresarios, y le dieron este gráfico. ¿Ve usted lo que falta? 1280 millones. Quieren ustedes darle carpetazo con una mejora de la línea, que ni siquiera concretan en la parte dispositiva de la moción. He oído que se habla de 300 millones, de 350 millones, pero no viene el coste estimado de la moción, que hay que hacerlo en todas las mociones en esta Cámara.

Por lo tanto, señor Landaluce, señorías, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que defendimos siempre,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: Termino inmediatamente.

... que no es otra cosa, en definitiva, que el puerto de Algeciras tenga una nueva línea por ferrocarril de altas prestaciones, alta velocidad y alta capacidad, como la que tienen o deben tener o tendrán, con nuestro apoyo, los puertos de Valencia y de Barcelona. ¿O es que va a aceptar usted que el puerto de Algeciras tenga una salida de segunda división frente a la de otros puertos de España? ¿Cómo va a justificarlo usted esto, señor Landaluce? ¡Pues que sepa que no nos va a hacer tragar que con 350 millones se va a conseguir el mismo ferrocarril que con 1280 millones!

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: Esto no se lo cree ni usted.

No sé si usted ha venido a hacerse el tonto o a tomarnos por tontos a los demás. Por ahí no vamos a pasar. Vamos a seguir defendiendo lo de siempre, (Aplausos), lo del Parlamento de Andalucía, lo de sus grupos políticos, lo de la junta, lo de las organizaciones patronales y lo de los sindicatos.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Caballos.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Marmolejo.

El señor MARMOLEJO SETIÉN: Gracias, señor presidente.

Senador Mulet, no se vaya usted de la cuestión. No aceptamos sus enmiendas porque no se ciñen a la propuesta que se trae en la misma. De todas formas, le digo que el Gobierno mantiene su compromiso de inversión en el corredor ferroviario en la Comunidad Valenciana y el compromiso de terminarlo.

Señor Rufà, el Pitvi planifica el ramal de Algeciras-Motril, pero las condiciones orográficas del terreno no permiten su desarrollo, y la Unión Europea no permite que, para un mismo itinerario, haya dos recorridos, por tanto, elige solo una alternativa. Por eso, tampoco podemos aceptar su enmienda.

Senadora Mora, estamos priorizando las actuaciones en la línea Bobadilla-Algeciras, y para 2020 estarán todas las actuaciones terminadas.

Señor Caballos, no sé cómo usted se atreve a hablar aquí de transporte ferroviario. Vamos, vamos. En materia ferroviaria en Andalucía los socialistas se deberían callar. Su enmienda afecta a las condiciones, y ve perfectamente las mejoras, pero piden 1380 millones. ¿Por qué no lo hicieron cuando gobernaron en la triste etapa de Rodríguez Zapatero? ¡Si era muy fácil hacerlo en esa época! No lo quisieron hacer, hubieran gastado en esa inversión.

En materia ferroviaria, siempre han mostrado un desinterés y una irresponsabilidad que es provocativa. Le voy a dar una muestra: su compañera, Magdalena Álvarez, el pasado jueves, en Málaga, anunció que no se hizo el corredor ferroviario, mejor dicho, el tren litoral desde Nerja a Algeciras, que muchos grupos piden que se incluya en el corredor ferroviario, por desavenencias con la consejera de Transportes, Concepción Gutiérrez. Las desavenencias personales de dos personas han impedido que se haga una actuación vital en Andalucía, y el Gobierno del Partido Popular es el que va a acometer esta actuación, que ya está en fase de estudio y los técnicos en breve van a anunciar cuál es el trazado alternativo para que se saque a información pública y se licite dicho proyecto.

Pero le voy a sacar más vergüenzas. ¿Usted se acuerda del AVE que prometieron entre Antequera y Sevilla, por Marchena? Han enterrado 280 millones, han devuelto 180 millones al BEI (Aplausos), enterrados, y es el Gobierno del Partido Popular el que les saca las vergüenzas con el bypass de Almodóvar del Río por 35, solución que en su día el alcalde de Málaga dijo que se hiciera.

Mire usted, la línea Algeciras-Bobadilla es un nodo logístico de vital importancia para Algeciras como puerto referente del sur de Europa y para Antequera, donde se está creando el primer megahub de España, con una inversión de más de 450 millones y que va a crear 1900 empleos. Por cierto, son socios de ese megahub y llevan diez años paralizando el proyecto; ustedes se hinchan de hacer inversiones pero luego no ponen más que trabas a los ayuntamientos, sobre todo a los gobernados por el Partido Popular, para que esas inversiones no salgan adelante, y es vital para la comarca de Málaga y especialmente también para Algeciras.

Antequera es, según la Unión Europea, un nodo multimodal ya que es el único nodo que va a unir el corredor central...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor MARMOLEJO SETIÉN: ... con el corredor mediterráneo. Por eso mismo le decimos que la apuesta del Gobierno por este eje es total, va a ser una realidad en el 2020, con una actuación de 350 millones y un compromiso del presidente del Gobierno y del ministro de Fomento en esta Cámara.

Siento no poder aceptar su enmienda, señor Caballos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marmolejo.

Pasamos al turno de portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto ¿quiénes van a intervenir? (Pausa).Solo el senador Mulet.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

La verdad es que no nos hemos ido ni un milímetro, simplemente nos hemos quedado en el texto de la moción.

Ustedes, como siempre, se dedican a presentar propuestas e iniciativas políticas para los mismos territorios, para la misma gente, olvidando, maltratando, ignorando, ninguneando a los mismos territorios. Por lo tanto, no es de extrañar que nosotros dediquemos nuestro tiempo a exigir el mismo trato para el País Valencià y para los puertos del Mediterráneo que para el puerto de Algeciras.

Ustedes continúan a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Simplemente les pedíamos que aceptaran alguna de las enmiendas porque entendíamos que mejoraban su propuesta.



Ustedes, como siempre, a lo suyo, Algeciras es el centro del mundo y los demás no nos merecemos ningún tipo de inversiones (Protestas).

No puede decirme que estemos contentos con las inversiones que está haciendo el Estado porque lo sabemos perfectamente, y como muestra, un botón: el AVE entre Castellón y Valencia lo ponen en la línea de Cercanías y cada dos por tres se para y llega más tarde que un Cercanías. Esa es la política ferroviaria que tiene el Partido Popular hacia los valencianos. Ustedes nos ignoran, nosotros hacemos nuestro trabajo. Los presupuestos son un insulto grave contra los valencianos, nosotros de nuevo presentaremos enmiendas y ustedes votarán en contra, y algún día esto les pasará factura, como les ha ocurrido a nivel autonómico y en las grandes ciudades.

Y como me queda tiempo, aprovecho para saludar a Milagrosa Martínez y para darle un fuerte aplauso.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, president.

Bé, en el darrer Ple, en el Ple del mes d’abril, a propòsit de la iniciativa del Grup Socialista, ja vam manifestar el nostre acord a tota iniciativa que estigui dirigida a la realització i a la materialització del corredor Mediterrani. Per al Partit Demòcrata, tot allò relacionat amb el corredor Mediterrani té la màxima importància, la màxima importància. Hi ha molts motius per a prioritzar-lo. La connexió amb el nord d’Europa i amb la Unió Europeu, es treu trànsit pesant de la xarxa de carreteres i, per això, també es millora el medi ambient i es combat la contaminació ambiental de les grans ciutats de manera important. Econòmica i socialment el corredor Mediterrani esdevé una artèria principalíssima de connectivitat i de millora de fluxos i de transport de passatgers i de mercaderies. La interconnexió del corredor Mediterrani amb ports i aeroports situa, hauria de situar el país, en una situació favorable. La clau de tot és aquest, la connexió de ports i aeroports amb una via, amb una artèria molt principal. El problema de tot això és que durant molts anys no s’ha prioritzat realment el corredor Mediterrani. S’han fet actuacions a pas de tortuga, amb una gran timidesa i, en canvi, per una qüestió de tossuderia centralista, s’han fet grans inversions, grans desdoblaments, grans connexions a l’àrea urbana de Madrid. Amb fons del corredor Mediterrani, que això és el que és fomut, això és el que és perillós. Per nosaltres, pel Partit Demòcrata, té tanta importància que, per exemple, en la compareixença dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2017, aprofitant la compareixença del ministre d’economia, aleshores el ministre De Guindos, li vam plantejar si per al Govern del PP era prioritari o no el corredor Mediterrani. I ens va dir que sí. El problema és que la resposta formal no acaba de lligar amb la realitat. Perquè els fets no acompanyen les afirmacions. El PP, —i el PSOE en el seu moment també hi va col.laborar— té un model radial i centralista on tot passa i transcorre per l’àrea de Madrid. És un model antieconòmic i antiquat perquè, mentre s’estan fent aquestes inversions multimilionàries, connectant Atocha amb Chamartin, —ja veuen si és mediterrània la cosa—, tenim pendents connexions clau com Tarragona-Vandellós-Castelló de la Plana, Almeria-Múrcia, —que també és una connexió clau—, per posar només dos exemples sagnants de manca d’inversió.

La inversió prevista pels Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, —anem del que és general al concret—, pressuposten trenta-un milions i mig d’euros. Per als Pressupostos Generals de l’Estat 2018. Sobre un total d’un projecte de 350 milions. Home, sempre fan el mateix. És a dir, programen una quantitat mínima per a l’exercici, o per a l’exercici següent, i una quantitat molt alta per als anys següents. Això no és una aposta decidida per al corredor Mediterrani, perquè, en d’altres punts del territori, veiem que es fan inversions de centenars de milions i llavors sí que es fa un impuls real. Per tant, tenim un ritme exasperantment lent d’execució de les obres.

Jo sóc senador per Girona. A la nacional 2, per executar tres quilòmetres i mig, posen un termini d’execució de 40 mesos, sense problemes orogràfics. Home, si portem aquests ritmes d’execució, el problema el tenim aquí. Però el problema real, i greu, és que tenim SEAT, BASF, el clúster carni més important d’Europa pendents de les inversions al corredor Mediterrani, perquè l’economia no entén de politiqueria, de si inverteixo més a Madrid i faig un ramal més cap aquí o més cap allà. El projecte de corredor Mediterrani està avançant a ritme molt lent, exasperantment lent, per quin motiu. Perquè s’han destinat centenars de milions d’euros a obres que no corresponien al corredor Mediterrani. I que no resolen la necessitat social i econòmica real que suposa el corredor Mediterrani.

Estan jugant amb foc, perquè fixin-se. Notícia d’ahir. Del Secretari del Govern de la Generalitat Valenciana. Del senyor Boira. Notícia d’ahir. Alertava d’anar en compte perquè ja està definint-se un corredor Mediterrani de Dinamarca a Itàlia, compte, que s’ha de finalitzar el 2030 i, per tant, si el corredor Mediterrani que està des de fa bastants anys, 15 o més anys, no avança al ritme adequat, què ens trobarem, que la competència dels països escandinaus connectats amb Itàlia ens passarà al davant. I tota l’oportunitat de negoci que hi ha si tinguéssim els deures fets a l’Estat Espanyol, quedaran en no res.

Malgrat això, com que qualsevol moció que es presenti en relació al corredor Mediterrani tindrà el nostre suport, anunciem el vot favorable advertint, això sí, de la necessitat i de la importància cabdal d’aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En el último Pleno del mes de abril, a propósito de la iniciativa del Grupo Socialista, manifestamos nuestro acuerdo con toda iniciativa que estuviera dirigida a la realización y a la materialización del corredor mediterráneo; para el Partido Demócrata todo lo relacionado con el corredor mediterráneo tiene la máxima importancia. Hay muchos motivos para priorizarlo: conexión con el norte de Europa y con la Unión Europea; se saca tránsito pesado de la red de carreteras; se mejora el medioambiente; se combate la contaminación medioambiental de las grandes ciudades de forma importante. Económica y socialmente el corredor mediterráneo es una arteria principalísima de conexión y mejora de flujos y transporte de pasajeros y mercancías, la interconexión del corredor mediterráneo con puertos y aeropuertos sitúa o debería situar al país en una situación favorable. La clave de todo es esto, la conexión de puertos y aeropuertos con una vía, con una arteria muy principal.

El problema de todo esto es que durante muchos años no se ha priorizado realmente el corredor Mediterráneo. Se han llevado a cabo actuaciones a paso de tortuga, con una gran timidez. En cambio, por una cuestión de tozudez centralista, se han hecho grandes inversiones, grandes desdoblamientos, en el área urbana de Madrid, con fondos del corredor Mediterráneo. Y esto es peligroso; y para nosotros, el Partido Demócrata, tiene tanta importancia, que le preguntamos al señor de Guindos, aprovechando la comparecencia del ministro de Economía con ocasión de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, si para el Gobierno del PP era prioritario o no el corredor Mediterráneo; y nos dijo que sí. El problema es que la respuesta formal no acaba de cuadrar con la realidad, porque los hechos no acompañan a las afirmaciones. El PP, y en su momento el PSOE, que también colaboró, piensan en un modelo radial y centralista, donde todo pasa y transcurre por el área de Madrid. Es un modelo antieconómico y anticuado, porque, mientras están haciendo estas inversiones multimillonarias conectando Atocha con Chamartín —ya me dirán ustedes si esto es mediterráneo—, tenemos pendientes conexiones clave, como Tarragona-Vandellòs-Castellón de La Plana, o Almería-Murcia, que también es una conexión clave. Y ello, por ponerle solo dos ejemplos sangrientos de falta de inversión.

La inversión —vayamos de lo general a lo concreto— prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es de treinta y un millones y medio de euros, sobre un proyecto total de 350 millones. Siempre hacen lo mismo: programan una cantidad mínima para el ejercicio siguiente y una cantidad muy alta para los años siguientes. Y esto no es hacer una apuesta decidida para el corredor Mediterráneo, porque en otros puntos del territorio vemos que se hacen inversiones de centenares de millones, lo que sí supone un impulso real. Por lo tanto, tenemos un ritmo exasperadamente lento de ejecución de las obras.

Yo, como soy senador por Gerona, sé que, por ejemplo, en la nacional 2, para ejecutar tres kilómetros y medio ponen un plazo de ejecución de 40 meses, y eso que no hay problemas orográficos. Pues si llevamos estos ritmos de ejecución, aquí tenemos un problema. Pero el problema más grave es que tenemos a SEAT, BASF y a algún clúster —los más importantes de Europa—, pendientes del corredor Mediterráneo. Porque la economía no entiende de politiquería, de si invierto más en Madrid o de si hago un ramal aquí o allí. El proyecto de corredor Mediterráneo está avanzando a ritmo muy lento, exasperadamente lento. ¿Y por qué motivo? Pues porque se han destinado centenares de millones de euros a obras que no correspondían al corredor Mediterráneo y que no resolvían la necesidad social y económica real de dicho corredor.

Están jugando con fuego, porque, fíjense en lo que dice el secretario de Gobierno de la Generalitat Valenciana, el señor Boira, en una noticia de ayer, pues que vayan con cuidado, porque ya se está definiendo un corredor Mediterráneo en Dinamarca y en Italia, que se finalizará en 2030. Por lo tanto, si el corredor Mediterráneo, que está previsto desde hace 15 o más años, no avanza al ritmo adecuado, nos vamos a encontrar con que la competencia de los países escandinavos conectados con Italia nos va a pasar por delante. Así, toda la oportunidad de negocio que tendríamos si hubiéramos hecho los deberes en el Estado español, se quedará en nada.

A pesar de lo anterior, esta moción, como cualquier moción que se presente en relación con el corredor Mediterráneo, tendrá nuestro apoyo, por lo que nuestro voto será favorable dada la necesidad y la importancia clave de esta cuestión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, señor presidente.

Buenos días. Una economía más interconectada a sus puertos y a las principales vías de comunicación es básica, como ya ha indicado la propuesta del Grupo Popular, y ayudaría al desarrollo, la creación y el mantenimiento de la actividad, y no solo en Algeciras y sus comarcas, sino que además beneficiaría a la economía de Andalucía, diezmada año tras año y con unos niveles elevados de paro.

Hemos visto ejemplos de incumplimientos, año tras año, de los diferentes Gobiernos, ya sea del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español, tales como la puesta en marcha y conexión del desdoblamiento de la vía del tramo Hospitalet-Vandellós-Camp de Tarragona, que, según palabras del ministro de hace más o menos un año, tendría que haber estado en funcionamiento en el primer trimestre de 2018, e incluso antes, pero que, como muchos sabrán, todavía no funciona. ¡Y qué decir de las obras del túnel de Coll de Lilla!, de esa conexión directa con Lleida, pasando por Montblanc, que a fecha de hoy, tras más de una década, que es el tiempo que hace desde su previsión de puesta en marcha, todavía no se han hecho. Solo hace falta revisar las inversiones realizadas y los compromisos incluidos en los diferentes presupuestos del Estado de los diferentes Gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y de algunos de sus socios.

Consideramos urgente finalizar los tramos de las obras del corredor Mediterráneo, y por eso votaremos a favor de esta propuesta, aunque no nos acepten nuestra enmienda; enmienda que hemos presentado, tras consultar unos estudios y con la ayuda del puerto de Algeciras, Málaga, Alicante, Tarragona o Valencia, entre otros, más otras cámaras de comercio. También urge finalizar los tramos de las obras del corredor Mediterráneo, ya que podríamos ver en pocos años cómo el eje ferroviario desde Malmö, Suecia, al sur de Italia, pasando por Innsbruck y Múnich mejorará los accesos de norte a sur y desde los puertos de Palermo, Taranto y Siracusa; una obra apoyada por los diferentes gobiernos, un eje de comunicación que podrá hacer sombra al corredor Mediterráneo, que además incluiría nuevas autovías en paralelo con este nuevo eje ferroviario.

Ustedes deben preocuparse —este es un recordatorio para el ministerio y sus políticas— por la reactivación de este proyecto de norte a sur. Este nuevo eje, que tiene que superar barreras intransigentes, como las montañas de los Alpes, puede implicar la conexión directa entre países de la Comunidad Europea y de la EFTA, pudiendo hacer conexiones con los puertos de China y asiáticos vía sur de Italia. El expreso Palermo-Malmö sería un logro difícil, pero con la ayuda política de estos gobiernos de la Comunidad Europea se realizará próximamente, y será tan grande y tan próspero como su homólogo de París Moscú, que ya está conectado vía férrea con China.

Esperábamos más de su partido, que comentara nuestra propuesta. No ha sido así, pero todo lo que sea por el corredor Mediterráneo estamos obligados por coherencia a apoyarlo. Por tanto, tendrán nuestro voto a favor.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Volvemos a tratar de la línea férrea entre Algeciras y Bobadilla, que, obviamente, es fundamental para la zona y para el puerto de Algeciras, que es el principal puerto del Estado; un puerto que mueve más de cien millones de toneladas al año y que solo puede dar salida a las mercancías utilizando el transporte terrestre o por carretera porque no existen las infraestructuras necesarias para hacerlo por vía férrea. De hecho, en 2017 hasta 600 000 camiones entraron en ese puerto precisamente para transportar las mercancías, lo que ha agravado además los problemas medioambientales que tiene la zona.

Algeciras-Bobadilla tiene que estar en servicio y no solo porque se haya hecho una moción que se compromete a que esta infraestructura funcione, sino porque hay un reglamento de la Unión Europea del año 2013, por el que se crea el Mecanismo Conectar Europa, que obliga a su puesta en funcionamiento en 2020, lo que supone una inversión de 1300 millones de euros. Es un tramo declarado prioritario por la Unión Europea. En la parte expositiva de esta moción se comprometen a ultimar su mejora en 2020, que no a que esté en funcionamiento como exige la Unión Europea, y a realizar la electrificación en el año 2021. Pero, en realidad, su dejación total y absoluta en estos diez últimos años ha sido el motivo por el que no se han puesto en funcionamiento estas infraestructuras. Y ahora, de repente, esto lo van a resolver en dos años, seguramente señor Landaluce, porque tiene a la población en pie de guerra luchando por esta infraestructura, dada la dejadez absoluta de esta zona, con un 30 % de paro y un 40 % de riesgo de pobreza infantil; y porque, seguramente, los informes de Hacienda dicen que su ciudad es la octava que menos destina a la lucha contra la pobreza y a la promoción de empleo.

Hace ya siete años que ustedes, señores del Partido Popular, con su Gobierno, bloquean la declaración de impacto ambiental que hace falta para que este proyecto se ponga en funcionamiento. Pero ahora, de repente, con la aprobación de esta moción, van a conseguir que siete pasos que todavía hacen falta se hagan en dos años: aprobar y publicitar la declaración de impacto ambiental del proyecto; licitar y adjudicar la redacción del proyecto constructivo; esperar que al adjudicarla se haga; iniciar expropiaciones y actas de ocupación; licitar la ejecución del proyecto constructivo y adjudicarlo; ejecutar todas las obras y ponerlas en servicio en 2020; y todo ello admitiendo la chapuza de inaugurar la obra y electrificarla un año después. Por eso, solamente voy a hacerle dos preguntas sobre esta moción. Primera, ¿es esto lo que pide esta moción? ¿Todo esto lo van a hacer en dos años hasta 2020? Me alegro.

La inversión que hace falta para esta obra es de 1300 millones de euros, y en los presupuestos que estamos ahora mismo tramitando en el Congreso la partida es de 28,5 millones. Hombre, falta bastante hasta los 1300 millones. A este ritmo, las obras no se acabarían hasta 2077. Un poco raro, ¿no? Entiendo, entonces, que la moción que han presentado, después del proyecto de ley de presupuestos, supondrá que van a introducir una enmienda en el trámite de presupuestos en el Senado hasta alcanzar esos 1300 millones. ¿Lo van a hacer?, segunda pregunta. Me alegro. Esa enmienda la vamos a apoyar. Además, me acaba de decir que lo que nosotros pedimos en nuestra enmienda sobre el gasto se va a conseguir en 2020, o así lo entiendo yo. Espero que sea eso lo que dice esta moción.

A nosotros, desde luego, jamás nos van a pillar en un renuncio, porque siempre luchamos con el pueblo del Campo de Gibraltar para salir de la situación de abandono en la que se encuentran. Nosotros vamos a gastar hasta nuestras últimas fuerzas para que esta línea ferroviaria esté acabada, porque es esencial para la zona. Y ustedes no tienen vergüenza en traer una moción que, en realidad, no tiene objetivos ni compromiso ni presupuesto, cuando en el Pleno pasado, sí hubo una moción con estos elementos, y ustedes la votaron en contra. Pero es que, además, esta semana en su ayuntamiento, señor Landaluce, nosotros presentamos otra con proyecto, ejecución presupuestaria y objetivos, y también votaron en contra. Realmente, parece que trae esta moción para lavarse la cara, pues lo único que hace es vender humo; se pliegan a los intereses de Madrid, y esto, perdóneme que le diga, no es defender a Andalucía sino, más bien, vender a Andalucía. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballos.

El señor CABALLOS MOJEDA: Gracias, señor presidente.

Este cuadro que le estoy mostrando de nuevo al señor Landaluce y a su compañero, que ha intervenido en el turno anterior, no me lo he inventado: es el oficial. Mire usted lo que pone: Ministerio de Fomento, 15 de enero de 2015. Zapatero ya no estaba. ¿Usted se acuerda de esto? Pone: Ministerio de Fomento, 2015. El cuadro se lo dieron al señor Landaluce, que trajo una excursión de empresarios de la zona para reunirse aquí, en Madrid. Y ahora, esto que les enseño lo tiran ustedes a la papelera, señor Landaluce. Lo tiran a la papelera. Entierran una línea de altas prestaciones, alta capacidad y alta velocidad, pero van a conseguir, con nuestro apoyo, los puertos de Valencia y Barcelona, y usted, señor Landaluce, tendrá que explicarlo. Y los que voten hoy con el señor Landaluce, tendrán que explicarlo también en Andalucía, señora Mora. Usted es senadora autonómica como yo y usted tiene aquí el mandato como yo, como lo tenemos todos, de defender los intereses generales de Andalucía y de defender con coherencia lo que siempre hemos defendido para nuestra tierra, señora Mora. (Aplausos).

Al senador del Grupo Popular que ha hablado en la segunda intervención —perdone, no recuerdo su nombre, aunque lo conozco, discúlpeme—, le recuerdo simplemente que el Gobierno de Zapatero en 2011 invirtió 6948 millones en ferrocarriles y siete años después 3727. De 6900 a 3700. No hable usted de eso o por lo menos mírese los datos antes de intervenir, hombre.

La realidad, señorías, es que es una desgracia para Andalucía, pero también para España, que este Partido Popular que nos gobierna desde hace siete años, que este señor Rajoy, no tengan un proyecto de cohesión territorial, de vertebración de este país y de modernización de este país. Señorías, tenemos un futuro prometedor si aprovechamos la posición geoestratégica de Andalucía en las rutas marítimas internacionales. Piensen en el crecimiento mundial del comercio hasta 2020, del comercio hasta 2020, del comercio mundial que va a seguir creciendo, y en que la principal cinta transportadora es la que viene desde Japón, Estrecho de Malaca, Suez, Estrecho de Gibraltar, Canal de Panamá y Japón. Piensen en lo que esto puede suponer para el crecimiento, en la enorme posibilidad de crecimiento que tendríamos, en la suerte que tendría España , y en la que tendría Andalucía; una suerte que no ven porque no ven más que el regate corto, a ver si pueden estar gobernando un ratito más. No tienen, por tanto, ningún proyecto de país, y encima tenemos la desgracia de tener que vérnoslas con un señor senador, que es alcalde de Algeciras, que prefiere ganar puntos para que el día de mañana le guarden un lugar al sol, que prefiere ser un senador sumiso, antes que defender los intereses generales de la ciudad por la que es alcalde, y que se llama señor Landaluce (Aplausos), que se va a tragar el sapo, eso sí, con la ayuda de unos aliados coyunturales, con lo cual el sapo se lo van a repartir entre unos cuantos.

Por consiguiente, señorías —voy terminando ya—, voy a hablar de una reivindicación histórica. Cuando tantas legitimidades históricas últimamente se esgrimen, yo voy a recordar esta reivindicación histórica leyéndoles la Gaceta de Madrid, que es como se llamaba el Boletín del Senado, del 22 de enero de 1919: De acuerdo con mi Consejo de Ministros, real decreto, vengo en autorizar al de Fomento para que presente a las Cortes un proyecto de ley de construcción, por cuenta del Estado, de un ferrocarril directo entre la frontera francesa y el puerto de Algeciras. Dado en Palacio, a 16 de enero de 1919. Alfonso XIII.

El ministro de Fomento, José Gómez-Acebo, a las Cortes: No necesita de grandes explicaciones previas el proyecto de ley que el ministerio que suscribe tiene el honor de someter a vuestra aprobación para construir por cuenta del Estado un ferrocarril directo que una la frontera francesa con el puerto de Algeciras. Los resultados de la guerra (la I Guerra Mundial), ampliando e intensificando orientaciones ya resueltamente iniciadas antes de su comienzo, varían la situación de España, que pasa de ser un extremo de Europa a constituir un centro de tránsito de un gran movimiento mundial que el Gobierno estima debe fomentarse y de ningún modo entorpecerse. 1919.

Y ahora viene a enterrar esta reivindicación histórica el alcalde de Algeciras, señorías, y encuentra el apoyo inexplicable de grupos como el de Podemos, que plantean una enmienda, que no han retirado, con las mismas cantidades que estamos nosotros defendiendo, las que siempre defendimos. (Aplausos). ¡Pero esto qué es, señorías!

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: Termino inmediatamente, señor presidente, se lo garantizo.

Para nosotros defender los intereses generales de Andalucía, señora Mora, no es una opción, sino una obligación y tenemos que hacer honor con nuestros hechos y no solo con nuestras palabras a que estamos cumpliendo el mandato del Parlamento de Andalucía, que fue el que nos eligió.

Señor Landaluce, usted, y sus compañeros de viaje que se ha encontrado esta mañana, han decidido bajarse del tren. Haga cada uno lo que quiera; lo único que le recuerdo...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Garantíceme que termina ya, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: ... a usted y a los demás es que su conciencia y el pueblo se lo demanden.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Caballos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Landaluce.

El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias, en primer lugar, a los grupos políticos que van a apoyar esta moción que habla de un proyecto de renovación, rehabilitación, ampliación, modernización y electrificación de la Algeciras-Bobadilla-Madrid, lo que significará actividad económica y empleo. De eso es de lo que estamos hablando, señorías, y por eso doy las gracias. Señora Mora, gracias.

Nunca en Algeciras ha dedicado el ayuntamiento la cantidad que yo dedico a temas sociales desde que gobierno y soy alcalde. Nunca ha habido tanto dinero para temas sociales y eso que tenemos los presupuestos más bajos de los últimos 20 años. Porque yo priorizo, sin despilfarrar, siempre el gasto social. Más compromiso social que el ayuntamiento que yo presido por mayoría absoluta no lo ha tenido nunca nadie en Algeciras. (Aplausos). Tenemos, además, la renta per cápita más alta de la provincia, aumentamos más la población, y crecemos en empleo y autónomos como nadie, pero tenemos paro y, por eso, dedicamos dinero a servicios sociales y a garantizar que el suministro de energía o de agua sean de los más baratos de Andalucía.

Pero voy a centrarme en la moción. Miren, señores socialistas, ustedes pueden convertir esto en una confrontación política, pero no nos van a encontrar en su juego; nos van a encontrar únicamente defendiendo los intereses de los algecireños, de los andaluces y de los españoles. Ahí nos van a encontrar, luchando para que los nodos logísticos de toda España tengan la red necesaria para conectarse con el mundo a través del puerto de Algeciras en el año 2020. Este grupo y este Gobierno están trabajando para que se redacte el proyecto de renovación de la ronda Bobadilla y para que se licite, en las próximas semanas el de Almoraima San Pablo. Los populares estamos apoyando las obras de renovación de la plataforma y de la superestructura de la Algeciras-Almoraima con los cambios de configuración de las estaciones de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea y la remodelación integral de la estación de San Roque mercancías; estamos apoyando al Gobierno en la construcción de los nuevos apartaderos en Castellar, en Setenil y en Campillos, en la supresión de los pasos a nivel de Castellar y San Roque; estamos apoyando la estabilización de la ladera de Almargen, con casi 100 millones de euros, que se suman a los 350 de los que hemos hablado, para que la vía tenga más capacidad; y también la construcción del bloqueo automático; y como no, apoyamos la modernización y la electrificación. Miren, señorías, la conexión eléctrica fue puesta en duda por ustedes, que no la hicieron y este Gobierno la ha conseguido hacer y ya estará, en pocas semanas, en marcha.

Ustedes, señorías del Partido Socialista, no pueden sembrar dudas para ahuyentar las inversiones en nuestro país. Este Grupo Parlamentario Popular piensa en el futuro de España y de Europa, en el empleo que supondrá cada uno de los nodos logísticos de nuestro país, en el aumento de los puestos de trabajo en las empresas productoras de toda la nación. España está en plena recuperación económica, pero necesitamos empleo de calidad y, para que haya empleo de calidad, necesitamos una economía productiva; pero para tener una economía productiva, necesitamos, entre otras cosas, la Algeciras-Bobadilla ya, repito, la Algeciras-Bobadilla ya. Habrá que seguir mejorándola, por supuesto, pero necesitamos poder competir hoy con el resto del mundo, porque, repito, este es un proyecto de Estado, una obra capital para el desarrollo de la economía y del empleo en España.

Mire, señor Caballos, no voy a hurtarle unas frases que quiero dedicarle. Le podría decir, pero no se lo voy a decir, que usted ha tenido aquí un tono chulesco, faltón y perdonavidas, pero no se lo voy a decir. (Aplausos). Le podría decir, señor Caballos, que usted ahora está indignado, pero, hasta antes de ayer, estaba callado y doblegado, sí, callado y doblegado, y hoy está indignado. (Aplausos). Mire, señor Caballos, le podría decir, pero no se lo voy a decir, que usted defiende los intereses de sus siglas, del Partido Socialista, por encima de los intereses de los andaluces. No se lo voy a decir. Lo que sí le voy a decir es que usted, aquí, ha tenido una intervención que es un auténtico fraude, que es un paripé. Usted ha estado aquí en una plena farsa. Usted ha ido a Algeciras por lo mismo que los consejeros de la Junta de Andalucía y la propia presidenta de la Junta de Andalucía, para luchar por ganar la Alcaldía para el Partido Socialista de Algeciras y yo le digo que tenía que haber ido muchas veces más a Algeciras para defender la Algeciras-Bobadilla para que fuese una realidad. Usted, los consejeros y la propia presidenta de la Junta de Andalucía han ido a Algeciras con las manos vacías, vacías, únicamente a buscar la confrontación y el enfrentamiento. Todo esto se lo podría decir, pero no se lo voy a decir. (Rumores.— Protestas). No se lo voy a decir. (Aplausos).

Hoy estamos tratando de hacer —termino, señor presidente— más grande el puerto de Algeciras, más grande Algeciras, más grande el Campo de Gibraltar, más grande Cádiz, más grande Andalucía y más grande España. Con visiones miopes como la suya, con ese mirarse el ombligo, como decía el señor Mulet, con esa camiseta antigua, miope e insolidaria, no se consigue hacer lo que se debe, y es que, haciendo más grande España, también hacemos más grandes a los pueblos de España, incluidos Algeciras, Campo de Gibraltar, Andalucía, Cádiz y el resto de las poblaciones. Apoyen esta moción y den certidumbre. Sea usted, señor portavoz del Grupo Socialista, andaluz antes que socialista.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Landaluce.

Llamen a votación. (Pausa.—



El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.

Señorías, quiero decirles, antes de proceder a la votación de la moción, que hemos estado calculando el tiempo que queda de Pleno teniendo en cuenta que nos faltan por ver la siguiente moción y las dos iniciativas que hay a continuación: la toma en consideración y el dictamen de las proposiciones de ley. Yo no sé a qué hora podremos terminar, pero sí podemos hacer una cosa, si les parece bien, y es votar ahora la moción que se acaba de debatir, pero la votación de la siguiente, y las de la toma en consideración y el dictamen, las haríamos al final. No vamos a parar el Pleno; vamos a continuar con los debates, pero todas las votaciones las llevamos al final, y no votaríamos antes de las tres y media de la tarde. Es difícil calcular, pero no me atrevo a fijar las votaciones a las cuatro de la tarde porque quizá se pueda acabar antes.

Por tanto, si les parece, llevamos el resto de las votaciones al final del Pleno a partir de las tres y media. (Asentimiento).

Gracias.

Señorías, sometemos a votación la moción recién debatida del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 252; a favor, 181; en contra, 63; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UNA EMISIÓN FILATÉLICA Y UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS CENTENARIOS QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRARÁ DURANTE EL AÑO 2018. 662/000113 GPMX

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores). Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Pausa.— Continúan los rumores). Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio y con una cierta rapidez, por favor. (Pausa.— Continúan los rumores). Señorías, por favor, guarden silencio, porque, si no, no podemos seguir con el Pleno. (Pausa).

Muchas gracias.

Como decía, a esta moción se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular; una del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; y dos del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Un castillo, una torre, una muralla, un templo, un edificio, se declara monumento nacional para salvarlo de las destrucciones. ¿Y por qué un monte excepcionalmente pintoresco, con sus tocas de nieve… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría. Por favor, guarden silencio; si no, no podemos continuar.

Continúe, señoría.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: ¿Por qué un monte excepcionalmente pintoresco, con sus tocas de nieve, sus bosques seculares, su fauna nacional y sus valles paradisíacos no ha de ser declarado parque nacional para salvarlo de la ruina? ¿No hay santuarios para el arte? ¿Por qué no ha de haber santuarios para la naturaleza? Con este vibrante discurso defendía en 1916 ante esta Cámara su iniciativa para la aprobación de la Ley de parques nacionales el senador vitalicio e insigne asturiano Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa. Lo hacía enamorado ya de los Picos de Europa y con el firme propósito de convertir aquel enclave natural del que disfrutaba como montañero en su tiempo libre en Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Aunque Pidal fue el impulsor de esta declaración, las montañas de los Picos ya habían sido escenario privilegiado de grandes episodios de la historia con anterioridad. Los pueblos celtas, distinguidos por su valor en la lucha y por su empeño en divinizar los elementos de la naturaleza, habitaron la zona entre los siglos II y I antes de Cristo. El Mons Vindius, o Monte Blanco, en alusión a las blanquecinas peñas calizas que asoman de los macizos, era el dios al que veneraban y que les hacía invencibles en las contiendas. Siete siglos después llegaron los árabes, y de nuevo las peñas brindaron su protección a los astures. Cuenta la historia que don Pelayo, con un reducido ejército, consiguió vencer al ejército musulmán entre aquellos bosques y macizos rocosos en la famosa batalla de Covadonga, iniciando un proceso conocido como la Reconquista, que duraría más de seiscientos años. Precisamente en el marco de los 1200 años del origen del reino de Asturias, el entonces senador vitalicio Pedro Pidal lograría su hazaña de convertir ese espacio natural en un parque nacional. Gracias a su buena posición en la aristocracia asturiana, bien relacionado con la monarquía, conseguiría incluso que presidieran la inauguración el propio rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Fue un día histórico: no solo era declarado el primer parque nacional de España, dando lugar a una red de espacios protegidos en la que los Picos de Europa siempre han tenido un papel destacado, sino que también se entronizó canónicamente a la virgen de Covadonga, patrona de Asturias y en cuyo día, 8 de septiembre, se celebra el día de la comunidad autónoma, y además se celebró el duodécimo centenario del inicio del reino de Asturias.

Pues bien, este año, 2018, coinciden los tres centenarios otra vez, aunque ahora, lo que antes era Parque de la Montaña de Covadonga ha pasado a llamarse, tras sucesivas ampliaciones, Parque Nacional de los Picos de Europa. El año 1918 fue de grandes celebraciones, y 2018 ha de convertirse en una cita similar en la que, por encima de credos, se involucren los ciudadanos, la Administración y las entidades de todos los sectores. No se trata de pedir grandes inversiones, sino de cuidar y de mejorar lo que tenemos dentro de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta la situación de la sociedad española. Entre todos hemos de ser capaces de confeccionar un programa de actividades digno de la importancia de las celebraciones que convergen en 2018.

Covadonga es el escaparate de Asturias en el exterior, tanto religioso como turístico, cultural e histórico y, como tal, requiere una atención por parte de todos. La motivación de Foro al presentar esta moción es poner de manifiesto que Covadonga 2018 no es una efeméride sujeta a localismo alguno, sino todo lo contrario: es un emblema de España y de lo que esta representa en el mundo. Por eso, nos parece que el Estado tiene el deber inexcusable de participar en las tres efemérides asturianas; y nos parece que colaborar con la emisión de una moneda y tres sellos conmemorativos no es un dispendio inasumible. Para el próximo año está prevista la emisión de una moneda de dos euros conmemorativa del casco antiguo de Ávila e iglesias extramuros, y las normas comunitarias permiten la emisión de dos monedas al año de curso legal.

El pasado jueves, un miembro de la Junta General del Principado ridiculizaba esta iniciativa de Foro alegando que ya se había solicitado un sello por parte del Gobierno. Pero nosotros no nos conformamos; pedimos un sello conmemorativo por cada uno de los centenarios que Asturias conmemora, porque, con un sello solo, ¿cuál de los tres centenarios se elegiría? ¿Cuál es más importante? Creemos que los tres son de gran importancia, sobre todo para Asturias. Además, como he dicho, solicitamos la emisión de la moneda.

Los asturianos confiamos en que esta Cámara de representación territorial apruebe esta moción, que no perjudica a ningún otro territorio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Goñi.

El señor GOÑI MERINO: Gracias, presidente.

Intervendré de manera muy breve, puesto que entre varios grupos hemos consensuado un texto final para esta moción; por tanto, en el turno de portavoces fijaremos nuestra posición de manera más pausada y concreta. En cualquier caso, nos parece importante que se traiga esta moción al Senado y que se haga un reconocimiento a los tres centenarios que se celebran este año en Asturias: el centenario de la coronación de la virgen de Covadonga, el de la creación del Parque Nacional de Covadonga y el decimotercer centenario del reino de Asturias.

Como he dicho, a la espera de lo que ocurra con el texto final que hemos consensuado la mayoría de los grupos, fijaré nuestra posición más detenidamente en el turno de portavoces.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Goñi.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Saben que el Senado tiene muy mala prensa y, muchas veces, ganada a pulso. Perdemos aquí la mayoría del tiempo con mociones que ya sabemos que muchas veces no tienen una aplicación práctica. Cuando el Gobierno autonómico ya lo ha pedido, o hay otras vías para hacerlo, es perder el tiempo que sea el Senado el que inste al Gobierno a pedir a estas entidades que hagan un sello o una moneda. Muchas veces, la intención es únicamente la de ganar un titular fácil con propuestas que rozan el frikismo político.

Hemos enmendado básicamente esta moción porque no la compartimos y porque nos parece un despropósito de principio a fin. Sin ir más lejos, la exposición de motivos es una cúmulo de falsedades históricas, desmontadas hoy en día por todos los historiadores serios; también los asturianos, que hay muchos. Esta moción —su exposición de motivos y la defensa que se ha hecho aquí— huele, y mucho, a historiografía mitológica y falseada del franquismo, lo que, por otra parte, visto el partido proponente, entendemos. Afirma sin rubor que un supuesto origen del reino de Asturias es el inicio de la historia de España en su concepto de unidad. Lo dice textualmente. Eso es, simplemente —permítanme la expresión—, una imbecilidad histórica. Es como si dijéramos que la fundación mitificada, por ejemplo, de la creación del Condado de Utiel es el inicio de la creación de España como unidad política. Eso es falso y nadie se atrevería a decirlo. La extrema derecha continúa con los mitos del franquismo, mitos falsos. España, como unidad complicada, compleja, incompleta, o como quieran, nace con las Cortes de Cádiz y no antes. Aquí han vivido personas antes de la época íbera, antes de la época romana, antes de la época islámica o antes de la expansión hacia el sur de los reinos cristianos. Pero eso pasó tanto en Asturias como en Aragón o en Cataluña. Me gustaría que se estudiara, y no únicamente en la Enciclopedia Álvarez; si hay tanta facilidad para copiar cosas de Google, por lo menos que sean fuentes actuales y no fuentes de los años cuarenta.

Después, con todo respeto hacia las creencias religiosas, creemos que con un ministro ultra que ponga medallas a vírgenes o con las banderas a media asta en Semana Santa ya sobra, porque las exaltaciones religiosas son respetables, están muy bien, pero siempre en el ámbito personal y religioso. Porque aquí podríamos dedicarnos cada semana a pedir un sello o una medalla a cada santo patrón de cada municipio, región, comunidad autónoma o barrio de vecinos, y pensamos que, en teoría, estamos en un Estado aconfesional. Está claro que en Asturias existirá mucha devoción por la virgen de Covadonga, pero es la misma que puede existir por cualquier símbolo religioso en cualquier parte del Estado español, y siempre hay aniversarios de hechos religiosos destacables. Creemos que, en teoría, estamos en un Estado aconfesional y que, en teoría, habíamos superado ya el nacionalcatolicismo. Digo en teoría; ya sabemos que luego tenemos lo que tenemos.

En cuanto a la declaración de parque nacional que se menciona, está muy bien, pero tampoco es un parque excepcional. Recordemos que, por ejemplo, se declaró el Parque Nacional de Ordesa en la misma fecha en que se declaró el que estamos aquí defendiendo. Y este parque no es mejor ni peor que otros, ni es pionero ni ultimísimo, ni es el más grande ni el más pequeño, ni es excepcional a nivel estatal ni a nivel mundial.

Les leeré —no tengo mucho tiempo— lo que ha escrito el historiador y periodista asturiano, Rafael Balbuena: ni la fecha es real ni se trataba de una batalla; como mucho, de una escaramuza. En cuanto a la fecha, todos los historiadores serios hablan del año 722. Dice este historiador que el mito, la leyenda y las falsedades históricas sobre Covadonga, el covadonguismo, son utilizados por el nacionalismo español y el asturiano más conservador, mezclando la ficción con los sentimientos religiosos.

Plantear que Pelayo concibiese la idea de restaurar algo que aún no había existido, tiñéndolo, además, de un carácter de mitología propia del rey Arturo, es absurdo. La máxima de que Asturias es España y lo demás tierra conquistada se ha convertido en el epítome del covadonguismo. El nacionalismo español, frecuentemente teñido de mesianismo, ha colocado desde entonces en uno de sus podios la trinidad Covadonga, Pelayo, Reconquista como una especie de dogma de virtud y pureza.

Por lo tanto —no teniendo ya más tiempo—, esta moción es rancia, franquista y ridícula, y no votaremos a favor de ella.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Como es sabido, el Gobierno del Principado de Asturias, el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, así como el Organismo Autónomo Parques Nacionales, llevan más de un año trabajando intensamente para articular un completo, variado y rico programa de actividades conmemorativas de los tres centenarios que estamos celebrando en Asturias: el decimotercer centenario del origen del reino de Asturias, la coronación canónica de la virgen de Covadonga y la creación del Parque Nacional de Covadonga, que más tarde se convertiría en Picos de Europa.

Nosotros hemos hecho un trabajo riguroso, basado en programas que tienen contraste en la convocatoria de seminarios internacionales y el tratamiento riguroso e histórico del origen de todos esos acontecimientos, y consideramos enormemente positivas para Asturias estas conmemoraciones, no solo como elementos de referencia de Asturias, sino también del conjunto de nuestro país, de esa España plural y diversa que compartimos. Entre esas iniciativas, el 9 de abril se produjo en la Comisión de Cultura del Senado un interesante debate en el que quedaron clarificadas las distintas posiciones y se consiguió una amplísima mayoría de apoyo a la conmemoración de esas efemérides. Así se votó y así se decidió.

Y ahora se plantea en el Senado una moción con cuestiones específicas que se refieren a una emisión filatélica y numismática vinculada a los centenarios. Las instituciones asturianas llevan ya más de un año de negociaciones con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y con la Comisión Filatélica Nacional para conseguir esas emisiones, y esperamos que los acuerdos del Senado que podamos tener en el día de hoy sirvan para acelerar esas negociaciones y contribuir desde esa perspectiva a una mayor divulgación.

En concreto, se han mantenido reuniones y contactos con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en los que el organismo estatal trasladó la información de que las emisiones conmemorativas con monedas de 2 euros están comprometidas desde el año 2009 hasta 2019 sobre la base de un acuerdo adoptado aquel año, lo que imposibilita que en 2018 se pueda realizar una emisión centrada en Covadonga Centenarios 2018 al estar ya comprometida la Catedral de Santiago de Compostela para esa anualidad y el centro histórico de Ávila para 2019. Y por lo que tiene que ver con la Comisión Filatélica del Estado, se han solicitado ya —en verano de 2017— las emisiones de sellos centradas en Covadonga Centenarios 2018, que es el logo conmemorativo de las tres emisiones. Por otro lado, se puede anunciar ya que en la exposición Exfiastur 2018, organizada por la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, que se celebrará en Oviedo durante los días 5 y 13 de octubre, se va a presentar también un sello conmemorativo del surgimiento del reino de Asturias, poniéndose en circulación matasellos especiales conmemorativos de los centenarios. Igualmente, coincidiendo con esa feria, se acuñará una medalla conmemorativa de los centenarios.

Al margen de lo relacionado con la filatelia y la numismática, el Gobierno de Asturias, en colaboración con el resto de instituciones, ha promovido un programa de actividades variado, de gran interés, eventos publicitados con antelación en el apartado de agenda de eventos de la página web creada específicamente para las conmemoraciones: covadongacentenarios2018.es.

En cuanto a nuestras enmiendas, sobre las que espero que consigamos una transaccional, por un lado, planteamos que el Ministerio de Fomento proponga a la Comisión Filatélica del Estado la emisión del sello conmemorativo durante 2018 del 1300 aniversario del reino de Asturias, y que se emitan los otros dos centenarios en próximas ediciones que se programen. Por otro, planteamos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública proponga a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda que acuñe una moneda de 30 euros conmemorativa del 1300 aniversario del reino de Asturias durante 2018, siguiendo la normativa comunitaria. Y, asimismo, a contribuir con calendarios institucionales, agendas, grabados calcográficos y un próximo sorteo de Lotería Nacional durante el mismo año para los tres centenarios mencionados.

Lo que pretendemos es conseguir el mayor consenso posible, como el que está teniendo lugar en Asturias, en torno a elementos identitarios, a tratamientos históricos de efemérides que, aparte de las versiones que cada uno pueda tener o darles, pretenden también un soporte científico que se determina en los simposios y seminarios...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: ... que se van a realizar en Asturias y que están programados específicamente para este año.

Por eso, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para conseguir que esa transaccional sea firmada por el mayor número de grupos posible y contribuya al éxito de estas efemérides.

Nada más. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Algunos salen aquí a provocar para que entremos al trapo, pero yo no voy a caer en esa trampa. Nadie hay más practicante del fingismo político que el senador que ha mencionado esas palabras.

En relación con la enmienda presentada por Compromís, la propuesta de Foro es la emisión de tres sellos que conmemoren los centenarios que Asturias celebra en 2018 y una moneda. Señor Mulet, conozco lo que dice el Estatuto de Autonomía asturiano, y sé muy bien que la llingua forma parte de nuestro patrimonio cultural. Fíjese si lo sé y lo valoro, que en 2015 fui una de las poquísimas entre las alcaldesas y los alcaldes asturianos que juró su cargo en castellano y en asturiano. Y el pasado viernes asistí en el Teatro Campoamor de Oviedo, invitada por la Academia de la Llingua, a la celebración de la 39 edición de las letras asturianas. Su enmienda sobre la llingua nada tiene que ver con la moción que hoy Foro trae a esta Cámara, máxime cuando nos encontramos en pleno debate sobre la cooficialidad y Foro tiene las ideas muy claras, con un programa electoral desde 2011 en el que manifiesta la protección de la llingua asturiana como patrimonio cultural.

Se lo digo sin acritud, senador: no le voy a tener en cuenta todas las barbaridades que ha dicho, pero no puedo admitir su enmienda porque nada tiene que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, le agradezco que se haya tomado la molestia de tratar de mejorar la moción con la presentación de una enmienda.

Con respecto a las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, presidente, estamos a punto de concluir una enmienda transaccional que entregaré en breve a la Mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Nuestra enmienda a la moción habla de que estamos a favor de potenciar la riqueza cultural de Asturias, de potenciarla turísticamente y de promocionar con sellos, monedas, o con lo que hiciera falta, esta región. Pensamos que tiene muchos atractivos, mucho potencial, mucho que ofrecer más allá de falsos mitos del franquismo; por eso pensábamos que era bueno potenciar la cooficialidad. Y, obviamente, tengo mucho que decirle sobre la cooficialidad, porque usted votó aquí en contra de una enmienda que nosotros presentamos para destinar una partida económica a la Academia de la Lengua Asturiana. Usted votó en contra, y sabe la que se montó en Asturias; como vota sin saber lo que vota muchas veces, pasó eso. Usted fue portada de los medios de comunicación en su comunidad autónoma porque votó en contra de esa enmienda. No la presentó, como sería su obligación si tanto defiende la lengua, y luego, repito, votó en contra. Por tanto, sí tenemos muchas cosas que decirle, máxime cuando nunca la hemos visto intervenir aquí en asturiano y nosotros lo hemos hecho dos veces. Lecciones a ese nivel, pocas.

Y reivindicar la Reconquista desde Asturias sobre el resto de los infieles de España nos parece un despropósito. La Reconquista, como indicaba el historiador que solo he tenido tiempo de mencionar, lejos de un batallar continuo y religioso de siete siglos, como nos exponen, no fue otra cosa que un lento proceso geopolítico con sus trasvases culturales, sus cambios de fronteras y enfrentamientos armados intercalados entre largos intermedios de paz.

Lo reiteramos: Asturias se merece monedas, se merece sellos, se merece solidaridad, se merece promoción, se merece todo lo que usted quiera, pero no sobre la base de mitos franquistas. Si presenta una propuesta a favor de emitir sellos por cualquier motivo que no roce el franquismo a nivel de exaltación nacional católica o de falsos mitos, votaremos a favor, obviamente. No es que estemos en contra de que se hagan sellos, que, por otra parte, sabe el significado que tienen hoy en día, en plena era de la comunicación electrónica, pero pensamos que para ganarse un titular en su tierra seguramente podría haber escogido propuestas más actuales y no del franquismo, que usted ideológicamente comparte.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Con respecto a lo que acaba de indicar el senador Mulet, estoy cansada de que en esta Cámara se utilice el término franquista continuamente. Él casi tenía unos meses de edad cuando murió el dictador. Y yo tenía calcetines cortos y estaba en el colegio (Aplausos). Solamente recuerdo de aquella época la semana feliz que pasé en casa sin tener que ir al colegio. Yo no niego, y jamás lo negaré, que mi ideología es de derechas, pero jamás de extrema derecha ni franquista ni nada que se le parezca. Hágaselo usted mirar; y le recomiendo que vaya al psiquiatra (Aplausos).

Con respecto a lo demás, solo me queda dar las gracias a todos los grupos políticos que han firmado la transaccional para mejorar esta moción que defiende Asturias y valora sus efemérides. Les doy las gracias, y no voy a consumir más tiempo porque creo que ha quedado muy claro qué opina el resto de los grupos.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

En el Partit Demòcrata, a pesar de que muchas veces en esta Cámara cuando hay intervenciones sobre Cataluña hemos visto en Foro Asturias una determinada beligerancia a la contra, no tenemos nada en contra de cualquier tema que vaya a favor de un territorio. Por tanto, vamos a dar nuestro apoyo a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.

Nuestro grupo quiere felicitar a todos los amigos, queridos amigos asturianos, sean del signo que sean, que este año tienen mucho que celebrar —es triplete—, y manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ahedo.

¿Grupo Parlamentario Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Seré breve en la intervención, pero creo que es importante decirles que, en mi opinión, está fuera de toda lógica que estemos debatiendo en el Pleno del Senado una moción de estas características. No creo que haya ninguna ciudadana o ciudadano fuera de las paredes de esta Cámara que entienda que nos estemos gastando 53 millones de presupuesto al año en mantener una institución para debatir sobre la emisión de un sello o de una moneda conmemorativa. Creo que no hay nadie fuera de esta Cámara que pueda entenderlo. Las y los ciudadanos financian con sus impuestos las instituciones para que abordemos retos y resolvamos problemas reales, también de las y de los asturianos que, por cierto, no son pocos: las cuencas mineras, la ganadería y la agricultura, el envejecimiento de la población, las infraestructuras o la corrupción. Hay infinitos temas sobre los que usted, senadora, podría haber planteado iniciativas en el Pleno del Senado, que me parece que son más urgentes y necesarias.

Se lo digo con todo el respeto, pero nuestro grupo está en desacuerdo con que haya planteado usted una iniciativa de estas características, a pesar de que nuestro voto será la abstención. Nuestro grupo está completamente de acuerdo en poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Asturias, pero es que ni siquiera desde esa perspectiva creo que esta sea una propuesta de envergadura. El patrimonio histórico y cultural de Asturias merece algo más que el postureo de esta moción.

Señorías, hago esta reflexión porque creo que todas y todos somos conscientes del grado de descrédito que padece esta institución a ojos de buena parte de la ciudadanía, y creo que le hacemos un flaco favor si somos indulgentes e insensibles con las necesidades sociales reales de España y de Asturias. Tanto Asturias como el resto de territorios merecen que estemos a su altura.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Esta moción que hoy estamos debatiendo aquí, y sobre la que hemos alcanzado un acuerdo con la enmienda transaccional, es la continuidad de un debate que se produjo en la Comisión de Cultura del pasado 9 de abril, en la que se adoptaron acuerdos que son importantes también y que nos interesa agilizar para hacerlos efectivos en un año en el que se están produciendo ya en tiempo real algunas de las programaciones que se pusieron en marcha con un amplísimo consenso en toda la comunidad asturiana. Estoy hablando, por ejemplo, de declarar Covadonga Centenarios 2018 acontecimiento de excepcional interés turístico y público; promocionar esas efemérides desde Turespaña; dotar económicamente ese programa para cumplir los compromisos contraídos entre distintas administraciones e influir también en toda una serie de cuestiones, porque la amplísima programación que se puso en marcha bajo ese lema de Covadonga Centenarios 2018 va a permitir a la sociedad asturiana conocer mejor su propio patrimonio cultural, su propia historia y también los espacios medioambientales, que tienen en nuestra comunidad asturiana una especial relevancia, pues tenemos cinco reservas mundiales de biosfera.

Particularmente, queremos incorporar estas efemérides con un riguroso sentido histórico y científico e imbuir en nuestros ciudadanos y en los que nos visiten esos valores que debemos compartir para construir un espacio común de convivencia, sin exclusiones, desde la pluralidad y desde el respeto a lo que cada cual considera elementos identitarios. Por tanto, considero que el Senado es también una Cámara oportuna para debatir estas ideas.

En ese conjunto de actividades que se van a llevar a cabo, tenemos nada menos que 125 actividades programadas: actos de carácter litúrgico, institucional, deportivo, acciones especiales en materia de promoción turística, en materia cultural y en materia de promoción de simposios —algunos de ellos de gran relevancia internacional—. Tenemos que poner de manifiesto que nosotros queremos darle esa dimensión académica y rigurosa al sentido de nuestra historia. Pongo como ejemplo que uno de esos congresos se va a celebrar del 11 al 14 de julio, en el Museo Arqueológico de Asturias, con el título «1300 años del origen del Reino de Asturias. Del fin de la Antigüedad tardía a la Alta Edad Media en la Península Ibérica», y participan numerosas instituciones a nivel nacional: Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense o la Universidad de Jaén. Este evento científico aspira a estudiar, desde una perspectiva rigurosa, transformaciones profundas que tuvieron lugar en la península Ibérica entre los siglos VII a IX y que supusieron el colapso definitivo de la Antigüedad tardía y la llegada de la Edad Media. Otro simposio, referido al reino de Asturias en el contexto europeo en los siglos VIII al X, etcétera.

No quiero ser exhaustivo porque el tiempo no lo permite, pero les diré que en Asturias a este tipo de planteamientos, al margen de las ideas, la versión o la historiografía que se pueda adoptar en pro de unas u otras orientaciones, queremos darle un riguroso concepto y carácter científico, y sobre todo unir a los asturianos y a los españoles en torno a valores, a identidades diversas pero comunes, que hagamos nuestras en esta España plural y diversa por la que tanto hemos luchado durante tantos años.

Nada más. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Goñi.

El señor GOÑI MERINO: Gracias, presidente.

Como dijeron ya el senador Areces y la senadora Domínguez de Posada, 2018 es un año importante para Asturias, un año en el que se celebra el centenario de la coronación de la virgen de Covadonga, nuestra patrona, el centenario de la declaración del Parque Nacional de Covadonga, el primero de España, y el décimo tercer centenario del reino de Asturias. Creo que son motivos más que suficientes para estar muy orgulloso de ser asturiano.

Decía el senador Areces, y es cierto, que en la Comisión de Cultura, en la que intervino mi compañero el senador Mario Arias, se adoptó un importante acuerdo consensuado: declarar Covadonga Centenarios 2018 como acontecimientos de excepcional interés público y promocionar Covadonga Centenarios desde Turespaña.

Lo que se pide hoy es el programa filatélico aprobado en el año 2017, el que se emita un sello, que saldrá a circulación el 5 de octubre, que recoge el 1300 aniversario del Reino de Covadonga. Hemos estado de acuerdo con los otros dos sellos y esperemos que la propia Comisión Filatélica del Estado aborde y apruebe su inclusión en el programa para 2019. La moneda que pedimos que se haga dará unidad a la de 30 euros de plata, está prevista para el segundo semestre de este año 2018 y ya está en marcha. Por lo tanto, es importante que en Asturias celebremos como tenemos que celebrar este triple centenario.

Señor senador Mulet, yo soy asturiano, soy católico y soy, como la inmensa mayoría de los asturianos, devoto de la virgen de Covadonga; y ni me avergüenzo ni le consiento, ni política ni personalmente, el desprecio que ha manifestado hacia Asturias y hacia la inmensa mayoría de los asturianos. (Aplausos.— Denegaciones del señor Mulet García). Usted puede venir aquí a seguir haciendo payasadas permanentes en la tribuna, pero le digo una cosa: yo respeto profundamente las ideologías, los credos y a las personas, y usted hoy ha faltado terriblemente a los asturianos y me ha faltado personal y políticamente; y ni se lo consiento ni se lo tolero. (Aplausos.— Denegaciones del señor Mulet García).

Se decía en una película, Forrest Gump, que tontos son los que hacen tonterías, pero le recomiendo una frase que le viene mucho mejor: solo las personas ineptas son capaces de rendir al máximo de sus capacidades. Usted, en cada intervención, lo borda. (El señor Mulet García pide la palabra.)

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Goñi.

¿Sí, senador Mulet?

El señor MULET GARCÍA: Por alusiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No hay ninguna alusión, señoría. (Protestas).

El señor MULET GARCÍA: ¿Cómo que no hay ninguna alusión?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No hay ninguna alusión.

El señor MULET GARCÍA: Dos alusiones hay. (Fuertes protestas.— Rumores). ¿Cómo que no hay alusiones? ¡Hay alusiones personales! (La señora Cortés Gès: ¡Le ha dicho tonto, presidente!).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, no tiene la palabra.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2015, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA LA SUPRESIÓN DE LA TASA A LA QUE ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. 622/000018 GPER

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Masih.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta esta propuesta de modificación de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, para la supresión de la tasa a la que está sujeto el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, para su debate hoy en este Pleno.

Como ya conocen sus señorías, en fecha 15 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en la cual se procedía a modificar el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia mediante la incorporación de una disposición final séptima, que introdujo cambios negativos en el procedimiento de obtención de la nacionalidad española que limitan los derechos de los solicitantes y disminuyen su confianza en la Administración pública.

En primer lugar, la Ley 19/2015 eliminó el carácter presencial como forma de comunicación entre la administración y los solicitantes de nacionalidad española por residencia, al imponerse el deber de que todas las comunicaciones se efectúen electrónicamente. Esta modificación dificulta que los interesados puedan mantener una comunicación fluida con la administración, lo que hace aumentar significativamente los costes para la obtención de la nacionalidad española toda vez que deben recurrir a la contratación de abogados y personal especializado para su tramitación.

Por otro lado, la Ley 19/2015 requiere al solicitante que acredite el suficiente grado de integración en la sociedad española mediante la superación de dos pruebas de conocimiento constitucionales y socioculturales y la obtención del diploma español como lengua extranjera de nivel A2 o superior para aquellos que no sean hispanohablantes. La obligación de realizar estas pruebas para determinados colectivos de extranjeros supone un coste económico añadido a los gastos de tramitación del procedimiento, por importe de 85 euros en el caso de la prueba CCSE y en la prueba de nivel A2 de 124 euros.

En tercer lugar, la Ley 19/2015 elimina la gratuidad del procedimiento y establece el pago de una tasa de 100 o 101 euros, con el fin de iniciar el procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia a cargo del Ministerio de Justicia. La imposición de la tasa nos parece injusta, toda vez que no tiene en cuenta el poder adquisitivo y las circunstancias personales del interesado y afecta por igual a todos los colectivos. Creemos, además, que la imposición de la tasa y de la tramitación telemática no ha cumplido con el objetivo que se había marcado. La nueva regulación de acceso a la nacionalidad debía establecer un procedimiento más ágil, con el fin de acabar con los retrasos y acortar los plazos de resolución: en un período de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Sin embargo, estos plazos de resolución no se están cumpliendo, por lo que el establecimiento de la tasa no ha supuesto una mejora ni ha contribuido a agilizar los expedientes de nacionalidad por residencia.

Mi grupo parlamentario cree que esta proposición de ley no busca posicionamientos ideológicos ni enfrentamientos entre bloques de derechas e izquierdas, sino mostrar a estas personas un poco de consideración y respeto tras largos años de lucha y esperanza. Estas personas merecen que la bienvenida a la plena ciudadanía sea sin condiciones, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos ya previstos en el artículo 22 del Código Civil. Muchas de estas personas han emprendido un largo trayecto antes de culminar su sueño. En su camino han sufrido situaciones de explotación de toda índole, de precariedad y de discriminación, y a la vez han contribuido con su esfuerzo al sostenimiento del Estado del bienestar y al crecimiento de su producto interior bruto.

En consecuencia, entendemos necesario que el derecho de acceso a la nacionalidad por residencia sea gratuito, que no esté sujeto a ninguna contraprestación económica ni se produzcan discriminaciones económicas en función del país de origen del solicitante. Por lo tanto, les pido a todos ustedes que apoyen esta propuesta.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Mashi.

Abrimos un turno a favor.

¿Alguien va a intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Intervengo para manifestar la posición del Partit Demòcrata en esta toma en consideración, que va a ser favorable a la proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En ulteriores debates concretaremos y en el correspondiente trámite de enmiendas fijaremos la posición con más detalle. Seguramente entonces podremos plantear regulaciones y fijar excepciones a casos concretos, como menores de edad, personas con discapacidad intelectual, familias numerosas o con dificultades económicas, por poner un ejemplo que ya se recoge en la exposición de motivos de esta toma en consideración de esta proposición de ley.

En este sentido, vamos a votar a favor de esta toma en consideración.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué.

¿Algún turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Primero intervendrá el senador Mulet y después la senadora Domínguez de Posada.

El señor MULET GARCÍA: Aprovecho el turno de portavoces para mostrar mi rechazo ante la actuación, totalmente irregular, del presidente de la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si continúa así, le quito la palabra.

El señor MULET GARCÍA: No esperaba menos de usted. (Aplausos.— Protestas). De verdad, se hace muy largo realmente cuando usted preside esta Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No tiene usted la palabra, señor Mulet.

Quiero decirle, en primer lugar, que la percepción de alusiones es competencia del presidente. En segundo lugar, a usted lo han mencionado, no lo han aludido. Si diésemos la palabra a sus alusiones, estaríamos toda la tarde respondiendo a sus alusiones. (Aplausos.— Protestas).

Por tanto, señoría, esa es la decisión que he tomado. (Aplausos).

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, en la propuesta de toma en consideración que trae hoy al Pleno Esquerra Republicana de Catalunya he leído unos cuantos dislates, como la equiparación de la tasa para tramitar la nacionalidad española con las tasas judiciales que, evidentemente, no tienen nada que ver. El Ministerio de Justicia es un órgano administrativo, y no un órgano judicial. Resulta sonrojante la equiparación que hacen en Esquerra; algo que, por otro lado, no llama la atención a quien se haya leído la anticonstitucional Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que en su artículo 72 disponía que el Gobierno, en una comisión mixta, elegiría al presidente del Tribunal Supremo. En mi opinión, lo que pretenden es hacer algo que ya intentaron en otras ocasiones y es forzar la supresión del conocimiento del castellano para los reconocimientos de nacionalidad. La supresión de dicha prueba sí implicaría una discriminación hacia quienes sí cumplen con el artículo 3 de nuestra Constitución, pues todo español tiene el deber de conocer el castellano, garantía que se debe exigir a quienes accedan a la nacionalidad por vía ius soli y no por vía ius sanguinis.

Quizá deberían reparar en que la obligatoriedad del pago de las tasas es consecuencia de la utilización de un servicio que sirve a los intereses como ciudadanos, en este caso la obtención de la nacionalidad española. Es de suponer que quienes la solicitan están interesados en obtenerla y en ser españoles. Pues bien, la realización de los trámites administrativos tiene un coste y no piensen sus señorías que lo que encarece un servicio es hacerlo presencial u online, pues un procedimiento administrativo lleva más trabajo que la mera recepción de papeles por la Administración, sobremanera en un tema tan delicado e importante como es la adquisición de la nacionalidad de un país de un Estado miembro de la Unión Europea. Pagamos una tasa para la obtención del DNI, para el carnet de conducir, el pasaporte, y esa tasa es justa porque los ciudadanos recibimos a cambio nuestro documento nacional de identidad, nuestro pasaporte para viajar al extranjero o nuestro permiso de circulación para conducir vehículos en España y en otros países.

Creo que no necesito explicarles los derechos que se adquieren al obtener la nacionalidad. Cosa distinta es que se plantease una propuesta en el sentido de la exposición de motivos: para que pudieran ser exonerados de la tasa, por poner un ejemplo, quienes ganen menos del IPREM, unos 550 euros al mes, pero no gratis para todos los demás.

Por tanto, lamentándolo, votaremos no a esta toma en consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos hablando —y creo que es bueno que tengamos claro cuál es el objeto del planteamiento que se nos hace— de una toma en consideración, es decir, se abre una reflexión, con un artículo único y ese artículo único viene a decir que se suprime el apartado 4 de la disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, que no dice otra cosa que: El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto al pago de una tasa de 100 euros, etcétera. Estamos hablando de eso, lo digo para centrar el debate.

Yo creo que tampoco es bueno que generalicemos la gratuidad, pero también digo que hay mucha gente que tiene problemas para poder pagar esa tasa. Y también creo que es un problema de concepto pagar la nacionalidad o no pagar la nacionalidad, cuando son personas que, no olvidemos, tienen que cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, haber residido durante 10 años, dependiendo de la nacionalidad, en el Estado español; a personas que estaban residiendo durante 10 años se les está conminando a pagar 100 euros por adquirir una nacionalidad. Nosotros entendemos que no tiene mayor sentido, y aun sin estar de acuerdo con la literalidad del texto, entendemos que es bueno abrir el debate, que es a lo que se nos invita y por eso nosotros votaremos a favor de la toma en consideración del texto que se nos trae.

Para finalizar, todos deberíamos darle un par de vueltas a las intervenciones y a la atmósfera que creamos en los debates. Tenemos invitados en la tribuna que creo que se pueden sorprender, e incluso a nosotros mismos nos pasa. Si el debate entre nosotros es que uno es franquista o que otro tiene que ir al psiquiatra, tenemos un verdadero problema a la hora de debatir y utilizar los recursos públicos para defender los intereses de todas las personas a las que nosotros representamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Masih.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente.

Señorías, agradecemos el apoyo de los grupos parlamentarios que se han manifestado a favor de esta proposición de ley, dado que su voto afirmativo garantizará que los solicitantes de nacionalidad por residencia tengan el derecho al acceso a la información y a un procedimiento administrativo de forma presencial y gratuita en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.

Como ya manifestamos en nuestra proposición de ley, la Ley 19/2015 eliminó el carácter presencial en las solicitudes de concesión de nacionalidad por residencia, lo que supone una clara infracción de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común en las administraciones públicas, que establece que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con la administración pública para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.

Se hace necesario que garanticemos a los solicitantes de nacionalidad española el derecho de acceso al procedimiento en toda su extensión, dándoles la opción de presentar sus solicitudes personalmente ante los registros civiles. Para ello es imprescindible que volvamos a dotar a los registros civiles de los recursos materiales y humanos necesarios con el fin de que puedan atender las peticiones de concesión de nacionalidad y garantizar un servicio público gratuito y próximo a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana cree que la administración pública no puede hacer diferencias en el modo de comunicarse ni de relacionarse con los ciudadanos atendiendo a su origen, pues únicamente existe una Ley de procedimiento administrativo común, que es igual para todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por otro lado, tal como consta en la proposición de ley, el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, reconoce que la tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad por residencia ha mantenido un carácter mixto entre el ámbito judicial, determinado por la atribución de una primera fase del procedimiento a los registros civiles, y el ámbito administrativo, de forma que concluya con la resolución de un órgano administrativo.

Con el reconocimiento del carácter judicial del procedimiento de concesión de la nacionalidad por residencia entendemos jurídicamente viable que se le otorgue el carácter de tasa judicial y, por tanto, declarada exenta de su pago, como ya se hizo con la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas mediante el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

En segundo lugar, tal como decíamos en nuestra proposición, el artículo 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, prevé la exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. Acogiéndonos, por lo tanto, a la literalidad de la ley, y atendiendo a que las tasas de acceso a la nacionalidad son gestionadas por el Ministerio de Justicia, podría equipararse a las tasas judiciales y eximir del pago de estas a las personas con menor capacidad económica. Para ello, y con el fin de garantizar a todas las personas el acceso libre a la nacionalidad por residencia, sin discriminaciones económicas, solicitamos que se reconozca a las tasas de acceso a la nacionalidad y a los derechos de examen su carácter judicial y se proceda a su exención mediante su incorporación expresa en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

No debemos olvidar que la mayoría de estos ciudadanos ya viven aquí desde hace muchos años y tienen el derecho de ejercer su ciudadanía con todos los derechos y obligaciones. No debemos limitar que estos ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos ni condicionar la adquisición de la nacionalidad por residencia al establecimiento de un precio, pues ellos ya contribuyen con su trabajo y esfuerzo al sostenimiento de los servicios públicos. Esta ley 19/2015, de 13 de julio, ha producido más complicaciones para los solicitantes de nacionalidad española por residencia que soluciones y ha añadido más dificultades.

Señorías, esta propuesta no va de ideologías ni de colores políticos, sino de humanidad y de preservar la dignidad de miles de mujeres y hombres que viven entre nosotros y han elegido establecer su residencia permanente en este país. También me dirijo a los grupos parlamentarios que no han dado su apoyo, o no piensan darlo, a esta proposición, con el fin de que reconsideren su posición, piensen en estas personas, piensen en las dificultades y sacrificios que estos ciudadanos han realizado para adquirir la plena ciudadanía. No es una propuesta política, es una propuesta para la humanidad. Por lo tanto, otra vez más, les pido que apoyen esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Masih.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Antes de empezar, quisiera anunciar ya que, efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo con la toma en consideración de la proposición de ley y votaremos a favor.

En cuanto a lo que se solicita de modificación y de supresión de la tasa, absolutamente de acuerdo, aunque como expresaré más adelante, no en la causa por la cual se solicita. La causa legal de la que nosotros entendemos que deriva la inaplicación o el impago de la tasa no es porque sea una tasa que se pueda considerar judicial, porque legalmente no lo es, aunque nos gustaría que así fuese.

También quiero decirle a la senadora de Foro Asturias que me ha parecido oír que interpreta esta proposición de ley como una cuestión ideológica por venir del partido del que viene, cuando creemos, sinceramente, que su contenido es muy claro y no hay segundas intenciones. Me ha parecido interpretar que vamos por el uso del castellano, del catalán, en fin, creo que iban por ahí los tiros.

Sinceramente, es tan clara y transparente la proposición de ley que se plantea que no hay lugar a dudas, y creo que ir por ahí es equivocar totalmente la finalidad pretendida por esta iniciativa que, además, entiendo que es muy lícita y muy justa.

Por otro lado, como decíamos, estamos totalmente de acuerdo con Esquerra Republicana, con el grupo parlamentario que propone esta ley, pero no estamos de acuerdo del todo con las causas, y voy a explicarlo. Ha expuesto, como bien dice el cuerpo de la propia proposición de ley, que los extranjeros tienen una serie de problemas añadidos, como es pasar el examen de conocimiento de lengua española o el examen sobre cultura en el Instituto Cervantes, porque todo esto conlleva un gasto y otras tasas. El importe de las tasas no se corresponde realmente con los ingresos que perciben estas personas, que normalmente son de clase bastante humilde. Por lo tanto, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero, claro, aquí estamos hablando exclusivamente de si es procedente o no suprimir una tasa. Ustedes no han propuesto ninguna modificación en cuanto a la Ley del Registro Civil, de la que, por cierto, se ha vuelto a solicitar el aplazamiento de su entrada en vigor hasta el año 2020. Es decir, estamos con una ley que se aplica a medias, con falta de medios económicos para implantar todo el tema del registro electrónico, y de ahí que sean los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos españoles, con los trámites y con las tasas que se les solicitan, los que estemos costeando esta falta de medios y de previsión por parte del Ministerio de Justicia a la hora de implementar el tema del registro electrónico.

También quiero decir que, haciendo memoria y estudiando esta proposición de ley, en la página 42 del Diario de Sesiones del Congreso, justamente cuando habla el portavoz del Grupo Popular en el Pleno para defender esta ley, la ley del 2015, que se ha aplazado varias veces porque no se puede aplicar por falta de medios, decía que a la gente le preocupaba, a raíz del informe del Defensor del Pueblo de ese año, o del anterior, el enorme retraso que había en la obtención de la nacionalidad por residencia, y una de las causas era la falta de modernización del Registro Civil. Era una de las causas que motivaba la intención, por parte del ministro señor Catalá, de modificar toda la ley y la tramitación en el Registro Civil.

Lamento decir que en 2018 estamos igual o peor que cuando se aprobó esta ley. Tenemos actualmente 400 000 expedientes de extranjería pendientes de aprobación. Esto, además, no lo digo yo, lo dice el informe del Defensor del Pueblo referido al año 2017. No sabemos en el 2018 cómo estará la cosa. Tenemos, como digo, 400 000 personas en espera, es decir, algo falla en este sistema cuando hay tantas personas, pese a estar pagando y haberse recaudado alrededor de 10 millones de euros desde que se implanta el sistema de pago de tasa por solicitud de nacionalidad. El número de personas sin resolución sigue aumentando tanto en número como en tiempo de espera, porque hay gente que lleva más de cuatro años esperando a que se resuelva su expediente.

Entendemos que son absolutamente ineficaces todas las medidas que se han tomado hasta ahora. El Ministerio de Justicia, mientras retrasa la entrada en vigor de la ley de 2015 a la que el senador de Esquerra Republicana ha hecho mención, ha ido firmando encomiendas con los colegios de registradores mercantiles y de la propiedad, pero no se dice lo que cuesta y lo que se obtiene a través de estas encomiendas. Estas encomiendas transfieren la gestión, como no está en vigor la ley, para que tramiten ustedes los expedientes de nacionalidad por residencia.

Tenemos datos correspondientes al año 2016. Resulta que durante seis meses se les paga 2 millones de euros y tramitan, teóricamente, 70 000 expedientes. ¿Qué son 70 000 expedientes cuando ahora estamos hablando de un retraso de 400 000? Es decir, se está gastando un dineral anual sin que se vea, sin que se palpe en resultados ciertos.

Decía la senadora de Foro Asturias —perdón si me equivoco con los nombres— que una tasa es un tributo, una contribución del ciudadano por un servicio. Y yo me pregunto, ¿qué servicio se está prestando? No se está prestando ningún servicio, y esa es la causa por la que este grupo entiende que no procede el pago de ningún servicio, porque no se está dando el servicio, y aquí lo grave es que esa tasa se cobra por adelantado y a la espera de que te digan que sí o que no a la nacionalidad, con el agravante de que llevamos, en algunos casos, cuatro años esperando. Es decir, vacía de contenido el concepto en sí mismo de tasa. Aquí el ciudadano no está recibiendo ningún servicio por parte de la Administración, y no olvidemos que los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y con deferencia por parte de los autoridades y funcionarios, que tienen que facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones y de sus derechos, y uno de esos derechos es la celeridad en el cumplimiento de los procedimientos administrativos. No puede ser que un procedimiento, que debe durar más o menos un año, como consecuencia de la aplicación de una ley, que no se aplica salvo con encomiendas al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, lleve ese enorme retraso en la resolución de los expedientes, muchas veces con defectos y con un alto coste económico. Por tanto, entendemos que debe suprimirse esta tasa.

Otra cuestión aparte que ha mencionado el senador de Esquerra Republicana sería, naturalmente, la derogación o la modificación de la Ley de 2015, de nacionalidad, porque lo que se ha querido implantar no se ha implantado y está produciendo, precisamente, el efecto contrario al que era el fin perseguido por la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ante la proposición de ley para la supresión de la tasa para la obtención de la nacionalidad española por residencia y su toma en consideración, el Grupo Socialista le avanza, señoría, que va a apoyar esta iniciativa. Y la va a apoyar por una razón básica, porque todas las personas deben tener garantizado el acceso libre a la nacionalidad española por residencia sin ningún tipo de discriminación económica, y es que la legislación actual es una auténtica carrera de obstáculos. Hay ciudadanos plenamente integrados en nuestro país que, debido al pago de tasas y a los derechos de examen, desisten de acceder a ser español. El primer escollo es el desembolso económico de una tasa —como se ha explicado perfectamente— no judicial, sino un gasto; después, la dificultad para apuntarse a las convocatorias de exámenes, otra tasa; en tercer lugar, las dificultades telemáticas; y, por último, la tardanza de la Administración en resolver los expedientes, resultando, por tanto, una desgracia que lleva en muchas ocasiones a la exclusión de parte de la población extranjera.

Por todo ello, señorías, compartimos que es necesaria una reforma en materia de nacionalidad, en cuestiones de acceso a la nacionalidad española. En estas cuestiones debe primar una propuesta —y lo hemos mantenido siempre— de alto consenso, porque la última reforma en materia de nacionalidad por residencia vamos a calificarla como desafortunada. De un sistema anterior muy criticado hemos pasado a otro tan reglado, tan objetivo, tan economicista que, al final, está resultando inútil.

El examen del Instituto Cervantes puede demostrar unos conocimientos, seguro, pero no integración en la sociedad española; puede demostrarnos que uno habla y se defiende en español, pero no que conozca la sociedad española. El hecho imponible de una tasa, como es el caso, tampoco tiene una utilidad suficiente; podríamos decir que genera un gasto para el extranjero y ni siquiera genera un rédito a la propia Administración española. Por el contrario, ese gasto y esa falta de rédito sí generan un desistimiento o abandono de la intención de adquirir la nacionalidad española.

Señorías, el Grupo Socialista considera que es necesario revisar los plazos legales de acceso a la nacionalidad por residencia. ¿Tiene sentido que a algunos extranjeros se les exija residir dos años en España y a otros, vecinos europeos, por ejemplo, diez años? No tiene ningún sentido. Es necesario, por tanto, dar un vuelco al sistema de tramitación de expedientes; es necesario cambiar las continuas pseudoprivatizaciones con encomiendas colegiales; es necesario resolver los importantes retrasos que se producen en la adquisición de la nacionalidad; es necesario acabar con las interminables resoluciones de expedientes administrativos, situaciones que provocan la irregularidad a muchas familias y solicitantes.

No me preocupa reconocer que desde la Secretaría de Estado de Justicia se ha hecho un esfuerzo por intentar resolver expedientes, pero es verdad que todavía quedan muchísimos por resolver en España: más de 400 000 expedientes, a pesar de las pseudoprivatizaciones a los colegios de registradores y de la propiedad.

Señorías, creo que todos debemos estar de acuerdo en que la Administración debe ser cercana al ciudadano, que desde la Administración se deben facilitar los procedimientos administrativos y no poner trabas a los ciudadanos y, mucho menos, en el caso de la adquisición de la nacionalidad, poner trabas económicas. No es aceptable que se pueda decir esta máxima: si pagas, los expedientes se agilizan, porque en esta materia, además de que esto pueda ser cuestionado, resulta falso, porque pagas y tampoco se agilizan los expedientes. Tampoco es aceptable que se diga que el uso de las nuevas tecnologías aumenta los costes y que, por lo tanto, hay que pagar las tasas. Yo soy de letras, pero si la vía telemática agiliza y simplifica el procedimiento, lo lógico sería que el coste disminuyera, pero parece ser que no.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista considera que adquirir la nacionalidad española —si me permiten la expresión— no puede ser un mercadeo. El derecho de acceso a ser español, es decir, a alcanzar la plena ciudadanía en España, no debe estar sujeto a ninguna compensación crematística.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta toma en consideración, pues creemos que es necesaria una importante reforma en materia de nacionalidad —como intentaba explicar—, partiendo de una base de consenso entre los grupos parlamentarios —también lo he dicho—, y evitar el pago de una tasa y, por tanto, de posibles discriminaciones. Nosotros creemos que adquirir la nacionalidad española es para muchas personas una ilusión; para otras personas, una esperanza; y, para otras, puede llegar a ser una seguridad. Y ni la ilusión ni la esperanza ni la seguridad se pueden pagar con una tasa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Señora Domínguez de Posada, agradezco sus palabras, porque voy a ir en esa misma línea argumental.

Senador Masih, le tengo que felicitar por la toma en consideración que plantea, porque, por fin, nos traen a la Cámara algo que de verdad preocupa a las personas, fuera ya de los localismos y de esas situaciones imaginarias en las que ustedes confían y que nunca se van a dar. Le agradecemos que presente una iniciativa que puede ser muy importante para muchas personas. Bien es cierto que esta loa no irá acompañada en todo mi discurso.

La toma en consideración que usted plantea se puede tratar desde dos puntos de vista: por una parte, uno estrictamente jurídico y, por otra parte, que también hay que cumplir con él, estrictamente jurídico-económico.

Estrictamente jurídico, hasta 2015, el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia lo hacían los órganos jurisdiccionales, en el Registro Civil —lo recordarán ustedes—. Es la Ley 19/2015, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la que modifica el procedimiento para la obtención, imponiendo una tasa de 100 euros, que con los presupuestos generales del Estado del año 2017 pasan a ser 101. Y como es tasa administrativa se da un hecho imponible, que es la solicitud de iniciación del procedimiento. Y como ustedes conocen, el artículo 20 de la Ley General Tributaria establece lo que es el hecho imponible, que es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica que fija la ley para configurar cada tributo y cuyo origen da nacimiento a la obligación tributaria. El devengo se produce el día en que se solicita esa iniciación del expediente, pero el hecho imponible se da al ser tasa administrativa.

El procedimiento anterior a la Ley de 2015 era efectivamente jurisdiccional, no de jurisdicción contenciosa, sino de jurisdicción voluntaria, pero es verdad que estaba residenciado ante los órganos jurisdiccionales. Lo que hace la Ley de 2015 es precisamente lo contrario, quitarlo del Poder Judicial para residenciarlo ante el Poder Ejecutivo, ante el Ministerio de Justicia.

Señor Masih, usted hacía referencia a que habrá que contratar a abogados para que ayuden a llevar adelante el procedimiento administrativo. Es exactamente igual que antes: el que se quiera asesorar de letrados acudirá a que lo asesoren, pero en eso no difiere en que fuera jurisdiccional o administrativo. Hay personas que serán capaces por ellas mismas de llevar adelante el procedimiento y podrán hacerlo. El que quiera asesoramiento tanto lo necesitaba entonces como lo puede necesitar ahora.

En la exposición de motivos que usted plantea, la toma en consideración, dice que las pruebas exigidas en el procedimiento son, por una parte, la prueba de conocimientos, construcciones y socioculturales y, por otra parte, critican la exigencia de nivel A2 de español. Qué menos, señoría, que se le exija a alguien que sepa español, lógicamente para aquellos que no tienen el castellano como lengua nativa, pero qué menos que se le pida eso. Y ustedes dicen que esas dos cuestiones incrementan los costes de la solicitud de acceso a la nacionalidad y que, por eso, puede equipararse a las tasas judiciales, cuando, como ha puesto de manifiesto la senadora Cánovas, no tiene nada que ver. La naturaleza jurídica de las tasas administrativas nada tiene que ver con las tasas judiciales, entre otras cosas porque son distintos órganos quienes lo llevan. Y, por ende, al no ser tasa judicial, no puede ser de aplicación la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, que es para los órganos jurisdiccionales, para aquellos que concurren ante los órganos de justicia.

La cuestión de la tasa sí corresponde al Ministerio de Justicia, eso es verdad, pero la naturaleza es distinta, porque una está ante los órganos jurisdiccionales y esta ante el Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo como usted bien conoce.

El Ministerio de Justicia actúa solo como órgano administrativo de admisión, y no hay intervención para nada de órganos jurisdiccionales. No corresponde, pues, su inclusión en la Ley de asistencia jurídica gratuita.

La exigencia de una tasa, por otra parte, es bien conocido que no es nueva, señorías, ni en nuestro ordenamiento jurídico interno ni a nivel europeo. En nuestro ordenamiento jurídico interno todos nos daremos cuenta y podemos pensar en distintas tasas administrativas que la Administración impone para costear parte del servicio o del suministro de que trate y, por otra parte, en la Unión Europea, en la mayoría de los países, también se exige una tasa, como ustedes conocerán, para la obtención de la nacionalidad por residencia: en Alemania de 280 euros, en Italia de 200 euros, en Portugal de 275 euros, en el Reino Unido de 1270 libras, y así les podría enumerar trece países donde las tasas son más caras que en España, que en estos momentos es de 101 euros. Con lo cual, creo que no podemos argüir que es cara la tasa a la hora de poder acceder a la nacionalidad, porque es una cuestión en la que el Reino Unido, por ejemplo, es el país que más concesiones está dando, y después España.

Senadora Cánovas, no son 400 000 expedientes de nacionalidad por residencia, sino 400 000 expedientes de petición de nacionalidad. Por residencia son 180 000, que son los que estamos tratando. En estos 180 000 expedientes, España, después del Reino Unido, teniendo la tasa más alta de toda la Unión Europea, es el segundo país que está concediendo más tasas de nacionalidad, porque a nuestros ciudadanos extranjeros les interesa. Hay 180 000 solicitudes y se está actuando con absoluta normalidad, con mucha más normalidad que cuando estaban residenciadas ante los órganos jurisdiccionales, cuando, como todos sabemos, iba mucho más lenta la concesión de expedientes.

Por otra parte, la imposición de los 101 euros no supone una carga insoportable que impida el acceso a la nacionalidad porque, como también se ha puesto de manifiesto, las personas que tienen la posibilidad de acceder a esta nacionalidad tienen que vivir, en función de su país de origen, de dos a diez años, y entre estos dos a diez años se supone que han tenido suficiente arraigo para poder hacer frente a esos 101 euros de tasa para la obtención de la nacionalidad.

Entendemos que hay situaciones personales dolorosas, señor Masih, lo entendemos, pero hay 180 000 ciudadanos extranjeros que lo han pedido y se le está concediendo a todo aquel que cumple con estos requisitos. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que a todos estos ciudadanos extranjeros, en tanto en cuanto no obtengan la nacionalidad por residencia, se les aplica la legislación de extranjería y tienen todos los derechos, absolutamente todos, reconocidos, y les corresponden por dicha legislación, no quedando desamparados aun cuando no hayan obtenido esa nacionalidad.

Desde el segundo punto de vista que señalaba, el punto de vista jurídico-económico, la legislación está para cumplirla, como todos sabemos y conocemos, y también hay que cumplir la Ley 8/1989, de tasas y precios públicos, desde el punto de vista jurídico-económico, cuyo artículo 7 pone de manifiesto que hay que cubrir el coste o servicio de la actividad, y aquí se contribuye en parte por la persona que solicita el servicio; su artículo 8, que recoge el principio de capacidad económica, en el que se dice que la fijación de las tasas debe tener en cuenta la capacidad económica de cada una de las personas —se estima que 101 euros es una cuantía, dado el arraigo que se pide, que no encarece ese procedimiento—; y su artículo 18, en el que se dice de una manera taxativa que no se puede admitir en materia de tasas beneficio tributario alguno, salvo para el Estado y demás entes públicos.

Señorías, para concluir, la tasa contribuye a sostener parte del servicio público, solo parte del servicio público, en el que no se pueden admitir ni exenciones ni bonificaciones por la prohibición del artículo 18 de la Ley de tasas y precios públicos, y tampoco es equiparable a las tasas judiciales, dado que existe la prohibición de la aplicación analógica en materia de exenciones y beneficios fiscales. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Por ello, señoría, no vamos a poder votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Altava.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2010, DE 5 DE JULIO, SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. 624/000008 Fomento

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 7.2. y 7.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Fomento, el senador Crespo.

El señor CRESPO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

La Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, es una modificación fundamentalmente de carácter técnico. Dicha ley venía motivada por una directiva europea del año 2007, y se dictó con el objetivo de fijar normas generales para el establecimiento de las infraestructuras de información geográfica en España orientadas a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información geográfica. Posteriormente a la promulgación de esta ley, la Comisión Europea solicitó información adicional en relación con la trasposición de la Directiva 2007/2/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo del 2017, por la que se establecía la infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, conocida como Inspire, y se adaptaba a la legislación europea.

Sobre la base de dicha información, se ha considerado conveniente realizar cambios legislativos en algunos artículos de la referida ley, y todas estas modificaciones van orientadas a completar y a puntualizar algunos artículos de dicha ley al objeto de que cumplan con la plena trasposición de la directiva citada.

En definitiva, señorías, los compromisos adquiridos con la Unión Europea obligan a modificar esta Ley 14/2010, de 5 de julio, en los términos incluidos en esta proposición, pero sobre todo es necesaria y urgente para contribuir a que las administraciones públicas españolas estén dotadas de un marco legal y tengan unas infraestructuras y unos servicios de información geográfica que sirvan de referencia en el ámbito europeo.

Paso a leer el dictamen de la Comisión: La proposición de ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, que se presenta, tiene por finalidad modificar diversos artículos de la ley al objeto de que cumplan con la plena transposición de la Directiva 2007/2/CE, por la que se establece la infraestructura de información espacial de la Comunidad Europea, conocida como Inspire.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de abril de 2018, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 13 de abril de 2018 y se presentaron cinco. La Comisión se reunió para dictaminar el 25 de abril de 2018. Han presentado votos particulares a este dictamen, los señores Cleries i Gonzàlez y Bagué Roura, ambos del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Crespo.

Señorías, la junta de portavoces acordó no celebrar debate de totalidad en este trámite y, por tanto, vamos a debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista y, a continuación, pasaremos al turno de portavoces.

Para la defensa de sus enmiendas, el senador Bagué tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Quiero dar también las gracias al presidente de la comisión por su lectura y por la explicación sobre la transposición de la normativa europea que, en definitiva, es de lo que estamos hablando.

Coincidimos con lo que acaba de decir sobre que estamos hablando de una cuestión muy técnica. En ese sentido, como ahora estamos en el turno de defensa de las enmiendas, muy rápidamente voy a hacer referencia a las cinco presentadas para, posteriormente, fijar nuestra posición en el turno de portavoces.

Las cinco enmiendas guardan relación con el artículo 221 del actual Estatut de Autonomía de Cataluña. Como ustedes saben, Cataluña es la única comunidad autónoma de España que tiene un estatuto que no ha sido refrendado por sus ciudadanos porque sufrió una amputación por parte del Tribunal Constitucional en 2010; por lo tanto, somos el único territorio en el que tenemos vigente un Estatut que no fue refrendado por su población. Aun así, en el Estatut de Autonomía que quedó después de los recortes del Tribunal Constitucional, de manera muy clara, en su artículo 221 hace referencia a la competencia compartida y, en este caso, es el Govern de la Generalitat, como define su Estatut, el que tiene competencias plenas y exclusivas.

Las cinco enmiendas son las siguientes: la primera es de adición, al objeto de añadir un penúltimo párrafo que, literalmente, habla de integrar la información geográfica de referencia, la parcela catastral, así como los bienes inmuebles inscritos en el Catastro y sus correspondientes referencias catastrales. Todo ello conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, o en la correspondiente normativa foral, o en este caso, del Parlament o de la Generalitat de Cataluña.

La enmienda número 2 hace referencia al principio de subsidiariedad, en el sentido de que la cartografía catastral y sus normas de desarrollo podrán ser ejercidas por la comunidad foral o por la Generalitat —en este caso—, así como supletoriamente por otra administración y que, en ausencia de esta cartografía, las correspondientes autoridades forales o autonómicas podrán producirla y solicitar su inscripción en el Registro Central de Cartografía.

La enmienda número 3 también hace referencia a la interoperabilidad que requiere la información geográfica y, en ese sentido, hago de nuevo alusión al artículo 221, anteriormente mencionado.

La enmienda número 4 habla directamente de la clarísima invasión competencial que, en opinión del Partit Demòcrata, se produce con esta transposición y, en concreto, quiero mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1984 que determina que la cartografía es una materia de carácter instrumental y, por lo tanto, que puede pertenecer tanto a la competencia estatal como a la autonómica; en este caso, a la Generalitat de Cataluña.

La última enmienda, la número 5, hace referencia también al artículo 221 del Estatut de Autonomía, en el que se definen unos parámetros técnicos relativos a la porción de suelo que constituye el objeto geográfico básico de la cartografía catastral.

Como he empezado diciendo, se trata de una normativa muy técnica, por lo que en el turno de portavoces fijaré mejor nuestra posición.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué.

Turno en contra de las enmiendas.

Tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como bien dijo el presidente de la comisión en la lectura del dictamen, esta es una ley puramente técnica: la transposición de una directiva europea. Por lo tanto, mi grupo parlamentario considera que estas enmiendas exceden lo que pide la transposición y vamos a votar en contra.

Si ustedes quieren reivindicar esa participación tienen otros caminos legislativos, a través del Texto Refundido de la Ley catastral, pero pensamos que este no es el momento procesal oportuno y que lo que Europa pretende es una universalidad europea sobre este tipo de información.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Sánchez.

Acabado el debate de las enmiendas, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular planteó en el Congreso de los Diputados una proposición que actualiza la ley vigente en España sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica. Esta es una ley de apenas siete años pero que precisa ajustarse a una directiva europea, por lo que se establecen las infraestructuras e información espacial Inspire. Estos ajustes pueden sonar a parche, pero cabe entender que los avances tecnológicos obligan a cambios que han reabierto o pueden reabrir algunas competencias en materia competencial, como de hecho se plasmó durante los debates en la tramitación de esta ley en el Congreso y en el Senado en el año 2010, y así ocurre hoy con las cinco enmiendas presentadas por el PDeCAT.

Estamos ante un texto legislativo sobre aspectos muy especializados que se aprobó en 2010 y que ahora hay que modificar para que España se adapte plenamente a los mecanismos de información geográfica establecidos por la Unión Europea. Esto tiene especial importancia porque equivale a disponer de datos relevantes para poder adoptar decisiones, tomar medidas y realizar actuaciones que inciden directa o indirectamente sobre el medioambiente o sobre las infraestructuras.

La proposición del Grupo Popular supone, en todo caso, una mejora legislativa que desarrolle y modernice en el siglo XXI la cartografía como servicio público. En España, este servicio tiene como fecha de referencia la de septiembre de 1880, con la fundación del Instituto Geográfico Nacional, organismo que se creó siendo ministro de Fomento el polifacético José Echegaray, que años más tarde sería galardonado con el Nobel de Literatura.

Las modificaciones que se proponen son necesarias no solo porque estamos obligados a acomodarnos a las directivas europeas sino porque los servicios de información geográfica son de enorme utilidad para el desarrollo económico, el medioambiente, el urbanismo, el tráfico, etcétera, y con estos cambios se favorece su combinación y compatibilidad, para hacer esta información mucho más operativa en una materia en la que, bien utilizada, se consiguen aprovechamientos y beneficios económicos muy sustanciales, tanto por incrementos productivos y mejoras en la gestión —caso de la forestal—, como por ahorros en la planificación de los sistemas e infraestructuras de transporte.

En cuanto a las enmiendas presentadas, consideramos que no existe controversia alguna ni conflicto de competencias, por lo que votaremos en contra y apoyaremos la proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Como anticipé hace un instante, voy a fijar mi posición de manera más extensa en este turno de portavoces que en la exposición de las enmiendas por su carácter técnico, como todos hemos coincidido en señalar. Aun así, la temática tiene un punto de aridez, repito, por ser muy técnica.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1984, la cartografía es una materia de carácter instrumental vinculada a otros ámbitos materiales, que pueden pertenecer tanto a la competencia estatal como a la autonómica; en nuestro caso, del Govern de la Generalitat. Desde el punto de vista de la Generalitat legítima —no de la actual, intervenida— y del de nuestro partido, el Partit Demòcrata, existen muchos títulos competenciales de carácter exclusivo que utilizan la cartografía como un instrumento para el desarrollo de sus políticas públicas. Por ejemplo, hace un momento se hablaba de la ordenación del territorio o del urbanismo, de las aguas de cuencas intracomunitarias, de obras públicas que no sean consideradas de interés general, infraestructuras de transporte, infraestructuras de comunicaciones y un largo etcétera.

A pesar de la definición de competencia exclusiva, la ley que organiza el sistema de información cartográfica de Cataluña hace referencia a la colaboración con la Administración General del Estado y a sus competencias respectivas. Desde el punto de vista del Partit Demòcrata, coincidente con el de la Generalitat, el Estatut de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia compartida en materia de medio ambiente; asimismo, le atribuye competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, lo principal sería que las bases estatales respetasen los límites materiales del artículo 144.1 del Estatut de Autonomía vigente y que dejasen el suficiente margen normativo para que la Generalitat pudiera desplegar sus potestades y funciones en las submaterias que le correspondan. Esta sería la cuestión nuclear sobre la que fundamentamos nuestra posición.

Asimismo, nos deberíamos preguntar si estas bases estatales respetan los límites materiales y funcionales del artículo 111 del Estatut de Autonomía de Cataluña vigente, insisto, y nosotros, los senadores del Partit Demòcrata, consideramos que no lo hacen. Entendemos que es una mejora. En el Congreso de los Diputados nos abstuvimos, precisamente confiando en que podría mejorarse, pero una vez más —somos así de ilusos— esperábamos algún gesto del Partido Popular que no se ha producido.

Por otra parte, uno de los objetivos del proyecto de ley es la necesidad de trasponer al derecho interno la Directiva 2007/2/CE y, en este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que la traslación al derecho interno de la normativa comunitaria sigue los criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias. Es decir, fíjense, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente —sentencia 102/1995 y sentencia 67/1996, entre otras— que la traslación al derecho interno de la normativa comunitaria ha de hacerse siguiendo criterios constitucionales y estatutarios de repartición de competencias, puesto que no existe un título competencial específico a favor del Estado para la ejecución de este derecho. Y, a nuestro entender, queremos defender y posicionarnos sobre una competencia que creemos que es pisoteada, una vez más, por el grupo proponente —en este caso, por el Grupo Popular—, aprovechando una traslación muy técnica, como hemos coincidido todos en señalar, para apoderarse de funciones de modo excesivo.

El Estatut de Autonomía de Cataluña del año 2006, recogiendo esta jurisprudencia —sentencias del Tribunal Constitucional 13/1998, 147/1998 y 32/2005, entre otras, y fíjense que estamos hablando ya de 6 sentencias del Tribunal Constitucional— habilita de forma expresa a la Generalitat para desarrollar y aplicar el Derecho Comunitario en las materias de su competencia. Si previamente hemos acordado que la Generalitat, como cualquier autonomía, tiene competencia para desarrollarlo, no entendemos por qué hay que introducir esta cortapisa o esta limitación, que no entendemos.

En concreto, el artículo 113 del Estatut de Autonomía de Cataluña vigente establece que corresponde a la Generalitat el desarrollo, aplicación y ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que establece el Título V. Fíjense, si el Estatut vigente fue impugnado por el Defensor del Pueblo y por el Grupo Popular, y en sentencia del 2010 se permite que el Estatuto defina lo que les acabo de leer, parecería claro que tiene el aval del Constitucional porque es reciente. Fíjense que he hablado ya de seis sentencias distintas del Tribunal Constitucional apoyando nuestra tesis.

Por todas estas razones, una vez más, nos obligan a votar en contra, aun cuando es una cuestión muy técnica, como he reiterado, y que sin duda va a representar una mejora porque la traslación de la normativa europea era necesaria. En cualquier caso, se lleva a cabo con el retraso que es habitual en estas Cámaras, pero aun así va a representar una mejora.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidente.

Con su permiso, voy a intervenir desde el escaño, únicamente para exponer la posición de mi grupo parlamentario.

En su día, cuando se debatió la Ley 14/2010, el Grupo Vasco votó en contra y lo hizo por entender que tenía un afán centralizador. En este sentido, las modificaciones que se plantean, aunque sean pequeñas y de calado muy técnico, como se ha mencionado anteriormente, no hacen sino agravar aquello al mencionar nuevas competencias del Consejo Superior Geográfico y las capacidades de armonización de los datos.

En referencia a las enmiendas que presenta el PDeCAT, discrepamos de la opinión del portavoz del Grupo Popular, en tanto en cuanto él entendía que excedían la trasposición; sin embargo, a nosotros nos parece correcto el planteamiento de las enmiendas porque concurren diversos títulos competenciales autonómicos de carácter sustantivo, que utilizan la cartografía como instrumento para el desarrollo de políticas propias en diversos ámbitos que son exclusivos y están concernidos.

Por lo tanto, el Grupo Vasco votará a favor de las enmiendas presentadas y en contra del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Iparragirre.

¿Va a intervenir algún senador del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No hay nadie.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Quiero destacar un aspecto de carácter formal que nos ha llamado la atención y es que lo que hoy debatimos aquí es una proposición de ley y no un proyecto de ley del Gobierno. Es raro, por lo menos curioso, y les puedo avanzar algunas hipótesis. Supongo que el Partido Popular quiere aprobar alguna proposición de ley durante esta legislatura y, tal y como se las gasta —lo digo con conocimiento de causa porque ha vetado 50 propuestas de mi grupo parlamentario—, quizá haya decidido presentar proposiciones de ley a través de su grupo parlamentario de carácter sui generis, como en este caso —porque correspondería a un proyecto de ley—, y sacar alguna proposición adelante que, por supuesto, no van a vetar. O quizás, es otra hipótesis, haya decidido sortear los trámites de formulación que requiere un proyecto de ley —los órganos consultivos, dictámenes, participación de otros agentes—, tal y como ha hecho con la Proposición de Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, que nos ha llegado hace muy poquito al Senado. Son solo hipótesis.

Respecto al objeto y a los contenidos de la proposición de ley que nos ocupa, como ya se ha dicho aquí, es un asunto muy técnico pues estamos hablando de una infraestructura de información geográfica. Básicamente, se trata de una estructura virtual, en red, integrada por datos geográficos y, por lo tanto, georreferenciados. Es la trasposición, como también se ha dicho, de una directiva que reconoce que la mayoría de la información espacial de calidad se produce y está disponible en los ámbitos locales y regionales, pero que es difícil de utilizar en un contexto más amplio y hay determinados problemas que trata de solucionar. No cabe duda de la importancia de avanzar en el acceso a datos de calidad y, por eso, mi grupo votará a favor de esta propuesta.

Es verdad que gracias a la información geográfica, por ejemplo, podemos ver plasmadas en un mapa las fracturas sociales y la desigualdad. Por ejemplo, el pasado 3 de abril, el Ayuntamiento de Madrid publicaba un informe en el que aparecía, en colores, la negra realidad: las diferencias que existen entre los barrios ricos y los barrios pobres en Madrid. La esperanza de vida en Madrid depende de que vivas a un lado o a otro del Manzanares. Igualmente, en el caso de Barcelona, la Agencia de Salud Pública, que lleva años preocupándose por temas relacionados con la brecha social, en 2012 exponía que una persona que viva en Ciutat Vella vivía una media de ocho años menos que otra que viviese en Sant Gervasi; o que en 2015 esa franja se iba ampliando, hasta los once años, entre Torre Baró y Sant Gervasi.

En todo caso, tengo que hacer una advertencia y es que la información geográfica de la que estamos hablando ayudará a detectar problemas, pero no a solucionarlos. Esto no depende de la geografía ni de los datos sino que depende de la política, y ahí es donde creo que el Partido Popular, del que no hay casi nadie, falla. (El señor Puche Rodríguez-Acosta: Somos más que los de Podemos). Sí, es verdad, alguno hay. Pues bien, repito: ahí es donde el Partido Popular falla. De nada vale la información si no se tiene un proyecto de país, donde la inclusión social y la igualdad de oportunidades sean elementos centrales y objetivos prioritarios.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Hoy debatimos la proposición de ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. De la lectura y el análisis que se propone vemos que se trata de una simple trasposición de una directiva europea, que realiza alguna puntualización y que afecta a aspectos técnicos. Pero antes de nada es necesario saber lo que la Ley 14/2010, sobre infraestructuras y servicios de información geográfica ha supuesto realmente para nuestro país.

Hasta que el 14 de marzo de 2007 el Parlamento Europeo y el Consejo no aprobaron la directiva por la cual se establecería una infraestructura espacial en la Comunidad Europea llamada Inspire, los datos geográficos eran comercializados. Hasta ese momento, el trato que se hacía de esa información suponía todo un negocio pues se ofrecía a cambio de la aplicación de una serie de tarifas y, precisamente, para evitar el negocio que hasta ese momento suponía el acceso a la información geográfica, en 2007 se produjo la aprobación de dicha directiva. Consecuencia de ello fue también el cambio de concepción que hasta ese momento se tenía de la información geográfica que, a partir de ahí, iba a ser accesible a todo aquel que la necesitara.

Además, tal cambio de concepción nos serviría para algo más. Se iba a establecer una infraestructura de información geográfica para toda la Unión Europea que serviría para adoptar políticas y, consecuencia de ello, para realizar acciones y actuaciones que incidirían, entre otras materias, en el medioambiente.

La trasposición de esa directiva en nuestro país, que se logró con la aprobación de la Ley 14/2010, de 5 de julio sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica, se hizo bajo un Gobierno socialista y suponía establecer una norma moderna, una norma operativa que abriría la información al ciudadano. Hay que recordar que fue una ley que se elaboró de forma pactada, intentando conseguir el mayor acuerdo posible entre los grupos parlamentarios de aquel momento. Hubo acuerdo con el Partido Popular y también con otros grupos minoritarios de aquel entonces; la única excepción en ese acuerdo fueron algunos partidos nacionalistas que hoy, como hemos visto, seguramente tampoco presten su apoyo. Pero, además, se hizo con el acuerdo de las comunidades autónomas, a las que se dio participación y, también, como no podía ser de otra forma, se consultó a los colegios de geógrafos por ser estos conocedores del tema y quienes más tenían que decir al respecto. Pues bien, esa ley también se elaboró con la participación y con el acuerdo de los colegios de geógrafos.

Con la aprobación final de la Ley 14/2010 se dio un paso gigantesco en la forma de entender y ofrecer la información geográfica a través de una infraestructura, consiguiendo un concepto moderno y de mayor operatividad a la hora de ofrecer la información por parte de las administraciones públicas y de ponerla al servicio de todas y de todos. Hoy día vemos el acceso a esa información como algo normal, que cualquiera de nosotros realizamos con habitualidad y, consecuencia de ello, ha sido el incremento exponencial que se ha producido en el acceso a la información. Solo hay que ver los millones de accesos que se producen hoy día en las sedes electrónicas, por ejemplo, de la Dirección General del Catastro, con más de 150 millones de accesos, o del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con 132 millones de accesos, en este caso motivado en gran parte porque agricultores y ganaderos deben acceder a ella para solicitar las ayudas.

Con la aprobación y puesta en marcha de la Ley 14/2010 se produjo un hecho de especial relevancia para la sociedad, y en particular para el usuario, que fue la liberación de datos, su libre acceso, que era un concepto que hasta ese momento no se tenía. Vemos que en ese primer momento en que se efectuó la trasposición de la directiva europea de 2007 a través de la Ley 14/2010, hubo acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios, hubo acuerdo y participación de las comunidades autónomas y también participación y el visto bueno de los colegios de geógrafos. La modificación que se propone ahora, de igual forma, debe contar con el mismo acuerdo y con la participación de los mismos actores.

Por otro lado, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo PDeCAT, tengo que decir que no entendemos dónde pueden ver que exista algún tipo de conflicto competencial, como reflejan sus enmiendas. Como he dicho con anterioridad, tras la lectura y el estudio detallado de la modificación que plantea esta proposición, no vemos por ningún lado cómo puede afectar a competencia alguna de la Generalitat; ni de la Generalitat ni de ninguna otra comunidad autónoma. Es más, ninguna otra comunidad autónoma ha puesto objeción alguna al respecto. Tal y como manifesté en la comisión, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña el que dispondrá las competencias que le corresponden a la Generalitat, de igual forma que serán los estatutos del resto de comunidades autónomas los que dispondrán las competencias de cada una de ellas.

Podríamos comprender que el Grupo Parlamentario PDeCAT intente defender cualquier tipo de intromisión en las competencias que le puedan afectar a la Generalitat, pero no es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, entendemos que no hay ese debate y que no hay vulneración alguna de competencias. Es más, siendo conocedores de que esta trasposición se ha dado a conocer a las distintas comunidades autónomas y también ha sido dada a conocer —como decía con anterioridad— a los distintos colegios de geógrafos, y ninguna de ellas, y ninguno de ellos tampoco, han puesto objeción alguna, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará las enmiendas presentadas por el PDeCAT.

Las enmiendas primera, segunda y quinta hacen referencia precisamente a que pueda existir un conflicto competencial que nosotros no vemos por ningún lado, y las enmiendas tercera y cuarta son acciones consecuencia de las primeras. Si las primeras no las aceptamos, las segundas, en consecuencia, tampoco.

Para finalizar, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista dará su apoyo a la presente proposición de ley, porque entendemos que es una mera trasposición de una directiva europea. Se trata únicamente de realizar una serie de puntualizaciones, se trata de unas modificaciones meramente técnicas y además no vemos que haya conflicto competencial.

De igual manera que la Ley 14/2010 tuvo el acuerdo de comunidades autónomas y el visto bueno de colegios de geógrafos, esta proposición que hoy se presenta también lo tiene. Sobre todo, porque desde que se aprobó la Ley 14/2010, España ofrece unos servicios modernos de información geográfica, siempre realizados en coordinación con las distintas administraciones y con los distintos organismos, y con la modificación que se propone, esperamos que esto se siga realizando durante muchos años más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, presidente.

Después de este debate y tras la exposición del portavoz socialista, queda claro que esta proposición de ley es una mera adaptación de una directiva europea, que es un trámite puramente técnico. Por lo tanto, sacar aquí viejas historias de enfrentamientos y de centralizaciones no ha lugar. Ustedes tienen otro camino para hacer eso. Yo se lo digo, hagan ustedes uso de su capacidad legislativa y pidan modificaciones en el texto refundido, como le indicaba antes.

Creo que este tema se ha excedido casi hasta en el tiempo, no pensaba yo que esto iba a durar más de cinco minutos, las cosas como son, porque es un mero trámite que estamos haciendo después del Congreso de los Diputados.

Hago mías las palabras del portavoz socialista, creo que esto ha sido un gran avance en el derecho a la información, el derecho de los terceros. Por lo tanto, debemos felicitarnos, porque además son derechos de todos los españoles, pero no solo eso, de todos los europeos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Europa. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Sánchez.

Señorías, como la previsión que se había hecho era comenzar las votaciones a partir de las tres y media, suspendemos el Pleno hasta esa hora, en que lo reanudaremos.

Eran las quince horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Tomen asiento, señorías,

Cierren las puertas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UNA EMISIÓN FILATÉLICA Y UNA MONEDA CONMEMORATIVA DE LOS CENTENARIOS QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRARÁ DURANTE EL AÑO 2018. (Votación). 662/000113 GPMX

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en primer lugar la propuesta de modificación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, firmada por todos los grupos, menos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 240; a favor, 217; en contra, 2; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/2015, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA LA SUPRESIÓN DE LA TASA A LA QUE ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. (Votación). 622/000018 GPER

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2015, de 13 de julio, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Les informo de que la senadora María Aparicio Calzada, del Grupo Parlamentario Popular, ha hecho uso de la votación telemática y ha votado en sentido contrario. Por lo tanto, este voto se añadirá al que resulte de la votación en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251 más 1 voto telemático, 252; votos emitidos, 251 más 1 voto telemático, 252; a favor, 109; en contra, 142 más 1 voto telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, para la supresión de la tasa a la que está sujeto el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2010, DE 5 DE JULIO, SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Votación). 624/000008 Fomento

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

Se ha pedido votación separada.

Por lo tanto, en primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 1, 2 y 5, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 46; en contra, 200; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, señorías, las enmiendas números 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 24; en contra, 223; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan también rechazadas.

Una vez rechazadas las enmiendas, votamos en un solo acto la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 226; en contra, 10; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.

Antes de levantar la sesión, les informo de que a continuación se van a reunir la Mesa y Portavoces de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad en la sala 20003, la Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia en la Sala Manuel Jiménez Abad, y la Mesa y Portavoces de la Comisión de Entidades Locales en la sala Manuel Broseta.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.

Eran las quince horas y cuarenta minutos.


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