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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 76, de 13/02/2018
cve: DSCG-12-CM-76
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 76
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 18
celebrada el martes,
13 de febrero de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

Bloque I:

- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000219 y número de expediente del Senado 771/000220) ... (Página2)

Bloque II:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000220 y número de expediente del Senado 771/000223) ... (Página10)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000223 y número de expediente del Senado 771/000218) ... (Página10)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000233 y número de expediente del Senado 771/000238) ... (Página10)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000238 y número de expediente del Senado 771/000226) ... (Página10)


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- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000242 y número de expediente del Senado 771/000240) ... (Página10)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000243 y número de expediente del Senado 771/000231) ... (Página10)

Bloque III:

- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000227 y número de expediente del Senado 771/000225) ... (Página18)

Bloque IV:

- Informe de fiscalización de los pagos librados "a justificar" y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000221 y número de expediente del Senado 771/000217) ... (Página35)

Bloque V:

- Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000241 y número de expediente del Senado 771/000236) ... (Página40)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

BLOQUE I.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000219 y número de expediente del Senado 771/000220).

El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a iniciar esta sesión y retomar el trabajo que viene haciendo esta Comisión, después de un paréntesis. Quiero comenzar -no puede ser de otra forma- dándole la bienvenida de nuevo a esta que es su Comisión al presidente del Tribunal de Cuentas.

Sin más dilación, comenzamos el debate correspondiente al primer bloque, que abarca el informe de fiscalización del Instituto nacional de las artes escénicas y de la música, ejercicio 2015. Para explicar el informe, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.

El pleno del tribunal aprobó este informe en su sesión de 30 de noviembre de 2017, es decir, ya en plena normalización del ritmo de trabajo de esta Comisión. En relación con el control interno, se han observado debilidades como la carencia de manuales de funciones y procedimientos de gestión de sus centros de difusión artística y la falta de actualización de los manuales de contratación, convenios y subvenciones. El inventario presentaba deficiencias en la descripción, localización e identificación de los activos y no se efectuaban recuentos físicos periódicos de los bienes del inmovilizado. Las cuentas


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anuales del instituto del ejercicio 2015 se rindieron fuera de plazo, transcurrido un mes desde la fecha límite de rendición. En opinión del tribunal, las mismas representan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y del resultado de sus operaciones, excepto por las salvedades e incorrecciones contables del inmovilizado no financiero, del resultado y del resultado presupuestario advertidas.

Por lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, se han detectado facturas de gastos devengadas en el ejercicio 2015 que no fueron contabilizadas hasta el año siguiente. El periodo medio de pago a proveedores en 2015, que no publicaba el organismo en su portal web, se situó en 16,37 días, por debajo del plazo máximo legal de 30 días, si bien se superó en los meses de agosto y de septiembre por demoras en la tramitación de facturas. En materia de contratación se observa el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de puntuaciones muy elevadas y plazos muy exiguos para la presentación de las solicitudes, lo que ha supuesto una restricción de la concurrencia de los licitadores, como ha señalado el abogado del Estado.

En la gestión de los gastos de personal se han advertido diversos incumplimientos y debilidades como la ausencia de una relación de puestos de trabajo para el personal laboral fijo. Esta circunstancia, junto con los errores y carencias en los registros de personal, ha impedido determinar el número de trabajadores fijos y temporales, incluido el personal contratado de carácter artístico. Las retribuciones del personal laboral temporal artístico para producciones se abonaron con un retraso medio de veinte días. Así mismo, se han verificado deficiencias relativas a personas concretas, como la formalización de un contrato de trabajo con una trabajadora que en ese momento se encontraba de baja por incapacidad temporal, el abono de cotizaciones sociales por un empleado durante un periodo en el que se encontraba en la misma situación o la concesión de un anticipo a un trabajador laboral fuera de convenio, sin estar previsto en la normativa reguladora. Ante un despido declarado improcedente por sentencia judicial, el organismo optó por abonar la indemnización a la trabajadora, pero calculó erróneamente los salarios de tramitación consignando en el juzgado un importe superior en 62 000 euros al que le correspondía y del que solo se habían recuperado 9500.

El estado de situación de tesorería de una caja pagadora fue elaborado en un trimestre por una persona que no tenía atribuidas las funciones de cajera. Además, las disposiciones líquidas no quedaban debidamente acreditadas en siete cajas pagadoras en las que los arqueos de caja se realizaron con posterioridad a la elaboración de los estados de tesorería a los que acompañaban.

En la gestión de gastos corrientes en bienes y servicios también se observaron diversos incumplimientos, entre otros, el no haber reconocido obligaciones en 2015 de gastos realizados en el año por 2,3 millones de euros y por haber reconocido obligaciones en concepto de gastos realizados en 2014 por 2,7 millones. A 31 de diciembre de 2015 estaban pendientes de registrar gastos realizados en el ejercicio por importe de 1,2 millones de euros. En los gastos tramitados por el sistema de anticipo de caja fija se ha constatado la elaboración y rendición de dos de las cuentas justificativas por una persona que no tenía funciones de cajera pagadora. Además, se incluyeron gastos que por su naturaleza e importe debieron tramitarse como libramientos en firme. En el análisis de la tramitación de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras no preveían una serie de elementos de cada línea como el objeto subvencionable, el plazo de presentación de solicitudes, los criterios objetivos para su otorgamiento y su ponderación o el órgano instructor. En las cuentas justificativas de las subvenciones se desprende la existencia de gastos no subvencionables, la falta de justificación de determinadas actividades, la omisión de la acreditación de haber solicitado tres ofertas en gastos que superaban la cuantía de los contratos menores o la justificación de la subvención fuera de plazo. Respecto a las transferencias y subvenciones nominativas las deficiencias principales se refieren a la falta de comunicación de haber obtenido otras ayudas para la misma finalidad, así como la ausencia de notificación de la resolución de la concesión.

En relación con los ingresos, se observa que la memoria económicofinanciera de una tasa gestionada por el organismo establecía un costo de servicio prestado que no estaba basado en estudio alguno para dar cumplimiento al principio de equivalencia. Los precios públicos tampoco estaban respaldados por estudios y análisis sobre los costes económicos de los espectáculos y servicios prestados y su grado de cobertura financiera. El informe incluye un análisis de eficacia, eficiencia y economía en el que destaca la falta de criterios generales para la entrega de invitaciones, que era decidida libremente por el personal directivo de cada unidad. Por término medio las invitaciones repartidas suponían el 12% de la ocupación de las obras o actuaciones, habiendo llegando a suponer más del 40% en algunas de ellas. Se ha


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verificado que el organismo ha cumplido en términos generales con las prescripciones en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia y acceso a la información.

Finalmente, el organismo ha avanzado en la implantación de las recomendaciones del informe anterior del tribunal relativas al área de subvenciones, si bien persistían deficiencias e irregularidades como la falta de homogeneidad en los procedimientos y la ausencia de una aplicación para la gestión telemática de las subvenciones.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias.

Buenos días y gracias, señor presidente, por comparecer y explicarnos este informe.

No quiero alargarme, pero en cualquier caso a nosotros nos preocupan algunas cosas que salen en este informe; de hecho, nos preocupan informes de esta índole porque hay muchos campos que podemos analizar pero cuando hablamos de cultura creemos que debemos ser especialmente cuidadosos y vigilar qué estamos haciendo exactamente con nuestras instituciones, en este caso el Instituto nacional de las artes escénicas y de la música, porque, como decía, hay algunas cosas que nos preocupan.

En materia de personal dice el informe que existen una serie de errores y carencias que en cualquier inspección de trabajo de cualquier empresa, pequeña o mediana, no serían tolerables. Dice que hay una serie de errores y carencias en los registros que han impedido determinar el número de trabajadores fijos. Esto no puede pasar no solo en cualquier empresa, sino evidentemente en las empresas públicas. No entendemos por qué pasa. No se conoce el número de trabajadores fijos sujetos a convenio y fuera de convenio o número de temporales; insisto, cualquier empresa que pasase una inspección y no supere esto, que es básico, saber cuántos trabajadores fijos o temporales tiene, tendría un problema de los gordos. Por ello, insisto, nos preocupa este informe del Instituto nacional de las artes escénicas y de la música.

Hay algunas otras apreciaciones, como el retraso medio de veinte días en el abono de retribuciones del personal. Destacamos también la incorrecta valoración de inmuebles por valor de, al menos, 10 millones de euros. ¿Dé qué estamos hablando exactamente? Si hay una incorrecta valoración en este sentido, no entendemos qué gestión del patrimonio y del inmueble hace el Instituto nacional de las artes escénicas y de la música. Asimismo destacamos la no contabilización de pérdidas, por ejemplo, del año 2015 y ejercicios anteriores por importe de 750 000 euros, que para nosotros es un caso grave. También se han producido retrasos en la ejecución de obras hasta el doble del plazo previsto y además encontramos en el informe apreciaciones respecto a los ingresos por venta de entradas. En cualquier caso, si tenemos en cuenta que el Inaem tiene el IVA exento, privilegio que para nosotros debería extenderse al resto de ámbitos culturales ya que representa una clara discriminación, pese a esto, digo, hay una incoherencia respecto los ingresos por entradas que se declaran en el informe. Por tanto, y sin alargarme más, nos preocupa, como decía, este informe, estas conclusiones que saca el Tribunal de Cuentas. Para nosotros no es de recibo que haya carencias de este tipo, por lo que esperamos que en los próximos años se subsanen estos errores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Álvarez de Miranda.

El Instituto nacional de las artes escénicas y de la música gestiona algunos de los teatros más importantes de España; solo en Madrid lleva el Teatro Real, el María Guerrero, el Teatro de la Comedía, el Teatro ValleInclán, y numerosos auditorios, como el Auditorio Nacional.

Este informe permite destacar dos conclusiones fundamentales. La primera es que más de un millón de espectadores, consistentemente y superada la crisis acuden a las funciones del instituto, lo que debe ser motivo de orgullo y estímulo para profesionalizar y mejorar la gestión, y la segunda es que este éxito de la gestión artística ha sido muy posiblemente a pesar de una gestión económica y administrativa mejorable, como usted nos indica en el informe. Un dato muy llamativo y ampliamente recogido en la prensa es que solo uno de los espectáculos programados en 2015 pudiera cubrir la totalidad de los costes de la exhibición con lo recaudado en la venta de las entradas -la representación del ballet Carmen, en el Centro Nacional de Danza- y que solo nueve obras han logrado una tasa de cobertura de ingresos


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superior al 45% de los costes primarios. Yo le pregunto: ¿qué ingresos por entradas son los que figuran en el informe? ¿Ha tenido el tribunal en cuenta la vida completa de las obras y sus giras para calcular esa tasa de cobertura de los ingresos sobre los costes? Por poner un ejemplo, la obra de El alcalde de Zalamea recaudó en taquilla 323 493 euros cuando figuraba como coste total de la obra la cantidad de 1 767 376 euros. En todo caso el informe concluye que los ingresos medios por espectador de las unidades artísticas y asimilables solo cubrieron en 2015 un porcentaje del 18% del coste medio por espectador. Yo le pregunto, ¿podríamos obtener una perspectiva, señor Álvarez de Miranda, con años anteriores y con instituciones similares nacionales e internacionales para tener un punto de referencia? ¿Piensa usted que sería aconsejable entrar en ese tipo de investigación? Relacionada con los ingresos por entradas está la política de invitaciones y nos indica el informe que el porcentaje medio de las invitaciones entregadas sobre el total de ocupación alcanzó aproximadamente el 12%.

Dejando al margen la gestión artística, lo que está claro es que la gestión económica se debe mejorar. El instituto gestiona un presupuesto muy importante -no le voy a hablar ahora de cifras porque las conocemos-; sin embargo, el Tribunal de Cuentas evidencia que el organismo no disponía de un manual que definiera las funciones y procedimientos, tal y como nos ha indicado. El instituto, además, tiene un patrimonio inmobiliario relevante que ha valorado en su balance de más de cien millones y, sin embargo, el tribunal critica la gestión del inventario del inmovilizado. Yo le pregunto: ¿quién está encargado del resto de la gestión económica del instituto?, ¿quién es el responsable, por ejemplo, de que la tasa de utilización de espacios de museos y otras instituciones culturales en el Ministerio de Educación y Cultura no haya sido fijada con ningún estudio previo de costes? Esto demuestra hasta qué punto la institución necesita reforzar la gestión económica. Llama la atención, por ejemplo, la existencia de deudas muy antiguas; incluso hay alguna desde 1996. ¿Esto es correcto?

Aunque el tribunal aprecie al cierre de 2015 una situación financiera saneada, creo que estamos ante una institución con pérdidas y que funde los recursos; prueba de ello es la reducción de tesorería, de 15 millones en 2013 a solo 1 millón en 2015. El informe además recoge que los incentivos al rendimiento fueron en 2015 de 679 000 euros y yo le pregunto al tribunal si opina que esta distribución de incentivos o asignación de plus por rendimiento es correcta. Además el informe señala un gran descontrol de las subvenciones y falta de publicidad y transparencia.

Por último, nos encontramos de nuevo con que falta planificación estratégica, faltan objetivos e indicadores, lo que no hace posible evaluar la gestión. El tribunal nos tiene acostumbrados demasiado a menudo a que encontremos el mismo párrafo en los informes: La ausencia de una única formulación de objetivos e indicadores que permita relacionar las metas a largo plazo con las actividades diseñadas para su desarrollo en el horizonte anual hace imposible la utilización de instrumentos de gestión anuales, como el mecanismo de contraste de planificación estratégica a largo plazo. Yo creo que el tribunal debe confeccionar sus propios indicadores, señor presidente, para poder rodear estos obstáculos y proceder a una evaluación de la gestión de los organismos. ¿Esto sería posible, señor presidente? ¿Qué piensa usted sobre ello?

Sin más, le agradezco al presidente el informe. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García.

La señora GARCÍA SEMPERE: Buenos días y muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas, no quiero repetir algunas de las cosas que han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí debo decir que las conclusiones del informe, sobre todo en cuanto a control interno, contratación administrativa y personal, son desde luego muy preocupantes, por otra parte nada nuevo en casi todos los informes que llegan a esta Comisión. Pero este es especialmente preocupante porque en el caso concreto de personal dice que es imposible determinar el número de trabajadores fijos laborales y funcionarios, sujetos a convenio o no. Nos resulta curioso, por ejemplo cuando hace la fiscalización en el caso de la brecha de género -plantea que no hay problema y que se está cumpliendo la Ley de Igualdad-, que diga esto sin saber muy bien todos los trabajadores y trabajadoras que hay y si están todos sujetos o no al convenio. Quizás habría que darle una vuelta a esa parte del informe porque de hecho está suficientemente denunciado por parte de los trabajadores y trabajadoras que existe esa desigualdad en las retribuciones y condiciones. Sí es cierto que en la misma categoría probablemente estén cobrando lo mismo, pero están feminizadas las categorías y


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es ahí, sobre todo en el caso de los técnicos y técnicas de teatro, donde se ve una grandísima diferencia, y no solo lo decimos nosotros, sino que se ha denunciado por parte de los sindicatos y de los propios trabajadores. También se ha denunciado que las subcontratas están pagando por debajo de convenio y nos gustaría que se recogiera de alguna manera, y lo hemos echado de menos en el informe, qué ocurre con la subcontratación y las condiciones económicas tanto del personal como en general en que las que se dan esas subcontratas. Es preocupante el fraccionamiento de pago en al menos 22 contratos, igual que la incorrecta valoración de inmuebles en al menos 10 millones. Quisiera saber, primero, qué significa incorrecta valoración de inmuebles, es decir ¿no los encuentran o algo similar? Y saber qué medidas y recomendaciones van a establecer en este caso concreto respecto al patrimonio inmobiliario. Hemos sabido, y ha surgido además con bastante fuerza, que el Inaem acumula en dos años cerca de treinta condenas por abusar de la contratación temporal. Es verdad que este informe es de 2015, pero las condenas vienen de mucho más atrás. No aparece en las recomendaciones y sí aparece en uno de los cuadros. ¿Cómo valora esta cuestión? Quizá habría que incluir entre las recomendaciones algún tipo de criterio o indicadores para evitar el fomento de la precariedad laboral que se está haciendo ahora mismo con contrataciones temporales, en algunos casos irregulares. Una de estas condenas es por persecución sindical, a aquellos que apoyaron la huelga no se les volvió a contratar. Nos gustaría saber la valoración que hace sobre la transparencia en las contrataciones en el Inaem y sobre todo el derecho a la sindicación.

Nos gustaría que hiciese una valoración en general para incluirla en el informe sobre la privatización de los distintos servicios dentro del Inaem, como mantenimiento, limpieza, acomodadores y la gestión administrativa del Programa Platea. ¿Qué querríamos que apareciera en ese informe? Saber las consecuencias en términos de eficiencia, eficacia y cumplimiento de los objetivos de esta privatización y de estas subcontratas de servicios, porque ese informe de eficacia, eficiencia y cumplimiento de objetivos se ciñe a la política de entrega de invitaciones y poco más y creemos que debería abordar muchos más ámbitos. Nos gustaría saber qué establecimiento -lo que comentaba el compañero de Ciudadanos- de criterios e indicadores hay para hacer seguimiento del cumplimiento de objetivos. Tiene que haber también unos mecanismos de evaluación, porque desde 2011 se han mejorado algunas cosas pero es necesario seguir avanzando. Y respecto a las alegaciones que hace el Inaem, en las que habla de la fata de personal y de presupuesto del instituto para hacer sus funciones de forma eficiente, nos preguntamos si no habría que estudiar -una de las cuestiones que salen en este informe- los recursos respecto a las funciones, porque si el Inaem está planteando que necesita más recursos quizá es una de las recomendaciones que habría que hacer directamente para que se le dotara de recursos suficientes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente. A ver si no me entra la tos y puedo hacer la exposición, porque estoy un poco resfriado.

En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente del tribunal su presencia y esta fiscalización, una fiscalización integral de este organismo del que solo se había realizado hasta ahora una fiscalización en materia de subvenciones, creo que del año 2001 y que se formalizó en el año 2003. Por tanto, es un periodo extenso aunque desgraciadamente, y a pesar de esta laxitud en el tiempo entre ambos informes, no podemos decir que se hayan cumplido ni mucho menos las recomendaciones que se formularon en la anterior Comisión del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, lo relacionado con un tema que se ha tratado aquí ya, como son las subvenciones, quizá sea uno de los puntos más débiles que enfoca este informe. No podemos obviar aquí la responsabilidad del propio Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a la formulación del plan estratégico en este sentido, pero quiero incidir, como he dicho -no quiero repetirme con el resto de los portavoces-, en estas insuficiencias en materia de publicidad, plazo de presentación de solicitudes, justificación, etcétera. Como bien se ha dicho, es algo común en otra serie de organismos de este tipo, pero eso, por supuesto, no es excusa para justificar este hecho.

Tampoco hay grandes avances en materia de control interno sobre la base de las últimas recomendaciones que se habían hecho; falta de coordinación entre las diferentes oficinas gestoras, etcétera, lo cual redunda también en esa falta de cumplimiento de las recomendaciones. Por ejemplo, en materia de control y seguimiento de la contratación pública de los contratos menores celebrados se habla de algunas restricciones de la concurrencia en licitaciones con fijación de plazos muy exiguos. No sé si últimamente ya veo fantasmas en esto de la contratación pública, por razones obvias por otro tipo de


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ponencias, pero pongo en entredicho algunas de las acusaciones que hace el tribunal e incluso creo que la Abogacía del Estado también dictó en sentido contrario y reduce mucho este tipo de cuestionamientos. Hay otros temas que quiero indicar, como es la inexistencia de un registro de los ingresos en materia de patrocinios y se ha hablado en materia de personal de la famosa RPT, que parece encallada. Según el informe parecía que en 2017 habría algún tipo de solución, no sé si tenemos noticias respecto a que se haya aprobado la RPT de forma definitiva. Pero, al margen de estas consideraciones negativas, también quiero decir que hay consideraciones positivas que hemos apreciado. Por ejemplo, se ha hablado aquí ya de las invitaciones a los espectáculos. Había porcentajes en algún espectáculo -aquí se recoge- absolutamente bochornosos, poco justificados, cercanos al 40% de las entradas; la media estaba entre un 15 y un 20 pero hay algunos espectáculos en torno al 40%. Creo que en las alegaciones el Inaem ya habla de que se ha subsanado esta situación.

En cuanto al catálogo Platea, por ejemplo, también había una cuestión que el tribunal solicitaba y creo que se ha modificado desde 2015. Hablando de esa serie de espectáculos que aparecen en el catálogo se pretendía que hubiera una especie de graduación para que determinados municipios, por así decirlo, no aspirasen a una serie de obras o espectáculos que, por mor de su población, provocaban finalmente un absoluto descuadre en cuanto a las cifras de taquilla que se conseguían, con lo cual la diferencia debía ser sufragada de forma absoluta por la subvención del Estado. Nos gustaría que el presidente nos confirme si se ha llevado a cabo alguna actuación para corregir este defecto.

Como ha dicho también algún portavoz, en la gestión artística hay una evolución positiva, incluso en época de crisis hubo una ocupación bastante alta, y en los últimos años de crisis menor hay un grado de ocupación bastante aceptable.

Dicho todo lo anterior, en el Grupo Socialista queremos destacar una cuestión que siempre viene a colación en esta difícil situación de la que habla el tribunal, esa cohabitación entre la actividad cultural y la rentabilidad económica. En lo que se refiere, por ejemplo, a los ingresos por venta de entradas, el Inaem no hace sino recoger un mandato que se estipula en la propia Constitución española de garantizar el acceso a la cultura. En el propio estatuto de este organismo se habla de promover y difundir las artes escénicas, que es una de las funciones esenciales de este organismo. Cómo podemos estudiar cómo va a evolucionar el público de una obra; cómo podemos marcar si una obra -y hay ejemplos históricos en cualquier tipo de autor teatral, musical- que posteriormente es un gran éxito en su época fue un auténtico fiasco en la taquilla. Cómo podemos establecer indicadores y fijar objetivos concretos para medir los resultados de este organismo; cómo medimos, por ejemplo, la satisfacción del público al ver esa obra; cómo valoramos la innovación de una determinada representación teatral, que quizás el sector privado no va a llevar en ningún caso a su programación. Los socialistas, al menos, separamos ambos términos, separamos ambos criterios en una difícil cohabitación entre lo que es la cultura y lo que es la rentabilidad económica.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano. Es evidente que tiene usted una estupenda voz porque su intervención ha rebasado en más de un minuto el tiempo.

Para finalizar tiene la palabra el señor Priego, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRIEGO CHACÓN: Muchas gracias, señor presidente.

También el Grupo Popular quiere agradecer al señor Álvarez de Miranda el informe que nos acaba de presentar.

Permítanme sus señorías que haga unas primeras consideraciones generales. El organismo autónomo del que estamos tratando, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está fuertemente financiado por el propio ministerio, en un 89%; es decir, si existe en España este instituto para promover, proteger y difundir nuestra cultura -las artes escénicas y la música-, para su promoción exterior y también para que esa cultura llegue a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos es gracias a un esfuerzo del Gobierno de España, que está financiando casi al 90% a este instituto, con más de 112 millones de euros. Es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno de España por la cultura, a la cual podemos sumar, por ejemplo, la reducción del IVA cultural en 11 puntos, del 21 al 10%, para los espectáculos en directo. Son hechos, no son promesas; no son pancartas ni tampoco objetos ni de operaciones de marketing, sino evidencias de la gestión de un Gobierno responsable que, gracias a esta apuesta por la cultura, ha posibilitado que 920 organismos disfrutaran en el año 2015 de subvenciones para realizar esas acciones de promoción, protección y difusión del teatro, la danza, la lírica y la música.


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Centrándonos en el cumplimiento de los objetivos fiscalizados, es cierto que en el control interno el Tribunal de Cuentas detecta algunas debilidades, como la ausencia de manuales de gestión, la ausencia de registro de contratos menores o errores en el registro de las contrataciones de personal, aparte de errores en el inventario. Aquí queremos pararnos para pedir mayor control a la hora de comprobar las justificaciones de las subvenciones y de las ayudas que entrega este instituto, porque estamos hablando de dinero público, porque los ciudadanos exigen transparencia y saber hacia dónde van dirigidos los recursos y qué grado de justificación después pueden traer hasta el instituto los beneficiarios de estas subvenciones. Pero yo también tengo que coincidir en parte con el portavoz del Grupo Socialista en que no todo es negativo. El estado financiero, como bien informa el Tribunal de Cuentas, representa la imagen fiel de la institución.

En el cumplimiento de la legalidad y aspectos de gestión, otra buena noticia es que se cumple con el periodo medio de gap de pago a proveedores; algo tiene que ver el Gobierno de España en que las instituciones públicas estemos cumpliendo con ese periodo medio de pago.

Respecto a la contratación administrativa, se han apreciado algunos errores en los pliegos de contratación y en los procedimientos negociados, pero tampoco entendemos que haya que destacar graves incumplimientos, aunque siempre hay que mejorar, por supuesto, y atender a las recomendaciones del tribunal.

Se detecta en materia de personal esa ausencia de RPT y el retraso en algunas nóminas, pero cuando se gestiona una institución pública de este nivel, créanme que esto, unido a las deficiencias detectadas en materia de gastos -algún retraso en nóminas-, es algo bastante común, aunque siempre es bueno mejorarlo. Lo digo porque, como saben ustedes, el principio de anualidad presupuestaria, desde el punto de vista de la gestión pública, también se puede incumplir en alguna ocasión porque las facturas no llegan en tiempo o por algún otro motivo.

En cuanto a la eficacia, eficiencia y economía del instituto, se advierte que no se utilizan todas las herramientas que la ley permite para controlar o evitar los incumplimientos y las disfuncionalidades, pero tenemos que decir que estamos ante un instituto eficiente y eficaz. Es eficiente y eficaz porque, como también se ha dicho aquí, la media de ocupación de las salas ha sido del 85% y ha habido un millón de espectadores de media en los últimos años a pesar de la crisis, y eso da muestra de que algo se está haciendo bien, tanto en la gestión artística como en la económica. También cumple el instituto con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres -50% de hombres y 50% de mujeres- y, dentro del personal directivo, la directora general es también una mujer, dando un ejemplo a la sociedad de la ruptura de esos techos de cristal por la que todos estamos luchando. Se ha cumplido también con el establecimiento en las contrataciones de las condiciones tendentes a promover la igualdad entre hombres y mujeres y con esa discriminación positiva a la hora de conceder subvenciones para aquellos que promuevan la igualdad entre la población o la integración social. Se cumple con los principios que marca la ley en cuestión de transparencia y también con los principios de sostenibilidad social.

Concluyo, señor presidente, diciendo que, obviamente, hay cuestiones que mejorar y que hay que atender esas recomendaciones o sugerencias que nos hace el Tribunal de Cuentas y las que estoy seguro que va a hacer esta Comisión, pero estamos hablando de un organismo público de gran utilidad para la cultura de nuestro país, que tiene una buena aceptación por parte de los ciudadanos y cuyas cuentas representan una imagen fiel; una institución que es transparente, que cumple con la Ley de igualdad y con los criterios de sostenibilidad, que ha avanzado y ha mejorado en el cumplimiento de las recomendaciones que el propio Tribunal de Cuentas hizo tras su último informe de fiscalización en el año 2001, aunque tenga que seguir haciéndolo. También es cierto que necesita mejorar en cuanto a la eficiencia de algunos mecanismos de gestión y control internos, pero grosso modo podemos decir que el instituto avanza en la buena dirección.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Priego.

Para finalizar este punto, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Se me plantean por parte de los diferentes intervinientes muchísimas cuestiones que me llevarían a realizar precisiones más allá del propio contenido del informe, bien porque se echen en falta pronunciamientos sobre determinadas áreas del trabajo del Inaem o bien porque se discrepe de aquellos


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pronunciamientos que el tribunal ha realizado con posterioridad a su trabajo. Lamentablemente, no puedo entrar en esas peticiones suyas porque, lógicamente, ustedes tienen su propia visión, que es muy respetable, pero la del tribunal es la resultante de la programación del trabajo en relación con esta entidad aplicando criterios profesionales, teniendo en cuenta que la labor fundamental del tribunal es valorar la gestión económico-financiera.

Por supuesto, es importante tener en cuenta aquello que representa la producción artística y el efecto de un mundo tan complejo como el de la producción de espectáculos como los que desarrolla el Inaem, pero en este sentido el tribunal lo único que puede hacer -y lo ha hecho- es recoger los resultados de esa gestión artística. Como ustedes han señalado, tienen datos positivos en relación con el número de personas que son espectadores de los eventos organizados por el Inaem y con la ocupación del 85%, en términos aproximados, en relación con los eventos que gestiona. Sin embargo, en relación con estos eventos gestionados por el Inaem, la debilidad planteada por el tribunal es que, habiéndose incrementado en determinados casos el control interno y la gestión profesional del desarrollo de estas actividades de acuerdo con la revisión que se hizo en 2001, existen muchísimas cuestiones que son necesariamente mejorables, y son mejorables porque, evidentemente, la contratación pública es aplicable a todos los organismos públicos y no solo a aquellos que desarrollan actividades menos nobles que las que desarrolla el Inaem. Siendo muy noble la gestión del Inaem, este está sometido a la Ley de contratos, está sometido a la gestión pública, y por lo tanto aquellas cuestiones que en el desarrollo de nuestro trabajo hemos podido valorar que están incorrectamente realizadas las hemos señalado, por supuesto con el espíritu y la idea de que el Inaem mejore.

Me han formulado preguntas concretas sobre quién era en definitiva el que estaba encargado de la gestión económica, quién podría tener verdaderamente una perspectiva de cambio en relación con estos temas. Es indudable que la gerencia; la gerencia de este organismo, que está en sus órganos directivos, tiene la responsabilidad de autoevaluar la actividad del organismo, de establecer modelos de evaluación de aprendizaje y de mejora en la gestión de este tipo de eventos. Nosotros hemos recomendado precisamente una autoevaluación de esa naturaleza utilizando códigos internacionales de evaluación, ya que creemos que sería una buena medida para incrementar la gestión eficiente de los recursos por parte del Inaem. Hay cuestiones concretas que ustedes han planteado, por ejemplo, con relación a si el Inaem ha facilitado o no los criterios aprobados en la distribución de la productividad; no los ha facilitado, aunque sí ha informado sobre ellos, la Dirección de personal. En las retribuciones del personal no se ha observado discriminación por razón de sexo; lo ha reconocido la portavoz que ha intervenido en relación con esta cuestión, si bien ha matizado precisamente la distribución de ese tipo de puestos de trabajo por razón de sexo. En cuanto a las condenas por despido improcedente por sentencia judicial que han sido valoradas a lo largo de esta sesión, en la medida en que existe una sentencia judicial el tribunal no puede entrar a valorarlas.

En general, los problemas de gestión que ustedes han planteado conllevarían lógicamente la programación de una manera más periódica de fiscalizaciones de un organismo como este, porque es indudable que existe un interés y una atención muy importante de los grupos políticos y en general de la sociedad por la existencia de un organismo de esta naturaleza que presta un servicio importantísimo desde el punto de vista cultural. A lo largo de estos últimos meses se han presentado diversos informes del Tribunal de Cuentas -y se van a seguir presentando- que hacen referencia al mundo de la cultura, donde parece que la gestión económica y la cultura están peleadas. Esto también lo hemos visto cuando hemos fiscalizado Televisión Española, cuando hemos fiscalizado la producción propia, cuando hemos fiscalizado actividades en las que de alguna manera el talento en la creación de una determinada obra muchas veces está constreñido por el presupuesto y por la actividad de aquellos que tienen la obligación de vigilar el desarrollo de todas estas producciones de acuerdo con criterios económicos y de acuerdo con los criterios legales. La conciliación de ambas posturas es posible y, por tanto, nuestra postura en este informe es defender nuestras recomendaciones de incrementar el control y la supervisión y establecer por parte de los encargados la evaluación de los indicadores que pueden evaluar esta gestión. En el caso concreto de este tipo de entidades no es el revisor el que tiene que reconstruir los indicadores de la gestión, lo que tiene que intentar conseguir es que esos indicadores se pongan en marcha por quien tiene la responsabilidad de impulsarlos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


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BLOQUE II:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000220 y número de expediente del Senado 771/000223).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000223 y número de expediente del Senado 771/000218).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000233 y número de expediente del Senado 771/000238).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000238 y número de expediente del Senado 771/000226).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000242 y número de expediente del Senado 771/000240).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000243 y número de expediente del Senado 771/000231).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del día, bloque II, que encuadra el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2015; el informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del mismo ejercicio; los informes anuales de fiscalización de las comunidades autónomas de Cantabria, Extremadura y La Rioja, todos ellos del ejercicio 2015; y el informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2015.

Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Las cuentas generales de las cinco comunidades autónomas y de la ciudad autónoma se rindieron dentro del plazo, si bien se han observado ciertas excepciones, salvedades e incorrecciones.

No se rindieron las cuentas en Murcia del Consorcio Año Jubilar 2010, que estaba inactivo, al igual que las de la empresa Balneario y Agua de Solares en Cantabria; tampoco las del Consejo de la Juventud ni las de la Fundación Tribunal Laboral de Mediación, Arbitraje y Conciliación ni las de la Fundación benéfico-social en La Rioja. Tampoco se rindieron en Ceuta las de la Fundación Crisol de Culturas ni las del Patronato de viviendas San Daniel, ambos en liquidación.

Además, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja habían adoptado modificaciones legales para entender el 31 de octubre como plazo de rendición de las cuentas, en línea opuesta a las resoluciones de la Comisión Mixta y al criterio común del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo autonómicos que promueven la homogenización y reducción de los plazos legales para rendir las cuentas.

Se han observado debilidades de control interno entre las que destacan los actos de convalidación de gastos tramitados en Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura por valores de 282, 5,5 y 2 millones de euros respectivamente. En la Región de Murcia, el inventario general no contiene los bienes y derechos de todas las entidades del sector público autonómico; en La Rioja estaba implantándose una nueva plataforma informática y en Extremadura no había concluido la elaboración del inventario consolidado a 31 de diciembre de 2015.

Respecto a las cuentas anuales, tanto el resultado presupuestario como el económico-patrimonial de las comunidades fiscalizadas presentaban, en general, incorrecciones debidas fundamentalmente a la falta de registro de determinados gastos e ingresos. Asimismo, el saldo positivo del remanente de tesorería en Murcia, por importe de 1102 millones de euros, no reflejaba la verdadera situación financiera a corto


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plazo de la Administración general, encontrándose sobrevalorado en al menos 1840 millones. Castilla-La Mancha no registró las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009 y se tramitaron ampliaciones de crédito sin financiación que pueden derivar en la generación de déficits presupuestarios futuros.

Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se observa que las comunidades autónomas fiscalizadas superaron el objetivo de déficit del 0,7% del PIB regional y no respetaron la regla de gasto, pero sí cumplieron el objetivo de deuda. Destaca en especial la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un déficit superior en un 2,1% sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y una tasa de variación del gasto regional de un 5,4% frente al incremento previsto en la regla de gasto del 1,3%. Por su parte, Ceuta tenía capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional, cumplió la regla de gasto y no superó los límites para las operaciones de endeudamiento en 2015.

Entrando en el análisis de la gestión económico-financiera, se observa una tendencia creciente en los gastos de personal, resultando significativo el incremento en las comunidades de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Extremadura. Se observan también debilidades en el área de sanidad, tales como la presencia de un elevado volumen de personal interino o temporal, así como funcionarios ocupando puestos en comisión de servicios durante un tiempo superior al máximo de dos años. En relación con el gasto sanitario, en general, su crecimiento ha sido superior al del PIB autonómico, dando lugar a una situación financieramente insostenible a largo plazo. Destaca el Servicio Murciano de Salud, cuyas aportaciones recibidas en 2015 han sido insuficientes en 421 millones de euros para cubrir sus necesidades, ascendiendo el déficit al cierre del ejercicio a 1656 millones. Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud difícilmente podrá mantener el nivel de gasto sanitario con los recursos ordinarios previstos y además ha venido realizando prestaciones concertadas con medios ajenos no amparadas en conciertos o contratos.

Respecto al plazo de pago a proveedores, únicamente se cumplió el límite máximo a treinta días en La Rioja, situándose el periodo medio en 18,4 días. En cambio, se mantuvo un plazo medio muy superior al máximo en Extremadura y en la Ciudad de Ceuta. La Rioja se adhirió al Fondo de Facilidad Financiera, habiéndosele asignado 273 millones de euros, aplicados a cubrir necesidades de financiación del déficit público, a atender vencimientos de deuda al haberse incrementado el endeudamiento en un 184% en los últimos ejercicios y a devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En cuanto a la aplicación a los proyectos de inversión de los fondos de compensación interterritorial, se observaron debilidades en Castilla-La Mancha, en Murcia y en Cantabria principalmente.

Por lo que se refiere al análisis de entidades concretas, en el caso de Murcia destacan las pérdidas significativas, por importe de 17,3 millones de euros, que presentaba la sociedad Desaladora de Escombreras, encontrándose en causa de disolución, según la Ley de Sociedades de Capital. Resalta que, a pesar del incremento del volumen de agua producida y vendida, esta se halla destinada casi íntegramente al uso agrícola en virtud del decreto contra la sequía, cambio de uso que ha reducido el margen de venta. Persisten asimismo las incertidumbres y riesgos señalados en informes anteriores en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia. Entre ellos destacan los derivados del posible cierre del aeropuerto de San Javier, la forma de instrumentar y asumir el pago de las expropiaciones pendientes que correspondía abonar a la sociedad concesionaria y el resultado de la liquidación del contrato de concesión y eventual reclamación del lucro cesante y del daño emergente por parte de dicha sociedad concesionaria. Respecto a la Comunidad de Cantabria, en el convenio suscrito en 2006 con el Real Racing Club de Santander se señala que el incumplimiento de sus estipulaciones sería causa de resolución y reintegro. Sin embargo, aunque en el acuerdo suscrito en 2016 se declaró la inviabilidad de la consecución de los objetivos de dicho convenio, no se han ultimado actuaciones en la mencionada línea. Por otra parte, en las entidades del grupo Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, el despido de un total de treinta trabajadores fue reconocido como improcedente en actos de conciliación, abonándose indemnizaciones por importe de 424 000 miles de euros y cotizaciones a la Seguridad Social por 296 miles. En la Fundación Orquesta de Extremadura, mediante sentencia de la Sección de Enjuiciamiento, se estimó la responsabilidad contable del exgerente por 112 miles de euros, más intereses de demora, y respecto a las acciones judiciales planteadas contra tres exdirectivos del consorcio Feval, los mismos fueron condenados a indemnizar al consorcio en 202 miles, más los intereses legales. Asimismo, la configuración como entidad pública empresarial de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja


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resulta contradictoria con la actividad administrativa desarrollada por esta clase de entidades, así como con su régimen contable público y con su adscripción a la cuenta general del sector público administrativo.

Por último, en la Ciudad de Ceuta, la subvención concedida en 2013 a la Asociación de Vecinos Príncipe Alfonso de Ceuta, tras la comprobación de la cuenta justificativa, dio lugar a la incoación del expediente de reintegro parcial por importe de 181 000 euros, que finalizó con una resolución de reintegro sin que hasta la fecha conste su cobro, encontrándose la deuda en vía ejecutiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

En los informes anuales de estas distintas comunidades autónomas nos gustaría centrarnos sobre todo en la Región de Murcia. En 2015 gastaba más de lo que podía y lo gastaba sin control y sin transparencia. La comunidad incumplió no solo el objetivo de estabilidad presupuestaria, sino también la regla de gasto. Es cierto que el sistema de financiación vigente de 2009, aprobado por el Partido Socialista, no fue revisado por el Partido Popular cuando tocaba, en 2014 -incluso teniendo mayoría absoluta-, y evidentemente esto restringe recursos a estas comunidades para absorber el gasto, sobre todo, el gasto social. Esto es realmente una insolidaridad con el resto del Estado. En este aspecto, además de no ser cumplidores de la regla del gasto y del objetivo de déficit, era una forma desleal de comportarse. Además, en la Comunidad de Murcia el pago a proveedores superaba el plazo máximo de treinta días establecido, situándose en ochenta y siete días. A partir de junio de 2015 las cosas cambian. Ciudadanos firmó un acuerdo de investidura y de aquí salieron los presupuestos de 2016. Hay tres cosas fundamentales que vemos aquí: reducimos los impuestos con la casi práctica anulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se produce una regeneración democrática y el cuadre de cuentas -que es lo que nos importa en este informe- cumple el objetivo de déficit y la regla de gasto.

Nos comenta que en este informe se habla también de la desaladora de Escombreras. El proyecto, después de doce años, ha costado más de 90 millones de euros a la comunidad autónoma y solo suministra agua a tres de los veintiséis municipios que estaban planificados. A esto hay que sumar que la desaladora funciona a pérdidas. Las conclusiones aprobadas en una comisión de investigación destacan, entre otras cosas, que la construcción y la puesta en marcha de esta infraestructura estaban implicadas en una trama empresarial. Evidentemente, en las conclusiones, el PP de Murcia se opuso a este dictamen. No obstante, señor presidente, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, como planteó el interventor de la comunidad, ha abierto una causa judicial para averiguar quiénes son los responsables de estas pérdidas causadas por la desaladora de Escombreras en las arcas regionales. Ante los indicios de un posible delito, me gustaría que nos pudiera dar información sobre cómo se encuentra este asunto. Ciudadanos cree que un pacto nacional del agua entre los principales partidos aseguraría inversiones millonarias para conseguir lo que realmente necesita este país, que es cambiar y poder bloquear de una vez por todas la sequía crónica que padecemos.

En cuanto a La Rioja, ídem de ídem. También incumplía los objetivos de déficit y la regla de gasto, pero un año más tarde, una vez pactados con Ciudadanos, los presupuestos de La Rioja cumplieron con holgura el objetivo de déficit y la regla de gasto.

En cuanto a Cantabria, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe en el que advierte que había deficiencias de procedimiento, así como pérdidas para la región de 18 millones con Ecomasa -hay una investigación abierta- y destaca el hecho de que el Gobierno no haya actuado para el reintegro de las subvenciones concedidas al equipo Racing Club. Ciudadanos ha criticado la decisión de inyectar dinero a este equipo de fútbol.

Finalmente, en cuanto a Extremadura, en 2015, con los últimos presupuestos del PP se incumplió también el objetivo de déficit y la regla de gasto. No obstante, el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto importantes riesgos -algo parecido a lo que ocurre en la Región de Murcia, como usted ha dicho- en cuanto al mantenimiento del nivel de gasto del Servicio Extremeño de Salud. Además, la Junta de Extremadura cerró en 2015 con 211 millones de facturas sin imputar, y de los nueve consorcios públicos, solo tres presentaron los preceptivos presupuestos limitativos y elaboraron sus cuentas conforme al Plan General de Contabilidad. Me gustaría preguntarle por la situación actual, si realmente ellos han aportado estos presupuestos o nos puede ampliar la información sobre esto.

Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por sus explicaciones. En el conjunto de los informes hay dos elementos generales que nos gustaría destacar desde el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El primero es que algunos de estos informes incorporan ya seguimientos de recomendaciones, lo que nos parece una muy buena práctica por parte del Tribunal de Cuentas, sin embargo en la mayoría de ellos se destaca que no hay avances significativos respecto a lo que se recomendó o, en todo caso, algunos de ellos son avances parciales. Nos preguntamos qué herramientas puede utilizar el Tribunal de Cuentas para garantizar que esas recomendaciones, que se trabajan desde el tribunal y que se complementan en esta Comisión mixta, no acaben en saco roto y las administraciones se vean de alguna manera comprometidas en aquellas exigencias que el Tribunal de Cuentas les debería instar.

El segundo elemento que preocupa a nuestro grupo es la constatación de la falta de control del gasto farmacéutico en varios de los informes. Nos sorprende especialmente el de La Rioja, que, por cierto, siempre tiene que ver con los conciertos sanitarios que, a nuestro parecer, pueden ser una puerta abierta a la opacidad, a la falta de transparencia y también a los episodios de corrupción. En este informe de La Rioja se destaca que las tarifas de los conciertos se deberían fijar incluyendo ya el coste de los medicamentos, cosa que no se hace; se debería de adecuar la información de carácter técnico-sanitario y económico que permitiera acreditar de manera más precisa el empleo óptimo de los recursos sanitarios propios. Es conveniente que la información general reflejada en la página web de la consejería incluya también los datos de las listas de espera de todas las especialidades o las funciones de inspección de la sanidad concertada, que se deberían acompañar del adecuado desarrollo normativo que permita la implantación de un sistema de evaluación objetivo. Visto esto, nos preguntamos, presidente del Tribunal de Cuentas, si tienen ustedes previsto hacer un informe específico sobre el gasto farmacéutico en estas comunidades autónomas, especialmente en La Rioja, porque la falta de control es algo que nos preocupa.

También queda claro en estos informes que las cuentas generales no integradas de todos los entes del sector público regional son una deficiencia que presentan los informes que hoy sometemos a discusión y en varios de ellos se recomienda la modificación de la Ley General de Hacienda Pública de las comunidades autónomas respectivas. No sabemos si desde 2015 hasta ahora tienen ustedes información de si alguna de estas modificaciones se ha puesto en práctica.

Entrando en algunos elementos que nos parecen fundamentales de cada uno de los informes, respecto a Extremadura nos preocupa la contratación laboral; esa falta de manual de selección de personal, que puede ser una puerta abierta al amiguismo y al enchufismo que deberíamos expulsar de la gestión de las comunidades autónomas. En cuanto a Cantabria, hace falta mayor transparencia por separado de cada uno de los entes que se ocupan de salud, empleo, servicios sociales, etcétera. Estos son elementos fundamentales. En La Rioja la falta de control de los proyectos cofinanciados con fondos europeos es un elemento a destacar. Queremos preguntarle si tienen información de cómo otras comunidades autónomas llevan a cabo el control de estos proyectos, porque nos parecen elementos fundamentales en el control económico-financiero de nuestras comunidades autónomas. Y en la Ciudad Autónoma de Ceuta nos preocupa la falta de control en la gestión por parte de la ciudad autónoma de los elementos que tienen que ver con subvenciones, cesiones, inventario, revisión y control contable y ejecución de sentencias judiciales, modificación estatutaria, incluso de algunas aprobadas por el pleno y que no han sido ejecutadas por parte del Gobierno local.

Por último, compartimos con el portavoz de Ciudadanos la preocupación sobre el informe de fiscalización de la Región de Murcia, porque venimos de donde venimos y parece ser que la gestión del Gobierno del Partido Popular en Murcia no solamente es sinónimo de corrupción, sino que también es sinónimo de una nefasta gestión por parte de las diferentes administraciones autonómicas, sobre todo porque muchas de estas recomendaciones han sido ya reiteradas en distintos informes por parte del Tribunal de Cuentas y la comunidad autónoma hace caso omiso de las mismas. Entendemos que hace falta mayor control de la actividad empresarial y de la actividad fundacional, así como de las gestiones de las subvenciones públicas, y nos preocupa especialmente -y queremos saber si hay en marcha algún informe sobre este elemento- la falta de sostenibilidad que apunta el Tribunal de Cuentas respecto del Servicio Murciano de Salud.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, nos enfrentamos a uno de los bloques más densos de la sesión de hoy, por lo que en primer lugar quiero agradecer al presidente del tribunal la síntesis que ha realizado del mismo. Tenía verdadero interés en ver cómo iba a compendiar el enfoque de esta densa fiscalización de las cuentas generales de las comunidades autónomas, sin OCEX, y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y me ha llamado la atención que no esté la Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que quería preguntarle si ha habido alguna incidencia que haya hecho que no forme parte de esta fiscalización, puesto que en la sesión anterior dichos informes de fiscalización se vieron a la par.

Nosotros hemos estudiado todos los expedientes en su conjunto, y creemos que el tiempo transcurrido desde la última sesión, que fue en mayo de 2017, nos hace tener muy vivo el último periodo, desde el año 2012. En aquel momento vimos los ejercicios 2012, 2013 y 2014 de estas mismas comunidades autónomas y ahora nos enfrentamos al ejercicio 2015. Quiero poner de relieve que nos ha parecido un año de interés, pero difícil, por ser año de elecciones, momento en que distintas administraciones accedieron a ser responsables de la gestión que nosotros estudiamos ahora, fruto de su fiscalización.

También creemos que el sentido de este tipo de examen es delicado, como se ha debatido en otras ocasiones en esta Comisión, para diputados nacionales en el Congreso, porque a fin de cuentas se trata de administraciones que tienen sus propias competencias -las comunidades autónomas-, y que desde el punto de vista de nuestro Reglamento, la Ley del Tribunal de Cuentas y la responsabilidad que nos compete lo hemos de hacer, pero hay que resistirse a la tentación de que esto se convierta en un juicio sumarísimo -o no- sobre la fiscalización de otros Gobiernos, de administraciones autonómicas con Gobiernos de partidos políticos diferentes, y nosotros aquí nos podríamos convertir en juez y parte.

En ese sentido nuestro enfoque es que esto hay que mirarlo desde un punto de vista más constructivo y de mayor responsabilidad para ver qué se puede aportar para que mejore la gestión de los fondos públicos en las diferentes administraciones, por lo que nos hemos centrado en distintos aspectos que el presidente ha señalado, como es el cumplimiento de la legalidad, las deficiencias o irregularidades que puedan ser recurrentes en el tiempo, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto, la financiación de las comunidades autónomas en lo que afecta a la sostenibilidad de los servicios que tienen encomendados, sobre todo los básicos, que son educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, y por otra parte, la colaboración con el Tribunal de Cuentas y el cumplimiento de sus recomendaciones.

Del primer apartado, exceptuando las recomendaciones, que las veremos al final, nos preocupa muchísimo la reiteración de las irregularidades detectadas y el estrangulamiento -que en una visión de conjunto de los expedientes es como tener un mapa encima de la mesa- al que se están viendo sometidas las comunidades autónomas en el ámbito de la financiación para prestar los servicios públicos que tienen encomendados, que es especialmente grave en el tema sanitario y que aflora en la mayor parte de los informes. Y algo está pasando cuando esto es común a diferentes comunidades autónomas, en diferentes ámbitos territoriales y con Gobiernos de diferentes signos que han ido cambiando en el tiempo. Independientemente de las irregularidades -que por supuesto hay que detectar, corregir, combatir y exigir las responsabilidades a quien competa en los ámbitos correspondientes- hay que tomar en consideración que esto está provocando daños importantes en la prestación de los servicios. Sería deseable que el Tribunal de Cuentas tuviera más competencias para poder llegar más lejos, pero sí queremos dejar constancia de que se está viendo ya el efecto terrible de la falta de actualización del sistema de financiación, que debería haber sido actualizado hace cuatro años.

En relación con el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas nos parece -y se ha comentado por el anterior interviniente- que hay dos ámbitos de colaboración, y en el básico es deseable que no haya limitaciones al acceso a la información. Nos llama la atención que en comunidades como en Ceuta -donde es especialmente importante- o en La Rioja sí haya habido limitaciones. En el resto de las comunidades no ha habido limitaciones destacadas por el Tribunal de Cuentas. Y el otro ámbito de colaboración tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones; estamos entrando ya en un círculo vicioso y poco virtuoso en el cual sentimos que estamos al borde de la melancolía. De las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas a los fiscalizados y de las recomendaciones a través de las resoluciones que aquí aprobamos y emitimos, el Gobierno tampoco parece que caiga en la tentación


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de cumplir esas recomendaciones para llegar a los fiscalizados y ponerlas en marcha y poner remedio. En ese sentido hay instrumentos como por ejemplo la Conferencia de Presidentes, que es el máximo órgano de relación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y creo que ahí podría proponerse -y nosotros lo vamos a valorar en nuestras propuestas de resolución- que haya un punto del orden del día que se someta a consideración, un punto no partidista, sino de hechos objetivos que analice cuál es el grado de cumplimiento y de colaboración de las comunidades autónomas con el Tribunal de Cuentas. Esta propuesta pretende que la fiscalización de los fondos públicos sea la que corresponde y es una responsabilidad que nos es exigible. No podemos verificar el cumplimiento de la legalidad in situ porque es otra Administración, pero sí podemos romper ese círculo vicioso, tanto por parte del Tribunal de Cuentas como por nuestra parte, y preguntarle al presidente si considera que hay algo más que podamos hacer, incluso impulsar un cambio de la normativa. A lo largo de esta legislatura -y estamos ahora en un buen momento porque estamos empezando el año 2018- podemos impulsar al Ejecutivo para que mejore esta situación, ya que después de ver en un mismo año -a diferencia de los lotes que se formaban anteriormente- diferentes comunidades autónomas, da una visión de conjunto que nos preocupa y dejamos constancia de ello.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.

Para finalizar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Fole tiene la palabra.

El señor FOLE DÍAZ: Muchas gracias, presidente.

Gracias, señor Álvarez de Miranda, por venir una vez más a esta Comisión y empezar el año fiscalizando, después de haberlo cerrado con una alta intensidad fiscalizadora en esta Comisión. Como se decía en este bloque tenemos seis expedientes que se fiscalizan conjuntamente, y es difícil, casi imposible entrar a comentar al detalle cada uno de los informes de fiscalización. Son alrededor de 1600 las hojas que tenemos que leer con mucho detenimiento por su importancia y por su complejidad.

Intentaré centrarme en alguno de los puntos más relevantes del informe, y sobre todo en aquellos que pueden tener en común las diferentes comunidades autónomas fiscalizadas: estado anterior, actual y futuro de las mismas; gestión, cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones. Los puntos comunes en el informe son para ver el ámbito en donde nos movemos; el objetivo de la fiscalización; verificar si las cuentas generales se rinden, cumpliendo las normas y principios; determinar también si se cumplen las normas y principios definidos en el Plan General de Contabilidad Pública; valorar el cumplimiento de las normas; analizar la aplicación de los fondos de compensación y fondos complementarios; evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia; verificar también la igualdad entre hombres y mujeres a la hora del acceso al trabajo, y realizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de ejercicios anteriores.

Queríamos resaltar que el alcance y objetivos de estos informes no solo abarcan a las comunidades autónomas, sino también a todos sus órganos autónomos, entidades mercantiles, entidades públicas, consorcios, fundaciones y universidades: Cantabria, 43; La Rioja, 30; Ceuta, 19; Castilla-La Manca, 35; Extremadura, 57; Murcia, 56. Son un total de 240 las entidades que estamos fiscalizando. Por tanto es un punto importante y me extenderé en ello a lo largo de mi intervención, y de ahí viene la primera pregunta que le hacemos al presidente. Algunos de los informes reflejan en sus recomendaciones la necesidad de integrar dentro de la cuenta general de las comunidades autónomas todas las cuentas de las entidades que forman parte de su sector público. Al hilo de esta recomendación, presidente, ¿cree usted que existe un número demasiado elevado de entidades públicas como para poder tener una agilidad a la hora de fiscalizar y una exigencia a la hora de hacer el seguimiento? ¿Deberían regularizarse, armonizarse y coordinarse? Sé que es difícil, pero como es tan recurrente en todos los informes -no en estos que son actuales, sino en los de los ejercicios anteriores que hemos visto- creo que es conveniente hacerlo.

Otra de las notas frecuentes que también aparecen en los informes es la falta de adaptación de las diferentes contabilidades a las normas y principios del Plan General de Contabilidad Pública. ¿Sería más urgente dotar de medios a todas las entidades para tener unas plataformas homologadas, o sería más útil, favorable y urgente ajustar, homologar y armonizar el número de entidades que son fiscalizadas?

Creo que queda patente la evolución de las cuentas generales de este periodo fiscalizado respecto a las que hemos fiscalizado en Comisiones anteriores de otros ejercicios -2008, 2009, 2010-, en la época fuerte de la crisis, y estamos convencidos de que respecto a ese periodo muchas de las medidas impuestas por el Partido Popular -Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Plan de


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Pago a Proveedores, periodo medio de pago, techo de gasto, Ley General de Subvenciones- han mejorado la posibilidad de la fiscalización, han facilitado mayor información. Aun con todas estas salvedades que recogen todos los informes creemos -y ahora voy a dar un par de ejemplos- que todas estas medidas no solo han mejorado la situación económica. Aunque después cada grupo esté en su mundo particular y algunos lleven muchos años presumiendo de crear un falso Estado del bienestar -pero si no hay presupuesto detrás no hay Estado del bienestar-, otros sí llevamos gestionando, corrigiendo y solucionando los problemas para crear un verdadero Estado del bienestar, con presupuesto detrás, con más empleo, con mejores servicios y mejores cuentas. Un ejemplo es la mejor gestión de pago a proveedores. La Comunidad de Cantabria ha pasado de tener en sus cuentas, en el año 2013, 15 710 000 euros a tener 296 000. Ese importante montante de dinero se destina a cubrir posibilidades, como se ha planteado, de mejora de personal, de plataformas y de otras cosas que van a beneficiar al conjunto de los servicios. Pero es una medida concreta que se ha visto ya cómo puede mejorar otros servicios.

Es cierto que también, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha hay un incremento -aunque después voy a hacer hincapié específicamente en la partida de personal- interanual del 0,2 al 4,5 que se ve más reflejado en el sector sanitario y en el sector universitario o de la educación, donde también se critican siempre las medidas propuestas por el Partido Popular, pero en las que al final sí se ve este resultado, esta eficacia, y eso hay que reflejarlo. ¿Cree entonces el presidente que aplicar, ahondar en estas medidas ayuda más y mejor a la fiscalización de todos estos entes y a su transparencia? Nosotros estamos convencidos de que sí, pero creemos que la opinión del presidente será mucho más importante.

Siguiendo nuestra línea de argumento hay que decir que la mayoría de las comunidades autónomas y entidades cumplen la rendición de cuentas -el presidente ya ha explicado con todo lujo de detalles dónde hay una serie de salvedades-, del mismo modo cumplen con las medidas económicas, y si no casi todas están ya en sus alegaciones exponiendo que en el año 2016 se han corregido muchas de las situaciones, o han presentado ya los planes de equilibrio financiero pertinentes, los cuales no existían antes o las comunidades eran bastante reacias a hacerlos, pero ahora se plantean en el momento en que se alerta de que existe una situación anómala. Pero hay, presidente, dos o tres variables que afectan de forma importante a todas las entidades y en todos los informes de fiscalización: personal, alto porcentaje en la partida de personal -algunas comunidades autónomas llegan hasta el 50%, no baja ninguna del 30%, es una partida importante-, inexistencia en casi todas de una relación de puestos de trabajo que valore, ajuste, coordine y sobre todo optimice la gestión de personal, inexistencia de inventario, lo cual hace distorsionar los balances de todas las cuentas generales y de todas las entidades que lo tengan. Las diferentes plataformas de la contabilidad hacen muy difícil comparar y hacer un análisis exhaustivo y detallado de los criterios que se siguen en una gestión económica. En igualdad vemos que no hay ninguno que deba superar el 60% y ser inferior en un ratio del 19% al 40%. Estamos acercándonos, pero hay que seguir ahondando en esta medida. ¿Deberían dotarse entonces de más medios para mejorar estas variables o no es cuestión de más medios, sino de optimizar el tamaño...

El señor PRESIDENTE: Señor Fole, acaba usted de rebasar el tiempo de la señora Botella, que ha sido amplio. Le ruego que acabe, por favor.

El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, señor presidente, solo dos segundos.

Volviendo a lo mismo, ¿debería establecerse alguna obligatoriedad, a lo mejor, igual que hay en las entidades locales, por ejemplo, planes generales de ordenación municipal, al tema de los inventarios, a las relaciones de puestos de trabajo, y ser más exigentes en esa petición? Vuelvo al inicio. ¿Quizá el número elevado de entidades haga casi imposible aplicar estas mejoras que deberían plantearse?

Perdón por el tiempo consumido, y muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.

Para finalizar y dar cumplida respuesta a las cuestiones que han planteado, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda de nuevo.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Empiezo precisamente por algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Fole. Me interesa indicar que ha hecho una referencia a la discrepancia de plataformas de utilización, ya que cada comunidad autónoma


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tiene su propio sistema, su propia ley financiera, sus propios sistemas de inventarios, y conseguir un acercamiento de las leyes financieras, contables y de gestión de las diferentes comunidades autónomas sería una cosa muy positiva. Bien es cierto que yo creo que eso es difícilmente conseguible por otra vía que no sea la del acuerdo y la del consenso de las entidades afectadas, dado que se encuentra en el desarrollo de competencias que tienen atribuidas. Por tanto la única manera de llegar a un resultado positivo sería que, a través de la Conferencia de Presidentes y de los organismos de coordinación que están previstos legalmente, pudiera efectuarse algún estudio sobre las leyes financieras, las cuentas generales, las plataformas de rendición, y todo ese tipo de instrumentos -que por ejemplo usted ha señalado que en el ámbito de las entidades locales resultan muy beneficiosos, y las pruebas demuestran que han tenido un efecto muy positivo en la propia gestión de las entidades locales-, para que pudiera también alcanzarse en el ámbito autonómico.

Por otra parte, nos encontramos en la presentación de seis informes de comunidades autónomas, pero el informe de Melilla del ejercicio 2015 -siento que doña Ana Botella no se encuentre presente en estos momentos- se aprobó en octubre de 2017, y fue presentado separadamente en el mes de noviembre. Por eso precisamente no se encuentra aquí, pero ya fue de alguna manera presentado en esta Comisión. En definitiva estas siete comunidades, estas cinco comunidades y dos ciudades autónomas forman una parte del universo del sector público autonómico que volveremos a ver -todas estas cuestiones las volveremos a ver- cuando el tribunal presente en esta Comisión el informe anual del sector público autonómico correspondiente al año 2015. Ustedes saben perfectamente que los órganos externos de cada comunidad autónoma realizan su informe correspondiente y lo envían al Parlamento autonómico, remitiendo cuando lo han finalizado una copia al Tribunal de Cuentas. Este, sobre la base de los informes elaborados por las comunidades autónomas, realiza sus propios informes, presentándoles a ustedes finalmente una visión de la gestión del sector público autonómico en su conjunto; visión que llega con bastante retraso precisamente porque nosotros tenemos que esperar a que sean aprobados y tramitados todos estos informes para poder elaborar y presentarles a ustedes el informe conjunto. Volveremos a todas estas cuestiones y a las preguntas que usted, señor Fole, planteaba. ¿Es interesante valorar si el número de entidades dependientes de las comunidades autónomas son muchas o no? Yo he de decirle que, de todas las fiscalizaciones sobre las que ustedes me han preguntado si están puestas en marcha, únicamente quiero indicarles que sí que hay un informe específico previsto que sería la reestructuración del sector público instrumental autonómico, que indirectamente aborda esta cuestión, y efectivamente se podrán valorar todas las cuestiones que usted indica.

Contestando a la señora Botella creo que ha enjuiciado muy certeramente mi intervención calificándola de compendio. He pretendido hacer un compendio breve, pero un compendio en definitiva en el que, en primer lugar, no quedara fuera ningún asunto de los considerados como espinosos. A lo mejor no es una manera muy adecuada de hacer las cosas, pero creo que era necesario hacer referencia, cuando estamos hablando de cada una de estas comunidades autónomas, a aquellos puntos negros que tienen incorporados. Quizá de esa manera aparece cada una de las comunidades autónomas en su vertiente más negativa, pero presentar un informe de esta naturaleza sin hacer referencia a Escombreras o al Club de Fútbol del Racing de Santander no era posible. En relación con las preguntas que me han hecho sobre el Club de Fútbol del Racing de Santander el tribunal está terminando el informe que ha desarrollado en relación con los clubes de fútbol de primera y de segunda división. Creo que en poco tiempo podrán ustedes tener un informe muy completo en relación con ese tipo de actividades subvencionales de esas entidades.

También me ha planteado la señora Botella que nos encontramos, efectivamente, ante reiteración de irregularidades detectadas, el gran problema del sistema sanitario. Entiendo que lo podremos ver cuando examinemos el informe del sector público autonómico en su conjunto. No es que estas comunidades autónomas tengan problemas en el sector público sanitario muy diferentes que los del resto; yo creo que hay un efectivo problema en la financiación del sistema sanitario, que tiene unas necesidades crecientes, que tiene una población para atender que se ha multiplicado de una manera extraordinaria, y sin embargo los recursos -quizá por la falta de acuerdo o por los problemas derivados de ese nuevo sistema de financiación autonómica que todo el mundo está esperando para poder encontrar una solución- se resienten.

Me ha planteado el señor Mena, en relación con este asunto, la falta de control del gasto farmacéutico. Estoy plenamente de acuerdo con usted; el tribunal ha hecho informes sobre el gasto farmacéutico a lo largo de estos últimos años, pero quizá pudiera faltar un informe sobre este control del gasto farmacéutico


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realizado desde una perspectiva global, sin querer sustituir la acción de ningún órgano de control, sino efectivamente buscando comparaciones de esa gestión farmacéutica entre las diferentes comunidades. Ha prestado usted una especial atención a La Rioja, y he de decirle que efectivamente tenemos previsto en el plan de actuaciones de este año hacer un esfuerzo importante de fiscalización de la Comunidad de La Rioja, entre otras razones porque la propia comunidad nos ha solicitado un volumen de fiscalizaciones muy completo que intentaremos atender, integrado dentro del informe anual de la propia comunidad.

Lo mismo me ha planteado usted sobre otras comunidades en relación con algunos de los aspectos señalados en el informe. Dentro del planteamiento general he de decirle que el tribunal está intentando desarrollar, a través de la coordinación con los OCEX, el máximo posible de fiscalizaciones que den respuesta a este tipo de preguntas. No se trata de fiscalizar lo que ya fiscalizan los órganos de control externos de las comunidades autónomas o lo que nosotros fiscalizamos, sino de ofrecerles a ustedes la valoración sobre la gestión de servicios públicos que tendrían que ser equiparables, y por otra parte comparables. Es decir, si estamos ante una gestión de servicios públicos en el ámbito sanitario, educativo o de otro ámbito, podemos ver esa misma calidad del servicio en los diferentes ámbitos del sector público español.

Señor Ten, me ha preguntado usted, en la sección de enjuiciamiento, sobre la situación de la desaladora de Escombreras. Derivado de este informe no está abierto ningún procedimiento referente a la desaladora de Escombreras, lo cual no quiere decir que no exista un procedimiento cuyo objeto sea precisamente esa cuestión, derivado de otro tipo de acción, bien pública o bien de otros tipos de informes. Por lo tanto yo no le puedo ofrecer -con la información que tengo hoy- el estado de tramitación de ese informe que usted me pide, por la sencilla razón de que si existe -y creo que si usted lo dice es porque lo conoce- no se deriva de este informe, sino de otro tipo de actuación. Usted ha centrado su intervención principalmente en Murcia y en la gestión de la comunidad autónoma, y creo que en el caso de esta comunidad se han señalado una serie de incumplimientos importantes, pero también de avances en otros aspectos de la gestión. Los avances no solo comenzaron en 2016; creo que todas estas comunidades autónomas, si comparamos la situación de partida cuando hicimos los informes de los años 2011 y 2012, han tenido una evolución positiva en gran parte de sus indicadores, entre otras razones también porque en estos años la crisis económica ha ido a mejor. No es que estén perfectamente resueltos los problemas derivados de ella, pero sí ha ido a mejor, y eso hay que reconocerlo en los propios trabajos que desarrolla el tribunal.

Disculpen si me he dejado alguna cuestión sin contestar en relación con estas cuestiones. Si hay algún asunto que ustedes consideran que no he contestado soliciten por escrito también su petición e intentaremos resolverla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

BLOQUE III:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLOS, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000227 y número de expediente del Senado 771/000225).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número III, que contiene un informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Para la exposición de ambos informes, aunque están resumidos en uno, tiene la palabra de nuevo el señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

El pleno del tribunal aprobó este informe en su sesión de 21 de diciembre de 2017 y ha incluido en el mismo los estados contables de los partidos políticos y las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.


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Desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable, en el periodo fiscalizado se promulgó la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los partidos políticos que modificó sustancialmente, entre otras, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. El número de partidos políticos que han sido objeto de fiscalización, al haber sido perceptores directa o indirectamente de subvenciones anuales para atender sus gastos de funcionamiento y de asignaciones para gastos de seguridad, ascienden a treinta en ambos ejercicios. Por lo que se refiere al número de fundaciones, asociaciones y sociedades vinculadas o dependientes de los partidos que han sido fiscalizadas, este se eleva a cuarenta y siete en 2014 y cincuenta en 2015.

En relación con los partidos políticos, respecto a los resultados de la fiscalización de los mismos, todas las formaciones fiscalizadas presentaron al tribunal sus cuentas, si bien las correspondientes a tres formaciones en el ejercicio 2014 -Eusko Alkartasuna, Federación EH Bildu e Izquierda Unida- y una en 2015, se presentaron con posterioridad al plazo estipulado en la normativa vigente. Pese a que no resultaba obligatorio integrar en las cuentas anuales la actividad de las formaciones en el ámbito local e institucional, en el informe se indica para cada una de ellas si las cuentas consolidadas presentadas incluyen toda o parte de dicha actividad. Todas las formaciones políticas integraron en las cuentas anuales presentadas las operaciones económicofinancieras derivadas de su participación en los procesos electorales, celebrados durante los ejercicios 2014 y 2015, excepto dos casos -Coalición EH Bildu en 2014 y 2015 y Coalición Compromís y sus partidos coaligados en 2014- en los que no integraron en sus cuentas la contabilidad de las coaliciones de las que formaron parte en tales procesos. Por lo que se refiere a la opinión sobre las cuentas consolidadas, veinte formaciones en el ejercicio 2014 y diecinueve en el ejercicio 2015 presentaron salvedades que afectan a su representatividad. Debido a la existencia de limitaciones al alcance o a la importancia cuantitativa de la salvedades, no son representativas las cuentas de siete formaciones en 2014 -Aralar, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergència Democràtica de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida y Partido Aragonés- y de nueve en 2015 -Aralar, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergència Democràtica de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Federación EH Bildu, Izquierda Unida y Partido Aragonés.

El tribunal no ha podido emitir opinión sobre la representatividad de las cuentas de Unió Democràtica de Catalunya, que se encontraba en situación concursal, y de Unión Progreso y Democracia porque no entregó gran parte de la documentación solicitada. Además, se han observado limitaciones al alcance de la fiscalización en diez formaciones en el ejercicio 2014 -Coalición Compromís, Esquerra Unida i Alternativa, Federación Convergència i Unió, Federación EH Bildu, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, Partido Aragonés, Partit dels Socialistes de Catalunya, Unió Democrática y Unión Progreso y Democracia- y en nueve en el ejercicio 2015 -Esquerra Unida i Alternativa, Federación Convergència i Unió, Federación EH Bildu, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, Partido Aragonés, Partit dels Socialistes de Catalunya, Uniò Democrática de Catalunya y Unión Progreso y Democracia- debido sobre todo a la falta de contabilidad electoral o a la de los partidos federados o coaligados.

La deuda con entidades de crédito para el conjunto de las formaciones políticas ascendió a 193 millones de euros al cierre de 2014 y a 233 millones a finales de 2015. La deuda vencida a 31 de diciembre de 2015 se elevó a 11 millones de euros correspondientes principalmente a Unió Democrática de Catalunya. Hay seis formaciones que al cierre de los ejercicios 2014 y 2015 presentaban un patrimonio neto negativo, entre las que destacan por su elevada cuantía Unió Democrática de Catalunya, Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya Verds. Varias formaciones registraron como gastos ordinarios facturas que correspondían a conceptos de naturaleza electoral que deberían haber sido declarados como tales en las contabilidades relativas a los respectivos procesos electorales.

La financiación pública percibida por las formaciones políticas ha consistido en subvenciones tanto de funcionamiento ordinario como electorales. Las primeras fueron otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, ascendiendo a 171,9 millones de euros en el ejercicio 2014 y a 160,8 millones en 2015. Entre estos recursos figura la asignación anual para gastos de seguridad que supuso un total de 2,7 millones de euros en cada uno de los ejercicios.

Los ingresos por subvenciones electorales se elevaron a 30,9 y a 102,7 millones de euros en 2014 y 2015 respectivamente. Los recursos privados contabilizados ascendieron a 52,9 millones de euros en el ejercicio 2014 y a 65,3 millones en 2015, que procedían en especial de cuotas y aportaciones de afiliados, de aportaciones de cargos públicos y, en menor medida, de donaciones privadas. Diversas formaciones


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no habían registrado en balance los saldos contables de varias cuentas bancarias cuya titularidad correspondía al partido y, en su caso, a los grupos institucionales.

Respecto a la fiscalización de cumplimiento, doce formaciones en 2014 y trece en 2015 no presentaron el informe que acredita el resultado de la revisión del sistema de control interno, constituyendo esta falta de un sistema de auditoría o control interno un incumplimiento que podría suponer una irregularidad sancionable. También se han observado otros incumplimientos susceptibles de constituir infracciones, algunas de ellas tipificadas a partir de la última reforma legal de 2015, que se resumen a continuación.

En primer lugar, la no identificación de los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de la formación Izquierda Unida por un importe total de 307 000 euros. En segundo lugar, la no identificación de las personas físicas que realizaron donaciones a la formación Unió Democrática de Catalunya por 785 000 euros en 2014 y 240 000 en 2015. En tercer lugar, donaciones recibidas de personas jurídicas por un importe total de 8,6 millones de euros por la formación Nueva Canarias. En cuarto lugar, pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas a nombre de la formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía por 14 000 euros. En quinto lugar, participación de las formaciones Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de actividades de carácter mercantil. Y, en sexto lugar, el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por la formación Unión Progreso y Democracia.

En el informe se exponen otros incumplimientos de la legalidad en materia de recursos públicos y privados que, no obstante, no se encontraban tipificados como infracción sancionable. Asimismo, se han identificado seis formaciones en 2014 -Izquierda Unida, Partido Aragonés, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Partit dels Socialistes de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya- y cuatro en 2015 -Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Partit dels Socialistes de Catalunya- que realizaron indebidamente pagos en efectivo por importes superiores a 2500 euros, por un total de 290 000 y 117 000 euros respectivamente.

Por lo que se refiere a las subvenciones para gastos de seguridad, existen remanentes pendientes de aplicación por 39 000 euros en 2014 y 106 000 en 2015 que deberían ser objeto de reintegro.

En relación con las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, no presentaron sus cuentas las fundaciones: 14 de Abril, Horacio Fernández Inguanzo, Idi Ezkerra, Izquierda de Asturias (solo las de 2015), Progreso y Democracia (solo las de 2015), Rey del Corral de Investigaciones Marxistas Izabaldiak y la Asociación Movimiento Ciudadano por la Regeneración, siendo dicha presentación obligatoria a partir del ejercicio 2015, si bien todas ellas las remitieron una vez fueron requeridas por el Tribunal de Cuentas. La mayoría de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes no presentaron el informe de auditoría de las cuentas de 2014 y 2015, siendo obligatoria su realización en este último periodo.

Al cierre del ejercicio 2015, siete fundaciones disponían de patrimonio neto negativo destacando la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Ideas para el Progreso, por importes de 1,5 millones de euros y 0,3 millones de euros respectivamente; asimismo la Sociedad Mercantil Fundación Elkartu S.A., que se encontraba incursa en causa de disolución, al presentar en 2015 unos resultados negativos de ejercicios anteriores de 0,6 millones de euros.

Las aportaciones y donaciones privadas informadas por las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos en los ejercicios 2014 y 2015, han ascendido a 5,3 millones de euros y 4,9 millones de euros respectivamente.

A partir del análisis del cumplimiento de los requisitos legales se han observado las siguientes situaciones irregulares. Donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no existir cuentas abiertas exclusivamente para tal fin. Donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se ha aportado el acuerdo del órgano social correspondiente. Donaciones procedentes de personas jurídicas que no han sido notificadas al tribunal en el plazo de tres meses. Entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al tribunal en el plazo de tres meses. Las subvenciones públicas recibidas por las fundaciones vinculadas o dependientes de los partidos en los ejercicios 2014 y 2015 han supuesto un total de 3,6 y 3,4 millones de euros respectivamente. Tras la última modificación legal en 2015, han sido objeto de fiscalización los gastos financiados con cargo a subvenciones públicas, no habiéndose admitido como subvencionables ciertos conceptos de gastos declarados por un importe de 56 000 euros. Finalmente, un total de 28 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades no habían


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publicado en su página web las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, situación también advertida en trece y once formaciones políticas respecto a las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.

Pasamos ahora al turno de fijación de posición y formulación de preguntas. Para ello, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por sus aportaciones y reflexiones. En referencia a las fiscalizaciones que hoy vemos de los años 2014 y 2015, estas resultan importantes para analizar si los avances que se han hecho en la legislación en los últimos años han mejorado la transparencia, la rendición y la forma en la que se están financiando los partidos políticos. Y, por lo que parece, todavía queda bastante camino por recorrer.

En relación a los dos informes de fiscalización que vemos hoy, tengo que manifestar que el tiempo desde los cierres del ejercicio hasta la presentación o aprobación del informe, que es de tres y dos años, parece que es un aspecto que también habrá que intentar mejorar. Por mi parte, voy a centrar mi intervención en reflexiones en relación a aspectos derivados del resultado de la fiscalización que están relacionados con la formación a la que pertenezco.

Se vuelve a reiterar en el informe de fiscalización -aunque también lo aclara hoy en su intervención-, el inconveniente que implica que algunas formaciones políticas no incorporen los ingresos de sus grupos municipales de diferentes entidades locales. A pesar de que para el Tribunal de Cuentas es una recomendación, no es una obligación legalmente establecida, y en el propio informe nos va indicando el procedimiento fiscalizador que ha quedado delimitado por la no integración del ámbito local. A nuestro entender, esta integración es acorde con la Ley orgánica 3/2015, que delimita claramente el ámbito de consolidación de las cuentas en el artículo 14, pero que a través de su disposición transitoria tercera establece que para aquellos partidos que tienen reconocida en sus estatutos autonomía de gestión económica a sus asambleas locales, dispondrán de un plazo adicional para hacer efectiva esta consolidación.

Para nuestra organización ha supuesto todo un reto conciliar las obligaciones derivadas de una consolidación contable, que necesariamente conlleva una centralización, manteniendo el respeto a nuestro sistema de organización interno, que reconoce autonomía de funcionamiento y de gestión en nuestras organizaciones, con un modelo organizativo basado en el principio de subsidiariedad. En todo caso, después de todo este esfuerzo, estamos en disposición de cumplir con lo establecido legalmente para la presentación de las cuentas consolidadas a nivel local en el 2017.

En cuanto al informe de resultados de la auditoría de control interno, previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, el tribunal considera que los certificados aportados no son insuficientes para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 15. Aquí hay dos reflexiones, dos aspectos que son importantes. La primera es que en el Partido Nacionalista Vasco tenemos la histórica figura de los censores de cuentas, que se encuentra en los estatutos de la formación; y la segunda es la idea de control económico que ha estado siempre presente en la organización e historia, de más de cien años, del Partido Nacionalista Vasco. El control económico ejercido, entre otros, a través de estas figuras de censores de cuentas elegidos por la organización en asambleas de forma democrática y siendo sus informes preceptivos para la aprobación de las cuentas bancarias. Es importante reseñar que el Tribunal de Cuentas indica que la documentación aportada es insuficiente, y no que el PNV no cuente con un sistema de control interno, sistema que sí acreditamos tener. En todo caso, como consideramos la consecución de un sistema de control que el tribunal considere suficiente un objetivo prioritario, lo que hacemos es una solicitud al propio tribunal. Entendemos que sería deseable que fuera el propio tribunal quien elaborara una instrucción con los mínimos comunes aplicables a la valoración de la idoneidad del sistema de control propuesto por cada formación.

En cuanto a la prohibición de realización de actividades mercantiles, que sigue figurando en el informe, quiero señalar que si bien el artículo 6.1 de la Ley 8/2007 establece que los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza, el artículo 6.2 dice -también, literal- que no se reputarán actividades mercantiles las actividades propias a que se refiere la letra b del apartado 2 del artículo 2.º Letra b apartado 2 del artículo 2.º que habla de los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio. El objeto


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de las sociedades participadas por EAJ-PNV, de las que habla el informe (Batzokia, Landaburu Etxea, Iguzkia, para aquellos Batzokis en Iparralde sujetos a la fiscalización en Francia), no es otro que la gestión de los Batzokis propiedad de Eusko Alderdi Jeltzalea y la mejor administración del patrimonio que tiene, a nuestro entender, un encaje perfecto en el espíritu y letra de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Son sociedades que en aras de la transparencia y de aportar mayor claridad se ha procedido a modificar su objeto social en el 2016 de forma que recoja expresamente la limitación en cuanto a su funcionamiento respecto a la gestión del patrimonio; hecho que se ha comunicado al Tribunal de Cuentas para su conocimiento.

Respecto a lo que señalan en el informe en relación a reflejar en la memoria la deuda del Estado por la reclamación para la reversión del patrimonio incautado, entendemos que por coherencia con las reclamaciones realizadas resulta más correcto mantenerlo en el balance en el activo en una reseña en la memoria.

En relación al Plan General Contable que debe utilizarse, el plan general adaptado a las formaciones políticas aprobado en 2013 por el Tribunal de Cuentas no se encuentra en vigor, entendemos por lo tanto que la norma en vigor aplicable, en tanto que lo establece la Ley 3/2015 no se apruebe un nuevo plan adaptado a las formaciones políticas, es el Plan General Contable que veníamos aplicando en anteriores ejercicios. Lo que ha ocurrido es, por una parte, que hemos adaptado -digamos que en una adaptación técnica e informática- la estructura al plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas desde su aprobación en el 2013 por el Tribunal de Cuentas, hasta que queda suspendido, y utilizando el Plan General Contable, que es la norma en vigor, que es la que se ha venido aplicando en tanto no se apruebe un nuevo plan adaptado a las formaciones políticas. Me gustaría preguntarle si dispone de una previsión de para cuándo podría estar aprobado este plan general aplicable a los partidos políticos.

Voy terminando. Creo que el tribunal comprueba -no podría ser de otra forma- el esfuerzo que venimos realizando de adaptación a los nuevos requerimientos que se derivan de la nueva legislación, y lo importante que resulta para nuestra organización poder hacerlo sin perder la identidad como partido, con un modelo organizativo que está basado en el principio de subsidiariedad -lo decía antes- y en el que todas nuestras organizaciones disponen de su ámbito de autonomía, que está reflejado además en los estatutos de la organización. Es importante disponer de un marco normativo que establezca unas reglas de juego comunes y, por otro lado, un control efectivo de la actividad de los partidos, pero no debe interferir forzosamente en que todos los partidos deban ser iguales o clones, de igual forma que la ciudadanía tenga una oferta suficientemente diferenciada de propuestas y modelos políticos y que puedan con su voto expresar el pluralismo político. Lo que se pretende es que se garanticen los controles y la transparencia a través de la adecuación de los estados financieros y el cumplimiento de la legalidad en la utilización de los recursos. Para eso, la importancia y todo el esfuerzo que se necesite para adaptarnos a los nuevos requerimientos, sin que de ellos resulte la uniformización, pero sí un buen soporte normativo y un buen y efectivo control de la actividad y transparencia de los partidos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.

Tiene la palabra, por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias de nuevo, señor presidente.

Estamos ante el informe de fiscalización de los partidos políticos de los ejercicios 2014 y 2015. En este sentido, quiero remarcar, como mi compañera, que la sociedad no nos pide esto. Es evidente que analizar la fiscalización de los partidos políticos a tres o cuatro años vista no es lo que nos pide la sociedad. Somos conscientes de los tempos del tribunal, pero es evidente que debemos mejorar en los próximos años y así atender la petición social, porque todos sabemos que los partidos políticos estamos en el ojo del huracán y estamos constantemente fiscalizados -como debe ser, por otra parte- por parte de la sociedad y, por tanto, debemos dar respuesta en este sentido. Esquerra Republicana cree que debemos predicar con el ejemplo. Los partidos políticos, en todos los informes del Tribunal de Cuentas, deberían ser los más pulcros, los más correctos, los que tengan menos salvedades o menos comentarios, porque debemos predicar con el ejemplo. Creemos que no valen excusas técnicas o de criterio contable y, de hecho, los partidos políticos llevamos ya unos cuantos años siendo fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, ya sabemos cuáles son los criterios contables y hemos visto que algunos partidos no han seguido estas recomendaciones que se van haciendo año tras año y, pese a que llevan muchos años siendo fiscalizados por el tribunal, no han entregado la documentación o la han entregado tarde, mal, etcétera. Gracias a este


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informe entendemos muchas de las cosas que están pasando últimamente. De hecho, las irregularidades, trampas o maquillaje -como quieran llamarle- que llevan a cabo algunos partidos muestra, desde nuestro punto de vista, la hipocresía con la que se presentan a las elecciones, ante la ciudadanía, hablando del cumplimiento de la ley o de ética, etcétera. De hecho, podemos fijarnos en Ciudadanos, uno de los cuatro partidos grandes del Estado español, cuyo líder, Albert Rivera, decía que Ciudadanos tiene las manos absolutamente limpias. Pero lo deben demostrar y me remito a lo que decía antes: ya conocen los criterios contables del tribunal y, por tanto, no es de recibo que el Tribunal de Cuentas haya rechazado la contabilidad de Ciudadanos y que el partido llegue al extremo de que no le importe lo que digan sus números -no lo podemos entender-, diciendo su líder que son salvedades muy, muy técnicas. Insisto, no nos podemos escudar de ninguna manera tras estas excusas técnicas o de criterio contable. Creo que los partidos no deberían hacerlo.

Queremos fijarnos además en la deuda de los partidos políticos con los bancos, pues no deja de sorprendernos. Esa deuda asciende a 233 millones de euros y nuestra pregunta es: ¿Al servicio de quién están los partidos políticos si deben a la banca 233 millones de euros, con un ascenso de 30 millones de euros solo en un año? En ese sentido, nos planteamos algunas preguntas más relacionadas con el hecho de que estos partidos hayan recibido subvenciones públicas pese a que los resultados y las consideraciones del Tribunal de Cuentas son las que son. Nuestra pregunta es si van a devolver las subvenciones recibidas como consecuencia de haber hecho ese maquillaje, esas irregularidades o trampas, si quieren llamarlas así, en los procesos electorales de los años 2014 y 2015. Otra pregunta es: Si no gestionan como deben su partido, ¿cómo van a gestionar las administraciones? En este sentido, nos sorprende que haya hasta seis formaciones con patrimonio neto negativo y, de hecho, la Administración General del Estado fiscalizó a los ayuntamientos prohibiendo que se endeudaran y, sin embargo, ¿qué hacemos con los partidos políticos que tienen patrimonio neto negativo? Creo que aquí deberíamos hacer una reflexión política y, de hecho, pienso que el propio Tribunal de Cuentas debería decir alguna cosa en este sentido. Otra pregunta: ¿El Tribunal de Cuentas va a reclamar el patrimonio personal de los responsables de los partidos políticos, por ejemplo, en el caso de estas seis formaciones que tienen patrimonio neto negativo? De hecho, lo han realizado de forma preventiva con otros partidos o líderes de Cataluña, y me cabe preguntar si harán lo mismo con estos partidos políticos a los que se refiere. Quería poner el acento específicamente en los casos de Unió Democrática y Unión Progreso y Democracia, ya que no entregaron gran parte de la documentación requerida. Para nosotros esta es una falta muy grave y creemos que debemos actuar.

Para finalizar -creo que es nuestro deber traerlo a esta Comisión-, nuestra pregunta es dónde está la contabilidad B del Partido Popular. En este sentido, el propio presidente -lo hablamos en otras comisiones- dijo que el Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción, pero nuestra pregunta es por qué no lo han detectado. De hecho, el presidente decía que no tienen medios para verificar lo que no aparece en los estados contables que se les entregan y, justamente, creemos que esa es la función del Tribunal de Cuentas: analizar y detectar esas cosas cuando hace más de veinte años -esto no lo dice Esquerra Republicana, lo dice fiscalía- que el Partido Popular se ha financiado de forma ilegal o improcedente. Pensamos que debemos dar respuestas a la sociedad. La sociedad nos pide algunas informaciones que no estamos en condiciones de dar porque no aparecen en este informe del tribunal, y debemos dar respuestas. -Termino ya-. El Partido Popular se escudó en el Tribunal de Cuentas cuando salieron las informaciones de financiación ilegal a la luz pública al explicar que sus cuentas estaban auditadas, y yo pregunto al señor presidente si no le molesta esto al Tribunal de Cuentas, que se escuden detrás de su trabajo. Por tanto, insisto, no valen excusas técnicas, no valen salvedades de criterios contables, sino que debemos predicar con el ejemplo y aquí tenemos mucho trabajo por delante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor Álvarez de Miranda, muchísimas gracias por su exposición y muchísimas gracias también por la labor que realiza el Tribunal de Cuentas.

Como partido comprometido con la transparencia, la regeneración y la lucha contra la corrupción, en Ciudadanos valoramos muchísimo la labor del Tribunal de Cuentas, sobre todo, al fiscalizar las cuentas de los partidos, aunque pensamos que necesita de más recursos y de garantía de independencia, para lo


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cual hemos presentado, como usted bien sabe ya, propuestas para la reforma en esta Cámara. Precisamente por ese compromiso con la transparencia, Transparencia Internacional nos da un diez en el sentido de que presentamos al Tribunal de Cuentas más documentación y más información que ningún otro partido. Estamos fiscalizando las cuentas del año 2015 -este es el año que nos ocupa-. No solo presentamos los datos nacionales, también presentamos los de doscientos grupos municipales y autonómicos, es decir, presentamos la inmensa mayor parte de la información de nuestros grupos, pese a que la ley, como usted bien ha dicho, no obligaba a ello. Este año además, el 2015, fue el año de nuestra expansión nacional y teníamos recursos humanos y materiales muy limitados. Pese a eso, también sabíamos que seríamos el único partido que realizaría esfuerzos precisamente de presentación. ¿Verdad, señor presidente?

Contrasta esto con la actitud del PP, que no realizó ningún esfuerzo por presentar la contabilidad de sus grupos institucionales. Debe ser que les cuesta mucho presentar esa información, tal y como reconoce el propio informe del Tribunal de Cuentas. ¿Verdad, señor Álvarez de Miranda? Esos grupos, centenares de ellos, manejaron millones de euros que no han podido ser fiscalizados porque el PP no entregó las cuentas. Decía el portavoz de Esquerra Republicana que a lo mejor tendrán algo que ocultar. Algún mal pensado podría ir en esa línea, sobre todo tras ver las declaraciones en los juzgados de los que hasta ayer eran mandamases del Partido Popular en Valencia o en Madrid. Nuestras cuentas, desde luego, las tiene usted, las tiene el Tribunal de Cuentas para que las analicen hasta el más mínimo detalle. Las del PP, desde luego, las encuentra la UCO y las juzgan los tribunales de media España.

Contrasta también esta transparencia con la del PSOE. Según retrata el informe que tenemos en el día de hoy, no presentó las cuentas de la inmensa mayoría de sus grupos municipales ni tampoco la documentación de 857 cuentas donde manejan más de 2,3 millones de euros, como recoge el informe del tribunal. ¿Verdad, señor presidente? Y también recoge que el PSOE no contabilizó ciento diez inmuebles, entendemos que sedes, por valor de casi 8 millones de euros. Eso es así, ¿verdad, señor presidente?

Vemos en el informe que el PP debió contabilizar, y no lo hizo, una deuda de 568 000 euros por la organización del congreso nacional de 2008, el que organizó el señor Camps, curiosamente para Rajoy, deuda que le ha sido judicialmente reclamada y que sigue sin pagar. Es el mismo PP del señor Costa, el que dice -y cito textualmente-: Se financiaba con dinero negro. Tampoco contabilizó 13,3 millones que consideraba gastos ordinarios en una partida, otros gastos, sin entrar a detallar, ni tampoco cuatro inmuebles de su titularidad.

En cuanto a Podemos, presenta sus cuentas fraccionadas y divididas por el sinfín de partidos nacionalistas, agrupaciones locales y otras organizaciones con las que está aliado. Aun así, el tribunal en su informe detecta que estaban infravaloradas en 424 000 euros. ¿Verdad, señor presidente? Y que es el partido que más donaciones privadas recibe: 1,7 millones.

¿Qué comprobamos con todo esto? Que el viejo bipartidismo, y como veremos en el día de hoy, le tiene alergia a la transparencia, que sigue a día de hoy pretendiendo que el Tribunal de Cuentas fiscalice lo menos posible sus manejos y por ello no presentan toda la información. Es lo que han hecho toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que el Tribunal de Cuentas detectó un escándalo de corrupción? ¡Y no será porque el Partido Popular, el Partido Socialista y Convergència no han tenido corrupción! Pero ocultan sus cuentas al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, a todo el mundo, hasta que actúa la fiscalía, la policía, la Guardia Civil o confiesa algún corrupto arrepentido. ¿De qué sirve si al Tribunal de Cuentas no le presentan las cuentas?

En Ciudadanos nos hemos adaptado a sus recomendaciones, señor presidente. Decidimos contar las subvenciones en el momento en que se ingresaban en el banco por prudencia, pero el tribunal nos ha recomendado hacerlo en el momento en que son concedidas y así lo hemos hecho, así lo hacemos y así lo seguiremos haciendo. Además, compartimos la opinión de que la ley debería tipificar lo que se consideran gastos electorales para evitar que haya criterios distintos entre órganos fiscalizadores. Compartimos totalmente esa recomendación. Mientras tanto, los viejos partidos ocultan información, cierran la puerta a la regeneración, se niegan a dar más instrumentos a la justicia y ponen el ventilador en marcha para atacar a Ciudadanos por unas salvedades contables que ya han sido subsanadas (Risas), aparte de la mala educación que tienen, como ustedes podrán comprobar, y que ellos mismos tienen en mayor medida. Si no, señores del Partido Popular, ustedes utilizan el criterio de caja 16 millones encima en gastos. No les voy a dar referencia de lo que es un principio de devengo, que en gasto no se puede utilizar nunca. (Rumores).


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Para terminar, la última pregunta, señor presidente. Teniendo en cuenta que en su informe recoge que el PP se ha negado a entregar las cuentas de sus cientos de grupos institucionales, a contabilizar cuatro inmuebles o a detallar los movimientos de cincuenta y dos cuentas corrientes o que el PSOE no contabilizó más de cien inmuebles, no entrega cuentas de la mayoría de sus grupos locales y oculta casi mil cuentas corrientes y las advertencias que también le hacen a Convergència, a Podemos y a Izquierda Unida, a la luz de todo lo que recoge el informe del tribunal, ¿quién le ha dado más información para poder saber si hay algún delito? Con lo que sabe, ¿usted ha detectado alguno?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra su portavoz el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, hay que agradecer el gran trabajo realizado por el personal del Tribunal de Cuentas, pero hay que señalar también que estos informes de fiscalización, especialmente aquellos que son tan extensos y que generan tanto interés como este, es necesario que no sean solamente un listado de información y de datos, sino que incluyan herramientas que faciliten el acceso a la información relevante de una manera rápida y sencilla para que los ciudadanos puedan acceder a él porque un informe de 1368 páginas es difícilmente accesible si no se facilita su síntesis porque creemos que la transparencia no es solo dar datos, sino también favorecer la accesibilidad.

También hay que señalar, para quien pueda interesarse por esta comparecencia, que el Tribunal de Cuentas realiza su labor de fiscalización sobre la base de las cuentas presentadas por los partidos. Con las competencias que tiene difícilmente puede detectar casos de financiación ilegal y prevaricación como los que sientan hoy en el banquillo al Partido Popular porque estas cuentas o esta financiación obviamente no se registran en la contabilidad que presentan al Tribunal de Cuentas, sino en la contabilidad B. De todas formas, me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas ha remitido a la fiscalía alguna cuestión sospechosa que puede ser relevante para los juicios que hay en curso que se puedan desprender de la fiscalización realizada. Aun así, en el informe relativo a los años 2014 y 2015 se extraen conclusiones generales y preocupantes sobre cómo se aplican tanto las normas contables como las actuaciones en materia de financiación de los partidos a la hora de manejar sus cuentas y el dinero público. En primer lugar, nos llama la atención la deuda con las entidades de crédito que en el conjunto de formaciones políticas ascendía en 2015 a 233 millones de euros, 40 millones más que en el año anterior. Todo esto a pesar de las advertencias realizadas por el Informe Greco del Consejo de Europa y de la OCDE sobre los problemas que genera una elevada deuda en los partidos y el cuestionamiento de su independencia. Además, a pesar de la prohibición de las condonaciones de deuda, hay partidos que intentan bordear esta prohibición postergando de forma indefinida el vencimiento de la deuda, algo que señala el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones.

Por otro lado, una docena de formaciones no presentaron en 2014 ni en 2015 el preceptivo informe de control interno que está definido en la Ley de financiación de partidos, todo ello con las limitaciones que presentan estos informes de control interno que carecen de estandarización. Además, siete fundaciones pertenecientes a partidos no presentaron sus cuentas, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de financiación de partidos, y la mayoría de ellas no presentaron informes de auditoría. Veintiocho de ellas tampoco publicaron sus cuentas en la web. El descontrol en las fundaciones y entidades vinculadas sigue siendo patente y en cierta manera permitido por la Ley de financiación de partidos que no les exige los mismos requisitos a estas fundaciones que a los propios partidos.

Por último, hay que señalar que la mayor parte de partidos siguen sin integrar la contabilidad de sus grupos municipales.

Entrando en detalle ya de lo que presentan algunos partidos en este informe de fiscalización, tenemos obviamente muchos ejemplos de acciones difícilmente justificables y me voy a centrar en los cuatro partidos grandes. En primer lugar, del PSOE destacan, además de la no integración de la contabilidad municipal, dos cuestiones que señalo por si tienen a bien explicarlas en la próxima intervención. Los ciento diez inmuebles, que en su conjunto representan 7 700 000 euros que no han contabilizado en el informe remitido al tribunal y la existencia de 969 cuentas corrientes de las que era titular la formación y que no aparecían contabilizadas, algo que no entendemos por qué no incluyeron en la contabilidad remitida al tribunal.


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Del Partido Popular, como decía anteriormente, sabemos más de su financiación por la Audiencia Nacional que por el Tribunal de Cuentas, pero en este informe de fiscalización también vemos numerosas irregularidades que dan la imagen de una gestión bastante deficiente. Se han identificado numerosos pagos en efectivo que superan el límite máximo de los 1500 euros por un importe total de más de 90 000 euros en algunas de sus sedes. No se han podido contrastar las donaciones y aportaciones registradas por la formación con la información declarada a la Agencia Tributaria, al no haberse aportado al Tribunal de Cuentas una copia íntegra de la liquidación tributaria. Hay doscientas treinta y seis cuentas corrientes cuyo titular era la formación, que no figuraban contabilizadas en el año 2012 y no se han facilitado los justificantes de gastos relativos a los grupos parlamentarios por un total de 12 millones de euros nada menos, un 15% de los gastos totales registrados.

En lo referente a Ciudadanos, es el único de entre los cuatro partidos cuyas cuentas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial, según indica el Tribunal de Cuentas, y llama especialmente la atención que los estados contables no reflejan la actividad de tres de los catorce grupos institucionales, que los saldos de tesorería contienen numerosos errores y omisiones en el registro contable de entradas y salidas, incluyendo discordancias entre documentación justificativa facilitada por la formación y registros contables, omisiones de movimientos de tesorería, errores en seguimiento de saldos y pagos a acreedores, así como duplicidades en contabilización de pagos y ni siquiera se molestaron en algunos casos en conciliar los bancos, es decir, una contabilidad totalmente chapucera. Ciudadanos justificaba públicamente estos errores sobre la base de su crecimiento exponencial, pero les voy a decir una cosa, yo fui responsable de finanzas y transparencia en Podemos hasta hace un año y creo que pocos partidos tuvieron un crecimiento tan exponencial como el mío, y nuestra contabilidad no tiene las deficiencias que ustedes presentan en la contabilidad. Es decir, si uno se toma la financiación interna del partido tan en serio como se debería tomar y se preocupa por hacer las cosas bien, no tiene por qué dar ningún tipo de problema. Si no están preparados para gestionar un partido, difícilmente lo estarán para gestionar un país. Por eso, nosotros creemos que hay que predicar con el ejemplo. Es más, en referencia a Ciudadanos, los grupos municipales y provinciales han destinado parte de las asignaciones recibidas al pago de remuneraciones de personal, algo que podría incurrir en incumplimiento de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, aparte de las facturas pagadas por terceros, que podrían vulnerar -la vulneran de hecho- la Ley de financiación de partidos. Se observa también la existencia de avales y garantías por la formación a terceros por un importe acumulado de un millón de euros y nos gustaría saber a quién avala Ciudadanos por valor de un millón de euros.

Para terminar, quiero preguntarle al señor Álvarez de Miranda una serie de cuestiones. ¿Cuál es el criterio para determinar si las cuentas representan o no una imagen fiel? Al no presentar una parte significativa de su contabilidad, ¿considera el Tribunal de Cuentas que el Partido Popular representa una imagen fiel? ¿Y Ciudadanos? ¿Cuáles son las sanciones que se desprenden de las irregularidades observadas en el informe de fiscalización? ¿Tiene constancia el presidente de que la fiscalía haya incoado diligencias contra algún partido a raíz de la fiscalización realizada en este informe? Por último, ¿de qué competencias habría que dotar al Tribunal de Cuentas para que pudiera detectar casos de financiación ilegal como los que se están investigando ahora en el caso del Partido Popular? ¿Qué forma podría tener el Tribunal de Cuentas de detectar estos casos y evitar que se den en el futuro?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su aportación en este y en el resto de los informes que hoy tratamos. Creo que avanzamos en transparencia y que el Tribunal de Cuentas contribuye con este tipo de informes. Nos pone la lupa sobre la gestión, la contabilidad, el patrimonio y la cuenta de resultados no solamente de los partidos, sino también de las fundaciones y entidades dependientes. Gracias por esa colaboración y esa contribución.

Unos avanzamos en transparencia por convicciones. Quiero manifestar que el PSOE ha sido el primer partido en este país que ha firmado con Transparencia Internacional una serie de compromisos; un decálogo de medidas entre las que se incluyen la publicación en su página web de las cuentas, los presupuestos y la liquidación del partido y de sus entidades dependientes. Por otra parte, también se compromete el PSOE a tomar iniciativas legislativas -algunas de ellas basadas en el propio informe del


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Tribunal de Cuentas- en pro de exigir a aquellos que no tienen las convicciones la transparencia que se merece el sistema democrático y que nos demanda la ciudadanía. Como digo, unos avanzamos por convicciones y otros avanzan a trancas y barrancas y por la tormenta que se les viene encima diariamente a través de los medios de comunicación y de los procedimientos y las sentencias judiciales, pero avanzamos.

No cabe duda de que hay una serie de salvedades a pesar de ello y por eso hay camino por andar. Hay salvedades bastante extensibles a la mayoría de los treinta partidos que se fiscalizan; salvedades que van desde la integración de cuentas hasta realizar la totalidad del inventario, integrar a los grupos institucionales -curiosamente los intervinientes anteriores parece ser que no están al día y tengo que decir que esta no es una exigencia hasta el año 2016; no es una exigencia en las cuentas de 2015 y hay que integrarlos a partir de 2016- o cuestiones como el control interno o el procedimiento de contratación, que algunos no lo cumplen; sí lo hace el PSOE, así como el control interno. Por tanto, hay una serie de salvedades en las que tenemos que avanzar todos, los treinta, y todas las entidades dependientes, pero quiero poner el acento sobre los grandes partidos.

Empezando por el Partido Popular, quiero decir que tiene una opinión favorable con salvedades, al igual que el PSOE y al igual que Podemos. No es así en el caso de Ciudadanos. Pero respecto al PP quiero poner especial énfasis en una importante observación del tribunal cuando dice que no se provisiona ningún tipo de responsabilidad que pudiese derivar de los procesos judiciales en curso. Habla en concreto de pasivos contingentes que ni tan siquiera han sido certificados por el propio Partido Popular. Mi pregunta al presidente del tribunal es a cuánto pueden ascender los pasivos contingentes del Partido Popular. ¿Cree usted que el Partido Popular con toda esa necesidad de provisiones puede tener un patrimonio neto? Porque es evidente que el Partido Popular está todos los días en los medios de comunicación. Hoy está Bárcenas, ayer Granados y hace escasos días Ricardo Costa. (Rumores). Estamos en procesos judiciales de mucha envergadura que afectan justamente a la financiación ilegal y a la caja B del Partido Popular -Gürtel, Púnica, Lezo, papeles de Bárcenas- con personajes como Granados, Bárcenas, Camps, Pedro Antonio Sánchez, Jaume Matas, Ignacio González... Podíamos seguir y seguir y seguir. (Rumores). La financiación ilegal y la caja B, evidentemente, no figuran en las cuentas que se presentan ante el Tribunal de Cuentas. Por la vía judicial que lucha contra la corrupción se están descubriendo las innumerables tramas corruptas del Partido Popular y su financiación ilegal. Tendremos que esperar a las resoluciones judiciales, pero está claro que esas contingencias a las que alude el propio Tribunal de Cuentas probablemente signifiquen lo que en realidad parecen ser: que el Partido Popular es un partido en liquidación por derribo, porque son innumerables las cuestiones que se ponen de manifiesto y es bochornoso lo que está soportando la ciudadanía. (Rumores). Más aún con un presidente en el Partido Popular desde el año 2004 y presidente del Gobierno en este país que permanece impasible ante el escándalo permanente que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Hoy mismo un periodista al que tengo especial aprecio, Raúl del Pozo, titula: "Albert: la flauta del pánico". En concreto, dice que hasta ahora los votantes del Partido Popular han ido a votar tapándose las narices (Una señora diputada: ¡Como en Andalucía!), pero que a partir de ahora ya no, porque están acudiendo...

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, está usted en siete minutos. Concluya.

El señor HURTADO ZURERA: Voy concluyendo.

... porque están acudiendo a un partido limpio llamado Ciudadanos. Pues bien, no estoy de acuerdo con Raúl del Pozo, porque justamente es el único partido de los grandes de este país que no tiene cuentas representativas; y esto está dicho por el Tribunal de Cuentas. Eso significa que no solamente hay salvedades en las cuentas, sino que realmente están falseadas y no son admisibles. ¿Es ese partido aparentemente limpio con pocos años de vida el que venía a regenerar los partidos políticos y la calidad democrática? Insisto en que es el único partido que no tiene cuentas representativas y debería dar explicaciones al respecto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


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Señorías, hoy analizamos el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos en los ejercicios 2014 y 2015. Aprovechamos para agradecer al presidente, al señor Álvarez de Miranda, y a todos los que conforman su equipo, el enorme esfuerzo realizado con el nuevo formato, mucho más exhaustivo, en el que se evidencia la clara vocación del tribunal de aportar más información a la opinión pública sobre la actividad de los partidos. Ciertamente, y compartiendo la opinión de algunos otros compañeros, creemos que vamos en la buena línea y que se están mejorando los controles internos, lo cual redunda en la mejora de la transparencia. Ahora bien, cuanto más avanza este país en la rendición de cuentas y en la transparencia, resulta que hay algunos partidos importantes a los que les cambia la opinión, y permítanme que me centre en uno en concreto, no sin antes pedirle disculpas al señor Hurtado, porque por falta de tiempo no voy a poder contestar a la cantidad de barbaridades que ha dicho, así que lo dejaremos para otra ocasión.

Me centraré en el partido del señor Rivera, Ciudadanos, que de manera reiterada viene impartiendo lecciones de transparencia, de ética, de regeneración, de calidad democrática. Ustedes lo han dicho aquí: Son los únicos; y han atacado a todos los que estamos aquí. Pues bien, nosotros entendemos que no es el momento del "y tú más", algo que difícilmente entenderían los españoles, por ello, para nuestra exposición solamente utilizaremos aquellas manifestaciones que ustedes han hecho anteriormente en esta Comisión o ante los medios de comunicación y lo que dice el tribunal; única y exclusivamente, sin ningún análisis subjetivo.

La primera cuestión es su doble vara de medir, o lo que se conoce vulgar o coloquialmente como la ley del embudo. Lo que para los demás ustedes califican como ilegalidades o irregularidades, cuando les afecta a ustedes lo rebajan a simples errores administrativos, aspectos puramente formales o discrepancias de aplicación contable. En este sentido, señor Álvarez de Miranda, me gustaría que diese respuesta a la pregunta de si meros errores administrativos o aspectos puramente formales conllevan un veto por parte del Tribunal de Cuentas a la contabilidad de un partido político. Yo creo que no.

La segunda cuestión es un cambio de criterio acerca del análisis que hacía el Grupo Ciudadanos del Tribunal de Cuentas. Noviembre de 2017: Los expedientes que brillantemente realiza el tribunal; octubre de 2017: Felicitar por el informe de reestructuración bancaria; diciembre de 2016: Reconocemos la calidad de sus informes; octubre de 2016: Han hecho un fantástico trabajo. Pero, señorías, en diciembre de 2017, justo después de este informe, dicen en la PNL: Necesidad de regeneración del Tribunal de Cuentas; desvío de poder del Tribunal de Cuentas; despolitización del Tribunal de Cuentas; necesidad de independencia; nepotismo. Creo que el cambio es radical y mi pregunta al señor Rivera y a los señores de Ciudadanos, sería: ¿Este cambio de opinión está vinculado a este informe o es puramente un cambio de opinión, como otros tantos que recibimos de ustedes?

En tercer lugar, ustedes muy recientemente, en octubre, decían: No se está entregando la documentación, y nos preocupa. Estamos claramente ante el capitalismo de amiguetes. Nosotros les compramos lo del capitalismo de amiguetes y les preguntamos: ¿Se lo aplicamos a ustedes cuando hacen operaciones entre el partido y el grupo por 860 000 euros en el año 2014 o más de 1 166 000 en el año 2015, sin que hayan aportado documentación justificativa del desglose ni la naturaleza de los servicios? En ese sentido, señor presidente, le preguntaríamos si han realizado actuaciones al objeto de esclarecer el contenido de los citados servicios, si se ha puesto en conocimiento de la fiscalía del tribunal la opacidad y grave falta de justificación documental de estos servicios. Es más, presidente, le preguntamos: ¿Podríamos estar ante falsedad documental si no se hubieran prestado los servicios? O en sentido contrario: ¿Si se han prestado los servicios, presidente, tenemos constancia de que hayan tributado fiscalmente, es decir, llevaban la repercusión correspondiente del IVA? Porque, no olvidemos que la parte proporcional del IVA en el año 2014 sería de aproximadamente 172 000 euros y en el año 2015 de 244 000 euros. Según el artículo 305 del Código Penal, ¿podríamos estar, señor presidente, ante un delito fiscal? ¿Ha comprobado eso el Tribunal de Cuentas? ¿Podríamos estar ante una causa de delito fiscal por superar los 120 000 euros? Por otra parte, en ese capitalismo de amiguetes, ¿qué explicación nos daría Ciudadanos ante el alquiler de su sede en diciembre de 2015, valorada en 7500 euros, y que ellos han conseguido por 2400, un tercio de su valor, a empresas como Caser, etcétera? ¿Eso se llama capitalismo de amiguetes?

Ustedes también dicen en noviembre de 2017 que no tener la información va en contra de la transparencia. Les pregunto: ¿Va en contra de la transparencia el informe del Tribunal de Cuentas del año 2015, la falta de comunicación en su memoria de los avales y garantías prestados por un poco más de un millón de euros? ¿Les parece que va en contra no entregar las contabilidades de los grupos


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parlamentarios de las Cortes Valencianas, de las Cortes de Castilla y León y de la Asamblea de Extremadura, por valor de más de medio millón de euros, o que diga que en sus cuentas bancarias hay numerosos errores y omisiones en el registro contable de las entradas y salidas de fondos, lo que lo hace significativamente difícil de justificar? Y que terceras personas paguen sus facturas, ¿también les parece que es falta de transparencia?

Segundo punto, hablemos de la gestión de los fondos públicos. Señores de Ciudadanos, es verdad que a ustedes les favorece no haber gobernado nunca, no haber gestionado nunca fondos públicos, lo cual les permite afirmaciones que podrían no tener respuesta, pero ya tenemos un informe que les hace más dificultosa su actuación. Recuerden que los fondos públicos son el dinero de todos los españoles.

Ustedes tuvieron un control en el año 2008 del que ahora hablaremos y que no hicieron, y un control en el año 2015 en el que el tribunal les dice: "Del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas, se deduce que las mismas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio". Por dos veces, en julio de 2015 y en julio de 2017 presentaron informes paralelos y aun así no fueron capaces de superar el control. En este apartado, quiero preguntar al presidente del tribunal: ¿Se va a iniciar algún expediente sancionador por las actuaciones recogidas en el informe? ¿Se ha puesto esto en conocimiento de la fiscalía del tribunal? Sinceramente, ¿qué cabría esperar de un partido, como se ha dicho anteriormente, que no es capaz de gestionar su propio partido en el año 2014, con apenas 2 millones de facturación, o en el año 2015, con algo más de 17 millones? ¿Tienen ustedes capacidad para gestionar una comunidad autónoma o un país? Y si entramos en las comisiones de investigación: ¿Podemos entender ahora por qué ustedes no querían que la Comisión de investigación del Partido Popular se extendiese a su formación? ¿Puede estar esto vinculado a este informe que hoy conocemos?

En su pacto con el PSOE para intentar conformar gobierno había 200 medidas. Una de ellas decía: Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Mi pregunta es: ¿Lo aplicarán el señor Rivera y Ciudadanos a sus cuentas del año 2008 o le parece al señor Rivera adecuado ampliar el concepto no solamente a los que no aporten las cuentas, sino a los que las aporten de manera incompleta o no pasen el control del tribunal de cuentas? ¿Les parecería bien que se aplicase esto? Creo que todos estaríamos de acuerdo en hacerlo.

Y vamos a los últimos puntos. Ciudadanos se constituyó en el año 2007, un partido pequeñito cuyo presidente era Albert Rivera. Pues bien, en el año 2008 ustedes no aportaron las cuentas en plazo; primer incumplimiento. Les requirieron en marzo de 2010 y tampoco las aportaron; segundo incumplimiento. Hubo un segundo requerimiento el 23 de julio de 2010 y tampoco las aportaron; tercer incumplimiento. ¿Saben cuándo aportaron las cuentas? Cuando se realizó el informe provisional, pero solo las cuentas, no la documentación justificativa, no fuera a ser que nos controlasen. ¿Tenía ahí alguna responsabilidad el señor Rivera? ¿Era el suyo un partido tan grande, o tan grande la explosión que se produjo, que no permitió el control? Nosotros creemos que no. Quizá podríamos aplicar aquí la teoría del fruto envenenado.

El señor Rivera decía: Se acabó el bipartidismo, porque ahora solo hay espacio para los limpios, los que no han conocido ni conocerán nunca la imputación de irregularidades en su gestión. ¿Les suena eso en el año 2015?

El señor PRESIDENTE: Le quedan treinta segundos, señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Perfecto, señor presidente.

¿Podemos decir entonces que se acabó Ciudadanos por ser un partido con irregularidades en su gestión? ¿O podemos ser más exigentes? ¿Podemos decir que se acabó el señor Rivera por tener irregularidades en su gestión?

Para finalizar quiero reproducir las palabras del señor Rivera el pasado miércoles en la sesión de control, que le decía a nuestro presidente: Si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo del FLA al proceso independentista, ¿quién va a dimitir en su partido? Pues bien, en los mismos términos les decimos nosotros: Ante un informe ya fiscalizado y condenado en términos contables por el Tribunal de Cuentas, no arrastren más los pies, y por ello, les preguntamos: ¿Quién va a asumir responsabilidades y dimitir en el Partido Ciudadanos? Rivera debería.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.


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Para dar respuesta a las innumerables cuestiones que han planteado, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Me quedo con una de las expresiones utilizadas por el señor Bravo en el comienzo de su intervención, en la que reconoce que nos encontramos ante un informe que tiene un nuevo formato, más exhaustivo y que proporciona mayor transparencia. Le agradezco la valoración, porque ese es precisamente el esfuerzo que hemos intentado realizar.

Generalmente, en este tipo de trabajos por falta de medios y por falta de personal suficiente la revisión quedaba muchas veces reducida a los análisis estrictamente contables de verificación y, por otra parte, también al propio contenido de la ley reguladora que teníamos entre manos, que únicamente hablaba de la financiación de los partidos. En definitiva, mirábamos las fuentes financieras, pero cuando veíamos las aplicaciones de esas fuentes financieras realizadas por dichos partidos muchas veces nos encontrábamos con limitaciones a la hora de su verificación; no limitaciones, digamos, estrictamente profesionales, sino que el mandato que teníamos era incompleto.

La modificación de la legislación producida en el año 2015 -y con eso creo contestar a alguna de las intervenciones- ha permitido al Tribunal de Cuentas mejorar en su capacidad de fiscalización -también el reforzamiento del deber de colaboración que existe en esa ley es muy notable- y, por otra parte, establece la fiscalización de partidos políticos y de la financiación de partidos políticos como una fiscalización integral, no sometida a limitaciones. Subsisten, sin embargo, algún tipo de problemas en esa fiscalización, y lo hemos señalado, es decir, hay cosas que mejorar, pero el planteamiento de la modificación de la legislación de 2015 abre un universo nuevo y esta es la primera traducción de ese nuevo universo. El resultado para mí es muy positivo pero al mismo tiempo el nivel de enfrentamiento surgido en esta Comisión cuando nos encontramos con discrepancias entre los partidos, como ustedes comprenderán, no es muy grato para quien tiene que presentar estos informes, mucho menos cuando en ocasiones se aplican entre ustedes sus correspondientes críticas y alguna, de paso, afecta al tribunal. En este sentido, yo quiero dejar muy claro que el tribunal hace su trabajo con criterios plenamente profesionales, con criterios técnicos, que son homogéneos para todas las formaciones políticas; no se aplican diferentes raseros ni diferentes criterios para unos y para otros. En la elaboración de este trabajo he de decir que los equipos técnicos han determinado previamente todos los umbrales que con posterioridad van a condicionar la opinión. Sabiendo lógicamente que estos son informes importantes desde el punto de vista de hasta dónde llega la determinación de una serie de salvedades y cuándo se puede llegar a una censura incluida en una opinión negativa, se ha cuidado mucho el hecho de que todas estas cuestiones estén perfectamente delimitadas, y así lo han hecho los técnicos del tribunal en un trabajo encomiable, porque además han incluido en el informe un conjunto de extensas salvedades que no suelen ser habituales en este tipo de trabajos de auditoría. Muchas de esas salvedades son pequeñas, otras, por su exposición prolija, pueden llevar a pensar por qué en unos casos se tienen en cuenta y por qué en otros no se tienen en cuenta. Hay que indicar que todo se cuantifica, todo se valora en función de la importancia relativa, que es uno de los principios fundamentales de cualquier auditor, y la opinión final está basada precisamente en la importancia relativa. La importancia relativa de un partido pequeño tiene un umbral más bajo, la importancia relativa de un partido grande tiene un umbral más alto; pero esto ocurre en el mundo de la fiscalización de los partidos políticos y en el mundo de la fiscalización de cualquier entidad, es decir, no tiene un efecto diferente. Cuando existe una opinión negativa no nos encontramos exclusivamente ante supuestos de acumulación de errores pequeños que, sumados, dan pie a que se traspase un umbral. El aspecto que cualquier auditor tiene que tomar en cuenta, y lo hace con mucha seriedad, es la aplicación uniforme de los criterios. Los criterios contables no son algo que uno pueda elegir en función de su aversión o no al riesgo. Cuando uno entra en una entidad financiera se le pregunta qué opinión tiene respecto del riesgo, si tiene una mentalidad conservadora o más arriesgada y uno elige el tipo de inversión en función de su mentalidad. Los criterios contables en este terreno son obligatorios, se derivan de un Plan general de contabilidad; pero no solo se derivan de ese Plan general de contabilidad de partidos políticos, sino que son los mismos criterios que rigen para la contabilidad de cualquier entidad privada o pública en nuestro país. La aplicación del criterio de devengo no es algo opcional, es algo que está intrínsecamente unido al propio sentido de la contabilidad. En definitiva, la contabilidad para un partido político a lo mejor no tiene tanta importancia desde el punto de vista de la


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determinación del resultado ni la distribución de ese resultado -porque no nos encontramos en una sociedad mercantil-, pero sí tiene importancia la aplicación del principio de devengo en una cuestión que al tribunal le parece muy importante, que es cuándo se fiscalizan las operaciones. Si el criterio de devengo proporciona un diferimiento en la fiscalización, nos encontramos con una mala práctica que debe rectificarse y, por lo tanto, esa aplicación del criterio de devengo debe incorporarse en cualquier registro de actividades. No es lo mismo encontrarse con operaciones concretas donde el principio de devengo no se ha utilizado o no se ha utilizado correctamente -en los diferentes informes hay ejemplos- que si eso ha sido hecho con carácter más generalizado. Por lo tanto, esta es una cuestión importante para el futuro.

Hay que tener en cuenta la situación del Plan general de contabilidad para los partidos políticos -la señora Etxano ha preguntado en qué situación nos encontramos- ante los planes contables. Nosotros estamos aplicando el plan que les presentamos a ustedes; ustedes nos encargaron elaborarlo y lo hicimos en colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Fue un trabajo arduo. Las cuestiones que quedaron pendientes demuestran que muchas veces es fácil legislar para entidades privadas que no tienen capacidad de proponer y mantener sus criterios sobre cómo deben ser tratadas y es menos fácil en la situación de las formaciones políticas, pero sobre este tema no me voy a extender. Pero ustedes comprenderán que las reticencias que ha habido en la aplicación del Plan general de contabilidad para partidos políticos respecto de las operaciones vinculadas y aquellas cuestiones que dieron pie a que el Plan general de contabilidad esté en ese limbo al que se hace referencia, no están exclusivamente suspendidas por un trabajo técnico del tribunal, que ya se hizo, sino que están pendientes de una decisión que es urgente tomar. En todo caso, la no aplicación directa de ese Plan general de contabilidad de partidos políticos no sería un obstáculo porque supletoriamente el Plan general de contabilidad aplicable para cualquier tipo de entidad nos permite tener los criterios suficientes para saber cómo han de ser recogidos los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos y, por lo tanto, cómo configurar el resultado y la deuda de un partido. Eso es lo que hemos pretendido hacer.

Ustedes me formulan preguntas, pero en mi opinión muchas de ellas las están formulando con carácter general; de todas formas a alguna de ellas sí le voy a dar contestación. Ustedes me preguntan, ¿cómo es posible que un partido que tiene defectos formales -tal como se han pretendido presentar- tenga una opinión desfavorable y otros partidos, que se encuentran en una situación, podríamos decir, complicada desde el punto de vista de su tramitación jurídica no tengan esa opinión? Yo les tengo que decir que las pruebas realizadas sobre la contabilidad, las pruebas reflejadas en la documentación que se rinde al Tribunal de Cuentas dan los resultados que yo les he presentado. Ustedes dicen, ¿el Tribunal de Cuentas tendría que ser un órgano anticorrupción? Pues no lo es en ningún país; mejor dicho, en muchos países no lo es y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre esta falta o pecado original que se nos achaca al Tribunal de Cuentas de que no hemos descubierto la caja B de un determinado partido. Ha habido otros Tribunales de Cuentas en España, que funcionan y que fiscalizan las cuentas correspondientes a elecciones autonómicas, ¿han encontrado esa caja B? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han llegado a ese descubrimiento? El Tribunal de Cuentas, en multitud de informes -en los informes de contratación que hacen referencia a la Administración y a los organismos públicos- está señalando deficiencias de contratación y adjudicación que son verdaderamente incomprensibles. Uno puede pensar -ustedes seguro que lo han pensado en muchas ocasiones y yo también- que a lo mejor detrás de esas adjudicaciones puede haber algo desconocido, pero para eso precisamente están los órganos anticorrupción, para eso está la Fiscalía, para eso está la Policía: para siguiendo, como yo creo que hacen, muy atentamente el trabajo del tribunal poder realizar labores de investigación que les lleven a poner en los tribunales situaciones irregulares y ventilar en los mismos a quién le corresponde la responsabilidad.

Perdonen que me extienda, pero hay un aspecto que me parece importante contestar al señor Hurtado. El señor Hurtado ha prestado una especial atención a la situación del Partido Popular en relación con la responsabilidad que se podría derivar de los procedimientos judiciales. El tribunal, es cierto, ha señalado en su informe que no hay una previsión establecida para ese tipo de eventuales responsabilidades, pero también hay que tener en cuenta un dato que no podemos olvidar y es la fecha a partir de la cual las formaciones políticas tienen responsabilidad penal y, por lo tanto, pueden ser directamente, como entidades, condenadas. Estamos hablando de un conjunto de procedimientos judiciales que afectan a personas y, por lo tanto, salvo que existan otras disposiciones al respecto, la mayor parte de la responsabilidad que se pueda derivar de estos procedimientos judiciales va a tener ese carácter personal. La responsabilidad penal en la actualidad es perfectamente exigible, creo que -estoy


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hablando de memoria- a partir del año 2015 o 2016, no lo sé con seguridad. En ese sentido, a la falta de esa eventual previsión no le hemos querido dar esa dimensión en la que posiblemente usted está pensando porque entendemos que no sería estrictamente aplicable.

Ha preguntado el señor Picornell, y me parece importante contestarle, qué acciones va a acometer el Tribunal de Cuentas ante supuestos de patrimonio neto negativo. ¿Vamos a reclamar los patrimonios netos negativos? Yo creo que la existencia de un patrimonio neto negativo no está en el ámbito de la responsabilidad contable, por tanto es difícil encontrar el acomodo para buscar esa posibilidad. En todo caso, sí que le he de decir a usted y a todos los que se han preguntado qué tipo de actuaciones va a hacer el Tribunal de Cuentas en relación con esta materia que nuestros informes, lógicamente, los revisa la Abogacía del Estado, los revisa la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y sobre esos informes se ejercen las acciones tanto de remisión al orden penal como de la propia responsabilidad contable. Ustedes saben que el tribunal no decide por sí mismo la aprobación de ningún procedimiento, no lleva esa iniciativa que muchas veces se le presupone y que, en concreto, se nos ha imputado desde determinados ámbitos de Cataluña en relación con el caso al que usted ha aludido indirectamente. No es responsabilidad del tribunal. En el caso concreto de Cataluña ha sido el ejercicio de una acción pública. La acción pública está en manos de quien la quiera ejercer; si ustedes quieren ejercer una acción pública, estudien los asuntos con la suficiente intensidad para llevar esas pretensiones a ese ámbito, pero el tribunal no decide y por lo tanto no se nos puede reprochar no abrir algo sobre lo que no tenemos competencia para abrir; sí la tenemos para tramitar y, en su caso, decidir el órgano jurisdiccional que corresponda.

Hay muchas cosas que me estoy dejando, pero seguir alargando mi intervención no creo que sea muy oportuno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Bravo Baena pide la palabra).

Sí, señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Señor presidente, en atención a la importancia de las preguntas que hemos planteado me gustaría, si es posible por parte del presidente, que contestase a las que pudiese. Entiendo que a lo mejor a todas no, pero cuando le preguntábamos si los meros errores administrativos...

El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, espere.

Sus señorías saben, y así se determinó cuando comenzó esta Comisión, que existe siempre la posibilidad de utilizar un segundo turno por un tiempo no superior a dos minutos. Voy a conceder este segundo turno, pero advierto de que este segundo turno solamente es para hacerle preguntas al presidente; no consentirá esta Presidencia un rifirrafe entre distintos intervinientes.

¿Alguien desea intervenir antes que el señor Bravo? (El señor Hurtado Zurera: Hombre, intervendremos todos). Todos. Señora Etxano. (Denegación). Señor Picornell. (Denegación). ¿Por parte de Ciudadanos quiere intervenir alguien? Señor Ramírez, tiene la palabra.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.

Solo quería incidir -como usted bien ha dicho vamos a tener dos minutos, va a ser muy breve- en lo que he preguntado al presidente del tribunal, si en su opinión, con toda la información que tiene, hay algún delito, más que nada porque veo que el señor Bravo nos tiene mucho cariño. Entiendo que cuando un partido tiene cientos de casos de corrupción fiscalizados en los tribunales a cualquier salvedad contable le quieren dar la mayor importancia. Teniendo en cuenta esto, le he preguntado directamente cuál ha sido el partido que más información le ha otorgado de sus cuentas, no como el Partido Popular que no ha traído ni una sola de sus cuentas institucionales, donde se gestionan millones de euros. Esa es la transparencia de la que tanto están haciendo presunción y...

El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, me he debido expresar muy mal. O le pregunta al presidente o le retiraré la palabra.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Le estoy preguntando, presidente, le estoy preguntando. Insisto, ¿me puede decir el presidente, a la luz de todos los datos que tiene, quién le ha dado más información para saber si hay algún delito y con lo que sabe, con la información que tiene, si usted ha detectado alguna?

Muchísimas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Tiene la palabra el señor González por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente, no voy a utilizar ni siquiera los dos minutos. Simplemente por reiterar alguna de las cuestiones que he realizado al presidente y que creo que no ha contestado, por si tiene a bien contestarlas en el segundo turno y si no, no pasa nada. En referencia a las sanciones que se hayan podido desprender del informe de fiscalización en relación con los partidos que presentan irregularidades, si tiene constancia de que existan o si se prevé que vayan a existir. Asimismo, si tiene constancia de que el informe de fiscalización realizado haya servido para alguno de los procedimientos judiciales que están ahora mismo en curso, si se les ha solicitado información adicional desde la Audiencia Nacional o cualquier otra cuestión relacionada con este asunto.

En cuanto a los casi doce millones de euros del Partido Popular, de los grupos parlamentarios, que no se han remitido al Tribunal de Cuentas, queremos saber si puede profundizar un poco más al respecto sobre cuales son los motivos aducidos por el Partido Popular para no remitir la información relativa a este enorme gasto -es un importe significativo- de los grupos parlamentarios. Y, si quiere, que se posicione sobre la última cuestión que le he trasladado: qué modificaciones considera el presidente que habría que hacer en el Tribunal de Cuentas para dotarle de las herramientas necesarias para prevenir delitos de corrupción. Le agradecería su respuesta para así poder desarrollar la actividad legislativa orientada a mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en ese sentido. Para finalizar, he de decir que la transparencia es la única vacuna contra la corrupción y que en ese sentido los partidos políticos deberían aplicarse lo que están planteando aquí, en esta Comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Quiero decirle al presidente del Tribunal de Cuentas que yo he leído literalmente lo que figura en el expediente, y espero que lo confirme: lo de los pasivos contingentes y que no se han certificado por parte del Partido Popular. Eso significa la posibilidad de que ni las cuentas sean las correctas, ni el patrimonio sea el correcto ni los resultados de los ejercicios sean los correctos; yo me estoy acordando ahora mismo de Bankia, que nos vendieron que tenía superávit y al final era un desastre. Pero, insisto, ya hay sentencias contra el Partido Popular, ya las hay; aquí tengo una de ellas, de julio de 2017, relativa a la financiación del Partido Popular en Valencia. Hay sentencias que consideran culpable al Partido Popular y esas contingencias serán las que recojan los procesos judiciales en marcha, y los que quedan, porque aquí los acusados están acusando ahora a otros, y aquí sabe Dios la que se puede liar. Yo no sé si van a tener que salir corriendo todos de la sede porque aquí se puede liar más...

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, concrete la pregunta, por favor.

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo. Respecto de Ciudadanos, me gustaría que me aclarase usted una cuestión porque hay una diferencia abismal entre lo que es una opinión favorable con salvedades y una opinión desfavorable. La diferencia es abismal para mí, porque las salvedades están definidas y yo sé las que tengo que corregir, pero en la opinión desfavorable es que las cuentas no son válidas, esas cuentas no son válidas. La pregunta que le formulo es qué medidas va a tomar el Tribunal de Cuentas contra el partido o los partidos, porque también está en el caso Izquierda Unida, que tienen opiniones desfavorables por parte del Tribunal de Cuentas. Es decir, las cuentas no reflejan fielmente la situación ni patrimonial ni del presupuesto de gastos e ingresos ni tan siquiera de los resultados de los propios ejercicios económicos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


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En primer lugar, presidente del Tribunal de Cuentas, siento lo que usted ha transmitido anteriormente y que nosotros, con nuestra actuación y con nuestra actitud, le pongamos en un compromiso, en una situación comprometida. Creo que no debería ser así y, si lo ha sido, por mi parte le pido disculpas.

Solamente pretendía, si puede ser, que me contestase a las preguntas que había hecho. Señor Álvarez de Miranda, quisiera que me respondiera si los meros errores administrativos o aspectos puramente formales pueden conllevar un veto por parte del Tribunal de Cuentas a la contabilidad y financiación de un partido político. También, en relación con estos gastos de asesoría que se alegaban, en qué situación están exactamente y si de la documentación que ustedes has visto se desprende la veracidad o no de la información, etcétera. También quería saber si han visto si hay tributación por el IVA y si puede haber algún otro efecto. Finalmente, como ya han preguntado los compañeros, si nos puede anticipar si hay algún expediente sancionador por las actuaciones recogidas en el informe o se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Al compañero del PSOE, un pequeño detalle: la portada del ABC de hoy: "Macrojuicio al régimen clientelar del PSOE andaluz".

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.

Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda para contestar las cuestiones que sus señorías han planteado.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Se me plantea si el tribunal se ha pronunciado sobre la existencia de algún delito. Bien, no ha sido estrictamente sobre delitos porque creo que además no corresponde al tribunal la declaración de ningún delito y no lo hemos hecho nunca en la relación de nuestros informes; es el fiscal en todo caso el que, sobre un informe, solicita el testimonio de particulares correspondiente para remitirlo a la jurisdicción penal. Sí hemos hecho una manifestación de aquellos incumplimientos que son susceptibles de constituir infracciones; se los he leído al principio y por tanto creo que quedan claros. Son seis supuestos de eventuales infracciones que podrían llevar aparejado algún tipo de tipificación a partir de la reforma de 2015, es decir, estaríamos hablando de aquel periodo de tiempo, de 2015, y que sea de aplicación a este informe. Eran la no identificación de los cargos públicos ni de los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de la formación Izquierda Unida por un importe de 307 000 euros; la no identificación de las personas físicas que realizaron donaciones en la formación Unió Demòcratica de Catalunya, por 785 000 euros en 2014 y 240 000 euros en 2015; las donaciones recibidas por personas jurídicas por un importe total de 8600 euros por la formación Nueva Canarias; los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas a nombre de la formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por 14 000 euros; la participación de las formaciones Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de entidades de carácter mercantil y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por la formación Unión Progreso y Democracia. Esto no quiere decir que se haya abierto algún procedimiento sancionador hasta la fecha porque la apertura de esos procedimientos corresponde a la fase de estudio por parte de la unidad correspondiente de partidos políticos que presentará, en su caso, ante el Pleno del Tribunal de Cuentas la decisión sobre inicio de esos procedimientos sancionadores. Son, por otra parte, estas eventuales infracciones aquellas que están tipificadas en la ley, en el artículo 17; no se incluye entre esas infracciones el haber sido rechazada la cuenta de una entidad, de un partido político. Es decir, no está establecido que la no aprobación de una cuenta lleve aparejado ningún tipo de sanción en la ley, entre otras razones, porque cuando ustedes hicieron la ley así lo determinaron y si lo quieren cambiar, en su mano está, pero lógicamente no sería aplicable a situaciones anteriores.

Con esta contestación también doy cumplida razón a lo que me ha planteado el señor González. Los 12 millones de euros a los que hace referencia de los grupos parlamentarios del Partido Popular creo que se encuentran explicados en el informe y no tengo mayor información que darle. Sí hay un asunto en relación con esta cuestión que al comienzo no indique, y es que yo creo que el informe detalla claramente, haciendo referencia a algo parecido a lo que ya se ha dicho, cuál es el número de juntas locales que se han integrado en la contabilidad de cada partido. Ese número de juntas locales integradas ustedes lo pueden analizar y comprobar porque yo creo que también explica de alguna manera, como un reverso, aquellas cuentas corrientes no integradas en la contabilidad del partido o aquellos inmuebles no integrados en la contabilidad del partido, porque generalmente estas cuentas corrientes y esos inmuebles no


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integrados en la contabilidad del partido están referidos a juntas locales que, por la razón administrativa que sea, no han sido incorporadas.

Me pregunta el señor Hurtado, y yo creo que le he contestado a lo de las cuentas no válidas. No hay ningún efecto. Está en su mano que lo pudiera haber. El artículo 17 establece aquellas medidas que dan pie a infracciones en el ámbito de la contabilidad de los partidos. Si ustedes quieren ser más exigentes consigo mismos, bienvenido sea. Evidentemente si una entidad no tiene aprobadas sus cuentas y ustedes consideran que eso tiene que tener un efecto sobre la vida de esa entidad, está en su mano cambiarlo. En cuanto a lo de los pasivos contingentes, sí, yo conocía algún caso concreto referido al año 2017 de condenas, pero estamos hablando, primero, de la contabilidad del año 2015, y segundo, de la posibilidad de establecer en esa contabilidad las previsiones sobre pasivos contingentes que pudieran afectar a un determinado partido político. Lo que le quería decir es que, desde el punto de vista de la auditoría, desde el punto de vista del tribunal, puede haber condenas; ahora, si usted ve la cantidad de procesos abiertos en los juzgados, yo no creo que la mayor parte de esos procedimientos lleven aparejada una responsabilidad societaria, en este caso no societaria, sino del partido. Me puedo equivocar, y lógicamente estoy a lo que los tribunales decidan, y no tengo más que decir al respecto.

Señor Bravo, creo que queda aclarado lo de los expedientes sancionadores. En relación con los gastos de asesoría usted me pide las informaciones que pudieran llevar a ver si efectivamente están justificadas esas operaciones. Lo que creo que está justificado es el traslado de fondos. Son traslados de fondos que están verificados clarísimamente. Lo que desde nuestro punto de vista no está lo suficientemente acreditado es el servicio que se ha producido, pero el tribunal llega hasta aquí. Es decir, lo que puedan hacer otras entidades lo pueden hacer per se. La Agencia Tributaria no necesita ningún permiso nuestro ni ningún acicate del tribunal para llevar adelante lo que estime oportuno, en el supuesto de que haya algo, que yo no estoy prejuzgándolo. Nuestra dificultad era encontrar la naturaleza de la contraprestación que se derivaba de esos traspasos de fondos entre las entidades a las que usted alude.

Nada más. Muchas gracias. (El señor Bravo Baena: ¿Ustedes han visto facturas?) Lógicamente, claro que las hemos visto.

El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, no puede dialogar.

Muchas gracias.

BLOQUE IV:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS LIBRADOS "A JUSTIFICAR" Y DE LOS SATISFECHOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR DETERMINADOS MINISTERIOS DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000221 y número de expediente del Senado 771/000217).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente bloque, que hace el número IV, que atañe al informe de fiscalización de los pagos librados "a justificar" y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014.

Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión del 30 de noviembre de 2017. El ámbito subjetivo se encuentra delimitado por los actuales ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Empleo y Seguridad Social; de Fomento; de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por las cajas pagadoras dependientes de los mismos. En relación con los resultados de fiscalización, con el análisis de la normativa reguladora la misma establece de forma detallada el procedimiento a seguir para la realización, tanto de los pagos a justificar como de los anticipos de caja fija, aunque se han observado algunas carencias y deficiencias en relación con los primeros. Entre tales incidencias cabe destacar que en los gastos de emergencia que la normativa específica exceptúa a este tipo de gastos de los plazos de justificación establecidos en la Ley General Presupuestaria, lo que en la práctica supone la inexistencia de plazos para presentar la cuenta justificativa, provocando que estos


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sean muy dilatados y retrasando el cierre de estas operaciones. Por lo que se refiere al cumplimiento de dicha normativa se ha verificado la existencia de algunas excepciones. Entre las mismas, respecto a los pagos a justificar, cabe destacar que en numerosos expedientes para atender los gastos de emergencia y los de expropiaciones la actuación a la que se refiere el expediente ya había sido realizada en el momento de tramitarse la propuesta de reconocimiento de la obligación y del pago. Además el sistema de información contable de la Administración General del Estado no bloquea automáticamente la emisión de nuevos libramientos cuando se han justificado los anteriores, en caso de ser distinto el tipo de pago respecto del no justificado.

En cuanto a los anticipos de caja fija se ha comprobado el cumplimiento de la normativa, salvo que en muchas ocasiones en las cuentas de reposición en las que existen gastos de ejercicios anteriores no se presentaban los correspondientes certificados de anulación de crédito en el ejercicio de referencia, lo que supone un incumplimiento de la Ley General Presupuestaria.

En relación con el análisis de la representatividad contable el sistema de información contable de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija vigente no permite, a partir de la información contenida en la cuenta general de la Administración General del Estado, tener un conocimiento adecuado de la situación. Lo anterior se debe en especial a las modificaciones introducidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado, que suprime el desglose de varias cuentas o deja sin efecto la utilización de algunas de ellas. También se han apreciado algunas deficiencias con respecto a la imagen fiel de los saldos de las cuentas que figuran en el balance, así como en el estado de deudores no presupuestarios de la memoria de la cuenta de la Administración General del Estado, de acuerdo con las normas que le son de aplicación.

Entrando en el análisis de las órdenes de pago a justificar, cuyas cuentas justificativas se encontraban pendientes de aprobar o de presentar a 31 de diciembre de 2014, a esa fecha se encontraban pendientes de aprobar las cuentas justificativas de libramientos a justificar por un importe superior a 2300 millones de euros. De ellos más de 900 correspondían a los ministerios del área económica de la Administración General del Estado. No obstante solo se encontraban fuera de plazo de aprobación los que presentaron su documentación justificativa antes de noviembre de 2014, cerca de 289 millones de euros y en torno a 208 millones en los ministerios analizados. De aquellos no habían presentado la cuenta justificativa en plazo alrededor de 207 millones de euros; algo más de 200 millones en los ministerios fiscalizados. En el Ministerio de Fomento y en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el retraso en la aprobación de las cuentas justificativas se debe fundamentalmente al largo período de tiempo que permanecen en la fase de intervención; aspecto en el que puede influir el reducido número de efectivos de que disponen las respectivas intervenciones delegadas para este cometido. En el caso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los expedientes que incumplen el plazo de aprobación corresponden principalmente a gastos en el exterior y a gastos de emergencia. En ocasiones el retraso se debe a que los organismos u órganos a los que se libraron los fondos fueron suprimidos y no se adoptó medida alguna para su aprobación. En el resto de ministerios analizados los libramientos que se encontraban pendientes de aprobar a finales de 2014 permanecían en esta situación en julio de 2017, salvo los del Ministerio de Economía y Competitividad, que se aprobaron en 2015, y dos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por lo que se refiere a aquellos libramientos que tenían sus cuentas justificativas sin presentar a 31 de diciembre de 2014, habiendo superado el plazo de seis meses desde que fueron librados, cabe realizar las consideraciones que se exponen a continuación. Los 61 libramientos del Ministerio de Fomento que se encontraban en esa situación corresponden casi en su totalidad a gastos de emergencia. De ellos 44 ya habían sido justificados y aprobados, y del resto una parte esta en fase de estudio por la Unidad Central de Cajas de Fiscalización o devueltos para subsanación de defectos. Por otra parte, de los 15 libramientos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente pendientes de justificar al cierre de 2014, 6 correspondían a gastos de emergencia y todas las cuentas fueron justificadas en 2015, encontrándose 2 de ellas pendientes de aprobar. De los otros 9 libramientos, 3 se justificaron en 2015 con más de seis meses de retraso y el resto con un retraso inferior a un mes. Solo uno de ellos está pendiente de aprobar. Finalmente en el resto de ministerios del área económica de la Administración General del Estado la mayor parte de los pagos librados antes de 2014 se encontraban pendientes de justificar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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A continuación, por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Señorías, les pediría, dado lo avanzado de la mañana, que se ciñesen estrictamente al tiempo. Tiene la palabra, señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.

Seré muy breve. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas otra vez por la exposición clarísima de estos informes. Es un informe de fiscalización que realmente trata sobre dos procedimientos que permiten proceder con pagos sin la previa aportación de la documentación justificativa legalmente necesaria. Su naturaleza, como así se indica, es extraordinaria y debería utilizarse restrictivamente en casos pasados. No obstante, según la evidencia de lo que nos acaba de relatar el presidente del tribunal, no solo es posible que se utilice no de manera excepcional, sino que además por desgracia no hay medios humanos suficientes para regularizar las órdenes de pago, y eso hace que por ejemplo en los Ministerios de Empleo y Fomento puedan tener incluso cuatrocientos días de retraso. Quiero reseñar solo el hecho de que según el presidente del tribunal estos procedimientos favorecen el extravío de las cuentas justificativas, algo lógico porque se demora en el tiempo la intervención y los aportes para justificar, y por tanto parece razonable limitar el uso del procedimiento de pagos a justificar para operaciones de las que no se disponga de la documentación justificativa adecuada en el momento del reconocimiento y pago de las obligaciones, pero no para casos de emergencia, expropiaciones y gastos en el exterior, en los que a priori no hay razón para que la documentación justificativa no esté disponible, y por tanto deban seguir el procedimiento ordinario.

En relación con el análisis de las órdenes de pago a justificar y según las bases de datos de la IGAE se encuentran -como bien ha dicho hoy el presidente- pendientes de aprobar aproximadamente unos 2300 millones de euros, de los que 900 correspondían a los ministerios del área económica del Estado. Me llaman la atención sobre todo algunos que había desde 2008 que todavía estaban sin justificación. Estas cantidades millonarias adelantadas en nuestra opinión deberían revisarse, y como bien dice el tribunal, en el caso de que sean informadas desfavorablemente por la Intervención, deberían habilitarse los procedimientos para que la Intervención pueda determinar si procede, bien el inicio del procedimiento correspondiente derivado de la infracción administrativa, bien alguna responsabilidad contable penal. En este sentido le quería hacer solo una pregunta muy sencilla al presidente: si habría algún importe del que podríamos estar hablando en estos supuestos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra la señora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Buenas tardes.

Según se desprende del informe presentado hoy por el presidente del Tribunal de Cuentas en general se cumple la normativa reguladora con alguna excepción, como son los pagos a justificar en gastos de emergencia y expropiaciones, cuyo trámite hace que se incumpla al parecer en algunas ocasiones el principio de devengo. El primer aspecto a destacar en este informe es el uso generalizado de este tipo de pagos. Se detecta efectivamente, como ya ha apuntado el diputado de Ciudadanos que me ha precedido, cierto abuso del procedimiento que nos ocupa, por lo que se impone una limitación del uso del procedimiento de pagos a justificar en los casos de gastos de emergencia, de expropiaciones y de gastos en el exterior. En nuestra opinión, coincidente con el informe de fiscalización, este procedimiento debería quedar expresamente limitado a aquellas operaciones en las que no se disponga de documentación justificativa adecuada en el momento del reconocimiento y pago de las obligaciones. También estamos de acuerdo en que se debería utilizar el procedimiento de anticipos de caja fija para atender los gastos de funcionamiento en lugar de los pagos a justificar que se utiliza en la actualidad.

Otro de los aspectos destacables que se deduce de este informe de fiscalización es el retraso en las confederaciones hidrográficas, que tardaron entre 685 y 976 días en presentar la documentación justificativa desde el ingreso en sus cuentas. La disposición de la Ley General Presupuestaria permite, a través de la Dirección General del Agua, librar fondos a justificar a favor de las confederaciones hidrográficas con el fin de realizar obras de emergencia y expropiaciones, favoreciendo esta forma de proceder el extravío de cuentas justificativas y la demora en su justificación, y provocando la falta de atribución de algunas funciones del procedimiento de justificación, como pudiera ser la revisión de cuentas justificativas.


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Ya por último cabe señalar el exceso de retrasos en la Intervención General debido a la falta de personal. Destaca en este aspecto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tardó de media más de un año en aprobar sus justificaciones de gasto. En este ministerio se acumulaban en torno a 25 libramientos aún no aprobados debido a que se habían extraviado, estaban incompletos o no se habían corregido. Además de esto, el tiempo que transcurre entre la reposición de gastos y la fiscalización de la cuenta justificativa es superior a quinientos días y se tarda en torno a sesenta días más aún en su aprobación. Por lo tanto nos sumamos, como no puede ser de otra manera, a la recomendación del Tribunal de Cuentas para que los efectivos de personal asignados a las funciones de fiscalización de las intervenciones delegadas sean suficientes para atender la carga de trabajo que asumen, porque si un Gobierno quiere ser riguroso con el control del gasto, con el control fiscal y con el control contable no puede tener departamentos críticos infradotados de medios y de personal. Otra cuestión es que no se quiera ser tan riguroso y entonces la excusa perfecta efectivamente es propiciar la falta de personal y de medios en algunos departamentos, en concreto aquellos que tienen asumida la tarea de control y fiscalización que hoy nos ocupa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.

La señora Botella por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.

De nuevo quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas porque este informe de fiscalización es muy riguroso y muy minucioso, abarca un periodo muy amplio y abarca también unos fondos públicos muy sensibles que tienen que estar basados en un buen procedimiento, y desde luego en una correcta fiabilidad del manejo de estos fondos, porque son cuentas a justificar. Nos ha llamado mucho la atención en el momento de la fiscalización el elevado volumen de presupuesto que estaba en estas circunstancias de 2328 millones, que es cierto que luego, considerando los plazos de aprobación, vamos a unas cifras en torno a los 206 millones en última instancia. Mi primera pregunta iría precisamente al respecto de este importe de 206 millones de euros de fondos que no habían sido justificados, superado ya el plazo de justificación, exactamente en qué circunstancias nos encontramos en cuanto a la justificación o a la reclamación de estos fondos, qué es lo que se va a poder hacer y qué medidas se han tomado por parte del Tribunal de Cuentas.

En segundo lugar, en nuestro grupo nos gustaría hacer una consideración -ya se ha abordado también- respecto a la falta de personal de la que ustedes dejan muy clara constancia en el caso de un ministerio que resulta contradictorio: el propio Ministerio de Empleo carece de empleo público suficiente para llevar a cabo la intervención delegada de los fondos, y se permite que durante más de un año, cuatrocientos días, queden en el limbo las justificaciones de las cuentas pertinentes. En ese sentido quería hacer una pregunta: si le consta que la Intervención General de la Administración del Estado ha hecho o ha elevado algún tipo de informe con carácter general, o si los interventores que estén destinados en el propio Ministerio de Empleo en el manejo de esa información o esa fiscalización han emitido algún tipo de información que ponga en evidencia la necesidad de que esos medios se pudieran contemplar.

En ese sentido también nos gustaría hacer la consideración de la falsedad de vender que se puede hacer más por menos, cuando en el sector público y en una situación tan crítica como la que estamos pasando en gasto público en España, aún a fecha de 2018, vamos hacia abajo, y en el Programa de Estabilidad Presupuestaria presentado a la Unión Europea España va a reducir todavía más varios puntos porcentuales de personal y de gasto público respecto al PIB en relación a la media europea. Nos preocupa mucho ese horizonte en este tipo de gestión pública. Asimismo también señalamos la necesidad de que las recomendaciones que usted hace desde el Tribunal de Cuentas sean extensibles, tanto al propio Gobierno como a la Intervención General de la Administración del Estado, para que en este caso puedan llevarlas a buen puerto, y desde luego por parte de nuestro grupo apoyamos estas recomendaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.

Tiene la palabra el señor Juncal por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


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Le damos la bienvenida y las gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición. Seré breve.

Entramos en un área que indudablemente quien conozca un poco los entresijos de la Administración sabe que es una de las más complicadas, no porque tenga una complicación teórica, pero sí porque es complejo su desarrollo: los pagos a justificar y los anticipos de caja fija. Tenemos que pensar que ahí estamos englobando los gastos de emergencia que se producen de una forma excepcional y en un momento determinado. Piénsese en inundaciones o en otro tipo de catástrofes naturales. El tema de las expropiaciones también es complejo por la documentación y acreditación de las propiedades, si se trata de la totalidad de la finca, si se expropia una parte, etcétera. Y luego están los gastos de las confederaciones hidrográficas para emergencias -antes me he referido a los gastos de emergencia que pueden darse en el Ministerio de Fomento-, los pagos en el exterior y los anticipos de caja fija, pero en resumen en lo que nos tenemos que fijar, de acuerdo con lo que dice el informe, es que en las pruebas efectuadas se haya comprobado el cumplimiento en general de la Ley General Presupuestaria para este tipo de pagos a justificar y anticipos de caja fija. Es verdad que el tribunal apunta -también apoyaremos esas recomendaciones- que se necesita un ajuste fino de la normativa, y cuando digo un ajuste fino me estoy refiriendo a que no hay que hacer una nueva ley de contratación ni nada por el estilo, sino ajustar algunas órdenes ministeriales que complican o, como muy bien decía el presidente del tribunal, el Plan General de Contabilidad, que modificó unas cuentas, una subdivisión, y provocó una disfunción, pero no podemos calificarlo como irregularidad ni nada por el estilo.

Como decía el informe representa adecuadamente la situación. Hay que tener en cuenta que surgen pequeñas circunstancias, como el tema del personal, que siempre es escaso. La compañera señora Botella hablaba de la gestión, pero hubo un problema en el Ministerio de Fomento, y es que en 2012 y en 2014 tuvo que dedicar 1900 millones para lo de atrás, pues se habían olvidado de retener el crédito para el gasto de las expropiaciones en los ejercicios anteriores a 2012. El ministerio se encontró con que tenía que hacer frente a ello sin partida presupuestaria y sin retención de crédito o con la partida presupuestaria asumir el crédito de ejercicios anteriores. Y luego se dan unos casos en relación con los cuales, según me ha parecido entender, está actuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y es que en Melilla desaparece la unidad física administrativa y entonces desaparece todo el expediente, habiendo 7 millones por justificar, así como otra serie de obras que están en vía de justificación. En definitiva nos tenemos que alegrar de que en unos temas que desde el punto de vista de la ejecución son complicados -el que conozca la Administración sabe de lo que estoy hablando- el informe no encuentra mayores discrepancias -vuelvo a insistir- que un ajuste fino normativo y algunas que otras excepciones pendientes de regularizar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Efectivamente el informe recomienda la modificación de las modificaciones introducidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado en relación con estas operaciones de pagos a justificar que hicieran más fácil su tramitación, así como por otra parte lógicamente la dotación de medios de control en las intervenciones delegadas para que puedan atender la carga de trabajo asumida. El problema de los cuerpos de la Administración pública es que en la actualidad es complicado cubrir las plazas que se presentan, y este será un problema que tendrá que atender, tanto la Intervención General de la Administración del Estado como todos los entes que nos dedicamos a este tipo de actividad.

Responsabilidades. La Sección de Enjuiciamiento todavía no ha iniciado expedientes de responsabilidad, pero el fiscal ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad contable derivados de una cuenta justificativa, con varios libramientos expedidos por el Ministerio de Fomento, que se encuentra en tramitación. Y por otro lado, existen otras cuentas justificativas de libramientos de una consejería en el exterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


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BLOQUE V:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS FISCALES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000241 y número de expediente del Senado 771/000236).

El señor PRESIDENTE: Para finalizar pasamos al bloque número V del orden del día, que contiene el informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015. Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda de nuevo.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, destaca en este informe, que se aprobó el 21 de diciembre de 2017, la ausencia de una definición legal de los beneficios fiscales, a pesar de tratarse de un concepto sometido constitucionalmente a reserva de ley. Ello ha determinado que sea el grupo de trabajo creado ad hoc el que anualmente decida qué incentivos fiscales se consideran como tales. En 2015 había 631 incentivos fiscales en el sistema tributario, de los cuales 353 eran considerados beneficios fiscales y solo 219 fueron cuantificados en el presupuesto de beneficios fiscales. No se han elaborado, con escasas excepciones, documentos que acrediten el grado de cumplimiento de las estimaciones contenidas en los presupuestos de beneficios fiscales, lo que imposibilita conocer las desviaciones producidas, impide evaluar la calidad de las estimaciones y dificulta la detección de posibles deficiencias. Asimismo la ausencia de un seguimiento adecuado impide conocer si los presupuestos de beneficios fiscales cumplen su finalidad de informar sobre la disminución de ingresos tributarios del Estado. El proceso de creación de nuevos beneficios fiscales no siempre se encuentra precedido de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se persiguen con su aplicación, ni se analiza si constituyen la forma más eficiente de conseguirlos.

A partir del informe de recaudación tributaria se ha estimado la reducción del tipo efectivo en los principales ingresos tributarios como consecuencia de los beneficios fiscales presupuestados. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas la disminución del tipo efectivo fue del 4%, en el impuesto sobre el valor añadido supuso una reducción del 5%, y en el impuesto sobre sociedades la minoración osciló entre el 1% y el 4% en función del régimen individual o de grupo por el que se tributa.

Por lo que se refiere al control extensivo realizado por los órganos de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los principales resultados son los que se exponen a continuación. En el IRPF el tribunal identificó 42 filtros de control relativos a los beneficios fiscales aplicados por los contribuyentes, que únicamente afectaban al 37% de los previstos en el presupuesto de beneficios fiscales, por lo que el resto quedaron al margen de dicho control. No obstante tales filtros permitían verificar el 84% del importe total de los beneficios fiscales presupuestados en el ejercicio 2015. El diseño de los filtros no permitía que estos se activaran cuando la diferencia detectada diera un resultado a favor del contribuyente. Aproximadamente la mitad de los filtros activados cada año para el control de los beneficios fiscales del IRPF quedaron pendientes de resolución y no dieron lugar a actuación alguna por parte de la agencia. Además, respecto a los filtros resueltos, en torno al 30% lo fueron sin comprobación o por baja eficacia, por lo que en general únicamente se comprobaron alrededor de uno de cada tres filtros activados en 2015 sobre los beneficios fiscales del IRPF. La segunda fase de comprobación sobre las declaraciones del IRPF era escasamente relevante al no definir nuevos filtros ni realizar comprobaciones adicionales a las campañas anteriores.

En el impuesto sobre sociedades se utilizaron 32 filtros relativos a beneficios fiscales declarados a través del modelo 200, individual, y 8 a través del modelo 220, grupos fiscales. Tales filtros se referían al 65% de los beneficios fiscales previstos para el impuesto y abarcaban el 94% del importe de los presupuestados en 2015. Alrededor de la mitad de los filtros activados sobre beneficios fiscales fueron resueltos, el 48%, en el modelo 200 y el 58% en el modelo 220, y de ellos se había comprobado en torno al 70% y el 63%, respectivamente, destacando la falta de comprobación por baja eficacia de más del 24% de los resueltos en el modelo 220.

En el IVA se utilizaron tres filtros para controlar la correcta aplicación de los beneficios declarados en el modelo 303, de carácter general, y 2 en el modelo 322 de grupos de entidades. En el primer modelo


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quedaron pendientes de resolver el 73% de los filtros activados, y uno de cada tres filtros resueltos lo fueron sin comprobación. Casi el 82% de los filtros activados no dieron lugar a comprobación alguna por parte de la Agencia Tributaria. Con respecto al modelo 322, se encontraban pendientes de resolver el 91% de los filtros activados y la gran mayoría de filtros resueltos lo fueron sin comprobación, de manera que se había comprobado menos del 1% de los filtros activados sobre beneficios fiscales.

En relación con el control intensivo ejercido por los órganos de la inspección, el análisis efectuado se concreta en las actas de inspección de los contribuyentes incluidos en la muestra y en las actuaciones de control sobre el grupo de programas de beneficios fiscales del Plan Parcial de Inspección 2015. Con respecto al grupo de 15 programas de beneficios fiscales, 5 tenían alcance general, otros 5 se referían al sector inmobiliario, 3 a regímenes especiales y 2 al régimen económico y fiscal de Canarias. Se cumplieron los objetivos del número de actuaciones de inspección, pero el número de actas instruidas, el importe total de la deuda instruida y el importe medio de deuda por acta presentaron una gran heterogeneidad. Por otra parte, el informe contiene un análisis específico sobre una muestra de beneficios fiscales que se sintetiza a continuación. En el caso de la deducción por maternidad en el IRPF, hubo filtros de comprobación obligatoria que quedaron pendientes de resolver o se resolvieron sin comprobación.

En relación con el régimen fiscal especial para personas sin ánimo de lucro y confesiones religiosas, las deficiencias de diseño del único filtro existente no permiten detectar algunas entidades que no presentaron la memoria económica estando obligadas a ello. A este respecto, un número relevante de entidades que aplicaron ese régimen fiscal y otras que figuran censadas como entidades sin fines de lucro, no reunían los requisitos exigidos por la norma. Para el disfrute de dicho régimen por una asociación se exige que haya sido declarada de utilidad pública, pero no existen controles efectivos para comprobar este requisito, recogiéndose en el informe asociaciones acogidas al mismo sin haber obtenido tal declaración.

En el control de la deducción por I+D+i, el diseño del filtro no fue eficaz para controlar grandes empresas y grandes contribuyentes, siendo únicamente objeto del control intensivo de la inspección. Además, la regulación preveía la posibilidad de aportar un informe del Ministerio de Economía y Competitividad o de un órgano adscrito al mismo para acreditar la naturaleza de los gastos. Estos informes solo se utilizaron en el 5% en los contribuyentes que aplicaron la deducción de I+D, y por el 0,24% de los relativos a la deducción por innovación tecnológica.

Finalmente, del seguimiento de las recomendaciones del anterior informe sobre la materia, resulta que la gran mayoría de ellas no se han cumplido o bien solo de forma parcial. Únicamente se cumplió la recomendación de modificar la regulación de la exención de los premios literarios, artísticos o científicos relevantes en el IRPF.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ten tiene la palabra.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Señor Álvarez de Miranda, desde nuestro grupo parlamentario queremos darle la enhorabuena por la fiscalización de este informe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con los beneficios fiscales de 2015. Además, fue realizada a iniciativa del propio tribunal. En 2015 los beneficios fiscales estimados -repito, estimados- supusieron una pérdida de ingresos tributarios previstos para el Estado del 26,35%. Es decir, solo tenemos estimaciones porque, sorprendentemente, aunque parezca mentira, de esos más de 40 000 millones de euros presupuestados no hay seguimiento ni datos reales.

Un primer problema de enorme trascendencia que ha comentado que detecta el tribunal es la ausencia de un concepto legal de beneficios fiscales. Parece mentira que no tengamos esto porque, además, produce inseguridad jurídica y descontrol. En el ejercicio fiscalizado el número de incentivos fiscales -usted lo ha comentado- ascendía a 631, cuando 353 eran considerados como beneficios fiscales y, sin embargo, tan solo 219 fueron considerados o cuantificados en este presupuesto de beneficios fiscales. Bien, yo creo que este es un incumplimiento de los Gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.

Además, el propio artículo 134.2 de nuestra Constitución establece que en los Presupuestos Generales del Estado, que tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos y los ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará -dice textualmente- el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Con lo cual, no entendemos por qué no están. Si las cifras


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son más de 40 000 millones de euros, yo le pregunto, señor presidente: ¿Qué importe corresponde, por ejemplo, a los beneficios que no se han considerado en ese presupuesto de beneficios fiscales? Partiendo de esto, el tribunal dibuja un enorme agujero negro. Además, la creación de beneficios fiscales no se encuentra justificada debidamente. No hay estudios objetivos concretos de política económica y social, tampoco se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos a través de dichos incentivos, ni las desviaciones. De hecho, la Dirección General de Tributos aportó, a petición del tribunal, un informe donde estimaba que el desvío era superior a 600 millones de euros. Usted mismo nos ha dicho que, además, hay filtros, como el de investigación y desarrollo, que no son eficaces, y es que tampoco se establece una duración temporal de los beneficios fiscales, porque no hay objetivos que se persiguen y la concesión graciosa de un beneficio fiscal supone un agujero sin fondo para los Presupuestos Generales del Estado.

La Agencia Tributaria ha realizado dos tipos de actuaciones: control extensivo e intensivo. En el extensivo hay alertas, se trata de esos filtros; y en el intensivo es la propia inspección, el departamento de inspección tributaria, quien interviene. Por cierto, usted ha dicho además que solo uno de cada tres filtros se comprueba y, de hecho, el 30% de aquellos que se comprueban se resuelven sin comprobación. Para colmo, y la gente tiene que saberlo, siempre en contra del contribuyente. Es decir, aquellas cosas que están mal hechas en las declaraciones y benefician al contribuyente no se comprueban, con lo cual, me gustaría saber si ha encontrado usted alguna valoración de la cantidad de dinero que debería corresponder al contribuyente y no se comprueba y, evidentemente, lo del artículo 31 de esta Constitución no se cumple.

Yo creo que seguimos instalados en esa dejadez del Partido Popular en este aspecto. Además, el tribunal recomienda -lo hemos dicho muchas veces- que se lleve a cabo un incremento del personal de la Agencia Tributaria, sobre todo en los A1 y en los A2; personal, además, que hace una labor encomiable y profesional. -Como no tenemos medios, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluimos una partida de 100 millones extras para poder resolver todo esto-. Ante este descontrol, insisto, no por culpa de los profesionales de la Agencia Tributaria, sino por falta de medios, nos preocupa porque podemos estar aquí entre enormes agujeros de sistema que son recursos públicos para los gastos sociales.

Termino. Sorprende además que en la práctica totalidad de los casos -así lo recoge el informe- la actuación del contribuyente resultó ser errónea y no ha habido inicios de procedimientos sancionadores. Es más, curiosamente, el 66% de los procedimientos sancionadores fueron exclusivamente en la Delegación Especial de Madrid. No sé, me gustaría preguntarle si no le parece extraña esta concentración en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, las recomendaciones que se hicieron en el informe de fiscalización 766/2004, que aprobaron en 2007, en su mayoría no fueron resueltas. Me gustaría saber su opinión respecto a por qué no se resolvieron o si piensa que también es debido a esa falta de personal de la Agencia Tributaria. Esta misma mañana en Europa Press salía publicada la siguiente noticia: El Tribunal de Cuentas presenta el informe que destapó el desigual control de los beneficios fiscales. El artículo analiza muy bien, en el cuadro 9, que hay filtros pendientes de resolver, más de la mitad...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Termino, señor presidente.

...y hay filtros resueltos. La mayoría de los filtros que no se resuelven son aquellos que corresponden a los rendimientos de capital. Y ustedes, el propio tribunal, advierten de que es en estos donde más se equivocan los contribuyentes. Me gustaría saber si ha llegado a alguna conclusión de por qué se comprueban menos los rendimientos de capital, más los rendimientos del trabajo y no se resuelven, de esta forma, aquellos que supondrían ingresos que se dejan de percibir para los gastos fundamentales del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sigo en la misma línea. Creo que es increíble que estemos aplicando beneficios fiscales sin tener ni siquiera una definición de qué cosas son estos beneficios fiscales. Creo que la gente, fuera de esta


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institución, no entendería que estuviéramos haciendo algo así. Es responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas ponernos de acuerdo para clarificar esta situación. A estas alturas del partido no podemos asumir una situación así. Se debe instar a elaborar tanto una definición de en qué consiste un beneficio fiscal como una lista específica de las figuras que en cada tributo minoran los ingresos fiscales con su respectivo desglose, tanto en la previsión de los mismos presupuestos de beneficios fiscales, en los cuales hay importantes desajustes, como en el resultado final del ejercicio para observar y verificar posibles desviaciones.

En cuanto a la fijación y cumplimiento de los objetivos de política social y económica, seguimos en la misma línea. Es increíble que haya una falta de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se pretenden con cada uno de los beneficios fiscales. No hay indicadores de evaluación del grado de cumplimiento de los mismos, no se establece ni una duración temporal de los beneficios fiscales ni un periodo para la consecución de los objetivos. No hay estudios ni datos que justifiquen que este sea el modo más eficiente para conseguir los objetivos propuestos de política económica y social, y además hay una ausencia de sistemas de evaluación, con lo cual no podemos comprobar a qué beneficios fiscales debemos dar continuidad y cuáles deberíamos parar y aplicar unas políticas económicas y sociales diferentes.

Queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas en cuántos informes de cuántos ejercicios llevan ustedes advirtiendo sobre estas carencias.

Por lo que se refiere a los fallos en los controles sobre la aplicación de los beneficios fiscales, quiero citar un fragmento de las conclusiones del informe que dice: tanto el número de beneficiarios como el importe real de los beneficios fiscales de la muestra obtenidos por el Tribunal de Cuentas mediante la agregación de las cuantías aplicadas en las declaraciones de los contribuyentes, se desviaron ampliamente de las previsiones contenidas en el presupuesto de beneficios fiscales de 2015. En fin, existe un control de filtros sin resolver o pendientes de comprobación en el IRPF, en el IVA, en el impuesto de sociedades y, por tanto, queríamos preguntarle si considera que un factor que puede influir en este hecho es la falta de personal suficiente en la Agencia Tributaria. En este punto me gustaría recordar que el propio sindicato de inspectores de Hacienda propone que la agencia debería disponer de hasta el doble del personal para equipararse con otros países de nuestro entorno.

En cuanto al régimen fiscal especial destinado a personas sin ánimo de lucro y confesiones religiosas, queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si el mismo o la Agencia Tributaria disponen de una estimación de la cuantía de ingresos fiscales que supondría que la Iglesia católica y otras confesiones religiosas pagaran impuestos sin acogerse a este régimen fiscal especial. Igualmente, queríamos preguntarle sobre el posible uso de fundaciones y determinados beneficios fiscales para las prácticas de ingeniería fiscal por parte de las grandes fortunas con el fin de eludir impuestos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez, por su brevedad.

El señor Hurtado, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Creo que es un expediente de mucho interés. Es la segunda vez que se hace una fiscalización -la anterior fue sobre el ejercicio 2004 y se valoró por parte de la Comisión en 2007-, cuyas recomendaciones, por cierto, según dice el propio tribunal, no es que sirvieran de poco, es que no sirvieron de nada, algo que es de destacar.

La conclusión que saco de este informe es que los beneficios fiscales están fuera de control por parte de Hacienda, y que en ellos existe una importante bolsa de fraude fiscal en los beneficios fiscales. Ahora todos estamos en la lucha contra el fraude fiscal, pues desde luego aquí tenemos un punto donde clarísimamente hay una importante bolsa de fraude fiscal, lo que evidentemente significa minoración en los impuestos. Los beneficios fiscales tienen un interés cualitativo porque estamos hablando de una cuestión constitucional. El artículo 132.2 habla de los presupuestos del Estado, del carácter temporal de anualidad y del carácter de universalidad de los gastos e ingresos, y justamente ahí se hace mención a la necesidad de especificar en los Presupuestos Generales del Estado el presupuesto de beneficios fiscales; es decir, hay una encomienda clara por la Constitución española. Por tanto, cualitativamente esta es una cuestión a tener en cuenta, y cuantitativamente no digamos. (Muestra un gráfico). Curiosamente he hecho una evolución desde el año 2012 hasta 2017 sobre lo que significa el presupuesto de beneficios fiscales incluidos: el máximo corresponde justamente al año 2015, con algo más de 40 700 millones de


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euros, pero estamos hablando del 4% del producto interior bruto; estamos hablando de un país donde las cuentas públicas tienen un déficit público en torno al 3,1% del PIB, y nosotros estamos manteniendo un presupuesto de beneficios fiscales que sustancialmente supera incluso el déficit de todas las administraciones públicas. Estamos hablando de 40 000 millones de euros de beneficios fiscales provenientes solo de los tributos del Estado, porque aquí no estamos hablando ni del IBI ni del impuesto sobre transmisiones ni de una serie de impuestos que gestionan que o bien sean tributos cedidos o que sean del ámbito local; es decir, aún es sustancialmente mayor la bolsa de beneficios fiscales de este país. Insisto, según el propio informe del Tribunal de Cuentas, está fuera de control.

El Tribunal de Cuentas dice que no coinciden los términos de incentivos con beneficios porque no existe una definición que dé garantía y seguridad jurídica al concepto de beneficio fiscal, ni siquiera están conciliados cuando teóricamente debería haber un punto de conciliación clara y evidente; se dice incluso que no llegan ni al 53% los incentivos que se consideran beneficios fiscales, y que no llegan al 62% los beneficios fiscales que están cuantificados; en resumen, solo uno de cada tres incentivos están cuantificados en el presupuesto de beneficios fiscales. El informe además dice que aparte de esta falta de conciliación, por otra parte, no hay una cuantificación, porque el que define y determina cuál es el presupuesto de beneficios fiscales para este año, sin anexar un análisis exhaustivo de la cuantificación y los términos en que se define ese beneficio fiscal, es un grupo de trabajo del ministerio, de la Dirección General de Tributos.

Por otro lado, se habla de que no existen unos objetivos ni unos indicadores en cuanto a la evaluación de la ejecución de este presupuesto, y que existe un sistema de filtros de los cuales solamente uno de los que se activan es comprobado. Pero el colmo del disparate es que a aquellos que son comprobados ni se les aplica tan siquiera el régimen sancionador, cuando a cualquier contribuyente se le aplica el régimen sancionador en el caso de que no se haya llevado a cabo una liquidación adecuada a lo establecido en la normativa tributaria.

Conclusión. La conclusión es que estamos hablando de una importante bolsa de fraude que requiere de una exhaustiva cuantificación y determinación en cuanto al concepto, pero también en cuanto a la armonización con los incentivos fiscales, una evaluación exhaustiva para evitar el aprovechamiento que se está haciendo de esa bolsa y de ese fraude fiscal a través de elusión o evasión en muchos casos. Por otra parte, es necesario hacer más filtros de comprobación obligatoria y menos filtros de comprobación discrecional. En definitiva, estamos hablando de recursos públicos que tenemos que ver con lupa, porque así se nos mira al resto de contribuyentes, y aquí sabemos que en gran medida los beneficiarios son grandes empresas, instituciones que tienen bastante poder económico y patrimonial, y el contribuyente de a pie no se beneficia de estos beneficios fiscales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Tiene la palabra la señora Antoñanzas, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Popular queremos agradecer al señor Álvarez de Miranda su exposición. En estos últimos años el fortalecimiento de la actividad económica y el empleo conllevan a la recuperación de los ingresos y hacen posible la reducción de impuestos. Con ello el Gobierno de España trabaja para reducir la carga impositiva trabajando por un sistema fiscal eficiente que apoye el crecimiento económico y el empleo. Estas medidas dan un impulso adicional a la recuperación económica y mejoran aquellos aspectos del sistema que permiten liberar el potencial que atesoran nuestras empresas y profesionales. Si hoy España lidera el crecimiento económico es gracias a la racionalización y puesta a punto de la Administración, que la ha hecho más ágil y eficiente. En esta misma línea de trabajo, se sigue impulsando reformas para lograr una Administración que se adelante a los problemas para resolverlos, una Administración centrada más en los resultados que en los procesos, con una plena implantación de la tecnología para hacerle la vida más fácil al ciudadano y los trámites más sencillos a las empresas, para seguir avanzando; se deberá mejorar en la aplicación de criterios uniformes para la selección de declaraciones a comprobar por las oficinas gestoras y mejorar la cifra de alertas resueltas en el control y en el perfeccionamiento de las herramientas informáticas empleadas para su resolución.

Para evaluar el control que realiza la Agencia Tributaria sobre los beneficios fiscales se aplica, en primer lugar, un control masivo sobre todas las declaraciones mediante la activación de alertas, así como las declaraciones con resultado a resolver poseerán una tramitación prioritaria. Existe a continuación un


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segundo control intensivo en el departamento de inspección para los expedientes de mayor riesgo. La deducción en el impuesto sobre la renta que se puede aplicar a las madres trabajadoras, por ejemplo, con hijos menores de tres años es la más controlada por la Agencia Tributaria. En otros casos, como las reducciones de los rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario, la comprobación de las alertas no llega al 60%, pero este porcentaje se eleva al 85% en el caso de deducción por maternidad.

Destaco unos datos. Se calcula que existen más de 880 000 beneficiarios de esta devolución por un importe total de 792 millones. En 2015 saltaron casi 76 000 alertas sobre esta deducción. De las declaraciones comprobadas, el 66% eran correctas. Había errores en el 34% restante, si bien en la práctica totalidad de estos se apreció la buena fe del contribuyente y solo en el 0,17% se consideró la intención de fraude.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.

Tiene la palabra, para finalizar, el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

El tribunal ha repetido un informe que ya realizó en el año 2007 y que, efectivamente, levanta una cuestión que ha sido desde el comienzo de la aplicación de este tipo de beneficios fiscales muy controvertida, porque todos los esfuerzos que se han llevado a efecto por la Administración han sido para intentar establecer el diseño de filtros, establecer el diseño de comprobaciones automatizadas, pero al final, la implantación de estos filtros requiere personal que compruebe y resuelva los filtros activados. Aquí es donde verdaderamente se produce un déficit, que es el que también hemos visto en el informe anterior. Es un déficit de personal, que tendría que llevar aparejado una mayor dotación de las unidades administrativas que desarrollan este cometido. Por otra parte, es importante que todos estos conceptos de beneficios fiscales se acomoden a lo que está establecido en la ley, es decir: que se definan, que se cuantifiquen, que existan memorias justificativas de estimaciones de cuánto pueden suponer y que se normalice un sistema de control que hoy por hoy es deficiente y que tendrá que mejorarse.

Nos encontramos ante una situación que posiblemente no es más que el resultado de que los organismos de inspección siempre tienen una especial vocación por buscar aquellos que no declaran y no prestan tanta atención a la revisión de los que declarando se han acogido a algún tipo de beneficio fiscal, que en este caso no ha sido lo suficientemente preciso en su diseño por parte de los que tienen la responsabilidad para hacerlo.

Una última cuestión es que no tenemos datos de los beneficios fiscales que disfrutan las concesiones religiosas cuando se trata de rentas exentas. Si bien, el informe contiene una estimación de los beneficios derivados de la exención al conjunto de las entidades religiosas que asciende a 46 millones de euros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de finalizar quiero agradecer al presidente del tribunal el esfuerzo que una vez más ha hecho de síntesis de exposición de informes en esta sesión que sus señorías han convertido un poco en maratoniana. Espero que para las próximas sesiones nos ajustemos más a los tiempos.

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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