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DS. Senado, Comisiones, núm. 160, de 18/09/2017
 


COMISIÓN DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SANZ RUIZ

Sesión celebrada el lunes, 18 de septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA



Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda de la Comisión.



Dictaminar

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 621/000004 contrato; licitación GOBIERNO

Se abre la sesión a las trece horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Buenas tardes a todos.

Antes de continuar, el señor letrado va a comprobar el número de miembros de la comisión presentes.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

¿Podemos dar por aprobada el acta de la sesión anterior, del día 14 de septiembre de 2017? (Asentimiento).

Queda aprobada.



ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto de orden del día, que es la elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda de la comisión. Es práctica habitual en la Cámara que, si hay una única candidatura, la elección se pueda llevar a cabo por asentimiento.

El Grupo Socialista propone a doña Matilde Valentín Navarro como vicepresidenta segunda. Si no me corrige el señor letrado, no hay ninguna otra candidatura.

¿Se puede elegir a doña Matilde Valentín Navarro por asentimiento? (Asentimiento).

Señora Valentín Navarro, puede usted tomar posesión de su cargo. Bienvenida y enhorabuena. (Pausa).



DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 621/000004 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero de 2014.

A este proyecto de ley se han presentado 255 enmiendas, de las cuales las números 72 y 73, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la número 246, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, han sido inadmitidas a trámite por falta de congruencia material con el proyecto de ley, como informó en su momento la Mesa del Senado.

Las enmiendas presentadas han sido las siguientes: enmiendas 1 a 4, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Mixto; enmienda 5, de la senadora García Díaz, del Grupo Mixto; enmiendas 6 a 9, del Grupo Esquerra Republicana; enmiendas 10 a 77, del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; enmiendas 78 a 80, del Grupo Vasco en el Senado; enmiendas 81 a 228, del Grupo Socialista; enmiendas 229 a 252, del Grupo Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; y enmiendas 253 a 255, del Grupo Popular en el Senado.

A continuación, procedemos a debatir las enmiendas. Habrá un turno de defensa de diez minutos por cada grupo, un turno en contra de cinco minutos y un turno de portavoces de cinco minutos.

Para defender las enmiendas 1 a 4 que presenta el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Los senadores Mulet y Navarrete y la senadora Elvira García Díaz no pueden asistir a la comisión y, por tanto, como portavoz del Grupo Mixto, doy por defendidas sus enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad, para defender las enmiendas 229 a 245 y 247 a 252.

La señora ABAD GIRALT: Buenos días.

Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Nacionalista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Para defender las enmiendas 78 a 80, del Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: El Grupo Vasco ha presentado tres enmiendas. La primera añade un nuevo apartado al artículo 39.2 de la ley, porque consideramos necesario añadir una nueva causa de nulidad administrativa en contratos en los que se produzcan modificaciones esenciales que hagan necesaria una nueva adjudicación.

Una segunda enmienda propone añadir un capítulo nuevo al libro primero, titulo I, de forma que la Ley de contratos quede sujeta al control de trasparencia como control de legalidad y eficiencia. Creemos que a pesar de haber avanzado en el proyecto de ley que el objetivo de las licitaciones sea más trasparente, es necesario que la propia ley quede sujeta al control de la trasparencia, de forma que pueda ser aplicable de oficio por tribunales y jueces y que determinadas cláusulas puedan ser declaradas nulas por falta de trasparencia, y, de la misma forma, la propuesta incorporaría que el control de la trasparencia obligue a las administraciones a elaborar protocolos que faciliten la comprensión de las cláusulas que por su complejidad o novedad puedan resultar no trasparentes. Lo que pretendemos es la trasparencia como valor instrumental y que se incorpore en esta Ley de contratos, ya que contribuye al crecimiento económico, a la calidad regulatoria y reduce la corrupción.

Por último, la tercera enmienda, que es la que plantea modificar la redacción del primer párrafo del artículo 130 del proyecto de ley, pretende que en las informaciones sobre las condiciones de subrogación se incluya la posibilidad —no hablamos de ninguna obligación— de que también el propio pliego incluya las cláusulas que puedan indicar. De esta forma, con el texto que proponemos, la información sobre la subrogación que resulte necesaria permite la exacta evaluación de los costes laborales en una licitación y se facilita por los servicios dependientes del órgano. Nuestra enmienda volvería a recuperar la frase que se pierde en la tramitación del Congreso, y es que esta información fuera también en la documentación complementaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano Varela.

Para defensa de las enmiendas que presenta el Grupo de Esquerra Republicana, números 6 a 9, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias.

Las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Castel.

Para defender las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez Ruiz.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado un total de sesenta y siete enmiendas; algunas de ellas ya fueron rechazadas en el Congreso y otras las hemos presentado ex novo en el Senado. Me gustaría resaltar cinco aspectos especialmente relevantes de nuestras enmiendas.

En primer lugar, reducir los márgenes de discrecionalidad, evitar los dedazos, aumentar los controles y reducir el número de excepciones contenidas en la ley, así como evitar que el Estado tenga que hacerse cargo de indemnizaciones no debidas a empresas, como ha ocurrido en el caso de las concesiones a las autopistas.

En segundo lugar, que se sustituya el concepto de oferta económicamente más ventajosa por la calidad-precio, evitando que se produzca una competición a la baja entre las empresas, lo cual redunda en una disminución de la calidad de los servicios y en un aumento de los sobrecostes.

En tercer lugar, garantizar la independencia en la adjudicación de los contratos públicos, evitando que los miembros pertenecientes a las comisiones de expertos se mezclen con quienes participan en la mesa de contratación, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los escándalos de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

En cuarto lugar, la inclusión de criterios sociales, medioambientales y de innovación y un correcto desarrollo de la evaluación del impacto en cuanto al retorno social, económico y medioambiental.

Y, en quinto lugar, consideramos que deben regularse los procedimientos de retorno a la gestión pública de los servicios públicos, especialmente las remunicipalizaciones, en los cuales hay lagunas que provocan cierta inseguridad jurídica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez.

Para defender las enmiendas que presenta el Grupo Socialista, números 81 a 228, tiene la palabra la senadora Valentín Navarro.

La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista, aparte de incorporar las enmiendas que pasan vivas del Congreso, ha añadido ex novo algunas que nos parecen de vital importancia para completar este texto legal que tiene tanta trascendencia.

Nosotros habríamos deseado un mayor esfuerzo simplificador de la ley, que consideramos que es excesivamente reglamentaria, extensa y farragosa, sobre todo para aquellos técnicos que luego tienen que velar por su aplicación. Estoy pensando en este momento en pequeños ayuntamientos con escaso personal a los que vincula la Ley de contratos del sector público exactamente lo mismo que a la Administración General del Estado. Tanto el Observatorio de Contratación Pública como el dictamen del Consejo de Estado así lo sugerían.

Hemos presentado una serie de enmiendas y voy a hacer una breve referencia a los bloques. Unas están referidas al Servicio Público de Comunicación Audiovisual, que, según su regulación, está considerado como un servicio esencial de interés económico general. Las sucesivas directivas europeas, incluyendo las que estamos trasponiendo, contemplan este tipo de servicios tanto como servicios culturales como económicos, y algunas reconocen expresamente su importancia, cada vez mayor, para las sociedades y la democracia. Este carácter específico sectorial ha sido tradicionalmente tenido en cuenta por las sucesivas directivas europeas de contratos, que han venido excluyendo de su ámbito de aplicación a los contratos públicos para servicios audiovisuales, incluso la Directiva 2014/24 de la Unión Europea ha mantenido inalterado el criterio de excluir de su ámbito de aplicación este tipo de contratos. Por lo tanto, no consideramos justificado un cambio de criterio por parte del legislador nacional.

Otro grupo de enmiendas va destinado a unificar el régimen jurídico de los contratos públicos. Es una de las demandas más fuertes del Grupo Parlamentario Socialista. Son demasiadas las excepciones al régimen general, lo que hace difícil el principio de transparencia, publicidad y concurrencia, en especial el sistema tolerante para entes públicos reconocidos como poderes adjudicadores que no son Administración pública. Todos los contratos del sector público, sea cual sea la forma que utilice la Administración, deben estar sometidos al mismo régimen jurídico en la medida que emplean dinero público porque están sirviendo al interés general.

Otro grupo de enmiendas va destinado a ser más beligerante contra la corrupción. Aparte de las numerosas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, algunas de ellas incluidas en el texto, es necesario reforzar la lucha contra la corrupción con medidas de carácter transversal, tanto para valorar la participación de condenados en procesos de contratación como para vigilar y controlar posibles brotes. No es de recibo que cuando la corrupción es uno de los mayores problemas en España —considerada por los ciudadanos como el segundo mayor problema— se mencione de manera casi testimonial en esta ley.

Unido a esto, otro de los bloques está referido a los paraísos fiscales. Presentamos una serie de enmiendas que regulan las prohibiciones de contratación a las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o indirectamente en más del 30 % estén domiciliadas o tributen en países y territorios considerados paraísos fiscales. De no ser así, las haciendas de los Estados miembros de la Unión verían burladas sus normas fiscales y reducida su recaudación en perjuicio de los ciudadanos más indefensos.

Otro bloque de enmiendas presentado por el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por la paridad entre el hombre y la mujer en la contratación, por la reducción de los contratos temporales en favor de los fijos, por la reducción de la siniestralidad laboral y por la formación. Consideramos que valorar en las adjudicaciones como criterios de solvencia estos conceptos es fundamental y priorizar las buenas prácticas que lleven a la mayor presencia de mujeres en puestos directivos o a un porcentaje mayor de puestos fijos, así como la disminución de la siniestralidad laboral.

Otra de las enmiendas va dirigida a mantener o ampliar los contratos menores, que, por supuesto, en general estamos a favor de su disminución económica tanto de obras como de servicios, pero estableciendo una excepción para los contratos menores, de valor estimado inferior a 20 000 euros, cuando se trate de suministro de servicios para las instituciones relacionadas con la investigación, ya que es una reclamación importante precisamente de los investigadores.

Otro grupo de enmiendas está destinado a la concesión de obras, de servicios y de explotación de obras. Hasta ahora se ha dado el fenómeno curioso de que en el caso del fracaso y liquidación de estas obras o concesiones, el último en recuperar —es decir, casi nunca— sus aportaciones ha sido el Estado o las administraciones públicas. Por ello se propugna un máximo del 40 % de financiación en general y la prohibición de los préstamos participativos, donde el prestamista se sitúa en una posición más negativa que los propios accionistas.

Hay dos grupos más de enmiendas. Uno pretende favorecer la remunicipalización en beneficio de la autonomía municipal y en beneficio de la mejor calidad de la prestación de aquellos servicios públicos que previamente han sido adjudicados para su prestación privada. Consideramos que lo que se hace en el proyecto de ley es penalizar la remunicipalización de estos servicios.

Y otro grupo se refiere al contrato de gestión de servicios públicos. Nos parece que su desaparición no tiene absolutamente ningún sentido, sobre todo en el ámbito local, por lo que este grupo numerosísimo de enmiendas va destinado a reponer este contrato emblemático e irrenunciable para nosotros.

Hay otras tres enmiendas dirigidas a reducir la morosidad, que se ha convertido en un lastre de la contratación y que obliga a muchos empresarios a incluir los futuros costes financieros en la propia licitación.

Por último, se establecen condiciones más estrictas y más objetivas para la revisión de precios. Esto en cuanto a las enmiendas.

Para terminar, me gustaría hacer solamente una puntualización, y es que aunque ahí no hemos entrado, alguien se debería dedicar a leer el proyecto de ley con el fin de corregir errores, porque hay discordancias que son muy palpables y que nos llevan a situaciones tan absolutamente contradictorias como —y es la que nos parece más imprescindible corregir— la supresión mecánica de la referencia al anteproyecto y su sustitución en todo caso por el proyecto en los artículos 30.1.f), 234.2, 248, 247.6, 248.5, 249.2, porque especialmente en lo referido a las concesiones desvirtúa el procedimiento. No puede ser que en el texto del proyecto de ley se diga: correspondiente proyecto o proyecto o, cuando no exista proyecto, la Administración concedente someterá el proyecto. Si no existe proyecto, la Administración concedente no puede someter el proyecto; es decir, hay discordancias tan importantes en determinados proyectos que alguien se debería dedicar a corregirlas, al menos desde el punto de vista de técnica parlamentaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Valentín.

Para defender las enmiendas 253 a 255, que presenta el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Las enmiendas que proponía el Grupo Parlamentario Popular se han incorporado a la ponencia. No obstante, aprovecho el turno para justificar brevemente el motivo de las enmiendas, que no es otro que el de la mera legalidad, puesto que el grupo parlamentario y el Gobierno consideran que los tres artículos que se pretenden modificar, incluyendo la referencia al convenio colectivo vigente y no al convenio sectorial, como se establece en el proyecto de ley aprobado en el Congreso, es meramente el cumplimiento de lo establecido en los artículos 84 y 85 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone la prevalencia del convenio colectivo de empresas sobre el convenio colectivo sectorial en algunos factores y en algunos aspectos concretos de su regulación.

Luego al margen del debate sobre la oportunidad política o no de las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Popular, nos estamos refiriendo, única y exclusivamente, a cuestiones de mera legalidad, y es que se debe exigir a los contratistas el cumplimiento de los convenios colectivos legalmente vigentes y no cualquier otro convenio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Arcas.

Turno en contra por tiempo de cinco minutos. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? (El señor Fernández González pide la palabra).

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular se opone a todas las enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley de contratos del sector público, con excepción de las presentadas por el Grupo Popular.

Para explicar esta posición debo empezar señalando el enorme esfuerzo que realizaron todos los grupos en el Congreso de los Diputados para conseguir que la Ley de contratos del sector público se aprobase con el máximo consenso, objetivo que se cumplió en buena medida y que dio lugar al compromiso de mantener la redacción aprobada y con ella el consenso general. Esta circunstancia es la que explica la postura de mi grupo en relación con las enmiendas presentadas en el Senado por el resto de los grupos. Obviamente, se desestiman todas las enmiendas que pretenden modificar ahora redacciones de preceptos que fueron objeto de transacciones y, por tanto, de consensos en el Congreso de los Diputados. Se desestiman también todas las enmiendas que ya fueron desestimadas en el Congreso y que ahora se reiteran. Igualmente, se desestiman todas las enmiendas que no mejoran el texto que fue objeto de un alto grado de consenso en el Congreso y, en definitiva, consideramos que no procede una nueva redacción de los artículos del proyecto de ley cuando la nueva redacción propuesta a través de estas enmiendas responde a cuestiones de oportunidad que no compartimos.

Únicamente, y por razones de legalidad, se admite una modificación propuesta por el Grupo Popular, que se plasma en tres enmiendas presentadas por mi grupo. Tal y como consta en la justificación de las enmiendas y tal y como acaba de explicar el senador Martínez Arcas, éstas responden a la necesidad de dotar de seguridad jurídica al texto de la ley para que no entre en contradicción con la legislación laboral, concretamente, con el valor y la jerarquía de los convenios colectivos que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. Por eso entendemos que la Ley de contratos del sector público debe remitir al convenio colectivo que sea de aplicación conforme a la legislación laboral y no a un convenio determinado, como sería el convenio sectorial. Y es que la Ley de contratos del sector público precisa, entre otras muchas cosas, de certeza a la hora de llevar a cabo su aplicación, de modo que no se puede mantener en la ley una redacción que en este punto daría lugar a incertidumbres derivadas de una posible contradicción entre la Ley de contratos del sector público y el Estatuto de los Trabajadores.

Como consecuencia de todo ello, proponemos que se apruebe una ponencia en la que se mantenga un texto de la Ley de contratos del sector público que recoja el consenso alcanzado en el Congreso tras amplios debates en los que el Grupo Popular aceptó un amplísimo número de enmiendas para poder alcanzar el objetivo de contar con una Ley de contratos del sector público que tuviese un apoyo mayoritario de los grupos políticos, objetivo que al final se consiguió, hasta el punto de no contar el texto con el voto en contra de ninguno de ellos.

Queremos, por tanto, mantener un texto que sea fruto del consenso y únicamente proponemos que se modifique una cuestión muy puntual por los motivos de legalidad que ya se han explicado. De ahí se deriva a sensu contrario nuestra postura consistente en desestimar el resto de las enmiendas, es decir, todas las presentadas por los demás grupos.

Entendemos que la posición del Grupo Popular es coherente, tanto con los antecedentes parlamentarios del proyecto de ley y con el arduo esfuerzo que se realizó para alcanzar un texto asumible por todos los grupos políticos tras la aceptación de un amplísimo número de enmiendas, como con el propio sentido y significado que tiene el Proyecto de Ley de contratos del sector público, y es que, como es bien sabido, este proyecto de ley persigue la armonización dentro de la Unión Europea de la legislación de contratos del sector público y su finalidad es trasponer al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 y 24, de 26 de febrero de 2014, de modo que el contenido del proyecto de ley ha de servir a esa finalidad que se persigue estableciendo en España una legislación de contratación pública armonizada con la normativa comunitaria. Pues bien, consideramos que este objetivo armonizador fue alcanzado con éxito mediante el texto aprobado en el Congreso, y de ahí que en este trámite parlamentario en el Senado intentaremos que ese texto sea el que finalmente se apruebe como Ley de contratos del sector público, introduciendo en él únicamente una pequeña reforma que responde a motivos de legalidad, tal y como se ha explicado, y desestimando todas aquellas enmiendas que supongan modificar un texto al que se ha llegado tras un amplio debate, tras un importante consenso y en el que, a nuestro juicio, sí se plasma una adecuada armonización de la legislación española de contratos del sector público con la de la Unión Europea.

En consecuencia, y como resumen, tal y como he señalado al principio de mi intervención, el Grupo Popular se opone a todas las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de contratos del sector público, con excepción de las presentadas por el propio Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

A continuación, pasamos al turno de portavoces, por un tiempo también de cinco minutos.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor presidente.

El texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados recoge la regulación y supervisión de la contratación pública con mejores instrumentos para luchar contra las irregularidades administrativas y la corrupción, como bien dijo en el Congreso el senador del Grupo Popular, señor Marí.

Se introduce por primera vez la posibilidad de que la Administración pague directamente a los subcontratistas. Se recoge un mayor control al eliminar las instrucciones internas de contratación, mejorando y potenciando el acceso de las pymes a la contratación pública, con lo que se logra una mayor transparencia de los procesos administrativos.

En definitiva, consideramos que es un proyecto de ley técnico, con una trascendencia política importantísima en la línea de las reformas estructurales de la actividad económica española, que se verá mejorado si finalmente en el Congreso se admiten las enmiendas que apruebe este Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Domínguez.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Como portavoz de mi grupo, quiero constatar únicamente nuestra abstención al texto del proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.

La Ley de contratos del sector público es una de las leyes de mayor relevancia que se está tramitando en esta legislatura —probablemente que se tramite—, una ley transversal que afecta a toda la ciudadanía, a muchas empresas y a toda la Administración del Estado; una ley que ha sufrido un retraso importante en cuanto a la trasposición de las directivas que le afectan y un retraso achacable al Gobierno, que presentó fuera de todo plazo el anteproyecto de ley para su debate.

El grupo vasco no presentó enmienda a la totalidad, ya que preferimos optar por la presentación de enmiendas parciales para poder acordar y consensuar una ley que, como ya he comentado, la consideramos tan transversal y relevante y que marca una parte importante de la actividad económica.

Del proyecto presentado por el Gobierno en noviembre al texto que se ha remitido a esta Cámara, al Senado, para su segunda lectura hay una gran diferencia. Desde nuestra perspectiva, ha mejorado sustancialmente el anteproyecto presentado, con una ley prácticamente consensuada al 90 %, después de una ponencia inusualmente larga en el Congreso.

Nuestro grupo cree en la filosofía del acuerdo, estamos acostumbrados y acostumbradas a negociar y al acuerdo, porque así lo venimos haciendo en Euskadi, donde no existe, salvo en algunas entidades locales, una mayoría absoluta y donde entendemos que la necesidad de negociar viene del propio mandato de las urnas. Además, en todo caso, no sería creíble intentar llegar a acuerdos tan solo por necesidades de aritmética parlamentaria; serían más creíbles las voluntades de acuerdo si se continuara la labor que se ha comenzado en la Cámara baja, también en esta Cámara, a pesar de la mayoría absoluta.

En la ponencia del Congreso creemos que se ha conseguido este objetivo y ello ha dado lugar a una ley adaptada a los objetivos de directivas comunitarias, con flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica, para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomentar, además, una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. La ley mejora el acceso a las entidades del tercer sector, incorporando cláusulas sociales, medioambientales, laborales, de igualdad entre mujeres y hombres, de gobernanza, desde el entendimiento de que la contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia, que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales e incidir en la consecución de fines públicos de interés general distintos del propio objetivo de cada contrato considerado individualmente, pero con la virtualidad de mejorar su calidad y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación.

En el caso del Grupo Vasco se han aprobado y transaccionado en el Congreso la mayoría de las enmiendas —aquí, se va a votar en contra—, que para nosotros han sido fundamentales no solo para la salvaguarda foral, sino también porque hemos conseguido solventar problemas plasmados en la anterior ley, así como introducir criterios sociales, laborales y medioambientales, criterios que, a pesar de que nuestras diputaciones han venido recogiéndolos, no tenían encaje en la anterior ley y fueron objeto de recurso —de hecho, algunos artículos habían sido anulados en las cláusulas sociales de estas diputaciones—.

Llegamos ahora al trámite de segunda lectura del proyecto de ley de contratos en el Senado, con una tramitación urgente, en el que nuevamente los distintos grupos hemos incorporado las enmiendas que hemos considerado, pero en este caso no dispondremos de mucho tiempo para el debate, a pesar de que el artículo 135.2 del Reglamento sí lo permitiría. Tras una ponencia de cinco minutos, tenemos una sensación agridulce, sobre todo cuando se exprimen los plazos de tal manera que se pierde el espíritu de consenso que había impregnado la primera fase de negociación de la ley en el Congreso. En la Cámara baja se han felicitado todos los grupos por la capacidad y por el trabajo realizado, cosa que se agradece. Por nuestra parte, he de decir que igual no estamos tan contentos.

En todo caso, viendo que la labor de esta Cámara en esta segunda lectura no va a consistir en recuperar el espíritu de la negociación, nuestro grupo votará en contra de aquellas enmiendas que van en contra de los acuerdos aprobados y transaccionados y votaremos el resto de las enmiendas de los partidos en la misma línea que votamos en el Congreso, pero insistiendo en que las prisas no son buenas para el acuerdo y la negociación, y que la necesidad de una segunda lectura de las leyes que entran en esta Cámara es necesaria y entendemos que puede servir para mejorarlas.

Nos vamos a abstener en la votación del dictamen de la ponencia, que incorpora las enmiendas números 253, 254 y 255, del Grupo Parlamentario Popular, ya que entendemos que hay tiempo hasta el Pleno para rectificar y volver al espíritu de la negociación, y mantendremos vivas nuestras enmiendas para el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Esquerra Republicana lamenta no haber tenido la oportunidad de mejorar el texto en esta Cámara, que se supone que es de segunda lectura, ya que no es una Cámara realmente territorial. Resulta que tampoco tiene esas cualidades de estudio y reposo y, por lo tanto, lamentamos no haber podido mejorar el texto aquí.

Quiero dejar claro que mantenemos nuestras enmiendas, de la 6 a la 9, y que nos remitimos al Pleno para defenderlas. Nuestro voto será de abstención en cuanto al dictamen de la ponencia y en contra de las enmiendas del Grupo Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Castel.

Por Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Mi grupo no hace uso del turno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rubio.

El señor RUBIO RUIZ: Gracias, presidente.

Después de dieciocho meses de retraso vemos el texto remitido por el Congreso del proyecto de ley que traspone las directivas europeas. Sobre ellas querría hacer una mínima referencia porque creo que es fundamental, puesto que están dictadas en el escenario de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, reforzando el mercado interior en un escenario de globalización. Suponen un cambio sustancial a la anterior y fría concepción de la contratación pública y cambian de ser una simple y burocrática tramitación de proyectos a un instrumento de políticas públicas, tanto económicas como sociales, al prevenir la participación más importante de la pequeña y mediana empresa, al prevenir la inclusión de cláusulas con carácter general de tipo social y de tipo medioambiental y, sobre todo, buscando la trasparencia. Todo ello entendiendo que la mayor licitación supone una mejora de los precios, una mayor información a los posibles participantes y, en definitiva, un nuevo concepto de la contratación, de la cual el Gobierno del Partido Popular pareció no enterarse e hizo una trasposición cicatera, como de mala gana, donde las novedades de las directivas aparecían difuminadas, sustituyendo el «se deberá» por el «se podrá», convirtiendo en optativas opciones que las directivas daban por obligatorias.

El primer dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto calificaba de estructura artificiosa y de difícil comprensión incluso para los técnicos de la materia. En el Congreso todo esto provocó la lluvia de enmiendas. De todos modos, España había tenido suficientes avisos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en el sentido de la incidencia de una mala trasparencia en la economía. La recomendación de la decisión del Consejo de la Unión Europea hablaba de la falta de mecanismos a priori y a posteriori, que obstaculiza la correcta aplicación de la legislación de contratos y la ausencia efectiva de publicación. Según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la falta de presión concurrencial le podía ocasionar desviaciones medias al alza del 25 % del presupuesto de contratación pública y en España, a nivel agregado, podría implicar hasta un 4,6 % del PIB, aproximadamente 47 000 millones de euros al año. Este coste de ineficiencia y de corrupción tiene un índice de referencia que nos debe hacer pensar. Casi el 50 % de los contratos publicados tiene un solo licitador: esto es falta de trasparencia.

La labor de la ponencia del Congreso ha sido absolutamente loable, absolutamente dialogada y transaccionada, pero no todos los planteamientos del Grupo Socialista se corrigieron. Por lo tanto, hemos presentado las correspondientes enmiendas, que mi compañera ha defendido, sobre todo insistiendo en la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, ya que en el propio informe que hemos citado del Consejo de Estado, de 10 de marzo de 2016, sobre el anteproyecto de ley, se apuntaba que la supresión del contrato de gestión de servicios públicos y su absorción por el de concesión de servicios no asegura un régimen adecuado para garantizar los principios de igualdad, universalidad, continuidad de los servicios públicos y del interés general.

La ley no garantiza totalmente la transparencia ni el conocimiento de todos los contratos del sector público desde el momento que mantiene una pluralidad de plataformas de contratación sin conexión entre sí. Asimismo, dificulta el control de la contratación pública puesto que al crear la posibilidad de que en las grandes ciudades y en las diputaciones provinciales se creen tribunales de contratación, no hay posibilidad de obtener una doctrina jurisprudencial sobre contratación pública de una manera uniforme, aparte de que la creación de esos tribunales, como estarán dotados de personal interno de las corporaciones, puede caer en la sospecha de tutela administrativa, según decía el profesor Gimeno Feliu.

En cuanto a nuestro posicionamiento, nos ha sorprendido la presentación de esas tres enmiendas del Grupo Popular, que pone el proyecto en riesgo mediante el regreso del texto al Congreso de los Diputados si no tienen garantizado el suficiente apoyo, aparte de suponer un retraso en el plazo de tramitación legal, invitando a la Unión Europea a que, efectivamente, sancione este retraso. Nosotros no vamos a apoyar esas enmiendas; evidentemente, mantendremos nuestra postura de abstención respecto de las demás, de las que vienen del Congreso. Pero la presentación de estas enmiendas supone poner una pica en Flandes de los contratos, una pica de carácter laboral, de su reforma laboral y concretamente la destrucción de la estructura de los convenios, por lo que es posible que mi grupo en el Congreso opte en su momento por el voto negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rubio.

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer en términos generales el tono que han utilizado las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, que surge del esfuerzo que se ha llevado a cabo en el Congreso por alcanzar el consenso en una ley tan importante como la que hoy estamos sometiendo al criterio de esta comisión.

La ley que hoy debatimos es fruto, indudablemente, de la aportación de todos los grupos que forman parte de esta Cámara, como lo fue de los grupos del Congreso. Como muestra de ello, se aprobaron, se transaccionaron o se tuvieron en cuenta 975 de las 1081 enmiendas que se presentaron a un texto de una ley que tiene 347 artículos; es decir, que se han admitido una media de más de tres enmiendas por cada uno de los artículos de los que consta esta ley. Por tanto, es una ley que surge de una amplia mayoría, de un amplio consenso y de lo que los ciudadanos esperan de nosotros, que no es otra cosa que el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y en esa negociación y en ese acuerdo apelo al resto de formaciones política en el escaso margen de tiempo que nos queda hasta su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso, Dios mediante, la próxima semana y en particular recojo el guante de la senadora Etxano en relación con la posible negociación. Insistimos en que también nos dirigimos a los parlamentarios del Grupo Socialista y reiteramos que la propuesta de enmiendas que hace el Grupo Popular y que se ha incorporado al dictamen de la comisión es exclusivamente de mera legalidad. No es un criterio de oportunidad política el que sometemos a sus señorías, sino que es exclusivamente para evitar, por seguridad jurídica, posibles discrepancias en la aplicación efectiva de la Ley de contratos.

Como he dicho, partimos de un amplísimo consenso —y yo creo que nos debemos felicitar todos los miembros de las Cortes Generales— en una ley que es especialmente relevante —como también se ha puesto en valor por alguno de los ponentes previos—, especialmente relevante por lo que supone en términos económicos, ya que cerca de un 20 % del producto interior bruto de España es el que se regula a través de esta Ley de contratos del sector público, y lo que es más importante: por la repercusión que va a tener en la calidad de vida de los ciudadanos que se ven afectados, indudablemente, por esos servicios públicos que prestan las administraciones.

Me van a permitir humildemente que destaque algunos principios y algunos puntos que suponen un avance respecto a las leyes que teníamos anteriormente vigentes en esta materia. En concreto, hay un factor que los que hemos gestionado en alguna ocasión —que somos una amplia mayoría de los parlamentarios— fondos públicos en el conjunto de las administraciones públicas lo agradecemos, y es que se mejora en la eficiencia y en la eficacia en cuanto a la adjudicación de los contratos. Ya no será un requisito único y exclusivo, como ocurre en buena parte de los contratos actualmente vigentes, para su adjudicación el precio, sino que también se incorpora la valoración de la calidad/precio y de manera muy especial en aquellos contratos vinculados a la consultoría, a la ingeniería y a la arquitectura.

También debemos destacar el marcado carácter social que se imprime en la norma, indudablemente con la aportación de todas las formaciones políticas, pero también del Gobierno y del grupo parlamentario popular, que supone un especial acento en las entidades del tercer sector, un especial acento en fomentar la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y ello se determina tanto en los criterios de selección como en las condiciones especiales de ejecución o en los criterios de desempate que, como ustedes bien saben, señorías, anteriormente en caso de desempate en un proceso de licitación se resolvía por sorteo y hoy la nueva ley permitirá que se pueda hacer en función de criterios sociales.

Igualmente, el carácter medioambiental de esta ley, que se enfoca a los objetivos de la Comisión Europea en el ámbito del crecimiento sostenible 2020. Como muestra de ello, la exigencia como criterio de solvencia de los certificados de gestión medioambiental.

También se ha puesto en valor por alguno de los portavoces el impulso que se pretende dar a la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación pública del conjunto de las administraciones españolas. Ello se lleva a cabo por distintas vías, por ejemplo la simplificación administrativa; por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de adjudicación denominado procedimiento de contratación abierto simplificado, que prevé que no dure más de un mes la adjudicación de esos contratos; por ejemplo, la obligatoriedad de justificar en determinadas obras el que se tenga que hacer por lotes. Como ustedes saben, a contrario sensu, la ley vigente exige que se justifique cuando un proyecto de determinada magnitud se quiere contratar por lotes; ahora va a ser lo contrario, se va a exigir a las administraciones públicas que justifiquen por qué no hacen por lotes determinada contratación y esos lotes, indudablemente, permitirán un mayor acceso de las pequeñas empresas a esta contratación.

También se pone el acento sobre la protección a la subcontratación y a las empresas subcontratadas, hasta el punto de que, como bien ha puesto en valor la senadora Domínguez de Posada, se permite por primera vez en una legislación de contratos del ámbito comunitario la posibilidad de que la administración pague directamente al subcontratista en caso de que en contratista principal deje de hacer frente a sus obligaciones.

También hay un importante esfuerzo —consenso de todos— en el ámbito de la trasparencia y la lucha contra la corrupción. Se han bajado los umbrales para poder llevar a cabo un contrato menor o de adjudicación directa: hasta 40 000 euros en el caso de obras o hasta 15 000 euros en el caso de los servicios y suministros. Se han incrementado las previsiones de contratar para evitar el favoritismo. Se ha bajado el umbral respecto al cual es preceptivo o posible, mejor dicho, la interposición de un recurso especial en materia de contratación. Se ha creado una oficina de supervisión de la contratación como órgano independiente, que va a controlar y que va a fiscalizar el sistema de contratación en el conjunto de las administraciones públicas, manteniendo, por otro lado —y aquí quiero contestar al Partido Socialista— el resto de infraestructuras ya vigentes en la actual Ley de contratos, como la Junta Consultiva de Contratación y otros órganos de control, o el Tribunal de Cuentas de la Contratación Pública. También se incide en el fomento de la innovación, como en el nuevo contrato de asociación para la innovación para aquellos casos en los que sea preceptivo llevar a cabo algún tipo de investigación y desarrollo en proyectos y obras y servicios que ejecute la administración pública.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular entiende que es una buena ley, que surge del consenso, que da cumplimiento a las directivas comunitarias, que da cumplimiento a los objetivos de nuestros socios comunitarios en materia de desarrollo sostenible económico, la Estrategia de Crecimiento 2020, y que, por tanto —y concluyo con ello— pedimos que se mantenga ese espíritu de consenso que ha habido en el debate de la ley a lo largo de la ponencia en el Congreso y emplazamos al resto de formaciones políticas a que de aquí a su votación definitiva en el Pleno de la Cámara podamos llegar a acuerdos que mantengan el consenso del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Arcas.

De conformidad con el artículo 116, pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia, con la incorporación de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; aunque, como establece el artículo 117, las enmiendas desestimadas pueden mantenerse como votos particulares para su defensa y votación en el Pleno.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Función Pública el Proyecto de la Ley de contratos del sector público por la que trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero de 2014.

Por último, ¿puede entender el presidente que delegan en él para llevar el dictamen al Pleno? (Asentimiento). Pues así será.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas treinta minutos.


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