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DS. Senado, Pleno, núm. 54, de 13/12/2017
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 29

celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2017

ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000006 País Vasco; convenio fiscal; política de financiación


Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000007 País Vasco; convenio fiscal; política de financiación


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a presentar en el Parlamento una Estrategia de Transición Justa de acompañamiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, destinada a los colectivos y espacios especialmente vulnerables. 671/000055 abastecimiento energético; competitividad; empresa; protección del consumidor GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 671/000056 fuerza de naturaleza militar; policía GPS


MOCIONES

Moción por la que el Senado manifiesta la necesidad de que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación amplíe las competencias de la Alta Inspección de Educación. 662/000090 consenso político; educación GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para restituir la confianza empresarial en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 662/000091 Cataluña; ayuda a las empresas GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a reformar la Ley de la Memoria Histórica y a impulsar las políticas de su recuperación. 662/000089 ayuda a las víctimas; dictadura; modificación de la ley GPS


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

Protocolo de enmienda al Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Estrasburgo el 15 de junio de 2016, y Declaración que España desea formular. 610/000041 protección del paisaje Asuntos Exteriores


Acuerdo de Asociación estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016. 610/000042 Canadá; Unión Europea; acuerdo internacional Asuntos Exteriores


Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2016. 610/000043 Cuba; Unión Europea; acuerdo internacional Asuntos Exteriores


Enmiendas a los Anexos I y II al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009 por Decisión 2009/2. 610/000044 contaminación atmosférica Asuntos Exteriores


Acuerdo entre el Reino de España y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) relativo al establecimiento de una Subsede del citado Laboratorio en España, hecho en Heidelberg el 26 de enero de 2017. 610/000045 España; biología; centro de investigación Asuntos Exteriores


Enmiendas del texto y de los Anexos I, II, III, IV, VI y VIII al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009 mediante Decisión 2009/1. 610/000046 contaminación atmosférica Asuntos Exteriores


Enmiendas al Texto y a los Anexos distintos del III y VII del Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de diciembre de 2012. 610/000047 contaminación atmosférica Asuntos Exteriores


Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. 610/000048 España; India; profesión diplomática Asuntos Exteriores


Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. 610/000049 España; India; política de visados; profesión diplomática Asuntos Exteriores


Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Sarajevo el 5 de junio de 2017. 610/000050 Bosnia y Herzegovina; España; intercambio de información; secreto de Estado Asuntos Exteriores


Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa relativo a la protección de información clasificada de la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), hecho en Roma el 3 de febrero de 2017. 610/000051 España; Francia; Italia; Países Bajos; Portugal; secreto de Estado Asuntos Exteriores


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. 622/000012 maternidad; procedimiento penal GPER


Proposición de Ley de reconocimiento y protección oficial de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática del Estado español. 622/000014 ayuda a las víctimas; dictadura GPMX


LECTURA ÚNICA

Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000007 procedimiento civil


HABILITACIONES

Comisión de Asuntos Iberoamericanos. 551/000036 América Latina; España; Portugal; migración


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. 551/000037 producto alimenticio


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 551/000038 comparecencia parlamentaria; desarrollo sostenible


Comisión General de las Comunidades Autónomas. 551/000039 consenso político; educación


Comisión de Educación y Deporte. 551/000040 deporte; deporte profesional; voluntariado social


Comisión de Empleo y Seguridad Social. 551/000041 empleo; seguridad social


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 551/000042 salud pública; servicio social


Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. 551/000043 cultura popular; política energética; televisión


Comisión de Interior. 551/000044

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000006


PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2017-2021. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000007

El señor presidente informa a la Cámara de que la Junta de Portavoces ha acordado que tenga lugar un debate de totalidad conjunto de estos Proyectos de Ley.

El señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) presenta los proyectos de ley.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Alegre Buxeda defiende las propuestas de veto números 1 y 2, de este senador, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Mulet García defiende las propuestas de veto números 2 y 1, de este senador y el señor Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces intervienen el señor Iñarritu García, la señora Castilla Herrera, la señora Domínguez de Posada Puertas y el señor Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez y la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Palencia García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Oyarzábal de Miguel, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar, en primer lugar, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3.

Se aprueba el texto del proyecto de ley, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 247; en contra, 5.

Queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se procede a votar el Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los senadores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2.

Se aprueba el texto del proyecto de ley, con el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 245; en contra, 5; abstenciones, 1.

Queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR EN EL PARLAMENTO UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, DESTINADA A LOS COLECTIVOS Y ESPACIOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. 671/000055 GPS

El señor Mato Escalona defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Mulet García y del propio señor Navarrete Pla.

El señor Mato Escalona expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes y la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Jiménez García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Mato Escalona, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateos Yuste, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 238; a favor, 99; en contra, 139.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 671/000056 GPS

El señor González Cabaña defiende la moción.

El señor Alegre Buxeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y del propio señor Navarrete Pla.

La señora Domínguez de Posada Puertas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de esta senadora.

El señor González Cabaña expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por iniciativa del señor Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y del señor Marcos Arias, y las cuatro presentadas por iniciativa del señor Mulet García y del señor Navarrete Pla.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, la señora Castilla Herrera y el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Cejas y la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor González Cabaña, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor González Cabaña y el señor Pérez Lapazarán.

A solicitud del señor Pérez Lapazarán, el señor secretario primero, Aznar Fernández, lee el último párrafo de la exposición de motivos de la moción y el correspondiente escrito de rectificación.

Se aprueba la moción, con la incorporación de las enmiendas presentadas por iniciativa de los señores Mulet García y Navarrete Pla, y con la de las presentadas por iniciativa de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias, con el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 240; a favor, 230; abstenciones, 10.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. 662/000090 GPP

El señor Galván Porras defiende la moción.

El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Alegre Buxeda, del propio señor Crisol Lafront y del señor Marcos Arias.

El señor Mulet García defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

El señor Soler-Espiauba Gallo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront, el señor Mulet García, la señora Castilla Herrera y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Delgado Oval, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Soler-Espiauba Gallo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA RESTITUIR LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. 662/000091 GPP

El señor Valverde Menchero defiende la moción.

El señor Guardingo Martínez pregunta si se ha acordado una propuesta de modificación. El señor vicepresidente, Sanz Alonso, aclara que no se ha presentado.

El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Guardingo Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Carcedo Roces defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Serrano Argüello expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios reyes y la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Guardingo Martínez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Carcedo Roces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y A IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE SU RECUPERACIÓN. 662/000089 GPS

La señora Moreno Ruiz defiende la moción.

El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Rodríguez Cejas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Mulet García defiende las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

El señor Comorera Estarellas defiende las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Moreno Ruiz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno de portavoces intervienen la señora López Santana, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Cejas y el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Moreno Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ayala Santamaría, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. (Votación). 662/000090 GPP

Se anula esta votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA RESTITUIR LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Votación). 662/000091 GPP

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 200; en contra, 17; abstenciones, 23.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y A IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE SU RECUPERACIÓN. (Votación). 662/000089 GPS

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 142; abstenciones, 4.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, HECHO EN ESTRASBURGO EL 15 DE JUNIO DE 2016, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000041 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y CANADÁ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. 610/000042 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y LA REPÚBLICA DE CUBA, POR OTRO, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016. 610/000043 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS A LOS ANEXOS I Y II AL PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 POR DECISIÓN 2009/2. 610/000044 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (EMBL) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA SUBSEDE DEL CITADO LABORATORIO EN ESPAÑA, HECHO EN HEIDELBERG EL 26 DE ENERO DE 2017. 610/000045 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS DEL TEXTO Y DE LOS ANEXOS I, II, III, IV, VI Y VIII AL PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 MEDIANTE DECISIÓN 2009/1. 610/000046 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS AL TEXTO Y A LOS ANEXOS DISTINTOS DEL III Y VII DEL PROTOCOLO AL CONVENIO DE 1979 SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA EN MATERIA DE METALES PESADOS, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 610/000047 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 2017. 610/000048 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 2017. 610/000049 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN SARAJEVO EL 5 DE JUNIO DE 2017. 610/000050 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA EUROPEA (EUROGENDFOR), HECHO EN ROMA EL 3 DE FEBRERO DE 2017. 610/000051 Asuntos Exteriores

El señor Landaluce Calleja presenta los dictámenes.

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas a estos convenios.

El señor Martí Deulofeu manifiesta que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se abstendrá en la votación de todos los puntos, excepto en la del 8.1.3., en la que votará afirmativamente.

El señor Marcos Arias solicita votación separada del punto 8.1.3.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para la senadora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado favorablemente a la autorización de todos los acuerdos.

Se aprueban todos los protocolos y acuerdos, excepto el 8.1.3., con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 235 más 1 voto telemático, 236; abstenciones, 5.

Queda igualmente autorizado el Acuerdo 8.1.3., de diálogo político de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Cuba, con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 2.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. (Votación). 662/000090 GPP

El presidente manifiesta la indicación de los servicios de la Cámara de que queda una moción por votar, puesto que se anuló la votación anterior.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 145; en contra, 93; abstenciones, 2.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. 622/000012 GPER

La señora Pérez Esteve defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Soto Burillo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pérez Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente comunica que ha utilizado el voto telemático la señora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 236 más 1 voto telemático, 237.



PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OFICIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO ESPAÑOL. 622/000014 GPMX

El señor presidente comunica a la Cámara que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.

El señor Mulet García defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno a favor hace uso de la palabra la señora Castel Fort.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Muñoz de la Iglesia.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Moreno Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz de la Iglesia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente comunica que ha utilizado el voto telemático la señora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley con el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 40; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 57.



LECTURA ÚNICA

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000007

El señor presidente comunica a la Cámara que ha presentado una propuesta de veto el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno a favor de la propuesta de veto interviene el señor Comorera Estarellas.

En turno en contra interviene el señor Ramis Socías.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rodríguez Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente comunica que ha utilizado el voto telemático la señora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, únicamente en la votación del veto.

Se rechaza la propuesta de veto con el siguiente resultado: presentes, 230 más 1 voto telemático, 231; votos emitidos, 225 más 1 voto telemático, 226; a favor, 23; en contra, 196 más 1 voto telemático, 197; abstenciones, 6.

Se aprueba la proposición de ley con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 225; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 24.

El señor presidente informa de que queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley.



HABILITACIONES

COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS. 551/000036

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de tres reuniones extraordinarias de la Ponencia de estudio de los movimientos migratorios en el marco iberoamericano, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, los días 12, 19 y 26 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro entrada 74086.



COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 551/000037

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de reuniones extraordinarias de la Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español, constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante el mes de enero de 2018 para elaborar el correspondiente informe.



COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 551/000038

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo los días 17 y 31 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 74823.



COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 551/000039

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de tres reuniones extraordinarias de la Ponencia de estudio sobre el pacto educativo, constituida en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, los días 10, 11 y 29 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 74952.



COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 551/000040

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria en la Comisión de Educación y Deporte el día 24 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 75111.



COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 551/000041

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social el día 17 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76306.



COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000042

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de cuatro reuniones extraordinarias de la Ponencia de estudio sobre genómica, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, los días 9, 16, 23 y 30 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76307.



COMISIÓN DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. 551/000043

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital el día 18 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76416.



COMISIÓN DE INTERIOR. 551/000044

Se aprueba por asentimiento la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior el día 18 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76416.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

LECTURA ÚNICA

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000006


PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2017-2021. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000007

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1., 5.1.1. y 5.1.2.

El señor PRESIDENTE: Se han presentado cuatro propuestas de veto a estos proyectos de ley. La Junta de Portavoces, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, acordó que tuviera lugar un debate de totalidad conjunto de ambos proyectos.

Antes de comenzar con el turno a favor en el debate de las propuestas de veto, procede que, si lo desea, el señor ministro haga una presentación de dichos proyectos de ley.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Buenos días.

Señor presidente, gracias por ofrecerme este turno de intervención, que es lo que da sentido a mi presencia esta mañana en el Senado.

Señoras y señores senadores, el Gobierno trae hoy a la Cámara el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Como sus señorías saben, lo que hacemos con estos proyectos de ley es trasladar a la normativa un acuerdo que ha sido paccionado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno del País Vasco y las diputaciones forales componentes del País Vasco: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y como tal se tramita en el Parlamento para su aprobación.

Este acuerdo es hoy posible, en primer lugar, porque España está creciendo. Tenemos, seguramente, la recuperación económica más sólida de la historia de España. Vamos a cerrar el año 2017 con un crecimiento del producto interior bruto superior al 3,1 % que, por primera vez en nuestra historia, es compatible con un superávit por cuenta corriente cercano al 2 %, lo que viene a significar que la economía de España tiene una capacidad de financiación frente al resto del mundo equivalente a ese casi 2 % de producto interior bruto. Esto ocurre por quinto año consecutivo y le da calidad y fortaleza a nuestro crecimiento económico, que tiene también la particularidad de la creación de empleo. Vamos a cerrar este año con más de 600 000 empleos nuevos en términos de afiliación a la Seguridad Social, que es la combinación de un crecimiento económico alto financiado completamente a través del ahorro empresarial, otra de las singularidades de la situación económica que estamos atravesando y que se presenta por primera vez en la historia de nuestra economía. Se trata de un crecimiento económico por encima del 3 % con superávit por cuenta corriente de manera sucesiva —no episódica y por tanto finalizada, como las que vivimos en el pasado a consecuencia de las devaluaciones— y de una creación de empleo tan importante que suponen, sin duda alguna, el mejor horizonte económico de nuestra historia, al que debemos servir y al que debemos ser fieles, lo que constituye la razón última por la que el Gobierno trae a la Cámara la actualización de la financiación del régimen foral del País Vasco; hoy, gracias a la paulatina recuperación de los ingresos públicos, podemos afrontarla en paralelo con la revisión del sistema de financiación autonómica para el conjunto de nuestras comunidades autónomas. Insisto en que podemos hacerlo gracias a la recuperación económica, gracias a que vamos a cerrar este año 2017 bajando el déficit del conjunto de nuestras administraciones públicas desde el 4,3 %, con que cerramos el año pasado, al 3,1 %; es decir, con un descenso del 1,2 %, consecuencia, como decía, de la recuperación de ingresos, pero también del estricto control del aumento del gasto público que estamos practicando y que está en el origen de la fortaleza y de la calidad de la recuperación económica que estamos viviendo.

Lo que trae el Gobierno a la Cámara es una actualización oportuna, necesaria y cerrada hace meses. Estamos en este trámite parlamentario para que los acuerdos que conseguimos hace meses, porque son leyes pactadas, puedan estar en vigor antes del 1 de enero del año próximo. Nos hubiera gustado que ocurriera lo mismo con el conjunto de la financiación autonómica en nuestro país, pero a nadie se le escapa lo complicado de llegar a acuerdos políticos cuando media una crisis como la de Cataluña, una de las crisis políticas más graves de la historia de la democracia española. Obviamente, está suponiendo un obstáculo, pero no para la elaboración y preparación de los trabajos técnicos con vistas a la elaboración del modelo de financiación autonómica; no para seguir avanzando en el cierre completo del convenio con Navarra; no para seguir trabajando en la elaboración, preparación y cierre del régimen económico y fiscal de Canarias; y no para avanzar por primera vez en la definición de un régimen económico balear desarrollo de la ley especial para baleares, que tenga en cuenta la singularidad del archipiélago y sus circunstancias económicas. En todo esto estamos trabajando.

Igual que estamos trabajando en la actualización de los regímenes económicos y fiscales de Ceuta y Melilla. Ya nos hubiera gustado como Gobierno haber traído, al cierre de este ejercicio, todo este conjunto de leyes. Alguna, como el REF, está en el Congreso de los Diputados, y vendrá por tanto a esta Cámara nada más comenzar el próximo periodo de sesiones. No cabe duda de que acontecimientos políticos como los que vivimos en este final de año no constituyen precisamente el caldo de cultivo apropiado para llegar a acuerdos. Este de que tratamos no habría llegado seguramente al trámite de hoy si no hubiera estado cerrado en el verano; es evidente que no habría sido posible cerrarlo. Desde luego, cada acuerdo tiene su tiempo, pero este hay que entenderlo en el marco del conjunto de acuerdos que vamos alcanzando en una legislatura en que la responsabilidad del Gobierno corre pareja con la responsabilidad de los grupos de esta Cámara para impulsar este crecimiento económico tan creador de empleo y tan sustentado en el equilibrio de nuestras cuentas con el exterior; un equilibrio en el que, por otra parte, no pueden ni deben fallar dichos grupos.

Por tanto, es ahora el momento de revisar la financiación de nuestras Administraciones Públicas y es el momento de actualizar la revisión de la financiación. Es verdad que no lo pudimos hacer antes, pero ¿cómo lo íbamos a hacer antes, si no teníamos recursos públicos nuevos, si estaba cayendo la economía del país y si teníamos que alcanzar, como elemento prioritario, la corrección de nuestro déficit público, que estaba poniendo en peligro la continuidad de España en el euro y la propia existencia del euro? Y esto porque España es un país grande en términos de euro. Por eso es ahora, en esta legislatura, cuando corresponde abordar la cuestión, y hay que hacerlo sin provocar enfrentamientos entre los españoles, sin provocar enfrentamientos entre los territorios y sin provocar más agravios comparativos. Estamos distribuyendo las consecuencias de la recuperación económica, y tenemos, no ya la voluntad, sino la obligación de que esta recuperación económica llegue a todos en términos de igualdad de oportunidades. Por eso la defensa que tenemos que hacer de la Ley del concierto y del cupo vasco tiene que basarse en la singularidad de la existencia de unas haciendas forales que no se pueden comparar con el resto de la financiación autonómica, y no decir lo que no es verdad: que es un privilegio —como dicen quienes no conocen nada— de la historia y del presente, dentro de lo que son las finanzas públicas. No es un privilegio: es un hecho distinto, singular de nuestro Estado de las autonomías, recogido en la Constitución de 1978; un hecho singular que arranca de nuestra historia, de la historia conjunta de España, de la historia que establece la vigencia del concierto desde el siglo XIX, que es cuando se estableció este sistema paccionado recogido luego, como digo, entre los principios de la Constitución de 1978. Una Constitución que se hizo para el entendimiento entre los ciudadanos; para que rigieran los valores y los principios de la tolerancia, de la comprensión y de la convivencia, y que fue fruto de la modélica transición política de nuestro país que alumbró el Estado de las autonomías que venía a recoger las singularidades de España; singularidades que se proyectan y se prolongan en la coexistencia del convenio navarro con el régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla o con el régimen económico y fiscal de Canarias. En definitiva, lo que estamos haciendo es prolongar y profundizar el Estado de las autonomías de nuestro país para que todos los territorios tengan su reconocimiento en la convivencia de España.

Cuando hablamos del concierto y del cupo vasco estamos hablando del reconocimiento de las singularidades de España, ya digo; no estamos hablando de los motivos de agravio que algunos quieren establecer en términos políticos, incluidos algunos expertos que confunden el sistema de financiación general comparándolo con el resultado de la financiación de nuestros territorios singulares. Digo confunden, porque en España oigo continuamente hablar, al abordar estos temas, de la financiación territorial, de la solidaridad… Y tengo que insistir en que no existe solidaridad entre territorios, no existe ese concepto; lo que existe es la solidaridad entre personas, somos las personas las que pagamos impuestos y somos las personas las que utilizamos los servicios públicos. No los utilizan los territorios, no existe un ente jurídico solidario con otro ente jurídico, por mucho que se utilice en el lenguaje político de nuestro país; es una auténtica deformación, como cuando un dirigente político aduce que somos solidarios con el resto. No, no: no son solidarios los territorios: el solidario es usted, cuando paga los impuestos; que, por cierto, no son un efecto de la solidaridad, porque no hace usted más que cumplir con unas obligaciones que establecen las Cámaras de España, que establecen las diputaciones forales donde existen, y que lo hacen de manera concertada, convenida; este es el sentido de las leyes que traemos aquí.

Tenemos que actualizar la Ley del concierto vasco porque tenemos que actualizar el régimen fiscal en el Estado con el régimen fiscal que puede ser aprobado en esas diputaciones forales que, en consecuencia, va a financiar el conjunto de los servicios que prestan las instituciones vascas, que presta la administración vasca, que prestan las diputaciones forales y que prestan las corporaciones locales en el País Vasco.

Se trata de una singularidad, y por eso, compararlo, como se suele hacer, y establecer unos elementos de solidaridad del contenido y del tipo de equiparación a estas alturas... El Estado de las autonomías no es el Estado federal que otros países han establecido, que transfieren entre territorios; nosotros no transferimos entre territorios, nosotros pagamos impuestos que van a unas bolsas diferentes o comunes, como es el caso del Estado, y se reparten en esa financiación autonómica. Por cierto, hay otra parte del Estado, nada menos que las pensiones y el seguro de desempleo, que no se reparte en esa singularidad, que en esos territorios forales no es diferente del régimen común.

Esa es la auténtica solidaridad en nuestro país. Esa es la solidaridad entre generaciones, que es realmente lo que hacemos con un sistema público de pensiones. Esa es la solidaridad con las personas que pierden su puesto de trabajo y no pueden seguir generando renta porque desaparece esa actividad o porque sufre una enfermedad o una carencia. Eso es solidaridad. Y también lo es el resto del Estado del bienestar. Por eso debemos aspirar a que estén correctamente financiadas las prestaciones del Estado del bienestar, pero no acotemos ese Estado del bienestar olvidándonos de que los grandes ejes de la solidaridad se establecen, precisamente, sobre leyes que no son objeto de esos pactos, que no están en el contenido de esa financiación autonómica.

Por tanto, hablemos con propiedad, con capacidad y, sobre todo, no creemos agravios y diferencias donde no existen. Además, las instituciones forales no dependen de lo que aprueba el Senado de España. Lo que ocurre y ha venido ocurriendo es que en el País Vasco no se pagan menos impuestos que en el resto de España. Eso es exactamente lo que ha ocurrido durante estos últimos años. Y lo que ocurre también es que las instituciones concertadas con el Estado tienen esa capacidad, y esa capacidad les ha llevado a no tener un sistema tributario más bajo que en el resto del Estado dentro del régimen general de fiscalidad, que es el que efectivamente está sujeto a la aprobación en esta Cámara.

Y aprovecho para insistir en la voluntad del Gobierno de llevar adelante una nueva financiación autonómica para revisar elementos esenciales del Estado de las autonomías en España para progresar y avanzar. Se ha creado una comisión en el Congreso de los Diputados para analizar elementos sustanciales, y sería pertinente que en el Senado, la Cámara territorial, una vez concluidos los trabajos del Congreso, continuara esa comisión para seguir progresando, identificando qué debemos perfeccionar en el funcionamiento de ese Estado de las autonomías para garantizar que todos los ciudadanos reciban el acceso a servicios públicos esenciales, propios del Estado del bienestar, en las mismas condiciones, con independencia del lugar donde residen esos ciudadanos.

Pero, insisto, no confundamos la financiación autonómica ni con el nivel de renta que tienen los diferentes territorios y los diferentes ciudadanos ni con el nivel total de bienestar que se deriva de ello, porque, si no, adjudicamos al sistema de financiación autonómica una capacidad que no tiene. Sirve para financiar la prestación de servicios públicos a través del pago de los impuestos, pero no es la palanca para que converjan en términos económicos nuestras administraciones, nuestros —en este caso sí— territorios; el crecimiento de esos territorios depende de otras premisas y de otras condiciones. Porque si solo dependiera de la financiación autonómica, realmente habríamos cosechado en España un fracaso formidable después de casi cuarenta años de autonomía, y no es así, como dijo la propia presidenta del Congreso cuando celebramos el otro día el acto de la Constitución. Es al revés, ha subido la renta per cápita en todo el país. Es verdad que no hemos reducido las diferencias de renta per cápita, pero eso es política de desarrollo, no es financiación autonómica. Hablemos con propiedad. La financiación autonómica no es la responsable de que se haya producido ese fallo en el acercamiento de los niveles de renta.

Por tanto, trabajemos con propiedad los diferentes elementos y trabajemos en esa nueva financiación autonómica, garantizando también que los fondos previstos en la propia Constitución, como el de compensación interterritorial, se potencien en nuestro país, porque ese sí tiene que servir para corregir las diferencias entre los niveles de renta. Eso es responsabilidad del Estado, y eso es precisamente lo que hacen las leyes que establecen el sistema del cupo: aportar a ese Fondo de compensación interterritorial. Por tanto, en esto es en lo que debemos seguir trabajando de cara al futuro.

Como digo, el concierto económico y el cupo son las dos normas básicas del régimen de financiación del País Vasco. Su actualización, por tanto, se produce en este momento por las razones que he explicado, porque es el momento económico para hacerlo, aunque llega con mucho retraso. La Ley del quinquenio del cupo acabó su anterior vigencia en el año 2011 y no hemos sido capaces de actualizarla, con lo cual llega con los defectos de su no actualización y sus consecuencias. Sin duda alguna, lo que ha ocurrido es que la Ley del cupo ha seguido funcionando, pero lo ha hecho con discrepancias entre administraciones, que son las que ahora superamos cuando hemos sido capaces de pactar estas condiciones. Además, tras ello está el acuerdo, insisto, entre administraciones, como es la propia peculiaridad del régimen. Por tanto, los elementos básicos del sistema se mantienen y los criterios técnicos principales que dan lugar al cálculo del cupo tampoco han variado. A esto tenemos que añadir que, en los últimos meses, la actitud negociadora de todas las partes implicadas tanto en la modificación del concierto como en el señalamiento del cupo, ha sido prácticamente intachable, demostrando un auténtico interés por llegar a un acuerdo; sin duda, sin ese interés por llegar a un acuerdo, si fuera únicamente por las cifras, a lo mejor no hubiera sido posible. Por tanto, tengo que celebrar que exista voluntad para ello. Por eso, cuando hablamos de otros elementos esenciales de la financiación autonómica, he de insistir en que debe haber voluntad para alcanzar un acuerdo; y voluntad significa también renunciar a planteamientos unilaterales, es decir, cómo se ve desde una parte y cómo se ve desde la otra. En ese sentido, si no existe esa voluntad no podemos progresar y llegar a un acuerdo.

El Gobierno de España y las instituciones vascas han trabajado en el marco de las leyes y con lealtad institucional, y eso es lo que ha hecho posible cerrar un acuerdo que no tiene oposición entre las fuerzas con representación parlamentaria en el País Vasco. Esto tiene una extraordinaria importancia, precisamente porque esa voluntad de acuerdo determina que nadie se oponga a su resultado. Eso es lo que previsiblemente va a hacer que hoy en el Senado salgan adelante estas dos leyes con esa amplísima mayoría, que debería ser realmente la misma que deberíamos proyectar cuando en los meses siguientes traigamos otras leyes que conciernen a otros territorios que componen España.

Lo que estamos haciendo es que el País Vasco, los vascos, ejerzan su autogobierno y lo hagan en el marco de sus instituciones —insisto, instituciones con muy honda raíz histórica—, instituciones amparadas y reconocidas por la Constitución española para que se desarrollen, como el resto, en el marco del Estado de las autonomías. Las instituciones de autogobierno vasco, las instituciones forales y la Hacienda foral son, por tanto, normalidad. No en vano la Ley del concierto que estamos actualizando fue la ley aprobada —como he dicho al comienzo de mi intervención— en el año 2002, siendo quien les habla ministro de Hacienda, y se llegó al acuerdo de la actualización de la Ley del convenio —una ley del convenio sin fecha de caducidad por primera vez en la historia—, dándole la normalidad a la foralidad en nuestro marco institucional; acuerdo conseguido con el Gobierno del Partido Popular, conmigo en la misma competencia que sigo ejerciendo hoy, extendida a Función Pública, y con mayoría absoluta en aquel momento del Partido Popular en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España. Por tanto, no hubo ninguna imposición entonces, en el año 2002, para llevar adelante la vigencia de la Ley de concierto, única en la historia de la foralidad. A mí personalmente me satisface haber podido participar en ello y en la normalidad institucional que está aportando, igual que me satisface poder explicarlo hoy y, desgraciadamente, tratar de defenderlo frente a formaciones políticas que parecen no haber entendido cuáles son las entrañas mismas del sistema de nuestro Estado de las autonomías, de nuestras instituciones, donde la foralidad es equivalente a la más completa de las normalidades y que nunca da lugar a privilegios. Lo que traemos hoy no es fruto de que hoy tengamos un Gobierno en minoría, porque si ya lo hicimos en 2002 con un Gobierno con mayorías absolutas y con las mismas personas que hemos trabajado, ya me contarán ustedes..., Seguimos siendo los mismos, actualizamos nuestro pensamiento, pero no cambiamos el pensamiento solo en función de las circunstancias políticas como alguna de sus señorías que son nuevas en estas cámaras, que pretenden venir a descubrir lo que es el juego normalizado de nuestras instituciones. Están en su derecho, por supuesto, pero no están tanto en su derecho ni de criticarlas ni de censurarlas desde la perspectiva de la existencia de privilegios cuando de lo que estamos hablando es de la normalidad de las relaciones financieras entre las instituciones. Por eso todos debemos sentirnos comprometidos con esa fortaleza, con esa normalidad y con esa estabilidad que da lugar a la inserción del País Vasco en España. Es cierto que, para lograr la normalidad que hemos conseguido hoy, ha habido que erradicar la violencia terrorista, que era la que no reconocía la vigencia de nuestras instituciones democráticas ni la vigencia del Estatuto de Gernika. Esa violencia terrorista sin sentido, aducida bajo el manto de la defensa de una patria inexistente, ese terrorismo es el que ha quedado hoy completamente derrotado. Y cuando negociábamos las anteriores ediciones de esas leyes, tanto de la Ley del concierto como de la Ley del cupo, esto estaba todavía presente y ensombrecía el normal uso y entendimiento entre esas instituciones. Hoy esto está superado y podemos tratarlo con normalidad, y esa normalidad es la que debemos subrayar esta mañana, porque tenemos la obligación de preservarla. Por tanto, cuando escuchemos críticas políticas, pensemos que de lo que estamos hablando es de la inserción de las instituciones en España y de la responsabilidad que todos tenemos de preservar el buen funcionamiento de las instituciones en nuestro país. En ese sentido, hay que vencer prejuicios, que es lo que siempre sienta peor y nubla el debate político, el prejuicio ideológico, para adecuarnos a la realidad del funcionamiento institucional en nuestro país.

Lo importante es que el autogobierno vasco se ha ido fortaleciendo. Un hito importante ha sido que todos los gobiernos constitucionales han seguido contribuyendo a esa historia común con el desarrollo del Estatuto de Gernika y del sistema de financiación vasco. Por tanto, esa historia, que se reanuda a partir del año 1981, que había sido pactada unos meses antes entre el Gobierno de Adolfo Suárez y del lehendakari Carlos Garaikoetxea, ha seguido desarrollándose con los diferentes gobiernos de España —con los gobiernos de Felipe González, con los de José María Aznar y ahora, en esta última edición, con el de Mariano Rajoy, siendo el actual lehendakari Íñigo Urkullu— a través del entendimiento con las diputaciones forales vascas, con los diputados generales y los diputados de Hacienda de esas instituciones vascas. Es la Constitución, el reconocimiento de los derechos históricos, el reconocimiento de la vigencia del Estatuto de Gernika.

El pacto del concierto económico y del cupo son hijos de la transición democrática, de la reconciliación entre los españoles y del consenso político. Por eso es tan esperanzadora la renovación de esas leyes de financiación del País Vasco, que van a ser aprobadas en la Cámara en el día de hoy, casi cuarenta años después del referéndum constitucional (Rumores), con un respaldo parlamentario tan amplio, pues con ello se va a volver a mostrar la normalidad...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): No voy a insistir, porque ya lo hice en el Congreso y me referí al contenido técnico de las dos leyes, en primer lugar, a la Ley del concierto que era necesario actualizar para garantizar el principio de igualdad ante las leyes y las leyes tributarias. Lo que hacemos es introducir unas actualizaciones relativas concretamente a los impuestos soportados por los grupos fiscales, al impuesto sobre la electricidad, a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF o a la adaptación de la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. También quiero recordar que ya en la X Legislatura hicimos una actualización del concierto económico en cuanto a la capacidad normativa para desarrollar desde las diputaciones forales. En ese mismo sentido, otras medidas introducidas afectan al IRPF, al impuesto sobre sociedades y al IVA y al de sucesiones y donaciones. Su objetivo es optimizar la capacidad de gestión tributaria por parte de las diputaciones forales. Asimismo se han introducido mejoras de gestión tributaria y en la coordinación entre administraciones. Estas medidas tienen como objetivo otorgar una mayor claridad a la norma y facilitar su aplicación de la manera que resulte más coherente y más beneficiosa para los ciudadanos. A ese respecto destaca la actualización de la cifra de volumen de operaciones que delimita la competencia entre las administraciones para exigir el impuesto sobre sociedades y el IVA, que pasa de 7 a 10 millones de euros, una actualización que el propio concierto prevé que se realice de forma periódica. Finalmente vamos a aprobar la ampliación de la concertación a nuevos hechos imponibles en el impuesto sobre sucesiones y donaciones como la sucesión de causantes no residentes y la donación de inmuebles situados en el extranjero.

Tengo que reiterar en lo que se refiere al cupo que es la cantidad que el País Vasco debe pagar a la Hacienda del Estado con independencia de cuáles sean los ingresos de las haciendas forales, ya que las competencias que ejerce el Estado debe financiarlas en cualquier caso con el dinero que recauda. Además, el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 concreta los índices de consumo y de recaudación del IVA y de los impuestos especiales de fabricación, fija las reglas para su cálculo y establece el procedimiento para su liquidación y abono.

Finalmente, para garantizar que no existan vacíos en la financiación, el proyecto de ley establece un mecanismo de prórroga de la vigencia de la norma más allá del quinquenio 2017-2021 para el supuesto de que, ante la finalización del actual quinquenio, no se haya alcanzado un acuerdo entre administraciones para la siguiente renovación quinquenal. Espero que no sea necesario acudir a estos procedimientos de prórroga, una vez que venza este quinquenio.

Me parece importante subrayar respecto a la nueva Ley del cupo que esta actualiza la aportación que la comunidad autónoma realiza a la Hacienda estatal, por lo tanto, cumple con la normalidad institucional de financiación de las competencias exclusivas del Estado. Esta ley establece un cupo base para el año 2017; para los años siguientes, el cupo se determina aplicando un índice de actualización en función de la evolución de la recaudación estatal de los impuestos concertados entre cada uno de los años del quinquenio y el año base. El importe del cupo base para el año 2017 se ha establecido en 1300 millones de euros, una cantidad que está en sintonía con el cupo base de anteriores quinquenios, y que se calcula con la misma metodología que se ha usado siempre en la determinación del cupo. Esta metodología consiste en aplicar el llamado índice de imputación a las cargas del presupuesto del Estado que no están asumidas por la comunidad. Ese índice, según se recoge en el anteproyecto de ley, se determina básicamente en función de la renta de los territorios históricos en relación con el Estado, y es del 6,24 % para el nuevo quinquenio. Por cierto, ese índice tampoco ha variado desde que se aprobó el primer cupo hace treinta y seis años, por tanto, estamos haciendo lo que hemos hecho siempre. Habrá quien diga: hay que revisar el cupo. Tendría que decir que hay que revisar el mismo concepto de concierto económico, revisar el Estatuto de Gernika... Está bien que lo digan algunos expertos, es su criterio, pero de lo que están hablando realmente es de una modificación esencial, no de la determinación del cupo como dicen. No podemos cambiar el cupo ya que está sujeto a una normativa que lleva funcionando desde hace cuarenta años. No simplifiquemos esta cuestión como si fuera cambiar caprichosa y arbitrariamente una aportación, como algunos entienden, a las arcas del Estado. No se trata de una aportación a las arcas del Estado, sino de una determinación objetiva del coste de las competencias que ejerce el Estado en la comunidad autónoma que no están transferidas. Eso es lo que hace el cupo. No se le puede pedir nada más y nada menos que cumpla su función, que no es la que algunos quieren. Eso significa cambiar los conceptos de la ley y del sistema de instituciones forales que hasta ahora han dominado en nuestro país. Ahí se hacen los cálculos pertinentes, se llega a las cifras pertinentes, lo que finalmente hace que de ese cupo líquido se reste desde el año 2011 el coste de las políticas activas de empleo —porque desde ese año fueron asumidas por la comunidad autónoma vasca—. Lo que nos da la resta de los 1300 menos el coste de esas políticas activas es la liquidación definitiva del cupo.

Las competencias no asumidas por la comunidad autónoma serían todas las que reserva la Constitución española a la Administración central, como son la jefatura del Estado, la política exterior, la defensa nacional o los puertos y aeropuertos de interés general, por poner algunos ejemplos, además de otras competencias que no han sido transferidas a la comunidad autónoma, y otras cifras de gasto como son las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado a los fondos de compensación interterritorial, que son los que ya he mencionado que sí son el instrumento donde debería descansar una financiación propia del Estado, dirigida u orientada a reducir nuestras diferencias entre niveles de renta.

Finalmente, están los ajustes del IVA, que ya expliqué en el Congreso de qué objeto son. Lo que sí he visto es que se me siguen haciendo preguntas parlamentarias sobre qué es el ajuste del IVA y que siguen sin entender. El ajuste del IVA no tiene nada que ver con la determinación del cupo, el ajuste del IVA es la devolución que hace el Estado sobre el IVA a la que tiene derecho la comunidad autónoma y que es precisamente por donde se materializa, se devenga ese IVA recaudado por el Estado. Por tanto, es una devolución objetiva donde no cabe ningún tipo de discrecionalidad y, por consiguiente, no se puede obtener el saldo restándolo de lo que es la aportación del cupo.

Señorías, concluyo afirmando que esta legislatura tiene unos horizontes marcados por numerosos retos, objetivos que nunca son fáciles de conseguir. Por eso resulta tan satisfactorio que uno de esos objetivos, como es la actualización de la Ley del concierto y la Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo, se cumpla hoy aquí y que, además, vaya a obtener un respaldo tan amplio y plural en el Parlamento, un respaldo que supone un aval de gran importancia para un acuerdo que es justo, que es beneficioso para el País Vasco y para el conjunto de España.

Nuestro siguiente reto —el de todos nosotros, no solo del Gobierno— debería ser que el mismo consenso que va a dar lugar hoy a la aprobación de estas leyes se extienda a otras cuestiones pendientes como la renovación del convenio con Navarra —la aportación no es objeto de ley y, por tanto, no vendrá a esta Cámara, la aportación de Navarra a la Hacienda del Estado, pero será también, insisto, objeto de trabajo, de finalización durante las próximas semanas— y las actualizaciones de los regímenes económicos fiscales especiales de Canarias, de Ceuta y de Melilla y la reforma del conjunto de la financiación autonómica de las comunidades de régimen común. La clave para conseguirlo está en el diálogo, pero también —y debo insistir, como ya he hecho en mi explicación— en la voluntad de acuerdo, como la que ha existido estos meses, y quiero agradecerlo, entre las instituciones vascas, el Gobierno vasco y el Gobierno de España.

En este sentido, no deseo acabar mi intervención sin dar mi agradecimiento a los interlocutores del Gobierno vasco, al consejero de Hacienda, don Pedro Azpiazu, a los diputados de Hacienda y a los diputados generales de las diputaciones forales y a los representantes de la Administración vasca y a los funcionarios de la Administración General del Estado, que son los que han llegado a sentar los principios, las bases de este acuerdo. Todos los que hemos participado en ese acuerdo hemos pensado en el bienestar de los ciudadanos y en el interés general por encima de cualquier otra consideración. Las negociaciones que hemos desarrollado durante meses son parte de la construcción de la convivencia entre las personas, las instituciones y los territorios, son parte de la articulación del Estado de las autonomías y, por tanto, son parte de la construcción de España y de la utilización del excelente momento económico que estamos atravesando. España es en buena medida lo que impulsa a su sociedad a través de sus representantes, y por eso es tan importante que los gobiernos y los partidos dialoguemos para construir espacios de convivencia, de estabilidad y de bienestar, como el que hoy se somete a votación en esta Cámara.

Por eso, el voto afirmativo que pido a sus señorías a estos dos proyectos de ley es un voto a favor de la estabilidad económica y política, es un voto a favor de la convivencia en el marco de las normas fundamentales del Estado y del País Vasco y es un voto de respeto, un voto de consideración hacia los ciudadanos vascos que defienden este modelo como parte de su identidad, como vascos y españoles, y que lo hacen en libertad y con todo el derecho que les da nuestro ordenamiento jurídico.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Ahora sí, vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto.

Para la defensa de las propuestas de veto números 1 y 2 de los senadores Alegre, Crisol y Marcos, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar quiero agradecer al ministro Montoro su presencia hoy aquí y el sentido del humor que en algunos momentos de su intervención ha tenido, a lo que luego me referiré.

Me van a permitir que inicie mi intervención en el día de hoy con dos apuntes. El primero, que las leyes quinquenales para determinar el cupo contienen una cifra global del importe de las competencias asumidas por el País Vasco y de las compensaciones a aplicar, de las que resulta un cupo líquido y que figuran en un anexo del acuerdo, que a mi entender, al entender de mi grupo, son una auténtica vergüenza. Y son una auténtica vergüenza no simplemente porque lo digamos nosotros, sino porque nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de responder a de dónde salen esas cifras, es decir, cómo y por qué se han valorado de esa manera las competencias. Y el segundo apunte es el procedimiento de la lectura única para tramitar, sin explicaciones, sin debate, una norma basada en un cálculo que nadie entiende. Yo quisiera recordarles que hace un par de meses la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara y también del Congreso de los Diputados y de las formaciones a las que representamos criticamos el tema de la urgencia y la lectura única cuando el Parlament de Catalunya aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad porque se hurtaba el debate sosegado de una ley, porque se utilizaba el sistema de la lectura única y de la urgencia para hurtar ese debate sosegado de una ley.

El Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE han pactado lo que nosotros denominamos un cuponazo en un cuarto oscuro para que nadie les vea, y lo van a aprobar sin ningún tipo de debate y sin ninguna transparencia (Rumores). El Gobierno tiene muy poca prisa, o ha tenido hasta hoy muy poca prisa, en sacar una ley de financiación más justa para todas las comunidades autónomas, sin embargo tiene mucha prisa...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Alegre.

Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor?

Continúe.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

... pero tiene mucha prisa para mantener los privilegios con el cupo vasco.

Es incomprensible que la Ley de financiación autonómica lleve tres años bloqueada en diferentes instancias y que esta modificación del cupo se vaya a aprobar sin debate y sin transparencia, en lectura única y por trámite de urgencia, para que nadie hable demasiado del tema. La naturaleza extremadamente compleja de ambos proyectos aconsejaba exactamente lo contrario, señor ministro, es decir, una tramitación ordinaria, sosegada, tranquila. El Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, así como los partidos que lo apoyan, no nos van a dejar ni presentar enmiendas ni debatirlo. Este es el acuerdo del PP, del PSOE, de Podemos y de los partidos nacionalistas. No hay justicia, no hay igualdad, ni posible debate. El acuerdo negociado por el Gobierno y por el PNV con total opacidad incorpora a la ley dos acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico que preside usted, señor ministro.

Usted ha dicho que hay algunos que venimos aquí y no conocemos nada. ¡Hombre, nada...! A lo mejor no conocemos lo que usted conoce. Es evidente, usted tiene una información que los demás no tenemos. Pero yo soy medio navarro, ¿sabe?, y algo conozco del tema del concierto vasco, de la foralidad. También ha dicho: Vienen aquí sin conocer nada y opinan. ¡Faltaría más!, ese es el sentido del parlamentarismo, poder opinar, no desde el desconocimiento, señor Montoro, sino desde una posición diferente, que no tiene porqué ser siempre coincidente con la del Gobierno.

Los acuerdos que ustedes han alcanzado no los han facilitado a las Cámaras ni han sido publicados, en cambio, el Gobierno vasco sí, cosa que les agradecemos. Por eso sabemos que la Administración del Estado reconocerá para el año 2017 una deuda con las administraciones forales de 1400 millones, pero sin ningún tipo de explicación sobre de dónde salen esos 1400 millones. Hay que tener en cuenta además que ya partimos de un saldo favorable al País Vasco, absolutamente injustificable a nuestro entender, superior a los 3300 millones de euros al año y que con este acuerdo se incrementará en un mínimo de 300 millones más a favor de las instituciones forales.

Señorías, el nuevo cupo que han pactado el PP y el PNV supone más desigualdad en el reparto de los recursos entre el conjunto de los españoles. El cuponazo que propone el Gobierno supone aumentar todavía más la financiación de las instituciones vascas a cuenta del resto de los españoles; una situación de desigualdad que viene agravada porque además el País Vasco, como evidencian múltiples estudios, mantiene un gasto social en sanidad, en educación y en protección social muy superior a la media del resto de España, y con un nivel de endeudamiento muy inferior a la media. ¿Sabe por qué? Porque sale de las espaldas, del trabajo, a cuenta del resto de los españoles. El Gobierno, en lugar de darse prisa para mejorar la Ley de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, ha decidido pactar este cuponazo y además sin debate.

Usted hablaba del sistema de reparto del IVA. Pues mire, a nosotros nos parece un disparate y además, que genera fraude. No se puede seguir manteniendo un sistema de reparto del IVA basado en que cada administración se quede con lo que liquida sin relación alguna con el consumo, eso da lugar a fraude y a problemas muy graves. Las demás comunidades autónomas se verán claramente perjudicadas. La mitad del ajuste del IVA lo pagará el resto de las comunidades autónomas.

Señorías, Ciudadanos ha presentado dos propuestas de veto por primera vez en esta Cámara y votará en contra de los proyectos de ley, como ya hizo en el Congreso de los Diputados, por justicia y por coherencia. Es incomprensible que la comunidad autónoma que disfruta de un sistema de financiación más favorable sea la primera a la que el Gobierno le actualiza —aún más a su favor— su sistema de financiación.

Señorías, Ciudadanos no cree en los derechos históricos sino en los derechos de los ciudadanos. Para Ciudadanos, son las personas las que tienen derechos y no las piedras ni los territorios. El Gobierno, en cambio, pasa por encima de la igualdad de todos los españoles con este amaño, que perjudica al resto de las comunidades autónomas y al propio Estado en su conjunto. Este rechazo de Ciudadanos no es ni a la foralidad ni a la historia, no se equivoquen, eso lo debatiremos si este Gobierno quiere y trae una propuesta de reforma de la disposición adicional primera de la Constitución. Mientras tanto, Ciudadanos acata la Constitución y todas sus normas, pero lo que estamos debatiendo ahora no es eso sino la metodología y el cálculo del cupo.

Ciudadanos será el único partido nacional que se desmarque de los nacionalistas en este asunto y nos quedaremos solos, hoy se comprobará una vez más. Seguramente, además, nos descalificarán como hicieron hace quince días, e incluso alguno se permitirá el lujo de faltarnos al respeto, cosa que no tendremos en cuenta. Repito, nos quedaremos solos, pero nos quedaremos solos junto a un puñado de millones de españoles que no quieren desigualdades. Me preguntaba ayer por la noche qué dirán algunas de sus señorías cuando vuelvan a sus territorios y expliquen a la gente de sus territorios que seguirán teniendo escuelas en barracones y listas de espera interminables porque en el Congreso y en el Senado han votado a favor de mejorar la financiación del País Vasco, en detrimento de mejorar la financiación del conjunto de las comunidades autónomas, para evitar esos barracones, las listas de espera, etcétera. Me pregunto qué argumentarán pero, en fin, allá cada uno con sus argumentos.

Dado que el decretazo de la lectura única no permite enmiendas parciales, Ciudadanos ha presentado dos propuestas de veto a los dos proyectos de ley que hoy se debaten. En definitiva, señorías, Ciudadanos votará en contra de esta modificación y del nuevo cálculo del cupo porque estamos a favor de la transparencia en las finanzas públicas y de la igualdad entre todos los españoles, y lamentamos que el Gobierno, el Partido Socialista, Podemos, el PNV y el resto de partidos nacionalistas no lo compartan, nos descalifiquen por nuestra posición y continúen ustedes con este vergonzoso apaño.

Señor ministro, le he dicho al principio de mi intervención que volvería al tema de su sentido del humor —y agradezco mucho que un ministro tenga un relativo sentido del humor—, cuando usted nos estaba explicando el porqué de la presentación de estos dos proyectos de ley. Ha repetido hasta la saciedad algunos de los argumentos y, en este sentido, yo recordaba una frase de un compañero británico que un día me dijo: Oye, estás insistiendo en que eres Napoleón y no es verdad, pero como te pones tan pesado repitiéndome que eres Napoleón —se lo digo con afecto, señor ministro—, yo te doy un beso y soy Josefina. Pues usted hoy nos ha hecho, con su sentido del humor, esta pequeña aportación a la historia.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

También en turno a favor, para la defensa de las propuestas de veto números 2 y 1, de los senadores Mulet y Navarrete, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Bon dia, senyor ministre.

La última vez que en este Pleno interpelé a un miembro del Gobierno, el presidente del Senado me quitó la palabra porque no le gustaba lo que decía. Espero que hoy me deje utilizar los quince minutos de que dispongo aunque no le guste lo que voy a decir pero, aparentemente, esto es una democracia.

Ha hablado usted del concierto y a mí me desconcierta bastante. Después de tres cuartos de hora no me ha convencido —no sé si le sorprende—; no me ha convencido, imagino que a usted tampoco, como a la mayoría de dirigentes del Partido Popular en los territorios, a los que supongo que tampoco; pero, bueno, usted hace el papel que tiene que hacer. Tiene que sacar hoy, día 13, sus presupuestos y la política, a veces, es muy ingrata. Tiene que sacar adelante sus cuentas, y es lo que está consiguiendo.

Ha hablado usted de privilegios. Sabemos que estamos hablando de privilegios, de hechos distintivos, de singularidad. Ha hablado de cumplir la norma, de un concierto económico existente desde el siglo XIX y de normalidad; pero normalidad sería cumplir también con la Constitución y con el artículo 156, que usted no cumple.

Nosotros, los valencianos, también queremos normalidad para poder pagar la escuela, la educación, la sanidad, y para eso no hay normalidad y para eso no hay urgencia, como en el caso del cupo vasco. Poco más o menos nos ha pintado un escenario fantástico, fabuloso, en el que se crea empleo —aunque no ha dicho qué tipo de empleo—, mejora el panorama económico y hemos salido prácticamente de la crisis, pero se ve que la bonanza económica que usted pregona únicamente es aplicable para los vascos; para los valencianos no. Ha estado usted tres cuartos de hora hablando de Cataluña, del País Vasco, de Navarra, de Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, pero de nosotros —de nuevo— tampoco se ha acordado.

Tramitan estos proyectos por el procedimiento de urgencia, pero no ha explicado en sus tres cuartos de hora el porqué de esta urgencia. Para nosotros es más urgente poder pagar nuestras escuelas, que no podemos; poder pagar nuestra educación, que no podemos; o poder pagar nuestros servicios sociales, que no podemos. Podemos vía FLA, con intereses que luego tenemos que devolver.

También ha dicho que esto va en paralelo a la revisión del sistema de financiación autonómica, pero usted sabe que no es verdad, que no hay ningún tipo de novedad. Eso no se trata aquí de urgencia. La excusa ha sido Cataluña y la crisis catalana. Una prueba de fuego: si tan urgente y tan en mente tiene la revisión del sistema —y usted sabe tan bien como yo que están tratando incorrectamente a los valencianos—, imagino que a partir del día 21 presentarán ustedes unos presupuestos, y espero que esos presupuestos sean al menos dignos con los valencianos y, si lo no son, que escuchen nuestras enmiendas y que al menos cumplan con sus presupuestos, porque muchas veces son malos presupuestos y el nivel de ejecución es mínimo.

Para Compromís la política no ha de ser este tipo de mercadeo que ustedes practican y que hoy santifican aquí. No se puede jugar con el dinero de todos para comprar voluntades y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Hoy aprueban —o aprobarán— los partidos del régimen de 1978 los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de M. Rajoy, pero en diferido;



los aprobarán de manera encubierta. Hoy, los que votarán a favor de esta urgencia votarán en diferido más 135; votarán en diferido más vaciado de la caja de pensiones; y votarán en diferido más recortes laborales. Aprueban hoy que el PNV apruebe sus presupuestos; aprueban —aprobarán en el Congreso— el voto de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, con el inicio del trámite de reforma del Estatuto de Canarias mientras, curiosamente, tienen bloqueada la reforma del estatuto valenciano desde 2011. Cabe remarcar que no estamos en contra del cupo vasco ni del concierto económico, estamos en contra de esta urgencia porque nos choca mucho que tenga tanta prisa para arreglar el problema de unos y tan poca para arreglar el problema de otros. No queremos ser más que los vascos, pero tampoco queremos ser menos.

Como decía, el día 21 de diciembre habrá elecciones en Cataluña y sabemos lo que pasará después: después todo serán prisas para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. El voto del Partido Nacionalista Vasco, que tanto ansían y necesitan, ya lo tienen, lo obtienen hoy con este voto.

Además, sabemos que tendremos unos presupuestos —porque no creo que cambien ustedes de dinámica política— que serán injustos por cómo están pasteleando hasta hoy y, curiosamente, estos presupuestos seguramente contarán también con el voto favorable de Ciudadanos, que tanto ha criticado hoy el mercadeo político. Será curioso ver cómo hoy critican lo que se está haciendo, pero luego votan a favor de sus presupuestos, que serán injustos y que blindarán el privilegio de unos territorios en detrimento de otros. Serán injustos porque continuarán siendo las cuentas neoliberales que tanto le gustan al Partido Popular, a veces al PSOE, seguramente al PNV y también a Ciudadanos; y serán injustos porque destinarán el dinero de todos a comprar votos a partidos como el PNV, Nueva Canarias o Coalición Canaria, y Ciudadanos votará a favor de esos presupuestos.

Me preguntarán por qué Compromís no quiere entrar en ese tipo de pasteleo, de mercadeo o jugar ese papel y hemos de votar la urgencia del cupo para votar en diferido unos presupuestos que santifican el neoliberalismo, para que inviertan puntualmente en esta, en aquella carretera o en aquel ayuntamiento que necesitamos, pero eso es más o menos chantaje, eso es como prevaricar en espíritu, es gastar el dinero de todos de manera injusta y a sabiendas.

Los valencianos reivindicamos un trato justo, unas inversiones justas y ser tratados como el resto, y eso no ha de ser a cambio del voto de Compromís a una propuesta de cupo urgente o a una propuesta de actualización urgente. Esa ha de ser su obligación como gobernantes. Si en teoría gobiernan para todos, si están gobernando de manera justa, si han dicho que no era cuestión de territorios sino de ciudadanos y de sus derechos, ustedes han de gobernar con justicia. Es su obligación, y la nuestra es enmendar sus presupuestos —aunque luego ustedes voten en contra de nuestras enmiendas—, es presentar mociones, presentar proposiciones y proyectos de ley e intentar poner encima del tapete nuestras reivindicaciones. Nosotros no somos como otros partidos; no nos vendemos por un plato de lentejas mientras nos empobrecen con sus políticas neoliberales.

Voy a hacer un poco de memoria. En 2008, el señor Zapatero, para sacar adelante sus presupuestos, también tuvo que pactar con el Partido Nacionalista Vasco, y lo que dijo Mariano Rajoy en aquel momento, tal y como pueden ver en el documento que les muestro, fue lo siguiente: Rajoy denuncia la descomunal bajada de pantalones de Zapatero para sacar adelante los presupuestos. Es un titular de esos que hacen daño; un titular del ABC, un diario, como sabe, muy crítico con el Partido Popular. Pues bien, no sé si esto es solo una bajada de pantalones; a lo mejor ya es hasta una bajada del tanga, y utilizo el símil de Rajoy, aunque no sean los términos que solamos utilizar aquí.

¿Es más urgente apañar el cupo de una comunidad bien financiada que la financiación injusta que sufrimos otras comunidades como la valenciana, a la que han empobrecido? ¿Por qué es más urgente aprobar el cupo y actualizar el concierto económico que cumplir con el 156 de la Constitución? Una Constitución de la que tanto hablan y que tan poco cumplen. Al igual que aplicaron el 155 con tanta urgencia, con tanta alegría y aplaudiendo, apliquen también el 156 y dennos a todos un trato justo.

Primero hay que arreglar lo que es urgente, lo que es inaplazable para que comunidades como la valenciana podamos pagar lo que tenemos transferido. ¿Por qué tiene más derechos el País Vasco que el País Valencià si prácticamente tenemos las mismas transferencias? ¿Por qué el trato es injusto y desigual? ¿Quieren aplicar un cupo valenciano o un concierto económico valenciano? Lo aceptaríamos; estaría bien que pudiéramos hablar de un nuevo sistema de financiación que fuera justo con todos. No estamos en contra de cupos ni de sistemas económicos particulares. Somos una comunidad histórica —más que el País Vasco—, hemos tenido nuestros fueros y, aunque fueron suprimidos en su día, tenemos el mismo derecho que otras comunidades para recibir un trato digno.

Hagan lo que quieran, elijan el sistema que quieran. Usted decía que estaban en revisión del nuevo sistema de financiación, pero lo que tienen que hacer es dejar de maltratarnos. Posiblemente, antes de que elabore usted los presupuestos no habrá un nuevo sistema de financiación y, con el que hay, usted tiene margen para hacer unos presupuestos dignos. Usted sabe que durante años ha estado infrafinanciando a los valencianos e infrainvirtiendo. Intente que en 2018 esas cuentas no sean tan nefastas y no las condicione a nuestro voto favorable a sus presupuestos porque es su obligación como gobernante. En este sentido, le recuerdo que también se vota al Partido Popular en el País Valencià, a pesar de todo lo que ha hecho.

Como decía, tenemos como mínimo el mismo derecho que cualquier otra nacionalidad histórica española a recibir un trato digno. Tenemos, como mínimo, la misma urgencia. Hoy para ustedes es urgente el cupo y, para nosotros, es urgente que solucionen lo nuestro.

También es muy cuestionable el cálculo del cupo. La manera en que los técnicos han estado haciendo números es más que cuestionada y parece que tiene más un componente de pacto político que de realidad económica. Saben que incluso en las autonomías gobernadas por el Partido Popular la gente critica muchísimo este tipo de mercadeo, pero sabemos cómo funciona el Partido Popular, que es el partido de callar y de pegar la cabotà.

¿Es urgente hoy aprobar el cupo vasco que está pendiente de actualizar desde hace tantos años? ¿Es más urgente que solucionar la asfixia económica a la que someten a los valencianos? ¿Puede el País Vasco, y lo explicábamos el otro día, pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales si no se aprueba el cupo de manera urgente? La respuesta, obviamente, es que sí. ¿Puede el País Valencià pagar la educación, la sanidad o los servicios sociales si no se cambia el sistema de financiación? Sabe usted perfectamente que no, y que tenemos que recurrir a un FLA que llega tarde y mal, y que nos hace pagar intereses por nuestro propio dinero. Sí, llega tarde y mal y, además, es un dinero nuestro por el que encima tenemos que pagar intereses. Usted sabe mejor que yo cómo funciona esto.

Hoy todos los partidos que voten la urgencia del cupo y del concierto votarán a favor de mantener a M. Rajoy en 2018 y sus presupuestos. Ojalá ustedes que tienen mayoría aquí, o mayoría con el PSOE en el Congreso, tengan la misma urgencia que para solucionar el problema del País Vasco —que no consideramos tan difícil— cuando se trate de solucionar el que tenemos el resto de comunidades autónomas históricas; con que tengan una cuarta parte de esa urgencia iríamos apañados, aunque en tres cuartos de hora no han tenido el mismo recuerdo para la grave situación económica a la que someten a los valencianos. Tengan esa urgencia y acuérdense de que nosotros sí tenemos que pagar la sanidad, la educación y sí tenemos que pagar los servicios sociales, y no podemos hacerlo porque, a pesar de ser una comunidad a la que han empobrecido, continuamos pagando como si fuéramos 5 millones de habitantes y nos devuelven como si fuéramos 4 millones de habitantes. Esa es la realidad del día a día. Al menos, señor Montoro, tengan la misma urgencia por cumplir la Constitución que el artículo 155.

Dice usted que esto no es solidaridad entre territorios sino que ha de ser solidaridad entre personas. En este sentido, espero que el Partido Popular sea solidario con los valencianos, que tenemos que pagar la educación, la sanidad, los servicios sociales y con su sistema no podemos hacerlo. Al menos acuérdense un poco de nosotros y la misma urgencia que tiene con los vascos, para que le aprueben sus presupuestos, téngala con nosotros para que podamos, simplemente, vivir con dignidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Turno en contra de las propuestas de veto. ¿Algún senador desea utilizar el turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Buenos días, presidente.

Nada de regalos. El País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca paga el 6,24 % de la renta estatal teniendo un peso del 6,1 % del PIB y del 4,8 % de la población del Estado. Nada de regalos.

Es cierto que el concierto económico y el convenio son derechos originarios. Son los restos de nuestra soberanía, pero también son instrumentos apoyados por la inmensa mayoría de la sociedad vasco navarra, por eso no se trata de derecho medieval ni de derecho arcaico. Son instrumentos eficaces con un riesgo diario en la gestión; por lo tanto, son instrumentos propios de gestión y, eficaces, como además se ha demostrado.

Sin embargo, ante estos argumentos de analfabetismo foral o de cuñadismo político, hablando de privilegios, de trato favoritista, de insolidaridad, de derechos medievales e incluso de paraísos fiscales, como hemos podido escuchar en las pasadas fechas, les recomiendo —porque no tengo tiempo de explicarlo— un magnífico libro que se llama El concierto económico vasco, de don Pedro Luis Uriarte que, además, tiene copyleft y lo pueden descargar en la página elconciertoeconomico.com y, si tienen tiempo estas navidades, les recomiendo que lo lean.

Señorías, es cierto que en el Estado, en las comunidades de régimen común, hay un problema de financiación; es cierto, y desde Euskal Herria Bildu somos solidarios y apoyaremos en todo momento que se resuelva, pero la culpa no la busquen en el concierto económico o en el convenio de Navarra, no, porque se origina por una recaudación insuficiente, por una política fiscal errónea, por un fraude fiscal altísimo y por un reparto desequilibrado. Eso es así. Por mucho que pagáramos más, más de lo que pagamos de más, no se resolvería ese problema si no se resolviesen los que he mencionado anteriormente.

Para finalizar, y partiendo de mi apoyo total al concierto y al cupo, como no podría ser de otras manera, es cierto que creemos que el cálculo podría ser muy mejorable. En este sentido, tras diez años de retraso, se va a devolver a plazos, sin intereses, con una rebaja considerable sobre el cálculo inicial y, además, en el próximo año las diputaciones vascas van a tener que pagar un 40 % más. Por otro lado, creemos que es peligroso que estas actualizaciones se produzcan —eso sospechamos— a cambio del apoyo a aquellos que sí recortan en derechos sociales y sí recortan en autogobierno, a pesar de que el señor Montoro haya dicho que se ha ido aumentando en autogobierno. Eso es falso y, de hecho, ayer recordamos que todavía hoy quedan 37 competencias pendientes, que han producido una mutación estatutaria y que existe una falta total de voluntad para transferirlas, a no ser que sea a cambio de votos, lo que creemos que es inaceptable.

Por eso, apoyaremos, cómo no, la Ley del concierto y, simbólicamente, nos abstendremos en la Ley de actualización del cupo porque creemos que se nos debía devolver mucho más, con más garantías, con una visión de país desde Euskal Herria y que no hubiera apoyos a los del 155 y a los recortadores de derechos sociales y del autogobierno.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Bueno días, señorías.

La disposición adicional primera de la Constitución española señala que esta ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

En la medida en que la Agrupación Socialista Gomera entiende, por un lado, que debe respetarse la Constitución española y, por otro, que deben respetarse las singularidades territoriales históricas y constitucionalmente reconocidas —y esperamos también que pronto se reforme la Constitución española y se incluyan otras singularidades de forma más pormenorizada, como son, por ejemplo, las del archipiélago canario—, vamos a apoyar los derechos y, por tanto, los proyectos de ley que hoy son objeto de debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, la polémica sobre la supresión del régimen foral vasco y el navarro no cesan desde hace casi dos siglos. La Constitución española de 1978 reconoce esta singularidad de los territorios forales, el cupo vasco y el concierto navarro. Fue precisamente Franco uno de los que lo suprimió en Guipúzcoa y Vizcaya en 1936. En este sentido, no voy a decir que sea una idea franquista la que ahora reverdece en el PSOE, pero algún parecido o inspiración tiene. (Rumores.— Risas). Sí, sí, los barones autonómicos están hablando; por ejemplo, en mi comunidad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Lo que resulta preocupante es que en pleno proceso de elecciones autonómicas catalanas convocadas con el respaldo del Senado, para resolver democráticamente el desafío de los separatistas, se intenten abrir conflictos a cuenta, en este caso, del cupo vasco.

¿No les bastó al PSOE y al PSC estar en el origen del conflicto catalán con las cesiones del Gobierno de Zapatero a la medida del tripartito? ¿Quieren abrir simultáneamente otro conflicto a cuenta del cupo vasco? (Protestas). Ahí están las hemerotecas: año 2006, entrevista al presidente Zapatero. Pregunta: ¿Se sentiría responsable si dentro de diez años Cataluña iniciase un proceso de ruptura con el Estado? Respuesta: Dentro de diez años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada, y ustedes y yo lo viviremos. Señorías, vaya si lo estamos viviendo.

En Asturias, el presidente del Principado, socialista, promueve el retraso del nuevo cupo vasco para que vaya acompasado con la negociación del sistema de financiación autonómica y se puedan establecer fórmulas para que las comunidades fuera del régimen general aporten a la solidaridad común; de paso se ha mostrado en contra de las deudas históricas, sacadas —afirma— del armario del victimismo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

O sea, encantado con el FLA, que entre 2000 y 2016 repartió discriminatoriamente 162 250 millones de euros en créditos blandos y benefició extraordinariamente a las comunidades más incumplidoras.

El oportunismo de Ciudadanos en este asunto se refleja en su invocación al principio constitucional de igualdad entre españoles, que hipócritamente ni menciona al hablar del FLA. ¿Están de acuerdo con semejante e insolidaria condonación de intereses? ¿Están de acuerdo con la condonación, entre los años 2012 y 2016, de 7500 millones de euros a Cataluña, de 5321 millones a la Comunidad Valenciana, de 3555 millones a Andalucía, o de 187 millones a Madrid y 271 millones a Asturias?

Foro respalda al Gobierno en el nuevo cupo vasco, al tiempo que le reclama que se ponga fin al vigente sistema de financiación autonómica, muy perjudicial desde 2009, singularmente para Asturias, y tácitamente prorrogado en el Senado, en la Conferencia de Presidentes de 2012 y de 2017.

Es urgente promover un nuevo modelo que, junto con las exigencias de estabilidad presupuestaria, contemple población, envejecimiento y circunstancias que incidan en los servicios públicos, así como las consignaciones de inversión presupuestaria que preserven la eficiencia en el gasto y equidad en la distribución entre comunidades autónomas, para evitar agravios comparativos entre regiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, intervengo en este turno de portavoces sobre este Proyecto de Ley del concierto económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la fijación también de la cuantía del denominado cupo vasco.

Ya les anuncio que, igual que hicimos en el Congreso de los Diputados, Unión del Pueblo Navarro votará hoy en el Senado a favor de la tramitación y la aprobación de estos proyectos de ley.

Y lo hacemos por varias razones: en primer lugar, porque se trata de un concierto que es legal, que forma parte de la Constitución española, y esa ha de ser la primera y más poderosa razón para apoyarlo hoy en la Cámara de representación territorial, el Senado. En segundo lugar, se trata de un instrumento legal con cierta semejanza al convenio económico de la Comunidad Foral de Navarra y, como saben, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, siempre ha defendido esa foralidad y, desde luego, lo haremos cuando llegue aquí ese convenio económico.

En tercer lugar, el régimen foral es un régimen que, por supuesto, tiene puntos fuertes, porque permite tener una Hacienda propia y poder regular los impuestos con un límite importante, y es que la presión global efectiva sea equivalente a los impuestos del Estado. Eso, desde luego, no se puede obviar, y por ello, según nuestra opinión, no se trata de territorios con ventajas fiscales, porque los regímenes forales también tienen sus desventajas, por supuesto, porque en periodo de crisis, con una caída atroz de ingresos, estos regímenes no pudieron acceder a los instrumentos financieros que el Estado estableció para las comunidades autónomas de régimen común, como fue el Fondo de liquidez autonómico. Y Unión del Pueblo Navarro, mi partido, nunca ha criticado, ni lo va a hacer, que se estableciera ese Fondo de liquidez autonómico; más bien, al contrario. A nosotros nos ha parecido siempre positivo porque, desde luego, queremos lo mejor para todas las comunidades autónomas y para todos los españoles.

Por eso, señorías, nos resulta muy duro escuchar cómo algunos líderes políticos critican este régimen foral, y eso, según nuestro modo de ver, son prejuicios sin fundamento. Además, se han utilizado aquí, hoy, argumentos totalmente inciertos. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, un partido foralista al cien por cien, como ustedes conocen, va a defender este régimen que forma parte de la arquitectura constitucional española porque es un derecho amparado y recogido en la Carta Magna, y hoy, por ello, vamos a votar a favor.

Señorías, cuando llegue a la Cámara el convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra, que confío en que sea en este próximo periodo de sesiones, espero —en el tiempo del que pueda disponer— poder convencer a todas sus señorías de que se trata de un instrumento totalmente solidario con el resto de comunidades, y que se trata de un sistema para sumar con todos y no, como he podido oír hoy aquí, para quitar a otros. Desde luego que no, para quitar a otros, nunca. Estoy seguro también de que, visto lo visto hoy aquí, para algunas formaciones políticas será predicar en el desierto, pero yo lo intentaré hacer con números y con argumentos.

Por ello, hoy vamos a apoyar estos dos proyectos de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al ministro Montoro que haya venido a presentar este proyecto de ley, porque siempre tiene esta deferencia con el Senado.

Me ha sorprendido que usted, que hoy venía solo a hablar del País Vasco, haya tenido unos minutos de publicidad para Cataluña. Ya que hemos descubierto que algunos acuerdos los hace consigo mismo, estaría bien que cuando se mire en el espejo también busque su parte de responsabilidad con lo que ha pasado y está pasando en Cataluña, porque, en mi opinión, usted tiene mucho que ver con algunos aspectos relacionados con el régimen fiscal.

Aparte, hay otra cuestión que a mí me sorprende, y a la que ayer también hizo referencia, porque parece que los ciudadanos no viven en ningún territorio, viven en el espacio sideral, o en aquella Ítaca que usted iba buscando ayer dónde estaba situada. Las personas pagamos impuestos pero vivimos en un territorio, y hay un balance fiscal de dichas personas. Y fíjese si los territorios existen, que hoy estamos hablando de un cupo y un concierto con el País Vasco que nos parecen muy bien; por tanto, los territorios existen y tienen un déficit o un superávit fiscal. Por consiguiente, tampoco cambiemos las cosas, porque las cosas son como son.

Además, en otro momento de su intervención, se ha complicado la vida explicando más cosas de la cuenta cuando ha hecho referencia a las pensiones, porque hoy lo que toca es hablar de otro asunto. Si de algo no puede hablar su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, es de pensiones, cuando en este mismo momento, para pagar la paga extra de los pensionistas, se han pulido los 67 000 millones del Fondo de pensiones. Por tanto, no venga aquí a hacer según qué anuncios publicitarios cuando no toca.

Voy al tema, porque podría hablar de otras cosas, pero quiero hablar de lo que toca. En la Constitución de 1978 que se aprobó, los que la votaron y la votamos, ya había un reconocimiento de las nacionalidades o naciones históricas que forman parte del Estado español. Un exponente de esta situación, de este reconocimiento, precisamente son los derechos forales del País Vasco y de Navarra. Por tanto, a nosotros nos parece muy bien lo que hoy se trae a aprobación en este Senado, porque responde a ese compromiso, que no se ha respetado en todo, pero si en una cosa se respeta, en el concierto y en el cupo vasco, no seremos nosotros los que diremos que no, sino todo lo contrario, porque precisamente cuando se hizo el pacto constitucional si alguna cosa unió fue el respeto a las nacionalidades, a las naciones históricas que formábamos y formamos este Estado. Celebro que me diga que sí con la cabeza, porque no siempre se ha respetado en estos años y, en el caso de Cataluña —del que usted ha hecho unos minutos de publicidad— estamos como estamos porque no ha habido este respeto. El desarrollo autonómico y el marco competencial y su financiación han dado lugar en las comunidades forales al cupo y al concierto, lo que nos parece muy bien, y en las otras ha tenido la financiación autonómica que están incumpliendo desde hace cuatro años. Su Gobierno está fuera de la ley y la ley está para cumplirla. El señor Rajoy siempre que viene aquí nos repite el mantra: la ley está para cumplirla, pues la Ley de financiación autonómica también, y ustedes la han incumplido reiteradamente, llevan cuatro años sin cumplir esta ley.

Nos parece que en el pacto constitucional el concierto y el cupo vasco son un rasgo diferencial que emanan de ese pacto. Por tanto, desde el Partit Demòcrata vamos a votar a favor del concierto y del cupo vascos, como siempre ha hecho nuestra formación política. Lo hacemos porque es un acto de respeto al autogobierno vasco, porque es un acuerdo bilateral entre el Gobierno legítimo del País Vasco, que representa al pueblo vasco y el Estado español. Este acuerdo bilateral nos parece bien porque precisamente esto significa que hay autogobierno y voluntad de autogobierno. Por eso el País Vasco puede decidir y celebramos que sea así, porque si este respeto se diera en todo el territorio no tendríamos algunos de los problemas que tenemos. Este respeto al autogobierno vasco nos parece muy bien, porque es una de las naciones que forman parte del Estado español, tiene este acuerdo y se le respeta. Responde también a la diversidad nacional, a la diversidad lingüística, a una realidad concreta. Los que no lo aceptan es porque solo quieren la uniformidad. Cuando alguna formación política dice que no respeta este concierto vasco, creo que quiere decir que quiere un Estado español uniforme, sin respetar las diferencias. El Estado español solo sobrevivirá si es capaz de respetar las diferencias, si poniendo en valor las diferencias sabe sumar. He de decir que el balance a día de hoy no es así. En cambio, en el cupo vasco y en el País Vasco es así, lo celebramos, le damos de forma entusiasta nuestro apoyo, porque es la forma de construir; otras formas son las de destruir y no construir un Estado. Hoy cuando usted despache consigo mismo en uno de estos momentos que tiene de encontrarse con usted mismo, reflexione, porque a veces va bien. Celebramos que hoy venga aquí por lectura única y procedimiento de urgencia, que se ve que puede hacerse en el Senado y en otras partes no; celebramos que sea así en el Parlament de Cataluña y en el Senado, porque hay cosas que se pueden tramitar por urgencia. Por tanto, daremos nuestro respaldo entusiasta a este proyecto de ley y también al del cupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Cleries.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro.

Quienes vivimos en el Estado español sabemos que entre todos hemos logrado que sea un Estado descentralizado, donde nos hemos ido repartiendo competencias y, por tanto, responsabilidades entre la Administración central del Estado y las administraciones autonómicas y locales. Así es como lo acordamos en la Constitución española y así es como lo hemos ido desarrollando desde hace prácticamente cuarenta años.

Cuando desde algunos ámbitos se realza —y me parece bien— el importantísimo desarrollo y progreso que ha tenido España gracias a la Constitución, hay que recordar también que parte de este progreso es debido al proceso de descentralización de competencias desde la Administración central del Estado hacia las administraciones autonómicas; proceso, señorías, que sin duda alguna ha acercado el poder de la toma de decisiones a la ciudadanía, especialmente en los servicios públicos. Es la propia Constitución también la que reconoce los derechos de algunos territorios, derechos históricos de los territorios. Por supuesto, los derechos históricos de los territorios son conquistas de los ciudadanos, son derechos de los ciudadanos, no son derechos de las piedras, son pactos preexistentes que expresamente se plasmaron en la Constitución, porque así se decidió y obtuvo el amplio consenso que obtuvo.

Señorías, es necesario respetar los pactos históricos, por ejemplo, el que tiene que ver con una financiación autonómica específica, que es el tema que hoy nos ocupa, o el que establece una de las disposiciones adicionales, que recoge una fiscalidad diferente para Canarias con respecto al territorio continental, el famoso REF del que ustedes también nos han escuchado hablar en este Pleno. En nuestro caso, el REF, nuestros derechos históricos, datan de los Reyes Católicos tras la conquista de Canarias. Y si los canarios hoy —los de hoy— exigimos que se respete ese derecho histórico, también apoyamos que se respete el derecho foral recogido en la Constitución.

Nos preocupa, y nos preocupa mucho, algo de lo que hoy se ha dicho en la defensa de los vetos. Nos preocupa la posición recentralizadora de algunos partidos nuevos y de no respetar la historia. Y se lo digo, señor Alegre, desde el respeto y la cordialidad de las diferencias que tenemos. Desde nuestro punto de vista, si no se respetan los derechos históricos conquistados por los ciudadanos de un territorio, de los cuales hoy disfrutan los ciudadanos que viven en ese territorio, hayan nacido donde hayan nacido, no se está respetando la historia y eso me preocupa; pues, muy al contrario de ese discurso de la unidad que algunos dicen defender, se está sembrando una peligrosa situación de enfrentamiento entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas.

Alguno de los argumentos expuestos en los vetos es que no se ha discutido un nuevo modelo de financiación para el resto de las comunidades. Pero, señorías, todos sabemos que el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, llamadas de régimen común, requiere de un pacto multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lo que hoy estamos discutiendo es producto de un pacto bilateral entre la comunidad autónoma vasca y el Estado. ¿Por qué? Porque así está recogido en la Constitución. La esencia de la foralidad es el concierto, el cupo vasco que, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, son de carácter paccionado.

Ojalá que hubiera llegado este acuerdo a la par que el nuevo modelo de financiación. Nosotros, en Canarias, exigimos que se renueve el modelo de financiación desde hace ya casi cuatro años y vamos a seguir exigiéndolo y trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal, pero somos conscientes de que la responsabilidad de que no tengamos una financiación autonómica mejor, más justa en Canarias no es responsabilidad ni del pueblo vasco ni del Gobierno vasco.

Señorías, me extraña que no quieran apoyar hoy un derecho reconocido en la Constitución y que digan que es por defender otros territorios. Desde luego, no creo que sea por defender a Canarias. Cuando Ciudadanos inició su andadura política en Canarias, lo primero que hizo en las primeras elecciones a las que se presentaron fue defender abolir el REF en Canarias. Después de las elecciones, y tras quedar fuera del Parlamento, han dicho que el REF es necesario. ¿No será que la causa está en las elecciones catalanas? ¿No será que, incluso a costa de ponernos a pelear a las diferentes comunidades autónomas por conseguir más votos en las próximas elecciones catalanas, se está manteniendo esta postura? No sé, señorías, quizás me estoy haciendo mayor. Ahora llaman a eso principios, en mi época lo denominábamos oportunismo o populismo, pero nunca principios porque estos no cambian según los resultados electorales.

Señoría, aprendamos de la experiencia. Estamos viviendo lo que estamos viviendo en España, estamos viviendo lo que estamos viviendo en otros países europeos: cuando los partidos políticos deciden enfrentarnos a los ciudadanos de los territorios, ahondando y enfrentando las diferencias históricas de los territorios y no reconociendo esa pluralidad como un elemento de progreso, el resultado es negativo, y lo estamos viviendo en España.

Es el momento de seguir progresando. Por eso es necesaria una reforma de la Constitución para que, tras los años transcurridos, corregir las ineficiencias del sistema que ya conocemos, mejorar la coordinación y evitar los continuos choques competenciales que nos están desgastando. Ese es el proceso que toca, no el de retroceder a Estados preconstitucionales, que es al que volveríamos si no se respetan los derechos históricos conquistados por los ciudadanos y recogidos en la Constitución. Por eso Coalición Canaria va a apoyar hoy estas iniciativas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, egun on, buenos días.

Esta es una sesión parlamentaria de enorme importancia para nuestro grupo y entiendo, y me consta, que también para los y las representantes del País Vasco de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara. Estas dos leyes que debatimos para su aprobación ratifican lo acordado en estas materias en la Comisión Mixta del Concierto, que evidencian el acuerdo bilateral entre el Estado y el País Vasco, algo que en nuestro grupo ponemos en valor: el carácter pactado del modelo de financiación vasco que constituyen el concierto económico y el cupo, componentes esenciales del autogobierno vasco. El acuerdo alcanzado, por un lado, adapta el concierto a los distintos cambios legislativos que se han producido en el ordenamiento jurídico tributario estatal que estaban pendientes de incorporación al mismo, entre otras, medidas con respecto al IRPF, sociedades, IVA, sucesiones y donaciones, concertación de impuestos sobre el valor de extracción del gas petróleo y condensados, así como mejoras tanto en la capacidad de gestión tributaria de las diputaciones forales como la mejora de la coordinación entre administraciones.

Por otro lado, la ley quinquenal del cupo para el período 2017-2021 viene a normalizar y regularizar las relaciones financieras Euskadi-Estado, acabando con las discrepancias de los últimos diez años, que van a permitir certidumbre económica, estabilidad financiera y seguridad jurídica en todas las instituciones vascas.

Para que el sistema de concierto funcione satisfactoriamente se precisa que ambas administraciones, la estatal y la vasca, mantengan en todo momento adaptado y al día el concierto económico. El concierto establece un sistema sustentado en el pacto, siendo esta una de sus características más relevantes, en las que no cabe la subordinación. Lo que aprobamos hoy no es más que el cumplimiento de lo que establecen las propias leyes del concierto y cupo. La Ley del concierto en su disposición adicional segunda y el artículo 50 establecen la necesidad de este acuerdo previo, también la propia Ley de cupo las prevé en dos disposiciones adicionales, la cuarta y la quinta, en las que las revisiones deben hacerse de común acuerdo en la Comisión Mixta del concierto.

Por tanto, la modificación de las leyes que regulan el concierto y las leyes quinquenales de cupo que Euskadi abona al Estado precisan como paso previo para su aprobación el pacto, el acuerdo entre ambas administraciones, demostrando que el principio de bilateralidad es posible. Lo que hoy venimos a debatir para su aprobación, lo que hoy se puede ratificar o no es el acuerdo que se ha alcanzado entre ambas administraciones. No caben enmiendas al acuerdo porque lo desvirtuaría y no sería conforme a la ley.

Quiero en el tiempo del que disponga aclarar determinadas manifestaciones que venimos escuchando en relación con el concierto y el cupo, erróneas en algunos casos, sin rigor en otras, en las que se habla de sobrefinanciación de la comunidad autónoma vasca, de privilegio, sombras sobre la figura del concierto y del cupo que creo que merecen, una vez más, decir lo que sí es y lo que no es el concierto y el cupo.

Con respecto al trámite de lectura única, no me voy a extender, no voy a hacer ninguna referencia, creo que quedó meridianamente claro y motivado en el anterior Pleno.

El concierto económico y el cupo constituyen un todo inescindible en la configuración del sistema concertado, que rige las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y el Estado. No se entiende lo uno sin lo otro. El concierto económico y el cupo son más que el instrumento legal que regula las relaciones de orden tributario y financiero entre las instituciones vascas y la Administración del Estado. El concierto basa su vigencia presente en la voluntad permanente de autogobierno y en la capacidad de autoorganización de la sociedad vasca y sus instituciones. El sistema de concierto económico actualiza nuestro régimen foral y supone el reconocimiento contemporáneo de los derechos históricos, deviene de una realidad anterior al proceso de construcción incluso de lo que hoy es el Estado español y su origen concreto se sitúa tras la abolición de los fueros en 1876. Asimismo, queda contemplado en el bloque de constitucionalidad que conforman la Constitución y el Estatuto de Gernika.

El concierto económico está legitimado no solo históricamente. La Constitución no crea este derecho, simplemente lo reconoce, ampara y protege a través de la disposición adicional primera. Su reconocimiento, amparo y respeto no se encuentran técnicamente en el articulado, artículos 156 y siguientes de la Constitución, que regulan el régimen financiero autonómico, sino en la citada disposición adicional primera. También está legitimado en el Estatuto de Gernika, que en su artículo 41 señala que las relaciones tributarias y financieras entre el País Vasco y el Estado vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto o convenio. También está avalado por la Unión Europea a través de distintas sentencias. Estas sentencias establecen como condición que para que los sistemas concertados sean legales, cuenten con autonomía institucional, normativa y económica, algo que es muy importante, que las consecuencias financieras no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes del Estado en el que esta comunidad esté integrada, de forma que si existen dificultades o déficit por medidas que hayan tomado, estas no pueden ser solucionadas con rescates del Estado. El concierto, por tanto, es y debe ser para las instituciones vascas un sistema de riesgo unilateral. El concierto es un sistema fiscalmente responsable, que no supone ningún tipo de privilegio, y luego volveré sobre esa idea.

Euskadi recauda sus propios impuestos para hacer frente a los gastos y servicios públicos de todas sus instituciones por las competencias que tiene asumidas. De la misma forma, Euskadi, con carácter obligatorio y prioritario, debe pagar el cupo establecido al Estado como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la comunidad autónoma, así como a contribuir al Fondo de compensación interterritorial, independientemente de la evolución de la recaudación.

La cifra del cupo se calcula en función de las variables que dependen del propio Estado y que se encuentran en los Presupuestos Generales del Estado. Euskadi paga el 6,24 de todas las competencias no transferidas a la comunidad autónoma, independientemente del lugar en el que el Gobierno central realice el gasto. Por ello, dado que, por ejemplo, no tenemos la transferencia de ferrocarriles, Euskadi viene pagando el 6,24 % de todos los gastos e inversiones realizadas en el Estado por el despliegue del AVE, a pesar de que en territorio vasco todavía no disponemos de este medio de transporte.

La consecuencia de este riesgo unilateral del que hablamos deriva de que los beneficios o perjuicios derivados de una buena o mala gestión tributaria en Euskadi corresponderán exclusivamente al conjunto de sus instituciones y repercutirán en exclusiva sobre la sociedad vasca. Este es el motivo por el que en la gestión del concierto económico en Euskadi siempre hemos seguido los principios de responsabilidad y estabilidad, porque para que el sistema de concierto funcione la eficacia de su resultado depende de un adecuado sistema de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Y aquí encaja la propuesta que realizó en fechas recientes el lehendakari Urkullu, planteando como modelo de referencia no que todas las comunidades pasaran a un sistema concertado, sino avanzar en un modelo descentralizado asentado en principios de responsabilidad fiscal y financiera, en un sistema corresponsable. Se precisa de una gran capacidad de gestión política e institucional tanto en la recaudación de impuestos como en la gestión del gasto, ya que con el sistema del concierto Euskadi no puede acudir a sistemas extraordinarios o mecanismos de financiación del Estado, como sí pueden hacer el resto de comunidades autónomas de régimen común para atender a sus gastos.

Otra de las falsedades que se dicen del concierto: Euskadi es un paraíso fiscal. Nada más lejos de la realidad, el concierto no favorece la reducción de impuestos ni posibilita que Euskadi sea un paraíso fiscal; el dato cierto, y además se puede corroborar, es que la presión fiscal media en Euskadi ha sido siempre superior a la del territorio común, y esto es así desde 1981, con tipos marginales de renta mayores, incluso con tributos que gravan la riqueza. Otra de las falsedades: Euskadi no es solidaria. La aportación vasca está fijada en el 6,24 % por encima del ratio de población, que es de un 4,6, y el de riqueza, que es de un 6,1. Euskadi aporta por encima de lo que le corresponde, aportamos el 6,24 % al Fondo de solidaridad interterritorial, que es el instrumento que utiliza el Estado para contribuir a la solidaridad entre regiones, un fondo cuyo importe fija el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, fondo del que evidentemente no se beneficia Euskadi. También se nos achaca que la capacidad de gasto por habitante en Euskadi es más alta y que todo está relacionado con el concierto y con el cupo; es falso también. Tenemos unos impuestos más altos, recaudamos más con una tasa de eficiencia fiscal mayor, tenemos cinco puntos menos de fraude y elusión fiscal y el peso de la economía sumergida es menor, aproximadamente en torno al 5 %. Es cierto que el nivel de renta en Euskadi es un 30 % superior al de la media del Estado y también es cierto que tenemos más competencias y el que dispongamos de más recursos para financiar dichos gastos depende y es consecuencia de lo anterior. En definitiva, una renta más elevada, más competencias y eficacia más alta explican que el gasto público per cápita sea más alto. Esta capacidad de gasto la destinamos y la queremos destinar a la mejora de la vida de las personas, a sanidad, a políticas sociales, a educación, y además así nos lo exige una sociedad, la vasca, que está dispuesta a un mayor esfuerzo fiscal siempre que repercuta en políticas orientadas a un mayor desarrollo sostenible e inclusivo.

Especialmente injusta es la crítica de que el acuerdo es un amaño, ahora apaño, parece ser, un cambio de cromos, también se ha dicho esto. El acuerdo que se ha alcanzado ha puesto fin a diez años de inseguridad. Por tanto hay que insistir en que la base de este acuerdo es legal y técnica, acuerdos realizados por los técnicos y técnicas del más alto nivel y conocimiento de ambas administraciones, y que ahora, una vez pactado en la Comisión Mixta del Concierto Económico precisan de una ratificación política, esta, la que hoy debatimos y podremos aprobar.

Que el acuerdo del cupo sea complejo no quiere decir que sea opaco, que no sea accesible a todo el mundo no quiere decir que sea opaco; acuerdo, el del cupo y el del concierto, al que irresponsablemente y sin base técnica determinados partidos políticos califican de cuponazo insolidario, privilegio y las más recientes, como he dicho, de amaño o apaño, que pretenden una comparación homogénea de regímenes de financiación común y foral basados en trabajos científicos de parte que se enfrentan a importantes dificultades conceptuales y metodológicas y de disponibilidad de información y que exigen asumir condiciones e hipótesis más que discutibles, a nuestro entender erróneas, para poder comparar regímenes profundamente distintos en su concepción, principios y filosofía.



Dicho de otra manera, obligan a crear una realidad paralela para justificar a través de las críticas al concierto la deficiente financiación de los territorios de régimen común.

Ustedes saben que entre los distintos sistemas de financiación del Estado, las quince comunidades autónomas de régimen común y las comunidades forales, no existen vasos comunicantes. A las comunidades de régimen común no les afecta en absoluto el hecho de que el País Vasco pague más o menos cupo, ya que la relación es absolutamente bilateral con el Estado. Este financia a las comunidades del régimen común con independencia de lo que se pague por cupo, por lo que no se puede hacer responsables a las comunidades forales de la situación del resto de comunidades autónomas. Simplemente, son sistemas diferentes. Aunque el País Vasco diese el cien por cien de su recaudación, primero, no irá a las comunidades autónomas, sino que iría al Estado, y, segundo, esa cantidad no arreglaría el problema de la financiación del régimen común.

Por tanto, señores de Ciudadanos, mienten en sus planteamientos, reiteradamente. Además, repetir muchas veces una mentira no la va a convertir en realidad. Pretenden con esa mentira obtener réditos electorales en el corto plazo. Eso —ya lo han dicho varios compañeros— es oportunismo. Nuestro partido es distinto al suyo, básicamente por la perspectiva que nos da nuestra larga trayectoria democrática, con arraigo, vocación de servicio público y contacto permanente con la sociedad. La labor política no debería basarse nunca en la mentira, en la ligereza ni en la improvisación sin memoria, que, como le digo, les podrá dar un éxito efímero en el corto plazo, pero les auguro que les dará problemas en el medio y en el largo plazo.

En definitiva, no se debería hablar a la ligera de privilegios, paraísos fiscales, insolidaridad, y menos desde la responsabilidad política. Un hecho diferencial no equivale a privilegio alguno, como tampoco el reconocimiento de una diferencia equivale a desigualdad alguna. Conviene por ello recordar la diferencia entre privilegio y derecho, para quienes sin rigor y sin rubor hablan de privilegio, de amaño, al referirse al cupo. La naturaleza de privilegio, excepción, exención o franquicia consiste en una posición jurídica que se concede, que se otorga. Esa es la esencia del privilegio. Mientras que el derecho es el ordenamiento que rige una relación jurídica. En nuestro caso, el concierto y el cupo son el derecho que rige nuestra relación fiscal y financiera con el Estado; relación con más de 800 años de antigüedad y que en su manifestación de concierto y cupo alcanzan casi los 140 últimos años.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los agentes institucionales, políticos, económicos y sociales para que se preserven el consenso y el pacto en torno al modelo de concierto económico y cupo. Y un llamamiento especial a los responsables, instituciones y políticos para que se sustraiga de este asunto la legítima disputa partidaria y electoral. El debate sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas no debe buscar explicación a sus eventuales necesidades en el sistema del concierto económico, puesto que la viabilidad del modelo de financiación del régimen común no depende del cupo vasco. Por nuestra parte, mantenemos la defensa firme del pacto político bilateral entre Euskadi y el Estado. Manifestamos el máximo respeto al concierto económico y al cupo como instrumento de convivencia política y garantía de bienestar.

Quiero hacer una mención antes de terminar, ya que nos resulta especialmente incomprensible la abstención en la ley del cupo del partido EH Bildu, como si el concierto y el cupo fueran escindibles, avalando desde un partido de ámbito vasco las críticas y el cuestionamiento del concierto y del cupo, más relacionadas con la estrategia política de ir en contra del PNV y fuera de la lógica del apoyo social general del que goza el sistema de financiación vasco en Euskadi.

Termino manifestando mi agradecimiento a todos los grupos políticos que van a apoyar estas dos leyes. Y a aquellos que van a votar en contra quiero tenderles la mano, para explicarles con datos y cifras todo lo dicho hoy aquí y también para intentar que en un futuro puedan apoyar estas dos leyes. Asimismo, quiero agradecer la labor de todo el cuerpo técnico que ha trabajado para lograr este acuerdo y salvar las diferencias, especialmente del consejero de Hacienda, el señor Azpiazu, del ministro de Hacienda, el señor Montoro, y de los diputados de Hacienda, señor Iruarrizaga, señor Larrañaga y señor Cimiano.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente jauna. Eskerrik asko. Buenos días, señorías. Ministro jauna, egun on.

En Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que reconocer la plurinacionalidad es defender la autonomía territorial de las comunidades autónomas. Y reconocemos la plurinacionalidad de nuestro país no solo como un hecho folclórico, sino respetando la autonomía de los territorios y sus conquistas históricas.

El concierto económico es un sistema, no solo constitucionalmente reconocido, sino también protegido, y es el máximo exponente de la autonomía territorial que este grupo parlamentario defiende. Por ese motivo apoyamos el concierto económico y el cupo vasco, a la vez que reafirmamos la urgente necesidad de reformar el injusto modelo de financiación autonómica y la revisión del sistema de financiación de las autonomías del régimen común; debate que, además, debería darse en esta Cámara, el Senado, como máxima prueba de su carácter territorial. No se trata de defender el café para todos, como suele gustarle decir al Partido Nacionalista Vasco, sino de aplicar un valor fundamental para una fuerza progresista que cree, sinceramente, en otro modelo de Estado, y ese valor no es otro que la solidaridad interterritorial, señor ministro. Nosotros sí creemos en ella. Nada de lo que pasa en el resto de territorios del Estado es ajeno a Euskadi, como nada de lo que pasa en Euskadi es ajeno al resto de territorios del Estado, porque no se puede abordar la cuestión del concierto y el cupo vasco como si alguien viniera a Madrid a ver qué consigue rascarle al Gobierno, a ver qué consigue sacarle a Madrid.

El problema no es el cupo o el concierto, sino quienes lo utilizan de forma irresponsable, bilateral y poco transparente para negociar otros asuntos, como el apoyo a unos presupuestos que afectan negativamente al conjunto de las clases populares de nuestro país, desprestigiando la institucionalidad y dando alas, de una manera irresponsable, a quien ve en la actual coyuntura política la oportunidad para iniciar un proceso de recentralización que supondría un retroceso democrático en los derechos adquiridos. Señorías, el problema no es el cupo o el concierto, sino el uso que se hace de ellos para afianzar relaciones clientelares entre partidos gobernantes, en este caso, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, extendiendo un manto de opacidad a la ciudadanía sobre cuánto cuestan los servicios generales del Estado en el territorio y cuál es, en definitiva, el sistema de cálculo del cupo. Igual de peligroso es estigmatizar la descentralización territorial del Estado, sobre todo con la conducta irresponsable e inconstitucional de Ciudadanos. Hay que recordarles a los senadores de Ciudadanos que fue su partido y no otro quien apoyó los Presupuestos Generales del Estado, en los que se contemplaba el cupo vasco como condición sine qua non. Este cambio demagógico resulta altamente irresponsable. No les importa fomentar la confrontación territorial con tal de recabar algunos votos. Utilizar la confrontación territorial con fines electoralistas no es solo irresponsable, sino que supone una hipocresía sublime, cuando fueron ustedes quienes aprobaron los Presupuestos Generales del Estado en los que se contemplaba el cupo vasco.

Señores de Ciudadanos, su conducta respecto al concierto y al cupo vasco es profundamente irresponsable y anticonstitucional. Irresponsable porque ustedes parten de una premisa que saben que es falsa: no es cierto que se trate de un privilegio fiscal. Ustedes saben, o deberían saberlo, que la presión fiscal en todo el territorio de régimen común es similar a la que existe en los territorios forales. Es más, los únicos estudios serios que se han hecho hasta la fecha hablan de una presión fiscal mayor en los territorios forales que en los territorios de régimen común. Por favor, dejen de hacer el ridículo, no pueden ustedes fomentar el cuñadismo de esta manera tan indisimulada. No están ustedes hablando en una taberna, están ustedes en las Cortes Generales. Su postura es de un tremendo espíritu inconstitucional porque ustedes, que tanto defienden los valores constitucionales en otros territorios de España, o eso dicen al menos, pretenden cargarse uno de los logros del pacto constitucional, la disposición adicional primera. El otro día el señor Alegre, con motivo de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda en la Comisión de Hacienda y Función Pública, lo volvió a repetir. Cita literal: Debe dejarse sin efecto, derogarse el sistema del concierto económico. Eso sí es un ejercicio de separatismo, de separatismo del pacto territorial que se alcanzó en el año 1978, y todo porque a ustedes hoy les da más votos la recentralización. Repito, son ustedes irresponsables y, además, inconstitucionales.

Nuestro grupo, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado porque España necesitaba y necesita unos presupuestos que estén a la altura del país y que cierren la brecha social, garanticen la creación de empleo de calidad, aborden la reforma tributaria pendiente y promuevan un cambio de modelo productivo. Sin embargo, los presupuestos de 2017 no han atendido a ninguno de estos cuatro desafíos. Señor Montoro, atienda usted a estos cuatro retos si quiere ver esa amplísima mayoría que ha reclamado, aunque pocas esperanzas tengo de que lo haga.

Como decía, nuestro grupo votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado y denunció el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para cambiar apoyos por euros. Lo denunciamos entonces y lo denunciamos ahora. Pero en Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea lo que no vamos a hacer es entrar al juego de enfrentar a los pueblos sobre la base de debates ficticios que no solucionan los problemas que se derivan del fondo de esta discusión, como han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista a lo largo de su trayectoria canovista. Les propongo un ejercicio de revisión histórica. El Partido Popular y el Partido Socialista llevan años protagonizando el mismo sainete: cuando están en el gobierno central pactan con los nacionalistas vascos y con los nacionalistas catalanes a conveniencia, pero cuando están en la oposición sus gobiernos autonómicos se dedican a azuzar el conflicto territorial por el tema de la financiación. Esto, tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, no va de conflicto por la financiación, va de intereses partidistas. Y repito, utilizar la confrontación territorial con fines electoralistas es simplemente irresponsable.

Como he dicho al principio, nuestro grupo apoya el concierto y el cupo vasco a la vez que defendemos la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que mejore la financiación de todas las autonomías y que cierre las puertas a futuros acuerdos de intereses mutuos con el dinero de todos y todas entre el gobierno de turno y partidos como el Partido Nacionalista Vasco; acuerdos que se firman con opacidad, sin el mínimo exigido en materia de transparencia. Pedimos al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco que expliquen el porqué de una negociación sobre financiación territorial sin que se aporten, negro sobre blanco, todos los detalles de la misma, todos los cálculos, todos los criterios fiscales empleados, porque si hoy el derecho de la ciudadanía vasca a gobernarse a sí misma en materia fiscal se está poniendo en cuestión es, en gran medida, por la falta de transparencia de estas negociaciones. Esta falta de transparencia en las negociaciones y en el mismo pacto es lo que está poniendo en riesgo nuestros derechos, los de toda la ciudadanía vasca.

Un Estado plurinacional no es un invento para satisfacer las demandas políticas de catalanes o vascos, es una valiosa y potente herramienta para que los gobiernos de todos los territorios y comunidades del Estado cuenten con los recursos financieros económicos que necesitan para poder asegurar servicios públicos, como la sanidad y la educación, que su ciudadanía necesita, merece y demanda. Nosotros ponemos el bienestar de la ciudadanía por encima de cualquier otra cuestión, y cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de los recursos con los que cuentan las diferentes comunidades para ofrecer servicios públicos de calidad.

Hablar de financiación territorial es hablar del bienestar ciudadano, señorías; es hablar de solidaridad entre los ciudadanos. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Es hablar de que paguen más impuestos los que más tienen; es hablar de que paguen más impuestos el IBEX 35 y las empresas multinacionales; es hablar de que no haya hasta ocho años de diferencia de esperanza de vida en la misma ciudad en la que hoy estamos hablando; y es hablar de gobernar sin robar, sin corrupción. No es una entelequia, no es un discurso abstracto entre políticos y partidos, es un pacto con la ciudadanía y el reconocimiento al derecho a disfrutar de unos servicios públicos a la altura que se merecen. Precisamente, el gran problema que tienen las comunidades autónomas para financiarse es el techo de gasto y la supervisión del señor Montoro, que recortan la autonomía política de las comunidades autónomas desvirtuándola por completo.

La política de austeridad aboca a la competencia entre territorios por una financiación mermada que no alcanza para cubrir los derechos básicos de los ciudadanos. Necesitamos una alianza para poner fin a esta política de austeridad, y nuestro grupo estará en primera línea defendiendo una financiación justa para todos los territorios, y lo haremos sobre la base del principio de plurinacionalidad y respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación interterritorial. En resumidas cuentas, y con esto termino, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defiende la mejor financiación posible para Euskadi, como la defiende para los demás territorios. Nuestro voto será un sí a la modificación de la Ley del concierto económico y la aprobación de la Ley quinquenal del cupo. Un sí desde la responsabilidad política, institucional y territorial.

Muchas gracias. Mila esker.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, también quiero darle la bienvenida, ya que ha venido a esta Cámara para defender estos dos proyectos de ley; son tan pocas las leyes que llevamos en esta legislatura que se agradece su presencia. Pero también le digo otra cosa sin que sirva de precedente, y es que coincido en buena parte con su discurso de hoy. No sé si eso debe preocuparme a mí o a su grupo político. (Risas).

La senadora de Foro ha hecho cierta comparación entre el Grupo Socialista y el franquismo, y nos lo hemos tomado con humor, como habrá comprobado, pero al mismo tiempo nos ha servido para darnos cuenta de que a usted no le gusta Franco, lo cual es bueno porque tenía engañada a toda la Cámara. (Risas.— Aplausos).

El concierto y el cupo para la Comunidad Autónoma Vasca, que viene precedido por una cierta polémica, no debería tener ningún problema, al menos respecto del primer proyecto de ley, ya que hablamos de algo que emana de nuestra propia Constitución, pues su disposición adicional primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. De lo que se trata con esta ley, como ha dicho el ministro, es de actualizar la Ley 12/2002, como se ha hecho otras veces —la última en 2007—, adecuándola a los cambios tributarios producidos en este periodo. Se trata, en definitiva, de pura técnica operativa, jurídica y normativa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Otra cosa, señorías, es que legítimamente alguien, algún grupo, quiera modificar la Constitución en este sentido y en esta materia. Díganlo, pero convendrán conmigo en que este no es ni el momento ni el lugar. Existe una comisión para ello en el Congreso, a la que también se ha referido el ministro, que se creó a iniciativa del Grupo Socialista. Úsenla y hagan sus propuestas de modificación en ese foro.

El segundo proyecto de ley trata del cálculo de la contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado en la comunidad vasca durante el quinquenio 2017-2021, el denominado cupo vasco. Tampoco debería, en principio, suponer problema alguno, pues se trata de aprobar la metodología empleada para su cálculo. Está establecido que sea una comisión mixta la que lo negocie de forma bilateral, Gobierno vasco-Gobierno de España, y acuerde, entre otras cosas, el índice de imputación, los ajustes y la cantidad líquida a pagar, así como los índices de actualización. Todo ello se traduce en el cuadro final que hoy se pretende aprobar y que la comisión mixta acordó el pasado 19 de julio. Sí habría que preguntar al Gobierno por qué han tardado tanto; no habría esa sensación de urgencia si se hubiese hecho antes, que desde el 19 de julio ha habido tiempo.

Señorías, esta es la sexta vez que se trae al Parlamento esta cuestión y la única que viene acompañada de esta polémica, hasta el punto de que el propio lehendakari Urkullu tuvo que explicar en un extenso artículo en El País el pasado día 4 los pormenores de esta compleja singularidad territorial. ¿Qué ha pasado —nos preguntamos en el Grupo Socialista— para que esta vez se complique este debate? Nuestro grupo —y adelanto ya nuestro voto a favor de ambas leyes— considera que existen algunas causas, algunas de las cuales están relacionadas con la coyuntura política que estamos viviendo. Qué duda cabe que el grave conflicto que hemos vivido y estamos viviendo en Cataluña ha producido una especial sensibilización ciudadana respecto al tema territorial y que, tras los años de crisis y los recortes en los servicios públicos y en el bienestar general, se han podido acentuar, además, las diferencias territoriales si los servicios no son tan buenos en unos territorios como en otros. Y está claro que esto cala en la ciudadanía.

Pero lo que realmente pensamos nosotros, y queremos resaltarlo, es que hay tres causas fundamentales que motivan esta polémica. En primer lugar, puede ser que la sensación de opacidad en las negociaciones bilaterales haga pensar en otros acuerdos asociados a esta cuestión, no públicos y, por lo tanto, inconfesables y con contrapartidas beneficiosas para unos y otros. Queremos pensar que no, señor ministro. Sería muy grave, en términos democráticos y de lealtad institucional, que unos cálculos que deben ser técnicos, elaborados por los servicios hacendísticos del Estado, se falseen para beneficiar a una comunidad autónoma por intereses partidistas. Sería tan grave que no queremos si quiera pensarlo, pero sí es cierto que deberían explicarse con absoluta claridad para disipar cualquier duda sobre ello y establecer de cara al futuro una metodología totalmente transparente. Pensamos que debe hacerse.

En segundo lugar, como segunda causa, cabe apuntar que un partido político, viendo lo anterior, en este caso el partido de Ciudadanos, ha pensado que sacar el discurso del agravio entre comunidades y sembrar dudas sobre el mayor beneficio de unas sobre otras le puede dar votos en una parte del territorio, y se han lanzado a ello. Este partido político, Ciudadanos, de forma tan oportunista como irresponsable trata de rentabilizar electoralmente un asunto como este sin pensar en las consecuencias que, en términos de convivencia y armonía entre territorios, produce elevar el enfrentamiento y la fractura del país. Es difícil entender que un partido que quiere representar la nueva política utilice algo tan antiguo como esto, asemejándose en este caso, y mucho, a lo que siempre hizo el Partido Popular cuando estaba en la oposición con ese «todo vale» con tal de arañar votos y desacreditar al adversario. Y ya sabemos, señores de Ciudadanos, que las graves consecuencias las estamos sufriendo todos. Además, lo hacen con incoherencia e hipocresía. Otros viejos y malos hábitos de la derecha, pues después apoyan al Gobierno y aprueban los presupuestos donde se recogen las partidas que hoy critican. Es difícil encontrar mejor ejemplo de malos y viejos hábitos políticos, señores de Ciudadanos, es difícil.

En tercer lugar, señor ministro, todo esto se podría haber evitado si se hubiese acompañado con un acuerdo general sobre financiación de las comunidades autónomas, la vasca, por supuesto, pero también el resto. Sabe que debería haberlo hecho en 2013 para el quinquenio 2014-2018. Sabe que son las administraciones autonómicas las que más han sufrido los recortes y las que más han visto deteriorarse los servicios públicos fundamentales que gestionan. Pero han dejado pasar sus años de mayoría absoluta sin hacer nada.

El pasado 17 de enero se celebró en el Senado, en este mismo lugar, la Conferencia de Presidentes y el señor Rajoy se comprometió a presentar el nuevo modelo de financiación autonómica antes de acabar este año. Los expertos han trabajado y ya el día 24 de noviembre todas las comunidades autónomas presentaron sus opiniones y propuestas, pero ahora, en vez de cumplir su compromiso lo más inmediatamente posible y llevar a cabo la negociación, tal y como se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que están haciendo —y lo estamos viendo claramente estos días en sus declaraciones y comparecencias—, es fundamentalmente dos cosas, a nuestro entender: una, intentar que las comunidades autónomas se enfrenten entre ellas y que lo que se plantee sea un «qué hay de lo mío» en lugar de un «qué hay de lo nuestro», que se debata en términos de beneficiadas y perjudicadas para proclamar después: no se ponen de acuerdo, no es culpa nuestra. Y dos, intentar corresponsabilizar a la oposición, especialmente al Partido Socialista, para que les apoye porque no tienen mayoría absoluta, según alegan, y esta hace falta para poder aprobar el nuevo modelo. Como si el Gobierno anterior la hubiese tenido cuando se negoció en el 2008 el modelo actual. Tampoco tenía mayoría absoluta, pero negoció con otras fuerzas políticas y la consiguió. El Partido Popular no apoyó en ese momento la propuesta que aprobaron el Grupo Socialista y otros grupos políticos. Señor Montoro, usted tiene que recordar, porque lo repitió muchas veces, cuál fue la justificación para no apoyarlo: que el modelo que habían acordado el Grupo Socialista y otros grupos beneficiaba a Cataluña. Esos fueron sus argumentos y ahí está la hemeroteca, y les debe sonar a los señores de Ciudadanos.

Por cierto, señor ministro, el pasado día 4 vivimos en la Comisión de Hacienda de este Senado una situación bochornosa. Su secretario de Estado de Hacienda comparecía, en teoría, para hablar de la financiación autonómica, pero dedicó su mayor tiempo y pasión a justificar por qué cuando dejó la alcaldía de Jaén quedó esta ciudad como una de las más endeudadas de España; lo hizo, además, de la forma que acostumbraba a emplear aquí cuando estaba de portavoz y salía a esta tribuna para hacer oposición a la oposición. Yo creo que nada justifica ese comportamiento. Además, sinceramente le digo que creo que no es el mejor interlocutor para la negociación. Pero se lo digo porque realmente fue algo que no nos gustó. (Aplausos).

Por tanto, señor ministro, presente cuanto antes su propuesta, la propuesta del Gobierno y diga cuántos recursos está dispuesto el Gobierno a añadir al sistema. Llevamos cuatro años escuchándole decir lo bien que va la economía. Hoy mismo ha hablado —lo leo textual— de la más sólida recuperación económica de la historia de España —son sus palabras—; también nos ha dicho —y hoy también lo ha repetido— lo bien que va la recaudación de los ingresos públicos, cuando sabemos que las comunidades autónomas tienen una insuficiencia crónica y están muy endeudadas.

Es el momento de demostrar cuánto creemos en nuestro modelo territorial y en nuestro modelo social. Para nosotros, para los socialistas, la financiación de las comunidades autónomas es la financiación del Estado del bienestar, de la educación, de la sanidad, de los servicios públicos sociales y de la dependencia. Por ello, es muy importante para nosotros garantizarlos y por ello queremos llegar a acuerdos. No enrede, no eluda su responsabilidad, señor ministro, presenten una propuesta.

Usted sabe, todos sabemos, que siempre que se ha negociado un quinquenio, una reforma del modelo de financiación, se han inyectado nuevos recursos; en la anterior, que comenzó en 2009, el Gobierno Socialista inyectó 11 000 millones más; ustedes votaron en contra, pero hubo 11 000 millones más a disposición de las comunidades autónomas, lo cual facilita, evidentemente, el acuerdo. Los expertos creen que ahora mismo se necesitan entre 9000 y 16 000 millones para igualar el nivel de calidad de los servicios públicos destinados por las comunidades autónomas que tenían en el 2009. Todos sabemos también, señor ministro, que el envejecimiento de la población ha disparado los gastos sociosanitarios en las comunidades autónomas y que se han reducido los ingresos propios de las comunidades autónomas en estos años al tiempo que se ha triplicado el pago de los intereses de la deuda; una gran deuda de la que el 66 % está en manos del Gobierno, en sus manos, señor Montoro. Sabemos que no es fácil, ni mucho menos. Hemos estado casi veinte años gobernando este país y conocemos las dificultades que existen a la hora de armonizar al conjunto de las comunidades autónomas en materia de financiación. Por eso, también proponemos —lo hemos hecho muchas veces en esta Cámara y en el Congreso— una reforma fiscal que aumente la capacidad recaudatoria, que amplíe la base imponible. Usted sabe que el pasado jueves, el día 7 de este mismo mes, Eurostat publicó los datos económicos de la zona euro en 2016, y España, señor ministro, ha retrocedido en la presión fiscal y en los ingresos públicos, que bajaron al 34,1 % del PIB, aumentando la diferencia con la media de la eurozona hasta 7,2 puntos, o sea, 75 000 millones de euros menos que recauda nuestro país con respecto a la media de la eurozona. Esa es la gran cuestión, y lo hemos repetido muchas veces, señor ministro. Esto no puede continuar así. Ya casi estamos a 14 puntos de Francia; el cuadro que Eurostat publicaba el pasado día 7 indica dónde está España, y por debajo de España solamente están Malta, Chipre, Eslovaquia, Letonia, Lituania e Irlanda; solamente esos países. Francia tiene del 34, como el nuestro, hasta el 47, y ahí es donde queremos aproximarnos nosotros, señor ministro, no a los de abajo, porque eso resolvería muchos problemas, y usted lo sabe. No es fácil, lo sé, pero evidentemente se puede avanzar más.

Por último, quiero también aprovechar la oportunidad para decirle que el Partido Socialista siempre antepuso el interés general a los intereses propios. Por eso, puede contar con nosotros para este importante acuerdo, con dos premisas en las que creo que coincidiremos: una es que se debe garantizar el acceso universal a los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos vivan en el territorio en el que vivan, y la otra es que se debe resolver la crónica insuficiencia financiera para hacer frente a estos servicios que tienen encomendados las comunidades autónomas, así como paliar los problemas de infrafinanciación que hayan podido tener algunas de ellas y que han generado una excesiva deuda.

No quiero terminar sin hacer referencia al otro pilar de nuestra organización territorial, a la Administración Local. Fue también un compromiso de la Conferencia de Presidentes y han trabajado los expertos en ello, así que no se olviden de ella una vez más. Propongan su modelo a la CNAL y a la FEMP, negócienlo con ellos de tal forma que sea convergente con el de las comunidades autónomas, no paralelo, porque, como sabemos, en geometría las líneas paralelas son las que nunca se encuentran; creo que tienen que ser convergentes si queremos lograr un gran acuerdo final de financiación territorial entre las comunidades autónomas y la Administración Local.

Termino, señor presidente, reiterando la disposición de mi grupo parlamentario para abordar de forma inmediata el debate sobre el nuevo modelo de financiación territorial, tan necesario como urgente en una España autonómica, solidaria y diversa; y que ha de estar basado, como no puede ser de otra forma, en los principios de autonomía y suficiencia financiera, responsabilidad y armonización fiscal, trasparencia, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial. El diálogo ha de ser abierto, leal y sincero, así como la disposición al acuerdo, que es lo que hoy más que nunca nos demandan los ciudadanos. Pongámonos, por tanto, a trabajar en ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Oyarzábal.

El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, hoy hablamos del concierto económico y de España, pero no puedo comenzar mi intervención sin acordarme de Víctor Laínez; no puedo comenzar sin condenar la agresión inadmisible que sufrió y su asesinato. (Aplausos). Quiero acordarme de su familia, y de sus amigos, quiero recordarle hoy porque por lucir los colores de la bandera nacional fue víctima de la agresión inadmisible de un loco, de un fanático cargado de odio y antiespañol. Quisiera que todos le recordásemos hoy porque creo que en toda España estamos pensando en él.

Señor ministro, el Grupo Popular respaldará, como ha hecho siempre, la ley por la que se aprueba el concierto económico vasco y el cupo, y lo quiere hacer, en primer lugar, manifestando su compromiso con la Constitución española y con la defensa de la igualdad de oportunidades y la solidaridad entre españoles, y, en segundo lugar, señorías, porque cree que hay que desmontar algunas falsedades sobre este asunto —lo han hecho ya algunos de los intervinientes anteriores— que últimamente estamos escuchando y que se repiten una y otra vez en determinados medios de comunicación; porque el concierto vasco ni es una invención ni es una reivindicación nacionalista, es mucho más antiguo que los nacionalistas. Lo estableció Cánovas del Castillo en 1878 en un acuerdo con las diputaciones vascas, con las diputaciones forales, y a instancias de los liberales fueristas, no de los nacionalistas. El PNV se fundó en 1895 y entonces no valoró el concierto, lo despreció, se opuso a él. El concierto fue fruto de un pacto entre vascos primero y después entre los vascos y el resto de los españoles, tras la tercera guerra carlista y la abolición foral, entre el liberalismo y el tradicionalismo fuerista, corrientes políticas de las que los populares vascos nos sentimos herederos, y que son previas a los nacionalistas; sí, somos los herederos de políticos que llevaron siempre a gala su defensa de la foralidad vasca con su adhesión inquebrantable y su lealtad plena al proyecto nacional de España.

Y, aunque sea un pacto de raíces históricas que forma parte de nuestro patrimonio común, refrendado por distintos gobiernos en 1919, por los gobiernos liberales y por los conservadores, y mantenido en la dictadura de Primo de Rivera, en la segunda república e, incluso, en el franquismo, para Álava y Navarra, aunque no para Vizcaya y Guipúzcoa, esto no es lo importante hoy, pero creo que era fundamental recordar las raíces históricas. Yo lo he querido hacer porque los nacionalistas han borrado, a veces en el País Vasco, del mapa y de los libros de texto todas las referencias históricas que no tienen como protagonista al propio nacionalismo. Por tanto, repito, era muy importante reivindicar aquí las raíces de la foralidad vasca, que se asientan también en aquellas corrientes de las que nosotros nos sentimos herederos.

Hoy lo importante, señorías, es que, para nosotros, la legitimidad del concierto no reside en sus raíces históricas; lo importante es que la legitimidad del concierto económico del País Vasco reside en la Constitución española de 1978 y forma parte del bloque constitucional. Por eso, hoy, señorías, estamos hablando de la construcción de la España democrática, del espíritu de la transición. Cuando hablamos de concierto económico, hablamos del espíritu de la transición, de un espíritu que se asienta en principios —los he señalado anteriormente— de libertad, de igualdad, de justicia y también de solidaridad; y en valores, los de la reconciliación, el entendimiento, la concordia, el diálogo y el consenso. Es importante recordarlos. Se asienta sobre principios y valores que también reconocieron las singularidades y la riqueza de la propia diversidad de nuestro país; una diversidad de la que nos sentimos orgullosos.

Señorías, este es un sistema específico amparado por esa Constitución y por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es compatible, a nuestro entender, con el sistema común, y que no supone agravio alguno. El Partido Popular vuelve aquí a reafirmar su compromiso de trabajo para que se pueda, con diálogo, formalizar, cuanto antes, un nuevo acuerdo de financiación para el resto de comunidades autónomas. Este es un sistema pactado y, por tanto, fruto del diálogo y de la negociación. Lamentamos que para algunos, el hecho de que sea fruto de la negociación lo convierta en algo malo o sospechoso. Nosotros, por el contrario, consideramos que le da valor; el hecho de que este sea un fruto del pacto, del diálogo y de la negociación supone un valor en sí mismo, porque un acuerdo entre el Gobierno de España, las diputaciones forales y el Gobierno vasco genera estabilidad y certidumbre para España, y eso fortalece nuestro país.

Por otro lado, queremos agradecer al señor ministro que en un momento grave para nuestro país, de tensiones territoriales, se haya hecho un enorme esfuerzo para tratar de alcanzar un acuerdo que ha de fortalecer la cohesión de España. Debemos recordar que esa legitimidad constitucional fue impulsada por todos los gobiernos democráticos desde la transición, y su principal impulsor fue —lo quiero recordar en esta tribuna— el presidente Adolfo Suárez, que en 1981 firmó el primer concierto de la democracia y lo reestableció para Vizcaya y Guipúzcoa. Posteriormente, Felipe González firmó la concertación del IVA; el presidente José María Aznar, los impuestos especiales y su carácter indefinido; el presidente Zapatero, el blindaje de las normas forales; y hoy, este Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, presenta un acuerdo que termina con las discrepancias e incertidumbres que existen desde el año 2007; y con un sistema de cálculo, señorías, similar al que se ha aplicado desde hace treinta y nueve años, como recordaba el otro día el presidente del Gobierno; un sistema objetivo y con base técnica que fija las reglas del juego, como decía el ministro, y asegura la estabilidad y el crecimiento de nuestro país.

Señorías, es importante que todos hagamos un esfuerzo para explicar qué es el concierto, para explicar que simplemente es un sistema distinto, pero no un privilegio, que es un sistema diferente del régimen común, pero que no supone, en ningún caso, agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas. Como se ha dicho, señorías, es un sistema de riesgo unilateral y al serlo está basado, por tanto, en un principio de responsabilidad que se aplica cuando las cosas van bien y también cuando van mal, que está a las duras y a las maduras. Recuerden, señorías, que durante la crisis económica, cuando la recaudación en el País Vasco cayó más de un 20 %, el País Vasco siguió pagando el mismo cupo al Estado, y que, mientras la recaudación caía, a nadie se le ocurrió plantear la petición de ninguna ayuda extraordinaria al Estado, porque éramos plenamente conscientes de que nuestro sistema conlleva ese riesgo unilateral.

Entre 2012 y 2017 el Estado destinó más de 250 000 millones de euros a socorrer a las comunidades autónomas a través de ayudas y del FLA. Ninguna de ellas llegaron al País Vasco, pero el País Vasco estaba también sufriendo las consecuencias de la crisis, porque durante los primeros años de la crisis multiplicó su deuda por diez, por diez. En los años siguientes se subieron en el País Vasco de manera generalizada los impuestos para poder afrontar el pago de esa deuda y sostener los servicios públicos. Se subieron los impuestos de tal manera que el País Vasco se colocó a la cabeza de la presión fiscal en España. El impuesto de sociedades lo tenemos hoy en el 28 %; en el resto de España está en el 25 %. El IRPF en el País Vasco es en todos los tramos más alto que en el resto de España. Si comparamos las rentas medias y las rentas altas en el País Vasco vemos que estamos pagando en cada una de las rentas 4 y 5 puntos por encima de los madrileños, por poner un ejemplo. Por tanto, no es cierto, como se ha dicho aquí, que el País Vasco sea un paraíso fiscal; no es cierto. Los vascos están pagando impuestos y están sometidos a una presión fiscal muy alta.

Señorías, también es falso, y yo creo que es importante dejarlo claro, que el concierto y el cupo se actualicen en función de las necesidades del gobierno de turno. Es falso; no es cierto y ustedes lo saben; de hecho, la actualización más importante, después de la de 1981 que protagonizó el presidente Suárez, se produjo en el año 2002, con el Gobierno de José María Aznar, con un Gobierno que tenía mayoría absoluta en las cámaras. Es falso, por tanto, que haya una negociación distinta y un modelo de cálculo distinto en función de si el Gobierno está en situación de mayoría o de minoría. Es falso que haya un cupo negativo, como hemos escuchado y hemos leído en los últimos días. Se ha venido haciendo —como digo— con la misma metodología y con similares resultados durante todos estos años de democracia en España.

Señores de Ciudadanos, señor Alegre, se lo digo, aunque está ahora hablando con otros senadores, con todo el respeto, porque antes usted dudaba de si se le iba a faltar al respeto: su discurso está cargado de falsedades. Con respeto le tengo que decir que lamento que traten de sembrar de este modo, de un modo miserable, a mi juicio, el enfrentamiento, la duda, la desconfianza entre españoles, entre comunidades, y entre los ciudadanos y las instituciones. Usted lo ha tratado de hacer aquí, sembrando dudas, poniendo el acento en los supuestos agravios para ver si sacan o rascan algún voto. A mí eso me parece buscar provecho político de una manera penosa. Eso es hacer política en minúsculas, con mirada muy corta, señor Alegre, señores de Ciudadanos. (Aplausos). Eso es oportunismo, y una irresponsabilidad en el momento que vive hoy España. Ustedes dicen unas cosas aquí, otras en el País Vasco, otras en Valencia. (Denegaciones del señor Alegre). Sí, señor Alegre, no me diga que no. El candidato a lehendakari de Ciudadanos —se lo decían el otro al señor Rivera en el Congreso— defendió el concierto económico y dijo en la prensa que el cálculo del cupo le parecía justo; lo dijo, está recogido en la prensa. Su candidato a la alcaldía de Bilbao dimitió hace quince días, a raíz del discurso que estaba haciendo su partido en relación con estos debates en el Congreso, hace quince días, y ya no les queda ninguno de sus dirigentes al frente del partido en el País Vasco. Explotar agravios y buscar el enfrentamiento entre comunidades, cuando estamos viviendo momentos tan graves, me parece absolutamente irresponsable.

Señor Alegre, usted, que es catalán, y que criticó tanto aquello de «España nos roba», ha venido a hacer aquí el discurso de «Euskadi nos roba».



(Rumores). Sí, lo ha venido a hacer aquí. Sí, sí, señor Alegre, nos ha venido a decir que los problemas de los barracones en las escuelas catalanas son culpa del cupo vasco. (Rumores). Sí, sí, lo ha venido a decir aquí. Pero a mí que usted, señor Alegre, que es catalán, compare lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, cuando se suspendió la democracia y se perpetró un golpe, con lo que hoy aprobamos aquí, me parece una vergüenza, señor Alegre, una vergüenza. (Aplausos).

Solo me resta —termino ya— hacerles un comentario al señor Mulet y a los señores de Compromís. Ustedes, que corren a manifestarse con los de la CUP, que se han pasado la vida haciendo seguidismo de los nacionalistas y votando con ellos; ustedes...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: ... que siempre han hecho eso, que siempre se unen a los nacionalistas para debilitar a España, votan, justo hoy, el día que presentamos un acuerdo con los nacionalistas que fortalece España, en contra, justo hoy. Esto es lo que hacen ustedes.

Nosotros vamos a respaldar —termino ya, señor presidente— esta ley, pero ahora que hemos visto que algunos quieren poner en riesgo la unidad de nuestro país, queremos reivindicar, y lo queremos hacer en el Senado de España, el patriotismo constitucional, y lo hacemos hoy en este debate sobre el concierto económico.

Amar a España, señorías, también exige amar las diferentes realidades que la conforman; y eso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: ... se puede hacer; sí, todo eso se puede traducir en un proyecto común (Rumores), como se hizo con la Constitución de 1978. Ese es el diseño, que hemos de salvaguardar aquellos que compartimos una misma identidad cívica, señorías, que propone el Partido Popular: defender lo que nos une, poner el acento en lo que nos une, no en lo que nos separa. (Rumores). Por eso, el PP quiere seguir defendiendo acuerdos como este, que fortalezcan la cohesión de España. Defender lo que nos une, señoría, no lo que nos separa; ese es el compromiso del Partido Popular.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Votaremos, en primer lugar, las propuestas de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Empezamos con la propuesta de veto número 1, de los senadores Alegre, Crisol y Marcos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Mulet y Navarrete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, sometemos a votación el texto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 247; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Aplausos).

A continuación, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto al Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Mulet y Navarrete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 247; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Alegre, Crisol y Marcos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 4; en contra, 246; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazas las propuestas de veto, sometemos a votación el texto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 245; en contra, 5; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. (Aplausos).



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR EN EL PARLAMENTO UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, DESTINADA A LOS COLECTIVOS Y ESPACIOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. 671/000055 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.— El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, salgan en silencio, por favor.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a esta moción consecuencia de interpelación, por iniciativa de los señores Mulet y Navarrete. (Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Mato, si guardan ustedes silencio, por favor.

Comience, señoría.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tal y como dije en la interpelación al ministro de Energía, en la presentación del paquete de invierno, en noviembre del año pasado, la Comisión Europea presentaba una serie de medidas encaminadas a que Europa liderase la transición energética. Sus objetivos, concretamente, eran cuatro: la reducción de las emisiones en un 40 % en el año 2030; modernizar el crecimiento económico de la Unión; crear empleo al tiempo que se lucha contra el cambio climático y garantizar un precio asequible para un suministro básico como es la electricidad.

El comisario decía en aquel momento que el paquete de medidas iba dirigido a crear un mercado fuerte, basado en la implantación de nuevas tecnologías, a crear las condiciones adecuadas para los inversores, a garantizar el abastecimiento de los ciudadanos y a mejorar el mercado energético. Sin embargo, señorías, en España, después de seis años de Gobierno del Partido Popular, se han desarrollado un conjunto de normas que han pretendido cambiar todo el sistema energético español. Su objetivo era —eso nos dijeron— estabilizar y abaratar los precios de la energía. Pues bien, señorías, no solamente no se consiguió el objetivo, sino que los precios no han dejado de subir y sigue habiendo pobreza energética en nuestro país. Hay, según algunos datos, más de cuatro millones de personas con dificultades para hacer frente a sus recibos de luz y gas.

Ustedes acometieron el parón de las renovables y perdimos, a contracorriente, tanto el liderazgo tecnológico como el económico y mucho del empleo que habíamos generado en esta tecnología en la década anterior. El resto de Europa, mientras tanto, invertía miles de millones y generaba nuevo empleo, desarrollando tecnología y aprovechando fuentes renovables para luchar eficazmente contra el cambio climático. Y ustedes saben perfectamente que uno de los principales efectos de la entrada de energías renovables en el sistema es el abaratamiento del precio en el mercado diario. Les voy a dar un dato: solamente en el año 2016 las energías renovables abarataron el precio del mercado eléctrico en 5370 millones de euros. Ello supuso un ahorro medio de 21,5 euros por cada megavatio adquirido en el mercado diario. Ustedes frenaron el autoconsumo y ahora, forzados por la Unión Europea, no les va a quedar más remedio que derogar el impuesto al sol. Van a tener que permitir que ese autoconsumo se produzca. En definitiva, señorías, lo que hicieron fue un completo despropósito.

Pues bien, hoy cumplimos por los pelos con los límites de emisión de gases de efecto invernadero y con la aportación que tenemos que hacer de energía renovable al parque de generación; y lo hacemos a pesar de ustedes, solo gracias al enorme esfuerzo que se realizó durante aquellos años en los que gobernábamos los socialistas en España. ¿Saben por qué? Porque ese es el camino correcto, el que nos pide que recorramos precisamente la Unión Europea y que ustedes no quisieron recorrer.

En los próximos años, para cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones, las energías renovables van a tener que aumentar extraordinariamente el mix de generación de electricidad. Hoy las renovables representan, aproximadamente, en un año medio de lluvia, el 40 % de nuestra producción eléctrica. Para cumplir, va a ser necesario que las energías renovables abastezcan, al menos, el 70 % de la demanda de electricidad en el 2030. Nos queda un largo camino por andar, señorías, y por ello presentamos esta moción.

La energía renovable ha demostrado que, además de abaratar el precio de la energía, permite una mayor independencia energética, el desarrollo de entornos rurales, la creación de nuevos sectores industriales basados en la innovación y el desarrollo, así como la generación de empleo de calidad. Y queremos que esa revolución energética y tecnológica se aproveche más para los territorios que más los necesitan. Por ello, señorías, solicitamos que en esa futura ley de transición energética, en la que trabaja el grupo de expertos designado por el Consejo de Ministros, se plantee una estrategia de transición justa. Reclamamos, en definitiva, que el Gobierno habilite un nuevo modelo de subastas con tecnologías renovables que se consideren preferentes para los territorios más vulnerables, que se ubiquen donde más necesidad haya por su acusada dependencia de las tecnologías convencionales o por su situación socioeconómica. Con ello, señorías —y termino—, la energía será más barata, reduciremos las emisiones, generaremos empleo de calidad y tejido empresarial y, sobre todo, seremos solidarios con quien más lo necesita. No dejaremos a ningún territorio atrás.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El precio de los productos básicos ha ido aumentando en los últimos años, y ahí no se ha tenido en cuenta si había crisis o no. En cambio, escudándose en la crisis, el Gobierno del Partido Popular propugnaba que en pro de la competitividad se debían reducir los sueldos. Se decidía también no invertir en determinadas cosas o infrafinanciar a las comunidades autónomas, sin arreglar el perverso sistema actual. Sin embargo, una persona en su casa debía pagar cantidades altas por luz y gas. Eso sí que no se controla, quedando siempre a voluntad de las grandes empresas energéticas, de las puertas giratorias que controlan el mercado de nuestro país. Y no solo la crisis, sino la política energética del Partido Popular, que cree que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos cajas B para pagar nuestros imprevistos, pretende hacernos creer eso.

Seguimos a la cola de Europa, señorías, haciendo el ridículo. Mientras la Agencia Internacional de la Energía apuesta con firmeza por la energía solar, el Gobierno del Estado español, el Gobierno de M. Rajoy, solo ha hecho que obstaculizar, entorpecer y poner un impuesto al sol para que sus amigos, los de las hidroeléctricas, no dejen de tener beneficios. Señores del Partido Popular, pueden bajar las décimas que quieran el porcentaje que les marca Europa en materia de deuda, pero cuando deciden crear un impuesto sobre el sol en el Estado más soleado de toda la Unión Europea todo lo que han hecho para que parezcamos un Estado serio se esfuma. Los socios del Estado español, como Francia, ya no les creen. El presidente Macron exigía ayer una lista de acciones, compromisos financieros concretos y menos declaraciones del presidente Rajoy, pues, mientras el señor Rajoy vuelve a anunciar una ley del cambio climático, el propio Ministerio de Energía informa que por culpa de la falta de lluvia y de viento de este año hemos tenido que recurrir a la generación de energías sucias. En el Estado con más insolación de Europa casi el 70 % de la electricidad generada en 2017 ha provenido de fuentes de energía no renovables. Los flujos financieros deben ser coherentes con el camino hacia la baja emisión. Cada año España gasta más de 1000 millones de euros para sostener el uso de combustibles fósiles, señorías. Dejen de faltar a la verdad cuando dicen que si se dejan las energías sucias y hay un mal año de viento y lluvia la energía va a subir. No lo dice solo Compromís. Hay un estudio científico de la Universidad Carlos III que les recomiendo que lean estas navidades, pues después de leerlo definitivamente apoyarán a las energías limpias y abandonarán progresivamente las sucias.

Compromís está de acuerdo con esta moción presentada por el Grupo Socialista, pero queremos aportar un poquito, y con nuestro texto pretendemos mejorarla. Dice así: Tal estrategia de transición justa, u otras medidas relacionadas con la futura ley de cambio climático y transición energética, no dilatará el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y lucha contra el cambio climático. Añadimos esta premisa, porque creemos necesario fundar y apoyar nuestra futura legislación en la lucha contra el cambio climático sin dejar de lado la problemática existente al respecto y la amenaza que esto supone. ¿De acuerdo con la estrategia de transición justa de acompañamiento a la ley de cambio climático y transición energética? Por supuesto, pero el objetivo A de esta moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista no nos puede hacer perder el objetivo final, el de la lucha mundial contra el cambio climático.

En definitiva, en Compromís queremos luchar contra el cambio climático como un objetivo mundial y común, pero, por supuesto, sin dejar a los más desfavorecidos por el camino. Esperamos que hoy se inste por unanimidad al Gobierno para que cree esa estrategia. Y aquí estará el Senado para controlar que lo haga.

Para dejar más tiempo a mis compañeros, ya anuncio el voto positivo a la moción, sea aceptada o no nuestra enmienda.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para decir que nuestro grupo va a aceptar la enmienda, tanto por el enfoque como por lo que recoge el propio texto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre el modelo energético del Gobierno y su impacto en los consumidores y en la competitividad de las empresas. Para Foro en esta materia lo principal es el carbón. Nuestro compromiso con el carbón es una constante en las acciones políticas de nuestro partido, que defiende lo mismo en Madrid que en las cuencas mineras asturianas. Se aproxima la fecha del punto final a la minería del carbón —2018—, algo que Foro nunca compartió y contra lo que vamos a seguir luchando. La protección de nuestro único combustible fósil autóctono es una prioridad, como lo es en los países de la Unión Europea, que lo tienen incorporado a su mix energético para no ver mermada su soberanía energética. Si España, que dispone en abundancia de carbón, renuncia a él, tendrá que comprar sus fuentes energéticas en otros países y pagarlas al precio que ellos fijen. Somos un país muy dependiente de fuentes energéticas del exterior que se tienen que pagar a precios muy altos y condicionan y merman la competitividad de nuestras empresas y la creación de puestos de trabajo. El Gobierno cuenta con el apoyo de Foro para dar continuidad a la minería del carbón y a la alianza de España con otros países europeos que promueven políticas en idéntico sentido.

Otro asunto que nos preocupa, y mucho, es el cierre de las centrales térmicas. Que nadie se engañe: que Iberdrola haya anunciado el cierre de Lada y Velilla es consecuencia directísima de la moción energética aprobada hace poco más de un mes en el Congreso y que contó con el respaldo de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Votan aquí, en Madrid, una cosa, y luego dicen otra en Asturias y en Castilla y León, echando la culpa a los demás.

El cierre de las térmicas tendría unos costes sociales de gravísimo calado en forma de pérdida de puestos de trabajo, desertización industrial y penalización en la competitividad de las industrias de consumo electrointensivo radicadas en Asturias, algunas de las más importantes del país. Y el cierre de las térmicas acabará repercutiendo en el recibo de la luz de las familias, los comercios y las empresas. Lamentablemente, el Plan del carbón firmado por el Gobierno, empresas y sindicatos, y aplaudido por el Principado, ha puesto de manifiesto su ineficacia e inoperancia. Por eso, reclamamos que se haga efectivo el concepto de reserva energética del carbón para evitar cierres de explotaciones y la desertización de las comarcas afectadas. Nos parece imprescindible la elaboración de un plan estratégico de la energía, acordado con el mayor consenso por el conjunto del sector energético, de forma integral para los quince próximos años. Necesitamos un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico, como a los costes regulados y la carga fiscal.

Reclamamos la aplicación en España del estatus del consumidor electrointensivo, reconocido por la Unión Europea, en cuyo marco normativo se han habilitado las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medioambiente y energía, que contemplan la aplicación de reducciones de la carga fiscal, el coste de acceso y uso de las redes de transporte y distribución e incentivos a las energías renovables.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa, tal y como está recogida y planteada. Desde luego, los precios no han bajado —desgraciadamente, no han parado de subir— y estamos todavía ante un grave problema de pobreza energética en muchos hogares y también ante un grave problema para la competitividad de las empresas. Desde nuestro punto de vista, en España carecemos de una estrategia energética que nos permita tener una mínima planificación a medio y largo plazo, que dote de continuidad y seguridad tanto a las empresas como a la industria y a los inversores y, desde luego, que evite la incertidumbre, no solo a los inversores, sino a la ciudadanía respecto del gasto que va a tener en su recibo de luz o de gas.

Debemos recordar los vaivenes recientes del Gobierno de España en política energética, fundamentalmente, en materia de renovables. Ya se ha dicho, señorías: cada vez que cambia el color del Gobierno —el PP o el PSOE— no podemos estar recordando las historias o herencias que unos se dejan a otros. Es necesario un pacto sobre la política y la estrategia energética de España. Es estratégico que decidamos el mix energético por el que queremos apostar y que apostemos todos a una para conseguirlo.

Son muchos los interrogantes que se han planteado, que creo que siguen sin respuesta; por lo menos, los ciudadanos no la tienen. ¿Por qué estamos con los precios más altos de la Unión Europea? ¿Por qué, desde 2016, mientras en España ha aumentado el precio, en otros países tan diferentes, como Portugal o Inglaterra, ha pasado lo contrario, ha habido una caída de los precios?

Señorías, ahora lo dice el ministro, pero en Canarias lo venimos diciendo desde hace tiempo: las renovables abaratan los precios. Y yo me pregunto, ¿a qué esperamos para dotarnos de una política energética que permita un mix energético en el que las renovables ocupen cada vez un mayor papel y apostemos por ellas? Nosotros, desde luego, no entendemos o no reconocemos en la política energética actual una hoja de ruta clara. Mientras otros países están en un proceso de transición para apostar por un modelo energético menos contaminante, en España, con las decisiones que se están tomando parece que queremos anclarnos en el modelo energético viejo, basado en la generación de energías a través de fósiles. Tenemos que generar un cambio. Además, desde nuestro punto de vista tiene que haber una continuidad que dé seguridad a los inversores y a la ciudadanía y, desde luego, que nos permita con toda claridad acabar con la pobreza energética de algunos de nuestros hogares.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies. Molt breument, perquè no tindré temps.

El canvi climàtic és un problema i els experts ens han dit que el 95 % d’aquest problema el creem nosaltres. No els podré llegir això que els volia llegir perquè no tindré temps, però ja ho recollia el preàmbul de la Llei de Canvi Climàtic que el govern català i el Parlament van aprovar i que estar recorreguda pel Tribunal Constitucional com gairebé totes. Aquesta és la voluntat. Ens van recórrer aquesta llei i a canvi no en tenim una d’estatal que doni solució a aquest tema. Vostès saben que si a Kyoto ja des de l’any 92, amb aquest compromís de Kyoto, es feia palès que teníem un problema i que no el compromís no havia funcionat. A l’acord de París vam tornar a signar amb la incorporació dels Estats Units i la Xina perquè ja era evident els efectes que tenia aquest canvi climàtic, i és cert que en aquests moments no tenim encara aquí una llei de canvi climàtic. Allà ja es deia que era molt important començar a treballar-hi.

Els direm que nosaltres estem d’acord amb què hi ha d’haver una llei de canvi climàtic, ja hauria de ser aquí. Estem d’acord amb el seu plantejament i els donarem recolzament, però pensem que aquesta estratègia no ha de ser paral·lela, que aquesta estratègia que vostès demanen realment ha d’estar incorporada en aquesta llei de canvi climàtic. Per tant, se’ns fa difícil opinar més d’això perquè el que voldríem és tenir un text de la llei de canvi climàtic que realment donés solució.

Algunes incomoditats haurem de tenir per aplicar una llei de canvi climàtic perquè si el s95 % del problema som nosaltres, haurem d’estar disposats a assumir alguna incomoditat per aplicar-la realitat. Si no, si comencem a tenir unes reserves prèvies per aplicar-la como toca, com Déu mana, aleshores nosaltres mateixos ens estem posant un problema perquè els efectes d’aquesta llei de canvi climàtic siguin efectius, reals i ràpids.

Gracias. Intervendré muy brevemente.

El cambio climático es un problema, y los expertos nos han dicho que el 95 % de ese problema lo creamos nosotros. Lo que quería leer —no voy a tener tiempo para hacerlo— ya se recogía el preámbulo de la Ley del cambio climático que aprobó el Parlamento de Cataluña, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, como prácticamente todas. Esa es la voluntad. Recurrieron esta ley y, a cambio, no tenemos una estatal que dé solución a este problema. Ustedes saben que desde el año 1992, con el compromiso de Kioto, era evidente que teníamos un problema, y hoy sabemos que ese compromiso no ha funcionado. Volvimos a firmar en el acuerdo de París, con la incorporación de Estados Unidos y China, porque los efectos de este cambio climático ya eran evidentes. Y es cierto: no tenemos todavía una ley de cambio climático, aunque ya entonces se decía que era muy importante empezar a trabajar en ella.

Nosotros estamos de acuerdo en que haya una ley de cambio climático —ya debería estar aquí—. Estamos de acuerdo con su planteamiento y les vamos a apoyar, pero pensamos que la estrategia que ustedes piden no debe ser paralela, sino que tiene que incorporarse a esa ley de cambio climático. Por eso se nos hace difícil opinar más al respecto: porque quisiéramos tener una ley con un texto que realmente dé solución.

Debemos tener en cuenta que si el 95 % del problema somos nosotros, alguna incomodidad tenemos que estar dispuestos a asumir para aplicar la ley. Si no, si empezamos a tener reservas previas para aplicarla como es debido, estaremos planteando un problema, porque los efectos de esa ley deben ser efectivos, rápidos y eficaces.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Acabe, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, president. D’acord, doncs, que hi ha d’haver un acompanyament però al nostre entendre, aquest acompanyament per a tot tipus de sectors, perquè no és només el sector miner del qual vostè ha parlat més, sinó que hi ha altres sectors que estaran realment afectats que també han d’estar incorporats a la llei.

I no em referiré per falta de temps a la falta de pla energètic al no compromís amb les renovables, al canvi de lleis que hi hagut en aquest país a mig joc amb el tema de les renovables... tot això és dolent, però aquí estem parlant ara d’una llei de canvi climàtic que no tenim, per tant, poc podem opinar, i de què aquestes mesures d’acompanyament ja havien de ser incorporades dins.

Moltes gràcies.

Acabo, presidente. Debe haber un acompañamiento, pero pensamos que debe ser para todos los sectores, porque no solo está el sector minero, del que usted ha hablado, sino que hay otros que también están afectados. Y todos ellos tienen que estar incorporados a la ley.

Por falta de tiempo no voy a referirme a la falta de un plan energético, a la falta de compromiso con las renovables, al cambio de leyes en este país, al medio juego en el tema de las renovables... Todo eso es malo, pero aquí estamos hablando de una ley de cambio climático que no tenemos, así que repito que es difícil opinar, porque estas medidas de acompañamiento ya deberían formar parte de ella.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatori jaun-andreok. Egun on, mahaiburu jauna.

Senador Mato, en su momento, en la interpelación, seguimos su intervención con mucho interés. Habló usted de muchas cosas; de hecho, dio un repaso exhaustivo a los problemas que afectan a la política energética del Estado español, problemas en muchos casos crónicos en la política energética del Estado. Habló usted de precios, de pobreza energética, de competitividad industrial, del precio de la bombona, incluso de la generación descentralizada, de autoconsumo, de impuesto al sol, de déficit energético, de litigios y arbitrajes internacionales, del marco regulatorio de la seguridad jurídica, de la retroactividad, de las primas, del déficit de tarifa y, por fin, del carbón. Pero, desgraciadamente, siento decirle que la interpelación no me pareció mucho más de lo de siempre: y tú más y tú más y tú más. Y digo desgraciadamente, porque en la política energética del Estado eso es lo que está sobrando.

Por eso, senador Mato, en parte me sorprendió que en esta moción su grupo planteara la confección de una estrategia de transición justa. Al fin y al cabo, solo al final de su intervención —digamos que en el tiempo de descuento, cuando el presidente le había dicho que terminara— hubo una referencia a las familias y a los trabajadores de las cuencas mineras. De ahí nuestra extrañeza. Usted es dueño de sus iniciativas, es verdad —no voy a cuestionar lo que tiene que hacer o dejar de hacer—, pero, vista la formulación de la moción, habríamos preferido que hubiera incluido una parte expositiva para aclararnos las dudas que todavía seguimos teniendo. Para aclarar, no tanto el concepto de transición justa, que es conocido y claro —no hace falta más que leer los documentos de la UGT para saber de qué estamos hablando—, sino las puntualizaciones que incluye después y, sobre todo, a qué se refiere con el concepto de estrategia de acompañamiento.

Por eso, yo he venido hoy sin saber muy bien lo que tengo que votar, se lo digo sinceramente. Al no tener la moción parte expositiva, pensaba que en su intervención me iba a aclarar un poco más, pero no me lo ha aclarado. Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo con casi todos los conceptos que usted ha manejado —probablemente los podríamos apoyar uno por uno en cualquier caso—, pero no estamos hablando de transición justa, por lo menos del concepto que existe de transición justa, que creo que es, no incompatible con lo que usted ha dicho, pero otra cosa. Y me temo que lo que ahora opino al respecto será parecido o lo mismo a lo que opine cuando acaben los dos últimos turnos de portavoces.

Y espero —lo digo de verdad— que no vuelvan al y tú más, que se olviden de ello. Vamos a empezar a construir. Dejemos ya de decir quién fue el que lo hizo y quién lo deshizo; que cuando se hizo, se hizo mal; que cuando se deshizo, se deshizo mal. Eso ya lo sabemos; lo hemos oído cientos de veces, yo me he aburrido de oír eso en esta Cámara en esta legislatura y en la anterior. Lo que tenemos que escuchar es lo que vamos a hacer realmente con la transición energética sin ningún apriorismo, sabiendo que es muy importante. Y en esto nos la jugamos, porque no es cuestión de que tengamos o no carbón y energía atómica o no atómica. La cuestión es que como la temperatura suba más de dos grados antes de la fecha que tenemos fijada no vamos a poder echarnos atrás. Entonces, repito, dejémonos ya del y tu más, y pongámonos a trabajar.

También es cierto, senador Mato, que no nos gusta el fondo de la propuesta tal y como está concebida en la parte dispositiva, porque —vuelvo a repetirlo— no coincide con lo que usted ha estado diciendo. No nos gusta, porque el concepto de transición justa ya está incluido en los acuerdos de París de 2015 y en todos sus desarrollos, y creemos que debe ser parte integrante, de forma transversal, de la ley de transición energética y cambio climático en todos los aspectos. Por eso no nos gusta el planteamiento: porque no queremos fiarlo a una estrategia de acompañamiento. Evidentemente, la ley tendrá después un desarrollo reglamentario, planes, etcétera, pero ahora no podemos hablar de estrategia de desarrollo para, como usted dice, colectivos y espacios especialmente vulnerables y dedicarnos a hablar todo el tiempo del carbón. Creo que eso no nos hace ningún favor. Vuelvo a insistir en que la única referencia previa que tenemos de lo que podría ser el concepto de transición justa, que es hablar de que los trabajadores que están en los sectores que pueden modificarse no tengan problemas y se genere más empleo, vuelve a ser otra vez el carbón, para discutir el tema del carbón.

Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos, y veremos qué hacemos, porque insisto en que, tal como está planteada la moción...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí.

No creemos que se pueda amparar, no solamente a la gente que está en el carbón, sino a otros muchos trabajadores que van a sufrir mucho, evidentemente, en la transición. Porque la descarbonización va a traer descarbonización: todo lo que tenga que ver con la carbonización va a tener que desaparecer, modularse o cambiar.

Por eso digo que no tengo muy claro qué vamos a votar y que esperaremos hasta el final de la moción. También le digo que no vamos a votar en contra. No estaría bien votar en contra de esta moción. Pero no le aseguro cuál va a ser el voto del Grupo Vasco.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Gràcies, senyor president. Senyories, bon dia.

Què podem esperar d’un president del Govern espanyol que es va atrevir a posar en dubte les conseqüències del canvi climàtic basant-se en les afirmacions del seu cosí, basant-se en «las afirmaciones de su primo». I després vindran els ministres aquí i ens parlaran de serietats. Doncs, mirin, podem esperar que facin una reforma energètica que penalitza les energies renovables, que penalitza i s’atreveix a penalitzar l’autoconsum. El govern espanyol, amb una gran miopia econòmica i ecològica contraposa els immediats interessos econòmics privat als interessos públics, al medi ambient i al bé comú. Però aquesta suposada contradicció no és tal perquè, en realitat, acaba costant més car. D’una banda, i de forma directa, perquè hem pagat ja més de 1000 milions d’euros de compra de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, per seguir contaminant per sobre de les seves possibilitats. I d’altra banda, perquè estem pagant les conseqüències del canvi climàtic, en la factura sanitària, a les ajudes per danys a la producció alimentària, o amb les reparació dels danys a les infraestructures per uns fenòmens meteorològics cada vegada més virulents. El govern se sotmet als interessos immediats de la indústria pagant amb diners públics els costos externalitzats de la contaminació. I aquests costos els estem pagant actualment nosaltres, però deixarem un important deute econòmic i ecològic a les generacions futures, les estem hipotecant. Aquests recursos no són només nostres.

El cost també, però, és d’oportunitat. La ceguesa de no afrontar el canvi de model energètic i productiu suposa perdre l’oportunitat de tenir una indústria avantguardista en energia renovables, en producció sostenible i, fins i tot, en ecodisseny. Cal afrontar urgentment el repte del canvi de model energètic i productiu que tard o d’hora s’haurà de fer. No és una despesa sinó una inversió. Repeteixin amb mi, no és una despesa, és una inversió. Una inversió a nivell humà, ecològic, i econòmic de futur. I la major despesa es produeix quan no afrontem el problema. De fet, l’Estat espanyol era pioner en el desenvolupament d’energies renovables, però els interessos econòmics d’un oligopoli elèctric que s’enriqueix de manera escandalosa i immoral amb el contaminant status quo no només va frenar el procés, sinó que a més va culpabilitzar injustament a les energies renovables de l’encariment de la factura elèctrica. Una factura elèctrica que és de les més altres d’Europa. Conseqüència: continuem amb el contaminant model energètic, incloent, companys, el contaminant carbó, i també generant deute elèctric per al present i per futur.

Mentrestant altres països, com Alemanya, han apostat amb fermesa per les energies renovables, incloent la fotovoltaica, tot i tenir unes condicions climàtiques molt menys favorables que aquí. Incentiva a empreses i particulars, inverteix en investigació i desenvolupament, i els beneficis són indubtablement, com dèiem, ecològics però també econòmics i, fins i tot, també, en termes d’ocupació. Al sector renovables hi ha al voltant de 400 000 persones ocupades. Aquestes oportunitats que estàvem explicant que l’Estat espanyol està perdent. El govern de Rajoy, amb el seu afany de reactivar l’economia, no ha estat capaç de tenir una visió de futur i apostar pel canvi de model.



Contràriament, intentant complaure a un poder econòmic tradicional, mancat d’innovació, paradoxalment està hipotecant, com dèiem abans, el nostre futur —insisteixo— humà, econòmic i ecològic. Davant d’això, nosaltres, amb tot el dret del món, defensem una república catalana que tingui un horitzó sostenible a curt termini, com feia la llei del canvi climàtic plantejada i aprovada al Parlament i recorreguda pel Tribunal Constitucional, una vegada més. Ni fer ni deixar fer. Ni deixar-nos aprovar la llei, ni fer-ne una vostres desprès. Hem de seguir apostant per les energies renovables en detriment dels contaminants fòssils, amb un model de producció distribuït per garantir la proximitat i compatible amb l’autoconsum. I amb economia, sobretot, productiva, que apunti a la sostenibilitat i que apunti al futur.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Señorías, señor presidente, buenos días.

¿Qué podemos esperar de un presidente del Gobierno español que se atrevió a poner en duda las consecuencias del cambio climático basándose en las afirmaciones de su primo? Después vendrán aquí los ministros y nos hablarán de seriedad. Podemos esperar que haga la reforma energética que penaliza las energías renovables, que penaliza y se atreve a penalizar el autoconsumo. El Gobierno español, con una gran miopía económica, contrapone los inmediatos intereses económicos privados a los intereses públicos, al medioambiente y al interés común. Pero esta supuesta contradicción no es tal, porque en realidad contaminar acaba costando más caro. Por un lado, y de forma directa, porque hemos pagado ya más de 1000 millones de euros de compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para seguir contaminando por encima de nuestras posibilidades. Y, por otro, porque estamos pagando las consecuencias del cambio climático en la factura sanitaria, en las ayudas por daños a la producción alimentaria o en los daños a infraestructuras por unos fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos. El Gobierno se somete a los intereses inmediatos de la industria pagando con dinero público los costes externalizados de la contaminación, costes que actualmente estamos pagando nosotros. Pero vamos a dejar una deuda económica y ecológica importante a las generaciones futuras. Las estamos hipotecando. Estos recursos no son solo nuestros.

Y el coste es también un coste de oportunidades. La ceguera de no enfrentarnos a este cambio supone no tener una industria puntera en energías renovables y en diseño. Enfrentarnos al cambio de modelo energético y productivo es algo que tenemos que hacer tarde o temprano, y eso no es un gasto, sino una inversión. Repitan conmigo: no es un gasto, es una inversión a nivel humano, ecológico y económico de futuro. Y el mayor gasto se produce cuando no nos enfrentamos al problema. De hecho, el Estado español era pionero en desarrollo de energías renovables, pero los intereses económicos de un oligopolio eléctrico que se enriquece de forma escandalosa e inmoral con este contaminante statu quo, no solo frenó este proceso, sino que además culpabilizó injustamente a las energías renovables del encarecimiento de la factura eléctrica, que es de las más altas de Europa. En consecuencia, seguimos con el contaminante modelo energético, incluyendo el contaminante carbón, y generando deuda eléctrica para el presente y el futuro.

Mientras tanto, otros países, como Alemania, han apostado con fuerza por las energías renovables, incluyendo la fotovoltaica, a pesar de tener unas condiciones climáticas mucho menos favorables que las nuestras. Incentiva a empresas y particulares e invierte en investigación y desarrollo; y los beneficios, como he dicho, sin duda son ecológicos, pero también económicos. Además, en términos de ocupación, en el sector de las renovables hay unas 400 000 personas ocupadas. Estas son las oportunidades que el Estado español está perdiendo. El Gobierno de Rajoy, en su afán por reactivar la economía, no ha sido capaz de tener una visión de futuro ni de apostar por el cambio de modelo, intentando complacer a un poder económico tradicional sin innovación. Y, paradójicamente, como digo, está hipotecando nuestro futuro humano, ecológico y económico. Ante esto, nosotros, con todo el derecho del mundo, defendemos una república catalana que tenga un horizonte sostenible a corto plazo, como hacía la Ley del cambio climático planteada y aprobada por el Parlamento y recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una vez más, ni hacer ni dejar hacer; ni dejarnos aprobar la ley ni hacer una ustedes después. Pero tenemos que seguir apostando por las renovables en detrimento de los contaminantes fósiles con un modelo de producción distribuido para garantizar la proximidad y compatible con el autoconsumo y con una economía, sobre todo productiva, que apunte a la sostenibilidad y al futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días.

Como sabemos, señorías, es urgente que actuemos contra el cambio climático, y para luchar contra el calentamiento global es imprescindible que realicemos una transición energética desde el actual modelo hasta uno bajo en carbono. Por ello, es necesaria la aprobación de manera urgente de una ley contra el cambio climático y transición energética que aborde la adaptación a los impactos del cambio climático, establezca unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en todos los sectores implicados y proponga una hoja de ruta clara para nuestro país. Pero la transición energética trae consigo efectos colaterales de suma importancia para la economía, porque exige el despliegue de medios financieros, tecnológicos y sociales que contribuyan a la transformación de nuestro actual modelo productivo en uno más eficiente y eficaz que sea capaz de impulsar un tipo de desarrollo sostenible que sirva al bienestar de las personas y atienda especialmente a los colectivos y los espacios más vulnerables.

Sin embargo, el precedente de la actuación política del Gobierno español en este sentido es alarmante, porque, por desgracia, las políticas del Gobierno del Partido Popular en materia energética van hasta ahora en dirección contraria. Por ejemplo, cuando hablamos de colectivos vulnerables, la política del PP respecto a la pobreza energética ha sido recurrir sistemáticamente ante el Tribunal Constitucional toda normativa autonómica. Estoy hablando de las leyes contra la pobreza energética tanto catalana como valenciana.

Si hablamos de cambio climático, le recordaré que en los últimos presupuestos generales presentados por el Gobierno se plantea una reducción de la partida de lucha contra el cambio climático del 45 % respecto a 2016, es decir, se le dedica al cambio climático lo que cuesta un kilómetro de AVE; este es el interés que muestra el Partido Popular por un problema que pensamos es tan acuciante.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar esta moción. Consideramos indispensable una estrategia de transición justa en la Ley del cambio climático y transición energética. La transición justa defendida desde hace tiempo por el movimiento sindicalista internacional expresa la idea de que la transición energética solamente tendrá éxito si es capaz de respetar a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles y de canalizar las inversiones hacia la renovación de las regiones que dependen de los sectores con altas emisiones de carbono.

Nosotras lo decimos con claridad: la transición energética ha de hacerse poniendo en el centro a los y a las trabajadoras y a las comarcas afectadas en este proceso, y es urgente contar con una estrategia de transición energética porque en la actualidad están siendo las grandes compañías eléctricas quienes están marcando el paso de esa supuesta transición mediante el cierre de centrales y ERE de trabajadores sin que previamente se haya generado alternativa alguna para la zona y para sus habitantes.

En este momento, como saben ustedes, España está preparando su normativa, y es momento de que esa Ley de cambio climático y transición energética incorpore la transición justa. Ya se ha dicho —lo han dicho los grupos anteriores a mi intervención—, más que como acompañamiento de la ley, como propone la moción que nos presenta el PSOE, nosotras pensamos que debe ser parte de la propia ley, y así lo recoge el Acuerdo de París. Debemos avanzar ordenadamente hacia un futuro sin carbón, pero es necesario garantizar el empleo de las cuencas mineras. Para esa reconversión hace falta dinero público que vaya destinado realmente a la reconversión real de la actividad productiva y permita que sus habitantes tengan una vida digna, porque a pesar de las cuantiosas ayudas recibidas durante los últimos años, este proceso de reconversión no se ha producido y tanto PP como PSOE se niegan a realizar una auditoría para que sepamos dónde ha ido a parar el dinero que hubiera debido servir para reindustrializar nuestras comarcas mineras en muchas ocasiones, comarcas que durante más de cien años han tenido como única salida el monocultivo del carbón y actualmente están en un agujero negro al que las han conducido políticas no acertadas hasta ahora.

Habría que revisar la aplicación real que ha habido en cada territorio de los planes miner desde los años setenta y saber qué proyectos han recibido las ayudas, cómo se han realizado y desenredar más de una trama corrupta en la gestión de esos fondos, pues la opacidad y la ineficiencia han sido muchas veces la nota dominante.

En definitiva, señorías, no podemos seguir eludiendo la transición a un modelo bajo en emisiones de CO2, es urgente, y esa transición ha de ser justa. La política en materia energética de los últimos gobiernos españoles ha sido errática y ha contribuido poco a que haya más claridad en el futuro de colectivos y zonas vulnerables.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Sí, señor presidente.

Como hemos dicho, en este momento España prepara y actualiza su normativa, y es la hora de apostar con claridad y decisión por un nuevo modelo de transición, y esta transición ha de ser justa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Señor Cazalis, voy a tratar de ser breve y explicarle por qué motivo estoy aquí. En mi primera intervención yo le hablé del abaratamiento de la energía que se produce con la incorporación de las energías renovables. Y, efectivamente, cuando hablo de transición justa, mi grupo no se refiere exclusivamente al carbón; se refiere al carbón, a la energía nuclear e incluso a algunos territorios que por motivos derivados del cambio climático se vean profundamente afectados en estos dos últimos años en procesos de reindustrialización que son absolutamente imprescindibles. Le pongo un ejemplo, usted no tuvo la oportunidad de venir, pero nosotros estuvimos en El Bonillo, un ayuntamiento pequeño que tiene más de 200 personas trabajando en este sector generando 200 megavatios de energía eólica y 200 megavatios de energía fotovoltaica.

Nos referimos a eso, señoría. Nos referimos a que la transición es una excelente oportunidad para invertir esos recursos en solidaridad, para redistribuir la riqueza que se genera en ese nuevo nicho de empleo en todos los territorios, y hay algunos ejemplos. Y no le voy a hablar del pasado, ya vendrá alguien después de mí que hable del pasado, estoy completamente seguro. ¿Qué ha pasado con la plataforma solar de Almería? Da pena ver que esa institución, que fue el centro de innovación más importante en energía solar de toda Europa, hoy tiene una campaña abierta en Change.org, depende del Estado y se está dejando morir.

Señora de Foro Asturias, ¿qué ha pasado con la Cidem? ¿Qué ha pasado con la ayuda al carbón? ¿Qué ha pasado con los planes de reindustrialización? Simplemente que en seis años de Gobierno no se ha hecho absolutamente nada. Yo no estoy hablando de pasado, estoy hablando del futuro. Seguimos tendiendo la mano. El mercado eléctrico requiere políticas a largo plazo. Por tanto, señorías, la política energética tiene que ser consensuada, tiene que tener una hoja de ruta acorde con los compromisos adquiridos en materia ambiental que garantice completamente el suministro y que además sea justa. Por eso me dediqué en la primera parte de mi intervención a explicarles cómo abarata la energía renovable el precio de la electricidad del consumidor final, porque eso mejora la competitividad, permite reducir los niveles de pobreza energética y además mejora mucho una problemática enorme que tenemos en nuestro país: las industrias electrointensivas, a ellas también me quiero referir.

Señorías, lo que pretendemos es que la nueva convocatoria para el otorgamiento de energía renovable se haga teniendo en cuenta aquellas zonas que presentan una mayor vulnerabilidad porque se ubican en zonas altamente afectadas por la transición energética. Queremos que haya un régimen retributivo que sea específico para contemplar esta situación, es decir, adaptar el mercado a las nuevas necesidades de este país. Ya lo sabemos, verán cómo voy a tener que oír hablar del déficit de tarifa, y una y mil veces diré que el error monumental que cometió el Gobierno fue frenar la incorporación de energías renovables a nuestro sistema de generación. En el año 2030 tendremos que pasar del actual 40 % a un 70 %; ya podemos correr, señorías.

Las tecnologías eólica y fotovoltaica hoy ya son competitivas con las tecnologías convencionales. Si no hubiéramos tenido el camino anterior, hoy no estaríamos aquí, lo dije en mi primera intervención y lo vuelvo a decir. Solo única y exclusivamente, y a pesar del Gobierno, únicamente por una apuesta que se hizo con anteriores gobiernos socialistas, hoy podemos decir que vamos a cumplir con la incorporación de energías renovables al sistema y que vamos a cumplir con nuestros compromisos de descarbonización.

Es necesario seguir incentivando el uso de otras tecnologías que puedan desarrollarse fácilmente, sobre todo en zonas mineras, que disponen de mucha biomasa, o donde es posible incluso la geotermia como energía térmica alternativa, y también la energía termosolar, que parece que en este país no se habla de ella a pesar de que tenemos en Extremadura la plataforma solar más grande de Europa. Se ha dejado morir, a ustedes no les importa.

Termino, señorías, el objetivo de esta moción es ofrecer alternativas a territorios y compensar a los colectivos más vulnerables afectados por dicha transición. Les tendemos la mano.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor MATO ESCALONA: Termino, señor presidente.

Como no podía ser de otra manera, queremos que la implantación de la tecnología renovable sirva para abordar la reindustrialización y generación de empleo en las zonas más vulnerables y necesitadas, y especialmente en las más afectadas por este proceso de transición.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Mateos Yuste.

El señor MATEOS YUSTE: Gracias, señor presidente.

En mi primera intervención en esta Cámara preveo que no voy a defraudar a algunas de sus señorías, sino a todos. En primer lugar, no vamos a entrar, como parece que algunos daban por hecho, en el tú a tú, y, desde luego, señor Mato, no voy a hablar del pasado; a nosotros nos preocupa más el futuro, porque es lo importante.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy desarrolla una política energética orientada a largo plazo, cuyos objetivos principales son: impulsar la competitividad y la creación de empleo, procurar precios competitivos de la electricidad para la industria, que la energía sea más accesible para todos, garantizar la protección del consumidor vulnerable de energía eléctrica y colaborar en la lucha contra el cambio climático de forma eficiente, al tiempo que se garantiza la seguridad y la estabilidad en el suministro. Una prueba de ello, señorías, es el anuncio del Gobierno, que ayer aparecía en algún medio de comunicación, garantizando que por cuarto año consecutivo va a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y que, como conocen sus señorías, representa aproximadamente un 60 % del recibo. Estos son hechos, señor Mato; sí nos preocupan los ciudadanos.

Con independencia de que nuestro grupo —al igual que el Gobierno— coincide con lo expresado por el Grupo Socialista en que nos jugamos mucho en el futuro de nuestro país si acertamos respecto a las grandes decisiones en materia de política energética, les anuncio, señorías, que mi grupo votará en contra de esta moción por dos motivos fundamentales: primero, debe tenerse en cuenta que el llamado paquete de invierno de la Unión Europea, cuyo contenido final condicionará la planificación energética en el periodo 2020 en adelante, aún no está cerrado y el Gobierno adapta su política de transición energética a los objetivos fijados en el seno de la Unión Europea, como recordó en esta misma Cámara hace pocos días el ministro de Energía.

Segundo, no parece consecuente con sus propias decisiones que el Grupo Socialista traiga hoy esta moción olvidando la propuesta que su grupo presentó en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley el pasado 21 de junio. Dicha proposición no de ley fue votada a favor, entre otros, por el Grupo Popular del Congreso. Como bien conocen sus señorías, en la referida iniciativa se instaba al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima; más concretamente, se instaba al Gobierno a elaborar un informe que recogiera el análisis de los posibles escenarios de transición energética, las alternativas existentes y su correspondiente coste, teniendo en cuenta la influencia de cambios tecnológicos y los compromisos climáticos. Dicho informe deberá proponer unas conclusiones sobre los principales elementos que debería contener una estrategia integral de transición energética para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y clima para 2030 y 2050 de la forma más eficiente y que garantice la competitividad de la economía, el crecimiento económico, el empleo, así como la sostenibilidad ambiental.

La proposición no de ley preveía la creación de una comisión de expertos independientes y de reconocido prestigio. Esta comisión de expertos que, como bien ha reconocido el señor Mato, ya fue creada por el Consejo de Ministros el 6 de julio, podría recabar la información y participación que considerase necesaria por parte de las comunidades autónomas, entidades locales, representantes de la sociedad civil y los agentes sociales y, al mismo tiempo, trabajar coordinadamente con el grupo de trabajo interministerial para la coordinación de la elaboración del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética y del Plan nacional integral de energía y clima. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Contempla igualmente dicha PNL que el informe de los expertos y del grupo de trabajo interministerial sea el fundamento para alcanzar una posición consensuada en torno a la transición energética que permita abordar de la forma más eficiente los compromisos del denominado paquete de invierno de la Unión Europea y que contribuya al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos plasmándola en el Plan nacional de energía y clima.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEOS YUSTE: Termino, señor presidente.

Eso es lo que deberíamos hacer y lo que vamos a hacer, señor portavoz del Grupo Vasco.

El Grupo Popular considera que la moción que hoy nos trae el Grupo Socialista no es consecuente con lo ya aprobado, por lo que les he manifestado. Deberá ser en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Baja donde se abra una ponencia para elaborar un informe y proceder, en su caso, a la presentación de propuestas y resoluciones. Ahí tendrá cabida seguramente la propuesta del Grupo Socialista y cualesquiera otras para alcanzar un consenso.

No tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo que nos permita alcanzar los objetivos de 2030 y 2050, pero consideramos que no es este el momento de presentar la moción que hoy nos trae.

Por lo expuesto, señoras y señores senadores, mi grupo votará en contra de esta moción.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MATEOS YUSTE: Termino diciendo a los señores del Grupo Socialista: no sean tan impacientes, los tiempos en política son importantes, mucho más cuando se trata de asuntos de futuro de tantísima importancia para nuestro país. Como dice un viejo refrán extremeño: no por mucho madrugar amanece más temprano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 238; a favor, 99; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 671/000056 GPS

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: cuatro por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una por iniciativa de la senadora Domínguez de Posada y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador González Cabaña. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil presentes en este Pleno. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

Por favor, guarden silencio.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señorías, la moción del Grupo Parlamentario Socialista pretende conseguir un pronunciamiento favorable de esta Cámara sobre una de las cuestiones que más preocupa en estos momentos a los miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad española, y esa cuestión no es otra que la equiparación salarial con las restantes policías del Estado español. Junto a ello planteamos otra cuestión que no es menor, y es la mejora de los medios materiales necesarios para cumplir la tarea que la sociedad les ha encomendado, así como las infraestructuras —comisarías y cuarteles de la Guardia Civil— necesarias para ese fin. Todo ello, sin olvidar tampoco la reposición de unas plantillas que se han visto diezmadas desde el año 2011 hasta el año 2017, como pone de manifiesto el déficit real de las plantillas reales con respecto a los catálogos.

Si sus reivindicaciones son justas —como decía el señor ministro en esta misma tribuna hace quince días—, hoy, con la aprobación de esta moción, tenemos una magnífica oportunidad para ponernos de acuerdo en pedir al Gobierno que atienda esas reivindicaciones.

Señorías, hoy puede ser un gran día para la Policía Nacional y la Guardia Civil, no lo dejemos escapar. Si —como también decía el señor ministro— ellos son la salvaguarda de nuestros derechos, convirtámonos nosotros hoy en la salvaguarda de los suyos, sobre todo de uno: que a igual trabajo corresponde igual salario. Si, como decía el señor ministro —aunque nosotros no lo compartimos—, las negociaciones están muy avanzadas, ¿por qué vamos a perder la oportunidad de dar hoy en esta Cámara un impulso definitivo para que la equiparación total comience en el año 2018 y se vea culminada en el año 2020?

No pretendemos con esta moción privar al señor ministro y a su Gobierno de la gloria de haber conseguido equiparar los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las restantes policías del Estado. Queremos contribuir con nuestra propuesta a dar solución a un problema que empieza a afectar a la estabilidad de la seguridad pública, a pesar de la profesionalidad de guardiaciviles y policías nacionales.

Cada vez que los grupos políticos del Congreso o del Senado plantean la urgencia de la equiparación o la necesidad de conocer los plazos y las cuantías anuales, el señor ministro, como si se tratara de una reencarnación de Mariano José de Larra, contesta siempre: Vuelva usted mañana. Debiera el ministro aprender de aquellos a quienes él mismo manda: de los policías nacionales y de los guardiaciviles, que nunca nos piden volver mañana cuando requerimos de sus servicios. Señorías, también en este tema, la reciprocidad entre gobernantes y gobernados tiene que imponerse.

Pero si la actitud del Grupo Popular va a estar en la misma línea que la del ministro, queremos que sepan que con esta cuestión, volveremos mañana, pasado mañana, la próxima semana y, si hace falta, también el mes que viene. Lo que planteamos en nuestra propuesta de acuerdo no es munición política, como dice el señor ministro. Nosotros, en política no disparamos, nosotros hablamos y dialogamos. Lo que proponemos son reivindicaciones de justicia salarial. Planteamos que esta equiparación sea progresiva en los próximos tres años; planteamos que el complemento específico, tanto general como singular, recoja las especiales condiciones de peligrosidad en que estos agentes desarrollan su actividad. También proponemos que las especiales condiciones de los territorios, por ejemplo la insularidad, sean recompensadas económicamente. Asimismo, pedimos, que la segunda actividad no suponga la pérdida de poder adquisitivo que ahora se produce. Queremos que la gratificación por horas extraordinarias sea acorde con la tenacidad que conlleva realizarla.

Señorías, no es tan difícil si hay voluntad de hacerlo. Por ello planteamos una propuesta económica de 1800 millones de euros para que en tres años se resuelvan las cuestiones salariales y en cinco años haya una mejora importante de los equipamientos y medios materiales, así como para que la tasa de reposición se eleve de manera que las plantillas reales se aproximen progresivamente a los catálogos virtuales.

Termino. Es nuestro deber hacerlo para que no sea realidad aquella frase de Concepción Arenal que decía que en muchas ocasiones hacemos por vanidad o por miedo más de lo que haríamos por deber.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González Cabaña.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya presentado esta moción, porque entiendo que eso quiere decir que apoyará los próximos Presupuestos Generales del Estado, que son los que prevén esta equiparación.

Hemos presentado una enmienda fijando los importes de los tres próximos años, de 500, 500 y 500 millones de euros, para la efectiva equiparación. Y hemos presentado esa enmienda porque no podemos dejar al albur de una nueva discusión cuánto dinero vamos a destinar. Estamos completamente de acuerdo con la moción, pero hemos de fijar cuánto dinero, igual que hemos hecho para los presupuestos de 2018 en el pacto que tenemos con el ministro Montoro al fijar 500 millones para el primer año. Lo que planteamos es ampliar este importe para los tres años.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Alegre.

Senador Navarrete, tiene la palabra. (Rumores).

Por favor, ¿pueden dejar de hacer corrillos? Es que si no es imposible continuar con el debate. (Continúan los rumores). Por favor, guarden silencio.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve para dejar más tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto.

Compromís propone cuatro enmiendas, dos de modificación a los puntos 1 y 3. En la relativa al punto 1 proponemos añadir en la frase que dice «que en 2020 se alcance la equiparación total» la expresión «y permanente». En el punto 3 pedimos insertar al final del texto: «manteniendo constante tal cantidad para que el bienestar, seguridad y calidad del trabajo de los policías y guardias civiles no se vea afectado por periodos de crisis económica».

Estas enmiendas van en el sentido de evitar que el Gobierno de turno, en el caso de futuras crisis económicas, se escude en ellas para rebajar el salario, para volver a la desigualdad salarial. En la exposición de motivos, el Grupo Socialista se escuda precisamente en esa crisis económica para no haber equiparado los salarios en el 2005. Por eso es por lo que hay que blindar esos salarios.

Las otras dos son de adición: la primera para la adición de un punto más —nuestro punto uno— para unificar la cuantía de criterios de asignación de la productividad de ambos cuerpos policiales; y la segunda para aumentar la cantidad económica destinada a la acción social de la Guardia Civil, con el fin de evitar la discriminación que se produce en este sentido desde hace años.

Compromís espera que el Grupo Parlamentario Socialista acepte nuestras enmiendas porque creemos que enriquecen y mejoran la moción y para ver si de una vez por todas damos soluciones y dejamos de dar excusas baratas y palmaditas en la espalda para después dar patadas a los trabajadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro manifiesta su apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente del Estado de derecho, de la democracia y de la convivencia entre españoles. Por eso, hemos formulado una enmienda a la moción del Grupo Socialista, porque la Policía Nacional y la Guardia Civil necesitan algo más que gestos simbólicos y buenas palabras. Se puede plantear una ley de retribuciones específica para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fije un techo para todos los cuerpos que operan en nuestro territorio, homologue niveles, puestos de trabajo, jubilación, etcétera.

Es incuestionable la profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, su responsabilidad y la dedicación con la que ejercen sus funciones. Estas condiciones deben ser directamente proporcionales a la retribución y esta debe ser homogénea en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ahí que hayamos formulado esta enmienda.

Es necesario dar a conocer a la sociedad civil la existencia de una desigualdad retributiva entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en relación con otros cuerpos autonómicos. La diferencia salarial es injusta y se mantiene en el tiempo de forma discriminatoria, por lo que en reconocimiento expreso a su profesionalidad y en virtud del principio de no discriminación procedería iniciar los trámites de un procedimiento que tenga por objeto equiparar las retribuciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aras a evitar discriminaciones en función del cuerpo o fuerza en el que se desempeñen los servicios. Lograr dicha equiparación salarial es una forma de dignificar a estos servidores públicos y defensores del Estado en lo que supondría un paso en la búsqueda de un tratamiento igualitario y justo.

Es bueno que se reconozca la labor desempeñada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pero este reconocimiento no debe limitarse a palmaditas en la espalda o a algo simbólico, sino que el Gobierno de España debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para iniciar el procedimiento correspondiente que tenga por objeto la equiparación salarial, comprendiendo todos los aspectos retributivos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Intervendré muy rápidamente, señor presidente.

En relación con la enmienda de Ciudadanos, que nosotros vamos a aceptar, quiero decir que Ciudadanos ha convertido este asunto en una jugada de póker, no aquí y ahora en el Senado, sino desde que el tema está planteado en la opinión pública. Es una apuesta permanente para ver quién da más. En ese sentido, le digo que igualamos la apuesta y que queremos ver sus cartas. No vamos a tener ningún problema. Usted habla de 500, 500 y 500. Nosotros hemos planteado 1800, que suma más de lo que usted nos ha planteado.

En relación con Compromís, aceptamos —y ya se lo trasladamos al senador Navarrete— todas las enmiendas, nos parecen lógicas y están dentro de nuestro planteamiento.

Y en relación con la senadora de Foro, senadora Domínguez de Posada, no podemos aceptar su enmienda, pero no porque no queramos. Nos parece bien la idea de una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no podemos admitir que esa ley invada competencias estatutarias. El texto de su enmienda habla de poner techo a todas las policías del Estado, y la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral son también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Si su enmienda va en otro sentido y usted me lo aclara, no tendríamos ningún inconveniente. Yo intuía que su idea era hacer homogéneas las retribuciones de todas las policías del Estado, pero lógicamente siempre que eso no suponga la invasión de competencias reservadas a las comunidades autónomas que lo tienen recogido en sus estatutos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González Cabaña.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Señor González Cabaña, le agradezco la aceptación de la enmienda y aprovecho para recordarle que nosotros hemos jugado siempre con las cartas boca arriba. Ciudadanos ha sido el primer partido que ha exigido la equiparación salarial con plazos y con cifras, y seguramente la diferencia entre sus 1800 y nuestros 1500 se debe a que nuestra propuesta de equiparación salarial habla solamente de recursos humanos no de recursos materiales. Ahí está seguramente la diferencia que nos separa.

Voy a ser muy breve. Si no hay esa primera parte, si no hay esos 500 millones en los presupuestos del año 2018, no va a haber Presupuestos Generales del Estado, al menos Ciudadanos no va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, como nosotros tenemos ese compromiso ya cerrado, no esperaremos a ver qué pasa después; ya lo tenemos acordado. Si al final los señores del Partido Popular se retractan a la hora de redactar la propuesta de ley, nosotros no votaremos.

Finalmente, de verdad, si no hay dinero en los presupuestos, todo lo demás es un brindis al sol, sobre todo en materia del capítulo 1. Por lo tanto, bienvenida esta moción, que les aproxima a dar su voto a los próximos Presupuestos Generales del Estado para que se pueda cumplir la petición que formulan.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Alegre.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Solamente quiero aclararle al senador González Cabaña que la enmienda se refiere exclusivamente a una ley que homologue los niveles y los puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ya sé que hay comunidades, y no es nuestra intención inmiscuirnos en las competencias autonómicas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero reconocimiento a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, por ser objeto de este debate, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que con su profesionalidad, su entrega y su vida defienden y garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

En otro Pleno señalé que reconocer la labor de estos cuerpos también pasa por reconocer su equiparación salarial, pues es de todos conocida su retribución injusta en comparación con la peligrosidad y la penosidad de su trabajo y en comparación con otros cuerpos policiales del Estado.

Por todo ello, la Agrupación Socialista Gomera comparte y quiere que se haga efectiva de una vez por todas una progresiva equiparación salarial de los policías y guardias civiles con los otros cuerpos policiales, con el objetivo de que en 2020 lleguemos a una equiparación total.

Igualmente, la Agrupación Socialista Gomera comparte y apoya que es necesario revisar los distintos complementos salariales en orden a la geografía y a la realidad social en la que tengan su impacto correspondiente. Y también es preciso el aumento de recursos materiales para que desempeñen adecuadamente y en condiciones de seguridad sus funciones.

Y, por último, apoyamos el incremento de la tasa de reposición y mantenerlo para recuperar la plantilla perdida. En este punto me gustaría poner de manifiesto que mi comunidad autónoma, Canarias, tiene un déficit aproximado de 1500 efectivos. En el archipiélago prestan servicio un total de 3673 policías nacionales y 3381 guardias civiles. Estos números suponen 1075 agentes menos de los que figuran de forma oficial en el catálogo. A lo que hay que añadir, conforme a datos proporcionados por los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, que las islas han perdido en los últimos años 400 plazas de policías autonómicos y locales.

En el caso de Canarias, además, la Policía Nacional duplica su déficit en relación con la Guardia Civil. Y, ante todos estos datos, el Gobierno estatal ha reconocido que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen a nivel nacional 22 000 efectivos menos que los que figuran en el catálogo. En este punto me gustaría destacar que la Asociación Unificada de la Guardia Civil señala que solo en agentes de este cuerpo el déficit en el archipiélago canario está entre 800 y 1000 efectivos, en contraposición con los datos señalados por el Ejecutivo central.

Hoy hay que afinar los datos y hay que trabajar juntos por la equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como creemos en ello, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la presente moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente, dado el tiempo que me queda.

La Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su artículo 6 establece, entre otras cosas, que tendrán derecho a una remuneración justa... ¿Han leído ustedes ese artículo? ¿Sabían que existía? ¿O se acuerdan solo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cuando les interesa? Creo que todos sabemos la respuesta.

Esta situación no es nueva. Ya en 2005 el Gobierno del Partido Socialista inició un proceso de equiparación salarial que se paró, según ellos, por culpa de la crisis. Y ahora nos vienen con esta enmienda. En 2008, el Grupo Popular, entonces en la oposición, reclamó en el Congreso una equiparación salarial. Háganme un favor, señorías, léanse las dos, la que presenta hoy el Grupo Socialista y la que presentó en su tiempo el Grupo Popular. Son tan similares que parecen copias. Señorías, copiar de lo copiado y repetir lo repetido, ¿qué resultado ha dado? Ninguna solución por parte de los dos partidos que hasta ahora se han repartido el mando del Estado español.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan doce años esperando esta equiparación salarial que nunca llega. Promesas y compromisos incumplidos por las dos partes. Pero ¿se le dará solución hoy, ahora, a esto? Esperemos que sí. ¿Defendemos la equiparación salarial? Por supuesto que sí. En Compromís considerábamos que la moción se quedaba corta e incompleta y con la aceptación de las enmiendas —pues parece ser que el Grupo Socialista reconoce esas inconcreciones— se mejora.

Por lo tanto, esperamos que salga aprobada por unanimidad en beneficio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y porque se lo merecen desde hace ya muchos años, en Compromís apoyaremos esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente desde mi escaño para manifestar que apoyaremos esta moción porque entendemos que es de justicia la equiparación salarial de nuestras fuerzas, Guardia Civil y Policía Nacional, con el resto de policías autonómicas. Creemos que hay un déficit en ese sentido —así lo han manifestado ellos y ellas— y creemos que debemos ser conscientes y partícipes de esas demandas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Efectivament, senyor González Cabaña, la professionalitat i la perillositat de l’activitat policial, de qualsevol policia —també l’autonòmica i les policies locals-—, han de gaudir de les retribucions dignes i justes pel risc que comporta precisament aquesta professió i la seva dificultat. Evidentment, ha d’haver-hi justícia salarial, retributiva i evitar qualsevol discriminació, com també és evident que en qualsevol millora, ja sigui logística o material, per la realització de les tasques policials a nosaltres ens hi trobaran perquè volem el mateix per al cos de Mossos d’Esquadra i les policials locals.

Ara bé, dit això, jo sóc senadora del PDeCat, de Catalunya, i com vostès saben el nostre país té competències en matèria de seguretat ciutadana. Tenim una policia que és pròpia, el cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals, és a dir, la policia integral, i tenim aquesta competència, ara intervinguda i controlada per l’inconstitucional article 155. Precisament tenim aquestes competències per poder fer l’exercici de les tasques policials garantint també retribucions justes i vetllant perquè les dotacions siguin les adequades, i així ha estat. Ara bé, per això tenim una policia de primera, amb un sistema retributiu just i equitatiu, i d’això n’estem satisfets. El que no tenim i, per tant, no n’estic satisfets és que, per fer bé la nostra feina, és a dir, la de garantir la seguretat ciutadana, no tenim la munició i l’armament necessaris, no tenim la possibilitat de formar part d’Europol, amb els temps que estem vivint, no tenim ni disposem de la informació fefaent per saber que terroristes afincats a Catalunya són col·laboradors o confidents del CNI, no tenim avui ni disposem de les competències que ens atorga l’Estat d’Autonomia de Catalunya perquè estan controlades i intervingudes per un article 155 que, com he dit, és inconstitucional.

Mirin, per dignitat i responsabilitat ens trobaran en tot allò que sigui òptim per arreglar i millorar les condicions patètiques i lamentables que viuen els cossos i forces de seguretat de l’Estat, però també per dignitat i responsabilitat deixi’ns fer bé la nostra feina i no limitin la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat i la llibertat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

La nostra causa, ara i avui, és demanar que ens deixin fer bé la feina, que ens deixin fer bé la feina i alliberin, per causes injustes, el conseller Forn i el major Trapero, els majors responsables d’acabar amb la cèl·lula gihadista que va amenaçar Catalunya aquest estiu. Ells van fer bona feina i per fer bona feina un està empresonat i l’altre està defenestrat i apartat de les seves legítimes responsabilitats. Potser la perillositat de les funcions policials a Catalunya és que un major del cos de Mossos d’Esquadra faci fer la seva feina reconeguda internacionalment i un conseller estigui a la presó per vetlla i garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Moltes gràcies.

Efectivamente, señor González Cabaña, por la profesionalidad y la peligrosidad de su actividad, cualquier policía, también la autonómica y la local, debe gozar de retribuciones dignas y justas por el riesgo que conlleva esta profesión. Además, debe darse una justicia salarial y retributiva, y evitar cualquier discriminación. Y es evidente que nos van a encontrar en cualquier mejora logístico-material para la realización de las tareas policiales, porque queremos lo mismo para el cuerpo de los Mossos d’Esquadra y las policías locales.

Ahora bien, dicho esto, yo soy del PDeCAT, vengo de Cataluña, soy senadora de este grupo y, como saben ustedes, nuestro país tiene competencias en materia de seguridad ciudadana. Tenemos una policía propia, el cuerpo de Mossos d’Esquadra y las policías locales, es decir, la policía integral. Ahora tenemos esa competencia intervenida y controlada por el inconstitucional artículo 155. Tenemos esas competencias para poder realizar el ejercicio de las tareas policiales, garantizar retribuciones justas y velar para que las dotaciones sean las adecuadas, y así ha sido. Por ese motivo, tenemos una policía de primera, con un sistema retributivo justo y equitativo y estamos satisfechos con ello. Lo que no tenemos y, por lo tanto, no nos sentimos satisfechos, es la munición y el armamento necesarios para hacer bien nuestra labor, es decir, para garantizar la seguridad ciudadana; no tenemos la posibilidad de formar parte de Europol, con los tiempos que estamos viviendo; no disponemos de información fehaciente para saber qué terroristas afincados en Cataluña son colaboradores o confidentes del CNI; no disponemos hoy de las competencias que nos otorga el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque están controladas e intervenidas por el artículo 155 que, como ya he dicho, es inconstitucional.

Miren ustedes, por dignidad y responsabilidad, nos van a encontrar en todo lo que sea óptimo para arreglar y mejorar las condiciones patéticas y lamentables que viven los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero también por dignidad y responsabilidad, déjennos que hagamos bien nuestro trabajo y no limiten la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cataluña.

Nuestra causa, ahora y hoy, es pedir que nos dejen hacer bien nuestra tarea, que les dejen hacer bien su trabajo y liberen al conseller Forn y al mayor Trapero, encarcelados por causas injustas, que son los mayores responsables de acabar con la célula yihadista que amenazó y atacó Cataluña este verano. Ellos hicieron bien su labor y, por hacer bien su labor, uno está en prisión y el otro defenestrado y apartado de sus legítimas responsabilidades. Quizá, la peligrosidad de las funciones policiales en Cataluña sea que un mayor del cuerpo de Mossos d’Esquadra haga bien su trabajo, reconocido internacionalmente, y un conseller esté en la cárcel por velar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

En todo lo que sea mejorar las condiciones sociolaborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nosotros vamos a estar, obviamente, a favor. De hecho, nosotros ya hemos hecho propuestas bastante parecidas en el Congreso. Esta es una reivindicación que viene de largo —veintiséis años—. La reivindicación de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas viene de largo, llevamos veintiséis años de reivindicaciones de las asociaciones y sindicatos policiales, y la realidad es que la desigualdad es bastante grande. Por ejemplo, un mosso o un ertzaina, cuando sale de la academia gana unos 2000 euros, mientras que un guardia civil gana unos 1350 y un policía nacional unos 1400. La brecha que existe oscila entre los 600 y los 1000 euros. Y cuando se llega a la edad de jubilación, la brecha es bastante grande; de hecho, puede haber pensiones de unos 2100 euros en policías autonómicas y 1700 en policías o 1300 en guardias civiles. Es bastante la diferencia y es bastante injusto cuando se desarrollan funciones parecidas.

Señor González Cabaña, nosotros vamos a votar a favor y esperamos que esta propuesta sea la definitiva y sea la buena. Nos veremos en los presupuestos, que son realmente los que valen. Pero tenemos que recordar que esta reivindicación viene de largo: hace ya veintiséis años. Ustedes han estado en el poder bastantes años y en ese momento podían haberlo solucionado y no lo hicieron. Ahora esperamos encontrarnos en los presupuestos.

No olvidemos que la Guardia Civil no quiere que los partidos políticos hablemos por ellos y reivindiquemos precisamente los derechos que están pidiendo. Ellos están pidiendo tener derecho a la sindicación, entre otras cosas, para poder reivindicarlos ellos. Y ahí sí que no estamos de acuerdo, porque de hecho ya han votado en contra, junto con el Partido Popular, a una proposición no de ley nuestra en el Congreso. Creo que es el momento de que les concedamos el derecho que todo trabajador tiene reconocido, y ellos también, en el artículo 28.1 de la Constitución española.

También tengo que recordar que mientras estuvieron en el Gobierno, en 2011, intentaron prohibir, junto con el Partido Popular, el derecho a la manifestación, introduciendo una enmienda, precisamente en el Senado, en la tramitación de la Ley de contratos del sector público. Menos mal que eso lo tumbaron los tribunales.

Una cosa importante, cuando se tramitaban los Presupuestos Generales del Estado para 2016 —nosotros ya estábamos aquí— precisamente Compromís introdujo una enmienda para equiparar salarialmente Guardia Civil y Policía Nacional, equiparación bastante más pequeñita que la que pretende la moción que hoy nos trae aquí, y ustedes se abstuvieron. ¡Vamos a ver qué nos encontramos ahora en el presupuesto de este año!

Señor Alegre, las cartas bocarriba: ustedes votaron en contra junto con el PP. ¿Cómo se explica eso?

Señor Cabaña, vamos a votar a favor, a ver si nos encontramos también en los presupuestos.

Señores del Partido Popular, la actuación del Gobierno y la actuación de su partido en este tema ha sido bastante hipócrita a lo largo de los años, y esta reivindicación viene de hace veintiséis años. Ha sido una actuación muy hipócrita. Y las faltas de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los últimos tiempos son bastante grandes.

El director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa, prometía que para los presupuestos de 2016 iba a estudiar la equiparación entre ambos cuerpos y después votaron que no en el Senado; el ministro Zoido decía a bombo y platillo que apostaba por la equiparación salarial para ofrecer una media de unos 36,8 euros más al mes, que es de risa, una tomadura de pelo; no hablan nunca de plazos ni de compromisos con plazos, lo cual es no hablar de nada, ni de compromisos reales; y el secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, decía que la media era mucho más elevada que la media de la policía europea, cosa que es absolutamente falsa. Y no solo esto, sino que, además, han sacado de las calles a 20 000 guardias civiles y hay 14 000 policías nacionales menos; trabajan sin chalecos antibalas porque no hay para todos, y eso que aún estamos en meses de alerta antiterrorista, sin medios adecuados, sin tener claro los protocolos de actuación que les den garantías jurídicas, como en Ceuta y Melilla, jornadas laborales que no son dignas, dificultad para conciliar la vida laboral, etcétera.

Señores del PP, dignifiquen las condiciones laborales y salariales de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demuestren con los hechos que realmente defienden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más allá de declaraciones vacías, que son las que vienen a hacer.

Nosotros defendemos la equiparación salarial ya, porque se puede, porque es justa; con plazos cortos, en tres años, se puede conseguir y, por supuesto, lo defenderemos en los presupuestos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

Señor Alegre —no está ahora mismo, pero se lo puede decir su compañero de partido—, no sabía yo si era el jefe de gabinete de Montoro o el portavoz del Grupo de Ciudadanos. (Aplausos). Aquí cada portavoz que ha intervenido hasta ahora —y lo hará también el portavoz del Grupo Popular— ha hablado de su libro. Yo creo que libro, no hay más que uno en este tema y en este debate, y es el de la equiparación salarial.

Ayer, el periódico El País publicaba una especie de homilía firmada por el ministro sobre la equiparación salarial con el título: Equiparación en marcha. Esas tres palabras me llamaron la atención e incluso me llevaron al entusiasmo. Pero, como ocurre casi siempre, el entusiasmo no es nada más que la antesala de la decepción, y así fue en este caso, porque atendiendo a los significados de la palabra en marcha en el diccionario —el título era equiparación en marcha—, uno entendía que algo se había movido hacia delante en el tema de la equiparación. Y a mí desde pequeño me han enseñado que cuando algo marcha es que va bien. Pero nada más lejos de la realidad. Leyendo la tribuna del ministro, que no era más que una mala transcripción de sus intervenciones más recientes en esta Cámara, a la conclusión que yo llegué rápidamente es que el artículo se debería haber llamado, en vez de Equiparación en marcha, Equiparación en stand by, que es donde la tiene el ministro. Era simplemente un intento del ministro, que no podía estar hoy aquí, de irrumpir en este debate, aunque fuese en espíritu, pero estar aquí.

Eso demuestra que la mera presentación de una moción como esta, de un debate como este, ha puesto nervioso al ministro, y yo creo que refleja también el nerviosismo del Gobierno en este tema. Pero eso ni es bueno ni malo, depende de lo que a partir de hoy haga el Gobierno. En lugar de concretar plazos y cuantías, como sí hacemos nosotros en esta moción, vuelve a la carga con el señor Corcuera, a quien, por cierto, la senadora Mora también ha sacado a bailar en su intervención, un ministro socialista de hace treinta años.

El ministro culpabiliza sin nombrarlo al señor Zapatero y ataca a este grupo parlamentario en su tribuna por el simple hecho de traer a debate esta moción. Yo creo que el ministro perdió ayer en la tribuna una gran oportunidad de concretar cuáles son las previsiones del Gobierno para la equiparación real y total de Policía y Guardia Civil. Una vez más asistimos a lo que más le gusta al ministro, la tocata y fuga, es un entusiasta de la música de Bach. El señor ministro pretende convertir la equiparación salarial en un compendio de las tres virtudes teologales: fe, cuando simplemente es la economía; esperanza, cuando realmente se trata de sus derechos; y caridad si el que tiene que presupuestar la equiparación salarial es el señor Montoro. No hay otra.

Y llegados a este punto, uno no sabe con quién quedarse, a quién creer, si al ministro Zoido de la tribuna de ayer con la Equiparación en marcha o al ministro Montoro que en Jaén dice a los representantes sindicales que habrá subida salarial, pero no equiparación. Va a resultar que los que pretendían la estrategia de división entre las asociaciones y sindicatos distanciándoles del Gobierno han lanzado un búmeran que se está volviendo contra ellos y lo que está empezando a haber es división entre ministros. Va a ser que sí.

Pero si en este tema de la equiparación seguimos en vía muerta, otro tanto ocurre con los medios materiales. El parque móvil de los dos cuerpos ha envejecido considerablemente en los últimos cinco años. Los esfuerzos en la lucha contra los delitos informáticos se ven mermados por la falta de tecnología suficiente. La alta preparación de policías y guardias civiles es lo único que hace subsistir el sistema. Y claro, la culpa como siempre, según el ministro, es de Corcuera y de Zapatero.

Decía el señor ministro en la interpelación de hace quince días que había que votar para conseguir una equiparación justa. Pues bien, hoy la ocasión la pintan calva. Votemos la moción de nuestro grupo parlamentario con las enmiendas que hemos admitido —



por cierto, señora Domínguez de Posada, no puedo admitir la suya porque no se puede modificar— y veamos quién está por una equiparación justa y quién no.

Decía también el señor Zoido que había que retratarse, como dicen en Andalucía. Pues bien, nosotros hoy nos retratamos en esta Cámara, al igual que otros grupos parlamentarios. El grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Popular, también puede retratarse. Es más, puede hacerse hasta un selfie y meter al ministro con el photoshop, pero les digo que sean consecuentes...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Termino, señor presidente.

Sean consecuentes. Apoyen también la propuesta de equiparación salarial, porque, como les dije en la interpelación al ministro, esto es una ola de ilusión que se está convirtiendo en un tsunami.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González Cabaña.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente, señorías. También quiero dar un saludo a los representantes de Policía y Guardia Civil.

Con respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno a aprobar una serie de medidas que afectan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como consecuencia, a incrementar partidas presupuestarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado, a nuestro juicio plantea cuestiones con las que estamos de acuerdo en el fondo y que coinciden con el compromiso del Gobierno y con lo que nos habían planteado asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y de Policía. Les quiero decir que esta moción la votaremos con responsabilidad y siempre a favor de la Policía y de la Guardia Civil. (Aplausos).

No coincidíamos con el texto de la moción que han presentado, pero pensábamos votar favorablemente algunos de sus puntos. Hemos sabido de la imposibilidad de hacerlo punto por punto y por esas razones y por las discrepancias que manteníamos con el texto de su moción ayer mismo les propusimos llegar a un acuerdo sobre la base de un texto bien claro que recogía parte de los acuerdos ya adquiridos por el Gobierno en todas las cuestiones que contiene la moción, pero rechazaron nuestra propuesta. Les propusimos incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y posteriores partidas presupuestarias necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos, y nos dijeron que no. Les propusimos participar en el diálogo y negociación con asociaciones, sindicatos y el propio Ministerio del Interior para analizar situaciones laborales, geográficas, medios, presupuestos, cifras posibles, asignación de complementos y otras circunstancias para permitir una mejor catalogación, y nos dijeron que no. Y lo mismo les decíamos sobre cómo resolver progresivamente las mejoras de instalaciones, medios, infraestructuras y suficientes tasas de reposición de efectivos, y también nos dijeron que no.

Nuestra intención era bien clara y pretendíamos pactar con el Grupo Socialista un texto que pudiese contribuir a resolver reivindicaciones antiguas ya planteadas, incluso en períodos del Gobierno socialista, y no resueltas; treinta años para resolver cuestiones que en los próximos presupuestos va a resolver el Partido Popular. Y lo queríamos hacer sin demagogia, pero no quisieron. Ante esta cerrazón del PSOE, les anuncio que vamos a presentar una moción en el próximo periodo de sesiones que recoja nuestras propuestas sobre cómo abordar y resolver estas cuestiones.

Nosotros creemos que su moción es una moción trampa, que pretendía revolver y hacer ruido, que buscaba el voto negativo del Partido Popular, que era electoralista y que perseguía, entre otras cuestiones, aspectos tan claros como ese voto negativo popular a utilizar en la campaña catalana. (Aplausos.— Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Sí señor! ¡Muy Bien!— Aplausos). Una moción que hace populismo y el Partido Popular no va a caer ni en su demagogia ni en su populismo. Yo le reto a que si quiere apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apoyen los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Ahí es donde se va a encontrar el Partido Popular.

Nosotros les pedimos que un partido que ha sido Gobierno, que es alternativa de Gobierno y que ha tenido responsabilidades de Gobierno se sume a las justas reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto con el Partido Popular. Entre todos tenemos que abordar y resolver estas situaciones. Insisto, en el Partido Popular creemos que son reivindicaciones justas que hay que abordar con rigor y resolverlas con seriedad ya que afectan a salarios, afectan a trabajo, afectan a medios con los que trabajan, a las plantillas y que influyen de una manera muy importante en sus familias. Frente a todo esto, en el Partido Popular pretendemos dar soluciones a partir del próximo año.

Hay que recordarles que estas reivindicaciones se arrastran desde los Gobiernos del Partido Socialista, incluso las creó el propio Partido Socialista: recuerden ustedes 2005, cuando cometieron la torpeza de mejorar una parte de la Policía generando agravios comparativos con la Guardia Civil. Son situaciones injustas que, ya les digo, fueron creadas por ustedes.

Y ha habido algo que me ha sorprendido, señor González Cabaña. Usted dice que han presentado 1800 millones y esto no es verdad, señoría, no es verdad. Mire, aquí tengo los documentos donde ustedes hablan de 1 800 000 euros, 2 000 000, a mí no se me ha pasado. (El señor González Cabaña: ¡No, no, no!). Hay que ser más serio a la hora de plantear estas cuestiones y no confundirse en temas tan importantes. (Aplausos).

Señor presidente, señorías, termino manifestando que votaremos en consecuencia y con responsabilidad y, por respeto a las organizaciones de Policía y Guardia Civil, frente a las trampas a que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, lo haremos pensando en la dignificación de la situación de estos cuerpos, que se comprobará en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Se lo digo, señorías, votaremos con responsabilidad a esta moción.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.— El señor González Cabaña pide la palabra.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador González Cabaña. (Pausa).

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Ahora ya se oye. Hemos tardado más en arreglar el micrófono que en lo que voy a decir. Voy a ser muy rápido, aunque hable desde la tribuna.

Señor portavoz del Grupo Popular, hubo un error de transcripción y, de acuerdo con el Reglamento, se presentó el escrito de rectificación, que igual a usted no se lo han pasado —problema de su grupo—, pero que está registrado y en el que se recogen 1800 millones. Luego de demagogia, la de usted en estos momentos y con este tema. (Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña. (El señor González Cabaña pide la palabra).

Senador González Cabaña, queda aclarada la cuestión. (Rumores).

Tiene la palabra, señor Pérez Lapazarán.

EL señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, yo pediría que leyesen el último párrafo de la moción, pues ni tenemos ningún tipo de rectificación ni hemos visto ninguna enmienda del Partido Socialista. Yo pediría que se leyese, por favor, el último párrafo de la exposición de motivos de esta moción del Partido Socialista. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Ruego al señor secretario primero de la Mesa que dé lectura a la solicitud del senador Pérez Lapazarán.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Aznar Fernández): Sí, señor presidente.

Dice así: «El coste económico de la moción, en cumplimiento del artículo 175.2 del Reglamento del Senado, se estima en 1 800 000 euros».

Y ahora el escrito de rectificación: «Por el presente escrito se comunica que el coste económico de la moción consecuencia de interpelación 630/000056, relativa a la equiparación salarial entre los cuerpos policiales del Estado, que figura por un error de transcripción en el texto de la moción valorado en 1 800 000 euros, debería ser de 1800 millones de euros». (Fuertes aplausos). «Lo que se comunica a los efectos oportunos en cumplimiento del artículo 175.2 del Reglamento del Senado».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Aclarada la cuestión, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las cuatro enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete y de la enmienda de los senadores de Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos emitidos, 240; a favor, 230; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Fuertes aplausos.— Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. 662/000090 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: dos por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos. (Rumores).

Comenzaremos cuando haya silencio en el hemiciclo, que todavía no lo hay. Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio y guarden silencio. (Rumores). Yo no tengo ninguna prisa.

Señorías, para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Galván.

El señor GALVÁN PORRAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular hacer uso de la palabra para defender la moción que mi formación política ha presentado, con objeto de que el Pacto de Estado social y político por la educación refuerce y amplíe las competencias de la Alta Inspección Educativa, de tal manera que disponga de los mecanismos para velar por que los centros educativos desarrollen sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, con garantía de neutralidad ideológica, respetando las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución y con una efectiva realización de los fines de la actividad educativa.

Actualmente, como todos ustedes saben, la Alta Inspección tiene unas competencias que se centran especialmente en velar por que el desarrollo de las políticas educativas con normativa básica se lleven a cabo en las comunidades autónomas, así como en controlar que las administraciones educativas en el ámbito autonómico completen el currículum o desarrollen la normativa básica de acuerdo con lo marcado por la normativa estatal. El detalle de estas competencias que acabo de sintetizar se desarrollan en el artículo 150 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. En dicho artículo, la Alta Inspección de Estado encuentra la guía que dirige y rige su actividad diaria, así como las especificaciones de los motivos funcionales a los que debe su existencia; si bien también es cierto que la Alta Inspección del Estado no tiene funciones de inspección educativa en las comunidades autónomas respecto a la regulación, organización y funcionamiento de los centros educativos en virtud de las transferencias en materia de educación incluidas en las leyes orgánicas de los estatutos desarrollados en leyes o reales decretos.

Y en esta dimensión concretamente en la que viene a incidir nuestra moción, porque esa reducción competencial o funcional que en el plano de lo práctico ha provocado la transferencia de competencias educativas se ha demostrado perjudicial en las acciones de vigilancia y supervisión del cumplimiento de nuestras leyes de mayor rango en algunos centros educativos de nuestra nación. No les descubriré nada si les digo que el amplio margen de confianza, traducido en cesiones competenciales dadas por el Estado a las autonomías, en el ámbito educativo ha sido traicionado por algunos de los ejecutivos encargados de la gobernanza de ciertas regiones de España. Alguno de estos gobiernos autonómicos ha permitido y alentado acciones de todo punto inadmisibles, por cuanto se han basado en la transgresión de nuestros principios constitucionales y de las leyes vigentes y en el fomento de adoctrinamiento como conducta admisible y útil a la hora de inculcar una ideología basada en la deformación de la historia y la promoción de realidades virtuales y alternativas. (Rumores).

Por evidente que resulte, parece ser que hay personas y dirigentes políticos que aún no han entendido, o no han querido entender, que la principal labor de los representantes públicos con respecto a los niños es la que se apunta en el artículo 2.º de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Esto es, que los Estados miembros han de ser garantes de la protección de los niños contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, actividades, opiniones expresadas o las creencias de sus padres. Del mismo modo, hay que subrayar que en el artículo 27 de nuestra Constitución queda apuntado negro sobre blanco que la educación, entre otras cosas, ha de tener por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales; que los poderes públicos hemos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; o que los poderes públicos hemos de inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Pese a todo, son múltiples los ejemplos de promoción y ejecución de malas praxis en el ámbito educativo por parte de altos cargos de gobiernos autonómicos, por entidades vinculadas a esos gobiernos y por parte de ciertos funcionarios públicos. Y por ello, también son incontables las denuncias formuladas por docentes, padres, madres, y alumnos en este sentido.

Si entramos en el detalle de esas denuncias, podremos comprobar las atrocidades que se vienen produciendo en algunos centros de España. Niños hasta de educación infantil a los que se les obliga a entonar himnos y canciones a favor de la independencia; realización de comentarios supremacistas, insultos y vejaciones alusivos a España y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; proyección de videos en los que se hace proselitismo del sectarismo; creación y utilización de materiales en los que se pervierten y manipulan datos históricos; degradación de niños y niñas por el mero hecho de ser hijos de sus padres, de no declararse independentistas o de utilizar el castellano para comunicarse con sus compañeros o profesores; difusión de la propaganda independentista en las aulas y un larguísimo etcétera que hace que no podamos permanecer inmóviles ante tal degradación de los derechos ciudadanos en general y de los derechos de los niños muy particularmente. (Rumores).

Con esta moción que presenta hoy el Grupo Popular pretendemos, por tanto, que se detecten y enfrenten mucho antes las transgresiones de las leyes vigentes en el ámbito educativo. Y para ello es imprescindible esta ampliación de los márgenes competenciales de la Alta Inspección del Estado, para que nuestros servidores públicos puedan trabajar sin tener que sortear mil y un obstáculos a la hora de contribuir a la erradicación de cualquier conducta o actividad dirigida al adoctrinamiento, a la discriminación o a la promoción de las múltiples manifestaciones de los delitos de odio que se están sufriendo en las aulas de ciertos centros educativos del país.

Y como a veces lo mejor es un ejemplo vivido, les voy a contar, para terminar, lo que a mí me ocurrió como director de un colegio público en la provincia de Badajoz, como alcalde, como diputado provincial en el año 2002. La inspectora, a mediados de curso, concretamente en el mes de noviembre, me dice que mi mandato como director había cumplido y que había un error. Esto se dijo en el claustro: la idea era nombrar un director afín a la ideología de la inspectora de Educación. En el mes de diciembre yo me dirigí a la Alta Inspección del Estado y a la Abogacía del Estado. Recordemos que en el año 2003 había elecciones municipales. Presenté el escrito ante dicha inspección del Estado y la inspección del Estado hizo un informe, igual que la Abogacía del Estado, en el que hablaba de la presunta intención de cometer varios delitos contra el director del colegio de Calzadilla. Inmediatamente presenté todos estos escritos ante la Delegación Provincial de Educación, antes de las vacaciones de Navidad, y dicho hecho no se produjo en enero, como pretendían, por encontrarse con estos informes de la Alta Inspección del Estado. Esto era persecución política, buscaba que se hablara en otros colegios que qué habría ocurrido con el director de Calzadilla cuando a mitad de curso se le quitaba el cargo. (Rumores). Todo ello para incidir en unas elecciones municipales, dejando al director de Calzadilla en mal lugar.

Precisamente esto es lo que se debe evitar y para ello esta Alta Inspección del Estado tiene que tener lo que marcamos como objetivo en esta moción que presenta hoy el Grupo Popular: pretendemos, por tanto, que se detecten y enfrenten mucho antes...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GALVÁN PORRAS: Acabo.

Decía que se detecten y enfrenten mucho antes las trasgresiones de las leyes vigentes en el ámbito educativo y para ello es imprescindible esta ampliación de los márgenes competenciales de la Alta Inspección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Galván.

Señorías, les informo de que no vamos a detener el Pleno a mediodía y que todas las votaciones que haya a continuación, incluida la de esta moción, se realizarán a partir de las cuatro de la tarde.

Vamos a entrar en el debate de las enmiendas. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Con esta moción el Grupo Parlamentario Popular quiere que en el futuro pacto de educación se incluya una ampliación de competencias de la Alta Inspección Educativa. Pero, señorías, esta no es la cuestión, aunque se podría estudiar. Hablémoslo entonces en el marco del pacto y escuchemos a los consejeros de educación de las comunidades autónomas en la ponencia de estudio del pacto educativo del Senado.

La cuestión es que se deben cumplir las leyes, concretamente el título VII de la Ley Orgánica de educación, que no se ha cumplido. Lo que se debe hacer es desarrollar un marco normativo para la Alta Inspección Educativa y esto, a nuestro entender, no vulnera las competencias autonómicas. Nosotros apoyamos una agencia independiente, que no dependa de lo que inste el Gobierno de turno, que sea imparcial y que sus informes sean públicos. Por eso, la enmienda de Ciudadanos expresa la necesidad de desarrollar un marco normativo de la AIE.

Esperamos contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y del resto de los grupos para nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Després de la intervenció del portaveu del Partit Popular no sé, no sé què dir, m’he quedat estupefacte, la veritat. Imagine que és que m’han alliçonat des de menut i no tinc capacitat per a entendre eixes barbaritats que acabe d’escoltar. Des del 155 veig que estan molt crescuts vostès, i ara és l’atac sistemàtic a l’escola pública, l’atac sense cap tipus d’escrúpols als docents, als professors i als mestres, l’atac a la llibertat de càtedra, l’atac a l’Estat de les autonomies, l’atac a l’educació transferida. Estan vostès desbordats, veritablement, i fan un poquet de por i són realment al·lucinants els arguments que hem d’escoltar. Vostès que ens volen donar una visió nacionalista i rància que menysprea la diversitat i la pluriculturalitat de l’Estat i l’excusa és controlar tot allò que s’ensenya a les escoles, és un atac directament a l’Estat de les autonomies i ara ja el «todo vale», ja poden atacar qui els done la gana: els professors, els mestres, i ficar-los en la diana del seu odi continu cap a tot aquell que no pense com vostès. Per això els demanem que retiren tots eixos atacs que estan fent als sistemes educatius públics de les comunitats autònomes. Curiosament són les comunitats autònomes on tenim pluralitat lingüística. Volen casos i exemples d’alliçonament? Vaig a llegir-los titulars de la premsa: «Un libro de texto para niños tergiversa la historia de Federico García Lorca y Antonio Machado. Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante la guerra de España. Antonio Machado se fue a vivir a Francia con su familia». Això a vostès no els pareix alliçonar, això a vostès els pareix perfecte.

En el País Valencià fa poc van publicar: «La policía confirma que 22 maestros de religión cobraron sin dar clases». Eixos no alliçonen, els que expliquen mitologia fantàstica a les escoles públiques.

«Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de “Peppa Pig” o la “Patrulla Canina” el 12 de octubre». Això no és alliçonar. «El canal infantil Clan TV reinventa la historia de María Pita al ponerle una bandera española en las manos». Això tampoc no és alliçonar. Tampoc serà alliçonar per a vostè l’escàndol «El vídeo de niños jurando bandera en Ceuta indigna en Twitter». Tampoc serà per a vostès alliçonar, un altre titular.

«Un libro de texto de Primaria elogia la Dictadura, el PP y a Esperanza Aguirre. El libro se estudia en sexto curso de los colegios públicos del programa bilingüe. La asociación de padres pide su retirada». Per a vostès això no és alliçonar, mentre impartisquen i imposen la seua visió rància d’allò que ha de ser Espanya això no és alliçonar, ara quan ensenyem els xiquets a ser crítics, a tindre esperit crític i simplement a poder rebre classes en la seua llengua, per a vostè ja és alliçonar i atacar els xiquets. Per favor, deixen de jugar en l’educació dels xiquets, deixen de jugar en l’ensenyament públic, deixen de posar en la diana els professors i deixen de fer demagògia, no tinguen eixa poca vergonya conforme la tenen. Són vostès uns hipòcrites, no tenen vostès vergonya ni la coneixen.

Gràcies.

Después de la intervención del portavoz del Grupo Popular no sé qué decir, me he quedado estupefacto. Imagino que me han aleccionado desde pequeño y no tengo capacidad para entender las barbaridades que acabo de escuchar. Desde el 155 veo que están muy crecidos y ahora están en el ataque sistemático a la escuela pública, el ataque sin ningún tipo de escrúpulos a docentes, profesores y maestros, el ataque a la libertad de cátedra, al Estado de las autonomías y a la educación transferida. Están ustedes desbordados. Dan un poco de miedo. Dicen cosas alucinantes y dan argumentos alucinantes.

Ustedes nos quieren dar una visión nacionalista rancia que menosprecia la diversidad y la pluriculturalidad del Estado, y la excusa es controlar todo lo que se enseña en las escuelas. Es un ataque directo a la escuela de las autonomías; ahora todo vale, pueden atacar a todos: a profesores y maestros y ponerlos en la diana de su odio continuo hacia los que no piensan como ustedes. Por eso les pedimos que retiren todos los ataques que están haciendo al sistema público de las comunidades autónomas; curiosamente, son las comunidades autónomas donde tenemos plurilingüismo.

Si quieren ejemplos de aleccionamiento, les leeré titulares de la prensa: «Un libro de texto tergiversa la historia de Federico García Lorca y Antonio Machado: Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante la guerra de España. Antonio Machado se fue a vivir a Francia con su familia». Esto les parece a ustedes perfecto.

En el País Valenciano hace poco publicaron: «La policía confirma que veintidós maestros de religión cobraron sin dar clases». Esos no aleccionan. Los que explican mitología fantástica en las escuelas públicas eso no es aleccionar.

«Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de “Peppa Pig” o la “Patrulla canina” el 12 de octubre». Eso tampoco es aleccionar. «El canal infantil Clan TV reinventa la historia de María Pita al ponerle una bandera española en las manos». Tampoco será aleccionar para usted el escándalo «El vídeo de niños jurando bandera en Ceuta indica en Twitter». Tampoco será para ustedes aleccionar este titular.

«Un libro de texto de primaria elogia la dictadura, al PP y a Esperanza Aguirre. El libro se estudia en 6.º curso de los colegios públicos del programa bilingüe. La asociación de padres pide su retirada». Para ustedes eso no es aleccionar, mientras impartan e impongan su visión rancia de lo que tiene que ser España no es aleccionar. ¿Cuando les enseñamos a los niños a ser críticos, a tener un espíritu crítico, y a recibir clases en su propia lengua, eso es aleccionar y atacar a los niños? Por favor, dejen de jugar con la educación de los niños, con la enseñanza pública, dejen de poner en la diana a los profesores y de hacer demagogia. No tengan esa poca vergüenza. Son ustedes unos hipócritas, no tienen vergüenza ni la conocen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra el senador Soler, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señores senadores, creo que falta la defensa de la enmienda del senador Navarrete (El señor Mulet García: No, la he defendido yo). Perdón, me dice el señor Mulet por señas que él defendía las dos.

Señor Mulet, no podemos aceptar ninguna de sus dos enmiendas. En la primera, su señoría, o el señor Navarrete, dice que lo que tenemos que hacer es respetar el marco constitucional autonómico, cosa que no solo hacemos, sino que precisamente la Alta Inspección, en la reforma que nosotros pretendemos, permitirá complementar la funcionalidad y la relación entre las instituciones autonómicas y las instituciones del Gobierno de España. Es algo que no debería contravenir su señoría, porque todo lo que ha dicho su señoría que pueden ser cuestiones que se han falseado, a través de la reforma que proponemos no solo tendrán las instituciones autonómicas para reclamar, sino también la Alta Inspección del Estado.

Con respecto a lo que usted ha dicho, han ido anécdotas sobre libros de texto, muy bien extraídas, para utilizar como argumentario. Le tengo que decir que no el Partido Popular, no Ciudadanos, sino un historiador como John Elliott, que no coincide con ninguno de los dos partidos que he citado en determinadas cuestiones relacionadas con el tema que discutimos, así como otros hispanistas ingleses, denunciaban escandalizados el tono y los textos de historia que se estaban impartiendo en la enseñanza catalana. Decían que estaban totalmente falsificados. No lo dice el Partido Popular ni Ciudadanos, sino John Elliott. Mire usted, yo he sido estudiante y soy licenciado en Historia, y creo que es uno de los hispanistas más grandes que ha dado el siglo XX y el siglo XXI.

En la segunda enmienda dice que el Gobierno de España acosa o que pone en la diana a los enseñantes catalanes. No, de ninguna manera. Lo que pedimos, y vamos a hacer, es que, respecto a aquellos enseñantes que utilicen su posición para instruir adoctrinando a los alumnos, sus padres puedan reclamar ante distintas instancias, no solo la autonómica, sino también la que está enmarcada en la Administración del Gobierno de España, para poder defenderse de los posibles abusos. ¿O es que usted no quiere que nosotros defendamos que los padres puedan tener la oportunidad de defenderse de los abusos? Es algo a lo que usted no puede oponerse de ninguna manera. Incluso usted ha denunciado una serie de abusos. También estaría a su disposición para poder defenderse.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Termino.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos, creo que las han presentado mal. Tendrían que haberlas presentado una por una, porque no se puede negociar un bloque de cinco enmiendas, no se puede estar de acuerdo con las cinco. Por tanto, no las podemos aceptar. Hubiéramos rechazado las tres primeras por estar recogidas en nuestro texto, y las dos últimas, que nos hubiera gustado incorporarlas con algunos pequeños retoques de redacción, no lo podemos hacer porque tendrían que permitirlo cuatro grupos parlamentarios, y por el tono y las explicaciones que han dado otros portavoces no sería posible.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Estoy convencido de que Ciudadanos coincide con nosotros y que, sea cual sea su voto, estará de acuerdo en que esta moción que ha presentado el Grupo Popular es absolutamente necesaria.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señoría, los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, en ocho años, no han cumplido las competencias de la Alta Inspección educativa. El Gobierno no puede permanecer inactivo y debe velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos. Ese es el espíritu de la enmienda de Ciudadanos, desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación y de la Constitución española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Simplemente quiero explicar que las dos enmiendas están firmadas por el señor Navarrete y por mí, así que perfectamente puedo defenderlas sin tener que pedir autorización a nadie.

En ningún momento he hablado de Cataluña, sino que estoy hablando de ustedes, de lo que están haciendo ustedes. La Comunidad Valenciana tiene muchos problemas, pero el principal problema que tenemos los valencianos se llama Partido Popular, que es un partido que cuando ha gobernado nos ha llevado al barraquismo absoluto en la educación pública, y ahora que está en la oposición se dedica a acosar sistemáticamente a los profesores, que simplemente están dando materias como lengua propia.

Por lo tanto, les estamos criticando a ustedes, desde el robo de Ciegsa a los ataques continuados a la educación pública, y pensamos que esto es poner nuevamente a los pies de los caballos a los profesionales de la educación, ponerlos en cuestión.

He puesto cinco anécdotas, igual que las que ustedes ponen y magnifican cuando se trata de un caso en una comunidad autónoma que les es molesta. Meter un mapa autonómico ya les genera una urticaria que es preocupante, es digno de ver. Son ustedes realmente el problema, no lo son ni los docentes ni los alumnos, son ustedes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Intervengo para manifestar el posicionamiento de mi voto. La Agrupación Socialista Gomera va a votar en contra de esta moción, habida cuenta de que entendemos que con ella se pretende, por un lado, recentralizar las competencias educativas, que en su mayor parte están repartidas en las comunidades autónomas, y en particular la comunidad autónoma de Canarias tiene competencias en la materia, y dar mayor competencia a la Alta Inspección. En este sentido, sería detraer competencias de nuestra comunidad autónoma, con lo que no estamos de acuerdo. Por otro lado, entendemos que con esta moción lo que se hace es cuestionar la labor de todos los profesionales que desarrollan su labor en el sistema educativo de forma generalizada, y creo que no procede en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

La semana pasada el Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Congreso defendió la toma en consideración de una proposición de ley para la creación de lo que se denominaría agencia de alta inspección educativa, una agencia independiente, y Foro discrepó de esa propuesta porque consideraba que la educación nunca puede ser independiente de su gestión y supervisión.

La moción del Grupo Popular que hoy se debate promueve el refuerzo a la Alta Inspección educativa para que pueda llevar a término diferentes medidas que van desde velar por el cumplimiento de los valores constitucionales hasta la actuación, de forma rápida y eficiente, contra cualquier tipo de actuación que no respete la neutralidad ideológica y la libertad religiosa. La normativa básica que la Constitución otorga en el ámbito educativo al Estado ha sido sistemáticamente incumplida, porque hay quien ha querido legislar al margen de la ley, y lo que es peor, construir un modelo educativo vulnerando la ley.

Ningún poder público puede utilizar la educación con fines ideológicos y partidistas. La educación ha de ser un sistema moderno, no puede ser el instrumento utilizado por algunos para fabricar una ficción al margen de la ley. No podemos obviar que la exposición de motivos es un reconocimiento pleno de la insuficiencia y, por tanto, del incumplimiento de determinadas tareas encomendadas a la Alta Inspección educativa. Tanto la LOMCE como la LOE no dedicaron mucho espacio para referirse a la Alta Inspección educativa, si bien señalan cuáles son sus funciones y si se cumplieran, algo que se viene reclamando desde hace tantos años tanto en el Congreso como en el Senado, específicamente en sus respectivas comisiones de Educación, no haría falta una agencia independiente, que a la postre no lo sería, como propone Ciudadanos, y sería suficiente —tiene que serlo— la aplicación de los fundamentos recogidos en la Constitución española, en las diferentes leyes, en los reales decretos y en las normativas que se han desarrollado para que todas las comunidades autónomas tengan su correspondiente alta inspección.

Por tanto, señorías, votaremos a favor de la moción del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Bé, el que li ha passat al senador Galván, des del nostre grup ho lamentem, des del Partit Demòcrata lamentem que una qüestió tan sensible com és la qualitat personal i la condició personal que té una persona, doncs que es pugui afectar fent aquesta mena de sectarisme polític que sembla que insinuava que va passar a Extremadura. Però, vaja, centrem la qüestió perquè casos concrets, per lamentables que siguin, n’hi poden haver molts, però centrem la qüestió.

Al Congrés, tant Ciutadans com el Grup Popular han presentat iniciatives legislatives en aquest sentit, en el sentit de demanar, d’unificar i d’emparar sobretot les funcions que tenen la inspecció educativa de cada comunitat autònoma. Nosaltres considerem que és una moció molt electoralista. El 21 de desembre hi ha eleccions a Catalunya i tant Ciutadans com el PP estan fent un concurs per veure qui és més espanyolista i qui s’emporta un grapat de vots. Considerem que és molt trist però aquesta és la veritat. Vostès estan fent electoralisme barat per aquest motiu. S’han inventat llegendes negres i vostès mateixos se les han cregut, i sobre aquestes llegendes negres després van elaborant tot un discurs.

A l’octubre d’aquest 2017 Ciutadans va presentar una proposició de llei molt semblant al Congrés dels Diputats, que va ser rebutjada, per cert. El Grup Popular també en va presentar una que també va ser rebutjada. La pregunta que ens fem nosaltres és: quan la Conferència de presidents autonòmics solemnement diu que hem de fer un pacte per a l’educació. No l’hem de deixar treballar la subcomissió que està treballant al Congrés, o hem d’anar fent mocions alterant els treballs? Tenim dotzenes d’experts que han donat la seva opinió sobre el Pacte d’Educació. I ara ve el Grup Popular, perquè hi ha eleccions, el 21 de desembre ja haurà acabat això, a dir que s’ha de vigilar i lligar curt les autonomies. Doncs això és fals. Això és fals, i si ens atenem als fets, vostès veuran que hi ha poquíssimes denúncies concretes sobre les qüestions a què vostè es referia.

Vull recordar una cosa. L’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent dóna la competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya. Per tant, vostès, quan estan fent això estan qüestionant la llibertat de càtedra, la professionalitat dels docents, i fins i tot el mateix cos d’inspecció. Vostès són molt irresponsables fent aquestes coses i, a més a més, no pateixin perquè el 21 de desembre tindran la resposta que es mereixen. (Aplaudiments).

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo lamenta lo que le ha sucedido al senador Galván, una cuestión tan sensible como la calidad y la condición de una persona afectada por este tipo de sectarismo político —me parece que insinuaba que había sucedido en Extremadura—. Pero no me centraré en temas concretos, por lamentables que sean, sino en la cuestión.

En el Congreso, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han presentado iniciativas legislativas para pedir que se amparen las funciones de la inspección educativa de cada comunidad autónoma. Nosotros consideramos que es una moción muy electoralista, ya que el 21 de diciembre hay elecciones en Cataluña y tanto Ciudadanos como el PP están haciendo el concurso para ver quién es más españolista y quién se lleva un puñado de votos. Es muy triste, pero esa es la verdad. Ustedes están haciendo electoralismo con este motivo. Se han inventado leyendas negras y ustedes mismos se las han creído, y sobre estas leyendas negras van elaborando su discurso.

En octubre de 2017 Ciudadanos presentó una proposición de ley muy parecida en el Congreso de los Diputados, que por cierto fue rechazada. El Partido Popular también presentó una que también fue rechazada. La pregunta que nosotros nos hacemos es que, cuando en la Conferencia de presidentes autonómicos solemnemente dicen que hay que hacer un pacto para la educación, ¿tenemos que dejar trabajar a la subcomisión del Congreso o tenemos que ir haciendo mociones para alterar los trabajos? Tenemos docenas de expertos que han dado su opinión sobre el Pacto por la educación, y ahora viene el Grupo Popular, porque hay elecciones el 21 de diciembre y habrá acabado esto, a decir que hay que vigilar y atar corto a las autonomías. Pues bien, esto es falso, y si nos atenemos a los hechos verán ustedes que hay poquísimas denuncias concretas sobre las cuestiones a las que usted se ha referido.

Quiero recordar una cosa. El artículo 131 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña da la competencia exclusiva a la Generalitat de Cataluña; por tanto, cuando ustedes están haciendo esto están cuestionando la libertad de cátedra, la profesionalidad de los docentes e incluso el propio cuerpo. Son muy irresponsables haciendo esto, pero no sufran, que el 21 de diciembre tendrán la respuesta que se merecen. (Aplausos).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Popular, la moción que hoy nos plantean es inadmisible para todo ciudadano que defienda el Estado de las autonomías. Entendemos que esta medida sobrepasa e invade, sin lugar a dudas, las competencias que tienen las comunidades autónomas en la inspección educativa, el órgano garante de velar y controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones en sus respectivos territorios, tal y como se recoge en la legislación actual. La Alta Inspección, extralimitándose, no puede ni debe ampliar ni pretender reforzar su cometido, utilizando como argumento el cuestionamiento y puesta en duda del buen funcionamiento de las inspecciones educativas autonómicas, con claros motivos que desvirtúan el carácter altamente técnico y cualificado de los inspectores y las inspectoras en educación.

Señorías del Partido Popular, sabemos que la causa real de esta iniciativa no es otra que el afán de control sobre las autonomías a causa de la desconfianza o colisión de intereses con la Generalitat. ¿Y saben qué genera la desconfianza? Genera mayores cuotas de rechazo. De nuevo se vuelven a equivocar en el tratamiento de las singularidades de cada territorio.

Señorías, en democracia es muy peligroso hablar de adoctrinamiento en las aulas, máxime cuando se generaliza con esa facilidad con la que muchas de sus señorías lo hacen, porque quizás se les olvida que dentro del sistema educativo se encuentran miles de profesores, de familiares, de trabajadores y trabajadoras que en algún momento se han podido sentir agredidos con estas afirmaciones tan fáciles.

Por otro lado, Canarias reconoce el valor de la inspección educativa como órgano propio de supervisión, asesoramiento y control de los centros docentes, debiendo continuar la Alta Inspección con las funciones propias actualmente establecidas en su normativa de aplicación.

Por ello, nuestra posición —y voy finalizando— es mantener las competencias de dicho servicio en las comunidades autónomas, conforme al criterio descentralizador reconocido por la Constitución y los estatutos de autonomía, línea seguida también por la mayoría de los países de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Voy finalizando.

Como se imaginarán, nos opondremos rotundamente a esta moción, que viene a suponer un retroceso claro en la independencia técnica y profesional de la inspección educativa, máxime si tenemos en cuenta que ni siquiera los delegados de la alta inspección en las comunidades autónomas pertenecen al cuerpo de inspección, optando por una elección ideológica que se aleja de los criterios objetivos de alta cualificación, imparcialidad y neutralidad que deben observarse en dichos empleados públicos. Sabemos que la recentralización es una palabra que les gusta mucho tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, pero nosotros, como nacionalistas canarios, nos opondremos siempre a estas medidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Voy a dejar para el final alguna respuesta a la intervención del Grupo Popular.

Hace tan solo unos días, el 21 de noviembre de 2017, en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular decía: Creemos que es una irresponsabilidad por parte de Ciudadanos —se refería a otra propuesta— llevar adelante esta proposición de ley fuera de la subcomisión si de verdad queremos que exista un pacto de la educación.

Pues, perdónenme, pero en opinión de nuestro grupo hoy ustedes caen en el mismo error porque, como ha dicho el senador Bagué, si estamos en el seno del pacto de la educación, no entendemos esta moción, más allá del oportunismo electoralista, puesto que es un fusilado de la PNL presentada en el Congreso.

Aquí no se hace alusión a Cataluña, es cierto, y por tanto, como educadora docente de Euskadi, puedo sentirme aludida respecto a las acusaciones que aquí se vierten. Como educadora, profesora de religión, y también como madre de esos hijos a los que usted aludía. Por consiguiente, como no se menciona a Cataluña, podemos entender que se refiere a cualquiera. E, insisto, consideramos que se trata de oportunismo electoralista del momento.

Si la filosofía del pacto de la educación es esto que ustedes citan, ya les han dicho esta mañana en el Congreso en nombre de mi grupo y se lo repetimos ahora otra vez: no vamos a aceptar ni a permitir que se merme la capacidad educativa de Euskadi, y mucho menos en un hipotético pacto de Estado.



Mal camino llevan ustedes si esa es la búsqueda de encuentro, de acuerdo y la búsqueda para conseguir un consenso. Mal camino llevan ustedes.

No hay ninguna duda de que esta moción parece abrir una nueva vía de injerencia en las competencias que en materia educativa corresponden a las comunidades autónomas, en el proceso de recentralización y uniformización de la enseñanza que se pretende utilizar con la vía de la inspección educativa para llevar a efecto una nueva limitación de las competencias autonómicas en materia de educación.

Decía el senador Soler que lo que quieren es preservar los derechos de los padres. ¿Pero quién lo decide? Porque usted ha dicho: Más allá de las autonómicas. Es decir, tiene que ser la estatal la que tenga la capacidad. ¡Señorías, mayoría de edad! Le recuerdo al senador del Grupo Popular proponente de la moción que en las transferencias no se trata de confianzas. Esto no es un trato de confianza y, sin embargo, usted ha dicho: Después del amplio margen de confianza... Pues no, cuando hablamos de transferencias no hablamos de confianzas. Cuando el menor de edad se porta mal viene el mayor de edad y le dice: Ojo, yo soy el capacitado para imponer el criterio y decir qué es lo que no está bien, y yo soy el que hago una defensa de los derechos de esos padres. Pues bien, dependerá de los casos, pero si la competencia la tienen las comunidades autónomas, démosles la mayoría de edad a las comunidades autónomas porque, si no, si el mayor considera que no está bien, entonces se trata de una injerencia, de una recentralización y de una uniformización, y no de otra cosa.

Como se ha dicho, se demoniza la labor del profesorado, y es cierto. Se dice al insinuarse explícitamente que están llevando a cabo una labor de adoctrinamiento del alumnado. Se lo dije el otro día: basta ya de este mantra, basta ya.

Además, que ante dicha situación ni profesoras ni profesores ni direcciones de centros están actuando correctamente ni adoptando las medidas necesarias. Dichas afirmaciones sirven para justificar que es necesaria una mayor intervención estatal en las competencias educativas de las comunidades autónomas porque, según se afirma, no están cumpliendo con sus obligaciones.

Entendemos que el Gobierno central ha ido actuando en la dirección de intentar ir reduciendo nuestras competencias en educación a base de recursos —se lo he dicho muchas veces— y de la judicialización de las decisiones adoptadas en materia educativa, como nos ha ocurrido, entre otros, con los decretos curriculares, la regulación de las evaluaciones o el sistema de becas, todavía recurrido, y ayudas no universitarias, un pilar fundamental en la garantía de los principios de igualdad y equidad en el acceso a la educación, esos que tanto dicen preservar ustedes.

En definitiva, con esta moción intentan abrir una tercera vía de intervención y de limitación del ejercicio de las competencias que en materia educativa corresponden a las comunidades educativas. Por lo tanto, con el respeto a las competencias que tenemos las comunidades, con la reivindicación de que en ese ámbito competencial somos mayores de edad, lo único que podemos observar es un nuevo deseo de recentralización, de uniformización y de seguir manteniendo ese mantra.

Señor proponente del Grupo Popular —discúlpeme porque no sé su apellido en este momento—, le puedo contar luego, en el pasillo, mi caso personal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Finalizo, señor presidente.

Le acompaño y entiendo que lo que le ocurrió a usted no está bien, pero no hagamos generalizaciones. Se lo repito, soy docente, profesora de religión y madre de unos hijos que también son hijos de esos padres y esas madres a los que usted aludía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azumar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, senyor president,

Senadors, senadores, Tant l’alta Inspecció com la LOMCE són les dues cares de la mateixa moneda; la LOMCE concreta el currículum educatiu al mínim detall, i l’alta Inspecció és l’instrument per assegurar que ningú es desvia d’aquest camí marcat, com un tribunal de la inquisició educativa. Diuen, i cito textualment, que «les denuncies i queixes rebudes a l’alta Inspecció semblen evidenciar que, en alguns centres escolars, l’àmbit educatiu pot haver estat utilitzat per a qüestions impròpies i, fins i tot, contraries als principis i finalitats del sistema educatiu espanyol», i també que la inspecció educativa no actua conforme a les competències que té atribuïdes ni sobre la normativa educativa.

Tot això està pensat especialment per a Catalunya, on curiosament moltes denuncies no arriben mai a la direcció del centre o a la inspecció educativa però si al jutjat i a l’alta Inspecció. Fa anys que acusen el sistema educatiu català d’adoctrinament, tot per intentar justificar la desafecció que senten gran part dels catalans vers l’estat espanyol, que no pas Espanya per més que ho repeteixin. Volen fer creure que existeix una hipotètica manipulació de joves generacions educades a les aules de Catalunya, això també inclou, a part de l’hostilitat contra la presència del català com a llengua vehicular, el qüestionament de continguts curriculars. Acusen el model d’Escola Catalana, un model inclusiu i d’èxit avalat per organitzacions internacionals en repetides ocasions, de ser adoctrinador per que s’han obstinat a fer-ho creure per tapar els seus fracassos, com fan sempre amb tot el que té a veure amb Catalunya: ho utilitzen per tapar, la seva corrupció per exemple. Però ara han anat un pas més enllà, acusen directament a docents d’incitar l’odi, i els fan anar al jutjat. M’expliquen quin adoctrinament i incitació a l’odi hi ha en que una classe de P3 tingui el nom de «Els Castellers»? Per coses així hi ha docents que pateixen un procés judicial. Vostès, senyors del Partit Popular, juntament amb els seus amics del 155, els senyors de Ciutadans, permeten que una entitat de la societat civil promogui les denuncies a centres i a docents. En resum, han iniciat una cacera de bruixes en tota regla contra l’escola catalana.

Però saben què passa? Que l’escola catalana no es toca, perquè és un dels grans actius i tresors que tenim a Catalunya, que ha permès cohesionar un poble tan divers com és el català i garantir un assoliment de competències imprescindibles per a mantenir activat l’ascensor social i garantir la igualtat d’oportunitats.

Fa temps que els senyors del bloc del 155 desenvolupen una estratègia d’assetjament i difamació del model d’escola que té com a objectiu la imposició d’un model de segregació als centres catalans per tal d’instrumentalitzar la llengua i fer una guerra identitària. Vostès volen construir un model educatiu que separi els alumnes per raó de llengua i divideixi els estudiants, però a Catalunya apostem i defensem un model integrador que aposti per la coeducació i permeti superar bretxes lingüístiques, econòmiques, culturals o religioses; perquè som un sol poble, i el poble de Catalunya no permetrem que ens toquin un dels nostres tresors més valuosos per l’equilibri i la cohesió social. No permetrem més atacs cap als nostres professionals docents, famílies o altres actors de la comunitat educativa que s’han d’enfrontar cada dia a acusacions falsàries de manipulació i adoctrinament. La defensa d’aquest model és compartit per una amplíssima majoria de la societat catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de la ciutadania.

Pretendre trencar aquest consens i generar un problema on no n’hi ha és una irresponsabilitat que situa a aquells qui ho defensen al marge de la centralitat i del sentit comú.

Així que ho tornem a repetir, no ens cansarem de dir-ho: l’escola catalana no es toca. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Senadoras y senadores, tanto la inspección como la LOMCE son dos caras de la misma moneda: la LOMCE concreta el currículo educativo al mínimo detalle y la inspección es el instrumento para que nadie se desvíe del camino marcado, como un tribunal de inquisición. Se dice que las denuncias y quejas recibidas por la Alta Inspección muestran que, en algunos centros, el ámbito educativo se ha podido utilizar para cuestiones impropias y contrarias a principios y finalidades del Estado español y, además, que no se actúa conforme a las competencias atribuidas según la normativa educativa.

Todo está pensado de manera especial para Cataluña, donde, curiosamente, muchas denuncias no llegan a la dirección del centro o a la inspección educativa, pero sí al juzgado y a la Alta Inspección. Hace años que acusan al sistema educativo catalán de adoctrinamiento para justificar la desafección que los catalanes sienten respecto al Estado español, que no España, por mucho que lo repitan. Quieren hacer creer que existe una manipulación de las distintas generaciones educadas en las aulas de Cataluña, y esto incluye también, aparte de la hostilidad contra la existencia del catalán, el contenido curricular. Acusan al modelo de escuela catalana, inclusivo, de ser adoctrinador porque se han obstinado en hacerlo creer, como hacen siempre con todo lo que tiene que ver con Cataluña. Lo hacen para tapar, por ejemplo, su corrupción. Pero ahora han dado un paso más allá y acusan a los docentes de incitar al odio, los llevan a los juzgados. ¿Qué adoctrinamiento hay en que una clase de P3 tenga el nombre de castellers? De eso los acusan. Ustedes, señores del Partido Popular, junto con sus amigos del 155, los señores de Ciudadanos, permiten que una entidad de la sociedad civil promueva denuncias a centros y a docentes. En resumen, han iniciado una caza de brujas en toda regla contra la escuela catalana.

Pero ¿saben ustedes qué sucede? Que la escuela catalana no se toca, porque es uno de los grandes activos y tesoros que tenemos en Cataluña, porque ha permitido cohesionar un pueblo en torno al catalán y enseñar unas competencias indispensables para la cohesión social y para garantizar la igualdad de oportunidades.

Hace tiempo que el bloque del 155 tiene una estrategia de asedio y difamación de la escuela, que tiene por objetivo la imposición de la segregación en los centros catalanes para instrumentalizar la lengua. Ustedes quieren construir un modelo educativo que separe a los alumnos por razón de lengua y divida a los estudiantes, pero en Cataluña apostamos y defendemos un modelo integrador que apueste por la educación y permita superar brechas educativas, culturales o religiosas, porque somos un solo pueblo, y el pueblo de Cataluña no va a permitir que se toquen sus tesoros más valiosos. Por equilibrio social no vamos a permitir más ataques a nuestros profesionales docentes, familias u otros actores de la comunidad educativa, que cada día tienen que enfrentarse a acusaciones falsa de adoctrinamiento. La defensa de este modelo catalán es compartida por una amplia mayoría de la sociedad catalana, más allá de las opciones políticas de las familias y del conjunto de los ciudadanos.

Pretender romper este consenso y generar un problema donde no existe es una irresponsabilidad que sitúa a aquellos que lo defienden al margen del sentido común. Por eso, repetimos y no nos cansaremos de decir que la escuela catalana no se toca. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, arratsalde on.

Señorías, ustedes han perdido el norte. Bueno, el norte, el sur, el este y el oeste. Presentando esta moción demuestran estar más perdidos que un elefante en una cacharrería, y así es. En plena dinámica de trabajo en las comisiones del pacto educativo tanto en el Congreso como en el Senado, ustedes empiezan a cerrar las puertas a acuerdos presentando iniciativas que destruyen puentes de consenso en la necesaria y deseada reforma educativa. Lo normal sería debatir la función de la inspección en la subcomisión del pacto y no en el Pleno, pero no, se presentan aquí planteando un problema que no existe, quizá para tapar su incompetencia. Pretenden usurpar las funciones de los inspectores de oficio y dar más competencias a la Alta Inspección.

Señorías, a nuestro juicio quieren acabar con las competencias educativas de las comunidades autónomas, recentralizar los servicios educativos y también, una vez más, volver a hablar del monotema del adoctrinamiento, inexistente, y de Cataluña, coincidiendo con la campaña electoral. Esta moción y su defensa destilan menosprecio, burla, grosería, desconsideración, descaro, atrevimiento, insolencia, desvergüenza, cinismo y desfachatez. (Aplausos). Seamos claros: ustedes siempre han atacado el modelo de éxito no solo educativo, sino social, de la escuela catalana; no han tolerado ni la diversidad ni la inmersión lingüística ni la educación en valores democráticos.

El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito educativo, un ejemplo de cohesión social. Seguramente la Ley de educación de Cataluña es mejorable en muchos aspectos como, por ejemplo, en la concertación con centros que segregan por sexo o de inspiración religiosa, pero hasta hoy los cimientos del sistema no pueden ponerse en duda. Ustedes pretenden saltarse los límites competenciales educativos de las comunidades autónomas, y lo que es peor, pone de manifiesto el sentido soberbio con el que ustedes gobiernan. No se puede gobernar con desconfianza, soberbia y los instrumentos pensados para otros menesteres.

El lunes, en la Comisión del pacto educativo, hablábamos de confianza, hablábamos de lealtad, hablábamos de voluntad; escuchábamos también que el pacto debe ser social, político y territorial. ¿En qué queda todo ello? ¿Qué pacto transformador desean ustedes cuando las primeras iniciativas que presentan van en la línea de crear una policía política dentro de la educación?

Señorías, la Alta Inspección no está pensada para supervisar las escuelas. Esa es una función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma. Las competencias de la Alta Inspección consisten, fundamentalmente, en comprobar que los programas educativos y la legislación de cada comunidad no choque con las leyes y con los currículos estatales. La propia Unión Sindical de Inspectores de Educación ve como un error que la Alta Inspección interfiera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial.

Señorías, cuánto desearía para ustedes, que son tan religiosos, que se les apareciera la Virgen de Montserrat, la del Rocío o la Almudena y les marcara el camino y les soplara al oído que el PIB en educación debe ser el 6 %; que todas las personas, desde que nacen, tienen derecho a una educación gratuita; que deben creer en que una de las funciones de la educación es superar las desigualdades de nacimiento; que hay niños y niñas con hambre de saber a quienes se debe ayudar a que las sacien.

Señorías, resumiendo: uno, esta moción se mueve en el terreno de una dinámica recentralizadora del Estado, auspiciado por PP y Ciudadanos, con el tema de Cataluña de por medio. Dos, la moción introduce una sospecha en la Inspección educativa y crea una duplicidad, porque pretende que el ámbito propio de esta, que son los centros educativos ahora, dentro de una desconfianza, pase a ser también ámbito de actuación de la Alta Inspección. Y tres, es una intromisión y una desautorización de la Inspección Educativa en toda regla, al servicio de una determinada concepción de España, la del PP.

Señorías, salvando las distancias: fuera la Inquisición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, parece que vivimos un déjà vu porque hace unas semanas, señorías del Grupo Popular, se debatían en el Congreso esta misma iniciativa, también presentada por ustedes, y la proposición de ley de Ciudadanos con el objetivo de externalizar la Alta Inspección educativa. En este asunto caminan ustedes juntos pero lejos de la comunidad educativa, y lo vuelven a hacer hoy aquí, en el Senado.

El artículo 27 de la Constitución, al que hacía referencia el senador Galván, establece que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes —claro está, el Estado a través de la Alta Inspección y las comunidades autónomas a través de la Inspección educativa ordinaria, cada una en el ámbito de sus competencias—. Porque quiero recordarles, señorías del Grupo Popular, que estamos en un sistema de descentralización educativa basado en la Constitución, en los estatutos de autonomía y también, desde luego, en un sistema administrativo. Las competencias de educación fueron transferidas a las comunidades autónomas. No parece, por tanto, razonable que el Estado quiera invadir o asumir competencias transferidas.

Hoy ustedes traen aquí una propuesta tremendamente irresponsable y oportunista, que demuestra un gran desconocimiento de la realidad educativa de nuestro país. ¿Por qué? Porque dicen ustedes que hay un problema de adoctrinamiento en las aulas o centros educativos, pero ustedes mismos reconocen que es en algunos centros, y así y todo están generalizando, cuando ha habido casos puntuales, casos muy concretos donde está claro que hay que actuar con la máxima contundencia. Pero es que la comunidad educativa ha reaccionado, han reaccionado los docentes, los equipos directivos y han dado muestras de integración y respeto. Y existen mecanismos ordinarios para asegurar y garantizar que cada centro educativo cumpla con la ley. Por tanto, no procede lo que ustedes proponen, no procede reforzar y ampliar las competencias a la Alta Inspección, porque ustedes, al plantear esta propuesta de una manera tan desafortunada, están poniendo en tela de juicio de una forma muy peligrosa al profesorado, generando un clima de sospecha sobre el buen hacer de los centros educativos y los docentes de este país.

El Grupo Parlamentario Socialista les recuerda cómo los y las docentes han mantenido a flote la escuela pública a pesar de los recortes del Gobierno del Partido Popular. No sé de qué centros habla el Partido Popular, no sé a qué centros se refería el senador Galván, pero desde luego no a los centros de los que hablamos nosotros, donde tantas marías, pedros, juanes, antonios por toda España han enseñado matemáticas, lengua o inglés, se han ido de intercambio al extranjero con nuestros hijos, se han preocupado por sus problemas y han intentado darles solución.

Es muy grave lo que ustedes están haciendo, están ustedes simplemente en el oportunismo político, y lo más triste y grave es que lo hacen utilizando a nuestros niños y niñas.

La realidad es que ustedes y Ciudadanos están en la competición particular de restar competencias a las autonomías y recentralizar la educación. ¡Basta ya, señorías, basta ya de utilizar la educación como arma política!

En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el objetivo del sistema educativo debe ser la formación integral de nuestros niños y niñas, pero para eso tiene que haber confianza en los docentes, en los equipos directivos y en la inspección educativa ordinaria, y con esta iniciativa cuestionan ustedes todo. Están en plena campaña electoral catalana y esta iniciativa forma parte de una deleznable campaña mediática por captar un puñado de votos tratando de aparecer como los más intransigentes frente al independentismo catalán. Esta iniciativa también es una bofetada al pacto educativo. Les recuerdo que en esta Cámara se está trabajando en la ponencia de estudio para el Pacto educativo. Por tanto, ¿no sería más razonable, si ustedes creen que hay que reformar la Alta Inspección, que lo planteen en dicha ponencia?

En el Grupo Parlamentario Socialista aprovechamos para pedirles que se impliquen en alcanzar un pacto educativo que no solo debe ser político, deben estar la comunidad educativa y las comunidades autónomas. Nosotros, sinceramente, estamos en ello y ustedes, con esta moción, muestran lo contrario. Esta moción no aporta ninguna solución, solo es oportunismo e ideología. Porque, señorías, para las situaciones que se denuncian hay mecanismos perfectamente establecidos que no requieren más que la correcta aplicación. La Alta Inspección no está pensada para ir a los centros educativos —porque no tiene atribuciones ni competencias—, esas funciones ya las desempeña la inspección ordinaria de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Por tanto, con nuestro voto, señorías del Partido Popular, no cuenten para poner en cuestión la labor del profesorado de este país y restar competencias a las autonomías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Soler.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias, señor presidente.

Señorías, y empiezo por el final, a lo largo de mi vida política siempre me he fijado, me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que cuando un contrincante acusa de oportunista a otro es que generalmente el acusado suele estar acertando en algo y molestando al que es acusador porque no tiene argumentos suficientes para ello. Muchas de las cosas que hemos propuesto creo que no tienen ningún sentido oportunista, sino que vienen a reflejar una necesidad y una demanda en un amplio espectro de la sociedad española.

No tenemos ninguna obsesión ni ganas de invadir las competencias de las comunidades autónomas. Señorías, yo creo que el mapa autonómico español ha dado un buen resultado en los últimos treinta y cinco años, pero también pienso que hay una serie de cuestiones que no tienen una buena solución en este momento, y es probable que una de ellas sea esta, que la Alta Inspección no tiene bien desarrolladas sus atribuciones y que puede colaborar a que la enseñanza, la educación, sea un escenario todavía más justo.

¡Por supuesto que hay adoctrinamiento en algunos casos, por supuesto que hay abusos! ¿O es que no hay abuso en el caso del hijo del guardiacivil que el otro día en Cataluña fue acusado por un profesor sobre lo que había hecho su padre? Ese señor es un abusador y ese señor no puede estar cubierto y tener a su servicio una laguna legal que no les permita a los padres llegar donde tengan que llegar para que eso no se produzca en las aulas. Y eso ha sucedido no una ni dos ni tres veces, bastantes veces, y no en todas. Por supuesto, no todo el mundo es malo, en la comunidad educativa como en el resto de la sociedad hay buenos, malos y regulares. Y nosotros lo que queremos es que la Alta Inspección, en aquellos casos en que existan injusticias, tenga la posibilidad de llegar a arreglarlas. Esa es nuestra intención y la intención de esta moción, en la que en todo momento pedimos que se atengan a lo que es el dibujo arquitectónico e institucional-constitucional. Por lo tanto, no tengan ustedes miedo: ni nos vamos a meter con la comunidad educativa —por supuesto que no, pero sí con las cuestiones malas que se produzcan en su seno— ni nos vamos a cargar la Constitución; para eso ya están otros.

Y, por favor, señorías, señor Mulet, senador Mulet, no me diga que me refería a Cataluña, si me refería al Reino de Valencia, donde están ahora mismo instruyéndose en muchísimos colegios libros que hablan de Països Catalans, cosa que no ha existido nunca (Aplausos), cosa que no ha existido nunca. Y no es un adoctrinamiento, es una inmersión en la leyenda, en la leyenda interesada. ¿Y cómo cuentan la historia de Jaume I el Conqueridor? Por favor, si hay miles de libros en los que se está falsificando la historia. (Aplausos). Esto se está produciendo, esto es real, son libros que están ahora en muchos colegios en el Reino de Valencia, en muchísimos. (El señor Mulet García: No, no). Por lo tanto, creemos que no se está solucionando debidamente con la arquitectura institucional que tenemos en este momento; ayudamos a que eso se solucione dándole unas nuevas funciones a lo que es la Alta Inspección que está en la Constitución; repito, está en la Constitución la Alta Inspección de la educación.

Por tanto, señorías, creo que nuestra moción merece su apoyo, porque no es para atacar a la comunidad educativa, que en muchísimas ocasiones, la inmensa mayoría, probablemente, actúa con toda corrección, con absoluta corrección, sino para aquellos casos que se han producido —y los hechos son ciertos, son contrastables y se pueden enseñar—, en donde justamente la inspección de la comunidad autónoma parece que no ha llegado bien, o no ha llegado a tiempo, o no lo ha resuelto como los padres creen que lo debieran resolver.

Por lo tanto, señorías, creemos que nuestra moción merece el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, porque va en favor de la protección de los niños, para que no sean manipulados, para que no sean perseguidos por la profesión de sus padres, para que no sean adoctrinados y para que no se les insuflen leyendas como la de los Països Catalans, que muchas veces aparecen en los libros de la educación del Reino de Valencia, y está muy mal porque eso no es así ni tampoco la historia que cuentan de Jaime I el Conquistador.

Señorías, hagan el favor de tener en cuenta...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: ... que esto es en pro de la comunidad educativa, en pro de los niños y en pro de los derechos de los niños y de los padres.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA RESTITUIR LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. 662/000091 GPP

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta moción siete enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Valverde.

El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, todo el mundo sabe que la inestabilidad y la incertidumbre menoscaban la capacidad económica de los territorios y, por tanto, también los niveles de vida de los ciudadanos, dañando su capacidad de crecimiento y la creación de empleo.

Todo responsable público que merezca así llamarse tiene la obligación de reducir y de minimizar la inestabilidad como un intangible de enorme valor para beneficiar así al conjunto de los ciudadanos y, por extensión, al interés general.

La inestabilidad política y la inseguridad jurídica degradan la imagen de un territorio, dentro y fuera, desalientan las inversiones y ponen en serio riesgo su economía. Un Estado de derecho fuerte, que ofrezca seguridad jurídica, es una de las mejores garantías para el crecimiento; procurarlo es proporcionar a los ciudadanos la herramienta para que con su mejor esfuerzo individual se pueda generar la confianza suficiente para el beneficio de todos. Con la inestabilidad política de un territorio, automáticamente se produce el efecto negativo en la economía y en cómo percibe y recibe el mercado a ese territorio inestable; esta debilidad perjudica a todos pero principalmente a los que más han de esforzarse día a día para salir adelante: a los más desfavorecidos.

Por ello es obligación de cualquier Gobierno proporcionar a la ciudadanía un marco fiable, claro y estable, para que los agentes económicos puedan llevar a cabo sus operaciones con un mínimo de garantías. Es por el contrario una farsa y un fraude a los ciudadanos hacer lo opuesto, provocar esa inestabilidad, argumentando razones de identidad en nombre de quienes no la comparten, justificándolo además con el falaz argumento de que esa identidad propia es compartida por toda la población de un territorio que además configura una patria independiente y que ha sido maltratada y anulada por otra identidad a la que no se pertenece. Nada más alejado de la verdad.

Por tanto, no se pueden entender ni justificar desafíos al Estado de derecho que ponen en riesgo la estabilidad política y económica y hacer así pagar por ello a toda la sociedad pero principalmente, como decía anteriormente, a los más débiles. No solo es una falacia, sino un enorme fraude e irresponsabilidad política; irresponsabilidad histórica que se analizará en el futuro como uno de los mayores atentados a la concordia, al bienestar y al desarrollo de las generaciones presentes y también futuras de catalanes y del conjunto de los españoles.

No podemos manipular y secuestrar la identidad cultural de cada persona, en todo caso, la identidad cultural es una concepción personal, que uno se va haciendo con el paso del tiempo y con las experiencias vividas, con lo que suma a su vida y con lo que rechaza, como refería recientemente el artista Eduardo Arroyo. Y es todavía más dañino intentar hacer creer al conjunto de la ciudadanía, incluso con demostradas acciones de adoctrinamiento, que esa identidad cultural es preeminente y muy diferente a la del conjunto de los españoles. Contraponer estas identidades ha sido una irresponsabilidad que ha acabado perjudicando a todos. Todas las decisiones, incluyendo las económicas y financieras, están muchas veces condicionadas por nuestra identidad, entendiendo por ésta la forma en la que pensamos, por cómo debemos comportarnos, por cómo deben hacerlo los demás y cómo ello nos conduce a tomar decisiones en un sentido u otro. Las identidades de pertenencia nos pueden llevar a tomar decisiones económicas en contra de supuestas identidades que creemos confrontadas a las nuestras, decisiones en muchos casos irreflexivas o tomadas con escasa información objetiva.

Y claro que hay responsables de todo esto que puedan inducir a una sociedad a elegir tomar estas decisiones de confrontación, de presentar esas identidades como contrapuestas. Ello puede conducir a la gente a tomar decisiones de consumo, posiblemente irreflexivas, contra aquellos productos y servicios cuyo origen es el de aquellas supuestas identidades que ofenden a la identidad propia, a la de todos, sobre todo si se repiten expresiones como «España nos roba» o, como ha dicho aquí el señor Cleries, «Estamos cansados de pagar la fiesta», o como más recientemente algunos dirigentes de la CUP, socios del ex gobierno de la Generalitat, pidiendo el boicot para productos españoles.

La irresponsabilidad de quienes han gobernado Cataluña hasta la puesta en marcha de la aplicación del artículo 155 ha conseguido con su desafío crear tal inestabilidad, incertidumbre e inseguridad que han provocado una fractura social sin precedentes, con graves perjuicios al bienestar y desarrollo de catalanes y del conjunto de españoles. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Y no lo dice el PP, lo dicen la patronal Fomento del Trabajo de Cataluña, el presidente de la Cámara de Comercio de España, el catalán José Luis Bonet, el presidente de los empresarios catalanes o catalanes por mayoría abrumadora en recientes encuestas que hemos conocido en un medio de comunicación como La Vanguardia. El temor a una DUI; el anuncio por parte del ex vicepresidente de la Generalitat de que la Agencia Tributaria catalana aspiraba a recaudar todos los impuestos; el anuncio de una dirigente de la CUP, socios del ex gobierno de Cataluña, de que querían provocar un corralito; el desafío independista fuera de la ley. En definitiva, el pulso a nuestro Estado de derecho, a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro marco de estabilidad no ha hecho más que dañar el interés general de la inmensa mayoría y particularmente de los catalanes, y dentro de éstos, repito de nuevo, a los más débiles y desfavorecidos, en un acto de irresponsabilidad tan mayúsculo que será recordado siempre, y más si cabe cuando asistimos atónitos a ser sabedores del conocimiento previo que los que diseñaron esta hoja de ruta de este disparatado proceso tenían de las consecuencias que se podían producir, incluso de información todavía más delicada: pérdida de la Agencia Europea del Medicamento; 3000 empresas huidas; fuerte impacto con desplome de datos en la industria y los servicios; más paro, menos empleo, menos autónomos; fuerte caída de las ventas del comercio comparadas con el resto de España; importantes caídas del turismo con bajadas de ingresos multimillonarias; impacto sobre la venta de viviendas con importante caída de la demanda; frenazo a las inversiones del exterior; disminución del capital extranjero invertido, etcétera. Estas son solo algunas de las nefastas consecuencias, las más llamativas, de la tremenda irresponsabilidad de los ex gobernantes de la Generalitat, que, afortunadamente, ha sido amortiguada y frenada en sus consecuencias con la aplicación del artículo 155 y la posibilidad, gracias a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de convocar elecciones —estas sí legales y de verdad, y con todas las garantías—, de que los catalanes expresen con libertad y seguridad jurídica lo que quieran, siempre respetando el marco de nuestro ordenamiento constitucional. Todo lo que conforma nuestro Estado de derecho, también este Parlamento en representación de una amplísima mayoría de españoles y, por supuesto, el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, han hecho lo que debían, lo que les correspondía, según sus responsabilidades adquiridas: garantizar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la certidumbre en Cataluña y España que necesitan, para beneficiar al conjunto de los españoles y los catalanes.

Señorías, no sé si este sentido de la responsabilidad y del Gobierno y del partido que lo sustenta por haber estado, como siempre sin vaivenes, en el mismo sitio, en el de la ley, y en defensa del interés general, será tenido en cuenta en las próximas elecciones del 21 de diciembre o por el conjunto de los españoles en próximas convocatorias electorales, pero lo que sí sé es que los representantes de mi partido y, particularmente, mis compañeros y compañeras en esta Cámara, estamos orgullosos de haber asumido esa responsabilidad histórica a la que nunca debiéramos haber tenido que llegar, así como de la manera en que se está actuando y gestionando ante esta situación por parte del Gobierno de España. Tampoco tengo dudas de que si no es ahora, algún día será mayoritaria y ampliamente reconocida la labor del Gobierno de España que hizo en este tiempo crucial de nuestra historia reciente.

Señorías, continuando con este sentido de la responsabilidad que a todos nos concierne, solicitamos el apoyo de la Cámara a esta moción y, por tanto, a todos los grupos. Su contenido, en resumen, es el apoyo a todos los empresarios y trabajadores catalanes que están pasando por estas difíciles circunstancias; la apuesta por que el Gobierno resultante de las elecciones del 21 de diciembre genere la seguridad jurídica dentro del marco estatutario y constitucional que permita que aquellas empresas huidas puedan ver las condiciones oportunas para regresar; una llamada a todos para rechazar cualquier idea de boicot a productos catalanes; instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que todas las comunidades autónomas, y en especial el Gobierno surgido de esas elecciones en Cataluña, participen en el proceso de negociación de una nueva financiación autonómica, abandonando este nuevo Gobierno cualquier incertidumbre en torno a la idea de una agencia tributaria propia que usurpe competencias a la estatal; invitar al nuevo Gobierno de Cataluña a recuperar la relación con los agentes sociales y sindicatos y patronal, siempre dentro de la ley como marco de actuación.

Señorías, nosotros queremos y esperamos este sentido de la responsabilidad de la inmensa mayoría de esta Cámara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Valverde.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. (Rumores).

Señor Guardingo, ¿qué ocurre?

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: ¿No hay una transaccional?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Yo no tengo ninguna transaccional. Si hay transaccional se puede eliminar el debate de las enmiendas, pero aquí no ha llegado nada.

El señor MULET GARCÍA: Faltan firmas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si va a llegar la transaccional y quieren que eliminemos el debate de las enmiendas y pasemos al turno de portavoces, yo estaré encantado.

¿Podemos llegar a ese acuerdo?

El señor MULET GARCÍA: Yo quiero defender mis enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, en principio el señor Mulet las quiere defender. El que no quiera defenderlas que no las defienda.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Nosotros obviamente no estamos en contra de la moción, no estamos en contra de la transaccional. Hemos facilitado nuestro no boicot a la firma de esta transaccional para que se pueda llegar a un acuerdo por simple cortesía parlamentaria. Nos gustaría que el Partido Popular también tuviera ese tipo de cortesía parlamentaria cuando le pedimos su voto para nuestras transaccionales que nos niega sistemáticamente, cuando le pedimos declaraciones institucionales asépticas, que tampoco no las firma nunca, o después, cuando vamos a presentar una toma en consideración de una proposición de ley; nos gustaría que tuvieran esa misma cortesía parlamentaria. Que cada uno vote lo que quiera, pero al menos que nos dejen tramitar las iniciativas. Por eso nos gustaría que intercediera la señora Serrano para conseguir que su partido aceptara la toma en consideración de nuestra proposición de ley por la misma cortesía parlamentaria que hoy hemos mostrado.

Com es nota que estem en campanya electoral, és la segona vegada que parlem ací del no-boicot als productes catalans i cada cop que parlem del no-boicot a productes catalans estem fent boicot als productes catalans perquè estem posant el focus en la gent per a recordar-los que els catalans són molt dolents i que fa falta o fer boicot o fer el mínim possible.

El principal atac que s’ha fet a les empreses catalanes ha sigut el Decret llei del Partit Popular, el qual va posar una catifa roja perquè pogueren escapar-se totes les empreses des de Catalunya. I això ha sigut contínuament notícia en els telediaris. Mentre s’ha parlat de Catalunya, abans tenien Veneçuela, sempre era molt recurrent poder parlar de Veneçuela, ara es parla de Catalunya. I mentre es parla de Catalunya, són 24 hores de notícies de Catalunya, i titulars com «La imagen de Cataluña se hunde por la huida de las empresas» ajuden a no parlar d’altres titulars en la premsa. Portem dos mesos en els quals únicament es parla de Catalunya i mentre es parla de Catalunya, per exemple, s’han ocultat altres titulars de premsa com que «La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato»; mentre es parla de Catalunya i si fem boicot o no fem boicot als productes catalans no ha sigut notícia que «La Fiscalía Anticorrupción afirma que queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular»; mentre parlem de Catalunya no ha sigut titular que «Arranca el juicio contra Chaves y Griñán»; mentre es parla de Catalunya no ha sigut notícia que «Anticorrupción pedirá la imputación de Gallardón por prevaricación y falsedad documental»; mentre es parla de Catalunya no ha sigut notícia que «A juicio 12 miembros del colectivo hip-hop La insurgencia por algunas de sus letras»; mentre es parla de Catalunya no ha sigut notícia que «La fiscal ve abrumadoramente acreditada la existencia de una caja B en el PP»; mentre es parla de Catalunya no es parla que «El Senado aprueba el CETA con la abstención del PSOE»; mentre es parla de Catalunya no es parla que «Finaliza el plazo de acogida de refugiados y Europa no cumple»; tampoc es parla que «Estrasburgo condena a España por dos devoluciones en caliente en Melilla»; que «La Fiscalía rebaja a 3 años de cárcel la petición para Jaume Matas por el caso Palma Arena»; mentre parlem de Catalunya i de les empreses i del boicot no parlem que «La Fiscalía concluye que Correa creó un sistema duradero de sobornos para el Partido Popular»; mentre es parla de Catalunya no parlem d’«Incautado el botín de Ignacio González»; que «La Fiscalía acusa a un senador del PP de amañar contratos por más de 800 000 euros desde una alcaldia»; mentre parlem de Catalunya no parlem que «Sube el precio de la luz hasta convertirse en el octubre más caro de los últimos seis años»; mentre parlem de Catalunya no parlem que «El precio de la electricidad alcanza en la tarde de este lunes su nivel más alto del año»; mentre parlem de Catalunya no es diu que «El PP alega prescripción para ser absuelto por lucrarse por la Gürtel»; mentre hi ha titulars de Catalunya no ixen els titulars que «El Gobierno admite ante Bruselas que sólo hay hucha de las pensiones para un año más»; tampoc no és notícia que «Entre dos y tres puntos de PIB serán el nuevo recorte del Gobierno en gasto social para 2018».

Mentre parlem de Catalunya no es parla que «El Banco de España da por perdidos 42 590 millones de dinero público, de los que aportó para el rescate bancario»; mentre es parla de Catalunya, no va ser titular la multitudinària manifestació que es va fer en València per una millora del finançament; que «Anticorrupción pide la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel»; que «El Estado perderá más de 14 000 millones con la venta de Bankia y BMN»; tampoc ha sigut notícia que «Aprobada la Renta de Inclusión Valenciana, que establece hasta 495 euros por titular»; no ha sigut notícia tampoc que Francisco Camps ha estat imputat pel cas de la Fórmula 1; mentre s’ha parlat de Catalunya no ha sigut notícia que «El Supremo abre una causa contra una senadora del PP por contratar con la Púnica»; mentre parlem de Catalunya no es parla que «El desempleo aumenta en octubre hasta rozar los 3,4 millones de parados».

I ja no em queda més temps per a dir-los però això el tema de Catalunya imagine que continuarà sent ací notícia durant molt de temps, vénen eleccions, després d’eleccions continuarem parlant de Catalunya, «que se rompe España», i mentre la televisió pública —eixa que vostès tan alegrement manipulen— i la premsa del règim no donarà titulars com els que realment importen als ciutadans. Per tant, continuem parlant de Catalunya, que segurament serà molt fructífer.

Gràcies.

¡Cómo se nota que estamos en campaña electoral, es la segunda vez que hablamos aquí del no boicot a los productos catalanes! Cada vez que hablamos de esto estamos haciendo boicot a los productos catalanes, porque estamos poniendo el foco para la gente, y recordándoles, en que los catalanes son muy malos y que hace falta hacer boicot o el mínimo posible.

El principal ataque que se ha hecho a las empresas catalanas ha sido el decreto ley del Partido Popular que puso una alfombra roja para que pudieran irse todas las empresas de Cataluña. Eso ha sido continuamente noticia en los telediarios. Antes tenían Venezuela; siempre era muy rentable hablar de Venezuela; ahora se habla de Cataluña. Mientras se habla de Cataluña —son 24 horas de noticias de Cataluña, con titulares como que la imagen de Cataluña se hunde por la huida de las empresas—, no se habla de otros titulares que hay en la prensa. Llevamos dos meses en los que únicamente se habla de Cataluña. Mientras se habla de Cataluña, por ejemplo, se han ocultado otros titulares de prensa como que la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la causa por el blanqueo contra Rato. Mientras se habla de Cataluña y de si hacemos boicot o no a los productos catalanes, no ha sido noticia que la Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular. Mientras hablamos de Cataluña, no se ha dicho que ha arrancado el juicio contra Chaves y Griñán. Mientras se habla de Cataluña, no es noticia que Anticorrupción ha pedido la imputación de Gallardón por prevaricación y falsedad documental. Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de la imputación de 12 miembros del colectivo de hip-hop La insurgencia por algunas de sus letras. Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de que la fiscal ve abrumadoramente acreditada la existencia de una caja B en el PP. Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de que el Senado aprueba el CETA con la abstención del PSOE; no se ha hablado de que finaliza el plazo de acogida de refugiados y Europa no cumple. Tampoco se ha hablado de que Estrasburgo condena a España por dos devoluciones en caliente en Melilla; de que la Fiscalía rebaja a tres años de cárcel su petición para Jaume Matas por el Palma Arena; de que la Fiscalía concluye que Correa creó un sistema de sobornos a cargos del PP; no se ha hablado de que se ha incautado el botín de Ignacio González; de que la Fiscalía acusa al senador del PP de amañar contratos por más de 800 000 euros; de que sube el precio de la luz, hasta convertirse en el octubre más caro de los últimos seis años. Mientras hablamos de Cataluña, no se ha hablado de que el precio de la electricidad alcanza la tarde de este lunes el nivel más alto del año; no se ha hablado de que el PP alega prescripción para ser absuelto por lucrarse por la Gürtel; de que el Gobierno admite ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año más. Tampoco se ha hablado de que entre 2 y 3 puntos del PIB será el nuevo recorte del Gobierno en gasto social para 2018.

Mientras hablamos de Cataluña, no se habla de que el Banco de España da por perdidos 42 590 millones de euros de dinero público, de los que aportó para el rescate bancario. Mientras se habla de Cataluña, no fue titular la multitudinaria manifestación en Valencia por la mejora de la financiación ni tampoco que Anticorrupción pidiera la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel, o que el Estado perderá más de 14 000 millones con la venta de Bankia y BMN. Tampoco ha sido noticia la aprobación de la renta de inclusión valenciana, que establece hasta 495 euros por titular. No ha sido noticia tampoco que Francisco Camps ha sido imputado por el caso de la Fórmula 1. Mientras se habla de Cataluña no ha sido noticia que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra una senadora del PP por contratar la Púnica. Mientras hablamos de Cataluña no se dice que el desempleo ha aumentado hasta llegar a 3,4 millones de parados.

Por lo tanto, me imagino que el tema de Cataluña continuará siendo noticia mucho tiempo, durante las elecciones y también después de estas porque se rompe España. Mientras, la televisión pública —esa que ustedes manipulan alegremente— y la prensa del régimen no darán los titulares que le importan a la gente. Por tanto, hablemos de Cataluña, que será muy fructífero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Voldria dir-los que el meu grup parlamentari ha presentat una esmena, que entenc que queda viva, perquè nosaltres no hem signat cap transaccional. Per tant, no es tracta de defensar-la si es vol, sinó que tenim el dret de fer-ho.

Tampoc se’ns ha vingut a parlar de cap transaccional perquè amb els independentistes no es dialoga, no s’hi parla, se’ns obvia. Aquesta és una demostració més d’allò que està passant a Catalunya pel menysteniment constant i una falta de diàleg aplicada als governs, als parlaments, també als polítics. Si bé els governs es poden exiliar o tancar a la presó, les idees no. Tot i així, semblaria que estem en una campanya que s’han muntat vostès des d’aquí i la vénen a fer aquí perquè segurament aquí els escoltarà més gent de la que els escolta a Catalunya. En aquest moment vostès a Catalunya representen un 8 %. Vostès —que no els ha votat ningú— estan al front de la Generalitat de Catalunya. El seu partit, encara que tingui un 8 %, està al front de la Generalitat de Catalunya. Han aplicat de forma il·legal, al nostre entendre, aquest 155 i ara ja ho tenen. Ja veuen el pa que s’hi dóna.

Per això pensem que vostès han portat aquí aquesta iniciativa per ajudar les empreses de Catalunya i perquè no es faci més boicots i hi hagi un bon finançament. Ara, vostès que estan a la Generalitat entenen que no és fàcil fer la feina quan es pateixin tants incompliments i, a més a més, un mal finançament —caducat de fa quatre anys—, a més d’haver passat un període de crisi absoluta amb aquesta deslleialtat. Per això vostès porten aquesta iniciativa. Com que nosaltres pensem que vostès aquesta iniciativa la porten, tal com diu la part dispositiva, perquè realment els importen les empreses catalanes i a nosaltres també, pensem que, encara que vostès no vulguin parlar amb nosaltres, ens podrem posar d’acord. Miri, encara que vostè no vulgui parlar amb nosaltres, ens podrem posar d’acord quan es tracti de coses que vagin bé a Catalunya. A més a més, li diré una cosa: estem disposats a donar-li idees —perquè la seva moció no diu res, no diu res— que vostès poden fer —i ja podien haver fet— per ajudar els empresaris de Catalunya. Més enllà que tenim el dret de fer-ho, sap més el ruc a casa seua que l’espavilat a casa dels altres. Per tant, escoltar sempre va bé. Però ara vostès ho saben perquè ho estan patint.

Ja veuen que bé que es fan les coses. Les coses s’han fet bé fins ara i vostès també ho diuen aquí. Vostès reconeixen que hem estat capdavanters, que les empreses han estat pioneres i que ho han fet tan bé que eren un exemple per a tot Catalunya i, miri, tot plegat això, una economia consolidada i tan bona com fins ara, que ha aguantat set anys d’un procés, com diuen vostès, tan pervers, ara tot d’un plegat es fa malbé. No s’han plantejat vostès que potser la seva arribada a cops de porra hi té alguna cosa a veure? No s’han arribat a plantejar vostès que potser l’aterrament del senyor Montoro als comptes de la Generalitat de Catalunya hi té alguna cosa a veure? No s’ho poden plantejar, que alguna cosa potser també han fet vostès? Plantegin-s’ho i parlem-ne, nosaltres estem disposats també a fer autocrítica, i tant que sí, sempre que sigui per millorar Catalunya. I vostès què estan disposats a fer? Venir a presentar iniciatives provocadores aquí? Venir a jalear i a aplaudir aquestes iniciatives que porten aquí per anar fent mantres contra Catalunya i tot el que s’ha bastit a Catalunya, que ha aportat tanta prosperitat, que ha estat un motor econòmic per a tothom, per a Catalunya i també per a la resta de territoris. Això és el que vostès volen fer per a les empreses catalanes? Doncs no. Per aquí no anem bé.

Centrem-nos en coses concretes. Miri, jo li dono uns exemples. Només que n’acompleixin un de tots els que els dic, serà un alleugeriment grandíssim per a les empreses catalanes i —com ha dit el senador que ha exposat això— segurament li reconeixeran aquesta feina algun dia, i potser fins i tot li aplaudiran, i potser fins i tot trauran més del 8 % a Catalunya. Comencin fent alguna cosa. Deixin d’intervenir les finances de la Generalitat, deixin de fer-ho. Si fins ara anava bé i ara va malament, deixin de fer-ho. Deixin que les coses funcionin com funcionaven. Seria una bona cosa i una garantia necessària. No sols per a les empreses, també per als demòcrates. Recuperin la normalitat institucional. Deixin d’aplicar una política econòmica intervencionista, deixin de fer-ho. En lloc de convidar les empreses a marxar, ajudin-les a quedar-se. Si tan perversos som nosaltres i vostès tenen tanta capacitat, ara que són a la Generalitat de Catalunya, ajudin les empreses a quedar-se. Redueixin el dèficit fiscal, els 16 350 milions —n’han parlat aquí, ara ja és un fet que és així—. Si ho redueixen, miri si en podran fer, de programes. I si més no podrem aplicar a les empreses allò que ara ens hem de gastar en sanitat, perquè amb aquest dèficit fiscal la financem gairebé tota.

Apostin per una economia productiva. No ens parlin de ports i aeroports, és cosa seva. Descentralitzin la gestió dels ports. Facin-ho, ho poden fer. (Remor.)

Gracias, presidente.

Me gustaría decirles que mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que sigue viva, porque nosotros no hemos firmado ninguna transaccional. Por tanto, no se trata de que la defendamos si queremos sino que tenemos derecho hacerlo.

Por otro lado, tampoco se nos ha venido a hablar de ninguna transaccional porque con los independentistas no se dialoga, no se habla, se nos obvia. Esta es una demostración más de lo que está sucediendo en Cataluña, por este desprecio constante y por la falta de diálogo con los gobiernos, los parlamentos y también con los políticos. Pues bien, aunque los gobiernos se pueden exiliar o encerrar en las cárceles, las ideas no. A pesar de ello, están ustedes inventando una campaña y vienen aquí a ponerla en marcha porque les va a escuchar más gente de la que les escucha en Cataluña. Hoy por hoy, ustedes representan a un 8 % en Cataluña; ustedes, su partido —al que no ha votado nadie—, están al frente de la Generalitat de Cataluña, aunque representen tan solo al 8 %. Desde nuestro punto de vista, han aplicado de forma ilegal el artículo 155 y ya lo tienen. Ya ven cómo funcionan las cosas.

Traen aquí una iniciativa para ayudar a las empresas de Cataluña, para que no se realicen más boicots y para que tengan una buena financiación. Ahora que están ustedes en la Generalitat entienden que no es fácil realizar su tarea cuando se sufren y padecen tantos incumplimientos, además de una mala financiación —caducada desde hace cuatro años— y de haber pasado por un periodo de crisis absoluta por esta deslealtad. Por eso traen ustedes esta iniciativa. Y como dicen en la parte dispositiva de su iniciativa que a ustedes les importan las empresas catalanas, y a nosotros también, a pesar de que ustedes no quieran hablar con nosotros, vamos a poder ponernos de acuerdo. Fíjense ustedes, nos vamos a poder poner de acuerdo porque se trata de cosas a favor de Cataluña. Y le voy a decir una cosa: estamos dispuestos a darles ideas —porque su moción no dice nada—, que luego ustedes pueden aplicar —y que podrían haber aplicado ya— para ayudar a los empresarios de Cataluña. Y, más allá de que tengamos el derecho de hacerlo porque, como se suele decir, sabe más el tonto en su casa que el listo en casa de los demás. Escuchar siempre es bueno, y ustedes lo saben ahora porque lo están sufriendo.

Ya ven lo bien que se han hecho las cosas. De hecho, se han hecho bien hasta ahora, como ustedes han dicho aquí. Reconocen que hemos sido líderes, que nuestras empresas han sido pioneras y que lo han hecho tan bien que éramos un ejemplo para toda España. Pues fíjense ustedes, toda esa economía tan consolidada y tan buena como la que teníamos hasta la fecha, que ha aguantado siete años de un proceso tan perverso —como ustedes lo llaman—



, ahora, de repente, se deteriora. ¿No se han planteado que quizá su llegada, a golpe de porra, algo tiene que ver con eso? ¿No se han planteado ustedes que, a lo mejor, el hecho de que el señor Montoro aterrice en las cuentas de Cataluña tenga algo que ver? ¿No se han planteado que, a lo mejor, algo han hecho también? Pues plantéenselo y hablemos del tema. Nosotros estamos dispuestos a hacer autocrítica, claro que sí, pero siempre y cuando mejore Cataluña. ¿Ustedes, que están dispuestos a hacer? ¿Venir a presentar aquí iniciativas provocadoras? ¿Venir aquí a jalear y aplaudir estas iniciativas que ustedes nos traen, pero seguir entonando mantras contra Cataluña y contra todo lo que allí se ha construido, que tanta prosperidad ha aportado y que ha sido un motor económico para todos, para Cataluña y para el resto de territorios? ¿Esto es lo que ustedes quieren para las empresas catalanas? Pues no, por aquí no vamos bien.

Vamos a centrarnos en cosas concretas y voy a darle algunos ejemplos. Con que cumplieran uno solo, ya sería todo un alivio para las empresas catalanas y —como decía el senador que lo ha expuesto— seguramente, algún día les reconocerán esa labor. Incluso les van a aplaudir y podrían obtener una cifra mayor al 8 % en Cataluña, pero empiecen haciendo algo. Dejen de intervenir +las finanzas de la Generalitat. Si hasta ahora iban bien y ahora van mal, dejen que las cosas funcionen como antes; sería bueno y sería una garantía necesaria no solo para las empresas sino también para los demócratas. Recuperen la normalidad institucional y dejen de aplicar una política económica intervencionista; dejen de hacerlo. En lugar de invitar a las empresas a que se vayan, ayúdenlas a que se queden. Si tan perversos somos nosotros y ustedes tienen tanta capacidad ahora que están en la Generalitat de Catalunya, ayuden a las empresas a quedarse. Reduzcan el déficit fiscal, los 16 350 millones —lo han hablado aquí y es un hecho— porque si lo reducen podrán poner en marcha montones de programas y, al menos, podremos destinar a las empresas lo que ahora tenemos que gastarnos en sanidad porque, con este déficit fiscal, acabamos financiándola por completo.

Apuesten por una economía productiva. No nos hablen de puertos y aeropuertos porque dependen de ustedes. Descentralicen la gestión de los puertos; háganlo, que lo pueden hacer. (Rumores).

Espero que no sea tan duro escuchar. En cualquier caso, ya acabo. En mi pueblo, «venga» se lo dicen a las vacas y a las ovejas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Termino.

Hagan una sola de estas cosas y ayudarán a las empresas catalanas. Repito, hagan solo una de estas cosas y ayudarán a las empresas catalanas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias. Buenas tardes a los senadores y senadoras que asisten al debate de esta moción.

Nosotros hemos presentado una enmienda con dos frases y la segunda, si la han leído, la hemos añadido porque nos sorprendía que la moción original que ha presentado el Grupo Popular parecía insinuar que no había habido en Cataluña negociación tripartita entre el Govern de la Generalitat y los agentes sociales, sindicatos y patronal o, que si se había producido, había sido fuera de la ley, lo que sería una novedad, un añadido más a estas cuestiones que están fuera de ley. Sin embargo, el senador que les está hablando no ha tenido noticia de que en el marco de la negociación colectiva entre Generalitat, empresarios y trabajadores hubiera habido algo fuera de la ley.

Por otro lado, la otra frase es más importante porque plantea la mejora del texto original ya que contiene una contradicción. En este sentido, la moción desea que el próximo Gobierno de la Generalitat actúe dentro del marco estatutario y constitucional, pero en el párrafo que enmendamos se considera que desarrollar la agencia tributaria catalana es una acción generadora de incertidumbre que pretende usurpar las competencias de la Agencia Tributaria estatal. Sin embargo, la agencia tributaria catalana aparece recogida en el artículo 204 del Estatut d’Autonomia, y En Comú Podem y el Partit dels Socialistes de Catalunya llevamos en el programa electoral su desarrollo, por lo que nos sorprende este veto. La agencia tributaria catalana superó el cepillado de Alfonso Guerra, los recortes del Tribunal Constitucional, y está a la espera de su desarrollo.

El Gobierno invita a negociar un nuevo modelo de financiación. Lleva dos años diciendo que está dispuesto a negociar con el Govern de la Generalitat todo, excepto lo que esté fuera de ley, y ahora invita a negociar el modelo de financiación, pero ¿para qué? Supongo que será para desarrollar y cumplir el Estatut d’Autonomia, para tener un Gobierno estatutario; es decir, que la Generalitat respete el Estatut d’Autonomia, pero también el Estado.

Hay mucha oferta de diálogo pero, a la hora de la verdad, hay un no, otro no y un tercer no. Parece que el Partido Popular no aprende nada. ¿De qué quieren hablar en relación con el modelo de financiación autonómica? Digo yo que la Generalitat de Cataluña podrá plantear algo, aunque a ustedes no les guste, y podrá plantear el desarrollo de la agencia tributaria catalana porque figura en nuestro estatuto de autonomía. ¿De qué quieren hablar ustedes en relación con la financiación autonómica? A lo mejor, como oímos ayer al señor Montoro, de obligar a las comunidades autónomas a comprar medicamentos de marca y no genéricos, medicamentos con los mismos principios activos pero que ahora resulta que, por una irresponsabilidad del Gobierno, se ha dicho a los ciudadanos españoles que no son tan buenos porque lo que se pretende es beneficiar a los amigos del Partido Popular en la industria farmacéutica; imagino que será una consecuencia de los viajes que esta industria paga a muchos del Partido Popular.

La República Federal de Alemania tiene un modelo fiscal federal, con la mayoría de las competencias en las agencias tributarias de los Bundesländer de los estados federales y luego tiene una agencia tributaria mayor, de ámbito nacional, para grandes empresas y para grandes fortunas. Gastan un poquito más que España en lucha contra el fraude fiscal, pero están 6 puntos por debajo. Lo que estamos proponiendo con la agencia tributaria catalana no es un disparate, como dice esta moción, es algo que en la República Federal de Alemania existe, funciona y sirve para luchar contra el fraude fiscal. Por tanto, habría que iniciar este diálogo y esta reforma del sistema financiera autonómico, y no lo van a decidir ustedes solos porque en este país o abordamos debates importes o no saldremos nunca de este precipicio, que yo creo que hoy es no solo de Cataluña sino que es de España en su conjunto.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos presentado una enmienda de sustitución a esta moción del Partido Popular, pero no porque estemos en desacuerdo con la oportunidad de mostrar el apoyo de esta institución al buen funcionamiento de la economía catalana o de poner las bases para la recuperación de la confianza en sus instituciones y en su marco jurídico para el asentamiento empresarial, la actividad económica y la generación de empleo; nuestra enmienda tiene un único sentido, y es darle un sesgo positivo. En este sentido, si esta Cámara fue la institución llamada a normalizar y a recuperar la normalidad constitucional y estatutaria en Cataluña y, posteriormente, el señor presidente del Gobierno convocó unas elecciones autonómicas, en nuestra opinión es lógico que confiemos en que este marco constitucional y legal se asiente en la comunidad autónoma. Únicamente pretendemos que el tono de la iniciativa sea de confianza en las instituciones de autogobierno y ese es el sentido de nuestra enmienda fundamental, ya que el resto son cuestiones de redacción y se refieren a la agencia tributaria.

Nosotros coincidimos en que es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica. Nos parece imprescindible que el nuevo gobierno que salga de estas elecciones participe activamente en el ámbito multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de comunidades autónomas, para definir el nuevo sistema de financiación autonómica y, posteriormente, que la gestión tributaria la lleven a cabo en el marco que fija el ordenamiento jurídico de aplicación; entre ellos, el estatuto de autonomía, que además de haber sido aprobado por las Cortes Generales, ha sido validado por el Tribunal Constitucional.

En definitiva, compartimos la necesidad de que esta Cámara dé apoyo a las instituciones catalanas para frenar esa huida de las empresas y para ir más allá, propiciando el regreso de las que se hayan ido porque eso ni siquiera beneficia a los lugares de destino de estas empresas ni, en general, a la economía española.

Por tanto, creemos pertinente que esta institución, por su vocación territorial, se ponga del lado de las instituciones catalanas para crear un entorno favorable a la actividad empresarial.

Asimismo, al igual que en el Pleno anterior, hacemos un llamamiento, y más en unas fiestas en las que se consumen muchos productos catalanes —también asturianos, como la sidra El Gaitero—, para evitar esos boicots. Sean de la comunidad que sean, se trata de productos españoles y de productos de la Unión Europea. Nos parece que es nuestra obligación hacer ese llamamiento.

Por otro lado, confiamos en que las elecciones autonómicas supongan un refrendo de las instituciones catalanas desde el punto de vista administrativo, de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos que viven en allí pero, políticamente, hay que normalizar el funcionamiento del Parlament, del Ejecutivo y del Gobierno que salga de las nuevas instituciones catalanes.

Como hemos alcanzado una transaccional, que celebro, nuestro voto será positivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Carcedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la buena voluntad y a la presentación de enmiendas porque creemos siempre que el espíritu que las motiva es el enriquecimiento, para que de aquí salga el mejor texto y, sobre todo, la mejor voluntad para apoyar el fondo de la cuestión que estamos debatiendo: la situación de los empresarios y de los trabajadores catalanes, que como todos sabemos en este momento están sufriendo una situación de incertidumbre que está provocando la estampida y la fuga de empresas de las sedes sociales, desde Barcelona hacia el resto de España.

No quiero que se me olvide reconocer que no me he puesto en contacto con la señora Rivero, pero ahora mismo le voy a pasar la transaccional porque estamos convencidos de que podemos llegar a un gran acuerdo, que sería un gran acuerdo histórico, la antesala de lo que va a pasar el próximo 21 de diciembre, para que vuelva la paz, la concordia, la convivencia y para que Cataluña vuelva a ser lo que ha sido siempre: una tierra próspera, una tierra innovadora y una tierra emprendedora. No me cabe ninguna duda de que podremos llegar a un acuerdo, pero le pido disculpas por no haber contactado con usted. Se ha debido a un problema de falta de tiempo, como podrán confirmar mis compañeros, lo que no me ha permitido hablar con dos grupos (Rumores). No me ha dado tiempo porque estaba sentada en el momento en que ha venido la portavoz del Grupo Mixto. Lo lamentamos mucho, pero así son a veces las cosas porque el tiempo es un recurso limitado. A mí me hubiera gustado ir muchísimo más rápido, pero el resto de los compañeros les pueden asegurar que lo hemos intentado hasta este momento. No obstante, tendremos tiempo —el letrado ya me ha explicado el procedimiento— y, hasta el momento de la votación estarán invitados a unirse a la transaccional y muy gustosa les contaré cuál es su hilo conductor: que todos lleguemos a un acuerdo en algo que parece sensato y normal, apoyar a las empresas y a los trabajadores para la normal convivencia en Cataluña, para que Cataluña recupere el pulso de lo que ha sido.

Les adelanto que sí hemos recogido la totalidad de la enmienda del Grupo Socialista, la totalidad de la enmienda de Podemos y que estamos dispuestos a estudiar otras, pero que hay algunas que no podemos recoger, concretamente la del PDeCAT y la del señor Mulet. Con el señor Mulet he tenido la ocasión de hablar personalmente, con la señora Rivero no, pero se lo digo desde esta tribuna: lo que ha sucedido en Barcelona, que ha dejado de ser esa tierra emprendedora, ha sido el procés, el proceso de destrucción de la convivencia y el proceso de destrucción de la estabilidad económica. ¿Por qué se ha producido esto? Esto se ha producido —y también se lo digo al portavoz de Podemos— no por el decreto que piden que se retire sino por el anuncio del vicepresidente económico de que la agencia tributaria catalana iba a recaudar todos los impuestos —y las empresas, lógicamente, eligieron su opción—, pero también porque se hicieron dos huelgas, que algunos llamaron de país, y que fueron contra los catalanes.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, voy terminando ya. Muchas gracias, presidente.

Y eso sucede también porque hay una responsable de la CUP que habla de corralito bancario. Todo eso junto, además de su ley transitoriedad y de la declaración unilateral de independencia, ha hecho que más de 3000 empresas salgan de Cataluña porque las empresas, como las personas, lo que quieren es certidumbre y seguridad.

No obstante, termino como empezaba, dando las gracias porque entiendo que la transaccional que vamos a presentar a la Mesa del Senado está muy enriquecida y, sobre todo, refleja el sentir de la inmensa mayoría de esta Cámara y, por lo tanto, de la inmensa mayoría de los españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Serrano.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Desea intervenir algún portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente. Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa.

Nos parece inaudito que no se haya buscado el consenso y el diálogo en este caso, por ejemplo, con el PDeCAT, que es uno de los partidos que ha presentado una enmienda y que, además, como todos sabemos, está implicado en la cuestión.

Desde hace tiempo, señorías, venimos hablando de apoyo a las empresas y a los productos catalanes. ¡Faltaría más! Pero también venimos hablando, desde hace tiempo, del día después. Ahora resulta que el día después será el día posterior a las elecciones y habrá que respetar el resultado de estas; y habrá que respetar al Gobierno que nazca de las urnas y que sea elegido democráticamente. En este sentido, si verdaderamente queremos contribuir a buscar soluciones y que haya diálogo y consenso para ese día después —porque ese es el camino si queremos normalizar la situación en Cataluña—, habrá que profundizar en la búsqueda de soluciones y no en la búsqueda de problemas, en el consenso y el diálogo que creo que toda la sociedad española está pidiendo ante este tema.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Miri, senadora, nosaltres no li votarem aquesta iniciativa. Entre altres coses, vostè em portava ara la iniciativa perquè la veiés. Vostè diu que era qüestió de temps, però ara jo havia d’intervenir i em penso que s’hauria hagut de parlar abans, perquè ens hi sentíssim reflectits. Passa això, vostès van tard. Els passa amb nosaltres, als companys d’Esquerra i a nosaltres del PDeCat, el mateix que els ha passat amb el govern legítim de la Generalitat de Catalunya, que vostès quan volen parlar d’alguna cosa de Catalunya parlen amb tothom i s’obliden de parlar amb nosaltres. Aquest és un problema.

Vostès plantegen un problema, apunten un culpable, diuen no pas tota la veritat, no expliquen quines solucions pensen donar per tal que tot això es concreti en alguna cosa més que un pur relat per posar-lo al mercat en època electoral i tornen a fer un pío-pío, que yo no he sido.

Nosaltres estem d’acord amb la seva iniciativa, malgrat tot, si despullem tot això, que cal donar suport a les empreses catalanes. I tant com cal! Per tant, ja els he dit, facin reials decrets per ajudar-les i no per foragitar-les. Inverteixin en el corredor mediterrani. Si aconseguim alguna cosa més que 9 quilòmetres cada vint anys, segurament les empreses també estaran contentes. Inverteixin els 3500 milions que manquen a Rodalies, això és molt important per al petit teixit industrial i per al comerç a Catalunya. Atenguin la gestió descentralitzada, ja els ho dèiem, i individualitzada de ports i aeroports.

Vostè deia que ja no hi ha emprenedors a Catalunya per culpa de no sé quines set plagues de la humanitat. A Catalunya ho som molt, d’emprenedors. Una altra cosa és que ens robin oportunitats, que es vulgui fer mantres en aquest sentit. Miri si som emprenedors que les empreses catalanes ja van fer un esforç per internacionalitzar-se arran dels boicots que el seu partit i el president Rajoy ara en aquells moments van fer el 2005. (Denegacions de la senyora Serrano Argüello). Sí, boicots a productes catalans, que ja vénen des del 2005. Els han d’agrair aquests boicots, perquè això els va fer espavilar i moltes empreses es van internacionalitzar gràcies a això. Ara què poden fer vostès per ajudar-les? No tanquin les oficines comercials catalanes, mentre n’obren en altres territoris. No les tanquin, perquè han fet molt bona feina en la internacionalització d’aquestes empreses. Ja els ho dic: s’han espavilat des del 2005. Boicot, sí, des del 2005. Aleshores el que estàvem tractant era l’Estat d’Autonomia perfectament dins de la Constitució. No hi havia una amenaça de perversos independentistes i vostès ja feien boicots. El president Maragall en aquella època demanava al senyor Rajoy que deixés de fer propaganda negativa contra Catalunya.

Catalunya és una economia consolidada. El PIB ha crescut 3,5 % i el 2,5 % a la zona euro. La taxa d’atur és del 12,5 % —són dades de l’últim trimestre—, un 3,8 % per sobre de la mitjana espanyola. A Catalunya ha crescut un 4,3 % la producció industrial, hi ha inversió estrangera, 341 milions d’euros al novembre i ahir mateix la multinacional alemanya Covestro anunciava que invertia 200 milions d’euros a Tarragona. No deuen saber el que passa a Catalunya, aquests alemanys. No ho deuen saber.

En turisme vostè diu que hi ha inseguretat. Oh, i tant. Les imatges de la brutalitat policial de l’1 d’octubre han influït, i tant com han influït. I també l’atemptat gihadista. (La senyora Serrano Argüello i el senyor Landaluce Calleja fan gestos negatius). Sí senyor. I no és només això, però això hi ha influït. Vostè diu que no perquè vostè la nega aquesta realitat. Vostè diu que no perquè la nega, però és així i han donat la volta al món. Els turistes volen seguretat i les seves imatges no hi ha ajudat.

Parlen dels ports i dels vaixells als ports. Vostè creu que el fet de tenir els piolíns posats al port de Barcelona atreia molt turisme? No, senyoria, no.

Gracias, presidente.

Señora senadora, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa y, entre otros motivos, porque usted me ha traído la iniciativa ahora, para que le echara un vistazo, y ha dicho que ha sido por una cuestión de tiempo. Pues bien, yo ahora tenía que intervenir, y me parece que deberíamos haber hablado de esto antes, para que nos sintiéramos reflejados. Ustedes llegan tarde y esto les sucede con nosotros y también con los compañeros de Esquerra, como les ha sucedido igualmente con el Gobierno legítimo de Cataluña. Cuando ustedes quieren hablar de algo relativo a Cataluña hablan con todos, pero se olvidan de hablar con nosotros. Y esto es un problema.

Ustedes plantean un conflicto, apuntan a un culpable, no cuentan toda la verdad, no dicen cuáles son las soluciones que piensan dar para que todo esto se concrete en algo que vaya más allá de un puro relato para lanzar al mercado en época electoral y vuelven a hacer un pío, pío, que yo no he sido.

Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa a pesar de todo porque estamos de acuerdo en que debemos apoyar a las empresas catalanas. Claro que sí. Por lo tanto, como ya le he dicho, aprueben reales decretos para ayudar a esas empresas y no para ahuyentarlas. Por ejemplo, inviertan en el corredor mediterráneo porque si logramos algo más de 9 kilómetros cada veinte años, seguramente las empresas también estarán contentas; inviertan los 3500 millones que faltan para cercanías, que son tan importantes para el pequeño tejido industrial y para el comercio en Cataluña; hagan una gestión descentralizada e individualizada de puertos y aeropuertos.

Según usted ya no hay emprendedores en Cataluña por culpa de no sé qué siete plagas de la humanidad. En Cataluña somos muy emprendedores, pero otra cosa es que nos roben oportunidades o que se quieran entonar mantras en este sentido. Fíjense ustedes hasta qué punto somos emprendedores que las empresas catalanas ya hicieron un esfuerzo por internacionalizarse a raíz de los boicots que llevaron a cabo en 2005 su partido, y el presidente Rajoy, igual que ahora. (Denegaciones de la señora Serrano Argüello). Sí, boicots a productos catalanes, que se remontan a 2005 y que debemos agradecer porque nos ayudaron a espabilar y muchas empresas se internacionalizaron por eso. ¿Y ahora qué pueden hacer ustedes para ayudarlas? Pues no cierren las oficinas comerciales catalanas, cuando sí abren esas oficinas para otros territorios. No las cierren porque han hecho una muy buena labor en la internacionalización de estas empresas que, como digo, han tenido que espabilar desde el boicot de 2005. Entonces estábamos debatiendo sobre el estatuto de autonomía, que estaba perfectamente dentro de la Constitución y no existía una amenaza de perversos independentistas, pero ustedes ya hacían boicots. El presidente Maragall, en aquella época, le pidió al señor Rajoy que dejara de hacer propaganda negativa contra Cataluña.

Cataluña es una economía consolidada, su PIB ha crecido el 3,5 %, mientras que en la zona euro ha crecido el 2,5 %; la tasa de desempleo es del 12,5 % —todos estos son datos del último trimestre—, el 3,8 % de diferencia con la media española; en Cataluña, ha crecido un 4,3 % la producción industrial y hay inversión extranjera, 341 millones de euros en noviembre. De hecho, ayer mismo la multinacional alemana Covestro anunció que invertiría 200 millones de euros en Tarragona, no deben saber lo que sucede en Cataluña estos alemanes; seguro que no saben.

Usted dice que hay inseguridad en el turismo. Claro que sí, porque las imágenes de la brutalidad policial del 1 de octubre han influido, claro que lo han hecho, igual que el atentado yihadista. (Denegaciones de la señora Serrano Argüello y del señor Landaluce Calleja). Sí, señora. Usted dice que no porque niega esa realidad, pero así es, han dado la vuelta al mundo. Los turistas quieren seguridad y sus imágenes no han ayudado.

Hablan ustedes de los puertos y de los barcos en los puertos. ¿Usted cree que el hecho de tener a los piolines situados en el puerto de Barcelona puede atraer mucho turismo? No, señoría, no.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Els hem donat moltes iniciatives que vostès poden prendre si volen realment ajudar l’empresa catalana. Si el que volen és fer propaganda electoral, vagin a fer-la a Catalunya, que les eleccions les han triat vostès, però són a Catalunya.

Por tanto, les hemos citado muchas iniciativas que ustedes pueden asumir si realmente quieren ayudar a las empresas catalanas. Sin embargo, si lo que quieren es hacer propaganda electoral, vayan a hacerla a Cataluña porque las elecciones las han elegido ustedes, pero sucederán en Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente. Señorías, eguerdi on.

Tratamos nuevamente una moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en este caso, para proponer la adopción de diversas medidas para restituir la confianza empresarial en Cataluña.

Por supuesto, imagino que nadie en esta Cámara está en contra ni de los empresarios ni de los trabajadores catalanes ni apuesta por el boicot de ningún producto, ni catalán ni de ninguna otra procedencia, y me atrevería a decir que tampoco en contra de que se abra un proceso de negociación para una nueva y mejor financiación de las comunidades autónomas.

Podría parecer, a priori, que la moción está llena de buenas intenciones, pero para ello debería ser creíble y, a nuestro entender, no lo es. Esta moción forma parte de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones del 21 de diciembre, a las elecciones convocadas con la aplicación del 155. Es una moción cargada de un profundo sentido electoralista. El papel del Senado no es ni debería ser intervenir en campañas electorales; los debates y programas deberían plantearlos ante la ciudadanía catalana, donde podrán defender lo que consideren.

En el relato de los hechos que hacen en la exposición de motivos de su moción vuelven a poner el foco, nuevamente, en las supuestas irresponsabilidades políticas del independentismo que, dicen, han generado inestabilidad, incertidumbre y que los riesgos que podrían afectar a la economía catalana solo son achacables a las decisiones del Gobierno catalán. Por supuesto, en ninguna parte del texto figura ninguna responsabilidad en las decisiones que ha tomado el Gobierno del Estado y no podemos estar de acuerdo con este planteamiento.

En el Pleno anterior se lo decía yo, y lo vuelvo a repetir, lo que está sucediendo en Cataluña, en los últimos años, tiene mucho más que ver con la política, con la falta de hacer política, que con la economía, pero la economía puede verse afectada. En esta ocasión hablan sin matices y no aportan datos de consecuencias económicas del procés, que no se sustentan con los datos que se van conociendo. En este sentido, nuestra opinión y la lectura de los datos difieren de la de su grupo.

Empiezo diciendo lo que ya conocemos y lo que ya hemos repetido, que los distintos informes económicos —como los de la Airef y el Banco de España— hablan de una desaceleración, de una ralentización, pero también de la economía española. Igualmente, dicen que la crisis no se va a prolongar.

Las perspectivas económicas catalanas, hasta septiembre, eran buenas, excelentes, como las calificaba el ministro De Guindos. Pues bien, si hasta septiembre la economía catalana tenía un futuro brillante, algo pasa a partir de septiembre para que las previsiones pronostiquen esas caídas que dicen que son tan importantes. Y aquí es donde tenemos las discrepancias.

A nuestro entender, por un lado, las intervenciones realizadas por el Gobierno central no han facilitado la certidumbre y, por otro lado, los datos reales no son los que ustedes trasladan ni en la moción ni en el desarrollo. Se van conociendo los datos de noviembre y ya no son tan rotundos como se expresaba en los de octubre. Los datos sobre el turismo marcan una tendencia habitual y estacional en este sector para la época del año. El último dato sobre las matriculaciones de coches ha subido. Los datos de paro, según los expertos, se deben tomar con cautela, los reales no los conoceremos hasta 2018. La inversión extranjera no se puede estar midiendo día a día, porque nos pueden estar dando datos erróneos y, en todo caso, con las cifras que se disponen no se podría asegurar que los inversores vean un riesgo inmediato en la economía catalana.

Pero antes de recordarles nuevamente lo que, a nuestro entender, ha pasado en Cataluña desde septiembre, me voy a referir, en concreto, a uno de los asuntos que citan en su moción. Se trata de la pérdida de la oportunidad de que la Agencia Europea del Medicamento recale en Barcelona. La decisión de la Unión Europea ha provocado una batalla mediática política en el Estado, en la mayoría de los casos achacando que la candidatura de Barcelona no ha sido elegida por el desafío soberanista y la inestabilidad provocada por el procés. Donde no ha habido ninguna controversia ha sido en los otros dieciocho aspirantes ni en los veintisiete Estados miembros ni en la industria farmacéutica ni en las personas ni familiares que se deben trasladar desde Londres. Barcelona, sin duda, era no la mejor, era la única opción válida en el Estado con fortaleza relevante y una buena oferta de talento y servicios complementarios para el desarrollo de la Agencia. Creemos que el Gobierno de España ha perdido una oportunidad de hacer una buena defensa, seria, creíble y responsable de dicha candidatura. El problema, a nuestro entender, es la forma en la que el Gobierno hace el relato para decir que defendía la candidatura de Barcelona. Nos han contado el éxito de Barcelona antes de concursar, un discurso propagandístico, despreciando cualquier otra alternativa, ganando la competición antes de jugarla o, mejor, sin jugarla. Y, luego, cuando es elegida otra, trasladan, sorprendentemente, que ha sido una opción que se ha perdido y lo achacan al desafío soberanista. Les pasó lo mismo con la candidatura de Madrid a los juegos olímpicos.

No dispongo de más tiempo. Creo que hay que insistir en que los mayores momentos de tensión y que han creado incertidumbre son aquellos motivados por las decisiones tomadas por el Gobierno: la intervención de la economía catalana; el decreto del 6 de octubre para que salieran las empresas de Cataluña...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora ETXANO VARELA: Enseguida termino.

También que el Colegio de Registradores siga transmitiendo en directo y día a día, de una forma absolutamente inusual, cuáles son las empresas que están saliendo de Cataluña; la aplicación del 155; el encarcelamiento de parte del Gobierno catalán.

No vamos a apoyar esta moción, no creemos que aporte nada a la mejora de la convivencia ni a la mejora de la economía. Les recomiendo que escuchen lo que realmente les pide la ciudadanía catalana —la oportunidad la tienen el 21 de diciembre— y que el Gobierno del Estado se comprometa a respetar las instituciones catalanas que surjan de esas elecciones y que todo ello se haga a través del diálogo y no de medidas que generan incertidumbre económica, como es la aplicación del 155, la intervención exprés de una comunidad autónoma o la invitación a las empresas a que salieran de Cataluña.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias.

Señorías, según la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, la positiva evolución de la situación económica ha favorecido una creciente aceleración de la movilidad geográfica de las empresas. Su decreto. (La señora Castel Fort muestra un documento). Añade que la extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por el principio de libertad de empresa, así como para respetar la libertad de establecimiento de los operadores económicos. Teniendo en cuenta que la ley es de 2015 y el real decreto ley es de 2017, se toman la urgencia de manera peculiar.



Según esta exposición de motivos, la necesidad es especialmente acuciante, atendiendo al incremento de movimientos societarios que se producen en el último trimestre del año de cada año al adoptar las empresas decisiones de planificación estratégica, cuya implantación requiere el traslado del domicilio social. En resumen, se demuestra que ni existe urgencia, ni existe necesidad, ni, por supuesto, se trata de un fenómeno extraordinario, sino al contrario. Admiten que se trata de un hecho recurrente y anual. Teniendo en cuenta este aspecto, lo que ustedes plantean en la moción es demagogia en estado cristalino. Sugieren que las empresas que han cambiado de sede social se han fugado por la incertidumbre política y no por tratarse de un hecho recurrente durante el último trimestre del año, lo que contradice la exposición de motivos de su real decreto ley. ¿En qué quedamos, señorías? ¿Se trata de un hecho recurrente que se produce en el último trimestre de cada año o es consecuencia de la incertidumbre política? Incertidumbre, en todo caso, por ver a policías agrediendo a población desarmada y pacífica. ¿Se trata de libertad de empresa y de libertad de establecimiento, según este real decreto ley? ¿O se trata de presiones a alto nivel —y cuando digo alto nivel, digo alto nivel— forzando el traslado de sedes sociales cual ministerio de la propaganda?

Les voy a dar más datos objetivos. A día de hoy, solo 332 empresas de las que han anunciado cambio de sede social han finalizado el procedimiento. Lo que han realizado estas 332 empresas ha sido un simple cambio notarial, sin efecto en el PIB de Cataluña, porque no afecta ni a la producción ni a los trabajadores ni a la actividad. Además, la mayoría pertenece a sectores altamente regulados o que dependen de la obra pública del Estado. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el impacto del cambio de la sede social es inexistente para las arcas públicas. De hecho, añaden que no tiene mucho sentido el traslado de domicilio social desde un punto de vista técnico. Cataluña ha creado ocho veces más empresas durante el 2017 que las que supuestamente se han trasladado. Entre los meses de enero y septiembre de 2017, se ha batido el récord histórico de exportaciones: 52 000 millones de euros, un aumento del 8,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Es el mismo porcentaje que tienen ustedes, los del Partido Popular, en votos en Cataluña. Disfrútenlo, porque el 21-D no creo que vuelvan a repetirlo.

El aeropuerto de El Prat aporta él solo el 55 % del beneficio de Aena. En cambio, recibe el 7 % de la inversión. La multinacional alemana del sector químico Covestro, a la que se ha hecho ya referencia, en solo dos años ha pasado de anunciar que cerraba la planta del polígono petroquímico de Tarragona a anunciar una inversión de 200 millones de euros y el incremento de su capacidad de producción. La empresa multinacional Aircross ha construido nuevas plantas de fabricación que han requerido una inversión de 29 millones de euros. Y estas inversiones han sido solo en Tarragona.

En resumen, las empresas multinacionales, que no sufren las presiones ni de la Moncloa ni de la Zarzuela, demuestran que mantienen el compromiso con inversiones a largo plazo porque Cataluña es el motor económico, el polo de atracción para las industrias de I+D+i y starups. Lidera el sector turístico, lidera el transporte de mercancías y lidera el sector de las industrias TIC. Por lo tanto, una moción para restituir la confianza empresarial en Cataluña es un oxímoron. Esta confianza ya existe. Y existía hasta que ustedes optaron por la vía colonial. Dejen de utilizar la violencia policial, política y judicial contra Cataluña. Vive et permitte vivere.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CASTEL FORT: Lo malo es que ustedes son más afines a la comedia palatina de El perro del hortelano.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Buenas tardes de nuevo.

Señora Arenales, creo que se nota que es una moción que viene de campaña electoral. El lobo se ha disfrazado de cordero y traen ustedes hoy una moción suavecita sobre Cataluña, mucho más suave que la de hace quince días o la de ayer en el Congreso.

A nosotros nos parece que hay quien no se puede erigir en defensor de los puestos de trabajo en Cataluña. ¿Quién no garantiza los puestos de trabajo en Cataluña? En primer lugar, los que hoy están relativizando la gravedad del problema y de la afectación a la economía de Cataluña, la falta de inversiones y la fuga de capitalidad de varias empresas catalanas. Quien ha gobernado Cataluña debe saber lo que ha hecho y no relativizar lo que ha pasado. Hace un mes se puso de moda el acrónimo de la DUI, declaración unilateral de independencia, cuando Artur Mas y Carles Puigdemont nos decían a los catalanes que ninguna empresa se iba a ir de Cataluña y que íbamos a recibir el apoyo de la Unión Europea. Pues bien, yo prefiero llamarlos los de la DDI, los de la disparatada declaración de independencia del 28 de octubre, los que no reaccionaron ante la fuga de las empresas de Cataluña, pese a la preocupación real de los trabajadores y trabajadoras catalanas, y hoy están relativizando lo que ha pasado a causa de este mal gobierno. Pero, en segundo lugar, tampoco se pueden erigir como representantes y defensores de los puestos de trabajo en Cataluña los que hicieron llamadas a las empresas para presionar y los del decreto de puente de plata del ministro De Guindos para que las empresas se pudieran ir sin realizar una preceptiva junta de accionistas. Y yo se lo he oído decir a varios empresarios, y también al presidente del Comité de empresa de Seat, que ha denunciado presiones monárquicas y de altas instancias del Estado para que se vayan empresas. Quien ha llamado a una empresa de Cataluña para que se vaya de Cataluña no puede venir hoy como si fuese un defensor de los puestos de trabajo de Cataluña.

¿Estamos de campaña? Pues sí, estamos de campaña en Cataluña. Déjenme decirles que ante este panorama solo nosotros, solo En Comú Podem es garantía de proteger los puestos de trabajo en Cataluña frente a las maniobras de Rajoy y de Puigdemont. Ante las llamadas del rey y de Rajoy a los empresarios para que se vayan y frente al mal gobierno de Puigdemont, frente al decreto de puente de plata del ministro De Guindos, solo nosotros garantizaremos los puestos de trabajo en Cataluña. (Rumores). No vamos a poder perdonar a ninguna instancia del Estado que haya actuado para que se pierdan puestos de trabajo en Cataluña, y nos disgusta que ahora, en campaña electoral, todos cambien su rostro.

Esta moción es suave en contenido, pero demasiado dura en la exposición de motivos que, además, apuesta por un único modelo económico: el del turismo y los servicios que generan empleo de baja calidad. Pero, además, nos parece una moción demasiado oportunista y no puede contar con nuestro apoyo porque su preocupación no nos parece sincera. Nos vamos a abstener, y sí le digo, señora Arenales, que valoramos sinceramente el gesto del Partido Popular de eliminar el veto a la Agencia Tributaria catalana. Nos parece un primer paso, nos parece importante que hoy una moción que venía con un veto a la Agencia Tributaria catalana pueda salir adelante sin ese veto. Por hemos valorado que nos vamos a abstener. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a cambiar un poco el tono y comenzaré diciendo que para quienes soñamos una España democrática —porque algunos vivimos en otras circunstancias muy difíciles— la aprobación de la Constitución fue un acontecimiento de una enorme alegría y también lo fue —hay que decirlo— la incorporación de España a la Unión Europea. Afortunadamente, un día las fronteras de Europa no acababan en los Pirineos y esta España que se debatía entre ser África y ser Europa decididamente se incorpora a Europa. Se incorpora al llamado entonces Mercado Común Europeo, que posteriormente evoluciona a lo que ahora es la Unión Europea, que incorpora la Europa de los ciudadanos y la Europa social.

En este escenario, ahora nos encontramos con unos acontecimientos que a algunos nos resultan tan extemporáneos y tan estrambóticos que no los acabamos de comprender, como que se ponga en riesgo la pertenencia a la Unión Europea, esta especie de paraguas de seguridad. En aquel momento, cuando nos incorporamos a Europa, dijimos: se acabaron los golpes de Estado; se acabó la recesión política que permanentemente sucedía en nuestro país. Esta historia terrible que nos acompañó en los últimos siglos. Pero resulta que ahora estamos poniendo en cuestión la Constitución y colocando a una parte de nuestro territorio español en riesgo de salir de la Unión Europea, y uno se pregunta: ¿Y esto para qué?

No voy a sacar mi libro, pero sí el de Josep Borrell, que lleva dos años intentando demostrar con datos y sacando del escenario de la épica debates que sean realistas, debates basados en datos y en previsiones en el marco en el que se desenvuelven la economía y las relaciones de los países modernos. La conclusión que se recoge en el libro de Josep Borrell advierte de dos cuestiones fundamentales: una es el riesgo para la economía con datos reales, y otra, un proceso que lleva a ninguna parte, porque para ser un país independiente, al margen de que deben cumplir con los requisitos que la propia Constitución les obliga, puesto que han prometido lealtad a una Constitución española que les permitió representar esos cargos en los que estaban, ese viaje a ninguna parte solo sería posible si fuera reconocido por terceros. Pues ni una ni otra advertencia fueron tenidas en cuenta y nos dimos de bruces con la realidad, y los problemas en la economía catalana, en los que no voy a volver a incidir, los estamos viendo. Y no es solo que se hayan ido empresas, no es solo que ahora haya subido —espero que coyunturalmente— el paro, es que si miramos los datos sociales veremos que una comunidad autónoma de la potencia de Cataluña debería estar en otras circunstancias. Sencillamente, el dato de las rentas mínimas está en la mitad de la media española. Y la otra cuestión es que ningún país de la Unión Europea ni la propia Unión, por supuesto, ni los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han aprobado ni respaldado estas decisiones. Luego, ¿de qué estamos hablando?

Y termino. Más allá de todo esto, más allá de esta realidad, en Cataluña se ha quebrado el clima de convivencia. El éxito fundamental de la Constitución española fue la generación de ese consenso y de ese clima de convivencia entre españoles, y ahora estamos ante un nuevo desafío y no podemos entrar en nuevos frentismos. Tenemos que buscar soluciones para resolver los problemas políticamente entre todos, y por eso nosotros, el Partido Socialista, llevamos desde el 2013 intentando buscar un escenario político de solución y resolución de los problemas de convivencia que nos afectan. (Aplausos). No podemos mirar para otro lado, porque existen, y desde luego no podemos levantar nuevos muros, no podemos crear nuevos frentismos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CARCEDO ROCES: Tenemos que buscar una salida de consenso, de convivencia pacífica para muchos años más en España, de la que Cataluña forma parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Carcedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Señorías, el procés es el problema y España es la solución. (Aplausos). El procés es el gran problema, no porque sea el proceso a ninguna parte, señora portavoz del Grupo Socialista, sino porque es el proceso de la destrucción. Es el proceso de la destrucción de la convivencia, una gran fractura social, una sociedad dividida, unos amigos que no se hablan, unas familias rotas. ¿A usted no le importa? Es un problema muy serio. Es la destrucción del prestigio internacional. Se quiere marchar de España porque quiere crear una república y se marcha a un país donde hay una monarquía. ¡Raya con el ridículo! (Aplausos). Se marcha de España y se va a Europa y ahora dice que se quiere marchar de Europa. ¿Nos sacará del globo terráqueo? Es absolutamente patético. Es la destrucción económica, es un gran golpe económico. Más de 3000 empresas han salido de Cataluña. La venta de los servicios cae más de la mitad. La compraventa de viviendas se ralentiza en Cataluña cuando está creciendo en el resto de España. La paralización del turismo, incluso muchos turistas que ya tenían pagado su billete para volar a Barcelona lo han cancelado a última hora. Esto nos preocupa mucho. Y lo más importante de todo: mientras la Comunidad de Madrid, mientras la Comunidad Valenciana, mientras la Comunidad de Andalucía en este momento están generando empleo a volúmenes cercanos a 60 000 personas, Cataluña destruye empleo. Madrid creando 67 000 puestos de trabajo y Cataluña destruyendo empleo.

Señorías, ¿dónde está esa Cataluña que les decía antes innovadora, esa Cataluña próspera que lideraba la innovación, que lideraba la creación de empleo y que hoy lidera las listas de espera? Hoy, la mayor lista de espera para operarse está en Cataluña. Y todos nos preguntamos cómo se ha podido llegar hasta aquí. ¡Cómo es posible que se haya llegado hasta aquí! Pues a base de mentiras: mentiras históricas que confunden la guerra de Sucesión con la guerra de Secesión; mentiras jurídicas que hablan de la autodeterminación. ¡Fíjense que oprimida estará Cataluña! ¿Se lo digo a uno de Tierra de Campos?, ¿le digo a uno de mi pueblo que Cataluña está oprimida? ¡Hombre, por Dios! Mentiras de toda índole. Mentiras internacionales como que les iban a reconocer en toda Europa y en todo el mundo y no les han reconocido en ningún sitio. Mentiras incluso económicas. ¿Recuerdan al señor Mas, que fue presidente de la Generalitat, cuando decía que no se irían las empresas porque el 20 % del mercado lo tienen aquí? Señor Mas, ¿y el 80 % dónde lo tienen? ¡Hombre, por Dios! Mentiras y más mentiras. Además, estas mentiras las mezclan con el populismo. Aprovecharon el dolor de la gente que lo estábamos pasando francamente mal en toda España y que teníamos mucho dolor porque no teníamos trabajo para buscar un enemigo externo —que ese es el populismo— para decir: España nos roba. Pues a la luz de muchas cosas, señor Mulet, que no le he oído mencionar y está usted muy preocupado por la corrupción, parece que los que a todas luces robaban eran otros, y en la misma Cataluña. (Aplausos). La verdad es que es absolutamente lamentable utilizar el populismo, como todos los totalitarismos, porque el independentismo es también un totalitarismo. Y desde aquí quiero mandar un saludo y todo mi apoyo a Alicia Sánchez Camacho, quiero darle mi apoyo a Inés Arrimadas y a Dolors, la ministra de Sanidad, y quiero mandar un apoyo y una oración hoy por Víctor, porque por llevar una bandera como esta (La senadora Serrano Argüello muestra en su brazo una pulsera con la bandera de España), por culpa del totalitarismo, que se convierte en fanatismo e intolerancia, lo han matado. (Aplausos). Yo soy Víctor, llevo la bandera de España y la bandera de Cataluña. Y además lo han conseguido con mucho dinero, dinero de todos. Porque ahora que se están desmontando las embajadas, nos hemos enterado de que la embajada de Estados Unidos ha costado 1 100 000 euros y la embajada de Ginebra estaba costando la friolera de 760 000 euros, dinero de todos. Y yo digo, los responsables, o quizá debería decir los irresponsables, o desde luego lo que sí debo decir es los desleales, los absolutamente desleales dirigentes de Cataluña, ¿cómo no han sido capaces de explicar al pueblo catalán que durante veinte años en los Presupuestos Generales del Estado la comunidad más beneficiada ha sido Cataluña?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Voy terminando.

¿Cómo no les han explicado eso? ¿Y cómo no les han explicado también a los catalanes los 68 000 millones de euros que han recibido del Gobierno de Mariano Rajoy? Mentiras y más mentiras. Como las mentiras que dicen ahora de que hay presos políticos. Ustedes, que tienen la misma ideología, ¿están en la cárcel? ¡Es mentira! La gente está en la cárcel porque se salta la ley. (Aplausos).

Voy terminando, presidente. La solución es España porque somos un gran país, nuestras empresas están en los mejores proyectos europeos, somos la cuarta economía de la zona euro, somos una potencia exportadora por excelencia, somos una potencia deportiva, somos el primer destino del mundo y un tanto por ciento muy alto de visitantes repite.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Termino ya.

Por lo tanto, España es la solución; el proceso es el problema y España es la solución, porque Cataluña es y seguirá siendo siempre España.

¡Viva Cataluña y viva España! (Aplausos.— Varios señores senadores: Bravo, bravo).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Serrano. (Rumores).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y A IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE SU RECUPERACIÓN. 662/000089 GPS

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 7.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, a esta moción se han presentado quince enmiendas: una del Grupo Parlamentario Vasco; una del Grupo Parlamentario Nacionalista; siete del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los señores Mulet y Navarrete; y seis del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de esta moción, tiene la palabra la senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Estamos a finales del año 2017, han pasado cuarenta años desde el restablecimiento de la democracia y ochenta y uno desde el golpe de estado de 1936, y es verdad, aquí estamos con una nueva iniciativa en materia de memoria histórica y de memoria democrática. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, por favor.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, presidente.

No estamos ante un debate artificial, no estamos ante una invención de los partidos de izquierda, estamos, de verdad, ante una demanda democrática de justicia y de reparación que, a nuestro juicio, trasciende a todos los partidos políticos; y, además, estamos ante el incumplimiento político y jurídico de los poderes públicos españoles de unas obligaciones contraídas ya hace tiempo vía ley.

Por eso, el PSOE en esta materia, que siempre ha sido el partido de la mesura y el partido de la responsabilidad, hoy plantea una nueva iniciativa, porque nosotros nunca hemos practicado el revanchismo, nunca nos hemos olvidado de las injusticias de la historia reciente; siempre hemos procurado impulsar iniciativas como la que se tramitó hace poco tiempo con la aprobación de la Ley de la memoria histórica y democrática de Andalucía, la más avanzada en materia de reconocimiento, reparación, participación y régimen sancionador que existe en España, aunque no quiero olvidarme de otras iniciativas importantes, como, por ejemplo, la valenciana y algunas otras, que las hay. Y eso que acabamos de hacer en Andalucía es lo que toca hacer de una vez por todas a nivel nacional, porque, como he dicho, en 2007 se aprobó la vigente Ley de la memoria histórica que impulsó el presidente Zapatero y en este mes de diciembre precisamente se cumplen los diez años; una ley que supuso un paso de gigante en el reconocimiento y ampliación de derechos de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra civil y en el franquismo. ¿Una ley imperfecta? Sin duda. ¿Una ley insuficiente? Seguramente. Pero, sobre todo, estamos ante una ley incumplida, porque la Ley de la memoria histórica ha sido derogada presupuestariamente por el Partido Popular: ni un euro ni una medida en seis años. (Aplausos).

Por eso, la moción que presentamos considera necesario realizar la reforma de la Ley de la memoria histórica, en primer lugar, para atender las recomendaciones del Consejo de Europa y de Naciones Unidas de conformidad con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; en segundo lugar, la moción considera necesario dotar a la Ley de la memoria histórica de mecanismos coercitivos y presupuestarios que garanticen su cumplimiento, y todo ello con la mayor participación de las víctimas y sus representaciones cívicas.

Verán, señorías, es un texto que deliberadamente no concreta medidas, porque lo haremos en la proposición de ley cuya presentación ya ha anunciado nuestro secretario general Pedro Sánchez, pero, eso sí, hace una mención expresa a los informes del Consejo de Europa y de los diferentes organismos y expertos de la Unión Europea y de Naciones Unidas, lo cual es toda una declaración de intenciones.

Y es que, señorías, España ha sido respaldada recientemente para incorporarse al Consejo de Derechos Humanos. Esa es una magnífica noticia para todos, pero precisamente en el seno de Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su malestar con el inmovilismo del Estado español en relación con las violaciones de derechos humanos del pasado reciente. Eso no lo dice el PSOE, no lo dicen las asociaciones de la memoria histórica, lo dicen organismos internacionales de tanto prestigio como el que tutela el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, señores del Partido Popular, que de momento van a estar liderando ese tiempo, la presencia de España en el Consejo de Derechos Humanos es una magnífica ocasión para abordar esta cuestión y que el Comité de Derechos Humanos deje de sacarnos los colores año tras año.

Sí, señorías, la verdad y la justicia no tienen color político, no son de izquierdas ni de derechas, son valores universales ante los que tenemos que cerrar filas todos los demócratas. Ochenta años después de 1936, no tiene sentido hablar de bandos, no tiene sentido intentar darle la vuelta a la tortilla de la historia ni a izquierdas ni a derechas. Lo que tiene sentido, lo que siempre tendrá sentido es hablar de la verdad, lo que siempre tendrá sentido es defender la democracia frente a cualquier clase de totalitarismo, lo que siempre tendrá sentido, no importe el tiempo que pase, es hablar de la dignidad humana.

Creo que España hace tiempo que superó los dos bandos; yo no tengo la menor duda sobre las convicciones democráticas de todos y cada uno de los senadores y senadoras que estamos en este hemiciclo (Aplausos). Precisamente, nuestras convicciones democráticas deberían generar unanimidades y no confrontación en esta materia a la hora de abordar los crímenes, abusos y represalias de una dictadura como la que padeció este país. Y es que hay una generación de jóvenes en España que seguramente no entiende esta polémica; muchos jóvenes quizá no entienden por qué seguimos hablando de un tiempo que a lo mejor ellos ya consideran remoto para sus vidas, pero les puedo asegurar que tampoco entienden por qué hablar de reparación o de violaciones de derechos humanos en la dictadura puede molestar a alguien. Los jóvenes españoles, con independencia de su ideología, tienen perfectamente interiorizado que el franquismo fue una etapa oscura, una etapa negra, y no pueden entender por qué no hemos terminado de reparar aquellos desaguisados, por qué todavía hay víctimas a las que no se les ha devuelto su dignidad humana.

Creo, señorías, que la derecha española, que ya condenó el franquismo, como no puede ser de otra manera, rejuvenecerá el día que afronte este debate sin esa extraña obsesión, porque el olvido es la única reparación posible. Y también creo que la izquierda radical madurará el día que comprenda que cada tiempo tiene su afán y que los afanes de 1977 y 1978 hicieron posible los afanes de hoy. (Aplausos). Sí, señorías, en 1977 se aprobó una Ley de amnistía que sin duda benefició al establishment del franquismo, no me cabe duda, pero también en 1977 se suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en 1977 ingresamos en el Consejo de Europa para iniciar el camino de la democracia y del Estado de derecho. Lo que se hizo entonces nos ha traído hasta aquí. Ha sido necesario construir una democracia sólida para que hoy podamos plantear iniciativas sin ningún temor ni resquemor hacia los sentimientos justificados de los represaliados, todavía en carne viva, ni ante el ruido de sables que había en los años setenta y ochenta.

Señorías, yo no formo parte de la generación de la Transición, por edad no pude votar tampoco la Constitución, pero me siento muy orgullosa del esfuerzo que hicieron mis mayores y mis líderes políticos históricos para que hoy pudiéramos estar aquí (Aplausos) por una razón, porque para el Partido Socialista Obrero Español lo primero que había que hacer era garantizar el mejor de los futuros y lo segundo, reparar lo peor de nuestro pasado. Ese fue el orden, y no nos equivocamos. (Aplausos).

Pero estamos en un Estado de derecho, y las leyes hay que cumplirlas. Nadie entiende que las leyes se cumplan a la carta, ¿verdad, señoras y señores del Partido Popular? No podemos exigir a los demás que cumplan la ley, y nosotros no hacerlo. Las leyes están vigentes mientras no se modifican o derogan, y hay que cumplir todas; la Ley de la memoria histórica también hay que cumplirla, señores del Partido Popular.

Como ven, lo que demandamos son cosas normales para los demócratas. Es normal denunciar que ninguna democracia mantiene abierto un lugar de culto para un dictador. ¿En qué democracia se mantiene y se financia un mausoleo faraónico a mayor gloria de un dictador? (Aplausos). ¿Me quieren señalar una sola democracia? Estamos diciendo cosas absolutamente normales. Es normal que un demócrata, como nuestro presidente, el señor García-Escudero, participe en un homenaje a las víctimas españolas de la dictadura militar argentina. Yo lo aplaudo, y eso le honra. Y espero aplaudirle y que le honre organizar el homenaje a las víctimas del franquismo que ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista. Son cosas normales para demócratas. (Aplausos).

Termino ya. Señorías, muchos conservadores y otras personas que no lo son piensan con buena fue que para qué vamos a seguir removiendo el pasado. Y yo me pregunto si la cuestión es esa o por qué, cuarenta años después, nos sigue preocupando o nos sigue molestando —a quien le moleste y le preocupe— remover el pasado. Antes de pronunciarse en contra de esta moción, les pido a todos ustedes que contesten a estas preguntas: ¿qué demócrata puede sentirse molesto porque se denuncien los abusos de una dictadura?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora MORENO RUIZ: Enseguida termino, señor presidente.

¿Qué demócrata puede negar a las familias el derecho a enterrar a sus familiares dignamente? ¿Qué jurista democrático puede defender los juicios sumarísimos del franquismo? El pasado no se remueve con iniciativas como esta, el pasado se remueve con inmovilismo, con resistencia a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque, cuando no se repara, el pasado injusto vuelve a la memoria de las personas y de las sociedades decentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Moreno.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad, senadora Moreno, es que me resulta difícil que en una sesión plenaria como esta, en la que usted representa al Partido Socialista y yo al Partido Nacionalista Vasco, no haya encontrado alguna diferencia con la que poder rebatirla. Comparto el cien por cien de lo que usted ha dicho. (Aplausos). Me costaría entender que hoy se dieran argumentos que contradijeran todo su planteamiento, principalmente, por dos motivos: primero, la semana pasada celebramos el 40 aniversario de la incorporación de España al Consejo de Europa, y nos está lanzando una serie de recomendaciones con respecto a la memoria histórica; y, segundo, del año 2007 al 2017 han pasado diez años, y el grupo que en su momento estaba en el Gobierno ha hecho un planteamiento de reflexión y revisión totalmente procedente de la Ley de memoria histórica. Abordémosla. Nosotros entendemos que es una moción relativamente general, pero en este momento es mucho más positivo para que seamos capaces de encontrar una serie de puntos en común todos los demócratas, para que hagamos un poquito de memoria y seamos capaces de llegar a un acuerdo.

La Ley de memoria histórica tiene elementos que corregir y otros muy positivos, por ejemplo, amplía los derechos económicos de las víctimas; es un soporte legal a las exhumaciones y a las investigaciones de los archivos; fue también muy importante para debatir, porque se debatió y se sigue debatiendo, y la aportación de la Ley de memoria histórica en este sentido fue muy positiva.

Por último, aporta dos reconocimientos ya que concede la nacionalidad española a las Brigadas Internacionales y reconoce el sufrimiento de los esclavos del franquismo.

A nuestro entender, hoy en día es una ley insuficiente, además de que está acompañada de una aplicación deficiente. Asimismo, ha generado una frustración considerable entre las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Por eso estos pasos no son suficientes si se sigue confundiendo la prudencia con el olvido. Es evidente que hay que ser prudentes, pero la prudencia no nos puede hacer olvidar la ley. Estos días estamos oyendo que hay que cumplir la legalidad vigente. ¡Cómo no!, pero la que nos gusta y la que no. Hay que cumplir todas las leyes. También hay que cumplir la Ley de memoria histórica. Se lo debemos a todas las personas que nos han antecedido.

Se siguen frustrando las expectativas de unos familiares cansados, extenuados por promesas incumplidas, por llamamientos a reconciliaciones carentes de sentido si no se restituye cuanto antes. Tengan en cuenta que hay muchas víctimas, muchos familiares. Cuando nos toca trabajar con ellos, podemos observar que muchas veces hay incredulidad, cansancio. Entiendo que todos los que estamos en este hemiciclo, todos los que respetamos los derechos humanos, todos los que damos importancia a la memoria, al reconocimiento, al recuerdo, a la verdad, a la justicia y a la reparación tenemos que ser capaces de llegar a ellos y de compensarles por todos estos años de olvido.

Al final del franquismo se cometieron errores graves con las víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura. No hubo esclarecimiento de la verdad, no hubo justicia, no hubo reconocimiento para las víctimas, no hubo juicio condenatorio para la dictadura y sus principales responsables. Pero tampoco hubo revanchismo, tampoco hubo venganza. En ese sentido, después de cuarenta años, es positivo valorarlo en su justa medida.

La democracia española tiene que deslegitimar políticamente y para siempre la dictadura franquista. Deben desaparecer todos los símbolos y leyendas franquistas, pero no porque homenajean a un solo bando, sino, simple y llanamente, porque forman parte de un régimen antidemocrático que ejecutó a miles de personas y provocó una guerra civil. En ese sentido nosotros presentamos la enmienda que hemos propuesto: deslegitimar definitivamente y para siempre la exhibición de banderas, consignas y símbolos franquistas, que atentan gravemente contra la dignidad de las víctimas y menoscaban nuestra cultura democrática. Entendemos que se puede aprobar sin esta enmienda. De hecho, aunque no se acepte esta enmienda, vamos a apoyar este texto, pero recoge un espíritu y una serie de acciones que últimamente están generándose que no aportan nada positivo a la convivencia…

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

Como decía, a la convivencia y a lo que verdaderamente tiene que ser un reconocimiento de todas las sensibilidades de este hemiciclo, de la sociedad española, que es: recordemos, reconozcamos, solidaricémonos y ayudemos a todas las víctimas, que tanto han sufrido en momentos determinados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herrera Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

«Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.»

Señorías, nos queda la palabra y con ella la memoria. No podemos cambiar el pasado, pero tenemos la obligación de aprender de él. La Ley de memoria histórica fue un paso, sin lugar a dudas, importantísimo en la recuperación de la dignidad de tantas y tantas víctimas del franquismo, de los dos bandos, porque todos fueron presos y víctimas, al fin y al cabo, de una maniobra que solo perseguía el poder absoluto. En esta intervención no puedo dejar de recordar a tantas personas que durante el franquismo padecieron la persecución, el hostigamiento y hasta la muerte, personas que junto a sus familias quedaron sepultadas por un inmenso dolor e impotencia, dolor que como demócratas tenemos el deber y la obligación ética y moral de subsanar, porque, como les decía, aquí no hay bandos, señorías, aquí la democracia debe vencer a la dictadura sin complejos y sin ataduras.

Me cuentan mis abuelos y muchos vecinos de la isla de El Hierro cómo aquellos que eran sospechosos de pensar de una forma distinta a la que el régimen estipulaba tenían que esconderse en sus propias casas o en el interior de la isla de El Hierro, ya sea en cuevas o en tubos volcánicos, para no ser detenidos o maltratados por los fascistas. Los huidos, como se les conoce a estas personas en la isla de El Hierro, protagonizan, sin duda, los capítulos más tristes y sobrecogedores de la historia reciente de mi isla. Los falangistas y fascistas tomaron el poder y llegaron a torturar y maltratar a muchas personas e incluso realizaron un simulacro de fusilamiento en el cementerio de El Pinar, al sur de la isla, pero nunca consiguieron que nadie revelara dónde se refugiaban los huidos, algo que demuestra sin duda el talante solidario y humanitario de la población herreña sin distinción de clases sociales.

Estamos convencidos de que reparar el dolor no es ningún dislate. Es más, se define a sí mismo aquel que se oponga a que las familias localicen a sus muertos, que están sin identificar en las cunetas de nuestro país, solo con el objetivo de darle una digna sepultura y rendirle así un homenaje durante la eternidad. Apoyaremos, como se imaginarán, esta moción porque entendemos que la Ley de memoria histórica no puede caer en su propio olvido, más bien al contrario, se debe potenciar y poner en práctica algo que, por desgracia, no ha sucedido en los últimos años.

También creemos que se debería dar un paso más allá, por eso presentábamos nosotros esta enmienda, y resolver de una vez por todas el complejo asunto del Valle de los Caídos, donde hay más de 30 000 cadáveres de ambos bandos, como, por ejemplo, los hermanos Lapeña, que tras casi dos años de producirse una sentencia firme para exhumar sus cuerpos, Patrimonio Nacional sigue sin cumplir dicha resolución judicial. Más de 12 000 cadáveres siguen sin identificar, lo que convierte al valle en la mayor fosa común de víctimas de la guerra civil en España y donde además, paradójicamente, comparten espacio con Franco y con José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange española, fosas comunes, dicho sea de paso, repartidas por todo el territorio nacional y que hacen que España ostente el vergonzoso récord de estar entre los países del mundo con mayor número de muertos en la cuneta. El Valle de los Caídos debe estar ligado, tal y como proponemos en nuestra enmienda, a la Ley de memoria histórica y debe ser un verdadero homenaje a las víctimas del franquismo y no una exaltación a la dictadura. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, finalizo como empecé, citando unos versos de Blas de Otero, que nos transportan hacia nuestra historia reciente más aterradora: «Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.»

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Una ley que no se cumple sistemáticamente y no le pasa absolutamente nada a quien no la cumple, ¿qué tipo de ley es? Sabemos perfectamente que esta ley la aprobó en su día el Gobierno de Zapatero porque estaba en minoría parlamentaria y era una de las condiciones que le impusieron para el pacto Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. Antes, cuando el Partido Socialista tuvo mayoría absoluta, no la hizo y no pasó nada. Luego veremos también casos concretos de alcaldes del Partido Socialista que la incumplen sistemáticamente y con total prepotencia.

Simplemente el enunciado, moción por la que se insta al Gobierno a reformar la ley, un Gobierno que no la cumple, da un poquito de miedo; un Gobierno que sistemáticamente la ha incumplido ,como ustedes también han reconocido, es el menos indicado para ello porque en lugar de reformarla la demolería. Ha coincidido en el tiempo con nuestra propuesta para la toma en consideración de una nueva ley de víctimas, complementaria a la ley actual porque aborda aquellas lagunas que esta ley tiene. Nos da igual que sea una reforma de la ley o que sea una ley nueva, lo que no entendemos muy bien es por qué presentan aquí una moción, que saben que no va a prosperar, justo como aperitivo del debate de la proposición de ley que han presentado en el Congreso. Imagino que es también para retratar a esta gente que tenemos a la derecha, a la derecha extrema, pero ya nos conocemos todos, sabemos lo que van a votar, sabemos cuál va a ser su argumentario y sabemos que no habrá ningún tipo de defensa. Después entraremos más en el detalle de lo que proponemos nosotros, porque nuestras enmiendas a su moción van en ese sentido, a las lagunas de la ley actual y de la proposición que han presentado en el Congreso.

Es una ley que no se cumple sistemáticamente, hemos visto que hay decenas, centenares de ayuntamientos en toda España que incumplen sistemáticamente la Ley de memoria histórica y hemos visto cómo muchas veces han sido alcaldes del Partido Socialista quienes no la han cumplido. (Rumores). Tranquilos, ahora les contaré un caso bonito, ahora se lo contaré, Compromís ha presentado más de 2000 peticiones a ayuntamientos, muchos de ellos del Partido Socialista y del Partido Popular, que estaban incumpliendo sistemáticamente la Ley de memoria histórica. Eso lo hubieran podido hacer partidos más grandes o partidos que tuvieran implicación y representación en esas provincias, y no se hizo. De esas 2000 cartas que se han presentado a ayuntamientos para que cambien la nomenclatura franquista, muchos de ellos del Partido Socialista, ni han contestado; otros, un centenar, afortunadamente y con posterioridad a este requerimiento, como así consta en sus actas, han cambiado el nombre. Hay ayuntamientos como el de Rionegro del Puente, en Zamora, en el que el alcalde del Partido Socialista nos dice que no va a cambiar el nombre de la calle y de la plaza José Antonio si no se lo piden los vecinos. Y dice: «Ante la solicitud que usted ha remitido a este ayuntamiento, dado el interés que le ha despertado la denominación de estas dos vías públicas ubicadas en pleno corazón de nuestro pueblo y albergando concretamente la plaza José Antonio el precioso santuario de Nuestra Señora de la Carballeda, centro de peregrinación en el Camino de Santiago, rama mozárabe sanabresa, quiero aprovechar la ocasión para comentarle que, en caso de que esta entidad local acuerde el cambio de denominación de la misma, tendremos muy en cuenta denominarla como plaza Carles Mulet García en honor a su persona, agradeciéndole así el gran interés que demuestra por nuestro municipio, que le invito a conocer». Esos son los alcaldes fachas que también tiene el Partido Socialista a los que no les piden cumplir con la ley, desgraciadamente también tenemos de esto. Yo solo quiero que se cumpla esta ley aunque la vea corta, son alcaldes fachas que tiene también el Partido Socialista. Nos gustaría que en casos como estos actuaran y por lo menos les llamaran al orden.

La reforma de esta ley queda coja porque es una ley que no se ha cumplido sistemáticamente. Luego tendremos más tiempo, porque veo que ya estoy prácticamente fuera de tiempo, para explicar que la moción que han propuesto ahora y la ley que está ahora en vigor y no se cumple tienen lagunas. Pero el principal problema es que no se consideran víctimas del franquismo a la mayoría de la gente que sufrió la represión franquista; que es una ley que no tiene aplicación práctica y que no tiene ningún tipo de repercusión en la gente que la incumple sistemáticamente, que es una ley que no declara nulas todas las sentencias franquistas, una ley que no declara ilegítimo e ilegal el régimen franquista, y a partir de ahí debatiremos luego con más tranquilidad el siguiente punto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Bona tarda. Buenas tardes.

Ya avanzamos que vamos a apoyar esta moción. La vamos a apoyar porque no podemos estar en desacuerdo con su parte propositiva. Pero el nuestro no puede ni va a ser un apoyo acrítico, porque lo que somos incapaces de compartir es su exposición de motivos. No reconocemos que la Ley de memoria histórica del Partido Socialista sea el hito más importante en la recuperación de la dignidad de las víctimas. Porque para nosotros, sin ninguna duda, el verdadero impulso en la recuperación de la dignidad de las víctimas no viene de su ley. Si hoy y ahora continuamos hablando de este tema y ustedes se plantean la reforma de su ley no es porque hagan ustedes autocrítica, es pura y simplemente porque la sociedad civil, y más en concreto, las diversas y numerosas asociaciones y foros por la memoria que integran el movimiento social por la memoria democrática, a quienes desde aquí felicito y presento mis respetos, llevan ya una década denunciando esa insuficiencia y clamando por la reforma hasta lograr que ustedes mismos —sus autores— no tengan otro remedio que abordar la reforma de esa ley que ustedes ya no se atreven a defender.

No reconocemos tampoco que el Estado haya venido realizando un esfuerzo de reparación y compensación, tal y como proclama su exposición de motivos. No podemos aceptar esa complaciente afirmación cuando en 2014 Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, nos recordaba que la guerra civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos o exilio, entre otros. Y, sin tapujos, afirmaba que los esfuerzos por responder a los legados de la guerra civil y de la dictadura han estado caracterizados por la fragmentación o que las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Al Partido Socialista hay que recordarle una vez más que, como viene siendo ya una marca de la casa, está pretendiendo otra vez la cuadratura del círculo. La exposición de motivos de la moción que aquí nos traen es un buen ejemplo de cómo decir una cosa y la contraria, pensando que cuela y que nadie se da cuenta. Si la Ley de memoria histórica de 2007 era tan completa, cómo es posible que diez años después necesite una reforma radical como la que parece que proponen. Por eso nosotros vamos a echarles una mano. Les vamos a dar la oportunidad y la ocasión de que esta vez no se queden ustedes a medias, de que sean valientes. Por ello, aunque con pocas esperanzas, les proponemos las siguientes enmiendas de adición, bien en esta moción o en la futura proposición de ley que nos anuncian. Adherirse de una vez a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Les recuerdo que la firma y ratificación de la Convención de la ONU fue un compromiso ya adquirido en la IX Legislatura, en el marco del Plan nacional de derechos humanos aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno del señor Zapatero el 12 de diciembre de 2008. No sé qué presiones recibieron ustedes ni de quién para cambiar de opinión. Espero que nos lo expliquen algún día. Derogar la Ley de amnistía, los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas, siguiendo las recomendaciones de unos comités de la izquierda radical, como son el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y el Comité contra la Tortura. No nos hagan trampas. Ustedes cogen las recomendaciones que les interesan de dichos organismos y las que no las omiten y dicen que son cosa de la izquierda radical. Sean un poco coherentes, por favor.

La preservación de los archivos y otras pruebas relativas a crímenes de Derecho internacional perpetrados durante la guerra civil y el régimen franquista, así como la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. A día de hoy no se ha tomado todavía ninguna medida de envergadura para abordar la conservación y catalogación de los fondos documentales. Me refiero, sobre todo, a los casos de bebés robados y a los archivos pertenecientes a la Iglesia católica, así como a los archivos militares.

Hay que impulsar también medidas legislativas para la localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, así como revisar el modelo actual, donde el Estado delega la responsabilidad sobre las exhumaciones de las fosas.

Seguimos siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados. ¿No les da vergüenza? ¿Es esa la marca España?

Hay que impulsar medidas legislativas para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la guerra civil y el franquismo. Es una vergüenza que a día de hoy sigamos teniendo la mayor fosa común de España en el Valle de los Caídos; es una vergüenza que siga siendo un monumento de exaltación del franquismo y el nacionalcatolicismo al que peregrinan periódicamente los nostálgicos de la dictadura.

Esperemos que apoyen nuestras enmiendas, necesarias por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Como decía el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet, para poder pasar página, hay que haberla leído antes.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Tiene la palabra la senadora Moreno, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo a esta moción por la mayor parte de los grupos que han intervenido hasta ahora, aunque a lo largo de la mañana he tenido ocasión de hablar con ellos y, por lo tanto, ya conocían la posición del Grupo Socialista con respecto a sus enmiendas.

Lo he intentado explicar hace un momento: es una moción declarativa que no contiene medidas detalladas porque eso lo vamos a hacer, como es natural, en el debate legislativo, en el debate de reforma de la ley que vamos a presentar próximamente. Por lo tanto, solo vamos a aceptar, porque por la arquitectura de la moción no tendría sentido detallar ocho cosas sí y veintidós no, la enmienda del Grupo Vasco, que nos parece suficientemente general como para no romper esa estructura de la moción.

Quiero decirles que no es una moción vacía ni oportunista, ni mucho menos. Hace mención a toda la cartera de nuevos conceptos que han introducido los organismos internacionales, que, como saben ustedes, son posteriores a la Ley del año 2007, es decir, si ahora queremos reformar la ley e introducir esos principios del Consejo de Europa o de las Naciones Unidas es porque se han producido con posterioridad a la ley y antes no se podían tener en cuenta. Por lo tanto, tiene un profundo contenido. Creo que aportamos mucho al decir que vamos a recoger todo lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la reparación y con la garantía de no repetición. Y es oportuna, no la hacemos por nada. Todavía no hay nadie que arrastre una iniciativa del PSOE. En diciembre ya hace diez años de la aprobación de la Ley de memoria histórica y nos parecía que merecía la pena recordarlo, precisamente porque somos valientes y para proponer su reforma y su mejora ya que solo ha estado cuatro años operativa. Todos deberíamos reconocer eso. Cuando algunos de ustedes critican que esta ley no ha servido para mucho, les sirven de coartada al Partido Popular, que la ha incumplido y la ha derogado presupuestariamente. (Aplausos). Entonces, al pan, pan y al vino, vino. Esta ley no se ha podido desarrollar. Con todo, hay que mejorarla y hay que reformarla, pero, por favor, no hagan seguidismo de quien no ha movido un dedo para cumplir un solo precepto de una ley que, efectivamente, como aquí se ha dicho, hay que cumplir.

Por lo tanto, les agradezco sus aportaciones y sepan que, entre esas medidas concretas que ya ha anunciado Pedro Sánchez, contemplamos una comisión de la verdad, contemplamos posibilitar el acceso a los archivos estatales, contemplamos que se retire la simbología franquista, contemplamos la nulidad de las resoluciones penales y las sanciones impuestas por los tribunales ilegítimos, contemplamos una solución democrática al Valle de los Caídos. Es decir, tendremos ocasión de debatir y tendremos ocasión —así lo espero— de entendernos todos los grupos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORENO RUIZ: Termino inmediatamente.

Aunque podemos estar en desacuerdo con cosas que aquí se han dicho, tendremos ocasión de debatirlas en el turno de portavoces.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Santana.

La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente.

Justo ayer se cumplieron 40 años del asesinato a tiros por la Guardia Civil del estudiante de la Universidad de La Laguna y militante del sindicato intersindical Canarias, Javier Fernández Quesada, que fue la última víctima del franquismo en Canarias y la última víctima en ser incorporada a la Ley de memoria histórica. En Nueva Canarias queremos empezar recordando en la tribuna del Senado este impune asesinato y la memoria de Javier Fernández Quesada.

Señorías, en torno a 114 000 personas permanecen desaparecidas en el Estado español, 114 000 ciudadanos con todos sus derechos, ellos y sus familias, a los que el Estado no se ha preocupado de buscar. Hablamos de 114 000 delitos de desaparición forzosa, muchos de ellos posteriores incluso a la guerra civil que ni están resueltos ni investigados y que siguen activos hasta que no aparezca la víctima. España tiene el dudoso honor de ser el segundo Estado del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya. Esto es una vergüenza y una indignidad.

En Canarias fueron miles las personas fusiladas o desaparecidas sin que existan todavía cifras definitivas. De ellos, tan solo 500 han podido ser cotejados documentalmente y únicamente se han exhumado los restos óseos de 37 personas. En mi isla, en Gran Canaria, la Sima de Jinámar es un tubo volcánico por el que fueron arrojadas al vacío cientos de personas represaliadas por el franquismo. También están identificadas como fosas los pozos de Arucas, Llano de las Brujas, el pozo de Tenoya, el barranco de Arucas y Vuelta del Francés. En el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, hay enterradas personas desaparecidas, torturadas y asesinadas cruelmente por sus ideas. Y parte el alma, es desgarrador, pensar que cada uno de nosotros, en nuestros territorios, caminamos por el suelo bajo el que está enterrada gente desaparecida mientras sus familias están esperando la verdad. El Cabildo de Gran Canaria ha asumido la obligación moral y legal que tenemos con los desaparecidos, con sus familias, con las generaciones presentes y futuras de conocer la verdad, de devolver sus cuerpos y restablecer la dignidad de los que lucharon por defender la democracia y la libertad. En el cementerio de Vegueta se está trabajando para localizar y exhumar los cuerpos de los represaliados anónimamente enterrados. En la Sima de Jinámar se va a evaluar la posible exhumación de los restos localizados y en el pozo de Tenoya se están ejecutando trabajos en el mismo sentido. Todo ello en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y asociaciones de recuperación de la memoria.

Señorías, esto demuestra que si se quiere, se puede. Pero no es una labor que corresponda a las instituciones públicas territoriales y a la sociedad civil, es una tarea que de oficio debería emprender el Estado. Quiero recordarles que el conjunto de principios para le protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de las Naciones Unidas establece la obligación del Estado, subrayo, del Estado, de recordar, así como otras obligaciones como la de hacer efectivo el derecho inalienable de las víctimas a la verdad con la finalidad de hacer justicia. Y leo literalmente: garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. La recuperación de la memoria histórica empieza por recordar y dignificar a sus víctimas y por investigar dónde están esos más de 100 000 ciudadanos desaparecidos que aún yacen en fosas y cunetas del Estado. Como decía el filósofo estoico Epicteto, el pueblo tiene el mismo derecho a la verdad que a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Las leyes están para cumplirlas, claro que sí, y deben servir para responder a las demandas de la sociedad. Creemos que la Ley de memoria histórica debe desarrollarse de forma adecuada porque, sin duda, será una buena ley para cerrar heridas. Por lo tanto, en la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tras lo manifestado en la defensa de la enmienda, mostramos todo nuestro apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Senador Bagué, tiene la palabra.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Estem davant d’una moció que presenta el Grup Socialista i que és referent a instar al govern a la reforma de la Llei de la memòria històrica i a impulsar mesures que ajudin a tirar-la endavant.

Al Congrés dels Diputats ja es va debatre també aquesta qüestió a proposta del partit socialista. Nosaltres, com a grup del Partit Demòcrata hi vam votar a favor, també al Congrés, i hem de recordar que aquesta llei, aquest impuls a la reforma, seria sobre la Llei 52/2007 de 26 de desembre, que havia estat també una llei que havia impulsat el partit Socialista.

En concret, les tres noves mesures que considerem que pot ser interessant impulsar per entrar en la qüestió a fons seria, en primer lloc, la localització de fosses, en segon lloc l’exhumació i identificació de les restes de les víctimes per poder procedir a un enterrament digne, i en tercer lloc la creació d’un banc d’ADN per facilitar la identificació dels cossos.

Vam participar en el seu moment en la Llei de memòria històrica i en concret ens sentim corresponsables de l’article 3 que declarava i declara la il·legitimitat dels tribunals que van dictar sentències de caràcter polític. Es proposa també de crear una comissió de la veritat, seguint les recomanacions de Nacions Unides. Així, se supera la Llei d’Amnistia i s’atenen les víctimes de 40 anys de franquisme i d’un cop d’Estat militar. Per tant, les esmenes que es puguin presentar han de ser per aconseguir la plena nul·litat de sentències de caràcter polític. Tots els organismes internacionals, tots, hi ha unanimitat en això, subratllen que en matèria de víctimes, la resposta a les persones desaparegudes ha de situar-se com a màxima prioritat. Això és el que correspon fer i, sobretot, evitar fent electoralisme en qüestions que no requereixen electoralisme. Avui ja hem tingut prou dosi d’electoralisme per part del Grup Popular i, per tant, agrairíem que en aquesta proposta, en aquest impuls que proposa el Partit Socialista, no hi caiguem. Votarem a favor

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Estamos ante una moción que presenta el Grupo Socialista y que se refiere a instar al Gobierno a la reforma de la Ley de la memoria histórica y a impulsar medidas que ayuden a activar el debate.

En el Congreso de los Diputados ya se debatió una proposición no de ley sobre esta cuestión, también a propuesta del Grupo Socialista, y como miembros del Partido Demócrata, votamos a favor en el Congreso. Cabe recordar que este impulso a la reforma sería respecto a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, una ley también promovida por el Partido Socialista.

Concretamente, las tres nuevas medidas que consideramos que podría ser interesante impulsar para entrar a fondo en la cuestión serían, en primer lugar, la localización de fosas; en segundo lugar, la exhumación e identificación de los restos de las víctimas para poder proceder a un entierro digno, y, en tercer lugar, la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los cuerpos.

En su momento participamos en la Ley de memoria históricamente. Concretamente, nos sentimos corresponsables especialmente del artículo 3, que declara la ilegitimidad de los tribunales que dictaron sentencias de carácter político. Se propone también que se cree una comisión de la verdad siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas. Así, se supera la Ley de amnistía y se atiende a las víctimas de los ataques del franquismo y de un golpe de Estado militar. Por tanto, las enmiendas que se puedan presentar deben ser para conseguir la plena nulidad de las sentencias de carácter político. Todos los organismos internacionales —hay unanimidad al respecto— subrayan que, en materia de víctimas, la respuesta sobre las personas desaparecidas debe situarse como máxima prioridad. Eso es lo que corresponde hacer pero, sobre todo, hay que evitar hacer electoralismo en cuestiones que no lo requieren. Hoy ya hemos tenido suficiente dosis de electoralismo por parte del Grupo Popular, así que agradeceríamos que no lo hubiera en esta propuesta de impulso, en esta moción de los socialistas. Vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON:



Muchas gracias, señor presidente.

No sé si sus señorías han tenido la oportunidad de visitar el Valle de los Caídos. Yo, cada vez que he tenido alguna moción en la Comisión de Justicia o en la Constitucional, he intentado ir y, de hecho, he ido. Y la verdad es que impresiona. Ver aquello, entrar, impresiona. Y si ustedes conocen a personas que tienen familiares en el Valle de los Caídos —nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlas en las comparecencias de la Comisión de Justicia—, si hacen el esfuerzo de ponerse en el lugar de esas personas, comprenderán que verdaderamente tiene que ser algo muy duro. Sabes que tu padre o que tu abuelo está en el Valle de los Caídos, vas a visitarle pero no sabes dónde está y, además, la Administración, que es la que te tiene que ayudar a encontrar a tu familiar, te pone pegas. Pero no solo eso, sino que además la persona responsable del fusilamiento, del asesinato o de la situación que se haya dado está allí, bajo una lápida, y es reconocida con flores diariamente. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Estado español.

Creo que la moción que se presenta hoy, si se la debemos a alguien, es a las víctimas. ¿Y qué son víctimas? ¿Quiénes son víctimas? ¿Qué les ha pasado a las víctimas? Las víctimas son familiares que han sufrido; familiares que han desaparecido, que han fallecido. Son víctimas, víctimas de muchos tipos. En estos momentos, además, no hay ningún miedo, por si alguien lo podía tener en el año 1978, de generar división, de generar debate, de generar cualquier conflicto. En estos momentos todo eso está olvidado, ya ha pasado, pero las familias tienen víctimas, tienen sufrimiento y quieren recordar.

Nosotros, en Euskadi, prácticamente todas las semanas tenemos la oportunidad de reconocer una fosa y de recuperar cuerpos —el Gobierno vasco lo hace con la Sociedad Aranzadi—, y de verdad que no saben lo gratificante que es para las familias, después de tantos años, poder recuperar al familiar perdido, recuperar una historia perdida y, al final, recomponer una parte de la cadena, una parte del eslabón que es de ellos: su familia.

¿Me pueden decir en qué lógica cabe que en el año 2017, sabiendo que el Estado tiene cantidad de cadáveres todavía por controlar, me quieren decir bajo qué lógica el Estado, y en este caso el Gobierno, obvia y olvida a esas víctimas? Yo sé que este es un tema que al Grupo Popular no le resulta cómodo, pero lo va a tener que afrontar, y el Partido Nacionalista Vasco siempre, siempre, va a ayudar a cualquier grupo que intente trabajar por las víctimas y por la recuperación de la memoria; porque esa memoria es de ellas, no es nadie más, es de ellas, y la obligación de la Administración, la obligación del Gobierno y la obligación del Estado es ayudar a todas esas familias a recuperar ese eslabón, esa parte de la cadena que en un momento determinado se rompió.

Por eso le he dicho antes al Grupo Socialista que con sus defectos y con sus elementos positivos es una buena moción, y también un buen momento. Nosotros en Euskadi tenemos muy trabajado el tema de la memoria, desgraciadamente, por lo que todos ustedes conocen que hemos tenido que vivir. (Rumores). Lo único que le estaba diciendo, señor Aragonés, es que es un tema que tenemos muy trabajado y al que somos muy sensibles. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Vaya terminando, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Lo único que digo es que es totalmente aconsejable y totalmente beneficioso para que una comunidad, una sociedad se pueda reencontrar con todo aquel sufrimiento y con todo lo que ha perdido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies president,

Senadores, senadors, és evident que a España la batalla de la memòria històrica i la reparació dels abusos, arbitrarietats i crims comesos pel franquisme l’han guanyat, sovint per incompareixença de l’esquerra, els seus hereus ideològics i polítics tan ben representats en aquesta cambra. A Catalunya, en canvi, i en això també demostrem que som una societat diferent, aquesta batalla per a la dignificació de la memòria de les víctimes de la dictadura franquista i la restitució dels drets que pugui correspondre als seus successors l’han guanyada els demòcrates, ara arrenglerats al voltant d’un nou projecte de República i rescabalant pels danys causats a les famílies de les nombroses víctimes

El nostre Parlament, el català, ha pogut aprovar l’anul·lació de més de 66 000 sentències ignominioses, sovint processos sumaríssims sense cap garantia processal, que van comportar altres tantes condemnes a persones que en la seva gran majoria només havien fet que ser conseqüents amb les seves conviccions democràtiques, republicanes, progressistes i catalanistes. Foren represaliades no pas pel que havien fet o ordenat sinó per el què pensaven, creien o predicaven.

Que hagin hagut de transcórrer quasi quaranta anys per a què a les famílies dels condemnats injustament i sectàriament hagin vist restituïda la dignitat des seus antecessors, demostra que en lloc d’una reconciliació equitativa i una transició modèlica, el que es va produir a Espanya fou una gran operació d’Estat mitjançant la qual els botxins, van autoamnistiar-se amb tot el cinisme i la pompa de tots els seus crims i abusos i van abocar els damnificats a la desmemòria, a l’oblit i al silenci perpetu. I també a la resignació de contemplar com els opressors seguien actuant com si no tinguessin cap responsabilitat ni culpa per depurar.

Senyors del PSOE, lamento informar-vos que l’Estat espanyol no té cap Llei de Memòria Històrica. El que vostès volen fer creure que és una Llei de Memòria històrica és, com bé diu el seu propi nom, una Llei «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Certament, reconeixen drets de conèixer la veritat i de reparació econòmica, però ni reconeixen a totes les víctimes (falten, entre d’altres, els guerrillers i les víctimes de la Transició) ni hi ha una restitució de la seva memòria i una reparació judicial, moral i històrica. O dit en altres paraules, el President Companys i les milers i milers de víctimes que foren assassinades per defensar la democràcia continuen essent uns delinqüents a ulls de la legalitat espanyola. Com abans s’ha dit, recordem també que l’ONU va aprovar al 2005, previ a la llei del 2007, «el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad». No es van adaptar al que deia l’ONU i al que deia el Consell d’Europa. Afortunadament, la legalitat catalana ha reparat la memòria i l’honor del nostre President i de totes les víctimes que va haver-hi a Catalunya amb un pla de fosses i la corresponent identificació genètica feta per les conselleries de Salut, Exteriors i Justícia. És a dir per el Conseller Comín a l’exili i els consellers Romeva i Mundó injustament empresonats durant més d’un mes.

Desprès de tants anys a Catalunya s’ha aconseguit recuperar la memòria, la dignitat i fer justícia davant la ignomínia que en aquest sentit i consolidant el model d’impunitat espanyol, ha demostrat el mateix Estat que manté condecoracions, reconeixements i pensions als botxins feixistes. Nosaltres no pretenem obrir causes penals, exceptuant els casos de crims contra la humanitat que no prescriuen segons el dret internacional, però sí que volem que les famílies dels empresonats, els vexats, els desapareguts o els executats, puguin reivindicar la seva memòria amb orgull i públicament i recordar que foren persones dignes, honorables i fidels a les seves conviccions ideològiques. També volem que puguin reclamar a l’Estat les indemnitzacions econòmiques que els corresponguin pels danys morals, físics i patrimonials que van patir i que d’una vegada es condemni políticament i de forma notòria, encara que sigui sense efectes jurídics, els crims comesos pels franquistes i si s’escau s’assenyali els qui els van perpetrar en el cas del més cruels, per tal que la societat sàpiga què va fer i qui són, alhora que es vegin inhabilitats per a qualsevol càrrec públic o se’ls retiri qualsevol mena de distinció, reconeixement o honor que no es mereixen i que causa indignació als qui els coneixien.

Els propers anys caldrà parlar també de la memòria històrica dels actuals presos polítics catalans empresonats injustament per haver impulsat un procés d’autodeterminació que la majoria social i parlamentaria de Catalunya reclamava, i que l’estat s’ha negat obstinadament a acordar sense oferir cap sortida negociada com ha passat al Canadà o a la Gran Bretanya. Per tal de denunciar l’empresonament dels nostres companys avui no votarem a favor d’aquesta moció, i tampoc no votarem en contra, tot i que en compartim bona part malgrat considerar-la tèbia i insuficient, alhora que advertim als seus impulsors que votant a favor de l’aplicació de l’article 155, que ha significat la usurpació il·legítima de les institucions catalanes, estan contribuint a perpetuar el mateix règim del 78 que no va voler afrontar la veritable llei de la memòria històrica que tants espanyols i catalans injustament executats, encarcerats o arraulits es mereixien i que, encara ara, els seus descendents no entenen perquè els van oblidar en nom d’una falsa concòrdia que nomes va beneficiar als botxins i als ocupants.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, es evidente que en España la batalla de la memoria histórica y la reparación de los abusos por los crímenes cometidos por el franquismo lo han ganado a menudo, por incomparecencia de la izquierda, sus herederos ideológicos, aquí tan bien representados. En Cataluña, en cambio, como somos una sociedad diferente, esta batalla por la restauración de los derechos la han ganado los demócratas. Y lo han hecho en torno a un nuevo proyecto de república y luchando por los derechos de las víctimas.

En nuestro Parlamento, el Parlamento catalán, se ha podido aprobar la anulación de más de 66 000 sentencias ignominiosas, a menudo procesos sumarísimos sin ninguna garantía procesal, que comportaron otras tantas condenas a personas que en su mayoría lo único que habían hecho fue ser consecuentes con sus convicciones democráticas, republicanas, progresistas y catalanistas. Fueron represaliados, no por lo que habían hecho u ordenado, sino por lo que pensaban, creían o predicaban.

Que hayan tenido que pasar casi cuarenta años para que las víctimas de los condenados injusta y sectariamente hayan visto restituida la dignidad de sus antecesores, muestra que en lugar de una transición modélica lo que se produjo en España fue una gran operación de Estado mediante la cual se amnistiaron de sus crímenes y abusos, quedando los damnificados en el silencio y en el olvido perpetuo. Y también han soportado la resignación de contemplar cómo los opresores seguían actuando como si no tuvieran ninguna responsabilidad ni culpa por depurar.

Señores del PSOE, lamento informarles de que el Estado español no tiene ninguna Ley de memoria histórica. Lo que ustedes quieren creer que es una Ley de memoria histórica es, como dice su propio nombre, una ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Ciertamente, reconocen derecho a una reparación económica, pero faltan las víctimas de la transición y no hay una restitución de su memoria ni una reparación moral, histórica o judicial. Dicho de otra forma, el presidente Companys y los miles de víctimas que fueron asesinados por defender la democracia siguen siendo delincuentes a ojos de la justicia española, y recordemos que la ONU en el año 2005, antes de la Ley del 2007, aprobó un conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. No se adaptaron a lo que decían la ONU y el Consejo de Europa. Afortunadamente, la legalidad catalana ha reparado la memoria y el honor de nuestro presidente y de todas las víctimas que hubo en Cataluña con un plan de fosas, y la correspondiente identificación genética hecha por las consejerías de Salud, Exteriores y Justicia, a cargo del consejero Comín, en el exilio, y los consejeros Romeva y Mundó, injustamente encarcelados durante más de un mes.

Después de tantos años, en Cataluña se ha recuperado la dignidad, la memoria y se ha hecho justicia, y se ha luchado contra el Estado que mantiene condecoraciones y pensiones a los verdugos fascistas. Nosotros estamos luchando y queremos que las familias de los encarcelados, los vejados, los desaparecidos o ejecutados puedan reivindicar su memoria con orgullo y públicamente para recordar que fueron personas dignas, honorables, fieles a sus convicciones ideológicas. También queremos que puedan reclamar las indemnizaciones económicas que les puedan corresponder por daños físicos, patrimoniales y morales, y que de una vez por todas se condenen políticamente y de forma notoria, aunque sea sin efectos jurídicos, los crímenes cometidos por los franquistas, y si procede, a los que perpetraron actos más crueles para que la sociedad sepa qué hicieron y quiénes son, y que queden inhabilitados de cualquier cargo público y se les retire cualquier honor, que no merecen y que causa indignación a quienes les conocían.

En los próximos años también tendremos que hablar de la memoria histórica de los actuales presos políticos catalanes encarcelados injustamente por haber impulsado un proceso de autodeterminación que la mayoría social y parlamentaria catalana reclamaba, y que el Estado se ha negado a abordar obstinadamente, al contrario de lo que se hizo en Gran Bretaña o Canadá. Por eso en su nombre no vamos a votar a favor de esta moción, pero tampoco en contra, si bien compartimos buena parte de ella. Pero advertimos a sus promotores que votando a favor del 155, que ha supuesto la usurpación ilegítima de las instituciones catalanas, están perpetuando ese régimen del 78 que no quiso hacer frente a esta Ley de la memoria histórica con tantos encarcelados, y los descendientes no entienden todavía por qué fueron olvidados en nombre de una falsa concordia que solo defiende a los verdugos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias.

Como ya adelantábamos en el turno de enmiendas, y pese a nuestra posición crítica hacia la política del Partido Socialista en materia de memoria histórica, otros vendrán que bueno te harán, refrán este que bien puede aplicarse a la política del Partido Popular en relación con la cuestión que ahora nos ocupa.

Personalmente entiendo preocupante el desprecio con el que en los últimos tiempos viene tratando el Partido Popular a los organismos internacionales en memoria histórica. Resulta que en el 2014 el relator especial de Naciones Unidas formula a España un catálogo de recomendaciones en materia de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pues bien, en mayo de 2017 el relator se ha visto obligado a conminar públicamente al Estado español para que dé explicaciones sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que les formuló en el año 2014. Más recientemente, en un informe del pasado 7 de septiembre, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas era aún más contundente pues constata con preocupación que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación no han sido plenamente implementadas, lo que mantiene a los descendientes de las víctimas librados a su propia suerte. Observa además con preocupación un patrón de impunidad contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España. Se atreve a afirmar que no es solo que el Gobierno no cumpla con la obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que además despliega constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina. Critica además, en particular, al ejecutivo de Mariano Rajoy por no actuar con la debida urgencia ni celeridad ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema, tal y como se había recomendado en el informe de visita. Recuerda al Estado que la financiación de las exhumaciones y procesos de identificación de los restos debería ser asumida por el Estado para que estos procesos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas o de particulares y asociaciones privadas. Lamenta, además, que el Estado haya hecho caso omiso a las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión de expertos para el Valle de los Caídos o recuerda que la tipificación expresa de las desapariciones forzosas se ha quedado francamente corta y no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas. ¿Por qué se han puesto tan duros el relator especial o el grupo de trabajo? Porque saben que en estos tres últimos años, desde 2014 hasta 2017, es fácil resumir lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular: poco, muy poco o casi nada, con mayúsculas. Solo así se explica que el grupo de trabajo le haya dado al Gobierno español un ultimátum, es decir, 90 días para presentar un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas.

La reforma que aquí se insta podría ser una magnífica ocasión para mostrar a los organismos internacionales el respeto que al menos a nosotros nos merecen. De cualquier manera y aunque personalmente tengo algunas respuestas, no quiero terminar mi intervención sin traer al Pleno la voz de Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, quien en su comparecencia el pasado 17 de octubre, ante la Comisión de Justicia del Senado —y recomiendo encarecidamente a aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla en directo que recuperen su intervención—, formulaba en voz alta algunas reflexiones y algunas preguntas con las que me apetece interpelar a todos los presentes. Decía: España no tiene por qué ser un país diferente al resto en esto, en materia de verdad, justicia y reparación, ante gravísimos abusos en materia de derechos humanos. No tiene por qué. Desde organismos internacionales me preguntan siempre por qué España sigue manteniendo los obstáculos y cuál es la razón para que cuarenta años después se sigan manteniendo los obstáculos y acrecentarlos. Yo no la tengo y soy español. No tengo una razón para justificar por qué no se avanza. Puedo pensar que al principio de la transición había una serie de razones que hoy no se dan en absoluto y, sin embargo, se acrecientan los obstáculos. Me niego a pensar que nuestro país es diferente al resto y que es incapaz de afrontar, por razones que no sabemos bien explicarnos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Miren, yo no sé si España es o no diferente, pero sí sé que su Gobierno y sus tribunales actúan diferente. La justicia argentina acaba de sentenciar en la megacausa de la ESMA con veintinueve cadenas perpetuas a los responsables de los vuelos de la muerte, ese sistema de exterminio de los detenidos y desaparecidos que se llevó por delante a 4000 personas lanzadas al mar desde aviones militares después de haber sido drogadas. Aquí no queremos cadenas perpetuas, pero sí al menos una digna Ley de memoria histórica que suponga el final definitivo del sistema español de impunidad y de la situación de injusticia flagrante que las víctimas del franquismo continúan padeciendo cuarenta años después de la muerte física del dictador.

Hoy la ESMA es un centro de memoria y un ejemplo mundial de cómo convertir un lugar de tortura y horror en un intento de...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: ... blindarnos ante la repetición. Termino, señor presidente. Han actuado igual, igual —y lo digo con evidente ironía— que España con su Valle de los Caídos. No podemos seguir así; no podemos seguir siendo la vergüenza de Europa; no podemos seguir dándoles ese trato a las víctimas del franquismo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.

Voy a darle un dato a la izquierda radical. Según el CIS de 1987, en el décimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 70 % de las personas de izquierda de este país se sentían muy satisfechas con la transición, el 70 %. ¿Por qué se lo digo? Porque yo lamento que muchos de ustedes se consideren herederos del 30 % de la izquierda insatisfecha, lo digo sinceramente. (Aplausos). Tenemos derecho, aunque existan problemas y tengamos que tener una actitud crítica, a sentirnos bien por las cosas que hicimos bien, como la transición española, y se lo digo, de verdad, con todo el deseo de entendimiento, porque para defender a la memoria democrática no hay que traicionar a la memoria de la transición. Para militar —se lo digo a Compromís y a Izquierda Republicana— en la memoria histórica no hay por qué militar en la amnesia contemporánea; pedir la verdad histórica es incompatible con la mentira actual, perdón, con la posverdad. (Aplausos).

Escuchar al señor Mulet es la prueba —y ustedes coincidirán conmigo— de que hace falta memoria histórica. Señor Mulet, se lo digo de verdad, cuando usted tan frívolamente dice que hay alcaldes fachas socialistas, demuestra que necesita unas pocas lecciones, porque no sabe lo que es un facha ni lo que es un socialista (Aplausos); solo espero que, por su edad, usted sepa cuántos fachas asesinaron y represaliaron a socialistas, señor Mulet; lo espero. (Aplausos).

También quiero que sepan, quienes censuran nuestra posición ante el 155, que, además de respetar la ley, que es algo que honra al Partido Socialista, nunca vamos a abandonar a millones de catalanes que quieren seguir siendo catalanes y españoles; nunca los vamos a abandonar (Aplausos) y nunca vamos a negarles su derecho a que se respete el estatuto y la ley.

Hechas estas matizaciones, pese a la dureza con la que ustedes se han referido a la Ley de la memoria histórica, pienso, de verdad, que hay un gran espacio de entendimiento; lo pienso, como también que tienen muchas cosas que decir, porque creo que Podemos, en concreto, ha realizado un gran trabajo, y yo lo quiero reconocer, en materia de memoria histórica; creo que suben a esta tribuna con una gran sinceridad que tenemos que hacer compatible con un recuerdo riguroso de la transición. Por eso, les quiero agradecer el sentido de su voto. Y, por eso, quiero convocarles, todos hemos de quedar convocados, a un debate sincero, ambicioso y riguroso para reformar la ley y saldar de una vez este capítulo, que es urgente saldar, señores del PP, porque ustedes tienen que aprobar esta asignatura democrática, porque mientras no la aprueben, no vamos a pasar de curso democrático en este país. Es ya urgente, de verdad, que alcancemos un gran espacio de consenso en esta materia, porque se lo deben a los sectores más jóvenes del PP. Ustedes ya no son AP, forman parte del Partido Popular Europeo. No hay un solo miembro del Partido Popular Europeo que no condene las dictaduras, que no haya hecho en su país, si es que se ha incumplido o violado algún derecho humano, un acto de reparación, un acto de reconocimiento.

Piensen en ello y ustedes rejuvenecerán. La gente joven de su partido tiene que superar de una vez por todas estos debates que ya en la actualidad no se entienden; ustedes se lo deben, porque hace unos años la memoria podía dividir a los españoles —les pesaba su experiencia—, pero hoy ya no hay división. Solamente debe haber unidad, la de los demócratas reconociendo lo mejor de nuestro pasado y también las páginas más oscuras.

Por eso, no entiendo lo que a veces se dice; y pienso, cuando el presidente Rajoy se entretiene en celebrar o valorar la memoria de un golpista del 36 que es una equivocación; no creo que el señor Rajoy sepa lo desafortunado que ha sido ese comentario, porque yo me pelearía con muchos por defender las convicciones democráticas del señor Rajoy. No hagan esas cosas; no las hagan porque solamente generan insumisión y porque es una falta de respeto a la legislación española. El Partido Popular en su conjunto tiene, de una vez por todas, que ayudarnos; tiene que sentarse y trabajar en común para cerrar a gusto de todos este capítulo.

En 2007 —y termino, señorías—, hace exactamente diez años, se aprobó la Ley de memoria histórica; han sido diez años de sabotajes y de incumplimientos, pero los socialistas estamos aquí sin tirar la toalla porque la toalla no es nuestra, porque la causa de los derechos humanos no nos pertenece en exclusiva ni a esta generación ni al Partido Socialista Obrero Español.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORENO RUIZ: Termino, señor presidente.

Nunca tiraremos la toalla, porque aquellos y aquellas a los que queremos dignificar con esta moción no tiraron la toalla, se la tuvieron que arrancar, y con todo y con eso la hemos recibido como la llama que ha encendido la democracia española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ayala.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente, señorías.

¿Ve lo que pasa, señora Moreno? Ha acabado pidiendo perdón a una parte y suspendiendo a la otra. Eso es exactamente lo que pasa con la memoria histórica. (Aplausos).

No ha habido ni un solo Pleno en esta XII Legislatura, cuarenta y dos años después de la muerte del dictador, ni un solo Pleno, en el que no se haya hablado de Franco. ¿Es usted consciente de eso? ¿Es usted consciente de que debemos transitar por otro camino, de que debemos hacerlo, desde luego, juntos, como lo hicimos en la transición, conscientes de que quienes fueron protagonistas en ese momento decidieron perdonar y olvidar? (Aplausos). Eso fue la transición: reconciliarse y hacer país. Ahora estamos las generaciones posteriores.

Como este fin de semana Aramburu ha escrito en El País sobre memoria histórica, quiero reproducir una frase suya: La llamada memoria histórica —dice— debería servirnos para algo más que para ajustar cuentas, reavivar rencores o tratar de cambiar el signo de los tiempos.

Señora Moreno, como usted ha comentado, en octubre de este año, España ha sido nombrada miembro del Consejo de los Derechos Humanos con 180 de 186 votos. Algo haremos bien. España es uno de los 20 países que hay en todo el mundo que tienen una democracia plena. Actualicemos de una vez las fechas: 12 de diciembre de 2017.

Ustedes dicen en su moción que con la coartada de la crisis el Partido Popular no ha hecho nada, pero se olvidan de que cuando ustedes gobernaron en 2009 había, para la memoria histórica, un presupuesto de 1,3 millones de euros; en 2010 era de 175 000 euros. No es ninguna coartada, es una realidad. No me vayan a ser ahora negacionistas de la crisis otra vez, como lo hicieron en su día. (Aplausos).

Pero más allá de esto, ustedes insisten en decirnos cómo debemos entender y cómo debe ser apreciada esta moción. ¡Hombre, no me diga cómo tengo que apreciarla! Déjeme la facultad y la posibilidad de decidir; dice que debe ser apreciada como una defensa de la democracia frente a la dictadura. ¿Me quiere decir que si yo no la defiendo, realmente estoy en contra de la democracia? Sé que no. (Varios señores senadores: Sí, sí). ¿Estoy en contra de la democracia, señora Moreno? (Rumores). ¿De verdad? ¿Me va a decir usted que estoy en contra de la democracia?

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Ustedes me dicen que no se ha hecho nada desde 2011 y yo les digo que no es verdad. Hay un mapa de fosas, con 2457 fosas abiertas, con 45 000 víctimas identificadas y con 910 000 consultas; desde 2012 ha habido 7000 consultas que se han resuelto y 1144 declaraciones personales y colectivas de reparación. Usted me ha dicho que no se ha hecho nada y no es verdad.

Pero es que hay otra falacia mayor, la de decir que nuestro país no ha hecho nada y que necesitamos esos mecanismos de reparación, de justicia y de verdad, porque no los tiene. Eso es una falacia, señora Moreno, porque en 1991, el 26 % de las pensiones que se daban en España se destinaban a las víctimas del franquismo. Se ha hecho un enorme esfuerzo; todos los españoles hemos hecho un gran esfuerzo para que esa reconciliación se produzca; y ha habido reparación, y no solo económica, también moral.

Usted, en el Congreso de los Diputados, nos dijo que estábamos suspensos porque no reconocíamos que teníamos que dar una reparación. No es verdad. En el Congreso de los Diputados, en 2012, se reconoció la iniquidad del franquismo y de cualquier régimen que mediante la violencia llevara a la gente a sitios donde no quería ser llevada, donde, políticamente, no debía ser llevada, y eso se ha reconocido en España. Insisto, somos un país democrático. Estoy absolutamente convencida, como ha dicho usted en su primera intervención, de que todos pensamos cosas muy similares. No nos pongamos unos en un bando y otros en otro, porque así es imposible avanzar, señora Moreno.

Además, le quiero hablar de otro concepto que es el que más me rechina: el de la verdad. ¿La verdad de quién, señora Moreno? Mi abuelo republicano estuvo encerrado en la cárcel de El Dueso, y mi abuelo del bando nacional tenía cuatro hermanos muertos. ¿La verdad de quién? La verdad no puede ser algo que el Estado imponga. Ese concepto es orwelliano, es de 1984. Da absoluto miedo. El Estado lo que tiene que hacer es proporcionar elementos a los ciudadanos para que cada uno se haga su composición de lugar y decida dónde quiere estar, pero, en ningún caso, imponer la verdad. No pretendan hacernos creer que nos llevan por el ronzal en este asunto, porque no nos llevan por el ronzal, ni mucho menos, nosotros somos democráticos, tanto como ustedes. Entre ustedes y nosotros hemos construido este país, este gran país, desde 1977, con la UCD. Y hemos contribuido a la verdad, a la reparación y a la justicia. No diga que no es así. Inventemos otro discurso, pensemos en otras posibilidades, pero no nos enfrentemos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Esto solo hace que nos enfrentemos entre nosotros.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. (Votación). 662/000090 GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar las distintas mociones por el orden en el que se han debatido. En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para restituir la confianza empresarial en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 145; en contra, 75; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Se anula la votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA RESTITUIR LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Votación). 662/000091 GPP

El señor PRESIDENTE: A continuación, votaremos la propuesta de modificación, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Unidos Podemos y Grupo Mixto, a la moción del Grupo Parlamentario Popular. Pero antes de hacerlo les aclaro que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos mociones y que hemos votado la primera. A la segunda, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para restituir la confianza empresarial en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se ha presentado una propuesta de modificación, repito, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto. Lo que vamos a votar es la propuesta de modificación a esa moción del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Soler-Espiauba Gallo pide la palabra).

Señor Soler, tiene la palabra.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Señor presidente, ha empezado por la tercera moción que hemos visto aquí, no por la primera. La relativa al ámbito empresarial catalán es la tercera. Faltan las mociones relativas a los sueldos de la policía… (Varios señores senadores: ¡No! ¡No!). Pues esa no. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor Soler, por favor, repásese el orden del día del Pleno. ¿De acuerdo? Muchas gracias. (Aplausos).

Repito —y a ver si somos capaces de continuar sin interrupciones— que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos mociones, de las cuales hemos votado la primera. La segunda insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para restituir la confianza empresarial en la Comunidad Autónoma de Cataluña. A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto, que es la que vamos a votar ahora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 200; en contra, 17; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y A IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE SU RECUPERACIÓN. (Votación). 662/000089 GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: Si guardan silencio, a lo mejor podemos votar bien a la primera.

A esta moción se incorpora una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco que ha sido admitida por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, HECHO EN ESTRASBURGO EL 15 DE JUNIO DE 2016, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. 610/000041 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y CANADÁ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. 610/000042 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y LA REPÚBLICA DE CUBA, POR OTRO, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016. 610/000043 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS A LOS ANEXOS I Y II AL PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 POR DECISIÓN 2009/2. 610/000044 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (EMBL) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA SUBSEDE DEL CITADO LABORATORIO EN ESPAÑA, HECHO EN HEIDELBERG EL 26 DE ENERO DE 2017. 610/000045 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS DEL TEXTO Y DE LOS ANEXOS I, II, III, IV, VI Y VIII AL PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 MEDIANTE DECISIÓN 2009/1. 610/000046 Asuntos Exteriores


ENMIENDAS AL TEXTO Y A LOS ANEXOS DISTINTOS DEL III Y VII DEL PROTOCOLO AL CONVENIO DE 1979 SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA EN MATERIA DE METALES PESADOS, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 610/000047 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 2017. 610/000048 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 2017. 610/000049 Asuntos Exteriores


ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN SARAJEVO EL 5 DE JUNIO DE 2017. 610/000050 Asuntos Exteriores


ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA EUROPEA (EUROGENDFOR), HECHO EN ROMA EL 3 DE FEBRERO DE 2017. 610/000051 Asuntos Exteriores

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y del 8.1.1. al 8.1.11.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra Landaluce.

El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Ocupo brevemente su tiempo y su atención para informar sobre lo que me ha encomendado la Comisión de Exteriores sobre estos 11 tratados internacionales. Estos convenios, que se someten al acto de convalidación en el Pleno, tuvieron su entrada el pasado mes, el día 2 de noviembre; se publicaron ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes; se han tramitado por el procedimiento ordinario y el plazo de presentación de propuestas a los referidos tratados y convenios internacionales expiró el día 15 de noviembre de 2017. No se presentó ningún tipo de enmienda. La comisión dictaminó dichos tratados y convenios en su sesión del día 29 de noviembre y acordó que se elevasen al Pleno estas propuestas favorables a la concesión de autorización al Gobierno del Reino de España para que preste el consentimiento de Estado a obligarse mediante los mismos.

Con estas palabras, señor presidente, señorías, he cumplido con el mandato que me hizo la comisión y pongo a su disposición las votaciones.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Landaluce.

No se han presentado propuestas a estos convenios.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.— El señor Martí Deulofeu pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña se va a abstener en todos los puntos, salvo en el punto número 3, que hace referencia a la República de Cuba, donde vamos a votar afirmativamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El senador Marcos, del Grupo Parlamentario Mixto, ha pedido también voto separado en este tratado?

El señor MARCOS ARIAS: Sí, presidente, pedimos votar por separado ese tratado.

El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos los tratados y convenios internacionales de manera agrupada; todos menos este, el 8.1.3, que lo votaremos separadamente. ¿Les parece? ¿O se pueden aprobar por asentimientos todos menos este? (Asentimiento).

Bien, llamen a votación para votar este tratado. (Pausa).

Cierren las puertas.

Como el senador Martí me ha indicado que su grupo va abstenerse en todos los protocolos y en todos los tratados, vamos a votarlos todos agrupados menos el 8.1.3. Votamos entonces todos los protocolos y acuerdos menos el 8.1.3. Les informo de que ha habido votación telemática de la senadora Beatriz Jurado, y de que su voto es afirmativo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 235 más 1 voto telemático, 236; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos ahora el acuerdo 8.1.3., de diálogo político de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Cuba.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda también autorizado.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE QUE EL PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN AMPLÍE LAS COMPETENCIAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. (Votación). 662/000090 GPP

El señor PRESIDENTE: Me indican los servicios de la casa que queda por votar una moción, puesto que quedó anulada la votación anterior. Creo que era la que indicaba el senador Soler, aparte de otras que también indicaba (Aplausos.— Risas), que es la siguiente: Moción, del Grupo Parlamentario Popular, por la que el Senado manifiesta la necesidad de que el Pacto de Estado social y político por la educación amplíe las competencias de la Alta Inspección de Educación. No se ha aceptado ninguna enmienda a esta moción, por lo tanto la votamos tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 145; en contra, 93; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. 622/000012 GPER

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

La señora PÉREZ ESTEVE: Muchas gracias, presidente.

Senadoras, senadores, esta proposición de ley es consecuencia directa de la moción que Esquerra Republicana llevó a debate y votación en la Comisión de Igualdad, que se aprobó por unanimidad, y también de varios casos de discriminación por el hecho de ser mujer. El 18 de marzo de 2016 fue registrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona la instancia de una letrada que solicitaba la suspensión del juicio oral sobre el procedimiento penal que se le asignó por turno de oficio (Rumores). La causa de la solicitud fue por haberse señalado fecha de juicio...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora PÉREZ ESTEVE: ... una semana después de la fecha aproximada de parto, según los criterios médicos que acreditó mediante certificado del facultativo que realizaba el seguimiento del embarazo. Fundamentó su petición en evidentes causas, es decir, por fuerza mayor, por motivos médicos y, evidentemente, en la baja por maternidad que en el momento de juicio oral probablemente estaría disfrutando. La sorprendente respuesta llegó una semana después, y literalmente fue: No da lugar a lo solicitado, por cuanto no es una de las causas que establece la ley para la suspensión de juicios.

Seguramente ustedes pueden entender la incomprensión que supone una respuesta así para una mujer que en el momento del juicio oral y, sobre lo previsto, estaría en su primera semana de maternidad. Este es uno de los casos, pero, por desgracia, aún hay más.

La Ley de enjuiciamiento criminal no incorpora la baja por maternidad o paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. Pero la Ley de enjuiciamiento civil sí lo recoge. Y aún más: existe el Protocolo de suspensión de actos judiciales por coincidencia de señalamientos de los abogados y por maternidad. Así que, dependiendo de la ley o protocolo al que se refiera la Administración de Justicia que tenga que resolver dichas solicitudes, se puede conceder o no la suspensión. Espero que todos los grupos representados en esta sala lo vean igual de desconcertante y desagradable que nosotros.

No tendríamos que estar debatiendo esta propuesta de ley si los responsables de las administraciones de Justicia estuvieran sensibilizados con una etapa tan bonita y única como es la maternidad. Pero, por desgracia, tenemos que debatirla.

Nuestra propuesta es instar al Gobierno a modificar el Capítulo V del Título III del Libro III del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de enjuiciamiento criminal. Supone la incorporación de la baja por maternidad o paternidad entre las causas de suspensión de juicio oral. Este pequeño cambio es tan simple, que puede hacerse por lectura única, pudiendo aprobarse y entrar en aplicación en pocas semanas.

Entendemos que aquí no acaba el trabajo, ya que esta ley se aprobó, como he dicho, en 1882 y, por tanto, está más que obsoleta. Se han hecho muchos cambios, pero sigue sin ser la ley que necesitamos. Aun así, no podemos dejar que se sigan produciendo casos de discriminación tan absurdos como el que les he contado.

Con la incorporación de la baja por maternidad y paternidad hacemos justicia con un tema tan importante como es el del derecho a ser madre, así que les pedimos que den apoyo a esta toma en consideración, porque el derecho a la maternidad y la paternidad tiene que ser protegido y no discriminado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.

¿Turno a favor? (Pausa).

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, la reforma de la Ley Orgánica 3/2007 ha generado una problemática en el régimen de suspensión de vistas para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, contemplando la maternidad o paternidad del abogado o abogada de una de las partes como causa de suspensión de las vistas, en otros órdenes jurisdiccionales distintos del Civil. La Ley de igualdad se olvidó del resto de procesos en los que también es preceptiva la intervención de abogado, con lo que tenemos dos opciones. La primera, pensar que el legislador fio el régimen de suspensión a la supletoriedad de la Ley de enjuiciamiento civil. Y la segunda, que el legislador limitó directamente la protección procesal de maternidad o paternidad al proceso civil. Desde nuestro punto de vista, la solución ha de ser, evidentemente, la primera. Por tanto, estamos de acuerdo con esta toma en consideración. Pero queremos hacer notar que la proposición habla de añadir un punto 7 al artículo 746 de la ley, mientras que en el artículo 746.4 se fija un numerus clausus de motivos por los que se suspendería. Además, el punto 4 termina diciendo: Lo dispuesto en este número respecto a los defensores de las partes se entiende aplicable al fiscal, con lo cual, si no se incluyera ese punto, con suspender este creemos que también sería posible.

En cualquier caso, votaremos sí a la toma en consideración de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Esquerra Republicana por la iniciativa que ha tenido y que previamente había defendido en la Comisión de Igualdad. Por supuesto, va a tener el voto favorable de la Agrupación Socialista Gomera. Sabe que estamos comprometidos con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y este es un paso más para el caso de las abogadas, de las mujeres letradas, así como de los hombres letrados. Y también es un aspecto fundamental a la hora de equiparar las leyes. Ya se contempla en la Ley de enjuiciamiento civil, por tanto, ¿por qué no va a estar en la Ley de enjuiciamiento criminal? Y así se debería proceder con todo el ordenamiento jurídico español. Por tanto, muchísimas felicidades. Espero que salga adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más por el Grupo Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Como no puede ser de otra manera, el PDeCAT da todo su apoyo a la propuesta de Esquerra Republicana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Abad.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria para mostrar todo nuestro apoyo a esta proposición de ley que, en definitiva, persigue y busca la igualdad. Por tanto, felicitamos a Esquerra Republicana por traer a esta Cámara esta proposición importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

También confirmamos el apoyo del Grupo Nacionalista Vasco a esta toma en consideración. Agradecemos la propuesta y compartimos el reto que plantea la proponente: ver la capacidad que tenemos para que un cambio tan importante, pero nimio, lo podamos resolver a través del procedimiento de urgencia y de manera relativamente fácil. Si las Cortes Generales han sido capaces de modificar el 135 de la Constitución española en quince días, vamos a ver cuánto tiempo tardamos en dar un derecho tan legítimo a alguien que le compete con tanta importancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Buenas tardes.

Esta es la toma en consideración de una ley que considero lo suficientemente importante como para mencionar ciertas cuestiones y dejar constancia expresa de que además constituye un hito para la igualdad de las abogadas y los abogados en el ejercicio de su profesión.

Quiero significar que, a pesar de las iniciativas que se han desarrollado durante todos estos años en distintos sectores, como los de los funcionarios públicos o trabajadores por cuenta ajena, la conciliación de la vida personal y profesional de las abogadas y los abogados por cuenta propia es todavía una asignatura pendiente. Parece mentira que uno de los colectivos tan importante que forma parte de la Administración de Justicia sea uno de los más desatendidos por la legislación. Hasta hace unos años, los abogados y las abogadas adscritos a la Mutualidad de la Abogacía ni siquiera podían cotizar a la Seguridad Social y no tenían acceso al sistema de Seguridad Social. Es a posteriori, en el año 2012, cuando se consigue que tengamos —me incluyo— acceso a la sanidad pública, pese a no estar dados de alta en la Seguridad Social.

Entendemos que lo que se contiene en esta reforma entra en la esfera del artículo 14 de la Constitución española, es decir, el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Entonces, nos preguntamos por qué una funcionaria de justicia tiene derecho a una baja de maternidad o una baja por embarazo de alto riesgo y una abogada, no. Por qué una abogada que ha dado a luz queda a merced de los sentimientos pietistas de un juez que decida concederle o no la suspensión. Es decir, estamos sometidos a la voluntad discrecional del juez que nos corresponda. ¿Por qué un fiscal hombre puede disfrutar de su permiso de paternidad y, en cambio, un abogado que es padre reciente no puede disfrutar de ese mismo permiso?

Además, nos cuentan abogadas —yo lo he vivido personalmente y no me lo tiene que contar nadie— que muchas de ellas, al día siguiente o a la semana de dar a luz acuden a trabajar con sus bebés, e incluso les dan el pecho antes de entrar a una vista porque el juez considera que están en perfecto estado para hacerlo. Con esta reforma, esta situación debe acabar, no solamente por el derecho del menor y el derecho a la baja de la madre, sino porque el justiciable merece que su abogado o su abogada le defiendan en las mejores condiciones, y en esta situación creemos que es obvio que no se defiende a nadie en una óptima condición.

No podemos olvidarnos que aquí entran en juego diferentes derechos constitucionales junto al artículo 14. Tenemos derecho a un proceso sin dilaciones, por supuesto. Tenemos derecho a que el menor tenga goce de protección y los cuidados necesarios para su bienestar. Tenemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación de género, permitiendo que la mujer pueda compatibilizar el ejercicio de la profesión con el cuidado de los menores, una responsabilidad que también debe ser ejercida por su pareja. Y el derecho va ligado a la conciliación y a la protección de la salud.

Como reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de marzo de 2011, la dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por circunstancias personales, como desde la perspectiva del mandato a la protección a la familia y a la infancia, debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. No hemos de olvidar que la redacción actual del artículo 188.5 de la Ley de enjuiciamiento civil fue introducida, como ha recordado anteriormente la senadora, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, bajo cuyo espíritu debe ser interpretado.

Existen algunos colegios de abogados que cuentan con medidas en sus respectivos partidos judiciales en forma de acuerdos parciales, acuerdos casi privados entre ellos y la Administración de Justicia local. Son muy pocos los casos y, además, esos acuerdos resultan insuficientes. De ahí que este asunto también haya trascendido al Consejo General de la Abogacía, que ha elaborado un protocolo, como también se ha dicho, de buenas prácticas en el caso de suspensión de señalamientos y vistas por estos motivos, que se firmó en Mataró el 29 de junio de 2016. Pero, estas buenas prácticas, como ocurre también con el Código de buenas prácticas bancarias, se pueden cumplir o no. Y en este caso debemos exigir que se cumplan mediante una reforma legal en consecuencia.

Naturalmente, apoyamos la reforma propuesta por Esquerra Republicana, pero la consideramos insuficiente. Debemos tener en cuenta que no solamente debe ser causa de suspensión de un juicio; también deberíamos hablar de plazos, de citaciones, porque un procedimiento no solamente es un juicio. Letradas en ejercicio me han manifestado que tienen un plazo para contestar una demanda o para interponer un recurso de reposición —son plazos muy cortos— y a lo mejor están dando el pecho u hospitalizadas por un parto complicado y deben pedir la sustitución a compañeros y hacerlo de cualquier manera. Queremos conciliar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, está claro, pero también el derecho a una defensa adecuada al justiciable y el derecho a la conciliación profesional y familiar.

Aparte de la cuestión de los plazos, podemos ir más allá y no hablar solamente de la paternidad o la maternidad como hecho de suspensión del juicio, sino de más supuestos. ¿Cuántas veces ocurre que hay que hacerse una prueba, por ejemplo, una amniocentesis, y se debe estar en reposo? Que yo sepa, según la ley, eso no es causa de suspensión. O un embarazo de alto riesgo. O un postparto complicado. Es decir, además del derecho a tener un hijo o una hija, hay muchos supuestos que no están contemplados y que creo que sería muy conveniente incorporar a esta reforma. Dado que nos ponemos a ello, creo que es positivo incorporar todo aquello que pueda mejorar y facilitar —insisto— la conciliación profesional de las mujeres, y en este caso, también de los hombres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Soto.

El señor SOTO BURILLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la realidad, el día a día de un abogado es vivir acuciado por los plazos, los señalamientos y la responsabilidad profesional. Pero la triste realidad, el día a día de una abogada es vivir acuciada, además, por las responsabilidades en el ámbito familiar derivadas de la situación de maternidad o de una situación análoga. Esa es la triste realidad de las profesionales de la abogacía. Y, señorías, la toma en consideración de esta propuesta de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, que supone incorporar la maternidad y paternidad como causas de suspensión del juicio oral en el ámbito penal, supone, en primer lugar, un significativo avance en el objetivo de alcanzar esa perseguida igualdad efectiva y real de la mujer y el hombre. Supone, en segundo lugar, la adaptabilidad al ejercicio de la abogacía de los derechos derivados de la maternidad, la paternidad y situaciones análogas. Y supone también romper el techo de cristal con el que se enfrentan día a día las mujeres trabajadoras, en este caso, las abogadas, abriendo puertas a su promoción laboral. Señorías, esta es una iniciativa que facilita también la adopción de medidas que mejoren la conciliación y la corresponsabilidad en la asunción equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito familiar. En definitiva, es una iniciativa que contribuye a dignificar a la mujer trabajadora, en este caso, a las abogadas.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso un avance sin precedentes en este país. Supuso modernizar este país en materia de igualdad. Y nos alegramos de la iniciativa de Esquerra Republicana. Nos alegramos de que Esquerra Republicana de Catalunya se incorpore y siga el camino iniciado con la ley que acabo de mencionar. Señorías, dicha ley supuso la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil, y en ella se incluyó como causa de suspensión del juicio oral esta situación de maternidad y paternidad. Estamos ante una institución excepcional —la regla general es no suspender—, pero tiene que ser recogida expresamente en la ley. Asistimos a situaciones —yo las he visto personalmente como abogado en ejercicio— en las que vemos a compañeras que tienen que dar de mamar a sus hijos en la puerta del juzgado o de la sala y, lamentablemente, no pueden atender correctamente al caso que les ocupa.

Podemos observar que en la Ley de enjuiciamiento criminal no se recoge la situación de maternidad y paternidad como causa de suspensión del juicio. Así pues, habría que aplicar de forma supletoria la Ley de enjuiciamiento civil o dejar cada caso concreto al criterio de un juez, que puede adoptar una decisión que vaya en contra los derechos de la mujer o de quienes acaban de ser padres. A partir de ahora, si prospera esta propuesta de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, con esta reforma la suspensión por paternidad y maternidad se aplicará ope legis, eso sí, siempre y cuando se proteja el derecho a la tutela judicial efectiva y también se garantice que no se produzca indefensión para los ciudadanos.

Voy concluyendo, señorías. Hago mías y propias de mi grupo parlamentario las palabras de John Stuart Mill, que, por cierto, se recogen en la Ley para la igualdad efectiva de la mujer y el hombre, que hacían referencia a aquella perfecta igualdad que no admitirá poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros. Yo añadiría: ni para otras. Observamos cómo a día de hoy eso es todavía una tarea pendiente que precisa nuevos instrumentos jurídicos, nuevas medidas, nuevas modificaciones; y esta iniciativa contribuye a alcanzar esa igualdad perfecta.

Acabo señorías. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta propuesta de modificación de la ley. Y lo haremos por varias razones: porque esta ley facilita la conciliación y la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral; porque garantiza ejercer los derechos y deberes derivados de la maternidad, la paternidad y situaciones análogas; pero, sobre todo, señorías, porque contribuye, aunque sea un pequeño paso, a alcanzar esa igualdad real y efectiva y a dignificar a la mujer trabajadora, y en este caso concreto, a las abogadas.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soto.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pérez.

La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley que hoy vamos a tomar en consideración propone incorporar a la Ley de enjuiciamiento criminal que se regule como causa de suspensión del juicio oral que el abogado de la parte se encuentre de baja por maternidad o paternidad. Ya adelanto que el Grupo Popular está de acuerdo, senadora Pérez Esteve. Está de acuerdo, como lo estuvimos en el mes de junio, cuando se llevó esa moción a la Comisión de Igualdad y manifestamos nuestro apoyo. Pero, tal como dijimos en aquella ocasión, queremos insistir en la necesidad de afrontar juntos la aprobación de una nueva Ley de enjuiciamiento criminal que transforme sustancialmente el proceso penal y suponga su modificación integral. Porque coincidirá conmigo, señoría, en que no podemos seguir con un código del siglo XIX, por muchas modificaciones que se hayan ido incorporando.

Señorías, conviene recordar que la incorporación de la baja de maternidad o paternidad del abogado como causa de suspensión del juicio oral no es un derecho ex novo —ahí discrepo con el senador Bildarratz— porque está recogido expresamente en la Ley de enjuiciamiento civil, que igualmente regula de manera expresa en su artículo 4 su carácter de ley supletoria de las leyes que regulan, entre otros, los procesos penales.

Pero permítanme detenerme brevemente en el vigente artículo 746 de la Ley enjuiciamiento criminal, que regula las causas de suspensión del juicio oral y que se propone ampliar con esta iniciativa. Como decía la senadora, nos encontramos con un catálogo de causas tasadas, de numerus clausus, precisamente por la excepcionalidad que ha de regir en las suspensiones de los juicios penales a fin de prohibir dilaciones indebidas y teniendo en cuenta los delicados intereses en conflicto. Y es que en muchas ocasiones, como saben, hay adoptadas medidas cautelares gravosas para un ciudadano y que son restrictivas de derechos fundamentales, ya sea una libertad apud acta, una prohibición de acercamiento, de comunicación o una prisión provisional. Esta causa de suspensión podría agravar de forma sustancial el perjuicio que causa la medida cautelar a un ciudadano, por lo que en un momento determinado nos podríamos encontrar con dos derechos que confluyen: por una parte, el derecho del actor y del demandado, que quieren ver resuelto su proceso cuanto antes, y, por tanto, pueden estar en contra de la suspensión; y por otra, el derecho del abogado a la suspensión del juicio cuando se encuentre de baja por maternidad o paternidad.

Ante estas situaciones, entendemos que se impone necesario ponderar los intereses y derechos de ambas partes, como ha recogido el propio Tribunal Constitucional y como recogen las normas y los protocolos existentes en esta materia impartidos por los órganos de gobierno de los tribunales superiores de Justicia.

Por tanto, como he adelantado al inicio de mi intervención, el voto del Grupo Popular será favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero también anunciamos que, una vez se inicie el trámite parlamentario, propondremos, vía enmiendas, una redacción en la que se regule la suspensión del juicio oral como una suspensión exenta de automatismo, en la línea de la ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto a los que me he referido, entre otros aspectos que sin duda aportaremos con la única finalidad de proponer mejoras a esta iniciativa.

Y termino felicitando a la senadora Pérez Esteve por esta iniciativa. Es muy positivo que su grupo proponga debatir en el Senado de España una propuesta como esta, que nos permite construir juntos cosas que son buenas para todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a efectos de su toma en consideración.

Ha habido utilización del voto telemático por parte de la senadora doña Beatriz Jurado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 236 más 1 voto telemático, 237.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión de un juicio oral. (Aplausos).



PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OFICIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO ESPAÑOL. 622/000014 GPMX

El señor presidente da lectura al punto 9.1.2.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Mulet. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, Por favor, las tertulias las pueden hacer en el pasillo. Gracias.

Cuando quiera, senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Me imagino que habrán leído la propuesta de ley, una propuesta de ley que se presentó antes de la moción que hemos debatido con anterioridad. Una propuesta de ley que costó bastante elaborar porque buscamos la opinión de la mayoría de las asociaciones memorialistas de España. Una propuesta de ley que pretendía suplir las lagunas que pensamos que tiene la actual Ley de memoria histórica. Luego se presentó la propuesta de reforma de la ley por parte del Partido Socialista, pero nos da igual si al final conseguimos que nuestras propuestas entren como modificación de la suya o al revés; lo que queremos es que se avance en este sentido.

¿Qué es lo que quiere esta ley? Esta ley pide la reparación moral, política y jurídica de las víctimas del franquismo. Esta ley pide la solidaridad debida con ellas y con sus familiares atendiendo al daño sufrido, aunque el tiempo transcurrido sea tanto, y debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de grandes violaciones de derechos humanos. Esta ley pide acabar con la impunidad del franquismo vigente todavía hoy en el Estado español, acabar con la impunidad penal de los verdugos y acabar con el no reconocimiento jurídico y político de las víctimas y, en consecuencia, la negación a todos los efectos de su derechos a la verdad, a la justicia y a cualquier forma de reparación material o simbólica.

Hablaba antes el Partido Popular de que cada uno tiene su verdad y, obviamente, cada uno puede tener su verdad, pero hay una verdad objetiva y es que aquí no estamos hablando de bandos: estamos hablando de un Gobierno legítimo y de un golpe de Estado. Estamos hablando del derecho a la justicia por parte de las víctimas y de quienes fueron objeto de muerte, violencia, persecución y privación de libertad o cualquier otra forma de coacción y castigo como consecuencia del golpe de Estado de 1936.

Pedimos la nulidad, declarar ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias. Pedimos declarar víctimas a todos los efectos a las personas que desaparecieron forzosamente durante la dictadura o la guerra civil; a las personas condenadas por la dictadura por los tribunales ilegítimos; a las personas obligadas a exiliarse; a las personas que padecieron confinamiento, torturas y en muchos casos la muerte en campos de concentración; a las personas que lucharon con la guerrilla antifranquista; a los niños y niñas robados durante el franquismo y el posfranquismo: a las mujeres que padecieron humillación, persecución y violación; a las personas que padecieron represión por sus creencias políticas, religiosas, por sus orientaciones sexuales o por su origen étnico; a las personas que desempeñaron trabajos de manera forzada y que fueron utilizadas como mano de obra sin su consentimiento. Pedimos que también sean víctimas los empleados públicos que mediante el oportuno expediente o por vía de hecho fueron castigados, expedientados o depurados como consecuencia de sus convicciones democráticas. Pedimos que se dé el estatus de víctima a las personas que padecieron la privación de libertad; a las entidades políticas, sindicales o selecciones que fueron ilegalizadas durante la guerra civil; a las personas físicas o jurídicas a las que se les incautaron sus bienes y propiedades, y que tengan estatus de víctima a todos los efectos. Pensamos que la actual legislación deja demasiadas lagunas en este aspecto.

Debemos actuar en las fosas del franquismo y que no sea cosa, como ahora, de que los familiares se busquen la vida, sino que sea el Estado el que actúe a todos los efectos y sea responsable de la exhumación de los cuerpos.

Esta propuesta pide establecer lugares de la memoria. Pide ilegalizar a quien atente contra la legalidad, a partidos, organizaciones políticas o fundaciones que no cumplan con la ley, tal y como pasa en Alemania, pero aquí, por el contrario, reciben subvenciones. Pedimos que no se subvencione con dinero público a quien atente contra los principios democráticos, lo contrario que pasa en la actualidad. Pedimos que el Estado colabore con los ayuntamientos para cumplir con la ley. Antes hemos hablado de alcaldes que no cumplen con la ley, hemos dicho que hay alcaldes del Partido Popular y también alcaldes fachas del PSOE; en ningún momento he dicho alcaldes fachas socialistas, he dicho alcaldes fachas del PSOE, que es una cosa muy diferente —que haberlos haylos—. Se pide sancionar a aquellas entidades que no retiren los símbolos franquistas. Y también incorporamos a este propuesta de ley una propuesta de régimen sancionador, que pensamos que es la gran falta que existe en la actualidad en la Ley de memoria histórica, puesto que al no haber sanciones se incumple fácil y sistemáticamente.

Pedimos que se investigue. Pedimos que haya una inscripción de defunción de desaparecidos. Pedimos que haya un homenaje en los campos de concentración. Pedimos establecer lugares de la memoria.

Hay una disposición adicional especial para las mujeres víctimas, aplicar la perspectiva de género con el objetivo de dar visibilidad y dotar de medios para el conocimiento de la violencia específica ejercida contra las mujeres.

Pedimos adecuar los registros civiles a efectos de una correcta determinación de las causas de la muerte. Pedimos un inventario de bienes saqueados, embargados, expoliados por motivos políticos, religiosos y represaliados. Pedimos abordar con especial transcendencia el caso de los bebés robados con una serie de medidas que se detallan en la ley. Pedimos la resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos, eliminando toda la connotación franquista, la exhumación de todos los cuerpos y, en caso de determinarse su no valor arquitectónico, su demolición inmediata. Pedimos la tipificación como delito de cualquier forma de manifestación personal o colectiva ejercida en un espacio público que sea contraria a la memoria democrática y atente contra la dignidad de las víctimas. Y pedimos una serie de medidas que imagino que ustedes han visto en la propuesta.

Antes hemos hablado bastante de la necesidad de una nueva legislación o de que se cumpla la actual, que se reforme y que se actualice. Han pasado diez años y, obviamente, en ningún momento he dicho que no haya sido positiva, sino que dejaba bastantes lagunas que había que superar y esta propuesta va en ese sentido.

Ahora no estamos hablando simplemente del fondo de la cuestión, de si hay que enmendar esta propuesta de ley por aquí o por otra parte, sino simplemente su toma en consideración. Me imagino que, visto el precedente, cuando el Grupo Popular se ha negado incluso a aprobar una moción para que se cumpla la actual legislación, no será muy favorable a que se abra el debate para se pueda aprobar una ley. Tarde o temprano nos tocará abordar una reforma de la ley o una ley nueva, si no es aquí será vía Congreso, y aunque a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido en esta Cámara, evidente aquí hay una mayoría absoluta de un Partido Popular, un partido que en demasiados casos no ha cortado su cordón umbilical con su pasado más reciente. Sería una muestra agradable, una muestra que a todos nos gustaría, que se pudiera aprobar aquí la toma en consideración, que saben perfectamente lo que es: simplemente que se pueda debatir con normalidad esta propuesta. Nos gustaría, pero sabemos perfectamente a qué nos enfrentamos, sabemos perfectamente qué tipo de mayoría hay en esta Cámara.

Queremos dejar claro que si no hay un reconocimiento de la ilegalidad del régimen franquista, no hay justicia; si no anulamos todas las sentencias, no hay justicia; si no acabamos con la impunidad, no hay justicia; si no hay un régimen sancionador a quien la incumpla, no hay justicia, y lo que hay es impunidad. Estos cuatro puntos, por ejemplo, son puntos que en la anterior ley no estaban suficientemente desarrollados. Aquí no hablamos de abrir heridas, no hablamos de revanchas. Las heridas no hay que abrirlas, hay que cicatrizar las que todavía están abiertas. Queremos simplemente que haya justicia.

Desgraciadamente, tenemos un Gobierno que obstruye el cumplimiento de la ley, que obstruye que la justicia argentina pueda extraditar a exministros franquistas. Aquí se puede loar a Franco y no hay ningún tipo de problema, pero si alguien hace un tuit sobre Carrero Blanco, le cae el pelo. Aquí no hay dinero para desenterrar a las víctimas, pero sí para pagar la guardia mora de Franco o los servicios del Valle de los Caídos.

Alemania ha sabido hacer justicia con su pasado nazi, desde los juicios de Núremberg a los juicios de Auschwitz, que todavía se celebraban en 2016. Pero eso es Alemania y no es España. Aquí tenemos un país donde el presidente del Gobierno no entiende por qué cambian la calle a un golpista —lo hemos visto estos días—. España es un país donde el partido que gobierna fue creado por un ministro franquista. España es un país en el cual el dictador lo dejó todo atado y bien atado y nombró al jefe del Estado. En Alemania sería impensable ver estadios donde se celebraran manifestaciones con banderas nazis, ver mausoleos pagados con dinero público de Hitler junto a sus víctimas. Pero eso es en Alemania, aquí estamos en España. En España sería impensable ver a la nieta de Hitler en la televisión pública alemana en horario de máxima audiencia. En Alemania sería impensable que se permitieran misas en honor a Hitler, sería impensable que pasara lo que está pasando en España. España es un país en el que todavía existen miles de españoles en fosas comunes, entre ellas el mayor poeta del siglo XX, Federico García Lorca.

Por tanto, pensamos que hay motivos más que suficientes para abordar una nueva ley o abordar una reforma de la ley, lo que ustedes quieran, y que es el momento. Aunque es tarde, mejor ahora que no dentro de unos meses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Turno a favor.

Tiene la palabra la senadora Castel, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora CASTEL FORT: Gracias, señor presidente.

Compañeros de Compromís, os felicitamos por la presentación de esta proposición de ley de verdadera recuperación de la memoria histórica y de reconocimiento de todas las víctimas. De hecho, esta proposición de ley es coincidente con la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó Esquerra Republicana en la tramitación de la mal llamada Ley de memoria histórica y con las proposiciones de ley que nuestro compañero Joan Tardà ha ido presentado legislatura tras legislatura en el Congreso de los Diputados, aunque en esta legislatura no ha podido ni tan solo debatirse porque el Gobierno español, con la complicidad de la Mesa del Congreso, que impuso la mayoría del PP y de Ciudadanos, vetó torticeramente su debate. Nuestra propuesta de ley incorporaba además un título entero a la recuperación de la memoria histórica de la Segunda República, es decir, de la memoria democrática de la legítima república.

El Estado español, como ya ha dicho la senadora López Santana, tiene el dudoso honor —y cito— de ser el país con mayor número de desaparecidos en fosas después de Camboya, contraviniendo así los principios que establece la ONU de verdad, justicia, reparación y no repetición. No en vano, tanto la ONU como el Consejo de Europa como el propio Parlamento Europeo han llamado la atención a España reiteradamente sobre este grave incumplimiento de la legalidad internacional y le ha exigido el cumplimiento.

En este sentido, la mal llamada Ley de memoria histórica no anula de pleno derecho las sentencias realizadas en juicios sumarísimos, en tanto que considera estos tribunales ilegítimos, que no ilegales, de manera que a ojos de la legalidad española las víctimas siguen siendo consideradas delincuentes, mientras que los rebeldes y sediciosos fascistas que dieron el golpe de Estado al legítimo gobierno de la república y participaron de la posterior represión mantienen reconocimientos, honores y pensiones. De hecho, se da la injusta paradoja de que quienes dieron el golpe de Estado mediante sublevación militar son reconocidos por la legalidad española, mientras que quienes defendieron la legalidad republicana, como es el caso de los guerrilleros antifascistas, han sido reconocidos por toda Europa, pero no por España.

Lejos de eso, los portavoces del partido que gobierna España se han permitido el lujo de insultar a las víctimas y a sus familiares acusándolas de reclamar justicia por dinero o de ser carcas —y leo literalmente— con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Y todo ello cuando el Gobierno ha pagado las exhumaciones de los miembros de la División Azul, que combatieron al lado del genocida Adolf Hitler, mientras se permite con total impunidad la exaltación del fascismo, tanto con la exhibición de banderas como con cantos públicos de himno fascista, así como homenajes anuales a Franco o la asistencia del exministro Ruiz-Gallardón al entierro del ministro franquista Utrera Molina, por la que se abrieron diligencias que, finalmente, fueron archivadas.

En contraste, ¿alguien se cree que en Alemania se podrían hacer impunemente actos públicos de homenaje a Hitler, de exaltación del nazismo y de exhibición de su simbología? Al contrario, los países verdaderamente democráticos han metabolizado su pasado fascista y han sentado las bases para que no se vuelva a repetir. Los países democráticos normalizados hacen verdaderas leyes de memoria histórica, como es el caso de la propia Alemania, de Italia o de Argentina. Por cierto, Esquerra Republicana se sumó a la causa de la querella argentina que, desde la justicia universal, pretende acabar con la impunidad del régimen franquista.

Frente a la actitud del Gobierno español, el Gobierno de Cataluña ha tomado medidas de recuperación de la memoria histórica, siendo vanguardista en el Estado español. Los protagonistas de estas medidas son los consellers Romeva y Mundó, ambos encarcelados por la misma justicia española que mantiene la impunidad de los crímenes fascistas, y también el conseller Comín, que está en el exilio. El conseller Romeva aprobó un plan de fosas y con un presupuesto de 800 000 euros ha abierto más fosas en el año 2017 —en un solo año— que el Gobierno español en todos los años de vigencia de la mal llamada Ley de memoria histórica. Destaca la actualización del mapa de fosas, que ya contabiliza más de 500, y lo hace sin distinción de las víctimas, porque todas las personas, independientemente de en qué bando lucharon sus familiares, tienen el derecho de conocer la verdad y recuperar sus restos. Así, en la fosa de Figuerola d’Orcau se han recuperado diecisiete cuerpos que parecen ser del ejército fascista; o en El Soleràs, donde se acaban de descubrir los restos de las víctimas de la batalla del Ebro, tanto republicanos como fascistas. Y como estas fosas, se han ido abriendo la de Prats de Lluçanès, Vilanova de Meiá o Cassà de la Selva. El conceller Comí ha impulsado un banco público y gratuito de ADN para la identificación de las víctimas a través de sus familiares; hasta el momento, se han analizado más de mil muestras.

Finalmente, el conseller Mundó —el mismo que cerró la cárcel Modelo, creada para unos 600 presos y donde la represión franquista encerró a más de 14 000, entre ellos el presidente Companys— impulsó la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la cual se han anulado más de 65 000 sentencias dictadas por los ilegales tribunales franquistas. Es decir, a ojos de la legalidad catalana, el presidente Companys y las miles y miles de víctimas del fascismo en Cataluña no son delincuentes, sino víctimas; su memoria y honor han sido reconocidos y reparados moral y jurídicamente. De hecho, Esquerra Republicana, el partido del presidente Companys y de miles de víctimas, a lo largo de la historia ha mostrado su claro compromiso con la recuperación de la memoria histórica: su compromiso presente, actuando desde el Gobierno, y su compromiso futuro, pretendiendo que la legalidad internacional ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la justicia universal sean pilares de la república catalana que vamos a construir.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel.

Turno en contra.

Tiene la palabra, senadora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Tengo muy presente que todo lo que diga hoy en un tema como este puede ser sacado de contexto y tergiversado, pero aun así voy a dar la opinión del Partido Popular sin ningún tipo de complejos.

Seamos sinceros, señor Mulet, usted presenta esta proposición de ley para tener un titular de prensa, porque si realmente a usted le preocupasen las víctimas usted hubiese presentado una proposición seria y rigurosa y no esta chapuza que usted ha presentado. (Aplausos). ¿Ha leído usted un par de veces esta proposición de ley? ¿De verdad? Yo no sé quién se la ha preparado, pero si se la hubiese leído... (La señora Angustia Gómez: Las víctimas la han preparado). No, las víctimas, no, la ha preparado él y yo creo que no se la ha leído (La señora Angustia Gómez: Te estás equivocando), si no se hubiera dado cuenta de que tiene muchos defectos jurídicos, técnicos y de forma. En cualquier facultad de Derecho, señor Mulet, esto sería un cero. Los términos en que usted presenta esta proposición de ley ni son novedosos ni son necesarios en tanto en cuanto la gran mayoría ya están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico y los que no están adolecen de tal revisionismo histórico y sectarismo que vulneran derechos fundamentales de los españoles. Pero vayamos por partes.

Le preguntaba si había leído esta proposición de ley antes de prepararla porque de haberlo hecho no hubiésemos sido todos testigos del corta y pega de parvulario que ha hecho usted con esta proposición de ley, como si hasta ahora los españoles hubiésemos estado transitando por la oscuridad de un régimen sectario, opresor y humillante y no se hubiese hecho nada hasta ahora para dignificar la memoria de las víctimas.

En una vista rápida a su proposición se observan: títulos repetidos, párrafos inacabados, párrafos repetidos, distintas fechas para encuadrar esta ley. Fíjese que solo en la exposición de motivos usted comienza diciendo que la represión es desde 1936 hasta 1990 y en la última frase de la exposición dice que es de 1936 a 1978. ¿En qué quedamos, señor Mulet? ¿Es hasta 1990 o hasta 1978? (Aplausos). A mí lo que me gustaría saber es qué opinan los compañeros del Grupo Socialista, que gobernaban con mayoría absoluta hasta 1990.

Por otro lado, como le decía antes, o su necesidad de protagonismo es tal que es incapaz de reconocer el trabajo que hicieron otros que estuvieron aquí antes que nosotros, o es usted tan incompetente como aparenta y ha sido incapaz de mirarse el ordenamiento jurídico para ver la leyes que ya hay sobre esta materia. Fíjese, señor Mulet —y tengo que resumir porque no tengo mucho tiempo—, en el título III usted habla de la nulidad, ilegalidad e ilegitimidad de los procedimientos judiciales penales. Pero es que esto ya está regulado en la Ley de memoria histórica. Es más, señoría, en aplicación de esta ley, el Tribunal Supremo ha venido rechazando los recursos de revisión que se han interpuesto contra sentencias dictadas por estos consejos de guerra. Apunte: puede repasar los autos del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar de 21 de febrero de 2011 y de 30 de marzo de 2012 —y si no quiere apuntarlo, luego se lo paso yo—.

En el artículo 10 habla usted de la desaparición forzosa y se limita a una regulación de dos líneas, en las que ni siquiera nos dice si esto es desde una dinámica penal. En el artículo 12.4 se refiere a la creación de un organismo estatal para el establecimiento de la verdad, pero no nos dice los requisitos obligatorios que establece la Ley del régimen jurídico del sector público. En su artículo 22, sobre documentos de la memoria democrática del Estado español, obvia usted que todo lo que figura en estos artículos ya está recogido en la Ley de memoria histórica. Sí, señoría, sí, y sigo.

En el artículo 22.10 habla de la restitución de los fondos incautados por el franquismo, pero es que ya existe un procedimiento de recuperación de estos fondos incautados: en la Ley 21/2005 y en el Real Decreto 2134/2008. Y por cierto, hablando de restituir documentos incautados, igual podíamos hablar de que desde Cataluña se devuelvan los papeles del Archivo de Salamanca. (Aplausos).

En el artículo 26.5 dice usted que sea el Gobierno español el que realice un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática, pasando por encima claramente de las competencias que tienen las entidades locales y las comunidades autónomas. En los artículos 29, 30 y 31 nos habla del departamento competente en materia de materia democrática y que será el órgano responsable de implementar políticas públicas en esta materia. Nada más, no añade usted nada más, yo creo que cuando hizo usted el corta y pega se le olvidó algún párrafo, señoría, revíselo.

Podría seguir, pero note su señoría que todavía no he entrado en el fondo del asunto, que me estoy limitando a los aspectos jurídicos y técnicos de los que adolece esta proposición de ley que usted nos trae. Pero voy a dejar pincelado —aunque lo dejaré para el turno de portavoces— el sectarismo y revisionismo histórico con que usted quiere adoctrinar a la sociedad española, como si los españoles no supiésemos pensar por nosotros mismos y nos tuviese usted que decir lo que tenemos que pensar. Señor Mulet, la exposición de motivos es un ejemplo en sí mismo, pero yo voy a referirme a algún artículo en concreto.

En el artículo 25.2 usted considera contrarias a la memoria democrática del Estado español las alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores. Señoría, este artículo vulnera directamente los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de opinión de todos los españoles. Criticar aspectos de la Segunda República no es deslegitimarla y, por supuesto, no es defender ni el golpe de Estado de 1934 ni el golpe de Estado de 1936 ni la dictadura. ¡Solo faltaría, es que eso no tiene justificación! Pero, señorías, no podemos aceptar que una ley determine qué tenemos y cómo tenemos que pensar los españoles. Señor Mulet, en un Estado democrático y de derecho como es España yo puedo decir sin ningún temor que critico que la república no llegase de forma democrática, porque le recuerdo que las mujeres no votamos. En un Estado democrático y de derecho como es España yo critico la Ley de defensa de la república, que en su artículo 6 establecía que todo el que fuese monárquico estaba agraviando a la república. Es que yo critico que la Segunda República hiciese una persecución religiosa, incluida la expulsión de personas españolas por el simple hecho de ser católicos, y le quiero recordar la expulsión de los jesuitas, señoría. Así que, a pesar de todo esto, yo critico la Segunda República y no le resta un ápice de su legitimidad, señoría, pero entenderán que este grupo parlamentario al que yo represento se siente mucho más cómodo con la Constitución de 1978 y el marco de convivencia y valores que nos trajo esa Constitución, a la vez que condenamos el franquismo, señorías, porque nada de esto es incompatible.

Señor Mulet, ¿es usted consciente de que, conforme a este proyecto de ley que nos presenta, legitimadores de Franco son todos aquellos que no han sido torturados, asesinados, bebés robados, exiliados y presos? Es decir, ¿lo que usted nos está queriendo decir es que todas las generaciones de españoles que vivieron durante esos cuarenta años de dictadura si no eran una de estas personas estaban siendo franquistas y legitimando el régimen? ¿Es esto lo que usted nos está queriendo decir?

Señorías, y voy terminando, este proyecto de ley es un despropósito de principio a fin. Analicemos el pasado en el contexto histórico en el que se producen los hechos y trabajemos juntos en la búsqueda de herramientas para no volver a cometer los errores del pasado. Sentémonos a trabajar, a dialogar, a llegar a acuerdos pensando en el presente y futuro de los ciudadanos y aprendiendo de los aciertos y los errores de los que nos precedieron.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

¿Va a haber alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Asentimiento).

El señor MULET GARCÍA: Cuando la única defensa que hay es un ataque personal, la descalificación personal, poco dicen. (Risas.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: Aquí simplemente ha habido una descalificación personal, sin entrar en el fondo del asunto, como bien ha reconocido, haciendo un corta y pega de interpretaciones del texto. Si quiere entrar en detalle, podemos explicar el detalle, por qué en unos puntos hablamos de 1978, en otros hablado de bien entrados los años noventa. Estamos hablando de casos diferentes. Si usted no da para más, para entender lo que lee, no es problema mío.

Esta propuesta de ley la hemos hablado con bastantes colectivos. Puede tener errores, obviamente tiene errores, puede ser mejorable, pero aquí no estamos hablando del fondo del asunto, sino que estamos hablando de si tomamos en consideración o no esta propuesta de ley para que se pueda debatir, enmendar —ustedes también la pueden enmendar— y mejorar, estamos hablando de si hace falta o no una propuesta de ley nueva. Yo entiendo que sí y ustedes entienden que no. Asúmanlo, ustedes vienen de donde vienen, tienen el ADN político que tienen y les molesta muchísimo que se hable de este tipo de cosas. A nosotros no, nosotros queremos que se hable, que se aborde sin problemas y si se ve que hay un error, se enmienda, pero que por eso, porque haya algún en la redacción, no se tome en consideración y se justifique que todo continúe como estaba hasta ahora.

Ya sé que es muy difícil ser facha en el Estado España. (Un señor senador: ¡Facha eres tú!). Es muy difícil venir aquí y dárselas de demócratas. Es muy difícil, es complicado, a pesar de que lo tienen todo a su favor. Ya sé que existen leyes que pueden entrar en contradicción con esta propuesta. También decimos qué solución le damos. Pero aquí estamos para intentar mejorar la legislación que hay en el Estado español.

Hablan de revisionismo. ¡Más revisionista que el Partido Popular no sé si hay nadie hoy en día y negacionista! A mí lo que me preocupa es que haya gente que sea negacionista, que hable de bandos y equipare a las víctimas con los verdugos. Eso es lo que me preocupa.

Hablan de sectarismo. Sectarismo el de ustedes, ya que hay una Ley de memoria histórica aprobada que incumplen sistemáticamente en sus ayuntamientos, en sus comunidades autónomas, en su Gobierno, el mismo presidente del Gobierno sin ningún tipo de rubor dice que por qué cambian el nombre de una calle de un golpista. Esto dice mucho, muchísimo de ustedes.

Estamos hablando de la toma en consideración. Que no quieren tomarla en consideración, pues no pasará nada. Sabemos que tenemos la mayoría que tenemos en esta Cámara, sabemos que se podrá debatir vía Congreso y sabemos que no hay mal que cien años dure, ni cuarenta, ni 80, como el régimen que estamos arrastrando. Algún día se podrá abordar esto con normalidad, cuando tengamos una mayoría distinta a la que tenemos ahora en esta Cámara.

Estamos hablando, aunque a ustedes les parezca que estamos hablando del pleistoceno o de a saber cuándo, de algo muy reciente, prueba evidente es que hay una mayoría absoluta del Partido Popular. Estamos hablando de algo que pasó en el siglo XX, en el cual se aprobó la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, un siglo donde los demás países europeos que sufrieron regímenes totalitarios supieron reparar esa injusticia. Estamos hablando de un siglo en el que las derechas europeas supieron cortar su cordón umbilical con los regímenes totalitarios, cosa que no pasó en España.

Se exige a las víctimas generosidad, perdón y olvido y nunca se ha exigido a los asesinos que reconozcan sus crímenes. Sobre el olvido nunca se puede edificar la justicia. La reconciliación tampoco significa perdón y olvido, sino justicia para todos. Las víctimas no quieren revancha, simplemente quieren justicia. Ustedes continúan hablando de dos bandos, como si fuera igual de responsable la República que el golpe de Estado. Eso es lo que ha venido a decir con sus palabras, que fue igual la República, que trajo —se lo recuerdo si no lo sabe— el voto de las mujeres a España —parece que se les ha olvidado—, que un régimen genocida que asesinó a miles y miles de españoles.

Podríamos hablar del fondo de la propuesta, de si hace falta incidir en un punto o en otro, de si hace falta mejorarla, simplemente es una toma en consideración. Pero como todo lo que habla de memoria y de justicia les provoca urticaria, sabíamos que en esta Cámara no iba a prosperar porque hay mayoría de un partido como el suyo. Esto no se termina aquí, nosotros vamos a continuar defendiendo la justicia, la memoria y la dignidad de las víctimas, a pesar de un partido facha como el de ustedes.

Gracias. (Aplausos.— Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, quiero dejar claro con mis primeras palabras que respeto las propuestas y el trabajo de todas sus señorías para sacar adelante las ideas que profesan o los principios por los que se rigen, pero mucho más respeto y orgullo me produce el marco democrático en el que vivimos, al que llegamos después de grandes esfuerzos de nuestros predecesores.

Dicho esto, lo que no admito es el uso de las instituciones democráticas para reescribir la historia, para silenciar los trabajos, los consensos, las cesiones personales y la generosidad de quienes hicieron la Transición, a pesar de que el entorno social en el que lo hicieron no es precisamente el que disfrutamos ahora todos los españoles. ¿Qué habría hecho Compromís y el senador Mulet en aquel marco? No quiero ni imaginarlo. (Aplausos).

Señoría, respeto a las víctimas, siempre; dignidad y reconocimiento, siempre; y memoria una en cada familia, una memoria de desgarros, de guerra, de lucha entre hermanos; sí, en cada casa una memoria y de todos los bandos.

Acabamos de celebrar el 39 cumpleaños de nuestra Constitución, de nuestra carta magna, que contiene todos nuestros derechos y deberes. Y ya que tengo la oportunidad quiero agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que durante el final de la dictadura y durante la Transición tuvieron el genio y la generosidad de construir para todos nosotros la democracia que hoy disfrutamos.

Como usted sabe, el espíritu de la reconciliación y concordia, el respeto al pluralismo y la defensa pacífica de todas las ideas forma parte de la exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria histórica.

El texto que nos trae hoy usted como proposición de ley, aparte del repaso jurídico que le ha dado la senadora del Grupo Popular que comparto de principio a fin, no es ninguna proposición de ley para resarcir nada, porque está basada en el rencor y en el resentimiento, y digo esto porque es lo que me transmite en sus intervenciones, a pesar de su juventud. La historia estudia de manera objetiva los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, y no hay nada más caprichoso que una memoria resentida que cose hechos ciertos con interpretaciones personales subjetivas. (Aplausos).

Yo apelo a dejar a un lado el vocabulario obsceno, las ideas dictatoriales y la pretendida posición de salvaguarda de la verdad y de la libertad. Hagamos que las instituciones funcionen. Hagamos que el dinero público se utilice bien, que cubra en la medida de lo posible las deficiencias materiales y sentimentales de todas las víctimas. Dejemos ya este manido comodín, porque, como muy bien decía la semana pasada en ABC Luis Ventoso, cuando no hay ni una sola idea, senador Mulet, solo queda hablar de Franco. Con todos los problemas y retos que tiene por delante España, es incomprensible que lo importante para algunos solo sea desenterrar al dictador y abrir causas generales a los muertos. Para trabajar por el progreso de España en positivo, cuente con nuestro voto. Para trabajar por sus causas subjetivas, olvídelo, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño. En el Partit Demòcrata damos apoyo a esta proposición de ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo a través de la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como las sentencias dictadas. También dimos apoyo a otra proposición de ley de modificación de la Ley 46/77, de 15 de octubre, de amnistía, que fue presentada junto con el PNV, Esquerra Republicana y Unidos Podemos.

Por lo tanto, vamos a dar apoyo a esta proposición de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervendré también muy brevemente. Esta mañana tuve la oportunidad de presenciar una rueda de prensa que se celebraba en el exterior de este hemiciclo, en la que el senador de Compromís, proponente de esta iniciativa, acompañaba a dos personas, una en representación de Foros por la Memoria y un representante de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Dos testimonios que, sin lugar a dudas, nos emocionaron a todos los que estábamos alrededor y que venían a reflejar una realidad palpable en nuestro país, la que representan miles de personas que aún hoy siguen sin saber cuál fue el paradero de sus familiares.

Creemos que hay heridas que continúan sin cerrarse. Esta mañana una de estas personas que representaba a una de estas plataformas decía que recordar no es herir a nadie, sino simplemente recuperar a nuestras familias, cerrar unas heridas que todavía hoy siguen abiertas. Por eso, creemos también que olvidar es sentar las bases para volver a cometer esos mismos errores por los que ya atravesó este país. Pregúntenles a las madres de la Plaza de Mayo si están dispuestas a olvidar. Pregúntenles a los alemanes y alemanas si están dispuestos a olvidar los crímenes de la etapa nazi. Sin duda, recordar siempre y no olvidar nunca es sinónimo para muchas personas de no volver a pasar por ese mismo tormento.

Por todo ello, espero que quede perfectamente justificado nuestro apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, yo me quedaría con el principio de la intervención del senador Mulet y con el final de la intervención de la senadora Muñoz. El señor Mulet decía al principio: Esto es una toma en consideración. Me quedo con eso. Y, al final, usted decía, señoría: Sentémonos a hablar. Es una toma en consideración, sentémonos a hablar. Porque hoy yo creo, y antes lo he dicho, que nos toca hablar de las familias, nos toca hablar de las víctimas, nos toca hablar de todas aquellas familias que han tenido algún desaparecido, todas aquellas familias que han tenido algún asesinado. A esas familias nosotros no les podemos transmitir que en el hemiciclo, en este Pleno, no nos hemos puesto de acuerdo porque hay un problema jurídico, porque hay una incorrección. Y, probablemente, en muchos casos —ahora hablaremos también de eso—, es cierto y es importante. Pero lo más importante es que seamos capaces de responder a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa vivencia con algo. Y usted ha dado la fórmula: sentémonos, diálogo. ¿Qué pedimos? Una toma en consideración.

Este texto que se nos trae aquí nos tiene que servir como signo de reconocimiento, de respeto y, también, como dice el propio texto, de solidaridad de vida. Una sociedad justa, al menos en nuestra opinión, nunca se va a poder construir sobre el olvido, nunca; siempre va a construirse sobre el reconocimiento y sobre la reparación. Es verdad que a la hora de valorar fechas diferentes, tampoco podemos mezclar todo. No podemos mezclar la guerra civil con la dictadura, no podemos mezclar la dictadura con 1978.



Estamos de acuerdo, pero no es muy complicado. Vamos a desarrollar qué es la guerra civil; vamos a desarrollar qué es la dictadura, que no tiene nada que ver, porque cuando estábamos hablando de bandos y guerra civil, esa era una realidad, pero también terminó y comenzó otra época negra, que fue la de la dictadura, y también hubo otro momento, que comenzó en 1978, que tenemos que considerar.

A modo de experiencia, en el Gobierno vasco, el Partido Socialista con Patxi López de lendakari comenzó con la aprobación de un decreto ley de reconocimiento de las víctimas acontecidas durante los años 1960 y 1978. Ahora, no hace mucho, el Gobierno vasco llevó al Parlamento otra ley, que fue aprobada por todos los partidos políticos, con la excepción de EH-Bildu que se abstuvo y del Partido Popular que votó en contra, para el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999. ¿Por qué 1999? Porque era cuando prescribía —ahí está el límite de la prescripción— y ese era el criterio. Puede ser 1990 u otro, pero ¿qué nos exige esto? Un debate. ¿El problema existe? Creo que antes la senadora Ayala nos lo ha puesto encima de la mesa diciendo que este es un tema recurrente en este Pleno. Si este es un tema recurrente, entiendo que hay una sensibilidad respecto de este tema que hace que todos intentemos, de una manera u otra, trabajar, darle una solución para, con el diálogo, poder llegar a un acuerdo.

Tenemos que hablar también de la anulación de los juicios, y no pongo en duda, senadora Muñoz, que dar con una fórmula legal no va a ser sencillo. No lo pongo en duda, pero también me tiene que reconocer que esta es una de las preocupaciones fundamentales de las familias que quieren, a fin de cuentas, recuperar la dignidad de sus seres queridos. Los consejos de guerra sumarísimos son nulos de pleno derecho e incompatibles con las normas de derecho internacional de los derechos humanos incorporados en la Constitución española. Estas sentencias, muchas veces, son redactadas por personas que no estaban autorizadas para ello.

Y les voy a poner el ejemplo del último fusilado de la guerra civil, Julián Grimau, el 20 de abril de 1963, como consecuencia de una sentencia redactada por el comandante Manuel Fernández Martí, representante del cuerpo jurídico militar, que no tenía ni siquiera el título de licenciado en Derecho y solamente había aprobado tres asignaturas de su carrera universitaria. El fraude se descubrió y el comandante fue sancionado, pero no se anuló el juicio de guerra, viciado de nulidad completo, según el propio Código de Justicia Militar franquista. Casos como este hay innumerables y demuestran que las sentencias condenatorias durante la guerra civil y el franquismo pueden y deben ser cuestionadas por errores de hecho y de derecho.

Sobre todo, ¿qué es lo importante? La actitud, que los familiares nos vean un actitud positiva para entender y reconocer el problema que estamos viviendo. Y si hay algo que es irresoluble, es irresoluble y no tiene remedio, pero si la familia nos percibe cerca, percibe que estamos intentando darle solución, creo que habremos dado un verdadero paso.

Soy consciente de que vivimos un momento de crisis política, donde la mayoría de las veces las decisiones —que después veremos en estas pantallas como votos— están condicionadas antes de venir y antes del propio debate. Además, siempre encontramos responsables a los otros, unos a nosotros, otros a otros, uno le llama facha, el otro..., siempre vamos a encontrar a alguien, siempre.

Pongámonos —y es lo que estoy intentando durante el día de hoy— en la piel de las personas que verdaderamente están sufriendo el problema que queremos enfocar o, al menos, es objeto de esta toma en consideración. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Hoy, yo solo les digo, tal como he comenzado, que nos tenemos que dirigir a las víctimas, nos tenemos que dirigir a sus familiares, que lo único que nos piden son dos cosas: reconocimiento y dignidad. Por tanto, con la toma en consideración y la voluntad de poder sentarnos a acordar, trabajemos por ellos, por ellas y por intentar recordar, reconocer y cumplir la deuda con ellos contraída.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias.

Solo quiero trasladar, como ha se ha podido ver en nuestro turno a favor, nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, vicepresidente.

No voy a sorprender a nadie afirmando que nuestro grupo parlamentario muestra su más contundente apoyo a esta iniciativa que si prosperase —ojalá, aunque lo dudo— contribuiría a reparar, aunque tardíamente, el daño infinitito ocasionado a esta víctimas a lo largo de décadas de negación y olvido impuesto.

Se perdió una oportunidad de oro con la Ley 4/2015, del estatuto de la víctima del delito, aunque, siendo realistas, dicha oportunidad nunca fue tal desde el momento en el que se aprobó en un contexto de mayoría absoluta del Partido Popular, cuya sensibilidad con este tema es bien conocida y se condensa en declaraciones de sus representantes y cargos públicos que me voy a permitir recordar, no sin pasar, lo digo sinceramente, mucha vergüenza ajena. Pablo Casado, por ejemplo, afirmaba en un mitin y entre risas que los de izquierdas somos unos carcas, porque estamos todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién, con la memoria histórica. Manuel González Capón, alcalde de Baralla, Lugo, del Partido Popular, no tuvo empacho en afirmar que quienes fueron condenados a muerte sería porque se lo merecían. Mayor Oreja, que calificó el franquismo como un periodo de extraordinaria placidez. Rafael Hernando, su portavoz en el Congreso, llegó a decir textualmente que algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo. Recuperar la memoria de unas víctimas y repararlas es para el expresidente José María Aznar remover tumbas y tirarse huesos a la cabeza. Mariano Rajoy no tiene claro que sea cierto que haya miles de españoles que no saben dónde están enterrados sus abuelos. Poco le importa al presidente que los expertos integrantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas opinen exactamente lo contrario. El mismo Mariano Rajoy se despachaba hace unos días con unas declaraciones en las que decía que no sabía por qué le habían cambiado el nombre a la calle Salvador Moreno. Espero que alguien de su grupo parlamentario se lo haya explicado ya.

Con este background ideológico no es extraño que desde 2011 no se haya destinado ni un solo euro, por ejemplo, a asegurar que puedan realizarse exhumaciones con todas las garantías del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nos dicen que fue por la crisis. Cuando no había crisis y gobernaba el señor Aznar, se dieron más de 150 000 euros de ayudas públicas a la Fundación Francisco Franco. O sea, no es un tema de crisis, sino de voluntad política. Una cosa es reducirla como hizo el Partido Socialista al inicio de la crisis —y como antes le achacaba su portavoz— y otra es dar cero euros y además vanagloriarse de ello, como hizo el señor Rajoy en un mitin.

Ha habido algunos pasos de comunidades autónomas y municipios que han supuesto medidas de reconocimiento a las víctimas, pero han sido medidas fragmentadas y limitadas territorialmente que, además, carecen de un marco normativo de carácter general en el país para su actuación. Por no hablar de las subvenciones para exhumaciones, que bien es sabido hace ya demasiados años que no se conceden, hasta el punto de que, por ejemplo, la exhumación reciente de Timoteo Mendieta fue sufragada por un sindicato noruego.

El Gobierno español no quiere comisión de la verdad. Pues bien, según Amnistía Internacional, desde el año 1975 hasta el 2010 hay cuarenta países que han creado una comisión de la verdad para saber lo que ocurrió en sus hechos trágicos del pasado. Aquí en España, en cambio, se esperó treinta años para aprobar una tímida ley de memoria. Y cuarenta años después de la transición democrática, la mayor parte de los muertos republicanos siguen en las cunetas de alrededor de 2500 fosas comunes aún por exhumar. Además, miles de niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al auxilio social, sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad. Tampoco ha habido ninguna investigación sobre los alrededor de 400 000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados y sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron ajusticiados por los franquistas durante la guerra y los primeros años de represión.

Prácticamente ninguna de las recomendaciones del comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa, del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos o del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas ha sido aplicada por el Gobierno de don Mariano Rajoy. Y esto es una vergüenza para un país. ¿Con qué autoridad moral van ustedes a ocupar su silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando incumplen sistemáticamente las recomendaciones de Naciones Unidas?

Por tanto, ante este panorama y con la mayoría absoluta del partido insensible —de eso les hablaba el senador Bildarratz—, no tengo la más mínima esperanza de que en esta Cámara se apruebe la toma en consideración de una ley que, sin embargo, viene exigida por todos y cada uno de los mecanismos internacionales de Naciones Unidas que trabajan en materia de verdad, justicia y reparación. No tengo esperanza porque, sinceramente, señores del Partido Popular, ustedes no han entendido nada a tenor de su discurso anterior y el de la moción del Partido Socialista. Cuando pedimos verdad solo estamos intentando que se investigue y, en su caso, se reconozca que las cosas sucedieron de una determinada manera; que el olvido, si se quiere, sea una opción individual, pero desde luego nunca, como ha venido sugiriéndose, una obligación impuesta como la única salida posible, elevada además a categoría de fundamento del actual Estado de derecho. El termino verdad, señora Ayala, es utilizado por los organismos internacionales de derechos humanos. Pregúnteles a ellos lo que significa verdad. No me salga aquí con historias de posverdad, porque el término verdad es un término que utilizan las organizaciones de derechos humanos. Cuando pedimos justicia no pedimos venganza ni nunca la hemos pedido. No pretendemos cadenas perpetuas ni ejecuciones compensatorias; pretendemos que con las debidas garantías procesales se ponga fin a la impunidad.

Cuando pedimos reparación no pedimos subvenciones, aunque es indiscutible que se necesitan recursos económicos. Para avanzar en la construcción de un relato completo y verdadero del franquismo la reparación no solo pasa por dar dinero a determinadas personas desvinculando la indemnización del hecho que lo motivó. Cualquiera que alguna vez en su vida haya resultado ofendido por cualquier afrenta sabe la infinita humillación que se siente si el responsable paga a regañadientes sin reconocer los hechos y sin pedir perdón. Cualquiera sabe que es mucho más fácil perdonar cuando nos piden perdón.

Ese lenguaje y esa sensibilidad que ustedes sí entienden cuando se habla de otras víctimas es el que reclamamos para las víctimas del franquismo, y es el que, a nuestro modo de ver, debería predicarse desde un Estado que se dice social y democrático de derecho, cuya función pedagógica en esta materia debería estar, como así ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, a la altura del drama y de la tragedia que vivimos. El mismísimo Ministerio de Justicia, aun reconociendo que no existe un censo oficial, sitúa el número de víctimas en torno a las 100 000 personas, cifra esta inferior a la que resulta de otras fuentes.

Debemos superar el agravio comparativo respecto de otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal y una atención hacia su problemática. Todas, las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de género y las del franquismo son víctimas conforme a la definición que se contiene en la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se sienten como víctimas de segunda categoría, y así lo describe el informe de Naciones Unidas. Lo que es inasumible es que discriminemos víctimas en función de la identidad y de la ideología de los victimarios; y eso, nos guste o no, es lo que lleva haciéndose en España desde el año 1939.

Nos hablan de la Transición, pero lo que hizo en aquel momento se hizo, y estamos de acuerdo en lo que se hizo, pero han pasado cuarenta años. Han pasado cuarenta años y es hora de que afrontemos de una vez lo que pasó. (Aplausos). No insistan en lo que se firmó en aquel momento. En aquel momento se firmaron unas cosas por unas condiciones que había en ese momento; pero han pasado cuarenta años. Ya es hora de que empecemos a discutir con calma de todo lo que pasó.

Es por ello por lo que, aunque ya vamos tarde, una ley de protección y reconocimiento integral de las víctimas del franquismo es una exigencia improrrogable. No queremos ser, como somos, una triste excepción en el contexto internacional continuamente reprobada por no querer afrontar nuestro pasado y, por tanto, nuestro presente. No nos queda más que instar a todos los grupos a que apoyen esta toma en consideración. Lo seguiré intentando. ¿Que hay cosas que enmendar? Claro que sí, muchas; pero es hora de abordar una ley como esta.

Señora muñoz, con su discurso —realmente se lo digo de corazón— usted ha insultado a muchas de sus víctimas, a las víctimas del franquismo, con ese discurso sobre las cuestiones técnicas, porque esta ley sale de esas víctimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, buenas tardes de nuevo.

El martes pasado tuvimos nuestra periódica reunión del Grupo Socialista, donde debatimos las iniciativas que se ven en el orden del día, y con motivo de la toma en consideración de esta ley tuvimos un debate. Yo perdí la votación. Propuse votar en contra, pero ganó la abstención. Voy a intentar explicar las razones de ese debate, por qué no podemos apoyarla y por qué nos vamos a abstener.

Y para dar esas razones me voy a ir a su puño y letra, señor Mulet, a las razones que ustedes nos dan en el texto que han presentado: Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Leo: La represión franquista no solo afecta a hechos producidos durante la guerra civil de 1936 a 1939. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta las elecciones democráticas del 77, cuando no hasta la promulgación de la Constitución del 78 y los primeros años de la transición española, hasta 1990. Sí, he leído bien: La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta 1990. Lo dice el artículo 5. A los efectos de esta ley, se entiende por personas desaparecidas aquellas desaparecidas en campaña, en cautividad hasta la etapa de la transición, hasta 1990. Y cuando habla de las víctimas pretende incluir no sé qué víctimas de la represión franquista hasta 1990.

Yo me quedo sin palabras. Creo que en este momento podría bajar ya de esta tribuna, porque tener que subir aquí a defender la memoria democrática de los gobiernos de Unión de Centro Democrático y de Felipe González, se lo digo de verdad, es muy triste y muy indignante. (Aplausos). Y de verdad le digo que me encantaría venir a hablar de otras cosas. ¿Cree necesario sembrar esta polémica en una materia tan sensible? ¡Si —como ha dicho la señora Muñoz— es un corta y pega! ¡Si se ve que lo de 1990 lo han metido ahí de aquella manera, señor Mulet! ¿Cree usted de verdad que las víctimas, esas con las que usted ha comparecido y que se merecen todo nuestro respeto, estarán de acuerdo con esta falsificación de la memoria?

Señores de Podemos, señor Comorera, yo le considero a usted un senador muy templado y ecuánime. Me hubiera gustado escucharle, aunque solo fuera una frase, rechazar que la dictadura franquista extienda sus represalias hasta 1990. De verdad que me hubiera gustado escuchar una frase de Podemos negándose a aceptar esa falsificación de la historia. Porque no todo vale. Es verdad, existe la corrupción política y tenemos que combatirla, pero no todo es robar. Una de las formas más despreciables de corrupción, de corromperse a uno mismo y de corromper a los demás es la mentira. (Aplausos). Y nunca pensé que vería en un texto legal por escrito, fuera de la pasión de un debate donde alguien puede tener un calentón, nunca pensé, como digo, que vería en un texto legal escrito equiparar el régimen de Franco a los gobiernos democráticos de Felipe González. De verdad pensé que no lo iba a ver. (Aplausos). Pensé que me podría ir de la política sin ver esta ignominia. Y no podemos fingir que eso no existe y que no lo contiene esta proposición de ley, que ninguna fuerza progresista española debería aprobar sin afear.

Pero hay una segunda razón. Ustedes podrían haber optado por reformar la Ley 52/2007, llamada de la memoria histórica —ya lo hemos comentado anteriormente—. Y es que nosotros podemos comprender que haya que reformar esa ley que supuso un paso de gigante en esta materia, porque ha llovido mucha doctrina internacional desde que se aprobó. De hecho el propio Grupo Socialista va a presentar una proposición de ley de reforma, porque tenemos que hacerla sintonizar con los principios que la comunidad internacional ha acuñado en materia de verdad, reparación y justicia, y queremos reforzar su cumplimiento para que no vuelva a ser boicoteada. Pero es que me da la sensación de que ustedes no quieren mejorar la legislación, lo que quieren es derogar la ley de Zapatero, porque, como en tantas otras cosas, parece que no están dispuestos a reconocer ni un solo mérito, ni un solo hecho positivo en la gestión pública de los socialistas. Y es que algunos senadores padecen de una dolencia política, yo creo que extremadamente grave, que es el adanismo. El adanismo, que consiste en pensar que el mundo ha venido con uno, carece a veces de inocencia. Les aseguro que en esta proposición de ley no hay un adanismo inocente, en ella adanismo es igual a soberbia, la soberbia de pensar que antes de esto, antes de ustedes, señor Mulet, no ha habido decencia, no ha habido nada justo, no ha habido nada solidario. (Aplausos).

Se lo digo de verdad, ¿es que no tenemos suficiente con los obstáculos que pone el Partido Popular sistemáticamente a cualquier iniciativa que tiene que ver con la memoria como para que tengan que gastar tanta energía contra el PSOE en esta materia? De verdad, me da lástima y pena que gasten tanta energía contra nosotros. Se lo digo absolutamente en serio, se lo digo a todo el hemiciclo y especialmente al Grupo Popular. Si de verdad queremos que en España se cierre este tema, si de verdad queremos que España deje de ser el farolillo rojo en materia de recuperación de memoria y atención a las víctimas y queremos que se atiendan las recomendaciones internacionales solo deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos, los de los partidos que defendemos y hemos venido defendiendo históricamente las leyes de memoria histórica, en convencer al Partido Popular para que acepte y apoye una reforma de la ley, para que deje de verdad de sabotear la que hay y para que nos podamos sentar a hablar de esta cuestión muchos años después sin prejuicios para saldar esta deuda que todavía España mantiene con el pasado. Sin el PP nunca vamos a cerrar este capítulo, al menos no lo vamos a cerrar con la contundencia y la dignidad que merece. Y no se trata, señor Mulet, de insultar al PP ni de llamarles fachas. Yo no sé si eso les da votos, pero no soluciona las cosas. Nosotros lo que queremos es que el Partido Popular, como partido democrático, se siente con las demás fuerzas democráticas, con su visión, a trabajar en materia de justicia, verdad y reparación.

Mire, señora Muñoz, si apoyar en algún momento, no esta, pero sí cualquier otra iniciativa en materia de memoria que sea rigurosa y serena supone que puedan perder un puñado de votos de la extrema derecha, ¿sabe qué le digo? Que mejor para usted, mejor para ustedes, mejor para mí y mejor para todos. Ojalá alguna vez pierdan esos votos si eso significa cerrar definitivamente esta asignatura pendiente, que no es suya, es del conjunto de la democracia española.

Voy a terminar ya. Como les dije perdí la votación, y mi grupo es sabio. El Grupo Socialista, en este sentido ha estado mucho más acertado que yo, y nos vamos a abstener. ¿Saben por qué? Porque por encima del desprecio que esta proposición de ley demuestra hacia nosotros, por encima de la intolerable equiparación que realizan de gobiernos democráticos, socialistas o de la UCD —que no me importa reivindicar— con dictaduras y con golpistas, por encima del ninguneo que realizan a la Ley de la memoria que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero y al trabajo de tantas y tantas organizaciones, alcaldes y personas del entorno o del Partido Socialista, por encima de todo eso no queremos romper los puentes, porque hay mucha gente que merece la pena en Compromís y porque tenemos campos en común para trabajar, y lo intentaremos en este ámbito y en muchos otros.

Nos vamos a abstener pese a todas esas coletillas de la ley y a sus palabras, porque, señor Mulet, no creo que sus palabras o esas coletillas de la ley representen el sentir de la mayoría de Compromís o de la mayoría de Podemos. Yo no creo que la mayor parte de las personas de buena fe que están detrás de las asociaciones de la memoria consideren un homenaje a las víctimas del franquismo la extensión de la iniquidad de la dictadura a los gobiernos democráticos socialistas. No lo creo, no creo que eso sea un buen homenaje. Nos vamos abstener precisamente por la memoria de las víctimas del franquismo, por lo caídos, por los represaliados y represaliadas, por lo exiliados socialistas y de tantos partidos y de tantas ideologías. ¿Sabe una cosa, señor Mulet? Las víctimas del franquismo, ellos y ellas, donde quieran que estén, sí nos distinguen, sí saben quienes fuimos y quienes somos los socialistas, porque no es la dignidad ni la memoria del Partido Socialista Obrero Español lo que está en juego en esta proposición de ley, lo que está en juego es que España cierre este debate de una vez y lo haga con la dulzura de la justicia, con la dulzura de la verdad y con la dulzura de la reparación, porque la memoria democrática del Partido Socialista Obrero Español no la puede manchar usted, señor Mulet.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, presidente.

Señorías, en más de una ocasión he escuchado en esta Cámara que para entender hay que escuchar, y eso es lo que he hecho preparando esta intervención: escuchar, leer, comprender y entender a las víctimas que sufrieron persecución, violencia y humillación durante la dictadura.

Hoy, que algunos se arrogan el título de presos políticos y de exiliados; hoy, que se acusa de fascismo y franquismo a quien disiente políticamente, tengamos presente más que nunca a las víctimas reales, porque eso sí es insultar su memoria, señorías.

Tengo que reconocerles que estudiando esta iniciativa me pregunto qué estamos haciendo mal, cómo es posible que cada grupo parlamentario presente una iniciativa diferente sobre este tema. Podemos caer en el error de pensar que esto es así porque en nuestro país no se reconoce ni se protege la dignidad de las víctimas de la dictadura, y, sin embargo, la mayor parte de las iniciativas que plantean los grupos parlamentarios ya están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de memoria histórica, en la Ley de enjuiciamiento criminal, en el Código Penal. También se podría pensar que la preocupación por el franquismo surge en época de elecciones o cuando gobierna el Partido Popular, pero, señorías, si les digo la verdad, aunque hay coincidencias, yo no creo que este sea el motivo real.

Entonces, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando cada grupo parlamentario presenta su propia iniciativa con la que definir, etiquetar y decidir cuál es la verdad, la verdad de lo que fue, de lo que debió ser y de lo que tendría que contarse sobre la historia y la memoria de nuestro país. Señorías, no es posible que legislemos sobre la responsabilidad, la memoria y el reconocimiento de las víctimas, sobre acontecimientos que pasaron hace más de cuarenta, cincuenta, sesenta, incluso setenta años, si cada uno de nosotros intenta imponer su verdad. ¿No se han planteado que quizás este sea el problema? Lo cierto es que cuarenta años después de la llegada de la democracia, aquí seguimos hablando de Franco y del franquismo.

Señorías, la historia son los hechos, pero la verdad es el juicio de valor que hacemos sobre ellos. Por eso la verdad de un país tiene que nacer del diálogo, del consenso y del respeto al diferente. Déjenme que les ponga un ejemplo, no sobre la Transición —señor Comorera, esté tranquilo que no es sobre la Transición, aunque bien podría serlo—, sobre Alemania. Algunos de ustedes han hablado aquí de Alemania. En la Alemania de los años sesenta se produjo un debate a raíz del XX aniversario de la liberación del campo de concentración de Dachau, en el que la sociedad alemana se dividió porque había quien pensaba que la mejor forma de avanzar era destruir todo el horror nazi para poder pasar página y había otros que consideraban que había que dejar todas las huellas precisamente para que no se olvidase de la memoria de las personas cuál había sido el horror. Señorías, eran diferentes formas de afrontar el pasado, eran diferentes sensibilidades de vivir el horror; eran válidas todas, y nadie acusó a nadie de nazismo o de fascismo por pensar diferente. Señorías, así es cómo se sobrevive a un pasado de división, de horror y de sufrimiento: juntos.

Señor Mulet, ¿quiere usted construir memoria democrática del Estado español? Pues es muy fácil, no llame usted fascista o franquista a quien, desde luego, no lo es solo por no pensar como usted. (Aplausos).

Señorías, no hace falta una ley para proteger la memoria democrática del Estado. Lo que hace falta es practicar los valores democráticos, y eso se hace en cada una de nuestras acciones: cumpliendo las leyes; presentando iniciativas para servir bien a los ciudadanos; tratándonos aquí de forma respetuosa, sin insultarnos simple y llanamente por pensar diferente. (Aplausos). Así es como se hace democracia y se construyen valores democráticos, señorías.

Señor Bildarratz, comparto muchas de las cosas que ha dicho usted hoy aquí, muchas. Ojalá se presentasen iniciativas que en lugar de sembrar odio y sectarismo y dividirnos sirvieran para construir, ojalá; ese día estoy segura de que podremos sentarnos a hablar.

Señores de Esquerra Republicana, les oigo aquí decir que son ustedes los mayores antifranquistas, y aún tengo en mente al exconsejero suyo que el otro día decía —mejor sería decir que gritaba— en Bruselas que este Gobierno es franquista. Yo tengo que reconocer el cinismo que muestran, teniendo en cuenta que son ustedes un clon del franquismo. Porque, fíjense, señorías: Franco tenía La Falange y ustedes tienen a la ANC y a Òmnium Cultural; Franco quería una España grande y libre, y ustedes quieren una Cataluña independiente y libre. (Aplausos); Franco decidía quiénes eran buenos y quiénes eran malos españoles, y ustedes deciden quiénes son buenos y malos catalanes; Franco convocó dos referéndums para vestir de democracia lo que era la dictadura y ustedes han intentado disfrazar de democracia un referéndum ilegal que lo que pretendía era robar nuestro país. (Aplausos). Claro. Franco también reescribía la historia e imponía la historia a su gusto, exactamente igual que ustedes, que Pleno tras Pleno nos muestran su ignorancia histórica.

No me miren con esa cara, señorías. Cada 11 de septiembre les vemos llevar flores a Rafael Casanova, al que pintan como el primer independentista; otra cosa que se han inventado: una guerra de la independencia en 1714, cuando la realidad, señorías, es que en 1714 había una guerra de sucesión en la que unos españoles apoyaban a los Borbones y otros a los Austrias, entre ellos, Rafael Casanova, que en un bando escrito de su puño y letra el 11 de septiembre dijo a los barceloneses, y cito textualmente: «Derramen ustedes gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España». (Fuertes aplausos). Pobre don Rafael si levantase la cabeza y viese en qué intentan convertirle. Es que por inventarse, hasta se han inventado que Colón era catalán, se han inventado unos países catalanes que jamás existieron, se han inventado que los españoles les robamos, cuando la realidad de la Cataluña del siglo XX es que se hizo grande y fuerte gracias a los cientos de miles de españoles que emigraron allí para trabajar junto a ustedes. (Aplausos).

Señorías, vienen ustedes al Pleno a dar lecciones de memoria histórica y democracia. Pues miren, lo primero que deberían hacer es dejar sus actitudes rebeldes y exigir al señor Puigdemont que se ponga en manos de la justicia, y de paso, si no es mucho pedir, cuando vengan a hablar de memoria histórica, estudien un poco de historia. (Aplausos).

Señores del Grupo Socialista, señora Moreno, qué pena que perdiese usted la votación, porque me asombra que ustedes se vayan a abstener ante una proposición de ley que quieren que tomemos en consideración que dice que la represión duró hasta 1990. ¿Se van ustedes a abstener en una toma en consideración de una proposición de ley que poco menos viene a decir que no se ha hecho nada hasta ahora para dignificar a las víctimas del franquismo? ¿Van ustedes a abstenerse en una ley que, aparte de mal redactada, confusa e incompleta, pretende adoctrinar y limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos? Señorías, sean valientes, no se dejen llevar por un mal titular; a veces, si se ha dado un mal paso, hay que retroceder, y lo mejor es esperar para hacer las cosas bien. Sean valientes.

Señorías de Podemos, ¡ya está bien! ¡Ya está bien! Llevo toda la vida aguantando la supuesta superioridad intelectual de la izquierda, que cuando se queda sin argumentos lo primero que dice, como un lorito, es que los demás somos herederos del franquismo. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! (Aplausos). Ustedes, valientes guerrilleros antifranquistas, cuarenta años después de que muriera Franco; ustedes, que exaltan el comunismo en esta tribuna cada vez que pueden; ustedes, que han trabajado y asesorado a los dictadores de América Latina; ustedes, que allí donde gobiernan someten a los ciudadanos a sus gracias, la última de las cuales es que los ciudadanos no podamos andar libremente por Madrid, ¿ustedes vienen a llamarnos a nosotros herederos del franquismo?

Señorías de Podemos, hace no mucho tiempo, un dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, recomendaba en un periódico a los lectores que leyesen a Carl Schmitt, que para quien no sepa quién era, diré que era el jurista alemán que nutría de doctrina y jurisprudencia al régimen nazi. Fíjense, en un artículo escrito por este señor en 1934 a colación de los acontecimientos de la Noche de los Cuchillos Largos, decía: En realidad, el acto del führer correspondió a una jurisdicción auténtica, no está sometido a la justicia, sino que constituyó en sí la más alta justicia. La judicatura del führer deriva de la misma fuente jurídica de la que surge el derecho de cualquier pueblo, lo cual me recuerda la máxima nazi de: «Yo soy el pueblo y, por tanto, el juez supremo, y si yo soy el pueblo, quien se mete conmigo se mete con el pueblo». ¿No les recuerda a nada? A mí me recuerda a Venezuela (Aplausos). Y qué casualidad que sea el señor Íñigo Errejón el que recomienda al señor Carl Schmitt. Tengo que ser sincera, nosotros somos más de Hans Kelsen, de la escuela austríaca, que para los que no lo sepan, fue perseguido por ser demócrata y por ser judío. Si no lo conocen, señorías, ya les prestaré algún libro, que tengo varios.

Y vamos a seguir hablando de parecidos razonables. Dice Pablo Iglesias (La señora senadora muestra una fotografía) que ellos no son de izquierdas ni de derechas, que solo distinguen entre los de arriba y los de abajo. Voy terminando, señor presidente. Y ahora les voy a repetir otra frase, a ver si les suena: «El movimiento de hoy, que no es de partido —sépase, de ahora—, no es de derechas ni de izquierdas, porque, en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una organización económica aunque sea injusta». Señor Primo de Rivera. (La señora senadora muestra otra fotografía.— Aplausos).

No soy experta en cartelería, no sé si se hace así para la foto. Cuando tengan ustedes ganas de llamarnos herederos del franquismo, recuerden estas fotos, señorías.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: No vengan ustedes a dar lecciones de democracia y libertad al Partido Popular, un partido nacido en democracia y que ha propiciado, participado y acompañado a los españoles en los grandes cambios sociales, económicos y políticos que han llevado a nuestra nación a la mayor prosperidad de nuestra historia.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley. La senadora Jurado Fernández de Córdoba ha hecho uso del voto telemático y ha votado en contra. Incorporaré su voto en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 40; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de reconocimiento y protección oficial de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática del Estado español.



LECTURA ÚNICA

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000007

El señor presidente da lectura a los puntos 9.2. y 9.2.1.

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores).

Guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio.

Se ha presentado una propuesta de veto a esta proposición de ley.

Turno a favor de la propuesta de veto. Propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo.

Voy a intentar recuperarme, porque estoy un poco anonadado después del discurso de la senadora Muñoz. (Rumores).

Hoy nos traen un nuevo parche, parche que llevó al Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Popular y no el Gobierno, que es precisamente el responsable del desaguisado digital de la justicia, con su reprobado ministro de Justicia a la cabeza. ¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular es el portavoz de lo que necesita la Fiscalía y no el Ministerio de Justicia? Es una pregunta que dejo aquí. Espero que me lo expliquen, porque en el Congreso de los Diputados lo preguntaron y todavía están esperando la respuesta. Tampoco al ministro de Justicia, tan explícito él en muchas ocasiones, le he oído decir nada. Eso sí, en la web del ministerio se dice que trabajan intensamente para lograr la transformación digital necesaria en las fiscalías. Ya vemos con qué resultado.

Todos sabemos por qué viene esta reforma. Recientemente, el Consejo Fiscal, por unanimidad, exigió la inmediata paralización del Plan de implementación de fiscalía digital establecido por el Ministerio de Justicia debido a los múltiples fallos técnicos y de planificación, que han supuesto un auténtico caos, un aumento considerable del tiempo usado para acceder a los documentos y, según denuncian, un derroche de fondos públicos. Así, nos traen otro parche para alargarlo unos años más, aprisa y corriendo, en tramitación directa y por lectura única. Es una nueva improvisación del desastre digital del Ministerio de Justicia. Por cierto, LexNET se les sigue quedando colgado cada dos por tres a miles de abogados y procuradores, a los que solo les queda llenar twitter de lamentos. Es el fracaso de un proyecto que se anunciaba a bombo y platillo y con pirotecnia electoral, pero que lo único que ha conseguido es quemar a todos y cada uno de los operadores jurídicos.

El caos es palmario y nace de una muy deficiente implantación de la digitalización de la justicia. Muchos anuncios grandilocuentes, pero la realidad es la que es y al final debemos traer proposiciones de ley como esta. No sabemos si es por falta de medios, por falta de voluntad o, lo que sería peor, por falta de capacidad del Ministerio de Justicia de poner en marcha aquello que pretendía una ley aprobada en el año 2015, pero lo cierto es que vemos una improvisación que se patentiza en la carencia de medios de las fiscalías de zona, inexistencia de planes efectivos de renovación de medios informáticos y falta de formación en el uso de LexNET. El proyecto estrella del ministro de Justicia, la justicia digital, tristemente sigue estrellado.

Por los datos, medios y circunstancias que han generado las ocurrencias del Ministerio de Justicia no se prevé ningún cambio en los problemas estructurales que han llevado al ministerio fiscal a esta situación. Según datos que este senador consultó al Gobierno el pasado mes de febrero, la cantidad por gasto de suministro en papel pasa de 164 000 euros en el año 2013 a 1 476 000 euros en el año 2016. En definitiva, estamos gastando más en papel y en tóner. Es un sistema de difícil compatibilidad con los dispositivos Apple, Fortum, Visor y Portafirmas, que son otras aplicaciones que están utilizando los distintos operadores jurídicos, un sistema que trabaja con PDF sin sistemas de búsqueda. ¿Se imaginan ustedes tener que trabajar de esta forma con un sumario que puede tener, por ejemplo, 20 tomos? En realidad, es toda una proeza.

Todos estos datos son los que hoy en día tenemos en su tópica justicia digital, y propuestas de modificación de leyes como la que hoy se pretende aprobar no incentivan, en absoluto, el cambio del estado de estas cosas, sino que lo enquistan, primando la desidia administrativa de este Gobierno.

Y me parece que no será por falta de medios económicos. Se han gastado millones de euros en LexNET e incluso en la compra de ordenadores. En el año 2016 se compran ordenadores ultraligeros, Microsoft Surface, 1300 unidades, y en un sistema que necesita lectores de DVD, porque mucha de la información está en DVD, resulta que estos ordenadores no tenían lectores de DVD, con lo cual no resultaban útiles para buena parte de los fiscales a los que se proveyó con ellos, dándose incluso el caso de que muchos de ellos los han devuelto. A pesar del gasto de dinero público, seguimos con una improvisación tras otra y, además, aquí nadie dimite por el desastre de esta gestión.

Pese a los anuncios del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del tristemente fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la realidad es que el caos y las dilaciones siguen siendo la norma en la Administración de Justicia. La ampliación del plazo para que la Fiscalía se adapte de forma efectiva a LexNET redunda en la dilación del conjunto del procedimiento, con el perjuicio que ello depara a la ciudadanía. Es realmente sorprendente que se hayan acortado al máximo los plazos de instrucción, seis meses, y el Gobierno y el Partido Popular se nieguen sistemáticamente a derogar la reforma, mientras que en paralelo se ponen todos los obstáculos informáticos posibles, generando dilaciones injustificadas y una clara merma en el sistema de justicia. ¿Ustedes a favor de quién legislan?

En algún punto tendremos que empezar a forzar para que se pongan los medios y procedimientos para que estos plazos se puedan poner en marcha y no tengamos que estar otorgando vacatio legis sistemáticamente. A ver si cumplimos de una vez el principio de igualdad de armas entre las partes y que el Ministerio Fiscal tenga los mismos plazos que el resto de los mortales. De ahí nuestra propuesta de veto, porque permitir nuevamente un plazo de dos años de adaptación al Ministerio Fiscal, que eran tres antes de la enmienda que aceptaron del Partido Socialista en el Congreso, además de mantener los diez días de plazo desde la recepción de las notificaciones para tenerlas por efectuadas, no es más que la constatación de un indisimulado fracaso, desincentivando legislativamente la falta de actuación digital de la Fiscalía, además de suponer un quebranto de la igualdad de armas del proceso.

Es por todo ello por lo que mi grupo parlamentario, y con el fin de incentivar legislativamente la adaptación digital del Ministerio Fiscal, presenta esta propuesta de veto a la proposición de ley, fijando un período de vacatio legis de un año en vez de los dos años propuestos, hasta el 1 de enero de 2019, porque creemos que debería ser suficiente, reduciendo durante este período de un año los plazos de diez a cinco días desde la recepción de las notificaciones para tenerlas por efectuadas, es decir, limitar al máximo la excepcionalidad, sin perjudicar a los fiscales, que tampoco merecen la gestión de este Gobierno.

Ya sé que no hay posibilidad de enmienda, pero no quería dejar pasar esta proposición de ley sin expresar aquí, con este veto, lo que nos parece la actuación del Ministerio de Justicia con la llamada justicia digital. Ya está bien de remediar la desastrosa gestión del Gobierno con parches legislativos a favor de una de las partes del proceso, lo cual, no lo olvidemos, vuelve a dejar en muy mal lugar a la justicia de este país en cuanto a la igualdad de armas entre las partes. La abogacía de este país y los tribunales han tenido que adaptar a las malas y a la carrera una implantación deficiente. ¿Por qué la Fiscalía, a pesar de disponer de ventajas temporales sobre el resto, sigue igual, con este trato privilegiado? Ustedes se olvidan con esta nueva prórroga del principio de igualdad de armas, que les recuerdo que es un principio básico sobre el que rigen las reglas del juego de la justicia española en relación con el artículo 24 de la sacrosanta Constitución y la tutela judicial efectiva. Con esta reforma le dan un total de cuatro años de privilegio a la Fiscalía en relación con el resto de partes. La Constitución debe cumplirse para todo, no solo para lo que a ustedes les interesa.

Si la Cámara finalmente aprueba la proposición de ley, se seguirán autorizando desidias administrativas indefinidas. El parche sobre el parche y el nulo incentivo legislativo a la adaptación digital, porque nada puede confirmarnos que este plazo no volverá a ser renovado por otra proposición de ley dentro de otros dos años, ralentizando en el ínterin el proceso para todas las partes y rompiendo con el principio básico de igualdad de armas. Y el problema de la Fiscalía no es solo un problema de comunicaciones telemáticas, es un problema de reformas organizativas que se siguen sin abordar, porque las excusas que nos van a dar, o las que ya dieron en el Congreso, ya se sabían en 2015, no hay nada nuevo.

Las singularidades de la oficina fiscal, derivadas del despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación, son las mismas que había en 2015, y el hecho de que haya habido dos elecciones generales tampoco me vale, pues en las primeras ya lo sabían, y se supone que el plan del Ministerio de Justicia debería estar hecho desde la aprobación de la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil de 2015.

Por todo ello, el mensaje que salga de esta Cámara debe ser claro, que la apuesta por un sistema de justicia de calidad y ágil debería ser seria y firme, y de ahí nuestra propuesta de veto. El Ministerio Fiscal debe adaptarse a la realidad del resto de operadores jurídicos, y el legislador no puede ir parcheando indefinidamente esta anómala situación.

Yo soy consciente de que no van a aceptar nuestro veto por su aplastante mayoría ficticia en esta Cámara, pero cuando menos les pido que no salgan aquí a dar excusas por esta nueva vacatio legis y reconozcan la chapuza del Gobierno del Partido Popular con la necesaria digitalización de la justicia. Se lo deben no a nuestros grupos parlamentarios, sino sobre todo a los operadores jurídicos que lo sufren a diario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Turno en contra.

Senador Ramis Socías, tiene la palabra.

El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, con fecha 29 de noviembre de este año tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo a la proposición de ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, que todos ustedes conocen, de enjuiciamiento civil, cuya finalidad era garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal. El Pleno del Senado acordó que dicha proposición de ley se tramitara en lectura única, y esto es básicamente lo que estamos sustanciando en el día de hoy en este debate.

¿Cuál es el objeto del debate? ¿Cuál es el contenido, en resumidas cuentas, y para que sus señorías se sitúen, de esta modificación? Simplemente, la prórroga durante los dos próximos años en la aplicación de la norma de cómputo de plazos, que afecta exclusivamente al Ministerio Fiscal y a las comunicaciones que se le remitan y que, en vez de computarse al día siguiente del recibo de esas notificaciones, se va a hacer a partir del undécimo día natural desde su recepción; prórroga que viene a sumarse a la que ya se estableció en 2015 para los años 2016 y 2017 y que finaliza, precisamente, el 1 de enero de 2018. De ahí su tramitación en lectura única y por el procedimiento de urgencia.

En este turno se trata de analizar la propuesta de veto que ha realizado el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una propuesta que, quiero dejarlo claro ya desde el principio, no podemos, no debemos aceptar; un veto que, básicamente, postula simplemente la fijación de un periodo de vacatio legis de un año en vez de los dos que se aprobaron en el Congreso, de los dos propuestos, solo hasta el 1 de enero del año 2019, y que reduce, en el periodo de este año que proponen ustedes, el plazo de diez días a cinco días desde la recepción de las notificaciones —inicialmente cinco días naturales, finalmente cinco días hábiles—.

¿Por qué no podemos aceptar esta propuesta de veto? Por varias razones. En primer lugar, y no es un tema menor, porque esta ley es fruto del consenso —ustedes lo saben—, del acuerdo que se alcanzó en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de noviembre, donde sin ningún voto en contra —sin ningún voto en contra, repito—, no hubo votos en contra, se aprobó esta ley; un consenso que, una vez más, se alcanzó gracias a la voluntad de acuerdo de distintos partidos, del mío, del Partido Popular, que aceptó una enmienda que le propusieron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, pasando su propuesta de la inicial prórroga de tres años a finalmente los dos con que se aprobó esta proposición de ley. Por tanto, creemos que es un consenso que no tendría hoy ningún sentido romper, al menos por parte de nuestro grupo, y espero que tampoco por el resto de los grupos.

Es su propuesta, señores de Podemos, pero en el Congreso de los Diputados se presentaron hasta cinco enmiendas a la proposición inicial. El pacto, el acuerdo, la conversación, hizo que finalmente se aceptase una enmienda. Y hoy ustedes son los únicos que mantienen —permítanme la expresión— el veto, dos años y cinco días. Como es lógico, es absolutamente legítimo y respetable, pero creemos que en este momento está fuera de lugar.

Por otra parte, por el tiempo y la experiencia transcurridos desde la aplicación de la presente norma, se ha puesto de manifiesto que las singularidades propias del ejercicio del Ministerio Fiscal por un lado, y la complejidad de la coexistencia de distintos sistemas de gestión procesal —hasta nueve coexisten en territorio español—, hacen de la modificación de la ley 42/2015 una aplicación muy compleja. Pero, señorías, esto no puede, no debe, no va a impedir seguir avanzando en la digitalización de la justicia, de sus notificaciones a través de LexNET, de la gestión procesal, a través de los distintos sistemas que coexisten en España, distintos e incompatibles.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular no desconocemos la realidad. Hay dificultades, y lo sabemos. Evidentemente —faltaría más—, un sistema con esta complejidad cuantitativa respecto a las funciones que hay que realizar, y cualitativa respecto a la ingente cantidad de documentos que hay que notificar, que hay que transmitir, hace que se produzcan, cómo no, disfunciones, errores. Y, sí, señoría, también caídas del sistema que a veces lo han dejado paralizado. Pero ello forma parte de una implementación informática de cualquier sistema extremadamente complejo, cual es el caso, un sistema complejo, amplio, profundo y, sobre todo, moderno. Porque, evidentemente, una de las características más importantes y más destacables de cualquiera de estos sistemas informáticos hoy en día es que necesitan de constantes implementaciones que afectan tanto a su software como a su hardware. De nuevas implementaciones que respondan a los nuevos retos, a cambios, a novedades continuas, pero que, obviamente, necesitan ser introducidas poco a poco, puestas en práctica, y ello, por supuesto, produce dificultades y disfunciones, sin que ello implique que no estemos ante un sistema fiable, aunque siempre debemos seguir mejorando, siempre debemos estar en continua mejora.

Pero yo quiero dejarles a ustedes, señor Comorera, y al resto de señorías, una reflexión que quiero intentar fijar en su mente. Es muy simple, muy llana, muy entendible y creo que muy didáctica. ¿Creen ustedes, señorías, señor Comorera, que alguno de los operadores jurídicos actuales —me da igual magistrados, letrados de la Administración de Justicia, procuradores o abogados— estaría dispuesto hoy en día a volver a las notificaciones de papel y sello de registro? ¿Lo creen? ¿Volver y renunciar a las 24 horas diarias de registro de documentos? ¿Al desplazamiento físico en sustitución del envío telemático? ¿De verdad lo creen? No. Pues esa es la respuesta, señorías. Y no solo en el ámbito de la justicia, sino en todos los ámbitos de la Administración del Estado.

Con la conciencia y el conocimiento de que ello no evitará que cometamos errores en el futuro —habrá dificultades—, estamos seguros de que con tiempo y paciencia lo superaremos. Ese era, señores socialistas —los que hay en este momento en la sala—, el espíritu de su Ley 18/2011, de modernización tecnológica, que ustedes elaboraron y que nosotros estamos ahora desarrollando en el ámbito de la justicia.

Acabo. Señorías, cuando hablamos de la justicia, en mayúsculas, de la justicia como concepto, como necesidad del Estado de derecho, de la democracia, nos queda aún un amplio camino por recorrer. Lo suscribo, estoy de acuerdo. Es más, les diría que la conformidad, pensar que está todo hecho en la justicia en nuestro país, debería estar proscrita, prohibida, porque jamás la justicia será suficientemente rápida, económica, equitativa, ni será suficiente. No podemos, no debemos aquietarnos, hay que ser ambiciosos, aspirar siempre a mejorarla, aspirar a más. Pues bien, debemos hacerlo con sentido común, con prudencia y, perdónenme, señorías, con posibilismo racional. Eso es, exactamente, lo que hacemos con esta proposición de ley.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy ampliar la vigencia de una medida que atiende las singularidades del Ministerio Fiscal en la tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene, así como las singularidades de la Oficina Fiscal, derivadas de su despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación. Esta vacatio legis por dos años más es imprescindible, porque el calendario de implantación de la fiscalía digital es de imposible cumplimiento. No puede entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2018 según estableció, hace apenas dos años, la Ley de enjuiciamiento civil, que incidió singularmente en el funcionamiento de la justicia, en la digitalización de los procedimientos y los trámites a través de lo que se ha dado en llamar papel cero. A estas alturas no es posible ocultar que avanza a trompicones el gran objetivo planteado por el Ministerio de Justicia con el Plan de fiscalía digital. Se han detectado fallos y anomalías en algunas aplicaciones y se queda muy corto el periodo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, que contempla un régimen de excepción en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, fijando, respecto de este, en diez días naturales el plazo establecido en el artículo 151.2 de dicha ley. El propio Consejo Fiscal, en una reunión del pasado 25 de octubre, acordó, por unanimidad, la exigencia al Ministerio de Justicia de la inmediata paralización del Plan de implantación establecido en tanto no exista un único sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad en las actuaciones.

He de señalar que en Asturias llevamos un atraso acumulado insostenible, penalizado, sobre todo, por la pasividad del Gobierno autonómico de Javier Fernández. La Fiscalía ni siquiera tiene conexión a LexNET, pese a que los programas de gestión procesal son los mismos que los del territorio ministerio.

Siendo conscientes de la enorme complejidad de gestionar procedimientos que generan anualmente cientos de millones de notificaciones, actos y comunicaciones electrónicas, existe un severo problema con la justicia digital que es urgente atajar. Por ello, votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Desde luego, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la presente proposición de ley. Entendemos que es una exigencia del Ministerio Fiscal, que reclama más medios y más tiempo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo entendemos y estamos siempre a favor de que la justicia vaya a más. Como bien acaba de señalar el senador del Grupo Popular, en la justicia siempre queda mucho por hacer, nos queda muchísimo. Esto es dar un pasito más, pero hay muchos pasos que dar en esta lucha. En la medida en que hemos sido flexibles con el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el principio de igualdad de armas, que también señaló el senador del Grupo Parlamentario Podemos, me gustaría señalar que el artículo 149 de la Ley de enjuiciamiento civil señala que los actos de comunicación son, entre otros, citaciones, notificaciones y emplazamientos. Esto también afecta a los letrados y a las letradas, por lo que me gustaría, teniendo en cuenta los grandes fallos de LexNET, por todos reconocidos aquí, que afectan a su actividad diaria, que de la misma manera que se es sensible con el Ministerio Fiscal —estoy totalmente de acuerdo en ayudarlos en su actividad, porque son un pilar fundamental para que la justicia sea objetiva e imparcial y para que haya una justicia material para el justiciable y para todos los ciudadanos—, también hay que ser solidarios y sensibles con las realidades del resto de componentes que forman la justicia y que participan de ella, como son los letrados, las letradas, los procuradores y las procuradoras.

Por todo ello, votaremos a favor de la presente proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Denegaciones). No hay más intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras en esta intervención las dedico a los cuatro presos políticos que se encuentran aquí, en las cárceles de Madrid, cumpliendo prisión preventiva de forma injusta, muy injusta. Los cuatro senadores del PDeCAT no pararemos de pedir su libertad hasta que los tengamos donde deben estar en estas fechas navideñas, que es en su casa, con sus familias y sus amigos, pues la Navidad es tiempo de esperanza, y espero que esa esperanza sea muy pronto una realidad. (Aplausos).

Dicho esto, en el PDeCAT entendemos que no solo se han tenido dos años, dos más dos, o sea, cuatro, para hacer lo que el Ministerio de Justicia debía hacer, hacer bien su trabajo, pues dispone de todos los recursos, y el presupuesto suficiente para ello, para hacer que una cosa que debía de ser posible aún no lo es. Ello es una muestra más de la lamentable técnica procedimental cuando hablamos de la modernización de la justicia. De hecho, ya fue un fracaso cuando se desarrolló la digitalización de la justicia, y parece que también lo será cuando hablamos de comunicación con la Fiscalía, pues todo apunta a que también se hará una chapuza más, y no será por falta de tiempo —son cuatro años— ni de recursos ni de presupuesto, porque han tenido más que suficiente y mucho más del que inicialmente estaba previsto si se hubiera hecho bien.

Es incomprensible que en pleno siglo XXI, siglo de la era digital, sea imposible que la Administración de Justicia del Gobierno del Estado español sea eficiente, eficaz, moderna, ágil e innovadora. Señorías, han tenido dos años y ahora piden dos años más para modernizar, agilizar y garantizar el funcionamiento y las notificaciones, y parece ser que aún no están preparados, lo que es lamentable. Pero sí han tenido tiempo, agilidad y celeridad para emitir notificaciones en 24 horas a las personas imputadas injustamente y que ellos sean el resultado de una vistilla por la prensa. Eso sí que es lamentable e injustificable. En eso sí que hay celeridad en la era digital; en eso sí que son operativos, en esos casos sí que podemos decir que tenemos una Administración de Justicia eficaz, muy eficaz.

Ustedes, para lo que les conviene, tienen mucha prisa, no tienen que esperar dos o cuatro años, con veinte minutos tienen más que suficiente. Tienen mucha prisa para encarcelar a presuntos delincuentes, que lo son por tener ciertas ideas, pero no para dar apoyo o soporte a programas informáticos, motivo de esta proposición. Para eso necesitan más de cuatro años, y para nosotros esto es una vergüenza. Por ello, no es de extrañar que en España la mayoría de la población no crea en la modernización de la Administración de Justicia.

Pero vamos a lo que vamos. Si bien no nos gusta para nada la forma en que se está llevando a cabo este proceso de digitalización y notificación, no nos vamos a oponer a ello, porque entendemos que es urgente y necesario, aunque no sea un buen modelo a tener en cuenta ni un ejemplo a seguir. Por tanto, nosotros nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Los fiscales se rebelan contra el plan digital de Justicia. Es imposible trabajar así. Algo tan sencillo como verificar una decisión judicial antes nos llevaba treinta segundos en papel; ahora, en digital, tardamos siete minutos. El sistema es lento y deficiente. Es una chapuza.

Son palabras de una fiscal de Valladolid y vocal del Consejo Fiscal. Los 25 fiscales de la provincia seleccionada para el proyecto piloto de fiscalía digital, casi doce meses y varios millones de euros de dinero público después, denuncian que la iniciativa es un estrepitoso fracaso. Múltiples fallos técnicos y de planificación han desembocado, según los fiscales, en un auténtico caos, en un derroche de fondos públicos.

Todo esto que les he leído aparecía publicado en un diario digital el pasado 7 de noviembre. Después los problemas se han trasladado a las fiscalías de Badajoz y Cuenca, donde denuncian que la situación es igual de calamitosa. Eso lo vienen denunciando los fiscales de Valladolid desde el principio, desde que la fiscalía digital se implantó en Valladolid. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Justicia? Nada. Dos asociaciones de fiscales ya hicieron un comunicado conjunto en el mes de julio en contra de la implantación, en las fiscalías de toda España, del proyecto papel cero mediante un sistema informático que califican de altamente ineficiente. En el comunicado recordaban que han denunciado reiteradamente las deficiencias de la aplicación Fortuny, el errático, interminable, costosísimo e inoperante proceso de informatización del Ministerio Fiscal y la acrítica y sumisa ejecución de la política equivocada del Ministerio de Justicia, que consideran inadmisible.

Hoy, cuando ya se acaba el año, nos traen esta proposición de ley. Ya les adelanto que nuestro grupo parlamentario se va a abstener. No vamos a votar a favor porque no estamos dispuestos a dar por buena su desastrosa gestión de la justicia digital, pero tampoco vamos a votar en contra, porque alguna solución hay que dar a la incapacidad de proporcionar a la fiscalía las herramientas necesarias para que puedan trabajar como se merecen. Pero no entendemos que un periodo inicial de dos años se acabe alargando otra vez dos años. Lo lógico sería reducir el tiempo porque, si no, al final, el mensaje que estamos lanzando a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia es que no pasa nada, que todo puede continuar igual, que no es necesario abordar la reorganización de la que hablaba el informe del Consejo Fiscal sobre el Decreto de comunicaciones telemáticas. Eso sí, vamos a seguir exigiendo que ese nuevo plazo de dos años que vamos a confirmar hoy se acorte y que, de una vez por todas, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado se pongan las pilas para que la fiscalía digital sea una realidad cuanto antes y todos los operadores jurídicos trabajen con igualdad de armas. Porque lo que existe es un defecto de base, de planificación, y eso es culpa de este Gobierno.

No estamos en contra, sino todo lo contrario, de la digitalización de la justicia ni de la fiscalía digital. No queremos la vuelta al papel, pero entiendan ustedes que es nuestra obligación denunciar lo que es una chapuza, porque para eso somos un partido de la oposición. O sea, que vuelven a tener un máximo de dos años para dar con un sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de acceso fácil, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones. ¿Serán capaces? ¿O de aquí a dos años volverán al Legislativo a pedir una nueva prórroga? Veremos, pero, dados los antecedentes, permítanme mostrarme muy escéptico.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas noches.

Hoy es 13 de diciembre, último Pleno de 2017, y llega a esta Cámara una proposición de ley para modificar la reforma de 2015 de la Ley de enjuiciamiento civil. Por cierto, si el Gobierno fuera valiente debiera ser él el que presentara esta propuesta y el propio señor Catalá, sentado en el banco azul, tendría que presentarla. Pero no es así. La traen con la intención, espero, de prorrogar por dos años, gracias a una enmienda socialista en el Congreso de los Diputados, la puesta en marcha de la denominada fiscalía digital, tras otra prórroga anterior de dos años, como se ha dicho, solicitada por la Fiscalía General hasta el 1 de enero de 2018.

Por lo tanto, deprisa y corriendo, a falta de dieciocho días para que acabe el año, aprobaremos hoy otra demora más, pero la aprobaremos no como ustedes dicen, por su singularidad, por los procedimientos, por las elecciones generales, incluso como se ha mantenido por parte del Ministerio de Justicia, que creo que es lo peor, por la actitud de los fiscales que se resisten al cambio —han dicho ustedes—. Señorías, hoy nos vemos obligados a retrasar la entrada en vigor de la Fiscalía digital por su mal hacer, por no atender a nadie y por su cabezonería.

Las asociaciones de fiscales llevan tiempo avisando de los problemas que está dando la implantación de la Fiscalía digital. Les pidieron que paralizaran el calendario a la vista de los problemas de funcionamiento, de seguridad y de confidencialidad; ustedes, como si oyen llover. El Consejo Fiscal, hace un mes, mediante un informe de 25 de octubre, solicitó que suspendieran el plazo el 1 de enero de 2018; ustedes, como si oyen llover. La implantación de la Fiscalía digital en Valladolid, en Burgos, en Cuenca o en Badajoz ha sido un caos. Eso lo dicen los propios usuarios, que son los jueces y fiscales de Valladolid, de Burgos, de Cuenca o de Badajoz. Les han dicho que el sistema es altamente ineficaz, que tiene múltiples fallos técnicos y de planificación. En definitiva, un caos, y ustedes, como si oyen llover. Pues ha dejado de llover. El diluvio ha caído sobre la justicia española y hoy nos traen una proposición de ley para aprobarla con un paraguas.

La transformación digital de la justicia, la transformación digital de la Fiscalía debiera ser una pieza básica para el ordenado y el correcto funcionamiento de la justicia española. ¿Y saben lo que está siendo? Un atropello y un derroche de fondos públicos; un fracaso y una nueva improvisación más del todavía ministro de Justicia.

Señorías, los fiscales llegan a manejar hasta cuatro aplicaciones distintas que no están interconectadas y que, además, ralentizan su trabajo. Han llegado a demostrar, y el ministerio lo sabe, que lo que en papel los fiscales hacían antes en un minuto, en digital tardan diez minutos en el mejor de los casos. Para eliminar el papel —ustedes lo saben— se empezó a utilizar el sistema Fortuny, que nació como una aplicación estadística con LexNET para comunicaciones; repito, Fortuny. Para las declaraciones se creó Arconte 2, para el acceso a la aplicación se creó Visor 3. Cuatro sistemas con LexNET, Fortuny, Arconte y Visor y, además, el portafirmas digital, que, por cierto, también funciona mal y ya hay alguna denuncia de vulneración de la Ley Orgánica de protección de datos.

Les voy a poner un ejemplo que ustedes seguro que conocen. Cuando un fiscal entra en su despacho por la mañana, enciende del ordenador —le da al botoncito— y lo primero que hace es ir a Visor —va a Visor para ver si tiene algo en el juzgado—. Después entra en LexNET 2, para ver lo que el juzgado le requiere. Si por casualidad tiene alguna declaración, ese fiscal entra en Arconte para visualizar las grabaciones, que, dicho de paso, también tiene que ver enteras porque no puede adelantar o retroceder las imágenes. Se lo están imaginando, ¿verdad? Tiene que hacer todo ese peregrinaje, y si por el camino no se ha caído el sistema, que suele ser lo habitual. Para acabar va al portafirmas para aprobar sus gestiones. Es decir, cual saltamontes va de un programa a otro porque no están integrados ni conectados. Es imposible trabajar así.

El mismo fiscal va ahora a la sala de vistas. En la era papel, el fiscal llevaba una carpeta con la causa donde tenía marcados sus documentos, los que le interesaban, pero ahora no, ahora estamos en la era app digital —papel cero, no se olviden—. Él baja a la sala con un ordenador —cuesta 1300 euros más o menos el portátil— y no lleva ni carpeta ni pósit, ni rotuladores fosforitos, ni marcadores, pero el ordenador no funciona. Y no funciona porque no hay wifi en el edificio judicial y muchas veces no hay ni siquiera cable para conectar el ordenador a la pared. ¿Qué hace el fiscal entonces? Ese fiscal de Burgos o de Valladolid o de Toledo, ¿qué hace? Sube otra vez a su despacho, se baja la carpeta con los papeles, el pósit, el rotulador y vuelve a ponerse no en digital sino en papel. Un desastre.

Ese fiscal no ha acabado todavía la jornada. Se va a su casa. Como no ha podido trabajar en el despacho y no ha podido ejercer en la sala, va a su casa y dice el hombre: bueno, voy a ver si aquí, por la noche, puedo trabajar un poco ahora. Tampoco puede trabajar desde el ordenador. Le pongo como ejemplo que en Valladolid a los jueces les han dado un ordenador, a los letrados de la Administración de Justicia, a los fiscales, para cien personas, ordenador que, como les digo, cuesta 1300 euros, 130 000 euros del ala. Este fiscal se sienta en su casa, enciende el ordenador pero tampoco puede entrar en el sistema.

Señorías, señor todavía ministro de Justicia allá donde esté, ya está bien con la broma de la digitalización de la justicia. Hoy tenemos una cataplasma más en la modernización de la justicia, pero lo cierto es que no se pueden retrasar más las aplicaciones telemáticas. Señor Comorera, han asumido ustedes nuestra propuesta de 2 años para intentar arreglarlo. Por favor, hagan que esta nueva prórroga de 2 años sirva y eviten un régimen de excepción al que nuevamente nos lleva su Gobierno.

Desde hace cinco años —ustedes antes hablaban del comienzo de la digitalización con el Gobierno del señor Zapatero— ustedes quisieron establecer un nuevo orden en la justicia, pero su nuevo orden nos ha llevado a un nuevo caos en la justicia. ¿Saben lo que dijo Steve Jobs? Decía que no hay que tener fe en las nuevas tecnologías, hay que tener fe en la gente. Si a la gente le das buenas herramientas, las cosas que harán serán maravillosas. Por eso los socialistas queremos que las nuevas tecnologías se alíen con la justicia, que se den buenas herramientas a los profesionales de la justicia y que ellos hagan que la justicia sea más rápida, más imparcial, independiente, más responsable y más próxima al ciudadano.

Por tanto, solo les pedimos que atiendan a los profesionales y usuarios, que no derrochen más fondos públicos con más parches de programas de optimización, que no hagan cócteles con las aplicaciones informáticas. Replantéense la implantación del proyecto de Fiscalía digital, tienen 24 meses de moratoria, pero, por favor, no hagan como lo que están haciendo con el Registro Civil, que cada día que pasa es peor. Que no les dé todo igual, porque al final son los ciudadanos los que siguen pagando los fracasos de un ministro fallido, porque son los profesionales de la justicia los que siguen sufriendo los fiascos de un ministro insolvente y porque es la propia justicia española la que sigue padeciendo a un ministro —ya que ni se va ni le echan— que está reprobado, que toma decisiones y, sobre todo, que provoca confusión y desorden. Por esto, señorías, porque los socialistas no queremos que se causen más perjuicios al Ministerio Fiscal, a la propia función pública del Ministerio Fiscal y, por supuesto, a los ciudadanos, apoyaremos esta proposición de ley, porque si no fuera así, dentro de 18 días ese desorden, el desconcierto y el lío en los juzgados sería tan grande que el caos en la justicia de nuestro país el día 1 de enero sería mucho más frecuente y ordinario de lo que todavía es hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, en algo estamos de acuerdo: en que los avances en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación constituyen un potente instrumento, una potente herramienta para el desarrollo de nuestras actividades diarias y, más aún, para la mejor prestación de los servicios públicos que corresponden a las administraciones públicas.

Originalmente ya la ley, nuestra Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, recogió esta inquietud al regular el uso de las técnicas y de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración de justicia. A partir de ese momento han sucedido otras iniciativas, otras leyes y otras reformas de esas leyes que nos traen precisamente al momento actual. Por eso los medios electrónicos que utiliza la Administración de justicia en relación con los profesionales de la justicia y las propias oficinas judiciales están facilitando el camino, y todo ello, señorías, con la finalidad de una aplicación generalizada de los citados medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de justicia con los profesionales y con los ciudadanos.

Pues bien, esta proposición de ley, como ya se ha comentado por parte de mi compañero de grupo, el señor Ramís, da un paso más en esa línea, en esa reforma de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor y mejor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, relegando el soporte papel a un carácter meramente subsidiario. Se pretende, señorías, como ya se ha dicho, conseguir mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los procedimientos, también ahorro de costes para el Estado y para los ciudadanos, y desde luego que se refuerzan las garantías procesales.

En definitiva, señorías, vamos hacia un nuevo concepto de Administración de Justicia y será un paso más para mejorar sin duda el servicio público que constituye esta.

Señorías —se ha dicho ya—, en este contexto tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Justicia han venido trabajando intensamente en los últimos meses para mejorar lo que debemos pensar que ha de llegar, que es la transformación digital necesaria en las fiscalías y que estas puedan prestar un servicio público de justicia más ágil y eficiente, propio del Estado actual del siglo XXI.

La proposición de ley, señorías, pretende poner los medios necesarios a disposición del Ministerio Fiscal para que puedan trabajar en defensa de la legalidad con más comodidad y, sin duda alguna, con mayor celeridad. Estamos contribuyendo —créanme, créanlo— con esta iniciativa a impulsar responsablemente el proceso de digitalización de la justicia, algo, señorías, que no negarán que es bueno para todos. Modernización tecnológica, señorías, modernización tecnológica.

Como no quiero incrementar la ya cansada atención de sus señorías, termino inmediatamente.



Seamos positivos, es lo que les pido, seamos positivos y hagamos una justicia moderna. Colaboremos, los fiscales nos lo han pedido; los fiscales nos dicen que esto ayudaría mientras se reorganiza, se adapta la reorganización y se dota de medios necesarios para proporcionar igualdad territorial a las fiscalías, que, es verdad, señorías, no todas funcionan homogéneamente. Señorías, el texto que hemos planteado busca precisamente eso. Por tanto, les pido en nombre del Grupo Parlamentario Popular, apoyo a esta iniciativa y, si es posible, señorías, con una posición lo más amplia posible desde el convencimiento de que ayudará a la definitiva modernización de la Administración de justicia, que estimo es un objetivo que estamos todos persiguiendo.

Nada más.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Pérez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, procedemos a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Ha habido votación telemática. La senadora Beatriz Jurado, en su uso de este tipo de votación, ha votado que no; se sumará al resultado que aparezca ahora en las pantallas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 1 voto telemático, 231; votos emitidos, 225 más 1 voto telemático, 226; a favor, 23; en contra, 196 más 1 voto telemático, 197; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rechazada la propuesta de veto, votamos a continuación el texto de la proposición de Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En este caso no ha habido uso de la votación telemática.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 225; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.



HABILITACIONES

COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS. 551/000036

El señor presidente da lectura al punto 10.

El señor PRESIDENTE: Antes de someter a aprobación las habilitaciones, les comunico que a continuación se reunirán Mesa y Portavoces de la Comisión Conjunta de las comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional en la Sala Luis Carandell; la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la Sala Enrique Casas; la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, en la Sala Clara Campoamor.

Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

Se solicita la habilitación para la celebración de tres reuniones extraordinarias de la ponencia de estudio de los movimientos migratorios en el marco iberoamericano, constituida en el seno de la mencionada comisión los días 12, 19 y 26 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro entrada 74086.



COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 551/000037

El señor PRESIDENTE: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se solicita la habilitación para la celebración de reuniones extraordinarias de la ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español, constituida en el seno de la mencionada comisión durante el mes de enero de 2018 para elaborar el correspondiente informe.



COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 551/000038

El señor PRESIDENTE: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Se solicita la habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la mencionada comisión los días 17 y 31 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 74823.



COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 551/000039

El señor PRESIDENTE: Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Se solicita la habilitación para la celebración de tres reuniones extraordinarias de la ponencia de estudio sobre el pacto educativo, constituida en el seno de la mencionada comisión los días 10, 11 y 29 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 74952.



COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 551/000040

El señor PRESIDENTE: Comisión de Educación y Deporte.

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria en la mencionada comisión el día 24 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 75111.



COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 551/000041

El señor PRESIDENTE: Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 17 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76306.



COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000042

El señor PRESIDENTE: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Se solicita la habilitación para la celebración de cuatro reuniones extraordinarias de la ponencia de estudio sobre genómica, constituida en el seno de la mencionada comisión los días 9, 16, 23 y 30 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76307.



COMISIÓN DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. 551/000043

El señor PRESIDENTE: Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 18 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 76416.



COMISIÓN DE INTERIOR. 551/000044

El señor PRESIDENTE: Comisión de Interior.

Se solicita habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 18 de enero de 2018, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 77036.

¿Se aprueban dichas habilitaciones? (Asentimiento).

Quedan aprobadas.

Muchas gracias, señorías.

Teniendo en cuenta que este es el último Pleno del periodo de sesiones, les deseo muy felices Navidades a todos y lo mejor para el año que viene. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y veinte minutos.


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