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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 77, de 15/02/2018
cve: DSCG-12-CM-77
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 77
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI
Sesión núm. 7
celebrada el jueves,
15 de febrero de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán), para:

- Informar sobre la nueva situación en España, con la llegada de inmigrantes irregulares de Cartagena a Tarifa. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001067 y número de expediente del Senado 713/000545) ... (Página2)

- Dar a conocer sus conclusiones tras la visita al Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), donde han sido internados seiscientos migrantes. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000018 y número de expediente del Senado 713/000543) ... (Página2)

- Informar sobre la situación de los presos españoles en el extranjero. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001050 y número de expediente del Senado 713/000532) ... (Página16)

- Emitir el diagnóstico, la valoración y las recomendaciones pertinentes respecto al ataque a la dignidad de las mujeres que suponen los anuncios de prostitución publicados en medios de comunicación. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000189 y número de expediente del Senado 713/000075) ... (Página26)


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Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.

COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (FERNÁNDEZ MARUGÁN), PARA:

- INFORMAR SOBRE LA NUEVA SITUACIÓN EN ESPAÑA, CON LA LLEGADA DE INMIGRANTES IRREGULARES DE CARTAGENA A TARIFA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001067 y número de expediente del Senado 713/000545).

- DAR A CONOCER SUS CONCLUSIONES TRAS LA VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE ARCHIDONA (MÁLAGA), DONDE HAN SIDO INTERNADOS SEISCIENTOS MIGRANTES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000018 y número de expediente del Senado 713/000543).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes señoras y señores diputados, señoras y señores senadores. Iniciamos la sesión de hoy con la comparecencia del defensor del pueblo y con el orden del día que todos ustedes tienen. Lo vamos a hacer tal y como habíamos acordado en la reunión de Mesa y portavoces. Tenemos tres puntos en el orden del día; pero el título del primer punto abarca mucho más de lo que dice exactamente porque hemos sustanciado en ese punto un par de cuestiones, la del titular más lo que había solicitado Podemos con el tema de Archidona, etcétera. Lo haremos de tal manera que intervendrá el defensor, después tomarán la palabra los portavoces por un tiempo máximo de entre siete y diez minutos y después procederemos a la contestación de cada uno de los temas a no ser que el señor defensor prefiera hacerlo todo junto. (Denegaciones del señor defensor del pueblo en funciones y adjunto primero, Fernández Marugán). Entonces lo haremos por puntos, intervenciones, contestación, siguiente punto. Intentaremos ser lo más ágiles posible por parte de todos porque no por hablar más se consiguen más cosas. Por lo tanto sin más dilación damos la palabra al señor defensor del pueblo para sustanciar el primer punto del orden del día, que es informar sobre la nueva situación en España con la llegada de inmigrantes irregulares de Cartagena a Tarifa, y además lo que hemos comentado antes que hemos sustanciado en ese punto.

Cuando quiera usted, señoría.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias por pedir que comparezcamos aquí para dar nuestra visión de un problema importante pero no el problema central de la situación y la política migratoria en España.

En el año 2017 las autoridades españolas han dicho que entraron de manera irregular en España 28 349 personas. Bueno, dicho esto así, hay que compararlo con algo para saber si es una cifra importante o no es una cifra importante. En el año 2017 fueron 28 349 personas y en el año 2016 fueron 14 078, por lo tanto estamos hablando de un incremento del cien por cien. Los economistas sabemos que este tipo de comparaciones son todas ellas muy relativas. En el año 2007, en plena crisis de los cayucos, es decir hace diez años, no fueron 28 000, fueron 40 000. Por lo tanto a lo mejor convendría sosegar la espectacularidad de las cifras introduciendo un gradiente como el que acabo de introducir. Estas 28 349 personas, ¿entraron por el mar? Algunas de ellas entraron por tierra, o sea por Ceuta y Melilla. Por Ceuta y Melilla entraron 6246 personas; por lo tanto por el mar entraron 22 000 personas, que no son pocas pero que de alguna manera han generado un estado de opinión que a mí me parece excesivo; pero yo de esto no voy a hablar a no ser que en las preguntas ustedes hagan las consideraciones que estimen pertinentes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contemplado lo que ha sucedido en esta parte del mundo, en el Mediterráneo, y la OIM ha dicho que hasta el 20 de diciembre de 2017 habían llegado a Europa 170 000 ciudadanos de otras nacionalidades por el mar. Eso es el 70 %. Es decir el 70 % entraron por lo que se denomina la ruta central, que es fundamentalmente Lampedusa y Malta. Por la ruta Este, que es Grecia y Chipre, entró el 18 % y por España entró el 16 %. Por lo tanto la cifra es más alta que la del año pasado; pero no es una cifra excesivamente importante. A partir de ahí, como esta cifra no llegó súbitamente sino que de alguna manera fue sustanciándose poco a poco, nosotros, a lo largo del año 2017 fuimos viendo qué y cuáles eran las potencialidades y las capacidades que la sociedad española tenía para la acogida y asistencia de estas personas que podían llegar y que estaban llegando a nuestra


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sociedad. Este tipo de preocupación sobre cómo nos cogía de preparados a nosotros fue mucho más evidente y más perentoria a lo largo de los últimos meses del año 2017 y procedimos a realizar un plan específico para visitar todos los centros donde eran recibidos y acogidos. Y lo hicimos en el mes de noviembre y lo hicimos en el mes de diciembre. En el mes de noviembre y en el mes de diciembre nosotros visitamos los centros que el Estado español tiene desde Tarifa a Cartagena, es decir: Tarifa, Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia. Vimos cuál era el estado de situación de los mismos y comprobamos -que es lo que voy a contar ahora a todos ustedes- qué es lo que estaba sucediendo.

Empezando por las zonas gaditanas, allí, cuando recibían a las personas en proceso de rescate -de alguna manera- de las embarcaciones, se las llevaba a las comisarías y desde ahí se las llevaba -normalmente- a los centros de internamiento que había en esa provincia; entraron por ahí 6000 personas en 376 embarcaciones. Por Málaga entraron 2280 personas en 51 pateras. Hago esta matización del tipo de embarcación porque no deja de tener su importancia. A Málaga llegan fundamentalmente en embarcaciones de madera o con casco metálico; a Cádiz llegaron en una cosa que se llama toy, que es algo todavía más simple que la zodiac y que incorpora elementos de seguridad que no dejan de ser significativos. A Motril llegaron 3842 personas, casi todas ellas en una mezcla de zodiac y embarcaciones de madera. A Almería llegaron 5537 personas en 255 embarcaciones de madera fundamentalmente y a Cartagena llegaron 2089 personas en 190 embarcaciones. En estas 2089 personas están incluidas las casi 600 personas que llegaron al llamado muelle de la Curra que está instalado en el arsenal de Cartagena. Nos hemos encontrado con una panoplia de ciudadanas y ciudadanos de países ribereños del sur del Mediterráneo, unos del Magreb y otros del África subsahariana.

Lo primero que tengo que decir es que el comportamiento de las autoridades españolas y de los servidores públicos españoles que recepcionan a estas personas a nosotros nos parece ejemplar y evidencia un espíritu de sacrificio que al menos desde una organización como la que nosotros dirigimos en este momento queremos destacar. En segundo lugar, tenemos que decir que, a pesar de su generosidad, esta sigue siendo una sociedad que muestra una precariedad en los medios que pone al servicio de esas personas. Nos encontramos, pues, ante unas carencias estructurales que tienen una compleja resolución y que tienen que ver de alguna manera con múltiples factores. Es verdad, me dirán, y tienen razón, que es producto de la división competencial. Sí, es cierto, es producto de la división competencial. La división competencial atañe incluso a diferentes departamentos de la Administración General del Estado donde hay competencias que tienen que ver con Interior, con Justicia o con Trabajo y Seguridad Social, pero también es verdad que se hace poco por lograr una cooperación y una colaboración entre estas instituciones.

Les voy a leer algo que hemos tenido de alguna manera especial preocupación por poner de relieve. Ha habido un esfuerzo institucional y habido un esfuerzo material. En el caso más prototípico, el más característico, el más complejo y el más sofisticado que es el tema de Archidona, intervinieron la Policía Nacional, la Guardia Civil, el servicio de Salvamento Marítimo, la Armada, los juzgados, varias consejerías de Murcia y varias concejalías del Ayuntamiento de Cartagena. Pero eso es lo que es el esfuerzo institucional. ¿Y el esfuerzo material? Diez buques, no de guerra, un avión para poder balizar la presencia de las pequeñas embarcaciones, dos helicópteros, cien vehículos, todas las comisarías prácticamente de la Región de Murcia y unos cuantos polideportivos. Hay demasiada promiscuidad, por decirlo de alguna manera, en el conjunto de esfuerzos administrativos y de esfuerzos materiales. Y uno podría llegar a la conclusión de que esto se arregló cuando llegaron a Archidona. No se arregló cuando llegaron a Archidona. Cuando llegaron a Archidona había otro tipo de problemas que no estaban resueltos. Además, me atrevería a decir que si volviera a ocurrir algo parecido a lo que experimentaron las pobres mujeres y los pobres hombres que llegaron al muelle de la Curra volveríamos a tener esta forma tan peculiar de hacer frente a un fenómeno, que queramos o no queramos, es habitual en este momento de la historia de la humanidad y en esta zona del mundo. Porque no es esto distinto a lo que hace veinte años ocurría en Canarias cuando llegaban los cayucos a Lanzarote o Fuerteventura o hace treinta años cuando empezaron a llegar las primeras embarcaciones a Tarifa. Por tanto, nosotros hemos incurrido en una cierta desidia que, de alguna manera, envilece y dificulta los problemas a los cuales tenemos que hacer frente.

Voy a hablar de algunas carencias que me parecen importantes. La primera, las instalaciones. Porque qué tipo de instalaciones dan la respuesta a esa llegada relativamente importante de mujeres y de hombres que, por cierto, he de decir que a lo único que vienen a aquí es a tratar de vivir mejor y a tener la dignidad que no tienen en sus países de origen. ¿Qué tipo de instalaciones? Nos encontramos con las


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comisarías. Las comisarías no son el lugar para recibir a este tipo de ciudadanos. Algunas comisarías son muy lóbregas y duda uno de que sirvan para recibir a mujeres y a hombres que han hecho un recorrido difícil por el desierto y complejo por el mar. ¡Pero esto es lo que hay!

Luego hay una figura extraña que no deja de ser curiosa, que yo me he enterado de que existen este tipo de instituciones a la vista de los problemas, que son los llamados centros de primera acogida y detención, que es una especie de oxímoron que de alguna manera uno podría pensar que es una cosa u otra, aquí han juntado los dos y Dios sabe cómo cumplen su función.

Por último quedan los CIE. ¿Qué tendríamos que decir nosotros de este tipo de centros? En las comisarías hay una mezcla bastante desordenada de personas recluidas durante setenta y dos horas en tanto en cuanto preparan una recepción más definitiva y las ubican, por decirlo de alguna manera, en los calabozos de la comisaría, donde difícilmente hay luz natural y en casi ninguna de ellas hay agua corriente.

En ese sentido los llamados centros de primera instancia y de detención son una especie de continuación de la comisaría. No es la comisaría, pero es parecido a la comisaría. En ella hemos presenciado cómo aparecían una serie de mujeres y de hombres que estaban acompañados por sus hijos pequeños o por jóvenes o por hombres y ahí se carecía de elementos básicos. Por ejemplo, en el caso de Motril no había una cama para los hombres y en el caso de Almería no había una cama ni para los hombres ni para las mujeres. Por tanto, la calidad de la recepción es una calidad manifiestamente mejorable. De alguna manera es un hecho que debe destacarse.

El nivel más sofisticado son los CIE. A los CIE no se va por criterios administrativos, sino porque un juez dice que se va al CIE. Los CIE tienen algunas garantías y algunas obligaciones. Nosotros contemplamos y estamos atentos a lo que se piensa en la sociedad española respecto a lo que deben ser los CIE y tenemos un conocimiento relativamente importante de los mismos, aunque sí tengo que decir que, a la vista de lo que está ocurriendo, hemos celebrado algunas reuniones con profesionales que están trabajando en ellos o que de alguna manera tienen que ver con este tipo de instituciones y a lo largo de los próximos meses -si es que tenemos tiempo porque hay otras cosas que hacer- presentaríamos en esta Comisión un informe sobre lo que creemos que hay que hacer para mejorarlas. Por tanto, instalaciones bastante deficientes e incompletas. De alguna manera podrían ser manifiestamente mejorables. Que vayan ahí personas que procedan de un mundo más subdesarrollado que el nuestro no legítima que una sociedad como la española, que tiene un nivel de renta y de preparación y que se holga de decir que es una sociedad moderna con un respeto a los derechos humanos, en este caso y en estas circunstancias ese respeto es relativamente limitado.

Nos gustaría hacer algunas consideraciones sobre la asistencia que se da a estas personas desde el punto de vista de sus garantías jurídicas. En aquel momento y en aquellas circunstancias, a la vista de la numerosa llegada en los últimos meses del año 2017 de personas inmigrantes, se siguió un criterio de eficacia y eficiencia que de alguna manera dejó a un lado los derechos humanos, que son -al menos para nosotros- la ley fundamental de la institución en la que estamos trabajando. No tenemos una explicación clara de por qué el criterio jurídico que se empleó para la habilitación de las llegadas desde distintos lugares de la geografía -Murcia, Alicante, Almería- determinó que todas ellas confluyeran en Archidona. No hay una razón para que se decidiera esa unificación, al menos nosotros no la tenemos. Nos hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial para que nos explique esta situación.

La deficiencia de las instalaciones de la que hablaba antes también se notaba en los recintos donde tiene que haber un contacto entre el abogado que defiende los intereses del inmigrante y el propio inmigrante. En este tipo de instituciones es muy importante poder decir que al inmigrante se le ha hecho conocedor de sus derechos y que esta persona tiene contacto con su abogado para poder explicar su situación y sus pretensiones. Nos hemos encontrado con cosas escasamente justificadas: se tomaron declaraciones de forma colectiva, se hicieron lecturas de derechos de forma colectiva o se dio asistencia letrada de forma colectiva. Este tipo de actuaciones no son para hacerse de forma colectiva, sino que son para establecer un contacto bilateral directo entre el que llega y el que le va a prestar colaboración para mantener unos determinados principios en la sociedad. También hemos comprobado -y digo comprobado- que en muchas ocasiones hay profesionales que intervienen que se limitan a convalidar con su firma una resolución administrativa o judicial. Esto no debe hacerse. Además, hemos constatado de una manera directa en muchos casos que ni siquiera existió una conversación entre estos profesionales y las personas inmigrantes. Hay en el castellano algunas expresiones que indican falta de interés o cierta desidia; no insistiré mucho en ello, pero quiero que quede claro que en el Defensor del Pueblo se tiene conciencia de esta situación. El cumplimiento de las formalidades está bien, pero es mucho más importante que la asistencia jurídica sea efectiva y que responda al fondo de la cuestión, cosa que a veces no hace.


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El caso de Archidona es muy paradigmático, porque fue una respuesta en la cual el criterio de eficacia se impuso a otro tipo de criterios y, pese a las buenas intenciones -de las cuales no dudo-, planteó una serie de cuestiones que no quisiera dejar de considerar. La llegada de casi 600 personas a Archidona se produjo entre los días 18 y 19 de noviembre. Nosotros estuvimos allí los días 23 y 24 noviembre y volvimos los días 21 y 22 de diciembre. Por lo tanto, hemos tenido la oportunidad de ver una llegada apresurada y una estancia ya más normalizada. La primera cuestión que tenemos que plantear ante el Parlamento es con qué título habilitante se creó este centro provisional de internamiento. Este es un tema que nos produce cierta preocupación. Lo preguntamos y nos dijeron que el Ministerio del Interior, para hacer frente a las obligaciones comunitarias en materia de inmigración irregular, había habilitado el centro penitenciario de Archidona como CIE provisional en virtud de una resolución de fecha 19 de noviembre. Hasta aquí. Sin embargo, tenemos que decir que esa resolución no se publicó nunca en el Boletín Oficial del Estado, cosa que tenía que haberse hecho. Este es un primer tema -que no es menor- y ante la Cámara queremos dejar constancia de que entendemos que las cosas no se hicieron de una manera muy correcta. En segundo lugar, las instalaciones a su llegada estaban mal y al cabo de un mes estaban bastante mejor. Como dirían los economistas, los inputs primarios -la luz, el agua, etcétera- cuando fuimos la segunda vez estaban en pleno funcionamiento. Los sistemas básicos de protección y supervisión estaban un poco peor que los inputs primarios, pero donde ya la cosa se pone un poco más difícil de calificar positivamente es en el régimen de derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que un CIE provisional como el que se estableció en Archidona no tiene por qué tener un elenco de derechos inferior a un CIE ordinario, y ahí las cosas se enfocaron peor.

Nos hemos hecho una serie de preguntas -no sé si siete u ocho- para determinar que un CIE normal, a pesar de las cosas que se dicen de los CIE normales, tiene unos rasgos característicos. ¿Los tuvo el emplazamiento de Archidona? Tenemos que decir que algunos sí, pero otras cosas no las tuvo. No puede encargarse la gestión de un CIE con 600 personas a una unidad como es la Unidad de Intervención Policial. Tengo aquí -si fuera necesario, las sacaría- las características de esta unidad. Esta unidad no es otra cosa que una unidad de intervención ante desórdenes públicos. Estoy seguro de que trabajan bien, que cumplen su función policial y que son celosos de sus competencias, pero tengo que decir aquí delante de todos ustedes que esa unidad no está preparada para el trato y la atención a personas privadas de libertad a lo largo de sesenta días. Por lo tanto, se encargó la vigilancia a un conjunto de profesionales de las Fuerzas Armadas que no eran precisamente los más cualificados para este ejercicio; y empleo la palabra cualificado conscientemente. Además, hubo un problema con el régimen de visitas, porque se quiso que se realizaran en locutorios cerrados con mamparas. Nosotros pedimos que se hicieran en regímenes de otra naturaleza o que se modificaran las mamparas, porque espacios en Archidona había muchos -por espacio no sería-, pero no se quiso ser generoso a la hora de utilizar las potencialidades de un centro de esta naturaleza. En cuanto a la información que había que facilitar a las personas que estaban ahí, tardaron bastante tiempo en tener una información amplia y profusa de cuáles eran sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, se pudo mejorar el trabajo que se hizo. Había una sola línea telefónica, cosa sorprendente en un centro de estas características, y en sesenta días no se pusieron mecanismos para suplir esta carencia. De alguna forma, las notificaciones relacionadas con las resoluciones sobre protección internacional tuvieron que lograrse por un procedimiento muy peculiar: había que ir a Málaga a obtener la información para luego llevarla de Málaga a Archidona. Esto, en esta época, nos parece relativamente difícil. Un CIE, con mejor o peor funcionalidad, tiene normalizadas las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, cosa que aquí no se tuvo casi nunca. Un CIE facilita el contacto con los abogados de las personas que están allí privadas de libertad, pero en esos sesenta días nunca se fue capaz de lograr un acuerdo con el colegio de Antequera. Por cierto, lo tengo que decir aquí, en el Colegio de Abogados de Antequera hubo un grupo muy importante de letrados que hicieron un trabajo espléndido ayudando a que las cosas fueran mejor de lo que estaban siendo.

Por último, los internos autogestionaban la ocupación y la distribución de las celdas. No sé si se habrán fijado en la foto de una celda con unos colchones tirados. Eso tiene que ver con algunos sucesos desagradables que ocurrieron posteriormente. Me refiero ahora a la muerte del ciudadano argelino Bouderbala que, sin lugar a dudas, ha sido el hecho más dramático ocurrido en aquel CIE provisional. Nosotros no tenemos la menor duda -y lo decimos claramente- de que se trató de un suicidio. Recibimos las explicaciones pertinentes del Ministerio del Interior en presencia, quiero decir que vinieron a decírnoslo al Defensor del Pueblo; nos dieron las explicaciones pertinentes a través de la respuesta a una investigación de oficio que iniciamos en aquellos momentos. Es verdad, y lo supimos, que este señor


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participó en un altercado que determinó que la autoridad del CIE lo aislara y lo mantuviera así durante dieciséis horas. No tenemos noticia -y si hubiera ocurrido nos lo hubieran dicho- de que fuera reconocido por el personal sanitario que trabajaba en este centro ni se efectuó una vigilancia periódica de su celda, cosa que nos parece totalmente incomprensible. Vayan desde aquí nuestras condolencias. No sé si las condolencias las dan las instituciones o las dan las personas, me parece que si son serias las dan las personas: vayan las condolencias del defensor del pueblo. Lamentamos muchísimo que ocurriera este infeliz acontecimiento. No sabemos si hubiera sido posible o no evitarlo si las cosas hubieran ido de otra manera; en cualquier caso, lo lamentamos. Espero que todos aprendamos para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. Como queremos que nos aclaren este tipo de instituciones, mantenemos abierta una investigación con la Dirección General de la Policía.

Lo último que diré en relación con el suceso de Archidona es que nosotros participamos en un operativo de traslado de los internos desde Archidona a Orán. Por esta vía fueron trasladadas 488 personas, en lotes -digamos- de unas cuarenta. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar con ellos, dos funcionarios del Defensor del Pueblo salieron de noche de Almería y llegaron de día a Orán, permaneciendo en el entorno del barco porque había más seguridad para ellos si permanecían allí que si trataban de entrar en la ciudad de Orán. Este operativo no es ni mejor ni peor que otros operativos que se hacen en viajes de este tipo. Luego hablaré de los españoles que andan por las cárceles del mundo y mencionaré este tipo de viajes. Esto, de alguna manera, fue un trabajo habitual. Fueron 488 personas las trasladadas en ocho o diez viajes y tengo que decir dos cosas, primero, que el espacio temporal fue corto y, segundo, que se logró un éxito consular y policial que no era habitual; no era habitual que por parte de las autoridades argelinas se autorice a volver a Argelia, en un espacio tan breve de tiempo, un número tan elevado de personas. Por tanto, lo mismo que digo que hay cosas que se hicieron mal, otras cosas se hicieron bien. Estas cosas que se hicieron bien eran relativamente sencillas y las que se hicieron mal, sin ninguna voluntad y sin mala fe, lamentablemente eran más complejas.

Termino la intervención relacionada con Archidona con algo que les dijo uno de los devueltos a Argelia a los dos funcionarios del Defensor del Pueblo, que es lo que dicen casi siempre y además lo suelen cumplir: Lo volveremos a intentar. No deja de ser algo sorprendente.

Entro ahora en la última parte de mi intervención: qué proponemos. En esto de cómo enfocar el tema entre la parte norte y la parte sur de los países mediterráneos, hubo un tiempo que uno leía con frecuencia algunas sugerencias que nosotros queremos proscribir, pero además literalmente. Nosotros creemos que resolver exclusivamente los problemas desde una perspectiva militar o policial declarando la guerra a las mafias es profundamente insuficiente. En estas dos partes del mundo que se están relacionando hay que hacer otras cosas. Una de las primeras cosas que yo oí cuando llegué hace cinco años al Defensor del Pueblo es que una cooperante de la organización de los jesuitas les preguntaba a los responsables del Defensor del Pueblo por qué no se habían habilitado vías legales y seguras que facilitaran la entrada de la denominada inmigración laboral o económica. Aquí ese tipo de prácticas han desaparecido. Todo se fundamenta en el control de la frontera. Miren, el control de la frontera es una pieza importante, muy importante, pero no es la única pieza posible, porque cuando se convierte en la única pieza posible uno tiene que hacer frente a determinadas cuestiones que a veces le gustaría no tener que enfrentarse con ellas. Yo soy de los convencidos -ideológicamente convencido, y una persona de mi edad y de mi consideración cuando dice estas cosas las dice con firmeza- de que no hay efecto llamada en África; en África lo que hay es efecto expulsión, y el efecto expulsión viene derivado fundamentalmente de la desigualdad pavorosa que persiste y que de forma radical existe entre quienes viven en aquella parte del mundo y quienes vivimos en esta parte del mundo. Nosotros formamos parte del mundo deseado; deseado por aquellas mujeres y aquellos hombres que quieren vivir en un sitio mejor, y a nosotros, viviendo en el mundo deseado, se nos plantea la exigencia de unas garantías en el rescate, en la acogida y en la devolución cuando se haga necesario llevar a cabo esta operación.

Yo creo que nosotros tenemos que crear unas infraestructuras idóneas, tenemos que tener grupos humanos especializados; criterios de colaboración entre nosotros, entre las administraciones públicas y la sociedad civil, entre nosotros y Acnur, CEAR, Save the children, este tipo de organizaciones que existen en esta sociedad. Y esas infraestructuras han de ser próximas, flexibles y altamente especializadas, con equipos multidisciplinarios. Me van a permitir que recuerde la primera vez que fui a un CIE. La primera vez que fui a un CIE fui al CIE de Algeciras. La aluminosis ya era mucha; ahora no sé adónde llegará ya; era un sitio impresentable en el que había una zona de mujeres y una zona de hombres. Soledad y yo fuimos a la zona de mujeres y allí había unas mujeres que estaban las pobres aturdidas, totalmente confundidas,


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desorientadas, y yo le pregunté a una de ellas: ¿De dónde es usted? Y me dijo: De Sudán del Sur. No sé si sería de Sudán del Sur. Si le hubiera preguntado a otra me hubiera dicho también que de Sudán del Sur, porque sabía perfectamente que, como no tenía documentación, diciendo que era de Sudán del Sur no la devolverían. Mi pregunta es -me la hice entonces y me la hago ahora-, ¿y no estaría esta mujer mejor en otro sitio donde pudiera ser tratada con una dignidad, con la dignidad que corresponde por ser un ser humano? Creo que a nosotros nos falta hacer frente a algunas cosas, no lo hemos hecho hasta ahora y deberíamos ser capaces de hacerlo. Habría que abordar el tema de las llegadas de una manera más flexible de lo que lo estamos haciendo. Habría que ser capaces de hacer un triaje, que es lo que no se había hecho con esta ciudadana que decía que era de Sudán del Sur, y decir a esta mujer: mire, usted tiene estas características y no va a un CIE para estar allí apelmazada, aturdida, sino que tiene que ir a otro tipo de institución donde la podamos ayudar a salir de este enorme atolladero en el que está. Eso nos llevaría a repensar el papel de los CIE. La verdad es que me gustaría, cuando tengamos el trabajo, tener una reunión como esta para poder decirles cómo en el Defensor del Pueblo, después de muchos años de experiencia en el tratamiento de migrantes, creemos que hay que organizar esta situación. Y también habrá que plantearse, porque es una realidad, es un hecho, cómo se hace la devolución. Hay gente que no reúne las condiciones. Uno se pregunta: ¿cuál es la habilitación que hace que estén aquí y a lo mejor no deban estar aquí? Esas cosas hay que preguntárselas; hablaremos luego de este tema, pero la devolución requiere un acuerdo entre el que devuelve y el que recibe, y eso tiene sus complicaciones.

Termino. Hay cuatro cosas que yo creo que deberíamos de ser capaces de enfocar en el tema de las personas que llegan de forma irregular a nuestra sociedad; que llegan y que van a seguir llegando. En primer lugar, hay que tener voluntad política para hacer frente a esta cuestión. Lo voy a decir en castellano viejo: no valen las actitudes mostrencas. Hay que tener voluntad política para resolver este tipo de cosas. En segundo lugar, hay que tener una dotación de recursos suficiente. En tercer lugar, hay que buscar la colaboración social e institucional. En cuarto lugar, habrá que hacer cambios legislativos que eviten esta imagen de que estamos detrás de una valla, en una especie de fortaleza inexpugnable. Recuerdo aquí lo que le dijeron a nuestros compañeros del CIE: Volveremos a intentarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay que cambiar la lógica del sistema; que este es un sistema -el que tenemos aquí- ineficiente y barato, y que a lo mejor está así por ineficiente y por barato, pero de alguna manera en demasiadas ocasiones es cruel con personas que tan solo aspiran a una cosa, que es vivir mejor.

Gracias por la atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor del pueblo, por su intervención.

Ahora es el turno de palabra de los diferentes grupos políticos, de menor a mayor, por un tiempo de entre siete y diez minutos, pero diez minutos es como máximo, cuando ya empiezan a sonar todas las alarmas.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko. Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor defensor del pueblo, por su comparecencia. Estamos ante un problema humanitario, y así lo he interpretado también de sus palabras; coincido con usted en la mayoría de los análisis que ha hecho de este problema, pero el gran problema actual es que en muchos casos, en demasiados casos, la Administración da una respuesta policial, incluso militar, a este fenómeno. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).

Esta misma semana, el ministro del Interior, en una visita a Senegal, hablando de la cooperación con este país en materia de migración señalaba que, gracias al acuerdo entre otros países del África subsahariana, en el caso de Senegal había frenado la migración y se habían evitado atentados yihadistas. Esto es, se refería a dos hechos falsos, objetivamente falsos, ya que -como bien figura en sus datos- no se ha reducido esa emigración irregular, son vasos comunicantes y aquellas personas que no acceden en cayucos a través del Atlántico a las islas Canarias acceden por el Estrecho de Gibraltar a territorio europeo. Y, por otra parte -también falso-, criminalizaba a todo un colectivo que en muchos casos huye precisamente del yihadismo, que es la pesadilla que está recorriendo tanto el Magreb, Oriente Medio, África, como también Europa. Es decir, muchas personas que huyen de esa pesadilla se encuentran criminalizados y acusados de poder ser miembros de algunos de esos grupos. Y no quería dejar pasar la oportunidad de decir que incluso el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención en varias ocasiones al Gobierno porque no se están auditando las cantidades de dinero que se están entregando a esos países del África subsahariana. En muchos casos no sabemos si esto es una corrupción de guante blanco, por decirlo de alguna manera.


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Ante este fenómeno de las migraciones, que es cierto que es poliédrico, que no solamente afecta al Estado español y que no solamente es responsabilidad del Gobierno sino también de otros poderes, me remitiría a los términos que se señalaban en el informe que ha hecho CEAR: que la respuesta del Gobierno a este fenómeno está siendo improvisada, con métodos arbitrarios y no serios. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay graves dificultades para solicitar asilo, desde elementos materiales hasta personal cualificado, como pueden ser intérpretes, algo que hay que subsanar rápidamente. Llamaba la atención también, ante este incremento de personas que están llegando, el aumento de manera exponencial de mujeres, muchas de ellas, quizás la mayoría, víctimas de trata. Igual que antes poníamos el ejemplo de una mujer que viene de Sudán del Sur -un país que ha estado en conflicto por lo cual no se la puede expulsar-, una persona que posiblemente es víctima de trata también necesitaría una especial protección por parte de la Administración. De igual forma se ha incrementado el número de menores que están llegando de manera irregular al Estado y hemos visto casos como los de esos menores que han estado en el centro penitenciario -hay que recordar siempre que estamos hablando de un centro penitenciario- de Archidona cuando no tiene ningún sentido que un menor pueda estar en una institución de este tipo.

Respecto a la acogida y a las instalaciones, no le voy a negar que soy partidario de cerrar todos los CIE, pero rebus sic stantibus, estando las cosas como están, hay CIE y CIE. Veía la imagen de uno de los CIE que mencionaba, el CIE de Algeciras, que algunos senadores tuvimos la oportunidad de visitar el pasado año. Cuando veía la foto me recordaba la casa de Torrente o algo similar. Ese lugar no es digno de estar abierto en este momento, incluso mientras se construye otro, y ya digo que yo soy partidario de que no se construyan nuevos sino que se cierren todos los que hay, pero ya digo que no tiene ningún sentido que en esa instalación haya personas; no tiene lógica.

Refiriéndome al centro penitenciario de Archidona, que algunos califican como centro temporal de acogida de emigrantes, ahí se cometió una ilegalidad de libro, independientemente de quien fuera el responsable. El Gobierno en muchas respuestas parlamentarias nos decía que era un centro nuevo, incluso que las personas migrantes que estaban en ese centro estaban en mejores condiciones que en el resto de CIE. Es muy esclarecedor para saber cómo están muchos de esos centros de internamiento. Decía usted -y comparto el análisis que hacía- que es un sinsentido que la UIP, la unidad de intervención de la Policía Nacional, se haga cargo de la gestión del CIE de Archidona, pero es que yo creo que ningún CIE debería estar bajo control policial. No creo que sean los funcionarios más adecuados para llevar ese tipo de instituciones.

Otro de los fenómenos que estamos viendo con la llegada de personas migrantes al Estado en estos últimos meses es que si estas personas llegan a Ceuta o a Melilla son ingresadas en el CETI, un centro abierto en el cual pueden, con sus limitaciones, hacer una vida normal, aunque ya digo que también habría que hablar de los dos CETI. En cambio, vemos cómo, si llegan al Estado, en la mayoría de las ocasiones son ingresados en los CIE sin haber cometido ningún delito. Es un sinsentido que se les ingrese en este tipo de instalaciones.

Respecto a las previsiones para el futuro, Frontex anunciaba que se espera que aumente la llegada de estas personas y por eso hacía un llamamiento, en el caso del Estado español a que adquiriera más barcos, más aeronaves. Desde un prisma humanitario, y no policial, yo también creo que si está aumentando el número de personas migrantes que están llegando tendría sentido que también aumentara el número de efectivos y medios para dedicarlos al salvamento. Esta misma semana aparecía una noticia según la cual el SIVE, ese Sistema Integral de Protección Exterior, tenía averiados más de treinta radares y sistemas de localización de embarcaciones. Cuando pregunto al Gobierno, siempre se me contesta que el SIVE responde a una lógica de lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal y que, por otro lado, está dedicado al salvamento de personas. Pues bien, si el SIVE se utiliza de alguna manera para el salvamento de personas no tiene ningún sentido que haya más de treinta aparatos, como radares y aparatos tecnológicos de detección de embarcaciones, averiados. También tendría sentido que se mejorara la coordinación por parte del Estado, del Gobierno, con los colectivos y las organizaciones que trabajan con la ayuda a las personas migrantes. Y no puedo dejar pasar la ocasión de recordar el caso de Helena Maleno, una persona que en cualquier otro Estado incluso podría haber sido promovida para recibir un premio Nobel, en este Estado vemos cómo ha sido el propio Gobierno, la misma Policía Nacional la que ha enviado un informe a la policía de Marruecos para criminalizarla y crearle problemas cuando es una persona conocida por todos los colectivos y medios de comunicación y que hace un trabajo público de ayuda a esas personas, en contacto directo con Salvamento Marítimo.


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Ante este problema poliédrico y de carácter humanitario, creo que hay que trabajar en origen -muchas veces se dice que el problema hay que arreglarlo en origen-, pero también buscar vías seguras. Mientras este problema se mantenga, buscar vías seguras evitaría estos dramas en nuestras costas y en las fronteras de todo el sur de Europa. Por ello y para acabar con esta improvisación y estas respuestas arbitrarias por parte del Gobierno yo le animo a seguir trabajando e incluso incrementando ese control de las administraciones tanto en el cumplimiento de la legalidad como en la defensa de los derechos humanos, y sin olvidar sobre todo que estamos frente a un problema humanitario. Hay que pensar en esa vertiente humanista, la que se desprendía de su intervención: que detrás de todo esto hay personas, hay seres humanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Iñarritu.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Yo no voy a agotar muy tiempo, así que intervendré muy brevemente.

La verdad es que después de haber oído lo que nos ha dicho el Defensor del Pueblo lo que yo pueda decir no se lo tengo que decir al Defensor del Pueblo sino al ministro del Interior. Todo aquello que surge como una especie de protesta por lo que el defensor ha dicho, al interlocutor a quien se lo tengo que decir no está hoy aquí, porque la comparecencia no es del ministro del Interior. Seguramente me pasa como a otros muchos compañeros que, tras oír el relato que nos ha hecho usted, se me ocurren cada vez más cosas que decir al Gobierno.

Dicho esto, su intervención ha sido bastante vehemente y a su vez sincera, así como esclarecedora de aquello que algunos ya habíamos entendido y algún compañero de mi grupo se lo había dicho al ministro del Interior. El problema -usted no es el receptor de lo que voy a decir ahora- es que todo lo que usted ha dicho que ocurrió el Gobierno nos lo ha negado; entonces, la contradicción surge entre la credibilidad del Defensor del Pueblo y la credibilidad del Gobierno, entre lo que se dice que ocurrió o no ocurrió y cómo se actuó o se dejó de actuar; entre cuando se negó que ocurrieron ciertas cuestiones o cómo se habían tratado todas aquellas cuestiones que usted ha detallado: qué personas atendieron, cuáles eran las cualificadas, las no cualificadas, cómo estaban las instalaciones, qué serie de criterios se llevaron a cabo. Una es la visión que usted nos da y otra la visión que se nos dio. Por lo tanto, y acabo con esto, ante ello se actuó como se actuó por tres razones: por desconocimiento, por desidia o por falta de recursos. En cualquiera de los tres casos es bastante deprimente y nefasto que haya ocurrido así. Le agradezco su intervención y su claridad y espero que, ya que a otros no se nos ha hecho caso, al Defensor del Pueblo el Gobierno sí se lo haga.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Tiene la palabra el senador de Esquerra Republicana, señor Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Sí, bona tarda, presidente, gracias.

Quiero agradecer al Defensor del Pueblo su claridad en lo expuesto. Creo que es bastante detallado lo que ha relatado, sobre todo, en lo que respecta a Archidona. Yo me desplacé también a Málaga para encontrarme con diferentes personalidades allí y quiero explicar que tras el cierre de Archidona se llevaron a gente a un pabellón polideportivo en la ciudad de Málaga y la manera en la que estaban en ese pabellón también era irregular. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Nosotros hemos lanzado una batería de preguntas al Ministerio del Interior; a fecha de hoy también esperamos respuesta. No sé que tipo de respuesta se nos va a dar, pero vamos a cotejarla con su explicación. Lo que sí nos extraña, por ejemplo, es que hoy mismo en el juzgado de Málaga se esté juzgando a personas que fueron a protestar por las condiciones personales en las que estaban encerrados en la cárcel de Archidona. Creemos que esto es sobrepasar la justicia, porque defender a estas personas no creo que sea ningún delito y, desde aquí, Esquerra Republicana está al lado de quienes han estado hoy en Málaga delante de los juzgados defendiendo los derechos de los inmigrantes y de los que están allí expresándose con libertad.

Por lo que se refiere a la inmigración y a los datos que ha dado anteriormente sobre el aumento de pateras, entendemos que los datos son fiables y reales. Es muy grave que aumente más de un 160 % la


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llegada de pateras a la costa andaluza y esto afecta no solo a Andalucía sino a toda Europa, porque es una puerta de entrada.

Queremos darle las gracias por las palabras que ha tenido para la persona que se suicidó en la cárcel de Archidona. Nosotros, como grupo, a partir de este momento volveremos a presentar más preguntas y cotejaremos las respuestas que tengamos del Ministerio del Interior.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra doña María Virginia Millán.

La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidente.

Ante todo me gustaría darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros y comparecer y, sobre todo, felicitarle por su sincera y clara exposición. Es fundamental que el Gobierno garantice unas condiciones y una dignidad mínima a los extranjeros que cruzan trágicamente el mar, como usted bien ha dicho, en busca de un futuro mejor. También es necesario que el Gobierno y el Ministerio del Interior desarrollen medidas de prevención y una mejor coordinación y no realizar funciones de improvisación y descontrol, como ha venido sucediendo. Por eso, yo tenía una serie de preguntas para hacerle, pero su clara exposición ya me las ha respondido. En definitiva, hay que cambiar la lógica ley del sistema, un sistema deficiente, un sistema barato y que a veces es cruel. Por esto último -que a veces nos encontramos con un sistema cruel-, me gustaría preguntarle por el caso concreto del centro penitenciario de Archidona, si consideran que hubo violación de los derechos humanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Millán, por su intervención.

Ahora, en nombre del Grupo Unidos Podemos tiene la palabra doña María Isabel Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias al defensor del pueblo por esta exposición y este análisis que nos ha hecho de la situación de la política migratoria. Me ha parecido bastante sincera su exposición y hacernos reflexionar sobre la deriva de la política migratoria que tenemos hoy en día, de su crueldad. Me preocupa especialmente porque la situación que estamos viviendo ahora de aumento de llegada de personas en patera por mar, no se va a resolver; de hecho, va a seguir. En cuanto se taponan unas vías se abren otras, y ahora mismo esta situación existe y nos la vamos a seguir encontrando. Todo lo que nos ha estado contando sobre el desbarajuste absoluto y el despropósito de Archidona, esa situación de llegada puntual masiva de migrantes es posible que vuelva a suceder, con lo cual es bastante importante que hagamos un análisis de lo que ha pasado y de lo que debemos hacer a partir de ahora. Efectivamente, no hay vías legales de entrada, y cada vez se dificultan más. Estoy totalmente de acuerdo con que hay un efecto expulsión, no un efecto llamada, y que determinadas prácticas en la política migratoria no hacen que no quieran entrar, porque van a entrar de todas maneras.

La dramática situación que se vive ahora mismo en la ruta migratoria del Mediterráneo central y del Egeo con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía provoca el tapón en esa vía de entrada; la situación de la ruta libia dificulta muchísimo la entrada y se vive ahí una situación absolutamente dramática. Me gustaría poner encima de la mesa que ese acuerdo ha provocado la criminalización en esas aguas de las ONG que se dedican a la asistencia de las personas en el mar. Quiero recordar a los bomberos de Sevilla, a la asociación Open Arms a la que están pidiendo diez años de prisión y a Helena Maleno contra la que, siendo una defensora de derechos humanos con una trayectoria absolutamente conocida y reconocida, se está propiciando por parte del Gobierno español un procedimiento contra ella. Es ya la deriva más absolutamente absurda de la política migratoria que llega hasta ese punto, y no a defender a nuestros ciudadanos que ayudan a las personas migrantes, sino todo lo contrario, a acusarlas de inmigración irregular, procedimiento que por cierto se archivó en España pero que, instado por la policía española, se intenta que se continúe en Marruecos.

Estoy totalmente de acuerdo con que hay medidas absolutamente improvisadas, con actitudes mostrencas -me ha encantado esa expresión-. Hay que tener en cuenta que estas soluciones improvisadas han supuesto la vulneración de derechos humanos de cabo a rabo, y hay que ponerlo encima de la mesa porque, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Parece que el Gobierno no ha asumido ni una sola de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, ni una sola de las denuncias y la verdad es que me parece una situación bastante problemática. No hay planificación, efectivamente, ni


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establecimiento de recursos suficiente para la gestión de llegadas, y me parece muy interesante la propuesta de que se establezcan estos protocolos. Las instalaciones de llegada -ha puesto alguna foto- son horribles en Almería, Motril, Málaga, Algeciras y Tarifa; son espantosas, no son condiciones dignas para la acogida de inmigrantes. Además, excepto en Málaga, hay hasta falta de asistencia jurídica y muchísimos problemas. Estamos hablando de que no solo hay equipos multidisciplinares, como ha propuesto, sino que las condiciones no son dignas.

Otra cuestión a tener en cuenta es que faltan protocolos de detección de personas con perfiles vulnerables. Pongo encima de la mesa que ha sido el propio defensor el que ha denunciado en diferentes ocasiones que los menores inmigrantes no acompañados estaban siendo internados en centros de detención y, además, habían sido expulsados. En Archidona hubo varios y en Algeciras incluso se les ha expulsado. Utilizan el criterio de eficacia para el ingreso en Archidona debido a una situación excepcional, pero lo que hay que hacer es cumplir con la legislación española, internacional y con los derechos humanos, y realmente eso no se hizo.

Su propuesta de reflexionar sobre qué es lo que habría que hacer me parece interesante porque lo que pasó no debería volver a pasar, y tiene que haber recursos suficientes como para acoger a las personas en una situación excepcional. Como ha contado, en 2006 con la crisis de los cayucos llegaron 37 000 personas y no se pensó en ningún momento en meterlos en una cárcel, que es lo que se ha hecho ahora. Es cierto que faltaban plazas en los CIE para ingresarlos a todos, aunque en ese momento sí había alrededor de doscientas plazas disponibles, si bien es cierto que era en las islas. Es posible otro tipo de acogida, sí había recursos de acogida, recursos de humanitaria disponibles y eso nunca se ha planteado por parte del Gobierno. Obviamente, lo que hay que poner encima de la mesa es que tenemos que reflexionar sobre qué acogida se les da a estas personas; en muchos casos se les pasa a recursos de humanitaria directamente y, como he comentado en el caso de las mujeres en el CIE, es algo que habría que plantearse ya porque es algo bastante indigno.

Efectivamente, Archidona no tenía una resolución de apertura. Esa resolución que le ha comentado que existe no está publicada ni se la han facilitado a nadie. En pregunta escrita se lo he solicitado, y el Gobierno hace oídos sordos, ya que todavía estamos esperando que nos faciliten esa orden, resolución, o como quieran ellos llamarle, que no existió. Que las personas estuvieran allí era jurídicamente ilegal, no era posible. El asunto de Archidona ha sido bastante grave. Ha explicado muy bien la situación diferente que hubo al principio de falta de planificación total -no había agua ni servicios básicos-, pero yo tuve la oportunidad de entrar dos veces y la segunda -tuve bastantes dificultades para entrar- fue justo el día que ya estaban expulsados. Pude mantener una conversación larga con el director de la prisión y le pude hacer bastantes preguntas. Estoy totalmente de acuerdo con que el uso de antidisturbios de la UIP para la atención a personas migrantes es una absoluta barbaridad; no es un cuerpo que esté preparado para la atención de personas migrantes que, además, no cometen delitos ni están provocando alteraciones graves de la seguridad pública. Esto llevó a situaciones de tensión continua. El Gobierno no ha llegado a contar que hubo continuas autolesiones y muchísimos lesionados -eso se lo pude preguntar al jefe del servicio médico- y asistencias de lesiones múltiples. En la última visita, aunque ya lo estaban recogiendo, pude ver restos de sangre en muchísimos sitios o sea que allí la situación fue bastante dura. Las quejas a última hora de los migrantes -que provocaron algunos de los altercados y de los motines que hubo- fueron por falta de comida y por frío, porque en algunas celdas no funcionaba la calefacción y no tenían suficiente comida y ropa -de eso se quejaban-. Quiero poner encima de la mesa algo que me parece bastante grave y es que hubo sanciones -cuando las personas internadas en CIE no pueden ser sancionados- de aislamiento en celda de manera habitual, no solo en los motines donde se encerró a personas durante más de dieciséis horas...

El señor PRESIDENTE: Señora Mora, ya debe ir acabando, por favor.

La señora MORA GRANDE: Allí se encerró a personas sin atención médica -eso me lo reconoció el director del centro- y sin haberlo comunicado al juez de control. Esto me parece bastante grave.

La situación de Archidona creo que es bastante indigna y no se puede volver a repetir. Me parece que estamos llegando a un uso de la política migratoria como un no derecho para los migrantes. Estoy totalmente de acuerdo en que hacen falta cambios legislativos, como ha comentado, y que tenemos que hacer una reflexión para un cambio radical de este sistema que es absolutamente cruel y que vulnera los derechos humanos.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mora, por su intervención.

Ahora, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Galovart.

La señora GALOVART CARRERA: Gracias.

Buenas tardes. Bienvenidos defensor, adjunta al defensor y todo su equipo aquí presente. Gracias por su contundente exposición. El Grupo Socialista suscribe todos y cada uno de los puntos de su intervención.

Sucede siempre, el tema de la inmigración no desaparece, es cíclico. El cierre de una ruta marítima a Europa intensifica el tráfico a otra. Pasó en 2005-2006 cuando la ruta cambió del estrecho a Canarias y pasó desde 2016 cuando el refuerzo de los controles fronterizos en Ceuta y Melilla dio lugar a un descenso de las llegadas por esta vía y el incremento de su número por el estrecho y especialmente por la zona del mar de Alborán. En 2017, como consecuencia de los acuerdos de la Unión Europea, Turquía, Libia e Italia, las arribadas a España subieron, al mismo tiempo que bajaron un 34 % las de Italia y un 83 % las de Grecia. Asimismo, diferentes avatares políticos en países de origen y tránsito coadyuvaron a que se triplicara el flujo migratorio en nuestras costas hasta alcanzar la cifra de más de 23 000 inmigrantes, cifra que supuso el 13 % de las llegadas por mar a Europa, frente al 2 % del año anterior.

Ante esta preocupante situación, el Gobierno, a sabiendas de la misma desde 2014 en virtud de un informe de seguridad nacional, improvisa y actúa arbitrariamente, vaciando de contenido hermosas palabras como derechos humanos, dignidad y protección con el fin de esconder el pensamiento único de la seguridad en detrimento del derecho y de la humanidad.

Defensor, las duras críticas que acabo de realizar se basan en realidades como las siguientes: primera, los migrantes, en su primera llegada, son recibidos en instalaciones que no reúnen condiciones adecuadas, siendo detenidos sin causas que lo justifiquen y con independencia de que se traten de personas en situación de vulnerabilidad o potenciales solicitantes de asilo. Segunda, las personas con necesidades especiales no son identificadas; nótese que un 8 % de las 23 000 llegadas en patera pueden ser mujeres maltratadas. Tres, los lugares donde permanecen detenidos no reúnen mínimas condiciones de tipo alguno; léase el antro infame del Centro de Primera Asistencia y Detención de Motril, donde, salvo las mujeres, los recién llegados duermen en el suelo; léase también las mazmorras sin luz de la Comisaría Provincial de Málaga donde, sin camas, conviven migrantes con detenidos. En ambos centros en no pocas ocasiones también son ingresados menores de edad con adultos, lo que es todo un escándalo. Cuatro, el criterio de solicitud de ingreso o no en un CIE es arbitrario, depende, por ejemplo, del lugar de llegada, de si hay plazas o no en el centro o del sexo de las personas; además, el acuerdo de ingreso depende también de que el juez competente examine de forma pormenorizada el asunto que se le presenta o que no lo examine. Cinco, la llegada incontrolada de inmigrantes y la falta de plazas en el CIE da lugar a puestas en libertad y, dada la insuficiencia de plazas de acogimiento, que tengan que deambular por nuestras ciudades sin medios de vida y sin control alguno por parte de nuestras autoridades. Sexto, los CIE en general, y fundamentalmente los de Algeciras y Tarifa, están saturados, siendo muy deficientes sus condiciones materiales y de servicios; como dijo el defensor: son impresentables. Siete, el derecho efectivo a tener asistencia jurídica y a la de un intérprete depende del lugar de llegada, del criterio de la Policía Nacional que lo recibe, de si el abogado tiene una formación específica o no, de que existan unas instalaciones apropiadas para la relación abogado-cliente y, en general, se puede decir que ese derecho a la asistencia jurídica no es efectivo en la mayoría de las ocasiones. Ocho, continúan realizándose expulsiones en caliente, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nueve, los migrantes no tienen acceso a la información ni al procedimiento de protección internacional. Diez, este procedimiento se aplica de forma arbitraria y, así, en Málaga las solicitudes de asilo se tramitan por el procedimiento de territorio y no por el procedimiento de frontera; en el resto, no se garantiza el acceso al mismo. Once, hay 34 000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, lo que pone de manifiesto el colapso, el auténtico colapso del sistema de asilo sin que se haga nada por parte de su responsable. Doce, el sistema de protección y de identificación de los niños y niñas no acompañados es ineficaz y se vulnera la presunción de su minoría de edad, lo que provoca, entre otros perjuicios, su ingreso en los denostados centros de Motril y de Málaga. Trece, a esos niños, según Unicef, el 10 % de los que llegan, se les considera inmigrantes sin derechos y no menores con derechos, fundamentalmente los que se encuentran en la calle y a esos, además, se les criminaliza. Catorce, el sistema de identificación y de protección de las víctimas de trata en costa es ineficaz y el número de las mismas se incrementa de forma paulatina. Quince. Archidona es la punta de iceberg de este estado de cosas de imprevisión y de irresponsabilidad, un síntoma de que el sistema no funciona; además se ha hecho precisamente lo que prohíbe la ley: convertir una prisión en un CIE o infringir criterios de competencia de los jueces autorizantes.


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Señorías, podría seguir describiendo muchas mas realidades pero el tiempo me impide hacerlo, por eso paso al siguiente apartado de mi intervención. Como socialistas es nuestro deber criticar duramente al Gobierno por lo que está sucediendo, pero también lo es hacer propuestas de actuación que permitan preservar la política de inmigración de demagogias, partidismos y xenofobias. Lo hacemos además con el bagaje y los buenos resultados obtenidos con el Plan África 2005/2008. Y así, respecto a la primera acogida, en noviembre de 2017 registramos una PNL para la adopción urgente de medidas que abordan el incremento del flujo migratorio; medidas que la falta de tiempo también me impide detallar. Para completar estas medidas hacemos nuestras y apoyamos las medidas propuestas por CEAR en su último informe de 2017: Los muros invisibles tras la frontera sur.

Finalizo, presidente. El Gobierno está obligado a elaborar de forma urgente un plan de actuación estatal para prever y hacer frente al constante aumento del flujo migratorio, que lleva camino de consolidarse y de convertirse en una emergencia; emergencia que amenaza no solo las vidas, la integridad y los derechos de los que llegan, sino también la seguridad y el buen funcionamiento de los servicios públicos de nuestro país.

Señorías, lo van a volver a intentar; no hay tiempo que perder. El Gobierno, de una vez por todas está obligado a hacer una verdadera política de migración.

Muchas gracias. (El señor Luena López: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Galovart, por su intervención.

Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Sánchez Zaplana.

La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias al Defensor del Pueblo, a su adjunta y también a todo el equipo que le acompaña tanto por su exposición como por el trabajo que hacen a diario en cuestiones como las que nos competen hoy y concretamente en este punto, por su trabajo con las personas inmigrantes, con las personas solicitantes de asilo y con las personas refugiadas.

Miren, lo voy a decir también alto y claro: creemos en mi grupo parlamentario que la solución al problema humanitario, sin duda migratorio, requiere del más amplio consenso político. En eso coincidimos con usted, que lo ha dicho al final en las cosas que faltan por hacer o que usted pondría sobre la mesa. Hablamos de cambios o, como se ha dicho aquí, mejoras en el sistema, cambios legislativos -lógicamente siempre dentro del marco de la normativa europea, entiendo que debe ser así-, pero es que es una realidad. Desde hace veinticinco o treinta años, España, por su propia situación geográfica -ni siquiera voy a decir geopolítica- es un lugar de llegada fundamentalmente a nuestras costas, como han dicho en las diferentes intervenciones y en su exposición, de muchas personas a diferentes puntos de nuestra costa; y en este caso y fundamentalmente lo han sido de países africanos, del Sahel muchas personas y de la parte subsahariana.

El trabajo para hacer frente a la inmigración irregular no ha sido solo una competencia que ha asumido el Gobierno actual de España, sino que los diferentes Gobiernos, y aquí tenemos a los compañeros del partido y del Grupo Parlamentario Socialista, han tenido que asumir las responsabilidades y han tenido que vivir situaciones, como ya se ha dicho también en esta sala, como la crisis de los cayucos -a la que no me voy a referir- en los años 2005 y 2006, con más de 40 000 personas llegadas a nuestras costas; y con decisiones que también tuvieron que ser complejas, que fueron discutidas, que evidentemente fueron polémicas, pero que se tomaron en su momento para resolver una situación complicada.

¿Qué ha pasado en el año 2007 con la llegada de inmigrantes de manera irregular?, y no me voy a referir a los casos de reasentamientos ni a reubicaciones de los que hemos hablado en otras ocasiones en esta Comisión. Pues que efectivamente se ha multiplicado casi por tres, por más de dos, la llegada de personas, sobre todo africanas, a nuestras costas. Se han detectado, y están en la página web del ministerio, cerca de 1133 embarcaciones llegadas con 20 451 personas, según los últimos datos de que dispongo (18 000 hombres, 1500 mujeres y 15 bebés). Una llegada masiva que nos recuerda otros momentos -creo que ha mencionado usted episodios cíclicos, como también lo ha dicho algunos de los compañeros diputados y senadores en las intervenciones-.

¿Cuáles son las causas de la llegada? Porque hay que ir al origen para saber cómo poner soluciones. Yo hablaré siempre de soluciones. Si escuchamos a las voces más expertas, hay muchas opiniones y algunas incluso discutidas o discutibles. Algunas voces apuntan a condiciones, por ejemplo, el bloqueo de la ruta entre Libia e Italia, por la que han llegado hasta el 80 % de las personas inmigrantes, algo que es conocido como la mayor ruta de llegada por el Mediterráneo central. -Hay quien discute esta causa-.


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Otras razones son -por qué no decirlo-: la mejora económica de la situación en Europa, que puede tener, o no, un efecto llamada pero es una de las razones; la mala situación -no se ha hablado de ello aquí- en Marruecos debido a la sequía, esa sequía prolongada que en el último año ha hecho que muchas personas han salido. Conociendo el país, diría que también muchos jóvenes han salido por la falta de oportunidades y buscando una oportunidad, por qué no decirlo así. Una de las causas importantes es la difícil situación socioeconómica de Argelia y de otros países sobre los que sería muy difícil decir y concretar las causas, países de origen subsahariano. Pero siempre, y en eso voy a coincidir con muchos de los intervinientes, estando en el centro la pobreza -yo añadiría la pobreza extrema- y los conflictos bélicos o los conflictos que viven estos países.

Nosotros nos preguntamos qué se puede hacer. Evidentemente hay que trabajar allí. -Claro, eso no ha salido porque sería difícil tratar todos los temas en una comparecencia del Defensor del Pueblo y en diez minutos de intervención de los portavoces-. Hay que trabajar allí y hemos hecho referencia en alguna ocasión a los compromisos que ha asumido nuestro país, y los de otros muchos países, sin duda, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 20/30. Este Gobierno está comprometido y ha creado un grupo de alto nivel para trabajar. Yo creo que hay que apostar por superar el concepto de fronteras Norte y Sur y por trabajar todos los países en ese trabajo para conseguir el desarrollo sostenible de todos. Hay que colaborar también con las fuerzas y cuerpos de seguridad de otros países para luchar -hay que decirlo así- contra el tráfico de inmigrantes, contra la trata de seres humanos, contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Y se está haciendo por nuestro país y hay que seguir trabajando en ello.

Hablamos además del control de las fronteras -como ya se han referido a ello no voy a hacer más referencia-, de la prevención, de la protección y del retorno. Para mí la tarea de formación y sensibilización en origen es fundamental además de lo que hemos hablado de la Agenda 20/30, de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la colaboración entre países del norte y del sur que queda superada por esos objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabemos que a muchos no les va a desanimar conocer cuáles son las consecuencias de ponerse en manos de las mafias o de ponerse en manos de personas que comercian con la vida de las personas, pero tienen el derecho a conocer los riesgos y peligros de esos canales de inmigración. Ese es un derecho de las personas de los países de origen y en mi grupo parlamentario creemos que es nuestro deber ayudar a que tengan esa información, para que al menos que tomen una decisión cualificada y basada en una buena información. La cooperación bilateral es para mí también fundamental, y la lucha contra las mafias y las redes de tráfico de personas y con especial atención a la protección y a la atención de las víctimas de estas redes.

Ha hablado el Defensor del retorno -yo diría el retorno con garantías- y ha hecho referencia al caso de Archidona. No me voy a referir en concreto al caso de Archidona porque hace muy pocas fechas, en esta misma Cámara, el ministro del Interior compareció en Comisión el 24 de enero si no recuerdo mal, donde hizo una amplia intervención y dio cuenta de todos y cada uno de los detalles que los señores diputados le quisieron en este caso exponer. Hago referencia a ese "Diario de Sesiones" para todos aquellos a los que les haya quedado alguna duda y para que puedan leer en este caso lo que el Gobierno tuvo que decir.

Como le decía, la política de retorno es para mí un eje fundamental de la política migratoria europea, y yo destacaría como fundamental el retorno voluntario. Sabe el Defensor que, por ejemplo, la Organización de migraciones internacional, órgano de Naciones Unidas, trabaja desde 2005 en un programa que ha sido exitoso de retorno voluntario asistido con reintegración en Marruecos y, si no me equivoco, desde 2016 en Mauritania. Hay programas que están dando buenos resultados y que para mí parten de la premisa de programa de retorno voluntario, con un buen trabajo de atención, con esos equipos multidisciplinares y con esa atención exhaustiva a todas y cada una de las personas.

Señorías, voy finalizando. El problema de la inmigración irregular afecta tanto a la Administración General del Estado, con diferentes departamentos y ministerios, como a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. No es una cuestión de partidos ni de ideologías, porque hoy está gobernando el Partido Popular, hace un tiempo gobernaba el Partido Socialista y en 2019 no sabemos quién va a gobernar. Por eso...

El señor PRESIDENTE: Señora Zaplana, vaya terminando.

La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Voy a acabar. Cierro ya, señor presidente.

Por eso, debemos superar las diferencias y llegar a acuerdos. Se ha ofrecido por parte del Ministerio del Interior la participación para el diseño de los nuevos CIE. Les invito a que se apunten a esa primera


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iniciativa. Es una nueva forma de trabajar y de diseñar esos nuevos equipamientos tanto en su infraestructura como en su dotación y su atención, porque el problema es cíclico, afecta a miles de personas que abandonan sus países buscando un mejor proyecto de vida y tenemos que respetar nuestros compromisos con la comunidad internacional, reforzar la cooperación y, sobre todo, diseñar entre todos un buen sistema de recepción y de acogida.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zaplana, por su intervención.

Escuchados los grupos parlamentarios, tiene la palabra para contestar, por el tiempo que estime oportuno, el señor defensor del pueblo.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Dos cosas. En primer lugar, quiero agradecer las palabras amables que han tenido todos ustedes para el Defensor del Pueblo y su equipo. Es una satisfacción que el trabajo que hacemos sea reconocido. En segundo lugar, quiero decirles que coincido prácticamente con todo lo que han dicho ustedes aquí. El diagnóstico que se hace en esta Comisión tiene muchos elementos de coincidencia entre ustedes mismos y eso no deja de ser esperanzador. Otro problema es que sean capaces de transformar las coincidencias en una Comisión del Parlamento en la posición del Parlamento. Eso es más complicado porque las comisiones que no son legislativas son muy generosas, pero las que son legislativas son más bien complicadas. En cualquier caso, gracias y a ver si son capaces ustedes de encontrar vías para hacerse notar.

Este es un problema que supera con mucho el ámbito de un país. Este es un problema europeo. Los europeos estuvieron ajenos por completo a los posicionamientos que llevaba el llamado Plan África. El Plan África selló con cooperación, ayuda y un trabajo relativamente complejo una zona muy determinada del Atlántico norte. Eso costó mucho trabajo hacérselo reconocer a otras administraciones distintas de la Administración que lo llevó a cabo. Yo conocí a Dezcallar, y él contaba con mucha satisfacción el trabajo que había hecho logrando aunar el esfuerzo de la Administración española y de ocho o nueve Estados del golfo de Guinea. Eso con el tiempo se fue enfriando y a lo mejor resulta necesario volver sobre esa cuestión.

Alguien ha dicho -y tiene razón- que mantener población en el territorio tiene mucho sentido, pero mantener población en el territorio que va desde el Sahel a Sierra Leona solo tiene sentido si somos capaces de proporcionar dignidad a esa población. Si no somos capaces de proporcionar dignidad, con un Jeep de los de antes y un TomTom de los de ahora, si se ponen las indicaciones precisas, se llega desde Bamako a Túnez. Una vez en Túnez te puedes ir al este, al norte o al oeste y elegir el sitio donde pinchas en Europa. La Europa y el mundo de la globalización tienen algunas cuestiones por resolver y esta es una de ellas, y solo se podrá resolver si somos capaces de cerrar las diferencias. Hasta hay escuelas de fútbol en América Latina o en África cuyo objetivo fundamental es conseguir que haya chicos jóvenes que encuentren por ahí una salida profesional. El mundo se ha hecho complejo, diverso y sofisticado y deberíamos ser capaces de encontrar soluciones.

El presidente de la Comisión me salvó en una cosa, porque he tratado de tener equilibrio. No tengo por qué salvar de responsabilidades a quienes toman las decisiones, pero también es verdad que a mí me enseñaron en esta Casa que cada uno debería ser capaz de tratar de comprender la posición del otro. Hay Parlamentos y Parlamentos. El que yo he vivido durante muchos años no estaba nada atento a esta Comisión ni a tratar de utilizar los argumentos de esta Comisión para presionar al Gobierno de turno, pero en otros Parlamentos lo hacen. (El señor Luena López: Es que hay que hacerlo). No voy a decir en cuáles ni quién lo hace, pero se levantan y dicen: El Defensor dice esto, y usted ¿qué dice? Nuestra función es poner al descubierto para ustedes determinadas cuestiones y ustedes deberían ser capaces de trabajar. A mí esta Casa me gustó mucho y fui muy feliz aquí, pero la verdad es que me entretuve en intentar trabajar y en hacer las cosas bien. Eso ayuda mucho a cumplir una función institucional que en este momento en el conjunto de las instituciones en España tenemos un tanto abandonada. A lo mejor el malestar de los ciudadanos es porque miramos demasiado nuestras cosas y no miramos las de los demás que, entre otras cuestiones, es para lo que estamos aquí.

Hay algunas cosas elementales. Por ejemplo, alguien ha hablado con razón del SIVE. Tenemos abierta una investigación sobre el SIVE. El SIVE es uno de los servicios que no funcionan bien. Hay más servicios que no funcionan bien, pero este es uno de ellos. A instancias del defensor del pueblo de Canarias, que no puede preguntar a servicios de competencia estatal, nosotros hemos hecho una pregunta al delegado del Gobierno en el archipiélago y ahí andamos. Creo que tiene carencias. Aunque ya sabe usted que en el lenguaje administrativo las carencias no se reconocen fácilmente, yo tengo una


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primera respuesta, y es que creo que tiene carencias. Por ejemplo, respecto a la señora Maleno, es verdad lo que usted ha dicho. La fiscalía ha contestado que no ve razón para que la Administración española se persone en su contra. Nosotros hemos planteado una cuestión al Ministerio del Interior para saber cuál es la razón en virtud de la que se dice que alguna información que se utiliza contra ella en Marruecos tiene una procedencia espuria. Eso está planteado, y lo digo porque la pregunta es muy directa y creemos que no hay razones para hacer lo que se ha hecho en este caso.

Tengo la sensación de que en los próximos años va a haber más atención al tema de la llegada masiva de inmigrantes a España y al tema de los CIE que la que ha habido en el pasado próximo. Tengo esa sensación. Creo que el equipo actual del ministerio se ha encontrado con un problema de primera entidad y debería correr para recuperar el tiempo perdido, porque este es un tema inexorable. Aquí ocurren casi las mismas cosas que ocurrían hace treinta años y, si me apuran, casi en los mismos sitios, y hace treinta años había una Administración de un color o de otro. Y ya que estamos hablando de esto y de las primeras llegadas de cayucos a las islas Canarias, me va a permitir Miguel Cortés que recuerde a un diputado que no era ni de su partido ni del mío, que era Luis Mardones, un excelente diputado y un auténtico trabajador; eran dos en su grupo y se lo tenían que repartir todo. La verdad es que Luis Mardones tuvo la capacidad de hacernos comprender a muchos que a las costas de Lanzarote o Fuerteventura llegaban una serie de gentes que merecían alguna comprensión y alguna atención. Entonces era fácil, y las enmiendas para dar un caldito en las costas de aquella zona se aprobaban en la Comisión de Presupuestos, pero ahora no se trata de dar un caldito sino de ser capaz de montar un sistema de acogida y de llegada que sea muy respetuoso con los derechos. Por lo tanto, gracias a todos.

Cuando me preparé esto retiré algunas palabras duras porque, si no, iban a ser titular; solamente me quedaba una, que era la palabra cruel, que, por cierto, empleo mucho. Es un castellano polisémico y quizá lo entendamos todos de una manera distinta, pero deberíamos hacer que fuera posible que, normalizando el lenguaje, entendiéramos que hay determinadas gentes a las que no se les puede tratar de esta manera.

No han hablado ustedes mucho de un asunto que voy a provocar yo, porque, a fin de cuentas, ya que estoy aquí quiero provocarlo. Me preocupa mucho lo que está pasando con los niños en Melilla, mucho, mucho, mucho. La verdad es que cuando uno termine de hacer las cosas que hay que hacer en este primer semestre del ejercicio, si todavía tiene uno función, desde luego tratará de averiguar qué pasa con los niños en Melilla, porque en Melilla pasan cosas demasiado desagradables, y allí hay niños de todo tipo y hay dureza; no crueldad, dureza. Me gustaría poder venir y decir: Mire usted, pasa esto. Les dejo apuntada la idea, porque si fueran capaces de averiguarlo ustedes por su cuenta avanzaríamos un poco más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a los siguientes dos puntos del orden del día, pero previamente vamos a hacer una parada de cinco minutos. (Pausa).

- INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001050 y número de expediente del Senado 713/000532).

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con el segundo punto del orden del día, relativo a informar sobre la situación de los presos españoles en el extranjero. En este punto haremos lo mismo, aunque quizás ahora reduzcamos los tiempos de intervención, porque sé que en el primero había más acumulación de temas. Tampoco seré excesivamente severo -no lo soy nunca-, pero vamos a intentar aligerar.

Tiene la palabra el defensor del pueblo.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): La función del defensor fundamentalmente es la defensa de los derechos humanos de los españoles estén donde estén, así como los de los ciudadanos que deciden estar aquí. Por tanto, ese es un tema que nos preocupa.

Nosotros desde hace mucho tiempo dedicamos una atención particular a un colectivo de personas que, por un lado, están privadas de libertad, es decir, que están en la cárcel -por decirlo en castellano-, y por otro, tienen carencias estructurales, como decimos los economistas. Pues bien, los presos españoles en el mundo reúnen esas dos condiciones: suelen ser personas con carencias y viven en unos lugares que no son muy agradables, de lo cual hablaré ahora. Hay bastantes, y aunque aquí voy a emplear menos


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datos que en la parte anterior, les daré algunos. Por ser exactos, en el año 2013 había 2022; hace pocos días mis colaboradores me buscaron el último dato de referencia y eran 1076, es decir, se ha reducido el número de presos españoles por el mundo. ¿Dónde estaban fundamentalmente? En Perú -de eso hablaré más adelante-, pero ahora no es Perú el primero en el ranking, sino Francia, con 186; luego está Perú, con 120; Portugal, con 95; Alemania, con 89, y Marruecos, con 71.

Podemos decir que el indicativo del preso español, de la mayor parte de las personas que son detenidas y encarceladas en las cárceles del mundo, obedece a asuntos relacionados con la droga, incluso los que están en la zona europea, y tenemos una especial preocupación por este tipo de colectivos. Nosotros no tenemos estructura territorial, actuamos a través de la estructura del Estado español, y en este tema nuestro brazo operativo y nuestra colaboración más intensa se hace con los servicios consulares. Por tanto, velamos por los derechos de estas personas y actuamos en muchos de los casos a través de los servicios consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los cuales tenemos una buena opinión.

Hace muchos años hicimos un monográfico dedicado a las personas que estaban en las cárceles, y hace tres años hicimos un monográfico dedicado al derecho de asilo. En el derecho de asilo jugamos con algunas recomendaciones que hacíamos a la Administración española sobre cómo debería actuarse con los servicios consulares. De ahí salen unas prácticas que yo me atrevería a decir que forman parte del eje principal de mi intervención.

Podíamos clasificar a los españoles que están en las cárceles de cualquier lugar del mundo en dos grupos: los que están en países que tienen estructuras sociales y políticas homogéneas a las que tenemos en Europa Occidental y los que no las tienen. Las primeras, las homogéneas, son fundamentalmente en los países de la Unión. ¿Cuáles son los problemas de los españoles que están en las cárceles de la Unión? El idioma, la posibilidad de que vaya su familia y que se les tenga bien informados de sus expectativas procesales. ¿Cuál es la problemática de los españoles que no están en países homogéneos? Muy variopinta y complicada. Yo tengo aquí relacionados ocho ítems. Uno podía decir: pues ocho ítems se distribuirán en el territorio. Yo estoy casi seguro de que los ciudadanos y ciudadanas que yo he visitado en las cárceles de México y Colombia fundamentalmente padecen casi las ocho cuestiones: hay problemas de hacinamiento, de mala calidad de la alimentación, de falta de asistencia sanitaria, de consumo de estupefacientes, de inexistencia de trabajo penitenciario -con lo cual están secos como la mojama-, de corrupción de los funcionarios en las prisiones, de insalubridad y quién sabe si también de inseguridad, porque las cárceles en esa parte del mundo están en manos de los internos y la lógica del sistema es otra.

La situación de los presos españoles en algunos países es muy delicada. La historia empieza siempre de igual manera: cuando a uno lo detienen, el país que le detiene tiene que dar noticias al cónsul de que está detenido. La legislación de los cónsules no es homogénea, es dispersa, pero tienen algunas normas de común aceptación. ¿Qué es lo que hace el cónsul cuando recibe la llamada del ministerio correspondiente del país donde ejerce su tarea? Lo primero es tratar de solicitar autorización para ver al interno. Es aconsejable que el interno diga que sí, que está dispuesto a recibirlo, y es deseable que no tenga ningún tipo de incomunicación establecida en el momento en el cual fue detenido. Una vez que recibe la comunicación de que puede ir a la cárcel a ver a esta persona, tiene que hacer un trabajo que es inscribirlo en el registro, comprobar los aspectos de su salud, comprobar las circunstancias en las que se produjo la detención y el trato que está recibiendo por parte de las autoridades del país donde ha sido detenido. Además, debe informar al interesado de los derechos que tiene aun estando en una cárcel de esas características. De alguna forma tiene que averiguar si el interno quiere ser asistido por alguna persona, no digo propuesta, porque no puede proponer, pero que le ofrezca el cónsul para que lleve a cabo su defensa, o si se acoge al turno de oficio, por decirlo en términos castellanos. Si se acoge al turno de oficio, si es que existe en ese país, no hay más que decir. Si no, le hace una recomendación y con ella el interno tiene que funcionar. Lo único aconsejable para unos y para otros es que las personas que le ofrece que le defiendan sean solventes y honradas. Hay otra obligación, que es la de una visita periódica, seis meses para el cónsul y un año para el responsable de la oficina consular, y hacerle llegar un estipendio que la sociedad española hace llegar a sus presos en el exterior, que son 120 euros mensuales, que no es mucha cantidad, pero en La Picota de Colombia es cantidad. Eso da para lo que da, para la primera urgencia y quién sabe si no para seguir manteniendo algunos vicios que se tuvieron cuando uno no estaba privado de libertad. Eso no es deseable que ocurra, pero puede ocurrir. Yo me encontré con una persona que no lo empleaba en mejorar su estancia allí, sino en otro tipo de cosas. Esta es la tarea del cónsul.

¿El cónsul tiene medios suficientes para llevar a cabo su función? Nosotros tenemos derecho a exigirle al cónsul, pero también tenemos la obligación de proporcionarle unas mejores condiciones de


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vida. Españoles en el mundo inscritos en el exterior o que al menos se sabe que están inscritos en los consulados hay 2 650 000 más o menos, y el crédito que figura en la sección correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, capítulo 4, de transferencias corrientes, son 2 300 000 euros, una cantidad escasa como para hacer frente a las necesidades del elenco de españoles que tienen problemas en el mundo. Aquí hay que hacer algo, porque si queremos que los españoles por el mundo tengan una atención más importante de la que tienen ahora tendrá que haber más cónsules y más recursos, y esto tiene alguna importancia, porque la dotación de personal no es muy amplia y el número de españoles que buscan su lugar en el mundo de la globalización es bastante importante.

Voy a poner un ejemplo que he cogido deliberadamente, simplemente para informar. El consulado más importante que tiene España en el mundo está en La Habana. La Habana, Buenos Aires y Caracas son los tres grandes consulados de la sociedad española en América Latina. En La Habana hay 77 000 ciudadanos que quieren ser españoles y que han presentado sus documentos en el registro consular para solicitar la nacionalidad, son residentes con arraigo en España que con arreglo a la Ley de memoria histórica pueden solicitar la nacionalidad española y deberían concedérsela. Son 77 000, y algunos de ellos, a los que se le ha concedido, han tardado de ocho a diez años. Esto está complicado. Hay otro tipo de españoles que padecen una situación de indigencia porque salieron de la cárcel, no tenían dinero para volver a España y se han quedado allí, donde malviven en unas condiciones tremendas. Los cónsules hacen algún esfuerzo para que esta situación mejore. Esto no es una obligación del Estado español, pero estas cosas ocurren por ahí. Por lo tanto, a los cónsules les pasa lo mismo que al Defensor del Pueblo, tropiezan a veces con una realidad no grata y de no fácil resolución, pero de alguna manera la gente se las ingenia.

¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos años? Nosotros, por ejemplo, hemos favorecido que en algunas cuestiones en las que ellos tenían problemas y dificultades se las hayamos podido resolver como en el tema de los poderes notariales. Uno está en una cárcel de España o de fuera de España y tiene privada una parte de sus derechos, pero no tiene privados todos sus derechos. Entonces hay que buscar algún procedimiento para que los derechos que tiene aquí puedan ser movilizados en las condiciones que el dueño de los mismos estime conveniente, por lo que habrá que hacer algún protocolo y el defensor ha ayudado en esta tarea.

En segundo lugar, en los últimos informes que hicimos sobre los españoles y el derecho de asilo de los españoles en esta zona del mundo, le planteamos al Estado español una cuestión que nos parecía relevante, y es que hay vuelos que organiza Frontex que los nutren o bien de españoles o bien de europeos que son expulsados del territorio de la Unión porque no reúnen las condiciones para estar aquí. En esos vuelos van los nacionales de los países que en su día fueron países originarios. Estoy pensando -y voy a hablar de ellos más adelante-, por ejemplo, de ciudadanos de Colombia que están en España, y el Estado español a través de Frontex organiza un vuelo y los repatría a su país de origen, pero ese vuelo a la vuelta en principio va vacío. Una cosa en la que la Administración española y el Defensor del Pueblo se las ingeniaron es en hacer que no vinieran de vacío, que se organizara de vez en cuando un vuelo de vuelta con los españoles que tienen cubiertas las condiciones para solicitar el resto del cumplimiento de su pena en su país de origen. Nosotros hemos hecho tres viajes en esas condiciones, uno a República Dominicana, que, si no recuerdo mal, se hizo en 2016, y dos a Perú, que se han hecho creo que en 2017. Seguramente se va a hacer otro en 2018. Aprovechamos esa circunstancia para que el vuelo no venga de vacío, nos traemos a una serie de españoles que el día en que fueran puestos en libertad en Lima Dios sabe cómo se las habrían arreglado y, además, se repatría a algunas personas que en otro tiempo fueron presos y que malvivían por las plazas de Lima. Hemos traído sesenta y dos personas en estos vuelos y aproximadamente cincuenta en su condición de personas prácticamente indigentes. Sinceramente, esto forma parte de una tarea que hace bien la Administración y en la que nosotros cooperamos con mucho gusto. Las personas que han ido a acompañar esos vuelos de ida y vuelta -porque los que van desde aquí van y vienen, y además descansan poquito- son muy dichosas y muy felices cuando ven cómo estos ciudadanos se vienen para acá.

Luego hay otros ciudadanos que están en otras condiciones. Nosotros tenemos, por ejemplo -y lo digo para su información y también para pedir la colaboración, si es que se puede-, una ciudadana española en Tailandia que fue condenada primero a pena de muerte, luego a cadena perpetua, luego a treinta años y que ahora está pendiente de que podamos trasladarla por medio de las gestiones que estamos haciendo todos. Hemos hecho gestiones con el Gobierno, con el defensor del pueblo tailandés, con los servicios consulares de aquí y de allí. Me van a permitir que diga que esta es una ciudadana que


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vive en unas condiciones lamentables y que también duerme en el suelo. Yo puedo entender que en el suelo se puede dormir en Tailandia; no se debe dormir en ningún lado, pero ella también duerme en el suelo, por si alguien se acuerda. Vamos a ver si ese esfuerzo lo podemos hacer entre todos.

¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? La tarea fundamental del Defensor del Pueblo, aparte de informarles a ustedes, es ser capaz de constituirse en un polo de atracción de un conjunto de mujeres y hombres que en España trabajan en el mundo del voluntariado. Creo que es una tarea relativamente digna, hay muchas mujeres y hombres que se sienten muy a gusto trabajando en el voluntariado y que cooperan con nosotros. Aprovecho esta oportunidad para sensibilizarles a ustedes sobre esta tarea y esta función y para decirles que hay, por ejemplo, una organización que se llama +34, que es el prefijo que uno utiliza para hablar con el extranjero, que se dedica a esto y lo hace bastante bien. Por tanto, las tareas humanitarias que hacen son relativamente importantes. Nosotros deberíamos señalar que hay consulados donde el interés, la tensión, el afán, el deseo es más intenso en unos que en otros. La experiencia que tenemos nosotros sobre algunos consulados en Sao Paulo, Brasil, es relativamente importante, es excelente, pero creo que los consulares deberían hacer algo más, o que habrá que dotarlos de motivación para que hagan algo más, y es que el tipo de gente que se incorpore a este tipo de actividades debe ser gente muy versátil. Esta historia de que uno tiene que ser multidisciplinar y tiene que tener capacidad para resolver determinadas cuestiones me parece muy importante. Habría que hacer un esfuerzo por evitar la dispersión. Por ejemplo, Perú es un país que tiene una enorme dispersión en sus cárceles. Los hay que estaban en el puerto de mar, que está al lado de Lima, pero los hay que estaban arriba en Iquitos. Y para el cónsul subir hasta ahí arriba es más complicado, y en esas cosas se debería hacer un esfuerzo por concentrar y en ello el esfuerzo de la Administración española y de las fuerzas políticas españolas debería ser importante.

En cuanto a la asistencia jurídica, hay alguna experiencia que ha salido muy bien a través del Consejo General de la Abogacía Española, que ha hecho una labor de trabajo, de formación y de aprendizaje en Quito, y que ahora lo está haciendo en México y en Perú. Esta es una labor destacable que nosotros hacemos en colaboración con ellos, y ellos nos lo agradecen. Yo se lo digo a ustedes porque este es el lugar en el que uno debe rendir cuentas no de lo que hacen los demás, que también, sino de lo que uno hace. En este caso, al socaire de mejorar el trato con los presos españoles en el exterior, han salido tres o cuatro tareas colaterales que a mí me parecían dignas de ser relatadas esta tarde aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor defensor.

Vamos a hacer una ronda de intervención y luego pasaremos al siguiente punto. Por tanto, en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asco, presidente.

Muchas gracias, señor secretario de Estado. No tenía pensado participar en este punto, pero... (Rumores). Perdón, ¿qué he dicho? ¿Me he equivocado? (Varios señores diputados: Defensor del pueblo). Señor defensor del pueblo. (Risas.-Rumores). Notaba caras de extrañeza, pero no era consciente del motivo. Como decía, no tenía pensado participar en este punto, pero he recordado que la semana pasada me tocó realizar unas gestiones por la situación de un ciudadano vasco que está preso en Paraguay, es un empresario que por motivos económicos está en prisión preventiva a la espera de juicio en Paraguay, su juicio se ha retrasado cinco veces, pero el motivo de la queja o mi interés en este caso tanto ante las autoridades consulares españolas como ante las autoridades de Paraguay representadas en la Embajada de Paraguay en el Reino de España, y por ello me dirigí al defensor del pueblo de Paraguay, fue la situación de este señor ya que tiene setenta y un años y según el Código Penal de Paraguay las personas que tienen más de setenta años deben cumplir lo que les reste de condena por medios alternativos fuera de las prisiones, porque además Paraguay es uno de los ejemplos que ponía usted que no tiene el mejor sistema penitenciario del mundo. Me he interesado por el caso de este señor. Y al igual que hemos hecho un llamamiento, tanto yo como otras formaciones, al Gobierno para que siga las recomendaciones que hizo en el último informe la defensora del pueblo anterior, sí me gustaría saber -esta es mi pregunta- si ustedes tienen contacto con las defensorías del pueblo en otros Estados y tienen esa capacidad de hacer una labor de intermediación a la hora de interesarse por la situación de ciudadanos de este Estado que están en una situación irregular de acuerdo con la legislación de ese mismo Estado.

Dicho esto, y para acabar, mencionaba usted el caso de los presos dispersados en Perú, y me ha venido a la cabeza otra reflexión que hacía al inicio de su intervención en este punto cuando decía que


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una de las dificultades que se encontraban las personas que están presas en sistemas penitenciarios, en cárceles del modelo europeo, es la posibilidad de que vayan sus familias a verles porque están en centros penitenciarios lejanos. Pues bien, como usted también sabe, hay una decisión marco de la Unión Europea, la 909/2008, según la cual se tomó la decisión de que los ciudadanos españoles que están cumpliendo pena en cualquier Estado europeo la puedan cumplir en su Estado de origen para estar cerca de su casa. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en Francia, que es el Estado -si no recuerdo mal- que más presos españoles tiene o de los que más tiene, el Gobierno de la República Francesa ha tomado una decisión de sentido común, que es que los presos vascos -numerosos- que hay en Francia van a poder cumplir el resto de su condena en centros penitenciarios cercanos al País Vasco norte, que no tiene en este momento ningún centro penitenciario, son las cárceles de Mont de Marsan y de Lannemezan. No obstante, ¿qué ocurre? Que si por medio de esta decisión marco uno de estos presos fuera trasladado al Estado español lo que ocurriría con más posibilidades es que ese preso sería alejado a una prisión andaluza, que es donde está el mayor número de presos vascos. Esto es, se está aplicando una lógica contraria a lo que es una decisión marco europea, que así debía ser interpretada.

De igual forma usted también conocerá que ya hay numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a otros Estados europeos por alejar a presos de sus lugares de residencia y, de acuerdo a esa jurisprudencia, España debería interpretar la Carta Europea de Derechos Humanos. Pero, como vimos ayer, parece que a España no le gustan mucho las decisiones judiciales y las sentencias de este tribunal. Esperemos -y de ahí mi intervención- que desde la defensoría del pueblo puedan hacer seguimiento sobre este caso particular también que afecta a ciudadanos del Estado que están en prisiones, en las más alejadas que pueden estar de sus lugares de origen por una mera cuestión de venganza y excepcionalidad, que ya digo que si no tenía sentido en un escenario anterior, en este momento escapa fuera de toda lógica. Y como es cierto que otros años otros defensores del pueblo no han hecho seguimiento de estas decisiones arbitrarias, muy cuestionables desde un punto de vista legal, espero que desde la defensoría del pueblo que usted dirige se haga un seguimiento a las medidas excepcionales y de venganza que hay sobre este colectivo de presos vascos, y anuncio que solicitaré su comparecencia, sin ningún reproche -de momento-, para que nos informe de qué medidas van a tomar al respecto.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.

Ahora en nombre del Grupo Ciudadanos va a intervenir el señor Gómez.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, defensor. Quería darle una vez más la enhorabuena por el trabajo fantástico que está haciendo usted y todo su equipo, aunque están en una situación de interinidad la verdad es que están trabajando ardua y duramente para mantener las funciones como se debería, para que no se note que la defensoría se encuentra en funciones y creo que está funcionando puede que incluso mejor que antes.

Dicho esto, usted ha señalado que hay consulados que hacen un trabajo fantástico por atender, por preocuparse, por seguir a los internos españoles que hay en cárceles en el extranjero y que los consulados deberían estar dotados de más medios económicos y de más medios personales. Sin poner en duda que sería deseable que hubiese más medios, querría que nos dijese qué consulados no están haciendo suficientemente bien su trabajo. Creo que dentro de su función está la de señalar lo que la Administración no está haciendo correctamente y creo que, aparte de felicitar a los consulados que lo hacen bien, en un tema tan sensible debería dar un toque a aquellos consulados que tal vez no están siendo suficientemente diligentes en su trabajo, aquellos consulados que no se preocupan de los internos españoles que quizá, reuniendo ya las condiciones para poder volver a España, no se sabe por qué no lo hacen. Quería preguntarle si esos consulados están haciendo esos seguimientos y si están diciéndoles a esos internos que podrían solicitar regresar a España y les están facilitando ese regreso para que cumplan su condena aquí o parece que se les está olvidando.

En cuanto a la cantidad que tienen asignada por parte del Estado español para que puedan mantenerse de 120 euros mensuales, querría saber si en todos los consulados se está cumpliendo, si se les da, porque no es una cantidad muy grande, pero en determinadas regiones y en determinadas prisiones 120 euros la verdad es que dan para mucho. Por eso quería que nos comentara esa situación y, aparte de felicitar a los que lo hacen bien, que está bien, creo que su labor también es la de dar un tirón de orejas a aquellos que no lo hacen todo lo deseablemente bien.


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Como usted ha dicho, en la defensoría se hizo un informe en mayo de 2015 sobre la situación que recoge muchas recomendaciones, la verdad es que era un informe extenso con muchas recomendaciones, y queríamos saber qué ha cambiado, en qué hemos mejorado, si se han tenido en cuenta, si se han tomado en consideración esas recomendaciones o no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos-Podemos, tiene la palabra la señora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Señor defensor del pueblo, muchas gracias por la exposición de esta problemática. Desde nuestro grupo parlamentario lo primero que queremos hacer es agradecer la labor que realiza por los presos españoles en el extranjero, porque la verdad es que con todo el mundo que se habla y que está relacionado con en ese tema, tiene muy buenas palabras para la labor que realiza de ayuda, apoyo y visualización de los problemas que tienen los presos españoles en el extranjero. Por tanto, vaya por delante la felicitación por el trabajo y el ánimo por seguir en esta línea.

Es cierto que el número de españoles en el extranjero ha descendido un poco en los últimos tiempos, pero también es cierto que sigue habiendo grandes lagunas en la atención que está respaldada por la legislación española. Por tanto, es una obligación esa atención a los españoles que están en situación de necesidad o en situación de especial vulnerabilidad en el extranjero por una ley, la Ley 40/2006. Es cierto también que las situaciones de desamparo que sufren muchos de ellos en muchas prisiones son bastante tristes y muy lamentables. Son vulneraciones de derechos humanos muy grandes a las que tenemos que prestar atención. El informe que realizaron en 2015 era un informe muy interesante porque además ponía sobre la mesa una realidad poco conocida y analizaba muy bien la situación en cada país donde había un mayor número de presos. Se recogían una serie de recomendaciones y quería saber qué seguimiento se ha realizado de esas recomendaciones. ¿Han hecho en los informes anuales algunas recomendaciones más? En el año 2016 y en el avance de los últimos seis meses de 2017 también creo que hacen alguna referencia, y quería preguntarle qué seguimiento se hace y si sería aconsejable que, dada la situación dramática en la que están muchos españoles en el extranjero, sería interesante una actualización de ese informe o al menos cómo están esas recomendaciones. En aquel momento la mayoría de las quejas eran por demoras en los traslados, que quizás eso haya mejorado un poco; por actuaciones en los consulados y las condiciones de las prisiones, que obviamente en algunos sitios son espeluznantes, e irregularidades procesales, aunque ahí sabemos obviamente que pueden intervenir menos, más allá de prestar información. Nos ha dicho que hacen falta obviamente más recursos en los consulados y más cónsules, eso lo tenemos claro. Nosotros hicimos una proposición no de ley recogiendo sus recomendaciones del informe de 2015 en el Congreso -que fue aprobado excepto por los votos del Partido Popular que increíblemente votó en contra simplemente por entender que en otros países lo hacían peor-, apoyando, reforzando y exigiendo al Gobierno que cumpliera las recomendaciones del informe y está ahí aprobada. Quería saber su opinión respecto a si en los últimos meses, en el último año, el Gobierno ha ido cumpliendo o no esas recomendaciones para seguir denunciando y presionando al Gobierno para que las cumpla.

Sé que prestan especial atención -lo ha comentado en su exposición- también a la situación de las personas españolas que no están ya en prisión porque han salido o están en libertad condicional y que están en situación de indigencia. Me gustaría que nos contara algo al respecto, si lo tiene ahí a mano también, porque sé que la situación de la atención a las familias de españoles con menores en situación de indigencia en el extranjero es algo bastante grave y muy desconocido y a lo mejor nosotros con la información podemos hacer una labor de presión al Gobierno para que incida y ayude a esas familias a venir a España.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mora.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Galovart.

La señora GALOVART CARRERA: Gracias, señor presidente.

Hace diecisiete años, en 2001, por primera vez una mujer, la defensora del pueblo María Luisa Cava, puso el foco de la situación de los presos españoles en el extranjero al preguntarse: ¿A quién puede hacer ilusión y ser útil que la defensora del pueblo le envíe su felicitación navideña? A partir de ahí la defensoría


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ha seguido el camino ya trazado a través de informes, el informe especial 2015, ha gestionado vuelos de repatriación y formulado muchas y variadas resoluciones, la mayoría de ellas rechazadas o mayoritariamente aceptadas, pero no ejecutadas. Han pasado tres años desde ese informe especial sobre los presos españoles en el extranjero y su vida en agujeros oscuros continúa preocupándonos. El 90 % de ellos son mulas porteadoras de drogas promovidas por necesidades económicas, no delincuentes habituales y sin antecedentes penales. Por eso, el grupo al que represento le solicita la actualización de dicho informe y su extensión a los españoles en el extranjero en libertad, pero en situación de precariedad. Unos y otros, presos y expresos, en países no desarrollados o en vías de desarrollo, son los españoles más desheredados de nuestro país.

En otro orden de cosas, quiero señalar que el Gobierno, a nuestro entender, elude sus deberes para con ellos, pues es escasa la ayuda económica dispensada y deficiente y dispar la asistencia consular a los mismos. Por lo que respecta a la ayuda económica, quiero destacar la exigua dotación presupuestaria a las oficinas consulares y el poco gasto que estas destinan a los presos. Así, en 2016 la ayuda media anual por preso fue de 324 euros, lo que supone 27 euros al mes, cuando el tope máximo que pueden dar los cónsules es de 120 euros. Todo esto resulta un auténtico sarcasmo, un sarcasmo porque la mayoría de nuestros presos no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas y ni siquiera casi para caerse muertos. Es un sarcasmo porque las carencias alimenticias, sanitarias y de higiene, las enfermedades y los riesgos para la integridad física y psíquica son elementos constitutivos de la vida carcelaria. Como dato significativo me gustaría indicar que en 2016 la dirección general de españoles en el extranjero realizó un gasto de farmacia por importe de 3152 euros. Otro sarcasmo.

Por lo que respecta a la deficiente y dispar ayuda consular a los presos, es conveniente mencionar que estas quedan al arbitrio de los funcionarios consulares, pues las relaciones consulares con los presos se establecen mediante circulares e instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y así suceden cosas dramáticas para los presos españoles como que uno de ellos falleció esposado a la cama de un hospital porque nadie veló para que muriera sin esposas y con dignidad, a pesar de que era un enfermo terminal y no tenía piernas para fugarse porque las tenía amputadas. Sin perjuicio de este estado de cosas, encomiamos la sensibilidad humanitaria de no pocos cónsules españoles. Gracias a ellos la vida y la muerte también de los presos se torna más digna. Así las cosas, para evitar esta discrecionalidad hemos formulado una proposición no de ley para la elaboración de una ley consular que regule las obligaciones consulares y, a los mismos efectos, otra iniciativa para que se elabore un protocolo de comunicación familia-consulado sobre las actuaciones que han de llevar a cabo las oficinas consulares.

Señorías, en otro apartado de cosas, existen dos cuestiones importantes a las que me voy a referir brevemente. La primera cuestión es que las oficinas consulares desconocen en general el número de españoles vulnerables en libertad ni cuántos menores existen en sus territorios y tampoco conocen cuáles son sus respectivas necesidades, pues se carece de una base de datos al respecto. Esta ausencia de datos convierte en papel casi mojado la orden que regula las ayudas de protección y asistencias consulares en el extranjeros. En consecuencia, nuestra siguiente iniciativa ha ido dirigida a que por el Ministerio de Asuntos Exteriores se realicen las actuaciones precisas encaminadas a tener una base de datos sobre los mencionados españoles y sus hijos menores. La segunda cuestión, pocas peticiones de indulto pueden plantear las embajadas y consulados porque los dos únicos motivos humanitarios que pueden alegar, edad avanzada o grave enfermedad, no aparecen en la aplicación informática que gestiona la base de datos de los detenidos del ministerio. Por ello, nuestro grupo ha presentado una iniciativa destinada a que se incluyan los datos de edad y de enfermedad grave en esa aplicación informática.

Señorías, me referiré brevemente al tema de la repatriación de presos y de vulnerables en libertad, porque es precio que las autoridades españolas tramiten sin dilaciones indebidas los correspondientes expedientes y también es necesario que realicen las gestiones necesarias ante las autoridades extranjeras. Los queremos en casa. Voy a citar el caso que ya mencionó el defensor de esa mujer presa -de Castilla-La Mancha, por cierto- que tiene sesenta y siete años, ha cumplido siete en la cárcel, pero no puede ser repatriada porque las autoridades tailandesas requieren que cumpla un año más. No sabe inglés, no sabe tailandés, duerme en el suelo. Pregunto, ¿las autoridades españolas, que ya han conseguido un indulto parcial, no podrían conseguir para ella un indulto total y traerla por fin a España? Decía que los queremos en casa; queremos a los presos y a todos los españoles que están por ahí tirados, los queremos en casa, en casa sí, pero los queremos con dignidad y, para ello, hemos presentado una PNL para garantizar que los presos españoles en prisiones extranjeras en el momento de su excarcelación tengan derecho a un subsidio, al igual que lo tienen los expresos de las prisiones españolas.


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Para finalizar, señor presidente, quiero hacer tres menciones especiales. La primera es para la Policía Nacional, Interpol España y UCER, por su solidaridad y buen trato con los repatriados en los vuelos de vuelta fletados por España y financiados por el Frontex. La segunda mención es para la Fundación +34 por su labor humanitaria. La tercera y enlazada con el principio de mi intervención, para la defensoría del pueblo por su tenaz asistencia y por su contundente denuncia. Sin el Defensor del Pueblo probablemente no hubiéramos visibilizado que todavía hoy en un pozo extranjero sobreviven y gritan sin voz 1076 presos españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Galovart.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Romero.

El señor ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también al defensor y a todo su equipo por el extenso y pormenorizado informe sobre la situación de los presos españoles en el extranjero que ha traído hoy a colación.

No voy a entrar en los datos que ha dado el defensor del pueblo sobre los presos españoles en el extranjero, pero sí quiero hacer hincapié en las causas del descenso del número de presos. Concretamente, ha descendido desde los 2500, que había aproximadamente en 2011, a los 1076 que hay ahora. Las causas de ese descenso son variadas, desde la disminución de detenciones, las gestiones consulares para conseguir los indultos o las gracias presidenciales, así como los traslados a España de los detenidos para finalizar aquí el cumplimiento de sus condenas. De hecho, quiero destacar los dos operativos de traslado realizados a lo largo de 2017, uno en marzo y otro en septiembre, que supusieron el traslado de ciento quince personas en total, sesenta y dos de las cuales continuarán cumpliendo condenas en España y cincuenta y tres, como usted ha dicho, fueron repatriaciones humanitarias. De esos 1076 detenidos españoles más del 60 % lo son por tráfico de estupefacientes, por delitos relacionados con la droga. Por otro lado, conviene subrayar que tenemos treinta y tres detenidos que se enfrentan a una condena de cadena perpetua, que en algunos casos se traduce en cumplimientos mínimos de entre quince a veinte años de prisión. Hay tres detenidos condenados a la pena de muerte, a la pena capital. Uno de ellos es Pablo Ibar, cuyo último juicio fue invalidado por orden judicial, por lo que está a la espera de que se realice un nuevo juicio. Otro condenado a muerte es Artur Segarra, cuyo proceso se encuentra también en fase de apelación en Tailandia. El último es un hispano-egípcio, Ahmed el Saadany Ghaly, cuya sentencia tampoco es firme porque todavía está en plazo para poder presentar recurso de casación.

Ha hecho referencia a la asistencia consular, y yo quisiera resaltar que para asistir a esos ciudadanos españoles que cumplen condena en el extranjero esa asistencia hay que dividirla en dos ramas: la asistencia de tipo económico y la asistencia consular sin contenido económico, a la que usted también ha hecho referencia. Respecto a la no económica, quiero destacar que la misma se materializa en distintas actuaciones encaminadas a asegurar, como usted bien decía, que el detenido reciba un trato adecuado por parte de las autoridades policiales y penitenciarias del país en el que cumplen condena, así como que su estado de salud, condiciones de alimentación y atención médica cumplen -que a veces es difícil por los países en los que están- unos niveles mínimos aceptables. Desde las oficinas consulares se realiza -me consta, nos consta a todos- un seguimiento continuo y directo de sus casos, reforzado además a través de las visitas periódicas que se realizan a los mismos. Respecto a la asistencia económica, quiero destacar que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se dispone de un presupuesto al efecto, que quizás a todos nos gustaría que fuera mayor, pero representa un importante porcentaje del presupuesto total que se consagra a la protección de españoles en el exterior. Quiero decir también que somos de los pocos países que dan ayudas monetarias no reembolsables a los presos en los países donde las condiciones son precarias o son malas y esto, entiendo, es algo que se debe proteger. En concreto, a aquellos detenidos -y usted ha hecho mención a ello- de nacionalidad española que se encuentran cumpliendo condena en esos países reciben una ayuda de hasta un máximo de 120 euros destinados a la adquisición de productos básicos como alimentos, medicinas, etcétera, que puede llega a los 150 en caso de que tengan cargas familiares en la prisión. El objeto de estas ayudas a nadie se nos escapa: intentar paliar la situación de precariedad que lamentablemente tienen que sufrir en esas cárceles. En 2017 -ya se ha hecho mención por algún portavoz-, se concedieron ayudas a noventa y dos oficinas consulares para la asistencia a esos detenidos. Alternativamente, los presos -y me corregirá si estoy en el error- también pueden recibir una ayuda extraordinaria en los casos en los que esa ayuda mensual no sea suficiente y necesitan una mayor aportación para una necesidad puntual y acuciante, para hacer


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frente a un gasto elevado en medicamentos en caso de enfermedades graves. Desde 2009, existe además también una subvención para colaborar en concreto en la asistencia jurídica -y usted ha hecho mención a la misma- a personas condenadas a pena de muerte. Esta subvención se ha ido otorgando puntualmente al mencionado anteriormente Pablo Ibar, y este pasado 2017 será conocedor de que también recibió parte de la misma el condenado a muerte en Tailandia Artur Segarra.

Por otro lado, la importante labor que desarrollan esas embajadas y consulados en el extranjero también la completan -y se ha hecho mención aquí- diversas organizaciones -usted ha mencionado fundamentalmente la Fundación +34- que colaboran con el ministerio para ayudar a esos detenidos en el extranjero. Quisiera, por una parte, felicitar la labor que se viene realizando por parte de los ministerios competentes en la materia, también a la Dirección General de Policía por esa política de traslado de presos y de personas también no presas que tienen que ser trasladadas por causas humanitarias porque muchos de los expresos -algo sobre lo que creo que no se ha hecho mención aquí- en la mayoría de los casos no tienen dinero para regresar a nuestro país y se ven abocados a la mendicidad. Lógicamente, quiero felicitar también a otras instituciones y organizaciones que colaboran con presos en el extranjero y que también son destinatarias, aparte de esas ayudas a las que hemos hecho referencia, a posible convocatoria de ayudas. El año pasado, la convocatoria de ayudas para estas asociaciones era del orden de los 500 000 euros. En ese sentido, quiero resaltar el apoyo que realizan estas organizaciones sociales que prestan ayuda, en muchos casos visitándoles y llevándoles ropa, periódicos, alimentos, cartas o, lo que es más importante, simplemente cariño.

Una de las anteriores intervinientes, la portavoz del PSOE creo, ha hecho referencia -me extenderé un poquito más aquí; perdone, presidente- a una ciudadana española, al caso de María Nieves García Alcaraz, que fue detenida en 2010 y condenada a cadena perpetua por sentencia, que se convirtió en firme en 2014, por tenencia ilícita de estupefacientes. Se le han concedido dos indultos parciales; el primero, con ocasión del cumpleaños de su majestad la reina de Tailandia, por el que se le rebajaba la cadena perpetúa a cuarenta y un años y ocho meses, que no es poco; el segundo, en 2017, se recibió una notificación oficial en la que se le concedía un indulto parcial, en el mes de diciembre de 2016, con motivo de la proclamación de su Majestad el Rey Rama X, rebajándole la condena a los treinta y cuatro años, ocho meses y veinte días, como también usted ha mencionado. No obstante, en aplicación del acuerdo de traslado de personas condenadas entre España y Tailandia, y a pesar de las numerosas gestiones realizadas por nuestra embajada con las autoridades tailandesas, en principio -y digo, en principio- será necesario esperar hasta el mes de agosto de 2018, fecha en la que la señora García Alcaraz cumplirá los ocho años de condena para su traslado a España, con el objetivo de cumplir el resto de su pena aquí en España. Este es un caso dramático, efectivamente, y usted nos ha pedido compromiso y esfuerzo. En cualquier caso, desde el ministerio, como demuestra nuestra embajada en Tailandia, se sigue trabajando -y esto lo ha preguntado algún compareciente- con las autoridades tailandesas para dos cuestiones, y usted será conocedor. En primer lugar, intentar acelerar el traslado de la señora García Alcaraz, dado que su condena ya ha sido reducida en dos ocasiones por dos indultos parciales y, por tanto, se entiende, desde la embajada y desde el Gobierno, que no debería serle de aplicación el requisito del cumplimiento de ocho años de condena que se exige para tramitar los traslados de presos condenados a cadena perpetua, porque ya no es condenada a cadena perpetua; y, en segundo lugar, y alternativamente, lograr que las autoridades tailandesas autoricen la tramitación del traslado de la señora García Alcaraz lo antes posible durante este año 2018, sin necesidad de esperar al mes de agosto, fecha en la que se cumplirían esos ocho años.

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, vaya terminando.

El señor ROMERO SANTOLARIA: Voy terminando, me he extendido un poco porque creo que este caso lo requería.

Nos pide compromiso y esfuerzo. Lo tiene todo y seguiremos colaborando, en la medida de nuestras posibilidades. Tiene nuestra mano tendida para ello y esperemos que este caso se resuelva lo antes posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

Tiene la palabra para contestar el señor defensor del pueblo.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Una de las cosas que poco a poco se va logrando en la sociedad española es que tenga menos actitudes binarias y más trabajo asociativo. En la política yo no sé si esto se ve de una manera muy fehaciente, en


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el Defensor del Pueblo sí. Este es un país que tiene un razonable sentimiento cooperativo en múltiples organizaciones. El mundo de las ONG es un mundo muy amplio y muy polimórfico, y hay agrupaciones de ciudadanas y de ciudadanos que plantean las más diversas de las cuestiones. Yo creo que todo lo que sea apoyar y auspiciar este tipo de esfuerzo es un esfuerzo muy muy encomiable. La ciudadana castellano-manchega, de la cual ustedes han hablado con reiteración a lo largo de esta sesión, y que el señor Romero ha explicado con brillantez, es de los casos más claros de cómo conviene trabajar. Los esfuerzos de sus hijas son ímprobos; a veces con más mala suerte que buena. No es cuestión de contar aquí anécdotas, pero las pobres, la última vez que fueron trataron de verla dos veces, porque te dejan verla en determinadas fechas una sola vez, y consiguieron verla dos veces. Ellas tienen la esperanza de que la vuelta pueda ser pronto, pero la verdad es que desde una condena a muerte a la posibilidad de tener que cumplir ocho años, para el que los tiene que cumplir es una agonía infinita, pero desde el punto de vista del esfuerzo de los demás insta a tener un principio de tenacidad, que es algo muy loable. Por tanto, está muy bien el esfuerzo que se hace. Yo no vengo de ese tipo de mundos, no venía tradicionalmente, y esto es algo con lo que me he tropezado, pero creo honestamente que hay que ser muy proclives a auspiciar este tipo de comportamientos y que en España se pueden conseguir cosas relativamente importantes, que no son fáciles de lograr, respecto de las que no hay una cultura o una tradición importante, pero la transversalidad está ahí y deberíamos ser capaces de poder funcionar con ellos.

En cuanto a si el dinero es mucho o poco, la verdad es que lo hemos intentado averiguar. Cuando explicamos este dispendio a compañeros defensores del pueblo en reuniones periódicas que tenemos, causa una relativa sorpresa. No iba a hablar de ello, pero ya que sale el tema diré que las personas que dirigimos el Defensor del Pueblo en España tenemos desde hace tiempo la sana costumbre de visitar las cárceles de los países a los que vamos -lo suelen hacer los responsables políticos y los altos directivos de la casa-, y eso no es habitual. Lo hacemos los españoles y también lo hacen los comisionados territoriales, por tanto, la preocupación por ellos sí la tenemos. En cuanto al uso de ese dinero, quiero señalar que causa sorpresa. Cuando explicamos en la FIO que hacemos estas cosas, causa sorpresa, porque no es que ellos no tengan dinero -seguramente lo tienen, o algunos más o menos el que tenemos nosotros-, sino que lo que no tienen es la cultura de que uno no puede olvidarse de un compatriota suyo porque esté en una cárcel. Es verdad que pueden estar allí por problemas de droga, pero también los hay que no están por problemas de droga. En una cárcel mexicana donde estuve hace cuatro o cinco meses el problema no era de droga, era un problema de derecho civil y de derecho penal, porque en determinados sitios las cosas son complicadas. Estas cosas deberían ser motivo para sentirnos relativamente orgullosos. ¿Quién lo puso en la sección correspondiente del presupuesto? No lo sé. Mire que yo aquí he hecho cosas en presupuestos (Risas), pero yo me he enterado de que esto existía cuando llegué al Defensor del Pueblo, porque nadie me dijo que se hacía, pero se hacía. Pues bien, el que lo puso hizo una cosa buena. Tenemos que ser capaces de sentirnos satisfechos de las cosas buenas que hacemos en esta sociedad, no tenemos por qué no sentirnos orgullosos de ello, así que sintámonos relativamente satisfechos.

No voy a hacer la averiguación de quién se porta bien y quién se porta mal, lo siento. He puesto el ejemplo del que se porta bien, pero se lo diré de otra manera: si la hiciera, tendría que empezar por decirle al Ministerio de Exteriores quién se porta mal. Le garantizo que en algún caso lo hemos hecho, pero público no. Usted es más joven que yo; déjelo estar... (Risas). Hay una cosa que sí tengo que decir, y es que las veces que he ido en algunos casos la persona que me acompañaba era la cónsul o el cónsul en el país respectivo. En un caso o dos la recepción fue fría por parte del español o de la española; en otros casos no fueron frías, sino que los que estaban allí seguían las vicisitudes del retorno con una atención extraordinaria. Y el grado de comunicación entre el funcionario del servicio consular que estaba allí y la mujer o el hombre que estaba allí indicaba una cierta relación cálida, lo cual también hay que poner en valor. En líneas generales, esta es una tarea donde complementamos los esfuerzos y los complementamos bien. Lo comento porque nos han preguntado sobre esta historia. Sí me gustaría que tuvieran más recursos, sinceramente. Exteriores no es un departamento con muchos recursos, tiene muchas pequeñas cosas y la verdad es que a veces esas pequeñas cosas no son suficientes. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que tener una presencia más activa en este tipo de sociedades y preocuparnos por lo que hacen los españoles por allí porque en realidad contribuyen también a hacer mejor imagen de esta sociedad, que no está sobrada de buena imagen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor.


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- EMITIR EL DIAGNÓSTICO, LA VALORACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES RESPECTO AL ATAQUE A LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES QUE SUPONEN LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN PUBLICADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000189 y número de expediente del Senado 713/000075).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al tercer y último punto del orden del día, que es una solicitud del Grupo Mixto. El partido del Grupo Mixto que solicitó esto no está presente, pero en cualquier caso vamos a sustanciar el punto, en el que se solicita al Defensor del Pueblo emitir el diagnóstico, la valoración y las recomendaciones pertinentes respecto al ataque a la dignidad de las mujeres que suponen los anuncios de prostitución publicados en medios de comunicación.

Tiene la palabra el señor defensor del pueblo.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Esta es una pregunta que se hace sobre una cuestión que yo no sé si existe o no todavía en los medios de comunicación con soporte papel. Me dicen que no, que ya no existe, pero me da lo mismo, exista o no exista este es un tema relevante. En este momento es un tema que tiene para nosotros dos anclajes. Una de las primeras actuaciones del Defensor del Pueblo fue precisamente respecto a los temas de violencia contra las mujeres. Eso fue hace veinte años, y hace cuatro o cinco años -y está aquí la funcionaria que pilotó ese trabajo- hicimos un estudio, que sinceramente creo que era excelente, sobre el tráfico de personas. ¿Desde dónde? Fundamentalmente por la ruta atlántica. Nosotros tuvimos colaboraciones importantes. Por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que la señora Maleno colaboró con nosotros en la realización de ese estudio y nos sentimos muy orgullosos de esa colaboración. La primera tarea que hizo el equipo de Soledad Becerril, Concepción y yo fue presentar ese informe. Insisto, es un informe excelente que puede rivalizar con los informes que se hacen en Europa. Los holandeses tenían uno que era un poco igual, pero nosotros lo hicimos muy bien y nos ha dado mucho prestigio; lo hemos presentado por el mundo e indica dónde está el defensor. El defensor está en contra de todo tipo de comportamientos que contribuyan a vejar a las mujeres y a favor de todo tipo de actuaciones que ayuden a que esta sociedad sea muchísimo más convivencial, integrada y reconocedora del papel que las mujeres desarrollan en la misma. ¿Dónde se logra mejor este planteamiento? Pues en el acuerdo que han hecho ustedes aquí. Ustedes han hecho aquí un Pacto de Estado en contra de la violencia de género que tiene una importancia capital. Supongo que en algún momento se podrán suscitar algunas dudas o surgir algunos problemas, pero ese es el camino. En el primer informe que hicimos nosotros prestamos mucha atención al tema de la educación y en este se insiste mucho en que de alguna manera en este mundo hay que ser capaz de abrir espacios para la convivencia y para la integración. Ese es el papel del defensor. En todo lo que no sea eso, con nosotros que no cuenten. Nosotros haremos lo que se pueda hacer y lo que nos pidan que hagamos en el marco de este tipo de planteamientos y huiremos claramente de otro. Esto es lo que tengo que decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor.

Turno de intervención de los grupos. (Pausa).

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Rosa López.

La señora LÓPEZ ALONSO: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, defensor, por su exposición y sus argumentos, así como a todo su equipo de la defensoría. El Grupo Socialista manifiesta su compromiso firme, muy firme, en la lucha contra todo tipo de explotación, y en concreto contra los anuncios que afecten a la dignidad de las mujeres o que puedan mostrar un mínimo atisbo de trato vejatorio y degradante. Desde nuestra responsabilidad política no podemos consentir actuaciones que vulneren el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres, de la dignidad de la mujer o que puedan transmitir roles y estereotipos favorecedores de la violencia de género. Nuestro grupo siempre ha llevado la igualdad como bandera. Así lo hemos defendido en posiciones de gobierno y así lo hemos defendido también en la oposición. Con un Gobierno socialista, el del presidente Rodríguez Zapatero, se apostó por primera vez por la elaboración de un plan integral de lucha contra los fines de explotación sexual de forma coordinada entre todas las administraciones. Fuimos pioneros y somos constantes en nuestra lucha y reivindicación, en la elaboración de propuestas, de campañas y


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actuaciones en defensa de la dignidad de las mujeres, en el marco de la defensa de los derechos humanos. Nuestro grupo y nuestro partido siempre han estado a favor de legislar para el fomento de medidas que desarrollen acciones encaminadas a la abolición de la prostitución. Por tanto, queremos mostrar nuestra firmeza en el tema de los anuncios publicitarios de la prostitución en los medios. No podemos tolerar la normalización. Debemos reforzar todos los ámbitos susceptibles de vulnerar derechos; no podemos tolerar explotación, esclavitud; no podemos tolerar que no se muestre respeto por las mujeres ni nada que contribuya o desemboque en violencia de género. Por tanto, nos parece relevante e imprescindible abordar desde las Comisiones de Igualdad, desde las ponencias, desde la subcomisión y el informe para el Pacto de Estado contra la violencia de género todo tipo de violencia y visibilizar todo tipo de vulneración.

Por nuestra parte y desde nuestro partido, con un voto particular, se proponían sanciones, y sumar, sumar en pro de un frente común al que ya se han sumado numerosos medios de comunicación, de prensa escrita, también de la digital, que están actuando activamente, así como contribuir, como contiene el documento del Senado, a reforzar el observatorio del Instituto de la Mujer, que debe publicar de forma más visible las sanciones impuestas, los contenidos denigrantes, intensificar la vigilancia, y no solo de los medios escritos tradicionales, sino -y de forma muy significativa- de Internet. En las redes sociales y en el mundo tecnológico hay muchas intervenciones basadas en el anonimato y que contribuyen a la vulneración de los derechos de la mujer. Para los socialistas es prioritaria la lucha por la dignificación de las mujeres y colocar este desafío de erradicar toda violencia en la agenda política. Nos alegra que el pacto de Estado apueste por acabar con la tolerancia y la permisividad hacia la publicidad de servicios sexuales. Nos urge como parlamentarios legislar intensamente contra la trata de personas y legislar para penalizar cualquier proxenetismo lucrativo y acometer los problemas de raíz y no solo las consecuencias. Así pues, incidimos en nuestra responsabilidad; incidimos en poner freno a estos anuncios impunes en las redes y los peligros que acarrean, como el anonimato o la vejación, entre otros muchos problemas asociados.

El Gobierno del Partido Popular debe hacer los deberes; otros, en otros Gobiernos, ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con múltiples ejemplos en los Gobiernos autonómicos socialistas. Los distintos grupos parlamentarios debemos afrontar políticas sumando, aunando voluntades, aclarando por qué otros grupos que proponen luego se abstienen a nuestro voto particular sobre considerar violencia la prostitución. En definitiva, señorías, poner de frente políticas valientes para la lucha contra todo tipo de explotación -no podemos mirar hacia otro lado, estamos en el siglo XXI, no lo olvidemos-: dignificar a las mujeres, dignificar a las personas, fomentar la educación de género desde las primeras etapas escolares y en todos los niveles educativos, promover el respeto a las políticas de igualdad que hacen país y que hacen una mejor sociedad para todos.

Gracias, defensor, por sus aportaciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Simón.

La señora SIMÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Intentaré ser breve por ser la última.

En primer lugar, quiero felicitar al señor defensor por los informes que se han presentado en la tarde de hoy. Y quisiera poner un poco en contexto la cuestión que estamos tratando, la prostitución y los anuncios publicitarios. Una primera reflexión sobre este punto. Nos dice que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres y niñas son una forma de violencia y como tal suponen un obstáculo a la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que es lo que debemos tratar todos los partidos políticos, buscar la igualdad entre mujeres y hombres, porque no se trata de ser mujer o ser hombre, sino de ser una sociedad donde viven, donde habitamos personas. Por tanto, la explotación es al final causa y consecuencia de la desigualdad de género.

Como segunda reflexión, y ya centrándome un poco en el punto de análisis, quisiera decir que la prostitución ha sido ejercida desde los orígenes de la sociedad. En la actualidad no faltan quienes tratan de defender el libre ejercicio de la prostitución argumentando que se trata de una cuestión moral y privada y que, como tal, no puede haber normas que la regulen. Pero aunque se trata de una cuestión privada, tiene una trascendencia pública pues la ofertas de anuncios de compra-venta de servicios sexuales en los medios de comunicación es pública, si bien he de decir que en los últimos años algunos medios de comunicación ya han eliminado de sus páginas los anuncios de contactos sexuales.

Todos debemos ser conscientes de que la publicidad no debe seguir circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual ni atentar contra la dignidad de la persona. Hemos detectado un constante goteo de imágenes y expresiones que precisamente alimentan


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ese patrón, muestran a la mujer como víctima, objeto sexual y sexo débil. Ya desde hace años, en concreto desde 2011, el propio código de conducta publicitaria incluyó una referencia en la que se exigía de forma explícita respeto hacia la dignidad de la mujer y en particular evitar anuncios que pudiera resultar vejatorios o discriminatorios para la misma. Estas recomendaciones sugieren la necesidad de lograr que los medios transmitan una imagen real de la mujer y un mensaje positivo de su presencia en nuestra sociedad, pues, señorías, hay juezas, ingenieras, transportistas, agricultoras, y por eso se debe transmitir una imagen de la mujer positiva. En eso debemos participar y trabajar todos los grupos políticos, que somos los que representamos a la ciudadanía, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las niñas.

Podemos encontrar distintos informes, como el elaborado por el Consejo de Estado en 2010 ante la constatación de que numerosos periódicos de ámbito nacional y regional publicaban a diario anuncios de servicios sexuales que podrían incurrir en discriminación de sexo. El Consejo de Estado redactó un documento con una serie de consideraciones, en concreto seis. Los anuncios de servicios sexuales editados por los distintos medios impresos contienen imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de la mujer cuyos servicios se ofrecen e implican un trato vejatorio, degradante, vulneran el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres y pueden favorecer la transmisión de roles o estereotipos contrarios a dichos derechos y valores y favorecedores de la violencia de género por cuanto transmiten la idea de un género femenino sumiso, subordinado e inferior. Los contenidos gráficos de este tipo de anuncios contribuyen a que perviva la idea de la mujer como un mero objeto, en este caso sexual, pues se fomenta la valoración de la mujer solo en función de sus atributos físicos, no emocionales ni intelectuales, en continuidad con una tradición histórica machista que ha silenciado otros atributos y valores de la mujer para centrarse en las cuestiones puramente físicas y sexuales, pudiéndose calificar esta publicidad como ilícita a tenor del artículo 10 de la Ley orgánica 1/2004. Este tipo de publicidad es contraria a los derechos de la infancia y de la juventud, dado que este tipo de anuncios se presentan en periódicos generalistas, donde se habla de sociedad, de política, de deportes, de cultura, y son accesibles para todo el público y todas las edades. La oferta de prostitución en los medios impresos, al transmitir roles y estereotipos de género perpetuadores de desigualdad y subordinación, vulnera los principios, valores, disposiciones y el propio objeto de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Los anuncios que ofertan prostitución pueden encubrir fenómenos vinculados a la trata de seres humanos y a la explotación de mujeres y de niños y niñas, y la publicación de los anuncios de servicios sexuales puede ocasionar estar amparando o al menos dando carta de naturaleza a una actividad delictiva penada por nuestro ordenamiento, como es el proxenetismo. Por consiguiente, de todo lo expuesto en el presente informe del Consejo de Estado puede concluirse que es acorde con el derecho español que se adopten medidas que coadyuven a la limitación de la publicación de anuncios de prostitución.

El Estado español también ha hecho su trabajo. Se han aprobado normas como la proposición no de ley publicada el 9 de diciembre de 2013, aprobada en la Comisión de Igualdad, sobre la eliminación de la publicidad de prostíbulos en los medios de transporte público, incluido el servicio de taxis, en la cual se insta al Gobierno a que, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dentro del Instituto de la Mujer, promueva con las comunidades autónomas y entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se realicen las gestiones oportunas para eliminar la inserción de publicidad de los locales de alterne u otros locales en los que se ejerza la prostitución o cualquier otra publicidad sexista, así como en cualquier otro soporte. Igualmente, se ha promovido recientemente un Pacto de Estado en materia de violencia de género intentando aunar esfuerzos por parte de todos los agentes sociales, políticos y económicos, con el fin de impulsar medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer, constituyendo así una verdadera política de Estado y recuperando el espíritu de consenso de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección contra la violencia de género.

Como se puede constatar, la publicidad de actividades relacionadas con la prostitución ha sido objeto de debate durante las últimas décadas en distintos países y distintas administraciones, por ello quiero acabar mi intervención como la inicié, con una reflexión. Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad es necesario lograr que los medios de comunicación transmitan una imagen positiva de la mujer. Esta tarea no corresponde solo a las mujeres ni solo a los hombres, sino a toda la sociedad, y por ello a esta Comisión, como representantes de la ciudadanía que somos todos los aquí presentes. Es necesario que todos los partidos políticos tengan unos criterios claros sobre el tema de la prostitución y la publicidad en los medios


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de comunicación para llegar a un acuerdo en la hoja de ruta a seguir y establecer los medios necesarios para poner en marcha la medida 188 del mencionado pacto, que dice -y con ello termino-: Impulsar la aprobación de una Ley Orgánica 1/2004 de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas.

Creo que esa es nuestra labor, llegar a un punto de consenso donde todos trabajemos por evitar la desigualdad del trato a las mujeres.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Simón.

Terminado este punto, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos y todas los que han participado y muchísimas gracias al defensor del pueblo por sus intervenciones.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.

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