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DS. Senado, Pleno, núm. 42, de 27/09/2017
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 22

celebrada el miércoles, 27 de septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora del sistema informático LexNET. 671/000041 administración pública; sistema judicial; tratamiento de datos GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a incorporar los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón (Burgos) en el territorio histórico de Araba/Álava. 671/000039 Condado de Treviño (Burgos); País Vasco; administración local; división administrativa; enclave territorial JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el derecho comunitario e internacional. 662/000068 Cataluña; autodeterminación; relación Estado-entidades territoriales GPN


Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el marco normativo que regula los delitos relacionados con la usurpación de inmuebles. 662/000069 infracción; vivienda GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha todas las medidas necesarias para frenar el fracaso escolar en la población más desfavorecida. 662/000070 formación del profesorado; retraso escolar GPP


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de modificación de determinados preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 622/000009 Derecho del trabajo; modificación de la ley GPPOD


DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000004 contrato; licitación Hacienda y Función Pública


Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000005 juicio; protección del consumidor Sanidad y Servicios Sociales


Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. 621/000003 explosivo; proyecto de ley Interior


REQUERIMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN TRATADO INTERNACIONAL

Solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016. 751/000001 Canadá; Unión Europea; acuerdo comercial; acuerdo económico; cuestión de inconstitucionalidad GPPOD

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO LEXNET. 671/000041 GPS

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas a iniciativa del señor Mulet García y este senador.

El señor Comorera Estarellas defiende las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Delgado Cáceres defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro 58368 y 58370 y las del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con números de registro 58555 y 58557.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Cáceres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro 58368 y 58370 y las del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con números de registro 58555 y 58557, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 146; abstenciones, 1.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCORPORAR LOS MUNICIPIOS DE CONDADO DE TREVIÑO Y LA PUEBLA DE ARGANZÓN (BURGOS) EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ÁLAVA. 671/000039 JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

El señor Iñarritu García defiende la moción.

El señor Gallastegui Altube defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Iñarritu García expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

A continuación, hace uso de la palabra el representante del Grupo Territorial Grupo Vasco Podemos-Euskal Taldea, señor Arrieta Arrieta, que lo ha solicitado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iñarritu García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Gallastegui Altube, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Palencia García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 28; en contra, 209; abstenciones,



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO COMUNITARIO E INTERNACIONAL. 662/000068 GPN

El señor Bagué Roura defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

La señora Vilà Galán defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Montilla Aguilera defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Bagué Roura expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las cuatro del Grupo Parlamentario Mixto y las tres del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A continuación, interviene la representante del Grupo Territorial Grup Català de En Comú Podem, señora Vilà Galán, que lo ha solicitado.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, la señora Domínguez de Posada Puertas y el señor Iñarritu García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guardingo Martínez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Albiol, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 207; abstenciones, 1.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA MEJORAR EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA USURPACIÓN DE INMUEBLES. 662/000069 GPP

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ni de la del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Aparicio Calzada defiende la moción.

El señor Alegre Buxeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

El señor Mulet García defiende las 12 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas a iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

El señor Rodríguez Cejas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Guijarro Carrillo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Garrido Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Moreno Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Aparicio Calzada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 210; en contra, 20; abstenciones, 6.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER EN MARCHA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FRENAR EL FRACASO ESCOLAR EN LA POBLACIÓN MÁS DESFAVORECIDA. 662/000070 GPP

El señor Marí Torres defiende la moción.

El señor Marcos Arias defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa del señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el propio señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas a iniciativa del señor Mulet García y este senador.

El señor Rodríguez Cejas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Lima Gozálvez defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora González García expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto con número de registro 58527, la del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) con número de registro 58538 y la del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con número de registro 58541.

En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront, el señor Navarrete Pla y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Lima Gozálvez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Fernández Blanco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor González García, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de las enmiendas con números de registro 58527, del Grupo Parlamentario Mixto; 58538, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), y 58541, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 149; en contra, 6; abstenciones, 84.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 622/000009 GPPOD

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, informa a la Cámara de que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Freixanet Mateo defiende la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guardingo Martínez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Brío González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000004 Hacienda y Función Pública

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 1 a 4, presentadas inicialmente por el señor Mulet García y este senador, y da por defendida la número 5, presentada inicialmente por la señora García Díaz.

Decaen las enmiendas 229 a 245 y 247 a 252, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Etxano Varela defiende las enmiendas 78 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Decaen las enmiendas 6 a 9, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Martínez Ruiz defiende las enmiendas 10 a 71 y 74 a 77, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Valentín Navarro defiende las enmiendas 81 a 112, 114 a 144, 146 a 183 y 185 a 228, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rubio Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martínez Arcas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Votación). 622/000009 GPPOD

Se rechaza la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 87; en contra, 141; abstenciones, 4.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000004 Hacienda y Función Pública

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000005 Sanidad y Servicios Sociales

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor interviene la señora Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

Decaen las enmiendas 28 a 37, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Ahedo Ceza defiende la enmienda 27, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Canals Lizano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bernal Lumbreras, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Borao Aguirre, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. 621/000003 Interior

El señor González Vázquez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

Decaen las enmiendas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Gallastegui Altube defiende la enmienda 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 5 a 11, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor García Mañá defiende las enmiendas 14, 16, 18 y 19, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pérez Castilleja, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Gallastegui Altube, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor García Mañá, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que se ha presentado una propuesta de modificación de alcance estrictamente técnico, por lo que considera que no se debe someter a votación.

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



REQUERIMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN TRATADO INTERNACIONAL

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. 751/000001 GPPOD

La señora Villanueva Ruiz defiende la solicitud de requerimiento.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pérez Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront, el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Villanueva Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Ortiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 23; en contra, 148; abstenciones, 57.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO LEXNET. 671/000041 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado doce enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; seis del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción consecuencia de interpelación al todavía ministro de Justicia, y la presentamos, si cabe, con más profundidad después de escuchar al señor Catalá hace quince días y después de que el sistema LexNET sufriera una nueva incidencia el pasado 19 de septiembre, hace tan solo ocho días.

Lo ocurrido el pasado 27 de julio y 1 de septiembre fue para el reprobado ministro de Justicia, según sus palabras en esta Cámara, una serpiente de verano ya que, como en estas fechas no hay noticias, se distorsiona y se magnifica lo sucedido. Fue, para el reprobado ministro, una brecha de seguridad que se generó por una actualización del sistema en el mes de julio —dicho sea de paso, la 23 actualización—. Fue, para el agotado y todavía ministro de Justicia, un fallo por una manipulación, porque nadie está libre de la ciberdelincuencia, y lo del pasado día 19 fue una disfunción intermitente.

En definitiva, señorías, según el señor Catalá lo ocurrido el 27 de julio, 1 de septiembre y 19 de septiembre tan solo fueron falsedades y exageraciones, es decir, todos somos unos exagerados que extremamos lo sucedido, porque fue una brecha, una distorsión intencionada del sistema o una incidencia intermitente, como sucedió hace una semana.

Señorías, esto es poco serio, ¿no? ¿De verdad creen ustedes que lo ocurrido en julio y en septiembre fue una brecha? ¿De verdad piensan ustedes que es algo esporádico? Lo ocurrido fue un gran despropósito en la seguridad del sistema de Justicia. La indolencia y la desidia del ministro provocaron que el sistema estuviera parado más de tres días. Según datos del propio ministro, multipliquen ustedes: 45 000 comunicaciones a la hora por más de 72 horas parado. Y la última caída fue desde la mañana del 19 hasta, al menos, primera hora del miércoles 20. Y esto para el señor Catalá fue una brecha, una intermitencia. Señorías, un poquito de por favor. Esto fue un pedazo de grieta, una gran fisura que evidenció que el sistema no funciona y no es fiable. ¿Fue un error inadmisible que a todas las administraciones se les cayeran y colapsaran los sistemas, incluso la página web de Barakaldo, en fiestas, en 2010? Esto no es disculpa.

Señorías, se perturbó la seguridad jurídica, se accedió a datos de terceros y se expuso el sistema. Lo primero que debe hacer el ministerio es reconocer que existe un problema porque, si no, nunca podrá ser resuelto.

En la interpelación se lo dijimos al todavía ministro: los socialistas queremos que la justicia funcione, y que funcione bien; queremos que la justicia sea ágil; queremos que la justicia se modernice, pero para eso hay que hacerlo bien, y eso les toca a ustedes; y ustedes, lamentablemente, lo están haciendo francamente mal.

Señorías, el sistema LexNET de comunicaciones, que gestiona los expedientes judiciales, debe facilitar el trabajo a los abogados y procuradores, tiene que dinamizar los procedimientos, pero, hoy por hoy, es un problema más que una solución. El mal ambiente entre abogados y procuradores es general, y lo peor es que lo fue ya desde su implantación obligatoria en 2015, porque el señor ministro lo implantó/obligó —permítanme la expresión— deprisa y corriendo, con inseguridad y desconocimiento, y tan solo por cumplir con la máxima de papel cero, por lo que, a costa de lo que fuera, aceleraron y se precipitaron.

Señorías, la digitalización de la justicia no puede esperar más. Desde 2004 hasta hoy se han producido 350 millones de comunicaciones a través de LexNET. Esto es un éxito. Piensen cómo hubiera sido ese éxito si el sistema fuera seguro y eficaz; piensen lo que hubiera sido sin parcheos cada dos por tres; piensen lo que hubiera sido sin problemas estructurales y con medidas de seguridad. Se lo dijimos hace quince días: la transformación tecnológica de la justicia es un desafío del Estado, y por ello presentamos esta moción en esta Cámara, que, entiendo, debería asumir el grupo mayoritario.

Lo primero que pretendemos nosotros es que a LexNET se le dote de medios técnicos, económicos y humanos que garanticen el funcionamiento, operatividad y fluidez, y el señor Catalá afirmó en este Pleno que es necesario invertir más en LexNET para que tenga un mejor servicio.

En segundo lugar, solicitamos que el sistema informático tenga capacidad para que el objetivo papel cero sea posible —papel cero fue el proyecto estrella del señor Catalá en 2016 y, por lo tanto, supongo que estarán de acuerdo con él— y para evitar, como él decía, los colapsos casi diarios, o para que el sistema, como digo yo, no sea de informática casera.

En tercer lugar, y último punto, solicitamos que se abra un diálogo con los agentes vinculados con la justicia. El propio todavía ministro, hace quince días, avanzó que se había comprometido con abogados, procuradores y graduados sociales para trabajar juntos.

Por tanto, señorías, no me queda otra opción que suponer que el grupo mayoritario de la derecha aceptará esta moción.

Para acabar, señor presidente, la informática debe dar seguridad y ofrecer agilidad. El papel cero no debe quedarse en papel mojado, y para eso hay que tener voluntad política para realizar inversiones necesarias que modernicen la justicia al cien por cien; voluntad política para que, reconociendo los errores y los fallos, estos no se conviertan en rutinarios; voluntad política, señorías, para que las nuevas tecnologías se desarrollen bien, simplemente bien. Todos, en el ámbito de la justicia, están esperando esa voluntad política de ustedes, y hoy, señorías, tienen una buenísima oportunidad para demostrar que tienen voluntad política necesaria y suficiente, y que esta Cámara tiene también voluntad política para que no se perturbe nuevamente la seguridad de la justicia y el tráfico jurídico en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

Senyories, LexNET és simplement un correu electrònic absolutament obsolet, que ve utilitzant-se des de fa anys per notificar les resolucions als procuradors. Aquest projecte va costar ni més ni menys que 7 milions d’euros i a dia d’avui segueixen sense complir-se les expectatives esperades per tan gran inversió. A finals de 2015 i a començament del 16 s’establia aquesta plataforma per part del Ministeri de Justícia per a la presentació de documents relatius a totes les qüestions professionals de la justícia. Aquest intent de modernització judicial ha quedat en això, simplement un intent, que ha dut problemes i ha provocat infinitat de qüestions i incidències.

Aquesta moció conseqüència d’interpel·lació presentada pel Grup Socialista es va presentar com a resposta a la pífia monumental que va passar el mes passat de juliol. El sistema LexNET va fallar, i durant unes hores el Ministeri de Justícia va donar accés a advocats i procuradors a casos judicials de la resta de professionals. És a dir, qualsevol persona amb accés a LexNET va poder descarregar documentació judicial de qualsevol tipus de cas.

Des de Compromís ens sorgiren diverses preguntes: podríem assegurar que va ser una errada? Podríem pensar que darrere de tot això hi va haver interessos secrets maquillats en una errada? Però el govern no ha esbrinat qui va accedir, a quins expedients no permesos va accedir, i durant quant de temps. Quines conseqüències ha tingut aquesta possible intromissió en els casos? Qui és el responsable de l’errada? Qui ha assumit eixes responsabilitats? Algú ha dimitit per eixes responsabilitats? La resposta del Ministeri va ser la de sempre: per un costat, la passivitat, i que tot i ser responsables de la funcionalitat i custòdia del sistema, com diu l’article 15 del reial decret que dictamina l’entrada en vigor del reglament de LexNET; i, per un altre costat, donant les culpes a tercers, el ministre va dir que va ser una fallada, i que li tira la culpa a la nova actualització, la vint-i-tresena, de LexNET. Però la culpa d’eixa fallada, per culpa d’eixa fallada, perdó, s’ha vulnerat el dret de protecció de dades i de confidencialitat. Des de Compromís segueixen sorgint-nos més preguntes. Quina sanció s’ha posat al Govern de l’Estat espanyol per incomplir la Llei de protecció de dades? A vore si només es pot multar per la Llei de protecció de dades Catalunya.

Des de Compromís hem presentat cinc esmenes, amb la idea de millorar i esperant que s’accepten en esta moció. La primera és la millora tècnica per a donar més informació i més seguretat al text. La segona demana la coordinació entre els diferents sistemes de gestió processal existent en cada comunitat autònoma per a que puguen intercomunicar-se i interactuar entre ells (actualment això no passa). La tercera és eliminar l’ambigüitat i es concreta la necessària inversió econòmica i no només la modificació del sistema informàtic, cal modificar el sistema informàtic però cal donar-li diners per a fer-ho. La quarta, creiem que es fa necessària la regulació de les possibles vulneracions i sancions que hi puga haver pel mal funcionament del sistema LexNET: veient els precedents creiem que es fa necessari. I la cinquena, i molt important, intenta donar resposta a una qüestió molt important, que és la separació de poders. Perquè en un estat democràtic, social i de dret com suposadament és l’Estat espanyol, LexNET es troba en mans del poder executiu, el Ministeri de Justícia, i no del poder judicial. No creuen els senyors del PP en la separació de poders? LexNET atempta contra la separació de poders, contra la independència de la justícia. El Govern té gestionant LexNET, té una informació que mai abans havia pogut tindre; és un atac contra els drets dels ciutadans, LexNET és un mecanisme de control del Govern, que té siga del partit que siga per a vore-ho tot de qualsevol manera.

En aquest moment el que demanem és, per part del Compromís, l’eliminació, el trasllat d’este domini al poder judicial. L’executiu és l’encarregat de tractar les dades: què hem d’entendre per tractar dades? Segons una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, respecte a Google, el tractament de dades és qualsevol operació efectuada amb les dades personals: recollida, registre, etc. A més, diu que el responsable del tractament estiga determinat per disposicions legals, com és el cas, és el Govern de l’Estat, en aquest cas, el Ministeri de Justícia. Per tant, no és qüestió de si el Govern mira o no mira les dades de LexNET, que també ho és, sinó que, al tindre la funció de tractar les dades, se’l fa responsable del tractament de les dades de l’Administració de justícia, i per tant vulnera totalment la separació de poders, perquè mai baix cap concepte hauria de fer-se càrrec el Ministeri de Justícia d’aquestes dades, sinó que hauria de ser el poder judicial.

Per tot això demanem al Grup Socialista que accepten les nostres esmenes per a millorar eixa moció i esperant que siga de consens.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, LexNET es simplemente un correo electrónico absolutamente obsoleto que se utiliza desde hace años para notificar las resoluciones a los procuradores. Este proyecto costó, ni más ni menos, 7 millones de euros, y a día de hoy siguen sin cumplirse las expectativas para tan gran inversión. A finales de 2015, ya inicios de 2016, se estableció esta plataforma por parte del Ministerio de Justicia para presentar documentos relativos a todas las cuestiones profesionales de la justicia. Este intento de modernización judicial ha quedado en eso, en simplemente un intento que ha traído problemas e infinidad de cuestiones e incidencias.

Esta moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se presentó como respuesta a la pifia monumental que tuvo lugar el pasado julio. El sistema LexNET falló, y durante varias horas el Ministerio de Justicia dio acceso a abogados y procuradores a casos judiciales del resto de profesionales. Es decir, cualquier persona con acceso a LexNET pudo descargar cualquier tipo de documentación judicial.

En Compromís nos surgieron varias preguntas: ¿podían asegurar que fue un error? ¿Podíamos pensar que detrás de todo esto había intereses secretos maquillados en un error? Pero el Gobierno no ha averiguado quién accedió, a qué expedientes no permitidos y durante cuánto tiempo. ¿Qué consecuencias ha tenido esta posible intromisión en los casos? ¿Quién es el responsable del error? ¿Quién ha asumido esas responsabilidades? ¿Alguien ha dimitido por tales responsabilidades? La respuesta del ministerio fue la de siempre: por un lado, la pasividad, a pesar de ser responsables de la funcionalidad y custodia del sistema, como dice el artículo 15 del real decreto que dictamina la entrada en vigor de LexNET; y, por otro, echar las culpas a terceros. El ministro dijo que fue un fallo y le echa la culpa a la nueva actualización, la número 23, de LexNET, pero por culpa de este fallo se ha vulnerado el derecho de protección de datos y confidencialidad. En Compromís nos surgen más preguntas: ¿qué sanción se ha puesto al Gobierno del Estado español por incumplir la Ley de protección de datos? A ver si solo se puede multar por esta ley a Cataluña.

Compromís ha presentado 5 enmiendas con la idea de mejorar y esperar que se acepte tal moción. La primera es la mejora técnica para dar más información y más seguridad al texto. La segunda pide la coordinación entre los diferentes sistemas de coordinación procesal que existe en cada comunidad autónoma para que puedan intercomunicarse e interactuar, cosa que actualmente no sucede. La tercera es eliminar la ambigüedad y concretar la necesaria inversión económica, ya que no solo hay que modificar el sistema informático, sino que hay que hacerlo dándole dinero. La cuarta dice que hay que regular las posibles vulneraciones y sanciones que pueda haber por el mal funcionamiento del sistema LexNET; viendo los precedentes, es necesario. Y la quinta intenta dar respuesta a una cuestión muy importante, que es la separación de poderes, porque en un Estado democrático, social y de derecho, como supuestamente es el español, LexNET se encuentra en manos del poder ejecutivo, el Ministerio de Justicia, y no en el poder judicial. ¿No creen los señores del PP en la separación de poderes? LexNET atenta contra la separación de poderes, contra la independencia de la justicia. El Gobierno, al estar gestionando LexNET, tiene una información que nunca antes había podido tener. Es un ataque contra los derechos de los ciudadanos. LexNET es un mecanismo de control del Gobierno, sea del partido que sea, para verlo todo de cualquier manera.

En este momento lo que pide Compromís es la eliminación o el traslado de este dominio al poder judicial. El Ejecutivo es el encargado de tratar los datos. ¿Qué entendemos por tratar los datos? Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo respecto de Google, el tratamiento de datos está determinado por disposiciones legales, y ha de ocuparse el Gobierno del Estado, en este caso el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no es cuestión de si el Gobierno mira o no los datos de LexNET, que también lo es, sino que al tener la función de tratar los datos se le hace responsable del tratamiento de los datos del Ministerio de Justicia y, por tanto, vulnera totalmente la separación de poderes, porque nunca, bajo ningún concepto, tendría que hacerse cargo el Ministerio de Justicia de estos datos, sino que tendría que ser el poder judicial

Por todo ello, pedimos al Grupo Socialista que acepte nuestras enmiendas para mejorar esa moción y esperamos que sea de consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Bon dia.

Ya digo, de entrada, que estamos a favor de la moción, porque ahora mismo LexNET solo se puede calificar de desastre de corte tercermundista, en palabras de la decana del Colegio de Procuradores de Valencia.

El pasado día 19, solo siete días después de que el ministro nos glosara sus virtudes en esta Cámara, LexNET volvió a caerse, dejando a los profesionales horas y horas sin poder utilizarlo, a pesar de hacerlo de forma legal y ética, y lo que es peor, sin que Justicia ni siquiera informara del fallo, limitándose a decir que el justificante de su mal funcionamiento ya está disponible para los profesionales que lo necesitan. Insultante.

Por eso, nos parece que su moción, a pesar de que compartimos el objetivo, se queda muy corta y genérica, y de ahí nuestras enmiendas. En 3 de ellas solicitamos que se proceda a realizar una auditoría externa al ministerio a fin de verificar el estado del servicio, su solvencia técnica, el código fuente y su configuración técnica actual; analizar los motivos de los fallos ocurridos desde su implementación y que se propongan las mejoras y medios necesarios que permitan garantizar su funcionamiento, operatividad y fluidez.

¿Por qué una auditoría externa? Porque, que sepamos, se han invertido ya, como mínimo, 7,28 millones de euros en LexNET, han intervenido en su desarrollo la empresa pública Isdefe y múltiples subcontrataciones, como Avalon, Satec, Novasoft o Indra, y los problemas continúan o, lo que es peor, se acrecientan.

El sistema es un proyecto informático público más que ha acabado desarrollándose entre múltiples grandes consultoras informáticas, que a su vez han subcontratado a empresas de informática para hacer el trabajo y, al final, el trabajo lo acaban haciendo las llamadas cárnicas del software, un sector enterrado desde hace tiempo en la precariedad y la subcontratación, pero ese es otro debate.

Total, que hay mil manos diferentes tras la programación del sistema, lo que ha provocado que, en vez de solucionar los fallos en el código de raíz, se hayan puesto parches y más parches, pero nadie ha evaluado los potenciales fallos y vulnerabilidades de LexNET. Ahora, después del desastre de julio, se anuncia una inversión de 61,2 millones de euros más para solucionar los problemas derivados de LexNET, pero, dados los antecedentes, no nos fiamos, y menos que lo haga la propia Subdirección General de Nuevas Tecnologías, cómplice del desastre de LexNET. Hay que parar el sistema y empezar de cero, pues, como dicen los expertos, LexNET, quizás, tiene solución como idea, pero el código es deficiente y hay que diseñar un nuevo sistema. Para eso, el primer paso debe ser certificar su seguridad con una auditoría externa completa que permita mejorar el estado de la seguridad de la información jurídica que contiene LexNET y disponer de medidas y controles para garantizar su protección y seguridad, no solo ante fallos del propio sistema, sino también ante posibles ciberataques que pueda sufrir.

Una cuarta enmienda completa el punto 3 de la moción e incide en la participación de todos los agentes vinculados a la justicia para detectar las necesidades de formación, recursos y anomalías técnico-legales. Hay que recordar que en una de las últimas actualizaciones de LexNET se introdujo la obligación de identificar un representante legal de las personas jurídicas a las que demandas, incluso su número de DNI, y, si no lo haces, el sistema no te dejaba presentar la demanda, obligación que no consta en ningún texto legal.

Otra de las enmiendas es para instar a reclamar, en el caso de que la auditoría externa advirtiera graves errores del sistema imputables a las empresas o entidades adjudicatarias del proyecto LexNET, los daños y perjuicios correspondientes, algo lógico. Ya está bien de que en este país nadie responda por las chapuzas y acabemos siendo los ciudadanos los que tengamos que terminar pagando.

La última enmienda es sobre otro problema estructural de LexNET, su dependencia del Ministerio de Justicia, algo que no suena muy higiénico en una democracia, que es un clamor por parte de muchos operadores jurídicos. Es un debate muy interesante que ya tuvimos en la Comisión de Justicia, donde el PSOE se posicionó a favor, con buenas aportaciones en el discurso del senador Rodríguez Esquerdo. La respuesta y argumentación del PP fue la de siempre cuando no tiene argumentos: Venezuela.

Vamos a hablar de separación de poderes. El sistema LexNET es un ejemplo perfecto de la ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital. El ejemplo se refiere al concepto acuñado por el filósofo estadounidense Langdon Winner en 1978, denominado sonambulismo tecnológico, para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno. El sistema LexNET atenta claramente contra la separación de poderes, pues el poder ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del poder judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo XXI, y no la que irreflexivamente nos han implantado. Por la vía de la mera actuación tecnológica no cabe dotar al ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo, señor presidente.

La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la protección institucional y social contra la corrupción. Por ello, estoy seguro de que el señor Rodríguez Esquerdo va a aceptar nuestras enmiendas, pues completan en mucho su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO CÁCERES: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Senador Rodríguez Esquerdo, de verdad que lamento mucho el tono utilizado en su primera intervención, puesto que nadie está exento de sufrir ataques informáticos, ni siquiera ustedes, señoría, ni siquiera don Antonio Jiménez, al que usted conocerá mejor que yo, pues el pobre hombre tuvo que lidiar con hasta dos fallos en sistemas totalmente distintos, y le hablo de la sede digital del Partido Socialista, en la calle Ferraz, cuando hablábamos de la plataforma de afiliación. Eso por un lado. Y por otro, también hablamos del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, que también sufría fallos y también se caía en determinados momentos. No sé si habría algo que ocultar a ese respecto, pero ese no va a ser el debate de hoy, como tampoco lo será que a lo mejor algunos no somos, senador Comorera, expertos en materia informática, y por eso nos apoyamos en quien conoce y en quien sabe del asunto. Igual es que ustedes saben demasiado, y por eso han tenido que dimitir miembros de su propio partido por haber intentado hakear cuentas en el momento de procesos electorales internos en Podemos. (Aplausos). Igual es que algunos saben demasiado.

El Grupo Popular pretende un debate propositivo, y agradece al Grupo Socialista que haya traído hoy aquí esta moción consecuencia de interpelación, de verdad que sí. Y se lo agradecemos porque creemos que la digitalización de la justicia es, sin duda alguna, un gran reto que tenemos por delante.

Senador Rodríguez Esquerdo, estoy plenamente convencido de que tanto usted como yo queremos que ese reto sea un logro, y también queremos mejorar el sistema de digitalización de la justicia a través del sistema procesal común que tenemos, que es LexNET, así como el resto de la digitalización de la Administración de Justicia que, además, es fruto de aquel pacto de Estado para la reforma de la justicia del año 2001, un espíritu en el que seguimos coincidiendo todos. Por eso, señor Rodríguez Esquerdo, proponemos enriquecer su texto, proponemos clarificar su texto, plantear una mejora a corto y a medio plazo y, desde luego, coincidimos con ustedes en que LexNET no será para siempre. Recuperemos, pues, como decía antes, el espíritu con el que se firmó aquel pacto de Estado, sin duda alguna la ambición lógica de mejorar y avanzar hacia ese objetivo de papel cero en la justicia, pero con transparencia, señor senador, con agilidad, con modernidad, con eficacia y, sobre todo, con algo muy importante, con seguridad.

El motivo de nuestra enmienda viene originado porque lo que plantean ustedes es sencillamente la sustitución del sistema, y eso no es viable en este momento porque, además de ser una cuestión técnica, también es una cuestión política después de todos los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos, incluidos los suyos, los de la etapa socialista, y del compromiso del Gobierno del Partido Popular por seguir manteniendo un programa informático como LexNET.

Además de todos esos datos, le doy una breve cifra de lo que ha supuesto LexNET en los últimos años: más de 211 millones de mensajes entre órganos judiciales y profesionales, o más de 125 millones de actos de comunicación, entre otros datos, lo que hace que la sustitución del sistema sea inviable.

Por otra parte, señor senador, en el marco presupuestario se han destinado para este ejercicio importantes mejoras para proyectos tecnológicos de forma global, y se están adoptando medidas para reforzar e incrementar los controles de seguridad. Ello hace, senador, que nuestro grupo apueste por lo que es lógico y razonable, que es sencillamente reforzar el sistema en lugar de replantearlo.

En segundo lugar, el otro punto de la enmienda va encaminado a simplificar el número de sistemas de gestión procesal. Como su señoría sabe, en España concurren hasta 9 sistemas distintos. Lo que mi grupo propone, senador, es que se vaya trabajando con todos los agentes de la Administración de Justicia en un sistema de gestión procesal común en el seno de la propia Administración. Por eso, senador Rodríguez Esquerdo, le propongo que apoye nuestra enmienda para fortalecer y no replantear el proyecto; para apostar por un único sistema de gestión procesal y no por varios, que difícilmente son compatibles entre sí; y sobre todo, y muy importante, esta posición del Grupo Popular es fruto de las reuniones sectoriales que hemos mantenido con quien conoce el sector, con quien sabe de informática. Desde luego, nosotros sí que nos ceñimos a lo que ellos nos dicen y no a los cantos de sirena del Partido Socialista.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré ser breve ante las doce enmiendas presentadas. Por empezar por el final, respecto a la presentada por el Grupo Popular, tengo que agradecerle que esta vez la enmienda no tenga infinitivos ni gerundios. También le agradezco que cite a Ferraz y a Andalucía, porque sería extraño que ustedes no lo hicieran.

Después de oír al todavía ministro pensé que aprobarían la moción, pero ya veo que no, porque ustedes presentan una enmienda que pretende modificar el espíritu de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Socialista. Los socialistas proponemos replantear el sistema LexNET en cuanto a su funcionamiento y operatividad, pero yo no he hablado en ningún momento de solicitar su sustitución. Entiendo que es pronto por la mañana y el despertar puede ser más tardío, pero nunca he hablado de sustitución del sistema, sí de reformulación.

La moción, señor senador, pretende consensuar con los operadores jurídicos y con los agentes vinculados con la justicia para hacer un sistema adecuado en un mal llamado sistema común. Por eso no aceptaremos su enmienda.

Con respecto a las cinco enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete, aceptaríamos añadir un segundo apartado en el primer punto de la moción, ya que complementa nuestra propuesta, con número de entrada 58368. Aceptaríamos, también, añadir un nuevo punto para proteger los derechos de los usuarios de la justicia, con número de entrada 58370, y no aceptaríamos 3 enmiendas con números de entrada 58367, 58369 y 58525, ya que la primera no se ciñe estrictamente a nuestra propuesta, la segunda está incluida en el punto primero de la moción y sobre la tercera, que es aceptable, consideramos que hay una enmienda del Grupo Unidos Podemos que, en lo referente al poder judicial, es más acertada.

Por último, en referencia a las cinco enmiendas del grupo del cambio, no aceptaríamos las enmiendas con números de entrada 58552, 58553, 58554 y 58556, ya que se fundamentan en la necesidad de una auditoría externa.

Querido señor Comorera, por el aprecio que le tengo entiendo su propuesta perfectamente, porque no se fía de este Gobierno, y nosotros tampoco nos fiamos del Gobierno ni del todavía ministro de Justicia. Son muchos los ejemplos que podemos tener, incluso a lo largo de estos días. Pero el ministerio cuenta con una serie de técnicos y servicios específicos en nuevas tecnologías, y tenemos la obligación de pensar en la imparcialidad de técnicos y funcionarios para detectar con profesionalidad las deficiencias del sistema y las incidencias del propio sistema en el replanteamiento de LexNET.

Por el contrario, sí aceptaríamos la enmienda con número de entrada 58 555, que amplía y mejora el petitum de nuestro tercer punto, y la enmienda número 58 557 como un nuevo punto porque —y acabo, señor presidente—, tal y como defendimos en la Comisión de Justicia, creemos que es necesaria la confidencialidad de LexNET y la evidente separación de poderes en la España del siglo XXI.

Por lo tanto, recapitulando, señor presidente, de las doce enmiendas aceptaríamos dos de los senadores Mulet y Navarrete, de sus cinco enmiendas, y dos del Grupo Unidos Podemos, de sus seis enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Ciberataques, problemas con la actualización de los programas y enormes fallos de seguridad es la realidad con la que nos hemos ido encontrando. Estos han sido los titulares relacionados con LexNET a lo largo de todo el verano, con el consiguiente caos e imposibilidad de presentar documentos. Ocurre justo en el momento en el que más lo necesitan abogados y procuradores —parece que el mundo se va a acabar—, que es siempre a finales de julio, y si no solucionamos el problema puede suceder también en diciembre, justo antes y después de las merecidas vacaciones, dado que, como todos conocen, agosto es mes inhábil para los juristas. No se reciben notificaciones ni se presentan demandas. Como resultado de esto, muchos profesionales de la justicia se vieron apuradísimos para presentar los documentos en el último día hábil de julio, o peor aún, se fueron tranquilos pensando que los habían presentado en tiempo y forma y luego descubrieron que se les había pasado el tiempo para poder cumplir el plazo reglamentario y legal.

El día 1 de septiembre, primer día de notificaciones tras las vacaciones de verano, hubo otro ataque masivo que provocó bloqueo y problemas con las notificaciones, que se recibieron incluso los sábados.

Estos problemas se suman a las ya conocidas dificultades en la operatividad y fluidez. Tal y como refleja el Plan de mejora LexNET, de la Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia, de 29 de abril de 2016, este sistema adolece de importantes defectos en cuanto a rapidez de acceso, capacidad, lentitud y compatibilidad con otros programas informáticos. De hecho, y pese a conocerse desde hace más de un año los problemas relacionados con la caducidad de Java en los navegadores, lo cierto es que, sin ir más lejos, la semana pasada, los abogados y procuradores de nuestro país fueron advertidos a fin de que no actualizaran sus ordenadores, no actualizaran Java, dado que LexNET no se encontraba preparado para la nueva versión.

Señorías, la actualización no solo implica avances en las tecnologías, sino que también es absolutamente necesaria para trabajar en un entorno seguro. Tener los equipos desactualizados significa estar desprotegidos, en un entorno vulnerable, en el que cualquier atacante externo puede aprovecharse para entrar en el sistema y hacerse con todos los datos que por él circulan. La desactualización es inseguridad jurídica, sin lugar a dudas, y se conculca así el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Debemos mejorar el sistema, como se plantea en esta moción, y debemos garantizar la operatividad y fluidez sin menoscabo de la seguridad. Debemos tener un acceso rápido, seguro y eficaz desde cualquier dispositivo, porque no tiene sentido que las partes personadas en un litigio solo puedan presentar los documentos, esperando, eso sí, una eternidad a que se carguen en el sistema desde un ordenador en los tiempos que vivimos, en los de las nuevas tecnologías. La seguridad de la tecnología debe ser compatible con el acceso a LexNET desde cualquier punto del mundo, sin que sea necesaria la presencia física de un ordenador concreto, a través de los teléfonos móviles y tablets. Debe compatibilizarse la seguridad de la plataforma con un uso propio del siglo en el que estamos, el de las tecnologías.

Y qué decir del objetivo del papel cero. Desgraciadamente, no se ha cumplido y mucho me temo que en un futuro a corto plazo se cumpla. Ojalá sí. Estamos en la misma línea que el Grupo Parlamentario Socialista y que el Grupo Parlamentario Podemos de que se tiene que dotar de más recursos, de medios materiales, económicos, personales, para que esto pueda suceder. En algunos juzgados he observado que todavía no solo tienes que registrarlo vía LexNET, sino que, además, luego tienes que llevar las copias en papel al decanato oportuno para el resto de partes personadas, porque no está implementado debidamente en todas las administraciones. Obviamente, los funcionarios no pueden hacerse cargo de todos estos problemas, pero los órganos legislativos y el Ejecutivo sí pueden adoptar todas las medidas para conseguir el objetivo papel cero y, por supuesto, necesitamos más recursos para mejorar el sistema, para mejorar la justicia, para mejorar la digitalización de la justicia y, por supuesto, para garantizar los derechos de todos los españoles.

La Agrupación Socialista Gomera, cómo no, va a apoyar la presente moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, mahaiburu jauna.

Nahiz eta Euskadin gure sistema informatikoa beste bat izan, Justizia SIP, %100eko zabalkundea daukana, gure operadore juridikoentzat ere, LexNET arazo bat da, batik bat kanpoan aritu behar direnean.

Beraz, lehenengo gauza , onartu eta eskertu egiten dugu Alderdi Sozialistak planteatu duen mozioa, guztiz onargarria delako planteatzen dituen helburu eta asmoetan. Kontutan hartu beharra daukagu uztailean gertatutako arazoak oso- oso larriak izan zirela. Akats horien eraginez, edozein erabiltzaile beste erabiltzaile batzuen profiletara sar zitekeen inongo arazorik gabe. Edozein profesionalen dokumentuetan sar zitekeen edonor. Abokatuen espedienteetan, identifikazio pertsonaletan, bankuetako hainbat kontu korronte zenbakietan ...

Gure ustez akats larri hauek eta gero, Ministerioa, egin zituen planteamenduetan, jokabideetan, adierazpenetan, ez zen batere fin, ez zen batere ondo ibili. Ministerioak akatsa onartu zuen baina aldi berean konponduta zeudela adierazi zuen. Baina profesionalek erakutsi ziguten Ministerioak baieztatutakoa ez zela egia. Ministroaren agerraldia eta gero, beste eraso masibo bat gertatu zen sareetan. Erregistratu gabeko erabiltzaileak era masibo batez sartzen saiatu ziren, eta horrek erakutsi zigun berriro LexNETek zituen eta dauzkan ahuldadeak. Justizia Ministerioak krisi honen aurrean, esan dudan bezala, ez du jokatu gure ustetan jokatu behar zuen moduan. Eta lehenengo gauza egin beharko lukeena gure uste apalean izango litzateke benetan onartzea gertatutakoa, eta horrek duen larritasunaz jabetzea eta eragileekin partekatzea. Eta partekatuz, konpontzen saiatzea. Horretaz aparte, erabiltzaile askok sistemaren erabilkortasunari buruzko kexak azaltzen dituzte. Alegia, ez dela benetan eraginkorra, ez duela kalitatezko zerbitzu bat bermatzen eta zentzu horretan neurriak hartu beharrean gaudela diotenak.

Paperaren ordez antolatu nahi baldin bada sistema bat, beste zerbait behar da, izan beharko luke LexNET2, edo LexNET3, edo beste izen bat izango lukeen tresna bat. Baina egun LexNET dagoen bezala, ez da guretzat baliogarria eta operadoreentzat, erabiltzaileentzat, ez da, esan dudan bezala, eraginkorra.

Alderdi Popularrak, talde nagusiak, onartu behar du gertatu dena, eta neurri batean, aurkeztu duen emendakinarekin Delgado jaunak onartu egin du baita dagoen akatsa. Ez zait iruditzen emendakin hori aurkeztu den mozioarengandik hain urruti dagoenik, eta Esquerdo jaunak egin duen defentsarekin, ez zait iruditzen hain urruti daudenik bi planteamenduak. Eta planteamendu horiek diote, zerbaitek ez baldin badu ondo funtzionatzen, era batean edo bestean, konpondu behar dela. Baina baita ere inportantea, emendakinak onartzen du baliabide nahikoa ez daudela jarrita eta baliabide horiek onartu beharrean gaudela edo Gobernuak jarri beharra dauzkala. Ikusi dudanez ez da akordio batera helduko, baina mozio edo emendakin honekin Alderdi Popularrak daukan nagusitasunarekin konpromiso bat hartu du. Eta hartu duen konpromisoa izan da LexNETek benetan funtzionatuko duela.

Muy buenos días, señor presidente.

Aunque en Euskadi el sistema informático es otro, Justizia Sip, y, además, es un sistema que está funcionando al 100 %, también para nuestros operadores jurídicos LexNET constituye un problema, sobre todo cuando tienen que operar fuera de nuestro territorio.

En primer lugar, queremos dar las gracias al Grupo Socialista por esta moción, que nos parece del todo pertinente por los objetivos que plantea. Hemos de tener en cuenta que las incidencias ocurridas en julio fueron muy graves y debido a esos fallos cualquier usuario pudo acceder a los perfiles de terceros o de otros usuarios sin ningún tipo de problema. Se posibilitó el acceso a información privada de los usuarios, a expedientes de los abogados, datos personales de identificación, cuentas corrientes bancarias, etcétera. Se pudo acceder a toda esa información.

Tras estos fallos o deficiencias graves, el ministerio hizo una serie de declaraciones con planteamientos en los que no estuvo muy acertado. El ministerio reconoció los fallos, pero, al mismo tiempo, declaró que se habían arreglado. Los profesionales nos mostraron que las declaraciones del ministerio no eran ciertas. Tras la comparecencia del ministro hubo otro ciberataque masivo en la red y es que usuarios no registrados intentaron acceder de forma fraudulenta. Eso nos mostró una vez más la vulnerabilidad que tenía y sigue teniendo LexNET. Ante esta crisis, y como he dicho, el Ministerio de Justicia no se ha comportado tal y como debería haberlo hecho. A nuestro entender, lo primero que debería hacer sería aceptar sin reservas lo ocurrido y su gravedad; deben ser conscientes de lo grave que es esta situación y compartirla con los usuarios para, juntos, intentar solucionarlo.



Además, muchos usuarios plantean quejas sobre la accesibilidad y facilidad de uso del sistema. Nos dicen que no es eficaz, que no presta un servicio de calidad, que no lo garantiza y que habría que tomar medidas en ese sentido.

Si queremos organizar un sistema de papel cero, un sistema que sustituya el papel, tiene que ser de otro modo: LexNET 2, LexNET 3 o cualquier otro instrumento con otro nombre. En cualquier caso, LexNET, tal y como está en estos momentos, para nosotros no es útil y tampoco lo es para los operadores, para los usuarios. No es un instrumento eficaz.

El Partido Popular tiene que asumir lo ocurrido, aceptarlo. En cierto modo, la enmienda que ha presentado el señor Delgado también reconoce que existen problemas. Me parece que esa enmienda no está tan lejos de la moción que se ha presentado. La defensa del señor Rodríguez Esquerdo nos ha mostrado que los dos planteamientos no están muy alejados. Ambos explican que, si algo no funciona bien, de un modo u otro hay que arreglarlo. Es importante también ver que la enmienda reconoce que no hay medios suficientes y que el Gobierno tiene que poner a disposición los medios necesarios. He visto que no se va a llegar a un acuerdo, pero con esa enmienda y con la mayoría que tiene el Partido Popular, creo que sí ha mostrado un compromiso, el de que LexNET funcione.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, presidente.

Gobernuak benetan giza baliabideak eta ekonomikoak jarriko dituela azkenean justiziaren onerako, ze justiziak nahiko arazo baditu, bultzatuko dutela, modernizatu egingo dutela momentu honetan funtzionatzen ez duen tresna bat, eta benetan lortuko dutela justiziak, eta ikuspegi digital honetatik, justiziak hobeto funtzionatzea.

Creo que hemos visto el compromiso del Gobierno de poner a disposición todos los medios, económicos y humanos. Al fin y al cabo, se trata del bien de la justicia. La justicia ya tiene bastantes problemas. Con esos medios se trata de modernizar la justicia y un instrumento que en estos momentos no funciona bien. El objetivo es que la justicia funcione mejor, también con este planteamiento tecnológico.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias.

Diga lo que diga el ministro, tenemos un servicio público esencial que trata de dar el salto tecnológico de una justicia del siglo XIX al siglo XXI a marchas forzadas, sin tener la seguridad de la información como prioridad absoluta y que, tras dilapidar recursos públicos a mansalva, descubrimos que tiene más agujeros que un colador.

Mire, señor Delgado, yo no soy experto informático y no tengo a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías detrás, pero lo que no sé, lo pregunto. Y todo lo que he dicho en mi anterior intervención viene de conversaciones con abogados, procuradores, fiscales, jueces y letrados de la Administración de Justicia; y eso es lo que me explican sobre lo que significa sufrir día a día LexNET. No vale con decir que se han hecho 340 millones de comunicaciones y justificarse en que las aplicaciones a veces se caen. Seamos serios. Y no es cosa de la oposición. Ayer se reunió el Consejo Fiscal para analizar el desastre de la justicia digital. La semana pasada, el Consejo Valenciano de Procuradores y el Colegio de Procuradores de Valencia pidieron la paralización inmediata del sistema LexNET y el regreso al papel hasta que pueda operar con garantías para los profesionales. Muchos ciudadanos y profesionales están ejerciendo el derecho de petición para que cese la obligatoriedad de presentar escritos por LexNET hasta que el sistema realmente funcione. El desespero de abogados y procuradores se puede ver por las redes sociales, cuando se han de pasar horas y horas delante del ordenador intentando enviar un escrito para el que tienen plazo o recibir una notificación. ¿Saben ustedes lo estresante que es esta situación para los profesionales? Continuas caídas del sistema y numerosas incidencias. El sistema es inseguro, obliga a ampliar determinados navegadores y aplicaciones como Java que, además, si la actualizas LexNET deja de funcionar. Esto decía la cuenta de Twitter de LexNET Justicia el pasado 20 de septiembre: La versión 1.9 es incompatible y Java te solicitará la actualización a partir de mañana. Recomendamos no actualizar. ¿Creen que eso es normal? Pero es que, además, como dicen los expertos, LexNET es antiguo, se basa en la sincronización de datos, cuando la tecnología está en la tercera generación de herramientas de cloud computing. LexNET es limitadísimo, el sistema obsoleto, no permite envíos superiores a 10 megas. LexNET es ineficiente, su limitadísima capacidad en esos envíos obliga a los profesionales a presentar en el juzgado al día siguiente copias en papel. Hace dos años su Gobierno anunció la desaparición del papel en Justicia. Hoy sabemos que fue pura propaganda, solo un eslogan. Además, en una pregunta escrita que le hice al Gobierno, me confirmaba lo que todos nos temíamos: que el consumo de papel y tóner no es que no haya disminuido, es que ha aumentado desde su magnífico eslogan del papel cero.

La justicia necesita papel cero, pero LexNET no es útil. Precisamos un sistema cloud computing de nube, mucho más operativo y barato, que contenga el expediente judicial con capacidad suficiente para eliminar realmente el papel y que evite envíos, habilitado para cualquier software y gobernado por el Poder Judicial; un sistema sencillo, intuitivo y accesible, sin fallos continuos, sin riesgos de responsabilidad profesional y, sobre todo, para las garantías del ciudadano que pretende acceder a la justicia. Y lo peor de todo es que todo el mundo sabe que LexNET volverá a fallar sí o sí, ya que tiene gravísimos agujeros de seguridad, pero en vez de parar, reconocer que es una chapuza y realizar una auditoría externa, el Gobierno ha decidido tirar de chequera y solucionar las graves deficiencias de LexNET de forma rápida. Pero es que no nos fiamos de que esta nueva inyección de dinero público consiga evitar que se repita una de las mayores negligencias informáticas de nuestra historia reciente. Las explicaciones del ministro de Justicia en el Congreso, o el otro día aquí en el Senado, me parecen inadmisibles. No ha habido explicaciones reales del problema. Nos habla de Zapatero o de Barakaldo, pero no sabemos las mejores propuestas de cara al futuro, aparte de decir que van a invertir mucho dinero público, únicamente alabanzas del sistema vacías de contenido y acusaciones al chico que encontró el servidor abierto y a los 49 abogados que supuestamente entraron. Recuerden que, de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, por el que se regula el sistema LexNET, el Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema.

Asuman de una vez el problema. Esto no funciona como debería funcionar. Sean valientes y si realmente les importa la justicia, aparte de usarla para resolver conflictos políticos, hagan esta auditoría y, con la participación de todos los operadores jurídicos, busquemos una solución a ver si LexNET tiene arreglo o no, y en ese caso buscamos otro sistema. Porque la mayor parte de los 60 millones de los que hablan se destinará a las cárnicas y seguiremos con el problema. No es un tema de dinero, sino un problema de diseño. Cuando el error es de concepción no sirven parches, hay que rediseñar el sistema.

Por tanto, si realmente les importa la justica para algo más que para ser el brazo ejecutor de su incompetencia política, apoyen esta moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, permítame que agradezca a los grupos parlamentarios que han aportado mejoras a nuestra moción por apostar de verdad por la modernización y la agilización de la justicia y de los sistemas informáticos, por la protección de derechos y la separación de poderes, y que también se lo agradezca al resto de grupos que van a apoyar esta moción. En segundo lugar, lamento una vez más —eso me temo, senador Delgado— la oportunidad que han perdido su grupo parlamentario y esta Cámara, con su absoluta mayoría y con su responsabilidad, para que la justicia española sea más moderna, más ágil y más transparente. Entiendo que seguramente no apoyarán la moción. ¿Y saben por qué no la apoyarán? Porque para ustedes el papel cero —se lo decía antes— es papel mojado; ni siquiera, senador Comorera, es una declaración de intenciones, simplemente postureo, simplemente apariencia, simplemente para quedar bien con no sé quién.

Los graves fallos de seguridad de LexNET y el caos producido no pueden volver a producirse, no deben volver a producirse. Deben abandonar la apatía, la pasividad, la inacción y el no por el no, tal y como vienen evidenciando en el ámbito de la justicia día tras día, porque así tendríamos una justicia de verdad del siglo XXI. Ante los errores detectados, actúen y sumen esfuerzos, avancen juntos para modernizar la justicia de verdad. No olvidemos, un servicio público que debe basarse también en la eficacia, en la eficiencia y en la calidad. Aprovéchense de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para que el Ministerio de Justicia por lo menos cumpla con su obligación de propiciar una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral.

Señorías, la implantación segura de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación debe ser una exigencia para que sea ágil, eficaz y transparente. Son muchos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos quince años, y hoy ustedes los están dilapidando con una nefasta gestión del todavía ministro de Justicia. Cuando hablan de modernidad de la justicia les queda hasta bonito, cuando el señor Catalá habla aquí de las bondades de LexNET y de la modernización de la justicia le queda hasta bonito, pero si hablan de dónde estamos hoy y hacia dónde va la justicia con ustedes mañana, creo que va a dejar mucho que desear. Sus posiciones inamovibles son desalentadoras, sus actuaciones sin apuestas estratégicas en proyectos claves como este son deprimentes y su proceder en justicia es inseguro, inconexo y torpe.

Señor presidente, para ir terminando, agilizar y modernizar la justicia es urgente, es necesario un sistema informático seguro para el siglo XXI. Es obligado para todos, y mucho más para ustedes, porque todavía gobiernan, aunque espero que sea por poco tiempo, que la justicia nos ocupe y nos preocupe. A los socialistas desde luego nos preocupa la justicia y nos ocupa la justicia. A otros grupos parlamentarios se ha demostrado que hoy también les preocupa y les ocupa la justicia. A ustedes hoy, veremos, senador Delgado, que ni les ocupa ni les preocupa, y esto simplemente es muy triste. La justicia española, como solicitábamos en la moción, necesita más inversión —el señor Catalá está de acuerdo—, una mejora en el gasto —el todavía ministro está de acuerdo— y una mejor gestión —el reprobado ministro está de acuerdo—, pero lo que de verdad necesita la justicia española es un nuevo ministro de Justicia, este está ya absolutamente amortizado. (Aplausos).

Cervantes creo que dijo que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Ustedes están cerrando todas las puertas de la justicia española, a pesar de tener el LexNET gruyer más abierto todos los días. Los grupos parlamentarios le exigimos al reprobado ministro de Justicia soluciones; los abogados y procuradores le exigen al todavía ministro de Justicia una solución definitiva; y el señor Catalá, el Partido Popular y el grupo parlamentario mayoritario de la derecha en esta Cámara solo ofrecen una nueva historia interminable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO CÁCERES: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, lamento una vez más el tono de su intervención, el rechazo a las ideas y a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular con el fin de llegar a un acuerdo sobre cómo alcanzar la digitalización de la justicia o el papel cero en esa Administración y en todas las aplicaciones que orbitan a su alrededor. Su posición y su moción denotan falta de concreción, no profundizan sobre las medidas a adoptar y proponen poner en serio compromiso el papel cero en justicia. Tenga la absoluta certeza de que el Grupo Parlamentario Popular no va a participar de esa medida irresponsable a la par que electoralista.

El rechazo de nuestras enmiendas solo denota la verdadera falta de interés y la búsqueda de la crítica de desgaste en beneficio de su grupo o el suyo propio, algo que difícilmente logrará. Pero le voy a decir una cosa, señor Rodríguez Esquerdo, sobre justicia no caben vacilaciones, sobre justicia solo caben debates de cómo mejorarla y cómo plantear eso que todo el mundo busca: el papel cero. Hay que ser precisos, hay que ser concretos, hay que profundizar en la mejora, y su moción nada tiene de eso. Su moción plantea titulares de desgaste en búsqueda de algún rédito electoral, que desde luego no va a lograr hoy en esta Cámara, y tal vez —por qué no decirlo— algo de meritocracia propia.

En lugar de sentirse orgulloso de que un Gobierno socialista fuera el que desarrollara inicialmente el programa LexNET, en lugar de eso, ustedes ahora lo denuestan, lo rechazan y lo destierran, pese a que ha habido Gobiernos del Partido Popular responsables que han continuado con un proyecto que creemos que era necesario por responsabilidad y por compromiso. Me pregunto, señor Rodríguez Esquerdo, qué pensará el exministro López Aguilar de su actuación de hoy.

Como todo el mundo sabe, a LexNET no puede acceder cualquiera. Está cerrado a profesionales, señor senador, con clave personal, con tarjeta criptográfica, entre otras medidas de seguridad. Por tanto, no cabe generar alarma sobre este sistema informático. El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados, señor senador. Lo que ha hecho frente a los ataques recibidos es hacerles frente, encargar una auditoría, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el incidente, notificárselo también al Consejo General del Poder Judicial. Ha trabajado con el Centro Criptográfico Nacional para seguir fortaleciendo el sistema. Además, usted ha tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de la Comisión de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, que le ha dejado enormemente tranquilo para que usted se suba aquí y diga lo que ha dicho. En cualquier caso, por eso le hablaba antes de la meritocracia.

Su moción es sencillamente un brindis al sol, y lo es por algo muy básico. Primero, porque su propuesta plantea sustituir un sistema que ha dejado datos tan importantes como los manifestados en el turno de enmiendas. Le digo más, hay 230 000 usuarios que utilizan esta plataforma diariamente. Además, es el sistema más extendido en la Administración de Justicia, sin lugar a dudas. Por ponerle un ejemplo práctico, en los catorce primeros días de este mes se han registrado más de tres millones de operaciones, algo que hace inviable la sustitución del sistema. Por tanto, solo cabe decir que LexNET es un sistema mejorable, sí —y comparto las opiniones manifestadas por el portavoz del PNV, señor Bildarratz—. Es un sistema que necesita inversión, también, pero lo que no cabe decir es que es inseguro, lo que no cabe decir es que no es estable. Es estable, es seguro y, desde luego, es razonablemente consolidado.

Señoría, lo que usted plantea hoy aquí dejaría sin alternativas reales a aquellos que utilizan esta plataforma digital. Sería echar por tierra los esfuerzos técnicos y presupuestarios y daría al traste con todo ese reto irrenunciable de la digitalización de justicia, ya que sería volver al papel y a las notificaciones por correo, algo que hoy es totalmente inaceptable. En consecuencia, señor senador, no existen argumentos que justifiquen plantearse esta alternativa a corto plazo. Como hemos advertido ya, LexNET no es eterno y habrá que plantear sistemas mejores en el futuro, pero hasta que no llegue eso habrá que dotarlo de la capacidad suficiente y de nuevas aplicaciones para seguir garantizando la seguridad.

¿Por qué decimos que su moción es una broma? Decimos que su moción es una broma —desde luego lo es— porque ustedes cuantifican su moción en un millón de euros. Un millón de euros, señor senador, no da ni para comprar ratones. (Aplausos). ¿Qué ha hecho el Gobierno? El Gobierno lo que ha hecho ha sido aprobar en Consejo de Ministros 62 millones de euros; los más malos, los del postureo, como usted nos llamaba a nosotros, somos los que hemos aprobado 62 millones de euros en Consejo de Ministros, que se los voy a desgranar: 36 millones para la adquisición del material necesario, del equipamiento para reforzar nuestro sistema; 19 millones para mejorar aplicaciones de LexNET; y 6 millones para mejorar la administración electrónica de justicia en las diferentes comunidades autónomas, de las que, desde luego, tanto la suya, el País Vasco, como la mía, Canarias, se van a ver beneficiadas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DELGADO CÁCERES: Voy terminado, señor presidente.

Como le decía, señor senador, aquí venimos a trabajar, a resolver los problemas de la justicia y no a plantear mociones tipo que lo único que buscan es el desgaste.

Y termino, señor presidente, con la lectura del Diario de Sesiones del 12 de septiembre de 2017, que decía así —es un pequeño párrafo—: «Señorías, creo que todos, incluido usted, pensamos que la transformación tecnológica de la Justicia es un auténtico desafío del Estado y para todos debe ser un compromiso. Pero ese desafío, ese empeño, hágase bien, hágase con cabeza, atendiendo a los que saben de esto...»

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DELGADO CÁCERES: ... aceptando las críticas. ¿Lo recuerda? Es suyo. Entonces, ¿a qué se debe esto?

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de las siguientes enmiendas aceptadas: del Grupo Parlamentario Mixto, las que tienen número de registro 58368 y 58370, y del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, las que tienen como número de registro 58555 y 58557. (Rumores). Guarden silencio, por favor.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCORPORAR LOS MUNICIPIOS DE CONDADO DE TREVIÑO Y LA PUEBLA DE ARGANZÓN (BURGOS) EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ÁLAVA. 671/000039 JON IÑARRITU GARCÍA (GPMX)

El señor presidente da lectura al punto 4.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. (Rumores). Señorías, guarden silencio. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, egun on, jaun-andreok. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Antes de nada, quiero dar la bienvenida a las dos representantes que han venido desde el enclave de Treviño, bienvenidas. Ongi etorriak.

Hoy traigo a esta Cámara el debate sobre un anacronismo histórico, el de una injusticia actual, como es la situación administrativa del enclave de Treviño. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría, por favor.

Guarden silencio para que pueda continuar la sesión, por favor. (Pausa).

Continúe.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Decía que se trata de una injusticia que debería estar ya resuelta. Como comentaba el otro día, el enclave de Treviño es ese agujero que aparece en el mapa de otro color, en el corazón de Álava, una isla en el centro de Álava y, por ello, sus vecinos y vecinas, desde hace décadas, desde hace siglos, vienen solicitando su incorporación a ese territorio. ¿Por qué? Pues porque estos vecinos y vecinas hacen vida, trabajan, estudian y se divierten en Álava, son alaveses y alavesas, pero hay que hacer posible que así sea también administrativamente. Es una cuestión de lógica porque Vitoria-Gasteiz se encuentra a menos de 15 kilómetros del enclave, mientras Burgos capital está a 100 kilómetros.

Como decía, esta solicitud se viene repitiendo en el tiempo, es una solicitud continuada que atiende a la lógica y, además, como todos ustedes conocen, es legalmente posible e incluso así se prevé en la Constitución. Sin embargo, también es cierto que existe un problema político que ha provocado que se legisle ex novo, en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para imposibilitar esa incorporación —a pesar de conocer cuál es el deseo mayoritario—, reclamando informes positivos a los representantes de la provincia de Burgos y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que sean favorables a la salida de Burgos de ese territorio y su incorporación a Álava. ¿Qué ocurre? Que todos conocemos cuál es la voluntad política, y así se imposibilita legalmente lo posterior. Sin embargo, también sabemos todos que si hay voluntad política los problemas legales se solucionan y se buscan salidas de sentido común. Ahí está el bloqueo político que nos encontramos a día de hoy.

La mayoría de vecinos y vecinas del enclave lo tienen claro, y así el 23 de junio de este mismo año las corporaciones de los dos pueblos del enclave, Condado de Treviño y La Puebla de Argazón, solicitaron que fueran los partidos, que fueran las instituciones, los que solucionaran el embrollo porque están ya cansados de intentar todas las vías posibles —legales, administrativas y de consultas— habidas y por haber. Este es un asunto legal. Además, como decía, estas corporaciones solicitaron por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra, repito, sin ningún voto en contra —tampoco del Grupo Socialista o del Partido Popular—, para que fueran las instituciones o los partidos los que solucionasen este embrollo.

La pelota está sobre el tejado de las instituciones, y por eso hemos presentado esta moción consecuencia de interpelación, no con ánimo de monopolizar el debate ni de arrogarnos la representación de estos dos municipios sino, simplemente, para hacer de altavoces de la solicitud mayoritaria de ambos municipios.

Ya es hora de que se resuelva lo que es lógico, lo que es legítimo y lo que es legal. Ya sabemos cuál es la historia, cuál es la legislación al respecto, y sabemos también cuál es la situación política existente en el enclave.

Por eso les animo a que escuchen a los vecinos y vecinas del enclave, para que hagamos posible su deseo de ser alaveses también administrativamente. Es algo de sentido común.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Iñarritu.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente. Egun on guztioi. Muy buenos días a todas y a todos. El Grupo Parlamentario Vasco da también la bienvenida a los representantes de Treviño a esta Cámara, ongi etorriak.

Mi grupo ha presentado dos enmiendas a esta moción consecuencia de interpelación. La enmienda de modificación deja clara nuestra intención de aportar una solución final e integral que cumpla los intereses de los habitantes de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, y esta pasa por una solución legal mediante la aprobación de una ley orgánica. Como ya dijo en la interpelación la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, cualquier alteración de los límites provinciales se debería aprobar por las Cortes Generales mediante ley orgánica, y eso es justamente lo que reclamamos en nuestra enmienda.

Por otra parte, la enmienda de adición busca mostrar el apoyo de esta Cámara a los pasos que están dando, con consenso y acuerdo, los grupos municipales de los dos ayuntamientos para buscar una solución a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos del enclave de Treviño.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Gallastegui.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Arretaz irakurri ditut Euzko Alderdi Jeltzaleak eginiko emendakinak, eta onartuko ditut, nola ez.

Gure helburua gaur ez zen monopolizatzea eztabaida hau, baizik eta ekartzea Ganbara honetara gaia, eta bozgorailu-lana egitea.

Eta nola ez ere, onartzen ditugu, zeren uste dut borondate ona dagoela Euzko Alderdi Jeltzalearen aldetik.

Eta esan bezala, Trebiñun argi dute denak, berdin du zer alderdi politikotik datozen zinegotzi ezberdinak zeren denak argi dute arabarrak izan nahi dutela, eta horretarako eta horregatik, aho batez onartu zen ekainean, bai Trebiñun eta bai Argantzun, proposamen bat eta proposamen horrek eskatzen digu alderdiei, erakundeei konpontzea hainbeste urtez egondako ezbeharra Trebiñun. Trebiñarrak arabarrak dira, baina administratiboki ere nahi dute arabarrak izan.

Eta horregatik ekarri dugu gaur proposamen hau, eztabaidatzeko, berriz ere —ez da lehenengo aldia, hainbatetan ekarri da Trebiñuko gaia Ganbaretara, bai Kongresura, bai hona, badira hiru urte lege organiko bat eztabaidatu zen Kongresuan eta hor ikusi genituen argudioak, edo hobe esanda, aitzakiak, aitzakia historikoak, aitzakia legalak—.

Baina hemen azken batean, lehen aipatu dudan bezala, arazo politiko bat dago, eta borondate politikoa egonez gero, konponduko da arazorik gabe. Nola konpondu? Nik argi dut, printzipio demokratikoa erabiliz. Printzipio legala ere erabili daiteke, bai, zaila da, oztopoak jarri ziren bere egunean, jakinik zein zen trebiñarren borondatea. Baina borondate politikoa badago, konponduko da, arazorik gabe.

Horregatik, eskatzen dizuet entzutea trebiñarrek zer eskatzen duten.

Eskerrik asko, presidente jauna.

Gracias, señor presidente.

He leído con atención las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco y les informo de que las aceptaré, cómo no.

Nuestro objetivo hoy no es monopolizar este debate sino traer a esta Cámara la cuestión, desempeñando nuestra tarea como altavoces de estos ciudadanos.

Voy a aceptar las enmiendas porque considero que el Partido Nacionalista Vasco demuestra con ellas su buena voluntad.

Tal y como he dicho, en Treviño lo tienen claro, da igual el partido político al que pertenezcan: todos tienen claro que quieren ser alaveses y, por ello, aprobaron por unanimidad en el mes de junio, tanto en Treviño como en La Puebla de Arganzón, una propuesta en la que solicitan a los partidos, a las instituciones, resolver el problema que existe desde hace tantos años. Los treviñeses son alaveses, pero lo quieren ser también administrativamente.

Hemos traído hoy esta propuesta para debatirlo de nuevo, aunque no es la primera vez que se aborda este asunto en las Cortes Generales, tanto al Congreso como aquí. Hace tres años, se debatió una ley orgánica en el Congreso, y allí conocimos sus argumentos, o mejor dicho, las excusas históricas y las excusas legales.

En cualquier caso, tal y como he dicho anteriormente, se trata de un problema político y, por tanto, si hay voluntad política, se resolverá la situación. ¿Y cómo lo haremos? Yo lo tengo claro: utilizando el principio democrático. Se puede utilizar el principio legal, sí, pero es difícil porque en su día se establecieron bastantes obstáculos. Si se tiene en cuenta la voluntad de los treviñeses, si hay voluntad política, se resolverá sin ningún problema.

Por tanto, les pido que escuchen la voluntad de los treviñeses.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Iñarritu.

Por el Grupo Territorial Grupo Vasco Podemos-Euskal Taldea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreok.

Lehenengo eta behin gure agurrik beroenak gaur gurekin dauden Trebiñuko ordezkariei, mila esker ere zuen lanagatik.

Gracias, presidente.

Señorías, antes de nada quiero saludar calurosamente a los representantes de Treviño. Muchas gracias por su trabajo.

Hablar del enclave de Treviño es hablar de sentimientos, es hablar de deseos, es hablar de necesidades vitales, es hablar de vecindad, es hablar de proyectos de vida y de las mejores condiciones. La reivindicación actual de pertenecer a Araba no se basa en argumentos históricos sino en las vinculaciones comerciales, culturales, lingüísticas y administrativas existentes desde hace muchos años.

Los vecinos de Treviño y de La Puebla de Arganzón no se quieren ir de ningún país, no piden la independencia, simplemente desean pertenecer jurídicamente al país en el que viven. Seguramente, aquellos y aquellas que conozcan este enclave puedan sentir mejor y empatizar con la voluntad ciudadana manifestada de diferentes modos, desde hace más de cien años. Se trata de respetar la voluntad de los vecinos y las normas jurídicas existentes, abriendo vías de entendimiento y acercamiento entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la comunidad autónoma vasca. En 1949 se decidió que las parroquias del enclave de Treviño pasaran de la diócesis de Calahorra a la de Vitoria, y no se ha roto la unidad de la Conferencia Episcopal Española.

Señorías, por tanto, deseo que reflexionen y den un paso adelante para que no tengamos que esperar otros cien años para volver a plantear esta cuestión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Arrieta.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

El otro día, en la interpelación, la vicepresidenta del Gobierno utilizaba un argumento trampa, y decía que a ver si lo que yo estaba pidiendo era que interviniera el Gobierno para limitar el autogobierno de Castilla y León. No, obviamente no es ese el asunto. ¿Cómo voy a pedir yo al Gobierno de España, con lo recentralizador que es, con lo ocupante de competencias que es y con lo represor que es, que vaya por esta vía? (Protestas). Pero no, no era ese el debate, señorías. Simplemente estaba pidiendo que escuchase a los vecinos y vecinas del enclave de Treviño y que intentase mediar, que intentase solucionar y que hiciese lo que estuviera en su mano para solucionar un problema político.

¿Hay algún tipo de obstáculo legal, como decía antes creado ex novo, a consecuencia de esa voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Treviño? Sí, eso es sabido, lo sabemos todos —seamos honestos— y por eso se elaboró ese artículo en el nuevo estatuto de Castilla y León. La verdad es que no existe esa voluntad por parte del Gobierno en este momento porque, supongo yo, eso crearía problemas internos en el Partido Popular, como en su día quizá también los creó en el Partido Socialista, porque es cierto que la opinión del Partido Popular de Castilla y León no es la misma que la del Partido Popular del País Vasco, y esto es así desde hace muchísimo tiempo. En cualquier caso, si atendemos a ese principio democrático, que sean los vecinos y vecinas los que nos cuenten lo que está ocurriendo y por qué quieren ser alaveses, una cosa lógica, quizás se podría resolver.

El segundo argumento trampa que utilizó la vicepresidenta es que no había ningún problema en la gestión administrativa del enclave, que había ya convenios, acuerdos y protocolos interterritoriales entre Castilla y León y la comunidad autónoma vasca, así como entre Álava y Burgos. Pero, insisto, no es que diga yo que hay problemas, interferencias y retrasos, es que lo dicen los vecinos y las vecinas del enclave. Si repasamos la hemeroteca, veremos que en los últimos años, tanto en los periódicos de Álava como en los de Burgos, se recogen desgracias y problemas que no tenían por qué haber ocurrido, debidos a retrasos, a interferencias y a problemas de coordinación. Los habitantes del enclave se encuentran en una situación de precariedad continúa y esperando para ver si se soluciona por la vía democrática lo que vienen solicitando de todas las maneras habidas y por haber, a través de todo tipo de procedimientos.

Decía antes que se intenta justificar siempre esto con la historia. Bien, sí, la historia nos explica dónde estamos y por qué el enclave pertenece administrativamente a Burgos, a Castilla y León. Eso está bien, pero no justifica que no se pueda solucionar por cauces legales —como estaba previsto— que este enclave pueda pertenecer al territorio de Álava, como así lo desean la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Treviño.

Además, decía que ante esta provisionalidad y ante esta precariedad se intenta siempre poner todo tipo de obstáculos, a pesar de que está previsto y a pesar de que hay un artículo constitucional que así lo prevé, pero ya vimos cuál fue en 2014 el argumentario que utilizaron: que si Chindasvinto o Recesvinto; o que se siga el cauce del estatuto de Castilla y León. Obviamente, se tendrá que seguir ese cauce. De hecho, los vecinos piden que se lleve a cabo esta modificación por cauces legales, no una revolución sino que los partidos les escuchen y que hagan caso a ese sentir mayoritario.

Antes se mencionaba que es un tema de sentimientos, pero no lo veo así. Es cierto que hay una identidad, como habrá otras identidades, y es cierto que hay asuntos culturales y lingüísticos, pero se trata de la gestión del día a día, es el sinsentido de que se rijan por normas de otra comunidad, de otra provincia, cuando su vida, el día a día lo hacen en Álava, porque los treviñeses y treviñesas son alaveses y alavesas y así quieren ser.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Por eso, hagamos posible lo que es lógico, lo que es legítimo y lo que es legal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Iñarritu.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, ahora que veo a los de Treviño de frente, ongi etorriak, bienvenidos.

Quisiera agradecer al señor Iñarritu la acogida de nuestras enmiendas.

Hoy debatimos acerca del enorme agujero que aparece en el centro del mapa de Álava, un enclave de la provincia de Burgos y que se compone de dos ayuntamientos.

Mi grupo comparte el apoyo que se da en esta moción a los acuerdos que tomaron los ayuntamientos treviñeses el pasado 23 de junio de 2017; un acuerdo con gran respaldo institucional. No está de más mencionar que en La Puebla de Arganzón se aprobó la moción por unanimidad y que si en el Condado de Treviño fue por mayoría absoluta se debió a que dos concejales se abstuvieron. La moción de estos ayuntamientos solicitaba que trabajasen los órganos competentes para dar la solución al sistema jurídico-administrativo y que se iniciasen conversaciones para resolver los problemas de la ciudadanía del enclave de Treviño mediante su integración en Araba; y no obtuvo ni un voto en contra en los dos ayuntamientos.

El grado de colaboración, consenso y diálogo sobre este tema por parte de los grupos que conforman estos ayuntamientos es muy grande. Por esto, apelamos a este sentido de colaboración y que se traslade ese espíritu a esta Cámara.

La petición de integración en Álava de los dos municipios que engloban el enclave de Treviño no ha decaído, como queda demostrado en los acuerdos municipales. Esta Cámara debe dar soluciones territoriales y es aquí donde deben ponerse en marcha las iniciativas que resuelvan democráticamente este tipo de conflictos.

Este desaguisado histórico, que tiene implicaciones políticas y de legitimidad de la ciudadanía de Treviño, puede solucionarse con sentido común. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, aportamos un método y hacemos una propuesta de trabajo que complete así la petición de dichos ayuntamientos. Hemos debatido infinitas veces sobre este tema en todas las instituciones donde estamos representados como partido porque, sin ninguna duda, es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco abrir puertas a la integración de Treviño en Álava. Los pasos que se han ido dando se circunscribían al marco legal pero, en ese camino legal y político, los y las treviñeses, así como la población alavesa y vasca, han encontrado una falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y poderes del Estado.

Como he mencionado en la defensa de una de las enmiendas, necesitamos una solución final e integral que pasa por la solución legal mediante la aprobación de una ley orgánica. Entendemos que la moción recoge de manera acertada la reivindicación histórica de Treviño.

El Partido Nacionalista Vasco se ha comprometido siempre con la octava cuadrilla de Álava, ha estado siempre en todas las acciones legales, en las peticiones que se han llevado a cabo y, sobre todo, con las personas que viven en estos dos municipios de Treviño.

Un parlamentario del Partido Popular reclamó en el Parlamento vasco, en el año 2013, que una iniciativa sobre el enclave de Treviño se elaborase en el Senado. Dijo así: Se podrían retomar los trabajos en la Cámara Alta con el fin de aprobar una ley de enclaves, un planteamiento de desbloqueo de las situaciones ancladas en anacronismos históricos.

La iniciativa que pedía su compañero de partido ya está aquí. Esperamos, sinceramente, que hagan caso de sus palabras y sigan su tesis cuando ese mismo día decía en la tribuna del Parlamento vasco: Treviño es esencialmente Álava; lo que es seguro es que Treviño, antes o después, será Álava.

Nosotros, nuestro partido y este grupo, ya lo hemos dicho varias veces, pero no está de más repetirlo: Treviño es y será Álava.

Por tanto, votaremos a favor de esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Gallastegui.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Ongi etorri eta mila esker etortzeagatik.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, representantes de Treviño, bienvenidos. Muchas gracias por venir.

Señorías, el contencioso de Treviño parte de una demanda del Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón, que son los dos municipios del enclave de Treviño, para integrarse en el territorio histórico de Araba/Álava. Ha sido una demanda sostenida durante largo tiempo, reiterada en multitud de ocasiones en distintas épocas, y varias veces consultada directamente a la ciudadanía, manifestando esta, de un modo inequívoco y por amplia mayoría, su posición a favor.

Señorías, es inadmisible que en el año 2017 sigamos arrastrando debates de esta naturaleza, anacronismos administrativos y bloqueos institucionales, mientras hay varios miles de personas discriminadas en el acceso a los servicios públicos.

La voluntad de la ciudadanía de Treviño no responde tanto a cuestiones identitarias o culturales, que también, sino a cuestiones de carácter práctico y cotidiano, vinculadas a derechos básicos como la salud, servicios sociales o inversión en infraestructuras. La prestación de servicios mediante convenios es útil, pero dado que es una situación territorial obviamente no provisional, deberíamos darle una solución definitiva. Esto eliminaría los esfuerzos que tienen que realizar las dos diputaciones implicadas, tanto la burgalesa como la alavesa, y los errores que se cometen en la planificación y en la ejecución, pero lo más importante es que esta discriminación en la prestación de servicios ha dado como resultado que hoy las personas que viven en Treviño se sientan ciudadanas y ciudadanos de segunda en su propio territorio. Y señorías, a nadie nos gusta sentirnos ciudadanos de segunda.

Señorías del Grupo Popular, en la interpelación que se debatió en el pasado Pleno, la vicepresidenta dijo que no eran ciertos los aspectos sobre la diferencia de calidad que reciben los ciudadanos en Treviño, pero el miércoles pasado, 20 de septiembre, se debatió a este respecto en las Juntas Generales de Álava. En este sentido, les voy a leer la enmienda que presentó la portavoz del Partido Popular: Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en colaboración con las demás instituciones competentes de la comunidad autónoma vasca y de Castilla y León, desde el diálogo y la lealtad institucional, profundicen en los acuerdos interinstitucionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Treviño en materias tales como servicios sociales, sanidad, educación, infraestructuras, cultura, agricultura, medioambiente, transporte y demás servicios, a fin de equipararlos a los alaveses. Todo esto entrecomillado, señorías.

Se habla de equipararlos, luego estamos de acuerdo en que los servicios que reciben los treviñeses no son los mismos que los que se reciben en Álava y, además, también estamos de acuerdo en que hay que darles una solución. Por tanto, esperamos que el Grupo Popular esté de acuerdo con esta iniciativa, y en consecuencia, con lo expresado en las Juntas Generales de Álava.

Arazoari konponbidea ematea, horri buruz hitz egiten dugu, konponbide batek, nahiz eta sinplea izan, elkarrizketa eta akordioak behar ditu. Baina ez da arazo praktiko bat soilik, baizik eta identitate-arazo bat ere bada, eta Trebiñuk mendeetan zehar behin eta berriro erabakitzeko eskubidea eskatu du. Trebiñarrak arabarrak sentitzen dira, eta Araban Trebiñu zortzigarren koadrila dela sentitzen dugu, herritarrek beren ordezkariak aukeratzen dituzte beren arazoak konpon ditzaten, eta gure esku dago Trebiñun biztanleei bizitza hobetzeko konponbidea ematea.

Estamos hablando de dar una solución al problema. Sin embargo, una solución, a pesar de ser simple, necesita diálogo y acuerdos. No se trata solo de un problema práctico sino de identidad; una reivindicación de Treviño desde hace mucho tiempo. Los treviñeses se sienten alaveses, y en Álava sentimos que Treviño es la octava cuadrilla. Los ciudadanos apelan a sus representantes para que resuelvan sus problemas.

Esta es también una cuestión de respeto al derecho a decidir, de respetar las decisiones de la ciudadanía en lugar de tutelarla o tratarla como si fuera menor de edad en Treviño, en Cataluña o en cualquier lugar, señorías.

Como he dicho ya, nuestra propuesta pasa por facilitar un acuerdo político que busque ofrecer garantías a todas las partes y que ponga en el centro la voluntad y los intereses de la ciudadanía, en este caso de los ciudadanos y las ciudadanas de Treviño. Solo es cuestión de voluntad política, de ponernos a trabajar en una propuesta que sume a las instituciones implicadas y que, mediante el diálogo respetuoso, alcance un acuerdo que dé solución al problema, dejando de lado los intereses partidarios y primando las necesidades de la ciudadanía de Treviño.

Por último, quiero agradecer a los ayuntamientos de Treviño y Argantzun las iniciativas que llevan a cabo, y a los habitantes de todo el enclave, su tesón en esta larga lucha, en la que siempre nos encontrarán a su lado.

Trebiñu ez da Araba izango, izan ere, Trebiñu Araba da.

Eskerrik asko.

Treviño no será Álava, porque, efectivamente, Treviño es Álava.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, representantes de Treviño, un saludo en nombre del Grupo Socialista.

Vamos a debatir una vez más sobre la integración de los municipios del condado de Treviño y de la Puebla de Arganzón, que forman parte de la provincia de Burgos, en la provincia de Álava. Digo que vamos a debatir una vez más porque no es esta la primera vez que se trata este asunto, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Un asunto complejo, con una larguísima historia política, jurídica y parlamentaria que todos queremos resolver, porque todos estamos de acuerdo en que, al margen de las razones históricas que cada cual pueda alegar para defender la pertenencia de estos municipios a una u otra provincia y al margen de los sentimientos de pertenencia e identidad, lo prioritario es garantizar los servicios públicos básicos a los que tienen derecho los vecinos y vecinas de los municipios de Treviño, que no pueden, bajo ningún concepto, verse afectados por las disfunciones administrativas que puedan generarse por su localización geográfica. Garantizar estos servicios pasa por establecer un amplio y profundo diálogo entre la comunidad autónoma vasca y la de Castilla y León. Primero, para garantizar la prestación de esos servicios públicos básicos que mencionaba y, segundo, para buscar ya una solución definitiva a este problema de los enclaves territoriales.

Para dar una solución a este problema, no creemos que debamos entrar en disquisiciones de tipo histórico, aunque razones históricas que justifican que Treviño sea de la provincia de Burgos, como lo ha sido siempre, las hay y muchas. Pero ni el otorgamiento que Fernán González hizo al monasterio de San Millán para que cobrara tributos a determinados municipios de Álava —y en concreto también a los de Treviño— puede justificar su pertenencia a Álava, ni el otorgamiento perpetuo de Enrique II en 1366 a su adelantado mayor de Castilla de estos municipios de Treviño puede justificar el carácter burgalés.

Como decía en 2014 en el Congreso de los Diputados el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, no estamos aquí como historiadores, sino como políticos, y como políticos tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanos desde la política.

Tampoco, señorías, podemos plantear el problema desde un punto de vista de la pertenencia e identidad, porque volveremos a caer en errores del pasado y seguiremos sin resolver el problema. Por supuesto que los ciudadanos de Treviño hacen vida en Vitoria, esto nadie lo duda, pero también los de Miranda hacen vida en Vitoria y los del Valle de Mena hacen vida en Bilbao, pero no creo que esa sea la cuestión.

Tampoco es un problema partidista, como también se ha mencionado aquí, porque sería irresponsable utilizar un asunto como este para arañar un puñado de votos, cada uno en nuestro territorio. Yo entiendo que se trata de una cuestión que tiene que ver más con problemas funcionales, administrativos y de prestación de servicios. Se trata de ver de qué manera los vecinos y vecinas de Treviño han de tener garantizadas sus necesidades por parte de las administraciones en un Estado moderno al que todos y todas pertenecemos.

Miren, señorías, no sé si recuerdan que en 1995 se constituyó en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara una ponencia sobre los enclaves territoriales. La ponencia aprobó por unanimidad que era necesaria la constitución de una comisión integrada por representantes del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León que tuviera por objeto buscar una respuesta definitiva a la cuestión y al cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave de Treviño de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

En aquella Ponencia, en la que estaban los senadores Mario Onaindía, Octavio Granado, Ramón Rabanera, César Huidobro, Ricardo Sanz, o Joseba Zubía, bajo los auspicios del entonces presidente del Senado, Juan José Laborda, se logró un acuerdo unánime de todos los grupos políticos para avanzar en una solución definitiva a este contenciosos. Esa, señorías, creemos que es la manera de abordar el problema y no creemos que haya ninguna otra. El camino es el del acuerdo, el camino es el del respeto a las previsiones estatutarias, que están perfectamente amparadas, como ustedes saben, por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 1986. Sería interesante analizar por qué aquella iniciativa no prosperó.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente.

Pero sería más interesante retomarla e iniciar una negociación, como decía, basada en el consenso, que respete tanto el estatuto de autonomía vasco como el de Castilla y León para resolver, de una vez por todas, este asunto.

El Partido Socialista siempre ha mantenido la misma posición sobre Treviño y lo seguirá haciendo. En estos momentos, entendemos que lo que no podemos es conculcar el estatuto de ninguna de las dos comunidades autónomas, ni el de la Comunidad del País Vasco ni el de Castilla y León, insistiendo en que la solución está en retomar el camino del diálogo que se inició en 1995.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Álvarez Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Bienvenidas, representantes de los dos municipios del condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón.

En primer lugar, en mi intervención quiero matizar y dejar meridianamente claras varias cuestiones, puesto que el señor Iñarritu ha deslizado algunas afirmaciones con las que no estamos en absoluto de acuerdo. Voy a calificar como fea, por no decir cruel, la utilización que de accidentes y de víctimas ha hecho usted aquí y ha dejado caer sobre algo que los que estamos en el territorio conocemos perfectamente, y además existe un expediente médico que así lo indica. En cualquier caso, quiero dejar meridianamente claro que se han vertido declaraciones sobre que la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos del condado por la Junta de Castilla y León no son correctos. La prestación de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es magnífica, y no lo decimos nosotros, lo dice la valoración externa de esos servicios. Recurramos, si queremos hablar de educación, al informe PISA; recurramos, si queremos hablar de servicios sociales y de implantación de la dependencia, a la matrícula de honor que se lleva nuestra comunidad autónoma en la prestación de estos servicios, y recurramos también a uno de los mejores ratios —que alcanza la Comunidad Autónoma de Castilla y León— en la prestación de servicios sanitarios a todos los ciudadanos, residan donde residan. No olvidemos que hablamos de la comunidad autónoma más extensa de Europa y que, independientemente de su tamaño, de su dispersión y de su despoblación, tenemos esta valoración externa en la prestación de los servicios públicos.

Pero como lo que nos preocupan —y en eso coincido con el Grupo Socialista y con el señor Arrieta— son las personas, lo que verdaderamente nos preocupan son los treviñeses, nosotros hemos aparcado diferencias. Por qué no decirlo, hay diferencias de fondo, claro que sí, claro que hay diferencias en el concepto, que ustedes califican de histórico, pero lo que nos importan son las personas. ¿Y qué se ha hecho? Trabajar y dialogar para conseguir acuerdos. Y se han alcanzado; se han alcanzado a distintos niveles, por ejemplo, a nivel autonómico, entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno vasco para la prestación de servicios sanitarios. Acuerdos, algunos de ellos tan recientes como el que se alcanzó el pasado 23 de abril entre las Juntas Generales de Álava y la Diputación Provincial de Burgos, que ha sido calificado por el Partido Nacionalista Vasco como histórico, en el que se va a trabajar en trece áreas diferentes para mejorar la calidad de vida de los treviñeses y treviñesas.

Respecto a ese acuerdo de las dos diputaciones, quiero adelantar que la Diputación Provincial de Burgos está trabajando —me consta— para la inclusión en los próximos presupuestos de 2018 de una partida presupuestaria suficiente para ir avanzando en ese acuerdo de prestación tanto de servicios sociales como de bomberos, transporte sanitario, viabilidad invernal, etcétera. En eso estamos implicados, en trabajar por y para las personas, en dejar a un lado las diferencias y solucionar los problemas.

Señor Iñarritu, me llama la atención que su partido diga que en este caso los problemas no son identitarios ni históricos. Déjenos sentir a los castellanoleoneses orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestro pasado y orgullosos de Alfonso VIII. Habla del territorio histórico de Álava. Yo creo que Burgos también merece un respeto. ¿Por qué no el territorio histórico de Burgos? (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Me consta que se está trabajando en distintos ámbitos, también en las direcciones provinciales del Partido Popular, entre la dirección provincial del Partido Popular de Burgos y la del Partido Popular de Álava. Existen diferencias, pero se van solventando. Vamos hacia delante y buscando solucionar estos problemas. Pero, señor Iñarritu, no quiero aceptar que se incumpla el marco legislativo que nos dimos entre todos. Permítame que le diga que no se pueden utilizar atajos para incumplir nuestra ley. Existe un marco legal —se lo explicó hace dos semanas la señora vicepresidenta— e, igual que nosotros respetamos su estatuto de autonomía, el Estatuto de Autonomía de Gernika, respeten ustedes también el nuestro, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. No vamos a renunciar a él.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Sí, señor presidente, acabo.

Existe un marco legal que nos dimos entre todos, el pueblo español, en las Cortes Generales, con carácter de ley orgánica. Si hay que reformar y admitir esa modificación, que sea dentro de los cauces preestablecidos para ello y no con mociones o interpelaciones, que son atajos al cumplimiento de la ley. Por ello, nuestro grupo votará en contra de esta moción consecuencia de interpelación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Iñarritu, con la incorporación de las dos enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 28; en contra, 209; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos).



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO COMUNITARIO E INTERNACIONAL. 662/000068 GPN

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha solicitado un cambio en el orden del debate de las mociones, por acuerdo de los portavoces. En primer lugar, vamos a ver la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista.

¿Hay algún senador que no esté de acuerdo? (Denegaciones).

Como está todo el mundo de acuerdo, pasamos al debate de la moción.

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado nueve enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; tres del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-en Comú Podem-En Marea; y dos del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio; abandonen el hemiciclo en silencio.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, bon dia, president.

El 14 de setembre de 2017, el president de la Generalitat, la presidenta del Parlament de Catalunya, el vicepresident de la Generalitat i l’alcaldessa de Barcelona van adreçar una carta al president del Govern amb còpia al rei Felip VI, que comença amb el text següent: «Els conflictes polítics es resolen en els sistemes democràtics a través de propostes polítiques que són conseqüència de negociacions i diàleg. Entre Catalunya i l’Estat espanyol, en els últims temps, existeix un evident conflicte polític que ve de lluny i que hem intentat de resoldre amb el màxim acord.» D’ençà de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut l’any 2010, des de Catalunya s’han intentat obrir tota mena de canals de diàleg per a resoldre el desacord produït per la sentència esmentada. Tots els intents han estat endebades, tots els intents han estat en va. Una majoria de la societat catalana ha manifestat el seu rebuig a la sentència esmentada. Al mateix temps, per part de l’Estat no s’ha fet cap proposta. No s’ha fet cap suggeriment ni proposta de dir si podríem encara aquesta situació d’una manera o una altra. Per tant, cap proposta, cap plantejament des de l’Estat.

Alhora, durant aquests mateixos anys, el PP, de vegades sol i de vegades amb el suport implícit o explícit del PSOE, s’ha dedicat a legislar de manera incessant, laminant les competències de les comunitats autònomes i, de manera ininterrompuda, fent un procés de recentralització claríssima de l’Estat. A la tardor de 2015, el 27 de setembre, hi va haver eleccions al Parlament de Catalunya. En aquestes eleccions, lògicament, van presentar-se diferents opcions polítiques i, dins d’aquestes, n’hi hagué unes quantes que van incloure al seu programa l’inici d’un procés d’independència amb l’objectiu de la constitució d’un estat propi. Ara es concreta amb la celebració, o la convocatòria, d’un referèndum per part de la Generalitat per a aquest diumenge 1 d’octubre. Convé recordar que aquestes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 van tenir un rècord de participació amb més d’un 70 % d’assistència per part dels ciutadans. Doncs bé, la reacció del Govern de l’Estat ha estat d’una extrema agressivitat. Ha intentat impedir l’expressió de tanta i tanta gent que vol votar i expressar-se a les urnes amb normalitat, amb l’objectiu i finalitat d’impedir aquest referèndum, el Govern de l’Estat està vulnerant de forma gravíssima drets fonamentals que empara la mateixa Constitució i tota la legislació comunitària europea i internacional. De fet, el PP ja va fer una reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional per atorgar-li capacitat sancionadora que va alterar, de manera gravíssima, al nostre parer, tota l’arquitectura jurídica de l’Estat. Encara alguns recordem aquell darrer ple de la desena legislatura, l’octubre de 2015, on es va modificar la Llei orgànica del Tribunal Constitucional amb una extraordinària solitud per part del PP. Cap altre grup polític li va donar suport. Això sí, per cert, amb tràmit d’urgència i amb lectura única. No sé si els sona, això: es va modificar la Llei orgànica del Tribunal Constitucional amb tràmit d’urgència i lectura única. Tinguem-ho en compte, també. El PP, per evitar d’afrontar el debat de fons, s’ha limitat a centrifugar les seves responsabilitats cap a fiscals i jutges. Ha defugit el debat i s’ha amagat. I davant d’aquesta actitud tan penosa, des d’un punt de vista polític, hi ha moltes altres forces polítiques que, com a mínim, han compartit la visió que cal afrontar la necessitat d’encarar el problema, almenys això.

Anem a buscar experts de prestigi internacional en conflictes territorials. Un exemple recent és, per exemple, el senyor Alfred-Maurice de Zayas. Qui és aquest senyor? Doncs un expert independent de l’ONU per a la promoció de la democràcia arreu del món. Què diu aquest senyor? Reclama a Juncker que faci de mediador a Catalunya. Es mostra preocupat per les evidències de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, per l’estat de dret i per l’autodeterminació. Amb totes les lletres: per l’autodeterminació. El senyor De Zayas encoratja Juncker a fer mediació per garantir el respecte de tots els drets humans a Catalunya. Aquesta carta també ha estat tramesa al senyor Antonio Guterres, secretari general de l’ONU. El senyor Alfred-Maurice de Zayas en els escrits expressa el seu suport al recent informe d’experts internacionals, entre els quals destaca també el del professor de Ginebra, el prestigiós Nicolás Levrat, en què es constata i es reconeix el dret d’autodeterminació de Catalunya. Ha fet un comunicat de premsa on demana a la Comissió Europea que defensi el dret del poble català a expressar la seva opinió en un referèndum compatible amb la llei europea i internacional. Més clar, impossible. I recomana a la Comissió Europea que condemni l’ús directe o indirecte de la força contra una població que intenta expressar el seu dret a decidir. El Govern del PP ha volgut evitar el debat amb la imposició de mesures legals i coercitives, sense cap empara mínimament raonable ni presentable. S’estan amenaçant centenars d’alcaldes, 742, per la Fiscalia pel simple fet de poder posar a disposició dels seus veïns urnes perquè es puguin expressar aquest diumenge.

Han vulnerat la llibertat de reunió, la llibertat d’opinió, escorcollen revistes i diaris, agredeixen la legislació vigent, la mateixa Constitució espanyola, de manera absolutament frontal, i fan persecució política personal de manera descarada. La persecució contra el president Mas i el seu govern —contra el president Mas, que ja està jutjat i condemnat a un any i mig d’inhabilitació i una multa econòmica— fent aparèixer un d’aquests sindicats ultres que solen estar a l’entorn del PP presentant una denúncia davant del Tribunal de Cuentas perquè després el fiscal s’hi sumi, això és persecució política pura i dura, persecució política. Tanquen pàgines web, es passen el dia perseguint-les, mentre la Fundació Francisco Franco té la pàgina web perfectament visible i visitable sense cap problema.

Per cert, és normal que el senyor García Albiol, que és avui aquí present, senador pel Grup Popular, la vigília d’una operació policial ens avancés que «demà la Guàrdia Civil ens donarà alegries»? Que és un càrrec del Ministeri de l’Interior, vostè? Que és un responsable del Ministeri de l’Interior i no ho sabíem? Això ho hem llegit tots, declaracions seves. «Demà la Guàrdia Civil ens donarà alegries.» Perfecte. Jo dic, aquest senyor, no me n’he assabentat, ja no és senador i l’han nomenat alt càrrec del secretari de Seguretat o alt càrrec del Ministeri de l’Interior. Veig amb preocupació que hi continua havent un barrig-barreig entre funcions i responsabilitats per part de tots.

La Guàrdia Civil arrencant cartells on posa: democràcia. Fantàstic, estan donant una imatge com a Estat espanyol fantàstic. El tancament de web que ja he dit. Substracció a particulars de cartells o propaganda... tot això està fora de la legalitat. Estan desemparant Espanya enviant milers de policies a Catalunya. I quin problema hi ha a Catalunya? Hi ha problema d’ordre públic a Catalunya? Jo apel·lo a tots els senadors presents. A Catalunya hi ha un problema d’ordre públic per enviar milers de policies nacionals i guàrdies civils, deixant desemparada la resta de l’Estat espanyol? És una cosa absolutament extraordinària i inexplicable. El tancament de pàgines web, com deia, és una altra de les vergonyes.

Estem en un estat d’excepció encobert, amb un abús i un desbordament de la legalitat per part del Govern central. Nombrosíssims juristes de prestigi, el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, el senyor Martín Pallín, acaba de dir: «no manoseen el derecho penal», per exemple. Amnistia Internacional demanar respectar els drets de qualsevol col·lectiu a expressar-se. José María Mena, exfiscal en cap de Catalunya, acaba d’afirmar que la convocatòria del referèndum no és il·legal; és política, però no és il·legal. El doctor Joan Queralt, un altre reputat catedràtic de dret, també ha denunciat que s’estan trepitjant obertament drets bàsics com la violació, fins i tot, del secret postal, del secret de Correus. Javier Pérez Royo, persona de reconegut prestigi i catedràtic de dret constitucional, ha arribat a afirmar: «La monstruositat jurídica que s’està cometent no pot ser més gran». Vostès intenten aconseguir que aquest diumenge no puguem votar, però el que estan fent, amb tota claredat, és carregar-se l’estat de dret a tot l’Estat espanyol.

Gracias, presidente. Buenos días.

El 14 de septiembre de 2017, el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento de Cataluña, el vicepresidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona dirigieron una carta al presidente del Gobierno, con copia al rey Felipe VI, que empieza con este texto: «Los conflictos políticos se resuelven en los sistemas democráticos a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Cataluña y el Estado español, en los últimos tiempos viene existiendo un evidente conflicto político que tiene raíces históricas y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo.» Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto del año 2010, en Cataluña se ha intentado abrir todo tipo de canales de diálogo para resolver el desencuentro producido por la sentencia mencionada. Todos los intentos han sido en vano. Todos los intentos, inútiles. Una mayoría de la sociedad catalana ha manifestado su rechazo a la sentencia mencionada. Al mismo tiempo, por parte del Estado no se ha formulado ninguna propuesta, no se ha dado ninguna sugerencia para dar respuesta a esta situación de una forma u otra. Como digo, ninguna propuesta, ningún planteamiento desde el Estado.

A la vez, estos mismos años, el PP, a veces solo y a veces con el apoyo implícito o explícito del PSOE, se ha dedicado a legislar de forma incesante, laminando las competencias de las comunidades autónomas de forma ininterrumpida, realizando un proceso de recentralización clarísima del Estado. En otoño de 2015, el 27 de septiembre, se produjeron elecciones al Parlamento de Cataluña. A estas elecciones, lógicamente, se presentaron distintas opciones políticas, y entre ellas, unas cuantas incluyeron en su programa el inicio de un proceso de independencia, con el objetivo de la constitución de un Estado propio. Ahora se concreta con la celebración de un referéndum o la convocatoria de un referéndum por parte del Gobierno de la Generalitat para este domingo 1 de octubre. Cabe recordar que estas elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 de septiembre de 2015 tuvieron un récord de participación, con más de un 70 % de asistencia por parte de los ciudadanos. Pues bien, la reacción del Gobierno del Estado ha sido de una extrema agresividad, ha intentado impedir la expresión de tantísima gente que quiere votar y expresarse en las urnas con normalidad. Con el objetivo y la finalidad de impedir este referéndum, el Gobierno del Estado está vulnerando de forma gravísima derechos fundamentales amparados por la Constitución y por toda la legislación comunitaria europea y también la internacional. De hecho, el PP ya realizó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para ceder a este tribunal capacidad sancionadora, que alteró de forma gravísima, a nuestro entender, toda la arquitectura jurídica del Estado. Algunos aún recordamos el último Pleno de la anterior legislatura, en octubre de 2015, donde se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con una extraordinaria solicitud por parte del PP, porque ningún otro partido político le dio su apoyo; eso sí, por cierto, por el trámite de urgencia y con lectura única. No sé si les suena. Se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el trámite de urgencia y lectura única, debemos recordarlo. El PP, para evitar enfrentar el debate de fondo se ha limitado a centrifugar sus responsabilidades hacia fiscales y jueces. Ha rehuido el debate y se ha escondido. Ante esta actitud tan penosa desde el punto de vista político, hay muchas otras fuerzas políticas que han compartido la visión de que debe plantarse cara a esta necesidad y dar respuesta al problema, al menos eso.

Vamos a buscar expertos de prestigio internacional en conflictos territoriales. Un ejemplo reciente es el señor Alfred-Maurice de Zayas. ¿Quién es este señor? Este señor es un experto independiente de la ONU para la promoción de la democracia en todo el mundo. ¿Qué nos dice este señor? Reclama a Juncker que actúe de mediador en Cataluña, se muestra preocupado por la evidencia de violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos, del Estado de derecho y la autodeterminación —con todas las letras: autodeterminación—. El señor De Zayas alienta al señor Juncker a realizar esta mediación para garantizar el respeto de todos los derechos humanos en Cataluña. Esta carta también ha sido remitida al señor Guterres, secretario general de la ONU. El señor Alfred-Maurice de Zayas en su escrito expresa su apoyo al reciente informe de expertos internacionales —entre los cuales destaca el profesor de Ginebra, el prestigioso Nicolas Levrat—, en el que se hace este reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña. Ha realizado un comunicado de prensa en el que pide a la Comisión Europea que defienda el derecho del pueblo catalán de expresar su opinión en un referéndum, compatible con la ley europea y la ley internacional. Más claro imposible. Recomienda a la Comisión Europea que condene el uso directo o indirecto de la fuerza contra una población que intenta manifestar su derecho a decidir. El Gobierno del PP ha querido evitar el debate imponiendo medidas legales y coercitivas sin ningún tipo de amparo razonable ni presentable. Se está amenazando a centenares de alcaldes, 742 alcaldes, amenazados por la fiscalía, por el hecho de poner a disposición de sus vecinos urnas para que se expresen este domingo.

Han vulnerado la libertad de reunión, la libertad de opinión; registran revistas y periódicos; agreden la legislación vigente, la misma Constitución española, de forma absolutamente frontal, y realizan persecución política y personal con descaro. Persiguen al presidente Mas —que ya ha sido juzgado y condenado a un año y medio de inhabilitación y a una multa económica— y a su Gobierno. Hacer aparecer un sindicato ultra de estos que suelen estar en el entorno del PP, presentando una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que luego el fiscal se sume a ella, es persecución política pura y dura; repito, persecución política. Por otra parte, cierran páginas web, se pasan todo el día persiguiendo páginas web mientras la Fundación Francisco Franco tiene su página web perfectamente visible y visitable sin problema alguno.

Por cierto, ¿es normal que el señor García Albiol, hoy aquí presente y senador por el Grupo Popular, en vísperas de una operación policial, nos adelante que mañana la Guardia Civil nos va a dar alegrías? ¿Es usted un cargo del Ministerio del Interior? ¿Es responsable usted del Ministerio del Interior y no lo sabíamos? Porque esto lo hemos leído todos en declaraciones suyas: «mañana la Guardia Civil nos va a dar algunas alegrías». Perfecto. Entonces pensé que este señor ya no es senador y que ha sido designado alto cargo del secretario de Seguridad o del Ministerio del Interior. Veo con preocupación que sigue existiendo la mezcolanza entre funciones y responsabilidades.

La Guardia Civil ha arrancado carteles en donde reza: Democracia. Fantástico. Estamos dando una imagen del Estado español fantástica: la Guardia Civil arrancando carteles en los que pone democracia, la clausura de páginas web, la sustracción a particulares de carteles y propaganda. Todo está fuera de la legalidad. Están desamparando a España al mandar a miles de policías a Cataluña. ¿Qué problema hay en Cataluña? ¿Tenemos un problema de orden público en Cataluña? Apelo a todos los senadores presentes a que me digan si existe un problema de orden público en Cataluña como para mandar a miles de guardias civiles y policías nacionales, dejando desamparado el resto del Estado español. Esto es algo absolutamente extraordinario e inexplicable. El cierre de páginas web es otra vergüenza más.

Estamos en un estado de excepción, con un abuso, un desborde de la legalidad por parte del Gobierno central. Son múltiples, numerosísimos los juristas de prestigio, como, por ejemplo, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, señor Martín Pallín, que acaba de afirmar: «no manoseen el Derecho Penal». Amnistía Internacional pide respetar los derechos de cualquier colectivo a expresarse. José María, ex fiscal jefe de Cataluña, acaba de afirmar que la convocatoria del referéndum no es ilegal; es política, pero no ilegal. El doctor Joan Queralt, otro reputado catedrático de Derecho, también ha denunciado que se están pisoteando abiertamente derechos básicos, como la violación incluso del secreto postal, el secreto de correos. Javier Pérez Royo, persona de reconocido prestigio y catedrático de Derecho Constitucional, ha llegado a afirmar: «La monstruosidad jurídica que se está cometiendo no puede ser mayor». Ustedes intentan lograr que este domingo no podamos votar, pero lo que están haciendo, a todas luces, es cargarse el Estado de derecho en todo el Estado español.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo enseguida, presidente.

Tot aquest arsenal per intimidar i per impedir que tants milers de catalans puguem expressar-nos aquest diumenge votant. Buscant, com ho estan fent, la persecució de càrrecs públics, s’estan carregant totes les garanties democràtiques i els quedarà una democràcia de baixíssima qualitat.

Nosaltres diumenge que ve votarem amb normalitat, de forma cívica, pacífica, com sempre fem, i no hi ha ningú capaç d’aturar tanta democràcia.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Todo este arsenal jurídico para intimidar e impedir que tantos miles de catalanes podamos expresarnos este domingo votando y con esta persecución de cargos públicos están dando al traste con todas las garantías democráticas y va a quedar una democracia de muy baja calidad.

Nosotros este próximo domingo vamos a votar con normalidad, de forma cívica y pacífica, como siempre lo hacemos. Y no hay nadie capaz de detener tanta democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Bon dia.

Bé, al Partit Popular vore un sobre l’altera moltíssim. Si eixe sobre ve de la seu de Génova, els brillen els ullets com si foren els xiquets en la festa de Reis o el Papa Noël, però si eixos sobres ixen de la Generalitat de Catalunya per a que la gent puga votar, s’alteren i es converteixen en homes llops. Eixa és la diferència, no?

A mi també m’inquieta i m’altera molt el que està passant, i és molt trist, lamentable, preocupant, veient el que estem veient estos dies. Podríem tindre una certa distància i molta en tot el procediment que va tindre el Parlament català estos dies, donant passos moltes vegades que pareixien cap al buit, sense massa prudència. Però la resposta del Govern espanyol ha sigut el despropòsit més absolut possible. Diuen que actuen per a que no es malversen diners públics en el referèndum, els mateixos que no tenen cap tipus de problema a desplaçar totes les forces militars a Catalunya, que imagine que això debades tampoc no és. Quant ha costat el barco del Piolín? Quant ha costat el setge de Catalunya? Era precís? Jo entenc perfectament que això no era precís.

No poden combatre vostès el possible malbaratament de diners públics malgastant encara més, i desprotegint altres part de l’Estat. La via, entenem, no pot ser la força, perquè pot ser que vostès impediran el dia 1 d’octubre que la gent puga acudir a votar, però el dia 2 tindran el mateix problema:



la societat catalana, i també l’espanyola, estarà més polaritzada, més dividida, hi haurà gent expedientada, gent sancionada, gent castigada, gent reprimida, i no hauran parat el malestar, tant dels que estan a favor del referèndum com dels que estaven en contra del mateix. Perquè la via, i continuem dient-ho, per a nosaltres, era el diàleg, era l’única via possible.

Són vostès un govern que aplica l’article 155 per la porta de darrere, són un govern que permeten que s’entre en impremtes, que es permeta per exemple que es puga fer campanya pel no, i que estiga prohibida la campanya pel sí. Són un govern que permet que se citen 700 alcaldes, el setge policial a seus de partits polítics sense cap tipus d’ordre judicial, el setge ridícul amb el barco de la Warner... Tot per a què? Tot per a crispar i dividir més la societat catalana. Vostès actuen com un govern amb mesures pròpies de Torrente, i no d‘un estat modern, aconseguint que milers de ciutadans, que podrien tindre instàncies en tot el procés com s’ha dut, al final acaben donant-los l’esquena. Pensem que fa falta parlar molt, i el diàleg ha de ser l’única via possible.

Però no hem de parlar únicament de Catalunya, hem de parlar del model territorial que tenim. Dels pobles de l’Estat que ens sentim maltractats econòmicament, de què fem per a que ningú tinga ànsies per a separar-se, de què han fet vostès per a que ningú vulga anar-se’n d’Espanya... La solució quina és, el palo?, la policia?, la repressió?, enviar el Pato Lucas com estan fent? Així evidentment no ho arreglaran. Perquè facen el que facen el dia 2 el problema continuarà damunt de la taula, continuarà encara pitjor del que estava, i caldrà buscar solucions.

Jo em negue a parlar de problema català, perquè és un problema d’estat. Tenen la barra d’eixir un ministre dient que això es podria arreglar via Pressupostos de l’Estat. De nou, diners damunt la taula, i de nou a pagar el pato, i no el Lucas, sinó el pato, els plats trencats, els de sempre. No estem parlant d’això, estem parlant que després de 40 anys en un estat de les autonomies òbviament fa falta reformar-lo; fa falta parlar de per què estan passant estes coses, però vostès no, vostès en lloc de buscar solucions volen aprofundir l’escletxa, perquè creuen que això els funcionarà electoralment. Vostès volen mà dura, palo, i la seua base més radical, alimentar-la i que no se’n vaja a altres partits. Perquè vostès són hereus directament de l’anterior règim. M’agradaria preguntar per exemple a on estaven els policies, el passat diumenge quan ens insultaven, ens agredien, ens amenaçaven a Saragossa, també per part de militants del Partit Popular, perquè vostès utilitzen les forces seguretat de manera vergonyant. Ahir a moltes ciutats, també a Castelló, per exemple, vaig vore, avergonyit també com quan eixia la Guàrdia Civil en direcció a Catalunya, centenars de persones els aplaudien i deien «a por ellos, a por ellos». Pregunte: «a por ellos»? A per qui?, no? Això és el que han aconseguit: polaritzar i dividir més la societat.

Per això a vostès els demanaria, a vostès, els neofranquistes, i perdonen vostès per això de «neo», perquè de neo en tenen ben poquet, els demanaríem que rectificaren, i les nostres esmenes van en eixa via: demanar diàleg i demanar que rectifiquen. Perquè el dia 2 d’octubre açò no s’ha acabat, volem diàleg, volem solucions, volem que es puga parlar del model d’Estat que volem.

No volem parlar únicament de Catalunya, volem parlar de tot l’Estat, volem parlar de què està passant a Catalunya, per què vostès ens maltracten al País Valencià, i quina solució li donarem a la solució del futur d’este Estat que ha de ser per a nosaltres un futur compartit i on tot el món estiga content i a gust.

Gràcies.

Buenos días.

Al Partido Popular, cuando ve un sobre, si ese sobre viene de la sede de Génova, le brillan los ojos, como si fueran niños en la fiesta de Reyes o de Papá Noel; pero si esos sobres salen de la Generalitat de Catalunya para que la gente vote, se alteran y se convierten en hombres lobo. Esa es la diferencia

A mí también me inquieta y me altera mucho lo que pasa. Es muy triste, lamentable y preocupante lo que estamos viendo estos días. Podríamos poner una cierta distancia a todo el procedimiento del Parlament de estos días que parecería estar dando pasos hacia el vacío, sin mucha prudencia, pero la respuesta del Gobierno español ha sido el despropósito más grande posible. Dicen que actúan para que no se malverse dinero público en el referéndum los mismos que no tienen ningún tipo de problema en desplazar a todas las fuerzas militares a Cataluña, que imagino que eso gratis tampoco sale. ¿Cuánto ha costado el barco del Piolín? ¿Cuánto ha costado el asedio a Cataluña? ¿Era necesario? Yo entiendo que no era necesario.

Ustedes no pueden combatir el presunto derroche de dinero público malgastando, aún más, y desprotegiendo a otras partes del Estado. La vía no puede ser la fuerza. Quizá ustedes impedirán el día 1 de octubre que la gente acuda a votar, pero el día 2 tendrán el mismo problema. La sociedad catalana y también la española estará más polarizada, más dividida. Habrá gente expedientada, gente sancionada, castigada, reprimida y no habrán parado el malestar, tanto de los que están a favor del referéndum como de los que están en contra. Porque la vía, continuamos diciéndolo, es el diálogo.

Son ustedes un Gobierno que aplica el artículo 155 por la puerta de atrás. Un Gobierno que permite que se entre en imprentas, que se pueda hacer campaña por el no y que prohíba la campaña por el sí. Un Gobierno que permite que citen a 700 alcaldes, que permite el acoso policial a sedes de partidos políticos sin orden judicial, el asedio, el acoso ridículo del barco de la Warner, todo para crispar y dividir más a la sociedad catalana. Ustedes actúan como un Gobierno con medidas propias de Torrente y no de un Estado moderno, consiguiendo que miles de ciudadanos, que podríamos tener instancia en todo el proceso conforme se ha llevado, al final acaben dándoles la espalda. Hace falta hablar mucho, y el diálogo tiene que ser la única vía posible.

Pero no tenemos que hablar solo de Cataluña, tenemos que hablar del modelo territorial que tenemos, de los pueblos del Estado que nos sentimos maltratados económicamente, de qué hacemos para que nadie tenga ganas de separarse, de qué han hecho ustedes para que nadie se quiera ir de España. ¿Cuál es la solución? ¿El palo, la represión, enviar al pato Lucas? Evidentemente, así no lo lograrán porque, hagan lo que hagan, el día 2 el problema continuará sobre la mesa. Continuará peor de lo que estaba y habrá que buscar soluciones.

Me niego a hablar de problema catalán porque es un problema de Estado. Tienen la cara de decir que eso se podría arreglar con los Presupuestos Generales del Estado. De nuevo, dinero sobre la mesa, y de nuevo, a pagar el pato —no el pato Lucas, sino el pato— los de siempre. Estamos hablando de que después de 40 años en un Estado de las Autonomías no hace falta reformarlo, sino hablar de por qué pasa esto. Pero ustedes no, ustedes quieren profundizar en la brecha porque creen que ello les funcionará electoralmente. Ustedes quieren mano dura, palo, y alimentar su base más radical para que no se vaya a otros partidos. Porque ustedes son herederos directos del anterior régimen. Me gustaría preguntar dónde estaban los policías el pasado domingo cuando nos insultaban, agredían, amenazaban en Zaragoza, también por parte de militantes del Partido Popular. Porque ustedes utilizan las fuerzas de seguridad de manera vergonzante en muchas ciudades. Ayer, por ejemplo, en Castellón también vi con vergüenza cómo cuando salía la Guardia Civil en dirección a Cataluña cientos de personas aplaudían gritando: a por ellos, a por ellos. ¿A por ellos?, ¿a por quién? Eso es lo que han conseguido: polarizar y dividir a la sociedad aún más.

Por ello, les pediría a los neofranquistas —perdonen ustedes por lo de neo, porque de neo tienen bien poco— que rectifiquen. Y nuestras enmiendas van en ese sentido, piden diálogo y rectificación, porque el día 2 de octubre esto no se acaba. Queremos diálogo, queremos soluciones, queremos que se pueda hablar del modelo de Estado que queremos.

No solo queremos hablar de Cataluña, sino de todo el Estado. ¿Qué pasa en Cataluña, por qué ustedes maltratan al País Valenciano, y qué solución daremos al futuro de este Estado? Para nosotros tiene que ser un futuro compartido y donde todo el mundo esté contento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vilà Galán.

La señora VILÀ GALÁN: Gràcies, president.

Catalunya, en aquests moments, viu un conflicte sense precedents en democràcia, un conflicte que ha comportat crispació i ara és més necessari que mai el diàleg, la negociació, l’entesa entre les dues parts, entre l’Estat i la Generalitat. I, en aquest sentit, hem presentat tres esmenes a aquesta moció, que ens sembla del tot pertinent, però que volem completar amb qüestions que ens semblen imprescindibles tant per a la pau social com per al respecte a l’autonomia.

En primer lloc, és urgent que el Partit Popular cessi la seva política d’excepcionalitat i de repressió cap a Catalunya. I no impedir que l’1 d’octubre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya s’expressin com considerin oportú i de forma pacífica davant de l’immobilisme del Govern de Mariano Rajoy. Impedir la llibertat d’expressió, de reunió o de mobilització és creuar una línia vermella i és una amenaça per a les llibertats fonamentals, constitutives en democràcia.

En segon lloc, creiem que el Govern de l’Estat ha de dialogar amb la Generalitat i amb tot el conjunt d’actors polítics per buscar solucions polítiques i democràtiques, que passen necessàriament per un referèndum acordat i amb garanties.

No ens val que el Govern del Partit Popular s’excusi amb què un referèndum és inconstitucional. Ja en tenim prou de polítics que deriven a la legislació vigent el que ha de caure sota la seva responsabilitat. Si hi hagués hagut acord, si hi hagués hagut diàleg, si hi hagués hagut negociació, com és en el cas d’Escòcia o és en el cas de Quebec, ara no seríem en aquest pols de força que ningú no sap com pot acabar. Però el que sí que sabem és que pot arribar a pertorbar la pau social i l’estabilitat econòmica que s’ha trigat anys en aconseguir. El que sí que sabem és que en aquest conflicte hi perdran els de sempre. La classe treballadora. Els més humils. Que acabaran essent, segurament, una arma llencívola entre ambdues bandes, per a mantenir el pols i això no ho podem permetre de cap manera. La classe treballadora catalana ja ha patit excessivament la crisi econòmica en els darrers anys i les polítiques de retallades del Partit Popular, però també dels successius governs de Convergència i Unió.

Finalment, el Ministeri de l’Interior i el fiscal de l’Estat hauria de respectar allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 164.1, en matèria de seguretat pública. Respectar aquest article vol dir respectar les competències dels mossos de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra, i vol dir que els cossos de seguretat imposats pel Ministeri de l’Interior són una vulneració d’aquestes competències i, per tant, el ministre Zoido hauria de retirar totes les forces que han imposat als mossos sense previ acord ni autorització per part de la policia catalana. I continuar deixant la coordinació de la seguretat en mans dels Mossos d’Esquadra tal i com estableix aquest article de l’estatut d’autonomia.

En definitiva, el que demanem en aquesta moció, a banda del que demana també el PDeCAT, òbviament, és aturar la repressió i el conflicte, deixar votar l’1 d’octubre, dialogar i pactar un referèndum que pugui gaudir de totes les garanties i respectar l’autogovern de Catalunya, especialment les competències dels Mossos d’Esquadra, ja que la imposició de la força per part del govern només pot portar a agreujar la crisi i a trencar la pau social.

En una paraula, el que demanem és responsabilitat. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Cataluña en estos momentos vive un conflicto sin precedentes en democracia, un conflicto que ha comportado crispación y ahora es más necesario que nunca el diálogo, la negociación y el entendimiento entre las dos partes, entre el Estado y la Generalitat. Y en este sentido hemos presentado tres enmiendas a esta moción que nos parece muy pertinente, pero que queremos completar con cuestiones que nos parecen imprescindibles para la paz social y el respeto a la autonomía.

En primer lugar, es urgente que el Partido Popular cese en su política de excepcionalidad y de represión hacia Cataluña y no impedir que el 1 de octubre los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña se expresen como consideren oportuno y de forma pacífica ante el inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy. Impedir la libertad de expresión, de reunión o de movilización es cruzar una línea roja y una amenaza para las libertades fundamentales constitutivas de la democracia.

En segundo lugar, creemos que el Gobierno del Estado debe dialogar con la Generalitat y con el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas y democráticas que pasen necesariamente por un referéndum acordado y con garantías.

Ya no nos vale con que el Gobierno del Partido Popular se excuse con que un referéndum es inconstitucional. Ya hemos tenido bastantes políticos que niegan a la legislación vigente lo que tiene que recaer bajo su responsabilidad. Si hubiera habido un acuerdo, diálogo, negociación, como en el caso de Escocia o de Quebec, ahora no estaríamos en este pulso de fuerza que nadie sabe cómo puede terminar, pero lo que sí sabemos es que puede perturbar la paz social y la estabilidad económica que hemos tardado años en conseguir; lo que sí sabemos es que en este conflicto van a perder los de siempre, la clase trabajadora, los más humildes, que van a terminar siendo un arma entre ambos bandos para mantener el pulso. No lo podemos permitir. La clase trabajadora catalana ya ha sufrido excesivamente la crisis económica de los últimos años y las políticas de recortes del Partido Popular y también de los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió.

Finalmente, el Ministerio del Interior y el fiscal del Estado deberían respetar aquello que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 164.1 en materia de seguridad pública; este artículo obliga a respetar las competencias de los Mossos d’Esquadra, y las fuerzas impuestas por el Ministerio del Interior son una vulneración de estas competencias. El ministro Zoido debería retirar todas las fuerzas que han impuesto a los mossos sin previo acuerdo, sin autorización de la policía catalana, y dejar la coordinación de la seguridad en manos de los Mossos d’Esquadra como se establece en este artículo del estatuto de autonomía.

En definitiva, lo que pedimos en esta moción, aparte de lo que ya solicita el PDECAT, es parar la represión y el conflicto, dejar votar el 1 de octubre, dialogar y pactar un referéndum que goce de todas las garantías y respete el autogobierno de Cataluña, especialmente las competencias de los Mossos d?Esquadra, ya que la imposición de la fuerza por parte del Gobierno a lo único que nos puede llevar es a agravar la crisis y a romper la paz social.

En una palabra, lo que pedimos es responsabilidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, senyories.

Intervinc en nom del Grup Socialista per a la defensa de les nostres esmenes a la moció presentada pel PDeCAT. Ho faig —no ho puc evitar— expressant una gran preocupació pels fets que estan passant a Catalunya i que tots coneixem.

Nosaltres no volem contribuir ni en la més mínima mesura a augmentar el clima de tensió que estem vivint, tot el contrari, el que més necessitem ara és tranquil·litat, serenitat i prudència. Tots vostès m’han sentit en nombroses ocasions defensar l’opinió del meu grup en el sentit que el problema català —o, millor dit, el problema espanyol de l’articulació territorial del nostre Estat— no és un afer menor ni conjuntural. Som davant d’un problema de fons que requereix solucions de fons, que només poden assolir-se per la via de la política, cosa que també ha entès el Govern d’Espanya. Però no resoldrem els problemes reals del nostre autogovern, senyories del PDeCAT, al marge de l’estat de dret. No es resoldran vulnerant els drets fonamentals, però tampoc la Constitució que els reconeix i els protegeix ni a l’Estat que desenvolupa i amplia els drets del conjunt de ciutadans de Catalunya.

Vostès han optat, al meu parer, per una via que porta a la confrontació, però no a construir solucions acceptables per a tots. A la seva moció, senyories, fan referència als drets fonamentals, però no ens enganyem: això és només l’enunciat, l’excusa. Això no va de drets fonamentals, va d’independència. Afortunadament per a tots, els drets fonamentals no estan en qüestió i, si fos així, vostès saben que comptarien amb nosaltres, i amb molts altres, per a defensar-los. Però els hem de dir amb tota la rotunditat que no vam saber apreciar per part de vostès aquesta voluntat quan al ple del Parlament del passat 6 i 7 de setembre van trepitjar dels drets dels diputats i diputades dels grups de l’oposició.

Creuen vostès que és respectar el dret a la participació en els afers públics impedir que els grups parlamentaris puguin presentar esmenes a la totalitat dels projectes de llei? Creuen vostès que és legítim i respectuós amb els drets dels diputats i les diputades impedir-los la sol·licitud del dictamen previ del Consell de Garanties Estatutàries? Vostès van torçar els procediments parlamentaris de manera tan evident que això qüestiona la seva legitimitat per parlar de la defensa de drets, i ho van fer sabent el que feien, reconeixent explícitament la seva voluntat de vulnerar el reglament del Parlament, malgrat l’advertiment dels lletrats de la cambra i dels dictàmens del Consell de Garanties, prescindint de les garanties establertes al nostre Estatut, de les previsions constitucionals i de les disposicions del Tribunal Constitucional. Vostès saben perfectament que, per modificar el nostre Estatut vigent, cal una majoria qualificada de dues terceres parts dels escons. Vostès saben perfectament que, en matèria de règim electoral, la majoria necessària és de dues terceres parts. Vostès, sense cap escrúpol, van liquidar l’Estat i la Constitució en 48 hores, pràcticament sense debat parlamentari i amb només 72 diputats. El mateix president de la Generalitat ho ha reconegut explícitament. No ho podíem fer de cap altra manera, va dir.

No creuen vostès que això és vulnerar drets? Fan vostès una llarga llista de principis i referències legals en les quals, per descomptat, hem de coincidir amb vostès i, sense cap dubte, la majoria de senadors aquí presents. Però les referències legals han de ser completes. No poden agafar una part de l’ordenament legal i prescindir del que no els interessa. El marc legal i els principis en què es basa la nostra democràcia i la de la resta de països del nostre entorn és un tot. No és disponible per parts. Miri, no poden, no podem tots invocar aspectes de la nostra Constitució, del nostre Estatut, prescindint d’allò que no ens interessa com fan vostès.

Per aquestes raons hem esmenat la seva exposició de motius, a la qual hem afegit referències no esmentades per vostès, com per exemple l’article 1 de l’Estatut, que és perfectament vigent i que estableix que el nostre autogovern es basa en aquest Estatut i en la Constitució de 1978. Afegim també a l’exposició de motius una reflexió sobre el caràcter polítics dels problemes d’encaix de Catalunya a Espanya i una doble afirmació que, al nostre parer, està carregada de sentit comú: contra la llei, no; només amb la llei, tampoc. Esmenem també la part dispositiva de la moció proposada recordant l’obligació de tots els poders públics de respectar i de fer respectar les lleis que garanteixen l’exercici dels drets fonamentals, als quals vostès fan referència.

Expressem, tanmateix, la nostra confiança en la feina de la Comissió d’Avaluació i Modernització de l’Estat Autonòmic que acaba de crear el Congrés dels Diputats i instem el Govern a incentivar l’inici al més aviat possible dels seus treballs. I acabem la nostra esmena amb una crida a la serenitat. Els governs i les institucions cal que siguin capaços de trobar solucions i de proposar-les als ciutadans. Aquesta és la seva principal missió. Nosaltres encara hi confiem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de nuestras enmiendas a la moción presentada por el Grupo PDECAT, y lo hago —no puedo evitarlo— expresando una gran preocupación por los hechos acontecidos en Cataluña, que todos conocemos.

Nosotros no queremos contribuir en la más mínima medida a aumentar el clima de tensión que estamos viviendo; todo lo contrario, lo que más necesitamos ahora es tranquilidad, serenidad y prudencia. Todos ustedes me han escuchado en muchas ocasiones defender la opinión de mi grupo parlamentario en el sentido de que el problema catalán —mejor dicho, el problema español de la articulación territorial de nuestro Estado— no es un asunto menor ni coyuntural. Nos encontramos ante un problema de fondo que requiere soluciones de fondo, y que tan solo puede alcanzarse por la vía política, algo que tampoco ha entendido el Gobierno de España. Pero no vamos a resolver los problemas reales de nuestro autogobierno, señorías del PDECAT, al margen del Estado de derecho, no se van a resolver vulnerando los derechos fundamentales, pero tampoco la Constitución, que los reconoce y los protege, ni el estatuto, que desarrolla y amplía los derechos del conjunto de los ciudadanos de Cataluña.

Ustedes han optado, a mi entender, por una vía que lleva a la confrontación, que no construye soluciones aceptables para todos. En su moción hacen referencia a los derechos fundamentales, pero no nos engañemos, esto es tan solo el enunciado, la excusa, esto no va de derechos fundamentales, va de independencia. Afortunadamente para todos, los derechos fundamentales no están en cuestión, si fuera así, ustedes saben que contarían con nosotros, y con muchos más para defenderlos. Pero tenemos que decirlo con absoluta rotundidad: no supieron apreciar esta voluntad cuando en el Pleno del Parlamento del 6 y 7 de septiembre pisotearon los derechos de los diputados y diputadas de los grupos de la oposición.

¿Creen ustedes que es respetar el derecho a la participación en asuntos públicos impedir que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a la totalidad de los proyectos de ley? ¿Creen ustedes que es legítimo y respetuoso con los derechos de los diputados y diputadas impedir la solicitud del dictamen previo del Consejo de Garantías Estatutarias? Ustedes retorcieron los procedimientos parlamentarios de forma tan evidente que cuestiona su legitimidad para hablar de la defensa de derechos, y lo hicieron a sabiendas de lo que hacían, reconociendo explícitamente su voluntad de vulnerar el Reglamento del Parlamento, a pesar de la advertencia de los letrados de la Cámara y los dictámenes del Consejo de Garantías, prescindiendo de las garantías establecidas en nuestro estatuto para las provisiones constitucionales y las disposiciones del Tribunal Constitucional. Ustedes saben perfectamente que para modificar nuestro vigente estatuto se requiere una mayoría cualificada de dos terceras partes de los escaños. Ustedes saben perfectamente que en materia de régimen electoral la mayoría necesaria es de dos terceras partes. Ustedes, sin escrúpulos, liquidaron el estatuto y la Constitución en cuarenta y ocho horas, prácticamente sin debate parlamentario y con tan solo 72 diputados. El mismo presidente de la Generalitat lo ha reconocido explícitamente: No podíamos hacerlo de otra forma, dijo.

¿No creen ustedes que esto es vulnerar derechos? Ustedes nos dan una larga lista de principios y referencias legales en las que, por supuesto, debemos coincidir, ustedes, y, sin duda, la mayoría de los senadores aquí presentes, pero las referencias legales deben ser completas. No pueden ustedes tomar una parte del ordenamiento legal y prescindir de aquello que no les interesa. El marco legal y los principios en los que se basa nuestra democracia y la de los demás países de nuestro entorno es un todo, no se puede disponer de él por partes. Señorías, no podemos invocar aspectos de nuestra Constitución y de nuestro estatuto prescindiendo de aquello que no nos interesa, como ustedes hacen.

Por estos motivos hemos enmendado su exposición de motivos, a la que hemos añadido referencias no mencionadas por ustedes, por ejemplo, el artículo 1 del estatuto, que es perfectamente vigente y que establece que nuestro autogobierno se basa en este estatuto y en la Constitución de 1978. Añadimos también en la exposición de motivos una reflexión sobre el carácter político de los problemas de encaje de Cataluña en España y una doble afirmación que, a nuestro entender, está cargada de sentido común: contra la ley, no; tan solo con la ley, tampoco. Enmendamos también la parte dispositiva de la moción recordando la obligación de los partidos políticos de respetar y hacer respetar las leyes que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales a los que ustedes hacen referencia.

También expresamos nuestra confianza en la labor realizada por la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado autonómico, acabada de crear por el Congreso de los Diputados, e instamos al Gobierno a incentivar lo antes posible el inicio de sus trabajos. Y terminamos con nuestras enmiendas haciendo un llamamiento a la serenidad. Los gobiernos y las instituciones deben ser capaces de encontrar soluciones y proponerlas a los ciudadanos. Esta es su principal misión. Nosotros todavía confiamos en ella.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para indicar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Bé, les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista no les podem compartir. Almenys obren la diagnosi de dir que hi ha un problema polític, val més això que res, però no les podem acceptar, perquè, esclar, posar al mateix nivell, per exemple, que es garanteixi el suport a tots els alcaldes creient-se la mentida aquesta que difon el PP, que s’estan perseguint alcaldes no favorables al referèndum quan tenim 742 alcaldes perseguits, sembla una broma.



Si em permet l’expressió, sembla humor negre. La Fiscalia està perseguint 742 alcaldes a Catalunya de 900 i escaig i resulta que hi ha una pretesa persecució a uns alcaldes... Escolti, els fiscals han cridat a declarar només als que jo he fet referència.

Pel que fa al que diu que va passar al Ple del 6 i 7 de setembre, és veritat que és una imatge que no agrada, un ple del Parlament, o de qualsevol cambra, en què uns diputats s’absenten... És evident que no agrada. Però, si som honestos políticament, hauríem de mirar com hem arribat aquí. Esclar, fixem-nos en una cosa: resulta que el Grup Socialista, el Grup de Ciutadans i el Grup Popular van tenir l’oferta per part del grup majoritari de fer una ponència conjunta, van dir que no i van anar al Tribunal Constitucional per impedir que es tiressin endavant les lleis. Home, doncs quin altre recurs ens queda o ens deixen? Si anem al Tribunal Constitucional per impedir el debat raonable i assenyat que hi hauria d’haver hagut, és evident que s’estan posant problemes que no vindrien al cas.

D’altra banda, la posició del Partit Socialista que, l’hi reconec, almenys ho descriu com un problema polític, val més això que res, però per la resta dir que no es pot fer res més i apel·lar només a la llei, la llei i la llei, quan vostès mateixos van assistir aquí, i vostè, president Montilla, hi era, quan el PP va imposar una reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional l’octubre de 2015 i va quedar sol, perquè no hi va haver cap altre grup amb el valor i el coratge polític de fer-los seguidisme. Home, posar dins del mateix sac, al mateix paràmetre, aquestes coses considerem que no es raonable, si m’ho permet.

Pel que fa a les esmenes del Grup de Podem, les hi acceptem, perquè totes tres són raonables i entenem que són bones, i també les del Grup de Compromís les assumim per bones.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista no las compartimos, pero, al menos, reconocen que existe un problema político; más vale eso que nada. Pero no podemos aceptarlas porque poner al mismo nivel garantizar el apoyo a todos los alcaldes, creyendo la mentira que está difundiendo el PP de que se está persiguiendo a alcaldes no favorables al referéndum, cuando hay 742 alcaldes perseguidos, parece una broma; si me permite la expresión, humor negro. La Fiscalía está persiguiendo a 742 alcaldes de Cataluña, de novecientos y pico, y resulta que existe una pretendida persecución a algunos alcaldes. Los fiscales han llamado a declarar tan solo a los alcaldes que he mencionado.

En cuanto a lo que afirma del Pleno celebrado los días 6 y 7 de septiembre, he de decir que es verdad, es una imagen que no gusta; es verdad que no gusta una imagen, en un Pleno del Parlamento o de cualquier Cámara, en la que se contemple la ausencia de unos diputados. Es evidente, pero si somos honestos políticamente, deberíamos ver cómo hemos llegado hasta aquí. Fijémonos en que a los grupos Socialista, Ciudadanos y PP se les ofreció la posibilidad, por parte del grupo mayoritario, de celebrar una ponencia conjunta. Dijeron que no, y fueron al Tribunal Constitucional para impedir que se llevaran a cabo las leyes. Entonces, ¿qué otro recurso teníamos? ¿Qué nos dejaban? Porque si acuden al Tribunal Constitucional para impedir el debate razonado y juicioso que debería haberse producido, es evidente que se están planteando problemas que no vienen al caso.

Por otro lado, reconozco que, al menos, el Partido Socialista da una descripción de un problema político. Como he dicho, más vale esto que nada, pero decir que no se puede hacer nada más y apelar tan solo a la ley, la ley, la ley, cuando ustedes mismos asistieron —usted, presidente Montilla, también— a la imposición del PP para llevar a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en octubre de 2015 —por cierto, se quedó solo, porque no hubo ningún otro grupo con el valor o el coraje político de seguirles—, y poner en el mismo cesto, con los mismos parámetros, ambas situaciones, no es razonable, si me lo permiten.

En cuanto a las enmiendas del grupo de Podemos, he de decir que las aceptamos porque las tres son razonables y buenas, así como las del grupo de Compromís.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

A continuación, tiene la palabra la representante del grupo territorial del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Gràcies, president.

Com dèiem abans, Catalunya està vivint uns moments d’excepcionalitat que no pensàvem que mai poguéssim tornar a reviure. Alcaldes i alcaldesses cridats a declarar, acusació de sedició contra la gent que s’ha manifestat aquests dies, intervenció de les finances de la Generalitat, intent de prendre el control dels Mossos d’Esquadra, registres d’impremtes, requisa de material, detencions de càrrecs de Govern i treballadors públics, obligats alguns a declarar, emmanillats, fins i tot davant del jutge.

Si fa dues setmanes el Partit Popular hissava la bandera de la democràcia perquè al Parlament de Catalunya s’havien vulnerat els drets de les minories, la setmana passada va perdre tota la legitimitat. Amb les mesures coercitives i sense precedents. Ja sabem que el PP no és un partit que pugui treure gaire pit en l’acompliment de la legalitat pels múltiples casos de corrupció, però també per múltiples sentències del Tribunal Constitucional que acumula per fer les coses sempre de forma maldestra. Ho vèiem en els pressupostos, però, pel que fa al cas català, dos exemples. Nombrosos juristes, entre ells catedràtics de dret penal, han afirmat que el delicte de sedició en cap cas és aplicable al que està passant a Catalunya. La denúncia ha estat presentada pel fiscal general de l’Estat que ha estat reprovat, a més, pel Congrés de Diputats. Aquest senyor, el que hauria de fer, és dimitir de forma immediata. I, un altre exemple. L’intent de controlar els Mossos d’Esquadra —ho dèiem abans. Un fiscal no pot decidir que quedin a les ordres del Ministeri de l’Interior. Perquè l’estatut, en el seu article 164 —que el Tribunal Constitucional no va anul.lar, per cert— estableix que els Mossos d’Esquadra mantenen la seguretat a Catalunya i depenen de la Generalitat. I això s’ha de respectar. Per part del fiscal i per part del Ministeri de l’Interior. I, per això, el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ahir va presentar un contenciós administratiu per a suspendre cautelarment la intervenció de facto que està aplicant el Govern de l’Estat a les institucions catalanes.

És obvi que el govern del Partit Popular està aplicant el 155 per la porta del darrera, vulnerant els drets dels senadors i de les senadores —inclosos els del grup del Partit Popular. Legitimitat i lliçons cap n’hi una, no estan en condicions. Per què el Partit Popular no porta a debat al Senat el 155? Està clar que té majoria per a guanyar-lo. Però potser no li interessa repetir la foto que es va produir fa dues setmanes al Congrés dels Diputats, on Partit Popular i Ciutadans es van quedar sols votant una moció de Ciutadans que donava suport al Govern actual per les mesures coercitives contra Catalunya. Això els hauria de fer reflexionar. Potser les coses i l’opinió pública i dels partits està canviant. Potser està canviant la manera de concebre l’Estat. Però, en comptes de reflexionar, el que fa el Partit Popular és governar per als seus votants. Per a aquells que són més reaccionaris. Aquells votants que, per cert, ens van venir a saludar a Saragossa per dir-nos tota mena d’insults, el més maco que li van dir a aquesta senadora va ser: puta.

L’aplicació encoberta del 155 l’ha denunciat el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo. I diu així: «Rajoy no quiere decir ni el qué ni el cómo de lo que pretende hacer. Su propósito es crear una suerte de vacío que le permita actuar sin control jurídico alguno. La monstruosidad jurídica no puede ser mayor, por no hablar del destrozo que supone para nuestro sistema democrático.»

Aquest atac a l’autogovern de Catalunya és inadmissible i afecta, a més, a totes les persones que vivim a Catalunya. Les que volen la independència i les que voldrien mantenir la vinculació amb Espanya amb una relació federal o confederal. Les que consideren que el referèndum que es farà l’1 d’octubre té garanties i les que considerem que no té garanties. Les que volen anar a votar l’1 d’octubre i les que dubten o fins i tot que no hi volen anar. Ens apel.la a tots.

Però aquesta anarquia jurídica a què ens ha portat el Partit Popular afecta també els drets de la ciutadania de tot l’estat espanyol, no només la de Catalunya. Ja hem vist actes prohibits a Madrid, a València o a Saragossa. I el delicte de sedició, a més, es podria aplicar arreu, no només a les mobilitzacions catalanes. No obstant, hi ha una cosa amb què el Partit Popular no compta, i és que, davant de la repressió, la solidaritat s’estén com una taca, dins i fora de Catalunya. I ho hem vist amb les manifestacions arreu de l’estat, cridant: Catalunya, no està sola! La solidaritat també s’estén cap a la comunitat internacional. Hi ha una cinquantena d’eurodiputats que demanen que no es vulnerin els drets bàsics dels catalans i de les catalanes i la Comissió Europea comença a dir que li preocupa la situació a Catalunya.

Vés que la supèrbia del PP, que ens va portar a la guerra d’Iraq i li va fer perdre unes eleccions, no ens torni a portar un canvi de govern a favor d’aquells que estem per buscar solucions polítiques. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Como decíamos antes, Cataluña está viviendo unos momentos de excepcionalidad que no pensábamos que pudiéramos volver a vivir: alcaldes y alcaldesas que tienen que declarar; acusación de sedición contra la gente que se ha manifestado; intervención de las finanzas de la Generalitat; intentar tomar el control de los Mossos; registros de imprentas; requisa de material; detenciones de cargos de Gobierno y trabajadores públicos, obligados algunos a declarar, esposados, incluso, ante el juez.

Si hace dos semanas el Partido Popular levantaba la bandera de la democracia porque en el Parlamento de Cataluña se habían vulnerado los derechos de las minorías, la semana pasada perdió toda la legitimidad con las medidas coercitivas y sin precedentes. Ya sabemos que el PP no es un partido que pueda sacar demasiado pecho en el cumplimiento de la legalidad por los múltiples casos de corrupción, pero también por múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que acumula por hacer las cosas siempre muy mal. Lo decían en los presupuestos, pero también en el caso catalán. Dos ejemplos: muchos juristas, entre ellos algunos catedráticos de derecho penal, han afirmado que el delito de sedición en ningún caso es aplicable a lo que está pasando en Cataluña. La denuncia la ha presentado el fiscal general del Estado, que ha sido reprobado, además, por el Congreso de los Diputados. Lo que tendría que hacer este señor es dimitir de forma inmediata. Otro ejemplo: el intento de control de los Mossos d? Esquadra. Lo decíamos antes, un fiscal no puede decidir que queden a las órdenes del Ministerio del Interior porque el estatuto, en su artículo 164, que el Tribunal Constitucional no anuló, establece que los Mossos d?Esquadra mantienen la seguridad en Cataluña y dependen de la Generalitat y eso se tiene que respetar por parte del fiscal y del Ministerio del Interior. Es por ello por lo que el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó ayer un contencioso administrativo para suspender cautelarmente la intervención de facto que está aplicando el Gobierno del Estado a las instituciones catalanas.

Es obvio que el Gobierno del Partido Popular está aplicando el artículo 155 por la puerta de atrás, vulnerando los derechos de senadores y senadoras, incluso los del Grupo Popular. Legitimidad y lecciones, ninguna, no están en condiciones. ¿Por qué el Partido Popular no lleva a debate el artículo 155? Tiene mayoría para ganarlo, pero tal vez no le interese repetir la foto que se realizó hace dos semanas en el Congreso, donde Partido Popular y Ciudadanos se quedaron solos cuando se aplicaban las medidas coercitivas sobre Cataluña. Esto nos tendría que hacer reflexionar. Está cambiando la opinión pública sobre la forma de concebir el Estado, pero ¿qué hace el Partido Popular en vez de reflexionar? Solamente gobierna para sus votantes, aquellos que nos vinieron a saludar en Zaragoza, lanzando todo tipo de insultos. Lo que se me dijo a mí fue puta.

La aplicación encubierta del 155 la ha denunciado el catedrático Javier Pérez Royo, de la universidad de Sevilla, y dice así: «Rajoy no quiere decir ni el qué ni el cómo de lo que pretende hacer. Su propósito es crear una suerte de vacío que le permita actuar sin control jurídico alguno. La monstruosidad jurídica no puede ser mayor, por no hablar del destrozo que supone para nuestro sistema democrático.»

Este ataque al autogobierno de Cataluña es inadmisible y afecta a todas las personas que vivimos en Cataluña, las que quieren la independencia y las que quisiéramos mantener la vinculación con España, una relación federal o confederal; las que consideran que el referéndum que se hará el 1 de octubre tiene garantías y las que consideramos que no tiene garantías; las que quieren ir a votar el 1 de octubre y las que dudan o las que no quieren ir. Nos apela a todos.

Pero esta anarquía jurídica a la que nos ha llevado el Partido Popular también afecta a los derechos de ciudadanía de todo el Estado español, no solo a los de Cataluña. Hemos visto actos prohibidos en Madrid, Valencia o Zaragoza y el delito de sedición, además, se podría aplicar por todas partes, no solamente en las movilizaciones catalanas. Pero hay una cosa con la que el Partido Popular no cuenta, y es que ante la represión está la solidaridad, que se extiende como una mancha dentro y fuera de Cataluña y lo hemos visto en las manifestaciones por todo el Estado, donde se apelaba a que Cataluña no está sola. La solidaridad también se extiende a la comunidad internacional. Hay 50 eurodiputados que piden ya que no se vulneren los derechos básicos de catalanes y catalanas. La Comisión Europea se está preocupando ya por la situación en Cataluña. A ver si la soberbia del PP que nos llevó a la guerra de Irak no nos lleva a un cambio de Gobierno a favor de esos que estamos a favor de buscar soluciones políticas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gràcies, senyor president.

Senyor Bagué, de català a català, no anem bé. Ho dic seriosament, no anem bé. Estava convençut que avui el seu grup ens presentaria una moció a favor d’això que vostès anomenen referèndum. M’imagino que no s’han arriscat, un cop més, a sotmetre el seu parer a una cambra democràtica com ho és aquesta, el Senat. Se senten més segurs, més còmodes, en una cambra com el Parlament de Catalunya, on es vulneren els drets dels representants de Catalunya, com abans ha esmentat el president Montilla. Aquesta és la diferència, senyor Bagué. Vostè té l’oportunitat avui, la setmana que ve i l’altra, de venir aquí a exposar les seves idees i, en canvi, els nostres diputats i diputades al Parlament de Catalunya no ho poden fer perquè vostès l’han tancat.

Abandonin, els ho demano seriosament, aquesta ficció i tornin a la realitat, respectin l’estat de dret, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Han escoltat en algun moment cap mandatari europeu o internacional que digui a Espanya, com ho diuen vostès, que no compleix amb l’estat de dret? Jo no n’he sentit cap. Vostès tampoc, perquè no n’hi ha hagut. Vostès s’han saltat l’estat de dret en 72 hores. Vostès són els que anomenen súbdits els catalans i les catalanes que han decidit no participar en un referèndum il·legal; vostès ens han dit súbdits. Vostès amenacen alcaldes i alcaldesses que no estan d’acord amb les seves idees. Vostès adoctrinen els infants a les escoles de Catalunya enviant-los a manifestacions. Vostès destinen diners públics de tots els catalans a finançar un acte il·legal.

Un país democràtic, senyor Bagué, senyors senadors del PDeCAT, com Espanya permet les discrepàncies i bona prova d’això és que vostè avui ha manifestat les seves, faltaria més, però no que se saltin les regles del joc, les lleis, l’estat de dret. Aturin, els ho demano sisplau, aquesta bogeria. Convoquin eleccions i posin les urnes de debò i obrim una nova etapa de diàleg i enteniment. Evidentment, jo estic a favor que Catalunya continuï formant part d’aquest gran país, que es diu Espanya. Per això, el dia 1 no hay nada que votar.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señor Bagué, de catalán a catalán, no vamos bien. Se lo digo en serio, no vamos bien. Estaba convencido de que, hoy, su grupo nos iba a presentar una moción a favor de esto que ustedes denominan referéndum. Me imagino que no se han arriesgado, una vez más, a someter su opinión a una Cámara democrática como es esta, el Senado. Se sienten ustedes más seguros, más cómodos en una Cámara como el Parlamento de Cataluña, donde se vulneran los derechos de los representantes de Cataluña, como antes ha mencionado el presidente Montilla. Esta es la diferencia, señor Bagué. Usted tiene la oportunidad hoy, la semana que viene y la próxima de venir aquí a exponer sus ideas; en cambio, nuestros diputados y diputadas en el Parlamento de Cataluña no pueden hacerlo porque ustedes lo han cerrado.

Se lo pido en serio, abandonen esta ficción, regresen a la realidad y respeten el Estado de derecho, el Estatuto de Cataluña y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Han escuchado en algún momento a algún mandatario europeo o internacional que le diga a España, como afirman ustedes, que no cumple con el Estado de derecho? Yo no lo he escuchado a nadie decirlo y ustedes tampoco porque no se ha producido. Ustedes se han saltado el Estado de derecho en 72 horas; ustedes son los que llaman súbditos a los catalanes y catalanas que han decidido no participar en un referéndum ilegal; ustedes nos han llamado súbditos; ustedes amenazan a alcaldes y a alcaldesas que no están de acuerdo con sus ideas; ustedes adoctrinan a los niños en las escuelas de Cataluña mandándoles a manifestaciones; ustedes destinan dinero público de todos los catalanes para financiar un acto ilegal.

Un país democrático como España, señor Bagué y señores senadores del PDECAT, permite las discrepancias y una buena prueba de ello es que usted hoy ha manifestado sus discrepancias, ¡faltaría más!, pero no que se salten las reglas del juego, las leyes, el Estado de derecho. Detengan, se lo pido encarecidamente, esta locura, convoquen elecciones y pongan urnas de verdad, abramos una nueva etapa de diálogo y entendimiento. Evidentemente, yo estoy a favor de que Cataluña siga formando parte de este gran país que es España y, por eso, el día 1 no hay nada que votar.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alegre.

¿Alguien más desea intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto? (La senadora Domínguez de Posada Puertas pide la palabra).

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, creo que no necesito adelantar el voto negativo de Foro a esta moción, pero sí quiero hacer algunas puntualizaciones. El Estado tiene que defender la Constitución y debe hacer todo lo que esté en su mano para que aflore el pluralismo en Cataluña, que tanto le molesta al independentismo, que aprobó leyes fundamentales con media Cámara vacía, cercenando los derechos de los diputados de la oposición. (Aplausos).

Por cierto, señorías, quiero hacer un inciso. Ayer escuchamos estoicamente sus intervenciones y hoy, cuando nos toca hablar a los demás, sus escaños están vacíos. Ese es el diálogo que predican. (Aplausos).

Han de saber que, en España, el fracaso de la democracia no es una opción, Cataluña forma del Estado y, por ello, ha de someterse a las normas que nos dimos todos los españoles.

Ha sido por mandato del Poder Judicial, independiente del Ejecutivo, por el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo una amplia operación para desarticular la organización del referéndum de autodeterminación y detener a los cabecillas de la rebelión contra la Constitución. No existe el Estado represor.

Señorías, estamos en presencia de un golpe de Estado a semejanza del intento de golpe de 1981 —cuya única diferencia ha sido cambiar las pistolas por leyes de referéndum y de desconexión, claramente inconstitucionales—, perpetrado por los nacionalistas y separatistas que gobiernan las instituciones catalanas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que irrumpir en el corazón de la Generalitat para hacerse con material probatorio del plan sedicioso y detener a los principales responsables, con 41 sedes registradas y 14 detenidos, a los que el avezado politólogo, Pablo Iglesias, llama presos políticos —qué ironía y qué pena cuando no reconoce a los presos políticos venezolanos—, y 10 millones de papeletas incautadas, más de dos por cada votante potencial.

El aparato del Estado funciona en España y, por tanto, en Cataluña. La democracia española sabe defenderse. Sí, las leyes, los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y el Gobierno están para defender un sistema de libertades como el nuestro, del que apenas disfrutan muy pocos países en el mundo. Un sistema que garantiza a los catalanes un autogobierno más pleno que el de cualquier otra región europea, un modelo de Estado y de país que dio la mayor etapa de crecimiento...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. Aún tiene que intervenir el senado Iñarritu.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Concluyo, señor presidente.

Como digo, un modelo de Estado que dio la mayor etapa de crecimiento y prosperidad a España desde el siglo XVI, donde nuestra Constitución de 1978 logró el mayor porcentaje de voto favorable precisamente en Cataluña con más del 90 %.

Señorías, a los independentistas solo les queda una baza, que es un macrobotellón de emociones y sentimientos en la calle para ocultar sus trampas, ilegalidades y deslealtades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

«Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces has ganado.» Mahatma Gandhi.

Es curioso cómo estos días algunos, para defender la Constitución —tan sagrada para ellos—, se la están saltando en sus derechos fundamentales para cumplirla al mismo tiempo. ¡Qué mal está Turquía, ¿vedad, señorías?! 120 webs cerradas. ¡Qué mal está Corea del Norte, ¿verdad, señorías?! Pues 800 alcaldes perseguidos y 14 miembros del Govern detenidos. ¡Qué mal está Venezuela, ¿verdad?! Fatal, sí. Tres barcos con tropas para ocupar policialmente Cataluña. Esto ya ocurrió antes en Cuba. ¿Y cómo acabó aquello? Incluso envían una división verde con «A por ellos, oé», como ya enviaron una División Azul hace tiempo. Y todo esto para conseguir por la razón de la fuerza lo que no se puede lograr por la fuerza de la razón. ¿O cómo era aquello?

Esto es excepcionalidad, ocupación militar y represión ante una ciudadanía que quiere votar libremente. Una mayoría de la ciudadanía quiere votar su futuro institucional, y además estoy seguro de que lo van a hacer libremente, democráticamente, pacíficamente y cívicamente. ¿Y ustedes siguen haciendo el ridículo internacional y mostrando que esa es su única oferta para Cataluña? Pues continúen así, que van a hacer independentista hasta a Piolín.

Para acabar, señor presidente,...

Gràcies, senyor president.

Quin és l’Estat de la Unió Europea que incompleix més legislació? L’



estat espanyol. El que incompleix més legislació europea, transposició de directives —ho fa tard, ho fa malament, l’Estat espanyol. Ho dic perquè, quan sento algunes frases grandiloqüents d’alguns oradors —sobretot del Partit Popular— doncs una mica de modèstia perquè estem amb un rànquing espectacularment baix pel que fa a acompliment de normatives legals.

Quin és l’Estat que fabrica proves —i això s’ha acreditat i és un acord del Congrés dels Diputats a través d’una comissió d’investigació— quin és l’estat que fabrica, s’inventa proves contra adversaris polítics i que queda demostrat que és una infàmia absoluta com s’ha fet, per exemple, contra el president Mas, en plena campanya electoral, o contra en Xavier Trias, quan era alcalde de Barcelona? Això s’ha demostrat que va ser així i que es va fer un ús indegut i absolutament impresentable de les clavegueres, d’allò que se’n diuen les clavegueres. És a dir, un informe sense signar, apareix en un mitjà, d’aquests, dels habituals, és a dir, dels del seu entorn, i després, en plena campanya, a quatre dies de les eleccions, es fa una injúria i es fa una difamació d’aquesta magnitud contra personalitats polítiques, totes elles honorables i respectables.

Consideren normal entrar al govern de la Generalitat, a les oficines, i emmanillar alts càrrecs? Sense haver passat per cap jutjat, per ordre de fiscalia? Directament. secretaris de Govern, emmanillats, un fins i tot estava acompanyant les seves filles a l’escola. Vostès creuen que això és una actuación proporcionada, que vaig llegir alguna vegada que deia el president Rajoy?

Vostès, al seu Govern, tenen dos ministres reprovats, dos, pel Congrés dels Diputats, que encara estan en actiu —que això és una vergonya democràtica— perquè qualsevol país raonable, on la democràcia estigués assentada, dos ministres reprovats no podrien continuar formant part del Govern, i també el fiscal general de l’Estat. És a dir, vostès de lliçons sobre comportament democràtic i de bones pràctiques democràtiques, poques.

El senyor fiscal ens va dir que buena parte de los catalanes están abducidos. Doncs, escolti. Un 82 % dels catalans, la darrera mostra demoscòpica, diu que volem votar. 82. No un 20 o un 30, 82. Doncs estamos abducidos. Sí, sí, entre TV3 i les escoles i totes aquestes llegendes urbanes que vostès creen, que s’inventen i que se les acaben creient, resulta que tenim a tothom convençut. Quan TV3 té un rànquing d’audiència baixíssim, per cert, tristament, no sé com anem adoctrinant. El PP és aquella força política que té de president de la Comissió General de Comunitats Autònomes un senador, president de la Ciutat Autònoma de Melilla, que ens titlla de desviados. Aquest senador deu ser amb una mostra de bon fer ... El president de la Comissió General de les Comunitats Autònomes titlla els catalans de desviados. Doncs, perfecte. En aquest context, i fa tants segles que estem esperant el federalisme que no arriba, han d’entendre que nosaltres ens n’hem cansat.

Per tant, nosaltres el diumenge decidirem, tranquil.lament, pacíficament i cívicament, com saber fer.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

¿Cuál es el Estado de la Unión Europea que incumple más legislación? El Estado español; es el que incumple más legislación europea —trasposición de directivas,...—. Y lo hace tarde y mal. Lo digo porque escucho algunas frases grandilocuentes de algunos oradores, especialmente del Partido Popular, a los que me gustaría pedirles un poco de modestia porque estamos en un ranking espectacularmente bajo en cuanto a cumplimiento de normativas legales.

¿Cuál es el Estado que se inventa pruebas contra adversarios políticos y que queda demostrado que es un infamia absoluta, como se ha hecho, por ejemplo, contra el presidente Mas en plena campaña electoral o contra Xavier Trias, cuando era alcalde de Barcelona? Esto se ha acreditado a través de un acuerdo del Congreso de los Diputados en una comisión de investigación. Se ha demostrado que se hizo un uso indebido y absolutamente impresentable de aquello que se llaman las cloacas. Un informe sin firmar aparece en un medio —de los habituales— de su entorno y, después, en plena campaña, a 4 días de las elecciones, se hace una injuria y una difamación de esta magnitud contra personalidades políticas honorables y respetables.

¿Consideran normal entrar en las oficinas de la Generalitat y esposar a los altos cargos sin haber pasado por ningún juzgado por orden de la Fiscalía? Directamente, secretarios de Gobierno esposados. Uno estaba acompañando a sus hijas al colegio. ¿Esto es una actuación proporcionada como decía me parece el presidente Rajoy?

Ustedes en su Gobierno tienen dos ministros reprobados por el Congreso de los Diputados que todavía están en activo. Esto es una vergüenza democrática porque en cualquier país razonable, donde la democracia estuviera asentada, dos ministros reprobados no podrían continuar formando parte del Gobierno. Y también el fiscal general del Estado. Ustedes lecciones sobre comportamiento democrático y de buenas prácticas democráticas pueden dar pocas.

El señor fiscal nos dijo que buena parte de los catalanes están abducidos. Pues bien, la última muestra demoscópica dice que queremos votar un 82 % de los catalanes. Un 82 %. Sí, sí, estamos abducidos. Entre TV3 y las escuelas y todas estas leyendas urbanas que ustedes inventan y que se acaban creyendo tenemos a todo el mundo convencido. Pero TV3 tiene un ranking de audiencia muy bajo, ¿verdad? No sé cómo ven ustedes que estamos adoctrinando. El PP es esa fuerza política que tiene de presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas a un senador y presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla que nos tilda de desviados. Este señor debe ser una muestra de buen hacer, el presidente de la Comisión de Comunidades Autónomas. Entenderán que en este contexto el federalismo no llega, y nos hemos cansado.

Por esta razón, nosotros el domingo vamos a decidir pacífica y cívicamente, como sabemos hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata Agrupación Herreña Independiente-Coalición, tiene la palabra el señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: En aquests dies, tot el suport, solidaritat i admiració de l’esquerra basca, independentista basca, amb els demòcrates de Catalunya, que són la majoria.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

En estos días, todo el apoyo, solidaridad y admiración de la izquierda independentista vasca hacia los demócratas de Cataluña, que son la mayoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Si hoy, señorías, estamos en esta tesitura, obligados a escoger entre dos pésimas opciones —una mala, como ignorar el derecho a decidir de Cataluña dentro de la legalidad, y otra también mala, como no buscar alternativas a la realidad catalana—, si estamos en este callejón sin salida, señorías, es por varias razones. Una importante, no haber querido afrontar a tiempo no solo la cuestión catalana, sino consensuar, como se hizo en 1977, una reforma de la Constitución española adaptada a los nuevos tiempos, a la Europa de las regiones, donde todos nos encontremos cómodos.

Señorías, esto, desde luego, nos implica a todos, pero la responsabilidad en exclusiva de no haber avanzado por ese camino es de los dos grandes partidos estatales que han estado gobernando España durante estos más de 40 años de democracia.

Coalición Canaria defiende que retomemos este camino, y este es el momento, no mañana ni pasado; debió haber sido ya. Es el camino a recorrer.

Coalición Canaria, con el más absoluto respeto, no va a apoyar esta iniciativa pues no vemos en ella una solución a este difícil momento, en donde el conflicto está desbordando los límites controlables. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, entendemos que urge buscar soluciones, y estaremos apoyando aquellas iniciativas que, con consenso, busquen soluciones al actual momento.

Nos preocupa mucho el día 1, pero mucho más el día de después, y nos preocupa porque, de seguir así, el día 1 habrá una mayor frustración, una mayor fractura social...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: Voy terminando, señor presidente.

... y un fracaso de la política.

Señorías, estamos también en esta tesitura porque el Partido Popular no ha asumido la responsabilidad política en el desencadenamiento de esta situación. Hoy están recogiendo ustedes lo que sembraron con decisiones erróneas,...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora JULIOS REYES: ... como haber judicializado una decisión democrática tomada en el Parlamento catalán y en las Cortes españolas, como fue el Estatuto de Autonomía.

Concluyo. Coalición vuelve a hacer un llamamiento al sentido común para parar esa espiral peligrosa. Midamos las consecuencias de las decisiones que se están tomando, no solo por nosotros, sino por las próximas generaciones. No va a haber vencedores, no va a haber vencidos, todos vamos a perder.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora JULIOS REYES: Señorías, es responsabilidad de todos recuperar el diálogo, es lo que nos están pidiendo, entendemos, la mayoría de la ciudadanía y la mayoría de los partidos políticos. Volvamos al diálogo, a recuperar el consenso entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Aristóteles nos decía que para poder soltar un nudo, primero teníamos que saber cómo estaba hecho. Les digo esto, y alguna vez he utilizado este dato, porque la Comunidad Autónoma de Cataluña fue la comunidad que tuvo mayor participación en el referéndum de las Constitución y fue la comunidad donde más síes hubo en el referéndum de la Constitución. Alguien se tendrá que preguntar por qué una comunidad que apoyó mayoritariamente el sí a la Constitución, en estos momentos se encuentra en esta situación.

La cuestión es: ¿Tiene el Partido Popular, el Gobierno central, el Ejecutivo central alguna responsabilidad en la situación que estamos viviendo hoy día? Todavía, en el Pleno en el que estamos debatiendo principalmente este tema, no he oído ni la más mínima crítica del Partido Popular sobre su gestión y sobre la situación que estamos viviendo estos días en Cataluña.

Yo creo que una de las situaciones más preocupantes que se está produciendo es que el Partido Popular no ha creído ni cree en el sistema autonómico. No lo creyó en el debate constitucional, tal como se pudo ver, y no se lo ha creído a la hora de desarrollar los estatutos de autonomía. Además, aderezado con un nuevo dato y es que en esta legislatura el Grupo Popular ha perdido la mayoría absoluta en el Congreso aunque aquí la siga manteniendo.

¿Eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a que, estos días, en esta nueva legislatura, el Grupo Popular dice una cosa y hace otra. Dice que hay que cumplir la ley, pero, por ejemplo, ¿está cumpliendo la ley a la hora de gestionar el conflicto en Cataluña? ¿Está ajustado a derecho que la Guardia Civil y la Policía Nacional, llevadas desde otros puntos del Estado en cometidos de orden público, vayan en estos momentos a Cataluña? ¿Está ajustado a derecho? (Varios señores senadores: ¡Sí!) No, no está ajustado a derecho, porque, si bien es cierto que los artículos 38 y 42 de la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad cubren el propósito de una intervención directa de la Guardia Civil y Policía Nacional fuera de sus competencias en Cataluña, el nuevo estatuto, en su artículo 164 —que ustedes enmendaron en el Parlament, pero no consiguieron que saliera adelante su enmienda—, imposibilita precisamente la ejecución de esos artículos, cuestión que ustedes no llevaron al Constitucional y cuestión que está vigente en estos momentos.

Nosotros le dijimos ayer a la vicepresidenta y a ustedes hoy que ni la imposición ni la vía judicial y mucho menos la vía penal van a solventar el problema que está viviendo en estos momentos Cataluña. Ustedes son, como siempre, el partido del no. (Un señor senador: ¡Venga, hombre!) No, no, no. Escuchen. Dijeron que no al Estatut, dijeron que no al Parlament, dijeron que no a las Cortes Generales, dijeron que no a la sociedad catalana que votó mayoritariamente por ese Estatut. Dijeron que no al pacto fiscal, dijeron que no a una solución política. ¿Me pueden decir algo a lo que hayan dicho que sí? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor BILDARRATZ SORRON: Les digo dos cosas. Ayer les pedía solo un gesto, porque es verdad que de aquí al día 1 queda mucho tiempo, pero del día 2 en adelante todavía nos va a quedar mucho más. Y lo que hace falta es generosidad y, sobre todo, escucha. Está muy bien que hagan gestos, pero no resuelven en nada el problema que tenemos entre manos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Lo que sí va a resolverlo es que sean capaces de entender y ponerse en el lugar del otro, para así entender qué se ha podido hacer mal y cómo se ha podido construir este nudo, y así, si quieren y tienen voluntad, colaboren para deshacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Primer, Sr. Bagué, sap que el nostre grup no comparteix la convocatòria d’un referèndum unilateral, que nosaltres apostàvem per un referèndum acordat; sap que no ens ha agradat com s’han fet les coses, la sessió del 6 i 7 de setembre, però ha de saber que nosaltres en la defensa de l’autogovern de Catalunya estarem en la primera línia, i per això votarem a favor d’aquesta moció que presenta el seu grup.

Primero, señor Bagué, sabe que nuestro grupo no comparte la convocatoria de un referéndum unilateral, sabe que no nos gustó cómo se hicieron las cosas el 6 y el 7 de septiembre. Pero tiene que saber que nosotros, en la defensa del autogobierno de Cataluña, estaremos en primera línea. Por eso apoyaremos la moción que presenta su grupo.

Segundo, y en relación con los alcaldes, nuestro grupo parlamentario se solidariza con todos los alcaldes catalanes, con los perseguidos por la Fiscalía y con los señalados en carteles y con pintadas en los portales de sus casas, pero también con alcaldesas como Laura Campos, de Montcada i Reixac, citada por la Fiscalía y señalada en carteles. Nos solidarizamos, sobre todo, con esos alcaldes. (Aplausos).

Tercero, el fondo de la cuestión de esta moción. Ayer, el señor Montoro negaba que se hubiera intervenido, que se hubiera suspendido la autonomía de Cataluña. Aquí hay muchos expresidentes autonómicos y a mí me gustaría preguntarles si ustedes creen que hay autonomía sin finanzas. ¿Ustedes creen que hay Gobierno sin poder acceder a la tesorería? Evidentemente no hay ningún Gobierno sin acceso a la tesorería.

Se ha suspendido la autonomía de Cataluña y se ha hecho con una orden ministerial. Eso es absolutamente infumable y les sitúa fuera de la Constitución. Por supuesto que están ustedes fuera de la Constitución cuando suspenden la autonomía de Cataluña sin las garantías que da la Constitución española. No nos gusta el artículo 155, pero mucho menos que se publique una orden en el Boletín Oficial del Estado de un ministro para suspender una autonomía y el autogobierno de Cataluña. Se ha suspendido. Y hay casi 300 entidades —lo pueden encontrar en la web de Hacienda— que se encuentran hoy sin poder acceder a sus finanzas, poniendo en jaque a la Hacienda de Cataluña; entidades que van desde la Administración General de la Generalitat al Institut Català de la Salut —que gestiona los centros de salud en Cataluña—, fundaciones, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, el Institut de Recerca, L’Agencia Catalana de l’ Aiguas; así hasta 300. Infumable, con una orden ministerial.

Ustedes, y eso es lo preocupante —y hace 15 días que ya dije aquí que estaba muy preocupado por lo que pueda pasar el domingo en Cataluña—, han sido incapaces de dar una respuesta no ya democrática, sino simplemente una respuesta que pudiera parecer democrática.

Señorías, el domingo se puede repetir esta imagen que les muestro: esta es la plaza mayor de Vic en 1973. Esta no es una respuesta democrática. Ocupar Cataluña con la policía armada de Carlos Arias Navarro no es una respuesta política, no es una respuesta democrática. (Aplausos).

Ustedes apuestan por el repliegue nacionalista español, y no hace falta dar explicaciones de historia para saber lo que significa en Europa un choque de nacionalismos, un choque de nacionalismo español frente a otro nacionalismo. Con las imágenes que hemos visto de filas y filas de policías y guardias civiles avanzando por la A-2 ustedes parecen pretender reconquistar Cataluña y aprovechar a su paso para volver a recuperar plazas que les ha dolido perder: les dolió perder la plaza de Cádiz, les dolió perder Madrid, les dolió perder Zaragoza, les dolió perder A Coruña, les dolió perder Valencia. Entonces quieren llevar a cabo un repliegue nacional y nacionalista para ver si, en el avance hacia Cataluña, recuperan también estas plazas. Y les tengo que decir que no lo van a conseguir, no les vamos a dejar y, sobre todo, no vamos a dejar que lo hagan en nombre de España. Ante esta intención, nosotros vamos a contestar sin ningún pudor Visca Cataluña y viva la España democrática, que es la opuesta a ustedes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, señorías, nosotros no votaremos favorablemente la moción presentada por el PDECAT, y no solo lo haremos porque no se han tenido en cuenta nuestras enmiendas, sino, sobre todo, porque esta es una moción algo tramposa. Si hubiera violaciones de los derechos fundamentales, ustedes contarían con nuestro apoyo, pero lo que buscan es utilizarlos como cortina de humo para esconder la liquidación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución, que es lo que hacen las leyes del referéndum y de transitoriedad aprobadas abruptamente por el Parlament y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

No les hemos escuchado decir nada sobre la desobediencia a las sentencias interlocutorias del Tribunal Constitucional, ni sobre las presiones a los alcaldes, propiciadas por el Gobierno de Cataluña —si el señor Baguè no conoce alcaldes, yo le presentaré a unos cuantos (Aplausos)—, ni sobre la vulneración de la Ley de protección de datos. Por cierto, los datos de muchos catalanes figuran en estos momentos en una web facilitada por el Gobierno de Cataluña, situada en un paraíso fiscal y administrada por piratas. No sé si eso es proteger mucho los derechos.

El gran error del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, ha sido su incapacidad para el diálogo durante todos estos años y el gran error del independentismo ha sido y es romper con la legalidad y persistir en ello —unos incapaces de dialogar y otros saltándose la ley—. Pero el mayor aliado que ha tenido el independentismo estos años, señorías, ha sido el inmovilismo. Ahora bien, la única respuesta no puede ser judicial y policial. Nosotros llevamos tiempo diciendo que estamos ante un problema político que requiere una solución política. El Gobierno no puede delegar sus funciones y esconderse detrás de los tribunales. Sin ley no hay salida, pero sin política tampoco. Es legítimo que el Gobierno intente impedir la celebración de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pero nuestra lealtad es para con el Estado de derecho y para con las instituciones. Para ello cuenten con nosotros. No es para con el Gobierno y sus decisiones —porque unas las podemos compartir y otras no—, no es, por tanto, un cheque en blanco a favor de nadie. Y lo que en ningún caso podríamos hacer es aceptar la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Nosotros en ningún caso estaríamos al lado de los que quieren limitar derechos de las personas. ¿Saben por qué? Porque hemos trabajado como los que más para conseguir la democracia, por eso.

Para nosotros la gente que no piensa como nosotros no es nuestro enemigo, si acaso pueden ser adversarios políticos, algunos temporales y circunstanciales. Unos quieren votar sin dialogar y otros quieren dialogar sin votar, y nosotros queremos dialogar y votar, no la independencia, sino un nuevo acuerdo con una reforma constitucional incluida. Nosotros no queremos el referéndum, no solo porque es ilegal, sino porque no queremos divisiones ni enfrentamientos. No queremos vencedores ni vencidos en un tema que afecta a la identidad de las personas. No queremos que los ciudadanos de Cataluña se dividan por mitades, señorías, y eso es lo que algunos de los aquí presentes están consiguiendo. La gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quiere esas divisiones y enfrentamientos ni romper vínculos con el resto de España.

El problema no radica solo en evitar la secesión de Cataluña como piensa el Gobierno de España, sino también en recuperar el prestigio y la adhesión ciudadana para con las instituciones, para con las españolas y las catalanas. Señorías, también para recuperar afectos perdidos, una labor a la que todos deberíamos contribuir.

Lo que ha impedido encontrar una fórmula de acuerdo durante estos últimos cinco años ha sido tener dos gobiernos incapaces de dialogar, claro que el señor Rajoy ya tenía antecedentes. ¿Recuerdan la campaña del estatuto? Pero, bien, miremos al futuro, porque tenemos dos gobiernos que más que pensar en el futuro de España, de Cataluña y de sus ciudadanos, siempre han pensado en sus próximas elecciones.

Señorías, si la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno de Cataluña sigue el camino de una declaración unilateral de independencia, cometería no solo una barbaridad, sino que estaría poniendo en peligro las instituciones de autogobierno, cuya recuperación tanto esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas han costado. Señorías, ustedes no tienen derecho a hacerlo, no en nombre de Cataluña, ustedes no son Cataluña sino una parte, porque Cataluña lo somos todos. También a los que dicen que el 1 de octubre se puede echar a Rajoy les voy a recordar que hace un año tuvimos una excelente ocasión para hacerlo...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.

... Y votaron lo mismo que el Partido Popular.

Señorías, política quiere decir diálogo, negociación y pacto. Esa es la solución, en ella trabajamos y esperamos encontrarnos con todos aquellos que están preocupados por España, por Cataluña y por el bienestar y el futuro de sus ciudadanos.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Albiol.

El señor GARCÍA ALBIOL: Señor presidente, señorías, he escuchado con mucha atención los argumentos que nos han expuesto los senadores que han presentado esta propuesta y tengo que decirles con toda sinceridad que me produce mucha pena; me produce mucha pena y tristeza y, a la vez, indignación escuchar cómo se insulta, cómo se maltrata a este nuestro país. Nuestro país no es un régimen totalitario ni se está vulnerando la democracia. Gracias a esa democracia, de la que nos sentimos muy orgullosos, hoy en la silla de la Presidencia de la Generalitat hay un presidente que está intentando perpetrar un golpe a la democracia y a la libertad, y la democracia y el Estado de derecho están protegiendo sus derechos. Por tanto, les pido que maticen, que sean exactos y respetuosos con esa situación y con lo que representa nuestro país porque están ofendiendo a muchas personas.

Quiero recordarles que el modelo constitucional de nuestro país se sustenta en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas. En virtud de este modelo, los Gobiernos autonómicos, por tanto, el de Cataluña también, ejercen amplias competencias, con un techo más elevado que el de la inmensa mayoría de los Estados descentralizados de Europa. Asimismo, por ejemplo, las lenguas españolas diferentes al castellano gozan de especial protección, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional.

Señoras y señores senadores que presentan esta moción, deberían tener muy presente que las apelaciones a la legitimidad democrática de las aspiraciones independentistas en Cataluña con ignorancia al respeto y a la legalidad nos retroceden a tiempos oscuros de imposiciones por la fuerza. Lo que está ocurriendo en Cataluña, además de ser un despropósito jurídico y legal, es una tendenciosa manipulación de la realidad social e histórica de nuestra tierra. Además, significa una clara ofensa a los 47 millones de españoles, entre los que nos encontramos también los catalanes que, más allá de nuestra ideología o forma de pensar, nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles.

Decía el profesor italiano Claudio Magris, flamante Príncipe de Asturias de las Letras, que contraponer la legitimidad a la legalidad apelando a valores cálidos, la comunidad o la inmediatez efectiva en contra de la frialdad de las democracias significa destruir las reglas del juego político que permiten a los hombres luchar por los valores que consideran sagrados. Y añado yo: las declaraciones de independencia que desprecian el derecho interno son también incompatibles con los propósitos y principios de la declaración aprobada por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 23 de octubre de 2015. En esa declaración se reitera que el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es un pilar básico para asegurar la paz y la seguridad internacional.

Señoras y señores senadores, los episodios que estamos viviendo en Cataluña, lejos de reforzar los derechos políticos de todos, pretenden privar de ellos a miles de ciudadanos, que nos veríamos reducidos, en contra de nuestra propia voluntad, a la condición de extranjeros en nuestra tierra. Permítanme que les diga que resulta paradójico que cuando el Gobierno de la Generalitat lleva dos años gobernando solo para esa parte de catalanes que son independentistas, ignorando y convirtiendo en invisibles a la mayoría de catalanes que no lo somos, ahora, en estos momentos en los que ustedes han provocado la peor crisis institucional, política y social que ha vivido nuestro país desde el golpe de Estado del año 1981, vengan con la osadía de hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña. ¡Qué atrevimiento!

La actitud del Gobierno de la Generalitat durante las últimas semanas, incumpliendo leyes, vulnerando derechos de la oposición, ignorando a los órganos consultivos de la propia Generalitat, señalando a periodistas, marcando a jueces, llamando a la movilización callejera, buscando la coacción a las fuerzas de seguridad y a la justicia, demuestran la imperiosa necesidad de poner punto y final a una etapa decadente que están viviendo las instituciones catalanas.

Voy finalizando. Señorías, la Generalitat actual hace ya mucho tiempo que nos ha dejado de representar a la mayoría de catalanes. Diré más, cada palabra buscando el enfrentamiento, cada gesto provocando la crispación es un paso que les aleja más y más de una parte muy importante de la sociedad catalana. Por todo ello, en el Partido Popular queremos trasladar nuestro total apoyo a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a los alcaldes y concejales y al Gobierno de la nación, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza. (Aplausos).

Y finalizo. Señores del PDECAT, los ausentes de Esquerra Republicana y todos aquellos que les dan apoyo, por más que nos insulten, por mucho que nos quieran callar, tenemos las ideas muy claras.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA ALBIOL: Tenemos la fuerza de la democracia para seguir defendiendo con energía a todos los catalanes que no queremos que nos obliguen a dejar de ser españoles.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Albiol.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, con la incorporación de las enmiendas aceptadas: 4 del Grupo Parlamentario Mixto y 3 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 207; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA MEJORAR EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA USURPACIÓN DE INMUEBLES. 662/000069 GPP

El presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco. Es decir, decaen las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y quedan vivas trece enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto —doce por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—, y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Buenos días, señorías.

No resulta desconocido que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento de problemas relacionados con la usurpación de viviendas; por una parte, lo sufren las personas que se ven privadas ilegalmente del disfrute de su propiedad privada y, por otra parte, las personas que residen en los inmuebles en los que se producen ocupaciones ilegales de viviendas convirtiéndose en víctimas indirectas de este hecho delictivo.

La ocupación ilegal choca frontalmente con el cumplimiento del artículo 33 de nuestra Constitución, privando al legítimo propietario del derecho a la propiedad privada. Pero, señorías, aquí tenemos que distinguir dos casos claramente diferentes de ocupaciones; por una parte, aquellas ocupaciones realizadas por necesidad, por familias que se encuentran en una situación de desamparo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Aparicio.

Hagan el favor de guardar silencio.

Continúe, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: Sí, presidente.

Decía que tenemos que distinguir entre dos tipos de ocupaciones bien distintas. Por una parte, están aquellas ocupaciones que son realizadas por necesidad, por personas que se encuentran en una situación de desamparo, que tristemente se han quedado sin nada y que necesitan una vivienda para poder subsistir; y este caso hay que diferenciarlo de aquellas ocupaciones realizadas por grupos antisistema, por mafias, por personas que pretenden ocupar las viviendas en beneficio propio. Sin duda, el primero de los casos necesita de la ayuda de las administraciones y del Estado y de la sociedad en general para proveerles de las ayudas necesarias, pero tampoco podemos olvidar que no solo la propiedad privada de las personas está siendo vulnerada, sino que bienes públicos y suelo público también han sido ocupados por grupos antisistema.

Este delito viene recogido entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y, por tanto, podríamos decir que el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, pero, debido a la alarma social que genera actualmente este tipo de delitos y la inseguridad en el tráfico inmobiliario, incluso podríamos encajarlo dentro de un delito en contra del orden público. Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico no está suficientemente adaptado para dar respaldo tanto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a los tribunales de justicia y para hacer frente a la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en sus diferentes formas y modalidades, algo que hoy en día afecta a un sector creciente de la sociedad y crea evidentes perjuicios y limita y vulnera el pleno ejercicio de sus legítimos derechos.

Estos hechos delictivos provocan que los propietarios de las viviendas ocupadas tengan que iniciar un penoso y largo procedimiento judicial para poder recuperar la posesión de sus viviendas y proceder al desalojo de los ocupantes, que como mucho van a ser sancionados con una multa que en la mayoría de los casos ni siquiera se hace efectiva, lo que genera en la ciudadanía una sensación de impotencia e indefensión.

Aunque la pena del delito de los ocupas no ha sido modificada desde el año 1995, sí que hubo una reforma de la ley en el año 2015 en cuanto a la gravedad de dichos delitos, pasando de ser delitos menos graves a delitos leves, lo que trae consecuencias en el ámbito judicial en cuanto a los plazos de prescripción y, sobre todo, consecuencias procedimentales. En primer lugar, con respecto a la adopción de medidas cautelares de desalojo inmediato, dado que en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está previsto expresamente y que, tras la reforma del año 2015, al ser un delito leve no existe una fase de instrucción previa, por lo que no se toma declaración al investigado antes del juicio y únicamente se podría acordar el desalojo como consecuencia de la sentencia condenatoria. En la práctica jurisprudencial nos encontramos casos de juzgados que encuentran amparo en este artículo 13 para poder realizar desalojos cautelares, pero tampoco estaría estrictamente recogido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como he dicho.

Ante esta situación, necesitamos realizar una reforma del marco normativo para crear una actuación homogénea por parte de todos los juzgados. Por regla general, es necesario practicar diligencias previas en este tipo de delitos pero, como he dicho, ello es incompatible con la naturaleza del delito leve del que estamos hablando. Es habitual que una persona que está realizando una ocupación diga a la policía: yo pasaba por allí, yo no vivo en este piso, es de otra persona, etcétera, lo cual provoca que en la investigación haya que realizar interrogatorios a los vecinos, que haya que buscar prueba documental de los gastos de luz, agua..., lo cual ocasiona que quien se tiene que ocupar de este tipo de actuaciones, que es la policía judicial, realmente no tenga respaldo legal para poder hacerlo, porque estamos hablando de un delito leve, con lo cual finalmente al juez no le queda otra solución que archivar el procedimiento. Consecuencia: indefensión para el legítimo propietario de la vivienda.

Otro problema planteado por la normativa actual es cuando en la vivienda viven menores. Previamente a la reforma, el juez instructor podía tomar medidas respecto a esos menores para derivarlos a los servicios sociales; ahora, tras la reforma de 2015, no es posible porque no es compatible con el tipo de delito leve del que estamos hablando. Igualmente, como ya he dicho, este tipo de delitos conlleva muchas veces otro delito de defraudación de fluido eléctrico, que también está previsto como delito leve, con lo cual es muy difícil perseguirlo.

Antes de la reforma de 2015, señorías, cabía la posibilidad de tramitar estos hechos como procedimientos rápidos, ya que estas conductas tenían encaje en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el enjuiciamiento rápido de delitos menos graves. Sin embargo, tras la reforma del año 2015, los únicos delitos leves que se pueden enjuiciar de forma inmediata son los contemplados en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo en el que no pueden encontrar encaje estos delitos, ya que no se hallan recogidos.

También hay que poner de manifiesto —no lo podemos olvidar— los problemas que sufren los vecinos que viven en los inmuebles ocupados, que en muchos casos están viviendo situaciones completamente insostenibles debido al clima existente en las comunidades; están sometidos a actos vandálicos y comportamientos incívicos de muchos de los ocupantes, por lo que requieren la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, debido al marco legislativo actual, no pueden actuar a no ser que se trate de realizar alguna intervención en casos de flagrante delito.

Tenemos que recordar que estas ocupaciones están siendo principalmente realizadas por mafias y bandas organizadas que están convirtiendo las ocupaciones en un negocio propio, ya sea para extorsionar a los verdaderos propietarios de la vivienda, para que les paguen dinero por su desalojo, o para alquilar o vender estos bienes a otras personas.

En alguna comunidad autónoma, como la de Madrid, se ha promovido un acuerdo bilateral con la Delegación del Gobierno y Fiscalía para que los delitos relacionados con la ocupación sean tratados en juicios rápidos; además, se han acordado otros compromisos, como la identificación de los edificios usurpados, promover la pronta denuncia por parte de los propietarios y la petición de medidas cautelares de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes. En este sentido, Fiscalía se ha pronunciado y dice que es posible la adopción de medidas cautelares, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que restituyan el inmueble a su legítimo propietario, dado que la privación del ejercicio del derecho de propiedad a su titular se prolonga demasiado en el tiempo hasta que es dictada una sentencia condenatoria del usurpador. Ahora bien, como he dicho anteriormente, se observa en los juzgados una disparidad de criterios a la hora de adoptar estas medidas cautelares, por lo cual es necesario realizar esta modificación legislativa para que de forma expresa sea determinada la manera de adoptar esas medidas cautelares.

En esta misma línea se manifestó en abril la defensora del Pueblo en una reciente recomendación dirigida al Ministerio de Justica para —leo textualmente— prever los cauces necesarios para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan al titular del mueble la posesión y disfrute urgente del mismo mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido. El Ministerio de Justicia, por medio de su ministro, se ha comunicado con la defensora del Pueblo y le ha transmitido que, evidentemente, en el momento en que se afronte esta reforma legislativa, que es necesaria, serán tenidas en cuenta las medidas recogidas en su informe.

Para finalizar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista y al Partido Nacionalista Vasco la posibilidad de poder llegar a un acuerdo en esta moción porque es algo que nos atañe a todos. No tiene nada que ver con la ideología que cada uno tenga, es un derecho de todos los españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aparicio.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular, defendida hace un momento por la senadora Aparicio, para modificar el punto 1.b) de la moción. En ella proponemos una redacción nueva con el objeto de instar al Gobierno a la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil y de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana a fin de mejorar el texto.

Lamento profundamente, como le he dicho hace un momento, senadora, que no acepten nuestra enmienda porque su contenido no es otro —y lo digo aquí, públicamente— que el acuerdo que alcanzamos todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Ustedes, nosotros, el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos votamos afirmativamente una parte de eso en el Congreso y el resto lo aprobamos el Partido Popular, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Repito, lamento profundamente que hoy no sea posible incorporar a su moción ese texto que fuimos capaces de acordar en el Congreso de los Diputados.

Dicho esto, no vamos a dejar de votar afirmativamente la moción, aunque no hayan querido recoger nuestra pequeña aportación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Compartimos el espíritu de la necesidad de abordar el problema, pero pensamos que es una propuesta que se queda a medio camino. Usurpación de inmuebles también es lo que han hecho los bancos —rescatados con dinero público— a miles de familias desahuciadas, golpeadas por una crisis que no han ocasionado ellas; usurpación de inmuebles también son las inmatriculaciones de la iglesia, por ejemplo; usurpación de inmuebles también es lo que hizo Ana Botella con los fondos buitres, etcétera. Por tanto, obviamente, compartimos la idea de que se garantice el derecho a recuperar las viviendas en caso de usurpación, con una legislación ágil, efectiva y que proteja sus derechos, pero sin olvidar su origen. Hay muchos tipos de usurpación, ustedes son expertos en eso; en muchos casos, esa usurpación de viviendas es causa directa de una política cruel como la que ustedes han venido practicando. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, recogido en el artículo 47, que ustedes no están respetando.

A nosotros nos llaman radicales porque vamos a la raíz de los problemas y no nos quedamos únicamente en la superficie. Por ello, queremos ir al origen e intentar que esta no sea una moción que únicamente castigue a la gente que muchas veces no tiene más remedio que quedarse en un inmueble que no puede pagar, sino que se les dé una solución. Para ello, hemos presentado una serie de enmiendas, y nos gustaría que alguna de ellas fuera aceptada porque está bien lo que ustedes proponen pero se quedan a medio camino.

Queremos aprobar una legislación que regule los desahucios y desalojos y que garantice que no se podrá echar de la vivienda a ninguna persona sin una alternativa habitacional digna y adecuada a su nivel de renta; queremos derogar y declarar la nulidad de las ventas de inmuebles públicos de los fondos buitres; queremos reconocer que el derecho constitucional a la vivienda supone el reconocimiento de disponer de un techo estable, reconocido como una necesidad humana de primer orden; queremos la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos de préstamos hipotecarios; queremos reformar el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar a las personas deudoras la plenitud de ejercicio de los mecanismos generales de defensa y prueba; queremos paralizar de urgencia los desahucios de primera vivienda a las familias que no tengan alternativa habitacional, especialmente a las personas mayores que avalaron a familiares con un crédito hipotecario y queremos dedicar al alquiler social viviendas procedentes de entidades bancarias rescatadas.

Por lo tanto, sus medidas están bien, pero se quedan, como saben, a medio camino. Ustedes se preocupan más por los bancos que por las personas, desgraciadamente. Queremos ir al origen y queremos respetar tanto, por una parte, el derecho a la propiedad, que obviamente lo defendemos, como el derecho a la vivienda. Ojalá tuvieran ustedes la misma sensibilidad en un caso y en otro.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Es cierto que existe un malestar generalizado en la sociedad que afecta a los propietarios de viviendas vacías, que ven de forma impotente cómo la posesión de su propiedad es usurpada y deben iniciar procedimientos judiciales para su recuperación, que en muchos casos les genera costes importantes, además de encontrarse los desperfectos que puedan causarse en la vivienda. Por ello creemos que el derecho penal debe dar respuesta, intentando persuadir estas acciones ilegales y, si se cometen, las respuestas ante este ilícito penal no deben ser baladíes. En el Código Penal vigente es un delito leve y esta consideración está beneficiando a grupos organizados, que están negociando con la usurpación de la propiedad privada. Entendemos, por tanto, que esa modificación puede dar respuesta a la situación de desprotección y desamparo en la que se puede encontrar el propietario y, por otro lado, al endurecer este tipo penal, afectará a la delincuencia organizada.

Sin embargo, queremos dejar claro en nuestro posicionamiento que no defendemos en ningún caso la penalización de la ocupación ilegal que algunas familias, por necesidad, están llevando a cabo, tal y como defienden las plataformas antidesahucios. Por todo lo expuesto, nos atrevemos a sugerir la redacción de dos puntos que se pueden añadir a esta moción con el fin de atender a las familias vulnerables que se vean en esta situación y de generar fórmulas desde el Estado, que las hay, para lograr que la gran cantidad de viviendas en manos de los bancos y sus filiales afloren al mercado en régimen de compraventa y arrendamiento a precios asequibles.

Por todo ello, proponemos la inclusión en esta moción de dos puntos con la siguiente redacción: por un lado, proponemos que esta reforma del Código Penal vaya acompañada de medidas económicas e instrumentos financieros que permitan a las comunidades autónomas recuperar la capacidad de inversión perdida en los últimos años para la promoción de viviendas de promoción pública, atendiendo así a las necesidades de vivienda de las familias vulnerables. Por otro lado, esta reforma del Código Penal debe ir acompañada de medidas para que las entidades financieras que dispongan de un parque de viviendas derivado de esta grave crisis económica determinen un cupo que retorne a la sociedad mediante su salida al mercado a precios de renta y compraventa sociales.

Esperamos que el grupo proponente acepte nuestras enmiendas, que solo tienen como objetivo proteger a todas las personas, a todas, proponiendo alternativas concretas para paliar una situación tan dolorosa para todas las partes, como es la ocupación ilegal de las viviendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la senadora Guijarro.

La señora GUIJARRO CARRILLO: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

A la vista de las enmiendas presentadas a esta moción del Grupo Popular, hay una idea clara: que todos los grupos políticos —por lo menos así lo entendemos en el Grupo Popular— estamos de acuerdo en que necesitamos adaptar la actual regulación respecto de la ocupación ilegal de las viviendas a la situación que estamos viviendo. De ahí que el Grupo Popular haya considerado necesario presentar esta iniciativa.

Con esta moción se pretende debatir en la Cámara esta cuestión principalmente desde el punto de vista penal. Hemos estudiado las diferentes enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y su viabilidad para ser incorporadas a la moción y llevarlas a cumplimiento, siempre en la medida en que puedan enriquecer y mejorar la iniciativa que el Grupo Popular ha presentado en esta materia.

Y estamos de enhorabuena, ya que, tal y como ha avanzado mi compañera, se ha llegado a acuerdos con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario Vasco. Así pues, lo que se presenta esta mañana aquí es una moción fruto del consenso, del acuerdo, una moción transada. Y aunque hayan decaído las enmiendas presentadas por ambos grupos puesto que ya forman parte de la moción que se va a votar, quiero referirme, por un lado, a la admisión de la enmienda del Grupo Socialista, de la que se han admitido los puntos 1 a) y 1 c) y se han transado y consensuado el resto de puntos y, por otro, a la enmienda presentada por el Grupo Vasco, de la que ha sido transado el punto 1 c). (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

En cuanto al resto de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, el Grupo Popular rechaza la enmienda presentada por Coalición Canaria al entender que su propuesta está ya integrada en el texto definitivo que se presenta esta mañana en la Cámara.

Y por lo que se refiere a Ciudadanos, antes de nada, agradezco el respaldo a la moción. Pero, como bien ha explicado su representante, entendemos que la moción que se presenta esta mañana se aborda desde un punto de vista penal, mientras que la enmienda presentada por Ciudadanos pertenece al ámbito civil y ya en el Congreso obtuvo el respaldo del Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora GUIJARRO CARRILLO: Sí, señor presidente.

En relación con las enmiendas presentadas por Compromís, entendemos que no son viables, por lo que son rechazadas.

Para terminar, repito que estamos de enhorabuena porque presentamos una moción fruto del consenso y de los acuerdos en un tema que debemos abordar con el consenso de todos los sectores implicados para proporcionar a los ciudadanos mecanismos necesarios para proteger al propietario y para atender a las familias necesitadas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Guijarro.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto va a intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervendré de manera rápida desde mi escaño. Como he dicho en el turno de defensa de las enmiendas, creemos que la reforma del Código Penal que se propone con esta moción puede ser muy beneficiosa para combatir la acción de grupos organizados que, desgraciadamente, se aprovechan de esas situaciones, en las que se encuentran muchas personas y familias en nuestro país. Pero, una vez que no se han incluido nuestras enmiendas, quiero manifestar que seguimos echando en falta medidas concretas —no algo tan genérico como lo que se nos presenta— que en absoluto vemos reflejadas en esta moción. Hablo de medidas como la que proponíamos para la mayor implicación de las entidades financieras con el fin de poder disponer de esas viviendas que tienen y sacarlas para alquiler social o compraventa. O como la de dotar a las comunidades autónomas de mayores instrumentos y una mayor financiación para ayudar a las personas que se encuentran en la calle. Por todo ello, señorías, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria hoy no puede apoyar esta moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Senadores del Grupo Popular, sin que sirva de precedente, tengo que felicitarles por la moción que han traído hoy, porque verdaderamente hablamos de una preocupación que la sociedad tiene en el día a día y este tipo de mociones dan sentido a la labor que intentamos llevar adelante en esta Cámara. Y es que recoger los problemas y las preocupaciones del día a día es importante. Todos habremos sido testigos de algún caso, de algún problema por la ocupación de un inmueble; por ejemplo, el de una persona mayor que se ha ido de vacaciones y cuando ha vuelto tenía unos okupas en su vivienda y ha tenido que esperar largos meses hasta que ha podido rescatarla. Parece mentira. Y cuando la gente pide explicaciones se pregunta cómo es que no puede disponer de su vivienda, de su vivienda de toda la vida. Pues a esos dramas personales se intenta dar solución de una u otra manera a través de esta moción. Esa es nuestra labor, y por eso digo que, en ese sentido, y sin que sirva de precedente, les felicito.

El legislador penal no apreció en el año 2015 ni en las anteriores reformas del Código Penal la dimensión de lo que venía a ser un fenómeno criminológico nuevo como el que he descrito: la ocupación de viviendas, no por personas en situación de exclusión o marginalidad extrema, sino por organizaciones mafiosas que, tras cuadricular el mapa de las ciudades y los municipios, destina a alguno de sus miembros a vigilar los pisos vacíos susceptibles de ser ocupados mediante la correspondiente patada en la puerta y ofertarlos como si estuviéramos ante sistemas inmobiliarios o de promoción no formales y fenómenos como el okupa, que rayan en la desobediencia civil.

El último caso que hemos conocido estos días es el de un palacete en la zona de Begoña, en Bilbao. Y lo llamativo de las declaraciones de los ocupantes es que, con su falta de formación, y habiendo sido ordenado su desalojo por el juzgado de instancia, afirman que tienen la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia y en casación ante el Tribunal Supremo, con la ilegítima prolongación del tiempo de ocupación que la no adquisición de firmeza de la sentencia provoca.

Ese era el sentido de la enmienda que presentamos y que ha sido recogida en la transaccional que hemos firmado. Y también estamos muy cómodos con las propuestas realizadas por el Grupo Socialista. Vuelvo a repetir que creo que esta moción es un ejemplo. Instar al Gobierno a realizar algo no tiene ningún problema, no se le critica por un déficit, sino que hablamos de un fenómeno nuevo que hay que atender. Y, como ven, con el diálogo, con la aportación, con la reflexión y con el debate poco a poco se consiguen dar pequeños pasos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bildarratz.

¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Señorías, vamos a ir a la raíz de las cuestiones que se plantean en esta moción, a las verdaderas razones. Esta moción va de derechos; y hablo de derechos, y en plural, porque no solo está en juego el derecho a la propiedad, sino otro derecho constitucional: el derecho a una vivienda digna, del que se olvidan los autores de esta moción. Miren, el enfoque de esta moción tiene un doble error. Por un lado, entienden la vivienda como un bien patrimonial cualquiera, y no es así, es el objeto de un derecho constitucional que cubre una necesidad básica como es la de servir de alojamiento. Por otro, la Constitución española no protege cualquier tipo de propiedad, sino solo aquella que cumple su función social —artículo 33.2 de Constitución—. Es de las dos premisas que acabo de citar de donde deben partir las iniciativas en este sentido, y no es así.

Señorías, España es un Estado social, y los poderes públicos pueden delimitar el contenido de la propiedad. Esto significa que no todas las formas de ejercicio de la propiedad deben ser protegidas, solo aquellas que cumplen la función social, es decir, servir de alojamiento. Incluso algunas deberían ser penalizadas, como, por ejemplo, la vivienda vacía, más aún con la situación de emergencia habitacional que sufrimos en nuestro país. No podemos vivir en una sociedad que denominamos avanzada y democrática cuando el 30 % de las viviendas vacías de toda Europa se encuentra en España, mientras muchos ciudadanos y ciudadanas no tienen casa, no tienen cobijo, no tienen techo.

Como ustedes han expuesto, en los últimos años ha crecido mucho la ocupación de vivienda. Y la pregunta es por qué. ¿Creen que se ha puesto de moda ocupar viviendas o puede ser más bien que vivimos una gran crisis y, por tanto, existen familias con niños y niñas que no tienen otra alternativa que ocupar, porque si no ocuparan una vivienda estarían viviendo en la puñetera calle?

Esta moción no pone sobre la mesa ninguna medida que vaya a resolver el tema de la vivienda y la ocupación de la vivienda. Si ustedes, los gobernantes, los partidos que gobiernan, ofrecieran una alternativa habitacional a los ciudadanos y ciudadanas con esa carencia de vivienda, ¿creen que las ocuparían? Todos entendemos que no. Por tanto, facilitar el desahucio y los desalojos y castigar penalmente a los que las ocupan no nos lleva a ningún sitio, son medidas ineficaces. Les voy a poner un ejemplo: acuérdense de la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos, del desahucio exprés, ese desahucio que iba a dar más seguridad a los propietarios y fomentaría el alquiler. ¿Qué ha conseguido? Tenemos los resultados encima de la mesa: ha conseguido que no haya más alquiler, pero sí que suban los precios de las rentas y también que haya más desahucios porque las familias no pueden pagar ese alquiler.

Estas medidas son, como siempre, represivas, que persiguen a la parte más débil y encima son ineficaces. Aquí no han traído ninguna medida, por ejemplo, que persiga la vivienda vacía y permita tener un parque de alquiler público más amplio. Tampoco se les ha ocurrido aprobar en los presupuestos ayudas importantes para los pequeños propietarios con el fin de que tengan seguridad y puedan alquilar sus viviendas a un precio asequible y así ganen, por un lado, los propietarios y, por otro, los demandantes de vivienda.

Unidos Podemos no está de acuerdo con penalizar, castigar y perseguir la ocupación. Existen instrumentos civiles para que los propietarios puedan, por supuesto, proteger su propiedad.

Por tanto, penalización, favorecer los desalojos, una especie de ley de patada un poco light que se cuela también en la moción... Por otro lado, intentan dar una vuelta a la moción de forma que parezca que no se van a dar los desalojos sin alternativa habitacional. Pero sean claros: prohíban los desalojos sin alternativa habitacional y acabarán con una cuestión que vulnera, como ya he dicho en más de una ocasión, derechos fundamentales y derechos humanos. Traigan aquí propuestas, propuestas que vayan en favor del derecho a la propiedad, de la función social de la propiedad, de la defensa del derecho a la vivienda de todos y todas, y entonces nos encontraremos y votaremos a favor.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer, como no puede ser de otra manera, es agradecer muy sinceramente el esfuerzo que han realizado la senadora Aparicio y la senadora Guijarro para aceptar una buen parte de las enmiendas. Nos sentimos muy identificados con la transaccional —en algunos casos, con una aceptación literal—, con el enfoque con el queríamos mejorar una iniciativa que nos parecía oportuna y que hemos empezado compartiendo en algunos supuestos.

Desde ese punto de vista —ya se ha dicho aquí—, creemos que una parte del fenómeno de la ocupación de viviendas está íntimamente relacionada con las situaciones personales más sangrantes que se han producido en los sectores más débiles de la sociedad, aquellos verdaderamente maltratados por la crisis económica. Quienes han perdido el empleo, quienes han perdido la vivienda, quienes lo han perdido todo, sin duda han protagonizado muchas ocupaciones de vivienda. Y nosotros no justificamos esas ocupaciones, pero, desde luego, entendemos que hay situaciones que no debieran producirse nunca, como el hecho de que una familia verdaderamente en exclusión social se vea en la calle.

Hay ocupaciones que se basan en la necesidad de la vivienda, y los jueces lo saben; por eso, los jueces ya están aplicando la eximente de estado de necesidad para no castigar aquellas ocupaciones que están basadas en el estado de verdadera exclusión social y necesidad de las familias. También ocurre que en este momento los jueces no saben distinguir los límites entre la Ley de seguridad ciudadana, que sanciona la ocupación de vivienda con una sanción meramente administrativa, y la sanción penal del artículo 245.2. Luego todo eso hay aclararlo. No podemos dejarlo al arbitrio de los jueces; que unos castiguen y otros, no, que el que tenga sensibilidad no ponga penas y el que no la tenga se agarre a la punición. Todo esto merece la pena aclararlo. Y, si me permite, señora Aparicio, podrían haberlo hecho un poquito mejor en la reforma del Código Penal, porque fue suya. Hace dos años que se reformó el Código Penal y ya empieza a hacer agua. La verdad es que esto se tenía que haber tocado de otra manera, y para esto estamos aquí; y para que, además, con el consenso del Senado pueda ser viable un consenso más necesario que aquí en el Congreso de los Diputados.

Así pues, pensamos que hay una parte de la ocupación relacionada con la situación social, de desgracia social de muchas familias, pero también hay ocupaciones que no responden a la necesidad social. Hay un movimiento okupa decidido a protestar y que cuestiona el sistema causando daños en bienes ajenos. Y nosotros no estamos ahí, porque consideramos que ni la libertad de expresión ni la libertad de manifestación pueden justificar en ningún caso la lesión de derechos de terceros, la lesión del derecho a la vivienda, a la propiedad, que tiene cualquier familia o cualquier institución pública o privada. Consideramos que en este, como en tantos otros casos, ningún ciudadano ni colectivo puede salirse del Estado de derecho, porque fuera del Estado de derecho no hay nada más que la fuerza bruta: la fuerza bruta del dinero, la fuerza bruta de las entidades financieras, la fuerza bruta de los extremismos, la fuerza bruta del autoritarismo o la fuerza bruta de la patada en la puerta de mi casa, privándome de un bien que puede ser mío, que puede ser para mis hijos, que puede ser una segunda vivienda heredada de mis padres… En fin, situaciones del mundo real, que tenemos que solucionar.

Tampoco podemos ignorar, en un tercer gran bloque de situaciones, que hay mafias —como ya se ha señalado aquí— que trafican con viviendas ajenas, especializadas en cambiar la cerradura, en enganchar suministros de manera ilegal y aprovecharse después de la buena fe o de la necesidad de otras familias.

Por tanto, estamos ante situaciones diferentes que requieren una respuesta penal, administrativa y civil diferente. Desde luego, creemos que, tanto en lo civil como en lo penal, hay que agilizar el desalojo de las viviendas para restituir los derechos a la mayor brevedad. Y, sobre todo —ese es el motivo de esta mejora y de nuestras enmiendas—, que hay que aclarar la situación judicial, que hay que hacer compatible el principio de intervención mínima del derecho penal con el principio de legalidad, que está generando mucha confusión en los juzgados.

Termino. Nos hubiera gustado, y también formaba parte de nuestras enmiendas, remarcar más el aspecto social. Tenemos que hacer verdaderamente compatible el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda. Los socialistas no queremos un mundo okupa, pero tampoco queremos criminalizar la exclusión social. No queremos que ninguna familia tenga que ocupar una casa ajena ni que ninguna familia tenga que soportar la ocupación de sus propiedades. Así de sencillo. Y creemos que esta moción puede contribuir a conseguir ese objetivo.

Muchas gracias por el buen trabajo realizado, señora Aparicio. Espero que, con este clima de consenso, podamos mejorar una situación que agobia a muchas familias, sin olvidar que con esta moción se abre un debate y que hay otros ámbitos, no el de la reforma de la Código Penal, sino los de los programas y políticas sociales, en los que, naturalmente, los socialistas vamos a seguir defendiendo el derecho a la vivienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de familias que no pueden acceder a sus viviendas después de volver de unas vacaciones; de segundas residencias compradas con los ahorros de toda una vida y de las que ya no podrán disfrutar; o de equipamientos públicos que son de todos y son utilizados de forma egoísta por unos pocos y para lo que ellos deciden. En definitiva, estamos hablando de una violación sistemática de la propiedad.

Señorías, quiero dejar bien claro —que vaya por delante— que el Partido Popular siempre va a estar al lado de las personas en situación de vulnerabilidad y de las personas que vean violado su derecho a la propiedad.

Ahora voy a intentar ser, de verdad, lo más pedagógica posible para explicar a los señores de Podemos la diferencia entre gobernar para todos y crear inseguridad por medio de un Gobierno. Como ejemplo de un Gobierno para todos podemos poner el del Gobierno de España. (Rumores). En el caso de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, lo importante es facilitar el acceso a una vivienda digna, la protección hipotecaria y la coordinación con los servicios sociales. En el Gobierno central tenemos el Plan estatal de vivienda, que se ha prorrogado hasta el año 2017 y que fomenta el alquiler y la rehabilitación de los edificios y viviendas en tramos urbanos. (Rumores). Tranquilos, cálmense. Es un plan, por cierto, que se ha mejorado con la nueva redacción para el periodo 2018-2021, que entrará en vigor a principios de 2018. En cualquier caso —les doy datos—, solo en el periodo que llevamos del plan anterior podemos hablar de más de 100 000 familias que han recibido ayudas de alquiler —estoy hablando de las políticas del Gobierno central— y de 70 000 familias que continúan recibiendo ayudas para la subsidiación de préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida.

En relación con la protección hipotecaria, desde el año 2012 hemos adoptado medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias como consecuencia de la crisis. Así, desde dicho año se han aprobado tres reales decretos que han suspendido lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, hasta el año 2020. También se está trabajando con la Sareb y con entidades financieras para la puesta a disposición de viviendas, lo que da lugar a ayudas que vienen en gran parte determinadas por lo que digan los servicios sociales de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Y ahora vamos a comparar este tipo de Gobierno con su desgobierno. En los llamados ayuntamientos del cambio, sus ayuntamientos, donde ustedes gobiernan —porque ustedes están gobernando—, casualmente hay un aumento del número de desahucios. Ustedes mintieron cuando llegaron a esos gobiernos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque yo lo vivo en mi ciudad, donde está gobernando el señor don Xulio Ferreiro. ¿Saben por qué? Porque la solución que da el señor Ferreiro para los sintecho o los indigentes es que, por ejemplo, el puente de acceso a A Coruña, el puente de Alfonso Molina, sea adecentado para que puedan dormir debajo, señorías. No me lo estoy inventando, está recogido un plan redactado por el ayuntamiento de A Coruña, donde, repito, ustedes están gobernando. (Aplausos). En vez de dar soluciones desde la Administración Local, ustedes mandan a la gente necesitada a dormir debajo de los puentes. (Protestas.— Aplausos). Repito que no me lo estoy inventando. Hablen con su compañero, el señor Ferreiro. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El fenómeno de la ocupación ilegal llega ya a unos límites completamente insospechados. No es difícil encontrar manuales del perfecto okupa, alguno editado por aquellas personas que, casualmente, increpaban a los turistas este verano; y, casualmente, publicaciones elaboradas conjuntamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, casualmente liderada, hasta que fue alcaldesa de Barcelona, por la señora Colau. Y no es chocante que la señora Colau haya aprobado en el Ayuntamiento de Barcelona un procedimiento de desalojos privados en bienes inmuebles, sobre cómo debe actuar la guardia urbana para que no se produzcan esos desalojos. Pero voy más allá. En las ciudades del cambio, como, por ejemplo, Santiago de Compostela, en vez de tomar medidas contra la ocupación y los actos violentos de okupas del 30 de junio en esa ciudad, el señor Noriega apoyó los actos violentos que allí estaban sucediendo, donde se utilizaron piedras, palos y tornillos. Señores de Podemos, donde ustedes gobiernan no se preocupan por los padres, las madres o los niños que puedan estar en algún riesgo, sino, al contrario, se ocupan de aquellos que violan la propiedad, de aquellos que causan inseguridad a sus vecinos haciendo imposible la convivencia. Señorías, están con las mafias, que lo único que hacen es especular con la pobreza de aquellos que lo necesitan, de los realmente necesitados. (Protestas.— Aplausos). Esas mafias que en muchos casos imposibilitan el acceso a pisos sociales...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: ... a familias en riesgo de exclusión social. (Protestas).

Voy terminando.

Señorías, la presente moción es en favor del Estado de derecho, una moción que pretende recuperar la propiedad privada, que pretende que se cree un marco normativo con las suficientes garantías para reponer en sus derechos a los propietarios de los inmuebles usurpados, para una convivencia social y pacífica, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentren amparadas…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: ... para poder intervenir ante actos vandálicos, como ha venido sucediendo últimamente, y comportamientos incívicos de muchos ocupantes.

Termino agradeciendo al Grupo Socialista y al Grupo Vasco las aportaciones realizadas, que sin duda han enriquecido la moción que a continuación se va a aprobar, que, como he dicho, afecta a todos los españoles, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la propiedad.

Gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aparicio.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 210; en contra, 20; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PONER EN MARCHA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FRENAR EL FRACASO ESCOLAR EN LA POBLACIÓN MÁS DESFAVORECIDA. 662/000070 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3 del orden del día.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —tres por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una a iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; y dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Marí. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Marí.

El señor MARÍ TORRES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Las políticas educativas que desarrollan las diferentes administraciones son básicas para garantizar una sociedad equitativa, democrática, justa, activa, cohesionada y competitiva. En una sociedad moderna como la española las administraciones tienen que establecer mecanismos que permitan ofrecer las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, familiares o sociales. El avance de una sociedad depende en gran medida de una buena educación. Por ello, ofrecer a los niños que provienen de situaciones desfavorecidas la posibilidad no solo de asistir al colegio con las mismas condiciones que cualquier otro niño, sino ofrecerles todo el apoyo necesario para que alcancen el nivel que les corresponde según sus aptitudes innatas en materia educacional lograría que sus oportunidades futuras se multiplicasen. Hay que saber sacar el potencial de cada alumno desde su singularidad. Todo el mundo tiene unas capacidades, pero no tienen por qué ser las mismas.

Señorías, la escuela debe atender a la diversidad para compensar los efectos de la desigualdad que surge por contextos económicos o sociales diferenciados en el alumnado. La educación es una herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades entre el alumnado socialmente más desfavorecido. Una educación de calidad que contemple medidas que favorezcan la atención a la diversidad es un elemento esencial para el éxito social y para el progreso de una sociedad. El sistema educativo que no dé respuesta a esta realidad es una barrera a la prosperidad de todos los ciudadanos, señorías.

Según diferentes estudios, las medidas que se pueden contemplar para hacer frente a esta realidad pueden ir dese el uso de las nuevas tecnologías, TIC, para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta los programas de apoyo, los planes de fomento a la lectura, el acceso adecuado a internet de todos los centros educativos, el refuerzo de la acción tutorial, la formación del profesorado y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, entre otras. La estrategia más adecuada es aquella que apuesta por la autonomía de los centros y la negociación de las soluciones con la administración educativa.

Señorías, la reducción del fracaso escolar y la atención a la población más desfavorecida es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno. Muestra de ello es el nuevo crédito de 30 millones de euros presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinados a la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, para refuerzo educativo y para atender mejor a la población escolar más desfavorecida.

Para reducir la tasa de fracaso escolar es imprescindible el compromiso de todas las comunidades, pues son estas las que tienen las competencias educativas, de ahí la necesidad de la cooperación territorial, la coordinación entre administraciones. En este sentido, no podemos entender cómo algunas comunidades se cierran al diálogo al no asistir a las Conferencias de Presidentes. Si queremos que el fracaso escolar de hoy no sea el problema del mañana, todas las comunidades autónomas, todas las administraciones, todos los partidos políticos debemos trabajar unidos para conseguirlo.

Otro elemento esencial para frenar el fracaso escolar en la población más desfavorecida es la necesidad de propiciar la autonomía de los centros, autonomía que, además, se ajuste con sus propuestas a su propia realidad y a sus necesidades, estableciendo sus propios planes de mejora que les permitan tomar decisiones para poder adaptar las medidas compensatorias a la realidad particular de cada niño, basándose en un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades del centro.

Señorías, cuando un escolar no está recibiendo adecuadamente un tratamiento y no rinde como toca es necesario y urgente investigar las causas, dejando al margen partidismos y discusiones políticas estériles, buscando lo que nos une en beneficio de toda la sociedad. Tenemos que ser capaces de encontrar juntos el punto donde converge la coordinación de todos los profesionales relacionados con el desarrollo y la atención integral de los adolescentes. Por eso la existencia de un protocolo determinado en cada centro educativo determinará y ayudará a los alumnos que sufran fracaso escolar por diferentes causas: obtener un diagnóstico correcto —permítanme el símil con la medicina— permitirá aplicar un tratamiento eficaz.

Gracias al esfuerzo de todos los españoles hemos conseguido por primera vez en la historia reducir el abandono escolar hasta tasas del 18,2 %. Comunidades como Madrid y Castilla y León, que presentan una tasa de abandono escolar que se acerca a los objetivos europeos para 2020, son modelos de éxito que debemos exportar a otras comunidades, en donde se da una atención individualizada, con programas de refuerzo específico, con metodologías de aprendizaje más innovadoras, con una gran oferta de formación profesional.

El objetivo de España para 2020 es reducir la tasa de abandono escolar hasta el 15 %. El Gobierno del Partido Popular es consciente de que nos queda mucho por hacer, pero se está yendo por el buen camino, señorías, se está yendo por el buen camino implantando medidas que ayudan a reducir el fracaso escolar y mejoran el sistema educativo, le pese a quien le pese, señorías. Al menos así se desprende del último informe sobre el panorama de la educación española, elaborado a partir de los indicadores de la OCDE de 2017.

Como ya comentó nuestro compañero Laureano León ayer, el Gobierno está comprometido con la mejora del sistema educativo incrementando sus recursos económicos —quiero recordar que el gasto público en educación en 2017 se ha incrementado un 9,47 %— , como también reforzando los programas de cooperación territorial, como el aprendizaje de lenguas extranjeras, salud escolar, apoyo al refuerzo educativo, que se ha hecho con un total de 23 millones de euros. Y además, en 2017 el programa de financiación de libros de texto y material escolar se ha incrementado, señorías, hasta unos 48,5 millones de euros, esto es, el 50 % respecto a 2016. Asimismo, el Gobierno está dispuesto a revisar la concesión de becas y ayudas al estudio que, por cierto, han tenido 1420 millones de euros en el presupuesto de 2017, el presupuesto más grande de la historia en cuanto a becas y ayudas al estudio. El plan nacional de lucha contra la violencia escolar y el futuro pacto social y político por la educación sin duda ayudarán a mejorar estos resultados. Eso sí, si trabajamos todos los partidos políticos, administraciones, agentes educativos, actores sociales y todas las comunidades autónomas de manera conjunta y coordinada.

Señorías, esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular es una moción en positivo, como la moción que presentamos contra el acoso escolar, con el convencimiento de que contaremos con el apoyo del resto de grupos parlamentarios de esta Cámara; con la absoluta convicción de que en temas tan cruciales como este no caben los partidismos políticos, no cabe el uso del profesorado, de las instituciones y entidades educativas, y mucho menos, señorías, el uso de menores con intereses políticos, (Aplausos), el uso de menores con intereses político como, por desgracia, estamos viendo en estas últimas semanas.

Señoría, la única bandera legitimada para abanderar la educación es el progreso de la sociedad española, y bajo esta bandera, no lo duden, señorías, debemos estar todos. Ha quedado claro que el Gobierno tiene el compromiso con la mejora de la educación: es evidente en el aumento de la inversión, en los nuevos planes iniciados, en el refuerzo a los programas de cooperación territorial y, además, lo ratifican los datos de la OCDE.

Tan solo me queda dar las gracias a los diferentes grupos parlamentarios por sus enmiendas —se han presentado siete, que posteriormente mi compañera Ana González pasará a debatir— y agradecerles sus propuestas y aportaciones. Solo una cosa: llama la atención que algunos partidos políticos no hayan presentado ninguna enmienda a nuestra moción. Esperemos que no sea porque se trata de una moción del PP o porque se quieren ratificar en el «no es no», ya que con los datos objetivos en la mano los ciudadanos no entenderían que no lleguemos a acuerdos en positivo por el interés general.

Y quiero acabar con una frase de Federico García Lorca que expresa claramente el sentimiento de un niño o una niña ante el fracaso escolar: el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marí.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Hay dos datos que creo que el senador del Partido Popular, del grupo proponente, ya conoce: España es el segundo país con la tasa de abandono más alta de la Unión Europea y cerca del 20 % de los jóvenes entre 18 y 24 años abandonan los estudios, con lo cual estamos abocados a dos palabras que se repiten mucho en su moción, que son el fracaso y el abandono. Y otro fracaso sistemático del sistema educativo español: a las personas con discapacidad, con diversidad funcional, tampoco se les atiende adecuadamente en los centros ordinarios. Fracaso y abandono, señorías, del Partido Popular.

Por eso nosotros seguimos insistiendo en la enmienda que hemos presentado en que hay una ponencia en curso, un pacto educativo aquí en el Senado, y hay una subcomisión del pacto de Estado en el Congreso que tiene que actuar con el consenso de todos para superar el abandono y el fracaso de estos alumnos; para que el conjunto de los partidos políticos —usted lo ha dicho y recojo también sus palabras— abandonen las posiciones enfrentadas, que abandonen los enfrentamientos y los bucles, porque si el conjunto de los partidos políticos fracasamos con la educación estaremos fracasando y haciendo fracasar a todo el sistema, consiguiendo que el fracaso y el abandono —en este caso abandonar nuestra responsabilidad en estas dos comisiones— sean un hecho. De ahí que hayamos presentado una enmienda de adición que completaría el texto para poner el foco en ese pacto de Estado de educación que supere de una vez el fracaso y el abandono de la educación en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senyories, una vegada més una moció relativa al sistema educatiu, concretament al fracàs escolar. Crec que estarem tots d’acord en instar el Govern per a impulsar mesures per a reduir al mínim el fracàs escolar. Per això dic que des de Compromís estem d’acord en el fons i en els objectius d’aquesta moció, però sempre amb esperit constructiu hem presentat esmenes.

Senyors del PP, aquesta nova moció pretén frenar el fracàs escolar després de les seves retallades, i a més acompanyar-la d’una dotació pressupostaria o no-dotació pressupostària... en què quedem? Es manifesten a favor de la reducció del fracàs escolar però no aporten més pressupost. Posa de manifest com de poc els importa en el fons aquesta qüestió. També ho demostra que mentre en la moció diuen: «se aseguren la formación del profesorado» o «que doten con recursos materiales y humanos adicionales», però s’haurien d’aclarir vostès. Diuen això però després segons les dades del Ministeri d’Educació la inversió en educació compensatòria per a aquest any ha sigut de 4,7 milions d’euros, el 9 % menys que l’any anterior, i la despesa en formació del professorat de 2,7 milions d’euros, 17 % menys que l’any anterior. Senyors del PP, sense fons poca cosa s’ha de poder fer.

Ara explicaré per els motius de demanar la eliminació del punt primer, concretament en el seu apartat tercer. Un equip educatiu cobra una nòmina pel seu treball i es suposa que treballa per voler millorar l’educació i lluitar contra el fracàs escolar, com quelcom inherent a la condició de docent. Per tant, més incentius professionals per un esforç no és necessari; el que cal fer és reconèixer el seu esforç i avalar-lo. Els treballadors del sector públic d’altres sectors no reben un incentiu compensatori pel seu treball, siga quin siga la seva efectivitat en el mateix.

Les altres següents esmenes són dos, que s’inclouen dins del punt número 1, que demanen coses molt concretes, com ampliar el finançament per a poder implementar el PMAR a 4t de l’ESO o destinar fons a les comunitats autònomes per als programes d’aula compartida, destinat a l’atenció de la diversitat. Aquest programes deuen tindre com a objectiu treballar amb l’alumnat de risc d’exclusió social i que presenta conductes disruptives, que aboquen al fracàs escolar i a l’absentisme escolar. Per tant, molt adients en aquesta moció.

I la tercera demana és garantir els fons necessaris a les comunitats autònomes per a poder reduir ràtios, donar més autonomia als centres educatius i per organitzar els continguts, tractar la transformació de l’FP, i millorar la comprensió lectora i l’orientació acadèmica per als estudiants.

Des de Compromís esperem que accepten estes esmenes perquè milloren la moció, perquè simplement reflecteixen la necessitat d’aportar més finançament a eixes funcions que vostès diuen que hem de fer, i perquè, com fa el Govern del Botànic al País Valencià, que des de la seva entrada som el territori (per cert, al senyor del Partit Popular se li ha oblidat recordar entre les comunitats autònomes el País Valencià) a l’entrada del Govern del Botànic, és el territori que ha reduït més el fracàs escolar en este temps, per tant prioritzant recursos econòmics i fent realment polítiques per a la gent nosaltres demostrem que sense posar la mà a la caixa i sense balafiar en macroprojectes i fastos som capaços de revertir el fracàs escolar amb el mateix finançament que tenim actualment, eixe infrafinançament que des del País Valencià reivindiquem contínuament.

Gracies, senyor president.

Señorías, una vez más una moción relativa al sistema educativo, concretamente al fracaso escolar. Creo que estaremos todos de acuerdo en instar al Gobierno para adoptar medidas para reducir al mínimo el fracaso escolar. Por eso digo que Compromís está de acuerdo tanto en el fondo como en los objetivos, pero siempre con intención de mejora hemos presentado enmiendas.

Señores del PP, esta nueva moción pretende frenar el fracaso escolar tras sus recortes y, además, acompañarla de una dotación presupuestaria. ¿O no dotación presupuestaria? ¿En qué quedamos? Se manifiestan a favor de la reducción del fracaso escolar, pero no aportan más presupuesto. Esto pone de manifiesto lo poco que les importa en el fondo esta cuestión. También lo demuestra que dicen en la moción: que mientras se asegure la formación del profesorado o que doten con recursos materiales y humanos adicionales. Pero se tendrían que aclarar ustedes, porque dicen esto pero después, según los datos del Ministerio de Educación, la inversión en educación compensatoria para este año ha sido de 4,7 millones de euros, el 9 % menos que el año pasado, y el gasto en formación del profesorado de 2,7 millones de euros, un 17 % menos que el año anterior. Señores del PP, sin fondos poca cosa se podrá hacer.

Ahora explicaré los motivos de pedir la eliminación del punto 1, apartado tercero. Un equipo educativo cobra una nómina por su trabajo y se supone que trabaja porque quiere mejorar la educación y lucha contra el fracaso escolar como algo inherente a la función de docente. Por tanto, más incentivos profesionales para un esfuerzo no son necesarios; lo que hay que hacer es reconocer su esfuerzo y avalarlo. Los trabajadores del sector público y de otros sectores no reciben un incentivo compensatorio por su trabajo, sea cual sea su efectividad en él.

Las siguientes enmiendas son dos, que se incluyen en el punto número 1 y que piden cosas muy concretas como ampliar la financiación para poder aplicar el PMAR a primero de la ESO o destinar fondos a las comunidades autónomas para los programas de aula compartida, destinada a la atención a la diversidad. Los programas han de tener como objetivo trabajar en el alumnado con riesgo de exclusión social y que presenta conductas disruptivas que abocan al fracaso y al absentismo escolar. Por tanto, muy oportunas para esta moción.

La tercera demanda es garantizar los fondos necesarios a las comunidades autónomas para poder reducir ratios, dar más autonomía a los centros educativos y para organizar los contenidos, tratar la transformación de la FP y mejorar la comprensión lectora y la interacción académica para los estudiantes.

En Compromís esperamos que acepten estas enmiendas, porque mejoran la moción, porque simplemente reflejan la necesidad de aportar más financiación a esas funciones que ustedes dicen que tenemos que hacer y porque desde la entrada del Gobierno del Botánico en el País Valenciano somos el territorio que ha reducido más el fracaso escolar en este tiempo —por cierto, al señor del PP se le ha olvidado recordar entre las comunidades autónomas al País Valenciano—. Por lo tanto, priorizando recursos económicos y haciendo realmente políticas para la gente, nosotros demostramos que, sin meter la mano en la caja y sin despilfarrar en macroproyectos y fastos, somos capaces de revertir el fracaso escolar con la misma financiación que tenemos actualmente, esa infrafinanciación que desde el País Valenciano reivindicamos continuamente.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías.

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria quiere aportar a este debate un matiz que consideramos no se debe pasar por alto, que es el reconocimiento a las particularidades de cada territorio, de cada comunidad autónoma, así como la necesaria coordinación con los programas ya existentes en ellas.

No debemos olvidar que estamos en una Cámara de representación territorial, que debemos darle sentido a esa oportunidad que nos otorgan la Constitución y el Reglamento de esta Cámara, y por ello consideramos que estamos en el lugar idóneo para poner en valor el trabajo que se realiza en cada comunidad autónoma y partir desde cada una de las realidades existentes. También estamos en el lugar idóneo para instar al Gobierno a que escuche a las comunidades autónomas a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas, que son muy loables, pero que no pueden aplicarse sin una modulación a cada comunidad autónoma en función de sus especificidades.

Por eso valoramos positivamente la coordinación de la que hablan en el punto número dos, pero sería mejor aún si fuese previa a la implantación de las medidas porque hay comunidades autónomas, señorías, que ya tienen mucho trabajo avanzado en estos aspectos que se detallan. Por ejemplo, Canarias ha comenzado a aplicar innumerables medidas dentro del Plan estratégico de atención a la diversidad, con refuerzo de docentes en los niveles más tempranos, la incorporación de educadores sociales o el refuerzo de los equipos específicos de orientación psicopedagógica.

Todos sabemos la continua demanda de recursos que se le hace a la administración educativa, tanto a la central como a las de las comunidades autónomas, y por eso debemos ser exquisitos en el gasto de cada euro, por eso debemos partir de una coordinación previa —y recalco lo de coordinación previa— que no genere duplicidades en el gasto y que alcance las mayores cotas de eficiencia, destinándose en cada lugar a los aspectos que la administración educativa más cercana allá donde se aplique considere, porque para eso es la que realmente conoce las necesidades de cada territorio.

Por todo ello, esperamos que tengan a bien incluir nuestra enmienda en su propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé muy bien cómo empezar. Hemos presentado dos enmiendas a este texto y la primera habla justamente de la financiación porque, lógicamente, si queremos prevenir el fracaso escolar tenemos que hablar de financiación. Ustedes se han referido a ciertas cantidades, a una partida de 30 millones de euros —que parece que hayan buscado una partida a bote pronto y hayan dicho que va estar destinada a formación del profesorado, a planes de prevención de acoso escolar, etcétera—, el presupuesto que acompaña a esta moción es de 1,5 millones de euros, etcétera.

Pero les voy a poner un ejemplo para explicarme mejor: estoy hablando de la partida 322G, relativa a educación compensatoria. La educación compensatoria previene las desigualdades, evita la exclusión social del alumnado, es fundamental; es necesaria una partida presupuestaria para los matices culturales y de la diversidad que fomentan la convivencia y la cooperación y fortalecen la cohesión social. Pues bien, desde 2012, cuando esa misma partida de educación compensatoria contaba con 170 millones, en los últimos años no llega a 5 millones de euros. Por lo tanto, es una situación difícil de imaginar, difícil de explicar al alumnado, al sistema educativo, a la estructura en general, a la familia, cuando, por otro lado, la situación de crisis afecta también al fracaso escolar de los hijos e hijas en el sistema educativo. O sea, es muy difícil explicar a la ciudadanía cómo sin inversión se pueden erradicar este tipo de problemas, como el fracaso escolar. Siempre lo digo y nunca me canso de decirlo: el amor a nuestro pueblo se demuestra con los presupuestos.

La segunda enmienda —que parece que sí que podría ser aceptada— habla del respeto a las competencias educativas de las comunidades autónomas y a la coordinación y colaboración entre territorios. Reconocerlo es un paso fundamental y por ello hemos presentado esa enmienda, porque tienen tan interiorizado y tan naturalizado el centralismo que era lógico presentarla para recordarlo. Un gobierno con esta ideología centralista es muy difícil que respete la diversidad que existe en los distintos territorios y pensábamos que era importante hacerlo explícito con la segunda enmienda.

Voy terminando, señor presidente. Ustedes impulsan la creación de planes contra el fracaso escolar, pero ya existen; en los centros escolares ya se han anticipado, como suelen hacer, y ya existen dichos planes. El problema y lo que se reivindica es esa inversión, esa financiación, que tiene que aumentar drásticamente. Son los centros escolares y el profesorado los primeros agentes en detectar el fracaso escolar y los que pueden mover las fichas para evitarlo.

No quiero que se me olvide que un factor importante que provoca fracaso escolar es la pobreza infantil, y ustedes no quieren verlo, no quieren verlo. Es duro, es duro, pero hay que reconocer que somos el tercer país de Europa, detrás de Rumanía y Grecia, en pobreza infantil; somos campeones en pobreza infantil. Repito, los factores socioeconómicos están estrechamente vinculados con el fracaso escolar de nuestros niños y de nuestras niñas. Termino aquí.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

La senadora González tiene la palabra, para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Señorías, voy a ir enmienda por enmienda.

Admitimos la enmienda de adición de Ciudadanos. Aunque esta es una propuesta específica y detallada, por supuesto que el referente y la vista está en ese pacto de Estado en el que el Partido Popular cree y por el que va a apostar y a trabajar durante todo este año para que salga adelante.

Grupo Mixto. El senador Navarrete, de Compromís, ha planteado dos cuestiones. La primera consiste en una serie de propuestas y medidas de tipo general, que entendemos que se ajustan más a las medidas sobre las que podremos debatir y discutir en la ponencia del pacto de Estado. Ha hablado usted, por ejemplo, de las aulas compartidas, de ampliar los PMAR educativos, de la transformación de la FP, pero el objetivo de esta propuesta es mucho más específico, es un paso concreto, siempre, como le decía, con el referente del pacto de Estado.

Y habla de financiación. Efectivamente, la financiación es fundamental. En mi opinión, y así respondo también a la senadora de Podemos, hay una partida específica de 30 millones de euros, un programa que se denomina 322L, de la sección 18, que recoge 30 millones de euros para trabajar contra el fracaso escolar. ¿Le parece a usted poca apuesta de financiación para atajar el fracaso escolar? Nosotros estamos convencidos de que es un primer paso, igual que ayer y esta mañana se ha hablado de las partidas de diciembre de cooperación territorial precisamente para ese plan contra el abandono escolar.

Al senador Rodríguez, del grupo canario, quiero decirle que nos parece muy aceptable la enmienda. Mejora el texto, efectivamente. Hay que tener en cuenta el diagnóstico y los planes que se están poniendo en marcha. Nos parecen muy interesantes los que ha presentado usted hoy aquí y se deberían recoger en ese último punto, en el que hablamos de la plataforma donde se contrasten experiencias. Admitimos igualmente la enmienda de la senadora de Podemos, que mejora el texto. Esa plataforma tiene que estar compuesta por las comunidades autónomas y por la administración educativa del Gobierno.

No puedo admitir la enmienda del senador Navarrete, de Compromís. Yo tengo puesta la palabra «inherente» a la labor docente, como ha dicho usted, para atender a la diversidad. Pero nuestros docentes también necesitan un reconocimiento, nos piden una carrera docente y qué mejor manera de hacerlo que reconocérselo a aquellos centros educativos, a aquellos profesores, a aquellos docentes que se comprometan con proyectos específicos de mejora, porque no solo es fundamental la participación de la comunidad educativa, sino tener unos profesores comprometidos y sobre todo reconocidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, para Ciudadanos la educación es una prioridad máxima en esta legislatura. Lo plasmamos en nuestro programa electoral y lo exigimos en el acuerdo de investidura. La puesta en marcha del pacto por la educación en la subcomisión del Congreso y en la ponencia del Senado auguraba que, por fin, en este país tendríamos una ley acordada por las fuerzas políticas y sociales. Esperamos que en todos los grupos parlamentarios estemos a la altura. Urge trabajar en una ley de educación que combine excelencia e inclusión social; un plan contra el fracaso escolar para que ningún niño se quede atrás y dejemos de ser el país de Europa con más repeticiones y abandono escolar.

Acabo, señorías, apuntando tres propuestas en las que deberíamos avanzar: primero, reformar la carrera profesional de los profesores; segundo, reducir las desigualdades, como el coste de los libros de texto; y tercero, premiar e incentivar a aquellas universidades que tienen mejores resultados en empleabilidad, investigación y docencia.

En todos los países avanzados de Europa la educación se toma como una política de Estado y no como un arma para resaltar diferencias. Señorías, les pedimos que expongan su propuesta en el marco de la ponencia de educación para que puedan ser incluidas en un futuro pacto de Estado.

Finalizo anunciándoles que los senadores de Ciudadanos vamos a votar a favor de la moción con la incorporación de nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president, i molt breument.

Gràcies per les explicacions i el debat inclusiu, positiu i en to positivista d’esta moció als companys del Partit Popular i només posar una nota negativa, senyors del PP, una consideració important: si alguns grups parlamentaris no presenten esmenes, hi ha retrets per la seua part, i si en presentem, ens ignoren, perquè no ens han vingut ni a explicar el per què sí i el per què no. M’he assabentat de la posició del Partit Popular respecte a les nostres esmenes ara, aquí. Trobo que sent conscients que a altres grups parlamentaris sí que vostès s’han arrimat a preguntar-los el per què sí i el per què no, i intentar transaccionar, i a mi m’han ignorat. Per un costat demanen que presentem esmenes, i per l’altre costat, ens ignoren. Trobo que hi ha una disfunció prou important.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.

Gracias por las explicaciones y el debate inclusivo y en tono positivista de esta moción a los compañeros del Grupo Popular. Solo quiero poner una nota negativa, señores del Grupo Popular, una consideración importante. Si algunos grupos parlamentarios no presentan enmiendas, ustedes lo censuran y, si las presentamos, nos ignoran, porque no nos han explicado por qué sí y por qué no. Me he enterado de la posición del Grupo Popular sobre nuestras enmiendas aquí y ahora. Somos conscientes de que a otros grupos parlamentarios les han explicado por qué sí y por qué no y han transaccionado, pero a mí me han ignorado. Por un lado, piden que presentemos enmiendas y, por otro, nos ignoran. Creo que hay una disfunción bastante importante.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias; senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos, en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho a la educación y el acceso a los estudios superiores será igual para todos.

Y yo les pregunto, señorías: ¿Estamos cumpliendo este derecho fundamental? ¿España garantiza un sistema gratuito, igualitario y justo? Me temo mucho que no y, desgraciadamente, nos costará mucho alcanzar este nivel. Y no voy a reproducir todo lo que dije ayer con ocasión de otra moción que debatimos aquí, porque con solo un dato es más que suficiente: recortes de 9000 millones de euros desde 2009 a 2014 en el presupuesto concerniente a educación. Y la culpa no es solo de la crisis.

España tiene la mayor tasa de abandono educativo prematuro de la Unión Europea, lo que origina un gravísimo perjuicio, no solo para los jóvenes que se ven privados de oportunidades, sino también para toda la sociedad española. Se calcula que el coste de la tasa de abandono educativo prematuro oscila entre el 5,9 % y el 10,7 % del gasto del producto interior bruto. Recortar en educación es aumentar la brecha social, favorecer la injusticia y las clases sociales. Es del todo preciso aumentar progresivamente el gasto público en educación, priorizar la política de becas, atender las desigualdades territoriales, adoptar las políticas que favorezcan la igualdad y la inclusión, como puede ser asegurar la gratuidad de libros de textos escolares. En este punto me gustaría destacar la importante labor que hace el Cabildo Insular de La Gomera en esta y en otras muchas líneas de ayudas al estudio de todos los jóvenes.

Me agrada el deseo de llegar a acuerdos, de aceptar enmiendas que he observado en el Grupo Parlamentario Popular en relación con enmiendas de otros grupos, pero creo que no es del todo suficiente. Estoy de acuerdo con que hay que luchar contra el fracaso escolar, hay que tomar más medidas, hay que hacer más dotaciones presupuestarias y, como tampoco he visto que eso vaya a suceder ahora mismo, la Agrupación Socialista Gomera se va a abstener en la presente votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, España sigue liderando el ranking de los países europeos con las más altas tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios. Decía Óscar González, premio Magisterio en 2013, que el fracaso escolar es, en realidad, un fracaso social puesto que todos tenemos, en mayor o menor medida, un cierto grado de responsabilidad: las familias, los docentes, la Administración, etcétera. Quizás sea el momento de preguntarnos qué estamos haciendo mal para no seguir cometiendo y cayendo en los mismos errores. Lo que como Administración no se puede seguir permitiendo es que exista una relación de causalidad tan directa entre el nivel socioeconómico de las familias y el rendimiento del alumnado en la escuela, como así lo corroboran diferentes estudios. De ahí que la educación sea, quizá, una de esas áreas trasversales que debemos mimar para poder progresar como sociedad, al igual que otras como el empleo, la sanidad o la asistencia social.

Esta moción que nos presenta hoy el Grupo Popular, a la cual hemos presentado una enmienda de adición, ya defendida con anterioridad y que muy amablemente han incluido en su propuesta, nos parece un complemento de lo que debe ser el engranaje del sistema educativo. Suena muy bien eso de poner en marcha medidas para frenar el fracaso escolar en la población más desfavorecida, pero, ¿qué pasa con la LOMCE, una ley redactada a espaldas de la comunidad educativa, clasista y segregadora? ¿Qué políticas pondrá en marcha el Gobierno para frenar el empleo precario y la pobreza en los hogares españoles? ¿Qué pasa con la pobreza infantil y con los recortes en las becas? Porque, señorías, todo ello también repercute en el fracaso escolar y con mayor incidencia en la población más desfavorecida.

Por todo ello, la Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria, apoyará esta moción, pero con los matices, reticencias y condicionantes que he apuntado durante mi intervención y espero que sean abordados en un futuro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidente.

En primer lugar, y al hilo de la intervención del senador Navarrete, quiero decir al Grupo Popular que lecciones de parlamentarismo, ninguna. Es cierto que se pueden presentar enmiendas, pero cuando un grupo decide no hacerlo es porque tiene sus motivos. También es verdad que no nos vamos a sumar a su estilo de presentar enmiendas, que son prácticamente siempre de sustitución, haciendo que lo que presenta cualquier grupo de la oposición carezca de sentido para que sea lo suyo lo que salga adelante.

Ciertamente no entendemos que haya enmienda posible a esta moción; por eso deben admitir mi sorpresa. Ayer debatimos sobre el tema de educación, un tema que nos preocupa, y lo digo en castellano, porque ayer lo dije en euskera y quizá a alguno de ustedes se les escapó el detalle. Nos preocupa el tema de la educación, sin duda, y nos llama la atención que, estando en un momento de debate en el ámbito del Pacto por la Educación, como he dicho en todos esos foros en los que se nos lleva a debatir sobre ese tema, se traiga una moción sobre un punto tan concreto y con un asunto que en ocasiones, cuando se presentan enmiendas, se deriva al Pacto por la Educación para que se debata allí. Cuando no les interesa aceptarlo, siempre hay algún foro en el que se puede debatir. Entiendan, pues, mi sorpresa, y se lo dice alguien que es representante del Partido Nacionalista Vasco, un partido de Gobierno que sabe lo que es estar en el ejercicio parlamentario con el equipo en el Gobierno. Pero aunque sea una cuestión de cupo, seamos un poco responsables a la hora de concretar la moción que se presenta.

Nos plantean medidas para atajar el fracaso escolar. Ustedes hablan de llegar al objetivo del 15 % porque España está en el 18,2 % y Euskadi en el 7,3 %. ¿Qué enmienda les voy a presentar yo si la tasa que tenemos en Euskadi es del 7,3 %? Por tanto, piden ustedes que se establezcan unas medidas, pero permítanme que les diga que nos llaman poderosamente la atención porque van a unos niveles que entendemos básicos. Ustedes dicen: El Senado insta al Gobierno a que ponga en marcha, coordinando con las comunidades autónomas —y ahora se acuerdan que estas son sus competencias—, medidas para frenar el fracaso escolar de la población desfavorecida. Y dentro de esas medidas nos hablan de lo que todo docente tiene que estar implementando ya, tenga 18,2 % o 7,3 %, porque los que tenemos 7,3 % también tendremos que seguir haciendo los deberes y tendremos que seguir sacando adelante a esos alumnos y alumnas que no llegan, y más aún a los desfavorecidos.

¿Pero de verdad pueden ustedes pensar que los docentes van a estar esperando a que el Senado debata en esta moción que se asegure la formación del profesorado, las TIC, el desarrollo de planes de mejora o la evaluación de innovaciones? Eso es de facto. Yo no puedo hablar en nombre de los claustros de toda España, pero sí le puedo decir que eso tiene que estar ya de base. No hace falta debatir una moción en el Senado para que se llegue a ello. Nos llama la atención. Y también lo decía la consejera Uriarte el lunes, cuando se reunió con todos los agentes, porque ahora parece que hay que escuchar a todos. Ustedes hablan del compromiso de todas las comunidades autónomas porque tienen sus competencias. Bienvenidos a reconocer las competencias de las comunidades autónomas. Y se cierran al diálogo por no asistir a la Conferencia de Presidentes. ¿Es que ahora hace falta el diálogo?



¿Y qué hacía falta antes de la LOMCE? ¿Dónde estaba el diálogo? Porque la comunidad educativa no fue escuchada, señorías del Grupo Popular. Pero además, ¿diálogo para qué, si luego su camino es plantear recursos? Porque les recuerdo que el Gobierno tiene recurridas las becas. Ayer también lo dije en euskera, y por si no lo entendieron lo repito: seguimos sin entender por qué después de muchas décadas en las que ha funcionado no funciona ahora y se presenta recurso al canto. ¿Dónde está la voluntad de diálogo? Sinceramente no lo entendemos.

Permítanme que antes de que se me acabe el tiempo les diga las palabras de la consejera y alguna cosa más. La educación mundial está experimentando un cambio de paradigma que nos obliga a todas y a todos a evolucionar. Los cambios metodológicos en la enseñanza y en el aprendizaje exigen de un análisis, y eso lo compartimos, señorías. El aprendizaje exige de un análisis de las diferentes visiones que conforman esa comunidad educativa a la que ustedes no quisieron escuchar, por lo menos la comunidad educativa vasca sí que considera que debe hacerlo. Así lo manifestaba, como les decía, la consejera Uriarte el lunes cuando se reunía con todos.

Permítanme solo un segundo para decirles una cosa respecto al uso de los menores. Ayer por la noche también escuché en la televisión a alguien que lo decía, pero yo lo quiero decir alto y claro. Las educadoras y docentes de Cataluña, como ha mencionado antes algún compañero suyo, y de Euskadi no adoctrinamos a nuestros alumnos y alumnas. Yo soy educadora, señor García Albiol; he ejercido durante más de veinte años mi docencia y no he adoctrinado a los alumnos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: ... los he educado y he intentado que tuvieran una educación íntegra para que en un futuro pudieran llegar a decidir lo que quisieran. Hace un rato se ha hecho alusión en el debate en esta Cámara —y ayer en televisión se hablaba de Euskadi y de Cataluña— al uso de los menores, y los discursos que se hacen no por repetirlos un montón de veces van a ser verdad, porque no se ajustan a la realidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, presidente.

Como siempre, leo en la moción palabras maravillosas y estupendas. Hasta me dan ganas de coger sus mociones, enmarcarlas y ponerlas en la pared de mi despacho. Las declaraciones de intenciones son siempre buenas y maravillosas, como las que hacemos en año nuevo cuando prometemos dejar de fumar, correr más, hacer más ejercicio, leer más libros, etcétera, igual. Pero mientras hacemos textos tan maravillosos, en la vida real vemos que en los centros escolares no se cubren las necesidades de la atención a la diversidad con recursos. Jóvenes estudiantes sordos no tienen acceso el primer día del aula porque no tienen el recurso de la interpretación de lengua de signos. Y eso está pasando a día de hoy. Lo digo porque un compañero del Partido Popular antes ha dicho que la atención a la diversidad estaba incluida y era un pilar de la LOMCE, y permítanme que lo desmienta. Pido que se haga una reforma urgente de la ley educativa que tenemos en España.

Volviendo al tema. La organización Save the Children dice que la educación juega un papel fundamental para paliar la desigualdad y que si existe desigualdad es la educación la que lo explica perfectamente. En España, se ha fomentado en las últimas décadas la movilidad social de amplios sectores de la población. El problema es que en la educación existen límites dependiendo de las característica e idiosincrasia de los niños y niñas, y estoy hablando de factores socioeconómicos, culturales, etcétera. Estos niños y niñas necesitan recursos específicos y concretos. Y hasta ahora se ha demostrado que la gestión desde el punto de vista educativo del Partido Popular ha sido nefasta, y eso viene por la falta de inversión y los recortes que ha habido en educación.

Ahora vamos a hablar de datos. ¿Conocen ustedes la frase de que una imagen vale más que mil palabras? Pues en las Cámaras son los datos los que nos completan ese escenario. No lo dice Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, lo dice la OCDC, ya mencionada: desde 2003 a 2012 el nivel socioeconómico ha influido negativamente en los resultados educativos en un 24 %. Eso significa que en España la tasa de abandono escolar ha crecido a los niveles más altos de Europa —repito, de Europa— y nos da muchísima vergüenza.

¿Saben cuánto nos cuesta el abandono escolar en relación con el producto interior bruto? Del 5,9 % al 10,7 %. Ese es el coste del abandono escolar prematuro en nuestro producto interior bruto. Será mejor que empecemos a invertir, de una vez por todas, en una población con formación, con un desarrollo vital adecuado, para poder revertir esa situación.

Para terminar, me gustaría decir que el fracaso escolar es una muestra de la nefasta gestión, a nivel educativo, del Gobierno actual del Partido Popular. Proponen una moción para erradicar el fracaso escolar, pero del fracaso de su gestión no les va a salvar ningún programa ni ningún plan. Eso lo tenemos claro.

El problema de las tasas que tenemos actualmente en nuestro país es del Partido Popular y de su nefasta ley, su inefable ley, llamada LOMCE, que es tan horrible que no puede tener otro apelativo que inefable. Tiene que desaparecer de inmediato.

Señorías, menos mociones descafeinadas y mucha más inversión en educación. Vamos abstenernos en esta moción, porque las palabras son maravillosas, pero esperaremos a los hechos para votar que sí.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Blanco.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

Como yo tampoco sé definir esta moción, me voy a ir a ayer. Ayer decíamos que eran ustedes capaces de votar no a nuestra moción y presentar esta moción hoy. Y sí, sí han sido ustedes capaces. Han sido ustedes capaces de votar ayer no a las becas como derecho, a las tasas universitarias gratuitas e iguales en todas las comunidades autónomas y a igualar el presupuesto a la media de la OCDE.

Presentan una moción difícil de definir, pero es que es difícil de definir desde la exposición de motivos, que es una, y que nada tiene que ver con el petitum de la moción y menos con la intervención del portavoz aquí, en el Senado. Para todas las medidas que vehementemente ha defendido el portavoz del Grupo Popular: 1,5 millones de euros; 1,5 millones de euros, sí, no se vaya a esa partida que dice que tienen los presupuestos porque, evidentemente, esa partida estará ya regulada y reglada para otras cosas.

Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, porque nuestra enmienda es de sustitución a la LOMCE. El Grupo Socialista lo que quiere es colaborar para cambiar esa ley, para cambiar la ley que no quiere nadie en la comunidad educativa. Aprovecho para decir al señor ministro que no puede ser un ministro a tiempo parcial; qué no, que se dedique el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no puede estar enredando palabras, portavoz aquí, portavoz, allí, y que, además, no utilice el Pacto educativo como coartada para que la LOMCE siga aplicándose, que es lo que está haciendo el señor ministro. Es, por tanto, una moción difícil.

A ustedes, que tanto les gusta hablar de herencia, les voy a decir lo que heredaron del Gobierno socialista. Programas de cooperación territorial que servían para cohesionar, para unificar las políticas educativas, con el fin de que el alumno, independientemente de la comunidad autónoma a la que perteneciera, tuviera los mismos proyectos —los mismos—: acceso a programas individualizados, compensatoria, etcétera. Hablo, por ejemplo, del PROA o del PIRA, así como de programas de mejora de la calidad educativa como el Profundiza.

¿Este Gobierno que ha hecho? Recortes económicos, no, tijeretazos, pero además dejando que cada comunidad autónoma se las arregle como pueda. Renuncia así a liderar una política de Estado que es lo que tiene que ser la política educativa.

Respecto a la atención a la diversidad, en 2012 había 77 millones de euros y, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, creo que han sido 4 o 5 millones de euros. En 2011 había 13 programas de cooperación territorial y ahora existen 7. Eso no tiene más discusión que la de las palabras, pero no la de los hechos, que son los que son. Hay menos programas, menos presupuestos y, además, el Ministerio de Educación está trasfiriendo un 80 % menos de recursos a las comunidades autónomas para estos programas. Le dijimos ayer que en 2011 Andalucía recibía 113 millones para estos programas y en 2017 recibe 13. Sí, señorías, 100 millones menos para este tipo de programas.

He leído un titular, que creo que es indicativo, de por qué no se ha seguido ese camino y de adónde vamos. El titular viene del informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, de 2017, realizado por la Fundación Ramón Areces y Sociedad y Educación. El titular es: Los alumnos desfavorecidos sacan mejores notas de las esperadas. El dato es el siguiente —se lo voy a leer—: el 39,2 % de los estudiantes de 15 años con desventajas socioeconómicas son resilientes. En España saca mejores resultados de los esperados un porcentaje superior al promedio de los países de la OCDE, que es del 29 %. ¿Saben por qué? Porque entre el 2006 y el 2012 hubo un programa, el PROA, Programa de refuerzo, orientación y apoyo, con efectos muy positivos que se ha eliminado con los recortes, pero cuyos beneficios se han extendido en el tiempo. Es un programa que han dejado ustedes sin un euro. No tiene un solo euro.

No utilicen el pacto educativo como coartada, pongámonos a hacer realmente un pacto y pongámonos a cambiar una ley, la LOMCE, que nadie en la comunidad educativa quiere.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Blanco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora González.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sinceramente, algunas intervenciones, especialmente las del Grupo Socialista y PNV, me han dejado perpleja.

Señora Iparragirre, efectivamente aquí la propuesta era concreta, detallada, específica y con el único objetivo de dar un paso adelante y mirar hacia el futuro sin reproches y buscando puntos de encuentro. Ustedes, como siempre, vuelven a los mismos argumentos, que son fundamentalmente dos. El primero, la LOMCE, que efectivamente ha sido una ley controvertida. Hemos parado, nos hemos sentado a dialogar y nos hemos puesto de acuerdo para poner en marcha un pacto de Estado. Respecto a la excusa del senador socialista cuando se ha metido con el ministro diciendo que es un ministro a medias, perdóneme que le diga que la LOMCE es un argumento desfasado que no justifica su posicionamiento para esta moción.

Y el segundo argumento son de nuevo los recortes. Sí, hemos pasado momentos difíciles, se tuvieron que hacer ajustes, algunos más acertados, otros menos, pero en todo momento se pretendió no atentar contra la calidad educativa. Según han ido pasando los años, hemos mejorado las partidas presupuestarias. Aunque ustedes digan que no y aunque los números se puedan mirar de forma diferente, está claro que hay, no una partida presupuestaria de 1,5 millones, sino 30 millones de euros dedicados a luchar contra el fracaso escolar.

Ayer, mis compañeros les expusieron todas las partidas aprobadas en diciembre en el Consejo de Ministros para poner en marcha programas contra el abandono escolar. Pero ustedes se están posicionando en el sectarismo político y van a decir que no porque es una propuesta del Grupo Popular. Nuestros alumnos y el fracaso escolar no deben mirarse con ningún color político. Estamos hablando de una propuesta concreta y no entendemos cómo van a poder justificar su voto en contra. No podemos entender que ustedes voten en contra de fomentar la participación en los planes de mejora, de fomentar la formación del profesorado, de dotar de recursos materiales y personales a los centros educativos, de reconocer el compromiso de los equipos educativos. No sé qué excusa van a dar. La LOMCE y los recortes son excusas que ustedes ponen siempre encima de la mesa, pero podrían dejar de mirar por el retrovisor y empezar a mirar hacia delante. Esta es una medida concreta y muy específica, que sería muy sencilla de aplicar si ustedes tuvieran la disposición de aprobarla y sacarla adelante. Su postura es simplemente la de un no porque no, porque lo presenta el Grupo Popular y porque ustedes lo único que quieren es abanderar la educación y las propuestas para la educación. Y como le decía mi compañero, el senador que ha presentado la moción, esto no tiene nada que ver con el color político, sino con avanzar y seguir hacia delante. Por supuesto que hay una partida presupuestaria comprometida, por supuesto que nos encontramos con unos datos de abandono y fracaso que dejan a España en muy mal lugar, pero también es cierto que durante los últimos años hemos avanzado. Y no es que el Gobierno se quiera echar la flor y presumir de ese avance, porque el avance es real y lo es gracias al compromiso de las comunidades autónomas y de la comunidad educativa, que apuesta y trabaja por poner en marcha medidas que luchen contra el fracaso escolar.

Miren ustedes, la ciudadanía nos ha pedido y nos está pidiendo a gritos un pacto de Estado, un pacto político y social a favor de la educación. Por eso, creo que no entenderán de ninguna manera que el Grupo Socialista y el PNV voten en contra de esta propuesta concreta, sencilla, directa, realizada en coordinación con las comunidades autónomas, y a favor de avanzar hacia delante y cumplir con los objetivos 2020. Estamos hablando de personas y de datos y, desde luego, el Partido Popular les tiende la mano para que recojan y aprueben esta propuesta concreta y específica, que es un pequeño y primer paso para que este otoño sea un otoño movido en educación y lleguemos a acuerdos, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, después de la votación de esta moción seguiremos con el orden del día, es decir, no pararemos para comer, pero la primera votación que haya será a partir de las cuatro de la tarde.

Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de las siguientes enmiendas aceptadas: la 58527, de Ciudadanos, la 58538 del Grupo Nacionalista y la 58541 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 149; en contra, 6; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.— El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Salgan en silencio, señorías, para poder comenzar. Salgan en silencio, por favor.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 622/000009 GPPOD

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Llevamos ya demasiadas reformas laborales quitando derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es hora de empezar a reformar el marco legal para aumentar derechos. Hoy presentamos una proposición de ley para generar seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras en tres casos concretos: cuando una mujer se somete a tratamiento de reproducción asistida, cuando una persona se somete a una intervención para donar órganos y cuando un trabajador o trabajadora necesita una baja médica inferior a 20 días motivada por intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, procedimientos invasivos o bajas hospitalarias.

En todos esos casos hoy te pueden despedir por el concepto de absentismo laboral justificado, introducido en la reforma laboral de 2012. Así, aquellas personas que, por ejemplo, falten al trabajo de manera discontinua por razones médicas plenamente justificadas pueden ser despedidas por las empresas en las que trabajan. Esto atenta contra los derechos laborales y el sentido común. Es tiempo de empezar no a quitar, sino a ampliar derechos laborales.

Veamos el primer supuesto, la primera casuística, las mujeres que acuden a la reproducción asistida. Esta es ya una práctica muy común. Somos líderes en Europa, el tercer país en el mundo. Más de 30 000 niños y niñas nacen cada año en España a través de técnicas de reproducción asistida. Lo cierto es que las familias no paran de cambiar las maternidades, las paternidades, las relaciones familiares, y la legislación va por detrás. Es necesario el reconocimiento de derechos, la equiparación de derechos de todas las familias y de todas las maternidades a aquella tradicional. El problema lo tienen aquellas mujeres que justificadamente faltan a su puesto de trabajo porque han iniciado un proceso de reproducción asistida. Ellas están en riesgo de ser despedidas, pues la legislación actual solo protege el embarazo cuando se ha introducido el óvulo fecundado. Entendemos que es de justicia adelantar la protección laboral que se da a las mujeres embarazadas para cubrir también el tiempo que dure el tratamiento de reproducción asistida. El concepto es el mismo: esperar un hijo o una hija no puede ser motivo de despido. La sociedad necesita que las mujeres paran hijos, y las empresas son fundamentales como parte del cuerpo social. Si las empresas pudieran despedir a las mujeres por estar embarazadas, tendríamos una exclusión laboral y una precariedad brutal de las mujeres o graves problemas para la procreación. Así pues, se trata de lo mismo, de que no se las pueda despedir porque van a parir.

Me voy a dirigir al PSOE, concretamente a la señora Berja, ahora que estamos casi a solas. Usted tuvo un hijo no hace mucho. Mi hija solo ha sido posible por reproducción asistida. Le aseguro que en el tiempo que dura ese proceso se hace indispensable hablar con tu empresa para poder asistir al médico cuando es necesario, cuando te llaman. Hay muchas mujeres que son despedidas por ello. ¿Te imaginas lo que sería pasar por ese proceso, con todo lo que conlleva, y ser despedida porque vas a ser madre? ¿Tiene eso algún sentido? Estoy completamente segura de que usted estará de acuerdo conmigo en que no tiene ningún sentido. Lo cierto es que nos dan la razón hasta las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no tienen que ser los tribunales los que resuelvan esto. Es un tema político, y es nuestra responsabilidad solucionarlo.

La modificación del Estatuto de los Trabajadores que proponemos pretende dar garantías a todas las mujeres que utilicen técnicas de reproducción asistida desde el momento que comiencen el tratamiento. Hay que protegerlas; sin olvidar que hay dos casuísticas más.

El segundo supuesto es el de los donantes de órganos. Se han ido aprobando mociones pidiendo garantizar la protección laboral de las personas que donan órganos. Aquí mismo, en esta sala, el Senado aprobó una moción en este sentido después del caso de un padre que fue despedido al faltar para donar un órgano a su hija enferma. A pesar de ello, la realidad es que actualmente las leyes permiten a las empresas despedir a las y los trabajadores que donan órganos sobre la base de esa idea ya comentada de absentismo laboral justificado. Es hora de pasar de lo declarativo a lo normativo. No queremos palabras, queremos ver los cambios escritos en la ley.

Voy a dirigirme a la mayoría popular, a la senadora Brío, porque creo que ustedes dudan aún si apoyar o no esta iniciativa. Senadora, ¿se imagina usted lo que tiene que ser someterse a una intervención médica para donar órganos, quizás para salvar la vida de un hermano o de una hija y enterarte de que te han despedido por ello? Desconozco su trayectoria personal; puede que incluso tenga un caso cerca, no lo sé; pero yo no me puedo ni imaginar lo que es eso. Le pregunto: ¿tiene eso algún sentido? No lo tiene. Pongámonos a cambiar esta situación.

Por el cambio legal que proponemos no sería legal el despedido desde el momento de las pruebas médicas previas a la donación hasta que finalice la baja médica. Así equipararíamos la protección de los donantes de órganos a la protección que se contempla para las personas enfermas de cáncer, por ejemplo. Deben poder asistir a las pruebas médicas sin temor a perder su trabajo. Poder echar a una persona que está donando un órgano es una enorme barbaridad.

Este cambio legal —veamos el tercer supuesto— también protegería a aquellos trabajadores y trabajadoras con bajas médicas inferiores a 20 días que se deriven de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos de rehabilitación, de procedimientos invasivos o de bajas hospitalarias.

Actualmente, esta falta laboral, justificada, es causa razonada para el despido, aun siendo justificada, digo. Así, el trabajador o la trabajadora, por ejemplo, puede verse obligado a renunciar a asistir a tratamientos de rehabilitación, si no quiere exponerse a perder su trabajo. No se puede obligar a la gente a escoger entre trabajo o salud. Eso es un abuso. ¿Pueden imaginarse ustedes eso? Ahora le digo a la Cámara entera, ¿pueden imaginarse el romperse una pierna, necesitar rehabilitación y tener que renunciar a recuperarse porque podrían perder su trabajo? ¿Pueden ponerse en ese lugar? Esto está sucediendo cada día en este país. Y de nuevo les digo: ¿tiene eso algún sentido? ¿Es digno eso de un Estado que se dice de bienestar? No; no tiene ningún sentido y no es digno. Así pues, de lo que hablamos hoy es de proteger frente al despido determinadas situaciones absolutamente justificadas. Repito, justificadas. Hablamos de garantizar los derechos en esas tres casuísticas que son de sentido común.

Termino con un apunte: esta proposición de ley no tendría coste alguno para las arcas públicas; y con un matiz: esta propuesta no es una moción, es una propuesta de ley; es decir, si ustedes nos dan su apoyo, esto no se queda en intenciones, sino que logrará transformarse en ley. Esto empieza su camino para convertirse en realidad material. Hagámoslo real, es hora de ganar derechos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Freixanet.

¿Algún turno a favor? (Denegaciones).

¿Algún turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos, entonces, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir alguien? (Pausa).

Señora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera y, en particular yo, como senadora, nos alegramos de que se haya suscitado en esta Cámara un debate tan interesante al traer esta proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores. Creo que es necesario que reformemos el estatuto, que lo actualicemos a las circunstancias nuevas que se van produciendo conforme a la realidad que nos vamos encontrando día a día.

La reproducción asistida está ahí y tenemos que normalizarla, y las donaciones de órganos también. De hecho, yo ya había dicho en Plenos anteriores que teníamos que reforzar la protección de estos héroes solidarios y hacer las reformas oportunas en el estatuto para garantizar su indemnidad. Pensamos que con todas las modificaciones que proponen, en lo tocante a la reproducción asistida, garantizamos más si cabe la igualdad salarial y laboral de los derechos de las mujeres; así que, por supuesto, cuenten con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No interviene nadie.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa). Tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos mediodías a todos y a todas.

Estamos ante la toma en consideración de una proposición de ley para modificar determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores y, como ya se ha explicado en la presentación de la iniciativa, estos cambios tienen que ver con la ampliación de supuestos en la posibilidad de permisos remunerados, en las excepciones en la extinción de los contratos, en los casos de despido nulo, etcétera. No me voy a extender porque la senadora Freixanet lo ha explicado perfectamente. Estos cambios se dan concretamente en tres supuestos: en los tratamientos de reproducción asistida, en determinados supuestos de incapacidad temporal por tratamientos médicos y en donantes vivos.

Hace poco debatíamos en la Comisión de Sanidad algunas dificultades que encuentran los donantes vivos, pero luego se nos llena la boca a todos con las tasas de donación. No se puede estar en misa y repicando. No se puede quedar esto en una proposición no de ley que se deja en un cajón no sabemos dónde, pero, de hecho, o se hace poco o no se hace nada.

En la última sesión plenaria yo misma manifesté que es nuestra obligación adaptar la legislación a las nuevas realidades sociales y a las nuevas necesidades de la ciudadanía; además de no generar situaciones de discriminación e injusticia o, si existen, de alguna manera derribarlas. Y en este momento la reproducción asistida claramente es una de esas nuevas realidades, y hay que mirarla y hay que hacer los cambios que sean necesarios.

Por otro lado, todos sabemos que la reforma laboral generó, entre otras muchas cosas, inseguridad y desamparo para los trabajadores y, además, una flexibilización —esto por utilizar un término suave— de las causas del despido, lo que ha llevado, aunque parezca mentira en el siglo XXI, a algunos trabajadores a la disyuntiva de tener que decidir entre su salud, con una convalecencia o con una rehabilitación óptima, en condiciones, prescrita por profesionales sanitarios, el que corresponda, o su puesto de trabajo en el siglo XXI.

De donantes en vivo no hay que decir más de lo que ya se ha dicho.

Esta propuesta parece pretender subsanar tres situaciones concretas que se están produciendo en este momento en nuestra sociedad, pero seguramente habrá muchas otras; seguramente habría que hablar también de cuidados, y de otras situaciones que en este momento no se plantean. En definitiva, hoy tendríamos que hablar de ir recuperando derechos de los trabajadores. Pero entendemos que estas tres situaciones concretas que se plantean deben estar encima de la mesa ya.

Como tendremos tiempo de debatir, de matizar cuestiones durante el trámite correspondiente, nosotros en este momento, en una toma en consideración, no vamos a abundar en ello ni a profundizar más; solo queremos manifestar que el voto de nuestro Grupo va a ser favorable.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ahedo.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Tengo diez minutos, pero voy a ser muy breve, porque la proposición de ley la ha explicado mi compañera María Freixanet. Simplemente intervengo para señalar que, fuera de este debate político de los rifirrafes, nos podemos sentir útiles cuando mejoramos la vida de la gente, sobre todo, la cotidiana, cuando podemos parar situaciones como las que leemos a veces en los diarios; el caso, por ejemplo, de una trabajadora que ha sido despedida porque ha faltado al trabajo para hacer un tratamiento de fertilidad mediante una fecundación in vitro; o cuando discutimos aquí proposiciones no de ley para evitar que se despida a un donante vivo de órganos, a un trabajador solidario con algún familiar o incluso con algún desconocido. Cuando hacemos esto, uno se siente útil y encuentra un poco de sentido a estar aquí. Yo llevo un año y hoy, con esta proposición, es una de esas veces en las que me siento bien, en las que uno se siente útil; sí, uno se siente útil cuando oye a compañeros de otros grupos parlamentarios decir que van a votar a favor, porque es una proposición de ley que, de verdad, hemos hecho con cariño, con un cariño que yo quiero agradecer a mi compañera de Grupo, María Freixanet, pero también al señor Trillo y a la señora Ruiz-Gálvez que trabajan en nuestro Grupo Parlamentario, porque hemos querido hacer las cosas muy modestamente, porque hemos eliminado elementos que podrían ser de confrontación política, supuestos de los que nosotros estamos convencidos. Estamos convencidos de que la reforma laboral del 2012, cuando permite el despido procedente por acumular un absentismo justificado, es una aberración, porque, si el absentismo es justificado, en ningún caso debería permitirse el despido improcedente, pero creíamos que en esta Cámara hoy y con esta mayoría no tenía ningún sentido traer la reforma completa de este artículo, porque íbamos a chocar; iba a salir que no e iban a salir perdiendo las mujeres trabajadoras en tratamiento para una fecundación in vitro, que son cada vez más en nuestro país, y no nuestro grupo; iban a salir perdiendo los trabajadores que son donantes vivos de órganos; iban a salir perdiendo los trabajadores en general que necesitan un proceso de rehabilitación y que muchas veces tienen que hacerlo en horario de trabajo y lo tienen que descartar, porque tienen que optar entre el puesto de trabajo o la rehabilitación.

Como no queremos que esta gente salga perdiendo, y, como, sinceramente, buscamos una proposición de ley votable por el Grupo Popular, no vamos a entrar en el fondo de la reforma laboral. La hemos discutido, la hemos criticado y la vamos a continuar criticando, pero hemos apartado este elemento porque consideramos que puede ser útil que esta proposición de ley pase hoy el trámite en esta Cámara, llegue al Congreso y a ponencia aquí. Y como creemos que es urgente, no la hemos incluido en el cupo del Congreso de los Diputados, que podríamos haberlo hecho seguramente, pero así le damos una utilidad a esta Cámara.

La proposición de ley, que ha explicado la senadora Freixanet y que habrán leído ustedes, consiste en una modificación del artículo 37.3, apartado f), del Estatuto de los Trabajadores. Entendemos que el derecho a disfrutar permisos por el tiempo indispensable para la realización de pruebas de reproducción asistida y donación de órganos, que anteriormente también disfrutaban trabajadoras embarazadas y en proceso de adopción dentro de la jornada laboral, puede incluirse en el artículo 37.3 f); también pueden incluirse en el artículo 52 d) estos elementos en el despido por absentismo; asimismo, en el artículo 53.4 b) se puede extender, para conseguir la indemnidad y la nulidad de los despidos de trabajadoras en proceso de reproducción asistida, la indemnidad que tiene una trabajadora embarazada al proceso previo; por su parte, en el artículo 55.5, apartado b) se garantiza la nulidad del despido de estas trabajadoras embarazadas.

No voy a utilizar los diez minutos de los que dispongo porque la proposición de ley ya está explicada y, por supuesto, mi grupo va a apoyarla.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, senadora Freixanet, estamos completamente de acuerdo en que tanto su situación como la mía tienen que estar totalmente protegidas y que es injusta la discriminación que usted ha sufrido, como miles de mujeres en este país, por tomar una decisión que tiene que ver con el acceso a un derecho, a su derecho reproductivo. En eso, repito, estamos completamente de acuerdo.

El Grupo Parlamentario Socialista anuncia que va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque entendemos que es legítimo que el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores incorpore tanto los procesos para ejercer la reproducción asistida como los de donación de órganos, velando para que ambas situaciones nunca puedan suponer un perjuicio o una discriminación en la vida laboral de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de las personas trabajadoras. La reproducción asistida supone una oportunidad para ejercer los derechos reproductivos que, como no podemos olvidar, señorías, son derechos humanos, reconocidos como tal y por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, en el año 1994. El Plan de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer lo describe como un derecho básico de todas las parejas y de las personas individualmente, a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos e hijas, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de información para llevarlo a cabo, también el derecho a alcanzar el nivel máximo de salud sexual y reproductiva.

Resumiendo, señorías, lo que debemos garantizar las instituciones a la hora de tener hijos o hijas, es: uno, que la decisión sobre el número y el espaciamiento sea libre; dos, que se disponga de información para hacerlo adecuadamente; tres, que se reconozca que esta decisión es un derecho; y cuatro, y es el debate que nos ocupa, que se impulsen medidas dirigidas a proteger el ejercicio de un derecho.

Por tanto, es deber de la instituciones velar para que se ejerzan los derechos reproductivos de manera garantista, y hemos de ofrecer garantías en dos direcciones. La primera de ellas es la que ustedes plantean en este debate, la que nos trae Podemos, la de proteger los procesos de reproducción asistida para que en ningún caso la situación laboral de las trabajadoras sea susceptible de perjuicio o discriminación, regulando, como plantea el grupo Podemos, el Estatuto de los Trabajadores para que la ausencia en el trabajo no sea nunca considerada como un perjuicio cuando las mujeres tengan que pasar por las pruebas de reproducción asistida, para que no se compute como falta de asistencia cuando tengan que acudir al tratamiento para la reproducción asistida.

La segunda dirección que tienen que garantizar las instituciones es el derecho a la reproducción asistida a todas las mujeres en igualdad de oportunidades. Y es aquí donde nuestro país cuenta con una normativa estatal que pone trabas a las mujeres que quieren ser madres de manera libre, solas, por elección, y también a las mujeres lesbianas.

Aprovecho este debate para recordar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en la Comisión de Igualdad, en marzo de 2017, que fue debatida en junio de este año, que instaba al Gobierno a asegurar el derecho a la reproducción asistida a todas las mujeres mayores de 18 años, sin discriminación alguna, especialmente por orientación sexual o por una cuestión tan personal como es la de ser madre y sola, por elección. Pedíamos entonces derogar lo establecido en el real decreto ley 16/2012 y el resto de normas concomitantes, normas que impiden acceder a todas las mujeres —en este caso a estas mujeres— a su derecho reproductivo. Tristemente, el Grupo Popular votó en contra de esta moción, y de esa forma se continúa poniendo trabas, obstáculos, a todas las mujeres para acceder a sus derechos reproductivos. Afortunadamente, numerosas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, en este año, y en Andalucía, en años anteriores, ambas gobernadas por gobiernos socialistas, han garantizado este derecho con normativas autonómicas que permiten el acceso a la reproducción asistida a todas estas mujeres.

Con respecto a la donación de órganos, he de señalar que el posicionamiento del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista es el mismo que el que planteaba la portavoz de Podemos, y por eso apoyaremos también la argumentación que ha expuesto en esta tribuna.

En resumen, el PSOE apoyará siempre, siempre, el ejercicio de los derechos y, en este caso, los reproductivos, de manera garantista e igualitaria, protegiendo su ejercicio en el ámbito laboral, como propone esta proposición de ley, y también garantizando el acceso igualitario a este derecho a todas las mujeres y a la reproducción asistida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Del Brío.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, sin duda, una de las aspiraciones de todo Estado de derecho es lograr un empleo de calidad y con garantías para todos sus ciudadanos. Así lo recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en el caso español, el artículo 35 de nuestra Constitución. De la misma forma, el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la igualdad de trato y no discriminación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, así como en el Tratado de la Unión Europea. Por todo ello, la aspiración a un empleo de calidad en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres se establece como objetivo prioritario tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en las políticas de empleo de este Gobierno.

Tal y como el grupo proponente trae a este Pleno, uno de los mecanismos para asegurar la igualdad de trato entre hombres y mujeres es garantizar la protección a la mujer embarazada, especialmente ante el riesgo de despido objetivo, al que se suman otros supuestos, como el del caso de las mujeres que se encuentran en fases avanzadas en procesos de reproducción asistida. Ambos casos aparecen explícitos en la regulación de la extinción de contrato por causas objetivas y la regulación del despido disciplinario en los supuestos de causas de discriminación prohibidas por la Constitución y la propia norma. La propia protección que confiere el Estatuto de los Trabajadores, en este caso, hace innecesario, a nuestro entender, una modificación legal expresa.

La proposición de ley que se presenta hoy está llena de buenas intenciones. El Partido Popular comparte el cien por cien de la exposición de motivos, pero tenemos que ir al texto que se presenta. En este sentido, consideramos que se está abundando en algunas medidas que ya se vienen aplicando en nuestro marco jurídico, y también es un caso en el que es preciso, probablemente, una mayor consistencia —y me explicaré luego— en la definición técnica y la determinación de los conceptos.

La Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, regula las ausencias laborales que obedezcan a tratamientos médicos de cáncer o enfermedad grave, a los que también se refiere la proposición de ley que se ha presentado. La Ley 39/1999 regula la suspensión del contrato por causa de maternidad, riesgo durante el embarazo y adopción y acogimiento, incorporando también el caso de procesos de inseminación artificial en su última fase.

En relación con los procesos para la donación de órganos, este Pleno aprobó el 26 de abril de este mismo año que la donación de un órgano por parte de un donante vivo se siga considerando causa de incapacidad temporal. Con este reconocimiento, la extinción del contrato por causas objetivas en cualquiera de los casos señalados, a pesar de lo que hemos visto hoy aquí, queda prohibida por ley. Por tanto, de entre las propuestas recogidas, a nuestro entender solo queda fuera de la aplicación de la norma la protección a todo el período de duración de los procesos de fecundación in vitro, en vez de esperar a que los óvulos sean transferidos al útero de la mujer, como ocurre en el momento actual.

Como comentaba, a pesar de estar de acuerdo con el espíritu de la ley, las contradicciones internas en la redacción, que afectan a mayor articulado del referido, el uso indistinto de algunos términos, como son las bajas y las ausencias laborales, o la equiparación que se hace en el texto entre el embarazo y los tratamientos de reproducción asistida, que desde nuestra evidencia, y a pesar de las palabras que ha dicho la senadora Freixanet, va en contra de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, todo eso hace que resulte difícil para el Grupo Popular en el Senado apoyar esta iniciativa, a pesar de estar de acuerdo con la realidad que se nos presenta. De hecho, su aprobación en este Pleno crearía inseguridad jurídica en unos casos, pero en otros también se produce una situación de protección de duración injustificada, sobre los cuales hay más agentes que tienen que opinar.

En todo caso, y para primar el diálogo en su resolución, el Grupo Parlamentario Popular aplaude que estas cuestiones no solo hayan venido a este Pleno, obviamente, sino que sean objeto de estudio en las mesas de diálogo constituidas para el diseño de un plan de choque por el empleo. Efectivamente, dado que se trata de una materia en la que están implicados trabajadores, empresas y la sociedad en su conjunto, podría incluirse dentro de la mesa del diálogo social para el impulso de la calidad en el empleo, marco de relaciones laborales y negociación colectiva, integrada por Gobierno, sindicatos y patronal.

El Gobierno sigue impulsando medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Es un objetivo claro. Al margen de mi vida personal, que será un placer compartir con la senadora Freixanet en otro momento. Las medidas que ha tomado este Gobierno en este sentido van desde la regulación del teletrabajo, que es fundamental para el desarrollo de estas cuestiones, hasta la aplicación de incentivos para la reincorporación al trabajo de la mujer tras la maternidad o la concreción horaria de la reducción de jornada y los supuestos de movilidad geográfica. Hemos recuperado entre todos los españoles, y a pesar de esa denostada reforma laboral, todo el empleo femenino que se perdió con la crisis. De hecho, estamos en máximos históricos en número de mujeres que cotizan en la Seguridad Social, y la contratación indefinida de mujeres crece a un ritmo del 18,8 % interanual.

El Grupo Popular está también firmemente convencido de que la familia es el auténtico pilar de Estado de bienestar y que, por tanto, merece una política integral que refuerce su protección social, jurídica y económica. A esto hay que sumar que el sistema de Seguridad Social reconociese la aportación demográfica de las familias como elemento clave para la sostenibilidad futura del sistema, entendiendo que el reconocimiento del número de hijos en las pensiones debería servir no solo como un incentivo a la natalidad, sino sobre todo para poner en valor que quienes están criando un hijo, además de dar amor y dar vida, están también generando riqueza para la sociedad.

Con todo esto presente, y por el bien de los trabajadores y trabajadoras, el Ejecutivo Popular sigue y seguirá trabajando en el marco del diálogo social, del debate político y, junto con las comunidades autónomas, para que se pongan en marcha las medidas necesarias para lograr estos temas. Quizás no es hoy, pero nos encontraremos en el camino para solucionarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Del Brío.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000004 Hacienda y Función Pública

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 6.2. y 6.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Pasamos a los dictámenes de comisión.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Sanz Ruiz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley de contratos del sector público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero, tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicado el día 7 de septiembre. Como ustedes saben, se tramita por el procedimiento de urgencia y el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el pasado 13 de septiembre.

Se han presentado 255 enmiendas, que se distribuyeron de la siguiente forma: las números 1 a 4 las presentaron los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; número 5, también del Grupo Mixto, de la senadora García Díaz; números 6 a 9, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; números 10 a 77, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; números 78 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; números 81 a 228, del Grupo Parlamentario Socialista; números 229 a 252, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; y números 253 a 255, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Del total de estas enmiendas fueron inadmitidas las números 72 y 73, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la 246, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, por carecer de conexión material con lo regulado en el proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Socialista retiró también sus enmiendas 113, 145 y 184.

El pasado 14 de septiembre se reunió la Comisión de Hacienda y Función Pública, que acordó designar a la siguiente Ponencia para informar de este proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Popular, los senadores Fernández González y Martínez Arcas; por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Rubio Ruiz y Valentín Navarro; por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el senador Martínez Ruiz; por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la senadora Castel Fort; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, la senadora Abad Giralt; y por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Domínguez de Posada Puertas.

Dicha Ponencia, tras reunirse el lunes 18 de septiembre, elevó a la comisión un informe en el que introducía como modificación las enmiendas 253 a 255, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. El mismo día 18 de septiembre la comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley y, tras ese debate, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando aprobado por 15 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

Han presentado votos particulares el Grupo Parlamentario Vasco respecto a las enmiendas 78 a 80; el Grupo Parlamentario Mixto respecto a las enmiendas 1 a 5; el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria respecto a las enmiendas 229 a 245 y 247 a 252; el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana respecto a las enmiendas 6 a 9; el Grupo Socialista respecto a las enmiendas 81 a 112, 114 a 144, 146 a 183 y 185 a 228; y por último, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea respecto a las enmiendas 10 a 71 y 74 a 77.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Sanz Ruiz.

¿Quiere alguien intervenir en el debate a la totalidad? (Denegaciones).

Pasamos, pues, al debate de enmiendas.

Enmiendas 1 a 4, de los senadores Mulet y Navarrete, y enmienda número 5, de la senadora García Díaz, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar por defendida la enmienda de mi compañera, Elvira García, que está indispuesta en estos momentos.

Paso a defender las enmiendas que presenta Compromís. Nosotros creemos que el principal problema de esta nueva ley es que tiene los mismos vicios que la anterior. Tiene un texto muy complejo, muy pesado y difícil de comprender. Si bien es cierto que se han pulido ciertos aspectos en el Congreso, entendemos que podemos seguir caminando hacia una nueva mejora. Los contratos menores siguen siendo una vía oscura para la adjudicación. No se ha prestado suficiente atención a este aspecto, continuando con la dinámica anterior. Se continúa con las mismas cantidades que se plasmaban en el texto anterior, lo que entendemos que es desproporcionado. Se consideran contratos menores los contratos con valor estimado inferior a 40 000 euros cuando se trate de contratos de obra, o de 15 000 cuando se trata de suministros o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en ámbito estatal.

La cuestión estriba en cómo se están usando estos contratos por parte de la Administración pública. A priori es un loable instrumento para conseguir una actuación más rápida en una adjudicación de contrato de importe pequeño, pero no en pocas ocasiones pasa que los representantes públicos usan este instrumento de una forma torticera, fraudulenta o incluso demasiado descarada, como se puede apreciar en la práctica de múltiples contratos de servicio adjudicados directamente por un valor de, casualmente, 14 999 euros. Es una vulneración del principio de publicidad, y por tanto, es uno de los aspectos en los que habría que mejorar el sistema.

Básicamente por falta de tiempo, pero también por no hacernos muy farragosos, nuestras enmiendas son principalmente técnicas. Si las han mirado por encima verán que se trata de poner un adjetivo en un texto, reafirmar la contundencia o ser más concretos en otro, etcétera. Así, hemos presentado cuatro enmiendas, una al artículo 87, otra al artículo 90, otra al artículo 106.1 y otra al artículo 328. Espero que los compañeros del resto de los grupos parlamentarios las acepten porque consideramos que hacen más potente esta ley tan importante para el Estado español. Estaremos atentos a ello.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Enmiendas 229 a 245 y 247 a 252 del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

¿Alguien va a defender estas enmiendas? (Denegaciones).

En tal caso, decaen.

Pasamos a las enmiendas 78 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

Las tres enmiendas que presentamos son las que se han mantenido vivas y también fueron presentadas en el Congreso. Con la primera de ellas proponemos añadir un nuevo apartado al artículo 39.2 de la ley. Consideramos oportuno añadir una nueva causa de nulidad administrativa en aquellos contratos en los que se produzcan modificaciones esenciales que hagan necesaria una nueva adjudicación.

Con la segunda enmienda de nuestro grupo proponemos añadir un nuevo título al libro primero, título 1, de forma que la Ley de contratos quede sujeta al control de la transparencia como control de la legalidad y eficacia y la elaboración de protocolos de transparencia que mejoren la comprensión de las distintas cláusulas de los pliegos de contratación.

Creemos que con este proyecto de ley se ha avanzado en el objetivo de que las licitaciones sean más transparentes. Es un objetivo que figura en el preámbulo de este proyecto, pero creemos que es necesario ir más allá y que, a pesar de lo avanzado, es necesario que la propia ley quede sujeta al control de la transparencia, de forma que este pueda ser aplicable de oficio por tribunales y jueces y que determinadas cláusulas puedan ser declaradas nulas por falta de transparencia.

De la misma manera, nuestra propuesta es que el control de la transparencia obligue a las administraciones a elaborar protocolos que faciliten la comprensión de las cláusulas que por su complejidad o novedad puedan resultar no transparentes, obligando, de la misma manera, a que dichos protocolos se integren en la documentación del contrato.

Por último, con la tercera enmienda, que plantea modificar la redacción del primer párrafo del artículo 130 del proyecto de ley, se plantea incorporar como posibilidad expresa el supuesto habitual en que son los propios pliegos o los órganos de contratación los que indican el deber de subrogar a las trabajadoras y trabajadores, al margen de que una norma legal o los convenios lo exijan, dando cabida, por tanto, a la subrogación contractual de forma condicionada a la voluntad del trabajador o trabajadora, con el objetivo de la defensa del interés público. A modo de ejemplo y fundamentación jurídica tendríamos la Ley Foral 6/1999, de contratos públicos de Navarra, en el artículo 49.3, que lo establece.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Etxano.

¿Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para defender las enmiendas 6 a 9, hay alguien? (Denegaciones).

Como no hay nadie que las defienda, decaen también estas cuatro enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para defender las enmiendas 10 a 71 y 74 a 77, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

No ha salido Esquerra Republicana, pero ojalá estuvieran aquí y no se hubiesen marchado.

Por fin ha llegado al Senado la Ley de contratos del sector público. Como saben, el Gobierno del Partido Popular empezó a tramitar con mucho retraso este proyecto de ley y llegó al Congreso a finales del año pasado. Ha habido un arduo trabajo y un duro debate en el Congreso, y se han logrado avances sustanciales en este texto. Por suerte, ya no se parece al texto que presentó inicialmente el Partido Popular; de hecho, son la noche y el día. Sin embargo, en nuestro grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que no hemos llegado todo lo lejos que era necesario con respecto a dos cuestiones, al menos.

En primer lugar, el sistema de supervisión y control, que en nuestra opinión se queda cojo, y en segundo lugar, que no se ha avanzado en la recuperación de servicios externalizados por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, y que deberíamos recuperar y poner en manos de la ciudadanía.

Nuestros objetivos en la tramitación del proyecto de ley aquí en el Senado han sido básicamente tratar de profundizar los logros introducidos en la ley durante la fase previa en el Congreso y, por otra parte, mejorar la coherencia del texto, abordando cuestiones de técnica jurídica.

En este primer punto, en la profundización de los acuerdos logrados en el Congreso, hay varias cuestiones que nos gustaría resaltar. La primera de ellas es que los motivos por los que se puede proceder a un rescate de un servicio externalizado no se deberían limitar a la eficacia y a la eficiencia de la gestión, sino que puede haber razones de interés general. Un ejemplo que poníamos es poder recuperar para la gente el servicio relacionado con la provisión del agua, porque es algo que responde al interés general y que no tiene por qué responder a razones de eficiencia.

La segunda es garantizar o profundizar en esas garantías de acceso de las pymes, las empresas de economía social y las empresas de nueva creación en la contratación pública para que no sea negocio exclusivo de grandes empresas y de los amigotes del Partido Popular, como Florentino Pérez con Dragados.

También hay que garantizar la accesibilidad de la información contenida en el perfil contratante para controlar el cumplimiento de la ley y facilitar el seguimiento y auditoría, de modo que evitemos casos de corrupción tan cuantiosos y tan onerosos como los que hemos tenido en los últimos años. Además, hay que rebajar el umbral de contrato menor, adjudicable a dedo por el órgano de contratación y generador de viciadas dinámicas clientelares y de amiguismo conocidas por todas y todos.

Me gustaría resaltar la enmienda número 12, que plantea que toda la contratación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales se sometan a la legislación de contratos del sector público. Es fácil de entender por qué el Partido Popular rechaza esta enmienda y la rechazará siempre, teniendo en cuenta que todos sus tesoreros están hoy en día imputados.

Las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley también tienen que ver con la mejora de la coherencia del texto, con cuestiones de técnica jurídica, como les decía antes. En este sentido, les voy a poner dos ejemplos. Hemos presentado enmiendas a la redacción del artículo 1.1 para eliminar la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente, algo que ya ocurre en el resto del texto. Aplicarlo en el artículo 1.1 es, sencillamente, una cuestión de coherencia. ¿Por qué no aceptan esta enmienda? ¿Por qué no aceptan una enmienda de pura coherencia? Me gustaría que me lo explicaran lo señores del Partido Popular. Espero que no sea por puro orgullo torero.

Las enmiendas números 47 y 49 —el otro ejemplo que quería poner— pretenden mejorar y clarificar partes de la redacción del proyecto de ley que son farragosas, y para que una ley sea eficaz tiene que poder entenderse bien y no dejar lugar a dudas.

Nosotros nos preguntamos por qué no se aprueban enmiendas que mejoran la calidad del texto. Son enmiendas que no tienen una carga ideológica fuerte. Podemos entender que en el Partido Popular no estén de acuerdo en aceptar enmiendas que mejoran la trasparencia, que mejoran la lucha contra la corrupción, pero por qué no se aceptan enmiendas que, sencillamente, mejoran la coherencia del texto.

Es todo, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Martínez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 81 a 112, 114 a 144, 146 a 183 y 185 a 228.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Valentín.

La señora VALENTÍN NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en defensa de las enmiendas que nuestro grupo presenta al Proyecto de Ley de contratos del sector público, que se tramita en esta Cámara y que trae su causa en la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo números 23 y 24, de 26 de febrero de 2014.

He leído con atención el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Hacienda y Función Pública, cuando se aprueba el proyecto de ley, y hay un turno, prácticamente general, de agradecimientos de todos los grupos políticos, incluido el mío, por las transacciones, los pactos y las incorporaciones de enmiendas de distintos grupos políticos. Lamentablemente, aquí nos vamos a ahorrar este capítulo de agradecimientos, porque el grupo mayoritario, el Grupo Popular, se ha olvidado rápidamente de ese ánimo conciliador y ha impuesto su mayoría absoluta en el Senado para rechazar todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, más de 250, y ha preferido aplicar la política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

Sí, señorías, en la comisión se han aprobado 3 de las 255 enmiendas presentadas, que se han incorporado al proyecto de ley —las tres del Grupo Popular—, que lo único que hacen es dar una vuelta más de tuerca a su dañina reforma laboral para hacer prevalecer los convenios de empresa en lugar de los convenios colectivos, y con un agravante más. Esta ley, que lleva ya un retraso de casi dieciocho meses, se ha estado debatiendo durante meses y meses en el Congreso de los Diputados, pero cuando entra en el Senado se declara la tramitación de urgencia y en veinte días liquidamos un proyecto de ley tan complejo y extenso como es el Proyecto de Ley de contratos del sector público. Desde nuestro punto de vista, habría sido deseable un mayor esfuerzo simplificador de la ley, que es excesivamente reglamentaria, extensa y farragosa, como se ha denunciado tanto en informes preceptivos al anteproyecto como por la doctrina científica. El foro del Observatorio de la Contratación Pública ha publicado numerosos artículos tratando de aportar ideas para lograr un texto más racional y simplificado. Y cito a José María Gimeno Feliu y a José Manuel Martínez Fernández.

Señorías, no se ha optado por un cambio estructural y simplificador importante como sugería el Consejo de Estado en su informe al anteproyecto. En el Grupo Socialista, con las aportaciones de profesionales cualificados, hemos querido aprovechar el paso del texto por el Senado para corregir errores de remisión a apartados de artículos que han cambiado o desaparecido, discordancias, como la supresión mecánica de la referencia al anteproyecto y su sustitución, en todo caso, por un proyecto en determinados artículos, especialmente en las concesiones, que desvirtúa el procedimiento. En este aspecto, quiero agradecer a los servicios jurídicos de esta Cámara, especialmente al letrado de la Comisión de Hacienda, don Fernando Santaolalla, su esfuerzo a contrarreloj para corregir estos errores materiales, que, sin duda, van a facilitar el estudio y la aplicación posterior de esta ley. Pero a pesar del escasísimo tiempo con el que hemos contado para preparar y presentar las enmiendas en este trámite parlamentario del Senado, el Grupo Socialista ha querido seguir aportando en esta Cámara aquellas enmiendas que inciden en temas que, desde el punto de vista de mi grupo, son esenciales en la contratación pública.

Señorías, un aspecto censurable de la nueva norma es la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y su equiparación a una de las formas de gestión, que es la concesión de servicios de acuerdo con lo que se señala en la disposición adicional 35. Un paso más en la pérdida de servicios públicos. Esto lo consideramos un problema por dos razones esenciales. Por un lado, porque se pierden todas las potestades que tiene la Administración para este tipo de prestación al ciudadano propia del Estado social. El nuevo contrato se equipara a cualquier tipo de servicio, con el riesgo que tiene para los colectivos más desfavorecidos. Con ello se pierden todos los mecanismos que están en la legislación de régimen local y que seguían siendo útiles para la prestación de servicios públicos. Por otro lado, va a permitir que el prestador del servicio sea el que recaude las cantidades que tengamos que abonar los usuarios a la hora de utilizar estos servicios. Aquí hay, precisamente, un bloque de enmiendas para recuperar este contrato.

La ley no garantiza la transparencia ni el conocimiento de todos los contratos del sector público ni el régimen al que están sujetos. La contratación pública requiere transparencia y publicidad para cumplir sus objetivos de forma honesta. La nueva ley no garantiza la publicidad en un doble sentido. En primer lugar, porque mantiene las opacas instrucciones de contratación para los contratos de las entidades del sector público que no son administraciones públicas. Señorías, era un clamor la necesidad de que todos los contratos estuvieran sometidos a un régimen que estuviera publicado como norma jurídica y que fuera el de la Ley de contratos del sector público. Cuando el Gobierno del Partido Popular ha tenido que optar entre publicidad y opacidad, ha optado por esto último. En segundo lugar, porque la pluralidad de plataformas de contratación no garantiza la mejor publicidad de los contratos, ya que supone tener que examinar muchas plataformas articuladas de forma diferente. Por ello, habría sido necesario —así estaba contenido en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista— que se estableciera de forma obligatoria —y no voluntaria como aparece ahora— un mecanismo de intercambio automático de información para que todos los contratos del sector público estuvieran accesibles en la plataforma de contratos del Estado.

La nueva regulación también dificulta el control del proceso de contratación pública de diversas formas. Por un lado, porque ha elevado los límites para poder acceder a los tribunales de contratación de las comunidades autónomas; unas cantidades extraordinariamente altas —3 millones de euros para obras, 100 000 euros para servicios y suministros— que impiden que los contratos de cuantía más baja —los que pueden obtener las pequeñas y medianas empresas— sean sometidos a un control efectivo. Por otro, porque abrir la posibilidad de crear nuevos tribunales en ayuntamientos y diputaciones supone difuminar los criterios de contratación e ir hacia una tendencia de pérdida de garantías e imparcialidad, restringiendo la legitimación, de tal manera que se elimina una posibilidad muy razonable para garantizar un adecuado nivel de prestación de los servicios públicos en los términos que recoge la Ley de bases de régimen local.

El proyecto de ley penaliza también la remunicipalización de servicios previamente adjudicados para su prestación privada. La ley recoge en dos ocasiones —artículos 277 y 292— la exigencia de un informe que acredite que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la fórmula concesional en los casos de rescate de concesiones por razones de interés general; un informe que pretende tanto retrasar como dificultar la adopción de esta medida. De hecho, impone requisitos más rígidos que para abrir un procedimiento de contratación en relación con la necesidad del contrato —artículo 28— y los de ejecución directa de prestaciones por la Administración pública —artículo 30—. Esto no es razonable y resulta contradictorio con la mecánica de la ley, supone una restricción de la capacidad de organización de las propias administraciones públicas.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 145 enmiendas, de las cuales 30 son ex novo y el resto provienen de las que se mantuvieron vivas durante el debate en el Congreso de los Diputados. En un bloque de estas enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista quiere ser más beligerante contra la corrupción. La realidad nos presenta cómo en este escenario de la contratación pública concurren numerosos casos de corrupción y de prácticas clientelares de las que se derivan evidentes ineficiencias económicas. La corrupción genera pérdidas en la economía de la Unión Europea que se estiman en unos 120 000 millones de euros al año, un 1 % del PIB europeo, y conlleva la distorsión del funcionamiento del mercado interior. El mercado de los contratos públicos es donde existen mayores tentaciones y ofrece más oportunidades a la corrupción. De hecho, el Parlamento Europeo ha llegado a afirmar que el sector de la contratación pública es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción y que estas prácticas ilícitas distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y de las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y servicios y siembran la desconfianza en las instituciones públicas. Por eso precisamente introducimos la referencia al problema de la corrupción, tanto para valorar la participación de condenados en procesos de contratación como para vigilar y controlar posibles brotes. No es de recibo que cuando la corrupción es uno de los mayores problemas en España —considerada por los ciudadanos como el segundo mayor problema—, se mencione de manera casi testimonial en la ley. En el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016, España aparece en el puesto 43, tras la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, que ocupan los primeros puestos del ranking. Además, el impacto en términos del PIB de rentabilidad de la inversión pública en el crecimiento del país merece tenerse en cuenta según los analistas internacionales que han estudiado en profundidad las causas y las consecuencias de la corrupción.

Señorías del Partido Popular, ¿de verdad que no quieren ser ustedes más beligerantes contra la corrupción? ¿De verdad que no pueden aprobar una enmienda —si no recuerdo mal, es la 91— precisamente para evitar cualquier tentación de caer en este problema de corrupción cuando estamos hablando de dinero público?

En la lucha contra la elusión fiscal son necesarias también una serie de medidas transversales en todo tipo de ley que tenga contenido económico. Por ello presentamos una serie de enmiendas que regulan las prohibiciones de contratación a las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o indirectamente en más del 30 % estén domiciliadas o tributen en países y territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. De no ser así, las haciendas de los Estados miembros de la Unión verían burladas sus normas fiscales y reducida su recaudación en perjuicio de los ciudadanos más indefensos. Es un principio básico evitar que estos países puedan recibir fondos de los poderes adjudicadores españoles a través de la condición de adjudicatarios de un contrato, con el considerable daño que ocasionan a la Hacienda pública española, tanto por los impuestos que dejan de tributar en España como por la opacidad de las operaciones, que son perjudiciales para nuestro país. Se exige en nuestra propuesta la presentación de una declaración responsable en la que se indiquen los territorios en los que desarrolla su actividad cada licitador y cuyo incumplimiento conlleva la exclusión de la licitación.

Destacamos también la incorporación de enmiendas encaminadas a incidir en dos de los aspectos más preocupantes del mercado de trabajo en España: la proliferación de los contratos temporales y la poca presencia de la mujer en puestos directivos, así como la poca importancia que todavía tienen los contratos fijos. Se pretende además fomentar la lucha contra la siniestralidad laboral y mejorar la formación de los trabajadores. Valorar estos conceptos en las adjudicaciones como criterios de solvencia es fundamental. En este sentido, nos referimos a la acreditación de la aptitud para contratar, en la que exigimos incluir en la declaración requerida información sobre puestos de trabajo y su ocupación por hombres o mujeres, tipos de contratos existentes, medidas de lucha contra la siniestralidad o medidas para mejorar la formación de los trabajadores.

Otro bloque de enmiendas va encaminado a velar por la posibilidad de que las entidades públicas procedan a recuperar la gestión de infraestructuras públicas cuando se resuelva una concesión de obras. Por ello pedimos que no sea necesario un informe que acredite que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional, tal y como recoge en este momento el proyecto de ley. La obligación de realizar un informe en las condiciones que se determinan en el precepto encarece la gestión directa y, en todo caso, retrasa su ejecución práctica. Además, es una medida que resulta asimétrica; no se efectúa una exigencia similar para la externalización de la gestión de obra pública.

Con otro bloque de enmiendas modificamos la regulación de las aportaciones públicas y garantías de financiación de las concesiones al limitar la participación de las administraciones públicas. Señorías, la financiación de las concesiones tiene que ser asumida esencialmente por los concesionarios, que son los encargados de buscar sus fuentes externas de financiación para hacer frente al coste de la construcción. Las aportaciones públicas no deben estar por encima de un determinado porcentaje, tal como ocurre en otros ordenamientos jurídicos. El Grupo Parlamentario Socialista fija este porcentaje en un máximo de un 40 % de financiación en general. También queremos restringir vía enmienda una figura que ha provocado numerosos problemas en el pasado por la dificultad de la recuperación de las cantidades, como son los créditos participativos en los que el prestamista está en peor condición incluso que el accionista, o sea que normalmente ni siquiera recupera un euro. Para realizar una adecuada comprobación del impacto de la concesión, se deberá aportar un informe de impacto en el déficit público en el caso de que hayan de ejecutarse los avales y los demás aportes públicos. Venimos asistiendo a casos curiosos en los que, en el supuesto de fracaso y liquidación de obras o concesiones, los últimos en recuperar el dinero aportado son precisamente el Estado y las administraciones públicas.

Un sexto bloque de enmiendas está referido al servicio público de comunicación audiovisual, Forta, que, según su regulación, está considerado como un servicio de especial interés económico general. Y lo hacemos para clarificar la deducción del IVA soportado por los operadores de la radiodifusión pública en el ejercicio de su actividad, sin que deban incorporarse en la base imponible del IVA las aportaciones presupuestarias que estos operadores perciben regularmente para compensar el desarrollo de su actividad.

Las sucesivas directivas europeas, incluyendo la que ahora estamos trasponiendo, contemplan este tipo de servicios como culturales, económicos, y algunas reconocen expresamente su importancia cada vez mayor para las sociedades y para la democracia, para garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación. Todo ello justifica que se apliquen normas específicas. Esta especificidad sectorial ha sido tradicionalmente tenida en cuenta por las sucesivas directivas europeas de contratos, que de manera reiterada han venido excluyendo de su ámbito de aplicación a los contratos públicos para los servicios audiovisuales.

La Directiva 2014/24, de la Unión Europea, ha mantenido inalterado el criterio de excluir de su ámbito de aplicación a este tipo de contratos, por lo que no parece justificado un cambio de criterio por parte del legislador nacional. De hecho, no parece que el proyecto de ley pretenda una inclusión de este tipo de contratos dentro de su ámbito de aplicación por cuanto en su artículo 9.2 mantiene el criterio de excluir de su regulación los negocios jurídicos sobre propiedades incorporales. Nuestra enmienda viene justificada precisamente porque el proyecto de ley parece incurrir en una aparente contradicción cuando posteriormente el artículo 19.2 a) se refiere a este tipo de contratos audiovisuales como contratos no sujetos a regulación armonizada.

Otro bloque de enmiendas, que nos parece importante, lo hemos presentado para unificar el régimen jurídico de los contratos públicos. Hemos registrado varias enmiendas que suprimen artículos referidos al ámbito subjetivo de la ley y sus concordancias en el resto del texto. De esta forma, todos los contratos del sector público, sea cual sea la forma que utilice la Administración, deben estar sometidos al mismo régimen jurídico porque, en la medida que se utiliza dinero público, están sirviendo al interés general. La división entre administraciones públicas y otras entidades del sector público tiene el resultado final de restringir la publicidad, la concurrencia y la transparencia, así como de proporcionar un menor respaldo al interés general. Con ello se puede contribuir a solucionar parte de los problemas detectados por la Comisión Europea en el informe sobre España, en el que se alude a la falta de una política de contratación que afecte a todas las entidades del sector público.

Por último, hemos presentado una enmienda que incluye la consideración de contratos menores a los contratos de valor estimado inferior a 20 000 euros exclusivamente cuando se trate de suministro de servicios para las instituciones relacionadas con la investigación. Además, ahora nos han hecho llegar muchas quejas en este sentido, pues si con el límite actual de 18 000 euros están ya agobiados, bajar a 15 000, tal y como está recogido en el artículo, les va a suponer aumentar el número de contratos adicionales en unos 25 al año, con la correspondiente burocracia.

Recapitulo. Las enmiendas del Grupo Socialista están dirigidas a ser más beligerantes contra la corrupción, para que se aplique el mismo régimen de contratación a todo el sector público, evitando dualidades y opacidades que pueden conducir a corruptelas; dejar clara la deducción del IVA soportado por los operadores de la radiodifusión pública; incluir en las prohibiciones de contratar a personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o indirectamente en más de un 30 % tengan su domicilio o tributen en paraísos fiscales; apostar por la paridad hombre-mujer en la contratación; reducción de los contratos temporales en favor de los fijos; reducción de la siniestralidad laboral y, en definitiva, apuesta por la formación; establecer esta excepción que acabo de comentar para los contratos menores de instituciones relacionadas con la investigación; la reposición del contrato de gestión de servicios públicos; la modificación de la regulación de las aportaciones públicas y las garantías a las concesiones; eliminar la penalización a las remunicipalizaciones de servicios públicos previamente adjudicados para su prestación privada; establecer condiciones más objetivas y más estrictas para las revisiones de precios; reducir la morosidad, que se ha convertido en un lastre de la contratación que obliga a los empresarios a incluir los futuros costes financieros en la licitación, lo que está generando permanentemente un círculo vicioso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, estas son, a grandes rasgos, las enmiendas que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de contratos del sector público. Una ley que no nos gusta, que tiene muchas deficiencias e incoherencias, que no es la que nosotros habríamos presentado. Por esa razón, hemos registrado y hemos defendido las enmiendas. Nos gustaría, al menos, que los grupos parlamentarios en esta Cámara las votaran a favor, porque, sinceramente, creemos que mejoran aspectos esenciales de la contratación pública y apuestan por la transparencia, por la concurrencia y por la lucha sin tregua contra la corrupción.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Valentín.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para el turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a la vista de la tramitación parlamentaria de este importantísimo Proyecto de Ley de contratos del sector público, creo que todos podemos sostener que estamos en el buen camino para aprobar una buena ley de contratos del sector público. Y a la vista de los pasos que se han dado en este sentido, este es un momento adecuado para felicitar a todos los grupos de la Cámara por el trabajo que han desarrollado y que ha permitido traer al Senado un texto que ha podido aprobarse incorporando la inmensa mayoría de las propuestas de los grupos plasmadas en la estimación de casi un millar de enmiendas y reflejando en el texto definitivamente aprobado la esencia de todas las sensibilidades que se pusieron de manifiesto en los trabajos parlamentarios.

Por esta razón, el Grupo Popular en el Senado se opone a todas las enmiendas presentadas a dicho proyecto por el resto de los grupos, y esta postura del Grupo Popular responde, por lo tanto, a un motivo muy claro: respetar el consenso alcanzado en el Congreso para poder sacar adelante una ley tan capital como esta, que es, sin duda, una de las más importantes leyes de las que se van a tramitar en la presente legislatura. Solo una clara vocación de consenso y un diálogo fructífero y constructivo por parte de todos los grupos explica el hecho de que durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso se hubiesen aceptado 975 enmiendas de las 1081 presentadas; es decir, se estimaron más del 90 % de las enmiendas en lo que ha sido un claro ejemplo de colaboración y de búsqueda de acuerdos.

Este espíritu que ha animado la tramitación en el Congreso de los Diputados es el que ha permitido la aprobación del texto de un proyecto de ley sin el voto en contra de ninguno de los grupos de la Cámara, después de un auténtico esfuerzo por parte de todos por alcanzar un consenso que fue buscado con franqueza y con lealtad. Y es que en una materia tan técnica y tan compleja, como es la que se refiere al régimen jurídico de la contratación en el sector público, tiene efectivamente un especial valor el hecho de haber sido capaces de conseguir aprobar sin votos en contra el texto de este proyecto de ley, de lo que se deriva, en consecuencia, que resulta aceptable por parte de todos los grupos.

Para describir este texto no hace falta acudir a las palabras del ministro de Hacienda y Función Pública, que impulsó el proyecto de ley, y ni siquiera hay que acudir a las palabras de algún miembro del Grupo Popular. Para resumir el contenido de este proyecto de ley, se pueden utilizar las certeras palabras de un grupo de la oposición, concretamente las de la senadora Etxano Varela del PNV, que en la Comisión de Hacienda y Función Pública describió con gran acierto el texto aprobado en el Congreso en los siguientes términos —y cito literalmente su intervención—: «Una ley adaptada a los objetivos de directivas comunitarias, con flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica, para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomentar, además, una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. La ley mejora el acceso de las entidades del tercer sector, incorporando cláusulas sociales, medioambientales, laborales, de igualdad entre mujeres y hombres, de gobernanza, desde el entendimiento de que la contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia, que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales».

En el Grupo Popular suscribimos completamente estas palabras, y por esas mismas razones también estamos plenamente satisfechos con el texto que entre todos hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Y precisamente por eso consideramos que, si tras su arduo trabajo, nos hemos puesto de acuerdo en un texto de estas características, lo que procede ahora en consecuencia y en buena lógica es mantener ese texto, el texto del consenso, el texto del acuerdo, el texto que recoge un régimen jurídico para la contratación pública con las características y las bondades expresadas por el PNV en la comisión y reconocidas de una u otra manera por la práctica totalidad de los grupos políticos.

Estas circunstancias son las que explican nuestra postura en relación con las enmiendas presentadas en el Senado por el resto de los grupos. En primer lugar, obviamente, se desestiman las enmiendas que pretenden modificar ahora en el Senado redacciones de preceptos que fueron objeto de transacciones, y por tanto de consensos, en el Congreso de los Diputados. Entendemos que no procede modificar en el Senado aquellos aspectos en los que ya hemos conseguido ponernos de acuerdo mediante transacciones que nos resultaban satisfactorias a todos los grupos en el Congreso. Lo acordado en su momento entendemos que debe mantenerse ahora.

En segundo lugar, lógicamente se desestiman también todas las enmiendas que ya fueron desestimadas en el Congreso y que ahora simplemente se reiteran en el Senado. Como ya he indicado, en el Congreso se estimaron más del 90 % de las enmiendas presentadas, casi un millar, y las pocas que no prosperaron en su momento entendemos que deben desestimarse por las mismas razones que justificaron anteriormente tal desestimación.

Y, en tercer lugar, igualmente se desestiman todas las enmiendas que, a nuestro juicio, no mejoran el texto que fue objeto de un alto grado de consenso y de acuerdo en el Congreso de los Diputados, y es que entendemos que no procede una nueva redacción de los artículos del proyecto de ley cuando la nueva redacción que ahora se propone a través de estas enmiendas no mejora el texto aprobado en el Congreso.

Señorías, no será fácil encontrar muchos ejemplos de proyectos de ley que hayan sido objeto de un número tan elevado de enmiendas estimadas. La consecuencia de todo ello es que la oportunidad de unas u otras redacciones del articulado del proyecto de ley ya han sido objeto de un amplio debate que se ha solventado con un amplio margen de acuerdo y de consenso.

Por lo tanto, a nuestro entender, lo que procede es la defensa del texto al que se ha llegado tras dicho debate, tras dicho acuerdo y tras dicho consenso. Lo que procede, en definitiva, es poner en valor ese texto. Además, también hay que dejar muy claro que muchos de los aspectos y muchas de las cuestiones a las que se hace alusión en las enmiendas ya se recogen en el texto actual y, a nuestro juicio, se resuelven en dicho texto de forma más correcta que la que ahora se propone en las enmiendas. Ya se han reducido los márgenes de discrecionalidad a la hora de adjudicar los contratos. Ya existen mecanismos adecuados para evitar prácticas ilícitas, puesto que se ha reforzado la lucha contra la corrupción también en este ámbito de la contratación pública. Ya se establecen mecanismos para que las adjudicaciones recaigan en las ofertas más ventajosas para la entidad pública contratante. Y ya se ha tenido en cuenta el binomio calidad/precio para efectuar tales adjudicaciones.

Ya se garantiza la independencia, la imparcialidad y la transparencia de la adjudicación de los contratos públicos, ya se han incluido criterios sociales, medioambientales y de igualdad, ya se contemplan procedimientos que sí garantizan el adecuado retorno a la gestión pública de los servicios públicos cuando ello sea procedente pero, obviamente, lo que no se puede pretender, señorías, es que prosperen en todo caso las redacciones propuestas por los grupos de la oposición o las tesis que estos defienden y han venido defendiendo durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.

También quisiera destacar que el Grupo Socialista, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, concretamente el señor Rubio Ruiz, hacía referencia a que España había tenido suficientes avisos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo por una mala transparencia, y ofrecía el dato de que casi el 50 % de los contratos públicos tenían un solo licitador, lo que consideraba una clara falta de transparencia; falta de transparencia que se ha vuelto a señalar en la intervención de la portavoz socialista hace unos momentos. Pero, obviamente, estas críticas de la Unión Europea y estos datos se refieren a la Ley de contratos del sector público hoy vigente, es decir, a la aprobada durante los Gobiernos del Partido Socialista; es evidente que estas críticas no se pueden referir a este proyecto de ley, que todavía no ha culminado su tramitación parlamentaria y que, por tanto, no se ha podido aplicar. (Protestas). Eso parece obvio, de modo que lo que procede ahora, señorías, es aprobar un nuevo texto legal que también en este campo, también en el campo de la contratación, al igual que en otras muchas materias, sin duda alguna, va a mejorar la herencia que hemos recibido de la etapa socialista. (Rumores). Para esto, precisamente, se tramita este proyecto de ley, para su adaptación a la normativa de la Unión Europea y para que España cuente con una nueva y una mejor legislación de contratos del sector público que la que en su día impulsó el Gobierno socialista, que tampoco era una mala legislación en esta materia.

Por otro lado, también hemos tenido ocasión hoy de escuchar múltiples referencias a la lucha contra la corrupción y, en términos generales, es necesario agradecer el tono en el que estas se han producido, aunque por desgracia en algunos casos no se han hecho con el afán constructivo de establecer los mejores mecanismos para luchar contra la corrupción en el sector de la contratación pública sino que, una vez más, se aprovecha la ocasión para lanzar los mensajes demagógicos y provocadores que algunos grupos se dedican a soltar, sea cual sea la materia que se aborde, por puro interés partidista. Sin embargo, como ya he señalado, en este proyecto de ley sí se refuerza la lucha contra la corrupción a través de todos los mecanismos posibles, y les voy a poner algunos ejemplos concretos de estos mecanismos: por ejemplo, se favorece la transparencia en la contratación. Así, se fomenta la contratación electrónica y el uso de Internet para dar a conocer convocatorias y adjudicaciones; se amplía substancialmente la información pública de todos los órganos de contratación de aquellos datos que deben publicar en el perfil del contratante; se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a aquellos agentes sociales que están financiados a través de presupuestos públicos, de manera que todas estas entidades estarán obligadas a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público con todas las garantías de transparencia. Por primera vez en la regulación de la contratación pública española se introducen preceptos específicos de lucha contra la corrupción, se obliga a los órganos de contratación a adoptar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, la corrupción y el favoritismo, así como a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en cualquier contrato público; se incluyen nuevos supuestos en los que queda prohibido contratar con la administración; se limitan los casos en los que se puede utilizar el procedimiento negociado con el fin de que se pueda contratar a determinados contratistas de manera fraudulenta; y, señor Navarrete, sí se reducen los umbrales de los contratos menores, que pasan a ser de 40 000 euros —ahora son 50 000 euros— en el caso de los contratos de obra y de 15 000 euros en el caso de los contratos de servicios y suministros —que en la actualidad, en la vigente ley, son de 18 000 euros—; por tanto, repito, sí se reducen los umbrales de los contratos menores.

Creo que es de justicia reconocer que la actual redacción del proyecto de ley trata de impedir, o al menos de dificultar al máximo, las prácticas corruptas, aunque también es necesario reconocer que por desgracia, señorías, será muy difícil erradicar completamente este tipo de conductas, porque por muy rigurosas que sean las normas siempre habrá personas que, haciendo gala de un comportamiento deleznable y ruin, estén dispuestas a saltarse la ley. La Ley de contratos va a ser un importante instrumento para luchar contra la corrupción, pero me imagino y me temo que la ley por sí sola no podrá terminar con todas las prácticas ilícitas y, por eso, hay que seguir utilizando todos los mecanismos posibles para hacerles frente y perseguirlas sin descanso. En este sentido, todos sabemos que por rigurosa que sea una ley, sea cual sea la materia de la que se trate, siempre hay personas dispuestas a incumplirla, pues esto es algo que, nos guste o no, se encuentra en la naturaleza humana.

Salvando las distancias y sin que se trate de señalar ningún tipo de paralelismos o de parecido —porque, obviamente, se trata de conductas completamente distintas que nada tienen que ver entre sí y que en absoluto resultan comparables—, lo que estoy intentando explicar en este punto se puede entender fácilmente con un ejemplo. Convendrán ustedes conmigo, señorías, que en esta Cámara contamos con un más que aceptable y riguroso Reglamento del Senado, que constituye un instrumento normativo adecuado para que las discusiones se realicen y discurran con la deseable cortesía parlamentaria. Pese a ello, pese a la bondad de la norma con la que nos hemos dotado, siempre nos veremos obligados a sufrir el comportamiento de algunos miembros de la Cámara que, incumpliendo la norma que nos rige, se empeñan en desplegar conductas groseras, e incluso soeces, y en acudir al insulto, al menosprecio, al intento de vejación del adversario político, por muy deleznables que sean también estas prácticas. Y es que esto, señoría, por desgracia, también se encuentra en la naturaleza humana.

En cualquier caso, volviendo a lo que ahora nos ocupa y nos preocupa, que es el Proyecto de Ley de contratos del sector público, creo que también en esta materia relativa a la lucha contra la corrupción se ha conseguido llegar a un texto satisfactorio y que la ley, tras su entrada en vigor, se revelará como un mecanismo más, que junto a otros muchos permitirá a nuestra sociedad luchar eficazmente contra la corrupción. En este sentido, creo que estaremos todos de acuerdo en que la corrupción es una de las mayores lacras que puede sufrir una democracia como la nuestra.

En definitiva, y a la vista de todo lo anterior, el Grupo Popular desestima las enmiendas presentadas por los demás grupos y solo se admite una modificación que ha propuesto el nuestro. Se trata de una modificación que únicamente responde a razones de estricta legalidad y que se plasma en 3 enmiendas relativas a una misma cuestión. Así, estas enmiendas responden a la necesidad de dotar de seguridad jurídica al texto del Proyecto de Ley de contratos del sector público, para que no entre en contradicción con la legislación laboral y, concretamente, con el valor y la jerarquía de los convenios colectivos, que se recoge y se regula, como debe ser, en el Estatuto de los trabajadores. Y, para conseguir esta coherencia entre ambos textos legales, entendemos que el Proyecto de Ley de contratos del sector público, cuando se refiere al convenio colectivo que debe respetar el adjudicatario de un contrato público, debe remitir al convenio colectivo que sea de aplicación conforme a la legislación laboral y no debe aludir a un tipo de convenio determinado y concreto como es el convenio sectorial, que es al que se remite en el actual texto del proyecto de ley, porque este convenio sectorial puede no ser el convenio aplicable al adjudicatario. Entendemos que esta enmienda es absolutamente necesaria por una razón de coherencia normativa, dado que la Ley de contratos del sector público no puede contemplar en este punto una regulación distinta a la recogida en el Estatuto de los trabajadores sino que debe existir una necesaria coherencia entre ambos textos legales. Y es que la ley de contratos precisa de certeza y de claridad a la hora de ser aplicada, de modo que no se puede mantener en el proyecto una redacción que en este punto daría lugar a incertidumbres derivadas de una más que posible contradicción entre la Ley de contratos del sector público, por un lado, y el Estatuto de los trabajadores, por otro.

Por lo tanto, queremos mantener un texto que fue fruto del consenso y, únicamente, proponemos que se modifique una cuestión muy puntual y muy concreta, y ello por motivos y razones de legalidad, para evitar que la regulación de la Ley de contratos del sector público entre en contradicción con la regulación del Estatuto de los trabajadores, lo que provocaría inseguridad jurídica y sería la causa de múltiples conflictos y de interpretaciones contradictorias que tenemos la obligación de evitar en este trámite parlamentario.

En consecuencia, nuestra postura consiste en desestimar el resto de las enmiendas, todas las presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, para de este modo sacar adelante y poner en valor el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, tras un amplio y fructífero debate.

Entendemos que la posición del Grupo Popular es coherente con los antecedentes parlamentarios del proyecto de ley pero, además, creemos que nuestra posición es también coherente con su propio sentido y significado último. Como es bien sabido, este proyecto de ley persigue como objetivo fundamental la armonización dentro de la Unión Europea de la legislación de contratos del sector público, puesto que su finalidad es la de trasponer al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo números 23 y 24, de 26 de febrero 2014, de modo que el proyecto de ley ha de servir para establecer en España una legislación de contratación pública armonizada con la normativa comunitaria.

Pues bien, entendemos y consideramos que este objetivo armonizador fue ya alcanzado con éxito mediante el texto aprobado en el Congreso, tal y como reconocieron de forma prácticamente unánime todos los grupos políticos al señalar que con dicho texto se lleva a cabo una adecuada y correcta trasposición de las directivas comunitarias. Y también por esa importante razón, en el Senado intentaremos que ese texto sea el que finalmente se apruebe como Ley de contratos del sector público, puesto que estamos convencidos de que plasma y recoge con acierto una correcta armonización de la legislación española de contratos del sector público con la de la Unión Europea, y por ello, entendemos que las directivas comunitarias en esta materia resultan adecuadamente traspuestas al ordenamiento jurídico español.

El Grupo Popular se opondrá a todas las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de contratos del sector público, con excepción de las presentadas por el propio Grupo Popular. De este modo, se mantendría prácticamente inalterado el texto que fue aprobado en el Congreso de los Diputados con un amplio consenso, y nos permitiría contar en España con la mejor legislación posible en materia de contratación pública, y ello gracias al trabajo de todos los grupos, cuya fructífera labor quiero reiterar para terminar mi intervención.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández González.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor presidente.

El Proyecto de Ley de contratos del sector público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de febrero de 2014, viene con retraso por las vicisitudes políticas que mantuvieron a España en barbecho y con una farragosa técnica jurídica. La verdad es que para los ciudadanos la redacción de la directiva es mucho más clara y concisa.

A la hora de trasponer directivas, la meta es conseguir una correcta elaboración de la norma de trasposición que ayude a materializar el principio de seguridad jurídica y evite una legislación confusa, oscura e incompleta o ilegal. En palabras del Consejo de Estado, en sus dictámenes 1517/91 y 1651/93 hay que procurar evitar situaciones de incertidumbre, introduciendo categorías jurídicas inexistentes en nuestro derecho o empleando términos o expresiones ininteligibles o inadecuadas. Dicho esto, sin embargo, el texto remitido por el Congreso de los Diputados recoge la regulación y la supervisión de la contratación pública con mejores instrumentos para luchar contra las irregularidades administrativas y la corrupción, aunque evidentemente esta sea imposible erradicarla al cien por cien.

Introduce por primera vez en nuestra normativa la posibilidad de que la administración pague directamente a los subcontratistas y recoge un mayor control al eliminar las instrucciones internas de contratación, mejorando y potenciando el acceso de las pymes a la contratación pública, con lo que se logra una mayor transparencia de los procesos administrativos.

En definitiva, creemos que es un proyecto muy técnico y farragoso pero con gran trascendencia política, en la línea de las reformas estructurales de la actividad económica española y, por ello, va a contar con el voto favorable de Foro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra, senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Paso a explicar a sus señorías los motivos por los que la Agrupación Socialista Gomera se va a abstener en la votación de este proyecto.

El Proyecto de Ley de contratos del sector público que estamos debatiendo en este momento cuenta con muchas cosas positivas. Obviamente, por razones de índole jurídica debemos trasponer la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español y, por razones de forma, también tiene aspectos positivos —que no voy a entrar a numerar para no agotar todo el tiempo—, pero igualmente tiene aspectos negativos.

A la luz de la exposición que acaba de realizar el compañero ponente y defensor de este proyecto de ley, me han llamado la atención dos cuestiones: primero, el texto inalterado del Congreso de los Diputados;



y, segundo, el consenso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se va a abstener la Agrupación Socialista Gomera? Porque si se analiza el texto que salió del Congreso de los Diputados y el que finalmente se ha aprobado en comisión, se puede observar que hay una discordancia precisamente en 3 enmiendas, las presentadas por el Grupo Popular, que han sido incorporadas al texto que estamos debatiendo. Así, las enmiendas números 253, 254 y 255 eliminan la incorporación del convenio colectivo sectorial por razones de forma. Estamos de acuerdo en que por razones de forma hay que ajustar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta las razones de fondo a que eso puede dar lugar y las puertas que puede abrir; y ese es el motivo de la abstención.

El texto que salió del Congreso precisamente contemplaba el convenio colectivo sectorial por razones de consenso y con el fin de garantizar al máximo los derechos laborales y me preocupa mucho que con esta modificación, con esta incorporación —haciendo uso de su mayoría absoluta en esta Cámara— pueda abrirse una puerta a la precarización laboral. Es más que patente que, por regla general, las grandes empresas son las que aplican el convenio sectorial y que los convenios sectoriales son más complicados de modificar y tienen mucho más coste de masa salarial. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, a las que se les aplica el convenio de empresa, después de la reforma laboral tienen prioridad en su aplicación, que entiendo que es lo que ustedes pretenden con esta modificación en el Senado porque así pueden modificar mucho más fácilmente su convenio de empresa para hacer más competitivas sus ofertas, reducir su masa salarial y dejar una puerta abierta a la precarización de los derechos de los trabajadores. Esto es lo que me preocupa. No quiero decir con esto que todas las empresas actúen de este modo, sino que aquellas posibles entidades adjudicatarias de los servicios públicos puedan utilizar este vacío jurídico, esta puerta abierta, para realizar una especie de competencia desleal con las grandes empresas, que ofrecen muchos más derechos y garantías a los trabajadores.

Por tanto, lo que me preocupa es esa competencia desleal, esa puerta abierta a la precarización laboral, que es lo que nos ha llevado al debate.

Insisto en que por razones de seguridad jurídica deberían respetarse estas cuestiones, en la medida de lo posible.

Por estos motivos, la Agrupación Socialista Gomera se va a abstener en la votación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Va a intervenir algún senador más del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Arratsalde on.

Señor presidente, señorías, la Ley de contratos del sector público es una de las leyes de mayor relevancia que se está tramitando o que se va a tramitar en esta legislatura. Es una ley transversal, que afecta a toda la ciudadanía, a un gran número de empresas y a toda la Administración del Estado, si tenemos en cuenta que a través de los contratos públicos se gestiona una parte muy importante del porcentaje de los presupuestos con que cuentan las administraciones públicas, representando aproximadamente el 20 % del producto interior bruto. Se trata de una ley que ha sufrido un retraso importante en cuanto a la trasposición de las directivas, un retraso achacable tan solo al Gobierno, quien presentó ya fuera de todo plazo el anteproyecto de ley para su debate.

Del proyecto presentado por el Gobierno en noviembre al texto que nos ha remitido el Congreso a esta Cámara hay una gran diferencia. Desde nuestra perspectiva, el texto ha mejorado sustancialmente al anteproyecto presentado por el Gobierno, con una ley prácticamente consensuada al 90 %; como diremos probablemente todos, se han aprobado 975 enmiendas de las 1081 que se presentaron.

Por lo que se refiere a la tramitación del Congreso, el Observatorio de Contratación Pública publicaba un artículo de opinión del profesor Gimeno Feliú en relación con las novedades del Proyecto de Ley de contratos, donde habla de este consenso y dice que conviene resaltar el importante trabajo y debate de los diputados y sus asesores, y de la especial atención prestada a esta norma, que es sin duda estratégica. El resultado podrá ser más o menos satisfactorio, pero resulta innegable que ha existido verdadera política en la tramitación de la ley.

El tono de las intervenciones en el seno de la comisión que aprobaba el texto, todas de gran interés pero especialmente la del presidente de la comisión, son un excelente ejemplo de que el interés general puede ser el eje del parlamentarismo y que hay verdadera política más allá de reproches o confrontación y desde este aspecto conviene reconocer la labor de la tramitación parlamentaria y del resultado final. Ese es el trámite del Congreso.

Señor Fernández González, me alegro que mencione la opinión que tiene el PNV sobre la ley y me alegro que haga suyas mis palabras. Nosotros las mantenemos; mi grupo mantiene las palabras que dije en la Comisión de Hacienda. Lo que no entendemos ahora es el porqué de las enmiendas del Partido Popular y por qué cambian el texto que defienden.

En el caso del Grupo Vasco, efectivamente, se han aprobado y transaccionado la mayor parte de las enmiendas que presentamos y que para nosotros han sido fundamentales no solo en lo referente a la salvaguarda foral sino también porque hemos conseguido solventar problemas plasmados en la anterior ley, así como introducir criterios —como ha dicho usted y como dije yo en la comisión— sociales, laborales y medioambientales; criterios que las administraciones vascas ya venían aplicando a través de cláusulas sociales, estableciendo unas previsiones mínimas que se deben incorporar obligatoriamente en los procesos de contratación y que han sido hasta ahora, y con esta ley creemos que queda cubierto, objeto de recurso y de anulación en algunos casos.

Sin embargo, el texto que debatimos hoy en esta Cámara incorpora las 3 enmiendas del Partido Popular, que cambian tres artículos —el 122.2, el 149.4 y el 202.2— cuya redacción se había transaccionado por unanimidad en el trámite del Congreso, por un motivo supuestamente de seguridad jurídica, y no lo compartimos. Entendemos que empeora la ley, y la empeora en la forma en la que se ha hecho en el Senado y en el fondo.

Mi grupo cree en la filosofía del acuerdo; estamos acostumbrados y acostumbradas a negociar porque así lo venimos haciendo en Euskadi, donde además no existen mayorías absolutas. Entendemos que la necesidad de negociar deriva del propio mandato de las urnas y que nadie, por mucha mayoría absoluta que tenga, tiene más que los votos que representamos distintas fuerzas políticas en todas las cámaras. Negociar supone llegar a entendimientos y tener claro que tus propuestas no van a salir al cien por cien, por lo que hay que estar dispuesto a ceder, y ese ejercicio es el que han hecho todos los grupos en el Congreso. Cuando hablamos de acordar, hablamos no solo de llegar a acuerdos, hay algo más importante: cumplirlos; lo importante de los acuerdos es cumplirlos. En cualquier caso, no sería creíble intentar llegar a acuerdos tan solo por necesidades de aritmética parlamentaria y utilizar esta Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, para cambiar aquello que previamente se había acordado, consensuado, transaccionado y aprobado. Resultaría más creíble la voluntad de acuerdo si se hubiera continuado con esa voluntad también en esta Cámara.

Estamos ahora en el trámite de segunda lectura del Proyecto de Ley de contratos, con una tramitación urgente. Cada grupo presentó las enmiendas que consideró que podían mejorar el texto; sin embargo, en una ponencia de 2 minutos el Grupo Popular aceptó sus tres enmiendas y rechazó el resto. Además, el trámite de urgencia, y así lo dije en la comisión, conforme al artículo 135.2, permite tiempo para el debate, si no me confundo, hasta 4 días, en una ponencia que podría habernos ayudado a continuar en el consenso. En este caso, por tanto, la crítica al Grupo Popular es que ha utilizado su mayoría absoluta para aceptar las 3 enmiendas que ha presentado al proyecto de ley; enmiendas que, insisto, estaban acordadas, transaccionadas y aprobadas por unanimidad en el trámite del Congreso. Eso en cuanto a la forma.

En cuanto al fondo, diré que la incorporación de las 3 enmiendas del Grupo Popular, a nuestro entender, no persiguen —como argumentan— dar seguridad jurídica a contratistas y atenerse a la legalidad vigente. Estas enmiendas son ideológicas. La propia directiva ordena a los Estados que establezcan normas específicas para asegurar que se cumpla la normativa laboral en sentido amplio. Como he dicho, la contratación pública es una actividad relevante, de la que dependen muchas personas que trabajan en empresas privadas adjudicatarias de los contratos públicos, por lo que, a nuestro entender, el cumplimiento de las obligaciones laborales es una cuestión que debe ser verificada por los poderes públicos. Lo que en el fondo nos encontramos aquí es un problema relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en el Estatuto de los trabajadores, que en su última reforma establece la prevalencia del convenio de empresas sobre los convenios de ámbito superior que, no nos engañemos, son superiores en general al convenio de empresa, que en la mayoría de las ocasiones se descuelgan del sectorial con convenios mucho más desfavorables para los trabajadores y trabajadoras; convenios de empresa privilegiados tras la última reforma laboral, motivo por el cual creemos que en el Proyecto de Ley de contratos debe figurar la necesidad de aplicar el convenio sectorial correspondiente.

El texto aprobado en el Congreso, por tanto, incluía que la obligación del adjudicatario es la de cumplir las condiciones salariales establecidas en ese convenio, en el sectorial de aplicación, de forma que permita, en el ámbito de la contratación pública, prevenir eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato, en perjuicio de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores.

Voy finalizando. Dado que la labor de esta Cámara no ha continuado por la senda de la negociación para el consenso y que no se ha querido hacer una segunda lectura de esta ley en esta Cámara, que hubiera podido servir para mejorarla, mi grupo parlamentario va a votar en contra de la incorporación de las enmiendas del Grupo Popular. En el caso del resto de enmiendas, mantendremos la coherencia con el acuerdo alcanzado en el Congreso.

En cuanto al proyecto de ley nos vamos a abstener, y dado que los cambios en el Senado hacen que el proyecto de ley vuelva al Congreso, el Grupo Vasco se compromete a trabajar allí nuevamente para recuperar y volver al consenso, y reforzar la posición de trabajadores y trabajadoras, como he dicho, que eviten eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato, en perjuicio de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

La intervención del portavoz del Grupo Popular ha sido básicamente la misma que ya escuchamos en la Comisión de Hacienda y Función Pública porque ha aportado pocas novedades. Creo que convendría evitar convertir el debate en un diálogo de sordos y que pudiéramos hablar, conversar y responder a los argumentos de unos y otros; de otro modo, el debate es tiempo perdido.

En relación con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, insisto en que sí se han logrado cambios sustanciales y se ha logrado un acuerdo que incorpora muchas mejoras con respecto al texto inicial presentado por el Grupo Popular. Nosotros estamos satisfechos de haber transaccionado 113 de las 186 enmiendas que presentamos.

Hemos introducido mejoras, como que el precio no sea el único criterio de adjudicación, lo cual generaba competencia vía precios y, por lo tanto, baja calidad, explotación laboral y a menudo sobrecostes. Hemos logrado un avance significativo en las cláusulas sociales y ambientales, también en materia de transparencia, al rebajar el techo para las contrataciones menores y democratizar el recurso especial de contratación; flexibilizar también los criterios de solvencia para facilitar el acceso de las pymes, de las empresas de economía social y de empresas de nueva creación a la contratación pública y mejorar las garantías de pago en tiempo y forma a los subcontratistas. En mi opinión, esto es muy necesario, porque cuando muchas de las candidaturas del cambio entraron a gobernar en los ayuntamientos se encontraron con que los anteriores gobiernos del Partido Popular habían dejado millones de facturas sin pagar y habían abocado a la quiebra a muchas empresas de este país. Sin embargo, como les decía, también encontramos que el proyecto de ley tramitado tiene límites. El sistema de supervisión y control queda cojo, no se ha avanzado en la recuperación de servicios externalizados.

El portavoz del Grupo Popular no ha respondido a ninguna de las preguntas que hemos planteado. Preguntábamos por nuestras enmiendas para mejorar la coherencia del texto. Voy a insistir, a ver si esta vez responden a nuestras preguntas. Hemos presentado muchas enmiendas que sencillamente mejoraban la coherencia del texto, cuestiones de técnica jurídica. ¿Por qué en el artículo 1.1 no eliminamos la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente? Si la hemos eliminado del resto de la ley, ¿por qué no la eliminamos del artículo 1.1? ¿Por qué no admitir esa enmienda? ¿Por qué no admitir las enmiendas 47 y 49, que simplemente pretenden mejorar y clarificar la redacción de esa parte de la ley? ¿Por qué, en definitiva, no aprobar enmiendas que mejoran la calidad del texto y que facilitarían la labor de los miles de profesionales que tienen en esta ley una herramienta de trabajo?

Querría centrar esta intervención en cómo se ha tramitado esta ley en el Senado. La senadora Etxano ya lo ha hecho antes que yo y me gustaría insistir en este aspecto. La tramitación por vía de urgencia de este proyecto de ley ha condicionado el debate y el trabajo parlamentario. El portavoz del Grupo Popular ha hablado de respetar el consenso, pero es un consenso que ustedes han roto tras meses de trabajo en el Congreso de los Diputados. Han rechazado todas las enmiendas de todos los grupos —estoy seguro de que sin ni siquiera leérselas— y han metido unilateralmente las suyas sin llegar a acuerdos con nadie. El lunes de la semana pasada estuvimos reunidos en la ponencia entre treinta segundos y un minuto, lo justo para rechazar todas las enmiendas. A continuación, tuvimos la reunión de la comisión y volvimos a ver lo mismo. Pasaron su rodillo, rechazaron todas las enmiendas y solo aceptaron incorporar las suyas. Y el jueves nos encontramos con esto. Les leo lo que ha publicado la prensa el jueves: «la Fiscalía acusa a un senador del Partido Popular de amañar contratos por más de 800 000 euros en una alcaldía». Esto es lo que nos encontramos el jueves. Este senador del Partido Popular por Sevilla es el exalcalde de Tomares, José Luis Sanz; pero no es solo senador del PP por Sevilla y no es solo el exalcalde de Tomares, es que es también el presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública. Ustedes han puesto como presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública a una persona que sabían que estaba siendo investigada por corrupción y ha estado presidiendo el debate sobre la Ley de contratos del sector público una persona que ustedes sabían que estaba siendo investigada por corrupción, por trocear contratos y por amañar concursos. Hemos estado debatiendo en una reunión, presidida por el señor José Luis Sanz, enmiendas que trataban de evitar casos de corrupción como estos, mientras él estaba siendo investigado por trocear contratos y amañar concursos. Es un escándalo y es una maldita vergüenza. Es una vergüenza, y estoy seguro de que no solo para mí, sino también para muchos millones de ciudadanos y ciudadanas de este país.

Y no es solo una manzana podrida. En esta Cámara, ahora mismo, están también el señor Bauzá y el señor Fabra, expresidentes de dos de los Gobiernos más corruptos que hemos visto jamás en Baleares y en la Comunidad Valenciana. (Protestas).

Y al otro lado de la Cámara está también el señor Álvarez Areces, expresidente de Asturias y de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido aquella autonomía. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez, cuide lo que dice, porque las cosas hay que probarlas. (Aplausos).

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente, por el consejo. Estaría bien que se cuidaran también quienes meten la mano en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de este país. (Protestas).

En resumen, no nos parece ni lógico ni razonable ni mínimamente coherente el modo en que se ha tramitado este proyecto de ley en el Senado. Tampoco nos parece medio normal que una parte de quienes tienen voz y voto en este debate estén manchados por casos de corrupción. Ayer había senadores del Grupo Popular diciendo a senadoras y senadores de otros grupos políticos que se fueran y que no volvieran. Senadores del Grupo Popular, pues no, quienes se tienen que ir son los corruptos de todas nuestras instituciones, del Senado y de todos los estratos del Gobierno. (Fuertes protestas). Se tienen que ir quienes, como decía un compañero nuestro el otro día, odian las papeletas pero adoran los sobres.

Muchas gracias. (Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rubio.

El señor RUBIO RUIZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, realmente el Partido Popular nunca quiso enterarse de la correcta trasposición de las directivas europeas, porque quizá no interesaba mucho. Estas dos directivas se insertan dentro del bloque legislativo 4 de la Unión Europea para el reforzamiento del mercado interior y cambian radicalmente todos los planteamientos de la contratación pública hasta la fecha. Hicieron un anteproyecto, que todo el mundo les censuró, en el que se escamoteaban todos los principios imperativos de las directivas. En el Congreso se presentaron 1000 enmiendas, que el señor Fernández González interpreta positivamente y que en realidad son un auténtico veto a todo el texto. Es cierto que el Congreso introdujo numerosas alteraciones al proyecto, aceptó numerosísimas enmiendas, el mayor número de mi grupo. Señor Fernández González, cada vez que usted hablaba de la labor del Congreso —a cuya loa nos apuntamos absolutamente todos, porque fue un trabajo concienzudo durante muchos meses—, cada vez que se refería positivamente a ese consenso, empequeñecía la imagen del Senado. En la práctica, usted ha hecho una descalificación del Senado: El Senado no sirve para nada. Ahí ya se había llegado a un consenso, que, por cierto, ustedes han roto aquí. Pero, claro, en el Congreso ustedes tenían una mayoría insuficiente y aquí tienen mayoría absoluta. Eso puede ser actuar por necesidad más que por conveniencia.

Luego nos encontramos con la presentación de estas tres enmiendas que dan luz sobre sus prioridades. Han preferido que el texto vuelva al Congreso de los Diputados aumentando el retraso de dieciocho meses que ya arrastra y el riesgo de penalización de Bruselas por ello, a dejar un cabo suelto en algo tan valioso como es la reforma laboral de 2012 y, en concreto, la destrucción de la jerarquía de convenios. Y no sirve que digan que es una precisión técnica, en absoluto. Estas enmiendas hacen referencia al cumplimiento de obligaciones laborales en los convenios sectoriales, como el criterio de adjudicación, la condición de ejecución y la causa de penalización, y quieren sustituirla por la referencia a los convenios aplicables. Sin embargo, al haber establecido en aquella reforma laboral la jerarquía superior de los convenios de empresa, resulta que un empresario puede hacer su convenio de empresa ajustadito y ¡hala, a contratar sin ningún problema!

Esto no tiene nada de técnico, esto sigue siendo una insistencia en la lamentable reforma laboral, sigue haciendo referencia a la transferencia de rentas de los salarios al capital —que en eso consiste la reforma de la ministra de la primavera del empleo, cuya sombra planea sobre estas enmiendas—, todo ello a costa de seguir incrementando la precariedad laboral. Nos da qué pensar la estrategia del Partido Popular al presentar estas enmiendas en el Senado sin haberlo hecho en el Congreso. Quizá pensaron que allí no hubieran salido y prefirieron machacarlas en esta Cámara para obtener su aprobación en el Congreso a su regreso, donde solo necesitarían una mayoría simple.

En definitiva, clavar la bandera de la reforma laboral en una ley de contratos del sector público es para el Grupo Socialista una especie de trágala que no estamos dispuestos a apoyar. Todo lo contrario. Algunas de nuestras iniciativas, en preparación en el Congreso, van dirigidas a su derogación. Y ya que el texto ha de volver al Congreso, ¿por qué no aprovechamos el billete de vuelta para que incluyan alguna de nuestras enmiendas? Por ejemplo, podrían pronunciarse sobre nuestra enmienda número 91, acerca de la corrupción. Podrían aceptar la inclusión de cláusulas trasversales sobre paraísos fiscales. Podrían hablar también del doble régimen jurídico, que todavía facilita la corrupción en el texto actual... En fin, podrían hablar de una serie de cosas para que el billete no se desaproveche.

En definitiva, la mayor línea roja que plantea el Grupo Socialista, aparte de estas tres enmiendas del Grupo Popular, era inicialmente la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, un contrato que ha vehiculado la gestión de estos servicios. Históricamente es un clásico en nuestro derecho y es perfectamente compatible con la clasificación de procedimientos de la Unión Europea. Esa línea roja no la podemos pasar, porque, además, el informe del Consejo de Estado al anteproyecto ya decía que la supresión del contrato de gestión de servicios públicos y su absorción por el contrato de concesión de servicios no asegura un régimen adecuado para garantizar los principios de igualdad, universalidad y continuidad de los servicios públicos y del interés general.

En definitiva, por lo que ya ha expresado mi compañera al exponer las enmiendas, votaremos afirmativamente aquellas enmiendas que coinciden total o parcialmente con las nuestras: 34 del Grupo Unidos Podemos y una de cada uno de los grupos, del Grupo Mixto —de Esquerra no, porque ha decaído— y del Grupo Parlamentario Vasco. Votaremos no a otras enmiendas que se contradicen abiertamente con nuestros planteamientos, y especialmente votaremos no a la reforma laboral soterrada en las tres enmiendas del Grupo Popular. Por estos motivos, votaremos no al proyecto global.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como ya se ha comentado por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es evidente que estamos debatiendo un proyecto de ley de gran trascendencia para el conjunto de los españoles, un proyecto de ley que regula la realización de obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes que el conjunto de las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos a través de contratos con empresas o con otras entidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellos. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley con una incidencia directa e inmediata sobre la totalidad de los españoles. Se estima que el conjunto de los contratos del sector público español suponen aproximadamente un 20 % del producto interior bruto nacional, una muestra de la trascendencia de la ley cuyo debate nos ocupa.

La ley que hoy se somete al criterio de esta Cámara no es solo un compendio de normas y de procedimientos administrativos de los distintos contratos de las administraciones públicas españolas, que lo es; también es un instrumento para implementar otros objetivos políticos trasversales, en los que creo que coincidimos una amplia mayoría de los miembros de esta Cámara, como son: el desarrollo sostenible; el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad; el escrupuloso respeto a la normativa comunitaria en materia de competencia; la protección de los derechos de los trabajadores; la mayor participación de las pymes en los procesos de contratación pública o el incremento de los criterios de transparencia que, como ustedes conocen, impregnan este proyecto de ley.

Esta ley, como brillantemente ha expuesto el portavoz, senador Javier Fernández González, es fruto de las aportaciones de todos y cada uno de los grupos políticos de esta Cámara, pero también de un buen número de entidades públicas y privadas que en la tramitación en el Congreso de los Diputados y también aquí en el Senado han aportado sugerencias y mejoras al texto de la ley. Esta ley surge, en definitiva, como creo que se ha puesto en valor por la mayoría de los que me han precedido en el uso de la palabra, bajo el sello del acuerdo. Muestra evidente de ese acuerdo, como ya también se ha reiterado por otros portavoces, es el hecho de que se hayan aprobado más del 90 % de las enmiendas que se habían planteado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Y una muestra evidente de ese acuerdo es que en el Congreso de los Diputados se aprobó con ningún voto en contra y una amplia mayoría de votos a favor.

Ese magnífico trabajo previo, como bien ha expuesto el senador Javier Fernández González, hace que, a juicio de este grupo parlamentario, solo sea necesario añadir tres nuevas enmiendas, presentadas por el Grupo Popular por razones técnicas exclusivamente, por razones de seguridad jurídica, por mera legalidad. El proyecto de ley que proviene del Congreso establece en algunos preceptos la referencia para evaluar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el convenio sectorial, así lo hace en el artículo 149 para evaluar una posible baja temeraria; o lo hace en el artículo 202 para establecer las condiciones especiales de ejecución de carácter social; o en el artículo 122, sobre el contenido del pliego de cláusulas administrativas. Entendemos que esta referencia a los convenios sectoriales es errónea y contradictoria con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Estatuto de los Trabajadores que, como ustedes saben, establece la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en algunos ámbitos, y en concreto en el ámbito de los sueldos y salarios. Estaríamos, por tanto, de aprobarse el texto de la ley, de confirmarse la aprobación del texto que procede del Congreso, exigiendo a las empresas adjudicatarias el cumplimiento de un convenio sectorial que en algunos casos no estaría ni siquiera vigente. Señorías, no pretendemos juzgar las bondades del convenio de empresa o del sectorial, solo pretendemos que a las empresas que contraten con la Administración se les exija el cumplimiento de la legalidad, del convenio legalmente vigente. Decimos que no prejuzgamos si ese convenio es mejor o peor para la parte social, porque no necesariamente un convenio de empresa tiene que establecer peores retribuciones para los trabajadores. De hecho, en algunas ocasiones no ocurre así. ¿Qué ocurriría si a una empresa se la obligara a aplicar el convenio sectorial cuando el convenio de empresa establece mejores condiciones para los trabajadores? ¿Habría que obligar a los trabajadores a que renunciaran a parte de su sueldo para poder cumplir con el convenio sectorial? Me parece que es incoherente, del todo injusto y además ilegal. En definitiva, las enmiendas que presenta el Grupo Popular no tienen trascendencia política, sencillamente pretenden aportar seguridad jurídica y evitar la conflictividad.

De hecho, el artículo 100 de la ley que hoy debatimos, a la hora de fijar el precio establece como criterios de referencia los sueldos y salarios que cobren los trabajadores en función del convenio que les sea vigente. Exactamente eso es lo que queremos trasponer al resto del articulado de esta ley. Y los que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que esta ley supone una vulneración de los derechos laborales, sin embargo no han presentado ninguna enmienda a ese artículo 100, que, como digo, toma como referencia el convenio vigente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Por ello, señorías, apelamos de nuevo al consenso y al voto favorable a este proyecto de ley, dado que las enmiendas que se introducen adolecen de contenido político y son de mera legalidad.

Fundamentalmente apelamos al consenso, porque en los objetivos políticos de esta ley estamos esencialmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la contratación pública debe ser un mecanismo para que nuestras administraciones sean más eficientes. Coincidimos en que el precio no debe ser el único criterio para valorar las mejores ofertas. Por eso hemos consensuado que se incluyan otros criterios objetivos de selección, como la calidad. Estamos de acuerdo en que la contratación pública debe ser un instrumento para el fomento y para implementar políticas sociales. Por eso, entre otras medidas, hemos incluido criterios sociales, como condiciones especiales de ejecución, criterios de solvencia o criterios para deshacer empates en ofertas similares. Igualmente, todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en que hay que favorecer el acceso de las pymes a la contratación, y por eso hemos incrementado los mecanismos de protección a las empresas subcontratistas, implementando incluso la posibilidad, por primera vez en el ordenamiento jurídico comunitario, de que la propia Administración asuma los pagos a las empresas subcontratadas en caso de impago por parte de la empresa principal; o se favorece, en sentido contrario a lo que establece la actual legislación de contratos, la posibilidad de contratar por lotes determinados grandes proyectos, con lo cual se facilitará, indudablemente, el acceso de las pequeñas empresas a las licitaciones públicas. También estamos de acuerdo en el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente, y por eso proponemos la exigencia de certificados de gestión ambiental como criterios de solvencia para contratar.

Señores de Podemos, estamos absolutamente de acuerdo en que hay que reforzar los mecanismos de control y transparencia. Por eso apoyamos la creación de una oficina de supervisión de la contratación como instrumento de refuerzo a los vigentes mecanismos de control. Consideramos también pertinente reducir los umbrales que facultan a la Administración a llevar a cabo contratos menores, pasando de 50 000 a 40 000 euros en el caso de los contratos de obras y de 18 000 a 15 000 euros para el resto de contratos.

Sería bueno, señores de Podemos, que esa doctrina que tienen ustedes sobre la falta de transparencia y el abuso de los contratos menores se la hicieran llegar no solo al resto de parlamentarios, sino también a aquellos alcaldes del cambio en aquellos municipios en los que están gobernando. Por ejemplo, la señora Colau, en el año 2016, el 95 % de los contratos que hizo los llevó a cabo de manera directa, a dedo —como ustedes suelen calificarlos—. (Aplausos). Por ejemplo, la señora Carmena ha incrementado un 115 % los contratos menores, los contratos directos, los contratos dados a dedo —como ustedes los denominan— en el ámbito de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. Por eso, señores de Podemos, prediquen con el ejemplo y hagan lo que deben hacer.

Además, les voy a decir una cosa, señores de Podemos, en cuanto a la corrupción. El Partido Popular condena todas y cada una de las acciones de corrupción que se hayan llevado a cabo en el ejercicio de la función pública por todos y cada uno de los políticos. Además, no le quepa a usted la menor duda, señor Martínez, de que todos y cada uno de los políticos que hoy están siendo investigados o encausados por cuestiones de corrupción lo son por leyes que han sido aprobadas con el voto favorable de parlamentarios del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. (Aplausos). Pero con la misma intransigencia que estamos contra la corrupción, estamos también a favor de la presunción de inocencia, y no es justo que usted esté aquí insinuando e imputando la comisión de delitos a personas que no tienen la condición de investigados, porque el señor Sanz, para estar investigado, tendría que haber recibido el permiso de esta Cámara; y no lo está; está en una presunta investigación policial. Como le he dicho, con la misma fortaleza con la que apoyamos la lucha contra la corrupción, apoyamos también la presunción de inocencia.

Señorías de Podemos, se les está acabando el mantra de los recortes, se les ha acabado el mantra de la crisis económica y en breve se les va a acabar también el mantra de la corrupción.

En definitiva, señorías, solicitamos el apoyo para esta ley transcendente para el conjunto de la ciudadanía, porque existe un amplio consenso, como se ha puesto en valor por parte de la mayoría de los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, pero sobre todo, porque en momentos convulsos como el actual tenemos que ser capaces de transmitirles a los ciudadanos que los políticos no solamente discutimos, debatimos y argumentamos y confrontamos, sino que también cuando hablamos de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos somos capaces de sentarnos en una mesa, somos capaces de proponer y llegar a acuerdos y de buscar soluciones para los problemas que realmente afectan a los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Votación). 622/000009 GPPOD

El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de determinados preceptos del Real Decreto 2/2015.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 87; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de determinados preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000004 Hacienda y Función Pública

El señor PRESIDENTE: A continuación, sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley que acabamos de debatir de contratos del sector público.

Comenzamos votando, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 24; en contra, 199; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 22; en contra, 150; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 81; en contra, 145; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 144; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 22; en contra, 145; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista han decaído al no haber sido defendidas durante el debate.

Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 78 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 31; en contra, 144; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 142; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana han decaído.

Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votamos, en primer lugar, las números 10 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 28; en contra, 146; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la 11, 13, 16, de 19 a 21, 27 a 30, 32, 33, 38, 39, 51, 55, 57 a 59, 61, 62, 64, 69 y 74 a 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 12, 15, 31, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 65, 70 y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 23; en contra, 151; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 14, 45, 48 y 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 88; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 17, 18, 26, 34, 42, 53, 66 y 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 208; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 202; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos de la 23 a la 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 23; en contra, 145; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 81, 82, 92 a 97, 99, 101, 102, 114, 115, 118 a 122, 124 a 133, 135 a 139, 141, 143, 144, 148, 149, 153 a 164, 166 a 183, 185 a 205, 207 a 217, 219 a 223, 225 a 228.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 79; en contra, 151; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 83 a 90, 103 a 112, 116, 117, 123, 147 y 218.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 59; en contra, 151; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 91 y 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 77; en contra, 143; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 98, 134, 140, 142, 146, 150 a 152, 165 a 206 y 224.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 59; en contra, 171; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 147; en contra, 65; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 145; en contra, 58; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000005 Sanidad y Servicios Sociales

El señor presidente da lectura al punto 6.2.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la senadora De Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Buenas tardes, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 7 de septiembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 13 de septiembre de 2017. Y a este proyecto de ley se presentaron un veto y treinta y siete enmiendas, de las cuales se retiró la número 1. Las restantes se distribuyen de la siguiente forma. Veto número 1, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; enmienda número 22, de la senadora Yaiza Castilla Herrera, del Grupo Mixto;enmiendas 28 a 37 del Grupo Parlamentario Nacionalista; enmienda 27 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 7 a 21 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; enmiendas 2 a 6 del Grupo Parlamentario Socialista y enmiendas 23 a 26 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia ha estado formada por las senadoras doña Yaiza Castilla Herrera, del Grupo Mixto, doña Elisabet Abad Giralt, del Grupo Parlamentario Nacionalista, doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco, doña Anna Azamar Capdevila, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el senador don Ignacio Bernal Lumbreras, del Grupo Parlamentario de Podemos, la senadora doña María Perla Borao Aguirre, del Grupo Parlamentario Socialista, el senador don Ricardo Luis Gabriel Canals Lizano y la senadora doña María del Carmen Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular.

Esta ponencia se reunió el día 21 de septiembre para informar del citado proyecto de ley. La ponencia acordó la incorporación al texto remitido por el Congreso de los Diputados de las enmiendas números 23 a 26 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, las enmiendas números 2 y 4, con excepción de la mención de las letras h) y n), como consecuencia de la retirada simultánea de la enmienda número 3, las enmiendas 5 y 6, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda número 22, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo, acordó incorporar la enmienda número 20, presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 40.2 con la supresión simultánea del párrafo segundo del artículo 39.2. Finalmente, acordó por unanimidad de los ponentes presentes, la supresión del inciso: «por el empresario», en el aparatado l) del artículo 29.2. El mismo día 21 de septiembre se reunió la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley, sin introducir modificación en el informe emitido por la ponencia.

Han presentado votos particulares a dicho dictamen el Grupo Parlamentario Vasco, manteniendo la enmienda número 27 y el Grupo Parlamentario Nacionalista, manteniendo las enmiendas números 28 a 37.

Con lo expuesto queda resumida la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo en relación con el Proyecto de Ley de consumo que esta tarde vamos a debatir. Solamente me queda agradecer a la letrada de la comisión, doña Isabel María Abellán Matesanz y a todos los ponentes de los distintos grupos parlamentarios la labor realizada.

Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora De Aragón.

En el debate de totalidad ¿hay alguna intervención?

Para un turno a favor del proyecto, tiene la palabra la señora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero saludar a la directora ejecutiva de la Aecosan, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, doña Teresa Robledo, y también a la subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor, doña Milagros Yagüe, que nos acompañan aquí esta tarde. (Rumores).

Quiero agradecerles y felicitarles por el proyecto de ley que han remitido, tanto al Congreso como a esta Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

A ver si podemos guardar silencio, si no, es imposible continuar.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Y que transmitan la felicitación a todo su equipo.

El Partido Popular, y, en especial, nuestro grupo, vienen a defender hoy el Proyecto de Ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Es un proyecto de ley que garantiza a todos los consumidores de la Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos o de litigios entre consumidores y empresarios.

Este proyecto de ley tiene que dejar claro que va a suponer un alto nivel de protección para los derechos de 46,6 millones de consumidores que tiene nuestro país, y, además, va a dejar claro cuál es el instrumento para ejercer cada uno de estos derechos, porque en ocasiones los consumidores conocemos nuestros derechos pero no sabemos muy bien cómo podemos llevarlos a cabo.

Este proyecto de ley es una transposición de la Directiva 2013/11 de la Unión Europea, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, dictaminada de forma absolutamente excelente por la comisión, ya que de los 26 votos posibles, contó con el sí de 24 votos, 1 abstención y solo 1 voto en contra.

Este proyecto de ley se ha enriquecido con 68 enmiendas y dos correcciones técnicas, de las cuales 58 se aprobaron en el Congreso de los Diputados y 10 se han incluido en la Ponencia en esta Cámara, en el Senado. Estamos convencidos de que la aportación del Senado a este proyecto de ley ha sido muy interesante y deja clara la importancia del Senado a la hora de mejorar los proyectos de ley. Además de esto, este proyecto de ley es muy respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y creemos que es muy bueno para el cien por cien de los consumidores españoles.

El proyecto de ley tiene 45 artículos, 3 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones finales, y además, como he dicho anteriormente, establece todos y cada uno de los requisitos que deben tener las entidades que van a resolver los litigios entre los consumidores y los empresarios. Fija también cuál va a ser el procedimiento de acreditación de estas entidades, cuáles son sus obligaciones, garantiza el conocimiento de forma permanente de los consumidores sobre cuáles son las características de estas entidades, y nombra como autoridad competente para las acreditaciones a nivel nacional y como punto de contacto de la Unión Europea a la Aecosan. Para los usuarios de la banca, tendrán esta competencia tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y en cuanto a los usuarios de los transportes aéreos, el Ministerio de Fomento.

Los consumidores y los usuarios de servicios van a poder resolver tanto conflictos de carácter nacional como de carácter transfronterizo, porque afectará a todos los consumidores de la Unión Europea, y deja claro cuáles son los instrumentos para defender los derechos de los consumidores, así como la seguridad que van a tener los empresarios en la resolución de estos conflictos. Aporta algo muy importante, a nuestro entender, y es que el plazo de resolución extrajudicial de estos conflictos es de noventa días. Imagínense si comparamos estos noventa días con lo que se tarda en estos momentos en resolver cualquier conflicto que llega a los tribunales.

Este proyecto de ley garantiza, además, la independencia, la imparcialidad, la transparencia, que sean rápidos y justos cada uno de los procedimientos de resolución de estos litigios, y algo que consideramos muy importante, que es completamente gratuito para todos y cada uno de los consumidores.

En las páginas web, tanto de la Aecosan como de las empresas acreditadas para resolver estos litigios, tienen que figurar la mayor parte de los requisitos y, sobre todo, de los datos que interesen a los consumidores. Hay en esta ley, como les decía al comienzo de mi intervención, un respeto muy escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas y se ha incorporado vía enmiendas, en este caso del Partido Socialista, y con el incremento y la aportación del Gobierno y del Partido Popular, en cuanto a los usuarios de las compañías aéreas, que cuando se produzca la resolución de un litigio con los consumidores su resolución debe ser vinculante para las compañías aéreas, y en cuanto a los usuarios de las entidades financieras, esta ley se compromete a que el Gobierno, en el plazo de ocho meses, traerá un proyecto de ley para avanzar en la mejora de la protección de todos los usuarios y los consumidores en materia financiera.

Es muy importante tener clara una cosa, que era obligado transponer la directiva correspondiente de la Unión Europea, y es que toda la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado se ha logrado con el máximo consenso y hemos mejorado el proyecto de ley de forma muy interesante en el Senado.

Se había presentado un veto, de Esquerra Republicana de Cataluña, que no se defendió ni en comisión, ni en la Ponencia ni en el Pleno, por tanto, ha decaído; tendrían poco interés en hacerlo.

Antes de terminar, además de pedir el voto favorable de todos los grupos presentes en la Cámara, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista y, especialmente, a la senadora Borao, su amabilidad, su receptividad y las aportaciones que ha hecho su grupo a este proyecto de ley; también al Grupo Mixto y, especialmente, a la senadora Castilla y al senador Marcos, sus aportaciones; al grupo Podemos y, especialmente, al senador Bernal, por lo receptivo y por sus aportaciones al proyecto de ley; y al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, en concreto, a la senadora Ahedo, también por sus aportaciones.

Sin más, les pido el voto favorable a este proyecto de ley porque entendemos que va a mejorar mucho la vida de los 46,6 millones de españoles, que consumidores que somos todos.

Buenas tardes, y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Riolobos.

¿Algún senador más desea intervenir en este debate a la totalidad? (Denegaciones).

Pasamos, entonces, al debate de las enmiendas, números 28 a 37, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDECAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

¿Algún senador quiere intervenir? (Pausa).

Entonces, decaen estas enmiendas.

Pasamos a defender la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos y a todas. Mi grupo presenta una sola enmienda a este proyecto de ley que no fue aprobada en comisión, pero en la que voy a perseverar, porque, aunque pueda pecar de ingenua, la voy a explicar una vez más, porque es lógica y fácil de aceptar.

Se trata de una enmienda a la disposición final primera referida al título competencial. El señor Canals, portavoz en ese momento del Partido Popular en la comisión, dijo: No encuentro en esta ley nada que parezca menoscabe las competencias de las comunidades autónomas en ningún momento. Esta es una cita literal. La señora Riolobos también acaba de decir en su intervención hace un momento que es una ley respetuosa con las competencias.

El anteproyecto de esta ley obviaba de manera absoluta tanto a las comunidades autónomas como sus competencias, y obviaba claramente la arquitectura institucional y competencial del Estado. El proyecto que ahora presentan vela por los derechos de los consumidores y usuarios, y esto, señoras y señores, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de lo establecido en el artículo 10.28 del Estatuto de Gernika. Es cierto —y no vamos a negarlo— que con determinadas enmiendas en el Congreso y transacciones esta cuestión se subsanó en parte, pero la enmienda que nosotros presentamos hoy es simplemente una salvaguarda, dado el espíritu con el que nació la ley. Y fíjense, señorías, que no sustituimos, simplemente, añadimos. No negamos la competencia exclusiva del Estado en una ley de procedimiento pero queremos que quede claro que en las leyes procedimentales hay aspectos que pueden afectar a cuestiones materiales, y aparecen cuestiones conexas en esta ley también. Y lo que no queremos es que se pueda cuestionar en algún momento la capacidad de regulación que, en este caso, le corresponde a Euskadi.

Simplemente, con este sentido de salvaguarda, sin menoscabar todo lo demás, lo que propone nuestra enmienda es que a la disposición final primera que dice que la presente ley se dicta sobre la base de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme a las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española —y creo que lo hemos argumentado claramente— se añada: «y sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden a las Comunidades Autónomas en materia de protección y defensa de los consumidores y usuarios».

Espero que haya sido capaz de convencerles.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ahedo.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Canals.

El señor CANALS LIZANO: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora, este proyecto de ley llegó a esta Cámara con un amplio consenso, fruto del esfuerzo realizado por los diferentes grupos políticos en el Congreso, pero también con un amplio consenso en todos los debates y en la ponencia del trámite parlamentario. En el Congreso fueron una amplia mayoría las enmiendas aceptadas. El 50 % de todas las que se presentaron fueron incorporadas directamente o bien a través de alguna transacción y no solo eso, sino que la votación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso se aprobó con 35 votos a favor y solo 2 en contra. Por lo tanto, llegaba aquí con una amplia mayoría.

En el Senado ha seguido esta misma trayectoria. Se presentó, como ya se ha citado antes, un veto y 36 enmiendas. El veto decayó en ponencia porque el grupo proponente no compareció. En los trabajos de la ponencia se incorporaron un número muy grande de enmiendas; se incorporaron las que había presentado el propio Grupo Popular, las del Grupo Socialista —hay que agradecer al Grupo Socialista que retirara la última enmienda que les quedaba, que considerábamos que no aportaba un gran valor, pero agradecemos sinceramente que la hayan retirado en bien del consenso y de poder aprobar este proyecto de ley por la totalidad o la casi totalidad de la Cámara—, las del Grupo Parlamentario Mixto, fundamentalmente las de la señora Castilla, y la enmienda número 20, del Grupo de Unidos Podemos. En estos momentos quedan 2 votos particulares: el del Grupo Parlamentario Vasco, que ha defendido la senadora Ahedo, y el del Grupo Parlamentario Nacionalista, que como no ha comparecido, decae.

La senadora del Grupo Vasco ha citado literalmente lo que yo dije en la comisión y tengo que volver a citar literalmente lo que dije en aquel momento: Este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que es la regulación procesal. En ningún momento habla de competencias de las comunidades autónomas. Lo leí detenidamente entonces y lo he vuelto a leer y no encuentro en ninguna parte de este proyecto de ley, ni en la exposición de motivos ni en el articulado, algo que vaya en menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, senadora, sinceramente creo que no es necesaria esta enmienda. Le rogaría que la retirara porque no es necesaria. Están contempladas perfectamente las competencias de las comunidades autónomas. Por consiguiente, si no la retira, le anuncio que no podremos aceptarla.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Canals.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto va a intervenir alguien? (Asentimiento).

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Voy a ser muy breve. Como miembro de la ponencia, quiero agradecer a todos los compañeros de todos los partidos el consenso y el buen clima de trabajo que hemos tenido en la ponencia y la aceptación de las enmiendas de los diferentes grupos, incluido el mío. Vamos a votar a favor de este proyecto de ley porque es de obligado cumplimiento la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español y porque tiene muchísimas cosas positivas que ya expuse en la comisión y que doy por reproducidas en este momento. Por tanto, tienen el voto favorable de la Agrupación Socialista Gomera.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Estamos ante un proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva de la Unión Europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Es importante dotar de este instrumento a los consumidores para que de forma eficaz y gratuita puedan defender sus derechos. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre el hecho de que en todo el texto no se hace mención alguna a las oficinas municipales de información al consumidor, las OMIC, que tienen personal con los conocimientos especializados necesarios que les permite comprender las implicaciones jurídicas del litigio, como exige la directiva y con una larga experiencia en mediación.

Para la efectividad de los deseos expresados en la directiva europea y dada su cercanía física a los administrados, las OMIC deberían tener un papel expreso como entidades de resolución alternativa idónea y apta para ejercer dichas funciones.

Por ello, junto al Plan de ayudas a la gestión de las juntas arbitrales de consumo previsto en la disposición adicional tercera, habría sido necesaria una disposición adicional cuarta en términos similares, con el objeto de facilitar a las oficinas municipales de información al consumidor el cumplimiento del plazo de resolución previsto en el artículo 20 y acceder a la acreditación europea. No hacerla lleva al absurdo de que quienes por ser administraciones públicas y cumplen mejor que nadie los principios de objetividad, independencia, integridad, imparcialidad, transparencia, efectividad, rapidez y justicia que la directiva exige al sistema de resolución alternativa de litigios, están excluidos de servir como entidad de resolución alternativa y, sin embargo, se aceptan arbitrajes privados, incluso promovidos en el seno de las propias organizaciones empresariales y dependientes de las empresas, con el único requisito de tener presupuesto independiente, como si el presupuesto no fuese sufragado por la empresa o la asociación profesional en la que la empresa se encuadra.

También nos parece incongruente, si no absurdo, que en el artículo 11 del proyecto legislativo se prevea que los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores y en el artículo 29.2.g) se exija que, para acreditar a las entidades de resolución alternativa, deberán dirigir su solicitud de acreditación a la autoridad competente que corresponda y esta deberá contener necesariamente las tarifas que, en su caso, se aplican a los consumidores.

Como en Foro nos parece muy importante y necesario que esta trasposición entre en vigor, pero hemos querido dejar constancia de una oportunidad perdida para poner en valor las OMIC, votaremos sí a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista no interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias otra vez, señor presidente.

Debatimos un proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE. Según la señora Riolobos ha tenido una tramitación excelente. Mire, se tramita por el procedimiento de urgencia, siempre con prisas, y otra vez tarde, porque si no me equivoco, el plazo para la transposición de esta directiva venció hace casi dos años y medio, en el año 2015, algo que de todos modos es habitual porque ¿cuántas más van con retraso? ¿Unas 20 o así? Podríamos recordar incluso algunas multas.

Se hace tarde y, además, en muchas ocasiones se hace mal, porque ¿cuántos procedimientos sancionadores hay en marcha? ¿Casi 20 también? España encabeza el ranking en causas abiertas por conflicto entre las legislaciones nacional y comunitaria y por atrasos en trasposición obligada de la normativa europea. Un top ten. Todo un motivo de orgullo.

Además, con la urgencia, el debate en el Senado ha sido escaso. En el punto anterior, el senador Rubio Ruíz decía que lo que otro grupo comentaba suponía una descalificación del Senado. Mire, yo no sé si para ustedes el Senado vale mucho, poco o nada, pero aun entendiendo y reconociendo el gran trabajo que se ha desarrollado en el Congreso, de manera que nos han traído una ley que podríamos llamar mascada, no deja de ser curioso que aquí, en el Senado hayamos dedicado 45 minutos, más lo que nos lleve hoy —es decir, menos de 2 horas—, para debatir sobre un tema tan importante como la regulación de las garantías que permitan a los consumidores el acceso voluntario a la resolución alternativa de los conflictos, al margen de los procedimientos jurisdiccionales. Así que, en vez de ser una Cámara de segunda lectura, parecemos una Cámara de corrección de errores, y eso siendo generosa. Pero vamos a lo que vamos.

Este proyecto de ley nació con un espíritu totalmente centralista, como estamos muy acostumbrados pero tenemos que estar al tanto cada vez que presentan alguna, y —ya lo he dicho en mi anterior intervención— obviaba absolutamente a las comunidades autónomas y sus competencias. Eso fue especialmente flagrante, por el sistema centralizado y único de acreditación de entidades de resolución alternativa. Menos mal que es cierto —y lo reconocemos— que en el Congreso hubo un duro trabajo de debate y un esfuerzo de consenso que consiguió transaccionar determinas cuestiones para que algunas quedasen solventadas.

Yo no voy a reproducir discursos en este momento, por un lado porque no tengo tiempo y, por otro, porque no quiero aburrir al personal; ni tampoco voy a explicar los pormenores de la ley, porque entiendo que todos ustedes la han estudiado y, además, han escuchado a la señora Riolobos que ha hecho verdaderamente una muy buena exposición. Voy a ir a lo importante. Con esta ley se avanza en la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Es una ley que va a ofrecer procedimientos de resolución alternativa, sujetos a criterios de independencia, imparcialidad, transparencia, efectividad, rapidez y justicia. La verdad es que para nosotros no es algo nuevo, porque llevamos años y años con procedimientos de mediación, es algo a lo que estamos acostumbrados aunque no tengamos legislación al respecto.

Evidentemente, desde nuestro punto de vista el proyecto podía ser mejorable, de hecho, lo hemos enmendado. Y, señor Canals, no lo vea como empecinamiento, pero vamos a mantener la enmienda. Consideramos que esta ley ya viene tarde y, tratándose de un tema de defensa de derechos, no la vamos a retrasar más, y lo fundamental: tiene suficiente importancia por ese avance en derechos. También valoramos el consenso conseguido en el Senado. Creemos que tiene trascendencia en el día a día de la ciudadanía. Por esa razón, incluso con las reticencias que le estamos poniendo y con la enmienda no aceptada, nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ahedo.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). No interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

El Grupo Unidos Podemos ha presentado un paquete de enmiendas a esta ley. Una de ellas —como ya se ha comentado— ha sido para corregir un error de redacción y las otras están destinadas sobre todo a mejorar aspectos concretos que afectan a diferentes temas o actores dentro de estos litigios en materia de consumo. Unas están destinadas a las relaciones y litigios entre trabajadores y pymes; otra es sobre autónomos; y otra, sobre la temporalidad del proceso de litigio, la desestimación y poder dar marcha atrás en el inicio de un proceso. Coincidimos con la senadora Ahedo, hemos presentado también una enmienda sobre las competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bernal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidente.

Señorías, reitero que hoy, casi fuera de tiempo, iniciamos el debate de un proyecto de ley por la que se traspone al ordenamiento jurídico español una importante directiva europea sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Considero que es un día importante para todos, como consumidores y como defensores de los derechos de los ciudadanos a los que representamos, porque se trata de avanzar en los derechos de los consumidores. Esta normativa abre cauces para la resolución no judicial de los litigios nacionales y transfronterizos. Esto es importante, porque no basta con que las leyes reconozcan nuestros derechos, sino que, además, hay que establecer cauces adecuados para que los consumidores podamos hacer valer esos derechos y que son imprescindibles, por otra parte, para que las entidades de resolución cumplan los requisitos de imparcialidad y transparencia establecidos en esta normativa y para que sean efectivas, rápidas y justas.

Así pues, el Partido Socialista, como partido de gobierno, ocupado y preocupado por la protección de los consumidores, ha desarrollado leyes de forma responsable desde esa primera Ley de consumo de 1983, que fue paradigma en Europa del sistema alternativo y del desarrollo del sistema arbitral de consumo, todo en aras de garantizar y respetar los derechos de los consumidores, por lo que todo aquello que suponga seguir avanzando nos parece una buena noticia y siempre lo vamos a apoyar. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista se ha implicado muy especialmente en este proyecto de ley.

Recibimos hoy aquí un proyecto de ley muy mejorado gracias a ese trabajo y a esa implicación de los diferentes grupos parlamentarios. Quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo del equipo técnico y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Gracias a un grupo de trabajo en el que tomaron parte expertos y personas afectadas por estas leyes, el proyecto se enriqueció de manera importante y avanzó en los derechos de los consumidores.

Cuando este proyecto de ley llegó al Congreso, verdaderamente no ofrecía grandes aportaciones dignas de ser loadas. La lectura evidenciaba la falta de sensibilidad del Gobierno del Partido Popular con los consumidores. Por ejemplo, proponía tasas para la resolución alternativa de litigios, que impedían la gratuidad y la universalidad de estos procedimientos. Tras presentar sendas enmiendas, se consiguió mejorar estos aspectos y que fueran incluidas la gratuidad y la universalidad. Señores del Partido Popular, esto de la universalidad y la gratuidad les produce reacción inmunitaria o de rechazo. Ustedes intentaban excluir cuantías por debajo de 30 euros, que representan el 90 % de todas las reclamaciones, o por encima de 10 000. Nosotros consideramos que este sistema tiene que ser universal y que, por tanto, no ha de encontrar limitación por razón de la cuantía reclamada.

También hubo que mejorar lo relativo a la acreditación de las entidades de resolución de litigios. Ustedes pretendían permitir que en la acreditación de estas entidades participaran personas pagadas por el empresario reclamado. Salvo Francia, ningún país europeo ha llevado esta directiva hasta esos términos. Aquí no existe tradición. Pensamos que no podemos apartarnos del criterio seguido por los Estados miembros y creemos que esto dará más confianza a los consumidores que viajan, a los que compran online o a los que realizan diferentes transacciones en los mercados de la Unión Europea, lo que resulta además muy beneficioso para la economía de todos los Estados miembros. Por otra parte, esta medida también es necesaria para garantizar la independencia de las entidades de resolución alternativa de litigios.

Otro aspecto importante era acortar el plazo de resolución a 90 días, pero ustedes lo querían hacer sin ayudar a las juntas arbitrales con una dotación suplementaria que lo hiciera posible. Mediante ese trabajo parlamentario fue posible conseguir que se dotara conveniente a las juntas arbitrales.

También es muy importante destacar los dos grandes avances que se han conseguido gracias a ese trabajo parlamentario: la obligatoriedad de adhesión de las entidades financieras y, muy especialmente, de las compañías aéreas a participar en los procedimientos de estas entidades de resolución alternativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora BORAO AGUIRRE: Se trata de un hito histórico que nos afecta a todos, además, en el caso de las compañías aéreas es de aceptación obligatoria y carácter vinculante.

Por lo tanto, dentro de la responsabilidad y del consenso, nosotros votaremos a favor de este proyecto de ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Borao.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar contestar de una forma muy rápida a los senadores de los diferentes grupos parlamentarios que han intervenido. En primer lugar quiero agradecer a la senadora Castilla sus aportaciones y también el voto a favor que ha anunciado. Por otra parte, quiero tranquilizar a la senadora Domínguez de Posadas, de Foro, porque, aunque es verdad que las OMIC han realizado históricamente una labor extraordinaria en materia de protección de los consumidores en nuestro país, y todos somos conocedores de la labor que siguen haciendo, en este proyecto de ley se contempla que tiene que haber una aportación extraordinaria para el funcionamiento de las juntas arbitrales de consumo. El Gobierno de España incrementó en el Proyecto de presupuestos de 2017 —y me imagino que en el de 2018— un 26,83 % la aportación, precisamente para apoyar a las juntas arbitrales y a las organizaciones de consumidores, especialmente a las OMIC. Como usted sabe, en la vigilancia del fraude en los mercados, para evitar prácticas abusivas y garantizar la calidad y la seguridad, además de las entidades que va a aportar esta nueva ley, las juntas arbitrales y las organizaciones de consumidores vinculadas a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas han realizado a lo largo de la historia una labor extraordinaria, a las que nuestro Gobierno va a seguir apoyando sin ninguna duda. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Quiero agradecer las aportaciones de la senadora Ahedo y decirle que es verdad que la trasposición de la directiva llega tarde, pero tienen que entender que hemos vivido un año histórico con la celebración de dos elecciones, lo cual ha retrasado todo el procedimiento de trasposición de la directiva. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y, en este sentido, el nivel de consenso es tan importante como para hacer que esta ley salga prácticamente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y sea una ley de todos, y no solo una ley presentada por el Gobierno y defendida por el Partido Popular.

Y le sigo diciendo lo que mi compañero Canals: de verdad creemos que este proyecto de ley garantiza las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas. Además, usted sabe que el Gobierno de España, aparte de defender los derechos de los consumidores y de poner todos los instrumentos que sean necesarios para que los puedan ejercer bien, ha sido siempre súper escrupuloso en la coordinación con las comunidades autónomas y lo va a seguir siendo, porque entendemos que en materia de consumo la labor que han hecho y seguirán haciendo las comunidades autónomas es imprescindible para garantizar los derechos de esos 46,6 millones de consumidores que tiene nuestro país.

Quiero agradecer al senador Bernal sus aportaciones y mi agradecimiento también a la senadora Borao, pues comparto gran parte de las cosas que ha dicho en su intervención. Esta es una ley modificada en gran parte con enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y estamos convencidos que va a ser una ley de todos los grupos parlamentarios y no solamente del Gobierno.

Quiero decirles también que, aparte de esta nueva ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo y de quién puede hacerlos, el Gobierno de España tiene claro que la formación, la educación y la información de los consumidores es vital. En este sentido se va a seguir apoyando de forma decisiva a todas las asociaciones de consumidores, que eso es muy importante, y van a seguir funcionando como hasta ahora una serie de instrumentos que están trabajando en beneficio de los consumidores y de quienes creo que habría que hablar bien aquí en esta Cámara: en primer lugar, el Centro Europeo de Consumidores; el Observatorio de Internet, para garantizar la protección de todos los usuarios de este nuevo instrumento; la Agencia Española de Protección de Datos; el Instituto Nacional de Ciberseguridad; y todas las asociaciones de consumidores, especialmente el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios y, cómo no, la Aecosan, que viene desarrollando año tras año una labor espectacular en materia de protección de los consumidores.

Por lo tanto, nos felicitamos y agradecemos a los grupos que esta ley salga con este grado de consenso. Es una ley de todos y para todos esos 46,6 millones de consumidores que tiene nuestro país.

Muchísimas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas, mejor dicho, de la enmienda, porque las enmiendas del Grupo Nacionalista han decaído al no haber sido defendidas. Queda, por lo tanto, viva la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Vasco, que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 28; en contra, 195; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 225; en contra, 1; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 224; en contra, 2; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores).

Guarden silencio, señorías.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. 621/000003 Interior

El señor presidente da lectura al punto 6.2.3. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Interior, el senador González, por tiempo de cinco minutos. (Rumores).

Guarden silencio, señorías.

El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, el 12 de diciembre de 2016 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. El objetivo de este proyecto es asegurar la correcta aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre la comercialización y la utilización de determinadas sustancias y mezclas químicas que constituyen precursores de explosivos y pueden utilizarse indebidamente en su fabricación ilícita.

Con diversas modificaciones, la Comisión de Interior del Congreso aprobó el proyecto de ley en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017. En el Senado tuvo su entrada y fue publicado el día 8 de junio de 2017. Se abrió un plazo de enmiendas que, tras su ampliación, expiró el pasado día 26 de junio y en el que se presentaron 20 enmiendas.

La Comisión de Interior designó la oportuna ponencia con la representación de todos los grupos parlamentarios para informar el proyecto, que quedó formada por la señora Abad Giralt, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; por el señor Castellana Gamisans, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; por el señor Comorena Estarellas, en nombre del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; por el señor Gallastegui Altube, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; por los señores García Mañá y Gavira Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; por el señor Iñarritu García, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto; y por la señora Pérez Díaz y el señor Pérez Lapazarán, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. A todos ellos quiero agradecerles su trabajo y el alto grado de consenso obtenido en la tramitación del proyecto de ley.

La ponencia, en su reunión del pasado 11 de septiembre, emitió el correspondiente informe con la incorporación de determinadas enmiendas transaccionales. Por su parte, la Comisión de Interior, en su reunión de 21 de septiembre, acordó aceptar como dictamen el informe emitido por la ponencia, introduciendo determinadas modificaciones propuestas en el transcurso del debate. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 26 de septiembre de 2017.

Termino con el reconocimiento y el agradecimiento al letrado de la Comisión de Interior, don Eugenio de Santos Canalejo, y a todo su equipo por el trabajo y la asistencia que nos han prestado.

Nada más.

Señor presidente, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González.

Pasamos al debate de totalidad.

¿Alguien desea intervenir en el turno a favor? (Denegaciones).

¿Algún senador quiere hacer uso del turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra. Por lo tanto, no hay turno de portavoces.

Pasamos al debate del articulado.

En primer lugar, las enmiendas —de la 1 a la 4— del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

¿Algún señor senador desea defenderlas? (Pausa). Como no las defiende nadie, se entienden decaídas.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda número 12.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una enmienda a la disposición adicional cuarta con la intención de reconocer a la Comunidad Autónoma del País Vasco como punto de encuentro nacional y para intentar que las comunicaciones de transacciones, sustracciones y desapariciones se hagan al órgano autonómico competente sin perjuicio de los mecanismos de interconexión. Por tanto, esta enmienda creemos que enriquece la ley y distingue las competencias de los cuerpos de Policía autonómica.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado las enmiendas de la 5 a la 11.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Estamos ante una ley que traspone una directiva y que, por tanto, es de obligada traslación y cumplimiento. No obstante, nuestro grupo presenta una serie de enmiendas —siete en concreto— que creemos que mejoran el texto de la ley y plantean algunas correcciones técnicas. Brevemente procederé a su defensa.

La primera enmienda, la número 5, viene a corregir el plazo máximo de validez de la licencia, que en el proyecto original es de un año. La directiva permite que sea hasta tres y nosotros entendemos que ese período máximo de validez de un año puede ser renovable por iguales períodos hasta un máximo de tres años. Ello nos permitiría que hubiera una menor carga administrativa al no tener que estar solicitando la licencia cada año, sino simplemente cada tres años, si se procediera a una renovación. En la comisión la portavoz del PP nos decía que esta enmienda no cambiaba nada, pero sí que cambia, la diferencia es tener que estar renovando cada año o cada tres.

Respecto a las enmiendas números 6 y 11, entendemos que para manejar los datos de los solicitantes se necesita su consentimiento previo por una cuestión de interpretación de la Ley Orgánica de protección de datos, sin que la Administración utilice un consentimiento tácito por el mero hecho de que se haya realizado la solicitud. Creemos que es una garantía para el ciudadano y no una carga burocrática. Es curioso que, en el caso de la enmienda número 5, se nos diga que supone una carga burocrática y que en esta, donde hablamos de garantías, se esgrima que no porque supondría una carga burocrática. Encontramos contradicción en la posición de rechazo de estas enmiendas.

La número 7 también se refiere al artículo 6.2. Hay que tener en cuenta que aquellos particulares europeos procedentes de otros países no tienen por qué estar incluidos en los registros nacionales. Por ello, puede parecer razonable que el particular procedente de un país de la Unión Europea pueda aportar la documentación necesaria a fin de hacer efectiva dicha autorización.

La enmienda número 8, simplemente, pretende mejorar el texto. Habla de que los operadores económicos deben crear y mantener un libro de registro, que es la forma técnica en la que se debe nombrar. Creemos que facilitaría la comprensión si se permitiese, asimismo, el término que realmente se pretende del contenido del texto.

La enmienda número 9 es de adición y la planteamos porque es consecuente con que la ley exija que se incorpore a los planes de formación de los agentes de la autoridad y de las fuerzas y cuerpos de seguridad la instrucción necesaria para el ejercicio de estas funciones, toda vez que estamos tratando elementos complejos que pueden cambiar como son los precursores de explosivos. Creemos que es positivo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan acceso a esta formación y que esto se regule en la ley.

La enmienda número 10, también de adición, viene por la trascendencia actual de internet en el uso y difusión de explosivos caseros. Si bien no resulta literal del Reglamento comunitario, parece pertinente incluir una referencia a esta problemática toda vez que las prescripciones de este proyecto de ley no hacen referencia a los canales ilegales de disponibilidad de precursores explosivos. Se nos decía también en la comisión que no resultaba necesario, desde un punto de vista de técnica normativa, pero a nosotros sí que nos parece necesario que quede bien claro en la ley las actividades de formación y las unidades de investigación especializada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 14, 16, 18 y 19.

Para su defensa, tiene la palabra el senador García Mañá,

El señor GARCÍA MAÑÁ: Gracias, señor presidente.

Señorías, dos comunidades españolas, Madrid y Cataluña, han quedado marcadas por la tragedia inhumana del terrorismo yihadista. En el metro de Madrid se utilizaron explosivos industriales; en Cataluña, en Alcanar, se usaron otros explosivos que, como saben, se pueden elaborar a partir de sustancias que no han sido fabricadas para tal fin y que deberían ser usadas con fines domésticos principalmente. Sin embargo, en este último caso, sobre la base de esos productos y ciertas mezclas se llamó a la muerte o madre de Satán, como ellos denominan al compuesto TATP, con la clara intención de llevarla a otros lugares de la tierra catalana, donde debería actuar con su guadaña. Afortunadamente no fue así y se confirmó segando la vida de algunos de quienes la invocaron.

Por eso es oportuna esta Ley de precursores de explosivos, que viene con retraso, señorías, y cuyo proyecto estudiamos en la Comisión de Interior de esta Cámara después de haber sido ya tamizada en el Congreso de los Diputados. No obstante, se trata de un proyecto de ley que puede ser mejorado, y de hecho lo fue en su formulación, y ahí radica la razón de las enmiendas que el Grupo Socialista en el Senado ha presentado tanto en la ponencia como en la propia comisión.

De las ocho enmiendas que el Grupo Socialista propuso, ya han sido aceptadas cuatro con matices e incorporadas al proyecto del texto normativo, algo que nosotros agradecemos a todos vivamente. Las otras cuatro han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular pese a que, como se ha dicho, solo buscaban dar mayor coherencia y precisión al texto legal en línea con el dictamen del Consejo de Estado. Así pues, deseamos mantener vivas a título de voto particular las enmiendas números 14, 16, 18 y 19.

Introducir por vía de enmienda en el Congreso el pago de una tasa —así figura en el artículo 6— no nos parece acertado por parte del Gobierno, ya que se incumple materialmente el artículo 26, apartado 3 d) y e), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que regula el procedimiento a seguir para el trámite prelegislativo; procedimiento que no se ha seguido en este caso, y ya ha advertido el Consejo de Estado que faltaba el impacto, la evaluación, la aplicación, los efectos y su encaje en la legislación vigente, el test Pyme y la identificación de cargas administrativas; todos estos elementos no se han tenido en cuenta.

Respecto al artículo 14, parece adecuado que las sanciones a particulares sean inferiores a las previstas para los operadores económicos. Salvo en el tramo alto de las muy graves, las sanciones son idénticas y por ello proponemos una reducción.

En la enmienda 18, de modificación, proponemos que en materia de infracciones muy graves —artículo 16— sea el ministro del Interior y no el secretario de Estado de Seguridad la autoridad sancionadora. Esta modificación también la apoya el dictamen del Consejo de Estado, ya que nada justifica que el segundo sea más ágil y eficaz que el ministro.

En lo que tiene que ver con la prescripción en ningún momento se justifica la determinación de un plazo arbitrario, por lo que el Consejo de Estado hace una observación al respecto y nuestro grupo, en sintonía, propone en una enmienda la reducción a 4 años, 2 años y uno del tiempo de prescripción de las sanciones del artículo 17, según sean muy graves, graves o leves.

Cuando sea una realidad esta Ley de precursores de explosivos podremos evitar dar facilidades a la acción criminal de los acólitos de la muerte, porque los componentes pueden ser adquiridos con cierta facilidad.

Señorías, como representante de nuestros ciudadanos y de nuestros territorios, no podemos permitirnos ser pasivos en este momento. El Partido Socialista, a través de nuestro grupo, no desea ni más retrasos ni más dudas respecto a este Proyecto de Ley de precursores de explosivos; solo hemos querido mejorarlo, porque una vida que salvemos ya justifica esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Mañá.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Pérez.

La señora PÉREZ CASTILLEJA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los grupos de la Cámara que vayan a votar a favor, ya que sin duda entre todos hemos contribuido a dar a nuestro país la primera norma estatal que va a regular de manera específica la comercialización y utilización de sustancias, mezclas o productos que puedan ser utilizados para la fabricación ilícita de explosivos, lo que redundará en mejorar no solo la seguridad del mercado, sino, fundamentalmente y lo que es más importante, la seguridad de todos los españoles y de todos los ciudadanos que residan o visiten España.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en primer lugar, plantea que la licencia, en vez de tener validez durante un año, sea renovable hasta un máximo de tres años. Señor Comorera, sinceramente, le reitero lo mismo que le dije en la comisión: esto no va a cambiar nada porque la utilización de precursores de explosivos por particulares es excepcional y, por tanto, los controles de las condiciones para obtener la licencia serán igualmente rigurosos y la carga administrativa será idéntica, tanto para la concesión anual como para la renovación, porque en este caso, igualmente, habría que comprobar que se cumplen los requisitos.

También plantean la necesidad de recabar el consentimiento previo de los solicitantes de licencia para la comprobación de los datos de los ficheros a que se refiere el artículo 6. Señoría, convendrá conmigo que ese consentimiento previo conllevaría necesariamente pedirle su autorización, más carga burocrática e interrupción del tiempo para la concesión, y todo ello, además, sin aportar ninguna otra medida de seguridad. Por tanto, y toda vez que la ley hace constar de manera expresa al particular solicitante que ante una solicitud se consultarán los citados ficheros, su negativa a que se consultasen esos datos daría lugar a dudar de su honorabilidad y a la denegación de su solicitud. Por eso, entendemos que no cabe introducir un trámite considerado ciertamente como innecesario.

En tercer lugar, proponen que los operadores económicos deban crear y mantener un libro de registro específico. Señoría, si bien esta medida podría resultar conveniente e incluso práctica para los pequeños comerciantes, no sería así para las grandes empresas con un número de ventas mucho mayor. Y como la actual redacción permite no solo que el registro sea realizado en cualquier formato, papel u otro soporte duradero, sino que incluso permite que las empresas puedan utilizar los registros a los que vienen obligadas por razones económicas o tributarias con la adición de otros datos que este registro en particular requiere, estimamos que su propuesta supondría otra carga burocrática más para los operadores económicos.

E igualmente proponen ustedes que se incorporen a este proyecto de ley las actividades de formación en precursores de explosivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la creación de unidades de investigación especializadas, y reitero la misma posición que mantuvimos en la comisión. Desde un punto de vista de técnica normativa, estimamos que no resulta necesario ni conveniente recoger lo que otras normas específicas ya contemplan, como son la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad, la Ley de enjuiciamiento criminal, la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, etcétera.

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en relación con la disposición adicional cuarta, senador Gallastegui, la designación de un único punto de contacto nacional, así como su exacta ubicación, está plenamente justificada porque el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ya tiene establecidos mecanismos de coordinación para todas las fuerzas de seguridad, de tal forma que, una vez se recibe la comunicación de un operador económico sobre una transacción sospechosa, se trata el caso como si fuese ya un hecho delictivo y se traslada la información a un cuerpo de seguridad competente para su comprobación e investigación; en este caso, se trasladaría bien al cuerpo de seguridad que la siga o bien al cuerpo de seguridad que corresponda por razón del lugar del domicilio del cliente. Por tanto, señoría, al estar ya en marcha las actividades para el control de precursores de explosivos por inercia de la Secretaría de Estado de Seguridad, no nos parece oportuno reproducir en una ley los mecanismos de coordinación e intercambio de información que ya están establecidos.

Y por cuanto se refiere al acceso de los cuerpos de policía autonómica a los datos de concesiones de licencias en los registros de transacciones comerciales, debo decirle que los primeros son de carácter personal y se cederán conforme esté previsto legalmente en los casos de consultas puntuales ante casos justificados y que los segundos son de acceso directo en virtud de los preceptos previstos en el propio proyecto de ley.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista nos propone eliminar la exigencia del pago de una tasa por la expedición de licencia para la adquisición, posesión, uso e introducción de precursores de explosivos en España. Señorías, esta tasa está plenamente justificada para resarcir al Estado de los costes que supondrá introducir en el documento soporte de la licencia ciertas medidas de seguridad; medidas absolutamente justificadas por la trascendencia que tiene para la seguridad pública que el poseedor tenga con esa licencia libre acceso a sustancias químicas restringidas con las que puede fabricar explosivos y cometer atentados terroristas. Coincidirán conmigo, señorías, senador García Mañá, que no es de recibo que toda la Unión Europea articule medidas de control en el comercio y en la utilización de precursores de explosivos con el fin último de evitar atentados terroristas y luego resulte que el permiso o licencia para poder adquirirlos sea un documento que pueda ser falsificado sin dificultad.

Tampoco podemos compartir la reducción del importe de las sanciones a los particulares. Al ser una ley solo de ámbito administrativo, entendemos que la tipificación de conductas peligrosas debe ser lo suficientemente fuerte para que cause en el posible infractor el suficiente impacto de forma que su relación con los precursores de explosivos no esté exenta de tensión, ya que es en los particulares donde reside el mayor riesgo de desvío efectivo hacia la fabricación ilícita de explosivos.

También insisten ustedes en que la imposición de sanciones ante infracciones muy graves sea competencia del ministro del Interior. Entendemos que la elevación de la competencia sancionadora al ministro atentaría contra los principios generales del derecho administrativo, sobre todo, contra los de competencia y eficacia administrativa. Y no solo porque es en el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad en quien recae directamente la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones del grupo, todas las acciones del Gobierno encaminadas a velar, asegurar y garantizar la seguridad pública general, sino también porque ello supondría una dilación permanente en la resolución de los correspondientes procedimientos.

Termino ya. Tampoco estimamos la necesidad, como su grupo propone, de asemejar los plazos de prescripción de las sanciones a los reseñados en la Ley 4/2009, de control de precursores de drogas, cuando estamos hablando de dos leyes distintas que protegen bienes jurídicos distintos.

En definitiva, señorías, el Grupo Popular se opone a las enmiendas defendidas en este plenario por los grupos de la Cámara, reiterándoles el agradecimiento inicial por el voto favorable a este proyecto de ley cuyo fin último es mejorar la seguridad de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro celebra que entre las prioridades del Gobierno esté la seguridad de los españoles, de los que aquí residen y de los millones de turistas que recibimos. Sin duda, este proyecto de ley viene a robustecer nuestra seguridad, la seguridad de todos.

Los últimos acontecimientos acaecidos en Las Ramblas de Barcelona por la barbarie terrorista que nos sigue acechando nos obligan a armarnos frente al terror con las leyes, que son las armas que usamos los demócratas para blindar nuestra seguridad, para ser más libres y hacer más libres a las generaciones venideras.

Evidentemente, no es la primera vez que se legisla sobre explosivos, pero sí es la primera vez que se legisla sobre precursores, sustancias químicas que permiten construir artefactos letales con un simple tutorial de Internet. La iniciativa parte de un plan de acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad en el que España ha participado activamente contra el terrorismo y del cual emanó el Reglamento del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos; de aplicación directa en España, ya lleva aplicándose desde 2014.

La normativa europea deja a los Estados miembros la regulación libre de algunos de sus aspectos, y es precisamente esto lo que hoy debatimos. En lugar de prohibir terminantemente, España ha optado por un sistema de licencia. Se ha optado por que los particulares la obtengan previamente a la adquisición, tenencia, uso o introducción en España de una cantidad; desde su expedición, tendrán el plazo de un año para la comercialización de estas sustancias precursoras de explosivos, y será expedida por el secretario de Estado de Seguridad. Los operadores estarán obligados a llevar un registro, al mantenimiento de la documentación relativa a estas transacciones por el plazo de cinco años y a comunicar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado las sustracciones, pérdidas o robos sospechosos. Además, la norma incluye un régimen sancionador para los incumplimientos. Por eso tiene rango de ley, para dar cumplimiento al artículo 25 de la Constitución, que establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o sanción administrativa, según la legislación vigente del momento.

Quiero destacar que este proyecto de ley es producto de la reflexión y del consenso con el sector, que pudo hacer sus alegaciones en el trámite de audiencia pública, que entró en el Congreso de los Diputados consensuado con los operadores económicos y que fue mejorado por las agrupaciones de algunos grupos parlamentarios en el plazo de presentación de enmiendas. Las fuerzas políticas han mejorado el texto, trabajando por nuestra seguridad, porque cuanta más seguridad tengamos, menos miedo habrá y más libertad tendremos. Por eso, Foro va a votar sí a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente.

Sentimos que el Grupo Popular no haya aceptado nuestra enmienda, que, como hemos dicho en el turno de defensa, enriquece el contenido de la ley. Pero, como no estamos en contra de la ley, el Grupo Vasco votará a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.

Las constantes amenazas terroristas han obligado a los países europeos a trabajar en políticas y en normas que prevengan y neutralicen estas amenazas. Y esta es la razón del Reglamento de la Unión Europea, es decir, constituir un mecanismo de coordinación entre los Estados y controlar las transacciones económicas que diariamente se suceden en nuestros países y en las que se ponen a disposición de particulares sustancias y mezclas que pueden ser utilizadas para la fabricación de explosivos de forma ilícita.

Este mecanismo incluye normas armonizadoras sobre introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos; sin embargo, es necesaria la aprobación de una ley por cada Estado para que pueda aplicarse correctamente, por ejemplo, las normas que regulan la concesión de licencias a personas particulares para la adquisición y uso de precursores de explosivos, así como lo relacionado con el régimen sancionador ante el incumplimiento de tal normativa.

Mi grupo parlamentario, a pesar de que no se hayan admitido nuestras enmiendas, va a apoyar la ley y las medidas que sirvan para perseguir el terrorismo —no podía ser de otra manera—, siempre que estas garanticen y respeten el Estado de derecho y no lo recorten y se encaminen a la búsqueda de la paz y la seguridad, así como que la aplicación de estas normas no abriguen una doble intención de recortar derechos con el objetivo de luchar contra el terrorismo en el ámbito europeo. Por tanto, entendemos que es importante que se lleve a cabo esta normativa que es consecuencia de una obligación de la Unión Europea y que puede servir para mejorar y reforzar el Estado de derecho y, consecuentemente, para combatir el terrorismo.

Los precursores, como hemos dicho, son sustancias de uso legal, pero, mezclados con otras, sirven tanto para procesar droga como para fabricar explosivos; es el caso de la acetona, utilizada para fabricar el triperóxido de triacetona, más conocido como la madre de Satán. Lo único que cabe lamentar es que con un Reglamento de 2013 aún no hayamos sido capaces, en 2017, a pesar de que se podía haber hecho, de controlar la venta de estos productos, evitando, quizás, trágicos sucesos recientes. Esperemos que con esta ley el Gobierno se ponga las pilas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García Mañá.

El señor GARCÍA MAÑÁ: Gracias, presidente.

Señor presidente, señorías, la vida es el soporte biológico no solo del individuo sino de la especie, sobre ella descansan todos los demás valores de que el hombre es portador. Esto lo decía un profesor mío de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Complutense. Si tenemos en cuenta esta aseveración, podemos considerar que el yihadismo trata de eliminar nuestros valores.

Resulta demasiado frecuente que el terrorismo yihadista aproveche el espacio de libertad y de derechos humanos de que gozamos para imponer violentamente su dinámica de terror y de odio. Nuestra respuesta no puede ser quedar paralizados por la tragedia. El Estado debe responder con la fuerza que le otorga nuestra sociedad y la razón de la ley, porque la ley, señorías, es la única forma posible de vencer a la sinrazón. Luchamos así contra quien utiliza con fin terrorista un explosivo, armas de fuego de todo tipo, un vehículo, un cuchillo o un martillo, acometiendo, como cobardes ángeles de la muerte, a confiados ciudadanos de cualquier condición o edad.

El informe del Gobierno de 2016 remitido a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ya advertía que el terrorismo yihadista continuaba y era imprevisible. Lo es, es imprevisible, efectivamente, pero la captación de información y los análisis de inteligencia para evaluar y prevenir riesgos terroristas son el fundamento sobre el que hay que articular la respuesta a ese enemigo imprevisible, y debemos hacerlo con agilidad y eficacia.

España no puede perder la fuerza del pacto de Estado contra el terrorismo. Nuestro país ha de colaborar para neutralizar el desafío global. El mundo entero está sufriendo los zarpazos de esos criminales y hay que cooperar así, internacionalmente, luchando en todos los frentes. Hay que atacar la financiación del yihadismo, sus espacios virtuales y físicos, los de propaganda y publicidad y otros muchos. La respuesta al yihadismo se ha de producir en todos los espacios posibles, también en esta Cámara. La triste experiencia nos reafirma en la decisión de armar al Estado con leyes, como este Proyecto de Ley de precursores de explosivos. La evidencia la hemos tenido en Alcanar, pero hemos de hacer una crítica. Llegamos ya con cierto retraso respecto al mandato normativo del Reglamento de la Unión Europea de 2013, puesto que la norma europea es de aplicación a los Estados miembros desde el 1 de septiembre de 2014, y debía haberse sumado antes este nuevo instrumento jurídico de precursores de explosivos a otros, también útiles, de nuestro corpus jurídico, penal y administrativo.

Por desgracia, ciertos precursores de explosivos han estado al alcance de cuantos desalmados quisieron utilizarlos, aprovechando su fácil comercialización; después, solo debían seguir algunas indicaciones extraídas de internet o de la información facilitada por distintos medios. Un ejemplo es el de una revista de Al Qaeda, cuyo nombre no diré, que dedica parte de su contenido a proporcionar ideas a los lobos solitarios sobre cómo cometer atentados aislados.

El yihadismo ya nos ha mostrado lo que puede llegar a ser. Ahora solo queda vencerle con una acción inteligente, analítica y preventiva del Estado. Señorías, a través de las leyes, las leyes del Estado, e instituciones debemos atacar el problema del yihadismo. El principio que fundamenta el derecho a defenderse, la legítima defensa contra un agresor injusto posee un reconocimiento universal por tener su razón de ser en el instinto de conservación del individuo y, por extensión, de todo el cuerpo social, de todos los ciudadanos.

Por ello, el Grupo Socialista en esta Cámara anuncia que votará a favor del Proyecto de Ley de precursores de explosivos. Lo haremos por responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Mañá.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde finalizar este turno de intervenciones en el Senado en relación con el Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos, y quiero decir algo en lo que creo que todos coincidiremos: que todo lo que afecta a la seguridad, a garantizar el mayor grado de protección a la ciudadanía, a la mayor protección de las personas y todas las medidas que se tomen con esos objetivos deben hacerse con el mayor consenso posible.

El Partido Popular considera que la política de seguridad nacional debe ser una política de concordia y que se construya teniendo como base el diálogo y el consenso. Esta ley afecta a un tema tan sensible como es la seguridad de todos, y como afecta a la garantía de vivir en una sociedad más segura, hemos procurado consensuar y dialogar, tanto en el Congreso como en el Senado, para hacer una buena ley. Hemos pretendido llegar a acuerdos en lo básico para que saliera una ley de todos y para todos, sin que con ello se pueda considerar una ley de unos o una ley de otros. Creo que así lo hemos entendido los ponentes de todos los grupos.

La ley que hoy votaremos tiene que ver, como se ha dicho aquí, con productos que podrían afectar a la seguridad como consecuencia de poder construir explosivos, lo que hace necesario mejorar todo lo que afecta al control de todas esas materias. Mejorando el control de esas materias ganaremos en poder vivir en una sociedad más protegida frente a aquellos que pretenden alterar la convivencia, una convivencia pacífica que hemos visto alterada en los últimos años con gravísimos atentados. Y como esos atentados y las razones que los justifican afectan a la seguridad, esta se encuentra amenazada por ese mundo del terror.

Los últimos acontecimientos terroristas ocurridos en nuestro país y en otras partes del mundo y la permanente amenaza que acecha a nuestros países nos obliga a abordar y regular todo aquello que pueda influir en alterar nuestra seguridad. Y tener más protección es el objetivo que persigue este proyecto de ley, que, como se ha puesto de manifiesto por los portavoces que han hablado anteriormente, pretende trasponer una directiva europea sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos. Ya se ha dicho lo que son los precursores de explosivos: sustancias que están en el mercado y que podrían utilizarse indebidamente para fabricar explosivos. Ante esta realidad, la Unión Europea, teniendo en cuenta sus planes de acción, ha elaborado unas normas que pretenden armonizar la puesta a disposición, la introducción, la posesión y la utilización de esas sustancias y nos traslada la necesidad de mejorar nuestra legislación con el fin de regularizar la libre circulación en el mercado de esas sustancias y mezclas químicas que se pueden utilizar, como se ha dicho, para hacer explosivos. Y suprimir, en la medida de lo posible, las distorsiones de la competencia, pero garantizando siempre el más alto nivel de seguridad.

Pero, como ha dicho aquí la portavoz de Foro Asturias, la norma europea contiene una serie de previsiones por las que se hacía necesaria la aprobación de una norma en nuestro país con rango de ley, para que con ello se pudiera permitir una más correcta aplicación de todas estas medidas del reglamento europeo. Precisamente, como decía ella, uno de los principales contenidos y exigencias de la norma europea consistía en el establecimiento de un régimen sancionador, por lo que el imperativo de la Constitución —el artículo 25.1— exigía que la trasposición del reglamento tuviera la condición de ley. Y eso es lo que hemos hecho en la ponencia y en la comisión: una ley que pretende garantizar a los operadores económicos el máximo grado posible de armonización con aquel reglamento, y con ello ser el instrumento jurídico más adecuado para regular la comercialización y utilización de esas sustancias en nuestro país y garantizar el correcto seguimiento de esos productos con la adecuada comunicación sobre las transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministro y uso de ellos. Siempre, reitero, con el objetivo de dificultar la fabricación ilícita de explosivos y mantener esa seguridad. Por tanto, es una ley importante que con este trámite y el consiguiente en el Congreso de los Diputados concluirá su tramitación.

En nombre de mi grupo parlamentario quiero agradecer a los ponentes su trabajo, al igual que el de la asesoría y el letrado Eugenio de Santos. Termino, señor presidente. Creo que con esta ley damos cumplida respuesta a una exigencia en una materia que persigue blindar nuestra seguridad, seguridad que es la garantía de nuestra libertad; y las democracias deben mantenerse unidas para ello y habilitar todos los medios para evitar atentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de someter a votación las enmiendas, les informo de que se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos, menos por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que tiene un alcance estrictamente técnico. Es prácticamente una corrección de errores, por lo que entiendo que no debe someterse a votación, pero sí que estén todos informados.

Al no haber sido defendidas, las enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista han decaído.

Por tanto, vamos a comenzar votando la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 30; en contra, 201; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos, en primer lugar, las enmiendas números 5 y 6 y 8 a 11.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 24; en contra, 207; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 29; en contra, 202; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 14, 16, 18 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 80; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos, a continuación, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 229; en contra, 1; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



REQUERIMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN TRATADO INTERNACIONAL

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. 751/000001 GPPOD

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la solicitud de requerimiento, tiene la palabra la senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias, presidente.

Buenas tardes. Arratsalde on. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora VILLANUEVA RUIZ: El Acuerdo Económico Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estado miembros, por otra, el comúnmente llamado Acuerdo CETA, se encuentra en este momento en proceso de ratificación en las Cortes Generales, en el proceso de que esta Cámara lo ratifique.

Una vez que este tratado vio la luz, debido al impacto que podía tener sobre el tejido productivo, sobre la calidad del empleo, sobre la desigualdad, sobre la seguridad alimentaria... (Rumores). Señor presidente, por favor.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Muchas gracias.

Decía que, debido al impacto que el tratado podía tener sobre el tejido productivo, sobre la calidad del empleo, sobre la desigualdad o sobre la seguridad alimenticia y medioambiental, hubo un clamor en la sociedad civil organizada, y más de 2300 entes municipales, varios parlamentos regionales y autonómicos, las principales centrales sindicales de nuestro país, asociaciones de productores, ganaderas, campesinas, jueces, fiscales, pymes o ecologistas han pedido su paralización. En nuestro país, ocho parlamentos autonómicos se han mostrado contrarios a la ratificación de estos acuerdos per se; son los de Cataluña, País Valencià, Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid, Extremadura, Illes Balears y Navarra, que han instado al Gobierno central a que diera información y llevara a cabo estudios propios de impacto. Diferentes líderes y Estados europeos han mostrado también sus dudas a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, Bélgica ha solicitado, nada más y nada menos que al Tribunal de Justicia Europeo, máximo ente responsable, que se pronuncie sobre el tratado. Y está a la espera de su resolución. Por otro lado, el Senado de Italia ha solicitado otro aplazamiento para la ratificación del tratado y, debido al debate que se estaba dando, se ha pedido una discusión más amplia sobre el tema y se ha creado un grupo interparlamentario para debatirlo.

En cualquier caso, no tenemos ninguna duda de que en esta Cámara hay diferentes versiones y diferentes visiones sobre el acuerdo, sus beneficios y sus peligros, pero hoy no son el objeto de debate. Hoy lo que queremos saber es si respeta o no la Constitución y la soberanía de nuestro país. Hoy traemos aquí la petición de un informe previo de constitucionalidad. Pedimos información adicional antes de hacer un pronunciamiento en esta Cámara. Pedimos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y el CETA. El artículo 95.2 de la Constitución española atribuye al Tribunal Constitucional la doble tarea de preservar la Constitución y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y la estabilidad de los compromisos que contrae España en el orden internacional. Con este procedimiento, como intérprete supremo de la Constitución, el tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y el tratado, cuyo texto, ya definitivamente fijado, no ha recibido aún el consentimiento del Estado.

El Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre el proceso. La falta de documentación emitida, como el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, hace que los parlamentarios y parlamentarias no tengamos información suficiente para poder pronunciarnos respecto de los tribunales de arbitraje que contiene el tratado. Por un lado, cuando hablamos sobre si cumple o no la constitucionalidad, hablamos sobre si el contenido asegura los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos. Pero, por otro —algo fundamental también—, estamos hablando sobre si cumple la Constitución y atenta o no contra nuestra soberanía.

Hay dos artículos del tratado que nos preocupan especialmente en este sentido. Uno de ellos es el artículo 8, que habla de los tribunales de arbitraje, que se plantean como un sistema alternativo a la jurisprudencia de cada país. Es un sistema de jurisprudencia propio del tratado. Pondré un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. Si un agricultor con una parcela quisiera litigar contra Monsanto en el tribunal de arbitraje, no podría hacerlo porque la gratuidad para los particulares no está garantizada en el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que la igualdad ante un tribunal recogida en nuestra Constitución es, en este caso, de dudoso cumplimiento. Es más, este tribunal de arbitraje solo proporciona a las grandes empresas transnacionales y a los inversores extranjeros la posibilidad de demandar a Estados. Por ejemplo, señorías, pensemos en el cambio de las primas en energías renovables de 2010, 2012 o 2013. España tiene actualmente una demanda de más de 33 casos. Pues bien, las empresas vascas o navarras, que son punteras en el sector de las renovables, no podrían presentar demandas a estos tribunales de arbitraje. Sí podrían hacerlo las empresas internacionales y transnacionales, porque solo son para inversores extranjeros, pero nunca para empresas nacionales. Por tanto, hay una desigualdad frente a la ley que debería ser revisada por el Tribunal Constitucional.

Nos preocupa el artículo 8, como digo, y nos preocupa igualmente el artículo 26, sobre la cooperación reguladora, que establece un mecanismo sin ningún tipo de control público. No hay ningún control público de lo que hace esta institución. Es una comisión que, a expensas del tratado, puede regular actualmente todos los estándares de la vida económica y de protección de los diferentes consumidores. Puede regular cualquier materia objeto del tratado sin pasar por los parlamentos nacionales y ni siquiera por el Parlamento Europeo. Esto, desde luego, no parece muy compatible con el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. También sería necesario, pues, un informe de constitucionalidad sobre esto.

El propio Tribunal Constitucional dice que el artículo por el cual se pide un informe previo sirve para evitar la perturbación que en política exterior y en las relaciones internacionales del Estado implicaría la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma tras su ratificación y entrada en vigor. El Tribunal Constitucional debe valorar, por tanto, si el contenido del CETA implica una cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

Señorías, aunque en esta Cámara haya quien defienda este acuerdo, por respeto al Estado de derecho, por respeto a la salud democrática de nuestras instituciones, les pedimos que no obstaculicen lo que hoy traemos aquí: el estudio previo de su contenido ante el Tribunal Constitucional. Primero, determinemos si está sujeto a derecho o no, y luego debatamos entre todos sus consecuencias. Pero sin el primer paso nunca vamos a poder garantizar que estemos legislando de acuerdo con los derechos vigentes. Por esa razón, les pido el voto favorable a este requerimiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Villanueva.

Pasamos al turno en contra. (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. (Rumores).

Perdón, en turno en contra, tiene la palabra el senador Pérez Ortiz.

El señor PÉREZ ORTIZ: Gracias, presidente.

No me daba la palabra y, naturalmente, no iba a tomarla por mí mismo.

El señor PRESIDENTE: Dos veces se la he dado. (Risas).

El señor PÉREZ ORTIZ: Gracias, presidente. Intervendré con brevedad.

Señorías, si inverosímil, si inaudita es la propuesta que hoy trae a esta Cámara el Grupo de Podemos, sinceramente, más inverosímil me parece la intervención de la señora Villanueva. Ayer ya expliqué profusamente a mi grupo parlamentario el posicionamiento y el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular. Y es que estamos convencidos de que el acuerdo del Reino de España y la Unión Europea con Canadá es extraordinariamente beneficioso para los intereses generales de la Unión y para el conjunto de todos los españoles. Ustedes pretenden cambiar el sistema; ustedes pretenden cambiar el modelo; ustedes pretenden cambiar la dinámica de los tratados internacionales que han dado prosperidad y riqueza a España y a toda la Unión Europea. Ya ha habido un debate previo al respecto en el Congreso de los Diputados, como usted ha dicho, señoría, pero la Unión Europea es el mayor espacio de prosperidad económica del mundo en este momento y nosotros apostamos por una Unión Europea fuerte y unida frente a la realidad que usted ha trasladado aquí, que no es, ni muchísimo menos, lo que realmente subyace en los mercados.

Señorías, los puestos de trabajo de 31 millones de personas de la Unión Europea dependen de las exportaciones fuera de nuestro territorio, fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué poner en riesgo algo que está funcionando perfectamente en la Unión Europea? ¿Por qué no tenemos respeto al comercio justo, como dice el tratado? ¿Por qué no tener respeto a los derechos sociales, a la legalidad internacional? El acuerdo es de 100 000 millones de euros en exportaciones y, de manera directa, nosotros planteamos un modelo con el resto de países. Por cierto, señora Villanueva, sabe usted que todos los países miembros han aprobado este proyecto por unanimidad; todos los países miembros. Es cierto que ustedes votaron en contra. Hubo dos votos contrarios: de los 750 eurodiputados que hay en Bruselas, votaron en contra los cinco que tienen ustedes y Le Pen, con la extrema derecha francesa. Esos son los que votaron en contra de este proyecto. (Aplausos). El resto votó absolutamente a favor.

El debate que hoy traemos aquí no es solo de grandes cifras, es un debate ideológico; eso es lo que subyace, señoría, detrás de lo que usted nos ha estado comentando. Nosotros queremos libertad, nosotros queremos progreso, nosotros queremos relaciones fluidas y solventes con países democráticos, generar riqueza y empleo. No queremos modelos anticuados, modelos antiguos, modelos arcaicos. Ya sabemos perfectamente lo que ocurre en los países donde esos modelos se llevan a cabo, y para muestra un botón. En este momento, en lo concerniente a España, este acuerdo, el CETA, tiene un valor añadido; beneficia al sector pesquero, beneficia al sector agroalimentario… ¿Conocen sus señorías el efecto que tiene en el sector farmacéutico español y los cientos de millones de euros que va a suponer este proyecto, este convenio, este tratado con Canadá? Esa es la clave. ¿Saben cuánto empleo va a generar en todo el territorio español? Usted ha omitido una a los sectores industrial, textil, de calzado, de maquinaria, de productos electrónicos, que también están incluidos, señoría. Pero usted no los ha puesto encima de la mesa.

Dicho esto, estamos en condiciones de asegurarles que no hay el más mínimo riesgo jurídico para lo que hoy quiere apoyar el Grupo Popular. Entre otras cosas, porque los tribunales a los que usted ha hecho mención están haciendo un trabajo ya que desde el 21 de septiembre —como usted sabe— se ha puesto provisionalmente en marcha. Al mismo tiempo, según el procedimiento, el artículo 8.36 del CETA, que usted ha citado, establece que hay audiencias públicas, que en caso de litigio los Estados siempre tendrán que dirimir sus propias responsabilidades. Y no vamos a dejar unas circunstancias al socaire de cuestiones externas, que es lo que usted tampoco ha querido plantear aquí. Por cierto, tal y como está en este momento la situación, ante todas esas consideraciones, les decimos que resulta paradójico que a quienes están cuestionando constantemente la Constitución española ahora se les llene la boca desde esta tribuna al apelar a la Constitución y defender los derechos para defender al Gobierno de España. Eso es lo que no es tolerable hoy en el Senado. (Aplausos). Eso es lo que no es tolerable. Defienda la Constitución en toda su extensión, no lo que a usted realmente le interese o le interese al Grupo de Podemos. No nos van a dar gato por liebre, señoría. Lo siento, no va a colar; no cuela. Lo van a intentar, lo intentan, hacen sus esfuerzos, pero, sinceramente, le aseguro que eso es muy difícil. Nosotros vamos a seguir luchando y trabajando para que este tipo de proyectos, que son buenos para la Unión Europea y para España, puedan salir adelante.

Y le voy a hacer una reflexión en nombre de mi grupo y de mis compañeros, porque ya llevamos un tiempo más que prudencial en esta Cámara en esta legislatura. Yo me pregunto —y muchos españoles, también— cuándo, en vez de poner palos en las ruedas, van a traer ustedes un solo proyecto, una sola iniciativa a esta Cámara o al Congreso de los Diputados para generar riqueza y empleo para España o para la Unión Europea. ¿Cuándo van a traer ese proyecto a esta Cámara? (Aplausos). Porque todavía no han traído ni uno solo, ni uno. Y explíquennos esas fórmulas mágicas, esas fórmulas magistrales que ustedes tienen; a lo mejor podríamos poner alguna en marcha si fuera buena y saludable.

No ejerzan más ese populismo rancio que no beneficia a nada ni a nadie. Nosotros no queremos tener proyectos que sean perniciosos para la Unión Europea o para nuestra nación. Nosotros, señores de Podemos, no podemos compartir esos modelos políticos que traen miseria y pobreza a los países donde ustedes detentan el Gobierno. Queremos estar muy cerca de países modernos, de países democráticos, de países libres, como Canadá. No queremos trabajar ni hacer proyectos con otros países donde no hay libertad ni para poder hablar, como hoy usted y yo estamos haciendo en esta Cámara.

Y termino mi intervención con tres brevísimas reflexiones. En primer lugar, la firma del CETA es positiva para España y para la Unión Europea, por eso no podemos aceptar bajo ningún concepto esta propuesta. En segundo lugar, creemos que, en efecto, es inverosímil y es la primera vez en la historia que viene a esta Cámara. Y en tercer lugar, tengo que decirle que, tal y como está la situación en este momento político, que naturalmente es importante, nosotros, frente a populismos, frente a lo antiguo, frente a lo rancio, frente a lo decimonónico, nos apuntamos al carro de la modernidad, del progreso, de la democracia y de la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Ortiz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Señoría, le anuncio de entrada que los tres senadores de Ciudadanos votaremos en contra de este requerimiento al Tribunal Constitucional, y lo hacemos porque creemos que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá es un buen tratado. A nuestro modo de ver, el CETA tiene grandes ventajas: elimina la mayor parte de derechos de aduana, es decir, menos burocracia, menos barreras y menos dificultades para los exportadores de la Unión Europea. Con el CETA muchos trabajadores de la Unión tendrán oportunidades de trabajar en un país aliado como Canadá y permite que las empresas comunitarias puedan presentarse a concurso abierto por el Gobierno canadiense. Se refuerza la innovación y los productos originarios de la Unión Europea; además, con este acuerdo nuestros productos tendrán mayor protección frente a la piratería y la falsificación. Por último, pero no menos importante, se promueve el crecimiento sostenible, que es compatible con el crecimiento laboral y económico. Por lo tanto, todos los que estamos comprometidos con el medioambiente tenemos motivos para apoyar este acuerdo, porque es un avance para la ciudadanía europea y porque creemos que el talento y la competencia harán mejor a Europa.

Señorías de Podemos, respetamos que su grupo parlamentario se posicione en contra, pero no comprendemos que no estén a favor del progreso, a favor de la competencia, a favor de la innovación y a favor de la globalización. Sinceramente, no lo entendemos.

Finalizo, presidente. El CETA es un buen tratado para España, para Europa y para Canadá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Ha sido bastante curioso que el partido seguramente más corrupto que haya existido en España —ustedes— (Protestas.— Aplausos) nos den a los demás clases de constitucionalismo. Ustedes, que vulneran continuamente la Constitución, nos tienen que dar clases a nosotros. Hablan de palos en las ruedas quienes usan los palos contra la clase trabajadora. ¿De qué nos tienen que dar ustedes clases a nosotros? Ustedes, que llevan al Tribunal Constitucional el Estatut d’autonomia de Catalunya, nos dicen que esto no lo podemos llevar. Ustedes, que llevaron el matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional, ¡qué poca vergüenza que tienen y qué poca memoria que tienen! Ustedes, el partido más corrupto de occidente (Protestas), que directamente han llevado al Tribunal Constitucional la comisión de investigación al partido más corrupto de occidente, ¿nos tienen que decir que un tratado como este, que tiene serias dudas de constitucionalidad, no lo podemos llevar al tribunal? ¡Qué poca vergüenza que tienen, por Dios! (Aplausos). ¿Pero sabe qué? Lo peor de esto es que nadie estaba sorprendido. Las plataformas que están alertando de que es un tratado letal para nuestra economía ya sabían lo que eran ustedes. Porque ustedes, ¿para quién trabajan? Trabajan para las grandes empresas, trabajan para la Gürtel, trabajan para este tipo de gente. Son ustedes, ninguna sorpresa, estaba todo en el guion. (Rumores).

Y aquí no hablamos de si el TTIP o el Ceta es malo; sabemos que es malo, obviamente sabemos que es malo, tan malo como ustedes, seguramente. Simplemente pedíamos que ese Constitucional, contra el que ustedes atentan y al que utilizan como un tribunal suyo de ir por casa, dijera si atenta o no atenta contra la Constitución. Sabemos que si atentara contra la Constitución ustedes lo votarían igualmente a favor, porque son así de estupendos, pero simplemente estábamos pidiendo que fuera el Tribunal Constitucional el que decidiera si este tratado atenta contra artículos de la Constitución, esa de la que ustedes tanto hablan pero tanto incumplen.

Nosotros, obviamente, votaremos a favor y ya expondremos el porqué de nuestro voto en contra a este tratado cuando tengamos que debatirlo aquí en Pleno. ¡Pero qué lamentables que son! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

En primer lugar, he de decir que Foro se define como un partido reformista de centro con vocación europeísta, y como Asturias es profundamente española y europea creemos que en un momento en que los valores europeos están en discusión hay que estar con esos valores.

Somos favorables a dicho acuerdo porque la creación de espacios de prosperidad y bienestar compartido es beneficiosa para el conjunto de la comunidad internacional, y en este caso concreto para la Unión Europea, para España y para nuestros socios canadienses, con quienes compartimos una visión similar de los valores y principios que rigen las relaciones internacionales.

El tratado es un acuerdo denominado de última generación, el más moderno y ambicioso firmado por la Unión Europea. Ha sido firmado por todos los Estados miembros de la Unión. Facilita el acceso de los agentes económicos de la Unión Europea a un mercado de notable interés, que es una población de 35 millones de personas que disfrutan de un gran poder adquisitivo. Es el segundo socio comercial de Canadá. Existe un gran potencial de crecimiento del comercio para la Unión Europea, pero sobre todo para España, que sin duda se verá beneficiada por la aplicación del acuerdo. Pensamos que el proteccionismo no es la solución para los problemas de nuestro tiempo, donde el libre comercio debe jugar el papel impulsor del crecimiento y del empleo compatible con unas reglas claras en materia de desarrollo sostenible.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos plantea el recurso previo basado en el sistema arbitrado para la protección de inversiones como el principal obstáculo para que la Cámara pueda prestar su consentimiento sin antes verificar su conformidad o no con nuestra Constitución. En Foro valoramos positivamente un acuerdo cuyos beneficios económicos para España y para la Unión Europea no admiten demora en la ratificación. Por tanto, vamos a votar no a la petición de requerimiento sobre la constitucionalidad de este tratado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Villanueva, a veces en este tipo de debates no es fácil discernir entre lo que es el debate de constitucionalidad y el debate del propio contenido. Intentaré centrarme en el contenido del requerimiento para el Constitucional, dejando el resto del debate, en la medida de lo posible —al menos esa es la intención—, para la Comisión de Asuntos Exteriores y de cara al próximo Pleno.

Si tuviera que sintetizar los argumentos que usted nos ha explicado los tendría que llevar a tres ámbitos. Uno es la coincidencia o la coherencia constitucional; dos, la preocupación por lo que puede ser el concepto de soberanía y tres —sobre todo el tres—, ha hablado de algunos artículos de los capítulos ocho y veintiséis, si mal no recuerdo. Me voy a centrar sobre todo en el que yo creo que les preocupa sobremanera, que es el tribunal de arbitraje, es decir, en el capítulo ocho.

Con respecto a la soberanía, nos sorprende, verdaderamente nos sorprende que al Grupo Unidos Podemos le preocupe la soberanía, es decir, que el Estado vaya perdiendo soberanía cuando en este mundo globalizado, incluso sin ser tan teórico, en esta construcción, en este constructo, en esta integración europea se trata de eso, es decir, de ir atribuyendo competencias, es decir, compartiendo soberanía con el resto de Estados. Con lo cual, en ese sentido, nosotros no vemos ningún problema para lo que puede ser la soberanía del Estado entendiendo precisamente que es de lo que se trata: la atribución precisamente de este tipo de competencias.

Y sobre la Constitución todavía nos sorprende algo más, porque lo que se está haciendo es plantear un recurso previo de constitucionalidad, y un recurso previo de constitucionalidad lo podría esperar del Partido Popular. De hecho, si mal no recuerdo, en septiembre de 2015 tuvimos aquí un debate con el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica del estatuto de autonomía o su modificación, y ustedes mismos vinieron a decir: ... desde la tribuna se ha reiterado que es una reforma que le atribuye al Tribunal Constitucional una potestad por encima de la voluntad popular —se estaban refiriendo a esta Cámara—, una potestad casi por encima de las Cámaras legislativas y una potestad por encima de la voluntad popular. Pues eso es precisamente lo que nosotros no entendemos, que se le quiera dar al Tribunal Constitucional lo que se le quiera quitar a esta Cámara. Yo puedo entender que ustedes tengan una serie de dudas con respecto a si es constitucional o no, pero yo creo que lo verdaderamente valioso es que la opinión de los que somos los representantes de la ciudadanía sea lo que verdaderamente cuente, porque si no están ustedes refrendando o confirmando toda la teoría que con el debate catalán, con el debate del estatuto de autonomía, etcétera, han mantenido el Partido Popular y algún otro partido. Con lo cual, vuelvo a decirle, es algo que me sorprende.

También le voy a mencionar a Jordi Solé Tura, cuando en el debate constitucional decía sobre el Tribunal Constitucional: «Se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento». Lo que nos está diciendo es que ustedes optan por convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta cámara, y lo que nosotros le venimos a decir es que los parlamentos tienen que dar su aquiescencia, pongámonos en marcha y después, si ustedes consideran que lo aprobado por las Cámaras no se corresponde o no se ajusta a Derecho, ya harán lo que tengan que hacer.

Se me acaba el tiempo y no quiero dejar de hablar sobre el nuevo sistema de tribunales de inversión, porque en estos momentos muchos de los países de la Unión Europa que ya han negociado acuerdos incluyen un mecanismo ya de solución de diferencias entre gobiernos e inversores. Lo que se hace en este acuerdo precisamente es mejorarlo, y le voy a dar una serie de datos. Primero, es público. Segundo, con jueces y profesionales independientes, designados por la Unión Europea y Canadá, con un código de conducta: trabajará con transparencia —dice— celebrando públicamente sus audiencias y publicando sus documentos, y en estos momentos lo que está en marcha es el Appri, es decir, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con una vigencia de diez años. Mejora lo que existe actualmente, además no ha tenido ningún problema para que se haya ido aprobando durante los tiempos y no ha tenido ningún recurso de constitucionalidad ni de ningún otro tipo.

En resumidas cuentas, senadora Villanueva, yo agradezco que haya puesto a debate, a razonamiento y a discusión algo que le preocupa. Hablaremos también sobre los contenidos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: ... pero yo creo que este acuerdo no se merece ir al Constitucional, lo que se merece es que se debata aquí y, en su caso, una vez que siga su procedimiento, si ustedes entienden que hay que ir al Constitucional, evidentemente estarán en todo su derecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias, presidente.

Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? (Rumores). ¿Que es inverosímil el discurso? Normal, normal que le suene inverosímil, si todo lo que me ha contestado no tiene absolutamente nada que ver con lo que he expuesto, absolutamente nada, nada que ver con lo que he expuesto (Rumores): que nosotros tratamos de cambiar, de romper, que el proyecto europeo... Si toda la exposición lo que ha venido a decir es que por qué no vamos a pedir al Tribunal Constitucional un informe previo de constitucionalidad del acuerdo.

Señoría, encontrarme en las antípodas ideológicas, en las antípodas políticas con ustedes es algo que no me sorprende, pero desde que he llegado a esta Cámara hay cosas que sí me sorprenden: me sorprenden en el nivel. Es decir, que vengamos a esta Cámara a tener un debate parlamentario y que venga todo el mundo con su discurso preparado esperando lo que alguien va a decir y que el debate sea: ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Es increíble, es increíble el tipo de discurso y el tipo de debate que tenemos que escuchar en esta Cámara, increíble (Aplausos).

Es más, decía el senador del Grupo Popular que ya tienen ganas de que traigamos propuestas, de construcción y demás. Señoría, hace tres horas, hace tres horas hemos traído un proyecto de ley donde tratamos de defender y dar seguridad laboral a las trabajadoras que estaban en tratamiento in vitro y a los donantes vivos de órganos, y ustedes han votado en contra. Quizá no se ha enterado porque no estaba en la Cámara escuchando tampoco (Aplausos).

Y digo yo: a ustedes, que tanto defienden la Constitución como algo rígido, como una norma absolutamente rígida, estoy cansada de decirles en esta Cámara que las leyes y la Constitución son herramientas para la convivencia y como tales son herramientas vivas que van cambiando según la sociedad va evolucionando; pero que ustedes se nieguen a pedir un recurso previo de constitucionalidad de un tratado, permítanme que no lo terminemos de entender. Cuando se parapetan en la Constitución para montar los estados de excepción que estamos viendo estas semanas, aumentando una fractura social que va a costar muchísimos, muchísimos años de recuperar, me pregunto por qué. (Rumores). ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen a que la Constitución se pronuncie sobre si el tratado cumple o no cumple con los derechos y con las leyes de nuestro país? ¿Qué ocultan? ¿Qué miedo tienen? Porque ya hemos visto ahora cómo el Partido Popular y el Gobierno de este país acumula sentencias del Tribunal Constitucional, como la propia amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha terminado declarando totalmente inconstitucional y que tanto dinero le ha costado a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.

Sinceramente, quiero agradecerles a los portavoces de los grupos parlamentarios que han mostrado su apoyo, así como a los grupos parlamentarios que por lo menos se molestan en escuchar y en debatir aunque no estén de acuerdo. Hoy esta Cámara es una representación de lo que es este país: representa a los partidos que vienen, escuchan, debaten y exponen diferentes ideas y representa también a los partidos que vienen con el discurso hecho, a repetir mentiras que intentar convertir en verdad, a repetir discursos rupturistas que absolutamente nada tienen que ver con lo que hablamos hoy aquí.

Respecto al Grupo Parlamentario Vasco, señor Bildarratz, claro que un proyecto europeo supone en algunos términos compartir competencias, pero una cosa es compartir competencias con las instituciones y otra es compartir competencias con los organismos privados, que es lo que ocurre en este caso y es de lo que estamos hablando. A mí sí que me sorprende el posicionamiento aquí. Claro, claro que hay un riesgo claro de ceder soberanía de nuestro país, no estamos cediendo esa soberanía a una institución pública, estamos cediendo esa soberanía a instituciones y a organismos privados.

Y nada más. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento en el que no toca estar de lado. Y al Grupo Socialista, que todavía no ha hablado, querría decirle que ustedes han ido cambiando: de no estar conformes con el acuerdo a situarse en la abstención porque había dudas. Yo puedo entender —y acabo, señor presidente— que ustedes se encuentren en un momento de debate sobre el modelo económico que quieren tener o sobre el modelo económico internacional que quieren tener —que lo tendrán y llegarán a aclararse—, pero en cuanto a pedir un informe previo de constitucionalidad para que esta Cámara tenga más información y pueda pronunciarse al respecto... En fin, esperamos que nos acompañen en este recurso.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Villanueva.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los socialistas, junto con los demás socialdemócratas europeos, durante años hemos trabajado en Bruselas para corregir muchas de las cuestiones que nos preocupan del tratado comercial de Canadá y Europa, negociaciones gracias a las cuales se consiguió que bastantes cuestiones mejorasen. De esta forma, se aceptó un tribunal público de inversiones que superase el arbitraje privado, se obligó a Canadá a ratificar los últimos documentos sobre huelga y convenios colectivos de la OIT y se reforzó la competencia exclusiva de los Estados de regular en exclusiva sus servicios públicos, entre otros temas.

Por otra parte, somos conscientes de que las economías abiertas crecen más rápidamente que las cerradas y crean mayor nivel de riqueza y prosperidad. Somos conscientes, por lo tanto, del peso del comercio en cuanto a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad y, por consiguiente, en relación con el progreso de las sociedades y de los países.

Tenemos muy claro también que Europa debe apostar por el comercio internacional con una sola voz. La globalización precisa ser ordenada y regulada, para ello los Estados han quedado pequeños y se necesitan actores con la fuerza suficiente. Querer frenar la globalización mediante medidas proteccionistas no es la solución.

A su vez, valoramos enormemente un tratado con Canadá y Europa y así estrechar lazos entre dos áreas del mundo con valores civiles y humanos muy próximos, con la que España mantiene una buena relación comercial y que, sin duda, se trata de una zona estratégica para nuestros intereses.

Dicho todo esto, creemos que la globalización ha dejado muchos perdedores por el camino. Ha creado mucha desigualdad y la riqueza se acumula cada vez en menos manos, con el agravante de que no siempre se tiene el cuidado necesario en los temas medioambientales, cuestiones básicas para el futuro de la humanidad. Por tal motivo, ya no son suficientes las viejas recetas que quizás creíamos que valían para afrontar su regulación; dicha regulación necesita un mayor esfuerzo para lograr una mejor redistribución de las riquezas, así como para tener el respeto que se merecen los recursos naturales.

Por todo ello, los socialistas nos abstuvimos en el Congreso en la sesión de ratificación de este tratado. Porque queríamos dar un toque de atención para que Europa derive hacia una mayor humanización del comercio y ayude a combatir la desigualdad. Porque creemos que los tratados y acuerdos de comercio de nueva generación deben ser mucho más escrupulosos a la hora de fijar altos estándares sociolaborales y medioambientales, precisamente para conseguir también desde esta perspectiva —que ya sabemos que no es la única— una ordenación y regulación más justa de la globalización. Porque aunque hemos trabajado mucho para mejorarlo, estamos ante un tratado que, desde nuestro punto de vista, no cumple con nuestra idea de lo que debe ser un tratado de nueva generación desde el punto de vista comercial. Y porque, además, a pesar de que se consiguieron mejoras en la negociación, son muchas aún las objeciones razonables que tenemos sobre el tratado, entre ellas, la necesidad de una mayor transparencia en el proceso y negociación, en lo relativo a apartados del modo de resolución de disputas y, sobre todo, incidiendo en lo anterior, por el desequilibrio que existe entre las provisiones y salvaguardas que se establecen para proteger los intereses de los inversores frente a la protección de los derechos laborales y medioambientales.

Hoy se nos presenta un requerimiento para que el Tribunal Constitucional emita informe sobre la constitucionalidad o no de dicho tratado, una posibilidad que nuestra legislación da a las Cámaras que componen las Cortes Generales; una acción que, a pesar de que mantengamos objeciones razonables sobre el tratado, una vez estudiada, nosotros no hemos impulsado por no creerla necesaria. Ahora bien, tampoco estamos en contra de que esta iniciativa pueda seguir adelante.

Por ello, al igual que hicimos en la ratificación del tratado en el Congreso de los Diputados, nuestro voto será de abstención.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Pérez Ortiz.

El señor PÉREZ ORTIZ: Gracias, señor presidente. Señorías, voy a intervenir con extraordinaria brevedad.

Señora Villanueva, decía un torero de mi tierra, de Andalucía, que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.



(Aplausos). No hay manera de que ustedes entiendan la realidad de España ni de la Unión Europea. Queremos riqueza, queremos progreso, queremos generar confianza, empleo, puestos de trabajo, mientras que ustedes quieren la autarquía y defienden gobiernos que no nos gustan, que no queremos ni en España ni en la Unión Europea, se ponga usted como se ponga. (Aplausos).

¿Y dice usted que no se ha comentado aquí nada del CETA, de lo que es el convenio entre la Unión Europea-España y Canadá? Le he hablado de los 31 millones de puestos de trabajo, le he hablado del sector farmacéutico, le he hablado del sector del textil, etcétera. (Rumores). Yo ya sé que a usted le da igual, yo lo entiendo, usted se preocupa más por Irán, por Venezuela, por Cuba. (Aplausos). ¡Pero a mí me interesa lo que pasa en España, lo que pasa en Europa, no lo que ustedes están proyectando! Eso es lo que nosotros le hemos planteado en el debate de este punto.

Yo entiendo que a usted no le guste absolutamente nada, es normal. ¿Pero usted sabe lo que pasa hoy? Que hay 5443 empresas españolas que están exportando productos a Canadá y que están muy orgullosas del proyecto que ha firmado el Gobierno de España. Eso es lo que nosotros hemos venido hoy a defender, frente a ustedes que no sabemos qué defienden: hoy dicen que la Constitución y se han envuelto en la bandera; mañana no sabemos en qué bandera se estarán envolviendo ustedes.

Tampoco ha hablado usted de la denominación de origen. Esta es una Cámara territorial. Señora Villanueva, ¿usted sabe —no lo sabe porque no se lo ha leído, pero se lo voy a explicar porque me pidió mi secretario general que me instruyera y me he instruido (Risas)— que todas las denominaciones de origen del Estado español están recogidas en este convenio? ¿Usted sabe que desde el aceite de Andalucía al de Extremadura, desde los quesos de Castilla-La Mancha, desde los embutidos de Cataluña, desde los turrones, etcétera, todos los productos españoles protegidos están dentro del convenio de Canadá? ¿Qué quiere usted, que no lo hagamos? ¿Autarquía? ¿No generar riqueza? Pues no es posible. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de votar en contra de su criterio.

Y termino mi intervención muy brevemente, diez segundos, no más. Senador Mulet, sinceramente, le he visto profundamente perjudicado políticamente, muy perjudicado.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, quiero transmitirles una pequeña información. A continuación, se reunirá la Mesa y los portavoces de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala Luis Carandell.

Vamos a proceder a la votación de la solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 23; en contra, 148; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.

Eran las diecinueve horas y cinco minutos.


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