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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 94, de 28/11/2017
cve: DSCD-12-PL-94
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 94
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 90
celebrada el martes,
28 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día:

- Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para que se conceda una prórroga, de ocho meses, del plazo otorgado a la Subcomisión para el Estudio de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), para la emisión de su informe. (Número de expediente 154/000007) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, reguladora de las prácticas académicas universitarias externas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 152-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 122/000121) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 91-1, de 3 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000072) ... (Página15)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 209, de 15 de septiembre de 2017. (Número de expediente 162/000458) ... (Página23)


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- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 95, de 30 de enero de 2017. (Número de expediente 162/000306) ... (Página30)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las Entidades Locales. (Número de expediente 173/000065) ... (Página39)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclá), sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España. (Número de expediente 173/000066) ... (Página45)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura. (Número de expediente 173/000067) ... (Página54)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la sesión del próximo jueves, que se debatirá en último lugar, consistente en la solicitud de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para que se conceda una prórroga, de ocho meses, del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), para la emisión de su informe, lo que se aprueba por asentimiento.

La Presidencia informa de que todas las votaciones se realizarán en la sesión del próximo jueves.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, reguladora de las prácticas académicas universitarias externas ... (Página5)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Rodríguez Rodríguez y González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Urquizo Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España ... (Página15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Galovart Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley el señor Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo; la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Roca Mas.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Galeano Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Candela Serna y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor García Egea, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

Interviene de nuevo el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y contesta la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página39)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la Regla de Gasto aplicable a las entidades locales ... (Página39)

Defiende la moción la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Matute García de Jalón y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sumelzo Jordán.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclá), sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España ... (Página45)

Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y las señoras Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene de nuevo del señor Xuclà i Costa y contesta el señor Villegas Pérez.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la Cultura ... (Página54)

Defiende la moción la señora García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Del Río Sanz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra la señora García Sempere.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA, DE OCHO MESES, DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA), PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME. (Número de expediente 154/000007).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir como último punto de la sesión del jueves 30 de noviembre la solicitud de una prórroga de ocho meses del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio de la reforma del régimen especial de trabajadores por cuenta propia, o autónomos, para la emisión de su informe. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

Por otra parte, les informo, señorías, de que en la sesión del día de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, por lo que todas las votaciones de este Pleno se realizarán al finalizar la sesión del jueves.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, REGULADORA DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS. (Número de expediente 122/000121).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, reguladora de las prácticas académicas universitarias externas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Presidenta, señorías, ¿saben ustedes por qué el pacto constitucional de 1978 llegó hasta el siglo XXI sin apenas contestación y contando con un consenso mayoritario? ¿Fue porque Adolfo Suárez era un estadista ejemplar? ¿Fue porque Santiago Carrillo era muy generoso, o porque los políticos de antes estaban hechos de otra pasta y sabían llegar a amplios acuerdos? Yo creo que no fue por eso. El amplio consenso social surgido de las luchas en la Transición tenía que ver con garantías -o por lo menos con la expectativa de ellas- para gran parte de nuestra población. Tenía que ver con garantías, por ejemplo, de que ibas a poder conseguir un trabajo más o menos estable; garantías de que cuando te jubilaras ibas a tener una pensión digna; garantías de que ibas a poder acceder a una vivienda para ti y para tu familia, e incluso, si la cosa iba bien ese año, tenías la posibilidad de irte de vacaciones. Por supuesto, nadie dudaba tampoco de que ibas a poder ser atendido en uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, y con la educación pasaba igual: sabías que si trabajabas duro y tu hija o tu hijo se esforzaban, había muchas posibilidades de que terminaran los estudios y accedieran a un buen empleo, a un futuro mejor.

Mal que bien, esto funcionó durante décadas, pero llegaron la especulación inmobiliaria, el estallido de la burbuja, los recortes y las políticas de austeridad. Ese consenso saltó por los aires, fundamentalmente todo lo que tenía que ver con esto último. El ascensor social, ese famoso ascensor social que tan claro tenían nuestras madres y nuestros padres, también nuestras abuelas y nuestros abuelos, esa expectativa de vivir mejor, desapareció de un plumazo, se esfumó. Cada generación que viene ahora vive peor que la anterior, no hay seguridad de nada, no hay garantía de nada; cientos de miles de personas se mataron a estudiar imaginando el futuro que les habían prometido y ahora, ¿qué tienen? Un trabajo de becarios y en algunos casos, si tienen suerte, hasta cobran y todo. ¿Se acuerdan de aquel grito famoso del 15-M de "No es una crisis, es una estafa"? Pues eso, básicamente.

Cómo de mal tiene que estar el mercado de trabajo en nuestro país para que cada vez que me subo a esta tribuna venga a hablar de gente que trabaja gratis. Llámenme loco, pero a mí esto de trabajar gratis


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sin cotizar, sin remuneración y sin controlar, me parece un disparate en cualquier lugar del mundo, pero más aún en la cuarta economía más potente de la zona euro. Y esto no me lo estoy inventando; el último estudio de la Comisión Europea al respecto indica que el 61 % de los y las estudiantes en prácticas en España no reciben compensación económica por las mismas, el ¡61 %!

Con esta proposición de ley pretendemos regular la situación y dignificar las condiciones de cientos de miles de personas que están destinadas a ser piezas clave en el futuro de nuestro país. Planteamos cosas como que tengan un contrato de trabajo, que coticen a la Seguridad Social por las horas realizadas, que las prácticas tengan relación con los estudios cursados y que reciban un salario, como mínimo, proporcional al SMI. También nos parece un poco de sentido común que el número de estudiantes en prácticas esté limitado en función del tamaño de la plantilla de la empresa -yo creo que tiene su lógica- o que una empresa que acaba de presentar un ERE no pueda utilizar becarios en los meses siguientes para sustituir a trabajadores despedidos. No sé, como he dicho anteriormente, llámenme loco, pero a mí no se ocurre un motivo sensato por el que alguien pueda votar en contra de esto, a no ser, claro, que disfruten viendo cómo el presente y el futuro de nuestro país se despide en los aeropuertos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

En primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones y colectivos presentes hoy aquí que hayan colaborado con nosotros en la elaboración de esta ley. Muchas gracias al Consejo de la Juventud de España, a la Oficina de Prácticas de la Complutense, a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y también gracias a la Oficina Precaria. Muchas gracias por vuestra colaboración porque sin vosotros esto no sería posible. (Aplausos).

Voy a empezar contando brevemente la historia de esta ley, porque, en parte, es también la historia de una generación que creo que deberían conocer. Era el año 2012 y un puñado de activistas procedentes del 15-M nos juntamos para lanzar la Oficina Precaria, un colectivo que pretendía combatir las nuevas formas de precariedad, especialmente aquellas a las que no estaban llegando todavía los sindicatos tradicionales. Sí, mientras nosotros nos juntábamos para hacer esto; otros que aquí se sientan, o se deberían sentar, se juntaban para rescatar a los bancos que arruinaron sus compañeros de partido y para repartir sobres. ¿Bastante diferente, verdad? Bueno, pues cada uno hace lo suyo, lo que le corresponde, en fin. Partíamos del análisis de que la regulación laboral en España no solo desprotege a los trabajadores, sino que, al igual que ocurre con el sistema fiscal, tiene numerosos agujeros por los que se cuela el fraude y la precariedad. De estos agujeros, uno de los que más nos llamó la atención fueron las becas en fraude, es decir, el uso generalizado de las prácticas formativas para sustituir puestos de trabajo. Observamos como muchas empresas aprovechaban el elevado desempleo juvenil para ofrecer todo tipo de prácticas a estudiantes universitarios y de FP, pero también a jóvenes que ya habían terminado sus estudios; prácticas que en la mayoría de los casos no servían para su finalidad formativa, sino para sustituir puestos de trabajo y que las empresas pudieran incorporar trabajadores cualificados a coste cero. Un tremendo negocio.

Un estudio publicado por la Comisión Europea en 2013 nos daba la razón y decía que el 72 % de los becarios tiene una carga de trabajo similar a la del personal contratado con contrato laboral y que el 61 % de los becarios no recibían ningún tipo de compensación por sus funciones. Tras conocer estos datos, se nos ocurrió lanzar una campaña para conseguir testimonios de becarios afectados por la situación y animarlos también a que denunciaran ante la Inspección de Trabajo. Recibimos más de trescientos casos. Les voy a leer solo un par que creo que reflejan bastante bien el problema. Marta, veintidós años, de Madrid: Hago prácticas extracurriculares cubriendo como becaria una baja por maternidad. No he tenido formación ni tutor. No solo no me contrataron, sino que además me obligaron a formar a otro becario que me sustituiría como si yo fuese tutora. Ana, veinticinco años, de Barcelona: Trabajo de becaria en una gran empresa del sector tecnológico, es la tercera vez que trabajo como becaria y todavía no he cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. He escuchado al mánager de mi departamento decir que le encantan los becarios porque somos más baratos, eficientes y estamos mucho más motivados.

En ese momento nos preguntamos cuántos casos habría como estos y, pese a la ausencia de cifras oficiales, cruzando datos de la Seguridad Social y de la Comisión Europea, estimamos que había 150 000 jóvenes que podrían estar en esta situación. Esta 'becarización' del empleo, lejos de ser un caso aislado, forma parte de una tendencia creciente, la tendencia del empleo atípico en la que se incrustan fenómenos


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como los riders de Deliveroo o los stagiers de Jordi Cruz, fenómenos de sobreempleo que abren brechas en el ya maltrecho edificio del derecho laboral, convirtiendo el Estatuto de los Trabajadores en papel mojado. Y son brechas que el Gobierno no se da mucha prisa en cerrar, quizá porque le sirven para maquillar las cifras de paro, pero miren, señorías, no es que la recuperación no haya llegado a los jóvenes, es que en cierta medida esta recuperación se sustenta sobre el sacrificio de una generación, una generación engañada a la que se le dijo que si estudiaba, que si se lo curraba, conseguiría un empleo de calidad, pero que desde hace muchos años ve que lo único que le ofrecen es paro, precariedad o emigración, eso que la señora Báñez llamó en esta Cámara la movilidad exterior o espíritu aventurero.

Los jóvenes españoles tienen una desventaja competitiva con respecto a sus homólogos europeos: en España gobierna el PP y para el PP España no es país para jóvenes. La tasa de desempleo juvenil es del 44 % frente al 20 % de la media europea; la temporalidad de los jóvenes en España es del 70 % frente al 50 % de la media europea, y esto lleva a que la edad de emancipación de los jóvenes se produzca tres años después de lo que se produce en el resto de los países de la Unión Europea, y diez años más tarde que los suecos, un objetivo prácticamente inalcanzable. Esta situación no solo lastra la vida laboral de los jóvenes y su posibilidad de emanciparse y formar una familia, sino que configura un mercado laboral precario, un modelo productivo especializado en la baja productividad que expulsa el talento y que afecta al sistema en su conjunto, presionando a la baja los salarios y poniendo en peligro la sostenibilidad de la Seguridad Social y del Estado del bienestar. Las becas en fraude son solo una pieza más dentro del laberinto de precariedad al que se enfrentan los jóvenes, pero probablemente la más sencilla de resolver, por eso cuando llegamos al Congreso una de las primeras cosas que hicimos fue presentar una proposición no de ley para regular la situación de los becarios, que fue aprobada en la Comisión de Empleo con los votos a favor de todos los grupos, menos del Partido Popular. Pues bien, hoy que traemos aquí la proposición de ley, espero que ningún grupo dé marcha atrás y no cambie de opinión ahora que va en serio.

En esta ley se proponen medidas para acabar con el fraude de las becas, para garantizar unos derechos mínimos a los estudiantes en prácticas y, sobre todo, para que las prácticas sirvan para la función que tienen que servir; es decir, para la función formativa, para facilitar el tránsito entre la vida académica y la vida profesional. Para evitar las becas en fraude proponemos la limitación de las prácticas en empresa a aquellas contenidas dentro del plan de estudios, a las prácticas curriculares, eliminando las prácticas extracurriculares, que es donde se concentra la mayor cantidad de fraude. Para evitar la sustitución de trabajadores por becarios se establece un límite de becarios por empresa en función de su tamaño y se excluye de los convenios de prácticas a las empresas que hayan realizado ERE o despidos en el departamento donde se quieran incorporar. Para fomentar la contratación de los becarios después de las prácticas impulsamos el contrato laboral en prácticas, para que las empresas puedan contratar mediante esta fórmula contemplada en el Estatuto de los Trabajadores y con derecho a los estudiantes que hayan completado el 50 % de los estudios. Este es un tipo de contrato que actualmente se encuentra completamente en desuso precisamente por el efecto sustitución que producen las becas en fraude. Para asegurar la calidad de las prácticas y el derecho de los estudiantes, planteamos el estatuto de los becarios, esto implica que los becarios tendrán derecho a recibir una retribución sobre la base del SMI además de los gastos de transporte y manutención, y asimismo tendrán un tutor personalizado que garantizará la calidad de las prácticas y su contenido formativo. Limitamos también el número de horas en las que pueden desarrollar las prácticas para que puedan compaginar su vida laboral y académica.

Termino. Esta ley resolverá definitivamente un problema que sufren 150 000 jóvenes en este país y, por tanto, esperamos que voten a favor, porque este Parlamento se lo debe a una generación que han ignorado, maltratado y humillado, una generación a la que se llamó nini mientras se les dejaba sin casa, sin curro y sin pensión; se lo deben a una generación a la que deberían admirar por haber llenado las calles de alegría para exigir más democracia, se lo deben a una generación, en fin, que a pesar de todo, a pesar de la incertidumbre a la que se ve sometida, demuestra cada día que no tiene miedo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Esta toma en consideración incide sobre las prácticas académicas externas universitarias y promueve una regulación más exigente para evitar los fraudes y abusos sobre nuestros universitarios en torno a la obligación de realizarlas para completar la titulación, hacer currículum y coger experiencia. Si bien hace casi tres años y medio se hicieron en España adaptaciones a la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales introducidas por exigencias derivadas del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, la realidad es que persisten resquicios que hacen posible la reconversión fraudulenta de estancias estudiantiles en empresas que los acaban utilizando de mano de obra muy barata o gratuita, sustituyendo la prestación laboral propia de puestos de trabajo. También hay que señalar la falta de inspectores para perseguir las artimañas que permiten explotar laboralmente la preparación y el talento a coste cero.

El real decreto que precisó la regulación de las prácticas externas universitarias contó entonces con el plácet del Consejo de Universidades, de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, pero a Foro le parece adecuada esta oportunidad para fomentar las prácticas curriculares y extracurriculares, precisar más aún la incorporación estudiantil a las prácticas y favorecer el acceso al empleo y a la empleabilidad, algo que va mucho más allá de la mera adaptación o modificación legislativa porque también precisa, sobre todo, de la implicación de instituciones académicas y empresas. Es muy importante esta implicación para estrechar hoy la abismal separación entre la universidad y la realidad laboral y abordar un proceso de calado trascendental para evitar el desdichado y obligado periplo de nuestros futuros titulados, los mejor preparados de la historia, hacia otros países en busca de oportunidades laborales que aquí no encuentran.

En 2016 de los aproximadamente 70 000 becarios que percibieron alguna remuneración y constaron como de alta en el régimen de la Seguridad Social, en Asturias se analizaron 3558 contratos formativos y unos 250 contratos de media en cada uno de los meses del actual ejercicio 2017. Las cifras confirman los mejorables indicadores de las prácticas académicas universitarias y justifican una mejor ley al respecto para corregir el fraude y la precariedad.

Concluyo afirmando que la finalidad primordial de las prácticas externo-universitarias es contribuir con la formación del estudiante, no beneficiarse de él. Una ley que corrija los problemas y ponga coto a los abusos relativos a las prácticas externas universitarias tiene que resultar de utilidad y de ahí mi voto favorable a esta toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.

Avanzo que el voto de mi grupo será favorable a la toma en consideración de esta iniciativa porque nuestra voluntad es la de abrir el debate y discutir sobre un tema que afecta clarísimamente a miles y miles de jóvenes no solo en Cataluña, sino en todo el Estado español. Por eso, porque conocemos, algunos en propia carne y otros no tan directamente, los abusos que se cometen en el marco de las prácticas laborales y cómo bajo un paraguas, el de las prácticas laborales externas, se visten abusos y se visten situaciones complejas por parte de los estudiantes en prácticas y de los empresarios, vemos bien regular en el marco de este estatuto derechos y obligaciones de todos los implicados, de todos, de unos y de otros. Aunque discrepemos bastante del texto que se propone hoy aquí, porque no vemos bien algunas de las cosas que se proponen en el texto: no vemos bien la tabla que se presenta de máximos según tamaños de plantillas y no vemos bien el pago que se carga a empresas porque creemos que cierra el pool de las oportunidades de los estudiantes. Aun así, creemos que esta es una oportunidad buena para abrir el debate y es una oportunidad que queremos aprovechar para que los jóvenes tengamos más oportunidades y en mejores condiciones. Si la voluntad del grupo que presenta la iniciativa es abrir un debate acerca de este tema, nos van a encontrar dispuestos a hablar, a discutir, a presentar propuestas para que el marco de las prácticas laborales en empresas sea mucho mejor, más fiable y, sobre todo, tenga muchas más garantías para los jóvenes de este país.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Arratsalde on, señoras diputadas y señores diputados.

Sin duda, el alto porcentaje de desempleo juvenil y la deficiente calidad del empleo de los jóvenes que en la actualidad acceden al mismo son dos cuestiones que socialmente se contemplan con gran inquietud. En el marco de la actuación de los poderes públicos, en el desarrollo de las políticas activas de empleo, se viene detectando que uno de los aspectos que afecta en gran medida de forma notablemente negativa a estas dos cuestiones -desempleo y precariedad laboral- es la enorme dificultad que se observa en la transición al empleo desde la fase educativa. Hasta ahí creo que todos estaríamos de acuerdo, pero estamos ante una proposición de ley que ha presentado el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en relación con la cual me hago la siguiente pregunta: ¿Erradicar esa situación, solucionar ese problema solo es posible desde la solución que ustedes proponen? Nuestra respuesta es que dudamos de que la solución que ustedes proponen sea la mejor. En los últimos tiempos se viene apreciando que entre las citadas fórmulas para facilitar el tránsito del periodo educativo al empleo destacan por su notoria eficiencia, así como por la práctica ausencia de fraude en su desarrollo las diversas fórmulas de formación dual que tanto éxito están teniendo, por ejemplo, en Euskadi, que arrojan muy buenos resultados tanto en términos de mejora de la cualificación como de puente efectivo entre el sistema educativo y el mundo laboral. Se trata de intensificar la participación de las empresas en los programas de formación profesional.

¿Cuáles son los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico actual, en la legislación, para afrontar este tema? En primer lugar, el Real Decreto Legislativo 2/2015, que contempla contrato en prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje. En segundo lugar, el Real Decreto 592/2014, de prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que contempla prácticas curriculares y extracurriculares. Y en tercer lugar, el Real Decreto 1543/2011, de prácticas no laborales en empresas. Visto esto, como antecedente para plasmar nuestra posición ante este tema, decía que no nos parece correcta la solución que proponen. ¿Por qué? Porque parten de un pecado original, si me permiten la expresión. Parten de un criterio maximalista -todo está muy mal- para dar una solución también maximalista, un proyecto de ley que regule, que acapare, que controle, que domine la situación que en esta materia se dé.

La presente proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal, en su preámbulo califica de generalizado el fraude. Dice que es una barrera de entrada al mercado laboral en condiciones de trabajo dignas, abocándolos a encadenar prácticas sin los derechos propios de los trabajadores y en muchas ocasiones sin remuneración. Señala también que esta situación, que afecta a un número indeterminado de personas, se debe a que muchas de tales prácticas son gestionadas por entidades gestoras de prácticas externas ajenas. Podríamos estar de acuerdo con que muchas de estas situaciones no se gestionan bien y podríamos estar de acuerdo en cuál es el puente entre lo que es práctica, formación e iniciación laboral y cómo gestionar esa situación tan complicada. Pero creemos que reiteran casi la totalidad del articulado del Real Decreto 592/2014, la regulación de los convenios de cooperación educativa.

Marcando nuestra posición, diríamos que, por una parte, esta proposición de ley no afronta en su integridad la problemática del tan necesario puente del sistema educativo al empleo. Por otra, no parece precisa ni necesaria la elevación de rango de esta regulación a norma formal de ley, máxime teniendo en cuenta que contempla de forma exhaustiva cuestiones que deberían ser objeto de los convenios a suscribir entre la universidad y las entidades colaboradoras. Por otra parte, pretende trasladar a una ley una práctica desarrollada -seguramente con acierto, no lo dudo- en la Universidad Complutense de Madrid, tal y como expresamente se recoge de forma laudatoria en la exposición de motivos. Además, desde un punto de vista competencial la regulación exhaustiva -porque no solo es la regulación, sino la regulación exhaustiva que no tenemos tiempo de desarrollar porque ustedes plantean el tipo de contrato, horas, remuneración y todo el ámbito de esta cuestión- limitaría sin duda alguna de forma considerable la posibilidad de desarrollo y ejecución por las comunidades autónomas.

Otra cuestión a considerar respecto al contenido de esta proposición de ley es la imposición de los costes del desarrollo de las prácticas a los empresarios que acojan a los estudiantes mediante esta fórmula; imposición que sin duda alguna limitaría la precisa extensión de la práctica de esta actuación curricular, en la que debería corresponsabilizarse a los poderes públicos y a las universidades. Pero también creo que no se fía de las universidades, es decir, les quita la capacidad que cada universidad puede tener dentro de su autonomía universitaria para organizar el tipo de prácticas que quiere y cómo hacerlo. ¿Es que todas las prácticas son iguales? ¿Es que todas las empresas en las que las personas


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tienen que hacer las prácticas son iguales? ¿Son lo mismo las prácticas de un tornero fresador que las de un estudiante de enfermería para el que casi el 90 % de su actividad va a ser práctica? Por lo tanto, creo que limita el objetivo de las prácticas externas del alumnado a aquellas que están relacionadas con el currículum académico. Igualmente, limita el interés del alumnado, ajustándolo a aspectos que no tienen que ver con el desarrollo académico. Creo que tampoco reconoce suficientemente la autonomía universitaria, como decíamos. Su proposición de ley se centra en exceso en los aspectos negativos y en los supuestos fraudes de la práctica y regulación actual, mayoritariamente vinculados a las empresas y administraciones públicas, si bien también quedan bajo sospecha las propias universidades.

Quiero decir que conllevaría un enorme trabajo burocrático poner en marcha esta proposición de ley, pero acepto que eso no puede ser óbice para desarrollarla si es que hay que desarrollarla. La pregunta que me hago es: con la legislación actual que tenemos, con la capacidad que tienen las universidades y las comunidades autónomas para regir este tema, ¿no será acaso que en algunos sitios no se está haciendo bien, pero que no es un problema de legislación? ¿Ustedes creen que una ley que regulara esto verdaderamente cubriría las necesidades y solucionaría los problemas de prácticas que se tienen? Mi grupo considera que no, que no hace falta una ley específica que regule esta materia, porque con la legislación que se tiene y con la capacidad que tanto la universidad como las empresas y las comunidades autónomas tienen para esta materia sería suficiente siempre se desarrolle bien.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, presidenta, llevamos un año de legislatura y aún no se ha derogado la reforma laboral; digo la última, ya no hablo de la penúltima. Este es un hecho que pesa enormemente en la estructura laboral de este país. Las promesas de muchos de los partidos que están aquí, y que podrían ser mayoría si se lo propusiesen, no se han cumplido. Nos hemos perdido por el bosque de los proyectos y hemos acabado en el pantano de la realidad. He comentado más de una vez que la estructura de 1978 prima sobre todo al Ejecutivo y, por eso, hay bofetadas para estar en el Gobierno del Estado español. La división de poderes que existe es sobre todo el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, y ya no hablo del Judicial. Y en eso estamos. Esta propuesta se basa en un hecho grave: la precariedad y el fraude, que afecta al conjunto de trabajadores, pero especialmente a los más vulnerables; y curiosamente los más vulnerables no son los más preparados, son los más jóvenes, posiblemente aquellos que no participaron en el consenso de 1978 y ahora se encuentran presos de una realidad muy lejana a la que ellos viven. Por eso, la propuesta tiene buena intención, pero se queda relativamente corta, a lo mejor en lo posible, y en lo posible es legislar sobre aquello que en estos momentos nos puede ser más fácil. Me explicaré, porque no quiero dejar poco claro que estamos de acuerdo en hacer esta ley, pero sí que quiero manifestar que si hay algo que tenemos relativamente regulado y que funciona son los convenios de cooperación educativa entre universidades y empresas. Algunos me dirán: no en todas las universidades por igual. De acuerdo, pero esto es lo que en los aspectos curriculares tenemos más regulado. Lo que no tenemos nada regulado, y es un enorme fraude, son los pretendidos contratos de aprendizaje, que son un bosque de fraude. Yo no digo que no tengamos que empezar por lo que se nos propone.

He hablado con diferentes universidades catalanas -son las que más cerca tengo- y me han comentado los importantes cambios que desde 2011 hasta ahora se han ido haciendo; se han ido regulando normativas específicas de facultad, normativas específicas para máster y para postgrados; normativas de prácticas en las empresas; se ha puesto mucho énfasis en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, para asegurar que la empresa dé de alta en la Seguridad Social las prácticas curriculares, a pesar de que es una relación no laboral. Pero hablando con los compañeros de algunas universidades, me decían: bueno, no está mal hacerlo con rango de ley. No está mal, siempre y cuando se hagan dos cosas: una, aligerar un poco la propuesta. Pienso que hay cosas que se han de aligerar. Vayamos sobre todo a derechos, vayamos sobre todo a blindar los derechos de los estudiantes. Creemos este elemento de mínimos y dejemos que comunidades autónomas y especialmente universidades puedan ir a más, porque el concepto que tenemos de universidad pienso que ha de ser más amplio. Una universidad ha de ser autónoma, no ha de depender ni del Estado ni de las comunidades autónomas. A las universidades autónomas hay que exigirlas resultados, pero una universidad compite con toda Europa, compite con todas las universidades europeas, y es bueno que en estos elementos de cambio miremos al siglo XXI y


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no al siglo XIX. Mejor una ley que un decreto ley, pero mejor una ley de bases que una ley exhaustiva que no lo puede tocar todo. Pongo por caso Enfermería, Medicina, Educación, que tienen muchas prácticas dentro del propio currículum diferentes de otra carrera. Seamos capaces de elaborar elementos básicos que luego cada universidad y cada facultad puedan aplicar a su realidad concreta.

Les daremos apoyo, en el beneplácito de que en el trabajo de enmiendas podremos mejorar esta tramitación. Bienvenida sea una ley de este tipo porque, -para aquellos que nos visitan- la culpa no es toda de Cataluña. (Dirigiéndose a las tribunas del público). La culpa también es de aquellos que tienen presupuestos, que tienen responsabilidades y miran para otro lado, y no a los jóvenes que necesitan hoy -hoy- una estabilidad que se les prometió y no se les da.

Llibertat pels deu. Universidad y trabajo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, señorías de Podemos, supongo que conocen ustedes la expresión: hacer un pan con unas tortas; esa expresión que utilizamos en castellano para referirnos a situaciones que pretendemos mejorar y que, al final, acaba saliendo la cosa completamente distinta y muchísimo peor. Pues miren, esto es lo que sucede con su ley; esto es lo que sucede con la ley que hoy nos presentan, que queriendo mejorar una situación, en la que podemos coincidir que se pueden mejorar algunas cosas, ¡están ustedes haciendo un pan con unas tortas! Me voy a explicar.

La ley que ustedes nos presentan tiene dos problemas fundamentales, ya se les ha dicho aquí: uno en la forma y otro en el fondo. Voy a empezar con la forma. Señores de Podemos, no tiene sentido que para regular una materia específica, como la que nos traen hoy aquí, planteen ustedes una ley. Si ustedes lo hubieran estudiado un poco, en lugar de quedarse solamente en el tema de hacer demagogia, se hubieran dado cuenta de que las prácticas universitarias curriculares y extracurriculares no se regulan por ley; se regulan por real decreto. Por tanto, ya sé que están ustedes con sus cuitas internas obsesionados a ver si pueden ustedes matar al PSOE. Pero miren, en el fondo, ustedes lo que están haciendo es hacer demagogia con algo muy importante. Lo importante no es el problema de la forma, sino el problema del fondo. Siendo bien pensada -yo siempre soy bien pensada- quiero interpretar que ustedes han traído aquí esto con una genuina finalidad, que es la de proteger al sujeto más débil en el caso de las relaciones contractuales o en las relaciones con empresas. Claro que, en el fondo, ustedes no están, de hecho, protegiendo a los estudiantes; lo que quiero creer es que a ustedes de verdad les preocupa la educación, les preocupa el futuro y les preocupa la empleabilidad.

Sin embargo, no sé si por desconocimiento, precipitación o por este afán de ideologizarlo todo, pretendiendo supuestamente solucionar un problema lo que han hecho ustedes es complicado mucho más. Esto es lo que sucede con su PL, porque la propuesta que traen aquí, además de ser parcial y de referirse solo a una de las múltiples modalidades de prácticas no laborales, plantea tantas rigideces que impide, casi por completo, que las prácticas universitarias se puedan acordar. Para todos los jóvenes universitarios de España: si lo que estos señores plantean hoy aquí se aprueba tal y como lo plantean hoy en día, muchos de ustedes no van a acabar la titulación por falta de empresas para hacer sus prácticas curriculares, y muchos de ustedes no van a hacer prácticas en empresas.

Ustedes tienen una obsesión reguladora, intervencionista, y propia de las economías planificadas y una suspicacia innata contra todo lo que viene del ámbito privado y confunden, en esta proposición de ley, las churras con las merinas. Una cosa, señores de Podemos, son los contratos de formación o los contratos en prácticas, que son modalidades contractuales, y otra cosa son las prácticas no laborales, que es de lo que están hablando. Y la característica de las prácticas no laborales es su naturaleza formativa no prestacional. Es decir, que entre la empresa o la institución y el becario o becaria no deben existir servicios que revistan las notas características de un contrato de trabajo; esto es, que el fin de las prácticas universitarias curriculares o extracurriculares no es el ejercicio del trabajo en una empresa, sino el ejercicio o la adquisición de competencias profesionales en las empresas. Por tanto, con esta proposición de ley que ustedes presentan están sembrando la sombra de la duda sobre todas las empresas, sobre todas las universidades y sobre todos los estudiantes que están ahora mismo haciendo prácticas.

Admitimos que las prácticas no laborales quedan en la frontera del derecho al trabajo y admitimos también que ha habido en ocasiones intereses fraudulentos asentados en la posibilidad de utilizar los servicios laborales de personas que formalmente no aparecían como tal, y en Ciudadanos creemos que hay que combatir con fuerza estas situaciones. ¿Saben por qué? Porque estas situaciones no solamente


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perjudican a la persona que está haciendo las prácticas, sino que perjudican a los licenciados que no son capaces de obtener un puesto de trabajo en lugar de estas personas; pero una cosa es combatir el fraude, con la que estamos de acuerdo, y otra cosa es eliminar la posibilidad absoluta de que los alumnos hagan prácticas en las empresas. Porque lo más grave de su ley no es que elimine las prácticas extracurriculares, sino que propone -esto es muy grave- convertir las prácticas curriculares en una modalidad contractual. Ustedes no han tenido alumnos en prácticas, yo sí. Yo sí he tenido alumnos en prácticas y sé lo difícil que es encontrar en mi ámbito empresas... (Risas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio.

La señora MARTÍN LLAGUNO: ... que admitan, que toleren y que tengan a la gente enseñándoles y dedicando su tiempo para que adquieran competencias profesionales. Las prácticas curriculares, señores, son las que permiten a las universidades que nuestros alumnos se embeban de las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión y están hechas para que los estudiantes aprendan, no para que trabajen en las empresas. Por tanto, burocratizar, sistematizar, reglamentar, penalizar, poner mil y mil requisitos lo único que va a conseguir es desincentivar a las empresas e impedir que los alumnos adquieran competencias que les son necesarias.

Señores de Podemos, despierten. Nosotros, en Ciudadanos, estamos empeñados en combatir el desempleo juvenil y el gap que hay entre la cualificación y el trabajo. Es verdad que hay que trabajar en esta línea, y nos preocupa esencialmente que la universidad y la empresa estén estrechamente relacionadas y que los grados y los másters ofrezcan empleabilidad real, y para esto, para adaptar las competencias educativas a las demandas reales del mercado de trabajo, nosotros necesitamos las prácticas profesionales y no podemos cargárnoslas de un plumazo.

¿Quiere esto decir que en Ciudadanos consideramos que el sistema de formación de prácticas universitarias es perfecto? No, ni muchísimo menos. Creemos que hay muchas, muchas cosas que mejorar y creemos que hay que mejorar los decretos de 2014 y de 2011, como se ha dicho aquí. Entre otras cuestiones, hay que asumir que la naturaleza esencial de una práctica no profesional es una modalidad de aprendizaje y hay que consensuar una definición sustantiva que permita distinguirla de un servicio laboral, de manera que las becas dudosas desaparezcan y los becarios no queden desprotegidos, pero lo más importante es que nosotros queremos que sea la universidad quien haga la supervisión efectiva de esta adquisición de competencias y queremos que haya una evaluación de competencias curriculares y extracurriculares, de tal manera que los suplementos al título queden también homologados y supervisados por instrumentos como la Aneca. Por eso, nosotros creemos que lo que hay que hacer es, en efecto, abrir un debate, creemos que hay que sentarse multilateralmente -con universidades, con estudiantes, con empresas y con sindicatos- y hacer una propuesta de modificación a los decretos de 2014 y 2011 en condiciones para que de verdad sirva para mejorar el sistema.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.

El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, me gustaría comenzar la intervención de mi grupo, en primer lugar, mostrando nuestro apoyo a esta iniciativa. Es muy loable que ustedes traigan algo aquí que afecta a los jóvenes y que tiene que ver con la precariedad laboral, pero sobre todo tiene que ver con el fraude que se está cometiendo en muchísimas empresas a cuenta de las prácticas universitarias. Por lo tanto, es verdad que es un problema grave que debemos afrontar y estamos dispuestos a abrir este debate en la Cámara.

Dicho esto, me gustaría continuar mi intervención diciendo que para ser el partido de la gente han hablado muy poco con la gente, porque si hubiesen hablado con las universidades habrían descubierto que esta propuesta que ustedes traen aquí no les gusta demasiado. Si ustedes hubiesen hablado con muchos de los estudiantes, habrían descubierto que lo que están reclamando es un estatuto del becario que sea mucho más amplio que las prácticas curriculares. (Aplausos). Si ustedes hubiesen hablado con la oposición, en lugar de reunirse con nosotros a las 10 de la mañana e ir a las 12 al Registro a presentar esta propuesta, seguramente podríamos haber hecho algo mucho mejor.


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Dicho eso, creemos que para solucionar los problemas no podemos generar nuevos problemas. Por eso, para abordar algo tan serio como son las prácticas curriculares, tenemos que enfrentarnos a ello de forma rigurosa; tenemos que saber dónde está el fraude, dónde esta el problema y cómo somos capaces de solucionarlo. En su iniciativa hemos detectado algunos pequeños problemas de contenido -como ya les digo, la vamos a apoyar y, por tanto, estamos dispuestos a trabajar en enmiendas que mejoren su propuesta- que nos parecen graves. Hay una falta de reconocimiento a todo lo que vienen haciendo las universidades por el trabajo de prácticas. Ellos están controlándolo, se lo han tomado muy en serio desde hace tiempo y están intentando dar seriedad y seguimiento a algo que es muy serio. En el fondo, las prácticas curriculares tienen que ver con dos elementos: con lo académico y con lo laboral, y a ustedes parece que les preocupa mucho lo laboral pero les preocupa poco lo académico, y lo académico y lo docente es lo serio en las prácticas curriculares. Tenemos que ponernos en serio a ver cómo estas prácticas sirven para enseñar y para la docencia, donde hay que reconocer derechos, por supuesto, pero donde los elementos de la docencia y lo académico no pueden desaparecer, y ustedes apenas prestan atención a esto.

En segundo lugar, ustedes establecen unos límites en las horas de las prácticas de quinientas horas. ¿Saben qué significa eso? Que Educación Social, Trabajo Social, prácticamente todas las enseñanzas sanitarias y Magisterio se quedan fuera de esta iniciativa, porque esos estudiantes hacen más de quinientas horas. Pero no solo eso, es que hay directrices europeas que establecen que algunas enseñanzas tienen que tener más de quinientas horas. Con su iniciativa seguramente tendríamos que revisar todos los planes de estudio universitarios y tendríamos que volver a plantear todo lo que tiene que ver con las prácticas universitarias dentro del currículo. El tercer elemento, que es un error, es que ustedes se olvidan de todo lo que no tiene que ver con las prácticas curriculares. No dicen nada de las extracurriculares, y es en ellas donde se detecta el fraude. Esas prácticas son realmente el problema; es lo que tenemos que regular y abordar, y sobre ello no dicen nada. No solo eso, las prohíben, pero también es un error, porque es en ellas donde se produce una mayor empleabilidad -por tanto, tenemos que regularlas en la buena dirección- y porque es en ellas donde muchos estudiantes que no tienen prácticas curriculares tienen una oportunidad de hacer prácticas en empresas, porque no todos los estudios tienen este tipo de prácticas que ustedes proponen. Por tanto, están dejando de lado a muchos estudiantes en su posibilidad de hacer prácticas y están cometiendo el error de no contemplarlas. Finalmente, las universidades, a partir de ahora, si hiciéramos caso de su iniciativa, estarían muy cargadas de burocracia, y no creo que nadie pretenda en esta Cámara sobrecargar y saturar las oficinas de prácticas.

Por todo ello, porque nos lo hemos tomado muy en serio, estamos dispuestos a hablar sobre este asunto y enmendarlo todo lo que sea posible, porque creemos que esto puede ser mucho mejor. Si queremos solucionar los problemas de los jóvenes lo tenemos que hacer es serio, y para ello debemos hacerlo con rigurosidad y prestando realmente atención a todo esto. Eso, como les decía al principio, se hace con diálogo. Esto no se hace de forma unilateral, esto se hace hablando con la comunidad educativa, se hace hablando con los rectores, hablando con los estudiantes, con los grupos de la oposición. Si realmente queremos solucionar el problema hay que hacerlo desde el diálogo y el consenso y no como ustedes han hecho en esta Cámara, trayéndolo de forma unilateral.

Finalmente, y para que no haya ningún tipo de equivocación, les digo que seguimos manteniendo nuestro apoyo a la necesidad de regular todo esto, pero no podemos permitir que lo hagamos de forma equivocada. Cuando uno en la vida hace las cosas de forma unilateral lo que le suele pasar es que se queda bastante solo. Así que si ustedes no quieren quedarse solos la próxima vez, hablen mucho más con los demás, escúchense menos a ustedes mismos y escuchen mucho más a los demás. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la proposición de ley que hoy nos ocupa tiene una finalidad que compartimos, o por lo menos eso creía hasta que he oído al señor Rodríguez, porque yo no sé si estamos hablando de la misma proposición de ley o de proposiciones diferentes. Explico por qué creo yo que tiene una finalidad que compartimos, y es que la redacción del artículo 3 de esta proposición de ley, igual que la redacción del artículo 3 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, tienen una redacción idéntica. Por lo tanto, si los fines que contiene ese artículo del real decreto y los fines que contiene la proposición de ley son los mismos,


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habrá que partir de que perseguimos también los mismos objetivos, por lo tanto, no está mal comenzar con un punto de encuentro.

Sin embargo, lo cierto es que la proposición de ley plantea otras cuestiones en las que ya el Grupo Popular no coincide tanto. No coincide en la necesidad de hacer una regulación con carácter de ley de una situación que ya está regulada, y está bien regulada, y lo está porque es una regulación garantista de las prácticas externas, más allá de que pueda haber defectos en la concreta ejecución de algunos casos en estas prácticas.

Además, este real decreto me atrevería a decir que continúa con una política de Estado en esta materia porque bebe de las fuentes del Real Decreto de 2011 que hizo el último Gobierno socialista sobre prácticas universitarias, eso sí, subsanando los defectos que determinaron la nulidad del mismo. Este real decreto concitó en su momento un amplísimo acuerdo entre el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Lo que pasa es que en esta ocasión el Grupo Parlamentario Podemos tampoco quiere hacer política de Estado, pierden otra ocasión. ¿De qué deduzco esto? De su errática exposición de motivos, que ya nos permite apreciar la injusticia y el error que subyace en su propuesta, y subyace porque ustedes descalifican todo un sistema al calificarlo de fraude generalizado. Esto solo se puede afirmar desde el desconocimiento, la confusión, el error o la falsedad. Desconocimiento del mismo instrumento, porque proponen una ley para llevar a cabo una regulación y lo que hacen es desconocer para qué sirven las leyes, para qué sirven los decretos, para qué sirven las órdenes ministeriales e incluso los convenios, porque regulan hasta el detalle cualquier aspecto de las prácticas. Confusión hasta terminológica, porque utilizan indistintamente los términos prácticas académicas o de becarios como si fueran realidades similares o idénticas, cuando no lo son, son realidades diferentes. Una de dos, o están confundidos o quieren confundir a la opinión pública, que no sé qué es peor. Errores incluso en la propia exposición de motivos, tan detallada que parece una memoria de un trabajo de prácticas, por cierto. En ella dan datos que pienso que estarán equivocados, no quiero pensar que estén manipulados. Ustedes citan un estudio de la Comisión Europea para afirmar que el 61 % de los becarios en España no han recibido compensación económica. El dato que da dicho estudio es del 58 %, no del 61 %. Por cierto, por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 59 %, y por debajo de países como Francia, 61 %; Alemania 62 %; Italia, 69 %, o Reino Unido, 69 %. En todo caso, en ese 58 % imagino que estarán incluidas las prácticas de Radio Carmena que pedía en mayo de este año a ocho becarios gratis. (Aplausos). La verdad es que estamos mejor que la media de la Unión Europea porque tenemos una buena regulación, pero eso no es suficiente, aunque estamos de acuerdo en que hay que mejorar.

Lo más grave son las falsedades que contiene esta proposición de ley, porque se basan en sembrar la insidia y la sospecha sobre la labor que realizan las universidades, los empresarios, los mismos sindicatos, las instituciones, las administraciones, la Inspección de Trabajo. Todos están bajo sospecha por su demagogia. Desde luego que no compartimos su opinión, porque sabemos de los esfuerzos y el buen hacer de las universidades para conseguir las mejores prácticas para la formación de los alumnos -todas las universidades, también la Universidad Complutense, pero no solo ella-; además, porque sabemos que la Inspección de Trabajo hace su labor de forma magnífica, y detectan los casos de fraude cuando se producen; y también porque creemos en la mejor intención de los funcionarios de las administraciones y de los empresarios españoles, que están comprometidos con la formación de hombres y mujeres que van a constituir el activo más importante de España, porque aquí de lo que se está hablando muy poco es de formación.

¿Se pueden mejorar los mecanismos de supervisión? ¡Claro qué sí!, para eso pueden contar con el Partido Popular; ya lo hicimos trayendo a esta Cámara una proposición no de ley que, por cierto, ustedes no apoyaron. Pero, además de eliminar el fraude, nosotros queremos que no se ponga en peligro un sistema de prácticas, que se hace creando una confusión del sistema, eliminando de un plumazo las prácticas extracurriculares y, además, sin dar ninguna alternativa, condenando a miles de jóvenes a la nada. Confunden prácticas formativas externas, realizadas por alumnos universitarios durante su formación universitaria -propuesta y supervisada fundamentalmente por las universidades-, con otras modalidades de inserción laboral. Ustedes ponen en peligro que los jóvenes titulen, pero ponen en peligro también que esas prácticas extracurriculares que son tan necesarias para el suplemento europeo al título permitan a nuestros jóvenes competir en las mejores condiciones con jóvenes de toda Europa. ¿Se lo van a quitar ustedes a nuestros hijos y a nuestras hijas sin dar explicaciones? ¿O les van a explicar a los jóvenes por qué van a estar en inferioridad de condiciones con respecto a universitarios de otros países


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al privárseles de esta posibilidad? ¿Les han explicado ustedes a los universitarios que si esta proposición de ley sale adelante es muy posible que no puedan titular porque no haya oferta de prácticas externas? ¿Les han contado ustedes a los alumnos que cursan sus estudios de formación profesional que no van a poder realizar prácticas no laborales porque de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ustedes proponen derogar el decreto que las regula, sin contemplar ninguna alternativa? ¿Van a explicar ustedes a las universidades por qué consideran que se han convertido en una especie de cómplices silenciosos del fraude que ustedes presumen y por qué piensan ustedes que las universidades hacen esto en contra del interés de los alumnos, que son parte de la universidad? (Aplausos). ¿Van a explicar a las comunidades autónomas por qué quieren utilizar una ley para regular al detalle competencias que invaden, no solo la autonomía universitaria sino las propias competencias educativas y laborales de las comunidades autónomas?

Les voy a trasladar un ruego -y con esto termino-, y no lo voy a hacer en mi nombre ni en el de mi grupo parlamentario; es un ruego de la comunidad universitaria, de toda, que nos pide que confiemos en ellos y que les dejemos hacer su trabajo de formación de los alumnos. Es el ruego de mi hijo Luis y, como él, el de miles de jóvenes que en estos momentos están realizando prácticas externas en las empresas. Le ruego que den marcha atrás en esta iniciativa y que no pongan en peligro un sistema formativo que está dando resultados. Este sistema no se puede mejorar dinamitándolo. Por todo esto el Grupo Popular votará que no a la toma en consideración de su proposición de ley. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA REFORMA DE LA LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS, PARA PERMITIR LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO Y NOMBRE DE LOS MENORES TRANSEXUALES Y/O TRANS, PARA MODIFICAR EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 4 RESPECTO AL REGISTRO DEL CAMBIO DE SEXO, Y PARA POSIBILITAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000072).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España. (Rumores). Silencio, señorías.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Galovart Carrera.

La señora GALOVART CARRERA: Muy buenas tardes.

Hoy comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales en este país. En esta ocasión, quisiera recordar a las miles de personas que sufrieron humillaciones al no tener reconocida su propia identidad, así como historias de dolor y de desarraigo que han dejado huellas indelebles y que arrebataron vidas en medio del ostracismo social. Tuvieron que pasar treinta años, desde la llegada de la democracia, y que hubiera un Gobierno socialista para que esas personas vieran por primera vez reconocidos sus derechos en una ley, la Ley 3/2007. He aquí nuestro reconocimiento a los colectivos trans y LGTBI y a todas las asociaciones de padres y madres de menores que luchan para que sus hijos e hijas transexuales tengan los mismos derechos y las mismas esperanzas que los demás niños y niñas.

Decía Rodríguez Zapatero que una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros, y nosotros añadimos que una sociedad que no sienta las bases de justicia para que las personas puedan proyectar su felicidad es una sociedad que está bajo mínimos de humanidad. Nacemos en una sociedad dicotómica de hombre y mujer, que solo espera a un hombre o a una mujer, y las personas trans llegan a un mundo en el que nadie les espera y, por lo general, tampoco nadie las quiere. Si no cumples esa norma binaria, si no tienes derecho a ser tú mismo, es muy difícil que seas feliz. La sociedad te negará lo que sientes, el mundo te invisibilizará y te discriminará, tendrás dificultades de acceso al trabajo, a los servicios sanitarios, para integrarte socialmente. Es muy probable que sufras violencia en forma de delitos de odio y posiblemente sufrirás acoso escolar y estigma social, pero recapitulemos en este aspecto.


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La Ley 3/2007, aprobada durante el Gobierno Zapatero, posibilitó por primera vez a las personas transexuales el cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de pasar por ignominiosos tratamientos de cirugías de genitales. Esta es una ley que supuso un hito y que fue pionera en el mundo, una normativa que en definitiva ha evitado muchos sufrimientos y humillaciones, motivo por el que los socialistas estamos muy orgullosos de ella. Orgullosos, sí, pero no ensimismados, porque el paso del tiempo, las sentencias y la experiencia en la aplicación de la ley han determinado la necesidad de su reforma, a fin de que el Estado garantice que la identidad reconocida por la sociedad sea la percibida y sentida por la persona.

A tal fin, la proposición que presentamos abarca tres aspectos: Primero, permite la rectificación registral de los menores transexuales y/o trans a través -claro está- de sus progenitores o representantes legales. Segundo, modifica los requisitos para acordar la rectificación registral. Tercero, posibilita a las personas extranjeras residentes en España el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia y en el permiso de trabajo. También se aprovecha la reforma para reconocer expresamente como beneficiarios de la ley a las personas intersexuales.

En primer lugar, y porque el futuro de los niñas y de las niñas siempre será hoy, y mañana será tarde, resulta urgente reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores transexuales, tal y como advierte el Consejo de Europa, garantizando la prohibición de discriminación por razón de edad. Con la reforma que se propone, estos menores dejarán de vivir expuestos a continuas vulneraciones de su dignidad, de su integridad moral e intimidad en los numerosos momentos en los que al tener que identificarse públicamente se ponga de manifiesto que su identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

También con la reforma se pondrá fin a la inseguridad jurídica que generan resoluciones contradictorias dictadas por los registros civiles. Los derechos de estos menores han sido reconocidos, como ustedes saben, en resoluciones, recomendaciones e informes de diversas instituciones internacionales y supranacionales, entre ellas, la resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Asimismo, el Pleno del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por cuanto la Ley 3/2007 solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad y no a los menores de edad. Además, son muchas las legislaciones autonómicas que han regulado con acierto el tema que nos ocupa.

En otro orden de cosas, con la reforma se superará una legislación que conceptúa la identidad sexual y/o expresión de género como trastorno mental. Se trata de una reforma que erradica -erradica, repito- la patologización de las entidades transexuales al eliminar las exigencias de informe de disforia de género o de tratamientos médicos.

Señora presidenta, quisiera, también desde aquí, tener un sentido recuerdo para todas aquellas personas que ya no nos acompañan, que sucumbieron víctimas del odio y de la transfobia como Sonia Rescalvo, asesinada en Barcelona por un grupo de neonazis o Roberto González, torturado y asesinado en Madrid tras setenta y dos horas de agonía (Aplausos) o el propio niño Alan, que se quitó la vida en Rubí tras tres años de acoso escolar.

Señoras y señores diputados, he subido a esta tribuna con la seguridad de que la mayoría de la Cámara votará favorablemente a la toma en consideración de esta iniciativa, no en vano en su día se transó una PNL de Ciudadanos instando al Gobierno para que adopte una iniciativa como la que nos ocupa pero, sin perjuicio de este voto mayoritario, no escatimamos la solicitud del voto unánime de la Cámara por la sencilla razón de que es una simple toma en consideración para un debate necesario y urgente pues la propuesta hace justicia a uno de los colectivos más discriminados de nuestro país. (Aplausos). Es por ello que esta iniciativa viene respaldada por los colectivos trans y LGTBI y por las asociaciones de padres y madres de los menores transexuales, a los que dedico todo mi cariño y todo mi entusiasmo.

Para finalizar, por todo lo expuesto estamos convencidos de que esta iniciativa, en la medida en que reconoce verdaderamente el derecho a la identidad sexual y/o expresión de género autopercibida, va a ser un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y para hacer más felices a las personas transexuales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, presidenta.

Señorías del Partido Popular, la realidad les pasa por delante y ya no pueden frenar más la diversidad. Intentaron frenar en su momento el matrimonio igualitario, se han puesto de perfil con la ley LGTBI y la


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pregunta es: ¿qué van a hacer ahora con el reconocimiento de la identidad sentida a los menores? ¿Se van a avergonzar, como hacen ahora con la votación del matrimonio igualitario?

La semana pasada, la emisión del programa OT 24 horas se apagó misteriosamente cuando se criticaba el voto del Partido Popular justamente a la ley del matrimonio igualitario. Ayer, este mismo programa volvió a dar un baño de realidad al Gobierno central con el beso de Marina y su pareja.

Supongo que habrán visto la imagen. (Muestra un cartel). La realidad les pasa por delante, ya no pueden frenar la diversidad. Yo no sé qué ven aquí, señorías del Partido Popular; supongo que como sus compañeros de HazteOir, en mordazas ven imperios extraños o ven desviaciones. Yo veo amor, veo tolerancia, veo respeto, veo personas. Personas que quieren vivir en libertad, personas valientes, personas que no se esconden, personas que durante mucho tiempo han estado silenciadas. Por suerte este país tiene Gobiernos autonómicos progresistas que sí entienden que hay que dar paso a la diversidad, Gobiernos como el valenciano, que ya tiene una ley que reconoce el sexo sentido como el propio, la ley trans valenciana, que posibilitará que la documentación autonómica sea acorde a ese sexo sentido.

Hoy podemos hacer lo mismo en esta Cámara, podemos hacerlo con los menores. Pongámonos a la altura de los Gobiernos autonómicos y legislemos para dar cabida a la diversidad, y eso empieza por que todo el mundo tenga la documentación -todo el mundo, repito- acorde a su identidad, a la verdadera, a la identidad sentida. Por suerte, en este hemiciclo ya no tienen mayoría. Que la realidad no nos pase por delante también a nosotros. Demos paso hoy a la diversidad, demos paso a la revolución sexual.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, presidenta.

Quiero una vez más empezar mi intervención reclamando la vuelta a casa inmediata de los presos políticos que tenemos aún en las cárceles españolas de forma injusta y causándoles un enorme daño. Por tanto... (Pronuncia palabras en catalán.-Aplausos).

He de decirles a las familias que vamos a dar nuestro apoyo a la tramitación de esta proposición de ley, es de justicia, es necesario, es una realidad que hoy existe y debemos darle cauce a través de la modificación de la ley 3/2007. En Cataluña fuimos pioneros en esta cuestión, instamos en el Parlament de Catalunya una modificación de esta ley estatal para poder conseguir el acceso por parte de los menores al Registro Civil para poder cambiar el nombre, para poder hacer la rectificación del sexo. Es necesario intentar acabar con la estigmatización, con la discriminación que sufren estos menores, no es justo que a día de hoy sigamos aún pendientes de cambios tan importantes como este, que dejan demasiada arbitrariedad de los jueces, para poderlo conseguir, después de tener que acreditar operaciones y tratamientos para poder justificar una justificación innecesaria.

Por tanto, daremos nuestro apoyo a esta tramitación, nos informaremos de los pasos que han seguido en el Parlament de Catalunya y además nos gustaría abrir un debate sobre el tema de la asignación del sexo al nacimiento. Creo que es un debate que podríamos afrontar, es un debate que se ha afrontado en otros parlamentos europeos, y por qué no también facilitar estas cuestiones en el seno de un debate en la Comisión que proceda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista nos ha traído una proposición de ley con el propósito de introducir tres modificaciones en la ley 3/2007, de 15 de marzo, norma esta que tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de inscripción relativa al sexo y al nombre de una persona en el Registro Civil cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género.

Tal como se ha anunciado por parte de la propia ponente, son tres principalmente las reformas que plantea esta proposición de ley: por una parte, permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales ya que la ley 3/2007 únicamente reconoce esta posibilidad para los mayores de edad, y también contempla la rectificación directa por los mayores de dieciséis, es decir, se cambia la horquilla entre dieciséis y dieciocho años, dándole mayoría de edad para esta cuestión


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a los mayores de dieciséis, y, a través de los progenitores, a los menores de esa edad. En segundo lugar, suprimir la obligación de aportar cualquier tipo de documento médico ni acreditar que ha sido sometido a una operación, cosa que hasta ahora se tenía que hacer y se sigue teniendo que hacer para poder hacer ese cambio en el registro. En tercer lugar, posibilitar a las personas extranjeras con residencia en el Estado español a instar la rectificación de la mención de sexo y el cambio de nombre en su tarjeta de residencia y que se pueda hacer con esta modificación.

La Ley 14/2012, de 22 de diciembre, del Parlamento vasco, una ley que reconocía los derechos de las personas transexuales y que fue una de las leyes pioneras en esta materia, dice en su preámbulo que en realidad las personas transexuales no demandan que se les atienda porque sufren una patología o un trastorno, sino por los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales y por el dolor y angustia que tales dificultades llenan sus vidas. Creo que es importante diferenciar este planteamiento para pasar de lo patológico a lo psicológico, de ahí que deba partirse necesariamente de la premisa de que la configuración del sexo de una persona va más allá de la simple apreciación visual de sus genitales externos, presentes en el momento del nacimiento. Habremos de adoptar como guía, por tanto, un concepto no puramente biológico del sexo, como ya estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una decisión adoptada por unanimidad, sino, sobre todo, el psicosocial, reconociendo que imperan en la persona las características psicológicas que configuran su forma de ser.

Por tanto, yo creo que esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista recoge íntegramente los principios que inspiran la citada ley del Parlamento vasco de 2012 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales sobre la documentación administrativa de las personas transexuales, documentación a facilitarles en tanto no hayan procedido a la rectificación registral de la mención. Así, en nuestra normativa autonómica, en la de Euskadi que ya he citado, se contempla la situación de los menores de edad y también de las personas inmigradas con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si bien en el supuesto de que prosperase esta proposición de ley, quizá fuera conveniente adaptar la definición también de personas transexuales contenida en el artículo 3 de la Ley de 14/2012, eliminando toda referencia a la acreditación de tal condición mediante informe médico o psicológico. Porque también sabemos que todavía hoy en día las clasificaciones diagnósticas internacionales, o algunas clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades, incluyen la disforia de género como un trastorno o enfermedad mental. Es cada vez mayor el número de personas expertas e investigadoras de prestigio que consideran seriamente la retirada de este tipo de etiquetados patológicos, en línea con lo que decía del Parlamento vasco que en un acuerdo que tomó el 30 septiembre de 2010, antes incluso de la aprobación de la propia ley, instaba a acciones ante la Organización Mundial de la Salud para la retirada de la clasificación de la transexualidad como enfermedad mental. Independientemente de lo que digan los tratados internacionales, es importante que se aplique a la legislación también nuevos conceptos porque a veces a la sociedad más de una vez la ley debe darle ejemplo, tener ese amparo a lo que socialmente a veces surge como reprobable. Es la ley la que tiene que dar ese paso cuando a veces se nota que en la sociedad todavía se sigue discriminando y ese amparo legal de alguna manera o de otra protegerá a esas personas para que después, por obligación en un principio y por convicción luego, toda la sociedad pueda o deba respetar.

Dicho esto, y para terminar mi intervención, quiero decir que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Pueden existir alguna serie de cuestiones, matices en los que quizá no podamos coincidir al 100 %, pero en la fase de enmiendas creo que lo podremos resolver sin ningún problema, si es que esta proposición de ley pasa este trámite de ahora. También quiero decir que es una competencia del Estado esta materia, por tanto, no vemos que haya ninguna invasión competencial, asume los principios inspiradores de aquella ley que fue pionera y considero que en el Parlamento vasco se dio un paso importantísimo al aprobarla. Tenemos que dar ejemplo y dar ese paso para que estas personas, con la condición que ellas mismas para sí mismas quieran asumir, sean respetadas y amparadas por la ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots.

En primer lugar, un saludo fraternal a los amigos y amigas de la Federación estatal y a otras asociaciones que hoy nos acompañan en este hemiciclo. Bienvenidos.


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Señoras y señores diputados, hoy debatimos la toma en consideración de la modificación de la Ley 3/2007, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, hoy debatimos la toma en consideración de la modificación de una ley que fue dada a conocer intencionadamente por el mismo PSOE como una ley de identidad de género, pero, señorías, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, no es una ley de identidad de género. Tampoco es una ley para garantizar los derechos de las personas trans ni una ley integral de identidad o de expresión de género ni una ley contra la transfobia. De hecho, esta ley que hoy se presenta no deja de ser una autoenmienda que el mismo PSOE hace a la ley 3/2007. No es, como digo, nada de esto e intento explicarme.

En su momento, en el año 2007, se engañó a las asociaciones LGTBI y a las personas trans. Lo cierto es que la ley a duras penas hoy cumple con lo que promete: regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Ni tan siquiera en esto reconoce el derecho de las personas menores de edad a la identidad o a la expresión de género. La Ley 3/2007 no estuvo en ningún caso a la altura de las expectativas y hoy podemos afirmar que fue una estafa -lo quiero decir así de alto y claro- a las personas trans. Desde Esquerra Republicana de Catalunya debo decir que lo tenemos claro: debemos superar de una vez por todas -no es la primera vez que lo decimos y seguramente no va a ser la última, aunque espero que sea de las últimas veces que lo decimos en esta tribuna- una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos, independientemente del sexo que se nos asignó al nacer. Lograr dicha sociedad nos corresponde a todos, pero también a todas y no solo a las personas LGTBI.

Mi grupo apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley y lo hará pese a que de nuevo, como en el año 2007, el PSOE se queda a nuestro entender a medio camino. Debemos impulsar una verdadera ley para la identidad de género, una ley con el objetivo de facilitar y agilizar los procedimientos de cambio de nombre y sexo en los documentos y en los certificados oficiales, abolir los tratamientos médicos obligatorios y el diagnóstico de salud mental como requisito para el reconocimiento de la identidad de género y reconocer plenamente el derecho de las personas menores de edad a su propia identidad sexual. También debemos erradicar la visión binaria del sexo y proteger el derecho a la identidad sexual de las personas intersexuales, prohibiendo cirugías al nacer, pero no solo eso. Debemos ir mucho más allá. Esquerra Republicana de Catalunya quiere construir una nueva república, donde el reconocimiento y el respeto por la diversidad sexual y de género formen parte de sus valores fundacionales. Para nosotros esto es de vital importancia, un nuevo país con una Constitución que reconozca de forma explícita el derecho de todas las personas a ser quienes son, independientemente de su identidad o de su expresión de género, un nuevo país que luche activamente para erradicar cualquier forma de transfobia en nuestra sociedad.

Cataluña es un país pionero, ya se ha dicho; es un país pionero en muchas cosas y también en la lucha LGTBI. Fuimos pioneros con la aprobación en el Parlament de Catalunya de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas LGTBI y para erradicar la LGTBIfobia; una ley que no podemos desarrollar plenamente en el actual marco jurídico español. Por ello, aspiramos a disponer de las herramientas de un Estado para dotarnos de una legislación que sea potente en materia antidiscriminatoria para garantizar los derechos de las personas LGTBI.

Señorías, termino mi intervención con una reflexión que me parece de vital importancia. Mientras nosotros y nosotras hoy aquí estamos debatiendo, en la toma en consideración de esta proposición de ley, sobre si permitimos a las personas menores de edad un derecho a la identidad sexual que ya debería estar garantizado, me pregunto: ¿Cómo es posible que existan hoy entidades transfóbicas que directamente niegan este derecho, como HazteOir, y que para más inri tienen la consideración de entidades de interés público? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo hoy? Pues sí, señorías, esto está sucediendo hoy, y les voy a decir que es una verdadera vergüenza a la que tampoco esta proposición de ley da respuesta.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quisiera saludar a todas las asociaciones, colectivos y personas que a título individual han venido a estar con nosotros en el debate de hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.

Señorías, si fuésemos capaces de evitar las continuas violaciones de los derechos humanos y del artículo 14 de la Constitución y la inseguridad jurídica existente por razones de expresión de género, orientación e identidad sexual, hoy no estaríamos hablando de esto. Ciudadanos tiene claro que la


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igualdad real es uno de los pilares básicos de una sociedad avanzada. Por ese motivo, nuestra implicación en este tema es fundamental y ha sido máxima desde nuestra llegada a las instituciones. Nuestra cercanía a los colectivos ha sido absoluta y el contacto ha sido cercano. Nuestro programa electoral ya indicaba claramente cuál era la causa de los problemas que tenía la sociedad. La desigualdad reviste muchas formas: por la identidad, por el género, por el sexo, por la edad, por el físico, por la educación y últimamente, por desgracia, por el lugar de dónde uno procede o dónde uno reside. Por eso nos comprometimos a resolverla de forma inmediata, y en la primera sesión de la Comisión de Igualdad presentamos una PNL que fue aprobada por mayoría -gracias, señora Galovart, por su reconocimiento- y en la que el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo, como siempre. En ella pedíamos que de forma urgente e inmediata la Ley 3/2007 incluyera a los menores y a los extranjeros como legítimos titulares de los derechos fundamentales de todo individuo; mientras no lo hagamos estamos legitimando la discriminación. ¿Quién soy yo para reconocerte si tu propio Estado no te reconoce?

Lo que Ciudadanos entendía que era urgente no ha sido tan urgente. Ha pasado más de un año para que el Grupo Parlamentario Socialista haya cogido nuestro testigo y haya presentado esta proposición de ley que viene a modificar una ley que ellos mismos hicieron. Me parece que la ley ha hecho cosas importantes, pero ustedes sabían que esa ley había nacido coja y que no era lo que tendría que haber sido desde el primer momento. La cuestión es que las herramientas actuales que tenemos están fracasando y no somos capaces de implementar de una forma eficiente y eficaz las leyes que nos hablan de una parte de la población que no se siente respetada ni con plenitud de derechos. Esto lo tenemos que hacer cambiar, es un reto y creo que a partir de hoy es el momento. No permitamos que los menores, nuestros hijos, el futuro, sufran el estigma de una sociedad que nos separa y que nos diferencia por letras -ele; ge; uve; e-. Hablemos de igualdad, de igualdad real, y, aunque a algunas de sus señorías esto no les guste, velemos por el cumplimiento de las leyes y de los artículos de la Constitución que nos obligan a no discriminar y a tratar a todo el mundo por igual.

Desde el estrado, en este momento, les voy a recordar que las personas, sobre todo los menores de edad, han de estar en el centro de la vida pública y no al albur de decisiones partidistas. Ya advertía Rosa María Bonàs, de Esquerra Republicana -un partido que entonces sí se dedicaba a intentar solucionar los problemas de la gente-, sobre la incoherencia de no aplicar a menores esta ley. Según sus propias palabras, la edad más difícil para todas y para todos es la pubertad, pero para las personas transexuales es doblemente difícil. Según nos han informado, es la edad en la que se produce más abandono escolar y en la que empieza la marginación. En estos casos, si el cambio de nombre o el cambio de sexo se pudieran haber hecho antes hubiera favorecido la integración de estas personas antes de la pubertad. Cada vez se habla más de transexualidad, está claro, pero todavía en el imaginario colectivo está presente el viejo paradigma que procede de la experiencia de las personas adultas. Los menores y sus familias nos están enseñando el camino, y aquí me quiero dirigir a África Pastor, de la Fundación Daniela, a Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, o a Alexa, a la que con quince años el Estado le negó la existencia, impidiéndole ejercer sus derechos como ciudadana y que hoy es ciudadana de pleno derecho: su sexo y su nombre han sido reconocidos por el Estado. Lo primero que tenemos que hacer es que haya reconocimiento social, en la familia, en la escuela, en el entorno. Lo segundo, que debería ser consecuencia de lo primero, es el reconocimiento legal, que es de lo que estamos hablando actualmente, lo que estamos debatiendo hoy. Lo siguiente, por supuesto, es garantizar todos los derechos de las personas trans en todos los ámbitos, en el educativo, el laboral, el sanitario. La diversidad, señorías, habla de diferencias que no deben separarnos, porque ser iguales en oportunidades y derechos es aceptarnos como diferentes en otras cosas; esta forma de ver ser diverso se convertirá en un valor para nuestra sociedad y no en una barrera para no conseguir la igualdad real. El nombre, la identidad, lo que define al ser humano es esencial, y por eso exigimos su respeto. Como me acaban de decir esta tarde, tenemos que conseguir que su identidad legal sea consecuente con su identidad real para que no se vean vulnerados sus derechos en cada acto cotidiano de su vida.

Señorías del PP, ustedes, sabiendo y reconociendo el derecho a un nombre en las leyes autonómicas, se han resistido a modificar de oficio la Ley 3/2007. Ustedes han podido hacerlo, pero han ignorado de manera consciente el sufrimiento de las personas y, en este caso, de los menores de edad. Lo que más me sorprende es cuando el señor ministro afirma que la ley impide la rectificación registral de la mención de sexo a menores. Pues en estos datos (muestra un gráfico) se indica que desde 2012 hasta 2016 más de sesenta y una personas han conseguido su rectificación registral. Sí se puede hacer, y tenemos que seguir intentando que esto sea norma diaria. Ustedes no solamente pueden hacerlo, sino que tienen que hacerlo,


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y es su responsabilidad, porque es imposible hablar de igualdad si la mayor fuente de desigualdad proviene de la propia Administración, de la que ustedes son responsables. La igualdad real no se dice, se hace. La igualdad real no es una palabra, es un derecho de todos, y todos nosotros, los 350, tenemos que garantizarlo.

Finalmente -y termino con esto, señoría- les recuerdo que la identidad no es un problema. Todas las personas tenemos una identidad, y la negación de la identidad es la acción más cruel que se puede hacer a un ser humano. Por esto, vamos a dar nuestro apoyo a la tramitación de esta modificación legislativa. El fin de la discriminación legal, señorías, ha de ser el paso previo para la discusión de leyes que eliminen todo tipo de discriminación.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Molt bona tarda, molt bona tarda a las associacions.

Desde el grupo confederal celebramos -como no puede ser de otra manera- que la voz de las personas trans llegue al Congreso y se escuchen sus demandas históricas respecto al cambio de nombre y de sexo en el registro. Sin embargo, y a pesar de que ya les avanzo que vamos a votar a favor de la toma en consideración, no podemos dejar de manifestar nuestro malestar, compartido por gran parte del activismo trans, ante diversos hechos. En primer lugar, el Grupo Socialista trae hoy aquí una proposición de ley cuyos contenidos están ya, tal cual, en la proposición de ley LGTBI que registró el grupo confederal y que fue admitida a trámite el pasado septiembre. Sin embargo, es precisamente el Grupo Socialista, junto con Ciudadanos y Grupo Popular, quien ha ampliado en seis ocasiones ya el plazo de enmiendas a esta ley, imposibilitando, por tanto, que una ley tan urgente se apruebe lo antes posible. (Aplausos). Desde aquí, les pido no solo al Grupo Socialista, sino también a Ciudadanos y al Grupo Popular que no impidan la tramitación de la ley LGTBI; sería una irresponsabilidad histórica de enorme calado. Les voy a dar un único dato: la ILGA denuncia que España ha caído al noveno puesto en el ranking del informe anual sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI en Europa; es la posición más baja desde 2010, cuando estábamos en el segundo lugar. Si hacen un esfuerzo por ver más allá de los números y del daño que esto le hace a la marca España, podrán entender que esta caída tiene víctimas directas; son personas que ven mermados sus derechos en todos los ámbitos de su vida cotidiana. ¿Hasta cuándo van a permitirlo? Se lo digo cada vez que subo a esta tribuna: Señorías, dense un paseo por el mundo, pisen la calle y entenderán que impedir la aprobación de la ley LGTBI es una irresponsabilidad histórica que nuestra ciudadanía está pagando ya demasiado caro.

Por otro lado, esta proposición de ley modifica una ley del propio Grupo Socialista, que era ya injusta desde su nacimiento, y no podemos dejar de decirlo hoy. No solo discriminaba a menores y personas extranjeras, sino que patologizaba a las personas trans, obligándolas a tener un diagnóstico y un tratamiento médico para optar al cambio de nombre y de sexo. Esta modificación llega tarde; diez años pueden parecer poco en la penumbra de estas salas, pero son muchos para las personas que lo sufren día a día. No sería justo no recordar hoy a todas aquellas activistas trans que ya en su día se manifestaron contra esta ley. ¿Ha previsto el Grupo Socialista cómo reparar el daño que ha hecho esta ley a las personas trans? Desde el grupo confederal les invitamos a pensarlo juntas, contando siempre con aquellos y aquellas que lo han sufrido en primera persona.

También quiero invitarles a trabajar juntas una ley integral trans, que el grupo confederal ya está trabajando con diversos colectivos, algunos de ellos hoy aquí. Esta ley que propone hoy el Grupo Socialista -que, repito, llega tarde- es además totalmente insuficiente para combatir la desigualdad y la discriminación que padecen las personas trans, el grupo más débil, estigmatizado y con mayor riesgo de exclusión social del colectivo LGTB. Según los datos de Transgender Europe, en un año han sido asesinadas 325 personas trans. Quiero recordar especialmente a la última víctima de nuestro país, Lorena Reyes, que murió al caer de un tercer piso mientras trataba de salvar su vida, tras ser amenazada y agredida en la vivienda donde ejercía la prostitución. ¿En qué hubiera ayudado esta ley que propone el Grupo Socialista a Lorena, una mujer triplemente discriminada, a quien a su condición de trans, se sumaba su condición de inmigrante y la invisibilidad y vulneración de derechos a los que son sometidas las mujeres que ejercen la prostitución?

La tasa de paro entre las personas trans es del 85 %; repito, 85 %. Necesitamos con urgencia una ley que garantice los derechos laborales y el acceso al mercado de trabajo de las personas trans, y que aborde


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también la educación. ¿De qué sirve un cambio de nombre en el registro, cuando un 90 % de los menores y las menores trans son víctimas de acoso y cuando somos incapaces de garantizar su seguridad en sus escuelas? Aunque, sin duda, esta ley que nos propone el Grupo Socialista abre la vía a la despatologización de la transexualidad es totalmente insuficiente, puesto que no aborda la transformación del sistema de salud pública. Necesitamos modelos que, como los ya aprobados en Andalucía o Cataluña, se basen en los derechos humanos y no en la psiquiatrización, modelos basados en la autodeterminación y la libre expresión del género. ¿Y qué pasa con las personas transrefugiadas, las solicitantes de asilo, las que son víctimas de las redadas racistas y muy a menudo del encierro en centros de internamiento? ¿Qué les proporciona esta ley?

Y, por último, necesitamos una ley que incluya a las personas intersexuales, las grandes olvidadas; necesitamos protocolos de salud que aseguren el derecho al consentimiento informado y prohíban las cirugías innecesarias que buscan normalizar estéticamente el sexo de los bebés.

Creo que el Grupo Socialista no podrá dejar de estar de acuerdo con nosotras en la necesidad y urgencia de una ley estatal trans e intersex integral que recoja todas estas realidades y, al igual que nosotros hoy daremos nuestro apoyo a esta proposición de ley que presentan, en los próximos días el Grupo Socialista dejará de poner freno de una vez a la Ley LGTBI y se pondrá a trabajar con nosotras en una ley integral trans. Y hago extensible esta invitación a todos los grupos de la Cámara. Señores y señoras de Ciudadanos y del Grupo Popular, legislemos de una vez juntas; hay gente que lo necesita. La activista trans Susan Stryker dice que cada vez que una persona trans respira realiza una pequeña revolución. Aunemos esfuerzos y no permitamos ni un día más que respirar sea para algunos un acto heroico.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Dueñas Martínez.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición en relación con la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; en primer lugar, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar las exigencias establecidas respecto al registro del cambio de sexo y para posibilitar la integración de las personas extranjeras residentes en España.

Es una propuesta que, con carácter general, no podemos apoyar tal y como está planteada, si bien entendemos lógico y necesario el debate. Es una propuesta, señorías, que debemos analizar con la premisa de un principio fundamental e imprescindible, esto es, la seguridad jurídica. Traen a esta Cámara un texto en el que debe primar el rigor del derecho, especialmente en lo que se refiere a la protección del interés superior del menor y al de los principios registrales, de necesaria aplicación, y ello, señorías, para regular con eficacia, seguridad y con la mayor protección jurídica a los afectados. Que no se nos olvide que hablamos de menores. Hay que ser muy cautelosos cuando tratamos de infancia. Sí, señorías, este grupo parlamentario es absolutamente sensible y consciente de esta dura problemática que hoy se trae a la Cámara, muy especialmente cuando afecta a los menores.

Desde un análisis estrictamente jurídico, quiero señalar en primer lugar que entendemos que el apartado 1 del artículo 1, que por definición incluye como sujeto de derecho a toda persona de nacionalidad española y con capacidad legal para ello, entra en contradicción con lo dispuesto en el apartado 2 del mismo, en el que se legitima a los mayores de dieciséis años a efectuar la solicitud de manera autónoma, cuando estos -es bien sabido, señorías- no pueden gozar de capacidad de obrar plena al estar sujetos a la patria potestad de sus progenitores, como contempla el Código Civil. En este contexto, también los posibles disensos a los que se alude en el apartado 4 deben concernir a los progenitores y deberían dirimirse por parte de estos, como únicos sujetos legitimados para ello, a través de la autoridad judicial, y no como se plantea en el texto de esta proposición de ley. Y no lo digo yo, señorías, sino que viene recogido expresamente en el artículo 156 del Código Civil; defensa del interés superior del menor, contemplada en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; especial cautela -cautela que, dicho sea con todos los respetos, no observamos con las suficientes garantías en el texto presentado- cuestión esta, la del interés superior del menor, que también se recoge -se ha reseñado por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra- en el auto dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en marzo del pasado año 2016, un auto que plantea


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una cuestión de inconstitucionalidad, que estamos pendientes de que sea resuelta por el Tribunal Constitucional, en relación con la legitimación para solicitar el cambio en la mención registral del sexo que recoge el artículo 1 de la referida ley.

No obstante, señorías, recogiendo las argumentaciones y fundamentos que utiliza el Tribunal Supremo en su auto, atendiendo a ese imprescindible y necesario interés superior del menor, en aplicación de los derechos constitucionales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad y para evitar cualquier discriminación en este terreno por razones de edad, sí entendemos conveniente revisar la limitación que la Ley 3/2007 impone al acceso de aquellos a la rectificación de la mención registral del sexo y abrir la posibilidad, siempre y cuando se haga con las debidas garantías, para proteger siempre y en todo momento el reseñado interés superior del menor.

Otro de los puntos recogidos en esta proposición de ley, referido también al tema de los menores, es que consideramos necesario, en aras a la garantía y la protección de estos menores, establecer un límite de edad que la doctrina del Ministerio de Justicia para el caso de cambio de nombre de menores transexuales establece en los catorce años. Nos alegramos de que el Grupo Parlamentario Socialista traiga este cambio de criterio en esta proposición de ley, pero quiero recordar que no quisieron incluir -lo mencionaba anteriormente la portavoz de Esquerra- ni el tema de los menores trans ni el tema de los extranjeros en la proposición de ley que se debatió en el año 2007, por los criterios que lógicamente ya todos ustedes conocen.

En cuanto al tema de la supresión de los requisitos para acordar la rectificación, este grupo parlamentario entiende que con carácter general hay que seguir avanzando para eliminar la necesidad de aportar informes médicos o psicológicos y el sometimiento a cirugía o tratamientos hormonales, si bien expresamente en el caso de los menores la tutela del interés superior del mismo pueda requerir, como decía hace escasamente unos meses el ministro de Justicia, que existan informes médicos, no de patologías, pero sí de realidad y descripción de la situación. Estamos hablando de una ley de naturaleza esencialmente registral, no de una ley de identidad de género propiamente dicho, una ley que, si bien supuso un gran avance social, centró y centra su objetivo en la consecución jurídica final de un proceso, la rectificación registral, que es lo que regula.

En cuanto a lo que afecta a los extranjeros residentes, tal y como está planteado tampoco podríamos aceptarlo por una cuestión puramente técnica, como así se reflejó también en el debate de esta proposición de ley allá por 2007, como se manifestó, porque excede al objeto de esta reforma pretendida al no afectar a quienes no están inscritos en el Registro Civil.

Señorías, voy concluyendo. El objetivo que este grupo parlamentario reseña, lo que hemos expuesto hasta este momento, es fundamentalmente defender, poner en valor ese interés superior de los menores. Consideramos que esta propuesta presentada incurre en una evidente inseguridad jurídica a la hora de establecer los sujetos legitimados, tanto en el caso de los menores como en el caso de lo que afecta a los ciudadanos extranjeros.

Concluyo, señorías, y lo hago manifestando en nombre de mi grupo nuestro respeto y reconocimiento a todas las asociaciones, colectivos y asociaciones de padres y madres que trabajan en esta lucha cada día. Quiero transmitirles nuestra voluntad de seguir avanzando desde el debate y la escucha por la igualdad y demás derechos, avanzando en la búsqueda de soluciones conjuntas que, por el bien de todos y especialmente el interés superior que asiste a los menores, deben venir, necesariamente, de la mano del derecho, en aras de una mayor seguridad jurídica y, en definitiva, de una mayor protección a todos los efectos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL APOYO DEL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN DE BARCELONA Y LA RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN. (Número de expediente 162/000458).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno al apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Red Española de Supercomputación.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Roca Mas.


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El señor ROCA MAS: Buenas tardes, gracias.

Presento la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en apoyo del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Cuenta la parábola que un hombre de campo, con la sabiduría que da convivir con la naturaleza, envió a sus hijos al bosque a por ramas, las ató con un cordel y les pidió que intentaran romper el manojo. Como no pudo ni siquiera el más fuerte de ellos, cortó el cordel y dio una rama a cada hijo, que rompieron con facilidad, porque no eran tan fuertes como juntas. Juntos, 47 millones de españoles, hemos puesto en Barcelona el Centro Nacional de Supercomputación, un centro del que podemos estar orgullosos y podemos estarlo porque es el cuarto a nivel europeo en potencia bruta. Podemos estar orgullosos porque en calidad es aún mejor, pues presta servicios de manera transversal y proporcional a investigadores de diferentes ámbitos -ciencia básica, biomedicina, astronomía, estudio del clima, entre otros-, investigadores no solo de toda España, sino también de toda Europa. Podemos estar orgullosos porque, tras la aportación mayoritaria del Gobierno de España y la generosa colaboración del Gobierno de la Generalitat, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona es capaz de por cada euro público retornar cuatro y hasta cinco euros.

Pero nuestros consorcios científicos tienen problemas para ser competitivos en Europa. Con esta PNL queremos ayudar a nuestros centros para que puedan contratar mejor y de manera más eficiente a su personal investigador. No es la primera vez que la ciencia española tiene problemas. Hace seis años los españoles dijeron al PP que nos arremangáramos para salvar la ciencia española. Así, rescatamos el Centro Superior de Investigaciones Científicas, retomamos los pagos al Consejo Europeo de Investigación Nuclear y recuperamos las aportaciones a las empresas innovadoras a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Ahora, los españoles nos han dicho que la oposición no tiene minoría absoluta, ahora la oposición tiene poder. La oposición en España puede ganar todas las votaciones en esta Cámara, la oposición en España puede reprobar al PP entero, la oposición en España puede hasta crear una comisión de investigación de la corrupción, pero solo la del PP porque, claro, son ustedes muy indignados pero tampoco son tontos. Pero, como dicen en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, todos somos responsables de lo que pase con la ciencia española. Debemos ser capaces de hallar entre todos, juntos, un espacio donde encontremos una solución estable, sostenible y duradera en el tiempo para nuestra ciencia. Debemos encontrar un espacio en el Plan nacional de ciencia.

También quiero hablar de Cataluña. El Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, así como el Centro Nacional de Análisis Genómico, que también está en Cataluña, y el Sincrotrón Alba, que también está en Cataluña, son la demostración fehaciente de que no es verdad que haya ningún tipo de operación conspirativa en plan de España contra Cataluña, sino todo lo contrario. En Cataluña debemos superar esta etapa nociva y destructiva; años de reproches de un agravio inexistente, años de ruptura y supremacismo, años de propaganda y pedagogía del odio. Debemos hacer de Cataluña, aprovechando lo que estamos haciendo en la ciencia, un entorno que reúna a españoles de todas partes para liderar no solo España, también Europa. Debemos hacer de Cataluña un espacio social, económico, mediático, administrativo, académico, cultural, de pluralidad y convivencia; un espacio de progreso y bienestar. Debemos hacer de Cataluña, como así lo hacemos con la ciencia, un proyecto político que a todos convoque y a nadie excluya. Esa es nuestra responsabilidad con Cataluña, esa es nuestra responsabilidad con la ciencia y nuestro compromiso. Espero que seamos capaces de trabajar todos juntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roca.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno fijará posición-, el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, una semana más les voy a recordar que hay un vicepresidente del Govern de la Generalitat y siete consejeros encarcelados por motivos políticos. Se lo recuerdo yo porque los locutores de TV3 no lo pueden recordar. También hay dos presidentes de dos entidades que son presos políticos. (Aplausos).

Dicho esto, señor Roca, yo cuando me leí la PNL me quedé preocupado; cuando he escuchado su intervención me he quedado más preocupado, porque usted ha venido a hablar aquí de su libro unionista y a dejar un poco de lado la cuestión que nos ocupa. Fíjense, el Partido Popular, el grupo del Partido Popular en esta Cámara pide el amparo de esta Cámara para instar al Gobierno del Partido Popular a


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cuestiones tan contundentes como: contribuir al desarrollo y al mantenimiento -¿no se fía de que el Gobierno va a contribuir al desarrollo y al mantenimiento del centro?-; apoyar e impulsar la actividad de la Red Española de Supercomputación -¿tenemos que instar al Gobierno a apoyar esta actividad? ¿No se fía de que el Gobierno del Partido Popular lo vaya a apoyar?-, y después a estudiar -¿no estudia el Gobierno del Partido Popular modificar nada?~_. Nosotros hemos presentado una enmienda muy sencilla, muy fácil de admitir y muy concreta. Les pedimos no que estudiemos, sino que el Gobierno impulse -es su trabajo- la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para que los consorcios tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y no requieran autorización de la Administración a la que se adscriba para poder contratar personal. Es muy sencillo, muy fácil y resolvería una parte importante del problema. Espero que nos admitan la enmienda.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Centro Nacional de Supercomputación se creó en el año 2004, de la mano del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Han oído bien. Entonces, al igual que durante todo el periodo del Gobierno Aznar, España tenía un ministerio específico dedicado a la ciencia y la tecnología, pero ese mismo año fue suprimido con la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero y no se ha vuelto a recuperar. El acierto en la creación de este centro nacional con sede en Barcelona se demuestra porque a lo largo de sus trece años de existencia se ha acreditado no solo como el foco central y principal de la computación en España, sino como uno de los grandes centros internacionales. Su director general, el doctor Mateo Valero, que ha sido reconocido y galardonado como uno de los grandes científicos mundiales de la supercomputación, suele repetir una frase categórica: País que no computa, no compite. Tal vez porque Asturias pierde paulatinamente competitividad, como acreditan contumazmente todos los indicadores oficiales nacionales y europeos, en Foro también creemos en la necesidad de que España se dote de mayor competitividad, y si cabe con más énfasis en los campos de la I+D+i y en todos aquellos relacionados con la medicina, la prevención y curación de enfermedades, la biotecnología, los impactos climáticos o la ciberseguridad, entre otros de los aspectos que aborda el equipo del Centro Nacional de Supercomputación y toda la Red Española de Supercomputación. De ahí que una iniciativa como la que acaba de defender el diputado señor Roca, del Grupo Popular, en la que se reclama el apoyo a la gestión de recursos de computación de alto rendimiento y a las tareas que se desarrollan en las instalaciones del centro nacional y de sus nodos repartidos por toda España, solo puede recoger votos favorables, pero también es una oportunidad para destacar que recientemente se ha hecho un gran esfuerzo económico para la compra e instalación de una versión renovada de su supercomputador, el MareNostrum 4. Por tanto es oportuna esta llamada parlamentaria al Gobierno para que se dé continuidad a las importantes actividades de investigación científica, respaldando la contratación de personal para consolidar la generación de puestos de trabajo y la capitalidad de Barcelona como punto de referencia mundial de la supercomputación, y eje de la coordinación con la infraestructura de la Red Española de Supercomputación, en la que están interconectados trece supercomputadores con el objetivo de ofrecer recursos de alto rendimiento a la comunidad científica para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos caracterizados por la innovación y la alta calidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bona tarde.

Señor Roca, nos sorprenden estas ganas de hablar del Centro de Supercomputación de Barcelona en estas fechas, entre otras cosas porque costó Dios y ayuda que se ubicase en Barcelona. Ya sabe usted que el señor Aznar no lo quería allí, aunque a pesar de ello el tema internacional ayudó a que el Centro de Supercomputación fuese a parar a Barcelona. Por otra parte, supongo que cuando nos ha relatado sobre el padre, los niños y la recogida de ramas se estaba refiriendo a la Crònica de Muntaner cuando habla de la mata de juncos. En cualquier caso bien está lo que acaba de decir, porque el tono no ha sido acorde a aquel al que nos tiene usted acostumbrados, pero vayamos a la proposición no de ley. Es


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evidente que se trata de una iniciativa pensada para el periodo preelectoral en el que nos encontramos, con la finalidad de tapar el 155. No obstante, si uno lee la proposición no de ley -como apuntaba algún otro portavoz- se dará cuenta de que no deja de ser una proposición no de ley cargada de buenas intenciones, pero sin contenido efectivo, y en este sentido solo cabe ver las enmiendas planteadas por el resto de grupos parlamentarios.

Las dos enmiendas que nosotros planteamos concretan algunos de los aspectos esenciales a los que ustedes se han olvidado de dar concreción en la propuesta. En este sentido, y para que no quede como una simple declaración de voluntades, planteamos dos enmiendas que constituyen un mandato concreto y determinado, a los efectos de eliminar las barreras existentes en el momento de la contratación de personal investigador y técnico en los consorcios dedicados a la investigación y a la gestión de infraestructuras científicas, y que afectan básicamente a la modificación de dos leyes: la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación. Sabemos a ciencia cierta que por parte del Ministerio de Economía no lo ven con malos ojos, en atención a las necesidades existentes en el sector y a la bondad de las propuestas realizadas, así como a los efectos de generar mayor flexibilidad, estabilidad y en definitiva mayor competitividad al sistema. Otra cosa será el Ministerio de Hacienda. Pero todos estos aspectos mencionados anteriormente a los que me he referido, y en definitiva las enmiendas que Esquerra Republicana plantea, son meramente de gestión; lo que en realidad es relevante en el ámbito científico es que le dediquemos recursos y lo hagamos de forma decidida y planificada en aquellos aspectos más débiles del sistema.

Deje que le recuerde que un reciente estudio sobre el Sistema Català de Recerca i Innovació indica que en el año 2015 por cada 100 euros de gasto público en el sistema catalán público de universidades y ciencia se produjo un retorno social de 402 euros al PIB de Cataluña, y la debilidad del Estado español en este sentido es precisamente el porcentaje del PIB destinado a I+D. Todos los datos nos indican que España va a menos en su dedicación a la I+D y eso es publicado, público y notorio. No solo no invierte el Estado, es verdad, sino que además las grandes empresas españolas no invierten en I+D; casi la mitad del gasto empresarial español en I+D fue ejecutado por pymes. Fíjese que van en sentido contrario a sus políticas económicas y fiscales, que apoyan a las grandes empresas y van en contra de las pymes. En definitiva quien está invirtiendo en I+D+i son las pymes, que ustedes habitualmente tienen dejadas de la mano de Dios. Por ello es conveniente que, además de aprobar esta proposición no de ley -que nosotros consideramos propagandística en plena situación de campaña preelectoral, para intentar tapar alguno de los efectos del 155, que son muchos, son muchos-, también lo sería que el presupuesto de I+D+i crezca realmente y se acerque a los niveles europeos, que ustedes no gasten falsamente en investigación militar y dediquen recursos a la investigación civil, y que ustedes faciliten la profesión investigadora y la gestión de los agentes de investigación e innovación. En resumen, que se crean ustedes que la investigación, la ciencia y la tecnología son verdaderamente el futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España, es decir, a sí mismo, dándose ánimo -en eso coincido con el señor Bel, sin que sirva de precedente-, a contribuir al desarrollo y mantenimiento del Centro de Supercomputación de Barcelona, a apoyar e impulsar la Red Española de Supercomputación, y a estudiar la modificación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para facilitar la contratación del personal investigador. Ya le avanzo, señor Roca, que nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley esperando que acepten nuestra enmienda, que enriquece su iniciativa. Y es que Ciudadanos, a diferencia de ustedes, sabemos que el motor del crecimiento a largo plazo de una economía es la competitividad, y para ello es imprescindible invertir en investigación, en desarrollo e innovación. Concretamente no cabe duda de que la transformación digital constituye uno de los mayores retos de las economías avanzadas. ¿Por qué le digo "a diferencia de ustedes", señor Roca? Pues porque nuestro país siempre llega tarde. ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla: son datos. Es decir, los datos de inversión en ciencia y tecnología indican que España no llega ni a la mitad de nuestros países vecinos europeos. Bélgica, Francia, Alemania, todos ellos están en torno al 2 o 3 % del PIB, y no es casualidad que en los últimos diez años tan solo hayamos crecido en competitividad una décima parte de lo que lo han hecho nuestros países vecinos europeos. Otro dato: España destaca por el bajo valor añadido en su


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sector de tecnologías de la información y comunicaciones. Además el empleo en este sector supone menos del 2 %, lo que nos sitúa a la cola de los países de la OCDE. Otro dato: Entre 2011 y 2016 la inversión en investigación y desarrollo cayó un 25 %, más de 2000 millones de euros.Por cierto, no me vengan con el mantra de que no había recursos porque había crisis, porque cuando quieren ponerse de acuerdo sí rescatan autopistas, aeropuertos, hacen amnistías fiscales o incluso negocian con opacidad un cálculo del llamado 'cuponazo' vasco, transfiriendo recursos de las comunidades más pobres a las más ricas. (Aplausos).

Señorías, insisto, en Ciudadanos damos todo nuestro apoyo a este centro nacional, distinguido además con la Excelencia Severo Ochoa, que gestiona uno de los supercomputadores más potentes de Europa, el MareNostrum, con dos funciones de vital importancia: por un lado ofreciendo infraestructura y servicio en la supercomputación a los científicos españoles europeos, atrayendo talento, que es lo importante; y en segundo lugar, permitiendo generar conocimiento y tecnología para transferirlos a la sociedad. Y todo ello contribuye, sí, a que Barcelona sea una ciudad puntera en innovación, conectividad y desarrollo, todo ello a pesar de que se empeñen en el independentismo y en el populismo, en levantar muros, en fomentar la huida de empresas, en la pérdida de confianza de inversores o incluso la pérdida de la sede de la Agencia Europea del Medicamento que acabamos de conocer. Y ahora volvemos a escuchar los mensajes euroescépticos del señor Puigdemont, similares a los de Marine Le Pen, en los que decía textualmente que Europa es un club de países decadentes, obsoletos, en el que mandan unos pocos, ligado a intereses económicos cada vez más discutibles. Y es que no se dan cuenta del daño que están haciendo a las instituciones, a la economía y a la convivencia.

El presidente de la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta misma mañana nos señalaba en la Comisión de Presupuestos que la incertidumbre y la pérdida de confianza provocan caídas en la actividad económica. Teníamos esta misma mañana el dato del Instituto Nacional de Estadística que nos decía que en Cataluña el comercio minorista había caído el triple -el triple- que en el resto de España, y es que ahora más que nunca se necesita un cambio de rumbo. Decía Albert Einstein que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. España requiere un proyecto de país que sepa hablar de tú a tú con el resto de países europeos. Nosotros somos la tercera potencia del euro y precisamos un cambio de modelo productivo, porque en estas tres décadas el bipartidismo nos ha acostumbrado a grandes tasas de paro y a precariedad. Es por eso por lo que nuestro compromiso es firme en investigación, desarrollo e innovación. Arrancamos además del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 la creación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, es por eso por lo que en los Presupuestos de 2018 hemos negociado también un aumento de la inversión pública, además de la creación de un fondo de apoyo a emprendedores y startups, y es por eso, señores del Partido Socialista, por lo que no entendemos cómo pueden seguir instalados en el no es no y no apoyar y negociar estos próximos Presupuestos para 2018.

Voy terminando, presidente. Ciudadanos ha presentado una enmienda dirigida justamente a la puesta en marcha de esa Red Cervera de Transferencia Tecnológica que favorezca precisamente la competitividad de la economía española de la que les hablaba. Ciudadanos apuesta por la economía del conocimiento, dinámica y competitiva, invirtiendo en talento ahora para que mañana podamos generar oportunidades para nuestros hijos. Ciudadanos apuesta por la educación, el trabajo y la innovación, pues son el motor fundamental para generar recursos, los que realmente se necesitan para mantener nuestro Estado del bienestar. Y recuerden, señorías, no hay nada más progresista que invertir en desarrollo y tecnología, porque si no generamos recursos, no tenemos nada que repartir.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

En el año 2005 los Gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y Pascual Maragall, con el apoyo del alcalde de Barcelona Joan Clos, pusieron en marcha Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación. Este es un proyecto que el Gobierno del PP nunca ha visto como propio. Desde que Rajoy es presidente la financiación ha sufrido recortes. El Grupo Socialista ha registrado enmiendas para incrementar su dotación anual en todos los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del Partido Popular, enmiendas a las que ustedes siempre han votado en contra. Hoy nos encontramos ante lo que parece un cambio de postura del Partido Popular respecto a este tema, son


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ustedes muy oportunos. Pero incluir este debate en el Pleno del Congreso sobre una infraestructura científica con sede en Barcelona cuando estamos a punto de iniciar la campaña electoral de las elecciones en Cataluña ya no es oportuno, señorías, es: ¡oportunismo! (Aplausos). En cualquier caso, bienvenido sea su ¡oportunismo!, si es para bien. Por cierto, repasando las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios, nos ha extrañado no ver ninguna de los diputados de Ada Colau, que creo que es alcaldesa de Barcelona. Quizá les preocupa tanto como la Agencia Europea del Medicamento. (Aplausos).

Estamos convencidos además del apoyo del ministro Montoso, que dará el aumento de gasto que implica la iniciativa, porque Montoro está de acuerdo, ¿no? Esta misma mañana el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos definitivos de gasto en investigación y desarrollo para el año 2016, y no pueden ser más desalentadores. El gasto en investigación y desarrollo nos hace retroceder diez años, diez, a los niveles de gasto de 2006. España está en el puesto 17 del ranking en inversión en investigación y desarrollo en relación con el producto interior bruto de los Estados miembros de la Unión Europea, por debajo de países como Eslovenia, República Checa, Estonia o Hungría. Por tanto proponer -abro comillas- "que el Congreso inste al Gobierno a contribuir al desarrollo y mantenimiento del Centro de Supercomputación de Barcelona" o -vuelvo a abrir comillas- "apoyar e impulsar la Red Española de Supercomputación" nos parece prácticamente una broma si no contempla aumentar los recursos económicos. En este sentido el Grupo Socialista les propone enmendar estos dos puntos para incrementar la aportación anual, vía Presupuestos Generales del Estado -por eso no los votamos-, que les servirá para incrementar o mejorar los proyectos de investigación en curso.

Con el tercer punto de su iniciativa esbozan una posible reforma de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para facilitar la contratación de personal en los consorcios de investigación. Esta es la parte con verdadero contenido de toda la iniciativa con la que intentan decir, aunque con la boca chica: Tenemos que cambiar del desaguisado que provocó la ley que aprobó el Gobierno del PP con mayoría absoluta que ata de pies y manos la actividad de los consorcios de investigación. El Grupo Socialista también ha hablado con el sector y con los representantes de los consorcios científicos y, convencidos de sus demandas, presentamos nuestra enmienda al tercer punto, que consiste en una modificación de la Ley de la Ciencia para establecer un régimen jurídico específico para los consorcios de investigación adscritos a la Administración General del Estado que facilite la gestión, el funcionamiento y la contratación de personal de estos centros de excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país.

Señorías del Grupo Popular, acepten nuestras enmiendas y conviertan estos datos de oportunismo en iniciativas útiles que apunten de verdad y que apuesten de verdad por la ciencia, por la investigación y por la innovación que tanto necesitan nuestra economía y nuestra sociedad.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Zaragoza.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Buenas tardes. Arratsalde on.

Es verdad que la Unión Europea sitúa la computación de las altas prestaciones como un activo estratégico para el continente en la Iniciativa Europe High Performance Computing y así el centro de Barcelona aspira a ser el centro de referencia en el sur de Europa. Tenemos que decir que el Partido Popular nos trae una vez más una PNL genérica como instrumento de impulso de la acción política de Gobierno que, dicho sea de paso, es de su partido. No está mal animar a todas las instituciones y agentes en general con principios rectores comunes que son fáciles de compartir, pero no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones concretas que sirvan al propósito presentado. A simple vista lo que vemos son buenas intenciones, ni siquiera nos explican las bondades del centro, pero tampoco se insta al Gobierno a tomar medida concreta alguna. Está bien impulsar el Centro de Supercomputación, pero ha de llevar aparejado una serie de acciones alineadas con políticas de I+D, sobre todo en lo que afecta a la inversión y a la colaboración público-privada. Parece que traen esta iniciativa como demostración del apoyo a Cataluña para que este centro no pierda la oportunidad de ser referencia en el sur de Europa, a pesar de la irresponsabilidad de algunos, que se han empeñado en hablar de las debilidades de esta comunidad obviando sus fortalezas como consecuencia del contexto político que se está viviendo actualmente, y que desde luego no facilita ni la implantación ni el refuerzo de proyectos de este tipo.


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En la PNL se menciona un problema a estudiar que afecta a la contratación laboral y que no solo concierne al Centro de Supercomputación. Se debe abordar de manera efectiva, como proceder a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar y lograr la estabilización del empleo temporal en los consorcios públicos, que tienen la consideración de agentes de ejecución del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que viene de la controversia surgida por la disposición adicional treinta y cuatro de los Presupuestos Generales del Estado y por la Ley de Ciencia. Todo ello redundará en una mayor competitividad y en un mayor conocimiento para este sector. A pesar de que no vemos iniciativas o propuestas concretas, hay buenas intenciones, por lo que no bloquearemos esta PNL y votaremos a favor de la misma.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Vidal Sáez.

La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes.

Oportunismo decían algunos, pero lo cierto es que hay que tener muy poca vergüenza y un alto grado de cinismo para traer esta proposición a esta Cámara en el momento en que nos encontramos. Es una PNL que habla de contribuir, de apoyar, de impulsar e incluso de estudiar la modificación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, una auténtica tomadura de pelo cosmético, donde tiran de lo abstracto y de lo intangible, y van dando vueltas al diccionario para no utilizar la palabra clave: presupuestos. Presupuestos, señorías, los mismos que el Partido Popular está negando al sector de la ciencia del I+D. Mientras el sector se derrumba con un recorte acumulado del 24 % desde 2009, en los últimos presupuestos ustedes incrementaron la partida un miserable 1 %, y hay margen, pero este Gobierno lo utilizó para priorizar básicamente el gasto militar en presupuestos y cacicadas. No sé si se acordarán, pero tiene gracia que hoy precisamente les apetezca hablar del supercomputador de Barcelona, sobre todo porque en los anteriores presupuestos generales el Partido Popular, junto con Ciudadanos, cómo no, vetaron una enmienda de nuestro grupo confederal sobre el mismo. Hablar de apoyar o de impulsar es incompatible con la asfixia y las restricciones legales y administrativas a las que ustedes están sometiendo a este centro. Y no solo afecta al supercomputador, sino también a las OPI y a las fundaciones públicas, como el CNIO, un centro por cierto de referencia en la investigación contra el cáncer, que no puede desarrollar su actividad con normalidad ante un sistema administrativo de control que no está pensado en absoluto para la gestión del I+D+i, y que condiciona claramente de forma negativa la actividad de nuestros centros de investigación. Es más, ustedes se comprometieron a cursar la excepción necesaria a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para que pudieran ampliar su plantilla. Se comprometieron a arreglarlo en el Senado. ¿Y saben qué? Que no hicieron absolutamente nada, nada para arreglarlo. Dejaron con el culo al aire al supercomputador, así como a todo el sector del I+D y de la ciencia en nuestro país.

Nos gustaría poder votar de forma favorable a esta proposición, pero tengan por seguro que si no hay un compromiso presupuestario adjuntado a la misma nos vamos a tener que abstener, porque no son letras cualquiera el I+D, sino que significan básicamente apostar por la investigación, por el desarrollo, por los avances y por las mejoras, mejoras, por ejemplo, de los procesos productivos, que ayudan no solo a mejorar la productividad de nuestras empresas, sino también a caminar hacia un cambio de modelo productivo tan necesario en nuestro país. Hablamos de salud, de curas, de una apuesta por la evaluación y por el conocimiento al fin y al cabo de la vida. Sepan que la situación del sector de I+D en España nos descuelga de los países de nuestro entorno y nos coloca en una senda muy, muy, muy difícil de recuperar. El supercomputador de Barcelona no necesita apoyo en términos abstractos, sino recursos, presupuestos y más plantilla. Y no es el único. Podríamos hablar también -ya que hoy les apetece hablar de Cataluña- del Sincrotrón ALBA, un centro pionero e infrautilizado a partes iguales. Tiene el doble de demanda que puntos de luz, pero no por falta de espacio, sino una vez más por falta de recursos. El Sincotrón cuenta con la mitad del presupuesto con el que trabajan centros similares a nivel europeo. Su política de no invertir pone en jaque el potencial de crecimiento de un centro tan importante como es el Sincotrón ALBA. Pero hablemos también de condiciones de trabajo, porque en el Sincrotrón, por ejemplo, el 45 % de su plantilla es temporal. De hecho, hasta su gerente está con un contrato de obra y servicios y no es un caso aislado. La precariedad y la emigración forzosa están a la orden del día en el sector de I+D. El Partido Popular no nos va a engañar y ustedes se ríen y ningunean de forma constante al sector de la investigación, pero hoy se plantan aquí con esta proposición tan curiosa. Yo me pregunto: ¿por qué precisamente el


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supercomputador de Barcelona? Seamos sinceras, a ustedes la ciencia les importa un pepino. ¿Por qué ahora precisamente cuando hoy, sin ir más lejos, en El País salía una noticia que relataba que la inversión en I+D sigue perdiendo peso en España pese a la recuperación? ¿Por qué ahora esta proposición? Porque su oportunismo va incluso mucho más allá de su responsabilidad con el sector y ni siquiera citando a Spiderman son ustedes capaces de quitarnos la vista de dónde quieren ir realmente con esta proposición. Ustedes pretenden utilizar esta proposición para dar lecciones de buen Gobierno a Cataluña y a Barcelona. Ustedes quieren dar la imagen de estar preocupados por Cataluña a estas alturas. Permítanme que les sugiera algo. Si quieren ayudar a Cataluña o a Barcelona, deroguen de una vez por todas el artículo 155 de forma inmediata. (Aplausos). Dejen de intervenir las finanzas de la Generalitat de Catalunya. Si nos quieren ayudar, deroguen estos decretos. Y les digo más: deroguen también ese vergonzante decreto para facilitar la salida de empresas de nuestro país. Ustedes son una pandilla de sociópatas. Sí, sí. Y han llevado tan lejos su sed de venganza que hasta les ha valido aplicar una política de tierra quemada a nuestro tejido económico en Cataluña. El Partido Popular no tiene proyecto de país, no tienen ni idea de hacia dónde llevar el modelo productivo e ignoran absolutamente todos y cada uno de los retos del siglo XXI para los que la ciencia y la investigación son especialmente claves. ¡Y tanto, señorías! ¿Quieren ayudar? Inviertan en I+D, apuesten por un cambio en el modelo productivo y, por favor, dejen de destrozar el tejido productivo de nuestro país. Y ya que estamos, cumplan sus compromisos, por favor. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vidal.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Roca Mas si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor ROCA MAS: Sí, presidente. Estamos negociando una transacción entre varios grupos enmendantes.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Notifiquen el resultado a la Mesa para tenerlo en cuenta en la votación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA TARIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA NECESIDAD DE ABORDAR UNA REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO. (Número de expediente 162/000306).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Según datos de Eurostat, en el primer semestre de 2017 el precio de la electricidad en España ha sido el tercero más caro de la Unión Europea antes de impuestos para un hogar promedio, pero claro está que no estamos precisamente en los primeros puestos por renta per cápita de la Unión Europea. El incremento de la luz reconocido por el propio ministerio, un 12 %, afecta principalmente a las personas acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor, afecta a 11,5 millones de personas. La paradoja es que la demanda es menor que hace unos años. Por tanto, hay que concluir que tenemos un sistema eléctrico ineficiente, caro, con un gran impacto en las familias y en las empresas y, además, ecológicamente insostenible. A finales de febrero debatimos esta PNL en la Comisión de Energía. Ahora, meses después, con la llegada del frío, nos encontramos con la misma situación de riesgo de crisis de precios. El Gobierno no ha hecho prácticamente nada y ha descartado públicamente introducir reformas de calado en la regulación. Por eso, hemos creído necesario realizar este debate hoy en la Cámara y presentar esta proposición no de ley.

¿Qué ha hecho el Gobierno? El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se establecía la obligación de los principales operadores de gas -Endesa y Gas Natural- de ejercer de creadores obligatorios de gas en el mercado para garantizar una mayor liquidez y evitar la volatilidad de precios, pero el Gobierno llega tarde. Este es un compromiso del ministro de hace diez meses y sin tiempo de aplicarse esta medida antes del frío. Aún estamos pendientes de que la Secretaría de Estado de Energía establezca las condiciones y requisitos para su desarrollo. Y llega mal, porque la medida aprobada es un parche que no afronta los problemas de un mercado eléctrico que no funciona a las puertas del invierno.


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Otras medidas, como la nueva regulación del bono social, son claramente insuficientes. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya manifestó que la normativa es discriminatoria e insuficiente y, según un estudio presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, si no se aplicara la ley catalana sobre pobreza energética, para el 60 % de las diez mil personas atendidas no podrían evitarse los cortes de suministro. Sorprendentemente, el PSOE, que había pactado con el Gobierno el Real Decreto-ley del bono social, ha presentado una PNL instando a su reforma a las pocas semanas de su publicación. Ustedes, el Grupo Socialista, pactaron eso con el Gobierno del PP y ahora plantean la reforma a pocas semanas de su publicación. Parece que el pacto con el PP no era tan bueno como nos decían; bueno, nunca lo son, créanme, nunca son buenos los pactos con el PP. Es mejor pactar las políticas con otros grupos parlamentarios, con nosotros en este caso, para combatir la pobreza energética.

El ministro Nadal reconoció que no podía hacer nada para rebajar el precio de la luz... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Vendrell.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

Adelante.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Decía que el ministro reconoció que no podía hacer nada para rebajar el precio de la luz y descartó modificaciones estructurales del sistema eléctrico. Y hay que actuar, porque hay mucha gente atrapada entre los bajos salarios, los altos precios y viviendas energéticamente ineficientes.

Un dato revelador. Según un estudio del Observatorio Crítico de la Energía, si las tres grandes eléctricas españolas hubieran tenido el mismo margen operativo que sus homólogas británicas, habrían tenido, en el periodo 2008-2011, 8000 millones menos de beneficios netos. ¿Eso es porque las eléctricas españolas son más eficientes? ¿Es que son más listas? No, esos beneficios se deben, en buena medida, a una mala regulación, y eso también tiene que ver con las puertas giratorias. La presencia de dirigentes políticos que todos tenemos en mente, que han pasado por el Gobierno y que terminan en los consejos de administración de las grandes empresas también tiene que ver con la mala regulación. Es cierto que los factores climáticos, la falta de viento o de lluvias o el aumento del precio del gas y del carbón inciden en el precio, pero tenemos un problema estructural que nos sitúa entre los países con la energía más cara y que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar fotovoltaica en relación con otros países.

Desgraciadamente, el sistema eléctrico se ha convertido en un mecanismo de transferencia de rentas, de rentas que van de los bolsillos de la gente a los balances de las grandes compañías. En el mercado mayorista se paga al mismo precio toda la electricidad que se vende, con independencia del coste real de generación; son los llamados beneficios caídos del cielo. La última energía que entra al mercado, que suele ser la de las centrales de gas y que es la más cara, fija el precio del resto, también de la energía producida por centrales hidráulicas y nucleares que ya están amortizadas. Es decir, pagar agua a precio de gas. Por eso, proponemos un gravamen sobre esos beneficios caídos del cielo que revierta en el propio sistema eléctrico, un gravamen sobre los beneficios excesivos, como el que Reino Unido ha aprobado en relación con la nueva central nuclear que está en construcción en ese país.

Es posible que digan que ya tenemos el canon hidráulico y los impuestos que gravan a las nucleares, pero además de tener unos tipos bajos, su recaudación no va al sistema eléctrico para bajar el precio de la energía. También dirán que el sistema marginalista es el mismo que el de otros países europeos, pero en otros países, como hemos visto, tienen medidas correctoras que aquí no se toman. Los precios de generación deberían regularse de tal modo que se tengan en cuenta los precios reales de producción de electricidad de cada tecnología, por eso proponemos también una auditoría sobre los costes de generación de cada tecnología. Otro problema es el propio diseño de tarifa. La parte fija del término de potencia es muy elevado y los esfuerzos de ahorro energético no producen una reducción proporcional del precio. Por eso, es necesario un diseño de la tarifa que garantice consumos básicos más baratos y que penalice los consumos menos eficientes y más elevados.

Concluyo. Con una planificación que introdujera progresivamente más renovables, el precio de la energía descendería. La regla es clara: a más energía solar fotovoltaica, precios más baratos. Estamos pagando cara la mala planificación de los Gobiernos del PSOE y la aversión a las renovables del Gobierno del Partido Popular. España, el país del sol, tiene 4500 megavatios de energía solar fotovoltaica instalada. ¿Saben cuánta tiene un país como Alemania? 42 000 megavatios. En definitiva, lo que planteamos es que


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en lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo; que el Gobierno impulse políticas para garantizar el derecho a una energía limpia y a precios razonables. De eso se trata.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Vendrell.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, el precio de la electricidad se ha convertido en un grave problema para los españoles. En la última década ha aumentado un 28 % este recibo que, además, ha visto cómo se ha incrementado debido a la mala praxis y a la falta de planificación en materia energética. Pero lo más grave es que desde el pasado abril ha subido un 28 % dicho recibo. A principios de 2017, el mercado mayorista ha superado en algunas horas los 90 euros megavatio/hora; precio que no solo es anormalmente alto, sino que aunque en Europa se han experimentado distintas subidas debido a las olas de frío, al paro nuclear francés y demás aspectos, en España además tenemos que sumarle los distintos problemas y planteamientos regulatorios, las medidas retroactivas que se han impuesto directamente a la factura de la luz y distintos errores políticos que al final están pagando los ciudadanos en su factura.

Pero centrándonos en la iniciativa, en su punto 1.º se habla de acercar costes reales a la generación del sistema. A nosotros esto nos parece deseable, estamos de acuerdo en ese punto y lo incluimos en nuestro programa electoral. Además, creemos que en este punto Podemos se olvida de que una gran parte de esa factura eléctrica son los errores políticos que se han cometido durante todos estos años; con lo cual, esos cargos de índole político también tienen que ser revisados y, por supuesto, tienen que ser eliminados.

En una sesión de la Comisión de Energía, Ciudadanos propuso la retirada de uno de estos impuestos que suponía una reducción inmediata de casi un 6 % en la factura de la luz y todos los partidos políticos votaron en contra porque alegaban que ese impuesto financiaba a las comunidades autónomas. No quiero decir nada, pero yo creo que la financiación autonómica se tiene que debatir en el marco de la financiación autonómica y no utilizar la factura de la luz como pieza para financiar a ninguna de las autonomías. Este es otro de los errores que tenemos en nuestra factura de la luz.

En el punto 2.º el partido proponente habla de una auditoría integral del sistema, objetivo que compartimos, que creemos que es necesario y que incluimos en el acuerdo firmado con el Partido Popular. Pero tenemos varias diferencias, porque el partido proponente la utiliza como elemento legitimador de su solución perceptiva, es decir, de su modelo, y para nosotros tiene que ser como parte del diagnóstico para que luego se pueda establecer un nuevo modelo que además, en nuestra opinión, tiene que adoptar la fijación de precios e incluir el avance de las tecnologías u otras necesidades que puede tener el sistema ligado, por ejemplo, a la protección del medio ambiente.

Entendemos que la cosa -y con esto me refiero al punto 3.º- no va de crear nuevos impuestos. Tenemos muchísimos impuestos. Quizá, tenemos que redistribuir bien los que hay o empezar a aplicarlos bien, pero la solución definitiva de nuestro problema energético no está en crear más impuestos. Por eso, hemos enmendado también este punto.

En cuanto al punto 4.º, que ya se debatió en Pleno porque lo trajo aquí el partido de Esquerra Republicana y ya lo hemos debatido en distintas ocasiones en la Comisión, nos parece extraño que lo traigan porque este punto solo beneficia a los propietarios de segundas viviendas ya que solo afectaría a la segunda vivienda. No sé qué decir, pero que un partido que siempre está hablando de esa gente que no puede tener ni vivienda traiga aquí medidas que favorecen solamente a aquellos que tienen una segunda vivienda nos parece un poco reseñable.

En el punto 5.º hablan de nacionalización de centrales hidráulicas. Nosotros no compartimos esta decisión, sobre todo porque la propia Ley del Sector Eléctrico establece que la Administración pública no puede realizar actividades dentro del sistema de competencias, en particular en los tramos de generación y distribución. Es decir, no estamos de acuerdo, pero en este punto tienen un aliado, el Partido Popular, porque el decreto que ha salido esta semana habla de esa nacionalización y expropiación de centrales y, como es a partir de 50 megavatios, incluye a cuarenta centrales hidráulicas. Así que, ¡cosas de la vida!, quién nos iba a decir que el Partido Popular y Podemos estarían de acuerdo en nacionalizar centrales. (Aplausos). La única vía, señorías, para avanzar en el consenso es precisamente la consideración de esta gestión renovable, apostar por un modelo claro, pero no empezar a traer distintas iniciativas que no


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dejan de ser parches en nuestro sistema energético. Debemos sentarnos de verdad, aprobar un pacto de Estado por la energía, que sería el único que ha habido hasta el momento, y por supuesto acabar esa ley de transición energética y cambio climático.

Hemos enmendado varios puntos. Esperamos que tengan a bien aceptar las enmiendas de dichos puntos; si no, tendremos que decidir, en función de cómo sea el texto, cuál será nuestra valoración. Pero el mensaje para los ciudadanos sobre cómo bajar el recibo de la luz realmente tiene que ser, primero, con planificación real; segundo, con un marco que se establezca en la ley de transición energética; tercero, con un proyecto que incluya como horizonte las energías renovables, con una auditoría que nos diga cuánto nos cuestan las cosas para saber qué estamos pagando, sobre todo quitando impuestos o errores políticos de la factura de la luz y dejando, por supuesto, de financiar a las autonomías vía factura de la luz y fundamentalmente siendo conscientes de hacia dónde queremos ir, dejando de poner parches en algo muy importante como es la factura de la luz.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano Gracia.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.

Hace casi un año, señor Vendrell, debatimos una réplica de esta PNL en la Comisión de Energía, como usted bien ha dicho, y seguimos aquí, señorías, yo creo que con las mismas posiciones, similares enmiendas e imagino también que con similar votación. Permítanme la expresión, señorías: vivimos como si fuéramos Bill Murray en el famoso film del día de la marmota. Y es que cada vez faltan menos días, si nadie lo remedia, para ver al señor Rajoy volviendo a invocar a los dioses de la lluvia, a esas lluvias que mitiguen de alguna manera, entre otras cosas, una nueva subida en el recibo de la luz. Hoy, por hablar, llueve. Ese recibo no deja dormir ni al señor Nadal ni a muchos ciudadanos ni a muchas empresas españolas. Porque, a día de hoy, ninguno obviamos, señorías, que el caldo de cultivo es casi perfecto para que se genere de nuevo el mismo escenario de hace un año.

Señorías del Partido Popular, durante aquel mes de enero se nos dijo de parte del ministerio que se había producido la tormenta perfecta, esto es, alta demanda de electricidad, mala climatología en cuanto a escasez de lluvias o de viento, parón momentáneo de las centrales nucleares en Francia y también altos precios en las materias primas. Pero, señorías, curiosamente, hace aproximadamente un mes -para ser exactos, el día 23 de octubre- llegamos de nuevo a una alarmante punta en el precio de la luz: nada más y nada menos que estamos hablando de 182 euros megavatio/hora, en un entorno que curiosamente era de baja demanda en aquel momento y con mucha oferta de energía eólica. En este caso, señorías del Partido Popular, ¿se podría hablar de tormenta perfecta o habría que hablar de mera brisa otoñal? La razón técnica es, según nos dicen, que el operador del mercado quiso garantizarse la seguridad de la oferta por si fallaba el dios Eolo y activó el llamado mercado de ajustes, distinto del diario e intradiario y sin límites de precio, por cierto. Pero, señorías, la CNMC no tiene clara esta distorsión que se produjo el día 23, como tampoco lo tiene claro en lo que se refiere a las subastas de interrumpibilidad, y esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que siempre considera este mercado, el eléctrico, como el de menor competencia y transparencia de los existentes, o eso al menos nos dicen las encuestas que conocemos.

Señorías, la última reforma en el sector eléctrico es una de esas tantas leyes del Partido Popular que consigue algo tremendamente difícil, como es poner a todo el mundo de acuerdo y en su contra: a los consumidores, a las asociaciones de usuarios, a la oposición parlamentaria, a los expertos, al órgano regulador de la competencia. Creo sinceramente que la tormenta perfecta es la de su reforma eléctrica, señorías del Partido Popular. Por eso las imperfecciones que caracterizan este sistema y la importancia de este input estratégico para nuestro sector productivo y para el bolsillo de los ciudadanos -no se olviden- han hecho que prácticamente todos los grupos de la oposición hayan reclamado una auditoría del sector eléctrico, para saber realmente qué pagamos. Esa auditoría independiente que nosotros los socialistas reclamamos daría al menos una respuesta y una certidumbre a las dudas de millones de españoles acerca de qué significa esa hoja de papel que todavía muchos de ellos reciben en sus domicilios, y a nosotros, a los grupos políticos, nos proporcionaría, señorías del Partido Popular, una adecuada radiografía de la situación para aplicar la mejor medicina posible. Consideramos desde el Grupo Socialista que la reforma del ministro Soria -sí, ministro Soria-, allá en el año 2013, ha sido un auténtico fracaso, ha ahondado, señorías del Partido Popular, en la debilidad del sistema, no ha servido para frenar ni mucho


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menos el aumento de los costes para los consumidores ni para las pequeñas empresas, no ha impulsado la eficiencia energética y además ha contribuido a aumentar la inseguridad jurídica de los inversores. Pero es que de nada han servido tampoco las medidas anunciadas por el señor Nadal durante este último año, como esa gran noticia del creador de mercado en el sector gasístico.

Ya han comentado anteriormente otros portavoces que nuestro mercado marginalista de formación de precios padece de una volatilidad propia del mercado bursátil más especulativo y ha vuelto a situar a nuestro país al frente de las subidas de la luz en Europa durante los últimos meses. La CNMC ha manifestado su intención de investigar el repunte del precio del día que mencionaba antes, el día 23 de octubre. La oposición al completo quiere investigar las tripas de nuestro mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable. ¿Lo van a permitir el Gobierno y el Partido Popular o seguiremos todos los españoles en enero del próximo año, como Phil Connors, atrapados en el tiempo?

Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Galeano.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Hace un mes que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó una iniciativa, que fue respaldada por el Grupo Socialista y el de Ciudadanos, certificando el cierre de las centrales térmicas a 2020, lo que alimentó el anuncio de solicitud de cierre por parte de Iberdrola de sus centrales eléctricas de Lada y Velilla, creando una gran preocupación en Asturias y Palencia por la amenaza para miles de puestos de trabajo directos e indirectos y culminando la política de cierre de la minería del carbón emprendida por el PSOE en 2010 y la desertización industrial. En lugar de defender el único combustible fósil autóctono que tenemos abundantemente en España, se prefiere el cerrojazo a las centrales térmicas en vez de dotarlas de financiación para instalar y aplicar la tecnología necesaria para alcanzar el objetivo previsto de la Unión Europea de cero emisiones y obtener en el futuro el carbón limpio, todo ello incluido en nuestro programa de coalición electoral con el Partido Popular.

Esta tarde se vuelve a las andadas con una nueva serie de propuestas que persisten en reformas que, de llevarse a efecto, podrían el mercado eléctrico patas arriba... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio. Un momento, señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... ya que habrían generado unos costes con cargo a la factura energética en un porcentaje cercano al 40 %...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Martínez Oblanca. Le he parado el tiempo.

Silencio, señorías. Les ruego que, si tienen conversaciones largas que mantener, las hagan en las salas anexas o en los pasillos y no en este hemiciclo. Muchas gracias.

Continúe.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Decía que acabarían generando unos costes con cargo a la factura energética en un porcentaje cercano al 40 % y encarecerían el recibo de la luz para los usuarios domésticos, comercios y empresas, además de otras graves secuelas sobre el crecimiento económico y el empleo.

Para Asturias, que cuenta con varias de las industrias con mayor consumo electrointensivo de nuestro país, estos planteamientos son disparatados e inaceptables y suponen una amenaza para la economía y el empleo de la región y también para España, porque nuestra altísima dependencia energética, unida a la pérdida de soberanía energética por la paulatina exclusión del carbón del mix, perjudicarían nuestra incorporación al desarrollo del mercado único europeo de la energía. En lugar de las medidas que se proponen lo que urge, tal y como reflejamos en el programa de Foro y venimos reclamando desde hace muchos años, es una planificación energética que permita eliminar la gran penalización a la competitividad que sufre nuestra industria, imitar lo que se aplica en otros países de Europa y hacer frente a las necesidades de las empresas mediante la elaboración de un plan estratégico de la energía, estableciendo orientaciones para el futuro de nuestro modelo energético y definiendo el peso que jugarán cada una de las tecnologías de producción en el mix energético.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra ahora el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor vicepresident.

Señorías, hace poco menos de un mes, el día 17 de noviembre, el ministro Nadal reconoció que no podía hacer absolutamente nada para bajar el recibo de la luz a causa, según él, de las reglas de mercado, la falta de lluvia, blablablá, blablablá. Podría parecer una declaración de su incompetencia, pero esa incompetencia tiene dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, para nuestra estructura productiva ya que el diferencial de precios afecta a la competitividad del país y, en segundo lugar y más importante, es que el recibo de la luz va a subir de media 100 euros este año. Esto, sumado a que aproximadamente hay 5 millones de personas en riesgo de pobreza energética, pone los pelos de punta. Y como tengo poco tiempo, voy a aceptar las premisas del Gobierno, voy a aceptar las premisas de Nadal, voy a suponer que el Gobierno no es incompetente, sino que realmente es imposible reducir el precio de la luz porque el mercado funciona perfectamente, que no hay tasas de beneficio para algunas energías de entre el 200 y el 300 % y aceptaré también que es un mercado competitivo como ningún otro, además de la seguridad jurídica para los pequeños inversores. Si aceptamos todas estas premisas y que no se puede bajar el precio la luz, nos surge una pregunta: si usted no puede, ¿por qué recurre la ley valenciana contra la pobreza energética? ¿Por qué ustedes, en vez de favorecer la colaboración entre Gobiernos para que nadie pase frío este invierno, hacen lo contrario? ¿Por qué se oponen a proteger a las personas? Hay una duda aún mayor en forma de trilema que nos plantea este Gobierno, entre incompetentes, sádicos y el Gobierno de las eléctricas. No sabemos cuál es y nos gustaría que el Gobierno nos respondiese.

Termino. Acaban de confirmarme que el señor Nadal no vendrá a este Pleno a dar explicaciones. Se confirma que, además de incompetente, no está a la altura y no da la cara en la sede de la soberanía popular.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a apoyar este texto transaccional que está impulsando Unidos Podemos porque, qué duda cabe, las mejores políticas industriales suponen una moderación del precio de la energía y de los costes empresariales a favor de la competitividad. Debemos decir que es un drama que durante tantos años el precio de la electricidad se haya fijado de una forma tan poco realista a través de las conocidas por todos nosotros como facturas enmascaradas. Debemos afrontar un reto, el reto de la mejora de la eficiencia, que supone básicamente gastar menos en el consumo energético. A su vez, esto significa algo que en estos momentos no se produce en el recibo de la luz porque se paga mucho más por la potencia contratada que por el consumo real en cada periodo. De hecho, estamos, señorías, ante una tarifa plana que no plantea ningún incentivo para ahorrar y para hacer un consumo energético más eficiente. También se debe afrontar un compromiso con las energías renovables. En cuanto a la transición energética, en estos momentos el Gobierno de Francia está integrando en una misma cartera las políticas de fomento, las políticas de energía y las políticas medioambientales. El coche eléctrico está en stand-by por parte de la política del Gobierno; del impuesto al sol ya no habla ni el Gobierno ni Ciudadanos. Ayer tuvimos una noticia importante de la Unión Europea sobre las subvenciones al carbón, consideradas por la Unión Europea como ayudas de Estado no utilizadas y por las cuales se ha abierto un expediente para el posible retorno de los fondos. Y, a todo esto, señor presidente -y con esto termino- tenemos una política energética en la cual el Gobierno central impugna y lleva al Tribunal Constitucional aquellas políticas de la Generalitat a favor del ahorro energético y a favor de combatir la pobreza energética.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Ya el año pasado, y como consecuencia de la ola de frío que tuvimos, ya vivimos una cierta polémica en relación con los precios del mercado eléctrico y cómo afectaba a las tarifas eléctricas de los diferentes consumidores; parece que este año vamos por el mismo camino debido a la sequía y a la falta de viento.


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Nuevamente, gracias a factores externos, vuelve a aparecer el tema del precio de la luz, y hay que reconocer que tras los continuos aumentos del precio hay problemas estructurales y de naturaleza regulatoria que España lleva arrastrando y que se está agravando también con la aparición de nuevas tecnologías, cuya capacidad competitiva parece que es incompatible con la regulación vigente del mercado eléctrico. La descarbonización de la economía, objetivo de los acuerdos de París, hace que los costes indirectamente relacionados con el suministro eléctrico cuadrupliquen las tarifas eléctricas, que las tarifas se encuentren por encima de la media europea y que sea el consumidor eléctrico el que asuma gran parte del coste de la financiación de las renovables. Esto hace que sea necesaria una profunda transición energética y, por tanto, abordar una reforma del sistema vigente que permita no solo abaratar la factura eléctrica y mejorar la competitividad de la industria, sino también resolver el problema de la financiación de las renovables que nos permita, además, estar en línea con otros países del entorno.

Respecto a la PNL, me gustaría comentar que estaríamos de acuerdo con algunos de los puntos del planteamiento aunque también deberíamos atender a la comisión de expertos, ya que están trabajando en este sentido. En cuanto a la auditoría de costes, vemos que es necesaria para facilitar el conocimiento de los costes de cada tecnología y saber lo que pagamos, y también hay que tener en cuenta que la CNMC podría darnos información al respecto. Respecto al punto 3, es verdad que cambiaría las previsiones de recuperar los costes fijos de las instalaciones y, por lo tanto, algunas de ellas podrían dejar de funcionar, por lo que deberíamos tener en cuenta la necesidad existente de tecnología de respaldo. También la aplicación de los nuevos impuestos recaudatorios en la Ley 15/2012 habían establecido algo parecido, reduciendo los márgenes de explotación de las instalaciones, aunque ahora están en entredicho. En este punto, deberíamos conocer las implicaciones que suponen, teniendo en cuenta también lo que se vaya a plantear -como ya he dicho- en la transición energética, pero también intentando cambiar el sistema de retribución ya que, por ejemplo, a las concesionarias hidroeléctricas se les paga por la inversión realizada y no por la producción del agua. También se debiera cambiar el sistema de renovación de las concesiones, así como establecer medidas medioambientales más estrictas.

En relación con el cuarto punto, lo primero que hay que comentar es que actualmente la tarifa regulada no refleja solo los costes de la actividad de las redes, sino que sufraga además las primas a las renovables o los costes extrapeninsulares. Incrementar, por tanto, en porcentaje la parte variable introduciría riesgo recaudatorio adicional porque cualquier reducción del consumo significaría menor recaudación, con ello no cubrir los costes regulados de la tarifa y generar déficit. La propuesta de crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados tienen además los inconvenientes de su aplicación práctica -tipología de consumidores domésticos, industrial, cómo se aplicarían los bloques de consumo-, por lo que habría que analizar con detalle estas implicaciones.

Respecto al último punto, no estaríamos de acuerdo sobre todo en el ordenamiento actual del sector eléctrico de separación de actividades. La generación de centrales eléctricas es una actividad en régimen de competencia, por lo que es difícil que dicha actividad pueda cambiar su propiedad, aunque estaríamos de acuerdo en que se debería cambiar el método de retribución, como ya he dicho, y se debería distinguir también las centrales con capacidad de gestión, que son las de mayor producción, y las no gestionables como es la minihidráulica. No por tener una gestión pública esta ha de ser más o menos efectiva.

Por último, antes de implementar medidas aisladas, se debería tener en cuenta, como ya he dicho anteriormente, el informe que está preparando la comisión de expertos, que son quienes tienen que elaborar los escenarios y propuestas para facilitar la transición energética hacia un escenario más limpio y acorde con las directrices que marca la Unión Europea para garantizar no solo la competitividad de la economía, sino también el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. Por este motivo, creemos necesario atender a este informe para implementar no solo las medidas adecuadas, sino también el horizonte temporal para lograr esta transición energética. Vamos a esperar a conocer las enmiendas que se aceptan para fijar nuestra posición en este sentido.

Eskerrik asko. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.

Señorías, leyendo esta proposición no de ley he tenido un déjà vu, creía que lo había vivido ya, y cuando he seguido leyendo he recordado y me he dado cuenta de que es verdad: ya lo había vivido, ya


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habíamos debatido esta proposición en la Comisión de Energía y, además, con las mismas inconcreciones, las mismas generalidades y -lo que es más grave- los mismos errores de concepto.

Para Podemos hoy quedan claras -y ha quedado claro también a lo largo de estos meses- dos variables correlativas, y es que cuando sube el precio de la luz, sube la demagogia con la que actúa Podemos; cuando baja el precio de la luz, baja el volumen con el que los portavoces morados suelen intervenir, no se les escucha. Mi grupo y yo queremos que la factura de la luz sea lo más baja posible, que los españoles paguen poco por la electricidad, que seamos competitivos, pero todo eso no se consigue con estas propuestas demagógicas; todo eso se consigue con propuestas concretas y con medidas que lleguen a conseguir el objetivo propuesto.

El precio de la luz baja si se toman medidas concretas y bien planificadas, porque los últimos años -me ha entristecido mucho escuchar al portavoz socialista hacer las aseveraciones que ha hecho, sobre todo cuando tiene tanto que callar- nos han dejado dos modelos. Modelo del Partido Socialista: mayores costes al sistema, déficit tarifario de 28 000 millones de euros y una factura de la luz un 70 % más cara entre 2004 y 2011. Modelo del Partido Popular: menores costes al sistema, menor déficit de tarifa y una factura de la luz reducida, en el sentido en el que nosotros hemos llevado a cabo una reestructuración.

Puedo estar de acuerdo en la necesidad de reformar la estructura de la tarifa. Puedo estar de acuerdo en que nos podamos hacer la pregunta de si el coste del déficit de tarifa o los costes externos a la generación tienen que ser pagados por los contribuyentes o por el consumidor eléctrico. Podríamos hacernos esa pregunta hoy, sería legítimo y además útil para los ciudadanos, pero, si no abordamos el fondo, lo demás queda bonito pero engañamos a la gente, que es lo que se está haciendo hoy por parte de algunos. Desde el Partido Socialista consiguieron, además, cuando gobernaron, la cuadratura del círculo: los jubilados y las familias pagaron un 70 % más, llevaron al sistema a la quiebra, la luz subió un 70 % y además vendieron preferentes eléctricas a los inversores, y luego el Partido Popular ha tenido que arreglarlo y ha tenido que pagar a toda esa gente que invirtió de buena fe, creyendo que detrás había un Gobierno serio y responsable. (Aplausos).

Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista están hoy de acuerdo en proponer una auditoría del sistema eléctrico. Ya saben que cuando no tienen ideas concretas que hacer, proponen una auditoría a ver si tiran la bola hacia delante y a alguien se le ocurre algo. Pues bien, he venido decidido hoy a facilitarles el trabajo, aquí está la auditoría que han hecho los funcionarios y los técnicos para todos ustedes; han auditado hasta la última línea de distribución de este país, valorándola concretamente, así como su retribución. Por ejemplo (Muestra un documento), a mí me habría gustado que hoy el señor Vendrell hubiera venido y nos hubiese planteado que el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, en una de sus páginas tiene una fórmula sobre el valor de inversión de la instalación j, que establece que la puesta en servicio de antes de 1998 se calcula con este cociente (Señala una fórmula en el documento) y en su opinión ese término no está bien colocado porque supone un perjuicio para el Estado, para el consumidor, etcétera. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Es decir, vamos a hacer una auditoría distinta de la que han hecho los servicios del Estado, los funcionarios y los técnicos porque a lo mejor Podemos sabe más que ellos. Yo, desde luego, procuro partir de cosas concretas y coherentes. ¿Con qué fórmulas de cálculo discrepan? ¿Qué cambiarían en el modelo de retribución y dónde? Son preguntas que me permito hacer, pero que yo creo que no van a obtener respuesta.

En Europa hay ejemplos claros de lo que no se debe hacer. Al escuchar algunos casos europeos tengo la sensación de que o no conocen los casos o nos intentan engañar o les han engañado a ustedes. Hay dos consignas que suelen repetir -y lo ha hecho aquí el portavoz de Podemos y, además, lo he escrito antes de escucharle porque sabía que usted, típico, iba a decir que hay que hacer lo que hace Alemania-: hay que hacer lo que hace Alemania. Qué bien suena, ¿verdad? Tras desmantelar las nucleares en Alemania, el consumidor paga un 32 % más al duplicarse la tarifa; aquí será diferente porque lo plantea Podemos, ¡aquí siempre es diferente! Asimismo, hay otra consigna: Como en los países nórdicos. Hay que hacer lo que hacen los países nórdicos. ¡Qué bien suena eso! ¡Como en los países nórdicos! Pero no los nórdicos de cartón, que son de los que aquí nos hablan, sino los nórdicos de verdad. Los nórdicos de verdad, por ejemplo Suecia, han puesto en marcha diez reactores nucleares y su Parlamento ha aprobado una ley para impulsar y apoyar la energía nuclear. El modelo que proponen no funciona en ningún país del mundo, pero aquí, en España, como lo propone Podemos, será diferente, supongo yo.

Les reconozco, además, que son únicos buscando eslóganes, luego no hay nada detrás, pero, ¡qué bien queda aquello de 'democratización de la energía'! Luego, ninguno de ellos es capaz de poner en


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marcha instalaciones de autoconsumo de menos de 10 kilovatios de potencia, que son las que no pagan ningún tipo de peaje, pero se les llena la boca aquí de democratización de la energía. Es triste comprobar -y lamento mucho comprobarlo- la podemización, un poquito de podemización de Ciudadanos. La portavoz de Ciudadanos introduce, además, un concepto anacrónico, al igual que Podemos y Partido Socialista, y habla de beneficios caídos del cielo. No me negarán que no es un eslogan pegadizo: beneficios caídos del cielo. Déjeme decirle que las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital -y me mira el señor De la Torre porque sabe de lo que hablo y podría explicárselo al resto de portavoces-. Me tienen preocupado con este concepto porque quiero que me señalen cuáles son esos beneficios caídos del cielo de los que hablan porque eso hay que regularlo.

Voy terminando, señor presidente. ¿Han analizado la retribución de la distribución que está remunerada por debajo del coste de capital? Cuando redactan estas líneas, ¿entienden ustedes que en la depreciación hay que incluir los costes operativos? Son preguntas claves que tristemente quedan sin respuesta. Por último, también añaden la nacionalización -no puedo estar de acuerdo porque no es cierto- de las centrales hidroeléctricas. Lo único que hacemos, señora portavoz de Ciudadanos, es garantizar que el interés general esté siempre presente en la gestión de la energía hidroeléctrica. También hacen gala de algo original, único, de algo que antes nunca nadie había planteado, que es poner un cargo en la tarifa...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Vaya concluyendo, señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Voy terminando.

... para compensar una supuesta diferencia o desfase entre el precio de coste y el de generación. Por supuesto, supongo que ese cargo que quieren introducir ustedes en la tarifa lo pagarán los presidentes de las grandes compañías y que eso seguro que no llega al pequeño consumidor, nunca se le repercute al pequeño consumidor. ¡Qué gran idea, qué gran idea! En definitiva, la relación entre pobreza e izquierda, pobreza y todo lo que ustedes han planteado aquí es clara y a mí me gustaría que se aportaran soluciones al sistema eléctrico. Soluciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor García Egea, tiene que ir concluyendo.

El señor GARCÍA EGEA: Ahí les dejo una para que profundicen: acabar con la sobreproducción de electricidad y movilidad y electrificar la movilidad para disminuir CO2. Y un ultimo dato, presidente -tres segundos-: Se ha hablado aquí de I+D+i, con consigna. Hoy, esta mañana han salido los datos. Andalucía y Extremadura -PSOE, Ciudadanos y Podemos- lideran la caída en la contratación de investigadores, un 8 % y un 9 %; la contratación positiva de investigadores la lideran Castilla y León y la Región de Murcia. Algo tendrán que aprender.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto al señor Vendrell Gardeñes si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Hemos hecho una propuesta de transacción a los grupos enmendantes.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Lo tendremos en cuenta para la votación.

Muchas gracias. (El señor García Egea pide la palabra). Sí.

El señor GARCÍA EGEA: Por una cuestión de orden.

Tras comprobar con desconcierto inicial que, efectivamente, se nos había llamado sociópatas por parte de la portavoz de Podemos, la señora Vidal, nos gustaría que retirara dicha afirmación del Diario de Sesiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Le pregunto a la señora Vidal si, tal como solicita el Grupo Parlamentario Popular, retira usted el término "sociópatas".


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La señora VIDAL SÁEZ: Lo cierto es que sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimiento por sus acciones, así que no, no retiro la palabra. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO APLICABLE A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 173/000065).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos debatiendo el siguiente punto del orden del día. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la regla de gasto aplicable a las entidades locales. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.

La señora SUMELZO JORDÁN: Muchas gracias.

Señorías, volvemos a traer este tema al Pleno del Congreso de los Diputados y con esta moción los socialistas exigimos al Gobierno del señor Rajoy que dé solución de una vez por todas a los problemas de hacienda, de financiación local y de función pública que llevan años planteándole los ayuntamientos. Exigimos, una vez más, al señor Rajoy y al señor Montoro que dejen de tratar a los ayuntamientos como si fueran una Administración de segunda división; los ayuntamientos también son Estado y son la Administración más cercana al ciudadano, la primera puerta a la que llaman, y desde que gobierna el Partido Popular, hace ya casi seis años, las entidades locales están sufriendo un constante acoso e injerencia en su autonomía local, reconocida en la Constitución en el artículo 140. Y con la reforma local del Partido Popular, que cumple ahora cuatro años, el Gobierno ha recortado competencias y poder local, y con la aplicación de esta contrarreforma local han dejado a las entidades locales sin recursos y sin posibilidades de cumplir el papel que les corresponde y que los vecinos demandan todos los días: planes de empleo, políticas de bienestar, políticas de juventud, políticas de igualdad, infraestructuras municipales.

Señorías, los ayuntamientos han cumplido con creces sus compromisos de estabilidad presupuestaria, lo dije el pasado miércoles en la interpelación al ministro Montoro, y paradójicamente es el Gobierno del Partido Popular el que los ha abandonado a su suerte. (Aplausos). Los ayuntamientos no conocen su participación en los ingresos del Estado, ni la participación en los ingresos de las comunidades autónomas, ni los criterios sobre la tasa de reposición de las bajas en las plantillas ni la subida salarial de los empleados públicos. Los presupuestos municipales están ya encima de la mesa y el año 2018 está a la vuelta de la esquina, y los equipos de gobierno locales necesitan ya los criterios del Gobierno y del señor Montoro, y no los han dado. La realidad es que el Gobierno del Partido Popular ha dejado a los ayuntamientos trabajando a ciegas, y por ello el Grupo Parlamentario Socialista con esta moción plantea que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias y que se revise y se flexibilice la aplicación de la regla de gasto.

En 2016 el gasto de la Administración local se redujo un 1,2 %, cumpliendo el objetivo para el conjunto de las entidades locales. El Gobierno, de forma unilateral, ha fijado para 2018 la regla de gasto en un 2,4 %, sin que se hayan escuchado en ningún momento las propuestas de la FEMP ni de los alcaldes y alcaldesas. Y repito una vez más: los ayuntamientos cumplidores, que son los que presentan las cuentas públicas saneadas y a los que penaliza el Gobierno del Partido Popular, piden flexibilidad para aplicar la regla de gasto, por eso traemos hoy esta moción a esta Cámara a debate. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Los socialistas planteamos que se modifiquen las limitaciones que actualmente tienen las entidades locales para reinvertir su superávit, planteamos que cada ayuntamiento, siempre y cuando cuente con las cuentas saneadas y en uso de su plena autonomía financiera, pueda invertir el superávit que genere en todo aquello que considere prioritario para sus vecinos. Insisto, porque los ayuntamientos también son Estado y las entidades locales han sido sometidas también unilateralmente por el Gobierno a un límite de deuda pública para 2016 del 3 % del PIB. Habiendo cumplido esta limitación, puesto que el total de la deuda viva del conjunto de las entidades locales se situó al término del año 2016 en un 2,9 % del PIB, planteamos al Gobierno una revisión de las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.


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Por último, no podemos olvidar que la Administración local ha visto reducido en mayor medida que el resto de las administraciones públicas el número de sus efectivos. En cinco años ha perdido cerca de 100 000 empleos públicos, lo que supone una reducción del 15,39 % y esto, señorías, ha abocado a una situación en la que las entidades locales padecen graves dificultades para la prestación de servicios públicos con calidad, especialmente en los pequeños y medianos municipios que cuentan con plantillas escasas en las que casi es imposible la obtención de nuevos efectivos que cubran las bajas que se producen. Por eso planteamos también modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración local, de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150 % y en el resto de los servicios municipales el 100 %. Creemos, señorías, que es de justicia dar respuesta favorable a las peticiones que hemos planteado en nuestra moción. Ya adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a aceptar alguno de los puntos planteados en la enmienda del Grupo Unidos Podemos, acordado con el Grupo Parlamentario Socialista ya en la Comisión de Hacienda celebrada hace unos días y que van en línea directa con las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

Pedimos al resto de los grupos parlamentarios que la voten a favor porque debemos estar al lado de los ayuntamientos defendiendo la autonomía local y apostando por municipios fuertes con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Por ello los socialistas exigimos, una vez más, un sistema de financiación estable y suficiente para los ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sumelzo Jordán.

Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Montero Gil.

La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.

Mi grupo parlamentario, como ha anunciado ya la señora Sumelzo, va a votar a favor de esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y vamos a votar a favor porque nos parece necesario que el Pleno afirme, igual que ya afirmó la Comisión de Hacienda, que el señor Montoro hace un uso de la regla de gasto completamente injustificado desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista jurídico, y celebramos también que hayamos conseguido llegar a esa transaccional que está inspirada también en las cosas que se han ido aprobando en la Comisión de Hacienda los meses anteriores y con el trabajo en este caso de la señora Sumelzo.

Con todo, los españoles y las españolas que nos estén viendo deben saber algo y es que esta moción tiene un indudable valor político, pero es una iniciativa sin rango de ley y eso quiere decir que, incluso, aunque se apruebe, el Partido Popular podrá seguir haciendo exactamente lo que le dé la gana con la regla de gasto y por eso nosotros hemos presentado esta misma propuesta en forma de proposición de ley para que sí vincule y obligue al Gobierno y se convierta en una ley que permita que el señor Montoro no siga jugando con los ayuntamientos. ¿Saben ustedes qué ha hecho el Gobierno cuando ha recibido esta propuesta en formato de ley? Pues intentar vetarla, como hace con casi todas las propuestas, pero lo hacen ya de forma tan mecánica que han propuesto el veto cuatro minutos tarde después de que acabase el plazo, así que no han llegado a tiempo, señorías, y mi grupo parlamentario traerá a debate en esta Cámara la propuesta de modificación de la regla de gasto. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, no es razonable que un ayuntamiento que está bien gestionado, que tiene las cuentas saneadas, que tiene equilibrio o tiene superávit, que va reduciendo su nivel de endeudamiento y que paga a los proveedores en tiempo y forma no pueda gastarse su superávit, es decir, lo que consigue ahorrar, en políticas para mejorar la vida de sus vecinos y sus vecinas. Es completamente inentendible. No tiene ningún sentido para nadie, salvo para ustedes, señorías del PP, porque quitarle el superávit a los ayuntamientos es la única manera que tienen de intentar tapar las desastrosas cuentas del Estado que dejan cada año. (Aplausos). Esta es la segunda cosa que deben saber los españoles. La misma regla de gasto que el Partido Popular obliga a cumplir a los ayuntamientos es incumplida todos y cada uno de los años por la Administración central gobernada por el señor M. Rajoy. (Aplausos). Y por supuesto nunca ha sufrido ninguna medida correctiva ni coercitiva por incumplir esa regla de gasto. Ustedes han llevado la deuda pública española al cien por cien del producto interior bruto; hacen políticas laborales de precariedad que impiden que los trabajadores y las trabajadoras paguen buenos impuestos; hacen amnistías fiscales inconstitucionales que permiten que los ricos no paguen y, cuando ven que no hay dinero, van a asfixiar a los ayuntamientos para conseguir el dinero que perdonan a los ricos que tienen sus cuentas en Panamá. (Aplausos). Ese es el problema que tenemos en este país.


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Hay algo todavía más injustificable, que es la tercera cosa que deben saber los españoles sobre la regla de gasto. El Partido Popular no obliga a incumplir esta torticera regla de gasto a todos los ayuntamientos, sino simplemente a los que le da la gana. Así, ustedes intervienen el Ayuntamiento de Madrid, uno de los ayuntamientos que mejor está gestionando en España, que está ahorrando a la vez que invierte más en políticas sociales. En solo dos años ha reducido el 40 % de la deuda que dejaron sus colegas, Gallardón y Botella. Sin embargo, perdonan el incumplimiento sistemático de la regla de gasto al ayuntamiento gobernado antes por el número 2 del señor Montoro, que lo dejó en quiebra técnica, que es el Ayuntamiento de Jaén, el que más deuda tiene por habitante. (Aplausos). Eso es lo que hacen. Vamos, que ustedes, Partido Popular, utilizan la regla de gasto de forma tramposa para intervenir los ayuntamientos del cambio y esconder los desastres económicos que generan los alcaldes de su propio partido. ¿Y cómo es posible que puedan hacer esto? Aquí, además de hablar de su uso torticero de la ley, tengo que dirigirme a la bancada del Grupo Socialista, porque la ley en la que se esconden el Partido Popular y el señor Montoro para aplicar esto es nada más y nada menos que la vergonzosa reforma del artículo 135 de la Constitución que ustedes, estando en el Gobierno, pactaron con el Partido Popular. (Aplausos). Quizá ahora es tiempo de que se comprometan a revertir esa reforma y a blindar los derechos sociales en la Constitución, fundamentalmente para que ningún señor Montoro pueda seguir robando a los vecinos y vecinas, que es lo que está pasando ahora mismo en los ayuntamientos.

Con esto termino. Lo único que ustedes buscan, señorías del Partido Popular, haciendo estas cosas, como intervenir el Ayuntamiento de Madrid, es evitar que demostremos que se puede gobernar mejor y sin robar, como hacen ustedes. Mejor y sin robar. (Aplausos). El dinero de los ciudadanos se puede utilizar para hacer escuelas y hospitales o para mejorar las instalaciones deportivas en lugar de cogerlo y llevárselo a Panamá, a Suiza, a Andorra o a cualquiera de esos otros países, paraísos fiscales, que tanto les gustan. Yo le pido al señor Montoro, aunque esté hoy ausente, que deje de meter la mano en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo más importante, a pesar de ustedes, nosotras vamos a traer a este Pleno esta propuesta en formato de proposición de ley para que, si se aprueba, tenga efectos legales y vincule al Gobierno. No vamos a consentir que saboteen el trabajo de los ayuntamientos del cambio, que están demostrando que se puede gobernar mejor y sin robar. (Aplausos). El cambio en España ha venido para quedarse, incluso a pesar de ustedes, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Montero Gil.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Desde Euskal Herria Bildu vamos a pedir la derogación tanto de la Ley de estabilidad presupuestaria como de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la entidades locales, porque son un ataque frontal a las entidades locales, sus competencias y su propia existencia. Son leyes con marcado carácter recentralizador que limitan el funcionamiento de estas administraciones al servicio de la ciudadanía, lo que hace que muchos ayuntamientos queden intervenidos en la práctica y, por tanto, sin posibilidades de responder a las necesidades de la ciudadanía. Sé que al Estado español le gusta mucho intervenir; lo hace en Cataluña, lo hace con los ayuntamientos y lo hace en cualquier lugar donde todavía puede. Como decía, esta ley obliga a los ayuntamientos a registrar siempre equilibrio presupuestario, mientras que a otras administraciones se les permite déficit y el Estado se reserva la mayor capacidad de déficit para sí mismo, aun cuando los ayuntamientos son las instituciones más cercanas, como les he señalado antes. El Estado se queda con el 80 % del déficit, deja un 19 % para las comunidades autónomas y el 0 % para las entidades locales. Es el mismo Estado que cogió la famosa hucha de la Seguridad Social con 70 500 millones de euros y hoy, unos pocos años después, hace que los números en negativo arrojen 176 millones de euros. El mismo Estado que dice que en Cataluña o en Euskal Herria no se podrían pagar las pensiones tiene un serio problema para pagar las pensiones de su sistema perfecto en el Estado español. Esos mismos son los que quieren decir a los ayuntamientos lo que pueden y lo que no pueden gastar, como si ellos no hubieran perdonado la deuda de los bancos, por poner otro ejemplo. Es de todo punto inaceptable que se siga tutelando a los ayuntamientos. -Termino ya-. Es de todo punto incomprensible que, por ejemplo, a los ciudadanos de Tutera, de Lizarra o de Iruña se les diga que no pueden tener más recursos -recursos que sus ayuntamientos estarían dispuestos a poner, porque han tenido superávit- porque hay una ley del señor Montoro que lo impide. El señor Montoro quizás ha acumulado tanto poder que se considera ya todopoderoso y hace suyo ese salmo de


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la Biblia que dice que del Señor -Montoro- es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Matute.

Tiene la palabra el señor Candela Serna, pero no lo veo en el hemiciclo. (Pausa). Entonces, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, vicepresidenta.

Señorías, vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que hemos discutido y que hemos llevado tantas veces a esta tribuna. Esta mañana mismo en la Comisión de Presupuestos ha comparecido el presidente de la Airef, y constataba que el único objetivo de la regla de gasto aplicado a los ayuntamientos es que se genere un superávit ya casi estructural de 5, 6 o 7 décimas que utiliza constantemente el señor Montoro para compensar sus incumplimientos en la Administración General del Estado y en la Seguridad Social. Cuando ustedes traen los objetivos de déficit a esta Cámara y, sus socios los aprueban, son conscientes de que no van a cumplir los objetivos del déficit de la Administración central ni de la Seguridad Social, pero con la restricción de la aplicación de la regla de gasto a las corporaciones locales estas van a generar un superávit que no pueden gastar. Es más, constataba esta mañana el presidente de la Airef algo que no se nos debe escapar: a quien más perjudica la aplicación de la regla de gasto es precisamente a los ayuntamientos pequeños y medianos, que son los que tienen menos capacidad de aplicar sus remanentes a inversiones financieramente sostenibles.

Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa y cualquier otra iniciativa que traigan a esta Cámara. Si tenemos la suerte de que el Gobierno se despiste unos minutos y se tramite la iniciativa legislativa que permite modificarla, también la enmendaremos y la apoyaremos. Tampoco tiene sentido que estemos hablando de tasa de reposición en algunos servicios públicos de la Administración municipal. Que ayuntamientos sin deuda, ayuntamientos absolutamente saneados, tengan problemas para contratar más personal, para prestar unos mejores servicios públicos a sus conciudadanos no es comprensible; no es comprensible aquí, ni es comprensible en el resto de la Unión Europea. Deben hacer también un esfuerzo: a aquellos ayuntamientos que no cumplan, pongámosles reglas. A los que cumplan, no hay ningún motivo, ninguna razón para restringirles ni la contratación de personal ni su capacidad inversora ni su capacidad de gasto, que dinamizaría la economía de sus municipios y del conjunto del Estado.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

Señorías, el Grupo Vasco apoyará esta moción que hoy se nos plantea, aunque hay que decir que ya en febrero y hace unas semanas debatimos acerca de este tema para intentar reconducir la regla de gasto, que lo que hace finalmente es limitar la capacidad de gasto de las entidades locales, incluso cuando tienen superávit. Es una regla que sí ha servido, por el contrario, para cuadrar, como ya han dicho todos los demás, las cuentas de otras administraciones y, por tanto, para cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa. Desde que se comenzó a aplicar en España el programa de ajustes establecido por Europa con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hasta este año 2017, las únicas administraciones que han reducido la carga y el volumen de la deuda han sido las locales, que la han reducido hasta el 2,8 del PIB. Sin embargo, la deuda de las comunidades autónomas ha crecido y la de la Administración central, incluida la Seguridad Social, también. Así, el superávit de las administraciones locales está siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa. De hecho, los superávits, como hemos dicho, están compensando los incumplimientos de la Administración central y Seguridad Social.

La regla de gasto no responde a un cálculo contable, sino que es una estimación del nivel de crecimiento que debería tener el PIB a medio plazo para no generar excesiva inflación. La opción adoptada por Europa, en cambio, es consistente con la naturaleza de la regla de gasto porque incorpora elementos discrecionales, se calcula como un promedio plurianual y genera un dato que es muy sensible al periodo concreto que se tome como referencia. Aquí, en cambio, en la medida en que las administraciones van alcanzando sus respectivos objetivos de estabilidad a medio plazo, la regla de gasto se convierte en la principal limitación presupuestaria, ya que la misma establece que el crecimiento de gasto público anual


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no debe superar la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo. Las consecuencias de la aplicación de esta regla de gasto, sobre todo en ayuntamientos saneados y con superávit, significan una disminución de la capacidad de decisión de los ayuntamientos, y a esto hay que añadir que los ayuntamientos tienen poco margen para aumentar los ingresos porque tienen poca capacidad normativa para regular los impuestos. Por todo ello, entendemos que se debería modular la aplicación actual de la regla de gasto en las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, teniendo en cuenta, a lo mejor, diferentes indicadores, como puede ser el esfuerzo fiscal. Es una reforma solicitada y apoyada también por la Airef.

Por otro lado, en la moción también se nos habla de la modificación de la tasa de reposición. Nosotros estamos de acuerdo, ya que nuestro grupo siempre ha defendido que es una medida ciega y uniforme en la que no ha existido un análisis desde la perspectiva de la gestión de los recursos humanos, ni tampoco se ha tenido en cuenta el efecto que ha originado en los servicios públicos. Además, entendemos que a cada Administración es a la que le corresponde diseñar su propia política de recursos humanos, atendiendo a sus competencias y a su capacidad presupuestaria.

Por todo ello, votaremos a favor de la propuesta planteada.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz. (Rumores).

Señorías, por favor, un poco de silencio.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista ha vuelto a traer al Pleno de la Cámara una cuestión que ya debatimos en la Comisión de Hacienda, que es la regla de gasto, que de alguna forma es hablar sobre la estabilidad fiscal. Aquí la primera sorpresa es que, al aceptar la enmienda de Unidos Podemos no estamos hablando de flexibilizar la regla de gasto, sino de eximir de la aplicación de la regla de gasto a determinadas entidades locales. Esto, en la práctica, supone que las entidades locales que tengan superávit dejarán de tenerlo, y nos llevaría al incumplimiento de las reglas europeas que obligan a todas las administraciones públicas a que sigan una regla de gasto que, efectivamente, es mejorable y podemos modificar, pero tiene que haber una regla de gasto moderna y bien diseñada. Lo que no puede ser es que cuando una entidad tenga superávit, aunque este sea de carácter coyuntural, tenga derecho a gastárselo inmediatamente, porque eso es comprometer el Estado del bienestar y los intereses de los ciudadanos.

En este sentido, sobre la cuestión de la estabilidad hoy hemos tenido varias noticias. En primer término, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -contra lo que ha dicho aquí la señora Montero- ha dicho que este año se van a cumplir las tres reglas fiscales, es decir, se va a cumplir el déficit, se va a cumplir la deuda y se va a cumplir la regla de gasto. No lo digo yo; lo tienen ustedes en la presentación que el presidente de la Airef ha dejado en esta Cámara. ¿Por qué? Porque cuando se hacen buenos acuerdos, como el acuerdo presupuestario que hemos llevado a efecto con el Partido Popular, y cuando se hacen bien las previsiones de ingresos, por primera vez se cumplen las normas fiscales. Esto tiene una importancia trascendental, porque dejamos para la historia los recortes y las subidas masivas de impuestos y es que, al final, cuando no se cumplen las reglas fiscales, cuando se gasta lo que no se tiene, el resultado siempre es el mismo, y lo pagan los más desfavorecidos, y son los recortes y las subidas masivas de impuestos.

Por otra parte, esta estabilidad fiscal tiene sus amenazas. Por ejemplo, hoy decía el secretario de Estado de Presupuestos, también en el Congreso, que la propuesta de renta mínima llevaría literalmente a la quiebra del Estado del bienestar. Yo no creo que sea para tanto, pero la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que esto nos costaría 15 000 millones de euros al año. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular aquí no ejerció el derecho de veto, y ahora tenemos esto encima de la mesa. Sin embargo, le ha faltado muy poco tiempo para ejercer el derecho de veto, por ejemplo, con la rebaja del IVA del cine, que son 60 millones de euros.

Por otra parte, como bien ha dicho la señora Montero, efectivamente, es cierto que el Gobierno tampoco ha sido eficaz a la hora de vetar la modificación de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria en la línea que quiere Podemos, que es mucho más agresiva que la del Partido Socialista con los bolsillos de los ciudadanos, porque exime a la inmensa mayoría de las entidades de derecho público en España de la aplicación de la regla de gasto. Es decir, les va a permitir gastarse más de lo que ingresan, y esto siempre es la primera parte de que acabamos teniendo todos subidas de impuestos y recortes. Nosotros no podemos apoyar esto porque no es una buena idea.


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Piensen ustedes, señorías, que últimamente se está quejando todo el mundo de la tramitación un tanto opaca del cuponazo de la semana pasada, pero que aquí los diputados de Ciudadanos solo recibimos críticas que, por ejemplo, implican que el Estado reconoce una deuda que tenemos -no sabemos de dónde- de 1400 millones de euros con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, pues cuando haces esto, si el País Vasco se gastase inmediatamente el dinero incumpliríamos el objetivo de déficit, señorías, nada más que con esto. Evidentemente, esto es un ingreso puramente puntual para la Administración beneficiaria, que no se sabe de dónde sale, pero nosotros creemos que es necesaria una mayor transparencia en las finanzas públicas. Es necesario tener unas reglas de estabilidad presupuestaria y que se apliquen en todas partes por igual porque, efectivamente, la gestión del Ayuntamiento de Madrid es bastante discutible y lamentable, no solo porque incumpla la regla de gasto, sino porque no cumple con sus compromisos de inversiones y, en realidad, acaban gastando en otra cosa, como en un palacete en la calle Alcalá 42, pero es cierto que no es el caso más grave. Hemos sabido hoy, que también lo ha dicho el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -voy concluyendo, señora presidenta-, que en el Ayuntamiento de Bilbao, la comunidad autónoma, que es la entidad de supervisión, ha autorizado un plan económico-financiero con déficit, cosa que no se le autoriza a ningún ayuntamiento. Y, de hecho, nos encontramos con que tenemos una tutela reforzada en Madrid con superávit derivado de no ejecutar inversiones fundamentalmente, mientras que no la tenemos en Bilbao cuando el ayuntamiento tiene déficit y además, de paso, incumple la regla de gasto, y todo esto no lo digo yo, sino el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Creemos que nuestra normativa de estabilidad presupuestaria necesita una modificación, una modernización y adaptarse mejor a las normas europeas, pero esto que traen de la mano de Podemos, señorías del Grupo Socialista, no lo podemos apoyar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Señora Sumelzo, cuando le he oído, desde esta tribuna, dirigirse con severidad y apuntar hacia la desprotección del Gobierno de la nación con los ayuntamientos, he recordado los 1700 millones de euros que la Junta de Andalucía les tiene colgados a los ayuntamientos andaluces en concepto de participación en los ingresos de la comunidad autónoma, y he pensado que esto sí que debe de ser una gran protección para los ayuntamientos y las administraciones locales. (Aplausos). Porque la primera deslealtad con las administraciones locales es no pagarles las deudas, señora Sumelzo, y ustedes tienen la extraña manía de que cuando gobiernan no pagan las deudas y se las dejan al que viene detrás. (Aplausos). Señora Sumelzo, con respeto, desde que el Grupo Socialista ha vuelto al monte en el que están instalados la señora Montero y sus correligionarios, está siendo recurrente que traiga a esta Cámara iniciativas que nos devuelven a las políticas equivocadas de gasto público descontrolado que tuvieron como resultado en nuestro país la práctica quiebra de todas nuestras administraciones territoriales y que 3,5 millones de españoles tuvieran que ir a parar a las colas del paro. Cada vez que nos toca gobernar, el Partido Popular se encuentra siempre con las mismas colas: la cola del paro, la cola de los comedores sociales y la cola de los proveedores ante nuestras administraciones públicas; y cada vez son las reformas estructurales que desplegamos y el esfuerzo de nuestros conciudadanos los que permiten que volvamos al crecimiento y a la generación de empleo.

Esto es así, señora Sumelzo, porque esto es lo que se nos propone bajo la fingida indignación de esta tarde: políticas equivocadas de gasto público descontrolado; si no, no se entiende que, al tiempo que el Gobierno ha acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias que se proceda a estudiar en la Comisión Nacional de Administración Local el ajuste de la regla de gasto, ustedes vengan aquí día tras día a presentar iniciativas para dinamitar la negociación. La regla de gasto, señoría -señora Montero, también va por usted-, es regla de disciplina fiscal de gobernanza europea, y su modificación también. Por ello, en el Ecofin del 5 y el 6 de diciembre de 2016, se acordó estudiar el ajuste de la regla, estudio que no ha acabado, y por ello en el acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local se hace esa referencia, porque ese es el marco de la negociación. Por otro lado, fueron también las políticas equivocadas de gasto público descontrolado las que metieron a todas nuestras administraciones públicas en el protocolo de déficit excesivo hace ocho años. Y escuche bien: Son los miles de concejales, alcaldes


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y alcaldesas de nuestro país, los encargados de nuestras comunidades autónomas y del Gobierno central los que nos están sacando del protocolo en el que nos metieron, gracias a su esfuerzo y al de nuestros conciudadanos. Por ello, señora Sumelzo, estando a punto de salir del protocolo de déficit excesivo, conviene ser prudente y responsable y no enviar mensajes equivocados.

En nuestro país el Gobierno de la nación ha flexibilizado la regla de gasto, porque permite descontar del gasto computable las inversiones financieramente sostenibles, y también la ha flexibilizado al permitir incorporar el remanente de 2016 en los ejercicios 2017 y 2018. Pero una cosa es eso y otra cosa es volver a los viejos eufemismos socialistas de los criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo o de que las administraciones presenten cuentas saneadas en función de la posición cíclica de nuestra economía. Porque ello, señora Sumelzo, disfraza en realidad volver a los postulados de la reforma que ustedes hicieron en 2006 en la Ley de estabilidad, cuando abandonamos la disciplina fiscal e introdujeron mayores márgenes que permitieran mayor déficit público. Y no hace falta que le recuerde el rosario de la aurora en que acabó todo aquello.

Por tanto, señoría, estamos en la recta final de la salida de una durísima crisis económica, en la que eran imprescindibles las reformas estructurales en nuestras administraciones, porque los ciudadanos, al mismo tiempo que se esforzaban por salir con rapidez de una durísima crisis económica, querían ver que sus administraciones también se esforzaban y había que hacer el esfuerzo. Para ello, nosotros creemos que hay que seguir haciendo el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo con responsabilidad, y es la responsabilidad que hoy también les reclamamos. Para ello, estamos incluso dispuestos a subir al monte a buscarles para acordar esta cuestión que hoy tratamos y para acordar también unos Presupuestos Generales de 2018 que ofrezcan mejores soluciones a nuestros conciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Marí.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto a la señora Sumelzo si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

Presentaremos una transaccional junto con el Grupo de Unidos Podemos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LA CRISIS DEMOCRÁTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000066).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà) sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Xuclà y Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta es una iniciativa que dice no al artículo 155, que dice no a la cooperativa del 155 del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Hoy hace un mes de la entrada en vigor de la intervención del Govern de la Generalitat, y esta no es la solución a un contencioso político, a una demanda política, que no se anula intentando sin éxito borrar una realidad. ¿Cuál es esta realidad? La realidad es una mayoría absoluta amplia de ciudadanos de Cataluña que son favorables al ejercicio del derecho de autodeterminación de la nación catalana. La realidad es una mayoría... (Un señor diputado: ¡Qué pesado!). No soy pesado, soy demócrata y describo la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que va a ser revalidada el próximo 21 de diciembre. (Aplausos). No soy pesado, represento a medio millón de votantes y tengo el derecho, sin que usted me insulte y me diga que soy pesado. Soy representante de ciudadanos que me han elegido democráticamente.

Decía que la realidad es una mayoría absoluta del Parlament de Catalunya que fijó una línea en la anterior legislatura y que creo que la va a elegir también en la próxima legislatura. Nosotros decimos que la respuesta es la democracia, siempre, no su negación, y el sindicato o la cooperativa del 155 han intentado disolver un Govern y un Parlament fuera de las capacidades y las competencias del artículo 155, como bien pude ilustrar en la interpelación de la semana pasada, con el apoyo contemplado en la Constitución y en su artículo 155 de la mayoría absoluta del Senado que tiene el Partido Popular con


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menos del 30 %del voto popular, pero esto es lo que contempla el artículo 155. También es bueno que se vote la afirmación del apoyo o la negación a esta intervención del Govern de la Generalitat por el Congreso con otra representación parlamentaria fruto de un sistema electoral más proporcional.

Señorías, cooperativa del 155, no pueden disolver, cancelar o anular la voluntad de 2,4 millones de catalanes y catalanas. A tres semanas de las elecciones les tenemos que decir otra vez que respeten, respetemos todos, el resultado de las urnas en términos políticos. Dentro de tres semanas será necesario hacer una lectura política ajustada de la realidad de la voluntad de los ciudadanos, no la opción del vicepresidente del Senado, el señor Pedro Sanz o del candidato García Albiol, partidarios de reinstaurar el artículo 155 si no les gusta el resultado.

Señoras y señores diputados, esto es una versión hardcore política de aquello de la maté porque era mía. Si no les gusta el resultado quieren volver a aplicar el artículo 155, y más 155. ¿Saben cuál es el resultado de la aplicación del 155? Que no se cumple aquel mantra que decía que con una participación muy alta, de más del 80 %, de los ciudadanos, las fuerzas soberanistas no alcanzarían la victoria el próximo 21 de diciembre. La respuesta es política, la respuesta no es judicial. Es el momento de tener un recuerdo para el Govern de la Generalitat, para el vicepresident i els consellers en estos momentos en prisión, para el president i els consellers libres, libres ante la justicia belga, para los amigos, para l'honorable Josep Rull, l'honorable Joaquim Forn, l'honorable Meritxell Borràs, l'honorable Jordi Turull. Señorías, club del 155, ¿para qué les ha servido la aplicación del artículo 155? No para parar la voluntad de un pueblo, que se volverá a manifestar en las urnas con voto libre y secreto el próximo 21 de diciembre. Esto no lo pueden parar. Ustedes, con la intervención integral de la Generalitat, han intentado poner en modo reposo, en modo stand by, el autogobierno de Cataluña. Señorías, después de un mes de la intervención del Govern de la Generalitat la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, voten al partido que voten, son muy conscientes de que ha habido una buena gestión de distintos partidos políticos durante estos treinta y siete años de autogobierno recuperado. Estos treinta y siete años de Gobierno recuperado vienen de una tradición de cien años de autogobierno, que arrancan con la Mancomunitat de Catalunya y con una reivindicación en el siglo XIX del catalanismo político y del catalanismo cultural. Treinta y siete años de ejercicio de competencias en materia de educación, sistema sanitario, servicios sociales, obra pública, preservación del medio ambiente, transición energética.

Señorías, ¿ustedes creen que después de un mes de que los ministerios estén a cargo de todas estas competencias el próximo 21 de diciembre van a parar la voluntad de los ciudadanos a la hora de manifestarse con voto libre y secreto en las urnas? Ustedes, a través de la aplicación del artículo 155, han hecho muy evidente su gran confusión: una realidad política requiere de diálogo político y de respuestas políticas. Cuando a una realidad política le intentan imponer un 155 pensando que van a cancelarla, el resultado es que dentro de tres semanas los ciudadanos nos vamos a manifestar libremente en las urnas. Mientras tanto, tantas y tantas iniciativas en estos campos de la educación, sanidad, servicios sociales, obra pública no han sido gestionadas ni impulsadas porque, simplemente, los ministerios las han dejado en stand by, en reposo.

Termino pidiéndoles el voto para el reestablecimiento del Govern de la Generalitat, para hacer frente a este 155. ¿Saben cuál es el gran legado del artículo 155, de la obra del Gobierno, de la gestión del Partido Popular sobre la Generalitat de Catalunya? Que el ministro de Cultura y presunto conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha ordenado el traslado a Aragón de las obras de Sijena. (Aplausos). Si esta es la gran obra de Gobierno de la intervención del artículo 155, qué gran error.

Pido el voto de toda la Cámara, pido el voto de los progresistas del Partido Socialista para repudiar este artículo 155, para devolver la democracia plena y el autogobierno pleno. Con esto termino, señor presidente. Si a algún señor diputado le ha parecido que molesto, el día 21 de diciembre volveremos a expresar en las urnas nuestra firme voluntad democrática.

Muchas gracias y disculpen por las molestias democráticas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Nos presenta el Partit Demòcrata una moción en la que se reclama, por un lado, reformas estructurales para garantizar la independencia de los órganos de gobierno del Poder Judicial y la autonomía del ministerio fiscal y, por otro, la derogación de los reales decretos aprobados en aplicación de las medidas


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autorizadas por el Senado respecto a la Generalitat de Catalunya y en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Reales decretos que, como sabemos, disponían el cese del presidente y miembros del Gobierno y correlativa sustitución, la supresión de algunos órganos y delegaciones de la Generalitat y la disolución del Parlament, y convocatoria de elecciones. Señorías, en aras a la congruencia con lo dicho y sostenido por el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de todo este tiempo respecto a la llamada cuestión catalana, ya les adelanto que apoyaremos la moción.

Esta moción me permite traer al debate unas frases que el pasado domingo nos recordaba el presidente del Partido Nacionalista Vasco en el acto que anualmente celebramos en recuerdo del fundador de nuestro partido, hace ya ciento veintidós años, en 1895. Escuchen estas frases a ver si les suenan cercanas. Primera: Si cree el presidente del Consejo de Ministros que nuestro estatuto no representa a la inmensa mayoría de la opinión catalana, que consienta en que sea consultada la opinión de Cataluña y entonces nos convenceremos de si la opinión pública se encuentra o no de nuestro lado. Es, por tanto, un pleito de soberanía. Segunda frase: Cataluña va a emitir su voto, va a expresar su voluntad diciéndonos cómo quiere ser organizada en el futuro y cómo quiere en el futuro estar unida a España y eso constitucionalmente no puede hacerse. ¿Qué valor tendría el voto en Cataluña en un asunto que afecta a la organización política fundamental del país, de España? Y, tercera: Las pretensiones de Cataluña nos parecen justas. La actitud de los catalanes frente a la obstinada negativa la estimamos justificada y eso no quiere decir que nosotros aprobemos o desaprobemos todos y cada uno de los actos realizados en Cataluña, pero sí haremos observar que todo pueblo que se ponga en pie para reclamar y adquirir aquella libertad que estime indispensable a su propia vida tiene toda nuestra simpatía y apoyo. Todas estas frases no son, como podría pensarse, de 2016 o 2017 sino que son de 1919 y pronunciadas en esta misma Cámara, en este mismo Congreso de los Diputados. Fueron pronunciadas por el diputado Pi i Sunyer, de república catalana; por el diputado Andrade, del grupo conservador y por el diputado Epalza del PNV en este mismo Congreso y hace cien años. Los que estaban aquí decían lo mismo que ahora se dice y desde las mismas sensibilidades políticas que ahora también se encuentran representadas.

Señorías, después de leer y oír estas frases pronunciadas hace cien años no estamos, como hemos oído estos años y días recientes, ante modas pasajeras respecto a la sensibilidad nacional catalana y vasca. Estamos, por contra, ante unos hondos sentimientos que no se sienten satisfechos en su libertad a reclamar su propia vida y estamos también ante un problema político con profundas raíces sociales que no debemos ni podemos esperar otro centenar de años para resolver. Su solución pasa por el diálogo, por la negociación y por el acuerdo y, a nuestro juicio, la solución no pasa ni por judicializar la política, ni por encarcelamientos, ni por situaciones de excepcionalidad.

Todos tenemos que estar dispuestos a dialogar sin imposiciones y sin vetos. En la última sesión celebrada en esta Cámara se demostró que son posibles el diálogo y el pacto entre diferentes. Nuestra mano sigue tendida. El Partido Nacionalista Vasco va a poner todo lo que esté a su alcance para que el diálogo encuentre un camino que lleve a acuerdos.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías del 155, ustedes no se sonrojaron al oír el masivo y fascistón grito de "A por ellos"; es más, cuanto más catalanofobia, mejor, y cuanta más ultraderecha resucitada brazo en alto, mejor, porque lo tendrían más fácil para llevar a cabo su objetivo. Dicho de otra forma, que se consiguiese el efecto sin que se notase el cuidado: Gobierno democrático en la cárcel, Gobierno democrático en el exilio, libertades cercenadas a remolque de la corrupción policial, convocatoria de elecciones usurpando competencias y funciones, es decir, prostituyendo las leyes, y ventajismo al impedir que los candidatos independentistas puedan actuar durante la campaña electoral en igualdad de condiciones.

Pero, ¿por qué tenían que sonrojarse? Si el guión estaba escrito de antemano, respondía a un objetivo: hay que atajar a Cataluña porque, si no, se van a salir con la suya. Dicho de otra manera -y perdone, señor presidente, porque tengo que utilizar textualmente las palabras que me dijo un ciudadano aquí, en la plaza de Neptuno-: ¡Dejad de tocar ya los cojones, catalanes! Esta fue la expresión que me dijo un ciudadano, y supongo que lo decía con todo el sentimiento del mundo, porque para ustedes, diputados del 155, esto es tocar las narices, esto es lo que ustedes consideran que representa la voluntad democrática del pueblo de Cataluña: gente mala, gente que históricamente nos ha tocado las narices, que nos las está


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tocando y que seguirá tocándonoslas si no atajamos el problema. Esta es su mentalidad política, lo cual explica por qué despreciaron la vía democrática, paradigma Escocia, ante la demanda catalana y optaron por la vía autoritaria: judicialización, multas, embargos y cárcel.

Luego, ¿de qué presumen? No pueden presumir de modernidad, tampoco pueden presumir de Constitución española cuando estamos viviendo el momento más restrictivo de la interpretación del texto constitucional. Si los magistrados del primer Tribunal Constitucional levantaran la cabeza, se avergonzarían. Es más, ustedes están aprovechando esta crisis -una crisis que han incrementado- para recentralizar, para cargarse, para dinamitar el Estado compuesto. Si no, ¿a qué obedece el ataque al modelo educativo catalán, a qué obedece el ataque a TV3 y a Catalunya Ràdio, a qué obedece el ataque a los Mossos d'Esquadra? De hecho, no pueden presumir de nada, ni tan solo pueden presumir de Jefe del Estado, este Jefe del Estado que hará bueno a su padre -que juró los principios fundamentales del Movimiento-, que ha actuado de parte, que no tuvo siquiera la honradez de mencionar en su discurso televisado a los ciudadanos catalanes represaliados el día 1 de octubre.

¿De qué van a presumir? ¿Van a presumir de sistema judicial? ¡Pero si el Consejo Europeo ha indicado que el Reino de España es el que menos ha cumplido en la lucha contra la politización de la justicia! ¿Acaso pueden presumir de perseguir el bien común? ¡Pero si la aplicación del 155 ha castigado a todos los ciudadanos catalanes! ¿A los independentistas? Por supuesto, pero también a los ciudadanos catalanes que les votan a ustedes. Ustedes saben que, por ejemplo, no se ha podido implementar la renta garantizada a la ciudadanía o que las partidas destinadas al tercer sector han quedado paradas. Luego, ¿de qué pueden presumir?

Pero, a pesar de todo, que les quede claro que nos veremos en las urnas porque el proceso de construcción de la república de Cataluña, una vez hemos declarado la independencia el 27 de septiembre, tiene dos axiomas. Uno, el proceso de la construcción de la república será pacífico o no será; otro, el proceso de construcción de la república será democrático o no será. Si ganamos las elecciones -y creemos que estamos en condiciones de ganarlas porque somos perseverantes-, sepan ustedes que haremos todo lo imposible para que ustedes abandonen la vía autoritaria, el camino autoritario y vayan a la senda de la democracia, a la senda de la negociación, a la senda de encontrar un escenario en el que se reconozca la necesidad de pactar bilateralmente esta realidad.

Hay tres ideas que no olvidaremos y que están dedicadas al Partido Socialista, tres ideas que no olvidaremos. Primera: sin su complicidad no hubiera sido posible el 155. Segunda: sin su complicidad no hubiera sido posible la supresión de la autonomía catalana, es decir, la intervención. Tercera: sin su complicidad no hubiera habido encarcelamientos. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Tardà, un momento, por favor.

Les ruego, por favor, que no interrumpan al orador.

Muchas gracias. Continúe.

El señor TARDÀ I COMA: Se lo agradezco porque así me da pie a poderlo repetir. Sin su complicidad no hubiera sido posible la aplicación del 155 (Aplausos), sin su complicidad no hubiera sido posible la intervención de la Generalitat de Cataluña, sin su complicidad no hubiera sido posible el encarcelamiento de nuestro Gobierno. Finalmente, para colmo de todo, incluso están instando -cosa que no entenderemos nunca- a la Junta Electoral Central para que se prohíba este lazo de solidaridad y lo han conseguido. Nunca, nunca hubiéramos pensado que serían más fachas que ellos. (Aplausos.-Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Señorías, les ruego, por favor, calma y que no se interpelen mientras está en uso de la palabra el orador. El Reglamento tiene mecanismos si ustedes quieren solicitar la palabra pero, desde luego, no voy a consentir que se entre en debate o en diálogo con el orador mientras está en el uso de la palabra, sea quien sea este.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, se nos presenta una moción para eliminar el 155, pero yo creo que falta un dato para poder contextualizar adecuadamente esta moción -dato que no se ha mencionado aquí aun, pero que hay que decir para poder, insisto, entender bien todo el contexto- y es que los que presentan esta moción son unos golpistas. (Aplausos). Eso no se ha dicho y creo que es bueno que todos lo tengamos claro. Son unos golpistas porque han perpetrado un golpe contra la democracia en mi tierra, en Cataluña. Lo han


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intentado y se les ha frenado, entre otras cosas, con la aplicación de la Constitución; han intentado un golpe a la democracia que nos está saliendo muy caro a los catalanes y a todos los españoles. Su golpe ha supuesto una fuga de empresas; más de 2500 empresas, entre ellas, las más grandes, se han ido de Cataluña, gracias a ustedes, señores de Convergència y señores de Esquerra; más de 1000 empresas han cambiado su domicilio fiscal y pagarán impuestos fuera de Cataluña, gracias a ustedes, señores de Convergència y señores de Esquerra. Además, ha supuesto caída de la actividad empresarial, entre cuatro décimas y un punto del PIB se estima. Seremos entre 3300 y 14 000 millones más pobres gracias a ustedes, señores de Convergència y señores de Esquerra. El turismo, facturación, bajada de un 20 %. Comercio minorista, las peores cifras de los últimos cuatro años, con una bajada de más de un 4 % en un solo mes. ¿Todo ello a qué nos ha llevado? A más paro, un incremento del paro en 14 700 parados, el mayor incremento en los últimos nueve años. Gracias, señores de Convergència; gracias, señores de Esquerra, por su golpe.

Ustedes, después de todo esto, después de fracturar Cataluña, señores de Convergència y señores de Esquerra, tendrían que venir aquí a pedir perdón, ¡tendrían que venir aquí a pedirnos perdón a los catalanes y a todos los españoles! (Aplausos). Pero no, tienen la desfachatez de venir aquí a dar lecciones de constitucionalismo, como intentó el señor Xuclà en su intervención lamentable de la interpelación, y vienen aquí además a pedirle a la democracia española que se desarme, que se arrodille frente a los golpistas, que no reaccione, que derogue el artículo 155, que es el arma que la Constitución prevé contra este tipo de actuaciones. Pues bien, señor Xuclà, la democracia española no se arrodilla frente a quienes quieren romperla; señor Xuclà, no nos arrodillaremos. La democracia española se defiende, la defienden los jueces aplicando la ley, efectivamente; la defienden las Cortes, esta Cámara y el Senado, que son los representantes de la soberanía popular, aplicando la Constitución; la defendemos los ciudadanos catalanes saliendo a las calles a defender nuestros derechos, a decir que somos catalanes, que somos españoles y que somos europeos, y lo defenderemos también, sí señor Xuclà, los ciudadanos catalanes acudiendo masivamente -efectivamente- el 21 de diciembre a las urnas, a llenarlas de democracia y a ponerles a ustedes donde se merecen: en el rincón de pensar de la democracia, que es la oposición, ¡les enviaremos a la oposición por fin!, y se abrirá una nueva etapa democrática en Cataluña. (Aplausos). Pero es que, además, ustedes tienen la desfachatez de poner un punto -no sé por qué- en esta moción para hablar de la independencia del Poder Judicial. Ustedes, que en su onírica Ley de transitoriedad, artículo 66.4, prevén que el presidente del tribunal superior de la non nata república catalana será nombrado por el president de esa misma república directamente. Ustedes tienen la desfachatez de hablar de independencia del Poder Judicial. ¡Venga, señores, no nos tomen más el pelo, por favor!

Espero que esta moción se rechace. Supongo que contarán con la complicidad de Podemos -como siempre-, siempre atentos a ayudar a los separatistas, a los que quieran romper España. No sé si contarán esta vez con la ambigüedad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, hoy no sé si toca cara o toca cruz, supongo que luego lo veremos. (Aplausos). Pero supongo que tienen muy claro que de Ciudadanos no pueden esperar ni complicidad ni ambigüedad; Ciudadanos será firme para defender nuestra democracia, defenderemos esta democracia y defenderemos este proyecto común de muchos ciudadanos que se llama España.

Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Villegas.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.

El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente. Bona tarda, buenas tardes.

Señor Xuclà, companys del PDeCAT, coincidimos hoy con ustedes -y no lo digo por el gusto o la estética de los carteles electorales, que también hemos visto que coincidimos porque prácticamente ustedes han plagiado el cartel que hizo En Comú Podem al ganar las elecciones en Cataluña en un par de ocasiones (Aplausos)- en sus postulados, en su diagnosis, en la falta de independencia del Poder Judicial y en la falta de autonomía de la fiscalía. No coincidimos con Convergència i Unió cuando en el año 2014 se quedó precisamente sin una vocal en el Consejo General del Poder Judicial, cuando la señora Pigem tuvo que dimitir por sus problemas en Andorra; y tampoco coincidimos con ustedes cuando en tantas y tantas ocasiones han utilizado a la fiscalía para reprimir movimientos sociales y expresiones


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políticas de represión, de disidencia, contra lo que era el Gobierno de Convergència i Unió en Cataluña. Sin embargo, insisto, coincidimos.

Coincidimos en constatar la falta de independencia del Poder Judicial. Coincidimos en que es un gravísimo déficit democrático en el Estado español. Coincidimos en que ello debería abochornar a todas y todos los que estamos hoy aquí presentes, y no solo abochornar porque esta falta de independencia haya llevado por primera vez a reprobar en democracia al hoy ausente ministro Catalá, por esa desconfianza de la ciudadanía, solo uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas del Estado español confían en que la justicia es algo imparcial -solo uno de cada tres- sino porque esta falta de independencia sea cuestionada y denunciada por instancias internacionales como la OCDE y el Greco que nos sitúan en el tercer Estado de la Unión Europea en desconfianza y a nivel internacional, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, a la altura de Botsuana. Coincidimos en que eso es preocupante pero, sobre todo, porque si presumimos de estar en un Estado de derecho, lo que es impensable es que el garante de este Estado de derecho sea dependiente y esté absolutamente vinculado a los designios del Poder Ejecutivo; de manera que coincidimos.

El Poder Judicial, como muchos y muchos autores afirman, es un poder que no tuvo una transición democrática como los otros poderes del Estado. El Poder Judicial ha sido constantemente parcheado a lo largo de los diferentes Gobiernos que ha tenido la democracia española, los cuales no han tenido ningún problema ni ningún reparo en instrumentalizarlo de acuerdo a sus designios políticos en cada momento, sumiendo al Poder Judicial en el pozo del desprestigio y de la desconfianza en el que hoy en día se encuentra. Quizá el más escandaloso de estos ataques fue, sobre todo, el perpetrado en el año 2013 por el ministro Gallardón, aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, durante la mayoría absoluta del Partido Popular, que estableció un gobierno de los jueces, claramente presidencialista, donde se marginaron las minorías, donde se perpetuó esa desigualdad de género, esa prácticamente imposible paridad de género y además se perdió todo atisbo de transparencia y de funcionamiento democrático en el Poder Judicial.

Coincidimos también en la preocupación por la fiscalía, esa fiscalía cuyo fiscal general del Estado es designado directamente por parte del Ejecutivo sin posible control parlamentario más que aquel trámite en el que en la Comisión de Justicia se nos presenta a quien sin duda alguna va a ser designado como fiscal general del Estado que, más que un cuestionamiento de la idoneidad, viene a ser una sencilla puesta de largo, una sencilla presentación en sociedad. Y lo hemos visto con el difunto fiscal Maza, también reprobado por esta Cámara por sus actuaciones y sus maniobras, dando impunidad a los casos de corrupción del Partido Popular y también siendo auténtico instrumento político de la represión de Cataluña. Deseamos fervientemente que su sucesor, probablemente el señor magistrado Sánchez Melgar, no actúe en la misma línea continuista del señor Maza, aunque -y llámennos optimistas informados- parece ser que la línea va a ser esa. De manera que sin abordar estos dos graves déficits democráticos, sin conseguir una auténtica independencia del Poder Judicial y una auténtica autonomía de la fiscalía, ya les digo desde aquí que no vamos a ser cómplices de una subcomisión donde se pretende establecer una estrategia de la justicia en la que, sin abordar estos dos casos, sería sencillamente una operación de maquillaje. No vamos a ser cómplices. Sin embargo, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Hemos presentado una propuesta de reforma del Estatuto de la fiscalía y también una propuesta legislativa para derogar la reforma Gallardón, de manera que vamos a ser proactivos.

Por último, evidentemente también estamos de acuerdo en exigir y en defender la derogación de todas las medidas basadas en el artículo 155. De hecho, ese artículo 155 viene a ser una nueva represión del Gobierno respecto a las instituciones legítimas de Cataluña, que ya venía siendo aplicada desde antes de su aprobación.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Termine.

El señor MOYA MATAS: Termino, señor presidente.

Recuerden que en el mes de septiembre el Gobierno ya intervino las finanzas de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno también intentó recentralizar los Mossos d'Esquadra. De manera que en este 155 en realidad se pretende leer lo que no dice, disolviendo el Parlamento de Cataluña y convocando unas elecciones. Entendemos que es una aplicación interesada del 155 y somos absolutamente partidarios de esa derogación y de la recuperación del Gobierno legítimo de Cataluña.

Termino ya. Nos vamos a oponer, evidentemente, a ese artículo 155, no solo a su aplicación en Cataluña, sino también por cómo se está esgrimiendo, como una clara amenaza hacia todos los Gobiernos


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autonómicos y locales, como vemos en el Ayuntamiento de Madrid, cuyas políticas difieren de la línea política del partido del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Moya, tiene que ir concluyendo.

El señor MOYA MATAS: Termino, señor presidente, denunciando los déficits democráticos profundos del Estado español y deseando fuertemente que sea un Estado democrático de derecho y no un Estado despótico y autoritario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea i Conillas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

La señora PEREA I CONILLAS: Señor Tardà, me acaba de elogiar llamándome facha. A Serrat también le llamaron facha. (Aplausos.-Pronuncia palabras en catalán). A la señora Batet le dijeron: Espero que los socialistas acaben desapareciendo de nuestro país Pues los socialistas perseveraremos hasta el final para que esta división, esta confrontación que ustedes y ustedes [señalando al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y al Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT)] han provocado, se disuelva y volvamos a tener la cohesión social que hemos tenido. (Aplausos).

Señores del PDeCAT, la moción que presentan me parece un verdadero despropósito y soy indulgente. ¿Me están diciendo que formularon una interpelación y una moción solo para conseguir el titular del PSC, que había votado en contra del 155, que había votado en contra de una moción que pretendía derogación? Es decir, ¿emplean una interpelación y una moción para eso? ¿Quieren el titular? Pues me parece indecente. Eso es de regate corto, señores del PDeCAT. ¿Acaso piensan que los socialistas nos vamos a amedrentar con esta moción, con este titular? Están muy equivocados. A los socialistas nos preocupa tener un proyecto, que lo tenemos. Esa es nuestra preocupación. Los regates cortos, señores del PDeCAT, se los dejamos a ustedes y a los señores de Ciudadanos, que para eso son expertos. (Aplausos).

Hablan de dignidad. ¿De qué dignidad hablan, de la que perdimos toda la ciudadanía catalana los días 6 y 7 de septiembre cuando ustedes, señores del PDeCAT y de Esquerra, dinamitaron la legalidad de Cataluña, las instituciones catalanas y por ende la Constitución? Se saltaron el Reglament del Parlament y los informes de los letrados, ignoraron el Consell de Garantías Estatutarias y dinamitaron el estatut d'autonomia. ¿Esa es la dignidad que ustedes reclaman? (Aplausos). Quitaron la voz a la oposición y eso es indecente. Ustedes han causado un daño profundo en la sociedad civil, en la unidad civil, y han empobrecido la economía. Hoy los datos de la Airef estaban claros: El 40 % del PIB catalán ha decidido trasladar su sede fuera de Cataluña. Han dejado muy dañada la imagen de Cataluña y también de España. Me refiero a su solvencia y a la credibilidad, y solo nos faltaba ahora el señor Puigdemont planteando un referéndum sobre separarse de Europa. Pero vamos a ver, ¿cuántas ocurrencias más vamos a tener? Les llevamos advirtiendo de los riesgos desde el inicio de su proceso -su proceso-, sobre todo cuando aprobaron aquella declaración de soberanía en 2013, y ustedes ni caso. Hemos sido víctimas de las constantes insistentes soflamas patrióticas de su Gobierno, porque han gobernado para ustedes, no para todos los catalanes. Han vendido que la república era un hecho, que las instituciones estaban preparadas, que de ahí a Ítaca había un paso, que el referéndum era unir a catalanes y a catalanas, que la independencia nos haría más prósperos, que Europa nos estaba esperando con los brazos abiertos. Eso es lo que han estado vendiendo. No es que no hayan dado ni una, no; es que han mentido, han mentido. (Aplausos). Hoy presentan, señores del PDeCAT, una moción indecente y hoy la ciudadanía está estupefacta con su cambio de relato. Ahora resulta que no estábamos preparados, que no eran conscientes de las dificultades, que proclamar la independencia y la república catalana fue un acto simbólico. Parece ser que hoy el señor Tardà ha dicho que no, que la declaramos, que no había para tanto, ¡vamos! O peor, que la vía unilateral ha sido un invento del Estado, como dijo ayer la señora Rovira. Vamos, perplejidad no, indignación. Embaucan con este relato a más de cinco millones de personas, los dos millones que les votaron y el resto que los sufrimos. Ustedes, señores del PDeCAT y Esquerra, nos han mentido. Deben pensar que la ciudadanía es cretina, pero no lo es. Esto es inaceptable. Son unos irresponsables.

Esta moción no está a la altura ni por la forma ni por el fondo. Señores del PDeCAT, les pido que me escuchen, porque me tienen que contestar a una pregunta. No sé si están cuestionando la división de poderes. No sé si cuestionando la división de poderes están insinuando acaso que el caso Palau, que implica la presunta financiación ilegal de Convergència, se retrasa porque el Govern catalán de


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Convergència tuvo influencias en la judicatura y de ahí que no haya sentencia todavía. Espero que eso no sea lo que están insinuando cuando ustedes cuestionan la división de poderes. O peor aún, con su ley de transitoriedad jurídica el president de la Generalitat es el que nombra al presidente del Tribunal Supremo catalán. Espero que ese no sea el ejemplo que ustedes quieren dar.

Voy acabando. Ustedes piden la derogación del artículo 155 con poco rigor legislativo, pero estamos hablando de política ciertamente. El día 21 sus efectos quedarán totalmente abolidos, porque las instituciones catalanas volverán otra vez a recuperarse. Hablemos ahora de la dignidad que perdimos millones de catalanes los días 6 y 7 de septiembre por un jaque que se le hizo al autogobierno por parte de ustedes que gobernaban. Ustedes se dejaron arrastrar por los señores de Esquerra. A los señores de Esquerra les va muy bien, pero a ustedes les han barrido; van a desaparecer. Los socialistas no vamos a cejar en nuestro empeño de recuperar la cohesión social, de hacer un proyecto inclusivo y de definir un proyecto que por ahora ustedes no han definido; un proyecto con reglas claras, recursos suficientes, representatividad y reconocimiento de los territorios y de los ciudadanos. Y cuando hablo de reconocimiento, no hablo de Cataluña solo; hablo de Extremadura, de Galicia, de Ceuta y Melilla o de Valencia; hablo del reconocimiento de los territorios y de los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.

La señora PEREA I CONILLAS: Voy acabando, presidenta.

Los socialistas les invitamos a ser honestos y les instamos a que entren en el debate y el estudio dentro de la Comisión territorial, un debate valiente y leal que nos permitirá construir un proyecto colectivo.

Ustedes hablan de dignidad, pero les diré que los catalanes y catalanas sentimos dignidad y reconocimiento cuando los presidentes de la Generalitat fueron Pascual Maragall y José Montilla, que fueron los presidentes de todos. De Puigdemont no diremos lo mismo.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora SánchezCamacho Pérez.

La señora SÁNCHEZCAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy estamos hablando aquí de dos cuestiones que son desafíos muy importantes que nos van a preocupar los próximos años: el populismo y el nacionalismo. Acabamos de escuchar al señor representante de Podemos y al señor representante del PDeCAT y debo pedirles a los dos que dejen de deslegitimar las instituciones de nuestro país, de nuestro Estado de derecho, que son dignas, que son jurídicas, que son reconocidas constitucionalmente y que no se merecen lo que ustedes están diciendo de ellas. (Aplausos).

Han hablado aquí de una justicia caduca. Sepan ustedes que más del 60 % de los jueces que hay en este momento son mujeres jueces. No es una justicia caduca. Han hablado ustedes de que es una justicia no independiente. Al contrario, todos los organismos internacionales, la Unión Europea y todas las asociaciones de jueces y de fiscales dicen que es independiente y que tenemos un sistema garantista, independiente y profesional.

Pero es que, además, señor Xuclà, ¿usted va a venir a darnos ejemplo del modelo de justicia, cuando en su ley de transitoriedad jurídica usted dice, en el artículo 66.4, que el presidente del Tribunal Supremo lo escoge el presidente de la Generalitat? A propuesta de una Comisión Mixta, señorías. ¿Saben quiénes forman esa Comisión Mixta? La forman, en este caso, el presidente del Tribunal Supremo, que escoge el presidente del Gobierno, cuatro miembros que escoge este presidente, más el consejero de Justicia y cuatro personas que diga el consejero de Justicia. Vamos, la independencia más absoluta para que el Ejecutivo y para que el Legislativo estén unidos. (Aplausos). Pero dicen más, señorías. En el artículo 79.4 dicen que se sobresean o anulen todos los procesos que haya habido contra aquellas personas que hayan luchado por la independencia democrática de Cataluña. Eso dicen. Pues miren ustedes, no; aquí no va a haber amnistía, no va a haber impunidad ni sobreseimiento. ¿Saben por qué? Porque la justicia es igual para todos, para el señor Mas, para los señores del Gobierno de la Generalitat, para los señores de la Mesa y para todos los ciudadanos españoles de este país; igual absolutamente para todos. (Aplausos).

Además, señorías, ustedes vienen a hablarnos aquí, ustedes que han presentado el mayor desafío a la convivencia en estos cuarenta años, el mayor golpe al derecho y a las leyes en estos cuarenta años, de


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la aplicación del ámbito material de 155 y del debate académico e intelectual. Hoy no lo ha hecho, hoy ha venido a hacer campaña electoral; hoy solo hablar del 155 no, hoy se ha olvidado, porque a usted no le interesaba. Pues le diré que eso no lo pudieron hacer los diputados en el Parlament de Catalunya. ¿Sabe por qué? Porque el Parlamento estuvo cerrado mucho tiempo, y cuando se abrió ¿sabe qué pasó?, que ustedes admitieron a trámite proyectos de ley -dos- que eran claramente inconstitucionales, en contra del informe del letrado, en contra del informe del secretario general y publicándolo por la puerta de atrás miembros de la Mesa en el boletín de la Cámara. Además, no les dieron derecho a poder presentar alegaciones y enmiendas a la totalidad, pisoteando los derechos de los diputados que representamos a millones de personas en Cataluña y somos la oposición. Esos días, los días de la vergüenza, los días 6 y 7, van a pasar a la historia como su modelo de democracia, la suya, cuando se hace lo que ustedes quieren. Eso no es democracia, señorías. (Aplausos).

Pero es que, además, señoras y señores diputados, vienen a decirnos que el 155 es un abuso de poder, un abuso contra Cataluña. ¿Saben qué les digo? El 155 está siendo una garantía contra el abuso que ustedes hacían de las instituciones catalanas en perjuicio de todos los catalanes. El 155 no ha suspendido la autonomía de Cataluña sino que la ha reforzado y consolidado. (Rumores). Eso es lo que ustedes hubieran querido -sí, sí, manos arriba-, pero les ha salido mal, como casi todo. Les ha salido mal con Europa, que no les ha reconocido; les ha salido mal con las empresas, que se han ido; les ha salido mal que el 155 fuera esa amenaza que ustedes habían planteado, porque el 155 ha sido una decisión democrática, de la mayoría absoluta del Senado y, además, está siendo muy positiva en la aplicación en este mes. ¿Sabe qué estamos observando en la aplicación de ese 155? Que gran parte de las políticas de gestión, de las políticas sociales en Cataluña estaban paralizadas. Esta semana se van a desencallar cuestiones de menores. Ustedes dedicaban el dinero a otras cosas, a esas embajadas, a ese Diplocat. Todo ese dinero iba para su maquinaria de la estructura independentista, no para los colegios, no para las estructuras sociales ni para las garantías sociales de los catalanes. Eso es lo que hacían ustedes. (Aplausos). Pero les quiero decir más, señorías. Hoy se han sacado 2000 plazas para profesores de educación infantil en Cataluña. Se han pagado 1700 millones, en este mes del 155, para facturas y para proveedores. (Rumores). No les moleste la verdad; si son demócratas. ¿O son demócratas para lo suyo? No les moleste la verdad.

Les voy a decir más cosas respecto a esto, una última más. Ustedes hablan de que la resolución judicial tiene que producirse en los juzgados y la política en la política, ¿o tiene que resolverse todo en el ámbito judicial? Pues hoy por la doctrina Forcadell, el señor Junqueras, el señor Turull y el señor Rull dicen que acatan el 155. Allí dicen una cosa y aquí otra. Ustedes han engañado a todo el mundo. El proceso separatista ha sido el proceso del engaño. Nos engañaron cuando decían "España nos roba". Mentira. Engañaron cuando dijeron que íbamos a quedarnos en Europa; ningún Gobierno ni institución europea les ha reconocido. Nos engañaron cuando dijeron que no iba a afectar a la economía, y tenemos una bajada importantísima en la inversión, un 30 % de descenso en las ventas minoristas y más de 2770 empresas se han ido fuera. ¿Sabe cuántas empresas del Ibex tenemos de las siete que teníamos en Cataluña que ustedes tanto han cuidado a lo largo de estos años? Una. Una de esas siete, y nos quedan solo veinte empresas en Cataluña que facturen más de 1000 millones. ¿Van a pedir perdón ustedes a los millones de catalanes que van a ver perjudicado su trabajo, en su día a día, con el desempleo que se va a producir y, sobre todo, con las caídas de ventas en sus empresas de autónomos, del sector turístico y del comercio minoritario? Eso es lo que deberían de hacer: pedir perdón a Cataluña y a todos los catalanes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, tiene usted que terminar.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy terminando, señora presidenta.

Pero, además, deben pedir perdón por haber dividido familias, porque su proceso ha sido destructivo, rupturista y de confrontación. Hablan de democracia, cuando lo que quieren es aplastar los derechos de la mitad de los catalanes que no pensamos como ustedes. Esa es su democracia. Defienden la democracia pisoteando los derechos de la oposición y la voz de la oposición en el Parlament de Catalunya, y aman la libertad y la democracia cuando en Cataluña está habiendo escraches, está habiendo amenazas, está habiendo coacciones a concejales, a periodistas, a jueces... Yo no les he escuchado nunca. A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones y no les he escuchado nunca. ¿No tenía derecho a que ustedes lo condenaran o es que solo condenan lo que les interesa? La democracia es garantizar las libertades de todos, no solo las de ustedes. (Aplausos).


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Yo lo que les voy a decir es que tenemos una oportunidad, porque usted sí ha sido oportunista al venir aquí a traer esta moción hoy; tenemos una oportunidad para una Cataluña nueva; no como la que quieren ustedes, del brazo de la CUP, de los más intolerantes, de los más antisistema, de los más radicales, no, no, una Cataluña nueva, donde no se adoctrine a los niños, donde se garanticen las libertades de todos, donde podamos convivir y, ante el sufrimiento de millones de catalanes, podamos iniciar una nueva etapa, una etapa de reconciliación, una etapa para cerrar heridas y una etapa que les pueda dejar a ustedes en la oposición. Eso es lo que espero y eso es lo que quiero para Cataluña.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señora presidenta, invoco el amparo de la Presidencia citando el artículo 71 del Reglamento, porque se han producido alusiones y juicios de valor sobre personas durante este debate y concretamente...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Xuclà, tiene un minuto para decir cuál ha sido la alusión.

El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias.

Entrecomillado, el señor Villegas ha acusado a mis colegas del Partit Demòcrata y a mí mismo de golpistas, y en estos cuarenta años de democracia en esta sala solo ha habido unos golpistas, que entraron en este hemiciclo, que dispararon, que secuestraron el Parlamento y que secuestraron el Gobierno. Nosotros somos representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos y merecemos el respeto y la consideración parlamentaria del señor Villegas.

Y quiero hacer una segunda consideración para el Diario de Sesiones. El señor Villegas, reiteradamente, hace alusión a mi persona y a mis colegas como miembros de Convergència. Nosotros somos miembros del Partit Demòcrata, PDeCAT...

La señora PRESIDENTA: Señoría, eso no tiene que ver con la alusión que usted me ha pedido. Pasó su minuto.

Señor Villegas, tiene también un minuto para responder.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Señoría, la democracia española ha estado en peligro dos veces, efectivamente en grave peligro, con el golpe del 23 de febrero por parte del señor Tejero y con el golpe a la democracia que se ha intentado dar en Cataluña y, por lo tanto, no voy a retirar ninguno de los términos que he empleado en mi discurso.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LAS GRAVES CARENCIAS DE MEDIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO QUE GARANTICEN UN ACCESO EFECTIVO A LA CULTURA. (Número de expediente 173/000067).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la cultura.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora García Sempere.

La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar y antes de entrar de lleno en la moción que traemos sobre el establecimiento de garantías para un acceso efectivo a la cultura, nos gustaría no dejar pasar la oportunidad de rechazar de plano el enésimo ataque del señor Montoro a la cultura, vía IVA y su interpretación creativa, poniendo una medida dogmática, antisocial y que deja en la cuerda floja importantes iniciativas culturales y también -no lo olvidemos- a los muchos trabajadores y trabajadoras del sector cultural, que ven cómo va a peligrar la continuidad de sus proyectos y sus vidas. Y es que en la cultura de este país se ven cosas que no se creerían: reclamar el IVA de ayudas concedidas a proyectos culturales con carácter retroactivo y hacerlo además cuando se ha aprobado en esta misma Cámara, el 9 de noviembre de este mismo mes, una Ley de Contratos del Sector Público que va en la línea exactamente contraria. Esperemos -por parte de nuestro grupo al menos lo esperamos- que esto no signifique que importantes


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proyectos culturales de este país se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Nosotros, como decía, seguiremos trabajando para que esto no ocurra.

Entro ya en el objeto de la moción y de la interpelación al ministro de Cultura, que mucho me temo que tiene cosas mejores que hacer. El 80 % de nuestro territorio es mundo rural y en las ciudades solo una pequeña parte pertenece a lo que denominamos centro. Es decir, las periferias de nuestras grandes ciudades y, principalmente, los amplios espacios rurales de nuestro país son los lugares donde encontramos la mayor parte de nuestro patrimonio cultural, además de un evidente interés por la cultura y unas condiciones que podrían ser óptimas para su florecimiento. Sin embargo, lo que encontramos también es que, más allá de propuestas anecdóticas y fotos, no hay una estrategia cultural sostenible en el tiempo que permita, entre otros objetivos, frenar la preocupante despoblación que sufrimos o resistir en las propias zonas urbanas a la mercantilización del ocio que nos traen los modelos culturales globalizados y facilitar espacios de creación a las personas creadoras, es decir, un verdadero acceso a la cultura como derecho básico. Con esta moción que traemos desde el Grupo Confederal pretendemos poner pilares para garantizar este derecho al acceso a la cultura contemplado en nuestra Constitución, pero... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, silencio. Silencio.

La señora GARCÍA SEMPERE: ... pero que se incumple sistemáticamente por los diversos Gobiernos desde hace décadas.

En primer lugar, entendemos que es una medida fundamental la creación de un ministerio de cultura. Y resulta esencial porque debemos dedicarnos por entero a la cultura y no concebirla como un apéndice de la educación y el deporte y porque no queremos que ocurra lo que pasó la semana pasada: que venga el ministro, mire al techo y diga que no tiene nada que ver con una de sus múltiples personalidades porque venía en calidad de ministro de otra cosa. Queremos un ministro de cultura que respete, por supuesto, absoluta y escrupulosamente las competencias autonómicas, que tenga el compromiso de impulsar aquello que debe impulsar y que se comprometa, sobre todo presupuestariamente, con aquello que le corresponde hacer con todas sus competencias, sin acaparar ninguna más pero sin dejar de ejercer las que le tocan.

Nuestra propuesta es que este ministerio no solo dignifique nuestra mirada sobre la cultura, sino que además, en lo concreto, asuma junto a las comunidades autónomas la gestión del llamado 1,5 % cultural, que además de no cumplirse sufre graves carencias en su gestión, como planteé la semana pasada, sobre todo por parte del Ministerio de Fomento, y es que no solo se trata de abordar obras o infraestructuras, que también, pero, tal y como recoge la propia Ley de patrimonio, hay que abordar la creatividad artística y eso será entendido mejor y con mayor sensibilidad desde un ministerio de cultura.

¿Qué más necesitamos? Pues un clásico, es decir, hablar de la financiación de la cultura, que es un clásico en esta Cámara y fuera de ella. Además de que el señor Montoro deje de usar el IVA para ahogar al sector, entendemos que el establecimiento de un suelo de financiación cultural es fundamental. Ese suelo de financiación debe contemplar al menos dos cuestiones fundamentales: la especificidad territorial -más allá de Cataluña o de las federaciones- de las zonas altamente despobladas, remotas o de alta montaña -cosa que recomienda la propia Unión Europea, a la que solo escuchamos para algunas cosas- y además los territorios con alto grado de exclusión social. Hemos de asegurar una partida presupuestaria suficiente y dar cumplimiento a la Ley de patrimonio, pero esto solo podrá ser así si tenemos presupuestos suficientes y se garantiza que desde el ministerio de cultura se cumplen. Podemos abordar cosas que ya tenemos acordadas y que ya están aprobadas, como garantizar la cobertura de Internet al cien por cien de los hogares, cumpliendo con los objetivos de la agenda digital de la Unión Europea para 2020. Lo tenemos aprobado, se dan golpes en el pecho con esta medida, pero la realidad es que sigue sin haber cobertura al cien por cien. Nosotros lo propusimos, lo trajimos a esta Cámara y sorprendentemente votaron en contra Partido Popular y Partido Socialista. Esperemos tener más éxito ahora. En segundo lugar, un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el ministerio de cultura en circuitos culturales del mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social. Si quieren de verdad difundir la cultura que apoyamos y si creen que el sentido de la financiación debe revertir a la ciudadanía, es de obligado cumplimiento atender a los colectivos y territorios más sensibles. Eso es lo que debería hacer cualquier Gobierno. No vuelvo a insistir. No se trata de anécdotas, no se trata de llevar alguna obra a una zona remota, sino de garantizar circuitos estables y permanentes.


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Por ir terminando, ¿qué más cosas necesitamos? Necesitamos recursos para mantener a la juventud creadora, sobre todo a la juventud creadora de zonas rurales y de barrios excluidos, porque hay juventud creadora y crea mucho, no tienen más que salir a la calle para verlo, pero el problema es que no se puede desarrollar en todo su esplendor, no se puede mantener en el tiempo y, por supuesto, no podrá vivir nunca de sus creaciones porque no tiene recursos. Entendemos que debe ser una línea fundamental de esta moción. Proponemos en esta moción que, junto a comunidades autónomas y entidades locales, se responsabilicen de la financiación de iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones en territorios cuya población presente niveles de alta vulnerabilidad social, así como zonas de alto riesgo de despoblación. Hablamos de apoyo directo a organizaciones que necesitan equipamiento e insumos.

Por último, porque se me va acabando el tiempo, es necesario dotar de recursos a la Red de Museos de España. Aquí espero que no vuelvan a salir con las competencias, sobre todo los señores del Partido Popular. Esta red se creó justamente para que las administraciones de distintos niveles territoriales -estatal, autonómico y local- trabajasen en cooperación para facilitar el acceso a la cultura de la forma más igualitaria posible. No estamos inventando nada, está en la ley; solo pedimos que se cumpla. Lo dijimos y lo repetimos, la cultura no puede ser una foto ni un adorno que se añade, ha de ser un asunto de Estado y un derecho constitucional básico. Para ello, en primer lugar, ha de ser accesible para los colectivos más desprotegidos.

La semana pasada terminé apelando a La Barraca lorquiana y al día siguiente alguien que nos había escuchado nos envió el discurso de Federico García Lorca inaugurando la biblioteca pública de su pueblo, en Fuente Vaqueros, Granada, y con sus palabras me despido, porque recogen mucho mejor que yo el sentido de la moción: Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Busquemos esos horizontes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías, presidenta.

Fíjense que yo pensaba que en este tema también íbamos a coincidir, porque era una iniciativa que defendía un acceso efectivo a la cultura. Pensábamos que no podríamos más que decir que sí y votar afirmativamente. De hecho, mi partido, en su trayectoria de Gobierno en la Generalitat de Catalunya, tiene una larga experiencia en garantizar el acceso efectivo a la cultura entre jóvenes y entre colectivos sociales en riesgo de exclusión social. Ejemplos de ello son la Escena 25 o la Apropa Cultura. Pero al leer su iniciativa, señorías, uno se da cuenta de que es una propuesta excesivamente jacobina, porque al final en ella hablan de crear un ministerio de cultura, obviando que las competencias en materia de cultura las tienen las comunidades y obviando, entre otras cosas, que la Generalitat de Catalunya tiene una amplia experiencia en la gestión de las competencias en materia de cultura. Por eso presentamos una enmienda, para pedir que el 1,5 % que ustedes piden que gestione el supuesto ministerio de cultura que ustedes desean crear lo gestione la Generalitat de Catalunya. Ustedes nos presentan una transacción a ese texto en la que insisten en crear un ministerio de cultura para que reparta el 1,5 %. Eso no se lo podemos aceptar, entre otras cosas, porque cuando las materias exclusivas de cultura están repartidas a las comunidades autónomas, especialmente en algunas con una larga trayectoria en gestión de la materia cultural, ponemos en riesgo muchas cosas. Siempre decimos lo mismo, cuando abrimos la puerta a que este Gobierno y este grupo parlamentario, de la mano de otros grupos parlamentarios, gestionen competencias que hoy están transferidas a las comunidades autónomas, ponemos en riesgo de forma sistemática las competencias en dichas comunidades autónomas. Por eso no podemos aceptarlo. Pero no podemos aceptarlo además por otra cosa. ¿Ustedes han visto la hoja de servicio de este Gobierno en materia cultural? ¿Ustedes desean que haya un ministro o una ministra más en este Gobierno pensando solo en cuestiones que afectan al sector cultural de este país? Si revisamos la hoja de servicios del Gobierno, diría que lo que menos nos conviene es que el Gobierno piense más en materia cultural, debería dedicarse a pensar en otras cosas. Si lo que queremos es preservar el sector cultural de este país lo que habría que hacer es distraerles para que pensaran poco en materia cultural. Hemos visto cómo se han aproximado a sectores culturales, como el sector del cine, desde una perspectiva sectaria; hemos visto cómo han hecho una mala gestión pidiendo ahora a instituciones, a museos y a entidades privadas la devolución del IVA porque el Ministerio de Hacienda ha decidido interpretar de forma distinta una cosa


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que venía interpretando estos años de otra manera. Por tanto, les pido que no den más oportunidades a este Gobierno de dedicar ni un solo minuto a pensar en materia cultural, porque cuanto menos piense este Gobierno en materia cultural, más ganará el sector cultural de este país.

No quería terminar esta intervención sin referirme a dos hechos que son de extrema gravedad. Uno afecta directamente a los catalanes, y es que el legítim conseller en materia cultural está en Bruselas y esto, evidentemente, nos pone en una situación complicada. El otro son los hechos de las últimas horas, que me obligan a poner de manifiesto la falta de sensibilidad de este Gobierno, que quiere autorizar el traslado de obras que se encuentran en el Museu de Lleida y en el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Sijena, no solo poniendo en riesgo la unidad de colección en estos museos, sino también la integridad de dichas piezas, que ahora están en condiciones óptimas de conservación en sus respectivos museos. Por eso, no podemos aceptar su propuesta de transacción y nos abstendremos en la votación, porque creemos que es un gravísimo error dar rienda suelta a este Gobierno para que trabaje aún más en materia cultural, viendo cómo dinamitan día tras día, mes tras mes, año tras año el sector cultural de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo va a votar a favor de la moción que acaba de defender la señora García Sempere.

Hemos presentado una enmienda en la que proponemos cambiar la expresión crear un ministerio de cultura por la de recuperar el Ministerio de Cultura. Es una enmienda pequeña, es cambiar una palabra, pero para nosotros es una enmienda importante, porque lo cierto es que ya había un Ministerio de Cultura en nuestro país; de hecho, siempre que ha habido un presidente socialista ha habido un ministro de Cultura. Si su señoría y su grupo lo hubieran querido, ahora tendríamos un presidente socialista y, por consiguiente, un ministro de Cultura. (Aplausos). Además, señora García Sempere, tanto en su intervención del martes pasado como en la exposición de motivos de la moción -que nosotros apoyaremos ustedes, de una manera sumaria y de un plumazo, anulan las diferencias en las políticas de cultura entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay que estar muy lejos de la tierra, pongamos que en la luna, para no diferenciar entre un ministro como Jorge Semprún y una ministra como Esperanza Aguirre (Aplausos) o entre un ministro de Cultura como Jordi Solé Tura y un ministro de Cultura como el señor Montoro. Es muy difícil y hay que estar muy lejos para no distinguir entre uno y otro ministro de Cultura. Le ruego que no se moleste, pero comprenda que si dejáramos estar esta situación así seríamos muy desleales con todas las personas que han trabajado para que haya políticas progresistas en defensa de los creadores y de la democratización del acceso a la cultura. Por eso, porque es un objetivo por el que han trabajado generaciones de socialistas, a mí me dio mucha alegría cuando vi esta interpelación al ministro; una interpelación para ampliar el acceso y la igualdad en el acceso a la cultura. Pero lo cierto es que, tanto el ministro como el problema, se le escaparon en la interpelación; usted dispersó la crítica en lugar de concentrarla y por ese camino se le fue el ministro.

Usted pudo elegir, por ejemplo, un consumo cultural: el libro, la lectura. Usted pudo acudir a la última encuesta poselectoral del CIS que entrevistó a seis mil personas y que les preguntó cuántos libros habían leído el año anterior. Y usted hubiera encontrado que el 45 % de nuestra población respondió que ninguno, que no había leído ninguno. Usted pudo decirle al ministro que según esa encuesta los españoles leyeron como media cuatro libros al año, las españolas cinco. Pero la media es engañosa. En las poblaciones de menos de 10 000 habitantes leyeron tres y en las de más de 400 000 leyeron seis libros al año. Pero no es el tamaño de la población, sino la clase social y el nivel educativo lo que de verdad determina la desigualdad en una práctica tan elemental en el acceso a la cultura como es leer libros. Los obreros manuales leyeron una media de dos libros al año; las clases altas leyeron una media de nueve libros; las personas que tienen estudios primarios leyeron solo un libro al año de media; las personas que tienen estudios superiores leyeron diez libros al año. Eso es desigualdad, y esa desigualdad no es fruto de las preferencias; es, como diría Bourdieu, consecuencia del habitus de clase. Y eso genera desigualdades estructurales y muy injustas.

No se trata de usar estas cifras para arrojárnoslas los unos a los otros; se trata de unirnos todos para combatir una desigualdad tan injusta y tan dañina para nuestro país como es la desigualdad cultural. Si en lugar de hacer tabula rasa, como ha hecho usted, y meternos a todos en el mismo saco de la descalificación, usted le hubiera exigido al ministro sensibilidad social, voluntad política, iniciativa gubernamental para intentar rebajar en 20 puntos el porcentaje de población que no lee nunca un libro, o


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mejorar de un libro al año a tres libros al año entre los sectores que no tienen estudios primarios, usted estaría haciendo una iniciativa que tendría una eficacia real. Eso es reformismo, ya lo sé. Y aunque parezca increíble, mover esas cifras es una tarea ciclópea, y me temo que con la propuesta que nos trae -y que vamos a apoyar- por desgracia no va a ser suficiente. Su moción irá a empedrar el cielo de las mociones y de las proposiciones no de ley, y los números de la desigualdad en el acceso a la cultura seguirán inmutables.

Aquí cerca, en el Teatro Valle Inclán se está representando una obra que se llama Democracia, de Michael Frayn. Cuenta cómo un espía comunista arruina la trayectoria política de Willy Brandt, precisamente el líder que reconoció la Alemania del Este. Se ve que impedir que los socialistas presidan Gobiernos es algo que está en la naturaleza de algunos comunistas. En un momento de la obra uno de los dirigentes socialdemócratas dice: Nuestro gran error fue ganar las elecciones. Cuando los socialistas tuvimos que gobernar nos vimos obligados a priorizar unos temas sobre otros, a transar, a llegar a acuerdos para conseguir mayorías parlamentarias que apoyaran nuestras leyes, y ahí empezaron las decepciones. Han hecho ustedes costumbre de que cada vez que un miembro de su grupo sube a esta tribuna para criticar al Gobierno del PP aprovecha para reprocharnos a los socialistas que no hicimos nada, porque no hicimos todo. Eso nos pasa porque cometimos el error de ganar elecciones, y persistiremos en él. Ustedes sin embargo ese error no lo van a cometer nunca.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Seré breve. Señor Torres Mora, no hace falta apelar a los clásicos del marxismo para decir que ciertas cuestiones en la cultura están mal, y no siempre el razonamiento que da, aunque nos lleve al mismo sitio, tiene por qué tener las mismas causas. En cualquier caso, y a la vista de la moción del Grupo Podemos, podemos coincidir en que la situación de la cultura en España, según desde dónde se mire, es crítica. Los motivos son varios, algunos los plantea la propia proponente en su moción. Hace una apelación a un modelo cultural propio, y mi pregunta es: ¿Qué es un modelo cultural propio? Me gustaría que la representante de Podemos pudiera responder, porque quizá no compartimos ese concepto de modelo cultural propio. ¿Qué es eso de propio y a qué se refiere?

Sin duda alguna la reducción presupuestaria existente se ha notado respecto a la cultura, así como la subida del 8 al 21 % del IVA, cuestión que nosotros desde un principio criticamos, porque entre otras cosas tampoco benefició ni consiguió aquellas cuestiones que se planteaba mejorar, ya que dicha medida no fue ni recaudatoriamente positiva, y aquí más de una vez lo hemos dicho y lo hemos criticado. La reforma laboral también ha influido sin duda alguna, tanto en cuanto a creadores como a técnicos, llegando a una situación de desempleo y de precariedad laboral del sector en todos sus ámbitos. Pero para eso estamos trabajando en la subcomisión, para elaborar un estatuto del artista, cosa que es muy complicada porque la situación de esta gente -tanto laboral como socialmente, etcétera- tiene unas características propias muy complicadas a la hora de encajarlas en otros ámbitos, por eso mismo estamos trabajando en ello.

Seguramente hasta ahí podríamos estar de acuerdo con el análisis de la proponente, pero en la parte dispositiva ocurre algo que también le he dicho antes a otro compañero suyo respecto a las prácticas. Es decir, analizamos el tema y la solución que se propone al menos a nosotros no es la que nos gusta. ¿Hacía falta esa solución para la propuesta que ustedes hacen, para paliar la situación que pueda tener la cultura en España? Nosotros creemos que no, porque presentan una mezcla, un batiburrillo -y perdonen la expresión- en el que mezclan todo con todo: la situación de las zonas rurales, la banda ancha, los autores, el IVA, etcétera. Es decir, toda una mezcla, y es que a veces ocurre que se quieren traer muchas cosas y al final acabamos teniendo un problema, porque podemos estar de acuerdo con alguna que otra cuestión, o en el análisis, pero las soluciones que se proponen, como no valen para solucionar todo lo que se plantea, pueden resultar una madeja en la que no sabemos por dónde empezar a tirar, y en la que cada vez que tiramos hacemos un nudo más gordo.

No compartimos la solución que ustedes plantean sobre todo en el primer punto, en lo relativo al ministerio con competencias propias. ¿Qué es eso? ¿Para qué están las comunidades autónomas con competencia en materia cultural? Yo no quiero que el Estado intervenga en estas cuestiones. Usted ha dicho que intervenga donde le corresponda y no lo haga donde no le toca, situación un tanto compleja. Señoría, yo no quiero, pero aparte de eso -no es solo que yo quiera o no quiera- las comunidades


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autónomas tienen establecidas sus competencias. Da la sensación de que cuando no nos gusta la política cultural que hace, por ejemplo, una comunidad autónoma en un territorio, apelamos a que sea el Estado el que solucione esa situación, cuestión que nosotros no vamos a compartir. Las competencias son las competencias, nos guste o no nos guste el color de quien está gestionándolas.

Para finalizar le hago una propuesta. Si se pudiera votar la propuesta por puntos podríamos estudiar votar a favor de algunos y quizá nuestro voto no sería favorable respecto a otros; y ya le digo yo que respecto a algunos puntos no va a ser favorable en ningún caso. Por tanto la situación precaria de la cultura hay que solucionarla desde muchos ámbitos, pero no solamente con las medidas que ustedes plantean en esta moción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Presidenta, señorías, seré breve.

Ya le he dicho a la diputada que votaremos en contra de la moción presentada, y quiero razonarlo. Podemos compartir los principios básicos y su interpretación; hay muchos aspectos a los que hemos votado a favor muchas veces, o siempre, con el grupo confederal en la propia Comisión, pero lo que realmente nos indigna o nos interpela es la forma en que se ha presentado, y todavía más el fondo de la propuesta que se plantea. De hecho en su momento indicamos que el Plan Cultura 2000 no ha sabido aprovechar la oportunidad del Estado de liderar de alguna manera los nuevos paradigmas culturales, como tampoco ha sabido priorizar el diálogo precisamente con la propias dinámicas territoriales que existen, porque como hemos comentado los territorios tienen sus propias dinámicas culturales, porque tienen sus competencias y su trabajo desde hace mucho tiempo, al igual que tampoco ha sabido priorizar el diálogo con agentes culturales y con actores sociales. Esos nuevos paradigmas culturales son la base que puede proporcionar un nuevo modelo territorial y ser el modelo cultural dentro del Estado. El modelo que siempre planteamos sería básicamente un modelo pluricultural, rico en su diversidad, un modelo que sé que algunos de ustedes pueden compartir, pero sé también que algunos no lo comparten.

Lo que no acabo de entender, y quizá sea ese el aspecto que nos ha tirado hacia atrás al Grupo de Esquerra, es por qué en su moción se empeñan en que debe ser el ministerio el encargado de coordinar la gestión cultural del todo el territorio del Estado. ¿No ven que la creación de un ministerio de Cultura con competencias propias y financiación ampliada supone una injerencia en el marco competencial de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que en Cataluña son competencias plenas? Además la experiencia nos dice que cuando se crea algún nuevo ente ministerial con presupuesto propio suele hacerse en detrimento del marco competencial y de financiación de las comunidades autónomas. Lo sentimos, no nos fiamos del Ministerio de Cultura, y menos ahora, en estos momentos en Cataluña. No nos fiamos.

Aprovechando precisamente que hoy tenemos intervenida la Generalitat de Catalunya por la aplicación del 155, el ministro de Cultura, en su función ilegítima sobrevenida, se ha crecido y ha decidido entregar a la justicia de Aragón las obras de Sijena; unas obras que por raíz forman parte del patrimonio catalán, rompiendo así con la integridad de la colección del museo de Lleida, si bien evidentemente antes se ha asegurado de que la Generalitat no pueda interponer recurso. Esto en pocas semanas, ¿eh? Esos han sido los pasos inmediatos después de la aplicación del 155, y eso que este artículo 155 no iba a afectar al normal funcionamiento de la Administración catalana -suerte de esto-, y además en el contexto de unas elecciones que dicen tienen plenas garantías. ¿A qué estamos jugando? ¿Entienden por qué no nos fiamos del ministerio? ¿Entienden por qué siempre decimos que el Estado no nos representa? Tenemos el ejemplo estos días, hoy mismo. Ya ven, el ministro se ha convertido en juez y parte, y de manera unilateral actúa en contra de los intereses de los catalanes, sean o no independentistas. Por ese motivo nosotros en ningún caso vamos a votar a favor de una moción donde sea el ministerio, y más el ministerio actual, quien dirima, coordine o reparta cuál ha de ser la política cultural en el Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.


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La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.

Señora García Sempere, celebramos que traiga usted a esta Cámara la iniciativa de recuperar el Ministerio de Cultura, que era algo que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral. Evidentemente siempre hemos apostado por la recuperación de este ministerio, que como decía el señor Torres Mora ya existía en otros tiempos. Lo que sucede es que ya no estamos en campaña electoral, ahora somos la oposición, y no es papel ni función de la oposición dar forma al Ejecutivo ni carteras ministeriales. Por supuesto que estamos a favor de esta propuesta, pero no corresponde al Parlamento la capacidad de crear ministerios. Me preocupa que creemos una expectativa que por mucho que salga adelante, aunque sea por unanimidad, después no se pueda cumplir.

Habla usted de la necesidad de llevar la cultura a zonas altamente despobladas, a zonas remotas, a zonas de alta montaña. Evidentemente solo se puede estar a favor, pero hay que recordar que la promoción de la cultura no es solamente una competencia estatal, hay administraciones autonómicas, hay entes locales que tienen también competencias importantes y mucho margen de maniobra en este sentido. Y deje que le señale una cosa: los municipios aislados y poco poblados tendrían mayores oportunidades de desarrollo también en el sector cultural si compartiesen administración y presupuesto con ayuntamientos colindantes. La fusión de municipios que mi partido ha defendido es una asignatura pendiente que llevaría también a mejorar las posibilidades de ofrecer políticas culturales en ayuntamientos pequeños. Por supuesto que estamos de acuerdo, no faltaría más, en multiplicar esfuerzos para que las nuevas tecnologías, más en concreto la banda ancha, lleguen hasta el último rincón de nuestro país, tal como mandata además la Unión Europea. Al respecto del establecimiento de un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales en el mundo rural me gustaría hacer una reflexión: yo no veo cómo puede hacerse eso sin orillar ciertos principios de libertad en la gestión. No sé muy bien si se puede exigir a una compañía teatral que ha recibido una ayuda pública para montar un espectáculo que ahora tiene que llevarlo por obligación a este o a aquel lugar, y creo que tampoco debe ser papel del Estado gestionar las actuaciones de las empresas culturas. Finalmente me sorprende para bien el alcance que le quiere dar al acuerdo entre administraciones. Por un lado habla usted de lograr un gran pacto entre Estado central, comunidades autónomas y entidades locales; me parece estupendo, pero tarea tenemos; pero, por otro, me sorprende que ese pacto se circunscriba a -y leo- iniciativas culturales generadas por pequeñas organizaciones. Hay que ser ambiciosos, un pacto de estas características debería dar cabida a todos los agentes culturales que estén dispuestos a implicarse.

Habla también usted de la escasa financiación de la cultura que desde luego afecta al conjunto de las instituciones de nuestro país, incluso a las más representativas, a pequeños y a grandes museos. Yo siempre que subo aquí con ganas de hablar de cultura acabo hablando de dinero, y acabo dirigiéndome al ministro Montoro -por supuesto ausente- para recordar que nuestras instituciones están financiadas muy por debajo de sus necesidades. En el caso de los museos esta tacañería la van a padecer las generaciones futuras. Las cantidades que los museos invierten ahora en obra nueva son irrisorias, así que cuando dentro de doscientos años nuestros museos evidencien importantes lagunas en lo que se refiere a arte del siglo XXI, alguien recordará que hubo unos Gobiernos que no consideraban importante adquirir arte contemporáneo y dotaban a sus museos de presupuestos miserables para la compra de obra de nuevos artistas. La política cultural hay que hacerla mirando al presente, pero sobre todo mirando al futuro, porque dentro de dos siglos el panorama museístico español vivirá tiempos complicados simplemente porque no tendrá suficiente obra para hacer los famosos intercambios que dan vida a los museos.

El señor ministro de Hacienda por desgracia hace depender la política cultural del país. El señor Montoro pasa más tiempo preocupado en vendernos la moto de las bondades del cupo vasco que resolviendo problemas importantes: desde los presupuestos ridículos de nuestros museos a la lamentable situación, por ejemplo, de la ciencia en nuestro país. En este momento hay casi cien investigadores de primerísimo nivel que el 31 de diciembre tendrán que irse a la calle por culpa de una legislación chapucera en materia de contratación. Yo pido al Gobierno que haga los cambios necesarios para garantizar la estabilidad de las plantillas de investigadores. España es el único país de nuestro entorno donde un científico puede llegar a los cincuenta años encadenando contratos temporales. (Aplausos).

Termino ya. Le ruego al ausente ministro de Hacienda que dé un respiro a nuestras instituciones culturales y científicas, que amplíe su margen de autonomía, que les dé más capacidad de gestión y luego sean implacables en lo que se refiere a rendición de cuentas. La burocracia aplicada a nuestras instituciones culturales está anticuada. Sabemos, por ejemplo, que hay sobre la mesa un plan de transformación del


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museo Reina Sofía que sin coste alguno le permitiría ser mucho más eficiente en su gestión diaria; por favor, denle alas a ese plan, preocúpense de estas cosas y de otras; preocúpense de proveer recursos para la defensa de la propiedad intelectual, para las bibliotecas, para los archivos. Mi grupo ha arrancado en la negociación de presupuestos una pequeña cantidad extra que se destinará a la lucha contra la piratería, igual que ha arrancado también al Gobierno el compromiso de bajar por fin el IVA del cine. Y esto va por los señores del PSOE: por favor, sean responsables y permitan que los presupuestos salgan adelante o en los próximos Premios Goya, cuando las entradas del cine sigan pagándose al 21 %, yo tendré que decir que un poco es culpa de ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Del Río Sanz.

El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, con esta moción el Grupo Podemos demuestra nuevamente que no tiene un conocimiento de la cultura en nuestro país, demuestra que no tiene un conocimiento de la realidad de la gestión cultural de nuestro país y demuestra nuevamente que no tienen un modelo cultural para los españoles. Esta moción, que es una cosa deslavazada, inconexa -se ha señalado ya-, una especie de batiburrillo, un cajón de desastre más que un cajón de sastre, pone de manifiesto la ineficacia que revelan allá donde gobiernan, porque si son algo son incompetentes e ineficaces, y esto se demuestra en esta moción. Es una nueva prueba de ello. Ya nos castigó su señoría la semana pasada y hoy ha vuelto a perpetrar prácticamente la misma intervención que demuestra que no les importa la cultura. No les importa la cultura, en primer lugar, porque en esta moción plantean cuestiones que no dependen del Gobierno de España. Parece mentira que no se hayan enterado todavía de que la cultura en nuestro país está descentralizada, hasta el punto de que el presupuesto cultural que se destina en nuestro país, en España, el Estado que dirían algunos, es el 16 % del Gobierno central, el 29 % de las comunidades autónomas y el 55 % de los ayuntamientos y alguna comarca. Ustedes están desgobernando en algún ayuntamiento o comarca de este país, aplíquenselo ustedes. Todavía no se enteran de cómo funciona esto y no se enteran de cómo funciona la cultura porque no les importa la cultura.

En segundo lugar, tampoco les importa la cultura porque todavía no se han enterado de que se está debatiendo en esta Cámara, en la subcomisión de Cultura el estatuto del artista. Pregúntele, señoría, a su portavoz que además de darle un criterio general, le va a dar criterio sobre el trabajo que se está haciendo en esta Comisión, que espero que al final, aunque haya acuerdo, no se la carguen en el soviet supremo de su partido como paso con el decreto contra la piratería. (Aplausos).

En tercer lugar, no les importa la cultura, y esto es clave, porque frente a la visión apocalíptica y catastrófica que usted presenta, la realidad de nuestro país es otra muy distinta, hay un extraordinario dinamismo cultural en España, nunca ha habido tantas posibilidades de acceso a la cultura. Ayer precisamente se hizo público el anuario de estadísticas culturales 2017. ¡Ya es casualidad! ¡Ayer! Ahí se recogen, entre otras muchas cuestiones, y no me da tiempo a señalarlas todas, alguna como, por ejemplo, que el gasto de los hogares españoles en cultura ha aumentado el 6,9 %. Esto es una muestra del alza en la economía y de la salida de la crisis económica. Se recoge también que ha aumentado un 5,8 % el empleo en el sector cultural, y que hay más de 550 000 personas empleadas en ese sector, que han crecido también las empresas culturales en un 1,8 %, y todo esto gracias entre otras cosas no solamente a la política cultural de coordinación que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular de España, sino también a la reforma laboral, y permítame la ironía, esto con el IVA, porque son datos de 2016, al 21 %. Y este año, que se ha bajado el de los espectáculos en directo al 10 %, por tanto los datos serán mejores y cuando por fin se puedan presentar unos presupuestos en esta Cámara y podamos bajar, como ya se ha comprometido el ministro de Educación y Cultura, el IVA al cine, los datos serán todavía mejores.

En ese mismo anuario se recoge que el turismo cultural de los residentes en España ha aumentado su volumen de gasto un 10 % hasta alcanzar más de 7000 millones de euros. Los turistas internacionales que han venido a nuestro país por motivos culturales gastaron el año pasado más de 8000 millones de euros, y todo ello incrementando el desembolso un 6,5 % respecto al año anterior. Y hay otros muchos más datos que no tengo tiempo de repasar. Le recomiendo que consulte este anuario que está colgado en Internet.

Muy rápidamente voy a la moción. Usted plantea como solución a todo que haya un ministerio que sea solo de Cultura. Lo que importa son las políticas culturales que se lleven a cabo; esto es lo que importa. Y que gestione el 1,5 % cultural. Pero si ya lo está haciendo, si es que no se enteran. El Ministerio de


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Cultura ya está coordinando y dirigiendo la aplicación de los fondos del 1,5 % cultural. Habla del medio rural. Ya hay líneas de actuación -se llama cultura y medio ambiente- para preservar el acervo cultural rural y para evitar su desaparición. Y también habla de la banda ancha. El 6 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el programa de ayuda para la contratación de servicios que faciliten el acceso de Internet de alta velocidad de 30 megabytes por segundo en municipios de 5000 habitantes o de residentes en áreas con una cobertura inferior a 10 megabytes por segundo, con el objetivo de llegar al cien por cien en el año 2020. Está colgado en Red.es. Mírelo porque está planteando cosas que está haciendo ya el Gobierno de España.

Termino, señora presidenta. En España disfrutamos de una cultura para todos, y esto es fundamental para el Partido Popular, una cultura en libertad para todos. El Gobierno del Partido Popular tiene un modelo cultural para España, un modelo que defiende la pluralidad y la excelencia, que se recoge en la Agenda 2020 -le recomiendo que lea- y que se pone en práctica en el día a día de la gestión del Gobierno. Para el Partido Popular la cultura es un elemento imprescindible de desarrollo personal y un elemento fundamental de progreso social. ¿Para qué? Para formar ciudadanos libres, críticos, sensibles, que sean más felices, para hacer mejores personas y para construir una sociedad más habitable, con más libertad, con más igualdad y con más fraternidad, y eso se garantiza con las políticas que lleva a cabo el Partido Popular, no con mociones que reflejan ineficacia y sectarismo, como esta de Podemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora García Sempere si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora GARCÍA SEMPERE: Señora presidenta, ¿podemos hacer llegar la transaccional antes de la votación?

La señora PRESIDENTA: Sí.

La señora GARCÍA SEMPERE: Pues la haremos llegar.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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