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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 36, de 16/05/2017
cve: DSCG-12-CM-36
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 36
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 8
celebrada el martes,
16 de mayo de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

Bloque II:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000067) ... (Página6)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128) ... (Página6)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000188 y número de expediente del Senado 771/000184) ... (Página6)

Bloque I:

- Informe global del sector público autonómico, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000046) ... (Página12)

- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página12)


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- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000152) ... (Página12)

Bloque III:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000061) ... (Página20)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000129) ... (Página20)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000172 y número de expediente del Senado 771/000174) ... (Página20)

Bloque IV:

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de expediente del Senado 771/000064) ... (Página25)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página25)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000177) ... (Página25)

Bloque V:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000134) ... (Página30)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000176) ... (Página30)

Bloque VI:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000073) ... (Página34)

- Informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000136 y número de expediente del Senado 771/000130) ... (Página34)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000185) ... (Página34)


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Bloque VIII:

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000063) ... (Página39)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y número de expediente del Senado 771/000103) ... (Página39)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000166 y número de expediente del Senado 771/000164) ... (Página39)

Bloque VII:

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000065) ... (Página45)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página45)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000163) ... (Página45)

Propuestas de resolución:

Bloque I:

- Informe de fiscalización de los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por departamentos ministeriales del área de la Administración económica del Estado y organismos autónomos de ellos dependientes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000014) ... (Página50)

- Informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los departamentos ministeriales del área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020) ... (Página50)

- Informe de fiscalización de la contratación más relevante de servicios de publicidad formalizada por las entidades del sector público empresarial estatal en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000161) ... (Página51)

Bloque II:

- Informe de fiscalización de las actividades liquidadora y agraria del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000134 y número de expediente del Senado 771/000133) ... (Página52)


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Bloque III:

- Informe de fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000055 y número de expediente del Senado 771/000060) ... (Página52)

- Informe de fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000104 y número de expediente del Senado 771/000104) ... (Página53)

Bloque IV:

- Informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012 y número de expediente del Senado 771/000011) ... (Página53)

- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado 771/000080) ... (Página53)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000085) ... (Página54)

- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084) ... (Página54)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000090 y número de expediente del Senado 771/000090) ... (Página54)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000089) ... (Página55)

- Informe de fiscalización de la contratación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000160) ... (Página55)

- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente del Senado 771/000165) ... (Página55)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del Senado 771/000173) ... (Página56)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000171 y número de expediente del Senado 771/000170) ... (Página56)


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- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000184 y número de expediente del Senado 771/000186) ... (Página56)

- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000190 y número de expediente del Senado 771/000191) ... (Página57)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000191 y número de expediente del Senado 771/000188) ... (Página57)

Bloque V:

- Informe de fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000114 y número de expediente del Senado 771/000111) ... (Página57)

Bloque VI:

- Informe de fiscalización de la Actividad desarrollada por la "Autoridad Portuaria de Valencia" en los ejercicios 2007-2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000003) ... (Página58)

- Informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del puerto de Gijón, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000145 y número de expediente del Senado 771/000146) ... (Página58)

Bloque VII:

- Informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000008) ... (Página59)

- Informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000173 y número de expediente del Senado 771/000178) ... (Página59)

Bloque VIII:

- Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000055) ... (Página59)

Bloque IX:

- Informe de fiscalización del Fondo Estatal de Inversión Local. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página60)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión. Como todos ustedes saben, tenemos un intenso orden del día, así que, sin más dilación, vamos a pasar a debatir el bloque 1, correspondiente a tres informes: el informe global del sector público autonómico, ejercicios 2010 y 2011; informe global del sector público autonómico, ejercicio... (La señora Palencia García pide la palabra). Señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Buenos días. Presidente, hemos solicitado un cambio para que se discuta primero el bloque II, el de Extremadura, y parece que había acuerdo por parte de todos los grupos. Si no le importa, empezamos por ese.

El señor PRESIDENTE: Disculpe, es que se me había transmitido que no era así. Lo siento. (El señor Ramírez Freire pide la palabra). Señoría.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Perdón, presidente. El de Extremadura es el segundo punto, y hemos hecho un cambio nosotros y permitimos que se cambie el orden del día sin problema.

El señor PRESIDENTE: Habiendo unanimidad, entonces se procede a modificar el orden de los puntos que trataremos, y el bloque que tenía el número II será el primero que se debata.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

BLOQUE II:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000067).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000128).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000188 y número de expediente del Senado 771/000184).

El señor PRESIDENTE: Vemos el bloque II, que corresponde a la fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

El pleno del tribunal aprobó estos informes de la Comunidad Autónoma de Extremadura los días 20 de diciembre de 2014, para el de 2012; el 25 de febrero de 2016, para el de 2013; y el 26 de enero de 2017, para el de 2014. Las cuentas generales de cada ejercicio fueron rendidas dentro del plazo legalmente establecido. Con carácter general las cuentas que las integran se presentaron de conformidad con los principios y normas contables aplicables, sin perjuicio de las salvedades y observaciones que se exponen en cada informe. Durante los tres ejercicios fiscalizados se mantuvo la práctica ya producida en ejercicios precedentes de integrar los presupuestos y las cuentas de cinco entes públicos -cuatro en 2014- y de tres organismos autónomos en los de la Administración General. Ello distorsiona la representatividad de las cuentas de esta última e impide el análisis particularizado de la contabilidad de dichas entidades con personalidad jurídica independiente. En los tres ejercicios se financiaron generaciones e incorporaciones de crédito con remanentes de tesorería por importe de 44, 29 y 18 millones de euros, pese a que los correspondientes remanentes de tesorería eran negativos, por un importe respectivamente de 38, 363 y 166 millones. El gasto sanitario presupuestado se ha manifestado insuficiente a lo largo de los tres ejercicios, lo que ha obligado al desplazamiento sistemático de gastos a ejercicios posteriores, generando un elevado saldo de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo


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importe al cierre de cada ejercicio ascendía a 97, 176 y 195 millones de euros respectivamente. La contabilización del inmovilizado no financiero presentaba deficiencias significativas durante los tres ejercicios fiscalizados, lo que afectaba de forma relevante a la representatividad del balance. Las inversiones anteriores a 1985 no se reflejaban en cuentas ni tampoco en general los activos que no surgieran de la ejecución presupuestaria, sin permitir el registro individualizado de las bajas, las amortizaciones y los beneficios o pérdidas por enajenación.

La Comunidad Autónoma de Extremadura cumplió en los ejercicios 2012 y 2013 los correspondientes objetivos de estabilidad presupuestaria, no así en 2014, cuando incumplió el objetivo de déficit establecido en el 1 %, ya que finalmente alcanzó el 2,51 %. Tampoco cumplió la regla de gasto, aunque sí se cumplió el objetivo de deuda. En 2012 el mecanismo extraordinario de financiación de pago a los proveedores permitió al servicio de salud saldar gran parte de su deuda comercial, habiendo asumido la Administración General de la Comunidad dicha deuda por importe de 164 millones de euros. En 2012 la comunidad incumplió la obligación de elaborar un informe trimestral para analizar el cumplimiento de los plazos para el pago de operaciones comerciales. No se ha podido acreditar que se haya realizado un seguimiento del grado de cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Lucha contra la Morosidad. El período medio de pago estimado en los tres últimos meses del ejercicio 2014 superaba ampliamente el plazo de 30 días, pese a lo cual no se elaboró el pertinente plan de tesorería. Esta situación se consolidó en el ejercicio posterior, habiendo iniciado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los procedimientos legalmente previstos de requerimientos y retenciones.

En materia de personal es significativa la indeterminación, tanto en las sucesivas ofertas de empleo público como en posteriores convocatorias, de la distribución de plazas, lo que impide analizar la posible caducidad de tales ofertas de empleo. A 31 de diciembre de 2014 se encontraban pendientes de resolución 576 plazas convocadas, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011. Por otra parte la utilización indebida de contratos de obra y servicios para realizaciones de naturaleza indefinida supuso el reconocimiento de relaciones laborales o en su caso la pertinente indemnización, como consecuencia de sendas sentencias judiciales, que afectaron a 756 trabajadores en 2012; a 109 en 2013, y a 169 en 2014. En los tres ejercicios también se han constatado prácticas inadecuadas en la contratación de personal por determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, al no acreditar las razones urgentes e inaplazables que las motivaron, y por la sucesiva concatenación de contratos temporales. Las pérdidas del sector público empresarial se redujeron en un 36 % en 2012, alcanzando los 31 millones de euros, en 2013 se situaron en 41 millones; y se redujeron significativamente, en un 37 %, en 2014 hasta alcanzar los 26 millones de euros. Esta minoración se justifica en su mayor parte por la reducción de deterioros en Sofiex, que determina que esta sociedad vuelva a obtener beneficios en 2014 tras cinco ejercicios con pérdidas motivadas por sus participaciones y créditos.

En cuanto a los consorcios públicos autonómicos durante los tres ejercicios se ha observado la ausencia de armonización del régimen presupuestario y contable, llegando en algunos casos a aplicarse planes distintos a los previstos en las disposiciones estatutarias. En el trienio analizado no se aprobó ningún plan de reestructuración del sector público. Al cierre del ejercicio 2012 se cifraba en una reducción neta de dos entidades, y al cierre de 2013 se cifraba en doce, sin que se aportara información en relación con la cuantificación de ahorros producidos. Al cierre de 2014 no se disponía de información actualizada respecto a la reducción de costes y personal en relación con los entes que subsisten tras la reestructuración, imposibilitando la cuantificación de dicho efecto. En 2014 el Servicio Extremeño de Salud mantenía 127 trabajadores eventuales fuera de plantilla y hacía un uso inadecuado de la figura de la promoción interna temporal. No se ha emitido informe alguno de impacto de género en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura.

Con esto termino, presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara.

La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, queremos destacar que las entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que conforman la cuenta general siguen incumpliendo, en tiempo y forma, la rendición de cuentas desde el año 2012, y según parece por los tres informes que se nos presentan no se ha hecho absolutamente nada para corregir esta situación. Sabemos que este problema no es solo de la legislatura


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pasada, es un problema que viene de lejos y debe achacarse a los sucesivos Gobiernos socialistas y al Gobierno del PP de la Legislatura 2011-2014, porque aunque se presentó en el tiempo legalmente establecido no vemos lógico que un informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, cuando hace casi cinco años que se cerraron los ejercicios, se presente en 2017, tanto en la propia comunidad autónoma, donde se hizo en el mes de marzo, como aquí con esta comparecencia en mayo.

El tribunal avisa de que la presentación de las cuentas se puede distorsionar e impide el análisis pormenorizado de las entidades públicas con personalidad jurídica propia. Esta práctica es una forma más de provocar opacidad y de la falta de transparencia en las empresas públicas de Extremadura. Aunque el informe se remite a varios años en los que gobernaba el PP, no nos es ajeno que es una práctica implantada en nuestra región por el Partido Socialista en legislaturas pasadas, y nos gustaría saber si se está haciendo algo para revertir esta falta de transparencia que solo sirve para obstaculizar al tribunal su labor.

El Tribunal de Cuentas da cuenta de los expedientes que el Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver: veintidós expedientes con todas las discrepancias habidas con los órganos gestores y los reparos formulados por la Intervención General, o lo que es más grave, la falta de fiscalización que afecta a varios puntos tan graves a nuestro juicio como son las prestaciones realizadas sin soporte contractual, el fraccionamiento del objeto de los contratos y la indebida tramitación de modificaciones contractuales, todo ello referido al año 2014. En todos esos aspectos, tanto la Intervención General como la Dirección General de los Servicios Jurídicos, coinciden en señalar que el procedimiento utilizado fue inadecuado, es decir, el Gobierno anterior fraccionaba contratos y modificaba los mismos desde las empresas públicas para saltarse cualquier tipo de fiscalización que pudiera haber en la Ley de Contratos del Sector Público. El motivo todos podemos imaginarnos cuál es. No dudamos en calificar estas infracciones de muy graves, señor presidente, pero queremos saber si se siguen haciendo o se está trabajando para que no vuelva a actuarse de esta manera, o si cuando lleguen los informes del Tribunal de Cuentas de los años 2015 y 2016 vamos a encontrarnos con los mismos procedimientos inadecuados, como los llaman los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura.

La administración paralela no es ajena ni al anterior Gobierno del PP de Extremadura ni al que ahora tiene con el Partido Socialista. Vemos cómo se utilizan excusas de dudosa legalidad para hacer encomiendas de gestión utilizando las empresas públicas. Cuando se le plantea a Extremadura hace un año, en el Plan económico fiscal y financiero, que debía reordenar el sector público, entre otras cosas las empresas públicas, entendemos que buscó afianzar ese sistema paralelo que permitía la huida de derechos administrativos de las empresas públicas, para así hacer que el dinero público fuera todo lo opaco que se pudiera. Bien es verdad que la recomendación del Tribunal de Cuentas es la contraria, pero vemos cómo se suceden los años, los informes y las recomendaciones, y se siguen utilizando de forma indebida esas encomiendas de gestión.

En cuanto al desfase de los ingresos y los gastos de las cuentas de la Administración autonómica resulta llamativo que no se pongan medidas para que no sea constante la irrealidad presupuestaria año tras año. Mi grupo político lleva dos años en la Asamblea de Extremadura y desde que llegó comentó que eran unas cuentas irreales y que no cumpliríamos objetivos de déficit ni llegarían los ingresos que planteaban en los presupuestos. Este informe no refleja más que lo que ya sabemos, pero no se pone ninguna solución.

Por otro lado, la situación que describe el Tribunal de Cuentas respecto al Servicio Extremeño de Salud para el año 2014 es extremadamente preocupante. El saldo pendiente de los acreedores es de casi 200 millones de euros. Ya sé que me van a decir que gracias a ustedes se da cobertura a Extremadura a través del FLA, que esa deuda ya está cubierta y que con el pago a proveedores todo está solucionado, pero es llamativo ver cómo es la financiación autonómica. Deberíamos plantear la suficiencia del Servicio Extremeño de Salud como algo prioritario e irrenunciable, y no como un chantaje del ministerio a las comunidades autónomas. Pero si hay algo que a nosotros nos preocupa mucho es la utilización del tipo de contrataciones que no se corresponde con la realidad y las necesidades de la Administración. Entendemos que el reconocimiento de 169 trabajadores como indefinidos solo para el año 2014 es por la falta de profundización del tribunal. Extremadura es una de las regiones que más temporalidad tiene en el sector público, y eso revierte directamente en su funcionamiento y calidad.

Por último quiero hacer una reflexión. Si bien es verdad que el tribunal detecta bastantes irregularidades, no se hace nada o casi nada para revertirlas a pesar de que, tanto desde el Gobierno


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central como los distintos consejeros y administraciones públicas extremeñas, dicen cada vez que salen los informes que ya se están tomando medidas para revertir y corregir la situación y adaptarse a las recomendaciones que se hacen. Poder analizar tres informes sucesivos nos da una idea de cómo estos informes caen en saco roto, y vemos que más allá de puntualizaciones y acciones concretas de cada año, la opacidad, la falta de fiscalización y control sobre las cuentas de Extremadura son un problema estructural al que no se pone remedio, y lo veremos en los informes de 2015 y 2016.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Botejara.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente. Disculpe por mi tardanza en incorporarme a la sesión.

Ya he comentado en otras ocasiones -lo recordarán algunos compañeros- el sentido que tiene este tipo de examen de cuentas autonómicas en una Cámara que no tiene atribuidas constitucionalmente ninguna capacidad de control sobre los Gobiernos autonómicos. Al final esto se convierte en una especie de control político de Gobiernos autonómicos que no están aquí sentados, y por tanto no pueden defenderse o alegar lo que convenga, y en ese sentido nuestro grupo ya registró -y volverá a registrar- una proposición de ley conjunta para que este trámite de examen de las cuentas autonómicas en aquellas comunidades autónomas que no tienen tribunal propio se haga en los parlamentos autonómicos, y que el Tribunal de Cuentas comparezca en el Parlamento autonómico, porque no tiene mucho sentido que en el Congreso estemos reiterando un tono de debate que debería tenerse en la Asamblea de Extremadura, en la que además el Gobierno autonómico tuviera la oportunidad de decir lo que quisiera sobre las manifestaciones políticas que se hicieran. Por el momento no es así, por tanto cumpliremos el trámite a pesar de esta discrepancia en los términos en los que nuestro Reglamento y la Ley del Tribunal de Cuentas establece.

¿Qué es lo que cambia en estos informes de estos tres años respecto de los anteriores? En primer lugar, la falta de transparencia del propio Parlamento autonómico. Ha sido costumbre durante los veinticuatro años que gobernó el Partido Socialista en Extremadura que cada vez que se emitía un informe del Tribunal de Cuentas el consejero o consejera de Hacienda compareciera en la Asamblea de Extremadura para debatir el informe en su Comisión de Hacienda. El PSOE lo hizo siempre y el PP dejó de hacerlo. Sencillamente ese tramite que era una costumbre en ese Parlamento y que estuvo acreditada durante más de veinte años dejó de hacerse cuando empezó a gobernar el Partido Popular; es decir, estos tres informes no se vieron en la Comisión de Hacienda en los términos en que se solía hacer en aquel Parlamento, e inmediatamente cuando ha vuelto a gobernar el Partido Socialista se ha vuelto a hacer el trámite, y en febrero pasado la consejera de Hacienda comparecía en la Asamblea de Extremadura precisamente para debatir dos de los tres informes que estamos viendo hoy. Si se aprobara nuestra reforma en los términos en que he expresado antes este trámite sería obligatorio para esta y para el resto de las comunidades autónomas en sus parlamentos.

¿Qué cambia respecto de los informes de los años anteriores? Son los primeros años de Gobierno del Partido Popular en Extremadura en el breve paréntesis que supuso una sola legislatura, en la cual el PP tuvo que dejar de predicar y comenzar a dar trigo. Es decir, tuvo que comenzar a aplicar las manifestaciones que había hecho sobre los asuntos que se tratan en el informe respecto de la gestión del Gobierno de Extremadura. El resultado es un desastre sin paliativos. No se trata de que nuestra exigencia sea mayor. Por los propios estándares que el PP de Extremadura se impuso a sí mismo y explicitó durante muchos años, y examinando lo que dicen estos informes, sencillamente es un desastre sin paliativos. Porque con el mismo guión con el que solían atacar la gestión financiera y contable de la Junta de Extremadura podemos juzgar lo que ha hecho durante tres años el Gobierno del PP en Extremadura. En primer lugar, fraccionamiento de contratos. Todos conocen la delicadeza jurídica de los fraccionamientos de contratos y la responsabilidad que conlleva. En segundo lugar, deslizamientos de compromisos de un año a otro. Es un viejo truco para intentar cuadrar a martillazos unas cuentas cuando no salen. Se deslizan gastos que debían atribuirse de un ejercicio al siguiente. En tercer lugar, prestaciones sanitarias sin concierto ni contrato. A veces se utiliza la urgencia de las atenciones sanitarias para justificar o de alguna manera paliar prácticas que en otro tipo de ámbitos de la Administración serían incomprensibles, como haber gastado 5 millones de euros en 2014 sin concierto y sin contrato en prestaciones sanitarias. Son datos del Tribunal de Cuentas. En cuarto lugar, el incumplimiento de los plazos de espera para consultas y pruebas


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diagnósticas en el Servicio Extremeño de Salud, a lo que se ha referido el tribunal. En quinto lugar, las convalidaciones masivas de expedientes de gastos y de contrataciones en el Consejo de Gobierno -se ha referido a ello mi colega de Podemos-: 3,7 millones de euros solo en 2014. Convalidaciones que quieren decir que los expedientes no llegan bien y al final tiene que solucionarse en el Consejo de Gobierno. En sexto lugar, masivas modificaciones presupuestarias, especialmente en el SES, al que luego me referiré específicamente. Al final, el papel de aprobación de los presupuestos en la Asamblea se queda en papel mojado, puesto que si luego se producen todas esas modificaciones, en realidad el presupuesto final que se ejecuta no es el que se aprueba en la Asamblea. En séptimo lugar, debilidades contables, algunas muy viejas, como decía mi colega de Podemos. En octavo lugar, la prescripción de derechos sin control adecuado. Esta es una expresión utilizada por el Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, tiene que ir acabando.

El señor SÁNCHEZ AMOR: En noveno lugar, periodos medios de pago a proveedores, que se superan. El SES es el paradigma, porque siempre se le presupuesta por debajo de las necesidades y al final tiene que acudir a todo tipo de créditos. Y en décimo lugar, el cumplimiento de los objetivos de déficit. El PP comenzó bien, cumpliendo el objetivo de déficit, porque recibió una inyección de 111 millones por dos sentencias judiciales, pero en cuanto la gestión dependió de ellos se fueron a un incumplimiento del 150 en dicho objetivo. Tenía que haber sido del 1 % y fue del 2,51 %.

Tras este apretado repaso de la gestión financiera y contable de los tres años de Gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura, he de decir que por esta y por tantas otras razones hicieron bien los extremeños en quitarle esa responsabilidad y devolvérsela al Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Píriz.

El señor PÍRIZ MAYA: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar agradeciendo al señor presidente del Tribunal de Cuentas la información ofrecida a esta Comisión, en el ejercicio de su función fiscalizadora, que nos permite analizar la gestión de mi comunidad autónoma, Extremadura, durante el periodo 2012-2014, tres años de Gobierno de un signo político diferente al que treinta años antes había estado malgobernando nuestra tierra. Antes de empezar quiero manifestar que he sufrido un déjà vu. Para preparar mi intervención me he leído las intervenciones que los diferentes portavoces hicieron en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, celebrada el pasado 10 de marzo, y acabo de ver una en la que se ha transcrito literalmente lo que allí sucedió. Los informes que estamos viendo hoy son muy clarificadores, con mucha información, y sin duda en Extremadura están valiendo y valdrán para mejorar la gestión, tanto en la Administración General como en el sector público autonómico. Lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque durante los años que analiza el informe yo mismo tuve funciones de alta dirección y gestión directiva en algunas de las entidades analizadas, y soy consciente del alto nivel de detalle y de la minuciosidad del trabajo profesional y serio que el Tribunal de Cuentas realiza, y de cómo sus recomendaciones son útiles para la toma de decisiones en cuanto a la mejora de la transparencia y de la gestión del dinero y de los recursos públicos. Le puedo garantizar que los extremeños, al menos a los que representa mi grupo, están agradecidos por su trabajo.

En Extremadura las duras recomendaciones de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, como se ve en los informes que hoy analizamos, han tenido un importante efecto. La Administración las ha tenido en cuenta y poco a poco ha ido corrigiendo muchos de los ajustes que esos informes ponían encima de la mesa. En primer lugar, es de agradecer el reconocimiento que los diferentes informes hacen a las políticas de cumplimiento del déficit y a la regla de gasto y deuda que en los dos primeros ejercicios se hicieron en Extremadura, en los que se pasó, como dice el informe, a una situación -abro comillas- 'de una desviación positiva a ahorro del 0,47 % del PIB, la mayor de las presentadas por una comunidad autónoma en 2012'. El mismo informe en 2013 vuelve a poner sobre la mesa la importancia del cumplimiento del déficit y de la regla de gasto y deuda. Siempre los vientos de cola, señor Sánchez Amor, siempre; dejaron una región cuesta abajo y sin frenos, pero siempre los vientos de cola. No fueron años cualquiera, sino años en los que la crisis estaba en los momentos más álgidos, y en los que en un solo ejercicio la comunidad consiguió bajar, para dejar de ser la comunidad con el déficit más alto a pasar a ser la


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comunidad con el déficit más bajo en un solo ejercicio. El informe pone en valor esta circunstancia, que por sí misma representa una situación de control de las cuentas públicas que hipoteca muchas de las actuaciones y circunstancias que posteriormente se tratan en el informe.

Por venir estos informes de donde vienen hay que poner también en valor que no aparecen grandes actuaciones en cuanto al envío por parte del Tribunal de Cuentas a la sección de enjuiciamiento de actuaciones que se consideraron irregulares en 2014, al menos que consten hasta ahora. Esto supone un avance. Si bien muchas quedan en nada y solo algunas son llevadas a instancias superiores, es de destacar que en Extremadura ha dado lugar a sentencias del propio Tribunal de Cuentas, como la que condena al director gerente de la Orquesta de Extremadura, del anterior Gobierno socialista, a devolver 135 000 euros pagados irregularmente entre febrero y julio, algo que explica el informe de 2012 que hoy estamos analizando. Por suerte son actitudes de otra época que quedaron ya en la historia de nuestra región, junto con otros temas que los informes de esos años destacaban, como era Acebal, que pronto la justicia dirimirá. Ha dicho el señor Sánchez Amor que es un desastre sin paliativos. Para mí un desastre sin paliativos es abocar a los extremeños a estos casos, que han avergonzado a la mayoría.

Quiero remarcar la evolución que los diferentes informes valoran de forma positiva de la gestión de entidades, como el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Pone en valor la correcta evolución del plan de saneamiento abordado entre 2011 y 2015 para salvar a una entidad sumida en una gran crisis financiera y de modelo de festival, que por poco acaba con la propia entidad. Asimismo quiero destacar la valoración positiva que los diferentes informes hacen de la reducción paulatina de las encomiendas de gestión por parte de la Administración regional a las diferentes entidades públicas. No fue un trabajo fácil, puesto que había muchos trabajos que se venían realizando desde hace muchos años, pero en la medida de sus posibilidades los diferentes informes ya ponen en valor el esfuerzo realizado. Dice el informe de 2014 en su página 159 que 'este tribunal ha elaborado un informe específico en relación con el empleo de las encomiendas de gestión del sector público extremeño, en el que consta una notable mejoría' -lo subrayo- 'del cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control y seguimiento de las encomiendas, en consonancia con las dieciséis recomendaciones que hizo este tribunal en los informes de fiscalización anteriores. Así, en la totalidad de las encomiendas analizadas se ha apreciado el cumplimiento' -repito, el cumplimiento- 'de los diversos procedimientos establecidos para el control y seguimiento de las encomiendas, así como el abono de los anticipos parciales, dentro de los límites y con los requisitos en su caso establecidos y recepcionados de la conformidad del objeto de los encargos, contratándose además la paulatina reducción de esta técnica de gestión desde el ejercicio 2012'. -cierro comillas-. Es más, este informe específico que hace referencia a las encomiendas de gestión en el año 2013, en su página 38, conclusión 10, dice -abro comillas- que 'se ha producido una notable mejoría respecto del cumplimiento de los diversos procedimientos establecidos para el control y seguimiento de las encomiendas, en consonancia con las distintas recomendaciones que se hicieron por este tribunal en los informes anuales de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura de los ejercicios 2008 y siguientes'.

El señor PRESIDENTE: Señor Píriz, tiene que ir acabando.

El señor PÍRIZ MAYA: Voy acabando.

'Así, en la totalidad de las encomiendas analizadas se ha apreciado el cumplimiento de los diversos procedimientos establecidos para el control y seguimiento de las encomiendas, así como el abono de anticipos parciales dentro de los límites y con los requisitos en su caso establecidos'.

En cuanto a los procedimientos de control de gasto, el avance más significativo en el ejercicio 2014, en el ámbito del control interno, es la implantación de un registro contable de facturas, en cumplimiento de la Ley 25/2013. También pone de manifiesto el informe que no fue hasta 2013 cuando el Gobierno de Extremadura se acogió a instrumentos nacionales, como el FLA, utilizando su propio acceso directo a mercados hasta entonces, situación que le permitía su valoración del rating otorgado por las agencias independientes, gracias al cumplimiento del déficit antes citado. Finalmente, para acabar, en 2013, como recalca el informe, ante las condiciones más ventajosas del FLA, a precio de mercado, Extremadura se acoge.

En otro orden de cosas, el propio informe de 2013 habla de que en sanidad las medidas de compra centralizadas y de unidad de catálogo han supuesto un ahorro de 3 576 000 euros, y asimismo valora en 16 792 000 euros el ahorro en gasto extrafarmacéutico solo en ese ejerció.


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Muchas gracias, señor presidente, y gracias por los informes y por el trabajo realizado por este tribunal.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el presidente del tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

No voy a decir demasiado porque los diferentes intervinientes han hecho fundamentalmente una valoración de la gestión económica de la Comunidad de Extremadura utilizando para ello lo que dice el informe e interpretando el mismo desde cada uno de los puntos de vista. No me corresponde a mí entrar en ese debate, que es propio de esta Cámara o de las Cámaras autonómicas, que se encargan de esta labor. La única cuestión que me competería es la referencia que se ha hecho al retraso producido en la aprobación de los informes tomando como fecha de aprobación o como fecha de retraso la de presentación ante esta Comisión. En el momento inicial de presentación de estos informes yo relaté las fechas concretas en las que fueron aprobados cada uno de estos informes, que datan de los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

Nada más, muchas gracias.

BLOQUE I:

- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000046).

- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000092).

- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000152 y número de expediente del Senado 771/000152).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el que figuraba como punto primero y que ha pasado a constituir el punto segundo del orden del día: el informe global del sector público autonómico, ejercicios 2010 y 2011, y también 2012 y 2013.

Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Los informes globales sobre el sector público autonómico de los ejercicios 2010 y 2011 fueron aprobados el 29 de mayo de 2014; el referido al ejercicio 2012, el 23 de julio de 2015, y el correspondiente al ejercicio 2013, el 22 de julio de 2016. El objeto de estos informes consiste en ofrecer de manera homogénea y comparativa los datos más relevantes derivados de las fiscalizaciones realizadas anualmente sobre cada comunidad o ciudad autónoma por parte del Tribunal de Cuentas o por parte del órgano de control externo autonómico correspondiente. Los principales resultados de las tres fiscalizaciones se exponen a continuación. Con carácter general, las cuentas generales se rindieron dentro del plazo legal, excepto las de Aragón en 2011, y Ceuta y Melilla en 2010 y 2011, si bien existe una tendencia a modificar las normas para postergar aún más los ya heterogéneos plazos de rendición. En cambio, los porcentajes de rendición de las cuentas individuales oscilan alrededor del 70 % para las cuentas rendidas en plazo, del 15 % para las rendidas fuera de plazo, y otro 15 % para las no rendidas. Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios.

Respecto a la liquidación del presupuesto, las modificaciones de los créditos iniciales para el conjunto de las administraciones públicas autonómicas han supuesto aproximadamente el 7 % en 2010, el 8,5 % en 2011, el 16 % en 2012 y el 12 % en 2013. La mayor parte de las comunidades autónomas tenían pendientes de reconocer obligaciones correspondientes a gastos realizados debido a la falta de consignación presupuestaria, afectando esta circunstancia fundamentalmente al gasto sanitario. Al


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margen del sistema de financiación del régimen común y, en su caso, de la participación en los fondos de compensación interterritorial, las comunidades y ciudades autónomas se acogieron a los mecanismos extraordinarios del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómico establecidos por la Administración del Estado. Los recursos propios llegaron a suponer en 2012 el 31 % del total de la financiación del conjunto del sector público autonómico. Los resultados económico-patrimoniales agregados pasaron de un empeoramiento del 31 % en 2011 respecto al ejercicio anterior, a una mejora del 12 % en 2012 y del 40 % en 2013. No obstante, en la mayoría de las comunidades la representatividad de dicha magnitud se encontraba condicionada por salvedades y limitaciones. En los informes se efectúa un análisis especial referido al gasto sanitario, en el que se observa una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio a pesar de conocerse el gasto real de ejercicios anteriores. Además se observa un paulatino incremento de la consignación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, lo que puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. Por su parte, las universidades públicas debieran elaborar con rigor sus presupuestos antes del comienzo del ejercicio económico, incluyendo los mismos toda la actividad docente e investigadora con el fin de reducir sus modificaciones presupuestarias.

Por lo que se refiere al conjunto de empresas, fundaciones y consorcios, las comunidades y ciudades autónomas han llevado a cabo un esfuerzo de reducción de sus entes instrumentales, pasando de un total de 1221 entidades en 2011, a 901 en 2013. En relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el sector público autonómico en su conjunto incumplió los límites establecidos en todos los ejercicios. Así, en los ejercicios 2010 y 2011 el déficit global a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fue del 2,94 % y 3,41 % del PIB nacional respectivamente, frente al objetivo recogido, que era del 2,4 % y del 1,3 %. En el ejercicio 2012 el déficit computable fue del 1,84 % del PIB nacional, excediendo el objetivo, que era del 1,5 %, y en 2013 la necesidad de financiación fue del 1,52 % del PIB nacional, frente al objetivo del 1,3 %. No obstante, la situación difiere entre comunidades, teniendo en cuenta además que en 2013 se establecieron objetivos de estabilidad diferenciados para cada una de ellas. Las comunidades que incumplieron su objetivo en ese ejercicio fueron las de Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Foral de Navarra, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, con distintos incumplimientos. En el caso de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se les aplica el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para las entidades locales, que era el de equilibrio en 2012 y 2013. En general, cumplieron el referido objetivo, excepto la Ciudad de Melilla en 2012, que presentó necesidad de financiación, y ello sin haber considerado los datos de un ente público y tres sociedades.

Respecto al endeudamiento, el saldo de las administraciones generales ha pasado de 70 763 millones de euros a uno de enero de 2010, a un total de 183 096 millones a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un incremento del 158,7 % en cuatro años. En términos absolutos, destaca el importe total de endeudamiento en todos los ejercicios de las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid. En materia de contratación, con carácter general, se observa en la planificación una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato, deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios. En el contexto de crisis, en el ejercicio 2013 existe una tendencia de las empresas a ofrecer mejoras significativas en las prestaciones y en las bajas de adjudicación, que llegan a alcanzar valores anormales o desproporcionados. Ante esta situación, la mayoría de los pliegos prevén la calificación de temeridad por la mera concurrencia de determinadas bajas no en relación con el promedio de las ofertas presentadas sino del presupuesto de licitación, en contra de lo previsto legalmente. Respecto a la ejecución, se detectaron retrasos no amparados en la concesión de prórrogas y numerosas modificaciones contractuales que no responden a nuevas necesidades surgidas durante la ejecución sino a imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los respectivos contratos primitivos.

Finalmente, en la fiscalización de muchos contratos menores se ha observado la coincidencia del objeto de las contrataciones y que su importe conjunto elude los límites legales para esta modalidad de contratos, lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad y concurrencia.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


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El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. El artículo 153 de nuestra Constitución española establece y asigna al Tribunal de Cuentas un control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, lo que es compatible con que la mayoría de las mismas tengan constituido este órgano autonómico de control externo al que hacía referencia.

Me ha llamado la atención la falta de homogeneidad en las prácticas presupuestarias y en la rendición de cuentas, que dificulta enormemente -imagino-, presidente, la comparación y tratamiento de los datos de fiscalización. Por eso, en primer lugar, nos gustaría preguntarle y conocer la opinión del Tribunal de Cuentas respecto al sistema vigente de fiscalización de las comunidades autónomas, porque tenemos un sistema de fiscalización asimétrico, descentralizado y entendemos que descoordinado. De hecho, están esos doce órganos de control externo; Castilla-La Mancha lo suprimió en 2014. Tenemos un coste de red, además, de aproximadamente 140 millones de euros y, aunque tengamos un argumento a favor de descentralizar, que podría ser reducir esa carga de trabajo, según la comparativa internacional vemos que realmente el Tribunal de Cuentas emite un número menor de informes, de forma que el coste por informe desde luego es mucho más alto. Por lo tanto, me gustaría conocer qué opinión tiene el Tribunal de Cuentas de cómo es este sistema español de eficaz y eficiente. Además, el informe es muy completo, ya que abarca todo el conjunto de entidades y organismos que integran el sector público autonómico. El resultado son esas ochenta y ocho conclusiones, en esta ocasión sumamente descriptivas y cuantitativas, pero desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos insistimos en que necesitamos conclusiones cualitativas. Y es que además echamos en falta, en un informe que es tan global -como muchas veces le hemos comentado al presidente-, esa auditoría de gestión y de objetivos. Señor Álvarez de Miranda, ¿habría otra manera de evaluar el desempeño? Quería preguntarle si se realizó alguna actuación in situ en relación con el informe o es fruto simplemente de la revisión de la documentación que ustedes solicitaron. ¿Se realizaron entrevistas personales a gestores para conocer cuáles habían sido los principales logros y problemas de la gestión de 2013?

Entrando en el informe -y ya termino- quería destacar cuatro cosas muy puntuales. En primer lugar, sobre la rendición de cuentas. Nos resulta extraño que haya plazos distintos según comunidades autónomas, con lo cual se dificulta mucho su trabajo. Nuestro grupo parlamentario ha solicitado además, mediante propuesta de resolución, una fiscalización del tamaño del sector público y su eficiencia a través de los resultados del informe Cora. Me gustaría preguntarle, señor Álvarez de Miranda, ¿es esa reducción de 2013 ya atribuible al Cora? En segundo lugar, en relación con la actividad económico-financiera pone de relieve, de nuevo, una deficiente presupuestación, especialmente en Cataluña y La Rioja, como nos ha comentado. En el cuadro 10, de financiación, en el que aparece una columna como 'otros recursos' -sumaría aproximadamente unos 12 855 millones de euros- echamos de menos una atención más detallada a estas líneas de financiación extraordinaria. ¿Cumplieron su objetivo y fueron destinadas correctamente a la finalidad debida, señor Álvarez de Miranda?

Para terminar, con respecto al ámbito de contratación, sobre todo en la conclusión 77, se nos dice que, por lo general, no se especifica con un mínimo de concreción razonable. Es decir, que solo nos queda presumir la buena fe, y en el contexto actual de desconfianza y hartazgo de corrupción esto no puede ser aceptable. Por último -y ya termino-, el cuarto punto que quería comentar es el gasto sanitario público. A Ciudadanos le gustaría que hubiese más información sobre el gasto en dependencia, que aparece citado de una manera leve en su informe. Por lo demás, quiero agradecerle su comparecencia.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente, y gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por sus explicaciones.

En estos informes, en los dos informes de fiscalización que hoy se presentan, hay dos elementos que a nuestro entender se repiten y se repiten constantemente cuando hablamos de estos temas y que son de gran preocupación para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El primero es, señor presidente, el grado de incumplimiento de la mayoría de las administraciones públicas autonómicas en torno a la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el año 2010, de 1700 entidades que estaban sujetas a la obligación de rendir cuentas, no lo hicieron 271, y en 2011 no lo hicieron 269.


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Con lo cual queremos saber qué mecanismos podemos adaptar desde esta Cámara para garantizar que la rendición de cuentas sea una obligación por parte del sector público autonómico. El segundo elemento, que también es de preocupación y que si tengo tiempo después abordaremos, es la falta de transparencia, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastan el dinero público todas las administraciones y, por supuesto, también las administraciones autonómicas. Vemos que hay algunos organismos autónomos que tienen personalidad jurídica propia y que, en cambio, no presentan sus presupuestos o su contabilidad propia, y también cómo se dificulta el seguimiento por parte del Tribunal de Cuentas, ya que algunas comunidades autónomas no especifican suficientemente los indicadores que permiten el seguimiento de los objetivos programados. Entendemos que esto tiene que ver con la falta de transparencia y queremos saber cómo evitamos que se dé esta opacidad en las administraciones públicas autonómicas.

Hay un elemento fundamental -y lo decía también el portavoz de Ciudadanos- en cuanto al gasto sanitario, incluyendo también el de dependencia. Si algo ponen de manifiesto estos informes de fiscalización es a quiénes han ido destinados los recortes de los diferentes Gobiernos del Partido Popular. En el año 2011, por ejemplo, el gasto público en sanidad se ha recortado en todos sus sectores -excepto en la mutualidad de funcionarios-, haciendo mella de una manera brutal en el Estado del bienestar. ¿De qué manera podríamos garantizar que esto se evite en un futuro? Y después hay una constante que tiene que ver con la falta de transparencia, y es que las administraciones públicas recurren constantemente y de forma periódica a generar gasto que excede de sus consignaciones presupuestarias y, a la vez, tienen la tendencia a realizar estos gastos sin la cobertura financiera, lo que conlleva la no contabilización de una importante partida de gasto derivándola a ejercicios posteriores, que es una manera de intentar disfrazar qué está pasando.

Queríamos hacer también especial mención a las universidades, aunque sin alargamos demasiado porque en la última sesión de esta Comisión ya hablamos de lo que pasaba en determinadas universidades. Pero aquí vemos cómo se repite. Por ejemplo, la prórroga presupuestaria es una mala práctica utilizada por nuestras universidades públicas. No se dotan de la contabilidad analítica, como ya vimos en los informes que preceden a este informe global. Y algo que va en contra de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestras universidades públicas: la gestión de los recursos humanos. Desde profesores a tiempo completo que ocupan, además de su puesto de trabajo, cargos de dirección en otras entidades de carácter público, incumpliendo la ley de incompatibilidades, hasta cómo se abonan al personal importes por conceptos, incentivos y ayudas totalmente carentes de cobertura legal o establecer planes de jubilación voluntarias anticipadas e incentivadas para el PDI funcionario que carecen de soporte legal. Además, estos informes de fiscalización acreditan que paulatinamente se han ido creando entes instrumentales, que parecen ser pantallas para caer en falta de transparencia y opacidad, para la gestión y el desarrollo de la actividad investigadora, con las condiciones precarias que todos sabemos que tiene el personal investigador en nuestro país. Con lo cual, nos gustaría que nos indicara qué mecanismos podemos utilizar para obligar al cumplimiento de estas obligaciones que tienen las universidades públicas.

Acabo. Hay tres elementos que también nos han llamado la atención que tienen que ver con cómo las administraciones públicas gestionan el día a día, no directamente, sino a través de empresas públicas, de fundaciones públicas y de consorcios públicos, y cómo evitar que estos, al final, se conviertan también en pantallas opacas que disfracen lo que está pasando en determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, vemos cómo hay empresas que no cumplen sus respectivas leyes de finanzas en cuanto a la dotación limitativa de los gastos corrientes y de capital. Respecto a las fundaciones públicas, que están en crecimiento, queremos saber cómo garantizar que se corrijan determinadas deficiencias de estas fundaciones y que no sean una puerta de atrás para el coladero de determinadas prácticas, que luego vemos que acaban judicializadas. Y también están en auge los consorcios públicos, que no tienen que ser una mala figura si se aplican de forma correcta, pero en algunas ocasiones las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas no siempre aprueban los presupuestos de estos consorcios autonómicos. Por lo tanto, qué mecanismos tiene el Tribunal de Cuentas y qué mecanismos podemos tener desde esta Cámara para garantizar que se evitan estos comportamientos de falta de transparencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.


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El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente, y gracias también al presidente del tribunal por su comparecencia y por su continua presencia en esta Cámara.

Son tres expedientes de fiscalización que corresponden a cuatro ejercicios económicos sobre las distintas comunidades autónomas y creo que son cuatro fotografías coincidentes con las de la cuenta general del Estado; cuatro fotografías muy similares, con problemáticas idénticas. Hablamos en primer lugar de la rendición de cuentas y se pone de manifiesto que se presentan tarde y algunas, o muchas, no se presentan. El porcentaje es de un 15 % de demora en cuanto a la presentación y un 15 % de entes que tienen que presentar las cuentas y no lo hacen. Es muy similar a lo que vemos en la cuenta general del Estado.

En segundo lugar, en cuanto a la gestión presupuestaria lo que ocurre es muy similar. Llaman la atención las modificaciones presupuestarias, en este caso ya excesivas -quizá aquí hay algo más singular-, modificaciones que van desde el 34 hasta el 57 % en algunas comunidades autónomas -llámese Valencia o Islas Baleares- y que ponen de manifiesto el escaso rigor en cuanto al ejercicio de estimaciones presupuestarias y sobre todo en cuanto al principio del límite de gasto establecido a la hora de presupuestar.

En tercer lugar y en relación con la técnica de presupuestación, también se pone de manifiesto que no se fijan los objetivos, que los programas no tienen objetivos concretos ni indicadores para la evaluación de los objetivos, algo muy similar a la rendición y al informe que se hace en relación con la cuenta general.

En cuarto lugar, la liquidación presupuestaria también es muy similar. Se observan resultados presupuestarios negativos, remanentes de tesorería negativos y no consecución del nivel establecido en los objetivos de estabilidad, con la excepción de algunas comunidades que sí han cumplido, las menos. Con esa salvedad, se pone de manifiesto que son objetivos para muchas inalcanzables y que requieren de un ajuste a la hora de su fijación, porque la no consecución de estos objetivos quita credibilidad y rigor a la propia rendición de las cuentas públicas.

En relación con los inventarios la situación es muy similar, no existen inventarios fiables, en algunos casos ni inventarios centralizados, y por tanto los fondos de dotación/amortización -en la gran mayoría de los casos inexistentes- son prácticamente inútiles o no válidos en los casos en los casos en que existen puesto que las valoraciones iniciales del inmovilizado no son valoraciones actualizadas.

En cuanto al endeudamiento, se reitera en este caso de forma superlativa. El aumento del endeudamiento en las cuentas públicas es más que evidente, ha pasado de 70 000 millones a 154 000 millones, un 150 % más de endeudamiento. Es la única salida que tienen las comunidades autónomas para abordar las estrecheces y los objetivos tan rigurosos y excesivamente estrictos que se están planteando, un mayor endeudamiento es la única forma de salvar la situación y poder cuadrar las cuentas.

En relación con la contratación también se ponen de manifiesto muchas irregularidades y me preocupa mucho. Uno de los problemas que existen en la actualidad, la corrupción, va unido a la falta de control a la hora de hacer la contratación por parte del sector público. En este caso hablamos del ámbito autonómico pero es generalizada la utilización de artimañas y argucias para contratar. Se pone de manifiesto en el propio informe: fraccionamientos de contratación, utilización de procedimientos de urgencia, de emergencia de forma injustificada, utilización de los contratos menores, utilización de pliegos de condiciones y de cláusulas administrativas muy genéricas, adjudicaciones temerarias con un obligado modificado posterior que pueda compensar hasta cierto punto el equilibrio financiero de estas adjudicaciones.

Pero hay tres cuestiones concretas con las que voy a concluir, presidente, que son lo más singular de estos tres informes. Primero, la utilización de los reconocimientos de crédito de ejercicios anteriores; más concretamente referido a gastos sanitarios. Es evidente que las comunidades autónomas tienen que hacer frente a gastos sanitarios por encima del nivel que se les está admitiendo. Me llama mucho la atención que tengan que utilizar de forma generalizada el sistema del reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores o el compromiso de gasto con carácter plurianual, pero creo -y me gustaría saber cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas al respecto- que al igual que en defensa se utilizan los créditos ampliables para evitar una situación de este tipo -es decir, tener que reconocer gastos de ejercicios anteriores-, estaría mucho más justificado que en el gasto sanitario se pudiese utilizar esta técnica presupuestaria de los gastos ampliables. Los gastos farmacéuticos, los de personal sanitario o los gastos de medios y recursos sanitarios merecen este tratamiento presupuestario para evitar esta situación de irregularidad permanente.


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Segundo, me llama mucho la atención la observación que hace el Tribunal de Cuentas en relación con la necesidad de homogeneizar los sistemas de presupuestación y de cuentas de las distintas comunidades autónomas y hace mención a su estructura y a su contenido. Me gustaría saber, en opinión del Tribunal de Cuentas y siempre bajo el principio de respeto a la autonomía y suficiencia financiera teórica reconocida en la Constitución para las comunidades autónomas, de qué forma se podría establecer un sistema homogéneo en cuanto a presupuestación, rendición de cuentas y en cuanto a su estructura y contenido.

Por último, se hace mención a las responsabilidades contables, principalmente en gastos de personal derivados de las gestiones presupuestarias de este año. Me gustaría saber la situación de esas observaciones, de esos informes, tanto por el fiscal como por la Abogacía del Estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Quiero empezar agradeciendo al presidente la exposición conjunta de los tres informes y al Tribunal de Cuentas la labor realizada fiscalizando la actividad de las distintas comunidades autónomas durante los ejercicios 2010 a 2013. Una vez más, la labor del Tribunal de Cuentas se lleva a cabo desde una perspectiva realmente amplia, que abarca todo el sector público autonómico y con un amplio espectro tanto en el ámbito subjetivo como en el objetivo, esto da idea de la enorme labor realizada en estos informes. Desde el punto de vista subjetivo no solamente abarca las administraciones de todas las comunidades autónomas sino también sus empresas, fundaciones, consorcios y universidades. Y desde el punto de vista objetivo la fiscalización abarca la rendición de cuentas, la contratación, la estabilidad presupuestaria, el endeudamiento, la concesión de avales, el gasto sanitario, la participación en el Fondo de compensación territorial. Es decir, estamos ante informes realmente amplios, globales, genéricos y lógicamente la generalidad del planteamiento de estos informes obliga en este trámite a referencias asimismo globales, sin perjuicio de que, a lo largo de la sesión de hoy, haya ocasión de profundizar en múltiples aspectos. No en vano el orden del día va a girar en su totalidad sobre el análisis de informes de fiscalización relativos a la actividad de distintas comunidades autónomas, de manera que muchas de las cuestiones que ya aparecen apuntadas en estos informes luego se van a ver de forma individualizada y habrá ocasión de ver con más detalle en los siguientes puntos del orden del día todas y cada una de estas cuestiones.

En este caso una vez más, como ocurre casi siempre que se fiscalizan distintas entidades públicas, el tribunal detecta y aprecia problemas comunes a todas ellas. Así, el catálogo de conclusiones y recomendaciones es un compendio de cuestiones que afectan a la mayoría de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las lógicas peculiaridades y particularidades en relación con cada una de ellas. Ahora bien, creo que haríamos un flaco favor a la función que corresponde al Tribunal de Cuentas o incluso a la propia función de esta Comisión mixta si dirigimos nuestros esfuerzos únicamente a analizar cuáles son las deficiencias que tienen lugar en las comunidades autónomas gestionadas por otros grupos políticos distintos del nuestro e intentamos obviar las deficiencias de las comunidades autónomas gestionadas por las fuerzas políticas a las que pertenecemos. Para que la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas cumpla con su función debemos centrar todo el esfuerzo en analizar dónde se encuentran las deficiencias y debilidades en la gestión económica, en este caso del sector público autonómico, y se encuentren donde se encuentren intentar subsanar esas deficiencias que van desgranando los informes del Tribunal de Cuentas, tanto en este informe de alcance general y global como en los informes específicos de cada una de las comunidades autónomas que a continuación iremos analizando.

Al corresponder estos informes a ejercicios distintos, en este caso hasta cuatro ejercicios, una vez más llama la atención la reiteración de determinadas observaciones que no se subsanan en posteriores ejercicios y que precisamente por eso se reiteran en los informes correspondientes a los siguientes años sin que terminen de subsanarse. En el caso de las comunidades autónomas, creo que sería necesario buscar fórmulas para que estos informes sean más efectivos a los efectos de que se vaya dando cumplimiento a los mismos, de manera que deje de ser una práctica habitual la reiteración sucesiva de las mismas deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en los distintos ejercicios. Los informes deberían servir para corregir estas deficiencias en cuanto estas se pongan de manifiesto y evitar de este modo que se aprecie, tal y como se aprecia en la lectura de estos informes, que esas mismas deficiencias


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aparecen una y otra vez en los mismos términos ejercicios tras ejercicio. Eso ocurre en todos los ámbitos del informe. Por ejemplo, en materia de rendición de cuentas, siempre, prácticamente como una coletilla, es recurrente el hecho de que los principales retrasos e incumplimientos se producen en entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios. Parece que no se hace nada para evitarlo. También en todos los ejercicios se señala que en gran parte de las comunidades autónomas la representatividad de la cuenta de resultado -leo literalmente- económico o patrimonial se encuentra condicionada por salvedades y limitaciones, y siempre es debido prácticamente a lo mismo, ya sea por la falta de registro de las amortizaciones, por la ausencia de dotaciones por depreciación del inmovilizado financiero o de provisiones para insolvencias por créditos incobrables, por lo inadecuado del procedimiento seguido para el cálculo de estas magnitudes o la insuficiencia de las dotaciones aplicadas y por la falta de adecuación a los principios contables públicos en la contabilización de las operaciones por endeudamiento. Esta frase aparece sistemáticamente año tras año, ejercicio tras ejercicio.

Lo mismo ocurre en materia de contratación. Siempre se indica que la justificación de la necesidad de los contratos para fines de servicio público no se especifica con un mínimo de concreción razonable ni se acreditan las particulares necesidades existentes en su momento. Lo mismo ocurre con los informes, que dejan muy claro año tras año que el análisis del fraccionamiento del gasto y el cumplimiento de la legalidad en gran parte de los contratos menores fiscalizados ha puesto de manifiesto la coincidencia en el objeto de las contrataciones y que su importe conjunto elude lo preceptuado en la legislación de contratos del sector público, lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o fórmulas de adjudicación con publicidad o concurrencia. Es decir, que se acude al fraccionamiento del contrato para de esa forma poder acudir también a la contratación menor y evitar la publicidad y la concurrencia. Los ejemplos serían, por desgracia, interminables. Yo creo que hay que conseguir que en las comunidades autónomas se preste más atención a los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Queda mucha tarea por hacer porque los informes de fiscalización no siempre llegan de la forma más adecuada a los órganos gestores. Yo creo que las comunidades autónomas tienen que hacer una labor en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene que ir acabando. Ha excedido ya su tiempo.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino ya, señor presidente.

Creo que hay que hacer un esfuerzo para dar mayor visibilidad a estos informes en el ámbito de las comunidades autónomas y conseguir que sean más eficaces. Los órganos gestores de las comunidades autónomas deberían prestar más atención a estos informes y buscar cauces para que las conclusiones y recomendaciones fuesen realmente tenidas en cuenta en ejercicios posteriores. Creo que serían muy útiles en este caso informes específicos.

Para acabar, dada la importancia de esta cuestión, quisiera preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas qué medidas considera que deberían adoptarse para conseguir un mayor nivel de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en sus informes por parte de los órganos de gestión de las distintas comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

El señor Ten ha puesto en cuestión el sistema vigente de fiscalización efectuado por el tribunal respecto del conjunto del sector público autonómico, calificándolo como asimétrico y con deficiencias en cuanto a su eficacia y eficiencia. También ha echado en falta la realización de fiscalizaciones referidas al cumplimiento de objetivos con conclusiones cualitativas y valorando el desempeño de los gestores. En relación con esta valoración, debo indicar que el sistema vigente de fiscalización es el que se deriva del marco legal que nos ha sido dado por las Cortes Generales. Es decir, el sistema vigente de fiscalización se basa en la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la Ley de funcionamiento, y cómo en estas leyes se establece la fiscalización del sector público autonómico, la coordinación a realizar entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos y los instrumentos para poderlo llevar a efecto. Por tanto, el marco está definido de alguna manera con carácter previo. Para las actividades que integran esa red de control formada por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo trabajamos


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de manera coordinada, nos reunimos de manera periódica, establecemos procedimientos y normas comunes de fiscalización, hemos llevado a efecto la aplicación de las Issai -las normas de fiscalización en el ámbito internacional-, así como la aprobación de la aplicación en España de ese tipo de normas.

Bien es cierto que nos encontramos con problemas que se han puesto de manifiesto en estos informes y que también escapan a la responsabilidad de los órganos autonómicos de fiscalización, como son la aprobación de las leyes financieras de cada comunidad autónoma. Las leyes financieras de cada comunidad autónoma, la normativa contable y la normativa presupuestaria que afectan a cada comunidad autónoma tienen, dentro del ámbito de las competencias que está establecido en nuestra Constitución, cierto margen de diferenciación que le es propio y que por tanto hace difícil o más complicada la realización de trabajos de esta naturaleza; trabajos en los que se vierte el conjunto de los informes sobre el sector público autonómico a través del trabajo realizado por cada institución. Nosotros creemos que lo hacemos de manera conveniente y que ponemos en relación con este tema lo que establece la ley. El artículo 27 viene a decir que el Tribunal de Cuentas, cuando informe sobre el sector público autonómico o cuando actúe sobre el sector público autonómico, deberá partir de los informes elaborados por los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Así lo dice nuestro artículo 27 de la Ley de funcionamiento y así lo llevamos a efecto en el desarrollo de nuestros trabajos.

Se nos pregunta cuántas entrevistas y cuánto trabajo de campo hemos hecho. Sobre los informes que desarrolla directamente el tribunal ejecutamos nuestros programas de trabajo de manera completa, con el desarrollo de una fiscalización como suele ser cualquier otro tipo de fiscalización que realiza el tribunal. Cuando informamos sobre lo que ha hecho un órgano de control externo partimos de su propio informe y del desarrollo que de ese informe nos hace llegar el órgano de control externo. De esta manera elaboramos ese informe para que esta Comisión mixta, este Parlamento, tenga una visión general sobre el sector público autonómico.

También se me ha preguntado, en relación con estos informes, si las reducciones son atribuibles al programa CORA. Yo creo que no se puede llegar a esas conclusiones directamente. También se me plantea una pregunta sobre un apartado concreto, el 4.10, sobre financiación y a qué fueron destinados los fondos que se incluyen en este anexo del informe del tribunal. Tendré que contestarles de manera escrita porque en estos momentos no puedo darles la información sobre un anexo de nuestro informe ya que, como ustedes comprenderán, son muy complejos.

Me ha preguntado el señor Mena, respecto del grado de incumplimiento de la rendición de cuentas -que, efectivamente, es un porcentaje importante de no rendición-, qué medidas se pueden aplicar. Lógicamente, las medidas que se pueden aplicar son las que cada tribunal de cuentas, cada órgano de control externo tiene determinadas por su normativa correspondiente, que normalmente suelen ser las multas coercitivas por la no rendición de cuentas, es decir, el establecimiento de un procedimiento de multas coercitivas que vaya destinado a que los gestores que no han rendido cuentas tengan no una sanción pero sí un procedimiento para que cumplan con su obligación y no queden exentos ni de fiscalización ni de su incorporación en el informe. También me ha preguntado qué mecanismos tiene el Tribunal de Cuentas para incrementar la transparencia en el sector público autonómico. Creo que lo fundamental es que haya una mayor celeridad en la realización de estos informes. Piensen ustedes que nosotros, para hacer este informe, tenemos que haber recibido los informes elaborados por todas las comunidades autónomas sobre su cuenta general autonómica, es decir, es un informe de cierre que solo se puede llevar a efecto cuando todos los demás órganos de control externo lo han cumplido. Nosotros intentamos que esto se vaya agilizando; en ese sentido, se puede mejorar, incrementándose la transparencia con una realización de estos trabajos más rápida.

El señor Hurtado me ha hecho tres preguntas y la fundamental, en mi opinión, es la que hace referencia a la responsabilidad contable de este informe público autonómico. Se abrieron diligencias preliminares en diferentes departamentos derivadas de los asuntos que se incluían en el informe, y estas diligencias preliminares -no voy a detallar cuáles son- han quedado archivadas en todos los casos. En relación con la responsabilidad penal, se plantearon en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 peticiones de responsabilidad disciplinaria en las universidades públicas y también en el ámbito de la contratación. Me ha preguntado sobre la utilización o no de los créditos ampliables para el gasto sanitario. El tribunal no entra a valorar medidas ni realiza recomendaciones sobre esta materia, lo que sí efectúa es una advertencia de que el gasto sanitario es conocido a fin de año, por lo que a la hora de presupuestar, lo que no se puede es ignorar los niveles de ejecución de gasto del ejercicio anterior. Por tanto, cuando se presupuesta el gasto del ejercicio siguiente se debe partir de lo que efectivamente se ha gastado en el


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ejercicio anterior y no ir a modificaciones presupuestarias que lo único que hacen es disminuir la fotografía inicial pero no adoptando verdaderamente medidas de mejora en la gestión administrativa. También me ha planteado cómo se pueden llevar a efecto políticas de homogeneización en relación con la estructura y contenido de las cuentas que, en el fondo, es parecido a lo que me ha planteado el señor Fernández sobre qué medidas deberían adoptarse. Estas medidas que podrían adoptarse de homogeneización en la estructura y contenido de las cuentas generales están en el ámbito de la coordinación entre las diferentes administraciones, es decir, entre el Estado y las comunidades autónomas. En esas mesas y en esos foros es donde las leyes financieras deberían establecer un acercamiento para que tanto plazos de rendición de cuentas como la propia estructura de la rendición de cuentas tuvieran una cercanía porque, desde el punto de vista de la valoración conjunta y la comparación de la gestión de las diferentes comunidades autónomas, sería mucho más razonable y efectivo hacerlo de esa manera. Sería en ese ámbito. No es propio de los tribunales de cuentas regular las leyes financieras, no nos corresponde. Nosotros estamos más en la realización de trabajos de fiscalización. Es en ese terreno donde se pueden encontrar medidas que mejoren la rendición de cuentas y la transparencia de las cuentas de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE III:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000061).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000129).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000172 y número de expediente del Senado 771/000174).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate del tercer bloque, que corresponde a los informes anuales de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja del ejercicio 2012, 2013 y 2014.

Tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda Torres): Gracias, presidente.

Los informes de la Comunidad Autónoma de La Rioja se aprobaron los días 30 de octubre de 2014, 25 de febrero de 2016 y 22 de diciembre de 2016 para los ejercicios correspondientes a 2012, 2013 y 2014, respectivamente. La cuenta general de cada ejercicio fue rendida dentro del plazo. Con carácter general, las cuentas que la integraban se presentaron de conformidad con los principios y normas contables aplicables, sin perjuicio de las salvedades y observaciones que se incorporan en cada informe. No obstante, existen discrepancias sobre las entidades que se integran en la cuenta general.

En 2012 se inició un proceso de reordenación y reestructuración del sector público riojano que supuso la extinción de seis entidades y la suspensión de otra, con unas estimaciones iniciales de ahorro de 20 millones de euros para 2012 y 28 millones para 2013, con unos costes asociados de 0,17 millones de euros. En los tres ejercicios se detectaron gastos devengados y no contabilizados, en su mayor parte de naturaleza sanitaria y farmacéutica del Servicio Riojano de Salud, que fueron imputados al ejercicio siguiente en virtud de las correspondientes disposiciones normativas. Esos gastos alcanzaron al menos 15 millones de euros en 2012, 10,6 millones en 2013 y 13,5 millones de euros en 2014. La Comunidad Autónoma de La Rioja cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2012 al haber registrado un déficit del 1,06 % del PIB regional frente al objetivo del 1,5 % y para 2013 al haber alcanzado un déficit del 1,02 % siendo el límite el 1,06 %. En cambio, en 2014 incumplió el objetivo establecido del 1 %, presentando una necesidad de financiación del 1,26 %. El Plan económico financiero elaborado como consecuencia de ello no llegó a ser aprobado al no haberse reunido a tal efecto el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También incumplió el objetivo de deuda para 2014, fijado en el 16,4 % del PIB


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regional, llegando hasta el 16,8 %. Al cierre del ejercicio 2014 la deuda financiera de La Rioja había experimentado un incremento en los últimos cinco ejercicios del 299 %.

Respecto a las medidas de apoyo a la liquidez, la comunidad se adhirió inicialmente al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, pero no así al segundo tramo del mismo ni al Fondo de Liquidez Autonómico. En 2014 consiguió cumplir el plazo máximo del pago a proveedores, al ascender a 26,3 días frente al límite máximo de 30 días previsto en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Por lo que respecta al gasto sanitario, destaca la recurrente situación deficitaria de las fundaciones Rioja Salud y Hospital de Calahorra, que dieron lugar a una serie de acuerdos adoptados por el consejo de gobierno encaminados a su saneamiento financiero a través de la asunción de deuda comercial y financiera por importe de 32 millones de euros en 2014 y 14,5 millones en 2015. Entre los ejercicios 2010 y 2014 se observó una reducción de los gastos de personal, motivada principalmente por la disminución de las retribuciones de los empleados públicos. La tendencia se rompe en 2014 con un repunte del 2 % motivado principalmente por el abono a cuenta de parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012, así como por el aumento de personal docente interino y la contratación de personal temporal laboral en la fundación Hospital de Calahorra.

En materia de contratación pública se observa la ausencia de una adecuada justificación de su necesidad, así como deficiencias que afectan a la determinación de los criterios objetivos de adjudicación y asimismo a la información de contratación llevada a cabo por las empresas y otras entidades de derecho privado integrantes del sector público en La Rioja.

En 2013 se analizaron las ayudas a la formación profesional para el empleo que puso de manifiesto la existencia de incoherencias entre la legislación autonómica y la europea, entre otros aspectos en la posible subvención de los gastos y su justificación, lo que dio lugar a un elevado volumen de gastos que no cumplían los requisitos de estabilidad para el programa operativo del Fondo Social Europeo. Ello unido a significativos retrasos en los procedimientos de comprobación de las ayudas dio lugar a una infrautilización de la financiación europea prevista. Por otro lado, las ayudas directas otorgadas al Consejo de la Juventud de La Rioja adoleció de deficiencias de justificación e incumplimientos de las obligaciones impuestas al beneficiario que pudieron dar lugar a exigir el reintegro de las mismas, encontrándose en curso en la fecha de emisión del informe las acciones previstas en la Ley de hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Finalmente, el tribunal ha venido apreciando avances en lo que se refiere al cumplimiento de sus recomendaciones. No obstante, ha venido reiterando las que consideraba que no se encontraban totalmente implantadas, así como añadiendo nuevas recomendaciones fruto de los resultados de fiscalización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas. Bienvenido.

De los informes anuales de fiscalización de La Rioja se concluye que existe una gran falta de transparencia respecto a las cuentas públicas. En este sentido, celebramos la reciente aprobación de la Ley de cuentas abiertas, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos de La Rioja, cuya aplicación esperamos que mejore la situación actual de falta de transparencia y gestión opaca. En efecto, los informes de 2012, 2013 y 2014 señalan que, al igual que en ejercicios anteriores, la Comunidad Autónoma de La Rioja gestiona una parte muy significativa de las subvenciones autonómicas otorgadas mediante el procedimiento de concesión directa instrumentado, bien directamente a través de la orden de la consejería concedente o bien a través de convenio de colaboración, y recuerda que este sistema debe ser utilizado de manera excepcional debiendo utilizarse como norma el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. Por tanto, animamos a la Comunidad Autónoma de La Rioja a restringir su uso. La asignación de ayudas, subvenciones u otro tipo de partidas ha sido ampliamente cuestionado en La Rioja y actualmente se está desarrollando en el Parlamento autonómico una comisión de investigación respecto a los fondos asignados por el diputado Emilio del Río a diferentes medios de comunicación en su etapa como consejero de Presidencia. Sería importante conocer si se ha realizado alguna actuación por parte de la fiscalía del Tribunal de Cuentas. La asignación directa puede resultar arbitraria o atender a la creación de un régimen caciquil, por lo que resulta altamente cuestionable el uso reiterativo de este


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sistema en la asignación de ayudas públicas. Por eso, dado que este mecanismo se repite a través del tiempo, preguntamos a este Tribunal de Cuentas qué herramientas habría que desarrollar para evitar este uso perverso de la norma.

Respecto a la publicidad de las cuentas públicas, La Rioja carece de una aplicación informática que posibilite la obtención de datos históricos sobre los saldos de las cuentas no presupuestarias de deudores y acreedores. Se aprecia también una falta de control interno en la gestión de tesorería, recomendación mantenida desde años anteriores y desoída por el Gobierno riojano de manera reiterada. Sorprende también saber que el Gobierno riojano desconoce cuáles son las entidades integrantes del sector público de la comunidad autónoma, habiéndose olvidado en varios ejercicios del Consorcio de aguas y residuos de La Rioja. El olvido nada menos que de una empresa pública tan importante como la mencionada muestra una tremenda falta de rigor por parte del ejecutivo riojano en su cumplimiento de los requisitos de transparencia y gestión pública. Preocupa altamente la falta de inclusión de esta y otras entidades en las cuentas de los distintos ejercicios, a pesar de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al respecto, tales como el Consorcio para el servicio de extinción de incendios, Salvamento y Protección Civil, las de la fundación Dialnet y la fundación Patrimonio Paleontológico. Cabe preguntarse si hay algún motivo para no presentar estas cuentas y si hay algo que esconder aquí puesto que no hace mucho La Rioja se sorprendió al conocer la privatización del parking del hospital San Pedro, hecho que permaneció escondido para que la ciudadanía no supiera que el Gobierno de Pedro Sanz había entregado los aparcamientos de un hospital público a una empresa privada y que en el futuro no sería un parking gratuito como lo había sido siempre. Respecto al control interno, podríamos concluir que La Rioja suspende en la materia, tal como señalan los informes, que denuncian una reiterada falta de seguimiento de objetivos en los programas presupuestarios del ejercicio por parte de las consejerías o la falta de controles de eficacia y eficiencia, previstos en el artículo 170 de la Ley General Presupuestaria.

Por otro lado, la gestión de la tesorería autonómica ha venido presentando deficiencias y carencias, como la ausencia de una definición clara de funciones y responsabilidades de las unidades que integraban el propio servicio de tesorería. Por ejemplo, en 2012 no se reflejó el efectivo situado en 107 cuentas bancarias restringidas de recaudación y en 16 cuentas bancarias de fondos a justificar. En definitiva, podemos decir que respecto a la transparencia de las cuentas públicas La Rioja obtiene una calificación muy deficiente. Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea animamos al nuevo Gobierno a no continuar la senda del ejecutivo Sanz marcado por la opacidad y las adjudicaciones a dedo por parte, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia de Emilio del Río. Como he dicho antes, la aprobación de la Ley de cuentas abiertas a propuesta de nuestros compañeros del Grupo Podemos en la comunidad autónoma permitirá enmendar deficiencias actuales en materia de transparencia para que la ciudadanía pueda conocer la totalidad de las cuentas autonómicas y así evitar la apropiación, desvío o malversación de fondos públicos puesto que nosotros creemos que la transparencia es la mejor medida contra la corrupción.

Por último, parece que, lamentablemente, La Rioja sí aprobó con nota los requisitos establecidos por el Gobierno central respecto a los objetivos de estabilidad y planes de ajuste. El resultado de estas políticas en esta comunidad ha sido una creciente desindustrialización, con el cierre de importantes empresas y un empobrecimiento de la ciudadanía. Por ello, sostenemos que el objetivo principal en los presupuestos de la comunidad deben ser la creación de empleo digno y el sostenimiento de los servicios públicos. Animamos al Gobierno de La Rioja a cambiar las políticas de austeridad por otras centradas en la gente para que esta región pueda tener un futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Luena.

El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas, voy a destacar algunas cosas porque, aunque me siento satisfecho con el informe o resumen que ha hecho, quiero que consten en el Diario de Sesiones y finalmente para que la utilidad de esta Comisión, que es de control de las instituciones, tenga una función más eficaz y que esas recomendaciones que supongo que haremos en comisiones posteriores puedan servir.

En 2012 se observan indicios de responsabilidad contable y también de responsabilidad penal. Creo que cuando se habla de las cuentas de una comunidad esto tiene su importancia. Los de responsabilidad


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contable son, según dice el informe, por posibles derechos perjudicados por prescripción y por contratación administrativa. Atención, porque posiblemente tengan que ver con el Palacio de Justicia. Pero voy a los de responsabilidad penal. Se dice: fraccionamiento en el objeto de los contratos para la adquisición de alimentos por el servicio de salud de La Rioja -que, por cierto, ya estaba denunciado en informes de los dos ejercicios anteriores, 2010 y 2012-, servicio de red de comercio internacional, deficiencias en la actuación de la mesa de contratación en la tramitación de contrato... Es decir, oscurantismo, clientelismo, falta de igualdad o pongámoslo como queramos. Lo cierto es que, dentro de estos supuestos de posible responsabilidad penal, se dice: ausencia de justificación del recurso al procedimiento excepcional de concesión de subvenciones por concesión directa -por cierto, denunciado también en los dos ejercicios anteriores- y deficiencias en la concesión de subvenciones por parte de la ADER (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja). La compañera de Podemos decía algo al respecto.

Esto es lo que venía sucediendo en La Rioja, pero como consecuencia de una enmienda del Grupo Socialista, aprobada en el Parlamento y publicada después en el boletín oficial, el Gobierno actual de La Rioja, en relación con estas subvenciones -es importante que usted lo conozca- dice que hay que hacer -no es literal- una utilización racional, equilibrada, proporcional de las subvenciones a los municipios y no como venía sucediendo. Como ve, las propias instituciones riojanas le van a ayudar en su trabajo. Es verdad que en 2013 choca que haya dos consorcios, entre ellos el Consejo de la Juventud, y tres fundaciones que quedan fuera. La comunidad -lo ha dicho usted y lo reitero- no ha reconocido presupuestariamente los déficits acumulados de las fundaciones Hospital Calahorra y Rioja Salud, y es desconcertante lo siguiente: los derechos presupuestarios pendientes de cobro se elevaban al cierre de 2013 a 63 millones de euros.

En cuanto al área sanitaria, sigue sin formalizar un plan estratégico o contrato-programa -dice el informe- con la gerencia del servicio riojano, con el consiguiente sistema de objetivos e indicadores, y ¡atención!, en cuanto al establecimiento de conciertos con terceros, sigue sin realizar estudios para determinar las tarifas aplicables, sin elaborar manuales de procedimiento que regulen la derivación de pacientes y sin exigir la documentación suficiente a aportar, junto con la facturación de terceros, para comprobar la efectiva realización de los servicios facturados. Es decir, en esos años -y en este año concreto de 2013- no ha habido, según el informe, control alguno sobre los conciertos sanitarios; control alguno. No sé si usted nos puede desarrollar algo más lo que nos ha dicho ya en su intervención sobre esto y sobre lo que viene en el informe de 2013. Como conclusión, la actividad política sufre de una falta de transparencia que raya en lo intolerable.

Para seguir el dinamismo que observo en la Comisión, voy rápidamente con 2014, con el último; por cierto, de los primeros en los que el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado no aprecian indicio alguno de responsabilidades penales o contables. Ha costado llegar, pero hemos llegado a 2014 y ya no hay esos supuestos o posibles indicios. Voy a destacar alguna cosa, concretamente dos. Seguimos con una ausencia de regulación suficiente sobre derivación de pacientes y, ¡atención!, porque esto tiene algo que ver también después con la gestión de las listas de espera -en su informe de 2014 se puede ver perfectamente en las páginas 98 y 99. Sobre la gestión de la deuda, ya venía y usted ha dicho algo, pero en este informe de 2014 se nos da un dato en la página 133...

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que ir acabando, señor Luena.

El señor LUENA LÓPEZ: ... que dice: evolución de un 229 % de aumento de la deuda. Por tanto, debe mejorarse la transparencia en relación sobre todo con la sanidad. Bienvenida sea esa enmienda que hace proporcional la asignación de subvenciones para que no sean directas, es decir, aquel reconocimiento por parte del Gobierno de La Rioja de eso que podríamos denominar el "como venía sucediendo", que parece que ya se ha terminado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Antoñanzas.

La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias.

Primero, me sorprende gratamente tener de interlocutor a otro riojano, al señor Luena, tan preocupado por La Rioja cuando sabe usted que en esta Comisión varias veces se ha tratado este asunto de La Rioja. Parece que el riojanismo nos viene hoy y no hace días cuando pasó otro asunto relacionado con la Rioja


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ni hace unos meses cuando también tratamos otro asunto de La Rioja. ¿Esas comisiones en qué se han basado, qué tienen en común? En que han brillado por su ausencia. Importa esta semana; no sé qué habrá esta semana importante para que venga usted aquí a hablar de algo de corrupción, cuando en La Rioja no hay nadie imputado. No sé de qué posibilidades o no posibilidades está usted hablando, pero yo me voy a referir ahora al Tribunal de Cuentas.

El informe del Tribunal de Cuentas sí nos destaca la buena gestión del Gobierno de La Rioja y sí nos dice en los tres informes que ha destacado en los avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores. Y es que este informe destaca los objetivos de estabilidad presupuestaria en materia de déficit y deuda, que demuestran así la buena gestión del Gobierno de La Rioja. Son especialmente significativos los relacionados con la gestión presupuestaria y la reorganización de sector público, así como con el control financiero de las consejerías, el desarrollo normativo de la Ley de patrimonio de la comunidad, la elaboración de criterios para la formación y valoración de su inventario, la regulación del procedimiento de presupuestación de empresas y fundaciones autonómicas. Sobresale el compromiso de La Rioja con la consolidación fiscal, y el documento valora positivamente el objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2013, que fue un ejercicio en el que hubo déficits individualizados para las comunidades autónomas, siendo La Rioja una de las más exigentes. También se destaca y se especifica que La Rioja no se vio obligada a elaborar un plan económico-financiero. Y hay, efectivamente, una serie de recomendaciones; objetivo permanente por el que trabaja el Gobierno de La Rioja, como la Ley de hacienda pública, en el que la ley establece criterios uniformes para la formación, actualización y valoración del informe general de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de La Rioja; también se suman cuestiones relacionadas con la Consejería de Salud a los datos sobre listas de espera en las distintas especialidades, así como otras recomendaciones que fueron adoptadas, como la orden que recoge las líneas de subvenciones de concesión directa en el sector público de La Rioja. Así pues, el Ejecutivo riojano ha reforzado su compromiso con la transparencia para mejorar el control interno de las subvenciones y así conseguir una mayor eficiencia y una mayor asignación y dotación de recursos. También hay recomendaciones relacionadas con la contratación. Y se ha facilitado que los licitadores de su oferta puedan explicar cómo repercuten esas mejoras en el funcionamiento del servicio, por lo que se considera que esos criterios son objetivos y transparentes.

Además, seguimos avanzando y, efectivamente, llegamos a 2014, y en 2014 la gestión del gasto social ha permitido situar a La Rioja a la cabeza de los resultados obtenidos en educación y en prestaciones sociales y sanitarias. En este sentido, La Rioja fue la tercera comunidad que menos aumentó su deuda en 2014, por detrás de Galicia y Madrid, de forma que cerró el año con un 16,4 % del PIB regional, mientras que la media de las comunidades autónomas fue del 22,4 %. El informe del Gobierno de La Rioja apostó por la calidad de los servicios públicos, incrementando los gastos sanitarios y farmacéuticos del Servicio Riojano de Salud, aumentando el personal docente interino y la contratación de personal laboral temporal en la Fundación Hospital de Calahorra. Pero también es significativo, y se desprende de los datos obtenidos por el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que se sitúe la media de días de espera en la comunidad de La Rioja en 435, frente a los 921 días que representa la media nacional. Además, no existen pacientes con más de seis meses de espera, mientras que el nivel nacional del porcentaje de pacientes se sitúa en el 8 % y todo ello ejecutado al 92 % del presupuesto. Es verdad que se habla de las fundaciones Rioja Salud y Hospital de Calahorra, pero se ha permitido que a día de hoy estemos en una situación normalizada y en una situación patrimonial de los dos entes claramente controlada. Para el Gobierno de La Rioja lo realmente importante es que se ha conseguido gestionar una política de endeudamiento que ha aportado financiación a un coste razonable y sin subir impuestos, con un nivel de prestación de servicios que hoy los ciudadanos ya están valorando con la percepción de su sistema sanitario. En el último barómetro sanitario recogido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se revela que los cirujanos otorgan a su sistema sanitario la mejor valoración de toda su serie histórica, con una nota de 7,22, más de medio punto superior a la media del resto del país.

Cuando habla de historia, historia e historia, yo le recuerdo que los datos que se manejaban en el Tribunal de Cuentas cuando gobernaba su partido distaban muchos de los datos que refleja ahora el tribunal cuando gobierna el Partido Popular. Las personas, los riojanos, saben lo que quieren, y por eso cuando hacen ustedes esas valoraciones sobre que posiblemente...

El señor PRESIDENTE: Señora Antoñanzas, tiene que ir acabando.


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La señora ANTOÑANZAS GARRO: ..., ellos eligen, y por eso ustedes llevan veintidós años en la oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para dar contestación a los distintos planteamientos de los portavoces, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda Torres): Muchas gracias, presidente.

Intervengo fundamentalmente para responder a aquellas preguntas que le han formulado, dado que, como en casos anteriores, las valoraciones que los diferentes intervinientes han efectuado sobre la gestión de la comunidad autónoma no me corresponde comentarlas.

Se me pregunta fundamentalmente por el resultado de la actuación tanto de la fiscalía como de la Abogacía General del Estado en el tribunal respecto de estos informes, para conocer con mayor detalle cuál es el resultado de las acciones o los informes que formularon en su momento, y he de indicar que respecto de los ejercicios 2013 y 2014 no se formularon peticiones de responsabilidad ni contable ni en el ámbito penal.

En el ejercicio 2012 se formuló un conjunto de cuestiones relacionadas con responsabilidad contable que han resultado todas archivadas y, eso sí, se envió testimonio a las fiscalías correspondientes relativo a falta de justificación en los procedimientos de concesión directa de subvenciones o también de contrataciones.

Muchas gracias.

BLOQUE IV:

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de expediente del Senado 771/000064).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000127).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000183 y número de expediente del Senado 771/000177).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el bloque número IV del orden del día que corresponde a la Comunidad de Cantabria, a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. De nuevo tiene la palabra para explicar y resumir los informes el señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Los informes de 2012, 2013 y 2014 se aprobaron en febrero del año 2014 y en diciembre de 2016 respectivamente. Cabe resaltar que en los informes relativos a 2014 no se lleva a cabo un tratamiento específico de la contratación administrativa como sucede en ejercicios anteriores, toda vez que el programa de fiscalización es de 2016 e incluyó la fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órganos de control externo, ejercicios 2014 y 2015, y por lo tanto, se incorporarán en dicho informe.

Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, la cuenta general de la comunidad autónoma y la mayor parte de las individuales correspondientes a cada uno de los ejercicios fiscalizados se rindieron al tribunal dentro del plazo legalmente establecido. No obstante, los organismos autónomos Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo e Instituto Cántabro de Servicios Sociales seguían sin elaborar cuentas específicas, integrándose en las de la Administración General del Estado frente a lo señalado al respecto por el Tribunal de Cuentas y por esta propia Comisión Mixta. Respecto al control interno, en los tres ejercicios fiscalizados seguía sin


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realizarse un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio de control financiero previsto en la Ley de Subvenciones de Cantabria, que debe ser remitido al Tribunal de Cuentas.

Las cuentas individuales de la Administración General, las de los entes administrativos y las de las entidades sujetas a derecho privado se presentaron con carácter general de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los correspondientes planes de contabilidad sin perjuicio de determinadas salvedades y observaciones que quedan recogidas en los respectivos informes.

La cuenta por acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto presentaba al cierre de cada ejercicio un saldo de 17 millones de euros en 2012, 48 en 2013 y 50 en 2014. En 2012, se aprobó un crédito extraordinario por importe de 288 millones de euros para aplicar al presupuesto la mayor parte de los gastos registrados en 2011 en dicha cuenta, 301 millones. Se imputaron al presupuesto corriente 8 millones de euros en 2013 y 40 en 2014 procedentes de ejercicios anteriores, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Finanzas de Cantabria al utilizar los créditos anuales para contraer obligaciones derivadas de adquisiciones, servicios y demás prestaciones o gastos no realizados en el propio ejercicio presupuestario.

En relación con las cuentas de las empresas públicas, la sociedad CEP Cantabria procedió a la reversión del deterioro del crédito que tenía con la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística sin que de la información recogida en las cuentas anuales se desprenda evidencia suficiente para ello. La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica mantenía sobrevalorada en al menos 3 millones de euros su participación en la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas y la Fundación Festival Internacional de Santander no reflejaba en sus cuentas anuales el uso gratuito de instalaciones. En cuanto a las relaciones financieras mantenidas por el Real Racing Club de Santander, la operación de afianzamiento de la situación financiera de dicho club había supuesto en su conjunto, a 31 de diciembre de 2012, un desembolso de recursos entregados al Racing de 18 millones de euros en concepto de compra de marcas y derechos federativos. El Instituto de Finanzas de Cantabria, que había adquirido a CEP Cantabria la posición de bonista único del fondo de titulación mediante el que se financió la operación, reconoció el deterioro total del derecho de crédito cedido al fondo, 11,8 millones, incluyendo intereses debido a su dudosa recuperabilidad. En 2014 se acordó el inicio del procedimiento de revocación de la subvención nominativa concedida al Racing de Santander, de la cual derivaban obligaciones reconocidas en los ejercicios 2012 y 2013 que estaban pendientes de pago. Sin embargo, en 2016 se declaró la caducidad del expediente al haber transcurrido más de un año desde el inicio del procedimiento de revocación y reintegro sin que este hubiese finalizado.

Los compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria y de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria al proyecto Ecomasa en forma de avales, préstamos y participación en capital pueden desembocar en unas pérdidas para la comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros. La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística y las Fundaciones Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y Festival Internacional de Santander no respetaron la prohibición establecida con carácter básico en la Ley de Presupuestos del Estado de 2014 al contratar trabajadores con carácter indefinido. Los objetivos de estabilidad presupuestaria se incumplieron en 2013 con una desviación del 0,06, y en 2014 con un exceso del 0,65 del PIB regional, por lo que fue necesaria la elaboración de un plan económico-financiero en ambos ejercicios. En cambio, sí se cumplieron los objetivos de deuda en ambos ejercicios. La Comunidad de Cantabria se acogió al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores y posteriormente se adhirió al Fondo de Liquidez Autonómico, del que recibió 137 millones de euros en 2012, 327 millones de euros en 2013 y 345 millones en 2014.

Finalmente, en el área de la contratación pública se reiteran las mismas deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores, y además, con respecto a 2014, se señala la utilización de la figura de la encomienda de gestión como instrumento para no aplicar los requisitos más rigurosos de la normativa contractual pública.

Respecto al seguimiento de recomendaciones de informes anteriores, no se aprecian avances reseñables en el ejercicio de 2014, así como tampoco sobre las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta, que no han sido llevadas a cabo en su totalidad, si bien la rendición de cuentas de todas las entidades integrantes del sector público regional puede considerarse razonablemente cumplida.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Alonso.

La señora ALONSO CLUSA: Gracias, presidente. Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas.

Una vez analizados los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas sobre Cantabria correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe anual de fiscalización del ejercicio 2012, reiteradas en gran medida en el informe de 2013, se pone de manifiesto que en general no se han apreciado avances reseñables para corregir la situación; estos informes caen en saco roto. Además no vemos adecuado ni normal que estos informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, cinco años después de que se cerraron los ejercicios, se presenten en el año 2017, esto no es serio. Esta tardanza provoca preocupación social por la opacidad y la ausencia de ética pública, detonantes del fraude y del despilfarro en el manejo de los caudales públicos. Debemos poner los medios necesarios para que dicha fiscalización sea el instrumento básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los abusos de todo tipo que tanto indignan a la ciudadanía.

En cuanto a la fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, podemos destacar, en primer lugar, que los organismos autónomos, los entes públicos, empresas públicas, entes empresariales y fundaciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria que conforman la cuenta general siguen incumpliendo en tiempo y forma la rendición de cuentas desde 2012, incluso haciendo modificaciones legislativas en Cantabria que van en la línea opuesta al contenido de la resolución de 8 de abril de 2014 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se establece que el plazo de rendición de las cuentas se debe adelantar al 30 de junio del ejercicio siguiente, y el Gobierno del Partido Popular en esos años lo retrasó hasta el 31 de octubre y obstaculizó al Tribunal de Cuentas su labor.

En segundo lugar, es necesaria la dotación de medios al Servicio Cántabro de Salud, al Servicio Cántabro de Empleo, al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales con el fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución presupuestaria. Nos gustaría saber si se está haciendo algo al respecto que les conste o si vamos a seguir sin saberlo.

En tercer lugar, una recomendación importante que consideramos grave es la relacionada con la contratación administrativa, en la que se mantiene una deficiente justificación de la necesidad a satisfacer y el empleo de criterios de selección no suficientemente precisos en las cláusulas administrativas particulares, así como la realización de modificaciones sin acreditar la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no susceptibles de previsión, que no es conforme con los principios de publicidad, transparencia y objetividad. Esta es una práctica muy habitual en muchas comunidades autónomas, por lo que nos gustaría preguntarle si se han propuesto algunas medidas o si vamos a seguir en los siguientes informes con los mismos procedimientos inadecuados.

Para terminar, debemos tener un Tribunal de Cuentas independiente y dotarlo de recursos humanos y materiales para que agilice en tiempo su labor de control externo. También es cierto que, aunque detecta muchas irregularidades, no se hace nada o casi nada para que esta situación cambie.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alonso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene al palabra el señor Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia.

Espero que nadie piense que esta mañana, dado que tenemos una semana con muchas noticias, yo, que soy gallego, vengo aquí a hacer un mitin de Cantabria o mucho menos a salirme fuera del contexto de esta Comisión, que básicamente se dedica a fiscalizar los procedimientos administrativos y la gestión, tal y como ya se ha hablado a lo largo de la mañana.

Voy a mencionar aquellos aspectos que me han parecido más relevantes de los informes presentados por el Tribunal de Cuentas. Tal y como se ha dicho anteriormente, parece poco razonable caer en los mismos errores recogidos en los informes de 2012, de 2013 y de 2014. También me sumo a la necesidad de que estos informes lleguen con mucha más diligencia. Después de cinco años, deberíamos tener una


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información de primera mano para conocer mucho mejor cómo se están llevando a cabo los procesos administrativos en cada una de las comunidades. Y en lo referido a la Administración general, quiero señalar que en los tres informes se reitera que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria no presenta ni objetivos ni indicadores, lo cual dificulta mucho el seguimiento, y que existen errores reiterados en lo relativo a determinados consorcios. Concretamente, se menciona el consorcio para los museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes y además se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas, después de haber habido informes de actuación por parte de la Intervención General, que no consta que la comunidad autónoma haya realizado actuaciones complementarias. Por otro lado, se reitera en cada uno de los tres informes la inexistencia de un sistema integrado de contabilidad. Se dice que se han hecho algunos avances en el año 2014; sin embargo, se sigue recogiendo como importante que hay defectos en el inventario general de bienes y debilidades en el procedimiento del registro de ingresos. Y otro aspecto muy importante es el referido al control de las subvenciones. En algunos de los informes se dice directamente que es muy deficiente, por lo que quiero insistir en la necesidad de que de alguna manera el Tribunal de Cuentas realice alguna actuación de carácter preventivo para que se puedan ir resolviendo u oriente a la comunidad autónoma para que se pueda llevar un control más eficaz del mismo.

Por reseñar alguna cuestión positiva, si bien en el año 2012 se recogía que el periodo medio de pago a proveedores se situaba en 235 días, posteriormente se reconoce que cuando el Gobierno de Cantabria se adhiere al mecanismo extraordinario de financiación de proveedores se reduce notablemente este periodo medio de pago. Sin embargo, en todos los informes aparece recogido, algo que nos parece extremadamente relevante, que en el área de la contratación administrativa hay notables defectos en lo referido a las justificaciones en la elección del procedimiento y en los criterios de adjudicación, cuestiones estas que en algún caso han provocado actuaciones de tipo penal. Hay declaraciones de urgencia con motivos genéricos no suficientemente justificados y, tal y como se dijo anteriormente, la utilización de cláusulas particulares de carácter genérico e -se llega a decir- idénticas para la generalidad de los expedientes, defectos que consideramos graves y, tal y como se reconoce en todos y cada uno de los informes, que se están reiterando en el tiempo.

Sería necesario, pues, que el grado de implantación de las recomendaciones de los informes que emite el Tribunal de Cuentas fuese mucho mayor, pues, tal y como se reconoce, es muy reducido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene de nuevo la palabra el señor Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero agradecer al señor presidente la exposición de los tres informes y al Tribunal de Cuentas la labor realizada, fiscalizando la actividad de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante los ejercicios 2012-2014, que es el núcleo duro de la anterior legislatura. Cuando se inicia una nueva legislatura, el funcionamiento del sector público de esa comunidad autónoma, lógicamente, hereda la gestión que se venía realizando en ejercicios anteriores y por eso la práctica totalidad de las deficiencias son las que se venían arrastrando y deben ser subsanadas. Además, hay que añadir que la herencia recibida en este caso fue la derivada de una situación de crisis económica que se estaba viviendo durante estos años fiscalizados y durante los años anteriores, concretamente en la Legislatura 2007-2011. Esta legislatura se caracterizó, además de por una profunda crisis económica, por ser un periodo en el que en Cantabria se hicieron tristemente famosas las llamadas facturas en los cajones, fenómeno que obligó a adoptar importantes medidas legislativas para evitar una forma de proceder que distorsionaba por completo las cuentas públicas de la comunidad. El caso más claro fue el de las cuentas del Servicio Cántabro de Salud, donde, como señala el informe de 2012, había un desajuste entre el gasto real y el presupuesto y por eso hubo que incrementar la dotación inicial en un 45 %, dada la deficiente presupuestación que veníamos heredando. Esta situación tiene su explicación en el hecho de que buena parte de los gastos del Servicio Cántabro de Salud no estaban reconocidos y a veces ni siquiera estaban contabilizados. Es decir, existían facturas en los cajones por valor de varios cientos de millones de euros. Así lo refleja el informe cuando dice que a 1 de enero de 2012 se mantenían pendientes de reconocimiento gastos derivados de prestaciones realizadas en ejercicios anteriores por importe de 261 millones de euros, concretados en la partida de productos farmacéuticos y material sanitario. Eso llevó a que en el año 2012, en Cantabria se tuviera que aprobar la Ley 6/2012, de 28 de noviembre, que concedió un crédito extraordinario para la cobertura de las insuficiencias citadas por actuaciones anteriores al 1 de enero de 2012 y destinó al


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Servicio Cántabro de Salud más de 250 millones de euros, y es que, como dice el informe, el Servicio Cántabro de Salud tenía pendientes de reconocer y en muchos casos de contabilizar -de ahí las llamadas facturas en los cajones- gastos generados en 2009 por 27 millones, cien millones en 2010 y 118 millones en el año 2011. Eso se soluciona y por eso contrasta con el informe del año 2013, que dice que al cierre de 2013 ya no existían facturas pendientes de registrar ni gastos devengados que no se hubieran contabilizado correctamente.

La situación de las cuentas de Cantabria era ciertamente complicada, pese a los esfuerzos que se realizaron en los ejercicios correspondientes a los informes ahora fiscalizados. Así, en el ejercicio de 2012 se deja constancia de aspectos como la reducción y extinción de entes públicos y empresas públicas. En 2012, el sector público empresarial redujo sus gastos un 21 %. El plan de reequilibrio que aprobó Cantabria en febrero de 2012 preveía la supresión de empresas públicas y fundaciones públicas y el 30 de junio de 2014 ya se habían eliminado veintiuna de las veintitrés entidades previstas. Se habla también de una reducción de las pérdidas de las empresas públicas. Se mejoró en el año 2012 la situación en un 43 %, aunque en años sucesivos lo cierto es que la situación volvió a empeorar. Y asimismo se habla de la adhesión al mecanismo extraordinario de financiación para pago a proveedores, que permitió reducir los periodos de pago, o al Fondo de Liquidez Autonómica, con las mejoras que todo ello supone.

Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria la herencia recibida se aprecia igualmente en el análisis que hace el informe del año 2012. Se pone de relieve el esfuerzo que hizo la Comunidad Autónoma de Cantabria para cumplir los objetivos de déficit y de estabilidad, que venían siendo sistemáticamente incumplidos en años anteriores. Por eso el informe de 2012 nos dice que de los datos existentes en el mes de octubre de 2013 -y cito literalmente- al realizar el Estado español la notificación a la Unión Europea, en el contexto de procedimiento de déficit excesivo, se deduce un déficit para esta comunidad del 1,51 %, coincidiendo por tanto con el objetivo fijado. Igualmente el objetivo de estabilidad relativo al ejercicio 2013 ha sido cumplido, por lo que al situarse la comunidad dentro de los límites de déficit establecidos no ha sido necesaria la presentación de nuevas medidas correctivas, como los planes económico-financieros previstos en la Ley Orgánica 2/2012.

En relación con la contratación administrativa encontramos deficiencias similares a las descritas con carácter general para otras comunidades autónomas, que son las mismas que se venían produciendo en situaciones anteriores. De hecho la única cuestión de naturaleza penal -como bien sabe el representante del Grupo Socialista- se deriva de la etapa anterior, es la empresa pública del Gobierno del Partido Popular la que denuncia ante los tribunales penales la situación preexistente. Las deficiencias son las mismas, las insuficientes justificaciones de la necesidad de contratar, etcétera.

Respecto al seguimiento de las recomendaciones encontramos luces y sombras. Por un lado, en algunos aspectos se resalta el cumplimiento de las recomendaciones, se resalta el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que refleja el informe de 2012, se aprecian mejoras en la gestión de la contratación administrativa. Hay también algunas cuestiones sobre las encomiendas de gestión. Señalaba que no se debe llevar a cabo una encomienda de gestión basándose en periodos cortos, luego es el ente encomendante el que debe realizar contratos por periodos mucho más largos.

El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.

Y todas estas cuestiones se van subsanando; de hecho no aparecen ya en los informes de los años posteriores. Por otro lado, es cierto que se indican distintos aspectos en los que no se ha dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas, pese a que se venía instando al Gobierno a mejorar el grado de implantación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Esta es una cuestión que ya abordamos con carácter general en el tema del sector público global de todas las comunidades autónomas. Es necesario adoptar medidas para que los órganos gestores de las comunidades autónomas cumplan de verdad y sea eficiente y eficaz el cumplimiento de los informes del Tribunal de Cuentas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muy brevemente para indicar que, en relación con las cuestiones a las que se ha hecho referencia sobre el plazo de tiempo


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en que el tribunal lleva a efecto su trabajo, no es responsabilidad del tribunal el hecho de que se esté viendo el informe correspondiente al año 2012 con cinco años de retraso. Como ustedes saben los informes de 2012 -yo empecé indicando precisamente esa cuestión- se aprobaron en 2014 y los correspondientes a 2013 y 2014 en el año 2016. Esto quiere decir que el plazo de tiempo para verlos en esta Comisión no es nuestra responsabilidad. Por lo tanto nosotros estamos dispuestos a presentar los informes que aprueba el tribunal a la mayor brevedad posible. Precisamente la actual Presidencia está haciendo una especial labor de aproximación para eliminar todos aquellos informes antiguos, lo que permitirá que en el futuro no nos encontremos con situaciones como esta, situaciones de lejanía respecto al momento de la emisión de los informes.

Por otra parte, son recurrentes las deficiencias puestas de manifiesto. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es lógicamente requerir a los gestores para que sean ellos los que adopten las decisiones de modificación respecto a cuestiones recurrentes que el tribunal ha realizado. Nuestra responsabilidad es incluir en nuestros informes las valoraciones que se derivan del trabajo y así lo hacemos siempre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

BLOQUE V:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000133 y número de expediente del Senado 771/000134).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000178 y número de expediente del Senado 771/000176).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque número V, que contiene los informes de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los ejercicios 2013 y 2014. Según se nos ha comunicado, por el Grupo Parlamentario Socialista habrá dos intervenciones, el señor González y el señor Ortega.

Tiene previamente la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer los informes.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias.

Ambos informes fueron aprobados en el año 2016, el relativo a 2013 en marzo y el relativo a 2014 en diciembre. Las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las cuentas individuales se han rendido en general respetando las normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido. Las cuentas del ente público Radiotelevisión Castilla-La Mancha y de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública. En ambos ejercicios se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, por omisión del trámite de fiscalización previa de actos de contenido económico por importe de 12 millones de euros en 2013 y de 5 millones en 2014. En este último ejercicio no existía vinculación aún entre la aplicación de inventario y la contabilidad para todos los bienes, produciéndose diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado. Esta falta de conexión entre los sistemas se centra sobre todo en aquellos bienes y derechos que no son inmuebles afectos al dominio público o elementos de transporte.

Con carácter general las cuentas de la Administración General de la Junta y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables aplicables. La gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen; si bien, con respecto a los ejercicios analizados, se realizan una serie de salvedades y observaciones. En el ejercicio 2013, al no contar todas las modificaciones presupuestarias con financiación específica, se produjo un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones de ingresos por importe de 184 millones de euros. Por lo que se refiere al ejercicio 2014 se tramitaron ampliaciones de crédito por 290 millones de euros, incumpliendo la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2014, que prohíbe las modificaciones de crédito que supongan aumento en las necesidades totales de financiación, salvo aquellas de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que se


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realicen con cargo al Fondo de Contingencia. El saldo de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, del Servicio de Salud fue de 56 millones de euros a finales de 2013. Si se hubiera realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones del ejercicio en que los gastos se realizaron, el resultado presupuestario del ejercicio del organismo habría disminuido en 12 millones de euros.

Respecto a los gastos del Servicio de Salud derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones realizadas con anterioridad al año 2014 fueron imputados al presupuesto del ejercicio por 52,5 millones de euros. A su vez gastos realizados por importe de 64 millones de euros quedaron pendientes de imputación al cierre del mencionado ejercicio. Las fundaciones Cultura y Deporte, Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración y el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha no registraron la cesión de uso de las instalaciones en las que desarrollaban sus actividades. La comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2013, fijado en el 1,3 % del PIB regional, al cifrarse el déficit alcanzado en un 2,09 %. Ello fue debido en parte, tanto a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente como a la regularización del IVA devengado en las obras ejecutadas por la Sociedad de Carreteras de Castilla-La mancha. El impacto de ambos hechos ascendía a 294 millones de euros. Por lo que se refiere al ejercicio de 2014 en el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se cifró el déficit alcanzado por la comunidad en el 1,80 % del PIB, lo que supuso el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que era del 1 %. La comunidad sí cumplió con el objetivo de deuda y respetó la regla de gasto establecida para el ejercicio 2014. Del seguimiento de la ejecución de las medidas recogidas en el Plan Económico-Financiero 2014-2015 se deduce una tasa de logro del 77 % en lo referente a la reducción de gastos, no así el cumplimiento de las medidas relativas al aumento de ingresos. Al cierre del ejercicio 2013 el proceso de reordenación del sector público autonómico habría alcanzado el 95 % del objetivo inicial de reducción del número de entes. La comunidad se adhirió al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores en las tres fases de este mecanismo. Se han observado ciertos errores en su gestión por pagos duplicados o defectos de imputación presupuestaria. En materia de contratación administrativa se han detectado deficiencias a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados, y de establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos. Asimismo en los contratos de obra se han producido importantes demoras en la ejecución.

El ente público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha y las sociedades Radio Autonómica de Castilla-La Mancha y Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha procedieron a la contratación de personal sin el informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico-procesal, en la ejecución de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Toledo y de un auto del citado tribunal, se condenó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a reponer a 390 funcionarios interinos en los puestos de trabajo que venían ocupando.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ortega.

El señor ORTEGA FERNÁNDEZ: Buenos días.

Gracias al informe del señor presidente del Tribunal de Cuentas, en el que como vemos el hecho principal que cabe destacar es la enorme contradicción del discurso del partido que accedió al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente en esa legislatura, 2011-2015, con la realidad de cómo ha gestionado nuestra comunidad autónoma, está claro que las críticas y el discurso oficial en ese momento, sobre todo para atacar y argumentar la famosa herencia recibida del anterior Gobierno que tuvo que afrontar las cuentas públicas en el peor momento de la crisis, no se compadece con la realidad de cuando se empezó a gestionar el Gobierno de Castilla-La Mancha por parte del Gobierno del Partido Popular. Lo ha dicho el presidente y está muy claro, sorprende que no se reforzara de ninguna manera el sistema de control interno. Evidentemente con esos más de 12 millones de euros que tuvo que convalidar el Gobierno por falta de la preceptiva fiscalización previa. Igualmente con respecto a este mecanismo de control interno no existe el seguimiento de las medidas correctoras adoptadas para implantar las propuestas de los


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informes de control financiero, ni se efectúa un seguimiento de los reintegros por parte de los perceptores de subvenciones.

Con respecto a la cuenta de la Administración General arroja un déficit de 839 millones de euros. La situación de posible prescripción de derechos se incrementa con respecto al ejercicio anterior. Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto alcanzan los 7,2 millones, y destaca el señor presidente el caso del Servicio de Salud con más de 56 millones de euros de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a su presupuesto.

Con respecto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, a pesar de las políticas de recortes, a pesar de los despidos de interinos, a pesar de toda esa política tan austera, digamos que no se cumple evidentemente; y no se cumple y lo sobrepasa en más de 7 décimas. Igualmente no se cumple el objetivo de deuda, que se sobrepasa enormemente. Como decía el ahorro que se pretendió con el ahorro de personal, que alcanza el 3,4 %, no solo perjudicó gravemente a los ciudadanos y a los servicios que se prestaban, sino que incluso se llegó a despedir -como dice el informe- a más de diez mil personas, y en el peor de los casos son despidos que posteriormente se declararon nulos y que se tuvieron que readmitir, con el consiguiente perjuicio económico. Y mientras se despedía a una parte de interinos, igualmente la Intervención General de la Comunidad denuncia pagos indebidos a favor de trabajadores del Hospital Nacional de Parapléjicos o, como ha dicho el señor presidente del Tribunal de Cuentas, la contratación irregular del ente de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha.

En cuanto al área de contratación se sigue hablando, a pesar del discurso del Gobierno en ese momento, de la falta de justificación de la necesidad de contratación; de que los pliegos de cláusulas administrativas siguen siendo genéricos y aplicables a todo tipo de procedimiento y de contratos; que en los criterios de adjudicación, especialmente en los subjetivos, falta precisión en cuanto a su valoración y ponderación, y que en la ejecución de los contratos de obra se producen frecuentes y enormes demoras injustificadas. Esto bien que lo sabemos. En la ejecución de los contratos de servicios se observa una ausencia generalizada del sistema de control de la efectiva realización de las prestaciones contratadas.

Para terminar, lo que también nos parece grave es la falta de avance en las recomendaciones del ejercicio anterior. Es decir, que eso también contrasta enormemente con lo que en ese momento era el discurso de contención, de control e incluso de austeridad y de recortes en las cuentas del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Gracias. (El señor González Ramos pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, pero su compañero ha consumido más tiempo del total que tenían ustedes. La Presidencia va a ser benévola, pero tiene un minuto; no tiene usted más.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Le agradezco a la Presidencia que sea benévola, pero son dos informes, 2013 y 2014 y... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor González, usted sabe perfectamente cómo funciona esta Comisión. No voy a discutir con usted del tema.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Iré al grano.

Como dice un titular: Cospedal finiquita el Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha. Esto fue en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de abril, a través de la Ley 1/2014, donde se suprimía la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Por eso le agradezco al señor presidente del Tribunal de Cuentas ese resumen que ha hecho, porque además en mis notas para esta intervención coincido plenamente con lo que usted ha destacado. Por eso, entendiendo que el presidente me dará el tiempo suficiente para resumirlo, quiero destacar que los procedimientos de control interno han planteado bastantes deficiencias. Se elevaron a consolidación del Consejo de Gobierno expedientes tramitados con omisión de la preceptiva fiscalización previa por 4 563 000 euros. A pesar de ello no se ha exigido responsabilidad alguna al respecto. Se sigue produciendo un indebido traslado de obligaciones generadas en ejercicios corrientes a ejercicios futuros; 7 millones a 2014 y 6 millones generados en 2014 a futuros ejercicios. En este supuesto el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha alcanza una especial relevancia, al elevarse a 53 millones el importe de las obligaciones generadas en ejercicios anteriores aplicados al ejercicios 2014; y a 64 millones de euros generados en 2014 trasladados a ejercicios futuros.

Con respecto a las conclusiones del cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria tampoco se cumplió en 2014 el objetivo, y se aumentó en 0,8; de 1, que era el objetivo, a 1,80. Pero por


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ir muy al grano -y acabo con este resumen- diré que el análisis de la gestión es lo que quisiera destacar. Al evaluar la sujeción de los principios de legalidad, eficiencia y economía de la gestión de los recursos públicos se han apreciado -y lo digo textualmente de acuerdo a su informe- incumplimientos y deficiencias: uno, en la ejecución de la sentencia de los interinos despedidos que volvieron a su puesto de trabajo; dos, la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha y el ente público Radiotelevisión Castilla-La Mancha han superado la cuantía de los gastos de personal previstos en los presupuestos aprobados por la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha 2014, incumpliendo la disposición adicional novena.

El señor PRESIDENTE: Señor González, tiene que ir acabando. Ha consumido usted ya el tiempo que se supone que tenía. La generosidad de esta Presidencia está ya excedida.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Solamente si me permite haré una pregunta al presidente del Tribunal de Cuentas. Me preocupan los contratos del Sescam con empresas sanitarias fuera de la comunidad autónoma, y le pregunto si no ha sido un error finiquitar -en palabras textuales de la señora De Cospedal, entonces presidenta y actual ministra de Defensa- la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, que hacía algo tan evidente y tan necesario como fiscalizar bien los recursos públicos y saber bien dónde se emplean. ¿Entiende usted que ha sido un error?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En lo sucesivo, les ruego que cuando compartan la intervención midan mucho su tiempo, porque han consumido exactamente nueve minutos.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Muchas gracias, señor presidente de la Comisión mixta.

Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas y a los miembros de su equipo por la ingente labor que realizan en la fiscalización del sector público. Trae al hilo lo que comentaba el señor González, nunca mejor dicho. Señorías, a estos informes de fiscalización de mi comunidad autónoma de los años 2013 y 2014 podríamos aplicarles un refrán -ya saben ustedes que el refranero español es sabio-: "De aquellos polvos, estos lodos". No hay contradicción ninguna y le voy a relatar por qué. Lo digo además porque la responsabilidad fiscalizadora de la comunidad autónoma estuvo encomendada durante muchos años -tal vez demasiados- a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, único órgano unipersonal de fiscalización que había en todo el Reino de España, concretamente desde 1993 hasta su desaparición en 2014. Me sumo a su pregunta, señor González, quiero saber cuál es la opinión al respecto del presidente del Tribunal de Cuentas. Lo digo porque no fue hasta el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2011 cuando se puso de manifiesto el agujero negro de las cuentas de Castilla-La Mancha, curiosamente unos meses después de perder las elecciones y de haber gestionado de forma opaca la comunidad autónoma. Ese informe de fiscalización -aquellos polvos- dio un resultado presupuestario de menos 3107 millones de euros, un remanente negativo de tesorería de 3337 millones de euros, una deuda viva de 6886 millones de euros, una deuda sobre el PIB regional del 18,55 -ya estamos en el 37, con el señor Paje-, un déficit de la comunidad autónoma en ese año del 9 % sobre el PIB regional, siete veces más de lo autorizado, un desempleo del 24,53, uno de cada cuatro castellano-manchegos estaba en el desempleo. En definitiva, señorías, la triple D: deuda, déficit y desempleo. Y esos son los polvos que han traído estas cuentas de los ejercicios fiscalizados 2013 y 2014. La de 2012 ya se expuso en abril de 2015 en esta Comisión. Es impensable que la deuda autonómica haya pasado de 420 millones de euros a 14 055, un incremento exponencial del 3200 %. Uno podría pensar, por la utilización de esos recursos, que el PIB regional se hubiera incrementado en la misma circunstancia. No, señores; hemos pasado de poco más de 15 000 millones de euros a 37 000, un escaso 140 %.

Finalizo con algunas de las doce más una recomendaciones o circunstancias que impone el Tribunal de Cuentas. No se produjeron reparos de legalidad a la fiscalización en el informe ni por parte de la Intervención General de la Junta. Como consecuencia del abultado déficit, se redujeron los gastos financieros en 3200 millones de euros. También se redujeron las obligaciones reconocidas en ese ejercicio en 2344 millones. Simplemente tenían obligaciones a ejercicios futuros, de los que también hablaban los comparecientes, por 12 000 millones de euros. Por sentencia del Tribunal Supremo hubo que devolver el


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llamado impuesto energético, que impuso el señor Bono, concretamente 212 millones de euros, lo que provocó que en ese año se incumpliera el objetivo de déficit. El resultado presupuestario del saldo en 2013 fue positivo en 515 millones de euros y el superávit de financiación lo tuvo en 509. Ratios de garantía, es decir, activos sobre deuda, del 0,18 al 0,17 en 2014, lo que pone de manifiesto la complejidad para poder atender las deudas con los bienes y derechos que generaba la propia comunidad autónoma. Ratio de solvencia, pasó del 0,23 al 0,35, mejorando sustancialmente, aunque poniendo igualmente de manifiesto la dificultad de atender a los pagos corrientes por el elevado peso de la deuda heredada. El remanente de tesorería mejoró en 2013 en más de 438 millones de euros, y las medidas económicas previstas en el obligado Plan Económico-Financiero se ejecutaron en un 96 %. Igualmente se redujo en un 95 % el objetivo inicial de reordenación del sector público autonómico. Periodo medio de pago a proveedores: en 2011 y anteriores, no se pagaba, se escondía en los cajones; en 2012, 468 días; en 2013, se redujo a 126 días, y en 2014, a 38. Esto se logró con un esfuerzo evidentemente notable, entre otras cosas porque la comunidad autónoma tuvo que acudir a los mecanismos extraordinarios de financiación, por valor de 3 957 millones de euros, para reducir y pagar la elevada deuda comercial que existía -como decía mi compañero el senador Fernández- en los cajones de la comunidad autónoma. Y a pesar de todo ello, señorías, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante estos años redujo las listas de espera en un 19 %. Y, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, de la televisión regional mejor ni hablamos. En cualquier caso -y termino, presidente-, reitero todas y cada una de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace a la comunidad autónoma y que figuran en los informes de fiscalización desde el año 2012.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.

Entrar en la valoración de la gestión económica de la comunidad de Castilla-La Mancha no me corresponde. El informe es muy claro respecto de sus conclusiones y no debo ponerle mayores acentos o pronunciarme en mayor medida de lo que lo ha hecho el propio informe.

Respecto de la pregunta que me formulan ambos intervinientes quiero indicar que la fiscalización de la gestión económica o financiera de Castilla-La Mancha está garantizada porque el tribunal la lleva a efecto sin ningún problema, pero la decisión de crear o suprimir los órganos de control correspondientes a la comunidad autónoma es estrictamente autonómica; es la propia comunidad autónoma la que decide y valora si quiere tener un órgano de control externo o no. El papel del tribunal es, si existe órgano de control externo, trabajar de manera coordinada y estrecha con él, y si no existe, desarrollar la labor de fiscalización como lo hemos hecho en estos dos ejercicios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez de Miranda.

BLOQUE VI:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000073).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000136 y número de expediente del Senado 771/000130).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000186 y número de expediente del Senado 771/000185).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate del bloque VI, que incluye los informes de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Tiene de nuevo la palabra el señor presidente del tribunal para exponer los informes.


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El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En los tres ejercicios la cuenta general de la comunidad y las cuentas anuales individuales de sus entidades públicas se han rendido con carácter general dentro del plazo legalmente establecido. Además se han adaptado en términos generales a los principios y normas contables aplicables, sin perjuicio de ciertas observaciones y salvedades que figuran en cada informe. A excepción de la empresa pública Servicio Murciano de Salud, la Administración no ha contemplado ni está previsto el desarrollo e implantación de un sistema de contabilidad analítica que ayude a lograr la máxima eficiencia en la presupuestación por objetivos. En el ejercicio 2012 la comunidad incumplió el objetivo fijado de estabilidad presupuestaria del 1,5 de su PIB regional, al haberse registrado un déficit del 3,10. No obstante presenta una tendencia decreciente frente a los déficits del 4,94 y del 4,46 registrados en 2010 y 2011 respectivamente. También incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, tanto en el ejercicio 2013, con una necesidad de financiación del 3,05 frente al 1,59 previsto, como en 2014, en que el déficit se elevó hasta el 2,74, cuando el objetivo era del 1 % de su PIB regional. Como consecuencia de tales incumplimientos, la comunidad presentó sendos planes económico-financieros en cada uno de los ejercicios que fueron declarados idóneos, excepto el último, que no se aprobó al no reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otro lado, según el informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la comunidad ha respetado la regla de gasto en 2014. Asimismo cumplió el objetivo de deuda, puesto que esta ascendió al 25,6 % del PIB regional frente al límite del 25,7 % una vez consideradas las excepciones autorizadas. La comunidad se acogió a las sucesivas fases de los mecanismos extraordinarios de financiación, tanto para pagar a proveedores como al Fondo de Liquidez Autonómico. La deuda comercial de la comunidad se ha reducido un 74 % en el último ejercicio al pasar de 859 millones de euros, a 1 de enero de 2014, a 223 millones de euros, a 31 de diciembre de este año. No obstante, el periodo medio de pago acumulado de las deudas por operaciones comerciales del conjunto del sector público regional ha superado en 2014 el plazo máximo de treinta días establecido en la ley, situándose en cincuenta y nueve días.

En cuanto al grado de avance del proceso de reordenación y reestructuración del sector público de la comunidad, iniciado en julio de 2010, de las ciento dos entidades existentes al principio del proceso se habían producido cuarenta y nueve bajas netas a 31 de julio de 2015, estando prevista la baja de otras doce entidades. En el análisis del Servicio Murciano de Salud se han puesto de manifiesto carencias, deficiencias e incumplimientos. Entre tales defectos destacan la falta de realización sistemática de inventarios de inmovilizado, la adquisición descentralizada de medicamentos, productos y material sanitario sin disponer de normas uniformes sobre los sistemas de aprovisionamiento, la falta de procedimientos en la determinación de las tarifas aplicadas para la asistencia concertada con entidades privadas, así como retrasos en la tramitación y en la falta de actualización y programación de los contratos de concurso centralizados.

Las infraestructuras del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia se encontraban sin actividad a la finalización del ejercicio 2016, pese a encontrarse terminado desde abril de 2012. En 2013 fue ejecutado el aval solidario otorgado a la sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia, en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el préstamo sindicado formalizado para la financiación de la construcción de la infraestructura del mencionado aeropuerto, lo que ha supuesto el desembolso para la comunidad de 182 millones de euros. Tras sucesivos litigios judiciales, la Administración ha retomado la posesión de las instalaciones, si bien existían cuestiones pendientes de resolver, como el abono de las expropiaciones no satisfechas o el modelo de gestión del aeropuerto, así como las negociaciones encaminadas al cierre del Aeropuerto de San Javier.

Por su parte, la sociedad Desaladora Escombreras presentaba pérdidas significativas e importantes desequilibrios patrimoniales, encontrándose incursa en causa de disolución. Aunque durante 2014 y 2015 se produjo un significativo incremento del volumen de ventas por la suscripción de nuevos contratos para suministro de agua, que supondrían alcanzar el 76 % de la capacidad máxima de producción, a finales de 2016 seguía sin alcanzarse acuerdo alguno entre la empresa y los acreedores.

Finalmente, respecto al análisis de la contratación pública, destaca la deficiente justificación de la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos analizados, la imprecisión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los diferentes criterios de adjudicación, la deficiente preparación administrativa de los contratos y la falta de coordinación entre las administraciones intervinientes en el inicio de los expedientes y en su preparación. También se observa en la valoración de las ofertas la falta


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de inclusión del precio como elemento determinante de la adjudicación de los contratos, de conformidad con el principio de economía en la gestión de los fondos públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.

Los informes de 2012 y 2013 del Tribunal de Cuentas vienen a reflejar la agonía del último Gobierno de Ramón Luis Valcárcel; la crisis económica había golpeado con dureza la economía murciana, comparativamente quizá más que en otras comunidades; el PIB de ese ejercicio determina una contracción de la economía del 1,2 %; el decrecimiento económico desde 2008 a 2013 había sido prácticamente en la Región de Murcia del 10 %; la deuda pública, por otra parte, se situó en una cifra insostenible de 5543 millones de euros; y el déficit público del ejercicio 2013 asciende al 3,19 %, superando con mucho las previsiones de déficit fijadas por el Gobierno de Rajoy. En este contexto leemos que la comunidad autónoma no ha unido -cito- a la cuenta general una memoria justificativa de coste y rendimiento de los servicios públicos ni la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados con la indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos, según prevé el artículo 108.6 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Este punto evidencia, a nuestro juicio, el desastre de las cuentas públicas, cómo se han disparado todos los indicadores e incumplido todos los objetivos. ¿Por qué el Gobierno regional no presenta esa memoria? A nuestro juicio, tiene una respuesta sencilla: para no verbalizar los brutales recortes llevados a cabo en sanidad, educación y políticas sociales, además de poner de manifiesto la pérdida de calidad de los mismos y la imposibilidad de cumplir con lo previsto y programado en materia de cobertura sanitaria, educativa, de dependencia, etcétera.

En relación con las entidades que forman parte del sector empresarial regional, se dice en este informe -cito-: se han rendido al tribunal las cuentas correspondientes a 2013 de todas las empresas dentro del plazo legal establecido, a excepción de la sociedad Desaladora Escombrera, Sociedad Anónima. La desaladora de Escombreras, creada en realidad para surtir de agua al desarrollo urbanístico de Novo Carthago, es sin duda el máximo exponente de la corrupción en la era Valcárcel. El agujero en las cuentas públicas asciende a 600 millones de euros y el proyecto fue avalado por alcaldes como la anterior alcaldesa de Cartagena, Barreiro, hoy imputada, la Autoridad Portuaria de Cartagena, consejeros de distintas áreas y el propio presidente. La empresa ACS fue la ejecutora y hay que pagarle todavía durante unos cuantos años. Las sospechas de corrupción son incuestionables y el caso está bajo instrucción judicial. Mientras tanto, la desaladora continúa con la toma de agua provisional del puerto de Cartagena y su producción es ridícula.

No sé si además de tomar por tontos a los murcianos y a las murcianas, el Gobierno regional pensó que podía tratar de igual forma al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, por otra parte, viene a relatar lo que ya conocemos respecto de muchas de las empresas públicas, fundaciones y consorcios, y es que se utilizan para burlar el control que realiza la Intervención General y, de este modo, realizar con ellas operaciones económicas sin la necesaria regulación. El Tribunal de Cuentas, ya en sus informes de ejercicios anteriores, ha venido pidiendo que se aumente el control sobre ese tipo de entidades, pero parece que el Gobierno regional sigue haciendo oídos sordos y no está dispuesto a prescindir de estos mecanismos de ingeniería administrativa gracias a los cuales puede disponer de ciertas partidas presupuestarias fuera de la supervisión de la Intervención General y, de este modo, alimentar un gasto discrecional, opaco y podríamos decir que clientelar. El ejemplo más claro es el ente público que auspicia la televisión autonómica, la 7 Región de Murcia.

Por lo que respecta a la gestión patrimonial de bienes y derechos, el panorama tampoco es bueno. El inventario aportado al Tribunal de Cuentas -se mencionaba- solo incluye bienes y derechos de la Administración General y organismos autónomos, pero no del resto de entidades públicas. La mayoría de entidades no efectúan regularmente comprobaciones físicas de los bienes y derechos inventariados ni efectúan inventarios, careciendo siquiera de manuales de instrucciones para realizarlo. Las empresas, fundaciones y consorcios carecen de políticas escritas sobre autorización de nuevas adquisiciones o reposiciones, ventas, traspasos o bajas de bienes y derechos que integran el inmovilizado. La política de subvenciones públicas o de gestión de subvenciones públicas también resulta lamentable. El informe pone de manifiesto irregularidades inasumibles para una Administración que se quiera cumplidora de la


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legalidad. Por ejemplo, no se establecen cruces de datos con otras administraciones para verificar el cumplimiento de los concesionarios de los requisitos legales ni se deja constancia de los mismos en el expediente. No se establece tampoco un registro único que aglutine todas las irregularidades detectadas en las subvenciones concedidas que originen un reintegro. No existe un sistema de aviso a los gestores de subvenciones sobre plazos del preinscripción para que la Administración pueda determinar el reintegro de las mismas, y podríamos seguir.

El informe pone de manifiesto algunos de los agujeros y problemas estructurales de las cuentas de la comunidad autónoma que siguen vigentes todavía hoy. En 2013 hubo que dotar al Servicio Murciano de Salud de 316 millones de euros, ya que este Gobierno, como su antecesor, tiene por costumbre...

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, tiene que ir acabando.

El señor SÁNCHEZ SERNA: ...presupuestar 300 o 400 millones de euros menos al Servicio Murciano de Salud de lo que en realidad supone su gasto anual.

A raíz de estas irregularidades -que podría citar unas cuantas más pero se me ha acabado el tiempo- que hemos conocido y que he intentado resumir en esta intervención, solo nos cabe preguntar si se ha desprendido alguna actuación de la fiscalía a raíz de este informe y, dado que estos informes son antiguos, si le consta al Tribunal de Cuentas que se hayan aplicado o se están aplicando estas recomendaciones en los ejercicios siguientes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias también, como siempre, al presidente del Tribunal de Cuentas.

Ha quedado claro en el informe del presidente que, después de muchas actuaciones, muchos informes y muchos ejercicios fiscalizados, los procedimientos de control interno de la Región de Murcia siguen planteando múltiples deficiencias. Son informes muy duros con la gestión de la Región de Murcia, de los más duros a los que he tenido acceso en el tiempo que llevo en esta Comisión y, por tanto, no me voy a entretener -porque es imposible- destacando todas las salvedades y observaciones que ha realizado el tribunal. Me parece particularmente relevante destacar las conclusiones relativas al análisis de la gestión en lo que se refiere al Servicio Murciano de Salud, ya que reiteradamente el Tribunal de Cuentas habla de los resultados negativos, de la preocupante situación deficitaria que pone en riesgo la viabilidad del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, la situación financiera de la sociedad Desaladora de Escombreras -de la que ya se ha hablado aquí- que, efectivamente, tiene un proceso abierto, unas diligencias en el Juzgado de Instrucción de Murcia. El Tribunal de Cuentas también advierte -estoy leyendo, todo es literal- de las incertidumbres y riesgos sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia. La verdad es que, como ya he dicho, es un informe bastante duro con la gestión de la Región de Murcia.

Solamente me quiero detener en uno de esos aspectos, en el control de subvenciones otorgadas por el Servicio de Empleo y Formación. Leo literalmente, como en febrero de 2013 el Fondo Social Europeo comunicó a la Región de Murcia la interrupción de pagos como consecuencia de la alta tasa de irregularidades detectadas en la gestión de la formación; como la ausencia de presentación de certificaciones de gasto al Fondo Social Europeo ha supuesto que estas ayudas hayan quedado fuera de control financiero de subvenciones de la Intervención General -estoy leyendo literalmente-; como no existe adecuada segregación de funciones al ser el órgano que concede las subvenciones el mismo que revisa la justificación; como las unidades de gestión no han dispuesto de un mecanismo de control; como no existe mecanismo automatizado de control de plazos que eviten las prescripciones; como hay un periodo de más de tres años sin iniciar justificaciones. Advierte del serio riesgo de prescripciones, pues hay un laberinto de expedientes, de liquidaciones, de reintegros...

Señorías, con la mitad de estas observaciones y debilidades de la gestión, en Andalucía se impulsaron causas penales que después se han archivado sistemáticamente; se han celebrado comisiones de investigación de la formación profesional para buscar lo que los tribunales negaban; se ha llenado el debate político de acusaciones y maledicencias enfangando gratuitamente la vida pública. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los representantes del pueblo -en concreto los miembros de esta Comisión-


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estamos obligados a perseguir el castigo contundente de cuantos se aprovechan del dinero público, sean del partido que sean. Debemos exigir el escrupuloso respeto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ya que la opacidad y la falta de transparencia son un caldo de cultivo que favorece la corrupción, pero también debemos denunciar la pobreza política que supone el uso torticero de informes técnicos sin otra finalidad que hacer daño a los adversarios políticos, sean del partido que sean.

A la Región de Murcia, que se está viendo inmersa en distintas causas por irregularidades, le conviene extremar las garantías procedimentales en la gestión y atender urgentemente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Todas las administraciones deben tomar conciencia de que el mejor escudo protector de la buena política es el respeto a los órganos de control y fiscalización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno, por ajustarse al tiempo.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Borrego.

La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente.

Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda, muchísimas gracias por su presencia esta mañana en esta Comisión.

En primer lugar, quiero destacar la transparencia con la que quiere trabajar el Gobierno de la Región de Murcia, transparencia que se demuestra estando sometida al Tribunal de Cuentas, no teniendo un órgano fiscalizador propio; transparencia que quiso buscar la señora Cospedal en el Gobierno del PP de Castilla-La Mancha, como antes se ha comentado. Además, si se hiciera un análisis comparativo de empresas y entidades que funcionan en paralelo con la Administración, la Comunidad Autónoma de Murcia es la que menos tiene. Estos dos aspectos indican que es la región que más está luchando por la transparencia. Les quiero poner un ejemplo: en relación con Andalucía, se tiene un 20 % menos de entidades y empresas, por lo que estamos comparando dos comunidades autónomas completamente diferentes.

Entrando en el informe, es conveniente destacar lo que ya ha dicho el presidente del tribunal de que la cuenta general de la comunidad cumple en general con los principios y normas contables y presupuestarias, y que la actividad económica y financiera de la comunidad cumple con el principio de legalidad. Es verdad que hay observaciones, pero en relación con las observaciones que viene realizando el Tribunal de Cuentas sobre la no rendición de determinadas cuentas de fundaciones, aún constituyendo en sí mismas un incumplimiento de la normativa aplicable, hay que destacar que no tienen trascendencia patrimonial dada la inactividad de esas entidades afectadas.

Respecto al control interno, el tribunal reconoce el grado de cobertura del Plan de Control Financiero realizado por la Intervención General, alcanzando en 2014 el 70 % del total de entidades, si bien el conjunto del gasto realizado por las entidades no incluidas no ha sido significativo. No se han incluido las dos universidades públicas, que el tribunal recomienda que se incluyan, por lo que se tiene que hacer un ajuste para incluirlas sin violentar la supervisión que compete a los consejos sociales. Respecto al inventario general, al que ha hecho referencia el señor Sánchez, ¿contiene los bienes y derechos de todas las entidades del sector público? Pues no, pero una parte sustancial ya está realizada, ya que se han inventariado la práctica totalidad de los activos de la Administración general y de los organismos autónomos y todos los inmuebles del Servicio Murciano de Salud.

En cuanto a la cuenta general, pues sí, el Servicio Murciano de Salud está acumulando déficit, porque Murcia tiene derecho como cualquier otra comunidad autónoma a tener una sanidad de calidad. Si para eso, por mor del déficit de la financiación per cápita, que nos dejó el PSOE, el Servicio Murciano de Salud se tiene que endeudar, pues se endeudará, porque los murcianos debemos y queremos tener una sanidad equivalente a la de cualquier otra comunidad autónoma. Si a algún portavoz le molesta, que se deja llevar más por la contabilidad que por promover una sanidad pública de calidad, tendrá que explicarlo.

Se ha hecho referencia a la desaladora. Efectivamente, presenta pérdidas. ¿Alguna desaladora en España no presenta pérdidas? En Murcia el problema del agua es primordial, es un servicio público esencial, no solo para el abastecimiento humano, sino también para mantener los niveles de proyectos de desarrollo y de empleo que requieren el millón y medio de murcianos. La desaladora de Escombreras se hizo para paliar el desastre que supuso la derogación del trasvase del Ebro. Actualmente, está al cien por cien del rendimiento y está contribuyendo a paliar los efectos de la sequía. Por tanto, podemos hablar de los aspectos contables y formales de la empresa o de las necesidades reales de Murcia. Ya está bien de que los que destrozaron el único camino, a largo plazo, que tenía Murcia para compensar su déficit hídrico


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estructural quieran perjudicarnos también ahora. Tengo la percepción de que los diputados de Murcia prefieren denostar la imagen de la región si con eso creen que consiguen algún beneficio partidario. No temen poner en riesgo el turismo, la solidez de la región, las expectativas empresariales y, con ello, el empleo, si así creen que van a mejorar su posición electoral. Parece que quieren que la región vaya mal, y así a ellos les irá mejor, pero no es así. Hoy Murcia crea empleo por encima de la media, está creciendo y los servicios públicos que se están prestando son con altos niveles de calidad.

Murcia ha incumplido el objetivo de déficit, eso es una realidad, pero yo quiero decirles que el gasto per cápita del Gobierno murciano es uno de los menores de España, teniendo en cuenta que nuestro nivel de servicios públicos es equivalente al de algunas otras comunidades, lo que quiere decir que se está siendo más eficiente en el uso del dinero público. Lo que sucede es que la Región de Murcia es una de las tres comunidades peor financiadas de España...

El señor PRESIDENTE: Señora Borrego, tiene que ir acabando.

La señora BORREGO CORTÉS: ..., y por eso tenemos que seguir trabajando para mantener los servicios públicos con esa financiación.

Por último, voy a referirme al seguimiento de las recomendaciones que hacía el tribunal. En el informe de 2014 se destacan los avances realizados, por ejemplo, en la gestión de subvenciones. Se está realizando un Plan General de Contabilidad nuevo, tal como recomendaba el Tribunal de Cuentas, en el que se incluirán las universidades, tal como también recomendaba el Tribunal de Cuentas. El objetivo, compartido por todos, espero que sea el cumplimiento del cien por cien de las recomendaciones y así estoy segura de que va a trabajar el Gobierno de la Región de Murcia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra para dar contestación a todas las cuestiones planteadas el señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Únicamente para contestar a dos preguntas concretas, que son las que me formuló el señor Sánchez en relación con si tenía información respecto al seguimiento de recomendaciones de este informe. El propio informe indica que en las recomendaciones se aprecian avances en materia de gestión de subvenciones públicas, y también respecto de algunas medidas referidas al servicio murciano de salud. No obstante, se mantienen las demás recomendaciones para las que no se han apreciado cambios.

Me pregunta sobre las responsabilidades. Les indico que en los informes de los ejercicios 2012 y 2013 se incoaron diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento por presuntas irregularidades, que finalmente han quedado archivadas -las del 2012-; en cuanto a las del 2013 se encuentran actualmente en tramitación. En relación con las peticiones formuladas por la fiscalía, en el informe correspondiente al ejercicio 2012 se formuló petición de responsabilidad penal por adjudicación de contratos mediante un procedimiento de valoración no establecido en los pliegos. En los restantes informes no ha habido peticiones de responsabilidad distintas a las contables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE VIII:

- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000063).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000105 y número de expediente del Senado 771/000103).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000166 y número de expediente del Senado 771/000164).


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El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número VIII, que tiene que ver con los informes anuales de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2012, 2013 y 2014. De nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer los informes.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Las cuentas generales correspondientes a los tres ejercicios se han rendido dentro del plazo legalmente establecido tras varios ejercicios en los que se rindieron con considerable demora. En cambio, las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-marroquí se rindieron fuera del plazo previsto, y las de la Empresa municipal de la vivienda y el suelo de Melilla no figuraban incluidas...

Perdón, creo que hay un error porque estoy exponiendo el informe correspondiente a Melilla.

El señor PRESIDENTE: Sí, a Melilla, yo he dicho Melilla.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): ¿Ha dicho Melilla? ¡Ah, perdón! Pues entonces, sí.

El señor PRESIDENTE: Puede seguir, señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Vale, gracias.

Decía que las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-marroquí se rindieron fuera del plazo previsto, y las de la Empresa municipal de la vivienda y el suelo de Melilla no figuraban incluidas en la cuenta general del ejercicio 2014. Tales cuentas se remitieron con posterioridad a requerimiento del tribunal y sin haber sido aprobadas.

El sector público en la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con la información contenida en las correspondientes cuentas generales, no ha variado en los tres ejercicios fiscalizados. En los tres años el presupuesto general de la Ciudad de Melilla fue aprobado definitivamente con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio al que debería aplicarse, fuera del plazo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los resultados presupuestarios de los tres ejercicios se vieron afectados por las obligaciones que debieron imputarse a cada uno de ellos.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. Ha sido un error de esta Presidencia pues ahora correspondía el bloque VII, relativo a Ceuta. Si hay algún problema o inconveniente en que se siga exponiendo el informe de Melilla, cambiamos el punto del orden del día. Si no hay ningún problema, proseguimos con esta cuestión. Les ruego que disculpen este error (Pausa).

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Es decir, que seguimos con el bloque VIII, Melilla.

Así en 2012 se imputaron a presupuestos 5,4 millones de euros por gastos devengados y que no se habían aplicado al presupuesto de dicho ejercicio. En 2013 se aplicaron a presupuesto obligaciones pendientes del ejercicio anterior por 1,9 millones de euros. En 2014 la ciudad imputó al presupuesto 3,5 millones de euros, por gastos realizados en ejercicios anteriores, y dejó de aplicar al presupuesto gastos realizados en el mismo ejercicio por importe de 3 millones. Esta forma habitual de operar pone de manifiesto el incumplimiento reiterado de las normas presupuestarias en cuanto al carácter limitativo de los créditos y al principio de anualidad presupuestaria, lo que obliga a tramitar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, si bien en 2014 se aprobó un suplemento de crédito.

Por lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, que estaban fijados en una posición de equilibrio para las entidades locales, los resultados fueron dispares. En 2012 la Intervención calculó una necesidad de financiación de 1,7 millones de euros, el 0,7 % de los ingresos no financieros, incumpliendo el objetivo, pero por debajo del límite para hacerse efectiva la obligación de elaborar un plan económico-financiero. En 2013, de acuerdo con el cálculo realizado por la Intervención, se obtuvo un superávit de 5,8 millones de euros, de lo que se deduce el cumplimiento del objetivo de estabilidad. En 2014 se verificó por la Intervención la existencia de un superávit o capacidad de financiación de 6,4 millones de euros, cumpliendo el objetivo de estabilidad, y un nivel de deuda acorde con lo previsto en la legislación reguladora de las haciendas locales.

No obstante, en los cálculos anteriores no se incluyen los datos relativos a tres sociedades mercantiles íntegramente participadas por la ciudad, catalogadas por la Intervención en el sector de las


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administraciones públicas y que, por tanto, deben tenerse en cuenta a efectos del objetivo. En todo caso, las citadas sociedades habían generado capacidad de financiación en ejercicios anteriores.

Se han concertado operaciones de endeudamiento a largo plazo en los tres ejercicios fiscalizados, en contra de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación. Así en 2012 se suscribieron cuatro operaciones por importe de 8 millones de euros, a pesar de haber liquidado el ejercicio 2011 con ahorro neto negativo, en contra de lo previsto en la normativa, que exigía que el mismo fuera positivo. En 2013 se suscribieron tres operaciones por 10,5 millones de euros, indicando el informe de la Intervención que en 2012 se había producido un ahorro neto positivo. Sin embargo, no consideró en dicho cálculo la existencia de operaciones de arrendamiento financiero procedentes del ejercicio 2010, al menos, y que de haberse considerado habrían dado lugar a un ahorro neto negativo. En 2014 concertó una operación por 9 millones de euros, aunque el cálculo del ahorro neto del ejercicio anterior era negativo. En el ejercicio 2012, como consecuencia de diversas sentencias de los Tribunales de Justicia, se reconoció la categoría de personal laboral indefinido, no fijo, a ocho trabajadores contratados por empresas prestadoras de servicios, y encargados de funciones administrativas en la Administración de la ciudad. En 2014, once de los veinticuatro empleados públicos incorporados por promoción interna u horizontal, se encontraban en sectores no excepcionados, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año, de la imposibilidad de incorporar nuevo personal. Las organizaciones sindicales encargadas de la ejecución del Plan de Formación, con fondos de la ciudad autónoma, no disponían de medios propios para ello, permitiéndose la subcontratación total de las actividades. Además, diversas acciones formativas se desarrollaron en la Península con los correspondientes costes asociados y sin evidenciarse la necesidad o conveniencia de ello. Existieron deficiencias en la justificación de gastos que fueron objeto de subvención sin que se aplicaran las medidas sancionadoras previstas en la Ley General de Subvenciones. No se aplicó la retención fiscal a los rendimientos de los ponentes.

Finalmente, en el ejercicio 2014 se reconocieron obligaciones por importe de 163 millones de euros a favor de una empresa prestadora de servicios sin que quedaran sustentadas en contratos en vigor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora García.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.

Después de analizar los informes anuales de la Ciudad Autónoma de Melilla 2013, 2014 y 2015, vemos que presenta las mismas recomendaciones que en 2010, 2011 y 2012, incluido el papel y el objetivo -que queda un poco en entredicho por parte del tribunal- de la Fundación Melilla Monumental. No se mejora nada; lo único que parece mejorar un poco son esas cincuenta y siete cuentas bancarias que tenían abiertas, que pasan a cincuenta y una. Poco más, aparte de eso no hay ninguna mejora ni en la actualización del inventario de bienes, ni en las medidas de la liquidación presupuestaria -que les piden que sean más rigurosas-, ni en la gestión de la contabilidad, ni en prácticamente ninguno de los puntos desde los últimos seis años. Francamente, después de un año que han tardado en elaborar y aprobar el informe, esperábamos algo más exhaustivo.

Más allá de la falta de cumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, en este grupo tenemos una serie de dudas que nos gustaría que se nos resolvieran. Las entidades locales, a cuya normativa se sujeta la contabilidad de la ciudad autónoma, rinden sus cuentas a través de una plataforma de Internet que facilita para los órganos fiscalizadores el análisis de la coherencia de las cuentas. ¿Por qué las ciudades autónomas, en este caso la de Melilla, no rinden las cuentas a través de esta plataforma? Los informes de 2012 y 2013 incluyen un apartado específico sobre la contratación comunicada y en el informe de 2014 no se incluye. Nos gustaría saber a qué se debe este cambio de criterios y si tiene que ver con algún cambio en el consejero que fiscaliza las comunidades y ciudades autónomas, porque quizá han cumplido con la recomendación del informe de pares realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo en cuanto a la necesaria rotación cada tres años de los consejeros y de los auditores. En el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta -que veremos después porque ha habido un cambio-, así como en el de otras comunidades autónomas, se fiscalizaron las subvenciones concedidas por estas administraciones en los ejercicios 2012 y 2013, pero no ocurre así en el caso de las de Melilla, y nos gustaría saber el motivo. Le pedimos su opinión: ¿no cree que un verdadero análisis de gestión, como en todos los


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ayuntamientos, debe contemplar el análisis de la gestión de la limpieza viaria, de la gestión del agua y de la gestión urbanística, teniendo en cuenta que son las áreas donde más riesgo de fraude hay? El informe de pares también recomienda que en cada informe de fiscalización se incluya un sumario en el que se describan brevemente los resultados de fiscalización. No los encontramos en estos informes y también nos gustaría saber por qué. Si se establece en las propias normas del tribunal que los informes de fiscalización no deben ser descriptivos y que las conclusiones deben referirse a los objetivos de la fiscalización, ¿por qué en estos informes no se cumplen las normas de fiscalización y, sin embargo, han sido aprobadas en el pleno? En el informe de 2012 se indica la existencia en ciertos casos de falta de remisión de determinada documentación. ¿Ha hecho el tribunal los requerimientos combinatorios o ha impuesto multas a los responsables? En el informe de 2014 se indica que una sociedad rindió sus cuentas sin aprobar por la junta general de accionistas. Primero, nos gustaría saber cuáles han sido las causas de la falta de aprobación dentro del plazo previsto por la normativa y, segundo, en la parte que corresponde a Tribunal de Cuentas, nos gustaría saber si se ha impuesto alguna sanción a las entidades que han rendido fuera de plazo o si han encontrado cambios respecto a las cuentas provisionales analizadas por el tribunal.

Termino, señor presidente. ¿Por qué en un informe de gestión como este no se indica el coste de cada uno de los servicios sobre el cumplimiento de los objetivos? Porque entendemos que entre los objetivos de la fiscalización también figura evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de recursos públicos? Por último, ¿cómo valorarían la exigencia -o si lo tienen en cuenta- de la elaboración de un informe por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla que acompañara a la cuenta general sobre el seguimiento de las recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas, en el que se detallara al menos las dificultades de su puesta en marcha y, en su caso, si piensan valorar algún tipo de elemento sancionador?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia hoy de nuevo en esta Comisión. No me extraña que haya habido este error de entrada con Ceuta y Melilla -yo voy a llevar también el siguiente bloque, que es el de Ceuta- porque cuando uno hace el análisis de la fiscalización de estas dos ciudades, ve que realmente parecen los mismos informes, y no para lo positivo, sino para lo negativo porque resultan preocupantes, alarmantes e inquietantes, inquietantes también por estas coincidencias que se dan entre Ceuta y Melilla. Centrémonos entonces en este primer caso, en Melilla, donde hay un partido en el Gobierno desde aproximadamente el año 2000, es decir, unos diecisiete años de Gobierno continuado, con lo cual ha habido una buena etapa para consolidar un modelo de gestión. Si es este el modelo de gestión que se ofrece a la Ciudad Autónoma de Melilla, Dios nos asista.

El señor presidente de Melilla es titulado en Profesorado Mercantil, pero realmente, vistas las cuentas y la fiscalización que se hace, no sé si terminó los estudios con las notas correspondientes. Casi todas las acciones que se van desgranando son un completo compendio de irregularidades: supuestos de responsabilidad contable relacionados con indebidas justificaciones de acciones formativas para unos sindicatos; deficiencias de control interno; el 49 % de los pagos a proveedores superaron la previsión legal de treinta días; se incumple la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial; el grado de implantación de las recomendaciones que año tras año se vienen haciendo es muy reducido; hay duplicidades en auditorías en alguno de los años, en concreto en el año 2012, públicas y privadas; hay infracciones reconocidas por el ministerio fiscal respecto a la adjudicación de un contrato de gestión tributaria por importe de 889 000 euros; y 2012 es una lista de horrores en la gestión financiera que es verdad que a lo largo de estos tres años han mejorado en alguna medida, pero no lo suficiente para que se nos cambie la cara cuando alguien de manera absolutamente objetiva, al ver estos tres informes, pueda considerar que algo ha mejorado. Vemos con mucha preocupación este estado de cuestiones, y lo que nos preguntamos es en qué grado están ahora mismo las denuncias interpuestas por el ministerio fiscal y por qué la Abogacía del Estado en las dos primeras fiscalizaciones parece que no entra, pero en la tercera encuentra que puede haber salvedades o irregularidades contables. Le rogaría que nos informara sobre ello y en qué situación está esta cuestión, así como si se puede poner de alguna manera un límite a esta falta de cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Tribunal de Cuentas.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella. Le garantizo que poco tiene que ver que a este presidente se le hayan juntado dos hojas con la gestión que se produce en Ceuta y Melilla.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Acedo.

La señora ACEDO REYES: Buenas tardes.

En primer lugar, quiero agradecer al presidente del tribunal que haya acudido a la Comisión a dar cuenta y explicarnos los informes de fiscalización.

Voy a hablar sobre el informe de fiscalización de los años 2012, 2013 y 2014 de la Ciudad Autónoma de Melilla, que tiene muchas cosas en común con Ceuta -y estamos encantados con ello y por eso trabajamos de la mano-, pero en la gestión son independientes una de otra, al margen de que a usted le hayan colocado al frente de defender estos expedientes de aquella manera. Con respecto a la rendición de cuentas, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, la ciudad de Melilla los presenta dentro de los plazos establecidos. En cuanto al control interno, hablando de los puestos de habilitación nacional a los que alude el informe de fiscalización, no ha sido voluntad de la ciudad autónoma no cubrir estos puestos con habilitados nacionales; han salido varias veces a concurso, pero por ausencia o no disponibilidad de funcionarios de estas características, no se han podido cubrir estos puestos con habilitados nacionales. En relación con la fiscalización de las sociedades mercantiles, es normal que usted -me refiero a la diputada del Grupo Socialista- no conozca en absoluto lo que pasa en la ciudad de Melilla -seguramente tampoco lo va a saber en el caso de la ciudad de Ceuta- viendo su exposición, puesto que no se ha producido una duplicidad en la auditoría, sino que hay una externalización de las auditorías de las tres sociedades públicas que existen en la ciudad de Melilla y después pasa para el trámite administrativo a la Intervención General de la ciudad. Esto se ha explicado y se ha debatido a través de alegaciones con el Tribunal de Cuentas en multitud de ejercicios. Mantenemos nuestros técnicos, que son grandes profesionales, funcionarios de la ciudad autónoma; existe una externalización de las sociedades mercantiles y después pasa a través de la Intervención de la ciudad para el trámite administrativo, pero esto no significa una duplicidad de auditorías. Se lo digo para que le quede constancia de lo que sucede en ambas ciudades. En cualquier caso, tales auditorías lo que pretenden es que exista absoluta transparencia, objetividad y que las cuentas de las tres sociedades que existen en Melilla supongan la imagen fiel de las mismas. Con respecto a las cuentas de la ciudad, que creo que es lo importante, que es donde falla el Partido Socialista siempre, se trata precisamente de mantener el equilibrio presupuestario, de mantener el superávit y que ciudades como Ceuta y Melilla puedan dar servicios de alta calidad manteniendo el superávit y conteniendo la deuda pública. Esta es una de las cuestiones más importantes de cara a los tiempos que vivimos, pero parece que ustedes siempre lo dejan en un último plano. Tanto en Ceuta como en Melilla -ahora mi compañero hablará de Ceuta- hay equilibro presupuestario, se cumple la regla de gasto y además hay superávit en ambas ciudades.

En relación con el análisis de la gestión, en la organización, gestión y administración de los diferentes contratos y obras de servicio de la ciudad autónoma se observa un elevado grado de control en tanto en cuanto permite su perfecta ejecución. Sería interesante que conociese las peculiaridades y los regímenes jurídicos de ambas ciudades para poder hablar sobre la gestión administrativa. Debería conocer también sus peculiaridades en el sentido de la altísima densidad de población, la altísima tasa de natalidad, los recursos humanos y materiales limitados y, además, el régimen jurídico que ostentan ambas ciudades, que es un híbrido entre un ayuntamiento y una comunidad autónoma con las competencias de ambos.

Como no me puedo alargar mucho más, le diré en relación con Fhimades que seguramente no sepa ni a qué se estaba refiriendo, es la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí. Como saben, somos frontera sur de Europa y tenemos un desarrollo y un potencial importante al otro lado de la frontera con Marruecos. Actualmente, la fundación forma parte de la Sociedad Pública de Promoción Económica, estaba dotada con 50 000 euros y a través de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se ha rebajado a 25 000 euros. Simplemente lo que realiza es un conocimiento más exhaustivo de las transacciones comerciales que se producen a ambos lados de la frontera y consideramos por eso -y lo hemos debatido a través de alegaciones al Tribunal de Cuentas- la necesidad de mantenerla, puesto que tenemos un importante contacto con el otro lado de la frontera, que es fundamental no solo para España sino también para Europa.

Con respecto a la intervención de la compañera de Podemos, su señoría pone de manifiesto un desconocimiento absoluto de ambas ciudades, cuestiona la propia labor del Tribunal de Cuentas y, al fin y al cabo, ha venido a fiscalizarnos a todos, a todos los grupos políticos. Mi última conclusión al respecto


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-esto se lo digo a la interviniente del Grupo Socialista- es que en la ciudad de Melilla hay un partido al frente del Gobierno con el presidente de la ciudad, el senador Imbroda, que lleva más de veinte años, veinte años en los que ha sido votado por los melillenses, con una mayoría absoluta tras otra, y el Partido Socialista tiene tres diputados en la Asamblea de veinticinco; creo que están muy bien considerados. Sigan así, ¡ánimo! que les va a ir muy bien. (Rumores.-El señor Hurtado Zurera: No hay problema).

Muchísimas gracias y buenos días. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias.

He de indicar que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no son entidades locales aunque se consideren como tales a los efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, no rinden cuentas a través de la plataforma de entidades locales por esa razón; forman parte de otro departamento dentro del tribunal, que es el correspondiente a comunidades autónomas, y en ese sentido su inclusión o no en la plataforma de rendición de cuentas viene determinada por ese hecho. También he de decir al interviniente del Grupo Parlamentario de Podemos que no ha cambiado el criterio del consejero y que además tampoco ha cambiado el consejero de comunidades autónomas, es el mismo. En cuanto a la pregunta de por qué no presentamos un sumario o un resumen de los informes, hay que indicar que junto con cada informe se publica una nota resumen que está disponible en la web y que, por lo tanto, cumple perfectamente la finalidad de establecer esa condición de sumario que se reclama. La calificación de descriptivo o no de un informe es evidentemente una opinión que respeto pero que no comparto. Yo no creo que los informes sean descriptivos, tienen un contenido de fiscalización equiparable a cualquier otro informe y se cumplen las directrices técnicas y los requerimientos establecidos para llevar a cabo este tipo de trabajos. También tengo que indicar que las cuentas no rendidas se requieren, como las de la sociedad Emvismesa, que han sido posteriormente remitidas. En cuanto a si se han hecho procedimientos sancionadores en el tribunal, tengo que decir que el Tribunal de Cuentas carece de procedimiento sancionador que aplicar, dado que las únicas medidas que no son sancionadoras y que únicamente son coercitivas son las derivadas de hacer cumplir a los responsables de la rendición de cuentas con su obligación de rendirlas en plazo y según los procedimientos establecidos. Me pregunta también por qué no se incluyen otros análisis de gestión relativos a gestión urbanística, aguas, etcétera, quiero indicar que los informes del tribunal van variando en su objeto de análisis. Lo que es siempre requerido es el análisis de la cuenta general de la entidad, de la ciudad autónoma en este caso, y en unos ejercicios y en otros se hace un mayor hincapié en determinados aspectos de la gestión interna de la entidad, que siempre incorpora algún tipo concreto de fiscalización.

En cuanto a las responsabilidades que se derivan del informe, en relación con los tres informes se incoaron diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento, si bien se archivaron por inexistencia de responsabilidad contable las relativas a los dos primeros ejercicios, encontrándose actualmente en tramitación las relativas al informe de 2014. Por su parte, la fiscalía del tribunal formuló petición de responsabilidad penal en relación con el informe correspondiente al ejercicio 2012 en materia de contratación de ayudas concedidas por la sociedad Emvismesa y de contratación irregular de trabajadores por la sociedad Inmusa. En relación con el ejercicio de 2014, el ministerio fiscal no formuló ninguna petición, únicamente una de responsabilidad tributaria por falta de retención, y en 2013 no se formuló petición de responsabilidad distinta de la contable. En cuanto a por qué la Abogacía del Estado formula o no peticiones y cómo realiza su trabajo, no le puedo informar porque la Abogacía del Estado actúa independientemente de acuerdo con su propio criterio y no rinde cuentas de cuándo formula o no formula sus dictámenes. Lo único que le puedo decir es que tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado realizan un trabajo muy positivo de acompañamiento de los informes de fiscalización para su tramitación posterior por la sección de enjuiciamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


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BLOQUE VII:

- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000065).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124).

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000165 y número de expediente del Senado 771/000163).

El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate de los asuntos del orden del día y antes de proceder a la votación, pasamos al debate del bloque VII y que ahora tendrá el número VIII, que corresponde al informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

La rendición de la cuenta general se ha realizado dentro de los plazos legalmente establecidos y se ha adaptado en términos generales a los principios y normas contables aplicables, sin perjuicio de las carencias, salvedades e incorrecciones que se han puesto de manifiesto en los respectivos informes. En este sentido, en los tres ejercicios fiscalizados se repite la no inclusión en las cuentas generales rendidas de los balances de liquidación de varias sociedades, ni se ha informado en la memoria de la situación de las mismas.

En 2013 la ciudad aprobó un plan de reestructuración de su sector público instrumental, si bien quedó sin efecto en 2014 como consecuencia de la posterior estimación por la Administración de los recursos de reposición interpuestos por empleados públicos. Se mantienen las deficiencias y debilidades señaladas en informes anteriores en los procedimientos implantados para la gestión del inventario general de los bienes y derechos de la ciudad. En resumen, consisten en la falta de coordinación entre las distintas unidades orgánicas intervinientes, la ausencia de comprobaciones físicas y la existencia de un elevado número de elementos sin valoración y sin anotación registral. En cuanto al presupuesto, se produjo su liquidación respecto al límite previsto en la normativa con una demora de cuatro meses en 2012, cinco meses en 2013 y cuatro meses en 2014. Al igual que en ejercicios anteriores, la Administración General de la ciudad ha registrado e imputado a 2012 gastos e inversiones incurridos o devengados en ejercicios anteriores mediante el denominado reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía no ha podido determinarse con exactitud. La Administración de la ciudad tenía pendientes de contabilizar compromisos de gasto con empresas municipales, deudas con la Autoridad Portuaria de Ceuta y otras obligaciones. Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, la ciudad cumplió el objetivo fijado en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, al encontrarse en situación de capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional frente al objetivo de equilibrio. Asimismo, ha cumplido la regla de gasto y el objetivo de deuda. La evolución del gasto de personal refleja un incremento interanual cada vez menor, al haber pasado el aumento respecto al ejercicio anterior del 9,4 % en 2012 al 6,4 % en 2013 y al 1 % en 2014. La ciudad se acogió al mecanismo extraordinario de pago a proveedores, abonándose a través del mismo 82 millones de euros en el ejercicio 2012, incluyendo algunas facturas que se remontaban hasta el ejercicio 2001. En el seguimiento efectuado sobre el plan de ajuste por acogerse al mecanismo de pago a proveedores, se observan indicadores con diferencias significativas que pueden repercutir en el cumplimiento del mismo, como el periodo medio de pago y la cifra de deudores de difícil o imposible recuperación. A tal efecto, a pesar de incumplirse el límite máximo de treinta días, el periodo medio de pago a proveedores ha ido disminuyendo a lo largo de los tres ejercicios, habiendo quedado en cincuenta y tres días en el cuarto trimestre de 2014.

Por lo que se refiere a la gestión de los bienes patrimoniales, se mantienen las mismas carencias de informes anteriores. Entre ellas, la falta de elaboración de los inventarios separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes de la ciudad; la existencia de numerosos bienes sin valoración; la falta de inscripción registral de los bienes recibidos del Estado en diferentes traspasos


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de competencias; y la ausencia de recuentos físicos. La ciudad autónoma y su sociedad dependiente Parque Marítimo del Mediterráneo son titulares de siete y dos concesiones administrativas respectivamente, correspondientes a la ocupación, uso y explotación de varios terrenos de dominio público de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Desde la constitución de estas concesiones, ni la Administración ni la sociedad han contabilizado íntegramente las deudas correspondientes a las tasas y cánones girados por la autoridad portuaria por la titularidad de estas concesiones administrativas. Asimismo, se ha comprobado que varias transmisiones de derechos concesionales efectuadas a empresas privadas y a particulares no se elevaron a escritura pública, por lo que las tasas de ocupación han sido giradas a la ciudad y a la sociedad municipal, pudiendo no corresponderles a las mismas.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en los informes de ejercicios precedentes, en general no se observan actuaciones definitivamente encaminadas a su cumplimiento, por lo que se reiteran en el correspondiente al ejercicio 2014.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias una vez más al presidente del Tribunal de Cuentas.

Quiero empezar diciendo que en todos los informes que hemos visto a lo largo de estos meses no hay ninguno tan demoledor como este. Me ha sorprendido la mala gestión que ha hecho el Partido Popular de las instituciones en Ceuta, y me ha sorprendido a mí que soy de Valencia y estoy curado de espanto. (Risas). Al leer estos informes, hemos confirmado que no hay nada más letal para nuestros ayuntamientos que la combinación de un Gobierno central del Partido Popular y un Gobierno municipal del Partido Popular, aunque en este caso sea de una ciudad autónoma.

Nos parece preocupante -denota una gran dejadez- la no inclusión en las cuentas de empresas participadas por la Administración local, como Teleceuta, S.A., Heliceuta, S.A. y Acuicultura de Ceuta, S.A., del mismo modo que falta documentación relevante, como información sobre el patrimonio público del suelo, compromisos de gastos e ingresos con cargo a ejercicios futuros o los avales y otros afianzamientos concedidos por la Administración autonómica a sus empresas mercantiles. Además, faltan informes de control financiero de los organismos autónomos y sociedades mercantiles. Resulta curioso que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no cumplan con lo establecido por las leyes de control sobre las corporaciones aprobadas por el propio Partido Popular aquí en Madrid.

En cuanto a los gastos y gestión de personal, no hay una relación de puestos de trabajo en la corporación, lo cual es un factor determinante para una buena gestión administrativa y transparente. Además, consideramos que es altamente preocupante que un elevado número de trabajadoras y trabajadores no haya pasado por un proceso selectivo para ocupar puestos de trabajo y sean ocupados de manera permanente por personal temporal. Esto va acompañado de la existencia de duplicidades de personal, detectadas en áreas como vivienda, aparcamiento o gestión del agua, lo cual señala una mala gestión del personal, como lo hace también la falta de manuales de procedimiento que faciliten una mejor gestión. En cuanto a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se señala la carencia de reuniones de la Comisión técnica de igualdad, existiendo un fuerte desequilibrio por sexos en la plantilla: el 69 % son hombres y el 31 % son mujeres.

Con respecto a los resultados contables, los datos arrojados por el informe del Tribunal de Cuentas señalan que hay tanto partidas infravaloradas como sobrevaloradas, dependiendo del objetivo. En el informe de 2014, por ejemplo, encontramos que se arroja un resultado de superávit de 27,7 millones en el remanente de Tesorería, mientras que el informe de fiscalización señala que en realidad hay un saldo negativo de 41,5 millones de euros. Me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas confirmase o desmintiese si ha habido algún tipo de ingeniería contable por parte de esta Administración para que los números cuadrasen. Por lo que se refiere al cumplimiento de la Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, aunque ya se ha dicho que ha habido una mejora, no se cumple la norma de pagar a sesenta días establecida por la Ley 15/2010 y hasta el 75 % de los pagos en 2014 estaban fuera del plazo que marca dicha ley. Finalmente, no hay ni seguimiento ni un programa estratégico a la hora de otorgar subvenciones, lo que aumenta la discrecionalidad de las mismas y la falta de control. Además, los convenios suscritos con terceros son generalistas y poco concretos y ni siquiera


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hay un portal de transparencia de la corporación. Consideramos que sería importante que se solicitase su creación.

En definitiva, todo lo que podría estar mal en el Ayuntamiento de Ceuta lo está. Las cifras no cuadran y no solamente no se cumple con rigurosidad la legislación, sino que también existe una elevada arbitrariedad y discrecionalidad en la gestión, que, como ya sabemos, deja el terreno perfectamente abonado para la corrupción, lo cual no es ni una novedad en Ceuta ni por supuesto en el PP.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, demoledor es la palabra que yo tenía anotada con antelación y no porque coincidamos en que seamos de Valencia. Aquí se ha hablado del no conocimiento personal, y yo no creo que haya que haber nacido en Ceuta y Melilla para, siendo diputados y diputadas, hacer una valoración política correcta a partir del informe tan minucioso del Tribunal de Cuentas. La que les habla es funcionaria de la Administración de la Generalitat Valenciana; llevo treinta años en la Administración pública y tengo un máster en Dirección y Gerencia de Empresa Pública, con lo cual algo de la Administración pública puedo apreciar, sobre todo cuando es tan a bulto como todas estas irregularidades que figuran en todos los informes y que, coincido, llaman la atención, y cuando algo brilla de esa manera es muy negativo. Ni lo básico en una Administración pública, sea del tamaño que sea, se cumple. ¿Cómo va a haber un portal de transparencia? Si con esa opacidad se ve lo que se ve, el portal de transparencia multiplicaría la visión de lo que ha ocurrido, y parece mentira que en un lugar con una dimensión de población y de presupuesto tan acotado, se puedan atrever a hacer todos estos desmanes. Los años 2012, 2013 y 2014 se confunden. Hay confusión cuando uno lee Ceuta y Melilla por los paralelismos, hasta en los años en que ambos responsables políticos llegan al poder, etcétera, pero todos son dominio del Partido Popular durante muchos años. Además, entre los distintos informes, como se van repitiendo las mismas irregularidades y recomendaciones del Tribunal de Cuentas, llegamos al mismo punto de destino, que es un descalabro absoluto en la gestión. Veo la cara del diputado por Ceuta, don Juan Bravo, y, a pesar de que tiene experiencia hacendística, cosa que le reconozco, va a tener que enfrentarse muy a fondo con esta situación para poder decirnos algo.

Coincido con los informes. Los informes del Tribunal de Cuentas son absolutamente ecuánimes y, si me apura, tienen un estilo muy equilibrado y suave. Está diciendo que están entrando el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado. Lo dice de una manera tan suave que parece que no es verdad, pero realmente es grave que acabe con informes de 2012 negativos desde el minuto uno del ministerio fiscal y acabe ya por fin en el año 2014 con la Abogacía del Estado también metida en faena porque es realmente de alcance. La lista de irregularidades llenaría los pocos minutos que me quedan, pero simplemente quiero hacer una selección. Los informes empiezan en 2012 y acaban en 2014. La supuesta mejoría es tan irrelevante que una no sabe realmente qué se ha podido hacer durante todo este tiempo, lo cual nos lleva a la melancolía, porque habrá que tomarse realmente en serio qué se puede hacer para cortar con esta situación. Los diputados vemos estos informes y observamos que año tras año hay lugares donde realmente hay problemas y esto habrá que afrontarlo. He mirado de dónde proviene el presidente de esta ciudad autónoma, el señor Juan Jesús Vivas, y según pone en su currículum viene de la Función pública, algo que realmente me extraña. (Rumores). Hay subvenciones sin inicio de expediente de reintegro al no haberse justificado, hay refinanciaciones de operaciones financieras que llaman la atención de la fiscalía. La cuenta general, lo básico, se rinde incompleta. Yo no sé si eso es conocer poco o mucho Ceuta y Melilla, pero la cuenta general tendrá unos documentos que habrá que presentar. Hay deficiencias inexcusables, según manifiesta el Tribunal de Cuentas, en control interno. Sigue habiendo, además, dificultades en Ceuta para proveer los puestos de secretario general e interventor con habilitados nacionales. Señorías, algo habrá que hacer para incentivar que estas personas puedan estar allí y se desplacen. Esas son las cuestiones que hay que afrontar, no que no los haya y que las personas que estén ocupando esos puestos no tengan la debida cualificación para que se pueda hacer, porque eso también es abonar posibles deficiencias e irregularidades en el futuro. Hay inexistencias hasta en RPT. Cuando yo me refiero a lo básico no es que exageremos, es que lo básico es que haya una relación de puestos de trabajo, y no hay RPT durante los tres años. Por supuesto, hay abundante inexistencia de control financiero, los inventarios no se cumplen y no se mantiene la responsabilidad de la custodia de


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bienes, dicho por el Tribunal de Cuentas. El propio Tribunal de Cuentas dice literalmente en un momento dado: la gestión presupuestaria ha sido muy deficiente.

Me centro ya en el último, porque el del año 2012 era terrible. Me centro ahora en el de 2014 pensando que alguna cosa habrán suavizado. Hay modificaciones presupuestarias que incrementan créditos más del 40 %. Las transferencias de crédito que se realizan incumplieron en un 39 % las limitaciones legalmente previstas -creo que esto tiene un alcance-. Pese a los intentos evidentes de maquillaje, el remanente de tesorería presenta saldo negativo en 2014 y en los ejercicios anteriores, y el resultado económico patrimonial se encuentra afectado por importantes salvedades. Por lo que respecta al balance, tiene también importantes salvedades. Hay un déficit elevado de 38,7 %, un millón de euros más que en el ejercicio anterior respecto a 2013. El gasto de personal también aumenta, cuando todas las administraciones públicas han tenido una contención del gasto de personal. No hay un plan estratégico de subvenciones, algo verdaderamente exigible por la Ley General de Subvenciones; luego pasa lo que pasa con las subvenciones que se han gestionado. Y la reestructuración de la deuda se hizo a tipos superiores -uno no encuentra ni las palabras- a los preexistentes y a los existentes en el mercado. Se incumple asimismo la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y, como colofón, no hay por supuesto portal de la transparencia.

Por tanto, señorías, algo tendremos que hacer en Ceuta y Melilla. Creo que tenemos tarea para tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.

Parto pidiéndole benevolencia en el tiempo porque me hará falta bastante para poder contestar.

Como no puede ser de otra manera, quiero comenzar agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas tanto la elaboración del informe como la exposición del informe anual de la Ciudad autónoma de Ceuta de los años 2012, 2013 y 2014. Antes de entrar en el análisis, me gustaría darles unas cuantas pautas para que ustedes conozcan la situación de Ceuta o de Melilla. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de llamarnos ciudades hermanas, no les quepa la menor duda, españolas y europeas; si todo el mundo pensase igual, a lo mejor a este país le iría de otra manera. Somos la frontera terrestre única de Europa con África con lo que eso conlleva. A la candidata del PSOE yo le invito, además con buen talante, a que visite nuestras ciudades; seguro que conoce otra realidad que a día de hoy no se puede llegar ni a plantear.

Cuando hablamos del personal, somos una ciudad con un personal muy limitado, como el propio informe establece -si es que se lo leen-. Compañero de Podemos, usted dice que es demoledor como ningún otro que haya leído y que hay una mala gestión de la ciudad. Yo le he visto poco por aquí, no sé cuántos informes habrá tratado anteriormente, pero yo le puedo decir que he visto muchos y, sinceramente, no creo que este sea un informe ni mucho menos demoledor. (Rumores). Continúo con la situación económica y pago a proveedores. Yo creo que el año 2012 fue un año complicado para el conjunto del país y una ciudad pequeña con pocos funcionarios, lógicamente, tiene dificultades para atender administrativamente, pero en ningún momento dice el tribunal ni de Ceuta ni de Melilla que alguien haya metido la mano, cosa que a lo mejor otros no pueden decir. Somos una ciudad autónoma que ha asumido muchísimas competencias de la Administración General del Estado y que trabajamos de manera conjunta. Además, asumimos un trabajo diplomático, si me lo permiten, y son las relaciones con Marruecos. Cuando ustedes vengan y lo conozcan, tanto ustedes como los compañeros de Podemos verán a lo que me estoy refiriendo, la carga financiera y administrativa que eso supone, y lo hacemos encantados, porque creemos que es bueno para España y para las relaciones de España con Marruecos.

Usted ha hecho referencia a nuestros presidentes. Le voy a decir una cosa, compañera del PSOE, nuestros presidentes tienen una formación universitaria, en algunos casos con oposición a nivel nacional, y yo no creo que ustedes puedan decir lo mismo de todos sus dirigentes, no creo que puedan decir lo mismo. (Rumores). Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro presidente. Han hablado de la relación. ¿Saben lo que pasa en Ceuta? Que si usted quisiera ser diputado por Ceuta o Melilla, lo sería, porque este diputado que defiende Ceuta no es de Ceuta, ha vivido también hasta los veintitrés años en Valencia. Con lo cual, fíjese en que hoy habla de Ceuta gente que también tiene mucho que ver con Valencia. Eso es lo importante, para que vean ustedes a lo que nos dedicamos. (Rumores.-Risas). Sí, les hace mucha


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gracia, pero vamos a lo que realmente importa. Ustedes han hecho referencia a la figura del interventor y del apoderado. Señoría, hay que leer los informes, no solamente hay que leer las recomendaciones, los últimos tres folios, hay que leer el conjunto del informe y las alegaciones que hace la ciudad autónoma para ver que muchas de las cosas que ustedes han dicho son incorrectas. Hay que leer un poquito antes, señorías. Le voy a dar algunos datos. Como bien ha dicho, el concurso para la provisión de tesorero-interventor se hizo en octubre de 2014 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se público en el BOCCE el 15 de abril, y quedó desierto -algo de lo que no tiene culpa la ciudad-, y no creo que desde el Tribunal de Cuentas se haya puesto el más mínimo reparo al funcionamiento de la Intervención. Con lo cual, por desgracia para Ceuta no tenemos la posibilidad de cobertura y la persona que lo está haciendo lo está haciendo muy bien, tal y como reconoce el propio informe. No sé si ustedes lo han leído, pero dice que hace más de lo que tendría que hacer, que ayuda a distintas consejerías a un control previo; con lo cual, creo que nadie pondrá en duda el trabajo que viene realizando el interventor. Además, se le ha olvidado decir que el 27 de febrero del año 2014 aprobamos, a recomendación del Tribunal de Cuentas, un reglamento de tesorería y ordenación de pagos de la Ciudad de Ceuta. ¿Vamos al inventario, que también lo ha sacado? Por si lo quieren leer, cójanlo, informe de 2014, página 28: En los últimos años se ha avanzado notablemente en la regularización y depuración de las fichas de inventario, rectificaciones anuales del inventario. Además, en la página 109 el Consejo de Gobierno dice que el 3 de julio de 2015 -es leer un poco más de 2014, pero viene bien- actualizó el inventario correspondiente al ejercicio de 2014, y además hay un cuadro, por si lo quieren ver. En el informe de 2012, página 13, habla de la regularización del inventario de mayo de 2014. Es decir, que lo dice varias veces. Cuando habla usted, compañero de Podemos, de las sociedades, de Heliceuta, Teleceuta y Acuicultura de Ceuta, tendría que leer y ver lo que nos dice el tribunal, y que nosotros le estamos reconociendo, que es la disolución y liquidación de las sociedades porque ya no existen. No sé qué ve raro cuando desde el año 1993 algunas de ellas no hacían nada. Si lo lee, además verá cómo el propio tribunal reconoce que se están haciendo las gestiones para la disolución y liquidación, tanto en junio como en diciembre de 2014. Por tanto, cuando hablen, sepan de lo que están hablando, que si no quedan bastante mal con la gente que les escucha.

Seguimos con las subvenciones. Hay una cuestión muy concreta que puede conocer usted de Ceuta y Melilla. Si hay algo que se hace en Ceuta y Melilla es política social, mucha política social y mucha colaboración con todas las asociaciones, ONG y demás.

El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, tiene que ir acabando.

El señor BRAVO BAENA: Perfecto, voy acabando.

Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues el propio tribunal reconoce la comprobación de justificación que hace la Intervención. Además, dice que hay recomendaciones y que hay una guía de fiscalización de las subvenciones a petición del propio tribunal, etcétera.

En cuanto a la RPT, compañero de Podemos, mire la página 87 del informe, ochocientos funcionarios de carrera, ochocientos. ¿Le parece poco? Pero vamos a lo que realmente les importa a los ciudadanos de Ceuta. ¿Sabe lo que les importa? Pues mire, que del presupuesto, la ejecución de 2014 fue del 90 % en gastos y del 94 % en ingresos; que las cuestiones del puerto, si las quiere leer, se explica perfectamente cómo se están tramitando y en qué fase están de solución. Como no me da tiempo, si quiere, luego se lo explico.

En cuanto a los resultados presupuestarios, un resultado presupuestario positivo de 2014, de 14,5 millones y un saldo presupuestario de 7. En cuanto a los saldos de dudoso cobro, especifica el tribunal que, a propuesta del propio tribunal, se ha ido rectificando el porcentaje que se aplica para los saldos de dudoso cobro, con lo cual no hay ninguna irregularidad, y el propio tribunal lo viene reconocido, pero ustedes solamente se leen una pequeña parte.

Y en cuanto a otras cuestiones, en cuanto al equilibrio presupuestario, se dice que estamos cumpliendo todos los requisitos. En cuanto al déficit financiero, que se ha reducido.

El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, vaya acabando ya, por favor.

El señor BRAVO BAENA: Termino, señor presidente.

Y en cuanto al pago a proveedores, si ustedes analizan con un poquito de generosidad hacia Ceuta, verán que pasamos de cien días a cincuenta y uno. Hombre, creo que el trabajo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es suficientemente bueno como para que tenga su reconocimiento.


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Y, por último, quiero decirle simplemente al Tribunal de Cuentas que agradecemos todas sus recomendaciones; que no nos hace falta que nos sancione; que a nosotros, con que ustedes no lo digan, es suficiente para intentar atender, tal y como lo venimos haciendo desde el año 2012, 2013 y 2014, y que en la actualidad seguimos trabajando para hacer una mejor gestión administrativa en la Ciudad autónoma de Ceuta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para finalizar, tiene la palabra al presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Voy a hacer dos precisiones.

En primer lugar, no podríamos sancionarles porque no tenemos capacidad sancionadora, o sea que no se preocupen en ese sentido. (El señor Bravo Baena: No, pero como lo ha insinuado...). Por otra parte, la función del tribunal no es la de establecer sanciones, sino presentar informes técnicos en esta Comisión para que sea la Comisión, para que sea el Parlamento el que establezca las medidas que estime oportunas en relación con las recomendaciones a formular a los gestores.

En segundo lugar, la otra cuestión breve que quería comentar es respecto a su pregunta sobre si podía confirmar o desmentir la existencia de ingeniería contable en la Ciudad autónoma de Ceuta. El tribunal efectúa en sus informes la valoración sobre los defectos e irregularidades contables y los efectos que estas irregularidades producen en los estados financieros. El informe está lleno, precisamente, de aquellas cuestiones de carácter contable que tienen incidencia en los estados financieros de la ciudad y, por lo tanto, no efectúa ese tipo de declaraciones. En todo caso, si hubiéramos estimado que existe ingeniería contable, no le quepa la menor duda de que lo hubiéramos dicho en el informe y no lo hubiéramos ocultado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Procedemos a interrumpir por unos minutos la sesión para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas y proseguiremos con la votación de las propuestas de resolución. (Pausa).

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

BLOQUE I:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ELLOS DEPENDIENTES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000014).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITOS POR LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020).

El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, vamos a ratificar que por el Grupo Parlamentario Mixto no hay nadie; por el Grupo Vasco tampoco; por el Grupo de Esquerra Republicana hay un diputado; por el Grupo Ciudadanos, dos; por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, cinco; por el Grupo Socialista los nueve; y por el Grupo Parlamentario Popular los diecisiete. Así que, sin más dilación, vamos a proceder a la votación.

Informe de fiscalización de los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los departamentos ministeriales del área de administración económica del Estado y organismos autónomos de ellos dependientes e informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por departamentos y ministerios del área político-administrativa del Estado. Propuestas presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos números 2 a 4.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Resto de propuestas. (El señor Hurtado Zurera: Perdón, ¿y la propuesta número 9?). La número 9 fue calificada por la Mesa y no fue admitida a trámite.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Como sus señorías saben, por aplicación del voto ponderado el resultado sería: votos a favor, 286; en contra, 283. Con lo cual, quedan aprobadas.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Resto de propuestas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Aplicando el mismo criterio de ponderación, quedan aprobadas.

Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MÁS RELEVANTE DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD FORMALIZADA POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL EN LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000161).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación más relevante de servicios de publicidad formalizada por las entidades del sector público empresarial estatal en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea números 2 a 4.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Resto de propuestas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Por el mismo criterio expuesto anteriormente, quedan aprobadas.

Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Resto de propuestas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Por el mismo criterio que anteriormente he expuesto, quedan aprobadas.


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Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE II:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LIQUIDADORA Y AGRARIA DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000134 y número de expediente del Senado 771/000133).

El señor PRESIDENTE: Bloque II. Informe de fiscalización de las actividades liquidadora y agraria del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2014. Propuestas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE III:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000055 y número de expediente del Senado 771/000060).

El señor PRESIDENTE: Bloque III. Informe de fiscalización del inmovilizado no financiero de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos. Propuestas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al haber empate, por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuestas número 3 a número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido empate. Por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y EL CONTROL EFECTUADOS POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000104 y número de expediente del Senado 771/000104).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos. Propuestas número 1 a 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se ha producido empate, por lo que queda aprobada por el criterio anteriormente manifestado.

Propuestas 6 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al producirse empate, por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE IV:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000012 y número de expediente del Senado 771/000011).

El señor PRESIDENTE: Bloque IV. Informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2008. Propuestas números 1 al 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado 771/000080).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2012. Propuestas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio manifestado al inicio de la votación, quedan aprobadas.

Propuestas números 7 al 14, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al haber empate, quedan aprobadas por el mismo criterio de voto ponderado.

Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000085).

El señor PRESIDENTE: Informe correspondiente a la Universidad de Extremadura, ejercicio 2012. Propuestas números 1 al 7, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas 8 al 15, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.

Propuesta número 16, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2012. Propuestas números 1 al 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio anteriormente manifestado, quedan aprobadas.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000090 y número de expediente del Senado 771/000090).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2012. Propuestas números 1 al 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 6 al 13, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.

Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000089).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2012. Propuestas números 1 al 3, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio anteriormente manifestado, quedan aprobadas.

Propuestas números 4 al 11, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000160).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ejercicios 2014 y 2015. Propuestas números 1 al 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de ponderación, quedan aprobadas.

Propuestas 6 al 13, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000167 y número de expediente del Senado 771/000165).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 y 2, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de ponderación, quedan aprobadas.

Propuesta número 3, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 4 al 11, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas al aplicarse el criterio de ponderación.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000170 y número de expediente del Senado 771/000173).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 al 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio mantenido hasta ahora, quedan aprobadas.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000171 y número de expediente del Senado 771/000170).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 al 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio, quedan aprobadas.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 10 y 11, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000184 y número de expediente del Senado 771/000186).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 al 6, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 7 al 14, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de ponderación, quedan aprobadas.

Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000190 y número de expediente del Senado 771/000191).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 al 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas aplicando el criterio de ponderación.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000191 y número de expediente del Senado 771/000188).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2013 y 2014. Propuestas números 1 a 8, del Grupo Confederal Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas 9 a 16, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio del voto ponderado, quedan aprobadas.

Propuesta número 17, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE V:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL CONTABLES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000114 y número de expediente del Senado 771/000111).

El señor PRESIDENTE: Bloque V. Informe de fiscalización de la gestión y control contable del inmovilizado material de la Administración General del Estado. Propuestas números 1 a 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio aplicado de la ponderación, se aprueban.

Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 6 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al haber empate, por el criterio del voto ponderado, quedan aprobadas.


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Propuestas número 12, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE VI:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA "AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA" EN LOS EJERCICIOS 2007-2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000003).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización, que corresponde al bloque VI de las votaciones, de la actividad desarrollada por la Autoridad Portuaria de Valencia. Propuestas números 1 y 2, del Grupo Confederal de Unidos Podemos, según la corrección que se ha repartido a los portavoces.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 3 a 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE GIJÓN, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000145 y número de expediente del Senado 771/000146).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del puerto de Gijón, ejercicios 2012 y 2013. Propuesta número 2, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por el criterio del voto ponderado.

Propuestas número 1 y número 3, según la corrección repartida a los portavoces.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 28.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas.

Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, do el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 6.


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BLOQUE VII:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000008).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización correspondiente al bloque VII, del Consejo Económico y Social, ejercicio 2010. Propuestas número 1 a número 8, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al haber empate y por el criterio del voto ponderado quedan aprobadas.

Propuestas números 10 y 11 -que se unificarían en una, en la 10- y las número 12 y 13, con las correcciones que ya se han repartido, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por el criterio del voto ponderado al haber empate.

Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000173 y número de expediente del Senado 771/000178).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consejo Económico y Social, ejercicio 2015. Propuestas número 1 a número 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al haber empate por el criterio del voto ponderado quedan aprobadas.

Propuestas número 8 a número 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio quedan aprobadas al haber empate.

Propuestas 13, 14 y 15, con la corrección repartida a los señores portavoces previamente, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio del voto ponderado al haber empate quedan aprobadas.

Propuesta número 16, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE VIII:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES, EJERCICIO 2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000055).

El señor PRESIDENTE: Bloque número VIII. Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2012.

Propuestas número 1 a 18, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas al aplicar el criterio del voto ponderado.

Propuesta número 19, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas número 20 a 24, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 25, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE IX.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025).

El señor PRESIDENTE: Por último, votación correspondiente al bloque IX. Informe de fiscalización del Fondo Estatal de Inversión Local.

Votación de las propuestas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio del voto ponderado, se entienden aprobadas las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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