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DS. Senado, Pleno, núm. 56, de 07/02/2018
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 30

celebrada el miércoles, 7 de febrero de 2018

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a que reconozca el carácter de servicio público esencial al transporte aéreo regular de personas de los territorios extrapeninsulares con la península. 671/000059 Ceuta; Islas Baleares; Islas Canarias; Melilla; servicio público; transporte aéreo GPS


MOCIONES

Moción por la que el Senado manifiesta su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015. 662/000093 Cámara Alta; declaración pública; procedimiento penal; sanción penal GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a valorar la regulación de las criptomonedas para garantizar la seguridad jurídica y evitar fraudes. 662/000094 moneda internacional; política económica; política fiscal GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de transparencia en la actuación legislativa o ejecutiva de las personas con responsabilidad pública. 662/000088 cargo público; transparencia administrativa GPPOD


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000008 sequía Medio Ambiente y Cambio Climático


REGLAMENTO DEL SENADO

TOMA EN CONSIDERACIÓN

Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.3. 626/000009 Cámara Alta; reglamento parlamentario GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RECONOZCA EL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL AL TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE PERSONAS DE LOS TERRITORIOS EXTRAPENINSULARES CON LA PENÍNSULA. 671/000059 GPS

El señor presidente informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción, ha presentado una enmienda de adición, que se entiende se adiciona al texto original de la moción.

La señora Delgado Oval defiende la moción originaria, con la enmienda incorporada.

La señora Castilla Herrera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de esta senadora.

El señor Navarrete Pla defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y el propio señor Navarrete Pla.

El señor Picornell Grenzner da por defendida la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Garrido Gutiérrez defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Ramis Socías defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Delgado Oval expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Castilla Herrera, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la número 1 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera y el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Garrido Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Delgado Oval, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Soler Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Antich Oliver pide la palabra por alusiones.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Castilla Herrera, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la número 1 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 104; en contra, 145; abstenciones, 6.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU APOYO A LA FIGURA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE INCORPORADA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015. 662/000093 GPP

El señor Rodríguez Pérez defiende la moción.

El señor Marcos Arias defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias.

El señor Mulet García defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Muñoz de la Iglesia expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Marcos Arias, el señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz de la Iglesia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Mora Grande pide la palabra por alusiones.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 147; en contra, 102; abstenciones, 5.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VALORAR LA REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EVITAR FRAUDES. 662/000094 GPP

El señor presidente informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción, ha presentado una corrección que debe entenderse como una enmienda que modifica el texto original de la moción. Asimismo, comunica que se ha presentado una propuesta de modificación, por lo que no se debaten las enmiendas.

La señora Del Brío González defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 35. (*)

* La Mesa, en su reunión del día 13 de febrero de 2018, acuerda anular el voto emitido en nombre de la senadora Felipe Saelices, por lo que el resultado definitivo de la votación es: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 34.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN LA ACTUACIÓN LEGISLATIVA O EJECUTIVA DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA. 662/000088 GPPOD

El señor presidente informa a la Cámara de que se han retirado las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla.

La señora Palencia García defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Palencia García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Moya Nieto, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 109; en contra, 142; abstenciones, 4.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000008 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Quetglas Quesada.

Comienza debate del articulado.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 2 a 9 y 11 a 14, del senador Mulet García y el propio señor Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 27 a 35 y 37 a 40, del señor Cleries i Gonzàlez y la propia senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Santos Fernández defiende las enmiendas 15 a 25, de la señora Ibarz Ibarz y la propia senadora Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Crisol Lafront defiende la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada inicialmente por el señor Alegre Buxeda, el propio señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

El señor Aubà Fleix defiende la enmienda 77, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Quetglas Quesada defiende las enmiendas 56 a 66, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Palomo García defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 41 a 51 y 53 a 55, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 86 a 90, 93 a 96, 98 y 99 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Pons Vila defiende la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 84 y 92, del propio Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront y el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Palomo García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sánchez Zaplana, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



REGLAMENTO DEL SENADO

TOMA EN CONSIDERACIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.3. 626/000009 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

No se ha presentado ninguna propuesta alternativa a la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) y Mixto.

La señora Camarero Benítez defiende la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Freixanet Mateo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora González López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000008 Medio Ambiente y Cambio Climático

Se aprueba la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Socialista, y las propuestas de modificación con números de registro 88083 -con la corrección presentada en el registro número 88139-, 88084, 88085 y 88088.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



REGLAMENTO DEL SENADO

TOMA EN CONSIDERACIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.3. (Votación). 626/000009 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

Se aprueba la toma en consideración.

Se levanta la sesión a las quince horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RECONOZCA EL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL AL TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE PERSONAS DE LOS TERRITORIOS EXTRAPENINSULARES CON LA PENÍNSULA. 671/000059 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción, ha presentado una enmienda de adición, que se entiende se adiciona al texto original de la moción.

Además, a esta moción consecuencia de interpelación se han presentado nueve enmiendas. Cinco del Grupo Parlamentario Mixto: cuatro a iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete y una a iniciativa de la senadora Castilla; una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una corrección de errores a esta enmienda.

Para la defensa de la moción originaria, con la enmienda incorporada, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la senadora Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora DELGADO OVAL: Buenos días, señor presidente.

Señorías, como bien saben, el artículo 138 de la Constitución española indica que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Con esta iniciativa hablamos de más de 3 millones de personas: de Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, así como de las repercusiones que tienen para ellas las comunicaciones y las consecuencias del aislamiento con el territorio peninsular en todos los sentidos, donde el transporte juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social, ya que la lejanía supone una pérdida de oportunidades y de competitividad.

Señorías, no será mera casualidad que en estos territorios la renta per cápita global se sitúe muy por debajo de la media española y que, además, en Canarias, la comunidad más alejada, tengamos los salarios y las pensiones medias más bajas y más del 44 % de la población en exclusión social. La lejanía, evidentemente, influye.

Señorías, a partir de las ocho de la tarde es imposible ir o venir desde Canarias. En realidad, el único medio de transporte efectivo para comunicarnos con el territorio peninsular es el avión y en estos momentos tenemos rutas, frecuencias y plazas escasas, los aviones van y vienen llenos. Por razones geográficas, los más de 3 millones de personas que residimos en estos territorios tenemos que pagar precios desorbitados. ¿Cuántas veces han escuchado que es más barato ir de Canarias a Londres o a Praga o de Baleares a Berlín que de Canarias y Baleares a Madrid? Sin embargo, estamos hablando de una distancia aérea de Tenerife a Londres de 3000 kilómetros y de Tenerife a Madrid no llega a 2000. Si son casi 1000 kilómetros más, ¿por qué nos cuesta menos? Es sencillo: ley de oferta y demanda. ¿De verdad que en esta situación se cumple el artículo 138 de la Constitución española? Señorías, el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fija la obligación de establecer medidas especiales en aras de la cohesión económica, social y territorial de las regiones insulares y transfronterizas, y los principales organismos de la Unión Europea han dictado resoluciones y diversos acuerdos solicitando al Estado medidas para los territorios alejados. Es fundamental garantizar el acceso al transporte de los residentes en las comunidades autónomas alejadas del resto del territorio español en términos de frecuencia, suficiencia, calidad y tarifas adecuadas para que podamos salvar la barrera insalvable para el transporte terrestre del mar.

Señorías, las compañías aéreas trabajan para conseguir unos resultados económicos, su objetivo son los beneficios, no la ciudadanía, no son un servicio público, son empresas privadas sometidas a las reglas del mercado. Ante esta situación, los poderes públicos no solo pueden, sino que deben intervenir. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista propone este paquete de medidas: que se opere con la obligación de servicio público en las conexiones de territorios extrapeninsulares, de forma que se fijen rutas y frecuencias mínimas y tarifas máximas; que se garantice la conectividad diaria con Madrid y Barcelona para islas como La Palma; que se establezcan mecanismos de tarifa punto a punto para aquellas islas que no tienen conexión directa con el territorio peninsular, como La Gomera o El Hierro; la subvención del 100 % de las tasas aeroportuarias; y es fundamental elevar la bonificación para los residentes al 75 % en todos los trayectos entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional.

A estas medidas hemos añadido otras en la enmienda, puesto que nos hemos enterado hace una semana, por el anuncio de AENA, de que se cierra el aeropuerto Tenerife Sur en horario nocturno durante tres meses por las obras de repavimentación de la pista. El aislamiento en el que quedará la isla de Tenerife, la más poblada de Canarias, porque no se ha tenido en cuenta una alternativa al cierre del aeropuerto Tenerife Sur, a pesar de ser una infraestructura clave, no solo para la comunicación de los canarios, sino también para el turismo, principal motor económico de la isla —incluso ha habido compañías que han anunciado que dejan de operar por la noche durante esos tres meses—, ese aislamiento, como decía, pone de manifiesto la necesidad de la segunda pista en el aeropuerto Tenerife Sur, como recoge el Plan director desde el año 1977.

Señorías, urgen soluciones rápidas a este problema.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Termino ya, señor presidente.

Por eso proponemos la apertura del aeropuerto Tenerife Norte las 24 horas del día mientras duren las obras en Tenerife Sur. Esperamos, sinceramente, el apoyo de todos los grupos, porque solo a través de medidas como las que proponemos conseguiremos recortar distancias.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera presenta una enmienda de adición cuyo objetivo es mejorar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda de adición al apartado 3, que quedaría redactado de la siguiente manera: Establecer mecanismos de tarifa punto a punto y exención de tasas especiales para las islas que no tienen conexiones con la Península de forma directa, como La Gomera y El Hierro, sin perjuicio —y esto es lo que se añade— de las inversiones necesarias que se realicen y permitan que los aeropuertos de La Gomera y El Hierro tengan en el futuro una conexión directa con la Península.

Presentamos esta enmienda habida cuenta de que no podemos olvidar, aunque lo que se propone es muy positivo, una realidad muy clara, y es que estas dos islas, La Gomera y El Hierro, son las únicas del archipiélago que no tienen conexión directa con el territorio peninsular, y tampoco podemos dejar de pensar en su desarrollo futuro, por lo que solicito desde ya las inversiones necesarias con el fin de poder aspirar a conexiones directas con la Península y, en su caso, también con territorio internacional. Por ello, solicito al Grupo Parlamentario Socialista que acepte esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

Senyories, el marc de la Unió Europea ens imposa un mercat liberalitzat, que també inclou, per descomptat, el transport aeri. Que estiguem en un denominat mercat lliure no impedeix que existisquen certs mecanismes de control públic com per exemple les OSP. Aquesta obligació solament s’imposarà quan siga necessari garantir els serveis que complisquen determinats requisits en matèria de continuïtat, regularitat, capacitat i preus que les companyies no assumirien si únicament tingueren en compte el seu interès comercial, això diu el reglament sobre les OSP en transport aeri. Aquesta intervenció de l’Administració pública vetlla per la correcta connectivitat entre aquests territoris i per a evitar tarifes abusives per part de les companyies aèries. Per proximitat i per relacions de molt diversa índole, els valencians coneixem perfectament la problemàtica que pateixen en la seva mobilitat els ciutadans de les illes tant de les Balears com de les Canàries i, en general, l’esforç que suposa ser una perifèria; qüestió que s’agreuja quan són illes, quan els seus costos són afegits tant en temps, com en oportunitats, com en costos econòmics, com en preu de bitllet, etcètera, etcètera.

Les esmenes que plantegem parteixen del convenciment i de la necessitat que el Govern reconega de forma clara que el transport aeri és un servei essencial per a les persones que viuen en aquestes comunitats. Les nostres esmenes són: primera, que s’estudie, se sancione i s’evite la picardia entre companyies, i la posició predominant en el mercat interinsular, i que s’aprofiten dels descomptes que hi ha per a residents per a encarir els preus dels bitllets. Segona, demanem analitzar que altres territoris continentals amb baixes freqüències de transport col·lectiu, a més de les illes, quins serien els necessaris per a fomentar i per fer més accessible aquesta mobilitat així com reclamar als organismes de la Unió Europea una anàlisi de la situació perquè plantege propostes i solucions per a prestar garanties de legalitat en especial atenció als territoris ultraperifèrics. Tercera, demanem afegir bonificacions addicionals i incentivar els tràfics i serveis marítims que contribueixen al desenvolupament econòmic del port de la Savina, a Formentera, on no existeix aeroport i, per tant, no es podrien beneficiar de forma tan clara d’aquest caràcter de servei públic, d’interès públic perdó. Quarta i última, plantegem finalment la revisió de les obligacions de servei públic, doncs urgeix que s’incrementen les freqüències per a cobrir la demanda existent de vols entre illes, ja que estan en aquest moment en decreixement.

Per tant, esperem que el Grup Socialista accepte estes esmenes perquè creiem que enriquixen aquesta moció.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señorías, el marco de la Unión Europea nos impone un mercado liberalizado que también incluye, por supuesto, el transporte aéreo. Que estemos en un denominado mercado libre no impide que existan ciertos mecanismos de control público, como, por ejemplo, las OSP. Esta obligación solamente se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios, que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial. Esto es lo que dice el reglamento sobre las OSP en transporte aéreo. Esta intervención de la Administración pública vela por la correcta conectividad de estos territorios y para evitar tarifas abusivas por parte de las compañías aéreas. Por proximidad y relaciones de muy diversa índole, los valencianos conocemos perfectamente la problemática que sufren en su movilidad los ciudadanos de las islas, tanto de Baleares como de Canarias, y en general del esfuerzo que supone ser una periferia, cuestión que se agrava cuando se trata de islas, cuando hay costes añadidos tanto en tiempo, como en oportunidades, como en precio de billetes, etcétera.

Las enmiendas que planteamos parten del convencimiento y la necesidad de que el Gobierno reconozca de forma clara que el transporte aéreo es un servicio esencial para las personas que viven en esas comunidades. Nuestras enmiendas pretenden, primero, que se estudie, sancione y evite la picardía entre las compañías y la posición predominante del mercado interinsular, y que no se aprovechen de los descuentos de residentes para encarecer los billetes. Segundo, que se analice en qué otros territorios continentales con bajas frecuencias en los transportes colectivos, además de las islas, sería necesario fomentar y hacer más asequible el derecho a esta movilidad, así como reclamar a los organismos de la Unión Europea un análisis de la situación para que planteen propuestas y soluciones para prestar con garantías y legalidad una especial atención a los territorios ultraperiféricos. Tercero, que se añadan bonificaciones adicionales para incentivar tráficos y servicios marítimos que contribuyan al desarrollo económico del puerto de la Savina, en Formentera, donde no existe un aeropuerto, y por tanto, no se podría beneficiar de forma tan clara de este carácter de interés público. Cuarto y último, que se revisen las condiciones de la obligación de servicio público, ya que urge que se incrementen las frecuencias para cubrir la demanda existente de vuelos interislas, que en este momento están en decrecimiento.

Esperamos que el Grupo Socialista acepte estas enmiendas porque creemos que enriquecen la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Dono per defensada l’esmena, senyor president, gràcies.

Doy por defendida la enmienda, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

En nombre de mi grupo quiero apuntar dos cuestiones que me parecen básicas y enriquecen la moción presentada por el Grupo Socialista. La primera se refiere a los fraudes cometidos por algunas compañías aéreas, fraudes que en algunos casos se han realizado de forma continuada en las deducciones de los trayectos. De esta forma, algunas empresas de viajes han sido condenadas por estos hechos. Los errores en la contabilización de los trayectos han supuesto, por un lado, un lucro importante para las compañías aéreas y, por otro, que la Administración asuma gastos que no le corresponden. Sabemos que existe un problema de contabilización de las deducciones en el sistema actual cuya detección, además, no fue posible durante un tiempo. Teniendo en cuenta que el ministerio y también la Confederación Española de Agencias de Viaje han mostrado su disponibilidad para este cambio, consideramos que es de recibo solicitar que se desarrollen cuanto antes mecanismos de deducción adecuados y, sobre todo, el control de las mismas.

La segunda enmienda se refiere a una cuestión muy importante que además tiene carácter transversal. Nos referimos al cuidado del medioambiente. Como ya sabemos, el transporte aéreo es altamente contaminante, pero, en muchas ocasiones, como es el caso, es imprescindible la utilización de este medio de transporte. Si es así, y sabiendo que el transporte aéreo podría aumentar entre un 200 % y un 300 % en las próximas décadas, se hace necesario mejorar los procesos de combustión de la flota. En este sentido, la Organización de Aviación Civil Internacional se propuso como objetivo reducir 650 billones de toneladas de CO2 hasta el año 2040. Creemos que es un objetivo loable, pero, en todo caso, insuficiente y, por lo tanto, sería interesante exigir a las administraciones que hicieran un esfuerzo para mejorar estos procedimientos, regular la reducción de las emisiones del transporte aéreo y establecer medidas ambiciosas para su composición que sean efectivas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramis.

El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante, para que no haya dudas, que estamos de acuerdo con esta moción, no tanto con su texto literal, pero sí con su filosofía: dar contenido real al mandato constitucional de igualdad de todos los españoles, el principio de solidaridad establecido en artículo 138 de nuestra Constitución. Queremos votar a favor de seguir avanzando en el camino de la igualdad de todos los españoles, en especial, de los territorios extrapeninsulares, y lo vamos a hacer, si ustedes nos lo permiten.

Para hacer posible este voto positivo, precisamente para esto, hemos presentado esta enmienda. Queremos el descuento del 75 %, y la forma de hacerlo es trabajar, pasar del verso de las propuestas a la prosa. ¿De qué hablamos? Cuando ustedes nos piden más obligaciones de servicio público, menos tasas, más descuento aéreo, ¿es simple voluntad política? ¿Son buenas intenciones? No, señorías, estamos hablando de algo muy poco prosaico, estamos hablando de dinero, estamos hablando de 200, 300, 400 millones de euros. La cantidad no es la cuestión, la cuestión es que dinero significa presupuestos, presupuestos significa aprobación en el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados significa mayoría suficiente para aprobarlos, mayoría que mi grupo no tiene. Esa es una evidencia, es una simple constatación empírica, es la realidad. Por tanto, señorías, senadores del Grupo Socialista, no podemos elevar al 75 % —ese es el término que ustedes están utilizando: elevar al 75 %— el descuento en los presupuestos generales, porque no tenemos mayoría para ello. Sin embargo, si ustedes se creen lo que escriben, si ustedes defienden lo que han dicho, lo tienen tremendamente fácil: expliciten el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y les garantizo que mi grupo pasará del 50 % al 75 % de descuento, por cierto, como ya hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, que pasó del 33 % al 50 % y estableció el descuento del 75 % en los vuelos interislas. En definitiva, ese es el contenido de nuestra enmienda. No podemos aprobar esta moción —aunque queramos hacerlo— tal cual la han presentado ustedes. Invito al resto de los grupos políticos que han presentado enmiendas que apoyan esta moción a que también apoyen nuestra enmienda, y a que lo estudiemos y podamos aprobar ese descuento del 75 %, pero les necesitamos a ustedes, señorías.

Señores senadores de los territorios extrapeninsulares —Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla—, convenzan a sus grupos en el Congreso de los Diputados para que nos presten su apoyo. Yo, en este caso, les garantizo el apoyo de mi grupo, del Partido Popular. Obviamente, ese es el texto, como no puede ser otro, de nuestra enmienda. Los apartados 1, 2 y 3 hablan de profundizar en las obligaciones de servicio público, controlar los que ya existen, cumplir la normativa marco europea, impulsar y potenciar la conectividad y, efectivamente, ese aumento al 75 % previo el trámite, que no tiene nada de formal, de la aprobación de los presupuestos.

Entro muy rápidamente en el resto de enmiendas que se han presentado y que no podemos apoyar por distintas razones, básicamente las expuestas. Tienen contenido económico y no depende de nosotros, del Partido Popular, aprobar ese contenido económico. Hay normativas marco europeas de obligado cumplimiento que se estarían saltando y hay otras, como la de Tenerife Norte, a la que ha hecho referencia la compañera, que son técnicamente imposibles, inviables.

Acabo, señorías. Me dirijo especialmente a aquellos senadores de territorios extrapeninsulares que no son de mi grupo, pero que defienden los intereses de España defendiendo a cada uno de los residentes de su territorio. Sé que, como yo, creen en la justicia social que representa el objetivo, que no el texto, de esta moción y por ello les pido que no permitan que, por un simple titular de prensa, por el prurito político de mantenerla y no enmendarla —nunca mejor dicho—, no se apruebe esta moción con cuya filosofía estamos de acuerdo. Acepten esta enmienda, permitan el consenso, anticipen los intereses de sus ciudadanos a los de su partido político y hagan posible con su voto, y como paso previo, la aprobación del 75 % de descuento en vuelos extrapeninsulares en los Presupuestos Generales de 2018, en el único ámbito donde esto es posible: el Congreso de los Diputados.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RAMIS SOCÍAS: Señores socialistas, la pelota está en su tejado. Suya es la responsabilidad.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis.

Tiene la palabra la senadora Delgado para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias a todos los grupos que han presentado enmiendas. He podido hablar con todos y les he explicado las razones por las que vamos a apoyar algunas y otras, no. Voy a empezar por el Grupo Popular.

Señor Ramis, dice usted que están de acuerdo con la filosofía de lo que aquí solicitamos, que están de acuerdo con garantizar el principio de solidaridad y que les gustaría votar afirmativamente. Dicen ustedes que el dinero no es el problema, pero entonces no entendemos por qué no incluyen ninguna de las propuestas que hacemos en esta moción para abaratar los precios de los billetes, y me dirijo al señor Imbroda, senador y presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que apoye esta iniciativa y así los ciudadanos de Ceuta y Melilla puedan viajar a la Península con ese 75 % de bonificación al residente. No incluyen ninguna de las iniciativas que proponemos, ni el 75 % ni la subvención, ninguna de ellas, y miren que les proponemos medidas.

Es fácil, ¿apoyan la iniciativa, sí o no? Es fácil, ¿quieren que los ciudadanos de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla viajen con la bonificación del 75 %, sí o no? Si la respuesta es sí, voten a favor de la iniciativa y traigan ustedes, por favor, unos presupuestos. Si no saben hacer los presupuestos o no tienen capacidad para ello, váyanse del Gobierno. Váyanse, simplemente. (Rumores.— Aplausos).

Las medidas están muy claras, y lo que les pedimos es que voten a favor, no lo que ustedes ponen aquí: estudiar si se incluyen en los presupuestos. Nosotros sabemos claramente que es posible. Estamos hablando de 3 millones de personas que tienen muchas dificultades para moverse. No olviden que muchas veces se mueven por problemas de salud y van a hospitales que están en territorio peninsular. Se olvidan ustedes también de los ciudadanos de La Gomera y de El Hierro, porque no dicen ustedes nada.

En cuanto al aeropuerto de Tenerife Sur, aclárense, por favor, porque ustedes dicen aquí que técnicamente no es viable abrir el Tenerife Norte y en Canarias dicen que no lo abren porque las compañías no lo han pedido. Miren, solo Ryanair ha anunciado que cancela 60 000 plazas. Hagan ustedes la cuenta; eso supone pérdidas de millones de euros para Canarias y que los ciudadanos de Tenerife queden totalmente aislados.

Por lo tanto, vamos a rechazar la enmienda del Grupo Popular y vamos a pedir que voten a favor de ese 75 %.

Vamos a aceptar la enmienda de Esquerra Republicana, pero queremos dejar clara una cosa.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Y es que para declarar la obligación de servicio público, hay dos opciones: o bien en invierno, como se está operando ahora, o bien limitar la obligación de servicio público a regular unas condiciones que garanticen capacidad, frecuencia, buenos horarios y precio sin que esto signifique un concurso público.

Termino, señor presidente. Con respecto a las enmiendas de Podemos, vamos a aceptar la número 1. Estamos de acuerdo con la 2, pero pensamos que debería ser una proposición global —y nosotros la apoyaríamos— que hablase de todo el transporte para la incorporación de estándares de reducción de las emisiones de carbono. Por lo tanto, aceptamos la enmienda 1, pero no la número 2.

Con respecto a las enmiendas de Compromís, nosotros queríamos centrar en esta iniciativa la problemática del transporte aéreo extrapeninsular y ellos proponen una serie de cuestiones en territorio continental o entre las islas.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Por lo tanto, no aceptamos ninguna de las enmiendas.

Senadora Castilla, por supuesto aceptamos la enmienda de la ASG.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera, como no podía ser de otra manera, va a votar a favor de la presente moción, pues viene a poner de manifiesto, una vez más, las singularidades, necesidades y carencias del archipiélago canario y también de otros territorios extrapeninsulares con los que nos solidarizamos.

No es la primera ocasión en la que se trata en esta Cámara el aislamiento, en lo que a transporte aéreo se refiere, al que estamos sometidos los canarios. Somos varios los senadores del archipiélago que hemos venido pidiendo de forma reiterada y constante una solución y una compensación justas.

Señorías, es necesario modular las políticas económicas estatales. Como he dicho, en Canarias tenemos nuestras singularidades: la insularidad, la condición de región ultraperiférica y la doble insularidad, así como limitaciones estructurales permanentes, en particular en el caso de las islas de La Gomera y El Hierro. El Estado debe reconocer y compensar estas especificidades porque los canarios no queremos más de lo que nos merecemos, sino que lo que queremos es estar en condiciones de igualdad con el resto de los españoles.

El Proyecto de Ley sobre modificación del régimen económico y fiscal de Canarias ya contempla una de las cuestiones que se piden en la moción que hoy se debate en relación con el transporte aéreo, y es que ya se reconoce el carácter de servicio público esencial. Se reconoce su carácter estratégico y esencial para la cohesión económica, social y territorial del archipiélago. Se prevén medidas que incentiven una mayor conectividad de Canarias y una mayor competitividad de sus sectores estratégicos. Se tienen en cuenta los costes adicionales derivados de la doble insularidad para las islas, por ejemplo, de La Gomera y El Hierro, y el principio de continuidad territorial. No obstante, señorías, a pesar de todo esto, los canarios hemos tenido que sufrir un último episodio de menosprecio por parte del Ejecutivo estatal y por parte de AENA, como es el cierre del aeropuerto Tenerife Sur. Para ilustrar a las señorías que no son de Canarias, quiero señalar que Tenerife cuenta con dos aeropuertos —norte y sur—. Pues bien, para realizar obras destinadas a la mejora de este último aeropuerto —obras que, por supuesto, celebramos— no se ha adoptado medida alguna, sino simplemente se ha comunicado que se cierra este aeropuerto en horario nocturno, desde el 3 abril hasta el 30 de junio de 2018, sin alternativa alguna; bueno, sí, los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura, pero no el de la propia isla de Tenerife.

Por eso, la Agrupación Socialista Gomera quiere mostrar aquí su total rechazo a esta actitud de menosprecio por parte de AENA a los aeropuertos canarios y, en definitiva, de menosprecio hacia su economía, su desarrollo y a todos los canarios, pues no podemos olvidar que vivimos del turismo y que muchos canarios utilizan el Tenerife Sur para desplazarse a la Península por motivos de trabajo, de estudio, médicos y por otras cuestiones.

Por lo tanto, solicito desde aquí que se realicen las gestiones necesarias para que, ante el cierre del aeropuerto Tenerife Sur, desde el 3 de abril al 30 de junio de 2018, se mantenga abierto 24 horas el aeropuerto Tenerife Norte durante todo este tiempo, como también en caso de prolongarse las obras de reparación. Así podremos dar satisfacción al interés general y, en definitiva, atender las necesidades de los canarios y de todas las personas que nos visitan.

Espero que lo que aquí digo se discuta y tenga un efecto positivo. Y digo esto porque ayer, ante una pregunta oral al ministro de Fomento sobre otro aeropuerto canario, el ministro dijo que no existían solicitudes de compañías aéreas para dar respuesta al problema que tenía ese aeropuerto, lo cual no deja de sorprenderme, pues la pregunta del senador respondía al interés general. En este sentido, el ministro debería dar respuesta al interés general de todos los canarios, pero no sé si le interesa más la iniciativa del sector privado que la de un senador, que representa a muchos ciudadanos, los cuales nos eligen para estar aquí. Lo dejo ahí, pero les pido a todas sus señorías que, por favor, si tienen en cuenta las realidades de todos estos territorios, apoyen la presente moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Sí, bon dia, president.

Des de l’escó, ràpidament, per a manifestar el suport del Partit Demòcrata a aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista. I per anunciar també que, més endavant, presentarem iniciatives en aquest sentit, recollint suggeriments i propostes que fan més per Menorca d’enllaçar vols entre Barcelona i Menorca de manera directa i de manera bonificada.

Gràcies.

Buenos días, presidente.

Intervengo desde el escaño, rápidamente, para manifestar el apoyo del Partido Demócrata a la moción del Grupo Socialista, así como anunciar que más adelante vamos a presentar iniciativas en este sentido, recogiendo sugerencias y propuestas que hacen para enlazar Menorca con Barcelona a través de vuelos directos y de manera unificada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Primer gràcies a la portaveu del Grup Socialista per les seues explicacions, del per què no ens han acceptat cap de les nostres mocions, cosa que altres no fan.

I ara, unes petites reflexions sobre les seues explicacions. Ens ha dit que no acceptaven la primera perquè ja existeix una comissió mixta entre el Ministeri de Foment i les diferents comunitats autònomes per a tractar estos temes. Sí, però si vostè analitza les deliberacions i les anàlisis que fa aquesta comissió en cap moment es tracta el tema que parlàvem en el punt 1, per tant, voldríem que la comissió mixta o un altre organisme analitzés este punt. També ens diuen que no a les altres tres esmenes, a dos d’estes tres esmenes més perquè no forma part del tema a tractar, perquè diuen que estem tractant tema de transport continental i de transport entre illes. Bé, hi estem d’acord però si estem parlant d’un transport a gent que per les seves condicions geogràfiques tenen pitjors condicions d’accés a eixe transport podríem incloure-les en estos conceptes i també incloure-les en les OSP.

I, per últim, ens diuen també que no a fomentar el transport al port de la Savina, de la part de Formentera. Consultats els nostres companys de MES a Formentera, ens diuen que sí, que correcte, que existeixen eixes subvencions però que haurien de ser més i millors i per a això caldria analitzar-les i millorar-les.

Per últim, tot i no haver acceptat cap de les nostres esmenes, els anunciem que votarem a favor d’esta moció perquè creiem que és necessària tot i no estar d’acord en un concepte que es traspua en esta moció que és el centralisme del transport. Reforça un model caduc de transport radial perquè sempre demana garantir la connectivitat diària amb en Madrid i Barcelona. Les Illes Balears estan prou a prop de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, com per a demanar que incloguen en les OSP un transport aeri o marítim a València i a Alacant. Alacant és el tercer aeroport d’Espanya. Per tant, per què no, resultaria més barat per a les arques públiques eixe transport cap al País Valencià. Per tant, crec que seria necessari replantejar-nos eixe model caduc de transport radial per a incloure en les OSP estos conceptes de transport a altres comunitats autònomes més a prop i més barates per a les arques públiques.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por sus explicaciones de por qué no han aceptado ninguna de nuestras enmiendas, cosa que otros no hacen.

A continuación, haré unas pequeñas reflexiones acerca de sus explicaciones. Nos han dicho que no aceptaban nuestra primera enmienda porque ya existe una comisión mixta entre el Ministerio de Fomento y las diferentes comunidades autónomas para tratar estos temas. Sí, pero si analiza las deliberaciones de esta comisión verá que en ningún momento se tratan los asuntos que abordábamos en este primer punto. Por tanto, queremos que la comisión mixta u otro organismo los analicen. También nos han dicho que no a las otras tres enmiendas porque no forman parte del tema a tratar: el transporte intercontinental y entre islas. Estamos de acuerdo, pero podríamos incluir en estos conceptos las pésimas condiciones de transporte que tienen determinadas personas por motivo de su situación geográfica, y también en las OSP.

Por último, nos dicen que no a nuestra proposición de fomentar el transporte en el puerto de La Savina, en Formentera. Consultados nuestros compañeros en Formentera, nos dicen que sí, que existen esas subvenciones, pero que tendrían que ser más y mejores. Por eso, habría que analizarlas y mejorarlas.

Finalmente, aunque no hayan aceptado nuestras enmiendas, les anuncio que votaremos a favor de su moción, pues creemos que es necesaria. Sin embargo, no estamos de acuerdo con un concepto que recoge el centralismo del transporte, que refuerza el modelo caduco del sistema radial, que siempre pide garantizar la conectividad diaria entre Madrid y Barcelona cuando, sin embargo, las islas Baleares están bastante cerca de la País Valenciano. Podría incluirse en las OSP un transporte marítimo y aéreo a Alicante, que es el tercer aeropuerto de España, pues resultaría más barato para las arcas públicas ese transporte hacia el País Valenciano. Creemos que sería necesario replantearnos este modelo caduco de transporte y dirigirlo hacia otras comunidades autónomas, con el fin de que fueran transportes más cercanos y más baratos para las arcas públicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, Andrea es una joven estudiante herreña que se trasladó a Madrid hace unos años a estudiar su carrera, que no existe en Canarias, y aquí encontró además su oportunidad laboral. Desde entonces no ha vuelto a residir en las islas. Carlos es un joven músico que dejó su tierra en busca de las oportunidades que le ofrecía una ciudad como Barcelona, y allí reside en la actualidad. Sofía dejó El Hierro con 25 años para trasladarse a Granada, en principio a finalizar sus estudios, pero en la actualidad reside todavía en esta ciudad porque con su trabajo de media jornada consigue prolongar su formación. ¿Saben lo que tienen en común estas tres personas, señorías? Aparte de que son herreñas y que han salido fuera a labrarse su futuro con su esfuerzo y el de sus familias, ninguna de las tres puede permitirse el lujo de viajar hasta El Hierro más de una semana al año. Los precios desorbitados de los billetes aéreos entre la Península y Canarias, especialmente en las fechas en las que se pretenden reunir con sus familiares, en Navidad, en Semana Santa, en verano, hacen que viajar a su tierra se haya convertido en un auténtico lujo. Esto, por no hablar de los turistas que nos visitan. Hace muy poco coincidí con un grupo de mayores que viajaba a Canarias y durante el vuelo me comentaron lo caro que les había resultado volar hasta las islas, que se lo habían pensado mucho.

Ayer le decía al ministro de Fomento que en una entrevista en un periódico, cuando le preguntaban por los proyectos pendientes, si se aprobaran los nuevos presupuestos, él solo nombraba aumentar los kilómetros de carretera y de ferrocarril. Ya que aquí se ha hablado tanto de los presupuestos, si se aprobaran, ya vemos cuáles serían las prioridades. Por eso es tan importante aprobar hoy esta moción.

Esta es la realidad que estamos debatiendo hoy aquí, una realidad que tiene nombres propios, una realidad que además tiene detrás muchas situaciones personales. No digo que no sean importantes otras reivindicaciones, no queremos desmerecer estas demandas, ni mucho menos, lo que echamos en falta es que el transporte aéreo en los territorios alejados del continente sea también considerado de especial interés porque, en definitiva, los aviones son nuestro AVE y nuestros aeropuertos son las carreteras.

Es un asunto sensible y esencial, por lo que esta moción, en la que se reivindican diferentes medidas para abaratar el coste del billete aéreo entre Canarias y la Península, debe gozar del máximo consenso y apoyo en esta Cámara hoy en este Pleno, y así lo hará la Agrupación Herreña Independiente Coalición Canaria. Esta es la oportunidad, señorías del Partido Popular, de que demuestren a los canarios y a los herreños en particular que por encima de otros intereses están los intereses de la ciudadanía. No estamos pidiendo limosnas, estamos reivindicando estar en igualdad de oportunidades, estar en las mismas condiciones y en el mismo punto de partida que cualquier ciudadano del territorio español, y que nuestra ultraperificidad no sea un escollo sino, más bien al contrario, una oportunidad para crecer en otras direcciones. El Estado debe avanzar, por tanto, y así lo consideramos, en trabajar con el objetivo de que la movilidad a un canario le pueda costar por kilómetro exactamente lo mismo que a un ciudadano peninsular, ni más ni menos. Les insto a cumplir así con el artículo 14 de la Constitución española y leo solamente el fragmento que tiene que ver con esta demanda: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Les invito a respetar y aplicar esa Constitución tan recurrida para algunas cuestiones, espero que también lo sea para esta.

Señorías del Partido Popular, y me dirijo a ustedes porque gozan de un amplia mayoría en esta Cámara, es hora de pasar de las palabras a los hechos, tal y como ustedes mismos reivindican en el Parlamento de Canarias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on. Buenos días.

En primer lugar, quiero enviar un saludo al senador Cruz, proponente de la interpelación. Espero que se mejore.

Decía ayer mismo el ministro en respuesta a una pregunta del senador Rodríguez Cejas que, probablemente, era uno de los aeropuertos canarios de los que más se había hablado en esta Cámara tanto en respuesta a preguntas como en interpelaciones. En el tiempo que llevo en esta Cámara, me ha tocado en varias ocasiones debatir y fijar la postura de nuestro grupo en torno a este tema. La pregunta que debería hacerse el ministro, el grupo que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno sería por qué hay que traer a debate esta cuestión reiteradamente. Si tantas veces se ha hablado al respecto, la conclusión es muy fácil, será porque la solución no está dada, será porque la solución dada no ha sido la acertada o verdaderamente no responde a las necesidades que reiteradamente se trasladan a esta y otras cámaras. Como se ha dicho, los debates se celebran aquí, pero también en Canarias, y las posturas parece que no siempre son las mismas.

Como en otras ocasiones he manifestado en nombre de mi grupo, la posición del Grupo Vasco no puede ser otra que la solidaridad con la postura que se plantea, puesto que en relación con los aeropuertos vascos, en muchas ocasiones hemos planteado las dificultades que teníamos. Acuérdense del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia con la excepcionalidad, o el de Foronda con la reivindicación de las 24 horas.

Este debate nos vuelve a traer una diversa realidad territorial, esa que para el grupo mayoritario y el grupo que apoya al Gobierno no es más que motivo de reivindicación del café para todos; esa justicia o equidad, para que donde haya nacido cada uno no suponga un beneficio, o esa mal llamada en ocasiones solidaridad. Llama la atención que ustedes, que tanto apelan a eso, en este momento no sean capaces de empatizar o de darse cuenta de la realidad que nos trasladan. Lo han puesto de manifiesto aquí anteriormente. Los traslados que tienen que hacer los canarios y las canarias no son únicamente para trabajar, como les puede ocurrir a algunos compañeros que tienen venir a Madrid, sino por motivos de salud, de estudio, por cuestiones necesarias para el día a día, para que todos y todas las canarias tengan calidad de vida.

Por lo tanto, en relación con esas diferentes realidades, llama la atención que la respuesta sea la que han dado ustedes y que no sean conscientes de que esas diferentes realidades necesitan diferentes respuestas, para que dentro de dos legislaturas no se siga debatiendo en esta Cámara sobre las necesidades que reiteradamente plantean las canarias y los canarios. Por lo tanto, el Grupo Vasco dará apoyo, como no podía ser de otra manera, a esta moción.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Sí, bon dia. Gràcies al Partit Socialista per presentar una moció amb una temàtica tan i tan important per als illencs, per la gent que no viu en territori peninsular.



Estem davant d’un problema gran i davant d’un problema que, de fet, fa molts anys que dura. Deixi’m que em centri en la problemàtica de les illes, en general, i Menorca en particular, perquè són els principals afectats de la qüestió. Com deia, és un problema que ve de lluny. Des de més enllà de l’any 2000, que s’està plantejant el debat en reiterades ocasions en seu parlamentària i aquí no ha avançat absolutament ningú. Jo aquí voldria donar les culpes tant al Partit Socialista com al Partit Popular, perquè, de fet, des de l’any 2000 han tingut ocasió en reiterades vegades de canviar i de millorar la qualitat de vida dels menorquins i les menorquines i dels illencs en general, i no ho han fet. I ara avui tornen a portar aquí una moció, es tiren els plats pel cap Partit Popular i Partit Socialista però el més calent és a l’aigüera.

Què hem fet des de l’any 2000? Doncs hem generat consens. Hem generat consens, hem generat unanimitat. Tothom està a favor, tothom entén que necessitem millorar la connectivitat entre les illes. Però, què és el que passar? Insisteixo. En seu parlamentària es porta un debat, s’aprova per unanimitat. Tots els grups parlamentaris estan a favor del que s’està plantejant. Però aquesta iniciativa arriba en forma de proposició de llei al Congrés dels Diputats i el govern del Partit Popular la tomba, ni tan sols deixa que es debati aquesta iniciativa. El Partit Popular, Ciutadans tenen molta responsabilitat en aquest sentit. Per tant, no poden sortir aquí dient que estan a favor d’una cosa i després rebutjar-ho a la mesa del Congrés. Em sap molt greu, és el nostre punt de vista.

Podem posar-hi pedaços, podem posar-hi algunes solucions com el descompte per als residents. Però fins ara res d’això ha funcionat. I, de fet, podríem dir que ja hi ha una obligació de servei públic entre Menorca i Madrid, però per què no hi ha una obligació de servei públic entre Menorca i Barcelona, per exemple? I és evident que el descompte, —que fa anys que existeix i que es va ampliar en els últims pressupostos generals de l’estat— no funciona. I el Partit Popular deia que havíem de passar del vers a la prosa. Doncs mirin, la tarifa plana no garanteix que els ciutadans i ciutadanes puguin traslladar-se amb igualtat de condicions, que ho faria qualsevol persona de la Península. Deixi’, que els posi un exemple. Ahir, un vol, per un dissabte corrent, per un destí Menorca-Barcelona, destí Barcelona, costava, amb el descompte de resident, 120 euros. I això no és operar, no és donar suport a tota la gent que vol desplaçar-se lliurement, que necessita desplaçar-se lliurement i, des d’aquí, també recordar tots els estudiants que s’han de desplaçar.

En el cas de la Península, hi ha una sèrie d’inversions en infraestructures, ferroviàries, en infraestructures terrestres, i què passa amb les illes? Què passa amb aquells territoris que no en poden tenir? Jo crec que aquí l’estat també ha d’empènyer. I, de fet, un diputat del Partit Popular, a l’abril de l’any passat, en seu parlamentària, al Parlament de les illes, deia: si es decideix tarifa plana universal, el que hem de fer és empènyer tots, hem de anar tots cap a l’objectiu. Això ho deia un diputat del Partit Popular. Com deia abans, el més calent és a l’aigüera.

Per tant, tenim una realitat. Tenim una realitat que milers de persones s’han de desplaçar a diferents, a Barcelona, majoritàriament. I no els estem donant cobertura, no els estem ajudant en aquest sentit. El descompte resident no funciona, no serveix, perquè els preus pugen, les tarifes pugen i el descompte es queda al mateix lloc on havíem començat. Per tant, tenim un objectiu, no deixin passar més temps, no es passin la pilota els uns als altres, quan governi el Partit Popular, si us plau, facin alguna cosa. Si governa el Partit Socialista, si us plau, treballin també en aquesta direcció. Millorem la qualitat de vida de tots els menorquins i menorquins, formenterers i formentereres, ibisencs i ibisenques i aconseguim la tarifa plana universal.

Moltes gràcies.

Buenos días.

Quiero dar las gracias al Grupo Socialista por presentar una moción con una temática tan importante para los isleños, para quienes no viven en territorio peninsular. Estamos ante un gran problema que perdura desde hace muchos años. Dejen que me centre en la problemática de las islas en general y de Menorca en particular ya que son los principales afectados por esta cuestión.

Como decía, se trata de un problema que viene de lejos. Más allá del año 2000, se ha venido planteando el debate en reiteradas ocasiones en sede parlamentaria y no se ha avanzado nada. Y yo quisiera culpar aquí tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, porque, de hecho, desde el año 2000 han tenido en reiteradas ocasiones la posibilidad de cambiar la calidad de vida de los menorquines y de las personas de las islas en general y no lo han hecho, y hoy vuelven aquí con una moción, se tiran los platos a la cabeza otra vez, pero no se ha avanzado en nada.

¿Qué hemos hecho desde el año 2000? Hemos generado consenso, unanimidad, todos estamos a favor de la necesidad de mejorar la conectividad entre las islas, pero ¿qué ocurre? Insisto, en sede parlamentaria se debate, se aprueba por unanimidad, todos los grupos parlamentarios votan a favor de lo que se está planteando, pero esta iniciativa llega en forma de propuesta de ley al Congreso de los Diputados y el Gobierno del Partido Popular lo tumba. Ni siquiera deja que se debata esta iniciativa. Y yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos tienen mucha responsabilidad en este sentido. No pueden salir aquí diciendo que están a favor de algo y después rechazarlo en la Mesa del Congreso. Me sabe mal decirlo, pero es nuestro punto de vista.

Podemos dar pequeñas soluciones, como el descuento para los residentes, pero hasta ahora nada de esto ha funcionado. De hecho, podríamos decir que hay una obligación ya de servicio público entre Menorca y Madrid, pero ¿por qué no existe entre Menorca y Barcelona, por ejemplo? Es evidente que el descuento, que hace años que existe y que se amplió en los últimos Presupuestos Generales del Estado, no funciona.

El Partido Popular dijo que teníamos que pasar del verso a la prosa. Pues bien, la tarifa plana no garantiza que los ciudadanos y ciudadanas puedan trasladarse en igualdad de condiciones con cualquier persona de la Península, y voy a ponerles un ejemplo. Ayer un vuelo corriente Menorca-Barcelona costaba con el descuento de residente 120 euros. Esto no es operar o dar apoyo a todos aquellos que quieren o necesitan desplazarse libremente. Y también quiero recordar aquí a todos los estudiantes que se tienen que desplazar.

En el caso de la Península hay una serie de inversiones en infraestructuras ferroviarias terrestres. Pero ¿qué ocurre con las islas, qué ocurre con aquellos territorios que no lo pueden tener? Yo creo que el Estado tiene que dar un impulso. De hecho, un diputado del Partido Popular, en abril del año pasado y en sede parlamentaria, en el Parlamento de las islas, dijo: Si se decide tarifa plana universal, tenemos que impulsarlo todos, tenemos que ir todos hacia el objetivo. Esto lo decía un diputado del Partido Popular.

Como les decía antes, todo está por hacer. Tenemos una realidad: miles de personas se tienen que desplazar a distintas partes, a Barcelona mayoritariamente, y no les estamos dando cobertura ni les estamos ayudando.

El descuento residente no funciona, porque los precios suben, las tarifas suben y el descuento se queda en el mismo sitio que empezó. Tenemos un objetivo, no dejen pasar más tiempo, no se vayan pasando la patata caliente; por favor, Gobierno del Partido Popular: haga alguna cosa. Partido Socialista, también trabajen en esta dirección. Mejoremos la calidad de vida de todos los menorquines y de todas las personas de las islas, también de las de Ibiza, para conseguir la tarifa plana universal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Como algunos estudios recientes demuestran, hay un sobrecoste por el hecho de habitar o de vivir en las islas; se dan algunos factores que son especialmente relevantes y que están interrelacionados, que afectan tanto al coste de vida de los habitantes de las islas como a su calidad de vida; el coste y calidad de vida se ven afectados por esto factores. Podríamos citar que hay recursos naturales y energéticos limitados, servicios públicos escasos y elevados costes de transporte, que es de lo que estamos hablando. Los costes del transporte repercuten en las regiones insulares, fundamentalmente a través de dos vías: por un lado, desde una perspectiva más macroeconómica, el coste de acceso a mercados que tienen las islas por la importación y la exportación de materias primas y todo su proceso de fabricación. Esto significa que esta economía se debe enfrentar a ciertos obstáculos que no tienen otros territorios de la Península. Por otro lado, el sobrecoste que soportan los residentes a la hora de realizar cualquier actividad que requiera movilidad interislas o la conexión con la Península.

En este tipo de territorios se multiplica la necesidad de movilidad, por la carencia en muchos casos de determinados servicios o de oportunidades. Esta situación también es extensible a otras ciudades autónomas, como Ceuta y Melilla, que asumen los mismos sobrecostes. La imposibilidad de llegar hasta la Península por cualquier otro medio de transporte en un plazo razonable de tiempo hacen necesarias, cómo no, ayudas a esta conexión vía aérea. Evidentemente, como recordaba el ministro no hace mucho, esta propuesta tiene un coste, que desde luego es bastante inferior a lo que se gastan en el rescate a radiales privadas o a entidades bancarias.

Lo que no se dijo el otro día es que también la inacción tiene un coste y unas consecuencias. Tiene consecuencias sobre los bolsillos de las personas que habitan en las islas; tiene consecuencias sobre su capacidad de tener igualdad de oportunidades, que es lo importante, con el resto de los españoles y españolas. Porque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos las personas que viajan a la Península no lo hacen para pasear por Madrid o por otra ciudad, sino por motivos laborales, por estudios, por la necesidad de recibir asistencia sanitaria, etcétera. Por tanto, estas personas están a merced de los precios impuestos en estas fechas por los diferentes operadores.

Todo esto genera una cierta indefensión y en muchos casos un sobreesfuerzo económico para las familias y los hogares que en muchos casos tienen recursos limitados. Territorios como Canarias o las ciudades de Ceuta y Melilla, como ya sabemos, concentran altos niveles de paro y de rentas bajas. Por tanto, esta situación hace que resulte más necesario, si cabe, el apoyo a sus ciudadanos y ciudadanas.

Por eso considero que esta moción es totalmente pertinente y mi grupo la apoyará. Quizá nos dejemos en el tintero algunas cuestiones importantes, como la necesidad de atajar el problema de la doble insularidad, como tampoco queremos dejar de recordar la necesidad de mejora de interconexión entre las islas.

En todo caso, repito, mi grupo apoyará esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, con esta moción queremos compensar la lejanía, la insularidad y las limitaciones estructurales para garantizar la cohesión económica, social y territorial. No creo equivocarme si afirmo que todos los partidos con representación en esta Cámara han asumido este compromiso. Ahora toca demostrarlo, señorías del Partido Popular.

Somos más de 3 millones de españoles, reitero, los que residimos lejos y tenemos que viajar a la Península por muchos motivos, por ejemplo, nuestros jóvenes en busca de la titulación que no encuentran en nuestras universidades. Los problemas que tenemos son de sobra conocidos: precios elevados, falta de rutas, escasez de frecuencias, etcétera. Por tanto, ¿estamos, señorías, en igualdad de condiciones los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla cuando el medio de transporte más rápido para nosotros, el avión, tiene unos precios mucho más elevados que otro medio de transporte terrestre al que puede optar un ciudadano en la Península?

No son ustedes el único Gobierno que está en minoría. En Baleares hay un Gobierno en minoría que tiene presupuestos. Traigan ustedes unos presupuestos. Les voy a recordar una foto, tomada el 23 de noviembre de 2017, de una reunión de representantes del Gobierno de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en la que pidieron la bonificación del 75 % y el 100 % de la subvención de las tasas. En esa reunión había representantes de todos los partidos políticos, incluidos los del Partido Popular. Vuelvo a hacer un llamamiento al senador Imbroda, presidente de la ciudad de Melilla: por favor, apoyen esta iniciativa. Sean coherentes con lo que dicen en sus territorios.

El Gobierno puede poner muchas medidas en marcha para compensar esta desigualdad. De la misma manera que el Gobierno trata de mejorar la conectividad en la Península invirtiendo en el AVE, debe invertir en estos territorios, y eso pasa por la subvención del 75 % a los billetes. ¿Cuántas veces han oído ustedes que es más barato ir a Londres desde Canarias o a Berlín desde Baleares que ir a Madrid? La conectividad de estos territorios, señorías, no se puede dejar en manos de las compañías aéreas, no puede depender de las cuentas de resultados y de las políticas empresariales, porque es el único medio de transporte rápido que tenemos.

Señorías, para los que tienen poca memoria, les recuerdo, aunque en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla lo recordamos muy bien, que fue un Gobierno socialista el que subió la bonificación del 33 al 50 % para los residentes en estos territorios. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho nada en todos estos años. El ministro, en el último Pleno, dijo que no teníamos ni idea de lo que costaba esta medida, que costaba 400 millones al año. Nosotros sabemos lo que cuesta esta medida, pero nos preguntamos, ¿sabe el Gobierno y el Partido Popular cuál es el coste para el desarrollo de estos territorios la falta de oportunidades, no tener las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos porque no tenemos forma de desplazarnos? Ante cualquier medida que se presenta para mejorar la conectividad de estos territorios con la Península, el Partido Popular hace lo siguiente: en el Congreso de los Diputados lo veta en la Mesa, y en el Senado dicen que tienen que estudiarlo. Nosotros, lejos de buscar responsables, venimos aquí a plantear soluciones necesarias para garantizar los principios de solidaridad, con atención particular a las circunstancias derivadas del hecho insular, conforme al artículo 138 de la Constitución española.

Quiero recordarles también que Tenerife no puede quedar cerrada a cal y canto en horario nocturno, que urgen soluciones, y la solución es abrir Tenerife Norte en horario nocturno. Señoría, cuando hablamos del aeropuerto Tenerife Sur estamos hablando de uno de los aeropuertos más rentables de España y, por falta de planificación por parte de AENA, se verá obligado a cancelar vuelos y reducir operatividad. Nos parece intolerable e inaceptable y exigimos al Partido Popular que sea responsable.

Ahora, el Partido Popular presenta una enmienda y dice que estudiará los presupuestos. Nosotros proponemos una medida concreta, y es subir al 75 %. ¿Quieren o no? Si quieren, de verdad, voten a favor. Pero parece que el Partido Popular condiciona su apoyo a la igualdad y al principio de solidaridad con Canarias, Baleares Ceuta y Melilla a un cheque en blanco. Qué lástima y que pena, de verdad. No pedimos limosna, pedimos que se cumpla con la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Termino, presidente.

Señorías, mientras el presidente del Gobierno habla de consolidación de la recuperación económica, les diré que somos 3 millones de personas las que seguimos estando lejos del territorio peninsular, y eso tiene consecuencias para nuestra economía y nos resta oportunidades, por lo que el Gobierno no puede ni debe darnos la espalda.

Por último, quiero mandar un afectuoso saludo y desear una pronta recuperación a nuestro compañero, el senador Julio Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Nos unimos a ese deseo de restablecimiento del senador Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Soler.

La señora SOLER TORRES: Gracias, señor presidente.

Bon dia, buenos días. Una vez escuchadas las intervenciones de los diferentes portavoces, quiero decir que parece que salir aquí a decir mentiras sale gratis. Intentaré explicar las verdades. Nos encontramos una vez más ante una moción que solo pretende buscar la división entre los intereses de los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Señora Delgado, ¿usted puede poner en entredicho que nosotros no estemos de acuerdo con elevar una bonificación del 75 % de los precios de los billetes aéreos en todos los trayectos, en ambos sentidos, entre islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional? Por eso hemos presentado la enmienda, enmienda que usted no ha admitido. Curiosamente, ha admitido las del resto de partidos políticos, excepto la del PP, porque, como siempre, el PSOE se equivoca de foro para debatir los temas, busca el titular de prensa en lugar de buscar la solución a los problemas.

En lo referente al aeropuerto de Tenerife Sur —y usted lo conoce, señora Delgado—, sabe que va a estar cerrado desde las once de la noche a las seis y media de la mañana para regenerar el pavimento y que todas las compañías aéreas han reprogramado sus vuelos, excepto Ryanair. ¿Por qué dice lo que dice en esta tribuna?

Senyor Picornell, d’Esquerra Republicana de Catalunya, ses illes són meves, no seves. Meves, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. No de Catalunya. (Aplausos.— Las islas son mías, no suyas. Mías, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. No de Cataluña).

Se lo diré más claro: la OSP Menorca-Barcelona no se puede declarar porque ya está cubierta y usted sabe que Europa no permite hacerlo cuando ya lo está y no se puede declarar. Pero como ustedes están acostumbrados a saltarse la ley, cualquier cosa les sirve.

Y me gustaría refrescarles la memoria, pero no lo voy a hacer porque lo ha manifestado la señora Delgado. Efectivamente, el 22 y 23 de noviembre se reunieron en Palma de Mallorca las delegaciones de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares y curiosamente esas delegaciones —donde gobiernan Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE— aunaron sus esfuerzos y sus reclamaciones y hoy aquí el PSOE pretende dividir estos esfuerzos y estas reclamaciones con una moción oportunista y que llega tarde y mal.

La realidad se impone y la realidad es una. Ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy y será el Gobierno de Mariano Rajoy el que, si consigue aprobar los presupuestos, hará esta bonificación del 75 %. ¿Y qué pasará, señores del PSOE, si ustedes no dan apoyo a estos presupuestos? ¿El PSOE votará en contra de esta bonificación? Vayamos recordando. Con un solo año y seis meses de Gobierno de Rajoy ¿quién ha incrementado del 50 al 75 % el descuento entre islas? ¿Quién ha garantizado el 50 % en la subvención en los desplazamientos hacia y desde la Península por vía marítima y aérea? ¿Quién ha conseguido por ley que Ceuta y Melilla accedan a una compensación de hasta el 50 % de los costes de transporte en determinados productos y se esté trabajando en el desarrollo reglamentario? Y ahora le pregunto, señora Delgado, ¿qué hicieron ustedes en ocho años? Usted aquí ha mentido. (Aplausos).

Les diré más, señores del PSOE, los únicos que pusieron en entredicho y en riesgo las bonificaciones en la crisis económica fue un Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero. Se han aumentado, en el caso de Baleares y Canarias, sensiblemente los porcentajes máximos de compensación de los costes subvencionables en 30 puntos porcentuales. En concreto, me dirijo al señor Antich, que no está en este hemiciclo (Denegaciones), a la señora Delgado, de Canarias, a la señora Quetglas, de Podemos, ¿ustedes, que son de Baleares, Canarias, han convencido a sus partidos políticos para que den su voto favorable a los presupuestos del año 2018?

Ustedes estiman el coste de esta moción en 250 millones de euros, cuando nosotros creemos que no son suficientes ni 400 millones de euros. No es una cuestión económica, es una cuestión política. Puede ser que hagan lo que han hecho hasta ahora, pedir sin ser responsables. (Protestas). A ustedes se les ofreció un presupuesto con el que a todos los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se les daba la oportunidad de tener una bonificación, ¿qué hicieron ustedes? Votaron en contra (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SOLER TORRES: Voy terminando, presidente.

Votaron en contra de nuestros intereses, y ahora aquí usted los quiere defender. ¿Podemos pensar que con su voto favorable a esta moción ustedes quieren llegar a un acuerdo a favor de los presupuestos de 2018 en relación con el transporte aéreo y marítimo entre Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla?

Si no aceptan nuestra enmienda, no nos queda más remedio que votar en contra de esta moción. Pero les digo más, nosotros votaremos a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que se va a reflejar quién está a favor de los intereses de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y quién no, quedando fuera, como siempre, de los intereses de las islas.

Gracias. (Aplausos.— El señor Antich Oliver pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soler.

Senador Antich, tiene la palabra.

El señor ANTICH OLIVER: Señor presidente, estoy convencido de que en el Reglamento del Senado tiene que haber algún artículo que me ampare a la hora de poder contestar a la interpelación que se me ha hecho por parte de la responsable del Grupo Popular (Rumores). Estoy convencido de que un Reglamento como el del Senado tendrá un artículo que me dará la posibilidad de contestar.

El señor PRESIDENTE: Búsquelo usted, senador Antich, a ver si lo encuentra, búsquelo. La única alusión personal que ha habido hacia usted ha sido que no se encontraba presente en la sala y todo el hemiciclo se ha dado cuenta de que efectivamente sí estaba (Rumores).

El señor ANTICH OLIVER: No, señor presidente (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos).

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de la senadora Castilla, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 104; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU APOYO A LA FIGURA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE INCORPORADA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015. 662/000093 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, comparezco en esta tribuna para presentar, otra vez, la moción del Grupo Parlamentario Popular relativa al apoyo que merece la figura de la prisión permanente revisable, ya incorporada, como saben ustedes, a nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015. Y traemos nuevamente esta iniciativa a debate para frenar, digo bien, para frenar la contrarreforma legal que las fuerzas políticas de izquierda y populistas, representadas en esta Cámara, junto con el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos, apoyan para suprimir la prisión permanente revisable de nuestro Código Penal.

Como ya saben todas sus señorías, el Partido Popular está movilizándose en toda España para que, tanto en las instituciones locales como en las asambleas parlamentarias autonómicas, se desarrolle este mismo debate. Y el resultado de este debate, allí donde ya se ha producido, no deja lugar a dudas: somos el único partido que defiende la figura de la prisión permanente revisable. Ciudadanos se abstiene cuando antes pedía su derogación, es decir, es el partido ni del sí ni del no, pero no nos sorprende de un partido que se caracteriza, precisamente, por la revisión permanente de sus principios. Ni tienen las ideas claras ni tienen los principios muy firmes y cuando no se tienen ni las ideas claras ni firmes los principios, esto puede traer consecuencias muy peligrosas para todos los españoles.

Señorías, la figura de la prisión permanente revisable, incorporada al vigente Código Penal, es la respuesta firme, proporcionada y plenamente constitucional frente a aquellos condenados por crímenes atroces, execrables diría yo, que al quedar sin efecto la llamada doctrina Parot, se beneficiaron, sin el menor arrepentimiento, de los mecanismos de reducción de pena y, de esa forma, recobraron la libertad después de unos pocos años de privación de libertad. Todos somos conocedores, señorías, de los casos en que algunos de estos criminales volvieron a delinquir al poco tiempo de volver a la calle. Por esto mismo, existe la necesidad de tener un mecanismo que mantenga en prisión a los asesinos de menores o personas vulnerables, a violadores que matan a sus víctimas, a los terroristas, sin que puedan ver reducida su pena acudiendo a beneficios penitenciarios y, por ello, la prisión permanente revisable se hace imprescindible como respuesta proporcionada, como he dicho.

La prisión permanente revisable no es equiparable, señorías, a la cadena perpetua; por el contrario, establece un tiempo de privación de libertad que no se podrá reducir para salir en libertad provisional y que se podrá solicitar superado ese tiempo de prisión, poniendo en manos de la justicia cada uno de los casos para verificar fehacientemente si se dan o no las condiciones de arrepentimiento y reinserción antes de volver a convivir en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios y con nuestras familias. La fórmula de la prisión permanente revisable está ampliamente homologada y asumida en muchos países de la Unión Europea. Por tanto, no somos ninguna excepción. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Grecia son algunos ejemplos de países europeos cuyos ordenamientos jurídicos prevén figuras similares, en algunos casos, para supuestos delictivos en mayor número que en el caso de nuestro ordenamiento jurídico.

Señorías, en un tema como este permítanme decirles que hay que hablar claro. No tiene nada de progresista apelar al principio de reinserción social para justificar que un asesino condenado por un crimen escalofriante recupere la libertad en unos pocos años cuando acumula una o varias condenas firmes por mucho más tiempo. Esto es lo que defienden las fuerzas de izquierda o populistas.

Como tampoco vale esconderse en la abstención, como hace Ciudadanos, un partido con un calculado ejercicio de funambulismo político para no comprometerse en una cuestión que si algo no admite es precisamente la equidistancia. Señorías de Ciudadanos, dejen atrás esa hipocresía y esos discursos de buena voluntad para quienes por sus crímenes no lo merecen, y den un paso adelante para defender el cumplimiento de unas condenas firmes, pero justas, al igual que hacen miles y miles de ciudadanos españoles.

Nada menos que 2 millones de españoles se han unido a esta demanda con su firma a través de la plataforma Change.org, a la que deberíamos sumarnos todos. Hay mucho dolor en juego, y como digo, más de 2 millones de personas postulan el mantenimiento de la prisión permanente revisable en nuestro actual Código Penal. Síganles, señorías; sigámosles. Si tienen dudas constitucionales, dejen que Tribunal Constitucional las resuelva, que se pronuncie, pero no anticipen ustedes la postulación de su derogación. Los ciudadanos están pidiendo respuestas, no resignación ante la reincidencia de delitos execrables que requieren del máximo reproche penal. Una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social que generan.

Esta iniciativa, señorías, no es ni populismo punitivo ni demagogia. No lo es en absoluto, es de justicia y de sentido común. No se trata de faltar a la garantía de la justicia, sino de usarla a favor de la sociedad española en su conjunto. El mantenimiento de esta figura de la prisión permanente revisable incluida en el Código Penal en 2015 es un clamor social; es adecuada, es proporcionada, es necesaria, es útil y es compatible con nuestro ordenamiento jurídico, porque con la prisión permanente revisable protegemos a la sociedad, y la protegemos de delincuentes que, como digo, son crueles en sus comportamientos, unos comportamientos especialmente peligrosos, mientras no esté acreditado que no van a volver a reincidir. No olvidemos nunca que los únicos que cumplen cadena perpetua por estos crímenes son las familias de las víctimas, son también sus amigos, una cadena perpetua de sufrimiento que no tiene fecha de finalización. Ese dolor, señorías, es permanente; desgraciadamente no es revisable. Precisamente por ellos no podemos permitir que en ningún caso los criminales se puedan aprovechar de un ordenamiento jurídico que a la vista de los hechos se revela en ocasiones permisivo y tolerante con aquellos que representan una amenaza real para el conjunto de la sociedad.

Señorías, cuando voten, piensen en la cantidad de dolor que pueden evitar. Escuchen a la sociedad, escuchen lo que la sociedad española nos está pidiendo; lo que les está pidiendo a todos alto y claro. El Partido Popular, y en su nombre el Grupo Parlamentario Popular, se pronuncia a favor de la idoneidad de la pena, en el catálogo de penas del Código Penal, de la prisión permanente revisable, y por tanto, solicita a la Cámara, solicita a todas sus señorías el apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español en el Código Penal de 2015.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Pérez.

Pasamos a la defensa de enmiendas.

Para defender las del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Señorías, en mi partido somos partidarios de solucionar los problemas existentes y, sobre todo, de no crear problemas nuevos donde no los hay. En el sistema penal español existe una laguna que no se ha solucionado durante muchos años y que constituye el verdadero debate que debemos abordar sobre delitos tan graves, el cumplimiento efectivo de las penas y el acceso a tercer grado. Con el sistema actual, del que tan responsables son ustedes del partido conservador, como del Partido Socialista, un condenado a cientos de años de cárcel o a prisión permanente revisable puede obtener el tercer grado y estar en la calle a los quince años. Estamos hablando de un régimen de semilibertad que hace posible que reincidan, como de hecho sucede, y no en pocos casos. Esa es la laguna principal de nuestro sistema, el no cumplimiento efectivo de las penas de pederastas, violadores, asesinos en serie u otros criminales culpables de crímenes particularmente horrendos y que causan daños irreparables a la sociedad. Esa es la causa principal de la alarma social que provocan cientos de casos. Por eso, porque somos partidarios de solucionar los problemas que sí existen, presentamos esta enmienda. Queremos endurecer el acceso al tercer grado penitenciario, a esa semilibertad por la que se cuela a menudo la reincidencia para aquellos criminales que han cometido delitos de particular gravedad, para que paguen por lo que han hecho y no puedan estar en la calle en quince años cuando han sido condenados a cuarenta o cincuenta. Esa disparidad entre las condenas totales y el tiempo que los condenados pasan realmente en prisión es fuente de perplejidad y a menudo indignación en la opinión pública que legítimamente se siente engañada y desprotegida.

Por eso, planteamos una reforma para asegurar que todas aquellas personas que hayan sido condenadas a prisión permanente revisable por la comisión de un delito no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de veinte años de prisión efectiva y no de quince, como sucede hasta ahora por la legislación del Partido Popular. Queremos que los permisos ordinarios no puedan concederse antes de haber cumplido al menos quince años; queremos también un régimen más restrictivo para condenados por varios delitos donde concurra esa especial gravedad, así como en delitos relacionados con el terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Finalmente, queremos asegurar que los condenados a más de cinco años de prisión por delitos de terrorismo en organización criminal, de abusos sexuales o de corrupción de menores, entre otros, no puedan acceder a la clasificación del tercer grado hasta el cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena y no la mitad, como sucede hasta ahora y defiende el Partido Popular.

Por todos estos motivos, confiamos en que sus señorías acepten esta enmienda que presentamos y evitaré pronunciarme sobre el hecho de que el Partido Popular nos traiga aquí una iniciativa en defensa de una disposición legal existente y en vigor y, sobre todo, los motivos para ello, cuando es el Tribunal Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre el tema en cuestión y no los grupos políticos. Mientras tanto, señorías, trabajaremos para solucionar el verdadero problema, que es el acceso al tercer grado, tal y como reconocen juristas y como percibe ya la opinión pública. Creemos que hace falta un debate sereno sobre el sistema penal español, más allá de los parches y las improvisaciones a las que no tiene acostumbrados ya el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Quina gràcia que vostès parlen de partits populistes, el partit més populista de tots, el partit de la Gürtel, de la Púnica, vostès que es mouen a colp de titular (Rumors). Clar que sí, clar que és oportunisme polític, clar que és populisme punitiu, clar que és carronyerisme polític aprofitar-se dels casos mediàtics. S’aprofiten vostès del dolor de les víctimes per a intentar dissimular i imposar el seu ideari més retrògrad, per impulsar retrocessos en la política penitenciària. Si volen aprofitar el fulgor mediàtic, els recordem que mediàticament —vostès que són els col·legues de Costa, de Camps, de Crespo, de Correa, del Bigotes— també podrien proposar endurir el Codi Penal per a organitzacions polítiques dedicades a delinquir, per a il·legalitzar partits polítics que es financen de manera il·legal, però no, siguem clars, vostès van proposar l’anterior reforma, reforma o retrocés, arran de la polèmica del cas de Marta del Castillo i ara proposen el debat quan ix la polèmica pel cas de Diana Quer.

Són vostès, realment, miserables políticament parlant. Vostès són de la cadena perpètua, òbviament, vostès són de la cadena perpètua, són de la presó de per vida i saben perfectament que en este país qui acaba a la presó és la gent de peu, qui roba una gallina té més possibilitats d’acabar en la presó, qui convoca eleccions té més possibilitats d’acabar en presó, però qui defrauda, qui evadeix el capital, qui es finança il·legalment, o els Urdangarín saben perfectament que no acaben a la presó. La solució per a nosaltres és més política social, més lluitar des de l’origen i no en les conseqüències.

Recorden perfectament vostès que els Estats Units té un dels índex de criminalitat més alta qui hi ha en el món i tenen la pena de mort instaurada. Per tant, més repressió no significa mai dissuadir el delicte. Possiblement si feren vostès també una campanya en Change.org per a instaurar la pena de mort també tindrien moltes persones que la demanarien, també la presentarien ací? Siguem clars, no? La presó permanent, que és l’eufemisme que vostès gasten per a la cadena perpètua, atempta directament contra l’esperit de la Constitució que el sistema penitenciari espanyol ha d’anar cap a la reeducació i reinserció social. Vostès són de castigar, però de castigar a la gent de peu. Com bé deia Galeano, la justícia és com les serps, sols mossega als que van descalços.

Després continuarem en el torn de portaveus.

Gràcies.

Qué gracia que ustedes hablen de partidos populistas, el partido más populista de todos, el partido de la Gürtel, de la Púnica, ustedes que se mueven a golpe de titular. (Rumores). Claro que sí, es oportunismo político, claro que es populismo punitivo, claro que es carroñerismo político aprovecharse de los casos mediáticos. Se aprovechan ustedes del dolor de las víctimas para intentar disimular e imponer su ideario más retrógrado, para impulsar recortes en la política penitenciaria. Se quieren aprovechar del fulgor mediático. Les recordamos que mediáticamente ustedes —que son colegas de El Bigotes, de Camps— han propuesto endurecer el Código Penal para las organizaciones políticas que se han dedicado a delinquir, para los partidos políticos que se financian de manera ilegal. Ustedes propusieron la anterior reforma a raíz de la polémica de Marta del Castillo y ahora con la polémica de Diana Quer.

Son ustedes miserables políticamente hablando. Ustedes son los de la cadena perpetua, los de la prisión de por vida y saben perfectamente que en este país quien acaba en la cárcel es la gente de a pie. Quien roba una gallina o convoca elecciones tiene más posibilidades de acabar en la cárcel que quien defrauda, evade el capital o se financia ilegalmente. La solución para nosotros es más política social y luchar desde el origen y no en las consecuencias.

Estados Unidos tiene uno de los índices de criminalidad más altos del mundo y tienen la pena de muerte instaurada, por tanto, más represión no significa nunca disuadir el delito. Posiblemente si hicieran ustedes una campaña en Change.org para instaurar la pena de muerte también habría muchas personas que la pedirían. ¿También la presentaría aquí? Tenemos que ser claros. La prisión permanente, que es el término que ustedes utilizan para la cadena perpetua, atenta directamente contra el espíritu de la Constitución y el sistema penitenciario español tiene que ir hacia la reinserción y la educación. No es cuestión de castigar a la gente de a pie. Como decía Galeano la justicia es como las serpientes, solo muerden a los que van descalzos.

Después continuaremos en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista presenta esta enmienda de sustitución a su moción por coherencia, por dignidad y por idoneidad, y en congruencia con nuestra posición cuando ustedes reformaron en solitario el Código Penal hace casi dos años acudiendo a un populismo punitivo para recuperar la cadena perpetua; en coherencia con la proposición no de ley del Grupo Socialista que presentó en el Congreso de los Diputados en octubre de 2016 para derogar la prisión permanente revisable y, que no se olviden, se aprobó en la Comisión de Justicia; y por coherencia con el Consejo de Estado que al informar sobre la ley y sobre su reforma no veía necesaria una reforma de esta magnitud.

Presentamos esta enmienda en congruencia con los artículos constitucionales que vulnera, el 25.2, el 15, el 9.3 y el 10 de la propia Constitución. En coherencia con sentencias del Tribunal Constitucional, y solo me referiré a dos. Una de 1985 donde se señala que una reclusión exclusivamente prolongada produce efectos irreparables en la personalidad del interno, y dos, en 1996 donde nuestro alto tribunal indicaba que unas penas excesivamente largas pueden considerarse inhumanas y contrarias a la dignidad de las personas. Y por coherencia con la interposición por parte del Grupo Socialista de un recurso de constitucionalidad el pasado 30 de junio de 2015.

Señorías, les decía que también la presentábamos por dignidad. Sí, porque el derecho penal ha cambiado y se dirige hacia la intervención mínima y la modernidad y resocialización del infractor. El actual derecho penal no es una forma de venganza social, al contrario, es un medio corrector de las conductas sociales y desviadas. Nosotros, y que quede muy claro, comprendemos los sentimientos de las víctimas, comprendemos el rechazo social, pero en la política no se puede poner a los reclusos ante penas inhumanas, crueles y degradantes y esto, señorías, no es dejar a los ciudadanos indefensos ante los asesinos y criminales.

Miren, ya en el siglo XVIII Beccaria indicaba que el Estado no puede ponerse a la altura del asesino, decía que el Estado no puede reprimir la muerte con muerte. La mal llamada prisión permanente revisable que o es permanente o es revisable atenta contra la seguridad jurídica e infringe la proporcionalidad que exige nuestro Tribunal Constitucional.

Señorías, seamos rigurosos con esto. Ustedes pretenden potenciar la cadena perpetua en toda regla. La cadena perpetua para nuestro sistema de seguridad es innecesaria y para la prevención del delito es ineficaz y además, no se olviden, las conductas que cuentan con mayor rechazo social ahora mismo tienen el mayor rechazo penal de nuestro derecho.

Presentamos esta enmienda por idoneidad, lo decía antes. El eufemismo de prisión permanente revisable no es idóneo para el fin que pretende corregir, no es idónea para la prevención ni ideal para la reinserción. Nadie, señorías, nadie ha demostrado, y lo dijo en esta Cámara el ministro Belloch, que algo sabrá de esto, que el incremento de las penas privativas de libertad no se traduce en una mayor eficacia y eficiencia del sistema penal español, más bien al contrario.

Señorías, el exceso punitivo produce un claro efecto contraproducente y peligroso y si no miren a Estados Unidos. La pena privativa de libertad por sí misma es un mal, señorías, y sin duda si a esto se le une la ley del talión incompatibiliza con el principio de proporcionalidad y libertad en cualquier sistema democrático. Además, esta moción, y por ello también presentamos la enmienda, está en claro fuera de juego, porque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el recursos admitido a trámite. Usted mismo lo ha señalado antes, pero aun así la han traído.

Señorías, lanzo unas preguntas. ¿Ustedes no pretenderán cambiar el consuelo por votos aprovechándose del dolor? ¿Ustedes no pretenderán politizar demagógicamente la política penal? ¿Ustedes no pretenderán convertir la política criminal en un instrumento de agitación y propaganda? ¿Ustedes no pretenderán condicionar la política penitenciaria por lo que se mueve en las redes sociales? ¿Ustedes, señorías, con esta moción no pretenderán lanzar una cortina de humo para que el foco se centre en esto y no en una falta de presupuestos o en la crisis catalana o en lo que ayer se tradujo en que alguien sabía y daba el okey a los gastos de las campañas electorales? No pretenden que eso sea así, ¿verdad?

En los países donde existe cadena perpetua la prisión más grave no suele pasar de veinte años. En España la tenemos hasta de cuarenta años y sin cadena perpetua. En esos países, la revisión suele comenzar a los doce o quince años; nosotros la revisamos a los veinticinco y, en algunos casos, a los treinta y cinco.

Los socialistas lo tenemos muy claro: no apoyaremos la consolidación de una pena perpetua; no defenderemos un populismo punitivo; no secundaremos una figura penal de las más duras de Europa. Por ello presentamos esta enmienda de sustitución, porque nosotros pretendemos —y estoy seguro de que, parlamentaria y judicialmente, lo vamos a conseguir— sustituir la cadena perpetua por una condena adecuada a nuestra Constitución, que dé una respuesta adecuada, que sea proporcional y que acabe en una verdadera reeducación de los reclusos.

Acabo, señor presidente. Señorías, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para mejorar la seguridad, para prevenir, para detectar, para evitar que el terror actúe, por ejemplo, poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género. Pero hay una cosa que no podemos hacer, instaurar la cadena perpetua es una de las cosas que no se tiene que hacer en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Esquerdo, tengo que reconocer que me ha sorprendido bastante la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Yo creo que le ha sorprendido incluso a usted.

Nos dicen que quieren que el Senado inste al Gobierno a modificar aquellos preceptos que se refieran a la pena de prisión permanente revisable y que se sustituyan por una pena que se adecue a lo previsto en nuestra Constitución. Hombre, es que la pena de prisión permanente revisable se adecua a nuestra Constitución. Y no lo digo yo ni lo dice mi grupo parlamentario. Lo dicen los informes positivos de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial; un informe que, por cierto, presentaba una conocida suya y que hoy es la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Puede preguntarle usted a Margarita Robles. (Aplausos). También tenía el informe positivo del Consejo de Estado, donde estaban José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega. Pregúnteles a sus compañeros, señoría.

Por tanto, ya le anuncio que no aceptamos su enmienda. Por cierto, señor Esquerdo, respecto a las preguntas retóricas que usted ha estado haciendo, usted nos conoce y seguro que se estaba respondiendo a sí mismo que no a cada una de esas preguntas.

Señor Mulet, no hay que ser muy avispado para ver su intención al presentar esta enmienda y que lo que quiere es totalmente lo contrario a esta moción. Quería usted unos minutos de gloria. Ya los ha tenido. Enhorabuena. Sabía de antemano que íbamos a rechazar su enmienda. Dejo para el turno de portavoces la explicación de por qué defendemos la prisión permanente revisable.

Señor Marcos, hay una cita de Groucho Marx que seguro que le suena: Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros. ¡Vaya papelón! (Aplausos). No me gustaría estar en su lugar, porque yo creo que no les entienden ni sus votantes. Déjeme que le muestra la diferencia entre un partido de gobierno y un partido de originalidades.

Hace diez años el Partido Popular ya comenzó a estudiar la posibilidad de incluir la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico para asimilarnos al resto de países europeos. En 2011 fue uno de nuestros compromisos de programa. Y en 2015, después de contar con el aval de la mayoría de instituciones jurídicas de nuestro país, la incluíamos en el Código Penal. ¿Y dónde estaba Ciudadanos durante todos esos años? Quiero ser justa y no quiero hacerme trampas: no puedo pedir al Ciudadanos de hoy la exigencia que reclamaría al Ciudadanos de entonces. ¿Que dónde estaba? Pues una parte estaba en el PSOE, otra parte estaba en el PP, otra parte estaba en Izquierda Unida. (Aplausos). Quiero ser justa, señorías. En 2016 el Partido Popular continúa defendiendo la prisión permanente revisable. ¿Dónde estaba Ciudadanos? Ciudadanos estaba en la página 56 de un pacto para formar un gobierno reformista y de progreso —así lo titularon ustedes— que instaba a la derogación inmediata de la pena de prisión permanente revisable. En 2017 el Partido Popular, ante la amenaza de eliminación de esta pena, presentó mociones en diversas instituciones, entre otras, en esta Casa hace justamente un año. Entonces, el Partido de Ciudadanos ya había cambiado: se abstenía en el Congreso y facilitaba la tramitación de su derogación. Hoy, el Partido Popular sigue en el mismo sitio, donde ha estado siempre y donde va a seguir estando. ¿Y ustedes? ¿Dónde están ustedes? Ahora vuelven a cambiar. Las encuestas les dicen que la sociedad española apoya la prisión permanente revisable y ustedes, que son unos expertos en el oportunismo mediático, no pueden quedarse atrás, ¿verdad, señorías? Hay muchos votos en juego.

Señorías de Ciudadanos, recapaciten. Termino ya, señor presidente. Quiero darles un consejo: si se quitasen alguna de esas medallas que se cuelgan día sí y día también y que les hacen ir un poco encorvados, serían ustedes capaces de mirar a los ciudadanos a la cara y escucharles, de ver que lo que nos están pidiendo es que mantengamos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: ... la pena de prisión permanente revisable.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les tengo que confesar que, aunque ya tengo una cierta trayectoria en política como para estar curado en salud y en espanto, con ustedes me vuelve a sorprender alguna que otra vez su escasa altura de miras. (Protestas). Sí, protesten, que es lo que mejor hacen en su bancada.

Como decía en mi anterior intervención, a los políticos nos pagan el sueldo los ciudadanos para solucionar los problemas reales y no para enzarzarnos en debates estériles entre nosotros a ver si nos cae un voto más o un voto menos. (Rumores). Como les explicaba también al presentar nuestra enmienda, el verdadero problema del sistema penal, el verdadero agujero por el que se cuela la reincidencia y la inseguridad es el tercer grado. Por tanto, para solucionar ese problema es al tercer grado hacia donde hay que mirar; es decir, no al dedo, sino a la luna. Pero ustedes insisten en traernos una cuestión sobre la que no somos nosotros los que tenemos que decir, sino el Tribunal Constitucional, y con ello no solo frivolizan sobre un tema tan serio y que tanta alarma está causando a la sociedad, sino que ningunean a dicho tribunal, que es una de las instituciones fundamentales del Estado. En Ciudadanos, desde luego, no vamos a participar de ello. Cuando quieran de verdad, de verdad, un debate serio para solucionar los agujeros del sistema penal, aquí nos encontrarán. Mientras tanto, para parafernalias, no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies.

Nosaltres presentem esmenes, òbviament, perquè tenim el dret i perquè estem en el nostre dret a exposar el nostre posicionament. Pensem que la seua moció és un despropòsit, és oportunista, és populista, i per això nosaltres tenim el nostre dret a presentar esmenes per a dir que estem totalment en contra d’allò que vostès proposen que tampoc no és cap sorpresa.

Vostè sí que ha tingut els seus minuts de glòria. Li aplaudisc, com sempre ha estat sublim, esperem tornar-la a vore prompte. A mi encara em queden uns quants minuts de glòria en este Ple.

Per tant, nosaltres és que no som com vostès, nosaltres primera que som honrats, després que tenim una visió de la política penitenciària en la qual pensem que els ciutadans que han delinquit tenen el dret a reinserir-se en la societat. Vostès, no. Vostès volen càstig permanent i de per vida. Nosaltres no tenim set de venjança en la gent que ha pogut delinquir sinó que pensem que qualsevol persona és recuperable inclús els delinqüents polítics.

Nosaltres volem recordar que la població reclusa és de les més altes de la Unió Europea encara que tenim de les taxes de criminalitat més baixes exceptuant el cas de la corrupció política, en la qual vostès són campions. Tenim la taxa d’homicidis la segona més baixa de tota la Unió Europea; tenim una població reclusa encara això, encara que som un país que no és dels més insegurs ciutadanament, de 60 000 persones recluses en Espanya. Entre eixes persones recluses no està ni Rato, ni Camps, ni Urdangarín, ni Costa, ni gent d’esta. Encara aixina tenim un índex d’empresonament un 32 % més que la mitjana europea. Nosaltres pensem que la política penitenciària no pot jugar-se a colp de titular, com vostès fan, i les reformes penitenciàries no poden anar en base a campanyes d’internet. Han de ser vostès un poquet més sensats i un poquet més sensibles a allò que ha de ser l’esperit de la Constitució que és reinserció de qualsevol delinqüent encara que siga del Partit Popular.

Gràcies.

Gracias.

Nosotros presentamos enmiendas porque tenemos derecho a exponer nuestro posicionamiento. Pensamos que su moción es un despropósito, es oportunista y populista. Nosotros tenemos derecho a presentar enmiendas para decir que estamos totalmente en contra de lo que ustedes proponen, y no es ninguna sorpresa.

Señoría, usted sí que ha tenido sus minutos de gloria. La aplaudo porque ha estado sublime, como siempre, y esperamos volverla a ver pronto. A mí también me quedan unos cuantos minutos de gloria en este Pleno.

Nosotros no somos como ustedes. En primer lugar, somos honrados. Tenemos una visión de la política penitenciaria y pensamos que los ciudadanos que han delinquido tienen derecho a reinsertarse en la sociedad. Ustedes, no. Ustedes quieren un castigo permanente y de por vida. Nosotros no tenemos sed de venganza con aquellos que han delinquido, porque pensamos que cualquier persona puede ser recuperable, incluso los delincuentes políticos.

Nosotros queremos recordar que la población reclusa de nuestro país es de las más altas de la Unión Europea, aunque tenemos las tasas de criminalidad más bajas, excepto en el caso de la corrupción política, donde ustedes son campeones. Tenemos la tasa de homicidios más baja de toda la Unión Europea —aunque no somos un país de los más seguros— y en España la población reclusa asciende a 60 000 personas, pero entre ellas no están ni Costa ni Rato ni gente de esta. Y tenemos un índice de encarcelamiento un 32 % superior a la media europea. Pensamos que la política europea no puede llevarse a cabo a golpe de titular y que las reformas penitenciarias no pueden hacerse sobre la base de las campañas de internet. Tienen que ser ustedes un poco más sensatos y sensibles a lo que tiene que ser el espíritu de la Constitución, que ha de ser la inserción de cualquier delincuente, aunque sea del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro va a apoyar la moción que hoy trae el Grupo Popular. La prisión permanente revisable entró en vigor hace escasamente dos años y medio, el 1 de julio de 2015. Entendemos que se trata de una respuesta plenamente constitucional ante determinados delitos graves. A pesar de ciertas opiniones que están surgiendo contrarias a su existencia, debemos decir que no se trata de una pena de carácter perpetuo porque existen posibilidades legales de revisar la pena y de suspenderla. Por supuesto, en su momento acataremos lo que diga el Tribunal Constitucional.

La Constitución, al atribuir a las penas privativas de libertad una función rehabilitadora y reinsertadora, no condiciona el tiempo de duración de las condenas, sino la forma en que deben ejecutarse. La reinserción es una orientación a la que debe tender el cumplimiento de la pena. Señorías, si hay una pena que precisamente promueve la reinserción, porque descarga la responsabilidad en el reo, es la prisión permanente revisable. El problema en realidad está en aquellas penas que se cumplen y automáticamente excarcelan al delincuente, cualquiera que sea su pronóstico de reinserción, aunque sea negativo. Ejemplos de ello, desgraciadamente, los tenemos. Lo que debería ser objeto de debate es si queremos una prisión permanente revisable de acuerdo con los valores constitucionales o no, en la que se aseguren los programas de reinserción y rehabilitación que realmente hagan seria esa posibilidad de revisar y de valorar el pronóstico de una persona condenada. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala esta pena y sus sentencias han acreditado que no contraviene el Convenio de Roma. Países de nuestro entorno como Alemania y Francia recogen esta figura en sus ordenamientos jurídicos.

Quiero cerrar esta intervención, señor presidente, haciéndome eco de lo que dijo un ilustre jurista, José Luis Manzanares Samaniego: si hubiéramos tenido esta pena a su debido tiempo, nos hubiéramos evitado las escandalosas excarcelaciones de muchos terroristas. Nosotros ponemos un ejemplo: De Juana Chaos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el pasado marzo de 2017 ya debatimos la prisión permanente revisable en esta Cámara, lo cual me causa tristeza e indignación porque parece que estamos en el día de la marmota y, lo que es peor, damos la sensación de que o no trabajamos, que no es cierto, o de que no dejamos trabajar, porque todavía no hay sentencia del Tribunal Constitucional al respecto y debemos respetar la separación de poderes. Es más, me da la sensación de que se utiliza la mayoría absoluta que tenemos en el Senado para frenar iniciativas del Congreso de los Diputados, lo cual, a mi entender, es una forma perversa de utilizar nuestra posición como legisladores. Por ejemplo, cuando se tratan otros temas la opinión o iniciativas de los senadores que no formamos parte del grupo del Gobierno no son tenidas en consideración en esta Cámara.

Así que reitero y ratifico el discurso que en su día di con ocasión de una iniciativa idéntica y que figura en el Diario de Sesiones número 24, de 22 de marzo de 2017, que doy por reproducido. Por supuesto, es un discurso en contra de la implantación de la prisión permanente revisable por muchos motivos, fundamentalmente porque vulnera los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución española, porque no se enfoca a la reeducación o reinserción social del penado...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: ... y porque estamos ante una suerte de cadena perpetua que supone un trato inhumano, degradante, contrario a la dignidad de la persona, a sus derechos inviolables y al libre desarrollo de la personalidad.

Voy terminando, presidente, pero antes quiero hacer dos últimos apuntes. No podemos implantar y legislar a golpe de impulso, y lo he dicho muchas veces; no podemos volver a la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente.



Por otra parte, en la moción se hace referencia al derecho comparado, en particular a una sentencia de Alemania y a la declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo que no se dice es que la legislación alemana es mucho más beneficiosa que la legislación española. Por ponerles solo un ejemplo, en Alemania se revisa la pena a los quince años de cumplimiento, mientras que en España solo es posible la revisión, como mínimo, a los veinticinco años. Tengo muchos ejemplos más con los que poder rebatir todo esto, pero por escasez de tiempo no puede ser.

En definitiva, la Agrupación Socialista Gomera va a votar en contra de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, señor presidente.

Bon dia.

Mirin, senadors del PP, segons la Comissió Europea, la justícia espanyola figura com el tercer Estat de la Unió Europea on els seus ciutadans creuen que la justícia no es independent i, a més a més, el 58 % la considera dolenta i el 19 %, molt dolenta. No es sorprenen, doncs, les recents declaracions del ministre de Justícia, el senyor Rafael Catalá, sobre la investigació que segueix el Tribunal Suprem sobre el procés. És curiós i sorprenent que aquest ministre anticipa la resolució del tribunal, fins i tot creu com serà la sentència que ha d’emetre el mateix tribunal abans de ser emesa.

En aquest moments és difícil no pensar que està en perill fins i tot l’estat de dret. Parlem d’ingerències, parlem d’oportunisme polític, parlem de tàctica política, que no jurídica, parlem de politització de la justícia o d’una justícia polititzada, o imposar i influir. Llavors, res és estrany per a nosaltres que els ciutadans perdin la confiança en els tribunals de justícia i demanin que aquesta sigui justa i no sigui ni manipulada ni utilitzada per a finalitats partidistes i exigeixi que, en un estat de dret, cadascú exerceixi el rol i les funcions que li pertoquen, és a dir, que el govern governi i que l’Administració de Justícia imparteixi justícia de forma arbitrària, imparcial, objectiva i ajustada a dret, i no seguint les ordres ni les pautes que dicti el govern o el partit que governa, o que estigui sotmesa també a la pressió exercida pels mitjans de comunicació, per cert, instrumentalitzats pels aparells estatals, tot per sumar vots o per guanyar escons. Perquè estem parlant de dret, de justícia, no de vots ni d’escons, ni d’ús partidista del poder, ni d’utilitzar morts o víctimes per assolir objectius de dubtosa legalitat. Per què dic tot això? Perquè el tema que ens ocupa ara, en aquesta moció, va d’això precisament. D’utilitzar indiscriminadament el dret, la justícia, per guanyar vots.

La presó permanent revisable no es tracta com una mesura estrictament jurídica. Per a nosaltres, és qüestionable perquè fins i tot no garanteix ni la seguretat jurídica ni els preceptes constitucionals. És de dubtosa constitucionalitat, però avui la presó permanent revisable és tractada pel Govern del PP i ara també sembla que el Grup de Ciutadans —a mi encara no m’ha quedat gaire clar el seu posicionament— d’un fet oportunista per guanyar vots i s’utilitzen notícies mediàtiques, com és el cas recent de Diana Quer, entre altres, per justificar la seva necessitat, la seva aprovació, però en cap cas es debat l’essència jurídica d’aquesta decisió. Vostès parlen d’alarma social per justificar canvis de posicionament, en el cas de Ciutadans, i per reforçar el posicionament del Grup del Partit Popular.

La presó permanent revisable, per a nosaltres, amaga el que se’n diu la cadena perpètua. En un estat democràtic, social i de dret, es persegueix com a valor suprem la justícia, el benestar i les segones oportunitats quan parlem de reinserció i, en aquests termes, parlar de cadena perpètua és inacceptable. Penso —pel que he sentit— que els senyors del PSOE comparteixen també les meves paraules perquè fan suport a la derogació d’aquest precepte, de la cadena perpètua, i també com nosaltres comparteixen que aquesta moció del PP que es planteja avui al Senat és oportunista perquè aquí ells tenen la majoria absoluta, cosa que no passa en el Congrés, tot i que ara el Grup de Ciutadans, que veig que no hi són, contràriament al que deien fa un temps enrere, han canviat de posicionament.

Dit això, confio encara en l’estat de dret, confio en les polítiques de reinserció i socialització, confio en les segones oportunitats, com confio també que la majoria dels grups d’aquesta cambra, menys el PP, apostin per un dret penal modern i no es jugui al joc de la venjança tan antic com l’ull per ull, ni es jugui tampoc amb la inconstitucionalitat i s’aposti per la modernitat, pels drets humans, per la justícia social, pels tractaments de resocialització i reinserció de delinqüents, sobretot aquests dies en què la taxa de delinqüència està minvant i s’utilitza un cas mediàtic per justificar la cadena perpètua, que és l’excepció i no la regla.

Per acabar, creuen sincerament que la cadena perpètua acabarà amb la criminalitat? Creuen sincerament que la venjança és una bona estratègia per fer front a la delinqüència? Creuen que en ple segle XXI no hi ha segones oportunitats i polítiques socials integradores que ajudin a desenvolupar polítiques socials que aturin la delinqüència? Nosaltres, el PDeCat, apostem per la reinserció, pels drets humans, pel ferm compromís de les polítiques de reinserció i les segones oportunitats. Mai la presó permanent revisable és la solució. La permanent revisable és una cadena perpètua encoberta, totalment contrària al sistema d’execució penal, basat en la rehabilitació i la reinserció que la Generalitat de Catalunya i el nostre sistema d’execució té com a principi bàsic i irrenunciable.

Buenos días.

Señores del PP, según la Comisión Europea, la justicia española figura como el tercer Estado de la Unión Europea donde sus ciudadanos consideran que la justicia no es independiente. Además, el 58 % considera que es mala y el 19 % entiende que es muy mala. Por lo tanto, no nos sorprende que en las recientes declaraciones del ministro de Justicia, don Rafael Catalá, en relación con la investigación del Tribunal Supremo sobre el proceso, este ministro anticipe la resolución del tribunal e incluso diga cómo debe ser la sentencia que debe emitir el mismo tribunal antes de que sea emitida.

En estos momentos es difícil no pensar que, incluso, está en peligro el Estado de derecho. Estamos hablando de injerencias, de oportunismo político, de táctica política, que no jurídica. Estamos hablando de politización de la justicia, de una justicia politizada o de imponer o influenciar. Por lo tanto, no es extraño para nosotros que los ciudadanos pierdan la confianza en los tribunales de justicia y soliciten que esta sea justa y que no sea manipulada ni utilizada con fines partidistas o que exijan que en un Estado de derecho cada uno ejerza el rol y las funciones que le corresponden; es decir, que el Gobierno gobierne y que la Administración de Justicia imparta justicia de forma no arbitraria, imparcial, objetiva y ajustada a derecho, no siguiendo las órdenes o las pautas que dicte el Gobierno o el partido que gobierne, o que esté sometida a la presión ejercida por los medios de comunicación, por cierto, instrumentalizados por los aparatos estatales. Y todo ello para sumar votos o ganar escaños. Porque estamos hablando de derecho, de justicia, no de votos ni escaños, ni de un uso partidista del poder ni de utilizar muertes o víctimas para alcanzar objetivos de dudosa legalidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque el tema que nos ocupa en esta moción versa sobre lo mismo: utilizar de forma indiscriminada el derecho, la justicia para ganar votos.

La prisión permanente revisable no se trata como una medida estrictamente jurídica. Para nosotros es cuestionable porque no se garantiza la seguridad jurídica ni los preceptos constitucionales, es decir, es de dudosa constitucionalidad. Pero hoy la prisión permanente revisable es tratada por el Gobierno del PP, y parece ser que también por el Grupo Ciudadanos —a mí aún no me ha quedado claro su posicionamiento—, como un hecho oportunista para ganar votos. Se utilizan noticias mediáticas, como el reciente caso de Diana Quer, entre otros, para justificar su necesidad, su aprobación, pero en ningún caso se debate la esencia jurídica de esta decisión. Ustedes hablan de alarma social para justificar cambios de posicionamiento, en el caso de Ciudadanos, y para reforzar el posicionamiento del Grupo Popular.

Para nosotros la prisión permanente revisable esconde lo que se llama cadena perpetua. En un Estado democrático, social y derecho se persiguen como valores supremos la justicia, el bienestar y las segundas oportunidades; en este caso, hablamos de reinserción y en estos términos hablar de cadena perpetua es inaceptable. Pienso —ya lo he escuchado— que los señores del PSOE comparten mis palabras y mi apoyo porque también respaldan la derogación de este precepto: la cadena perpetua. También comparten con nosotros que el PP plantea hoy en el Senado una moción oportunista porque aquí cuentan con mayoría absoluta, lo que no sucede en el Congreso. Por su parte, el Grupo Ciudadanos ha cambiado su posicionamiento en comparación con lo que tiempo atrás había manifestado.

Dicho esto, confío aun en el Estado de derecho, confío en las políticas de reinserción y socialización y confío en las segundas oportunidades. También confío en que la mayoría de los grupos de esta Cámara, menos el PP, apuesten por un derecho penal moderno y no se entre en ese juego de la venganza tan antiguo del ojo por ojo ni se juegue con la inconstitucionalidad; confío en que se apueste por la modernidad, los derechos humanos, la justicia social y los programas de resocialización y reinserción de los de los delincuentes. Pero, sobre todo, cuando la tasa de delincuencia está mermando, espero que no se utilice un caso mediático para justificar la cadena perpetua, porque es la excepción y no la regla.

Para terminar, ¿creen ustedes, sinceramente, que la cadena perpetua acabará con la criminalidad? ¿Creen ustedes, sinceramente, que la venganza es una buena estrategia para hacer frente a la delincuencia? ¿Creen que en pleno siglo XXI no existen segundas oportunidades y políticas sociales integradoras que ayuden a desarrollar políticas sociales para detener la delincuencia? Nosotros, el PDeCAT, apuesta por la reinserción, por los derechos humanos, por el firme compromiso de las políticas de reinserción y las segundas oportunidades. La prisión permanente revisable jamás es la solución. La prisión permanente revisable es una condena perpetua encubierta, totalmente contraria al sistema de ejecución penal y a la reinserción que la Generalitat de Catalunya y nuestro sistema de ejecución tienen como principio básico e irrenunciable.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

La señora ABAD GIRALT: Sí, vaig acabant, president.

Per tot això, i en resum, el PDeCat entén que no hi ha seguretat jurídica en aquest precepte, no s’acaba amb la criminalitat, s’aposta per la venjança, pel càstig i no per la reinserció, hi ha seriosos dubtes sobre la seva constitucionalitat, en concret l’article 25.2 de la Constitució i, en definitiva, és una mesura contra el fracàs de les polítiques socials del PP i és una moció oportunista.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Sí, voy terminando, señor presidente.

Por todo ello, el PDeCAT entiende que no existe seguridad jurídica en este precepto. No se acaba con la criminalidad, se apuesta por la venganza, por el castigo y no por la reinserción; existen serias dudas sobre su constitucionalidad, en concreto, en relación con el artículo 25.2 de la Constitución. En definitiva, es una medida contra el fracaso de las políticas sociales del PP y es una moción oportunista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Cuando reflexiono sobre este tema dirijo mi primer mensaje a las víctimas, a la solidaridad que debemos tener con ellas. Yo entiendo todo lo que ellas nos puedan llegar a pedir. Tengo todavía las imágenes de la semana pasada cuando en Estados Unidos un padre intentaba agredir a un acusado por haber abusado de sus tres hijas; yo le entiendo, comprendo su dolor y la necesidad de expresar ese dolor. Pero también tenemos que hacer entender a las víctimas que no pueden condicionar la labor del legislador, como tampoco pueden definir cuál tiene que ser la duración de una pena. Lo que necesitan las víctimas es no tener que esperar más de diez años para recibir la condición de víctimas ni para que se les apliquen los derechos que les otorga la ley, y es ahí donde tenemos que trabajar con las víctimas.

La pregunta que me hago es por qué sale este tema ahora, y en el debate que hemos tenido esta mañana hemos visto que no es más que la consecuencia de las elecciones del 21 de diciembre. El Partido Popular se ha puesto nervioso con el resultado obtenido por Ciudadanos, por eso hemos podido ver un debate entre el Partido Popular y Ciudadanos utilizando la prisión permanente revisable como excusa para sacar la cabeza, pues entienden que mucha gente puede compartirla a la hora de definir un reproche penal. Pero la verdad es que se trae a debate el mismo texto que se aprobó hace un año, que a su vez recogía algo que ya está en vigor, el Código Penal actual. Poco favor le estamos haciendo a la ciudadanía y poco favor le estamos haciendo a esta Cámara con el reconocimiento de algo que realmente no se necesita. Mi pregunta es: si el mes que viene el Partido Popular vuelve a tener necesidad de sacar un tema de actualidad, ¿va a volver a traer este mismo tema, la prisión permanente revisable?

La pregunta clave que en mi opinión nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿El sistema actual está desarrollando el artículo 25.2 de la Constitución española?, y me refiero a la reinserción y reeducación. Y lo más importante, ¿está poniendo los recursos suficientes para que eso sea así? ¿Qué ocurre cuando un preso entra en la cárcel?, ¿cómo se desarrolla allí su vida? ¿Tienen suficientes psicólogos forenses? No. ¿Tienen suficientes recursos para llevar adelante esa reeducación? No. Y no me vale que me digan que la reeducación o la resocialización no es un derecho básico definido en la Constitución. Es una condición necesaria para poder desarrollar cualquier pena o cualquier código penal. Es imprescindible que se respete el artículo 25.2 y no me vale que nos digan que se agradece que el Partido Nacionalista Vasco respete la Constitución. No. Estamos hablando de cumplimiento de la ley siempre, y en este caso el Estado tiene una serie de condiciones.

Se está hablando de derecho comparado. De acuerdo, pero en las mismas condiciones, y para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el momento en el que se realiza la revisión; segundo, requisitos para concederla, y si ustedes hacen esa comparativa verán que igual que en el resto de Estados es totalmente objetiva, en nuestro Código Penal las condiciones son totalmente subjetivas; y tercero, la duración temporal de la pena privativa.

Les voy a poner una serie de ejemplos. En Irlanda la revisión se hace a los siete años. En Bélgica y Finlandia, a los diez. En Dinamarca, a los doce. En Austria, Suiza, Alemania, a los quince.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

Decimos que queremos el derecho comparado. Todos esos Estados a los que ustedes hacen mención han tenido durante toda su historia la cadena perpetua. En España no ha habido cadena perpetua durante todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque la definición sobre el reproche penal iba en un sentido mucho más positivo y el ejemplo es el Código Penal de 1995. En 1848, estamos hablando del siglo XIX, existía la prisión permanente revisable, pero con un máximo de treinta años. Estamos peor en cuanto a reproche penal que a mediados del siglo XIX, y eso sí que les tiene que llevar a una reflexión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente.

Nosaltres volem començar anunciant que votarem en contra de la moció que ha presentat el Partit Popular, entre altres coses perquè sempre hem estat frontalment i radicalment en contra de la presó permanent revisable i, sempre que n’hem tingut l’oportunitat, hem explicat per què.

És molt perillós governar i emprendre iniciatives legislatives a cavall d’estats emocionals de l’opinió pública. Això, d’una banda, porta al populisme i, de l’altra, porta a prendre normalment mesures errònies, perquè, si haguéssim de fer cas d’aquests estats emocionals que es produeixen normalment per fets greus, per crims greus, segurament a Espanya hi hauria la pena de mort. En canvi, per sort, no hi és, perquè els països que adopten mesures molt severes penalment no garanteixen que es cometin menys delictes. Dintre del món occidental tenim casos de països on hi ha pena de mort i, en canvi, els delictes d’assassinat, de violació, són fins i tot superiors a altres països on el sistema penal està encarat a la reinserció i està basat en un respecte escrupolós als drets humans. Per tant, major severitat, major duresa, major repressió no garanteix ni tan sols que es cometin menys delictes.

L’esmena de Ciutadans, d’altra banda, com que està plantejada objectivament sense tenir en compte el perfil dels presos, condueix també a una cadena perpètua. Quan diuen que es pot tenir 25 i 30 anys el pres, si parlem d’una persona que ingressi a presó amb 40 o 45 anys, l’estem condemnant a morir-se a la presó, segur. D’altra banda, a més que la pena de presó permanent va contra la Constitució, i si el Tribunal Constitucional això no ho reconeix ho reconeixerà algun tribunal internacional, aquest tipus de presos, als que se sotmet a aquestes condicions tan dures, a dins de la presó constitueixen un problema molt seriós que genera una gran conflictivitat i, per cert, genera també que s’hi hagi de destinar moltíssims més recursos dels necessaris, en cas que hi hagués uns programes de rehabilitació.

Quiero empezar anunciando que mi grupo parlamentario va a votar en contra de la moción que ha presentado el Partido Popular, entre otros motivos, porque siempre hemos estado frontal y radicalmente en contra de la prisión permanente revisable, y siempre que hemos tenido la oportunidad, hemos explicado el porqué.

Es muy peligroso gobernar y aprobar iniciativas legislativas basándonos en estados emocionales de la opinión pública, lo que, por un lado, lleva al populismo, y, por otro, suele llevar a adoptar medidas erróneas. Si tuviéramos que hacer caso de estos estados emocionales que se producen normalmente por crímenes graves, seguramente en España, tendríamos pena de muerte; en cambio, por suerte, no existe. Los países que adoptan medidas penales muy severas no garantizan que se cometan menos delitos. Dentro del mundo occidental, hay países donde existe la pena de muerte y, en cambio, los delitos de asesinato, violación, son incluso superiores a los de otros países en los que el sistema penal está encaminado a la reinserción y está basado en un respeto escrupuloso de los derechos humanos. Por tanto, mayor severidad, dureza y represión, ni siquiera garantizan que se cometan menos delitos.

La enmienda de Ciudadanos, como está planteada objetivamente sin tener en cuenta el perfil de los presos, también conduce a una cadena perpetua. En este sentido, a una persona condenada a 25 o 30 años y que ingrese en prisión con 40 o 45 años, lo estamos condenando a morir allí, seguro. Por otro lado, la pena de prisión permanente va en contra de la Constitución, y si el Tribunal Constitucional no lo reconoce, lo hará algún tribunal internacional. Además, los presos a los que se les somete a unas condiciones tan duras constituyen un problema muy serio dentro de la prisión que genera una gran conflictividad y que haya que destinar muchos más recursos de los necesarios en caso de que existan programas de rehabilitación.

Quiero decirle a la senadora del Partido Popular y a su grupo que es cierto que los programas de rehabilitación y de reinserción que se utilizan en el caso de presos que han cometido violaciones o asesinatos y que tienen un perfil psicopático, unas estructuras de personalidad con grandes deficiencias, no son suficientemente fiables. Eso es cierto, y por tanto, habrá que investigar más, habrá que profundizar más, habrá que invertir más y, quizás, la solución sería que en el caso de los presos a los que se hayan aplicado programas pertinentes y aun así no existan garantías suficientes de que estén rehabilitados, tendremos que trabajar con un tipo de tercer grado adecuado a esos perfiles porque es verdad que podemos estar poniendo en riesgo a la sociedad; es decir, contemplar el tercer grado, independientemente del delito, pero adaptado a esos casos porque los programas de rehabilitación en este tipo de delitos no son lo suficientemente fiables.

Por tanto, busquemos soluciones pero no optemos por endurecer la pena y por condenar a ese tipo de delincuentes a cadena perpetua.

Per tant, repeteixo: nosaltres votarem en contra, serem conseqüents i fidels amb la nostra trajectòria en aquesta qüestió, però ens oferim a buscar solucions per incrementar els recursos destinats a aquests programes de tractament —que, repeteixo, en aquest moment no són prou fiables— i a considerar la possibilitat d’estudiar un tercer grau amb mesures de control extrapenitenciàries que puguin garantir que realment no posem en perill la societat quan aquestes persones han complert una part important de la condemna.

Moltes gràcies.

Por tanto, repito, nosotros vamos a votar en contra. Seremos consecuentes con nuestra trayectoria en esta cuestión, pero nos ofrecemos a buscar soluciones para incrementar los recursos destinados a estos programas —que, insisto, no son suficientemente fiables— y a contemplar la posibilidad de estudiar un tercer grado, con medidas de control extrapenitenciarias, que garanticen que no pongamos en peligro a la sociedad y cuando estas personas hayan cumplido una parte importante de su condena.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

En marzo del año pasado, ni siquiera hace un año, trajeron ustedes a debate la misma moción. Ahora volvemos a debatir exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que en octubre de 2017 el Congreso aprobó la proposición de ley para intentar derogar la prisión permanente revisable, y ustedes se quedaron solos, con Unión del Pueblo Navarro. Parece que son incapaces de aceptar que no tienen mayoría en algo.

Gran parte de la ciudadanía piensa que esta Cámara es inútil y no la entiende, pero es que con cosas como esta al final van a provocar que realmente sea inútil. Lo están haciendo otra vez al debatir exactamente lo mismo. Ustedes son los que desprestigian a esta Cámara.

Ha aparecido el cuerpo de Diana Quer y se ha detenido a su presunto asesino. Todos en esta Cámara nos solidarizamos con la familia, todos entendemos perfectamente su dolor, pero ustedes están intentando apropiarse de su dolor, en un ejercicio de populismo absoluto, intentando manipular a la opinión pública a través de tertulias televisivas —a las que, por supuesto, no llevan ni a un solo penalista, sicólogo y sociólogo— y de todo tipo de campañas. Pretenden hacer saltar las normas penales directamente de las tertulias al BOE. Eso es lo que están haciendo. (Rumores).

Ustedes se aferran a que hay países de nuestro entorno con estas medidas en vigor, pero en realidad hacen trampa y ocultan que tenemos una de las tasas de criminalidad más baja de la Unión Europea en delitos de homicidio intencional y, además, de las más bajas del mundo. Tenemos una tasa 7 veces inferior a la de la Unión Europea y 11 veces inferior a la de la media mundial, pero eso ustedes no lo dicen.

Está empíricamente demostrado que aumentar las penas no implica que se comentan menos delitos. Es más, no existe poder intimidatorio al subir la pena hasta la cadena perpetua y ni siquiera hasta la pena de muerte. Además, hemos ido reduciendo a lo largo de los años las tasas de homicidio.

Tampoco dicen que la legislación española es de las más duras de la Unión Europea, que nuestro Código Penal es uno de los más duros. Ocultan ustedes y los señores de Ciudadanos que es posible ser condenado hasta a 40 años de cumplimiento efectivo de prisión en una sola sentencia; y tampoco que se pueden acumular condenas de prisión de manera ilimitada. Eso existe en nuestro Código Penal, eso es cadena perpetua y ya existe.

Atendiendo a los datos del Gobierno les puedo decir —y, señores de Ciudadanos, aquí también hay un agujero porque esto sí es cadena perpetua— que en junio de 2017 había 214 personas cumpliendo condenas efectivas de prisión de entre 30 y 40 años; 110 personas, entre 40 y 50 años de cumplimiento efectivo; y, 61 personas, con penas de más de 60 años de cumplimiento efectivo. Eso es cadena perpetua.

Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Quer, Miriam, Toñi y Desirée, Anabel Segura, Mari Luz Cortés y un montón de mujeres más han sido víctimas de violencia sexual, de violencia machista, de violencia de género. Ustedes hablan mucho de las penas del infierno, pero no hablan nada del germen que está detrás de muchos de estos crímenes: el machismo. Este germen es el que tenemos que combatir y no han dicho ni una sola palabra al respecto. (Aplausos). Si estuvieran interesados en defender a las mujeres estarían invirtiendo en serio en educación contra el machismo; estarían poniendo dinero en el pacto contra la violencia de género; y estarían invirtiendo en rehabilitación y tratamiento de los maltratadores. Ahí es donde está el agujero, señores de Ciudadanos, porque encerrar a los agresores y tirar las llaves no hará que respeten más a las mujeres.

En los datos que ha facilitado el Gobierno se ve que la medida que nos están planteando ahora es hipócrita y absolutamente populista. A finales de 2016 había 6223 hombres en prisión cumpliendo condena por violencia de género, pero solamente el 17 % podía seguir programas de tratamiento dentro de su prisión; y, actualmente, solo el 14 % está recibiendo tratamiento. Está claro que ustedes no están apostando por la rehabilitación de los maltratadores, y eso sí es defender a las mujeres y apostar realmente por acabar con estos crímenes.

Señores del Grupo Popular, déjense de hipocresía y déjense de populismo, que es lo que nos traen aquí. (Risas). Hablen directamente de venganza y, una vez que pongan encima de la mesa que lo que pretenden es la venganza veremos si encaja o no y debatiremos si encaja o no en un Estado social y democrático de derecho en la Europa del siglo XXI.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo permanente no es revisable, lo que se revisa no es permanente y si no existe prisión intermitente tampoco existe la permanente.

Nuestra enmienda para sustituir la prisión perpetua no va a salir adelante, tal y como esperaba la senadora Muñoz, pero vamos a hablar de verdad. Todos conocemos la encuesta que realizó un medio de comunicación el pasado 17 de enero y que en ella se indica que 8 de cada 10 españoles son partidarios de la prisión permanente revisable. Todos conocemos que en una plataforma de presión social, en un importante blog de peticiones, se han recogido 2 millones de firmas con la petición «No a la derogación de la prisión permanente revisable». Sin embargo, esto no puede convertirse, sin pudor, en un arma política arrojadiza —como hoy se está viendo— entre el Partido Popular y Ciudadanos para recuperar y recoger votos. Esto, señorías, no puede ser un campo de batalla de la derecha española para buscar votos. No podemos creer que dos grupos de la derecha española enarbolen banderas para el incremento de las penas: uno, para la ampliación de los delitos; y, otro, para que de manera populista se vea quién es el más conservador de este país. No podemos comprender que utilicen la pena de unos padres como una guerra fría entre las dos derechas. Señorías, poner a las víctimas como eje de la política criminal y actuar por la excepción, como ha dicho su compañero, vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular, es un error ético, y lo acertado en política —dijo— es tomar decisiones equilibradas. Por tanto, una alta demanda social no es una justificación para el desequilibrio penal.

Los socialistas, señorías, nos ponemos en la piel de los padres de Diana Quer, de la pequeña Mari Luz, de Marta del Castillo, de las niñas Candela y Amaia Oubel o de los pequeños José y Ruth Bretón. Comprendemos absolutamente el calvario y la desesperanza que están viviendo sus familiares, y los que somos padres mucho más. Permítanme que en un momento muestre nuestra solidaridad con esas familias y con otras muchas que están sufriendo estos crímenes abominables, pero la política penal, senadora Muñoz, no puede estar condicionada por los legítimos sentimientos de unos padres; la revancha no se puede convertir en la política penal. Los sentimientos de dolor, sí, rompen el corazón; el sufrimiento y el calvario de los padres que han vivido, viven y vivirán no se podrá reparar con nada. Para eso están la justicia, la política penal y penitenciaria y, señorías, también, estamos nosotros para legislar equilibradamente y no para tomar decisiones a golpe de los acontecimientos, que es lo que están haciendo las dos derechas; no para utilizar el dolor y el sufrimiento políticamente, no para decir a la gente lo que quiere oír porque eso es muy fácil pero muy irresponsable.

Señorías, cada vez que se produce un hecho luctuoso y terrible, como el que les hemos citado, se genera una importante conmoción social y son entendibles las reacciones emocionales de los afectados. ¿Cómo no lo voy a entender yo, si soy padre de dos hijas? Les voy a hablar de una entrevista que oí el otro día en la radio. Una periodista le preguntó a un general portugués, al que habían matado a su hijo, ¿qué haría usted con este hombre? Matarlo —dijo el general—, matarlo. Y acto seguido dijo: Pero su obligación es impedir que lo haga. (Aplausos). No es comprensible que ustedes hayan iniciado una auténtica ofensiva política para, en un nuevo capítulo de oportunismo, pretender conseguir un voto más con el desconsuelo de unas personas. El Gobierno, los partidos debemos trabajar por una sociedad más segura y más justa;



debemos trabajar para apoyar a las víctimas y para apoyar, por ejemplo, a los huérfanos de la violencia de género; debemos trabajar para que se esclarezcan los hechos apoyando a nuestras fuerzas de seguridad y a los propios funcionarios de prisiones; y debemos trabajar para que a los asesinos les caiga todo el peso y paguen por lo que han hecho, pero siempre dentro de la ley y de la Constitución.

Por eso, señora Muñoz de la Iglesia, votaremos en contra de su moción porque no jugamos a la especulación, porque consideramos que la consolidación de una cadena perpetua no es adecuada a nuestro ordenamiento jurídico y porque, señorías, estas familias, las víctimas, tendrán siempre una gran tristeza, una gran melancolía para el resto de sus vidas, pero nadie debe intentar aprovecharse de su dolor y de su desolación. La política no debe subirse al carro del oportunismo. Un partido, el Partido Popular, que dice que gobierna y, otro partido, Ciudadanos, que quiere gobernar, no pueden subirse a ese carro. De nuevo voy a estar de acuerdo con don Juan Carlos Quer cuando dijo hace muy pocas semanas: La vida de las víctimas inocentes no puede ser objeto de un caladero de votos. Hagan caso al señor Quer, a quien llevan a sus convenciones, porque esta, la del caladero de votos, es la imagen que ustedes están dando en los últimos días.

Votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Senador Marcos, la propuesta que presentan hoy seguro que ha pasado por el departamento de marketing y captación de votos de su partido, pero creo que se le olvidó presentarla en el departamento jurídico porque, sinceramente, se han pasado ustedes de frenada. Quiero recordarle que, en materia de legislación penal, lo importante no es que las penas sean más o menos duras, como ha dicho usted, sino que sean justas; justas, señorías, y esta propuesta no contaría ni con el aval del Tribunal Constitucional ni con el aval del Tribunal de Derechos Humanos porque el cumplimiento íntegro de las penas sin posibilidad de revisión, que es lo que ustedes proponen es, de facto, una cadena perpetua. Y lo que es más importante, señoría, su propuesta no resuelve el problema: los delincuentes cumplirían su pena y saldrían a la calle, se hayan reinsertado o no, que es lo que pretende evitar la pena de prisión permanente revisable.

Señor Bildarratz, la respuesta es sí. Presentaremos esta moción las veces que sean necesarias. (Aplausos). La presentamos hace un año, cuando todavía no había habido 21 de diciembre, y la presentamos ahora. Repito, la respuesta es sí.

Senadora Mora, tengo que serle sincera: es triste, pero espero muy poco de ustedes. Ustedes siempre se suelen situar en el limbo, igual con una patita hacia quienes tienen conductas reprochables. En este sentido, le voy a poner tres ejemplos: cuando en Alsasua unos proetarras pegaron una paliza a unos guardiaciviles, ustedes recibieron en el Congreso a los proetarras; cuando traemos aquí mociones para proteger a los ciudadanos frente a la ocupación de sus viviendas, ustedes se sitúan con los okupas; y cuando hay manifestaciones a favor de las víctimas del terrorismo, como la que tuvo lugar hace unos días en Andalucía en relación con el matrimonio Jiménez-Becerril, ustedes no van, pero sí consideran importante estar presentes en las manifestaciones de Bilbao de apoyo a los proetarras. (Aplausos). Esa es su posición, señora Mora.

Señorías, hace unos días leía un artículo que cuestionaba la prisión permanente revisable y decía que era importante buscar el consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir consecuencias tan graves para la ciudadanía y que eso exigía situarse por encima del juego mayorías-minorías; que no era suficiente vencer con el peso de los votos de una mayoría absoluta y que se requería convencer con la fuerza de la razón. Pues bien, señorías, yo acepto el reto, acepto convencerles con la razón y con el corazón, con razones jurídicas y con razones humanas. En primer lugar, señorías, derecho internacional: la pena de prisión permanente revisable está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, en nuestro país está avalada por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. En tercer lugar, derecho comparado: muchos de ustedes han reconocido que la mayoría de los países europeos, salvo Portugal, cuentan con una pena de prisión permanente revisable similar a la española. ¿Acaso los españoles no tenemos derecho a estar protegidos exactamente igual que el resto de europeos? Y, en cuarto lugar, el Tribunal Constitucional: ustedes no han querido esperar a que se pronuncie y no lo han hecho porque saben perfectamente lo que va a decir. Sus sentencias, de facto, ya están aprobando la pena de prisión permanente revisable cuando reconoce y admite que presos que van a ser condenados a una pena de prisión permanente revisable en sus países sean extraditados.

Señorías, tenemos la obligación constitucional de poner en funcionamiento todos los instrumentos a nuestro alcance para que los delincuentes se reinserten, pero yo me pregunto: ¿no tenemos también la obligación jurídica y moral de establecer todas las herramientas necesarias para que los ciudadanos estén protegidos de los delincuentes más abominables, que no quieren o no pueden reinsertarse? Y les quiero poner dos ejemplos que creo que pueden ayudar a abrir conciencias. El domingo pasado estuve en Córdoba y pude escuchar a la madre de Sandra Palo que nos decía lo siguiente: A mi hija la secuestraron, la violaron, la atropellaron y la quemaron. ¿Venganza? Yo no quiero venganza; eso no me devolvería a mi hija. Lo que yo quiero es justicia. La prisión permanente revisable puede evitar que otras familias, que otras niñas sufran lo que sufrió mi hija. Y el otro ejemplo es la otra cara de la moneda; un ejemplo claro de la imposibilidad de que algunas personas se reinserten. Félix Vidal Anido, de 55 años, fue condenado en 1981 a 24 años de cárcel por violar a 54 mujeres. En 1987, en su primer permiso, agredió a otra persona. Cumplió 32 años de prisión. Salió en 2013 y no tardó en reincidir. En 2014 fue condenado a 21 meses de prisión. Salió de prisión el 31 de diciembre de 2015. Hasta hace unos pocos días era un hombre libre, pero desafortunadamente ha vuelto a reincidir.

Termino, señorías, pero no sin antes pedirles que olviden por un momento que pertenecen a un determinado partido político; que olviden su ideología porque al final este no es un asunto partidista; que piensen como padres, como hijos, como hermanos; y que piensen como mujeres porque en cualquier momento nos puede suceder a cualquiera de nosotras.

Yo me pregunto, señorías: ¿Es revisable el dolor de una madre que pierde a uno de sus hijos a manos de su pareja?, ¿es revisable el dolor de un hermano cuya hermana ha sido secuestrada, violada y asesinada?, ¿es revisable el dolor de un hijo que ha perdido a sus padres a manos del terrorismo? No, señorías. El dolor es lo único permanente y no revisable.

Cuando un delincuente asesina la primera vez el Estado no tiene herramientas para evitarlo, lo que sí podemos hacer es establecer todas las herramientas necesarias para que esa persona, si no se ha reinsertado, no vuelva a cometer los mismos delitos. Señorías, no dejemos que el asesinato de tantos de los nuestros sea en balde. Construyamos juntos una nación más segura y más justa en la que todo el mundo quiera vivir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Llamen a votación. (Pausa.— La señora Mora Grande pide la palabra).

Senadora Mora, ¿por qué pide la palabra?

La señora MORA GRANDE: Por alusiones, señor presidente, y para poder contestar a la senadora del Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, no ha habido alusiones en este caso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 147; en contra, 102; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VALORAR LA REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EVITAR FRAUDES. 662/000094 GPP

El señor presidente da lectura al punto 8.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, las cuatro enmiendas que se habían presentado —tres del Grupo Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario Socialista— decaen una vez firmada esta propuesta de modificación, igual que la enmienda que había presentado el Grupo Parlamentario Popular al texto original.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Del Brío. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, vamos a hablar a continuación de confianza y vamos a hablar también de protección a nuestros pequeños ahorradores.

Por todos es conocido que el valor de una moneda depende de la confianza que en ella se deposite. El bitcóin, quizá la criptomoneda más conocida y extendida en la actualidad, ha registrado en los últimos meses pérdidas acumuladas... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

Guarden silencio, por favor. Es imposible escuchar al orador.

Continúe, señoría.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias.

Estaba hablando de confianza y decía que el valor de una moneda depende de la confianza que se deposite en ella y que, precisamente, las monedas de las que vamos a hablar, las criptomonedas, y muy específicamente del bitcóin, que quizá sea la más conocida y la que tiene el uso más extendido, ha soportado en los últimos meses unas pérdidas acumuladas del 60 %. Es más, en un solo día, la pérdida intradía, ha llegado a ser hasta del 29 %. ¿Cuál ha sido la razón de este descenso brusco en la valoración de estas monedas? Básicamente, el anuncio por parte de distintos Gobiernos de todo el mundo de su intención de comenzar a regular estas monedas. Si el mero anuncio de la posibilidad de una regulación ha provocado una volatilidad tan alta de estos activos y esta caída de los precios, creo que hay razones suficientes para que hoy discutamos sobre la necesidad de regular estas monedas.

De hecho, de esto es de lo que va a hablar hoy el Partido Popular con esta moción que traemos al Pleno, tratando de implicar a todo el arco parlamentario, para impulsar juntos la regulación de las criptomonedas con el objetivo último de proteger siempre al pequeño inversor. En este sentido, vamos a proponer una regulación que vele por la estabilidad financiera y por la integridad del sistema financiero, pero sin perder nunca de vista un principio tan esencial como es la justicia distributiva. Para cumplir este objetivo es importante conocer el objeto de debate, el objeto de interés; es importante conocer las criptomonedas, que son cerca de 1500 monedas virtuales en fase experimental, altamente volátiles y cuyo valor viene marcado por unos complejos algoritmos matemáticos que buscan, ante todo, la escasez de la moneda. Por tanto, la valoración nunca va a venir marcada por la evolución de la economía o por si los demás hacemos las cosas bien o mal.

Esto da lugar a que las criptomonedas ni siquiera deban ser consideradas monedas. Es más, no son monedas fiduciarias, no tienen el respaldo de ningún Estado, de ningún banco central y, lógicamente, esto da lugar a que estemos siempre en el filo de las actividades ilícitas. A este comportamiento favorece especialmente otro rasgo de estas monedas, como es, precisamente, el hecho de que sean anónimas. Son activos, por tanto, opacos, en los que es difícil, o casi imposible, conocer el comprador y vendedor último de cada una de las transacciones que se realizan. Es más, por no conocer ni siquiera se conoce la identidad de las personas responsables detrás de las empresas emisoras e inventoras de las criptomonedas. Como consecuencia directa de esta situación, nos encontramos con dos riesgos fundamentales: en primer lugar, para el pequeño inversor, por un problema de exceso de volatilidad; por tanto, hablamos de activos con un riesgo muy elevado que no deben ofrecerse en el mercado minorista, y así lo comentó la semana pasada el ministro de Economía. En segundo lugar, existe un riesgo que va más allá del inversor individual; es un riesgo para el conjunto de los Estados, ya que el hecho de que sean anónimas favorece su uso para actividades delictivas. Estamos hablando, por ejemplo, de blanqueo de dinero, de tráfico de divisas, de evasión fiscal, pero también, en el extremo quizá más excesivo, estamos hablando de la posibilidad de financiar el terrorismo internacional.

Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario Popular propone ante este Pleno instar al Gobierno a que tenga un papel activo en el ámbito de la Unión Europea, pero también del G20, en el desarrollo de una regulación supranacional que proteja al pequeño inversor ante los riesgos especulativos y que evite el uso de estos productos también para financiar cualquier actividad fuera de la ley. Esta regulación creo que además va a ayudar a restaurar la confianza y la fiabilidad en nuestros mercados y mejorará la seguridad jurídica de estos productos, y sobre todo tiene que ir encaminada a romper con el anonimato de comprador y vendedor.

Queremos mencionar también otras exigencias, por ejemplo, la necesidad de establecer mayores controles informativos y de requisitos de capital para las empresas emisoras de criptomonedas y también mayores requisitos para los proveedores, por ejemplo, de monederos electrónicos, de servicios de depósitos de custodias o de servicios de cambio de moneda, en este caso hablaríamos de cambio de moneda fiduciaria por moneda virtual, y viceversa; y también, lógicamente, tenemos que abordar el aspecto fiscal de estos productos, ya que ahora carecen del tratamiento, en términos de gravamen fiscal, que tienen otras formas de inversión, lo que hace que sean más atractivos para el pequeño inversor y que sean más fácilmente susceptibles de casos de abuso.

En tanto no exista esa regulación, queremos mandar también un mensaje de cautela, al cual deben contribuir directamente la CNMV y el Banco de España mostrando y advirtiendo a los pequeños ahorradores del peligro y la volatilidad de estos productos, y también participando en todos los grupos de trabajo que existen actualmente y que tratan de avanzar en la identificación de esa forma de regulación más eficaz para contravenir los efectos negativos de las criptomonedas.

No obstante, no quiero que pensemos que las criptomonedas no tienen ninguna ventaja; por supuesto que las tienen, sobre todo su sencillez, su rapidez o la ausencia de costes de transacción; la posibilidad, por tanto, de realizar sin costes transacciones transnacionales, transfronterizas. Eso es una ventaja siempre que exista una regulación que encamine su papel hacia el buen camino. Otra ventaja fundamental de la criptomoneda es que nos va a ayudar a avanzar en la inclusión financiera y va a ofrecer financiación más barata a pymes y a nuevas empresas y también fuera del entorno español, en países emergentes. No tenemos que olvidar esa dimensión.

Desde mi punto de vista, estamos asistiendo a una etapa fascinante en el desarrollo de la humanidad. Es difícil prever los cambios tecnológicos y también financieros que se van a producir en un futuro no tan lejano. Por tanto, entiendo que, como servidores públicos, debemos configurar cómo queremos que sea el sistema financiero del futuro. Es nuestra obligación poner la globalización y los avances tecnológicos al servicio del desarrollo de la sociedad. Por eso me quiero anticipar a dar las gracias a todos aquellos partidos que han confirmado su apoyo a esta iniciativa. Deseo que sigamos yendo juntos hacia el camino correcto, comenzando hoy por mejorar la protección a nuestros conciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Del Brío.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Respecto a esta moción, autoenmendada reiteradamente, compartirán con nosotros que su primera propuesta era un despropósito: instar al Gobierno a que regulara en criptomoneda, cuando no puede regular ni en moneda ordinaria. El texto de la transaccional, que hemos aceptado, la mejora notablemente, aunque nosotros queremos marcar cierta distancia con su posicionamiento.

Si bien compartimos la necesidad de regular el fenómeno de las criptomonedas como un método de pago o inversión, discrepamos bastante de sus planteamientos y de presentar la criptomoneda como poco más que un producto de la economía sumergida o incluso de actividades delictivas, como el tráfico de divisas o de drogas o la financiación del terrorismo, como ustedes sugieren en su exposición de motivos. Pensamos que eso es tan peregrino como negar que el dólar, el euro o la antigua peseta también han servido para financiar atentados o para llenar maletines o los sobres en b que ustedes conocen tan bien. Hay tráfico de drogas, y lo ha habido tanto con euros y dólares como con pesetas. No hacía falta que llegara la criptomoneda o el bitcóin para esto. Con euros y sin bitcoines ustedes no tuvieron ningún problema en tener casos Gürtel, amnistías fiscales o cuentas en Suiza. Imagino que también esa fiesta del Partido Popular que nunca se acababa y de la que hablaba Ricardo Costa se pagó con euros y no con bitcoines. E imagino que los sobres iban llenos de euros y no de bitcoines.

Ojalá les preocupara tanto la criptomoneda como la criptoeconomía en los paraísos fiscales; ojalá les preocupara tanto la criptomoneda como la criptofinanciación ilegal de su partido; ojalá les interesara tanto la criptomoneda como la criptocontabilidad que ustedes destrozaron a martillazos.

Por tanto, la criptomoneda no puede demonizarse, y no vamos aquí a poner puertas al campo. Es un nuevo fenómeno que va a ir a más. Entendemos que pone nerviosos a los bancos y a los monopolios económicos para los que ustedes trabajan, pero hay que tener en cuenta que hoy en día ya hay muchos países en los que se puede operar con bitcoines u otro tipo de monedas. Ford, Jeep y Tesla aceptan ya criptomonedas, por lo que parece que el fenómeno va a oficializarse; centenares de comercios en España ya funcionan con criptomonedas, y, por lo tanto, no sería descabellado que en breve la Unión Europea presentara su propia moneda virtual.

Menos rasgarse las vestiduras hablando de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero o contra la fuga de capitales, como hacen en su exposición de motivos refiriéndose únicamente a la criptomoneda, cuando ustedes son el paradigma de todo lo contrario. Lo que proponemos es que se regule claramente su uso, sus obligaciones y la posibilidad de su integración en las instituciones bancarias y reguladoras, así como que se informe a los usuarios de los riesgos, para que no sean estafados, y educarlos en el uso de las criptomonedas. Desgraciadamente, ese interés en educar a los ciudadanos para que no sean estafados no lo tuvieron ustedes cuando los abandonaron ante los bancos con los fraudes hipotecarios, con el fraude de Bankia o con los fondos de las preferentes. Por lo tanto, las criptomonedas, emulando a su gran compañero, también «es el mercado, amigo».

Nos parece bien que se estudie la posible fiscalidad para los bitcoines y para cualquier tipo de moneda, pero también les pediríamos que ese interés que han mostrado aquí, lo mostraran, al menos alguna vez, para luchar contra los paraísos fiscales —que, como se ve, a tantos dirigentes suyos no les genera ningún sarpullido—, para acabar con las vergonzosas amnistías fiscales y para que se pueda identificar a quien maneja fondos en paraísos fiscales y también a aquellas organizaciones políticas que destrocen sus contabilidades a martillazos.

Estamos a favor de que se regule el uso de las criptomnedas; estamos en contra de que se criminalice su uso, y nos gustaría que, igual que se preocupan por la criptomoneda, se preocuparan por una criptoeconomía, como es la suya, y por una criptocontabilidad como la que han tenido ustedes en el Partido Popular.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Bon dia, senyories.

D’ençà que el 2008, Satoshi Nakamoto va crear el bitcoin, hem sentit a parlar molt de la moneda virtual. O la criptomoneda. En l’actualitat, sembla que ja se’n poden comptar més de mil cinc-centes, però tampoc ningú no es posa d’acord respecte d’aquesta quantitat. S’ha fet popular per internet, el bitcoin, la més coneguda, va passar dels 958 dòlars a finals del 2016, a 13.800 dòlars a finals del 2017. Amb un creixement de més del 1.000 %. Però també sabem que, en una sola setmana, de fet, aquesta setmana, aquesta moneda ha caigut en més d’un 30 %. Aquest és, doncs, un sistema complex. Tothom n’hem sentit a parlar però costa d’entendre el funcionament d’aquesta moneda per a la majoria de la gent. Per tant, com bé s’explica en la part expositiva de la moció que han presentat, la mateixa complicació que el fa interessant, ràpid, anònim i afavoridor de transaccions, sense cap mitjancer, fa alhora que no sigui atractiu per a la majoria de la gent que encara el veu massa intangible, volàtil, i amb un elevat grau de risc. Però és cert que obre tot un món a explorar, i tot un món de possibilitats i aquest món no sempre està al servei de les bones pràctiques, —també en fan un esment en la seva part expositiva.

En aquest sentit, és un tema real, tot i ser virtual, i és un tema que ha vingut a quedar-se, molt complicat. I, efectivament, darrerament hi ha hagut intents d’oficialitzar aquest tipus de monedes i una reacció, per tant, per haver-lo de regular. Sembla que el fet de voler regular aquest tipus de moneda es pot comptar dins de la seva pròpia debilitat. De fet, aquests moviments reguladors han provocat davallades en aquest tipus de monedes. Al nostre entendre, no és un tema fàcil, intentar regular una moneda virtual, que no és oficial. Sembla una feina ingent. Si tenim una moneda oficial, que amb prou feines podem controlar, malgrat tots els mecanismes de què ens hem volgut dotar. Malgrat tot, és un tema que truca a la porta. I que s’ha d’afrontar. Per tant, veiem bé que s’estudiï i que es valori la necessitat d’encarar-lo. Una bona informació, pedagogia sobre aquesta nova realitat. Advertències sobre els seus riscos, a més a més d’un treball coordinat, —tant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a tots els fòrums internacionals sobre els seus efectes i possibilitats—, ho veiem bé. Pensem que la seva regulació s’ha de fer tant a nivell de la seva bona pràctica, al servei de qui i al servei de què està aquest tipus de moneda, com també de les seves implicacions, ja siguin socials, econòmiques o fiscals.

Per això, votarem a favor d’aquesta proposta.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Desde que en 2008, Satoshi Nakamoto creó el bitcóin, hemos oído hablar mucho de la moneda virtual o criptomoneda. En la actualidad, parece que ya se pueden contar más de 1500, pero nadie se pone de acuerdo sobre esta cantidad. El bitcóin —que se ha hecho la más conocida y popular por internet— pasó de los 958 dólares a finales de 2016 a 13 800 dólares a finales de 2017, con un crecimiento de más del 1000 %. También sabemos que en una sola semana —de hecho, esta semana—, esta moneda ha caído más de un 30 %. Por tanto, se trata de un sistema complejo.

Todos hemos oído hablar del bitcóin, pero a la mayoría de la gente nos cuesta entender el funcionamiento de esta moneda. Por eso —tal y como se explica en la parte expositiva de la moción que han presentado—, la misma complicación que lo hace interesante, rápido, anónimo y favorecedor de transacciones y mediadores, a su vez hace que no sea atractivo para la mayoría de la gente, que todavía lo ve intangible, volátil y con un elevado grado de riesgo. Pero es cierto que abre todo un mundo por explorar, un mundo de posibilidades, que no siempre está al servicio de las buenas prácticas —como mencionan ustedes en su parte expositiva—. En este sentido, es algo real —a pesar de ser virtual—, que ha venido para quedarse y es muy complicado.

Últimamente ha habido intentos de oficializar este tipo de monedas y, por esta razón, reacciones para regularlo. Parece que el hecho de querer regular este tipo de monedas ha demostrado su propia debilidad, pues estos movimientos reguladores han provocado ya algunas caídas de estas monedas. A nuestro entender, no es fácil intentar regular una moneda virtual que no es oficial; parece un trabajo ingente, si tenemos en cuenta que ya nos cuesta bastante trabajo controlar una moneda oficial, a pesar de todos los mecanismos de los que nos hemos dotado. Sin embargo, es algo que ya tenemos aquí y a lo que hay que hacer frente. Consideramos que es necesario enfrentarse a ello, tener buena información, hacer pedagogía de esta nueva realidad y advertir de los riesgos que entraña, además de realizar un trabajo coordinado, tanto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como en todos los foros internacionales, sobre sus efectos y posibilidades. Todo esto lo vemos bien. Pensamos que su regulación se tiene que hacer tanto en lo que respecta a su buena práctica como en saber al servicio de quién y de qué están estas monedas, así como sus implicaciones sociales, económicas y fiscales.

Por estas razones, vamos a votar a favor de esta propuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Presidente, señorías, egun on. Buenos días.

Tratamos hoy la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en relación con los riesgos y la regulación de las criptomonedas.

En primer lugar, nuestro grupo entiende que habría que diferenciar las criptomonedas de la tecnología subyacente. La moción que presenta el Grupo Popular propone regular las criptomonedas por su carácter especulativo, por el riesgo del anonimato implícito en ellas y por el riesgo de evasión de impuestos al utilizar una moneda que no está regulada y a la que, por tanto, no se le exige el pago de impuestos.

Los mercados de criptomonedas y los ICO no están, a fecha de hoy, controlados por ninguna autoridad ni disponen del respaldo de ningún banco central; su éxito está basado en la confianza de usuarios y usuarias. Sin embargo, la moción no dice nada sobre la tecnología subyacente a las criptomonedas actuales, el blockchain, que puede utilizarse para otros casos, como la identidad digital, el bastanteo de poderes, los contratos inteligentes, los registros oficiales o las transferencias internacionales.

Creemos que es igual de importante establecer una regulación de las criptomonedas que empezar a analizar y, en su caso, regular posibles usos de su tecnología subyacente que no están asociados a los riesgos de las criptomonedas.

Con respecto a las criptomonedas, haré algunas consideraciones que nos parecen importantes. El carácter especulativo de las criptomonedas es un tema principalmente a tratar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde los entes públicos, incluso desde los privados, se puede hacer una labor de concienciación para evitar que se especule con ellas, pero creemos que, en último término, le corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que tiene potestad de aplicar acciones que eviten riesgos de mercado; por ejemplo, si hay una caída muy fuerte de alguna cripto sin justificación debida, prohibir su venta en un intervalo temporal, etcétera. Corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre todo porque no podemos obviar ni olvidar la crisis financiera, que fue facilitada en parte por las deficiencias de muchos gestores y numerosas entidades financieras, y también de prácticas especulativas. Pero, sobre todo, en parte por la deficiente labor del supervisor. Es oportuno, por tanto, vista la experiencia vivida en los últimos años en el sector financiero, la anticipación y la regulación de aquello que suponga o pueda suponer riesgos para los inversores e inversoras.

En cuanto a los riesgos del anonimato, se tendrían que analizar las dos vertientes: la identificación de los usuarios o usuarias que adquieran criptomonedas a cambio de monedas de curso legal y la identificación de los usuarios y usuarias que utilicen las criptomonedas en transacciones comerciales. Porque no podemos obviar que el anonimato en las operaciones con criptomonedas puede ser generador de riesgo, refiriéndonos a las actividades delictivas vinculadas a la comisión de delitos graves que preceden a la posterior actuación del blanqueo de capitales, al no poder garantizar ni facilitar la identificación de las personas físicas o jurídicas que realicen dichas transacciones. En esta línea estarían las iniciativas que ha presentado recientemente la Comisión Europea al Parlamento a fin de obligar a que las plataformas que gestionan las criptomonedas controlen a sus clientes, proponiendo extender la directiva contra el blanqueo de capitales a estas formas de pago. Pero el anonimato tampoco facilita la tributación de estas operaciones.

Para analizar la opción de regular fiscalmente las criptomonedas se debe tener en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictamina que no se deberá aplicar el IVA a las criptomonedas en su cambio de moneda a moneda; no obstante, sí a las transacciones comerciales. Es decir, el cambio de criptomonedas a moneda de curso legal no debe tributar, pero sí las transacciones que se hagan. Entendemos que la forma de hacerlo sería fijar esa obligación a los establecimientos o plataformas que permitan alguna criptomoneda como método de pago, obligando a tributar por las transacciones realizadas con estas monedas. Aquí también se plantea otra cuestión: cómo puede afectar a la tributación personal las revalorizaciones de estas monedas.

Por otro lado, ni siquiera estaría claro a qué nos referimos cuando hablamos de criptomonedas, porque en esto tampoco hay consenso. Algunos dicen que es un título valor; la Agencia Tributaria dice que son otros efectos comerciales; hay quienes lo consideran como un bien mueble digital. También tenemos la definición que se ha utilizado en la primera escritura de constitución de una sociedad en España con capital íntegramente constituido por bitcoines calificando a estos como aportaciones no dinerarias. Finalmente, también hay quien la considera una divisa, cuya principal objeción sería precisamente la inexistencia de un Estado o banco central detrás de estas criptomonedas. Por tanto, también se debería hablar de la naturaleza jurídica de las criptomonedas, asunto, como vemos, que no es, ni mucho menos, pacífico.

Voy terminando. Por todo lo anterior, reconociendo la innovación de las criptomonedas y que han venido para quedarse, consideramos necesarias aquellas iniciativas que analicen la posibilidad de protección a los inversores, así como iniciativas tendentes a identificar y mitigar los riesgos de blanqueo y lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas y terroristas. Esta regulación se debe realizar en los foros internacionales a través de regulaciones supranacionales.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Senadors, primer agrair la voluntat de transaccionar dels senadors que la proposen. Però també, al mateix temps, assenyalar que aquella primera versió que ens van presentar, la qual després es va canviar de dalt a baix, encara que fessin veure una correcció d’errors. No entenem exactament com alguns dels senadors que m’han precedit d’un pas a l’altre i això ens genera desconfiança, perquè aquella primera versió també generava desconeixement.

Dèiem desconfiança i també veiem una desconfiança excessiva en com funciona una nova forma de relació sense intermediaris. I això no vol dir que no hi hagi d’haver i que no estiguem d’acord que hi hagi una regulació, evidentment que sí. Hi ha d’haver una regulació fiscal i una regulació jurídica. Però no la veiem tampoc en aquesta moció. De fet, l’Agència Tributària ja ho fa en el seu pla anual de control tributari per a aquest 2018, que parla d’estudiar, com aquesta moció. Però no sabem ben bé cap a on. I, de fet, en el seu conjunt, aquesta moció, la veiem inoqua, no veiem en quina direcció va exactament. I per això ja els avanço que ens abstindrem.

Està bé que el govern del Partit Popular miri de lluitar contra el blanqueig de capitals, i l’economia submergida, per la moneda digital, i per la moneda fiducitària i pels sobres, i en general. I també cal destacar l’aspecte fiscal de l’administració. I que doni aquesta seguretat jurídica. Per això, estem d’acord que ha de ser, com a mínim, a nivell d’Unió Europea. Per tant, a nivell supranacional, com plantejaven a l’hora d’anunciar-nos aquesta moció. Però insistim en la idea que no es pot generar alarmisme, que no es pot criminalitzar. I aquest plantejament és el que sí que ens preocupa una mica d’aquesta moció. No es pot només advertir dels perills de les criptomonedes, que segur que hi són, com qualsevol altra manera. Sinó que s’ha de regular, amb confiança, aquesta nova manera de fer, simplement això per donar seguretat també a aquells que ho volen fer bé. Lluny de veure-la només com un perill. També cal veure que treure pes i ineficiències als intermediaris pot ser una oportunitat.

No veiem això en aquesta moció, tampoc no veiem el contrari, i tenim clara aquesta necessitat de regular, com els dèiem, ens abstindrem.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la voluntad de transacción a los senadores proponentes, pero también señalar que aquella primera versión que nos presentaron se ha cambiado totalmente, aunque hicieran una corrección de errores.

No entiendo por qué algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra no han dicho nada, porque esto genera desconfianza y desconocimiento. También hay excesiva desconfianza en cómo funciona una nueva forma de relación sin intermediarios, lo que no significa que no tenga que haber una regulación. Evidentemente que tiene que haber regulación fiscal y regulación jurídica, pero no la vemos en esta moción. De hecho, la Agencia Tributaria ya lo hace en su plan anual de control tributario para este año, ya que habla de estudiar, como esta moción, pero no sabemos hacia dónde va. En su conjunto, esta moción la vemos inocua, no vemos hacia qué dirección va. Por eso les avanzo que nos vamos a abstener.

Está bien que el Gobierno del Partido Popular trate de luchar contra el blanqueo de capitales y la economía sumergida tanto para la moneda digital y la moneda fiduciaria como para los sobres y a nivel general. También hay que destacar el aspecto fiscal de la Administración para que dé seguridad jurídica. Por ello, estamos de acuerdo en que, como mínimo, tiene que ser en el ámbito de la Unión Europea, por lo tanto, a nivel supranacional, como han planteado al presentar esta moción.

Insistimos en la idea de que no se puede generar alarmismo, que no se puede criminalizar. Este planteamiento de la moción nos preocupa. No se puede solo advertir de los peligros de las criptomonedas, que seguro que están ahí, como en cualquier otra forma, pero se tiene que regular con confianza esta nueva forma de hacer simplemente para dar seguridad a aquellos que lo quieren hacer bien. No hay que ver las criptomonedas como un peligro. Sacar la ineficiencia de los intermediarios puede ser una oportunidad, pero no lo vemos reflejado en la moción, y tampoco vemos lo contrario. Tenemos clara la necesidad de una regulación, y por ello nos vamos a abstener. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

La moción que debatimos es en buena medida una especie de Frankenstein. Ustedes, senadora Del Brío, presentaron una primera versión de esta moción para luego corregirla y cambiar completamente su parte propositiva. La primera versión era muy agresiva y bastante inconsistente. La segunda versión sigue siéndolo en su exposición de motivos, en su justificación, pero han edulcorado los puntos que propone. Empezaré por comentar la parte justificativa de la moción.

Ustedes han recogido todo el argumentario que se utiliza habitualmente en contra de las criptomonedas y en particular del bitcóin. Nosotros no pretendemos desechar todas las críticas dirigidas a las criptomonedas, pero, en cambio, consideramos que asociarlas a comportamientos delictivos no tiene demasiado sentido cuando se trata de un medio de pago, como si el dinero fiduciario, el euro o el dólar, no se usara también para actividades ilegales. Ustedes dicen literalmente que las criptomonedas están tradicionalmente asociadas a la economía sumergida e incluso a actividades delictivas, como el tráfico de divisas, tráfico de drogas, estructuras piramidales y financiación del terrorismo. Con el panorama que usted pinta, señora Del Brío, se podría pensar que hasta el Partido Popular acabará usando los bitcoines para su financiación ilegal.

Ustedes hablan de los fenómenos especulativos que se han producido en torno al bitcóin y a otras criptomonedas. En ese sentido, es cierto que ha habido fuertes vaivenes en su cotización en bolsa. Mientras que durante el año pasado el bitcóin tuvo un comportamiento tremendamente alcista, en las últimas semanas su valor en bolsa ha caído en picado. Ayer podíamos leer que en escasas semanas el bitcóin ha caído hasta un 65 %.

En ese sentido es interesante observar que el Partido Popular proponga la regulación estatal como una solución. De algún modo les pone a ustedes frentes al espejo, les pone frente a sus propias contradicciones, frente a esa retórica falsamente liberal que ustedes suelen utilizar.

¿Pero no es el mercado un mecanismo eficiente de asignación de recursos? ¿Pero la oferta y la demanda no se ajustan automáticamente? ¿Pero no es precisamente la regulación estatal la que genera distorsiones en el mercado provocando comportamientos y burbujas especulativas? Pues va a resultar que no, va a resultar que ustedes solo usan ese discurso cuando se trata de privatizar servicios públicos, rebajar los impuestos a los más ricos o permitir comportamientos criminales de las entidades financieras. Pero cuando ustedes ven algo, por pequeño que sea, que escapa a su control, son los primeros en recurrir al Estado, en exigir la intervención y la regulación por parte del Estado. Nosotros somos favorables; consideramos que se deben regular los flujos monetarios y financieros y que pueden permitirnos minimizar los fenómenos especulativos. Si situamos unas reglas claras de juego, damos seguridad a los usuarios y normalizamos el uso de las criptomonedas, probablemente lograremos evitar abusos que ya hemos conocido de algunas empresas y contribuiremos a estabilizar su cotización. Y aquí engarzo con la parte propositiva de su moción.

Ustedes han rebajado tanto el contenido de su moción que han acabado por no proponer nada. Su propuesta consiste en decir que este asunto tiene que ser estudiado en los foros internacionales y, en particular, en el G20. Pues, muy bien. Nosotros estamos de acuerdo en que debemos llevar el debate a una escala supranacional, pero para ello lo primero es que España, como Estado, defina una posición. Otros Estados ya lo están haciendo: Japón ha apostado por la regulación, Australia se dirige hacia el mismo camino; Rusia, China y Corea del sur, en cambio, apuestan por prohibirla. Hay posturas muy diferentes, incluso antagónicas, entre países. ¿Cuál debe ser la posición de España? No lo dicen, no dicen nada. Por eso, han podido incorporar las enmiendas tanto del Grupo Socialista como de Compromís, porque no dicen nada en la moción.

Por tanto, si ustedes traen un posicionamiento para que sea debatido en esta Cámara, nosotros nos posicionaremos. Mientras tanto, nuestra única posición solo puede ser la abstención.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores del Grupo Popular, cuando yo vi esta moción hace unas semanas, prometo que traté, y trato, de ser positivo con ella, porque creo que es una oportunidad que se presenta para regular un problema que tenemos hoy en día, pero que es de hace bastantes años. Ahora lo que más nos preocupa es la burbuja virtual que se está generando en torno a ella, de la que parece que el Gobierno se acaba de dar cuenta en estos momentos.

Con la regulación de la criptomoneda, que es lo que pretende esta moción, también deberíamos entrar en la regulación de la tecnología que lo soporta —de la que han hablado los senadores que me han precedido—, pero también de los criterios de fabricación de las criptomonedas. El blockchain —



de lo que ya hemos hablado aquí— es la tecnología capaz de dar rigor a los procesos particulares, tal y como el P2P, peer-to-peer, hizo con la música hace escasos años. Blockchain es una tecnología que está en internet, que es pública, que puede utilizar cualquiera, pero que también tiene sus variantes en las recepciones de uso privado.

Al Grupo Popular le digo, por si quiere presumir de ello, que España tiene la primera entidad que ha utilizado blockchain con términos educativos, se llama Certiuni, lo digo por si, cuando vayáis al G20, queréis establecerlo.

Señorías, se deben establecer normas europeas, se deben establecer normas internacionales, pero no podemos estar permanentemente a expensas de que lo hagan los demás. España debe tener iniciativas en este aspecto. Hemos de tener normas estatales que regulen el uso de las criptomonedas, igual que hicimos con la protección de datos, aspecto en el que fuimos pioneros mundiales, con nuestros defectos, por supuesto, y con nuestras virtudes, y tuvimos que adaptar nuestra normativa a las normativas europeas, que llegaron después. Pero siempre es mejor tener una normativa defectuosa que no tener ninguna, que es lo que ocurre en estos momentos.

Debemos estar alerta y ver cómo afecta la regulación a los sistemas financieros tradicionales, y para eso los bancos centrales, tanto el Banco Europeo como el Banco de España, deben tener una actitud activa para llegar al punto final de la regulación, pero no solo de las criptomonedas, porque eso sería una regulación parcial, sino que habría que regular el blockchain, el sistema que lo soporta; por supuesto, habría que regular las criptomonedas, que es a lo que se refiere esta moción, pero no tendría mucho sentido regular estas dos cosas si no regulamos el ICO, que no es el Instituto de Crédito Oficial, sino el initial coin offering, el sistema que produce la autorregulación de estas monedas y que sienta las bases para establecer los criterios necesarios para que se consideren criptomonedas y para que cada uno no pueda tener una moneda que se haya inventado, lo que hoy en día sí se puede hacer. Esto habrá que regularlo de alguna manera, es decir, que cuando una moneda se fabrique sin cumplir estos criterios se prohíba su uso.

Además, señorías, ni la tecnología es tan mala ni regular es tan malo. Tendremos que adaptar la tecnología a la legislación y hacer esta flexible para que adapte la tecnología, porque en estos momentos ya existe. No pensemos que vamos a eliminar las criptomonedas, porque eso no va a ocurrir. Vamos a tener que convivir con ellas, lo queramos o no, nos guste o no, y para ello, para utilizarlas, y utilizarlas bien, tendremos que adaptar nuestro sistema legislativo, por supuesto.

Señorías, aquí tenemos que implicarnos todos; todos los poderes públicos deben estar pensando en lo mismo. Debe implicarse el Poder Legislativo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, para regular mediante leyes su utilización, pero tenemos que hacerlo en serio, no para rellenar un hueco con esta moción, que me da la sensación de que es lo que estamos haciendo. Tendrá que implicarse el Poder Judicial, porque vamos a asistir a gran cantidad de pleitos que se van a generar con la nueva situación y habrá que crear unidades específicas de jueces y de policías, igual que se han creado unidades específicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con cuestiones hoy perfectamente normalizadas. Y el Poder Ejecutivo también tendrá que implicarse, tendrá que poner todos los medios necesarios para generar lo que se debería llamar la ciberalfabetización, y para ello tiene un organismo que pensamos que está perfectamente cualificado, con un personal perfectamente formado, como es red.es, que debería crear una unidad de criptomoneda para hacer todos los estudios pertinentes y también para formar a los usuarios.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor HUELVA BETANZOS: Termino, señor presidente.

Y propongo al Partido Popular que hagamos un grupo de trabajo o que presentemos una ponencia para estudiar esta cuestión, porque sería interesantísimo.

Y para terminar, una cosa importante. Podemos tener todas las reticencias que queramos, pero esto va a pasar con nosotros o sin nosotros. Si sabemos legislar en condiciones nos podrá generar muchos beneficios para el país y para los ciudadanos, pero si permanecemos parados y esperando, que es la especialidad actual de este Gobierno, nos creará muchos problemas y muchos perjuicios.

Señorías, si esto no se regula no hará falta ya Suiza porque tendremos las criptomonedas para ocultar el dinero.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.

Buenos días, señoría. Les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a apoyar esta moción —este es un turno de portavoces favorable— por tres motivos fundamentales: por responsabilidad, por realismo y por oportunidad.

Ha sido un deleite escuchar todas las intervenciones de sus señorías. No puedo esconder que este es un tema que a mí me resultaba bastante lejano e ininteligible y, francamente, se ha arrojado bastante luz y nos ha familiarizado con algo que es de una relevancia muy considerable, dado que uno de los informes del Foro Económico Mundial dice que, en muy breve espacio de tiempo, el 10 % del producto interior bruto de la riqueza mundial se va a albergar precisamente en estos medios digitales y de la tecnología blockchain; por tanto, la entidad que tiene es de suma importancia porque, en este momento, nos está afectando a todos.

Como les decía, nuestro grupo se va a posicionar de forma favorable en esta iniciativa, lógicamente, y la defendemos por una cuestión clarísima de responsabilidad. Aquí se ha dicho, pero no está mal volver a decirlo, el riesgo que están corriendo en estos momentos los pequeños inversores, y no sobra decir aquí que, como todos sabemos, nuestra obligación es proteger o poner todos los mecanismos necesarios para la protección de esos pequeños inversores. Hoy mismo, en uno de los periódicos de páginas salmones, gente muy autorizada en temas financieros hablaba del elevadísimo riesgo, advertía de la probable y posible burbuja a punto de estallar y de los fraudes y estafas, porque en algunos sitios se habían comprobado estructuras piramidales.

También es una cuestión de responsabilidad para evitar, lógicamente, la evasión fiscal, porque todos tendremos que contribuir a sostener el Estado del bienestar. Asimismo, es una cuestión de responsabilidad —aquí me dirijo directamente a las señorías de Podemos— porque, de verdad, es muy importante poner el foco en la transparencia. No puede ser que haya un instrumento financiero donde no sepamos quién compra y quién vende, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar algo tan grave, sí, como el blanqueo de capitales; algo tan grave, sí, como el tráfico de drogas; algo tan grave, sí, como el tráfico de divisas; y algo tan grave, sí, como la financiación del terrorismo. Es obligación de todos nosotros que pongamos transparencia para evitarlo. Por eso no entendemos cómo pueden amparar a los que posiblemente puedan delinquir, salvo que sea porque Venezuela ya ha anunciado que quiere poner en marcha una criptomoneda por la absoluta ruina en la que tiene a los venezolanos. Salvo por eso, no se entiende. (Rumores.— Aplausos).

Y tampoco se entiende que Esquerra Republicana no quiera apoyar esta iniciativa cuando es una cuestión, insisto, de responsabilidad, de oportunidad, de realismo, de algo que está ahí. No entendemos por qué, porque esto también afecta a los catalanes nacionalistas, ya que corren el mismo riesgo. En lo que sí estamos de acuerdo es en que no se puede estar en algunos casos en Bruselas tomándose unas cañas en vez de preocuparse de los problemas reales de los españoles. Los nacionalistas catalanes también tienen este problema con las criptomonedas y también están corriendo riesgos; por tanto, es el momento de regularlo. Es verdad que este es un primer paso, y yo puedo recoger las sugerencias, si me lo permiten, para dar un segundo paso y presentar mociones más avanzadas en ese sentido.

Para terminar, como les digo, es por una cuestión de responsabilidad y también de oportunidad, porque hay distintas regulaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, y todos sabemos que esto trasciende. Por tanto, ahora es la oportunidad y el momento, y es ahí donde van a encontrar siempre al Partido Popular.

Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, a través de don Amaro, por enriquecer esta iniciativa; gracias al señor Mulet, porque también se ha aceptado su enmienda y ha enriquecido este texto; y gracias al Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco y al Grupo Nacionalista por apoyar esta transaccional.

Les quiero decir a todos ustedes, señorías, que ahí es donde siempre van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular, en el diálogo, en el consenso, en el pacto, siempre que se trate de temas por España y por los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Serrano.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Vasco, por el Grupo Parlamentario Nacionalista y por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 35.*

*La Mesa, en su reunión del día 13 de febrero de 2018, acuerda anular el voto emitido en nombre de la senadora Felipe Saelices, por lo que el resultado definitivo de la votación es: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 215; en contra, 1; abstenciones, 34

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN LA ACTUACIÓN LEGISLATIVA O EJECUTIVA DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA. 662/000088 GPPOD

El señor presidente da lectura al punto 8.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción, en principio, se presentaron dos enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Decía que a esta moción se habían presentado, en principio, dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, que posteriormente han sido retiradas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.

Buenos días. Egun on.

Dádivas, regalos, viajes, privilegios, despilfarro son términos que a menudo se relacionan con la clase política y la falta de regulación... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Palencia.

Señorías, guarden silencio, por favor. Hagan el favor de guardar silencio y si quieren hablar salgan al pasillo.

Continúe.

La señora PALENCIA GARCÍA: Decía que la falta de regulación en esta materia es una de las cuestiones que más contribuye a alejar a la representación pública de la ciudadanía. Por eso, la iniciativa que mi grupo parlamentario trae hoy a la consideración de esta Cámara es una moción con la que todos los parlamentarios encontramos un gran consenso con la ciudadanía. Venimos hoy a proponer que se regulen mejor aquellos obsequios que los parlamentarios y parlamentarias recibimos de personas o de entidades privadas. Creemos que tenemos que afrontar esta regulación porque, aunque en este sentido hay una referencia a ello en el título II de la Ley de transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno, no comprende en su ámbito de aplicación a los representantes públicos elegidos mediante sufragio, como seríamos los parlamentarios y parlamentarias. En definitiva, se trata de asimilar nuestra situación a la de otros cargos y empleados públicos y asumir unos estándares de actuación que no nos diferencien del resto de servidores públicos.

Otra de las cuestiones que consideramos que no está ajustada a la realidad de nuestro país es la de las estancias y viajes que sufragan entidades privadas con ánimo de lucro. El abono de estos viajes, hospedajes y dietas no se diferencia en nada de los obsequios físicos. Por esta razón, creemos también que es imprescindible que este tipo de obsequios estén incluidos en la regulación, evitando así un vacío legal y ético que hasta ahora existe. Porque, verán ustedes, es difícil que la ciudadanía, a la que se le ha pedido sacrificios económicos año tras año, y con una situación de devaluación salarial continua, entienda que con el salario y el complemento que asigna la Cámara a parlamentarias y parlamentarios no seamos capaces de sufragar nuestros viajes y estancias no oficiales. Seamos, pues, senadores, senadoras, diputados y diputadas quienes asumamos prácticas que acerquen la institución al modo de vida de la ciudadanía que representamos. Nadie en su trabajo entiende y espera que una empresa privada le pague unas vacaciones o unas estancias en el extranjero a cambio de nada. Y eso, repito, cuando los salarios de nuestro país son mucho más bajos que las asignaciones que esta Cámara hace a sus señorías.

Además, no deberíamos quedarnos a la cola de otras administraciones autonómicas o locales que han comenzado a regular estas conductas estableciendo límites a la aceptación de regalos. Por poner algunos ejemplos, la Xunta de Galicia, a través de la resolución de 8 de septiembre de 2014, ha hecho este esfuerzo de regular y establecer un límite a los obsequios que se pueden recibir. En dicha resolución se delimita aquellas cortesías institucionales y los procedimientos para su devolución en caso de que se estipulara necesario. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid también lo ha hecho con las normas y registro de regalos y obsequios, incorporando el régimen de devolución o su donación.

Estos son dos ejemplos de cómo hacer la institución más transparente y que abarca a mayorías con aspectos políticos bien diferentes. La Diputación de Ourense también estableció una regulación en términos similares, o la Federación Española de Municipios y Provincias, que hizo un esfuerzo para compartir un código de conducta que incorpore estas cuestiones.

Pero nuestro objetivo es avanzar hacia compromisos mayores, como ocurre en algunos países, como Australia, donde la aceptación de regalos o de estancias puede dar lugar a la consideración de conflicto de intereses; o Canadá, donde están claramente delimitadas las circunstancias y cuantías para la aceptación de regalos, incluyendo también en este concepto los gastos de viajes.

¿Por qué proponemos regulación? Porque hemos visto en numerosas ocasiones cómo con acuerdos no vinculantes, como pueden ser códigos de buenas prácticas, no se consigue delimitar las actuaciones para las cuales se crearon. Además, organismos europeos de los que nuestro país forma parte, como el Consejo de Europa, nos están instando a regular los conflictos de intereses en el Parlamento, tomando medidas como el desarrollo y adopción de códigos de buenas conductas éticas sobre posibles conflictos de intereses, la regulación de la relación entre parlamentarios y parlamentarias con los lobbies, o medidas de transparencia que obliguen a los parlamentarios a informar públicamente de los regalos que reciben y de los viajes a los que son invitados.

Señorías, hoy pedimos el apoyo de esta Cámara para una moción que, lejos de pretender acusación alguna, persigue evitar malos entendidos que dan lugar a noticias que no dejan en buen lugar a los representantes políticos y, de la misma manera, mejorar una relación deteriorada durante estos años entre la ciudadanía y la clase política.

Señorías —con esto termino—, las personas con responsabilidades públicas debemos ejercer nuestra función sin ningún viso de duda sobre la motivación a favor del interés general en cada una de nuestras actuaciones. Como depositarios de la representación de la ciudadanía, y también de su confianza para tratar los asuntos públicos de nuestro país, debemos ejercer con absoluta transparencia y demostrada vocación de servicio público y, como suele decirse, no basta con serlo, sino que además hay que parecerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixt, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor President.

Entenem que esta proposta va pel bon camí, possiblement siga insuficient, però la intenció és molt bona i l’aprovarem. Hem retirat les nostres esmentes perquè també pensem que es quedaven curtes a l’hora de fer propostes que havien de ser molt més ambicioses. Saben perfectament que actualment el Congrés està debatent una proposta de llei de lluita contra la corrupció, contra els lobbies, i pensem que és allí on s’haurien de donar els esforços.

Com bé ha dit vostè la Llei de transparència de l’Estat del 2013 no té un reglament. Ara sembla que l’estan preparant i depèn de com vaja la tramitació en el Congrés d’eixa nova llei que han proposat la impulsaran o no la impulsaran. Tot això perquè no hi ha hagut interès, en tres anys, o en més de tres anys, en quatre o cinc anys, per al Partit Popular el tema de la transparència ha sigut simplement una etiqueta, un hashtag però no li ha donat cap tipus d’impuls. Més que res ara en plena explosió de tants casos de corrupció, quasi tots des del Partit Popular, pensem que faria falta avançar molt en eixa proposta de llei.

Tenim dubtes en eixa proposta: en el punt 1, no queda clar si es refereix a empleats públics, en general, o únicament a polítics perquè, per exemple, si estem parlant que una farmacèutica li fa un regal a un polític, això és una cosa, i si li la fa a un metge, per exemple, seria una altra. Si li fa un regal a un metge això hauria d’estar regulat en una llei de funció pública, que pensem que també faria falta fer eixe tipus d’esmenes, però si la fa a un polític, eixe tipus de regals sí que haurien d’estar contemplats en una llei de transparència. Per tant, la redacció potser hauria de ser més específica.

Proposem restringir reglamentàriament però perquè es poguera restringir faria falta que existira una llei, un reglament sense una llei òbviament no va a cap lloc. Per això faria falta que proposarem una llei de lobby. Malauradament, eixa Llei de 2013 a la qual vostè ha fet menció com perfectament sap està crioconservada, no contempla el cas dels lobbies i, per tant, faria falta més que res una legislació seriosa. El Govern del Partit Popular mai s’ha pres seriosament la transparència i no pot ser, com bé explica vostè, que siguen les comunitats autònomes les que estiguem a hores d’ara regulant i fent accions a anys llum del propi Govern central.

Al País Valencià, com a exemple ho posaré, hem passat dels trages de Camps o de la caixa fixa de l’anterior president de la Generalitat a una comunitat autònoma capdavantera en la transparència. Al País Valencià tenim un avantprojecte de llei de lobby que està a punt d’entrar al debat de les Corts i hem sigut l’única i la primera, i de moment l’única comunitat autònoma, que té un reglament de transparència. Tenim en tramitació l’esborrany d’una nova llei de govern obert. Des de 2015, la Generalitat valenciana publica els viatges que fan els seus alts càrrecs del govern especificant quant es gasten en transport, en manutenció i en allotjament, si l’acompanya algú o si els convida alguna empresa perquè, per exemple, els porten de ponents i si els paguen les despeses i tot això que hem especificat.

El Partit Popular, que durant anys ha estat fent boicot total de la transparència, que ha sigut el clar exemple d’ocultar tot aquest tipus de despeses, ara es dedica, en lloc de ser transparents, a perseguir en base a eixa transparència nostra. Hem viscut esta setmana un cas lamentable de carronyerisme polític quan s’ha intentat embrutar la imatge del president de les Corts Valencianes perquè simplement havia publicat un viatge en el qual el seu escorta l’havia acompanyat a declarar en el cas Nóos com a testimoni, el cas Nóos que sabem que és el cas del Partit Popular també. Per això val la transparència, per a nosaltres val per a ser transparents, per al Partit Popular en lloc d’aplicar-se el conte i també ser transparents, per a perseguir la gent que és transparent. És molt lamentable el paper que està fent el Partit Popular per exemple d’instruments que estem dotant la Generalitat Valenciana, simplement perseguir la gent honesta. Els deshonestos perseguint la gent honesta. Per això lamentem molt les actituds que han tingut els parlamentaris valencians durant esta setmana d’un atac sense vergonya al president de les Corts Valencianes. També es publiquen al web de la Generalitat Valenciana —tot això ho dic com a exemple d’allò que podria contemplar una nova legislació espanyola— tots els obsequis que reben els alts càrrecs i els polítics.

En el segon punt vostès parlen també d’ampliar a persones amb responsabilitat pública en el nostre país. També faria falta especificar què vol dir això. Un metge, per exemple, seguint l’exemple d’abans, hauria de tindre també una web on diga també els viatges que fa i qui li’ls pague o estem parlant únicament de càrrecs polítics? També pensem que l’ampliació s’hauria de distingir molt clarament entre el que són càrrecs polítics i el que són càrrecs públics però que no tenen el caràcter de polític.

I el punt tres en definitiva és el que compartim plenament. Fa falta una nova llei i també una nova llei el que fa falta és complir-la perquè estem acostumats a tindre moltes lleis, no únicament de transparència, des de la de memòria història o inclús el Codi Penal o inclús la Constitució i ací tenim un Partit Popular que és qui governa i que sistemàticament aquelles lleis que no li interessen no les compleix. Per tant, aplaudim la seua iniciativa, pensem que qualsevol pas que es done en transparència és bo però ens agradaria que no únicament aprovarem lleis sinó que estiguérem tots obligats a complir-les i donar exemple.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Entendemos que esta propuesta va por el buen camino. Posiblemente sea insuficiente, pero la intención es muy buena y la votaremos a favor. Hemos retirado nuestras enmiendas porque también pensamos que se quedaban cortas a la hora de hacer propuestas, que tienen que ser más ambiciosas. Actualmente, en el Congreso se está debatiendo una proposición de ley de lucha contra la corrupción, contra los lobbies, y pensamos que es allí donde se tendrían que hacer los esfuerzos.

Como ha dicho usted, la Ley de transparencia del Estado de 2013 no tiene reglamento. Parece que lo están preparando ahora y, dependiendo de cómo vaya la tramitación en el Congreso de esa nueva ley, lo impulsarán o no. Todo eso es porque no ha habido interés. En más de tres años, unos cuatro o cinco, para el Partido Popular el tema de transparencia ha sido simplemente una etiqueta, un hashtag sin ningún tipo de impulso. Más que nada, ahora, en plena expresión de tantos casos de corrupción, casi todos creemos que el Partido Popular debería pensar en esa proposición de ley.

Tenemos dudas en esta iniciativa en cuanto al punto 1, ya que no queda claro si se refiere a empleados públicos en general o solo a políticos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de que una farmacéutica le hace un regalo a un político es una cosa, pero si se lo hace a un médico sería otra. Si le hace un regalo a un médico eso tendría que estar regulado en una ley de función pública, pero si le hace un regalo a un político tendría que estar contemplado en una ley de transparencia. Por tanto, quizá la redacción tendría que ser más específica.

Proponemos restringirlo reglamentariamente, pero para que se pudiera restringir haría falta una ley. Un reglamento sin ley no va a ningún sitio, y por eso haría falta que propusiéramos una ley de lobbies. Desgraciadamente, esa Ley de 2013 a la que usted ha hecho mención está criogenizada, no contempla el caso de los lobbies y, por tanto, haría falta una legislación seria. El Gobierno del Partido Popular nunca se ha puesto en serio con la transparencia y no puede ser, como ha dicho usted, que sean las comunidades autónomas las que estemos ahora regulando a años luz del propio Gobierno central.

En el País Valenciano hemos pasado de la caja fija o de los trajes de Camps a una comunidad autónoma que va por delante en la transparencia. En la transparencia tenemos un anteproyecto de ley de lobbies que está a punto de entrar en las Cortes, y hemos sido la primera, y de momento la única, que tiene un reglamento de transparencia. Tenemos en tramitación un borrador de una ley de gobierno abierto. Desde 2015, la Generalitat valenciana publica los viajes que hacen sus altos cargos del Gobierno, especificando cuánto se gastan en transporte, en manutención y en alojamiento, si les acompaña alguien o si les invita una empresa porque, por ejemplo, les llevan de ponentes y les pagan los gastos. Todo eso queda bien especificado.

El Partido Popular, que durante años ha estado haciendo boicot total a la transparencia, que ha sido el peor ejemplo por ocultar todo tipo de gastos, ahora, en lugar de ser transparente, se dedica a perseguir sobre la base de esa transparencia nuestra.

Esta semana hemos vivido un caso lamentable de carroñerismo político cuando se ha intentado ensuciar la imagen del presidente de las Cortes Valencianas porque le había acompañado un escolta cuando iba como testigo en el caso Nóos, un caso del Partido Popular. Para nosotros eso es un tema de transparencia, pero para el Partido Popular no, solo vale para ir en contra de nosotros. Son lamentables los instrumentos que está utilizando el PP para perseguir a la gente honesta, y por eso lamentamos la actitud que han tenido los parlamentarios valencianos, en un ataque sin vergüenza al presidente de las Cortes Valencianas.

También se publica en la web de la Generalitat valenciana —y lo digo como ejemplo de que también se podría contemplar en la legislación española— los gastos y los regalos de los altos cargos.

Usted habla de ampliar la responsabilidad pública en nuestro país, pero también haría falta especificar qué significa eso. ¿Un médico tendría que tener también una web donde se reflejen los viajes que hace y quién le paga o estamos hablando solo de cargos políticos? Nosotros pensamos que en la ampliación se tendría que distinguir muy claramente entre cargos políticos y cargos públicos que no son políticos.

El punto tres lo compartimos plenamente. Lo que hace falta es una nueva ley, pero también hace falta cumplirla, porque estamos acostumbrados a tener muchas leyes, no solo de transparencia, sino también de memoria histórica o incluso el Código Penal y la Constitución, pero tenemos un Partido Popular que gobierna y que se salta sistemáticamente las leyes que no le interesan.

Por tanto, aplaudimos su iniciativa, porque cualquier cosa que hable de transparencia es buena, pero nos gustaría que no solo aprobáramos leyes, sino que también las cumpliéramos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gràcies, senyor president. Bon dia.

La senadora Palencia ens ha presentat i exposat al Ple en nom del grup Podemos aquesta moció, amb la qual estem d’acord i, per tant, hi donarem suport amb entusiasme, fins i tot. A Catalunya, des de fa uns anys, s’ha legislat molt en aquesta direcció. Hi ha diverses aprovacions, per exemple, la Llei de transparència i el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració Pública catalana, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern, una normativa catalana d’aplicació al Registre de grups d’interès i a l’agenda i, com li deia també, per exemple, un Codi de conducte dels membres del Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple el 28 de juliol de 2016. Per tant, en aquest sentit s’ha treballat i s’ha fet amb molta eficàcia.

I també podem comentar unes petites qüestions. Per exemple, la normativa catalana d’aplicació al Registre de grups d’interès regula el registre pròpiament, els principis generals, les persones i activitats incloses i excloses en aquest registre, el contingut, les sancions i multes aplicables a certs comportaments, el desplegament normatiu i, en general, per exemple, també, es fa referència en el títol cinquè del bon govern a les incompatibilitats, les declaracions, la publicitat de totes les condicions d’accés i, per tant, s’ha fet, entenem nosaltres, des de Catalunya una bona feina per avançar en la qüestió de la transparència.

Una altra cosa seria —i també s’hauria de poder parlar-ne i regular— la qüestió de les portes giratòries, de l’accés d’alts càrrecs a empreses amb les quals l’Administració ha tingut concessió. Recordem en el cas de Catalunya alguns representats de l’antiga Iniciativa que han acabat a Agbar o en empreses concessionàries. Per tant, creiem que també seria bo de regular això que li dic, el que anomenem portes giratòries.

Des del Grup Parlamentari donarem suport a les mesures i sempre a tot allò que sigui transparència, mesures de control i de fiscalització.

Moltes gràcies, bon dia.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

La senadora Palencia, en nombre del Grupo de Podemos, ha presentado y expuesto ante el Pleno esta moción, con la que estamos de acuerdo, y por tanto, la vamos a respaldar, incluso, con entusiasmo. En Cataluña se ha legislado mucho desde hace unos años en esta dirección. Existen distintas aprobaciones como, por ejemplo, la Ley de transparencia y el Código de conducta de los altos cargos de la Administración pública catalana; la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, de acceso a la información pública y de buen gobierno; una normativa catalana de aplicación al registro de grupos de interés y la agenda, y, como le decía, también, por ejemplo, el Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña, aprobado por el Pleno el 28 de julio de 2016. Por tanto, en este sentido se ha trabajado y se ha hecho con suma eficacia.

Y también en este sentido podemos comentar unas pequeñas cuestiones. Por ejemplo, la normativa catalana de aplicación al registro de grupos de interés regula el registro de grupos de interés propiamente dicho, los principios generales, las personas y actividades incluidas y excluidas en ese registro, las sanciones y multas aplicables a ciertos comportamientos, el despliegue normativo y, en general, por ejemplo, se hace referencia también en el título V, del buen gobierno, a las incompatibilidades, a las declaraciones y a la publicidad de todas las condiciones de acceso. Por tanto, entendemos que en Cataluña se ha hecho muy buen trabajo para avanzar en el tema de la transparencia.

Otra cosa sería —y también se debería poder comentar y regular— la cuestión de las puertas giratorias, es decir, el acceso de altos cargos a empresas con las que la Administración ha tenido concesiones. Recordemos, en el caso de Cataluña, a algunos representantes de la antigua Iniciativa que han terminado en Agbar o en empresas concesionarias. Consideramos que también sería positivo regular esto que le estoy comentando y que llamamos puertas giratorias.

Mi grupo va a apoyar, por tanto, estas medidas en todo lo que implique transparencia y, también, medidas de control y fiscalización.

Muchas gracias. Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el apoyo a esta propuesta de mi formación política, Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, para restringir de alguna forma los regalos y obsequios a cargos públicos por parte de entidades privadas, especialmente en los casos en los que existe conflicto de intereses. Así lo entendemos. También queremos ampliar la aplicación de la Ley de transparencia, que nos parece que es una buena medida en aras de alcanzar un buen gobierno.

Mientras en muchas ocasiones las necesidades de la ciudadanía no han sido atendidas como se debiera, el escenario que se dibujaba era de políticos con cuentas bancarias en países lejanos, de gobierno de lo público a golpe de sobres privados, de regalos de alta gama para sobornar las decisiones parlamentarias que afectan a la globalidad. Esta ha sido, en resumen, la cotidianeidad del ejercicio de muchos cargos públicos en este país durante muchos años. Este ha sido, sin lugar a dudas, el germen de las grandes tramas de corrupción que se han destapado en esta joven democracia, tan salpicada, sin embargo, de acontecimientos que han empobrecido y denostado una labor que debería ser tan noble y leal como es representar los intereses de la gente que está fuera de las puertas del Senado, de la ciudadanía, de aquella que se concentra desde los barrios más humildes hasta las zonas más acomodadas. De ahí su nombre: servicio público, servicio a las personas, trabajo por el interés general, por encima del interés particular.

Hace muy poco visitaba el colegio de Tigaday, el colegio de mi pueblo, en Frontera, y los niños y niñas de 4.º de primaria definían la labor política como el mejor trabajo de todos, y me decían: desde ahí se pueden mejorar y resolver los problemas de la gente. No perdamos nunca la visión de los más pequeños, que al fin y al cabo representan la esencia más pura de lo que hemos sido y del camino que debemos recorrer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Egun on, guztioi. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos presenta esta moción, y estamos de acuerdo con lo que queremos entender que es su objetivo: que el ejercicio de la política responda siempre al interés general y se realice con responsabilidad, honradez y transparencia.

Pero al leer y volver a leer la parte dispositiva de esta moción tenemos que decir que la consideramos poco concreta y un poco parcial. En el primer punto se habla de restringir —yo creo que debería ser regular—, pero no se concreta claramente a quién: si a los parlamentarios, al Ejecutivo, al personal de apoyo... Y se habla solo de entidades privadas con ánimo de lucro. ¿Y el resto no tiene capacidad ni intención de influir? Yo creo que aquí deberíamos remitirnos a la propia definición de lobby y, por tanto, hablar de todo tipo de entidades.

El punto segundo se refiere a la Ley 19/20113. Es cierto que en su tramitación se perdió una gran oportunidad de incluir regulaciones necesarias, entre ellas, las de las relaciones con los lobbies, pero hubo determinadas enmiendas que no aceptó el grupo que en aquel momento ostentaba la mayoría, y quedó un pelín coja. Realmente aquí no proponen nada concreto sobre lo que nosotros podamos opinar y manifestar nuestra postura. Hacen una propuesta genérica, pero, como digo, creo que se necesita más concreción.

Y en el tercer punto se habla del desarrollo legislativo. En este caso no sabemos si lo que quieren es que se amplíe lo que hay o si hay que crear nuevas leyes. No lo vemos claro.

Por otro lado, hace poco conocíamos el Informe Greco, del Consejo de Europa, que en su cuarta ronda de evaluación, referida a miembros de Parlamentos, jueces y fiscales, acababa diciendo respecto al Estado que el cumplimiento es globalmente insatisfactorio. A nosotros eso nos parece preocupante; pero, además de preocuparnos, creemos que nos tiene ocupar. Por eso, teniendo la moción del Grupo Podemos, por un lado, y el Informe Greco, por otro, pensamos en presentar una enmienda, pero realmente esta variaba bastante la propuesta inicial que se nos plantea, por lo que entendimos que era mejor intentar una propuesta conjunta que llevase a los objetivos que creo que todos deseamos, una propuesta concreta, posible y aceptable por la mayor parte de los grupos. Una propuesta tan sencilla como esta:

El Senado, convencido de la necesidad de avanzar en transparencia y buen gobierno, trabajará para que en el plazo más breve posible se adopten las recomendaciones del Informe Greco en lo referente a miembros de Parlamentos, tomando al menos las siguientes medidas.

1. Aprobación de un código de conducta parlamentario público que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones.

2. Regulación de la relación de los parlamentarios con los diferentes grupos de interés y grupos de presión.

3. Articulación de un sistema de contrastación de las declaraciones de bienes y actividades, para lo que, evidentemente, habrá que estudiar las modificaciones reglamentarias y legislativas pertinentes.

Bien, no ha sido posible llegar a ese acuerdo, y no entendemos muy bien por qué ni cuáles han sido las motivaciones reales, porque creemos que en esta propuesta se incluía todo lo que la senadora Palencia ha expuesto en su intervención.

En marzo del año pasado, en el Congreso, en la toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento respecto de la regulación de los grupos de interés, la señora Elizo Serrano, compañera suya, decía: En nuestro grupo entendemos que es fundamental para un sistema democrático que las instituciones interactúen y discutan con los distintos actores sociales y económicos sobre iniciativas que puedan afectarles directa o indirectamente. Creemos en la interacción como una actividad legítima e indispensable para ahondar en el proceso democrático. Es fundamental que la pluralidad de la sociedad quede reflejada en las leyes y en las propuestas de esta Cámara. Y añadía: Pero queremos una propuesta seria, inteligente, innovadora y eficaz.

Nosotros, también, pero la que nos plantean hoy creemos que no responde exactamente a esos calificativos. Estamos ante una cuestión muy seria y que necesita, aunque ya llegamos bastante tarde, regulación. Yo les pediría que retirasen su propuesta y que los grupos de esta Cámara nos sentáramos para acordar una entre todos.

Para terminar, considero que debemos consensuar unos criterios y un mínimo común mientras toda esta materia no esté regulada.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Termino, señor presidente.

Aquí viajamos todos, y no de vacaciones. Aquí todos hablamos, escuchamos e interactuamos con actores sociales y económicos, como debe ser. Y además lo vamos a tener que seguir haciendo. Deberemos definir, pues, cómo y con qué criterios hacerlo, porque creo que no es bueno para la imagen de la política y los políticos —y la imagen no es lo más importante, sino el alejamiento que supone de la ciudadanía— y tampoco para el desarrollo de la labor que nos corresponde que nos erijamos en jueces de otros desde nuestro prisma, prejuzgando la influenciabilidad del de enfrente, cuando realmente lo que debemos y podemos hacer es debatir, acordar y regular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Només per manifestar el nostre suport i el nostre favorable. Ens sumem a aquesta proposta, igual que ho farem amb totes aquelles propostes i mesures que afavoreixen la transparència.

Moltes gràcies.

Solo quiero manifestar nuestro apoyo y nuestro voto favorable. Nos sumamos a esta propuesta, del mismo modo que lo haremos con todas las propuestas y medidas que favorezcan la transparencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias, presidente.

En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a aquellos grupos que han expresado su apoyo a nuestra moción.

Esta moción nace de nuestra reciente experiencia en esta institución en el tiempo que llevamos ejerciendo nuestra responsabilidad en esta Cámara, en el que hemos detectado un limbo de regulación muy evidente; y nuestra labor como Legislativo es poner algunas soluciones.

La regulación de regalos o viajes se ha hecho necesaria, no digo que por mala praxis, sino por la carencia de una delimitación certera, como así lo certifica el informe elaborado por la propia Secretaría General del Senado en respuesta a una cuestión planteada por esta senadora con motivo de un viaje.

Señora Ahedo, me conformo con el acuerdo: necesitamos regularlo. Si les hemos convencido aunque solo sea de esto, no me parece poco. Recordemos que hoy estamos tratando de establecer una regulación de determinados regalos, viajes o estancias y un tope máximo del valor de estos cuando no son oficiales, esto es, cuando no son labores encomendadas por la Cámara o el órgano de gobierno de una comisión a sus señorías para su representación, sino aquellas actividades sufragadas por una empresa a título cuasi personal.

Tampoco estamos delimitando aquí situaciones de cohecho, que están recogidas en nuestro Código Penal, sino buenas conductas de nuestra labor como representantes de la ciudadanía en un momento de importante descrédito de la política, especialmente de los representantes políticos. Como ha apuntado el senador Mulet, es cierto que hay una falta de regulación del lobby. Estamos de acuerdo en que esa paralización que sucede en el Congreso de los Diputados no debe darse y que quizá es el lugar donde este tipo de cuestiones se debería abordar, pero eso no puede impedir que nosotros vayamos avanzando en materia de transparencia, de ejercicio responsable de nuestra tarea como representantes públicos.

Como hemos citado en la exposición de la iniciativa, son numerosos los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos que están aprobando para sí barreras a los regalos y estableciendo su aceptación o rechazo. Consideramos también que los viajes o estancias sufragados por entes privados deberían tener esa consideración, a fin de evitar posibles interferencias sobre el objeto de legislación o debate en nuestras Cámaras estatales. Tampoco nos es ajeno —también lo ha traído a colación el senador Mulet— el ejemplo reciente de laboratorios, farmacéuticas o empresas privadas que tenían relación con materias de trámite legislativo. Estas sufragan viajes y estancias en nuestro país y en el extranjero. En este mismo sentido, recordemos la polémica que se abrió con los viajes sufragados por determinados laboratorios o farmacéuticas a personal sanitario, que conllevó una reforma que restringió e incluso prohibió muchas de estas prácticas. Por tanto, precisamente los representantes públicos no podemos ser ajenos a estas situaciones y deberíamos responder con claridad, responsabilidad y ejemplaridad en el ejercicio de nuestras funciones.

Desgraciadamente, en nuestro país hemos visto demasiadas veces el uso de la política para beneficio personal, y hemos escuchado como un grito unísono aquello que decía Pepe Mujica: A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política; son un peligro. Sí, aquí lo sabemos, y hemos tenido demasiados y extremos ejemplos de ello. Sin embargo, hoy me gustaría dar aquí un voto de confianza a la política y que este también llegue a la gente de nuestro país. Creo que, piedra a piedra, podemos devolver a nuestra labor el interés y el respeto de la ciudadanía. Creo que no se hace vieja o nueva política por la fecha que señala el carné de identidad ni el carné de afiliación; se demuestra día a día cambiando y cambiándonos por lo que los nuevos tiempos y las nuevas ideas tienen que mostrarnos.

Este es un primer paso de la enorme tarea que hay en nuestro país en materia de transparencia, regulación y rendición de cuentas ante la ciudadanía, como nos recuerda la Unión Europea, una Unión Europea que no dice nada nuevo que los ciudadanos de nuestro país no vengan reclamando durante años. Esta es una moción que toma el pulso de las fuerzas políticas para los cambios que nos requieren los nuevos tiempos. Es momento de que este tipo de iniciativas no quede en meros brindis y de que pongamos en marcha regulaciones que creo que cuentan con la mayoría parlamentaria, pero, sobre todo, con una mayoría de acuerdo en la calle. Nuestro sistema democrático debe garantizar y asegurar un ejercicio transparente de la función pública. Por eso, en pos de la máxima transparencia en los objetivos de la actividad parlamentaria, presentamos hoy esta moción. Y desde aquí anunciamos que presentaremos cuantas iniciativas sean necesarias para asegurar la transparencia, la ética y la honradez en la práctica política.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Termino. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber, sin que quede ningún tipo de duda, que sus representantes velan por los derechos de la mayoría social de nuestro país y no por los beneficios de las grandes empresas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA NIETO: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Sin duda, todos tenemos claro que la corrupción está erosionando gravemente la credibilidad de las instituciones y de nuestro quehacer político y cotidiano, por no ir más lejos. La percepción que tienen los ciudadanos es que la corrupción está generalizada y, lo que es más grave, que no hay voluntad real de luchar contra ella. Nosotros estamos convencidos de que para luchar contra ella no solo hay que buscar culpables y adoptar medidas penales, que, por supuesto, son imprescindibles, sino que también hay que incidir en medidas de prevención, ámbito en el que nos sitúa esta moción. Es indudable que la Ley de transparencia del año 2013 es insuficiente y no cubre las exigencias del Consejo de Europa, por lo que sin duda es necesario desarrollarla y mejorarla. Entre otros asuntos —solo por referirme a los que recoge la moción que hoy nos presenta Podemos—, no contempla la regulación de los lobbies, como ya se ha dicho aquí, ni medidas específicas que afectan al trabajo de los parlamentarios.

Indudablemente, España sigue teniendo un déficit importante en medidas de prevención de la corrupción y evoluciona de forma globalmente insatisfactoria. Así se afirma en el informe Greco 2018, que, tras cinco años y cuatro evaluaciones, vuelve a dar a España un nuevo varapalo. Creo que la razón de que hoy Podemos nos traiga esta moción quizá tenga que ver con la publicación de ese informe Greco. El Gobierno Rajoy se excusa diciendo que en los años 2015 y 2016 había inestabilidad en el Gobierno, pero lo cierto es que en diciembre de 2016, con un Gobierno ya asentado, no apoyó la proposición presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, que seguía las recomendaciones del informe Greco de ese mismo año. Esto evidencia una falta de compromiso importante del Gobierno Rajoy con la transparencia; y, desde luego, la parálisis del Gobierno en esta materia es clamorosa.

Coincidimos, sin duda, con el Grupo Podemos en la necesidad de adoptar medidas contra la corrupción, pero permítanme que les diga que, a nuestro juicio, esta moción se ha quedado obsoleta y corta, más aún cuando se ha conocido el informe Greco. Usted, señoría, ha hecho referencia a él, pero no se incluyen medidas al respecto en la moción. Creemos también que la moción es inconcreta, bastante limitada y que la parte dispositiva se centra especialmente en regalos, viajes, etcétera, que ya cuentan con alguna regulación, aunque desde luego es insuficiente.



Por ejemplo, no se contempla el aumento de detalle en las declaraciones —hablamos de actividades complementarias o intereses financieros— ni se plantean medidas para su supervisión y control, y se alude muy de pasada a la necesidad de regular las relaciones con los lobbies y la obligatoriedad de informar sobre las consultas que se mantengan. No basta solo con un registro de lobbies, que, por cierto, aun no se ha elaborado en el Congreso de los Diputados. Y si atendemos al informe Greco, también habría que tomar medidas que afectan al Poder Judicial, incluido el Ministerio Fiscal.

Por otra parte —permítame que se lo diga, señora Palencia—, la moción es confusa. No tiene sujeto, no sabemos muy bien a quién pretenden instar ustedes para tomar las medidas que plantean. ¿Se dirigen a las Cortes Generales? ¿Se dirigen a esta Cámara? ¿Se dirigen al Gobierno? ¿A quién instan ustedes en esta moción? No encontramos definido ese sujeto. Por ejemplo, en el punto 2 ustedes dicen que quieren ampliar el ámbito de aplicación de la ley. ¿A quién quieren realmente ampliar ese ámbito? Porque todos los organismos e instituciones del Estado ya están afectados por otra ley. Otra cosa es que en algunos Parlamentos no se haya regulado ni desarrollado la Ley de transparencia —ese es otro tema—, pero sí es de aplicación a los Parlamentos.

Indudablemente, nosotros creemos que hay que avanzar más en las medidas contra la corrupción —especialmente de prevención de la corrupción—, pero, con todo respeto, su moción nos parece inconcreta, no muy bien construida, carente de sujeto, como le decía, y bastante limitada. Y, desde luego, tan ambigua al menos como la Ley de transparencia que se pretende desarrollar. A pesar de ello, señora Palencia, la votaremos a favor, considerándola una declaración de intenciones, y porque sin duda compartimos los principios y el objetivo que no dudamos que la inspiran.

Termino ya. Se ha dicho en esta tribuna que urge construir un consenso político sólido para luchar contra la corrupción y urge restaurar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y sus instituciones. Señorías, creo que ese es el reto que tenemos, y queda mucho trabajo por delante. En ese reto y en ese trabajo estaremos siempre los socialistas, pero siempre, señora Palencia, con rigor, seriedad y solvencia, como se merecen los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Dicen que para que un estudiante estudie hace falta motivación. La motivación es variopinta en general. ¿Qué motiva a un grupo parlamentario a presentar una iniciativa? ¿Conseguir que esta sea aprobada? ¿Hacerse notar? ¿Dar una lección? Creo, señora Palencia —la senadora Moya lo decía hace un momento—, que no está claro si ustedes instan al Gobierno, a las instituciones, a esta Cámara o a las Cortes Generales, a que tomen alguna medida. La verdad es que uno no se aclara con lo que usted quiere con esta moción. Su primera intervención, digamos que parafraseando su exposición de motivos, ha sido bastante aceptable; sin embargo, cuando se lee la parte dispositiva, como decía la señora Ahedo, una cosa no se compadece con la otra. Ha puesto usted de ejemplo a ayuntamientos, ha puesto usted de ejemplo al Gobierno. Yo le podría poner de ejemplo al Gobierno, pero esto no es un ayuntamiento, aquí no hacemos planes generales de ordenación urbana. Y no sé cuántos regalos habrá recibido usted aquí; yo, desde luego, ninguno, y hace ya tiempo que soy senador. Nada más que el privilegio y el honor de pertenecer a esta Cámara.

Si usted hubiera aceptado lo que la senadora Ahedo le ha propuesto, es decir, esa transaccional que encaja el Informe Greco con su posición, el Grupo Parlamentario Popular, al que ahora mismo represento, habría votado a favor. Pero la verdad es que el batiburrillo en que se ha convertido esta iniciativa me parece que poco aporta a lo que necesitamos en materia de transparencia. Y, señora Moya, con respecto a lo que aporta o no aporta este Gobierno en transparencia, le diré que la primera ley de transparencia de la democracia española la ha hecho el Partido Popular, la ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. No la han hecho ustedes. (Aplausos).

Dice el Informe Greco en lo referido a la labor parlamentaria que sería conveniente —es una recomendación— que cada Cámara de las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios que incluya, entre otros aspectos, orientaciones sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones; que se adopten normas sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa que incluyan publicidad de sus contactos. En esa línea iba la intervención de la senadora Ahedo, y en esa línea nosotros habríamos votado a favor.

De otra parte, si hablamos de los lobbies, como ha hecho el senador Mulet o usted misma, senadora Palencia, en estos momentos se está tramitando en las Cortes Generales una proposición de ley que se refiere a los lobbies, al tratamiento a los lobbies y los lobistas. Nosotros, en esa línea, también estaríamos dispuestos a apoyarles, pero, como digo, creo que hoy correspondería hacer caso a la recomendación de una buena parte de los intervinientes, retirar esta iniciativa, pensar el tema entre todos, instar a esta Cámara, que es a la que le corresponde autorregularse, y ver qué hacemos. Y cuidado con las regulaciones, cuidado con que los parlamentarios no tengan la libertad necesaria para llevar a cabo su labor. Habrá que tener un especial cuidado en eso.

Por tanto, señora Palencia, votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 109; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000008 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, cuando haya silencio en el hemiciclo... (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el senador Labrador. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor LABRADOR ENCINAS: Muchas gracias, señor presidente.

Comparezco en esta tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el dictamen aprobado en su seno el pasado 5 de febrero sobre el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.

Con fecha de 20 de diciembre de 2017 tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado con competencia legislativa plena por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados en relación con el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, procedentes del Real Decreto ley 10/2017, de 9 de junio.

Este proyecto de ley se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado. Declarado urgente por la Mesa, en su reunión del día 18 de diciembre de 2017, se acordó plazo de enmiendas, que se amplió hasta el 1 de febrero de 2018. Durante el referido plazo se remitió por el Congreso de los Diputados corrección de errores, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, con fecha de 24 de enero de 2018.

Se presentaron al texto que nos ocupa 100 enmiendas, de las cuales 9 fueron inadmitadas por no resultar congruentes con el contenido del proyecto de ley. El día 5 de febrero se reunió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, procediendo a debatir y votar las 91 enmiendas restantes. La enmienda número 1 fue presentada por los senadores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias. Las enmiendas 2 a 14, por los senadores Mulet García y Navarrete Plá. Las enmiendas 27 a 40, por los senadores Cleries i González y Rivero Segalàs. Las enmiendas 15 a 25, por las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández. Las enmiendas 67, 68, 75 a 78, 80 y 81, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Asimismo se presentaron las enmiendas 56 a 66 por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las enmiendas 41 a 55, por el Grupo Parlamentario Socialista y las enmiendas 83 a 100, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Realizado debate y votación de las mismas, se emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley, introduciendo modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados, fruto de las 22 enmiendas aprobadas, las correspondientes a los números 10, 36, 75, 52 y de la 83 a la 100.

Este proyecto de ley consta de 10 artículos, 3 disposiciones transitorias, 8 adicionales y 6 finales, y tiene como objeto y finalidad establecer medidas de apoyo a los titulares de los derechos de uso de agua para riego en las demarcaciones hidrográficas que cuenten o que pudieran contar con una sequía declarada en los términos previstos en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de aguas o de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por sequía meteorológica, así como para paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de la provincia de Almería por la utilización de recursos hídricos no habituales y mejorar, por último, la dotación de los órganos competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a los organismos de cuenca.

Este dictamen ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, con fecha de hoy, 7 de febrero de 2018.

A dicho dictamen se han presentado 8 votos particulares: el primero, por las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández; el segundo, por los senadores Mulet García y Navarrete Pla; el tercero, por el Grupo Parlamentario Mixto; el cuarto, por los senadores Cleries i Gonzàlez y Rivero Segalàs; el cinco, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el sexto, por el Grupo Parlamentario Popular; el séptimo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el octavo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

No quisiera finalizar sin antes agradecer el trabajo realizado por todos y cada uno de los senadores de los distintos grupos políticos, así como de los servicios de la Cámara, que, una vez más, han dado ejemplo del buen hacer, dificultado por la brevedad de los plazos requeridos y, aunque parezca contradictorio, por las circunstancias meteorológicas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Labrador.

Señorías, quisiera que prestasen atención, sobre todo los portavoces. Ahora vamos a entrar en el debate a la totalidad de la ley y habría en primer lugar turno a favor, luego turno en contra y después turno de portavoces, y posteriormente pasaríamos al turno de defensa de las enmiendas y a otro turno de portavoces. Lo digo a efectos de que administraran sus tiempos, por si pudiésemos eliminar el turno de portavoces y dejarlo para el final, o que cada uno obre en consecuencia. Pero, repito, a continuación habrá turno a favor, turno en contra, turno de portavoces, posteriormente turno de defensa de enmiendas y otro turno de portavoces. Lo digo para que tengamos las ideas claras a la hora de administrar las intervenciones.

¿Turno a favor? (Denegaciones). Nadie va a intervenir.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, señor presidente.

En este turno quiero señalar que las medidas que se deberían haber contenido en este decreto contra la sequía tendrían que haber sido mucho más ambiciosas y que, por el exceso de tiempo en la tramitación, muchas de ellas han quedado desfasadas.

Hemos perdido una oportunidad durante la tramitación de los distintos planes hidrológicos de cuenca y de este mismo decreto de avanzar hacia una nueva cultura del agua que desarrolle el ahorro y la eficiencia en los distintos usos del agua, especialmente entre los mayores consumidores de dicho recurso natural; un uso racional de agua que debería integrar los posibles escenarios de sequía en el propio modelo de gestión y garantizar la conservación de los recursos sobre una estructura de usos prioritarios, protegiendo y evitando la sobreexplotación de nuestros ríos y acuíferos.

En todo caso, hemos formulado 11 enmiendas que consideramos supondrían una mejora sustancial del presente decreto y que procederé a desarrollar en el turno de defensa de nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.

¿Alguien más desea intervenir en el turno en contra? (Denegaciones).

¿En el turno de portavoces del debate a la totalidad de la ley va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Pasamos, por tanto, al turno de defensa de las enmiendas.

Enmiendas de la número 2 a la 9 y de la 11 a la 14, de los senadores Mulet y Navarrete.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Teniendo en cuenta que tendré más tiempo de lo habitual, me permitirán que me explique un poco mejor de lo que lo hago normalmente.

El cambio climático ya está aquí y ha venido para quedarse, aunque algunos lo negaron por activa y pasiva; actualmente incluso hay destacados dirigentes mundiales que siguen negándolo. Dentro del cambio climático se han incluido los largos periodos de sequía y la desertificación; según la ONU, la península ibérica es una de las zonas del mundo con más riesgo de desertificación. Compromís considera que hay que plantear un gran pacto nacional por el agua y no este tipo de parches que se presenta hoy para su debate en el Senado.

En mi turno de defensa en la Comisión de Medio Ambiente, por falta de tiempo, no me acabé explicando bien, y creo que hubo algunos puntos que, posiblemente —llámenme iluso—, podrían haber sido aceptados por convencimiento, aunque lo dudo. Compromís presentó entonces exactamente 13 enmiendas, de las cuales solo una fue aprobada. Voy a pasar a explicarles las que han quedado en pie y que fueron rechazadas en ese momento. Comenzaré por el número de registro para que la gente pueda seguir bien el guion.

Mantuvimos las enmiendas números 2, 3, 5 y 9 a la espera del dictamen definitivo de la Comisión de Medio Ambiente para comprobar el texto final y ver la supresión de los diversos apartados y la modificación de los textos.

La solicitud de que se mantenga la número 2 no tiene aplicación, porque en la modificación del texto, el artículo 1.5 ha sido suprimido.

El redactado de la enmienda número 3 mejora la petición que hacía Compromís, que pedía un tiempo, hasta finales de 2018, y el texto que ha salido de la comisión establece que mientras dure la vigencia del real decreto de sequía; por tanto, mejora esa situación, siempre y cuando no mejore la sequía en este año 2018.

A la número 5 le ocurre lo mismo que a la número 2, pero quiero darles una pequeña explicación de por qué hemos presentado esta enmienda. Los sindicatos de la unión de agricultores de España nos pidieron expresamente que presentáramos esta enmienda porque creían que las cotizaciones a la Seguridad Social suponían una carga con la adopción de estas medidas, que deberían aliviarse así las actuales circunstancias de sequía y que si no se aplicaban estas rebajas en las cotizaciones, podría agravar esa situación en las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, si estudiamos bien el texto nuevo salido de la ponencia, según el punto de vista de Compromís, no se tiene en cuenta esa idea.

Hemos mantenido la enmienda número 9, como ha pasado en las anteriores, a la espera del texto definitivo. Pero respecto a esta enmienda también quiero hacer un pequeño comentario. Casualmente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los señores del Partido Popular han decidido aplicar su doctrina y sus recortes, y con la modificación aprobada, han desechado de un plumazo, han hecho desaparecer los 1000 millones de euros del fondo extraordinario. ¡Oh, sorpresa! Ahora pasaré a explicarles más o menos, con el tiempo que me quede, el resto de enmiendas.

En la número 4 proponíamos la modificación del artículo 3.2, cambiando «a julio de 2018» por «a diciembre de 2018», porque, según nuestra opinión, el Real Decreto 10/2017, de 9 de junio, por el cual se adoptan las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, ya contemplaba esta medida desde julio de 2017 a febrero de 2018. La modificación inicialmente prevista de la ley solo ampliaba hasta julio de 2018. Se trata de una ampliación para aplicarse correctamente este real decreto.

La número 6 es de adición al artículo número 4. Se añade un apartado 2: «Con efectos exclusivos para el ejercicio fiscal 2017, para la determinación del rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas en la modalidad simplificada del método de estimación directa, y a los efectos previstos en la regla 2.ª del artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos...» Su justificación: la sequía conlleva un aumento de costes de oportunidad para las explotaciones, así como de las labores realizadas directamente por el titular de la explotación por la realización de operaciones no necesarias o menos necesarias en condiciones normales (por ejemplo, tratamientos fitosanitarios en el caso de cultivos, o de atención al ganado en las producciones pecuarias) que resulta de difícil acreditación. De la misma manera que se prevé en el texto de la ley el previsible beneficio fiscal derivado de la reducción excepcional del rendimiento neto de las actividades agrarias que tributan en estimación directa, es difícilmente justificable por el agricultor, por el productor la repercusión de esa sequía en su explotación por no poder documentarlo claramente.

La enmienda número 7, de modificación, al artículo 7.1, al igual que en las anteriores, trata de modificar los ejercicios. Donde pone ejercicio 2017, pedimos que ponga ejercicio 2017-2018.

En la enmienda número 8, de modificación al artículo 8.4, donde pone hasta 31 de diciembre de 2017, pedimos que se ponga hasta 31 de diciembre de 2018. Esta enmienda es necesaria para la aplicación de esta medida, porque, si no, la modificación del texto no hubiese abarcado el período de vigencia previsto. Los compañeros del PP nos dirán que en sus modificaciones sí que lo tienen cubierto con ese texto que he dicho anteriormente de «durante la vigencia del real decreto».

La enmienda número 11 dice que en defensa de la protección de los intereses generales, el Gobierno garantizará que la aplicación de lo previsto en el artículo número 10 de la presente ley, que sí fue modificado, no repercuta en prácticas anticompetitivas en el mercado eléctrico o de las vulneraciones del derecho de defensa de los consumidores y usuarios que traslade lo así dispuesto en perjuicios para estos. Es evidente que lo que no puede hacerse es que las modificaciones que deriven en un aumento de la tarifa eléctrica para estas pequeñas explotaciones ganaderas y agrarias sean repercutidas directamente al usuario. Tendríamos que prever y concienciar a las empresas eléctricas de que no se produzca esa repercusión directa del aumento de esos costes gracias a la subida del canon o gracias a la falta de agua y al encarecimiento de la producción eléctrica.

Por último, tenemos las enmiendas números 12 y 13, que intentan mejorar las condiciones de los productores y ganaderos para conseguir que sus producciones agrarias no se vean afectadas tanto vía directa, por impuestos, etcétera, como por vía indirecta, por los gastos y los consumos, que les suba el coste de producción.

Por lo tanto, si las leen y las analizan con un poco más de amplitud que en la Comisión de Medio Ambiente, quizás esta vez Compromís tenga un poco más de suerte y en vez de conseguir una de trece, a lo mejor logramos esta vez dos o tres de trece.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero, para la defensa de las enmiendas 27 a 35 y 37 a 40.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Señorías, el Partit Demòcrata ha presentado 14 enmiendas a este proyecto de ley, un proyecto de ley que pretende dar respuesta a un problema que a nadie se le escapa, la sequía, un problema que debe abordarse, a nuestro entender, desde distintos niveles: en caso de sequía puntual, con medidas excepcionales para paliar sus efectos y lo que de ellos se desprende, y en caso de sequía pertinaz, caso —como un portavoz decía en el dictamen de la comisión—, en el que cuando la excepción se vuelve norma, cuando la sequía no es puntual y es pertinaz, entonces la excepcionalidad y las medidas excepcionales deben convertirse en planes perfectamente bien trazados. En este sentido, creemos que lo que tenemos que hacer es gestionar bien los planes hidrológicos.

Pensamos que el proyecto de ley no da una respuesta completa a la problemática, por eso hemos presentado estas 14 enmiendas. Voy a darlas por defendidas y me centraré en la enmienda número 35, relativa a los recursos que las confederaciones hidrográficas destinan a cada una de las cuencas, especialmente en aquellas comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas o compartidas con el Estado.

Pretendemos que los recursos que se recaudan por aplicación del artículo 112 bis de la Ley de aguas se destinen a las comunidades autónomas en función del porcentaje de cuenca que les corresponda. Esto ayudaría a poder hacer frente a las labores que estas administraciones tienen encomendadas para con esas cuencas. En el caso, les pondré el ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Estado destina una ínfima parte de lo que recauda en Cataluña, en aplicación del artículo 112 bis de la Ley de aguas, a cubrir las necesidades relativas a esta cuenca. De ahí, la falta de atención —y ya hemos presentado numerosas iniciativas en este sentido— de los caminos, por ejemplo, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que discurren por los términos municipales de Lleida —Alcarrás, Sucs, Raimat o Gimenells—, o de los correspondientes trabajos de limpieza de cauces, tan importantes en las cabeceras de los ríos pirenaicos a fin de prevenir grandes avenidas de agua, como las que hemos podido debatir en esta Cámara; o de las labores en el propio río Segre que se tienen que llevar a cabo de tratamientos anuales, que no se hacen por falta de consignación presupuestaria de la confederación y que tienen que acabar siendo atendidas por la Administración Local o la administración autonómica aunque no les corresponda. Por ello, concluimos que la aplicación del artículo 112 bis debería corresponder a las comunidades autónomas, territorializándose el gasto en función de lo recaudado. Esta es la enmienda 35, para la que pedimos su apoyo.

Respecto al resto de las enmiendas, agradecemos a los sindicatos agroganaderos, en concreto a Unión de Uniones, que las presentaran. Son unas enmiendas, grosso modo, encaminadas a ampliar el ámbito territorial de este proyecto de ley —para que se apliquen las mismas medidas en todos los territorios afectados por la sequía sin que esto sea una potestad discrecional del Gobierno—. También desde el punto de vista de la temporalidad, ya que, por el propio trámite de este proyecto de ley, hay muchas circunstancias que se recogen que han sido sobrepasadas por el propio trámite y deben ser ampliadas al año 2018. Se recogen algunas iniciativas como la exención del IBI. Es cierto que hay una transaccional que ha rebajado el nivel en este sentido pero recoge que se amplía al 2018. También en la línea ICO se recogen algunas excepcionalidades; moratorias en la Seguridad Social; medidas tan reclamadas como que se acabe regulando una tarifa especial para el regadío. Pero todas estas enmiendas fueron rechazadas en comisión, excepto la enmienda 36, que agradecemos que fuera recogida, que no carga mucho al Gobierno ya que lo único que le pide es que traslade a las instituciones europeas esas circunstancias excepcionales para la condición de agricultor activo o la actividad agraria cuando las circunstancias de sequía impiden que se llegue a los límites requeridos.

Por todo ello, mantuvimos vivas las enmiendas para este Pleno, porque no desvirtuaban para nada el proyecto, al contrario, daban respuestas puntuales a la problemática del sector agroganadero causada por la sequía. Esperamos que les den su apoyo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.

Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas de las senadoras Ibarz y Santos, de la 15 a la 25.

Tiene la palabra la senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

En aras de la claridad expositiva, diré que el Partido Aragonés ha presentado 11 enmiendas a este proyecto de ley, que voy a dividir en dos bloques. Uno se dirige a clarificar el ámbito territorial, los beneficiarios de las medidas que están dispuestas en este proyecto de ley, y otro va destinado a la modificación de la Ley de aguas. Tanto unas como otras proceden de las peticiones explícitas que hemos recibido de agricultores y ganaderos aragoneses y de los municipios que soportan las infraestructuras de generación eléctrica por uso de agua continental de las centrales hidroeléctricas.

Con relación al primer bloque, que decía que tienen como finalidad aclarar quiénes van a ser los beneficiarios de las ayudas que contempla el proyecto de ley, les diré que son las enmiendas 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24.

Verán, el año pasado, el año 2017, ha sido un año difícil —el propio proyecto de ley lo deja claro—, ha sido difícil para todas las zonas que riega el Segura, que riega el Duero, que riega el Júcar, ahora también el Guadalquivir. Incluso el propio proyecto de ley refleja las dificultades de Andalucía y de Extremadura. También ha sido un año muy difícil para Aragón.

Como bien saben, los peores registros de toda la cuenca del Júcar los ha tenido Teruel; de hecho, el peor registro lo tiene la entrada de agua del Guadalaviar al pantano del Arquillo, que es el que abastece de agua de boca a la ciudad de Teruel, que ha tenido que restringir el consumo. Afortunadamente, este decreto deja claro que esa parte de Teruel que queda dentro del Júcar va a tener acceso claro a todas las medidas de ayuda y exacciones que regula este proyecto de ley. En definitiva, los agricultores y ganaderos de Gúdar, de Javalambre o de Albarracín, a modo de ejemplo, podrán acceder a todas estas medidas de apoyo que contempla la ley porque en esa zona se ha activado el Decreto de sequía del Júcar.

Pero también en Aragón, ya fuera del Júcar, en la zona del Ebro, hay varias subcuencas que están en situación de alerta o de emergencia y donde la Confederación Hidrográfica del Ebro ha tenido que activar el Plan especial de actuaciones en situación de alerta y eventual sequía. Por ejemplo, por seguir con Teruel, hablo de la cuenca del Aguasvivas o de las cuencas del Martín, y, ya en Zaragoza, de la cuenca del Jalón, del eje del Ebro, de la cuenca del Huerva y de las reservas de Caspe y Mequinenza, donde, como digo, la CHE ha tenido que activar el Plan especial de actuaciones para situaciones de alerta y eventual sequía.

En el texto que hoy se somete a debate en el Senado, en esta Cámara, este apartado poco tiene que ver con el que salió del Congreso, y, sinceramente, puede ser que estemos en un error, pero a nosotros nos da la impresión de que a los agricultores y a los ganaderos de todas estas zonas que acabo de citar, que están en esas subcuencas en situación de alerta o de pertinaz sequía, no podemos garantizarles que sean beneficiarios de las ayudas que están contempladas en este proyecto de ley. Hablamos de agricultores y ganaderos que han registrado pérdidas por encima del 30 % como consecuencia de una sequía hidrológica que ha llevado a activar estas medidas —por ejemplo, hablamos de agricultores y ganaderos de zonas como Calamocha, Calatuyd, Valdejalón o del Aranda—. Creemos que no está claro que puedan ser beneficiarios porque el proyecto de ley, en el Senado, ha recuperado el concepto de la sequía declarada para toda la cuenca. Sé que ustedes me dirán que sí, yo les diré que, como mínimo, no podemos pensar que sea seguro. Sé que me dirán que se pueden contemplar dentro del apartado 2 del artículo 1 como situaciones de sequía meteorológica y que podrán tener acceso a las ayudas del decreto, pero lo cierto es que, tal como dice la literalidad de este apartado, una vez que se haya pasado el trámite de consulta a las comunidades autónomas y a las organizaciones representativas del sector, el Gobierno tendrá que aprobar un real decreto y, además, tener el informe favorable de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí se nos oculta que hablamos del año hidrológico 2016-2017 y de un presupuesto ya extinto y del que difícilmente se van a poder sacar créditos para hacer frente a esas ayudas que van a solicitar los agricultores y ganaderos de Aragón, a los que me acabo de referir, que quedan fuera de la cuenca del Júcar.

Creo que será difícil que estos agricultores, junto con los de los Monegros, que también han estado vendiendo sus productos por debajo de los costes de producción, puedan acceder a estas ayudas si no hay crédito disponible en el año 2017 y si no tenemos aprobados los presupuestos del año 2018, a no ser, claro, que me digan que quienes han votado favorablemente estas enmiendas van a apoyar también que se aprueben los presupuestos de 2018. En ese caso me darían ustedes una alegría. En caso contrario permítanme que como mínimo ponga en duda que se pueda hacer. Y no digo que no haya voluntad política, digo que no hay dinero. Parece que en el texto queda claro que tanto para Andalucía como para Extremadura se van a facilitar medidas para favorecer su aplicación.

La agricultura y la ganadería en estas zonas a las que me acabo de referir no son solamente su principal sustento, sino que son también un yacimiento para fijar población en territorios cuya densidad de población está prácticamente desierta. Por tanto, la agricultura y la ganadería son también una esperanza para la repoblación. No entendemos bien que este asunto no quede clarificado.

El segundo bloque de enmiendas, las números 20, 23 y 25, hablan del canon de las centrales hidroeléctricas, que, como saben, se ha incrementado. Nosotros solicitamos que parte de ese canon vaya a parar a los municipios que soportan las infraestructuras, es decir, a los municipios en los que están ubicadas estas centrales hidroeléctricas. En Aragón tenemos más de 150 centrales hidroeléctricas que producen el 10 % de la hidroelectricidad del país, pero a estos municipios no llega ni un euro. De hecho, les contaré una anécdota; se acaba de producir el hecho insólito de que los municipios donde las centrales se han revertido y han ido a parar a la Confederación Hidrográfica del Ebro han dejado de percibir hasta el IAE, lo que ha hecho que la situación sea dramática, y han dejado de percibirlo por la exención que ustedes saben que tienen las administraciones del pago de este impuesto. Nosotros vamos a solicitar lógicamente las reversiones de todas estas centrales, a favor de los municipios, porque será la única manera de que se puedan beneficiar de esta actividad.

Y termino haciendo una petición a los portavoces, en este caso del grupo mayoritario. Quisiera que me explicaran en qué consiste el banco o el fondo, como ustedes le llaman, público del agua. Porque si no me equivoco, en la enmienda número 96 se habla de control de transacciones, de gestión o de control público de transparencia, de transferencias... y quisiéramos que, por favor, nos aclararan los términos de esta enmienda, porque parece que hay una habilitación casi general para modificar leyes, quién sabe si también el Plan Hidrológico Nacional, que pudieran abrir la puerta a posibles trasvases.

Ustedes mismos dicen en su justificación que se remiten a un futuro plan nacional del agua, pero lo cierto es que en el texto legal aparece una verdadera habilitación para modificar —dice literalmente— e impulsar las modificaciones legislativas precisas para proceder a la creación de este fondo público del agua.

Y termino ya agradeciendo a todos los miembros de la comisión los trabajos que se han realizado. Creo que pese a todo, que pese a estas dificultades a las que he hecho referencia y que determinarán nuestro voto en su momento, se han hecho importantes trabajos que han mejorado de manera clara la calidad del texto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Santos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la enmienda presentada por los senadores Alegre, Crisol y Marcos, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente para presentar nuestra enmienda. Ya me extenderé en el turno de portavoces para posicionarme sobre el conjunto del proyecto de ley.

Hemos presentado una enmienda que nos han pedido los regantes, los agricultores y los ganaderos de Alicante, Murcia y Almería. Sin trasvase de agua del Tajo al Segura desde mayo de 2017 se les cobra a los regantes los costes de amortización de la obra exprimiendo su bolsillo, incluso con la incertidumbre de no saber si podrán continuar con su actividad. No se niegan a pagar, pero solo cuando reciban un trasvase, y lo que no se debe hacer, y creo que es de lógica, es pagar por una infraestructura que no se utiliza.

El cálculo de la tarifa debe quedar sujeto a los volúmenes reales de agua servida en el momento en que se puedan volver a trasvasar recursos a través del acueducto Tajo-Segura. Por este motivo, nuestra enmienda añade un subapartado al artículo 2, que se refiere a la exención de la exacción relativa a la disponibilidad del agua. Dicho de otra manera, mientras persista el nivel 4 de la regla de explotación y esta no permita un trasvase, se debe eximir a los agricultores del pago del tasazo. No es justo que se quiera hacer pagar a los agricultores parte de la tarifa por la conducción de un agua que no les va a llegar. La exención iría a cargo del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado en tanto persista la actual situación. Esta enmienda fue fruto de una transaccional entre PSOE, Ciudadanos y Compromís en la tramitación en el Congreso y que el Partido Popular y Podemos rechazaron. Esperamos que hoy aquí podamos incorporar nuestra enmienda al texto por el futuro de miles de familias que tienen en la agricultura y ganadería su actividad principal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Crisol.

Para defender la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, senador Aubà, tiene la palabra.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

Estoy de acuerdo con algunos senadores que me han precedido en que esta ley se queda corta, puesto que se prevé como algo puntual para los años 2017 y 2018. Pero esto ha venido para quedarse. La sequía, en los próximos años, va a ser un tema muy importante. Y si estamos de acuerdo en que hay cambio climático, con mayor razón. Las medidas que se van a aprobar se quedan cortas para este plan y habrá que empezar a hablar de otras medidas.

Hemos presentado 16 enmiendas, muchas de ellas sugeridas por Unió de Pagesos, a través de Unión de Uniones. Se ha aceptado una y las demás han quedado pendientes. Pero hoy solo voy a hacer referencia a una, a la enmienda 77, que ya la defendí en comisión y es muy importante. En el año 2008 desaparecieron las tarifas especiales para el regadío y las reformas tarifarias posteriores han tenido como consecuencia un aumento del coste de la energía que se ha duplicado para los agricultores y ganaderos, según la evolución de precios pagados. Parece que el Gobierno, con ocasión de dichas reformas, anunció, incluso en sede parlamentaria, que se iba a estudiar una tarifa para los regantes, un contrato específico de los suministros eléctricos adaptado a ese consumo concreto, cuyo perfil fuese de temporada; bien, pero yo añadiría también a las bodegas, cooperativas y almazaras, que son las empresas transformadoras de la mayoría de los productos y que se encuentran con el mismo problema. En las actuales circunstancias es oportuno que el Gobierno se comprometa expresamente a presentarlo en un plazo prudente. A todo ello responde la enmienda que nosotros hemos presentado.

Les comento que es muy importante el consumo energético en las empresas que he mencionado antes, porque supone un coste que se ha doblado en los últimos años y, por tanto, o hacemos algo con este plan o será muy difícil que puedan continuar existiendo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Aubà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Bon dia a tots i a totes. Buenos días a todos y a todas.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas de modificación a los artículos 2, 3, 7, 8 y 9 y de adición a los artículos 3 y 4 y a las nuevas disposiciones adicionales, y una enmienda de supresión a la disposición adicional segunda.

Dado el dilatado tiempo de tramitación que ha sufrido el presente proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, así como la demora de su tramitación en esta Cámara, las previsiones han quedado desfasadas. Además, las escasas lluvias no han servido para mejorar la situación del déficit hídrico, por lo que todo hace prever que las circunstancias que justifican la exención descrita en 2017 se mantendrán durante 2018. El Real Decreto Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de agua, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ya contemplaba esa medida para el periodo de julio de 2017 a febrero de 2018.

Por otro lado, al aplicarse la moratoria sobre las cuotas por jornadas reales su ampliación aliviará los efectos perversos de la sequía sobre el empleo agrario al reducir los costes de contratación, particularmente de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. En una situación de sequía prolongada son damnificados, en primer lugar, los agricultores y ganaderos titulares de las explotaciones; o sea, los trabajadores agrícolas por cuenta propia y por cuenta ajena; y como la reducción de la producción agraria origina la disminución del trabajo disponible hemos propuesto eximir de la obligación de justificar 35 jornadas reales a las y los trabajadores agrícolas. Se propone mantener la vigencia del artículo 69 del Real Decreto 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. Porque, justamente, en el inicio de lo que puede ser un ciclo de sequía que se prolongue años, la restricción que establece el citado artículo sobre los contratos de cesión de derechos al uso privativo de aguas debe estar más vigente que nunca, puesto que permite frenar la sobreexplotación de los recursos disponibles, especialmente de los acuíferos. Anular esta restricción legal y permitir vender el total de lo que formalmente establece el título concesional equivale a vender aguas de papel. Sí, lo que, en definitiva, supone agudizar la sobreexplotación de acuíferos o sobreexplotar más los ríos con agua que no hay. La gravedad de la situación con las perspectivas vigentes de cambio climático exige afrontar el problema del desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas, especialmente en las zonas más sensibles en que los acuíferos son sobreexplotados de forma sistemática, incluso en años de normalidad pluviométrica. Es preciso recuperar un control efectivo sobre estos acuíferos con la constitución y participación de comunidades de usuarios bajo la supervisión del Estado que debe garantizar un régimen de explotación sostenible. Este es sin duda el eje estratégico más importante a desarrollar de cara a disponer de reservas para gestionar los ciclos de sequía, empezando por el que nos afecta en la actualidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender las enmiendas 41 a 51 y 53 a 55 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 86 a 90, 93 a 96 y 98 a 99 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó 14 enmiendas, de la 41 a la 55, a esta ley que nos había sido remitida por el Congreso, donde, a su vez, ya habían sido introducidas 18 enmiendas del Grupo Socialista. Pensábamos que aquí íbamos a poder llegar a un texto definitivo, pero lo que ha ocurrido es que, de las 14 enmiendas que hemos presentado, finalmente hemos conseguido transaccionar 4 y quedan, por lo tanto, otras 10 vivas. Esas 4 son muy importantes y no vamos minusvalorarlas porque, entre otras cosas, han permitido introducir mención expresa a la cuenca del Guadalquivir en el preámbulo, cosa que no ocurría anteriormente, porque ya el 27 de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pidió la aplicación del Decreto de sequía a toda la cuenca hidrográfica y, por consiguiente, a partes de Andalucía y Extremadura. También hemos transaccionado con el grupo mayoritario otra enmienda referida a la rebaja del IBI de las explotaciones agrarias, que era muy importante para este año 2017 y también para 2018. Este texto legal se refiere al año 2017, pero estamos ya en febrero de 2018. Se ha producido este desfase y ahora resulta que una parte importante de las referencias meramente de calendario que figuran en el texto están superadas por la larga tramitación que ha tenido el mismo.

Lamentablemente no hemos podido consensuar o transaccionar otras enmiendas con los grupos, especialmente con el mayoritario. Además, tengo que decir que en comisión la mayoría del Grupo Popular ha aprobado enmiendas, que, si no contradicen completamente lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados, de alguna manera lo descafeínan o le suprimen la asignación presupuestaria, lo cual no nos permite apoyar esas enmiendas.

De las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista que siguen vivas, queremos hacer especial referencia solo a algunas de ellas, para no ser excesivamente prolijos, que consideramos muy importantes y que esperamos que finalmente, cuando culmine la tramitación de esta ley en el Congreso de los Diputados, se recuperen o se recojan de alguna manera. En concreto, me referiré a la que trata sobre la exención de las aportaciones relativas a los gastos fijos del trasvase Tajo-Segura en los años 2017 y 2018, este último por lo que ya he explicado de que se ha desplazado en el tiempo el periodo de vigencia de una ley que estaba pensada para 2017. Otra de ellas es la moratoria de un año sin intereses en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social para todos los damnificados por la sequía, sean trabajadores por cuenta ajena o sean autónomos. La tercera, importantísima también, es que la vigencia de la línea de créditos del ICO, contemplada en la ley hasta el 31 de diciembre de 2017, debe prolongarse hasta el 31de diciembre de 2018, por las razonas obvias que he explicado hasta ahora, ya que, además de las complicaciones presupuestarias que tenemos en estos momentos, se ha visto completamente superado el calendario de aplicación de estas medidas.

Finalmente, hay dos en las que quiero hacer especial hincapié. Una es la extensión del fondo extraordinario de lucha contra la sequía a 2018 con otros 1000 millones de euros, tal y como estaba contemplado para 2017. Pero en 2017 no se aplicaron porque no estaba en vigor la ley; luego tienen que aplicarse en 2018 con presupuestos de 2018. Y otra es la reducción del IVA. Efectivamente, entre el conjunto de medidas que están destinadas a favorecer la agricultura de regadío mediante la modificación actual del suministro de energía eléctrica, una de ellas cuenta con el especial respaldo de las organizaciones agrarias y de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes: la reducción del IVA que se paga por el suministro eléctrico en la agricultura de regadío, que debería llegar al 10 %, tal y como ya existe en otros países europeos, por lo que no sería ninguna novedad avanzar en esta línea.

Por lo tanto, pedimos el apoyo para estas 10 enmiendas que han llegado vivas, aparte de las transaccionadas, porque consideramos que es imprescindible para mantener y completar el espíritu con el que vino del Congreso esta ley y que no debe ser tergiversado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Palomo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para exponer su posición sobre la vuelta del texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 84 y 92, del propio Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente.

Por una cuestión de tiempo, y para tratar de hacer mi intervención lo más lógica posible, voy a intentar explicar por qué no aceptamos algunas de las enmiendas y, al final, haré una breve referencia a las cuatro transaccionales que hemos consensuado entre la mayoría de los grupos.

Como ustedes también han dicho, a este proyecto de ley se han presentado 100 enmiendas. El propio Grupo Parlamentario Popular presentó 18 enmiendas en la comisión, que se han incorporado al dictamen, y también se aprobaron la enmienda número 10 de Compromís, la número 36 del Grupo Parlamentario Nacionalista, la 52 del Grupo Parlamentario Socialista y la 75 de Esquerra Republicana.

Voy a hacer referencia a las enmiendas por el orden en que se han registrado y no por el que han intervenido ustedes para defenderlas, pero la cuestión no tiene mayor importancia.

En relación con la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por Ciudadanos, y que hace referencia a las aportaciones relativas al coste de las obras del acueducto Tajo-Segura de los usuarios de los recursos, a nuestro entender, debemos manifestar que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del trasvase, la tarifa consta de tres componentes: la amortización, la recuperación de los gastos fijos de explotación y la recuperación de los gastos variables. El Gobierno, a través de su Real Decreto Ley 10/2017, de 9 de junio, que ahora se tramita y al que usted presenta una enmienda, ya exonera a los regantes de los pagos de los tramos b) y c), lo que supone un 80 % de la tarifa. Sin embargo, en ninguna situación de sequía se ha exonerado nunca del tramo a). Las leyes reguladoras del trasvase y la jurisprudencia aplicable no contemplan esta exoneración. Además, la propia ley señala que el tramo de la tarifa debe compensar a la cuenca accedente, en este caso, al Tajo.

En 2017, estas cantidades supusieron 12,8 millones de euros, que deben recibir las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. El importe recaudado se aplica a la realización con carácter prioritario de las acciones pendientes en la cuenca del Tajo y en las provincias de tránsito afectadas por el acueducto Tajo-Segura: Cuenca y Albacete. Estas acciones no pueden desatenderse y la financiación no puede quedar condicionada al volumen transferido. Como ya se ha señalado, las leyes que lo regulan prevén que hay unos gastos fijos que deben atenderse siempre, por el simple hecho de que existe esa infraestructura, que es la que posibilita en su momento transferir el recurso. Además, a nuestro entender, la exoneración del pago del tramo de amortización de la tarifa supondría un agravio comparativo con los usuarios de otras infraestructuras de trasvase, también cerradas por una situación de sequía y en la que los usuarios siguen abonando el tramo de amortización, con lo cual, creo que usted entenderá que vayamos a rechazar su enmienda.

En cuanto a las enmiendas de Compromís, la número 2 no es de recibo porque el Estado no puede, en el caso de demarcaciones hidrográficas intracomunitarias cuya gestión corresponde a comunidades autónomas, declarar automáticamente la aplicación de esta exención. Las comunidades autónomas con competencias en gestión del dominio público hidráulico, y basándose en su legislación, deben ser las que establezcan las exenciones que ustedes nos solicitan.

Por lo que hace a la enmienda 3, a la 28 de otros grupos, a la 44 y a la 56, a las que me referiré conjuntamente, no parece prudente limitar esa exención en los ejercicios 2017 y 2018.

En la enmienda 4, que también es la 29, la 45 y la 57 de otros grupos, la aplicación de la moratoria que ustedes nos solicitan, resulta contradictoria con la legislación vigente.

La enmienda 5, que también es la 30 y la 46 de otros grupos, porque se van repitiendo, se refiere a la ampliación de la reducción que nos proponen. Pero nosotros entendemos que no es procedente, porque afectaría a los mismos beneficiarios de la moratoria pedida en la enmienda anterior que hemos dicho que no corresponde.

La enmienda número 6, que es igual que la 31 y que la 59, propone la elevación del 10 al 20 % del coeficiente en gastos de difícil justificación que existen en la modalidad simplificada. Para nosotros, en la situación de sequía, que implica un incremento en costes reales, esos costes ya se han tenido en cuenta para determinar el rendimiento neto de la actividad como mayor gasto deducible. Por tanto, debemos rechazarla, ya que el aumento de los costes que genera la sequía podrá ser acreditado por el contribuyente y tenido en cuenta para el cálculo del rendimiento neto. Además, la situación de sequía no incrementa los gastos de difícil justificación.

La enmienda 9, que es también igual que las enmiendas 34, 50, 62 y 68 de otros grupos, como ya les comenté en comisión, la vamos a rechazar porque hemos presentado una enmienda 90 de nuestro propio grupo que creemos que cubre el mismo tema.

Lo que se propone en la enmienda 11, a nuestro entender, corresponde a la CNMC como órgano supervisor encargado de velar por el grado de competencia en los mercados, y no al contenido de esta ley.

En cuanto a los estudios que se mencionan en la enmienda 12, que no contemplan la relación de trabajos a realizar por el plan de seguros agrarios, solo puedo decirle que existe el compromiso del departamento, ya expresado por el Gobierno, de seguir avanzando en esta cuestión, con lo cual vamos a esperar a ver qué resulta de ello.

La enmienda 13, que es igual que la 39 y la 77, tampoco es aceptable porque la normativa comunitaria sobre mercado interior de la electricidad no permite aplicar tarifas por tipos de usos, como ustedes nos solicitan.

La enmienda 14, que también es igual que la 40 y la 81, nos pide bajar el índice mínimo de nacimientos por oveja, de 0,6 a 0,4. A nuestro entender, el índice 0,6 ya es muy bajo en relación a las condiciones normales de producción, de manera que proporciona ya un margen suficiente, incluso en circunstancias de sequía aguda, como las que pasamos.

Ahora me referiré a las enmiendas del PAR, aunque ya he dicho que no sigo el orden en el que se han explicado aquí, sino el orden en el que han sido registradas. Comenzaré, por tanto, con las enmiendas 15, 16, 17 y 19 de las senadoras del Grupo Aragonés. Pues bien, en el preámbulo de la ley solo se ha descrito la situación de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias con sequía declarada o con tramitación de un decreto de sequía que ya se ha aprobado por real decreto mediante acuerdo del Consejo de Ministros, según lo previsto en el plan especial de alerta y eventual sequía. Los vigentes plantes de sequía no contemplan la posibilidad de que el Consejo de Ministros acuerde la situación excepcional en sistemas específicos dentro de una misma demarcación hidrográfica intercomunitaria. Los vigentes planes de sequía acotan muy claramente cuándo se puede plantear al Consejo de Ministros que adopte dicho decreto para toda la demarcación. Cabe además precisar que si bien en algún sistema de explotación en la demarcación hidrográfica del Ebro han existido restricciones, la evolución de los indicadores de sequía está siendo favorable. Las reservas en los embalses de la demarcación hidrográfica del Ebro han aumentado considerablemente, y pensamos que lo harán más en un futuro breve.

Asimismo, rechazamos la enmienda número 18 que dice que deben mantenerse como señaladas esas demarcaciones del Segura, Júcar y Duero, que son las que han podido sufrir, además de una sequía meteorológica, una sequía hidrológica; e Igualmente las números 20, 23 y 25, que nos hablan de ingresos procedentes del canon, al amparo del artículo 112 bis y que deben destinarse a la protección del dominio público hidráulico y no a la compensación de los municipios que soportan las servidumbres derivadas de infraestructuras de regulación y almacenamiento de aguas continentales. Los ayuntamientos que tienen, en contra de lo que usted ha manifestado, infraestructuras de regulación y de almacenamiento ya ingresan el correspondiente impuesto asociado a los bienes inmuebles por estas características especiales. La enmienda 21, que también plantea excepciones, no va a ser aceptada. Tampoco vamos a aceptar la enmienda 22 en coherencia con la enmienda 85 que ha presentado mi grupo. No aceptamos la enmienda 24 por el mismo motivo.

La enmienda 27 del Grupo Nacionalista y la 43 del Grupo Socialista no se van a aceptar porque nosotros hemos presentado la enmienda 85 y consideramos que quedan englobadas. Las enmiendas 33, 48, 49, 61 y 67 se valoran desfavorablemente porque no hay una línea ICO específica y no se va a plantear. La enmienda 35, en la que se recoge dónde se va a destinar el canon recaudado, a nuestro juicio, no puede destinarse a comunidades autónomas en las que radique el aprovechamiento hidrológico. El impuesto sobre electricidad no puede equipararse a un canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, un canon claramente finalista que está destinado a la protección y mejora del dominio público hidráulico. De hecho, el artículo 12 del real decreto ya regula el canon de utilización por aguas continentales para la producción de energía eléctrica en demarcaciones intercomunitarias. Además, en los Presupuestos Generales del Estado se destinan a actuaciones de protección y mejora, que son las que garantizan el cumplimiento de este artículo.

Ya me he referido a muchas de las enmiendas del Grupo Socialista, porque estaban englobadas y son repetidas de otros grupos, pero respecto a la enmienda 49, tengo que decirle que, en la actual situación del mercado financiero en la que los tipos de interés son históricamente bajos, el problema de los agricultores en el acceso al crédito no es tanto el pago de los intereses. Por ello, financiando los avales de los créditos, el apoyo al sector agrario es, a nuestro juicio, de mayor valor ya que actúa en el momento que más se necesita, que es en la concesión del crédito. En este sentido, los esfuerzos de la Administración para facilitar estos créditos han sido de más de 200 millones de euros en el año 2017. Con este sistema de trabajo, se consigue una distribución del peso del apoyo a la financiación del sector, repartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, además de, a nuestro juicio, respetar el margen de actuación que cada comunidad autónoma desee ejercer en la materia. En relación con la enmienda 55, consideramos que la bajada que usted nos solicita es discriminatoria para el resto del sector agrario y que los regantes tienen ya en la ley suficientes disminuciones de la factura eléctrica, sobre todo con la enmienda 99 que hemos presentado nosotros y que también hace referencia a ello.

En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a una mayoría ya me he referido con anterioridad. En la enmienda 63 consideramos que el agua es un bien público que debe servir al interés general, con lo cual, es el Estado el que regula su distribución. El ministerio y el grupo que le da apoyo consideran que hay que ser muy cautelosos a la hora de autorizar contratos de cesión intracuenca, y más en una situación de sequía declarada. En ningún momento, como ustedes afirman a veces, se venden aguas de papel; en ningún momento se agudiza la sobreexplotación de las masas de aguas subterráneas, que ya están en mal estado, tanto cuantitativo como cualitativo. Por tanto, vamos a rechazar esta enmienda. Para nosotros, la medida planteada en la enmienda 64 no es urgente para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas. Sí se plantea incluir en este proyecto de ley una medida ya recogida en la legislación de aguas.

El Grupo de Esquerra Republicana presentó muchas enmiendas, pero muchas fueron rechazadas porque no entraban en el ámbito de esta ley. En el caso de la enmienda 78, nosotros estamos trabajando y se ha ejecutado ya la primera fase de las obras de modernización para los regantes de Valls, a los que usted se ha referido. La ejecución de la segunda fase no se ha podido llevar a cabo porque hay una deuda que se mantiene con la Generalitat, con el Seiasa, de 12 millones de euros. En cuanto la Generalitat pague la deuda, se reanudará la obra y se producirá una mejora, como usted solicitaba.

Una vez expuestas las razones por las que el Grupo Popular no acepta las enmiendas que se han planteado, intentaré explicar las enmiendas que hemos negociado para llegar a las transaccionales.

Respecto a la enmienda 41 del Grupo Socialista, para nosotros, ni mucho menos todas las cuencas andaluzas se encuentran en una situación de seguía; la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras no se encuentra en situación de sequía. Además, desconocemos si los órganos equivalentes en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, de las que no son competentes, han elevado al Consejo de Gobierno andaluz la necesidad de un consejo de sequía, pero sí señalamos que en el caso de las cuencas intracomunitarias vamos a aprobar la transaccional que se nos ha presentado.

En el caso de la enmienda 42 sí nos parece prudente incluir en esta situación la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, y así vamos a apoyar la enmienda transaccional.

La enmienda transaccional 84 simplemente era un tema de matiz, de una palabra, y también se acepta.

La enmienda 47, que hace referencia a una enmienda socialista, a una enmienda de Compromís, a una enmienda del Grupo Nacionalista y a una enmienda de Podemos, se refiere a una exención del IBI para los ejercicios 2017 y 2018, que, evidentemente, hemos visto con buenos ojos y vamos a apoyar.

Por todo lo expuesto —y confío en no haberme extendido demasiado—, espero haber explicado las razones que llevan a mi grupo a desestimar enmiendas presentadas por ustedes, aunque agradezco, evidentemente, el trabajo y la disponibilidad en la negociación, y también, como es obvio, la tramitación de las enmiendas transaccionales que, junto con las ya aprobadas, tanto de sus grupos como del Grupo Popular, han conseguido, a nuestro juicio, mejorar y ampliar el consenso en este proyecto de ley en un tema que, como ya dije en comisión, afecta de una manera importantísima al bienestar de los ciudadanos. Otras cuestiones pueden ser de carácter ideológico, pero el abastecimiento del agua y el que todos los ciudadanos puedan disponer de ella es un tema en el que todos deberíamos estar de acuerdo. Creo que buscar el mayor bienestar posible de los ciudadanos es algo a lo que nos debemos siempre a la hora de hacer nuestro trabajo legislativo.

Una vez más puede quedar demostrada la utilidad de una Cámara como el Senado, tanto en su faceta de Cámara de segunda lectura, en la que hemos podido ampliar y mejorar el texto, como en su faceta de representación territorial, porque ha quedado claro que es un tema que afecta a muchos territorios.

Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Pons.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, ocho meses después de la aprobación del real decreto ley, esta iniciativa llega al Senado. Deberíamos implementar un sistema para que las iniciativas parlamentarias fueran tramitadas con más celeridad. Los ciudadanos esperan mucho más de todos nosotros. Pero vayamos a lo que nos ocupa.

Esta iniciativa viene a decir que se implementarán medidas urgentes para paliar la grave sequía que están sufriendo en tres cuencas: la del Júcar, la del Segura y la del Duero.

Llevamos tres años de sequía y, por lo tanto, ya sabemos lo que necesitan los agricultores: por un lado, hacer obras en infraestructuras hidráulicas, mejorar recursos y, sobre todo, los riegos, la cuantía, el análisis y la calidad del agua y, por otro lado, dotar de mejoras ambientales nuestras cuencas y cauces. Un ejemplo: la reducción bruta del 20 o 30 % de las producciones para poder optar al aplazamiento de la Seguridad Social seguramente a las grandes empresas no les afecta, pero a los pequeños y medianos agricultores que no tienen infraestructuras les va a suponer contratar a un gestor para que les hagan las mediciones.

En relación con el incremento de la cobertura del seguro agrario, estamos de acuerdo en que se añada a la sequía meteorológica la sequía hidrológica, pero falta concreción: ¿cómo se define con Agroseguro?, ¿en qué porcentaje?



, ¿en qué límite se establece la sequía?, ¿en cuántos litros por metro cuadrado?, ¿se hace por meses o por trimestres? Ciudadanos lamenta que el Partido Popular y Podemos hayan dado la espalda de nuevo a los regantes y a los pequeños agricultores con la aplicación del tasazo.

Señorías, más allá de este proyecto de ley, debemos ponernos a trabajar en la cuestión de fondo. El Gobierno debe abrir un diálogo con los grupos parlamentarios y con los integrantes de los sectores afectados con el objetivo de llegar a una adecuada y efectiva gestión de infraestructuras, obras de regulación y gestión de excedentes que culminen en un pacto nacional del agua.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestarles que Compromís se abstendrá en el dictamen de este proyecto de ley sobre la sequía por no contar con el consenso de los afectados y por no haber estimado ninguna de las más de una decena de enmiendas que hemos presentado —aun así, muy poquitas— que surgen del diálogo mantenido con la Unió de Llauradors y con la Unión de Uniones, que agrupa y representa a buena parte de los agricultores del Estado español, un sector que no es viable, que parece que no tenga ni futuro y ustedes actúan de espaldas a él.

Entre las preocupaciones de los afectados está el sobresfuerzo que deben asumir los trabajadores del sector primario con los seguros, todo lo que pierden fruto de la sequía por no haber avanzado lo suficiente en este riesgo cubierto por los seguros a un precio razonable. Eliminan además de este proyecto de ley el anuncio de 300 millones de euros para el Plan de seguros agrarios combinados, medida en la que los agricultores habían puesto sus ojos porque les podía suponer un ahorro en la contratación de dicho seguro. Eliminan también ustedes la aportación patrimonial del Presupuesto General del Estado al fondo extraordinario que se fijó en 1000 millones de euros. Han utilizado esta Cámara para modificar la ley que vino con un amplio consenso del Congreso para vaciarla de dotaciones presupuestarias y de amplio calado, y, entre otras muchas cosas, han intentado colarnos algunos goles que parece ser que coformaban a ciertos grupos.

Hablan ustedes de pactos, serán pactos PP-PSOE. La ministra, entrevistada hace pocos días en un medio de comunicación, se vanagloriaba de haber mantenido más de 120 reuniones para lograr un pacto nacional sobre el agua. Parece que no han entendido nada con el trasvase del Ebro o la campañita Agua para todos.

Sabemos cómo gestiona el PP el agua, por ejemplo, en Madrid, con la corrupción del Canal de Isabel II, o la Fundación Agua y Progreso, financiada por Francisco Camps, con 7 millones de euros, para atacar la política hídrica del Gobierno precedente, cuya fundación fue disuelta justamente después de que el presidente del Gobierno, el señor M. Rajoy, tomara posesión; o el dinero para justificar, adoctrinar y violentar a los regantes para reclamar el trasvase del Ebro, que sabían que era inviable. Tampoco fue un buen ejemplo la gestión de la empresa Acuamed, una vergüenza, un dinero que podría haberse gastado en construir correctamente la balsa de San Diego, en Villena. ¿Conocen ustedes esa balsa? Una balsa capaz de albergar en un proyecto inicial 20 hectómetros cúbicos de agua y que actualmente no alberga casi nada. ¿Por qué? Porque se construyó mal cuando prácticamente podría haber regado toda la provincia de Alicante y de Valencia; una chapuza irreversible. También podrían haber dotado de suministro eléctrico a las desaladoras de Mutxamel y de Torrevieja. La primera no funciona por no tener suministro eléctrico, la segunda funciona a un tercio de su capacidad por no tener una potencia suficiente, actualmente produce 20 hectómetros cúbicos de agua y podría estar produciendo 80, el triple. Estas son políticas rápidas que se pueden hacer ahora asequibles y baratas, pero no las aplican. O, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales, convenientemente tratadas y almacenadas, y las del agua de lluvia haciendo una cadena de balsas de retención de agua.

Por tanto, déjense de hacer políticas de brindis al sol, como intentarnos colar el famoso PER, una anomalía...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor NAVARRETE PLA: Termino, señoría.

Dejen de hacer populismo con el PER, no lo incluyan en esta ley, tramítenla bien y no la utilicen para hacer más populismo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, señoría.

Intervengo solo para manifestar nuestra abstención.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Abad.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.

Intervengo solo para manifestar nuestra abstención.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Hola de nuevo.

Voy a hacer un pequeño repaso. Desde julio de 2016 hasta octubre de 2017, en tan solo quince meses, el Gobierno del señor M. Rajoy ha tenido el dudoso honor de haber vetado hasta 43 leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, la Cámara que mejor representa hoy la soberanía popular y la pluralidad de un país tan diverso como es España. Se han aprobado 43 leyes por mayoría parlamentaria que han sido vetadas, aduciendo razones presupuestarias. Con la inestimable colaboración de Ciudadanos en la Mesa del Congreso les ha sido posible también demorar la tramitación de aquellas propuestas legislativas que no eran de su agrado.

Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, devalúan la democracia con este cuestionable uso de los mecanismos parlamentarios. Ustedes, tal y como se demostró durante la tramitación de la Ley de contratos del sector público, se valen también de su mayoría absoluta en esta Cámara, que responde a un injusto sistema electoral, para devolver al Congreso proposiciones de ley que son manifiestamente peores que las que llegaron aquí. Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, también devalúan de esta manera nuestra democracia.

Una Cámara de segunda lectura, como es el Senado actualmente, debería servir, al menos, para hacer mejores las propuestas legislativas que llegan desde el Congreso. No obstante, hoy se valdrán de su mayoría absoluta para aprobar unas enmiendas que empeoran esta ley contra la sequía. Esperamos que cuando esta ley vuelva al Congreso, la mayoría parlamentaria de esa Cámara dé marcha atrás a ese sinsentido. Y para ello —y ahora me dirijo a ustedes, senadoras y senadores del Partido Socialista—, necesitamos el apoyo de su partido. Espero que Podemos y PSOE, junto al resto de fuerzas progresistas, aprobemos en el Congreso la ley contra la sequía que nuestro país necesita y que no es el texto que hoy votamos aquí. Si hoy votan a favor de este texto, se habrán equivocado, como cada día se equivocan permitiendo que el señor M. Rajoy, el patrón de la Gürtel, continúe como presidente del Gobierno.

El problema del Partido Popular es la ausencia de un proyecto de futuro para nuestro país. Su único plan se cimenta sobre su supervivencia política a toda costa, hipotecando y destruyendo, si es preciso, las esperanzas, anhelos y necesidades de esa España que ustedes dicen querer tanto; una España que se está secando, literalmente. Señorías, antes de votar recuerden que el cuerpo humano está compuesto alrededor de un 70 % de agua y que este líquido cristalino, que es tan esencial para nuestra vida, no lo es menos para el futuro de nuestro país. Es nuestra obligación legislar para afrontar los retos del futuro que nuestro país tiene ante la amenaza de desertización y ante la evidencia de un cambio climático global que hace ya algunos años el propio Mariano Rajoy negaba. Las enmiendas introducidas por el Partido Popular durante la tramitación de esta ley en el Senado no proporcionan a nuestro país la herramienta que necesitamos para afrontar un futuro sostenible.

Por eso, señorías, votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Como de todos es conocido, el año 2007 fue aciago para la agricultura de muchas zonas de nuestro país debido a la sequía. En muchas de esas zonas, además, previamente había habido una temporada de heladas que provocaron unas cosechas calamitosas y un estado económico verdaderamente lamentable en gran parte de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.

La ley que ahora traemos es la respuesta a esa situación, una respuesta verdaderamente tardía por el tiempo que ha pasado —son muchos meses—, pero que no la debemos tomar como una respuesta puntual, sino que debe ser el comienzo de un cambio de respuesta a las situaciones de sequía porque la sequía se ha vuelto estructural. Ya sabemos que antes la sequía era algo frecuente, que pasaba especialmente en las cuencas mediterráneas, en concreto en las del Júcar y el Segura, pero el año 2017 ha terminado afectando a la cuenca del Duero —cosa nunca conocida con anterioridad— y, finalmente, a la del Guadalquivir. Sin duda alguna, tiene mucho que ver con el cambio climático, que afecta de manera especial, como estaba anunciado, al conjunto de la península ibérica.

Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, y aquí en el Senado, el texto original del Gobierno ha sido enriquecido con enmiendas de mi grupo, que recogían un amplio consenso social que nos habían hecho llegar las organizaciones profesionales agrarias y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Sin embargo —hay que decirlo claramente—, en esta tramitación en el Senado, aunque hemos conseguido transaccionar cuatro enmiendas, el grupo mayoritario ha desestimado el resto de nuestras propuestas y ha introducido enmiendas al articulado que, sin desvirtuarlo con respecto al texto que venía del Congreso, sin embargo —como ya dije en la anterior intervención—, lo descafeína, lo deja en algunos casos sin presupuesto, lo cual significa que es agua escrita sobre agua.

Las medidas que contiene esta ley se pueden clasificar en dos grupos: uno es el destinado a paliar o compensar los daños sufridos por las explotaciones agrarias y por los trabajadores dependientes de la agricultura y otro es el destinado a corregir el déficit estructural de agua, fundamentalmente acudiendo a recursos hídricos no convencionales, como son la depuración y regeneración de aguas, la desalación y la creación de bancos públicos de agua por cuencas hidrográficas. En resumen, la ley contiene un conjunto de medidas para hacer frente a la sequía estructural que no se resuelve ya con medidas puntuales y urgentes, sino con una planificación a largo plazo.

Para no extenderme demasiado, quisiera destacar cuatro medidas que han sido especialmente impulsadas por el Grupo Socialista en el Congreso. La primera es la implementación de un plan de choque de optimización de la desalación por un Mediterráneo sin sed. La experiencia del año 2017 ha sido que cuando falta el agua, donde había una desaladora, todavía pudo haber agua. Aunque algunos pudieron aprender esta lección hace muchos años con solo visitar Canarias, cuyo suministro de agua depende en su mayor parte de la desalación y está funcionando, sin embargo, había grandes reticencias, especialmente en algunas comunidades autónomas del Mediterráneo, para recurrir a ellas. Finalmente, hubo que recurrir en 2017; afortunadamente estaban ahí con todos sus defectos, incluso con poca potencia energética, por lo que habrá que corregirlo, tendrá que aumentarse, pero es una solución. Las demás no existen.

La segunda es la implementación de un plan nacional de reutilización de aguas. Queda mucho por hacer en este país en temas de depuración y regeneración de aguas, pero especialmente queda mucho por hacer en las zonas con déficit hídrico, donde podría suplirse gran parte del déficit actual con el agua procedente de la regeneración.

Y la tercera medida que quiero destacar especialmente, porque es de nuestra aportación, es la creación de bancos públicos de agua en cada una de las cuencas hidrográficas. Por si acaso le queda alguna duda, a la representante del PAR le puedo decir que para el Partido Socialista no tiene nada que ver la creación de un banco público de agua con trasvases, ni muchísimo menos. Nuestra alternativa desde hace muchos años está bien clara en ese terreno y, por lo tanto, no admitiremos que se nos mezcle con otros asuntos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, senador.

El señor PALOMO GARCÍA: Sí, señor presidente.

Como estaba diciendo, lamentablemente no hubo manera de llegar a otros acuerdos más que a las cuatro transaccionales y, en consecuencia, nuestro voto será favorable a lo que permanece del texto que llegó del Congreso de los Diputados y nos abstendremos en lo que en el trámite del Senado ha sido descafeinado o puesto en cuestión por las enmiendas del Grupo Popular. Estamos en la línea de llegar a acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser para hacer política de agua, no política con el agua. Y con esto termino.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Palomo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sánchez.

La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hablamos hoy de sequía, por tanto, hablamos de agua, hablamos de nuestros regantes, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y, sobre todo, hablamos de cómo tenemos que apoyarles, cómo tenemos que trabajar para solucionar la situación de sequía en que se encuentran en este momento tres cuencas hidrográficas, que son las del Júcar, las del Segura y las del Duero. En este sentido, agradezco también el tono de la intervención de todos los portavoces que han intervenido porque creo —y lo creo firmemente— que en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo. El agua es un recurso escaso en España y en otros muchos territorios y, además, como estamos viendo, se alternan periodos de sequía con periodos de lluvias prolongadas, de inundaciones y, cómo no, no podemos olvidar los efectos del cambio climático. Efectivamente, el pasado año hidrológico las precipitaciones han sido escasas, muy escasas, diría yo. Fíjense en un dato curioso: a 1 de mayo, la reserva hidráulica estaba en el 56 %, y a 2 de octubre bajó al 33,9 %. Estos datos nos deben mover a la reflexión. En el caso de las cuencas del Júcar y del Segura estamos en situación de sequía desde mayo de 2015, y en el caso del Duero, desde febrero del año 2017. Para España, la sequía no es algo nuevo, pero esta vez este déficit de precipitaciones ha afectado a cuencas que no han tenido problemas habitualmente, una situación que nos viene a demostrar que la escasez de agua no es un problema que esté localizado en una zona determinada, sino que nos afecta a todos y que va más allá incluso de las fronteras de nuestro país.

Señorías, tenemos que tomar decisiones —ya lo han dicho otros portavoces— que afecten al presente pero, sobre todo, que comprometan y que dicten lo que va a pasar en el futuro. La sequía es un fenómeno para el que España está preparada gracias a una magnífica planificación hidrológica, una planificación puntera, una planificación que es ejemplo para otros muchos países. Hay mucho avanzado —y lo voy a decir— gracias al esfuerzo común del Estado español y de las comunidades autónomas, pero, efectivamente, la realidad que vivimos nos tiene que hacer abrir los ojos, saber que estamos todos en un mismo barco y que no cabe más —y así lo cree firmemente el Grupo Parlamentario Popular— que sentarse a trabajar codo con codo, todos unidos para conseguir un futuro buen pacto nacional del agua. Más allá de cuestiones de partido, más allá de cualquier otra cuestión, hay que consensuar ese pacto del agua, hay que basarlo además en el principio de solidaridad entre todos los territorios, porque es un tema que debe superar los mandatos legislativos, es un tema que nos tiene que hacer olvidar las rivalidades políticas porque está en juego mucho, señorías, está en juego el futuro de este país.

En España no sobra agua y la gestión de cada gota cuenta. Como ya se ha descrito aquí, las medidas que se han tomado afectan a los agricultores, a las explotaciones ganaderas, a las comunidades de regantes, con las que se dialoga y se sigue trabajando, a los trabajadores del sector, y a todos se les aplican medidas que podríamos considerar positivas: exención de pagos de disponibilidad, moratorias en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social, el apoyo a los seguros agrarios, las ayudas a la PAC...; es decir, se movilizan todos los recursos que tienen que ver con apoyo a las infraestructuras, con apoyo a la distribución del agua y también con apoyo a los sectores que están más afectados. La pregunta es: ¿es posible conseguir más agua? Y la respuesta es sencilla: sí. Es posible conseguir más agua, además de con las medidas descritas y con las que se acuerden en el proyecto de ley, con aquellas que por supuesto apoyen la reutilización y la desalinización de aguas. Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha dado muestras de ello, porque en los últimos cinco años se han acabado ocho de las desaladoras que estaban previstas y se han puesto en marcha. Se está apoyando también todo lo que tiene que ver con la reutilización de aguas residuales, que creemos que es fundamental.

Indico algunas de las cuestiones que han dicho los portavoces. Decía el señor Mulet: Sí al pacto nacional de agua. Pues sí, estamos de acuerdo, sí al pacto nacional del agua. La portavoz del Grupo Nacionalista decía: Es una sequía pertinaz. Lo es. La senadora del PAR decía: Es un año difícil. Sí, es un difícil. La sequía ha venido para quedarse, decía el Grupo de Esquerra Republicana. Sí ha venido para quedarse y, por eso, tenemos que tomar decisiones.

Señorías, hoy tenemos una oportunidad. Estamos a tiempo de reaccionar, estamos a tiempo de establecer...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Acabo enseguida, señor presidente.

Necesitamos más diálogo, más ideas, más acuerdos, más cercanía a los sectores afectados. La ciudadanía espera eso de todos nosotros, de los parlamentarios a los que votaron para solucionar sus problemas.

Señorías, el ciclo del agua y el ciclo de la vida, como dijo alguien que trabajó toda su vida por el medioambiente, son uno mismo. Así que muchas gracias y trabajemos juntos para conseguirlo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Sánchez Zaplana.

Señorías, como saben, este proyecto de ley lo votaremos al final.



REGLAMENTO DEL SENADO

TOMA EN CONSIDERACIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.3. 626/000009 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra la senadora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, traemos esta mañana a debate una iniciativa importante que pretende dar seguimiento al extraordinario trabajo realizado por la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en la Comisión de Igualdad, el pasado año; una ponencia ejemplar, que fue capaz de aparcar diferencias, de encontrar puntos de unión, de sumar esfuerzos y de aprobar, por unanimidad, el informe, en este mismo Pleno, el pasado 13 de septiembre; insisto, por unanimidad de todos los grupos. Este informe fue pieza fundamental para el Pacto de Estado contra la violencia de género; un pacto que vio la luz en la Conferencia sectorial de igualdad, celebrada el 27 de diciembre pasado, tras el consenso, el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Si el pasado 13 de septiembre, al presentarles el informe de la comisión, les mostraba el honor de esta señoría al hacerlo, hoy les reitero que es un honor y un orgullo poderles presentar esta iniciativa. Es un honor por su trascendencia, que intentaré explicarles, y es un orgullo por el ejemplo que, de nuevo, damos todos los grupos parlamentarios al presentarla conjuntamente, demostrando, una vez más, que aquel espíritu que nació en los trabajos de la ponencia se mantiene hoy sin fisuras. Y, por ello, mis primeras palabras deben ser, señorías, de agradecimiento y reconocimiento a los y las portavoces de los grupos parlamentarios por su generosidad, su responsabilidad, su altura de miras y su voluntad de seguir construyendo acuerdos y consensos.

Señorías, solicitamos hoy la modificación del artículo 49.3 del Reglamento del Senado para incluir una comisión permanente no legislativa de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Hay muchas razones que justifican la necesidad de esta comisión: la lógica, la necesidad, la responsabilidad, la justicia, entre otras. Lógica con el convencimiento de que el compromiso adquirido en esta Cámara de contribuir al Pacto de Estado contra la violencia de género, materializado en el exhaustivo, en el serio, en el responsable trabajo realizado por la Ponencia de estudio y en la aprobación final del informe, que no me cansaré de poner en relieve que fue aprobado por unanimidad en esta Cámara, nos lleva a la conclusión razonable de que esta labor no puede quedar ahí y que es necesario dar continuidad al esfuerzo realizado. Con la necesidad, además, de que sea el Senado, a través de la comisión que hoy vamos a aprobar, el que realice el seguimiento de las medidas contenidas en el informe aprobado en esta Cámara. Es decir, que seamos nosotros los que velemos por que las 267 medidas aprobadas vean la luz. Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros propios mandatos, ya que en aquel informe estaba recogida, concretamente entre los puntos 255 a 260, la creación de esta comisión de seguimiento.

Pero es que, además, señorías, es nuestra responsabilidad poner en valor la función del Senado, algo nada baladí, porque gracias a las aportaciones del Senado, y evidentemente también a las del Congreso, fue posible la aprobación del Pacto de Estado. Y porque, lógicamente, si el Congreso ha aprobado recientemente una comisión para el seguimiento de las 212 medidas aprobadas en aquella Cámara, lo normal es que aquí aprobemos una comisión para el seguimiento de las 267 medidas y recomendaciones que aprobamos en nuestro informe. Es decir, que lógicamente cada Cámara vele por el cumplimiento, por el seguimiento, por el control de las medidas aprobadas en ella.

Pero, además, es oportuna, señorías, porque muchas de las medidas aprobadas y recogidas en aquel informe, y también en el Pacto de Estado, hacen referencia a competencias, no solo del Gobierno central, sino también de los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y en algunos casos a competencias conjuntas. Por tanto, qué mejor lugar para analizar la implementación de dichas medidas que en la Cámara Alta, la Cámara territorial por excelencia.

Les decía al principio que es de justicia la creación de esta comisión, y se lo debemos a los numerosos expertos y expertas que nos acompañaron durante los meses que duró nuestro trabajo y cuyas aportaciones, sugerencias y recomendaciones forman parte del informe aprobado y del pacto suscrito. Son todas, por tanto, razones de peso para aprobar esta comisión, una comisión que cuando se constituya, señorías, deberá elaborar un plan de trabajo para detallar su desarrollo. Espero de corazón que este plan sea elaborado entre todos los grupos parlamentarios, todos juntos, con el mismo espíritu de consenso, de unidad y de trabajo en común que ha presidido los trabajos de la ponencia. Deseo que se mantengan las mismas ganas de diálogo, el mismo espíritu constructivo que nos ha traído hasta aquí.

Señorías, decía al principio que fuimos ejemplares en el trabajo de la ponencia, y hemos sido ejemplares al presentar por unanimidad todos los grupos parlamentarios esta iniciativa. En otras Cámaras no ha sido posible. Será una comisión, señorías, que permitirá seguir contribuyendo a la lucha que nos une a todos y todas las senadoras y senadores: la erradicación de la violencia de género; que permitirá continuar con el trabajo iniciado, demostrando a las víctimas que el mismo empeño que pusimos para lograr el pacto lo vamos a poner ahora para que se cumpla; que seguirán siendo el eje conductor de nuestra responsabilidad en el control y seguimiento de las medidas aprobadas; que las mujeres y los menores, las víctimas y sus familias seguirán muy presentes en esta Cámara, una Cámara que les dará voz y visibilidad.

El Pacto de Estado, señorías, es un hito del que sentirnos todas y todos orgullosos; es un claro ejemplo de lo conseguido por la unión, la fuerza, el esfuerzo de todos, del Parlamento —Congreso y Senado—, de las asociaciones que trabajan cada día con las víctimas, de las propias víctimas, de las administraciones, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto; es fruto del trabajo de mucha gente durante muchas décadas, que ha encontrado el apoyo necesario en el mandato de la Conferencia de Presidentes de hace un año, el impulso en la reflexión, en el diálogo y en el acuerdo logrado, tanto en la subcomisión del Congreso como en la ponencia del Senado, y cristalizado en el pacto aprobado en la conferencia sectorial del pasado 27 de diciembre.

Todos juntos hemos demostrado a las víctimas, hemos demostrado a la sociedad que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado, es una prioridad política, institucional y social que no entiende de ideologías. Hemos demostrado que los partidos políticos sabemos estar a la altura de las exigencia sociales, y vamos a seguir demostrando en esta Cámara, a través de esta comisión de seguimiento junto con la Comisión de Igualdad, que seguiremos trabajando, poniendo nuestro granito de arena en beneficio de las víctimas de violencia de género, para que el fin de esta lacra, el fin de la violencia de género, el fin de la violencia contra las mujeres esté cada día más cerca para conseguir todos juntos una sociedad sin violencia de género.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Camarero.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Intervendré muy brevemente. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la creación de la presente comisión, lo cual celebramos después de tantos meses de intenso trabajo —que me consta— por parte de todos los compañeros y compañeras para terminar con el informe cuyo seguimiento nos ocupa.

Pero no me gustaría terminar sin ser un poco crítica con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, me habría gustado que hubiéramos tenido una altura de miras política superior a la que tenemos y se hubiera creado una comisión mixta en vez de una comisión en cada una de las Cámaras para que el seguimiento del pacto de Estado fuera de forma integrada a nivel nacional. Es verdad que aquí estamos en la Cámara de representación territorial por excelencia y, como tenemos que contar con todas las administraciones, aquí es donde debemos seguirlo, pero también tenemos que contar con lo que se elaboró en el Congreso de los Diputados. Le debemos ese respeto y tenemos que hacer también un seguimiento de ese documento. Esto habría sido lo deseable y quería manifestarlo aquí.

En segundo lugar, quiero señalar que el pacto de Estado se firmó en diciembre de 2017, con apenas 26 medidas, de las más de 260 medidas que hemos acordado. Creo que la comisión es justa y necesaria, vamos a tener mucho trabajo y espero que los resultados sean positivos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Castilla, también por su brevedad.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, senadora Abad, tiene la palabra.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Intervendré muy brevemente también. Quiero felicitar a todos los grupos que han hecho posible que esta propuesta de reforma salga adelante. Estoy de acuerdo con mi compañera Yaiza en que sería recomendable que un tema tan importante como este no fuera solo una comisión no reglamentaria, sino una comisión mixta, en aras de trabajar por el bien común en un tema tan importante como es la violencia de género.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Abad, también por su brevedad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidente.

Como ya ha dicho en la presentación la presidenta de la Comisión de Igualdad, lo que debatimos hoy tiene tanta o más importancia que el acuerdo al que llegamos tras tantos meses de escucha, de aprendizaje y de trabajo y posterior puesta en común de las diferencias para poder llegar a un acuerdo y a un documento, que desde el principio no era el documento de ninguna de las que allí estábamos, era el documento de todas juntas, que es la diferencia. Quizás ello nos posibilite tener diferentes matices en la continuidad del trabajo, porque, aunque nos habíamos puesto de acuerdo, aún quedaban muchas cosas en las que no lo estábamos y considerábamos que había temas pendientes.

Por eso creo que tiene tanto valor o más este momento, el momento de decidir que queremos hacer un seguimiento de eso que habíamos hecho, porque de lo contrario quedaría en un postureo. Un postureo con un buen logro porque conseguimos la unanimidad, y no bajo mínimos, sino con un esfuerzo de mucho tiempo, pero dejando cosas en el camino. Por lo tanto, yo pongo en valor añadido este momento, el de poder hacer el seguimiento, ya que si algo importante tiene el trabajo de ponencia de esta Cámara es precisamente eso, el documento de conclusiones a las que se llega y las recomendaciones que se elevan al Gobierno. Creo que la importancia está en qué seguimiento podemos hacer de eso, porque, si no, sería tiempo baldío.

Y como muy bien ha dicho la senadora Camarero, solo por el respeto a todas y cada una de las comparecientes, que nos trasladaron en muchas ocasiones su vivencia directa y dura de la violencia machista, debemos dar respuesta de seriedad, de responsabilidad y de puesta en valor también del trabajo que todos los días realizamos desde aquí y que tan poco eco mediático en positivo suele tener. Por lo tanto, yo creo que tiene una gran importancia.

En esta segunda fase deberíamos ser capaces de que tampoco haya fisuras, sí diferencias, porque evidentemente las valoraciones que cada una de nosotras haga de la puesta en marcha de esas medidas no van a coincidir desde el prisma político que cada una defendemos, pero sí debemos ser capaces de llegar a acuerdos en cómo implementarlas, en cómo hacer el seguimiento e incluso en cómo tirar de las orejas a quien no haga lo que debe hacer. Si no, de nada servirían todas esas horas y todo ese tiempo que le dedicamos. Por lo tanto, hay que hacerlo por rigor, por responsabilidad, por seriedad y por que no se quede en el postureo, porque verdaderamente hemos creído, creemos y seguimos creyendo que esto merece la pena.

Permítame una pequeña discrepancia, señora Camarero. Decía usted que si el Congreso ha aprobado una comisión para el seguimiento, lo normal es que el Senado... No, no hay que partir de que el Congreso lo realice. Nosotras hemos llevado a cabo un trabajo en ponencia y consideramos que es necesario hacer ese seguimiento, porque somos una entidad propia y con capacidad de decisión. Esta Cámara puede funcionar perfectamente, y tras ese trabajo realizado en ponencia, vemos su importancia y creemos firmemente en ello. Por lo tanto, permítame la discrepancia. Aunque entiendo que lo comparte, quería matizarlo.

Lo hacemos por responsabilidad, por coherencia, por rigor, por seriedad y por respeto a todas y cada una de las personas que comparecieron; con ese espíritu constructivo del que hablaba, con la unanimidad que también hemos conseguido para presentarlo en este momento a la Cámara y —no voy a dejar de decirlo— no sin discrepancias hasta llegar al final, pero de eso se trata;llegar a un acuerdo implica un proceso que cuesta, pero merece la pena, porque todas y cada una de las mujeres y de sus hijas e hijos víctimas lo merecen. En este, como en otros muchos casos, merece la pena dejar en el camino esas diferencias para conseguir el objetivo final. Y, sinceramente, espero que lo que hemos sabido hacer a lo largo de toda la ponencia seamos capaces de hacerlo en este seguimiento. Y no se nos escapa a nadie que, evidentemente, hay matices y diferencias según el punto de vista de quien apoya o no al Gobierno. Pero, repito, espero que seamos capaces de mantener esa altura de miras, esa responsabilidad y esa coherencia, si no por nosotros, por todas ellas. Se lo merecen.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Pérez.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente. Hablaré desde el escaño.

El pasado día 13 de septiembre aprobamos por unanimidad un trabajo gigantesco, hecho en ponencia y con un único objetivo que era acabar con esta lacra de la violencia machista. La verdad es que, como han dicho mis otras compañeras y la compañera del PNV, hubo discrepancias entre nosotras, sobre todo en el tema de las competencias autonómicas que es en lo que hemos estado peleando; hacer un pacto más agresivo ampliando más los objetivos a los que queríamos llegar; cómo sabíamos que se haría y de qué manera; y otro tema estrella eran los recursos económicos y cómo íbamos a sacar adelante tantas medidas importantes sin ellos.

Aquí la presidenta llegó un día y nos dijo que había conseguido 1000 millones de euros —bien—, 200 de los cuales tenían que venir este año 2018. La ministra también nos lo dijo, compareció y se hizo una foto el 27 de diciembre diciendo que estos 200 millones estarían en el 2018, aunque no hubiera Presupuestos Generales del Estado. No hay Presupuestos Generales del Estado y esos 200 millones no están. Creo que aquí también tenemos que levantar la mano en el sentido de decir que necesitamos estos recursos económicos porque sin ellos sabemos que no vamos a poder sacar adelante muchas o todas las iniciativas que necesitamos para acabar con esta violencia infundada que tienen hacia las mujeres y hacia los niños y niñas.

Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de esta comisión. Creo que tenemos la obligación de hacer el seguimiento y la evaluación de todas las medidas que salieron del trabajo que hicimos en la ponencia, pero también esperamos que el Gobierno cumpla con ese compromiso necesario de los 200 millones y empecemos a trabajar. No es el informe que todas queríamos, está claro, pero somos conscientes de que es una gran oportunidad para empezar a trabajar en las comunidades autónomas y en los municipios.

En Esquerra Republicana vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos para acabar con esta lacra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Gracias.

Señorías, hace ya medio año que senadoras que representamos a todo el arco parlamentario acordamos 267 actuaciones que, estamos de acuerdo, deben ponerse en marcha para lograr cerrar los agujeros que existen en el sistema de lucha contra la violencia machista.

Señorías, el sistema falla a las mujeres en su protección, falla en la erradicación del machismo, el sistema de pensamiento que está en la base de la violencia contra las mujeres. Hace ya seis meses que terminamos ese informe. Hace ya cuatro meses que ese informe fue aprobado por este Pleno, por esta Cámara. A día de hoy, esta Cámara no sabe ni cómo ni cuándo ni con qué dinero se van a implementar las medidas propuestas.

Nuestros temores, expresados en ese momento como votos particulares, parece que tenían motivo de ser. De entre las carencias que apuntamos les recuerdo una, la más elemental y tangible, la que tiene que ver con la financiación, elemento imprescindible, pues saben ustedes mejor que nadie que es con el compromiso económico como se demuestran las prioridades. Les decía en septiembre literalmente: es necesario rigor en los compromisos, que la distribución del dinero prevista es arbitraria, pues no existe cuantificación del coste estimado de cada una de las medidas; no sabemos cuánto cuesta cada una de las medidas ni hay calendarización de la inversión.

Llegamos a febrero sin dinero. La ministra sigue jurando que el tema le importa muchísimo al Gobierno, pero no han sido aún capaces de poner ni un miserable euro a disposición del pacto de Estado. Es fundamental que se habiliten los recursos. Hemos visto al Gobierno habilitar créditos extraordinarios para defensa, para armamento; hemos visto al Gobierno destinar créditos extraordinarios a rescatar autopistas ruinosas; hemos visto al Gobierno gastar recursos extraordinarios en un desastroso dispositivo policial en Cataluña, pero no para esto, no para la lucha contra la violencia machista, a pesar de afirmar, a todo bombo y a toda foto, que es una prioridad; a pesar de la PNL del Congreso, que mandó habilitar los primeros 200 millones de inmediato, hubiese o no presupuestos nuevos, y a pesar de que a ello se comprometió el presidente M. Rajoy, ahí sentado, ante esta Cámara.

El compromiso era tramitar por decreto ley y al margen de las cuentas generales los 200 millones para 2018, incluidos en el acuerdo. Estamos en 2018 y eso no ha sucedido. El compromiso eran 200 millones. Nosotras, por nuestra parte, hemos echado cuentas para unos presupuestos alternativos, cuentas para un nuevo país, con la gente dentro, y nos cuadran. Da, señorías, para destinar los 1000 millones previstos para el pacto de Estado, no en cinco años, en un solo año. Da para eso y para políticas expansivas en empleo, en vivienda, en renta garantizada, en educación y en pensiones. Da, por ejemplo, para una cobertura digna de los sistemas de bienestar y de cuidados, entre ellos, la gratuidad de las escuelas de primera infancia y los permisos para cuidar, y da para levantar el sistema de dependencia. Lo que tenemos hoy es mucho desamparo y mucho trabajo invisible sobre las espaldas de las mujeres. Eso sí, hay que hacer tributar de forma justa y solidaria a la riqueza, las grandes fortunas, la banca, el capital. Hay que dotar al sistema de mayor progresividad y justicia. Hay que redistribuir, hay que no robar, hay que priorizar la vida cotidiana de la mayoría.

En septiembre ya les expresé un miedo: que esto se quede en papel, en nada. Y hoy les digo: es necesario que, en lugar de actos de fe, tengamos al alcance un control concreto, riguroso y permanente de cómo evoluciona cada una de las 267 medidas del informe. Es fundamental que esta Cámara, como órgano legislativo, habilite espacios de trabajo para el desarrollo normativo de lo ya consensuado. Es fundamental que, como herramienta de control al Gobierno, ejerza de rigurosa supervisión y de presión constante, para que las medidas que deben ejecutarse, se ejecuten. Y es fundamental que esta Cámara, como Cámara territorial, clame al Gobierno para habilitar los recursos y, concretamente, las transferencias a las comunidades autónomas, pero también a los ayuntamientos.

Señorías, cada vez que escuchamos a la ministra en sede parlamentaria, o en los medios, la vemos apuntar retahílas de elementos difusos y, en modo alguno: estamos trabajando en ello; sin calendario y sin recursos. ¿No esperarán que la creamos? Promesas sin fondo. Queremos ver la implementación, punto por punto, medida por medida. Así que pedimos a este Senado que apruebe la creación...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora FREIXANET MATEO: Termino.

... de esta comisión de seguimiento y que nos dotemos de un mecanismo de control eficiente, efectivo, donde comparezcan las responsables políticas, donde convocar a quienes desarrollan cotidianamente las decisiones, las trabajadoras, y con posibilidad de convocar a expertas en el movimiento feminista que nos acompañen en este ejercicio de evaluación y seguimiento; un mecanismo que logre un control riguroso para que se apliquen, una a una, las 267 medidas que este Senado —este Senado entero— exige al Gobierno que se cumplan.

El tiempo pasa, la violencia persiste, el machismo es cruento, el Estado falla y es desesperante, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Freixanet.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señoría, el trabajo parlamentario que hemos realizado y desarrollado en el Senado en esta Ponencia de estudio de estrategias contra la violencia de género ha dado lugar a un informe amplio, un informe que, obviamente, no es el que el Partido Socialista quería, pero que, por supuesto, para nosotros era importante que contemplara algunas medidas imprescindibles, que sí que se recogen en este informe.

Nosotros y nosotras, el Partido Socialista, entendemos que la forma de demostrar la responsabilidad y la lealtad con este tema está en esa actitud para acordar las medidas que hoy recoge este informe. Nosotros presentamos alguna de estas medidas como votos particulares, para evidenciar la discrepancia con algunos de los posicionamientos, pues entendíamos, además, que era la mayoría parlamentaria, los números de esta Cámara los que tenían que decidir definitivamente si esas medidas se incorporaban o no en este informe. Por eso presentamos los votos particulares, para evidenciar que sí había algunos posicionamientos discrepantes en este sentido.

Como saben, señorías —tal y como han dicho algunas de las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra—, son muchos los expertos, expertas, responsables gubernamentales y miembros de la sociedad civil que han pasado por esta Cámara para proponernos iniciativas que, desde su experiencia, entendían que podían transformar esta cruel realidad a la que nos enfrentamos las mujeres cada día: la del riesgo de ser víctimas de violencia de género. Siempre me gusta aprovechar estos espacios para agradecer el trabajo y el compromiso que han demostrado. También —como lo hemos hecho siempre—, ponemos en valor la capacidad de diálogo y el talante de todas la ponentes de la ponencia de estudio para llegar al acuerdo recogido en el informe de la ponencia.

Sin embargo, no todos y todas hemos hecho los deberes. El Gobierno vuelve a ser el que paraliza la puesta en marcha de las medidas contra la violencia de género, y eso ocurre después de un hecho muy reprobable: la falta de la palabra dada por el presidente del Gobierno en esta misma Cámara. El presidente contestó al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que sí aprobarían la propuesta de destinar esos 200 millones, contemplados tanto en el informe del Congreso como en el del Senado, para poner en marcha estas medidas en 2018. Sin embargo, el calendario no engaña a nadie: estamos en febrero, señorías, y no sabemos nada de esos 200 millones. Señorías del Partido Popular, díganles a Montoro y a Rajoy que cumplan con los acuerdos parlamentarios porque hasta ahora son los únicos que no lo han hecho, que no han cumplido con su parte del trato. Todos y todas las demás lo hemos hecho. Los plazos para hacer las modificaciones legislativas están expirando, el incumplimiento presupuestario es una realidad evidente. Por lo tanto, el Gobierno del Partido Popular vuelve a decepcionar y las consecuencias son evidentes: desprotección, fallo en el sistema y falta de prevención de la violencia de género.

La comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso volvió a decepcionar; vuelven a echar balones fuera y a darle largas a la puesta en marcha del Pacto contra la violencia de género. Una última reflexión, señoría, es democráticamente ideal crear espacios de seguimiento para hacer control al Gobierno. Esta comisión de seguimiento del informe de nuestra ponencia de estudio debería ser un foro de control para evaluar el cumplimiento de las medidas que trabajamos en esta Cámara. Sin embargo, hasta el momento no hay nada que evaluar, nada, señorías, porque ustedes, el partido en el Gobierno, el partido Popular, tienen paralizadas las medidas y la financiación que fundamentalmente tendría que destinarse a trabajar directamente con las víctimas a través de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.

Finalizo, el PSOE seguirá, como siempre, adherido a la lucha contra la violencia machista. Por eso, dentro de esta comisión lo que hará el PSOE será trabajar de una manera vigilante para el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de este informe.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora González.

La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes, pensaba bajar menos documentación a la tribuna, pero las últimas intervenciones me han hecho tener que, por lo menos, intervenir para aclarar algunos conceptos que se han expuesto aquí esta tarde.

Se ha hablado de que el pasado 13 de septiembre se aprobaba por unanimidad el informe de la ponencia creada para elaborar estrategias para luchar contra la violencia de género. Se ha dicho y se ha repetido en muchísimas ocasiones que se aprobó por unanimidad de toda la Cámara; 267 ambiciosas medidas respaldadas por un compromiso económico claro que no trajo la senadora Camarero, sino que fue un compromiso económico claro del presidente del Gobierno de España, 1000 millones de euros en los próximos cinco años. Yo finalizaba por aquel entonces, el 13 de septiembre, mi intervención diciendo que en aquel momento cerrábamos un capítulo trascendental en la lucha contra la violencia de género en nuestro país, porque fuimos capaces todos, y aquí se ha vuelto a poner de manifiesto, de alcanzar un acuerdo político, pero también social, unánime, histórico y ejemplar, como bien apuntaba la senadora Camarero.

Señoría, hicimos lo más difícil, lo decía entonces y lo mantengo ahora, ponernos de acuerdo en lo fundamental, ponernos de acuerdo en esas 267 medidas. Pero yo decía entonces que nuestro trabajo no acababa ahí, nuestro trabajo continuaba, ¿cómo? Con la constitución de una comisión mixta, y tengo que volver a decirlo, nuestra propuesta, y así fue acordada por todos, fue la de una comisión mixta Congreso-Senado. ¿Por qué tengo que matizar esto? Porque realmente esa puerta, señorías, se nos cerró el pasado 30 de noviembre en el Congreso de los Diputados. El pasado 30 de noviembre, sin debate alguno, no hubo debate, se constituyó la Comisión de Seguimiento del Pacto en el Congreso de los Diputados cuando esta Cámara, señorías, dos meses antes había apostado por una comisión mixta Congreso-Senado porque creíamos que lo interesante era trabajar las dos Cámaras en ese sentido. Yo no voy a hacer referencia al Diario de Sesiones, aunque si he encontrado uno en el que alguna diputada del Congreso de los Diputados decía que estábamos intentado constituir esa comisión mixta Congreso-Senado para garantizarnos, textualmente, el Grupo Parlamentario Popular una mayoría que no tenemos. Eso aparece en un Diario de Sesiones, señorías. Cuando quieran sus señorías se lo puedo proporcionar, porque lo tengo en el escaño.

Decía que era para garantizarnos una mayoría que no teníamos, cuando saben sus señorías que eso es incierto porque hay otras muchas comisiones mixtas Congreso-Senado que están constituidas en función de la representación. Allí no íbamos a tener mayoría, como decía ella. También saben, como hemos demostrado en esta Cámara, que el Grupo Parlamentario Popular ha dado muy buena muestra de ello a lo largo de todo este año de ponencia y después, que nunca, nunca fue ni será nuestra forma de trabajar.

Señorías, hoy constituimos una comisión de seguimiento de las medidas adoptadas en el Senado. Lo hemos hecho a través de una modificación del Reglamento de la Cámara, que es lo que hoy aprobamos: crear esa comisión. Una modificación del Reglamento que ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. Hoy se trae esa propuesta de forma unánime y conjunta, como no puede ser de otra forma, porque esa ha sido la manera de trabajar de esta ponencia, del informe que se elevó a la comisión y del dictamen del pasado 13 de septiembre. En esa lealtad, en esa responsabilidad, en ese acuerdo en el consenso y la unanimidad es donde nosotros queremos volver a trabajar en esa comisión. Hoy solo aprobamos la creación de esa comisión para empezar a trabajar.

Hace un momento se decía en esta tribuna que las medidas estaban paralizadas. Entiendo que sus señorías tengan que tirar en alguna ocasión de diarios del Congreso de los Diputados para argumentar lo que se ha dicho aquí esta mañana. Las medidas no están paradas. Hay grupos de trabajo —lo saben sus señorías porque muchas de sus intervenciones recogen palabras textuales del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados— que se han puesto a funcionar. Señorías, lo primero son las modificaciones reglamentarias, en las que ya se está trabajando, pero no soy yo quien tenga que dar cuenta de ello, sino la comisión que se va a constituir a esos efectos.

Señorías, nosotros seguiremos como ha terminado su intervención nuestra portavoz, la senadora Camarero, dando voz a las familias y a las víctimas de violencia en esta Cámara. Ese fue nuestro compromiso desde el minuto cero en que empezamos a trabajar en ponencia y ese seguirá siendo nuestro compromiso a partir de la constitución de la comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: De ahí, señorías, no nos van a sacar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora González.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2017, DE 9 DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000008 Medio Ambiente y Cambio Climático

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, vamos a comenzar, en primer lugar, con la votación del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio).

Comenzamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Mulet y Navarrete, enmiendas 2, 4, 8, 12 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 98; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 88; en contra, 144; abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 75; en contra, 165; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 249; a favor, 95; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 96; en contra, 142; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 98; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 77 en contra, 142; abstenciones, 31.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas de las senadoras Ibarz y Santos, del Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas 15 a 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 250; a favor, 88; en contra, 150; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 19, 20 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 87; en contra, 154; abstenciones, 10.

El señor VICPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 68; en contra, 172; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 22 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 67; en contra, 144; abstenciones, 40

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 65; en contra, 165; abstenciones, 21.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista.

En primer lugar, enmiendas números 27 a 29, 33, 38 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 98; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 78; en contra, 164; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 96; en contra, 146; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 96; en contra, 144; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 16; en contra, 226; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 97; en contra, 141; abstenciones, 13.

El señor VICPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 76; en contra, 144; abstenciones, 32.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Alegre, Crisol y Marcos.

Votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 62; en contra, 164; abstenciones, 26.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 77 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 98; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmiendas números 56, 57, 61, 64 y 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 98; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 92; en contra, 146; abstenciones, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 96; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 95; en contra, 144; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Enmienda número 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 38; en contra, 203; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Enmienda número 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 98; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 87; en contra, 144; abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 45, 46 y 48 a 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 97; en contra, 144; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Quedan rechazadas.

Enmienda número 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 249; a favor, 94; en contra, 143; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 209; en contra, 22; abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 91; en contra, 145; abstenciones, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 98; en contra, 140; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 249; a favor, 78; en contra, 161; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Pasamos a votar, también del Grupo Parlamentario Socialista, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 244; a favor, 27; en contra, 148; abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 23; en contra, 156; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso):



Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 21; en contra, 158; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 95 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 26; en contra, 153; abstenciones, 71.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 87, 88, 90, 94, 98 y 99.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 23; en contra, 156; abstenciones, 72.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación número de registro 88083, con la corrección presentada en el registro número 88139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 223; en contra, 3; abstenciones, 26.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 88084.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 222; en contra, 2; abstenciones, 28.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Propuesta de modificación con número de registro 88085.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 222; en contra, 2; abstenciones, 28.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Propuesta de modificación con número de registro 88088.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 224; en contra, 1; abstenciones, 26.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Señorías, pasamos a votar en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 142; en contra, 3; abstenciones, 107.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Y, por último, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 224; en contra, 5; abstenciones, 23.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



REGLAMENTO DEL SENADO

TOMA EN CONSIDERACIÓN

PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49.3. (Votación). 626/000009 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, pasamos a votar la propuesta de reforma del Reglamento a los efectos de su toma en consideración.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252 más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 251 más 1 voto telemático, 252; en contra, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Queda aprobada. (Rumores).

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y treinta y cinco minutos.


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