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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 19/10/2017
cve: DSCD-12-PL-84
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 84
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 80
celebrada el jueves,
19 de octubre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017). (Número de expediente 130/000020) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. (BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017). (Número de expediente 130/000021) ... (Página15)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 2-1, de 2 de diciembre de 2016. (Número de expediente 121/000002) ... (Página36)

- Proyecto de ley sobre precursores de explosivos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 23 de diciembre de 2016. (Número de expediente 121/000004) ... (Página43)

- Proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 5-1, de 6 de abril de 2017. (Número de expediente 121/000005) ... (Página50)


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Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, para la conclusión de sus trabajos. (Número de expediente 154/000005) ... (Página56)

Declaración institucional:

- Declaración institucional del Día Mundial del Cáncer de Mama. (Número de expediente 140/000017) ... (Página56)

- Declaración institucional en el marco del Día Internacional de la Niña 2017. (Número de expediente 140/000018) ... (Página56)

- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Alimentación. (Número de expediente 140/000019) ... (Página57)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página58)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página59)

Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página60)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo ... (Página5)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional ... (Página15)

El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación intervienen los señores Garzón Espinosa y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Interviene el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

Replica el señor Garzón Espinosa y duplica el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

En turno a favor de la convalidación interviene el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Contesta el señor Vendrell Gardeñes y vuelve a hacer uso de la palabra el señor Roldán Monés.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

Enmiendas del Senado ... (Página36)

Proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ... (Página36)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Honorato Chulián, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley sobre precursores de explosivos ... (Página43)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como las señoras Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace uso de la palabra el señor ministro del Interior (Zoido Álvarez).

Interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y contesta la señora Vázquez Blanco.

Proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo ... (Página50)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Arriba Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Hace uso de la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).

Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página56)

Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, para la conclusión de sus trabajos ... (Página56)

La Presidencia informa de que esta iniciativa se someterá directamente a votación.

Declaraciones institucionales ... (Página56)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a las siguientes declaraciones institucionales:

- Declaración institucional del Día Mundial del Cáncer de Mama.

- Declaración institucional en el marco del Día Internacional de la Niña 2017.

- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, se aprueba por 335 votos a favor más 2 votos telemáticos, 337.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 85 votos a favor más 1 voto telemático, 86; 250 en contra más 1 voto telemático, 251.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, se aprueba por 245 votos a favor más 1 voto telemático, 246, y 90 en contra más 1 voto telemático, 91.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 90 votos a favor y 245 en contra más 2 votos telemáticos, 247.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página59)

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se rechazan por 164 votos a favor y 171 en contra.

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley sobre precursores de explosivos, se aprueban por 318 votos a favor y 16 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se aprueban por 318 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.


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Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página60)

Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, para la conclusión de sus trabajos, se aprueba por asentimiento.

Se levanta la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 14/2017, DE 6 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA Y POR TIEMPO LIMITADO DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 130/000020).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto del orden correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Buenos días, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, es para mí un honor presentar hoy ante la Cámara el real decreto-ley fruto del consenso en el diálogo social y con las comunidades autónomas. Es el tercero que se somete a convalidación en esta legislatura tras haber sido objeto de un intenso proceso de diálogo, participación y acuerdo con comunidades autónomas e interlocutores sociales. El primero de ellos fue el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que ha permitido más que duplicar los beneficiarios -hoy son 870 000- y favorecer, por tanto, la orientación, la formación y el empleo entre las personas jóvenes menores de treinta años. El segundo de ellos fue el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorrogaba y modificaba el programa de activación para el empleo, que permite seguir protegiendo a miles de demandantes de empleo y facilitándoles su inserción en el mercado de trabajo. Como saben bien, uno de cada tres que pasa por este programa consigue un puesto de trabajo. Y en tercer lugar, presentamos el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agotan su prestación por desempleo. Este real decreto-ley ha sido fruto de un intenso trabajo en el marco de la Mesa de diálogo social del Plan de choque por el empleo y también -y lo quiero reconocer esta mañana- en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Todas estas medidas han sido acompañadas de otros acuerdos en materia sociolaboral que conocen desde el inicio de la legislatura, como la fijación del salario mínimo interprofesional para este año en curso 2017, la trasposición de la directiva enforcement o la aprobación reciente, por unanimidad del Congreso y del Senado, de la ley que mejora la protección de los trabajadores autónomos. Un diálogo, señorías, que ha contribuido a acercar posturas y también a mejorar propuestas para que, desde el consenso, adoptemos medidas y avancemos en las oportunidades de empleo y, por tanto, en la mejora del bienestar de los españoles. En ese camino pretendemos hoy esta nueva convalidación. Una norma que quiere seguir dando oportunidades a las personas que más lo necesitan, que quieran y deseen volver cuanto antes al mercado de trabajo a través de la prórroga del Programa de recualificación profesional de las personas que han agotado su protección por desempleo. Es un programa que ha concitado el apoyo de la mayoría de la Cámara en las prórrogas anteriores; un programa, el Programa Prepara, que, como saben bien, se reguló por primera vez en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas


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empleadas; desde su inicio entonces, en 2011, se ha renovado en tres ocasiones. Es un programa que tiene una duración, como saben, de seis meses, y su cuantía asciende a 75 % del Iprem con carácter general y con carácter especial al 85 % para aquellas personas que, además de ser parados larga duración, tienen responsabilidades familiares. Señorías, el Programa Prepara, junto a la renta activa de inserción, la conocida como RAI, y el Programa de activación para el empleo, complementan las medidas de protección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que son adicionales a la prestación por desempleo, a lo que se suman el resto de prestaciones previstas en la Ley General de la Seguridad Social. Se trata, por tanto, de un sistema de protección amplio con el que cuenta nuestro país y muy necesario en un contexto de recuperación económica como en el que estamos, tras un período de larga crisis económica y social en España. Es un sistema que necesariamente -como han repetido también los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara- debe estar orientado principalmente a la activación de los desempleados. Por eso, el empleo y la mejora del empleo siguen siendo la gran prioridad nacional.

Señorías, saben muy bien que España vive hoy una recuperación con crecimiento económico y creación de empleo. Es cierto que hemos recuperado como sociedad española el 65 % del empleo que destruyó la crisis, pero también es cierto que nos queda mucho camino por recorrer porque hay más de 3 300 000 españoles que quieren trabajar, que merecen trabajar y que aún no han encontrado ese puesto de trabajo. Por tanto, no hay ni un minuto para la complacencia y lo que tenemos que hacer es seguir dando oportunidades a los españoles que necesitan volver al mercado de trabajo.

En ese contexto, señorías, el pasado 15 de agosto finalizó el periodo de seis meses por el cual fue prorrogado por última vez este conocido como Programa Prepara. ¿Por qué finalizó el 15 de agosto? Porque la tasa de paro general en España se situó por debajo del 18 % que fijaba la normativa como umbral para la renovación automática de dicho programa de activación. Y por otra parte, como también conocen bien, el 27 de julio se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco, que establece que el Servicio Público de Empleo Estatal no es el competente para gestionar el programa en base a la habilitación competencial que se había otorgado en su primera regulación. Desde entonces, señorías, se debatió la situación con interlocutores sociales y con comunidades autónomas, y se constató por todas las partes -y quiero señalarlo de manera particular-, por las comunidades autónomas y por supuesto por el Gobierno, pero también en el marco del diálogo social con sindicatos y patronal, la necesidad de evitar prescindir de ningún elemento actual de cobertura de desempleo y, a su vez, constatamos con las comunidades autónomas la imposibilidad material de que ellas gestionaran de manera inmediata este Programa Prepara. Por todo ello, se propuso al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que para evitar esas lagunas de protección se alcanzara un acuerdo en el seno de la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas encomendaran la gestión de este programa por última vez al Servicio Público de Empleo Estatal en base a lo establecido en el artículo 18.h).2.º de la Ley de Empleo. De esta forma, de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, es decir hasta el 30 de abril de 2018, renovamos por última vez el Programa Prepara.

Quiero resaltar que el acuerdo fue alcanzado por unanimidad con todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de 18 septiembre; fue alcanzado, señorías, con todas, sin ninguna excepción. Eso nos permitirá seguir trabajando en el marco del diálogo social con todas las comunidades autónomas para continuar ordenando el amplio mapa de prestaciones por desempleo y asistenciales, y lograr la plena implantación también de la tarjeta social, que es un proyecto que nació de la Conferencia de Presidentes.

Señorías, hemos acordado revisar hasta el 30 abril de 2018, en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas, los distintos programas que actualmente complementan la protección por desempleo regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, con el fin de adecuarlos plenamente al marco competencial, de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, con el fin también de mejorar las condiciones de protección de las personas desempleadas y posibilitando la complementariedad entre los programas autonómicos y estatales en los términos que se acuerden en el marco de dicho proceso de diálogo. Por tanto, señorías, desde la responsabilidad, y con el compromiso de todos, seguir favoreciendo la eficiencia, mejorando la protección social y, sobre todo, facilitando la inserción, que es el fin principal, la búsqueda de empleo, para las oportunidades de los españoles que aún permanecen en el paro.

Señoras y señores diputados, en este real decreto-ley se incluyen también algunas normas adicionales en el ámbito sociolaboral de relevancia. Por un lado, la recuperación de la reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar con un doble objetivo: uno, reducir la carga para


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las familias que supone contratar a un empleado del hogar y, otro muy importante, asegurar que aflore todo el empleo irregular en este sector y seguir dando oportunidades a los ciudadanos. Por otro lado, las modificaciones en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación a los contratos por obras y servicios determinados en vigor. Con esta disposición adicional se trata de delimitar claramente el ámbito del sector público en el que se aplican las reglas específicas de esta disposición de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Es decir, delimitar los supuestos en que se admiten que en el sector público se hagan contratos de obras o servicios determinados con una duración superior a los tres años en el marco de un proyecto de investigación. Con esta modificación se da solución a un problema que afecta principalmente a científicos y técnicos de apoyo jóvenes que se han incorporado a centros de investigación con un contrato predoctoral o con otras modalidades contractuales de ayuda para la incorporación de doctores o investigadores.

Señorías, ustedes mismos, los diferentes grupos parlamentarios, Socialistas, Ciudadanos o Podemos, han presentado iniciativas parlamentarias en el sentido que se propone en este proyecto de real decreto-ley y los sindicatos también de forma expresa lo han comunicado a través de sus representantes en los comités de empresa de estos centros de investigación y tienen el apoyo a esta medida. Por tanto, señorías, queremos que el contenido del real decreto-ley que debatimos esta mañana, alcanzado el acuerdo social y el acuerdo con las comunidades autónomas y conocido que concurren circunstancias de urgente necesidad, sea aprobado y convalidado por esta Cámara en la mañana de hoy. Especialmente, y para terminar, si queremos evitar lagunas de protección a los desempleados, a aquellos que son parados de larga duración y tienen además responsabilidades familiares, deberíamos seguir dándoles oportunidades de protección y también de empleo. Conocen bien que el Programa Prepara ha dado protección a casi un millón de personas, 957 370 desde el año 2011, y ha facilitado la inserción y la incorporación al mercado de trabajo de una de cada tres de las que pasaron por dicho programa como beneficiarios. Por tanto, señorías, en ese camino del empleo y del mejor empleo, que es el gran objetivo nacional, y hasta que lleguemos a esos veinte millones de personas trabajando en el horizonte del año 2019, cuando la recuperación haya llegado a todos los ciudadanos que quieren y que merecen trabajar, contar con programas como el Prepara, que mejoren la protección y la transición del desempleo al empleo, es una gran oportunidad para miles de españoles que la necesitan.

Termino, presidenta. Confío en su compromiso y también en la responsabilidad, y confío en que la mayoría de esta Cámara convalide un real decreto-ley que cuenta con ese amplio apoyo de las comunidades autónomas y del diálogo social, por el bien de todos los españoles, de manera particular de aquellos que aún permanecen en el desempleo. Tienen derecho y tienen también la garantía de que vamos a seguir trabajando cada día por sus oportunidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

A principios de este mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto-ley para la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de personas que agoten su protección por desempleo. Esta es una medida que Foro va a convalidar porque da continuidad a las prórrogas que, desde su creación en 2011, vienen proporcionando automáticamente ayudas y reconociendo derechos a trabajadores que han agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo. Estamos hablando de más de cincuenta mil personas que en cada ejercicio anual se han venido beneficiando de ellas; en el caso de Asturias, mi comunidad de procedencia, casi un millón.

Esta prórroga del Plan Prepara se anuncia como la última, y ojalá sea así porque eso significaría que continuamos en la buena senda de la creación de empleo. Estará en vigor durante ocho meses y medio, a diferencia de anteriores planes que tenían duración semestral. En realidad, como ha explicado la ministra de Empleo y Seguridad Social, el plan ya se prorrogaba automáticamente mientras la tasa de paro estuviera por encima del 18 %, umbral que cayó en el segundo trimestre de este año. Esta es una buena noticia que se suma a unas previsiones de paro en torno al 15,2 % para 2018. Pero es que, además, este pasado verano el Tribunal Constitucional declaró ilegal la regulación por la gestión centralizada en el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que el Gobierno corrige ahora con este real decreto-ley con la incorporación en la disposición adicional primera de medidas relativas al título competencial que han sido negociadas con las comunidades autónomas para llevar a efecto esta prórroga, toda vez que ha quedado


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muy bien definido que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica, si bien se ha alcanzado un acuerdo para atribuir excepcionalmente al Servicio Público de Empleo Estatal las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento.

La creación de este tipo de medidas, que ha explicado y detallado la señora Báñez, se impulsó en el tramo final de la X Legislatura, con el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, un periodo muy crítico para la economía española que derivó en una gran sangría laboral que arrastró a millones de españoles. A principios de aquel año 2011, España tenía casi cinco millones de parados y una tasa superior al 20 % de paro. Ya hace casi siete años, durante el debate en el Congreso de los Diputados sobre este real decreto-ley, hubo advertencias de inconstitucionalidad por parte de algunos portavoces. El de 2011 fue uno de los últimos conjuntos normativos del Gobierno socialista en relación con el empleo y fue convalidado in extremis reclutando apoyos parlamentarios y abstenciones a la desesperada. Hoy, además de convalidar esta reactivación extraordinaria, se corrige también la invasión competencial contraria a la ley, como determinó el Tribunal Constitucional. Por supuesto, nos alegramos de que la creación de empleo, afortunadamente, vaya mejorando, no tan rápido como todos desearíamos, y muy especialmente en Asturias. De ahí que no quisiera desaprovechar mi paso por la tribuna sin reseñar que en septiembre volvimos a caer a la cola de creación de empleo en España, con unos datos de paro escandalosos, porque la subida del paro sextuplicó la media nacional -un 4,68 % frente al 0,82 %-, lo que supone el tercer peor dato de España. No es baladí conocer que en el periodo 2012-2017 la evolución del paro en el mes de agosto respecto a julio en Asturias ha superado a la española en 4,4 puntos, pero llegado el cierre del mes de septiembre, mientras en España el paro creció de forma poco significativa, en nuestra región se disparó acumulando una divergencia de nada menos que 18,61 puntos. En todo caso, el Gobierno tiene un gran objetivo de creación de empleo que compartimos para que haya veinte millones de trabajadores en el año 2020. No obstante, persisten para algunas personas desempleadas las condiciones que les limitan su incorporación al mercado laboral y, por lo tanto, es preciso dar continuidad a este tipo de medidas, proporcionarles protección y evitarles perjuicios. Este es un conjunto de medidas que tienen un marcado carácter social que, en todo caso, debe servir de estímulo para que la principal preocupación de los españoles, el empleo, siga disminuyendo en consonancia con la creación de puestos de trabajo. Lástima que otros factores políticos externos gravísimos estén desviando la atención y las prioridades políticas del que debería ser el gran objetivo político, económico y social de esta legislatura. En este sentido, es muy recomendable la lectura y análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, que ha cuantificado el coste del zarandeo constitucional que estamos sufriendo en Cataluña y que puede llegar a suponer sobre el producto interior bruto nacional un descenso de hasta un 1,2 % en 2018, lo que supondría una pérdida de riqueza de algo más de 13 000 millones de euros y su correspondiente traducción en la pérdida de muchas decenas de miles de puestos de trabajo.

Como señalé al principio, señora presidenta, Foro votará a favor de esta convalidación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, acabó la madrugada y ni siquiera con el alba llegó la esperanza. La amenaza y el miedo siguen ahí. Esto podría valer para los destinatarios del Plan Prepara y vale también para la situación que vivimos justamente hoy, cuando, a pocos minutos de que se llegue a una hora fatídica, podamos recibir en forma de amenaza la severa aplicación de la ley, porque de lo que trata también el Plan Prepara es precisamente de una situación excepcional; excepcional respecto de los destinatarios, gentes que han amortizado ya las prestaciones o los subsidios de desempleo y que se encuentran en una situación de precariedad y a quienes se les ofrece una mínima oportunidad a través de un plan que ha sido reconocido y prorrogado en otras ocasiones, pero respecto del que contamos en esta ocasión con un antecedente absolutamente implacable, que es el de la sentencia 100/2017 del Tribunal Constitucional, que, como ustedes ya conocen, lo que hace es anular determinadas atribuciones que se realizaron en anteriores planes Prepara para señalar que ciertas competencias en materia de reconocimiento, concesión y pago de las ayudas correspondientes al Plan Prepara pertenecen o deberían ser reconocidas a las comunidades autónomas. Pues bien, es excepcional no solo en cuanto a los destinatarios, sino también en cuanto a la solución que se le ha dado, que está basada no ya en el ejercicio implacable de la ley, no en la aplicación absolutamente inflexible de la ley, sino en la interpretación


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de la ley que va a hacer posible o que pretende hacer posible una solución para una situación también excepcional de esos destinatarios, una situación de precariedad que nadie hubiéramos deseado. Porque, como ha señalado la ministra, este Plan Prepara está caracterizado no solo por la sentencia, sino también por la existencia de un acuerdo determinado en la Conferencia Sectorial de Empleo, en la que todos los partícipes en la formación de voluntad de este tipo de políticas, tanto ministerio como comunidades autónomas y agentes sociales, han señalado la conveniencia de seguir con el plan con sus actuales características. Sin embargo, también hay que señalar que para ello se ha tenido que malversar la ley de alguna manera, puesto que se han dado determinados pasos que, señora ministra, si hubiéramos conducido a la simple, pura y dura aplicación de la ley, no habrían sido posibles. Le voy a señalar algunas. Por ejemplo, eso de que hagamos partícipe de ella a la conferencia sectorial está bien para concitar voluntades, pero la conferencia sectorial no es un título atributivo de competencias. Es verdad que se señala que el medio a través del cual se iba a hacer serían los convenios, pero sucede que los convenios con las comunidades autónomas competentes en materia de política de empleo todavía no han sido firmados y, sin embargo, el real decretoley ha sido dictado aun en ausencia de esos convenios.

Sabemos también que la herramienta que se utiliza es la encomienda de gestión. Pues bien, si acudiéramos a la letra de la Ley 40/2015, tampoco podríamos hacer atribución de esas competencias o de esas facultades en materia de resolución, puesto que, de acuerdo con esa ley, las competencias no solo son indelegables, sino que a través de la encomienda de gestión se atribuyen determinadas funciones pero no todas; aquellas que son innatas al ejercicio de la competencia, como es el caso de la resolución, tampoco se podrían haber atribuido. Sigo con las reservas que se hubieran podido hacer respecto a la aplicación pura y dura de la ley señalando que para ello se hace una reserva de crédito -y también lo contempla este real decretoley-, pero la reserva de crédito está expresamente proscrita por la sentencia 100/2017 del Tribunal Constitucional, que dice que, en su caso, se hubieran debido realizar unas transferencias a las comunidades autónomas. No obstante, se ha seguido haciendo la vista gorda en todas esas cuestiones y se han querido omitir todos estos defectos legales que hubieran impedido la continuidad del Plan Prepara si hubiéramos acudido a un mecanismo de simple, pura y dura aplicación de la ley, porque precisamente lo que motiva cualquier política pública es la atención a los problemas y la solución que se les pueda dar. Es más, el real decretoley contempla como título competencial el artículo 149.1.7.º y 149.1.13.º, cuando el propio 149.1.13.º dice que es solamente este, pero esto es un apunte de mi propia cosecha que me gustaría hacerles ver.

¿Qué sucede en esta situación? Ya le adelanto, señora ministra, que nuestro voto va a ser favorable a este real decretoley, pero quiero aprovechar para señalar que en ocasiones como esta, cuando el bien jurídico objeto de protección merece una aplicación de la ley basada en determinados parámetros no solo de laxidad sino incluso de omisión porque se trata de valores fundamentales, la ley no se convierte en una herramienta al servicio del propio derecho, sino que se convierte en una herramienta de solución. Sin embargo, hay quien en este país en los últimos tiempos usa la ley únicamente como una herramienta de castigo, como un martillo, como una mera herramienta de imposición. Lo que ocurre, señorías, es que para quien solo sabe usar la ley como un martillo cualquier problema es un clavo, y eso nos vale también para lo que puede suceder dentro de unos cuantos minutos. Señores del Gobierno, no solucionen los problemas que existen en este país usando la ley como un martillo, sino como una herramienta de gestión, porque Cataluña no es un clavo como tampoco lo es el Plan Prepara.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, son interesantes las palabras del portavoz del PNV y es alguien a quien yo estimo bastante, pero estamos hablando de empleo y mezclar churras con merinas ya que les gustan los símiles agrícolas no suele ser bueno, porque lo importante es hablar de los parados de larga duración, que es para lo que está el real decreto.

Hoy estamos aquí para aprobar o no la convalidación de un real decreto que reactiva extraordinariamente y por tiempo limitado el Plan Prepara. Como nos decía la señora ministra, es un programa que lleva desde 2011 y que ayudaba a los parados de larga duración a tener una reinserción objetiva dentro de la problemática que tienen los más de dos millones de parados que a día de hoy continúan en esa situación. La convalidación del real decreto, que viene motivado por la necesidad de prorrogar un plan de lucha


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contra el paro de larga duración -debido a que su prórroga automática quedó suspendida por los datos de la EPA del segundo trimestre, que nos dejaban el nivel de desempleo de este país en 3 914 000-, es una necesidad a día de hoy, pero no podemos dejar de hacer un riguroso y profundo estudio de esos 3 914 000 parados. Señora ministra, tenemos más de 2 100 000 parados de larga duración. Con las cifras que estimaba usted, de aproximadamente 54 000 beneficiados por año, tardaríamos más de cuarenta años en acabar con el paro de larga duración. Está claro que este plan se encuentra encuadrado dentro de las políticas activas y, como usted bien sabe, las políticas activas tienen cinco objetivos fundamentales. El primero de ellos, incrementar la transparencia del mercado. Está claro que ni el Plan Prepara, ni el PAE, ni la RAI actúan sobre esto. El segundo es impulsar la creación de empleo y el reparto del mismo. Puede que el Plan Prepara no cree empleo, pero puede ser que sí consiga un reparto a la hora de acabar con la obsolescencia de alguna de esas personas con baja cualificación, personas a las que les falta una cualificación específica para los puestos que hoy se demandan en el mercado. El tercero de los objetivos que se consigue con políticas activas es atender a colectivos desfavorecidos, y yo creo que en este caso ese es el objetivo del Plan Prepara. El cuarto es optimizar los recursos humanos, y a mí lo que me gusta del Plan Prepara es que apuesta por la formación específica; el problema es saber si esa formación está realmente orientada hacia las necesidades del mercado, algo que hemos venido reclamando desde Ciudadanos desde el principio de la legislatura. Y el quinto es desarrollar la estabilidad del empleo, algo que yo creo que no vamos a conseguir con el Plan Prepara.

Podemos hacer una reflexión clara de si este plan es eficaz o es eficiente. Desde luego, eficaz, a la luz de las cifras, no podemos pensar que sea totalmente eficaz, ya que la señora ministra nos decía que solo una de cada tres personas conseguía una inserción, es decir, el 33 %. Y respecto a si es eficiente, hablar de eficiencia en el caso de políticas activas y de parados de larga duración, aunque pueda sonar un poquito populista, creemos que haciendo una regla de tres sencilla, tomando la cifra de 54 000 personas y estimando una tasa de ocupación objetiva del cien por cien -aunque realmente nos ha contado que es del 33 %-, tardaríamos más de cuarenta años en solucionar esta cuestión. Yo creo que esto, a todas luces, señora ministra, y con todos respetos, sigue siendo un parche que nosotros hemos reclamado que tenemos que revisar y respecto del que tenemos que actuar y nosotros le hemos puesto una solución encima de la mesa: el contrato de formación y nuestro cheque formativo, propuesta esta última que ya sabemos que están denostando algunos grupos de esta Cámara. Pero, señora ministra, hay que hacer también corresponsables a los parados de larga duración respecto de su formación, de qué quieren ser de mayores, de cómo pueden volver a reinsertarse en el mercado laboral, de cómo pueden acabar con la obsolescencia de su formación.

Por otro lado, la disposición adicional segunda contempla la revisión de los programas. Nos parece una buena idea que se haga una revisión de los programas, ya que ni el PAE, ni el Prepara, ni la RAI pueden acabar de una forma óptima con el nivel de desempleo de larga duración que tenemos en este país. Cuando se miran las cifras con detenimiento y por comunidades, como decía el portavoz de Foro Asturias, vemos que hay comunidades que ya están en niveles de desempleo de años previos a la crisis, mientras que algunas siguen siendo las regiones con el nivel de desempleo más alto de toda Europa. De Canarias -de donde yo vengo- hay hoy titulares que dicen que tenemos el nivel de pobreza severa más alta de Europa, lo que desde luego es algo muy preocupante.

Por concluir, señora ministra, creemos claramente que este es un camino, pero supone solo un pequeño parche en la solución necesaria. Le pedimos que cuando hagamos la revisión en la junta de negociación con el resto de las comunidades autónomas seamos claros para poder acabar de una vez por todas con la única asimetría que nos debe preocupar, que es la asimetría de la lucha contra la pobreza y contra el desempleo de larga duración.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona.

La señora FRANCO CARMONA: Buenos días, señora presidenta.

Señora ministra, en los últimos tiempos la veo un poco descentrada. Hace dos semanas quería convertir una proposición de ley de prestación de ingresos mínimos en un trabajo de estudio de seis meses, y hoy nos trae un real decreto-ley que han tenido que hacer de urgencia para deshacer los problemas que el desastre que tiene usted montado en el Ministerio de Empleo está causando. Estamos


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hablando de sus meteduras de pata en los últimos Presupuestos Generales del Estado y su pésima gestión en la lucha contra la pobreza y el desempleo en España. Han estado a punto de dejar en la calle a los más prestigiosos investigadores de la lucha contra el cáncer de nuestro país. Con esta ampliación de la contratación temporal de hasta cinco años ya no se van a tener que ir al paro, pero esto no es más que un parche. Tienen que abordar una apuesta clara y seria contra la precariedad en la ciencia. Si en nuestro país hubiese una apuesta real por la ciencia y por la investigación, a nuestro Gobierno no le sonaría tan extraño que existan trabajadores con derechos en este sector. Además, no se recogió en los últimos Presupuestos Generales del Estado la reducción del 20 % en las cotizaciones de las empleadas del hogar. Permítame que generalice diciendo las trabajadoras, debido a que la feminización de estos trabajos es más que evidente. Pues bien, esta medida se perdió en los últimos meses. La reducción del 20 % se creó con el objetivo de que aflorase el empleo sumergido en las actividades de las trabajadoras del hogar, pero solamente dos de cada tres empleadas del hogar están hoy dadas de alta. Una ministra de Empleo, que no ha trabajado en su vida más que en la política, no entiende muy bien esto, pero mi madre ha limpiado muchas casas a lo largo de su vida y sé muy bien de lo que le estoy hablando. Se comprometieron con los sindicatos a convertir esta reducción en una bonificación del 20 % de la Seguridad Social en vez de en una reducción para que no se perdiesen los cientos de millones de euros que suponen estas medidas, con lo necesario que es este dinero para nuestras pensiones. Aunque se comprometieron a ello, no lo han hecho, igual que tampoco han hecho que las trabajadoras del hogar puedan cobrar la prestación por desempleo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque cuando se trata de diálogo social y de garantizar derechos ustedes siempre fallan. Les pido que además firmen el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar, porque para garantizar derechos no quieren escuchar mucho a los organismos internacionales, pero para recortarlos no dudan ni un solo segundo.

Voy a centrarme en el Plan Prepara, otro de los desastres que quieren arreglar ahora con este real decreto-ley. En verano ustedes les quitaron a las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro los miserables 400 euros que esta ayuda da para solamente seis meses a quienes han agotado todo tipo de prestaciones y que cumplen otro millón y medio de requisitos más. Señora Báñez, repite usted constantemente el maldito y cínico mantra de que la recuperación ha llegado, que es mejor tener cualquier empleo que estar en paro y que un trabajo -permítame la expresión, señora presidenta- de mierda es la mejor política laboral. Pero hace escasamente dos o tres días la EAPN ha publicado su informe Arope, un informe que viene a contar la situación de pobreza que vive este país. Es un informe desgarrador que desvela que la pobreza afecta a más de diez millones de personas en nuestro país, un número que ha ido subiendo en los últimos años, pese a la supuesta recuperación, lo cual denota que la recuperación no se está cumpliendo para la mayoría de la ciudadanía de nuestro país; pero desvela también que un 48 % de las personas de nuestro país que están en situación de desempleo son pobres, que el 62 % de las personas de nuestro país tienen dificultades para llegar a fin de mes o que un 14 % son pobres. No le estoy hablando, señora Báñez, de cifras inertes, sino que le estoy hablando de personas, de personas que cuentan meticulosamente el dinero que les queda a final de mes para poder ir al supermercado, de personas que no pueden quitarse de la cabeza que está llegando el frío y que no van a poder pagar la calefacción este invierno otra vez, de personas que tienen que acudir a sus mayores para que con sus pensiones les ayuden a tirar para delante o que tienen que acudir a bancos de alimentos; les estoy hablando de pobreza, de pobres en la cuarta economía de la zona euro. Estas personas, a las que ustedes no están protegiendo, son mi patria, y ahí está la España que se rompe. (Aplausos).

Está bien que hayan recuperado el Plan Prepara, pero en nuestro país hay más de dos millones de personas que están desempleadas y en cuyas casas no entra ni un solo euro. El Plan Prepara prevé que va a poder proteger a 26 000 personas. Eso significa un 1 % de las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro. Yo creo que habría que replanteárselo. ¿Podrían ustedes vivir con 400 euros durante seis meses? Pues bien, mientras esta gente hace auténticas barbaridades para poder seguir hacia adelante, ustedes se llenan sus propios bolsillos y los de sus amiguetes con sus cajas B, con su Lezo, con su Acuamed, con su caso Nóos, con su Brugal, con su Gürtel o con su Púnica. (Aplausos). El desprecio que sienten ustedes por nuestro país, por las personas que peor lo están pasando, es notable. De la Renta Activa de Inserción en el año 2016 no se gastaron 229 millones de euros; del Programa de Activación para el Empleo no ejecutaron 222 millones de euros; pero es que del propio Plan Prepara no se gastaron 44 millones de euros. ¿Sabe cuántas personas podrían haber cobrado el Plan Prepara con ese dinero perdido? 206 518 personas, señora ministra.


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Voy terminando. Es significativo este dinero que pierde el Ministerio de Empleo para ayudas sociales, y es significativo también que esta sea la cuarta vez que se tiene que convalidar un real decreto para volver a convalidar el Plan Prepara. Déjense de miserias, señora ministra, avancemos hacia un modelo social en el que el control de la pobreza con medidas como sus carnés de pobres, la beneficencia, las bolsas de alimentos o las bolsas de ropa quede relegado, dando paso hacia la justicia social, hacia los derechos, hacia la igualdad de oportunidades y hacia la racionalidad económica. Dejen de ser patriotas de pulsera, sean patriotas de corazón, trabajen por solucionar los problemas de este nuestro país. Trabajar por España es trabajar por quienes menos tienen y amar a la patria es cuidar de nuestro pueblo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista condenamos y lamentamos tremendamente los hechos acaecidos esta noche en Valencia contra la vicepresidenta del Gobierno. (Aplausos).

Señorías, el real decreto-ley que hoy se trae a esta Cámara para su convalidación nos permite ocuparnos de unos temas singularmente importantes: ... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora GONZÁLEZ BAYO: ... la protección de las personas desempleadas y más vulnerables de nuestra sociedad, la prórroga del Plan Prepara, pero también la contratación de las personas que prestan sus servicios en los hogares y de los jóvenes que en el sector público realizan investigación científica y técnica. Lamentamos mucho que estas soluciones lleguen tarde, con falta de ambición y con muy poco recorrido. Son respuestas, como señala ya la exposición de motivos, extraordinarias y muy cortas en el tiempo. Tenemos que calificar este real decreto-ley como el decreto de los parches, porque no resuelve ningún problema, solo lo pospone en el tiempo. Han creado ustedes incertidumbre en la población más vulnerable, porque han sentido cómo se hundía su protección o cómo se acababa su contratación o cómo perdían sus trabajos o sus años de investigación, y hoy vienen aquí ustedes con un mal apaño, señora ministra.

El Grupo Socialista apoyará la iniciativa de activar el Plan Prepara que incluye este real decreto-ley. Ya se lo hicimos saber a usted en su comparecencia en la última Comisión de Empleo y Seguridad Social que tuvo lugar a final de agosto. Se lo dijimos: van ustedes trabajando mal y tarde, porque conocían de primera mano que tenemos 2,84 millones de razones en este país para que el Plan Prepara no se parara el 15 de agosto, porque tenemos 2,84 millones de personas sin protección social en este país. Pero ustedes, conociendo que el 15 de agosto terminaba el programa, conociendo la sentencia, con esos mimbres se dejaron estar, les dieron igual las personas que lo pasaban mal en este país y no hicieron llegar a las comunidades autónomas el convenio de colaboración hasta finales de agosto. Eso es lo que a ustedes les importa los 2,84 millones de personas que hoy están desprotegidas en nuestra sociedad. Y no entendemos por qué razón crean ustedes incertidumbre, desasosiego e intranquilidad en la población más débil, en la población que necesita esos 457 euros para malvivir, porque acordarán conmigo que con 457 euros, señora ministra -aunque no me mire-, nadie puede vivir bien en este país. (Aplausos).

Ahora vienen a remendar su respuesta; un remiendo, no atajan los problemas, la desprotección sigue entre las personas más desfavorecidas que ustedes tienen abandonadas a su suerte en nuestra sociedad. Se explicó muy bien por el señor Simancas el martes aquí, en esta Cámara: eliminaron el subsidio de los mayores de cincuenta y dos años, pero también eliminaron el acceso casi imposible a los cincuenta y cinco. No me vale lo que dijo el señor Candón; excusas, porque los mayores de cincuenta y cinco cuando van a las oficinas saben que les dicen que no pueden acceder porque ustedes han endurecido los requisitos. No me extraña, porque con estas políticas tan desastrosas esa protección por desempleo cae en picado. En junio de 2011, señorías, en este país se gastaban 15 108 millones de euros en proteger a los necesitados y en junio de este año solo 6424. Tomando prestadas sus palabras, señora Báñez, el invierno del Gobierno socialista protegió a las personas que más lo necesitaban en este país con más de 15 000 millones de euros; sin embargo, la primavera del Partido Popular tan solo pone a disposición del que más lo necesita 6422 millones. (Aplausos). Señora Báñez, su primavera, que vende usted a bombo y platillo, son el recorte de más de 8600 millones en protección por desempleo. En términos


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globales, los Presupuestos Generales del Estado en el año 2011 contemplaba una partida de 30 millones de euros; en el año 2017 apenas 18 millones, 12 millones menos, señora Báñez. Como digo, la caída libre, en picado, de la protección para el que más lo necesita. La llegada del Partido Popular ha sido una destrucción planificada del sistema del bienestar; y digo planificada porque, como he dicho anteriormente, han planificado los recortes en la protección a las personas que más lo necesitan en este país. Todas sus políticas -aunque no quiera mirarme- van encaminadas a la destrucción de la protección contributiva y asistencial; su primavera, la primavera que no quiere nombrar. Pero yo soy optimista, porque soy socialista y los socialistas nos levantamos cada mañana con las ganas de cambiar el mundo y creemos en la iniciativa legislativa que hoy han presentado los sindicatos. No mueva usted la cabeza. Queremos que no busquen atajos ni dilaciones, queremos que se tramite. Ahí estaremos los socialistas, en la tramitación de ese ingreso mínimo o renta mínima. Le pedimos que reorganicen sus políticas porque el sistema ha puesto de manifiesto que no puede cubrir a los parados de larga duración y, por eso, tenemos un problema estructural que hay que atajar, señora ministra. Le ofrecemos nuestra colaboración.

Por último, no quiero olvidarme de los trabajadores y trabajadoras del hogar, ya que ustedes en los presupuestos quitaron la bonificación y mandaron de nuevo a muchas personas de este país a la ilegalidad. No jueguen con la dignidad de las personas. Las personas necesitan seguridad, pongan medidas pero medidas en el tiempo, señora ministra. Eso es lo que le pedimos los socialistas. Los investigadores también se han visto castigados por su Gobierno y hoy les traen aquí de nuevo un apaño, pero nosotros queremos que se ataje el tema de los investigadores con seriedad, que se apueste por un itinerario profesional basado en la excelencia, en el mérito y en la capacidad. Queremos que se les dé seguridad a corto y largo plazo. Vamos a apoyar este real decreto por responsabilidad política, porque aunque es pobre en respuestas, los socialistas pensamos en las personas que lo necesitan. Por eso les emplazamos, desde la responsabilidad que ha dicho usted en esta tribuna, a trabajar por aquellas personas que peor lo están pasando en esta sociedad y que se sienten abandonadas por el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, hoy vamos a convalidar la prórroga del Prepara por lo que se asegura su continuidad y nadie quedará desprotegido. Quiero resaltar que se ha hecho con acuerdo, con diálogo con las comunidades autónomas y también en el marco del diálogo social. Por tanto, lo importante es que hay acuerdo para que nadie quede desprotegido, porque lo primero son las personas, lo primero son los españoles especialmente vulnerables, parados de larga duración, la mayoría con cargas familiares. Precisamente, el objetivo del Prepara es que todas estas personas puedan volver al mercado laboral cuanto antes con un empleo.

Aquí se han dicho cosas que quiero matizar. En primer lugar, el portavoz del PNV ha hablado de malversar la ley. Señor Barandiaran -que lo he dicho bien, Barandiaran-, no se malversa la ley. Es verdad que en su momento se hizo referencia al artículo 18.h).5.º de la Ley de Empleo, pero es que ahora lo que se está utilizando es el 18.h).2.º que, precisamente, faculta al SEPE a ejercer competencias de las comunidades autónomas, siempre que haya acuerdos con ellas. Han criticado el tema de las competencias y, sin embargo, han presentado una ILP para la renta mínima que, precisamente, es competencia de las comunidades autónomas. Ciudadanos ha hablado del cheque de formación y, efectivamente, el cheque de formación ya está en Madrid y en Galicia. Pero me gustaría -ya que soy andaluza- que también lo exigiesen en Andalucía. Ustedes cogobiernan en Andalucía con el Partido Socialista -o le apoyan- luego exíjanlo allí, que es donde hay la tasa de paro más alta de toda España. El Grupo Socialista ha criticado abiertamente el Prepara y, la verdad, me sorprende bastante porque el Prepara es un programa del Partido Socialista y el Gobierno del Partido Popular lo único que ha hecho ha sido prorrogarlo y mejorarlo para que aquellos desempleados con cargas familiares puedan incrementar la cuantía. Además, es curioso porque en la Comisión de Empleo -no lo ha dicho aquí- la única aportación que hizo el Partido Socialista fue decir que las prestaciones se vincularan al salario mínimo en lugar de al Iprem, cuando precisamente fue un ministro socialista, el señor Caldera, en el año 2004, el que desvinculó las ayudas sociales del salario mínimo y las vinculó al Iprem. Esa es la seriedad del Partido Socialista. (Aplausos). Hablan ustedes también del nivel de protección. Con niveles de paro similares al año 2009, el nivel asistencial de protección se ha incrementado un 29 %. También nos hablan de la protección por


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desempleo. Señorías, es verdad que en el país que nos encontramos en el año 2011 las prestaciones por desempleo habían llegado hasta los 30 000 millones de euros y es verdad que en los últimos años ha bajado el presupuesto de las prestaciones por desempleo, pero porque ha bajado el paro, señorías. Las prestaciones en el último año han bajado un 8,7 % porque el paro ha bajado un 9,5 %. ¿O también les molesta que baje el paro? ¿O también es mentira que está bajando el paro? Por tanto, señorías, no se hagan más trampas en el solitario. La realidad es que se ha recuperado el 82 % del empleo indefinido destruido por la crisis y solo el 44 % del temporal, la realidad es que tres de cada cuatro personas en este país tienen un contrato indefinido y la realidad es que en el último año, gracias a estos programas, la tasa de cobertura de prestación por desempleo se ha aumentado un punto.

Podemos hablaba de la desigualdad. Señoría, el 80 % de la desigualdad y la pobreza en este país se debe al desempleo. Por tanto, si hablamos de limosna, si hablamos de dignidad, lo que hace digno a una persona es tener un empleo; la dignidad empieza por crear empleo y en este país se han creado más de dos millones de empleos siendo ministra la señora Báñez, señoría. (Aplausos). Eso es una realidad, les guste o no les guste, señoría. Les voy a decir una cosa: ya está bien de discursos populistas, ustedes lo que prefieren es que España vaya muy mal para tergiversar la realidad y cambiar todos los datos. Señoría, yo le voy a decir una cosa: nosotros vamos a seguir creando empleo. Y lecciones, ninguna, señoría, porque son ustedes débiles de memoria, porque son ustedes expertos en fraude fiscal y algunos de sus lideres han tenido que dimitir por no pagar impuestos, algunos de sus líderes han especulado con viviendas de VPO, algunos de sus líderes han tenido becas de la universidad sin ir a trabajar y algunos de sus líderes han cobrado facturas de Venezuela a través de paraísos fiscales y han hecho fraude a la Seguridad Social porque no han pagado la cotización de sus asistentes. (Aplausos). Eso es lo que hacen ustedes, los de Podemos, pero en mi tierra se dice que el melón hay que calarlo y a ustedes la gente ya les ha calado. Y le voy a decir algo más: trabajar por España no es lo que usted dice; trabajar por España es crear empleo, y allá donde gobiernan ustedes lo único que hacen es ahuyentar a las empresas, ahuyentar a las inversiones y destruir empleo. Por lo tanto, señorías, trabajar por nuestra patria es crear más de dos millones de puestos de trabajo como se han creado en este país con el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Usted, que es diputada por Huelva, está tan mal informada que confunde las Fiestas Colombinas, que es la fiesta grande de Huelva, con la de los colonos, que ya no existe. Por lo tanto, estudie un poquito más y mienta un poquito menos.

En cuando al Grupo Socialista, señorías, se puede decir más alto pero no más claro: defender a los desempleados desde luego no es mandar al paro a 3,5 millones de españoles como hicieron ustedes cuando gobernaron. (Aplausos). Eso no es defender a los desempleados, eso es crear más desigualdad, más pobreza y peores pensiones. Dicen ustedes que los socialistas se levantan, pero los socialistas se levantaban echando al paro a 1500 personas en este país y ahora mismo se crean al día 2600 puestos de trabajo. Eso es lo que los socialistas hacían cada vez que se levantaban. ¿Saben ustedes cómo se defiende a los desempleados? Se les defiende creando empleo, creando puestos de trabajo para que puedan pagar una hipoteca, para que puedan formar una familia, para que puedan vivir en dignidad. Eso es defender a los desempleados, como se ha hecho en este país en los últimos años. Señorías, ¿saben ustedes que en los años 1992 y 1993 hicieron el mayor recorte de las prestaciones por desempleo? Se redujo la cuantía de la prestación, se redujo el tiempo mínimo de la prestación, se suprimió la exención fiscal pasando a ser rendimientos del trabajo, el periodo mínimo para tener derecho al desempleo se aumentó de seis meses a un año. Señorías, ¿de qué me están ustedes hablando? Es verdad que queda mucho por hacer, pero ahí está la realidad, ahí está la realidad del empleo que se ha creado en este país, y no son números son personas que ya no van a necesitar este Prepara que hoy vamos a convalidar.

Termino, señora presidenta. Gracias, señora ministra, por el consenso alcanzado con las comunidades autónomas para que se pueda prorrogar el Prepara y para que nadie se quede desprotegido. Gracias, señora ministra, porque cada vez hay más empleo en este país y gracias porque si usted, con el ministerio que dirige, sigue creando 500 000 empleos al año, llegaremos a alcanzar el reto de los 20 millones de españoles trabajando en el año 2019 y cada vez serán menos necesarios programas como este, como el Prepara. Para eso, para seguir creando empleo, cuente siempre con la bancada del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- REAL DECRETO-LEY 15/2017, DE 6 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD DE OPERADORES ECONÓMICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 130/000021).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 6. Antes de entrar en detalle sobre el contenido de este breve real decreto-ley permítanme que les ponga en antecedentes sobre el contexto que regula. Tradicionalmente la competencia para modificar los estatutos de una sociedad mercantil, incluyendo el domicilio social, recaía en la junta general de accionistas, sin embargo diferentes modificaciones de la legislación han agilizado este tipo de decisiones. En un primer momento se permitió que el órgano de administración tuviera la capacidad de cambiar la sede social siempre que fuera dentro de la misma población, salvo pacto estatutario en contrario. En esa misma línea y a instancias del sector privado, en el año 2015 el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que amplió esa potestad del consejo de administración a cualquier cambio de sede que se produjera dentro del territorio nacional, salvo que los estatutos dispusieran lo contrario. Sin embargo, desde la reforma del año 2015 se han producido ciertas discrepancias a la hora de interpretar cómo las sucesivas modificaciones legales afectaban al régimen de distribución de competencias entre consejo de administración y junta general contenido en los estatutos de las sociedades de capital. Esta divergencia interpretativa ponía en entredicho la plena consecución del objetivo perseguido con el cambio legal del año 2015, que no es otro que agilizar determinadas decisiones operativas vinculadas a la movilidad de las empresas. Por ello, y de nuevo a petición de numerosos grupos empresariales, el Gobierno ha aprobado este real decreto-ley cuyos objetivos son los siguientes. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Primero, permitir que la decisión de las empresas de cambiar su domicilio social pueda producirse con la mayor celeridad posible atendiendo a las especiales circunstancias que han tenido lugar durante estas últimas semanas y, al mismo tiempo, evitar que la existencia de dudas interpretativas pueda suponer un obstáculo. Para lograrlo se puntualiza la redacción del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, de modo que quede absolutamente claro que la regla general es que la potestad para acordar el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional corresponde al consejo de administración y que si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer expresamente en sus estatutos. Asimismo, se incluye una disposición transitoria relativa a los traslados de domicilios sociales de empresas cuyos estatutos ya estuvieran aprobados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley. En esos casos, se entenderá que existe una voluntad contraria a que el consejo de administración ostente la competencia para acordar el cambio de domicilio dentro del territorio nacional cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se modifiquen los estatutos sociales para declararlo expresamente. Por lo tanto, aunque el consejo de administración tiene originariamente la competencia para cambiar el domicilio social, la junta general goza de plena libertad para modificar este planteamiento.

Señorías, el Gobierno da este paso para ahondar en la flexibilización del régimen de toma de decisiones societarias y para dotar de la necesaria certidumbre al marco de actuaciones de las empresas, todo ello habida cuenta de que la seguridad jurídica es un factor determinante en la adopción de decisiones del sector privado, especialmente en momentos como el que estamos viviendo actualmente. La extraordinaria y urgente necesidad de la medida se justifica en garantizar en las especiales circunstancias que vivimos actualmente dos principios constitucionales particularmente importantes en el ámbito de las competencias del ministerio que dirijo: la libertad de empresa, en primer lugar, y la libertad de establecimiento de los


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operadores económicos. Entiendo además que el hecho de que en los días posteriores a la entrada en vigor de esta norma muchas empresas hayan tomado o estén tomando la decisión de cambiar su domicilio social justifica esta especial urgencia. Permítanme en todo caso que deje claro que son las empresas las que libremente seguirán tomando las decisiones sobre su ubicación en función de sus propios intereses y los de sus accionistas, trabajadores y clientes.

Por último, me gustaría hacer un reconocimiento expreso del apoyo concedido a este real decreto-ley por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Es importante que este texto se convalide con su actual redacción ya que abrir la puerta a posibles modificaciones podría obstaculizar o paralizar la decisión de muchas empresas de trasladar en estas próximas semanas su domicilio social o, lo que es peor, podría arrojar dudas sobre decisiones que en aplicación de este real decreto-ley se han adoptado recientemente. Por todo ello solicito su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra en representación de dicho grupo el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor ministro. Tenemos aquí un real decreto cortito, un real decreto ad hoc realmente que implica tres problemas o, al menos, abarca tres cuestiones que nosotros creemos que son conflictivas: primero hay una de naturaleza democrática, luego hay otra de naturaleza procedimental y finalmente hay otra de naturaleza política que a nadie se le escapa. Comienzo por la primera, que tiene que ver con el reparto o la distribución de recursos y de poder dentro del seno de las empresas; es decir, la distribución de la capacidad de decisión entre los diferentes agentes sociales y económicos dentro de una empresa. En nuestro grupo, en nuestra tradición política siempre hemos defendido la democracia económica y hemos defendido que era necesario profundizar en la capacidad de los diferentes sectores de una empresa, especial y particularmente de los trabajadores, en la toma de decisión de las propias empresas. Hemos visto en la historia de la propia empresa cómo los administradores se habían emancipado -por decirlo de alguna forma- de los socios o accionistas en determinados momentos históricos y cómo ha habido siempre intentos de que al final estos administradores no pudieran ir por libre de la voluntad de los socios y accionistas. Pues bien, este decreto se circunscribe a ese contexto y lo que hace es retroceder porque concede un poder especial, un poder aumentado, un poder mayor a los administradores sobre los socios o accionistas minoritarios. No solo ya no habla de la posibilidad que a nosotros nos gustaría de cómo los trabajadores de cada empresa tienen capacidad también de decidir sino que se les retrae, se les deduce también la capacidad a los socios y a los accionistas. Esto es un problema, digamos, de carácter democrático en el seno de la empresa que no es solo preocupante para nuestro grupo sino que también lo es para determinadas asociaciones, como usted conoce bien, como por ejemplo Adicae, que ya ha protestado frente a esta circunstancia.

Pero es evidente que esta no es la parte más llamativa del decreto, hay un elemento procedimental añadido y es que no parece que se justifique la urgencia de un real decreto de estas características, no parece que entre dentro de la categoría de excepcionalidad ni de urgencia. Es obvio que responde a una demanda empresarial ad hoc hecha al Gobierno y al Partido Socialista, que parece que también forma parte de este acuerdo, el acuerdo de este real decreto. Es una demanda empresarial muy concreta que podría venir, por poner un ejemplo, de La Caixa, que descuelga un teléfono, llama a determinados actores políticos del Gobierno y también de la oposición, del Partido Socialista, para decirles: tengo un problema, puede que pierda dinero, hacedme por favor un decreto a la carta. Y el Gobierno le hace caso, se pliega a sus demandas. Y esto es un problema procedimental porque lo que argumenta La Caixa es fundamentalmente que puede perder dinero en un conflicto como el catalán. ¿Qué va a ocurrir aquí en el futuro cuando otras empresas o la misma, La Caixa, puedan llamar al Gobierno y decirle: como resulta que el derecho a huelga limita en el futuro mis beneficios empresariales, por qué ustedes no me hacen un decreto? Es decir, aquí lo que tenemos es un problema procedimental y democrático también: cómo el Gobierno cede a las demandas empresariales que pueden estar o no justificadas -y ahora hablaré de ello- en favor de determinadas empresas con nombres y apellidos como todos y todas conocemos. Hay una convergencia de intereses a nuestro juicio. Al Gobierno le interesa que se cree un clima político de propaganda según el cual las empresas se marchan de Cataluña y a determinadas empresas catalanas les interesa un decreto que pueda justificar sus decisiones hechas de esta forma. Creo que esto se


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aproxima más a los procesos del siglo XIX, en los que las grandes empresas, o prácticamente los aristócratas, exigían al Gobierno una medida y esa medida se aplicaba de forma directa, que a un comportamiento democrático del siglo XXI. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Pero, claro, La Caixa argumenta la inestabilidad económica resultado del problema y del conflicto en Cataluña, y de ahí se argumenta la urgencia. Nosotros creemos que los independentistas están equivocados, tienen una posición legítima pero creemos que están equivocados; sin embargo, no se les puede culpar de todo, no se les puede culpar de la inestabilidad económica. La inestabilidad económica es el resultado de la falta de diálogo, de la falta de cauces políticos, de la falta de instrumentos para resolver los problemas (Aplausos), y con este decreto se está intentado utilizar un arma económica en esa disputa, lo que es verdaderamente peligroso. Nosotros podemos entender que las empresas financieras puedan tener miedo al pánico bancario en un momento de incertidumbre, puede estar hasta justificado, aunque, por decir la verdad, usted podría haber salido y decir que no va a pasar absolutamente nada y detener ese pánico bancario hipotético. En cualquier caso, lo de las entidades financieras incluso puede tener un pase, pero lo que no tiene sentido es que haya un cambio meramente administrativo de empresas de fabricación de automóviles o hasta de hoteles argumentando simplemente que hay inestabilidad económica. Es a todas luces evidente que estamos en un proceso de propaganda política en el que el Gobierno ha descolgado a su vez unos teléfonos para pedir a determinados sujetos empresariales que les ayuden a contribuir a un clima que puede ser usado de forma propagandística; es decir, un arma más para los objetivos políticos del Gobierno. Creemos que ese es un problema evidente que no tiene razones jurídicas, que tampoco tiene razones económicas y que nos lleva a un problema mayor, que es el hecho de utilizar todo tipo de instrumentos para evitar lo que sería la solución más sencilla.

Termino ya para dejar a mi compañero que pueda proseguir con la argumentación. Señor De Guindos, si hubiera cauces políticos, si hubiera diálogo, si hubiera un espacio razonable de sentido común democrático para resolver problemas de naturaleza política no habría esta inestabilidad económica, no haría falta este decreto, no harían falta esas fotos, no haría falta descolgar teléfonos y el Gobierno no debería un favor más a La Caixa, que eso nos compromete a todos y a todas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero transmitir toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Aplausos), que ha sufrido el acoso de un grupo fascista en su casa, y nuestra condena también a todos estos grupos fascistas que se atreven a campar ahora también por nuestras calles. El primer deber de un demócrata es el antifascismo. (Aplausos).

Ministro, ¡qué rápidos son ustedes cuando quieren! A las cuarenta y ocho horas de que algún directivo de algún gran banco levantara el teléfono ustedes aprobaron ya este real decreto-ley. ¡Qué rápidos son para estas cosas, para aprobar la reforma del 135 con el PSOE, para la amnistía fiscal, para el rescate bancario, y qué lentos e incompetentes son para otras cosas que benefician a la mayoría, para la lucha contra la pobreza energética, en las medidas para proteger a la gente que pierde su vivienda o contra las estafas de las cláusulas suelo! ¡Qué rápidos son para unas cosas y qué lentos para otras! El presidente del comité de empresa de la SEAT ha denunciado las presiones políticas y monárquicas para cambiar la sede social de esta empresa. La estrategia de asfixia económica y la inseguridad jurídica perjudican a toda la sociedad, no solo al Govern de la Generalitat. Estas medidas son contra la gente común, no contra un Gobierno determinado. ¿Cómo van a ser ustedes garantes de la unidad de España si están haciendo política como si Cataluña ya fuera una realidad ajena? Este real decreto es un paso más en la suma de despropósitos de su política en relación con Cataluña.

Nosotros no compartimos la estrategia del Gobierno catalán, también por un principio democrático. El 1 de octubre fue una espectacular expresión de la voluntad de decidir, pero no se puede desprender que sea un referéndum, un mandato democrático para declarar la independencia; además, olvida a buena parte de la sociedad catalana. Pero ahora la pelota vuelve a estar en su tejado. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, aplicar el 155 por una no declaración de la independencia? Eso, ministro, sería una irresponsabilidad,


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una irresponsabilidad como la de los sectores que en Cataluña quieren que se aplique el 155 para justificar nuevos pasos en el callejón sin salida de la DUI; una irresponsabilidad como la de todos los que anteponen su interés electoral al interés de la gente común. (Aplausos). En Cataluña y en el conjunto de España hay mucha gente que está preocupada, angustiada, que vive con tristeza este momento y que está harta de tanta irresponsabilidad, que no quiere ni DUI, ni 155, ni antidisturbios en las calles, ni gente en la cárcel, ni empresas que cambien de domicilio social. Basta ya de tanta irresponsabilidad. (Aplausos). La mayoría quiere una solución justa y democrática fuera de la lógica de victoria o derrota, fuera de la lógica de toda humillación.

Miren, a corto plazo puede ganar el Estado porque tiene la fuerza, pero va a perder la democracia. Aquí es donde estamos, en una involución democrática de derechos y libertades. Amnistía Internacional ha pedido la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por considerar que su prisión provisional constituye una restricción del derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Si la fiscalía hubiera puesto el mismo interés en combatir los fraudes bancarios o la corrupción desde luego estaríamos en los primeros sitios de los países con más transparencia y menos corrupción. (Aplausos). Nunca me ha gustado la expresión choque de trenes porque da a entender que hay una situación de igualdad que no es real, porque la capacidad coercitiva del Estado es superior a la de la Generalitat, pero la pregunta que deberían hacerse si realmente les importara más su país que su partido es la siguiente: ¿cómo se consigue que la mitad de la ciudadanía de Cataluña vuelva a lo que ustedes llaman el orden constitucional en una sociedad democrática y europea del siglo XXI?, ¿cómo hacer que se vuelvan a encontrar el principio constitucional y el principio democrático cuando el 80 % de la ciudadanía quiere votar en un referéndum? Y ustedes no tienen una respuesta democrática y ni siquiera constitucional a esta pregunta. ¿Cómo lo van a hacer?, ¿con policías, con fiscales, con la estrategia del miedo, impulsando que empresas se vayan de Cataluña? ¿Cómo lo van a hacer?, ¿disolviendo el Parlament de Catalunya para convocar elecciones desde La Moncloa? ¿Por imposición autoritaria prohibiendo los partidos independentistas, como han sugerido o propuesto estos pirómanos que son Casado y Albiol, a los que tendrían que echar justamente porque son unos pirómanos? (Aplausos). ¿Qué van a hacer?, ¿aplicar el 155 hasta que la gente cambie de opinión? El problema es que la situación de inestabilidad crónica deteriora las instituciones y la propia situación económica no solo de Cataluña sino de toda España. Si alguien cree que el cambio de domicilio social de empresas va a producir un beneficio en otro territorio se equivoca, porque la pérdida va a ser de todos; ya lo ha dicho la Airef, 12 000 millones de euros por culpa de la inestabilidad política y, en definitiva, también por culpa de la falta de diálogo.

Un clásico decía que la nación es un plebiscito cotidiano, de todos los días. No se consigue la adhesión a un país, a un Estado, por la fuerza. A mi hija de veinte años que se pregunta por la relación España-Cataluña, ¿qué le diría, ministro: esto te lo resuelves leyendo el artículo 2 de la Constitución, o el título VIII, o mejor el 155, y si no te convence lee el Código Penal, que genera mucha conciencia de pertenencia a España? (Aplausos). En democracia es necesario convencer y no vencer. El plebiscito cotidiano se puede ganar con un proyecto compartido basado en la diversidad y en la libertad. El único camino es el del referéndum acordado y el cambio constitucional para reconocer la realidad, que es la plurinacionalidad.

Termino. No nos vamos a resignar nunca al maleficio de que la historia de España es la más triste de las historias porque termina mal, como decía el poeta. Sin duda, para que acabe bien es necesario otro Gobierno.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, presidenta.

Señor Garzón, vamos a hacer una serie de consideraciones porque usted, cuando de vez en cuando deja la demagogia habitual de su grupo, es un economista con capacidad de análisis y con capacidad de deducir las implicaciones de las decisiones de los agentes económicos. En primer lugar, la autonomía de la decisión es una autonomía de la empresa, lo único que ha hecho este real decreto-ley, igual que hizo la modificación del año 2015, es dar la posibilidad al consejo de administración de modificar el domicilio social; es decir, sigue siendo voluntad de las empresas y parece que las empresas lo han utilizado, porque, como hemos visto en los últimos días, cerca de ochocientas empresas han cambiado su domicilio social. Es decir, parece que sí estaba justificado. Además, desde el punto de vista de esa democracia del


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gobierno corporativo que usted comentaba anteriormente, la junta general de accionistas puede perfectamente modificar los estatutos y puede quitarle la competencia al consejo de administración y devolvérselo a la junta. Por tanto, no ha habido ninguna modificación, no ha habido ningún tipo de interferencia en el buen gobierno corporativo de las empresas. En última instancia, sigue siendo la junta general la que tiene la última palabra para decidir y puede modificar o rebatir las decisiones tomadas por el consejo de administración. Y lo vuelvo a repetir, parece que unas cuantas lo han seguido, cerca de ochocientas.

Pero, señor Garzón, más allá de lo que es el decreto-ley, porque el decreto-ley siempre responde a un sustrato, responde a una urgente necesidad, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando fundamentalmente es que Cataluña, que es la comunidad autónoma de España más integrada en el mundo desde el punto de vista de los flujos comerciales, los flujos financieros, los flujos de capitales, podría verse como consecuencia de las decisiones del Gobierno de la Generalitat arrancada de cuajo de esa situación de integración en el mundo -como consecuencia, repito, de las decisiones que está tomando la Generalitat-, e inmediatamente simplemente esa posibilidad genera la reacción de las empresas. Señor Garzón, lo que hemos visto del cambio de domicilio social de ochocientas empresas es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir si efectivamente la independencia se llegara a concretar, cosa que, vuelvo a repetir, este Gobierno no va a dejar. Por lo tanto, piense usted cuáles han sido realmente las causas, los factores que están detrás de las decisiones tomadas. Porque, repito, hay dos razones fundamentales por las cuales las empresas están votando con los pies y están cambiando sus domicilios fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La primera es la ruptura de la legalidad. La legalidad no es un concepto divisible. Si un Gobierno de alguna forma rompe una parte de la legalidad, ¿qué garantías tienen los agentes económicos de que no va a hacer lo mismo con el resto de la legalidad? Evidentemente, eso genera inseguridad jurídica, porque el Estado de derecho lo que hace es determinar un marco general en el cual las empresas mercantiles, que son las que en última instancia generan empleo y prosperidad, se mueven, y si ese marco es movible, si ese marco no está seguro, se genera inseguridad. Y no tenga usted la más mínima duda de que no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico relativamente estable. Pero la segunda razón fundamental es que la independencia, señor Garzón, sería terrorífica para Cataluña, sería un suicidio económico para Cataluña, y le voy a explicar por qué. Si se llegara a producir la independencia de Cataluña, esta quedaría fuera de todos los tratados de la Unión, ya no sería parte de la Unión Europea, no formaría parte de la zona euro. No formar parte de la Unión Europea supondría fundamentalmente que cerca del 70 % de los productos de Cataluña quedarían sujetos a aranceles. ¿Cree usted, por ejemplo, que el sector del automóvil, que es importantísimo en Cataluña, podría soportar un arancel del 10 % para vender sus productos en el resto de España o en el resto de Europa? A su vez, se perderían todas las ventajas de todos los acuerdos comerciales que tiene la Unión con el resto del mundo. Pero no son solamente temas de aranceles. Por ejemplo, los bienes y servicios exportados desde Cataluña al resto de España, al resto de Europa o al resto del mundo en muchas ocasiones -porque tampoco formaría parte de la OMC- estarían sujetos al denominado efecto frontera. Es decir, la exportación de una mercancía desde Cataluña a Francia tendría que pasar por una frontera -esta es una de las cuestiones que en estos momentos se están discutiendo en relación con el brexit-, con el papeleo y los retrasos que eso supone. La pérdida de competitividad sería brutal. Vuelvo a repetir que Cataluña vería como aproximadamente el 70 % de su producción estaría sujeta a aranceles, a restricciones administrativas y a restricciones de cualquier tipo desde el punto de vista del comercio internacional. Eso afectaría intensísimamente a la competitividad de una economía que es de las más integradas en el mundo y en los flujos comerciales del mundo. Además, esa es la razón fundamental por la que hasta hace muy poco -hasta hace muy poco- Cataluña crecía más que la media del resto de España, señor Garzón. La recuperación ha sido más intensa en Cataluña que en el resto de España y a lo mejor, señoría, eso es porque las medidas y la política económica adoptadas por el Gobierno han permitido que Cataluña se aprovechara de las mejoras de competitividad y de financiación que se han producido en el conjunto de la economía nacional.

Pero no solamente es eso, señor Garzón, sino que también Cataluña quedaría fuera del euro. Quedaría fuera de todos los órganos de decisión económicofinancieros de la Unión Europea y de la zona euro. No formaría parte del Eurogrupo, no formaría parte del Ecofin, no formaría parte del MEDE -es decir, del fondo de rescate- y no formaría parte del Consejo del Banco Central Europeo. Pero no se trata solo de un tema institucional, sino de las cuestiones que eso implica. El acceso a las ventanas de liquidez del Banco Central Europeo -y eso es algo cuya importancia usted entiende perfectamente porque es


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economista y lo hemos discutido en otras ocasiones- quedaría inmediatamente limitado, abortado como consecuencia de tener su domicilio en Cataluña. Por eso, los dos bancos principales de Cataluña se han ido inmediatamente. No busquen ustedes teorías conspiratorias; es que no puede ser, es que no tienen alternativa, es que no pueden vivir sin el acceso a un banco central en euros. Esa es la primera consideración, pero hay más. Si Cataluña quedará fuera de la zona euro, inmediatamente todos los activos catalanes -deuda pública, créditos concedidos, etcétera- no serían elegibles ya como garantía para las ventanas de liquidez y, por lo tanto, la restricción crediticia que se produciría en Cataluña sería brutal. La contracción de los flujos de crédito que usted y yo hemos analizado de los años 2011, 2012 o 2013 sería un chiste comparado con lo que podría ocurrir, señor Garzón. Y sabe usted perfectamente que una contracción de crédito de esta naturaleza inmediatamente tendría un impacto muy importante.

Pero no solamente es eso. ¿Qué pasaría con las cuentas? ¿Qué pasaría con los depósitos de los ahorradores catalanes? Al estar fuera de la zona euro inmediatamente se generarían dudas. Ya hemos visto dudas en los últimos días tras las decisiones irresponsables del Gobierno de la Generalitat, así que imagínese usted la situación en el supuesto de una independencia definitiva. La corrida bancaria sería brutal. Eso en última instancia llevaría a algo que ya hemos visto en algún otro país no muy lejano, que es Grecia; llevaría lógicamente a una situación indeseable en la cual habría que limitar las retiradas de dinero. Los ahorradores catalanes, que han visto lo que ha pasado en las últimas semanas, de alguna forma avanzan que eso podría llegar a ocurrir y se adelantan. Lógicamente, la gente intenta defender su cartilla de ahorros, sus depósitos, porque son sus ahorros y el esfuerzo de toda la vida, señor Garzón. Además, señor Garzón, no tenga usted la más mínima duda de que en esas circunstancias a una teórica Cataluña independiente solamente le quedaría una solución, que sería montar su propio banco central y crear su propia divisa, a la que no voy a denominar peseta catalana, a pesar de que el origen del término peseta, como saben ustedes, proviene del catalán. En esas circunstancias, con esa divisa, hay un principio en economía que usted también conoce: la moneda mala desplaza a la moneda buena, y la moneda mala -que sería la peseta catalana- desplazaría al euro. Lo que estaría ocurriendo, señor Garzón, sería una devaluación de la divisa, una devaluación de los ahorros de los catalanes, que correrían inmediatamente a intentar proteger sus ahorros en euros, señor Garzón, en euros, no en peseta catalana. Todo eso generaría una situación, desde el punto de vista de las expectativas, realmente terrorífica.

Por otra parte y respecto a la situación presupuestaria, ante la recesión que originarían los problemas comerciales y los problemas financieros la capacidad recaudatoria de Cataluña se vería inmediatamente mermada. No se podría hacer frente ni a la educación ni a la sanidad ni a los principios básicos del Estado del bienestar. En última instancia, tendrían que recurrir a una cosa que usted, como economista, también conoce, que es la monetización del déficit, la generación de inflación. No tendrían acceso a los mercados de capitales, su ratio deuda pública-PIB estaría absolutamente inflada, lo que, en última instancia, lleva al empobrecimiento brutal de la sociedad catalana, algo que el Gobierno de España no va consentir que ocurra, porque -usted lo comentaba-, el impacto también sería para el resto de la economía española; aunque el impacto se produciría muy especialmente en el conjunto de la sociedad catalana, como ya estamos viendo.

En cuanto a la salida, como le decía anteriormente, no se quede usted en los síntomas; váyase a las causas de lo que está pasando, señor Garzón -usted, que en ocasiones, cuando abandona el tono habitual populista, tiene capacidad de análisis y de interpretación de la realidad-, que en última instancia son las políticas del Gobierno de la Generalitat. Yo entiendo perfectamente que las salidas de empresas escuezan en determinados ambientes, pero lo que está ocurriendo en definitiva es que los que generan riqueza, los que generan empleo, están poniendo de manifiesto las políticas absolutamente fuera de la realidad y enloquecidas de la Generalitat catalana.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, yo le he escuchado con suma atención y no puedo negar que su argumento, su despliegue discursivo, es coherente, salvo en un punto: la hipótesis de partida. Le pasa a usted como a los modelos económicos que son extraordinariamente sofisticados en su desarrollo matemático, pero parten de un error: la hipótesis de inicio. Si usted observa -y creo que toda esta Cámara lo podría hacer con facilidad-, verá que tienen ustedes una contradicción de inicio. Dicen ustedes: No va a pasar


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absolutamente nada en Cataluña, se va a mantener la legalidad, no va a haber independencia. Sin embargo, actúan como refleja su discurso, como si todo eso fuese a pasar. (Aplausos). Han hecho ustedes un real decreto para facilitar que las empresas se vayan de Cataluña, cuando están diciendo que Cataluña es parte del Estado y que no va a pasar absolutamente nada. Eso es contradictorio. Un Gobierno que fuera coherente con su discurso de que no va a pasar nada haría lo contrario. Diría: Vamos a facilitarle a toda la población las razones por las que no han de estar preocupados, las razones por las que no han de ir a sacar dinero de los cajeros, las razones por las que tienen que estar tranquilos, porque su moneda va a ser la misma, porque su estructura económica va a ser la misma, porque sus relaciones internacionales van a ser las mismas. En cambio, ustedes lo que hacen es una política del miedo, porque lo utilizan como instrumento político, no económico. Usted ha dibujado aquí una distopía, lo que me parece muy razonable y hasta coherente, pero es una distopía que no tiene anclaje con la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, es simplemente un ejercicio de propaganda para inculcar el miedo en una determinada población que está sometida ahora a enormes tensiones políticas, para tomar partido por una de las partes en conflicto, y eso es irresponsable; es irresponsable por los efectos que genera, pero también lo es porque significa mentir. Señor ministro, usted sabe que no se ha movido ni un cajero, usted sabe que no se ha movido ni un edificio, usted sabe que no se ha movido ni un puesto de trabajo, usted sabe que esto es fuego de artificio, usted sabe que esto es una mera declaración administrativa que tiene como objeto llenar titulares para asustar a la población, para mandar un mensaje: Si se independizan, la cosa va mal. (Aplausos). ¡Ojo! Está usted hablando con alguien que no es independentista. Yo tengo mis argumentos y se los contrapongo a los compañeros y compañeras de Cataluña que creen que la independencia es legítima, y les digo que creo que es un error la independencia, pero se lo digo con argumentos muy diferentes a los suyos. Sin embargo, no estamos hablando de eso en este momento, estamos hablando de que ustedes están echando más gasolina al fuego, están alimentando la tensión social diciendo: Esos irresponsables generan ya no solo tensión social sino además problemas económicos con los que se va a ver afectada la gente en sus casas. Eso es una irresponsabilidad, porque ustedes son el Gobierno no solo del resto del Estado sino también de la población en Cataluña, y eso no lo pueden olvidar nunca. Llenar de miedo a la población es una irresponsabilidad.

Usted sabe que hablamos de un problema político entrelazado con la economía. Usted sabe que es muy extraño que ochocientas empresas hagan un gesto administrativo prácticamente de forma simultánea. Esto no se lo creen ni los economistas más ingenuos. Es evidente que ha habido presiones en diferentes direcciones, con convergencias de intereses. El comité de empresa de Seat dice ahora que ha sufrido presiones para deslocalizar -esta no es ni siquiera la palabra técnica-, para hacer este gesto administrativo. Es evidente que estamos en una batalla política que no se quiere resolver por cauces políticos sino por presiones por parte de los instrumentos judiciales, de los instrumentos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor GARZÓN ESPINOSA: ... de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ahora también con un arma económica. Nosotros creemos que utilizar la economía como arma en un conflicto político genera muchas víctimas, pero las víctimas son siempre las mismas: las clases populares de Cataluña y las clases populares del Estado; es más, ustedes han hecho un real decreto para las grandes empresas de Cataluña, pero no han pensado en los desahuciados de Cataluña, no han pensado en los desempleados, no han pensado en las clases populares de Cataluña. (Aplausos). Han hecho un decreto que obedece a las demandas empresariales concretas de unos determinados conglomerados empresariales que, en fin, todos conocemos también; no hay que ser conspiranoico para saber quiénes son, para conocer los nombres y apellidos de determinados poderes económicos.

El problema va más allá, señor ministro. A mí me gustaría debatir con usted esos escenarios hipotéticos. Quizás este no sea el marco adecuado. ¿Sabe cuál sería el marco más adecuado? Un referéndum pactado entre Cataluña y el resto del Estado, como se hizo en el Reino Unido, para que pudieran debatirse con serenidad, con tranquilidad, con calma los pros y los contras de la independencia, y probablemente usted tendría ahí un foco estupendo para hacer una promoción del no, con argumentos totalmente diferentes, por ejemplo, a los que yo utilizaría, a los que utilizaría a mi grupo. Eso significaría que no habría inestabilidad económica, que no habría tensión social, que no estaríamos viviendo los momentos de tensión que estamos viviendo ahora, no solo en Cataluña sino también en el resto del Estado, y que estaríamos haciendo las cosas como un país democrático avanzado. Sin embargo, en vez de ir a ese escenario de referéndum pactado donde se hace política para resolver los problemas políticos, estamos


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utilizando a la policía, a los jueces y a las grandes empresas como instrumento. Eso es además -y termino con esto- cobardía, señor ministro, porque creo que en momentos en los que hay problemas políticos hacen falta soluciones políticas por parte de quienes nos encargamos de eso, de los que estamos aquí, en este Parlamento. Los policías, los jueces, incluso las empresas hacen su función, pero no deberían ser protagonistas de un problema que no es de unos cuantos dirigentes; hay más de dos millones y medio de personas que legítimamente opinan de forma diferente al Gobierno de España, y eso no se resuelve ni con reales decretos ni con la policía ni con los jueces, sino hablando, negociando y dialogando. Por eso, desde nuestro grupo decimos no a la independencia y evidentemente no al 155, que parece que quieren usar ustedes, y sí a algo muy sensato: cauces políticos para un problema político. Ahí podremos debatir de economía y de todas las cosas que nos gustan a usted y a mí, pero sin amenazar la vida de mucha gente que se ve en riesgo con estas circunstancias.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señora presidenta, señor Garzón, creo que usted comete un error desde el punto de vista del análisis. Antes ha hablado usted de la premisa inicial, y usted tiene una premisa inicial incorrecta desde el punto de vista de su razonamiento. Ese error es considerar que el mundo económico y el mundo de la política son planos completamente diferentes. No, señor Garzón, no son planos diferentes. Las peores crisis económicas, señor Garzón, son las crisis políticas. Analice usted la historia económica y verá cómo siempre que se ha producido una crisis política importante se produce una crisis económica. Le voy a poner un ejemplo muy próximo, el brexit, un problema político con implicaciones políticas, un referéndum... ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Desaceleración intensa de la economía del Reino Unido, incertidumbre desde el punto de vista de los agentes económicos, paralización de los proyectos de inversión, paralización, por ejemplo, de la evolución del sector inmobiliario, inmediatamente dudas sobre el marco en el cual nos vamos a mover en los próximos años. Y eso, vuelvo a repetirle, lo que produce en última instancia es que todas las variables económicas se deterioren. Por eso la economía del Reino Unido, en un contexto de crecimiento de la economía mundial, va a ser la única a la cual el Fondo Monetario Internacional la semana pasada rebajó su proyección de crecimiento, y vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas y en los próximos meses. Por tanto, señor Garzón, no me separe usted los dos planos. Eso es una falacia, y usted lo sabe exactamente igual que yo.

Las decisiones de esas ochocientas empresas no son consecuencia de este real decreto-ley, señor Garzón. No se equivoque. No se equivoque de culpable, no intente buscar culpables donde no están. Las decisiones de esas ochocientas empresas y las decisiones de paralización de inversión o la caída, por ejemplo, de las ventas de las grandes superficies en Cataluña desde el día 1 hasta el día 17 de prácticamente un 20 % son consecuencia fundamentalmente de las decisiones irresponsables de un Gobierno, que es el Gobierno de la Generalitat. Ahí es donde esperaba que estuviera usted, señor Garzón -usted, que defiende a los trabajadores; usted, que defiende el crecimiento económico; usted, que defiende la prosperidad-, porque usted tiene capacidad de análisis. Usted no es simplemente un propagandista populista de lo que ocurre, usted es algo más, señor Garzón, y se lo digo con todo el afecto que sabe que le tengo. Ahí es donde yo esperaba que hubiera estado usted, que hubiera usted considerado que esas políticas, esos planteamientos están generando temor, incertidumbre y miedo. En esas circunstancias los agentes económicos toman sus decisiones, que son consecuentes y a priori racionales y razonables. Es lo que están haciendo. No maten ustedes al mensajero, señor Garzón, vayan a la causa del problema, y vuelvo a repetirles que la causa del problema es una política que está rompiendo la legalidad y que está generando incertidumbre, y la que lo va a pagar fundamentalmente es la sociedad catalana. Por eso, no se ponga usted del lado de todos aquellos que están de alguna forma creando dicho marco empobrecedor y póngase en el lado, por favor, de aquellos que de alguna manera estamos intentando que eso se evite.

Muchas gracias. (El señor Floriano Corrales: Muy bien.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Roldán Monés.


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El señor ROLDÁN MONÉS: Presidenta, ministro, señorías, señor Vendrell, me alegro de que venga a la Cámara y denuncie finalmente los escraches fascistas. Nosotros los sufrimos cada día en Barcelona, en nuestras sedes y nuestra gente allí. (Aplausos). Me gustaría que denunciara todos los escraches fascistas.

Hoy me toca defender un real decreto que trae el Gobierno para facilitar los cambios en el domicilio social de las empresas dentro del territorio nacional. Es un decreto que inicialmente parece burocrático, podría parecer simplemente administrativo, pero, en mi opinión, tiene un gigantesco carácter político y simbólico. Estamos aquí porque un Gobierno -lo voy a decir claramente- netamente populista en Cataluña ha decidido declarar la independencia unilateral dinamitando la seguridad jurídica, absolutamente imprescindible -como ha explicado mejor que yo el ministro- para la actividad económica, y ha expulsado de la tierra a la que quiere tanto a cientos de empresas y a todos sus grandes bancos. Como catalán y como economista me produce una inmensa pena constatar cómo por culpa de un Gobierno de politiquillos incompetentes cegados por una bandera se tienen que marchar de mi tierra empresas con hondísimas raíces históricas en Cataluña, que han simbolizado lo mejor del emprendimiento catalán y español, que han sido el motor del empleo en Cataluña y en España, que han sido ejemplo internacional en muchísimos sectores, que han convertido a Cataluña en una de las regiones más ricas, más prósperas y más justas de toda Europa.

Los populistas construyen un relato que divide el mundo entre buenos y malos, los de casa contra los de fuera, los inmigrantes contra los nativos, los catalanes contra los españoles. Adjudican unas cualidades inferiores al otro, a la colectividad, y después mienten a conciencia y de forma sistemática guiados por una ideología fantasiosa, caduca, excluyente y reaccionaria. ¿Quieren saber lo que decía el señor Artur Mas unos días antes de las elecciones de 2015, cuando le preguntaban qué iba a pasar con los bancos y las empresas? Decía: No; yo creo que ningún banco se va a marchar. Es más -decía- incluso se van a pelear por venir a Cataluña. Eso decía el estadista Mas. ¿Quieren saber lo que decía el conseller Junqueras, conseller de una economía del tamaño de Portugal, cuando le preguntaban en La Sexta hace unos días, el 5 de octubre? Cito literalmente. Decía: Yo no creo que vaya a haber ninguna huida de empresas. Vaticinios de este tipo los llevamos escuchando mucho tiempo pero nunca se han cumplido. Eso es lo que opina el brillante conseller de Economía de Cataluña.

Estas son algunas de las empresas que se han marchado de la Cataluña gestionada por estos genios: La Caixa, Banco Sabadell, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Colonial, Cellnex, Abertis, eDreams, Pastas Gallo, Grupo Planeta, Freixenet, Catalana Occidente, San Miguel, Naturhouse, Bimbo, Eurona, Codorníu y hasta el dueño de las loterías de La Bruixa d'Or se ha tenido que ir de Cataluña porque no puede trabajar. A este ritmo, señores de Convergència y de Esquerra, lo único que les va a quedar es la productora de Toni Soler para financiar la propaganda que se hace en TV3 todos los días. (Aplausos). Son empresas de todos los sectores: bancos que han financiado los grandes proyectos industriales de Cataluña, empresas del textil que han sido referencia mundial durante décadas, compañías eléctricas que fueron pioneras conectando este país con el norte de África, editoriales emblemáticas que han publicado los mejores libros de la literatura catalana. Señorías, el populismo no discrimina en la destrucción de riqueza. (Aplausos). Se han ido, hasta ahora, ochocientas empresas de Cataluña, ¡se dice pronto! Una de las historias más tristes de todas -la mencionaba un amigo, Roger Senserrich, en las redes sociales el otro día- es la de Codorníu, una empresa creada en 1551, que sobrevivió a la guerra dels Segadors, sobrevivió a la guerra de sucesión, sobrevivió a Napoleón, sobrevivió a los carlistas, a la Guerra Civil y a la crisis económica de 2007, pero ha sido incapaz de sobrevivir a los salvapatrias, estadistas, liberadores de Junqueras y de Puigdemont. (Aplausos).

Tengo algunas preguntas que hacerles a los señores de Convergència y de Esquerra y su grupo independentista. Ahora que han conseguido expulsar a todas las empresas de Cataluña, en la futura nació catalana, en esa Cataluña paradise que se han inventado en sus cabezas, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a financiar el Estado del bienestar en esa Cataluña paradise? ¿Quién lo va a hacer si no queda ni una sola empresa? ¿Esa es la manera en la que se demuestra que uno quiere a su tierra? ¿Engañando a su población sin escrúpulos y a conciencia? ¿Provocando irrecuperables fracturas entre amigos y familia que sufrimos todos los catalanes todos los días? ¿Llevando a la economía al borde del precipicio? ¿Triturando la esencia del mejor catalanismo emprendedor que se ha construido en Cataluña durante cientos de años?

Lo peor es que las mentiras sobre las empresas y los bancos son solo una pequeña parte del relato hegemónico populista de estos años. Miren, voy a mostrar una pequeña noticia sobre otra de las grandes


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promesas del Govern. (Muestra una noticia de prensa). Dice: "El Govern se compromete a subir las pensiones desde el primer momento de la independencia". Esto lo publicaba La vanguardia hace un par de meses. No es Nigel Farage, de UKIP, hablando de los grandes éxitos del brexit, es otro estadista de gran talla, Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, que en una conferencia en Sant Cugat decía: No solo se garantizarán las pensiones, sino que además pasaremos del índice de revalorización de España y subirán las pensiones en el primer minuto. Según sus tesis, después de la independencia unilateral los españoles pagaremos el déficit del sistema de la Seguridad Social y de pensiones en Cataluña y, no contentos con eso, se las subiremos a los catalanes. Pero, ¿en qué planeta viven, señores de Convergència y de Esquerra? ¿En qué planeta viven? (Aplausos). Lo mejor del señor Ginesta no es eso, es que dice que si los españoles deciden no pagar nuestras pensiones, pensiones más altas que las del resto de los españoles, lo que vamos a pedir es un crédito puente. Una nación, supuestamente una nación creada, que pide un crédito puente, ¿a quién? ¿Quién en su sano juicio le prestaría un solo euro a una Cataluña independiente sin reconocimiento internacional de nadie, sin empresas, quebrada y gobernada por ustedes y la CUP, señores? (Aplausos). Dejen de engañar a los ciudadanos, no se juega con las cosas del comer. Esta es la realidad (Muestra una noticia en la que se lee: "Agujero de 4700 millones en las pensiones catalanas si hubiera independencia"), los 4700 millones de déficit en las pensiones catalanas si hubiera independencia. Pero hay otro mejor. ¿Se saben el cuento del expolio fiscal que han construido en Cataluña en los últimos años? Es otro argumento clásico populista: los inmigrantes nos roban, la Unión Europea nos roba (Rumores). En este caso los que nos roban son los andaluces, los extremeños y otra gente de carácter inferior a los catalanes. Este era el cartel de Convergència para las elecciones (Muestra un cartel en el que se lee: "L'Espanya subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva"). Miren lo que pone: La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. (Aplausos). ¿Esto es la democracia? ¿Dónde está el señor Garzón? ¿Esta es la democracia económica de la que habla? Señor Iglesias, ¿este es el proyecto que defiende usted para España? Según el relato, como decía, 16 000 millones de euros estarían disponibles inmediatamente después de la independencia. Pero, ¿es realmente cierto el discurso de los 16 000 millones? En España no son los territorios los que pagan los impuestos, son los ciudadanos (Aplausos), y como Cataluña tiene ciudadanos más ricos lo que pasa es que contribuyen a la solidaridad común de todos los españoles, como, por cierto, lo hacen todas las comunidades autónomas más ricas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ha pasado en el último año con las balanzas fiscales. (Muestra una noticia en la que se lee: "Cataluña aporta la mitad que Madrid a la solidaridad regional"). Madrid ha acabado aportando el doble -¡el doble!- que Cataluña a las arcas comunes. Probablemente Madrid también tendría que pedir la independencia, según su criterio, señores. (Aplausos).

Han construido una gran mentira basada en un método de cálculo, el de los 16 000 millones, el del flujo monetario, que, básicamente, no cuenta todas las inversiones que no están hechas en Cataluña. Por ejemplo, el AVE que comunica Barcelona con Madrid, a partir de la frontera, la franja, ya no cuenta, porque como no beneficia para nada a los catalanes la comunicación entre Madrid y Barcelona todo lo que se queda fuera no cuenta. Por supuesto, tampoco cuenta la defensa. El propio Mas Colell, el conseller que estaba antes en la Generalitat, reconoció que ese método de cálculo era erróneo y que en realidad son 3500 millones el desequilibrio fiscal que tiene Cataluña. Si a eso le restamos la creación de un nuevo Estado -porque imagino que querrán una justicia, una defensa y una administración tributaria-, la pérdida de empresas y bancos masiva que estamos viendo y el cambio de residencia fiscal que acabaría resultando de todo esto, el consecuente desplome de la economía y del empleo, la caída de la recaudación, el aumento de los costes de financiación por intereses -porque, claro, empezarán un Estado después de haber hecho default, ese será su único historial crediticio-, la huida de capitales por la incertidumbre sobre la pertenencia al euro -que tan bien explicaba el ministro-, los costes del efecto frontera y la pérdida de sinergias comerciales, señores, se desmonta absolutamente el principal argumento de la independencia, que es el del expolio fiscal. La realidad es que el único expolio que están haciendo es el del populismo nacionalista con las clases medias y trabajadoras en Cataluña. (Aplausos). Ese es el verdadero expolio que hay ahora mismo en Cataluña. Yo, por mi experiencia personal -viví un tiempo en el Reino Unido- (Rumores), experimenté muy de cerca el relato del brexit y les puedo asegurar que viendo ahora las imágenes de hoy me recuerdan muchísimo a lo que veía allí. Esto es lo que decía Farage en un autobús (Muestra una fotografía de un autobús en el que se lee: "We send the EU £350 million a week / let's fund our NHS instead. Vote Leave / Let's take back control"). Decía: Mandamos cada semana 350 millones de libras a Europa. Podríamos tenerlas para financiar nuestra sanidad. (Rumores).


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¿Qué pasó el día después del brexit? Pues que el señor Farage dijo: ¡Ay! ¡Vaya! Disculpen. Me había equivocado con mi promesa, al final era un error. Al menos tuvo más dignidad que el señor Junqueras, que después de que los bancos se fueran, tras haber negado que se marcharían, lo primero que dijo fue que era culpa de la policía y después, no contento con eso, dijo que no pasaba nada en realidad porque se habían ido a los països catalans, se habían ido a Alicante y a Mallorca. (Aplausos). Todo un verdadero conseller, un brillante referente para la economía internacional. (Aplausos). Podría seguir horas hablando de los mitos y de los cuentos y las cuentas de la independencia, sobre las promesas que han hecho de la pertenencia a la UE, sobre el euro, pero me queda poco tiempo y querría resaltar un punto sobre lo que decía anteriormente el señor Garzón y sacar un tuit del señor Gaspar Llamazares (Muestra un cartel con un tuit).

La señora PRESIDENTA: Señor Roldan, se le ha terminado el tiempo.

El señor ROLDAN MONÉS: Sí, termino con esto. Decía Llamazares: Es una pena que hayan sido las empresas las que hayan desinflado el relato de que España nos roba. Debería haber sido la izquierda. Eso es lo que decía el señor Llamazares. ¿Tantas son las ansías de desestabilizar el país que estáis dispuestos a apoyar un movimiento que, además de estar liderado por uno de los partidos más corruptos de España, es abiertamente insolidario y abiertamente populista? Pero, ¿dónde está la izquierda que creía en los valores de la igualdad? ¿Dónde está la izquierda que creía en los valores republicanos? Creo, amigos de Podemos, que están cometiendo un error histórico que sus votantes les van a hacer pagar. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señora presidenta.

Señor Roldán, hablando de Valencia, lo que les debería avergonzar es que el Grupo Ciudadanos no votara la condena de las agresiones fascistas del 9 de octubre en Valencia. Eso es lo que les debería avergonzar. (Aplausos.-El señor Cantó García del Moral: ¡Qué vergüenza!). Antes hablaba de irresponsabilidad, pero es que ustedes se llevan el premio de la irresponsabilidad, sin duda, porque llevan días, llevan semanas pidiendo que se intervenga la autonomía de Cataluña, pidiendo que se aplique el 155. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Yo creo que de ser por ustedes ya hubiesen aplicado el 155 en 2006, cuando aprobamos el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lamento mucho que sean ustedes tan irresponsables, porque son la primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Cataluña y ahora van a votar a favor de un real decreto que lo que quiere es favorecer -intenta promoverlo en alianza con algunos de los grandes bancos y de las grandes empresas- el ahogo y la asfixia económica y el miedo sobre el futuro económico de Cataluña. Eso es una gran irresponsabilidad. Ustedes son la primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Cataluña, se suman a la estrategia del miedo por cuatro votos. Nos equivocamos cuando dijimos que ustedes eran la muleta del Partido Popular; hemos visto estos días que son el ala derecha del Partido Popular (Aplausos), no la muleta, el ala derecha del Partido Popular. Son tan extremistas, tan radicales en la cuestión catalana que se quedaron solos el otro día en la votación de la moción contra la escuela catalana. (Varias señoras diputadas del Grupo Parlamentario Ciudadanos hacen gestos negativos). Mire si son ustedes extremistas y radicales, ni siquiera el Partido Popular les apoyó. Prometieron no apoyar a Rajoy y ahora van a apoyar, haga lo que haga, al Gobierno. Ustedes, que dijeron que venían a regenerar la política, se están tragando todos los casos de corrupción del Partido Popular. Ustedes son un factor de involución, no de regeneración sino de involución democrática, son pirómanos, son parte del problema, no de la solución.

Su primera batalla fue contra la lengua, la normalización lingüística en Cataluña, un elemento básico, fundacional de la realidad catalana, un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña -conocer perfectamente el catalán y el castellano-, luego cargaron contra la escuela. ¿Y ahora, contra qué, contra la economía, señor Roldán?

A ustedes, que se preocupan tanto por el mercado -nosotros también- y por la economía, quiero decirles que la falta de diálogo, la falta de negociación y la falta de una salida democrática son antieconómicas, perjudican a las empresas, perjudican a la economía. La mejor medida económica en


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Cataluña en estos momentos sería generar confianza y no miedo, generar seguridad y no inseguridad, y la única forma de crear estabilidad económica es negociando. Si quieren resolver la cuestión catalana en los juzgados y en los cuarteles de la Guardia Civil, lo único que van a hacer es crear inestabilidad (Aplausos.-Rumores), por tanto, es fundamental que haya diálogo y negociación; el 155 solo crea más inestabilidad, se sabe cómo se entra en el 155 pero no cómo se sale. El Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo, el Partido Socialista va a avalar la estrategia punitiva del Gobierno a cambio de una comisión de estudio de estas de seis meses, de una comisión de expertos. Y les voy a decir algo: o reforma de la Constitución o 155; las dos cosas son imposibles. ¿Qué se puede reformar con el autogobierno de Cataluña suspendido? O diálogo o 155, o alianza con Rajoy o solución democrática. Señores del Partido Socialista, las dos cosas no son posibles, es una vergüenza (Aplausos). Lamento mucho ver a un partido de gente profundamente catalanista y de izquierdas, como Joan Raventós y Pascual Maragall, siendo cómplice de los que rompieron el pacto constitucional, el pacto territorial del Estatut, de los que han demostrado incapacidad manifiesta para resolver el problema catalán, de los que quieren destruir el autogobierno de Cataluña y acabar con la autonomía. Es vergonzoso, lamentable que el Partido Socialista esté en el bloque autoritario y no en el bloque democrático a favor de una salida democrática, porque ese tiene que ser el objetivo. Por favor, acabemos con el género epistolar, menos cartas, más diálogo y más negociación.

Gracias (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Señor Vendrell, no sé cómo un partido de izquierdas, al que usted se supone que representa, tiene más manías con la corrupción de unos que con la corrupción de otros (Aplausos). ¿Qué pasa, que el supremacismo nacionalista no le parece suficientemente malo y la corrupción de unos, porque son españoles, es más mala que la de otros, porque son catalanes? ¿O cómo es el juego, señor Vendrell, cómo es su manera de racionalizar este asunto? (Rumores).

No voy a extenderme mucho más. Ha hablado usted de la democracia y del diálogo; ahora mismo en Cataluña, después de sufrir un golpe, tenemos un Parlamento suspendido, un Parlamento cerrado a cal y canto donde los demócratas no podemos hablar. Eso es democracia. (Aplausos). Lo que pide mi partido es encontrar una vía, una vía constitucional, para volver a la democracia, porque el voto de votar tres, cuatro y cinco veces en un referéndum, aunque a usted le parezca democracia, ¡en ningún lugar del mundo es democracia! (Aplausos). La democracia se consigue con elecciones, donde todos tengamos igual participación, donde haya un panel electoral neutral, donde se supervise de manera independiente, donde todos votemos con libertad y sin coacción. Eso es la democracia y eso es lo que defiende mi partido contra los golpistas que usted está defendiendo en esta Cámara. (Aplausos).

Como he visto que no ha abordado ninguna de las cuestiones económicas de fondo que le planteaba sobre su apoyo a la economía, no me voy a extender más. Simplemente quería agradecer de nuevo al ministro el haber facilitado que la economía catalana, mi economía y la economía de muchos de los que estamos aquí, haya podido sobrevivir porque probablemente sin este real decreto, si tuviéramos al señor Garzón de conseller o al señor Vendrell, ahora mismo tendríamos un corralito en Cataluña y probablemente estaríamos muy cerca del mismo nivel de crisis y de incertidumbre gigante en el que estuvimos desgraciadamente en 2012 (Una señora diputada: ¡Mentiroso!-Continúan los rumores). Y luego son ellos los que dicen que quieren defender a los ahorradores y a los trabajadores. La única manera de defender a los ahorradores y a los trabajadores es permitiendo que la economía funcione dentro de la seguridad jurídica, que los bancos puedan tomar prestado del Banco Central Europeo y que haya estabilidad económica. Lo que pasa es que ustedes no entienden nada de eso ni les importa absolutamente nada de eso. O sea, que con eso me quedo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Recordaba el diputado Roldán un video del señor Mas diciendo que las empresas nunca se irían de Cataluña y que vendrían muchas más porque no son Hermanitas de la Caridad, sino que velan por sus


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intereses. Ayer el señor Tardà le decía a la vicepresidenta que no ahogáramos los demás económicamente a Cataluña, o sea, que además de robarles, les ahogamos. Y he visto un video de assamblea.cat -que no sé ni lo que es- en el que sale un individuo diciendo que está bien que se vayan todas las empresas porque prácticamente son mafiosas. A mí se me ocurre decir: ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! Yo les pediría a los diputados que quieren la ruptura de España, lo primero, que no nos hagan responsables de sus propias decisiones y lo segundo, que no engañen a los ciudadanos. ¿Qué pasa, que es que no vieron lo que iba a pasar? O peor: ¿sabían lo que iba a pasar y sinceramente les da igual?

Para mi partido vivimos un momento doloroso y este éxodo de empresas no deja de ser una tragedia, y desde luego una tragedia para todos. Si viniera aquí siendo de un partido que gobierna en una comunidad y después de tomar una decisión política resulta que cientos de empresas se fueran de mi comunidad, no sé con qué cara me sentaría aquí a echar la culpa a los demás -sinceramente se lo digo-. No creo que tenga nada de bueno esta deriva política, nada de bueno poner en riesgo la viabilidad de las principales entidades financieras de Cataluña, desde luego, y tampoco generar una zozobra innecesaria en las empresas que no solo conviven en España, una España abierta, dinámica y fraterna, sino que compiten con bastante mayor inteligencia emocional y menos lloriqueo, menos victimismo y menos infantilismo que algunos políticos y algunas opciones políticas de esta Cámara.

Señor ministro, yo entiendo que las empresas necesitan certidumbre y tranquilidad y lo que nos piden es garantizar un mercado único, abierto, sin interferencias ni distorsiones patrioteras; y yo creo que tenemos el deber de garantizarlo y ellos tienen el derecho de que la política no perjudique sus intereses, desde luego, es nuestro principal deber.

Me da la sensación de que algunos pensaron que todo se pondría marcialmente al servicio de la ruptura, y no es así. A veces la libertad también debería tener una significación. Hoy tenemos que avalar, y lo hacemos porque nos parece oportuno y adecuado y, en todo caso, lo que deseamos es que esta situación no continúe y que todo este perjuicio se reconduzca, rectifique quien tiene que rectificar y en el futuro esas empresas que se han ido de Cataluña vuelvan con normalidad, con tranquilidad y con garantía cuanto antes a Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Hoy el Gobierno nos trae la convalidación de un real decreto que no es sino otra herramienta más en su locura represiva para con el pueblo catalán. ¿Por qué? Por tener un Gobierno que ha decido poner urnas para consultar a su gente y respetar la decisión que libre y democráticamente han adoptado. Esa lógica es la que les llevará el sábado a aplicar ya el artículo 155 y ante eso, desde Euskal Herria Bildu, desde la izquierda soberanista vasca, no nos queda más que la solidaridad y el compromiso de apoyo para con el pueblo catalán.

Hoy nos traen una convalidación de un real decreto que evidentemente nosotros no compartimos y que nos habla del traslado de sedes sociales; estaría bien que nos aclarara si también de fábricas, de sucursales bancarias o de instalaciones que prestan servicios, porque así nos quitaría la duda que le voy a plantear. ¿Tiene algún efecto político para la ciudadanía catalana el traslado de una sede social? ¿Hay trabajadores obligados a trasladarse? ¿Hay problemas para llevar a cabo operaciones bancarias ordinarias? Hay un catedrático de economía que hace escasos días en La Vanguardia decía que el traslado de una sede social en principio no supone ningún cambio. Una sede social puede ser un despacho de cuatro metros cuadrados con un teléfono y una persona que atienda. ¿No tiene nada que decir a esto en respuesta?

Esto nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿No será que el propósito de su Gobierno, y de usted como ejecutor, no es sino infundir un pánico infundado en la población civil? Dicho de otro modo, ¿no será que ustedes están probando a sacar réditos políticos amenazando al común de los catalanes y catalanas?

Por otra parte, se han registrado amenazas para que otras empresas abandonen su sede social en Cataluña. El presidente del Comité de Empresa de Seat Martorell denunciaba ayer mismo presiones políticas y monárquicas -¡Para lo que han quedado los Borbones!- contra esa empresa. (Aplausos). La consellera Bassa denunciaba llamadas directas a empresas para que trasladen su sede, y que la mayoría de las empresas se han puesto en contacto con el Govern y han dicho que lo hacían de forma temporal por las presiones que recibían. La pregunta es: ¿Tienen ustedes constancia de esta extorsión?


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¿Quién está chantajeando a las empresas y con qué motivos? ¿Aprueban ustedes estas presiones y coacciones a las empresas?

Para terminar, solo nos quedan dos posibilidades a esto que están haciendo: que su decreto sea un castigo contra los trabajadores catalanes, que en este caso se volverá en su contra porque su castigo afecta también a trabajadores que probablemente no estén por la independencia, o una segunda opción, la más probable, que su decreto no tenga ningún efecto sobre los trabajadores catalanes y que, en realidad, todo esto no sea más que una operación de propaganda para amedrentar al pueblo catalán. Las dos opciones, permítame que se lo diga, demuestran su torpeza y garantizan una vez más su derrota. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, constatar que el Grupo Ciudadanos no ha utilizado el turno a favor de este real decreto, ha utilizado un turno que no aparece en el Reglamento, que es el turno del odio y la demagogia. (Aplausos).

Entrando en materia, señor ministro, los motivos de la extraordinaria urgencia que justifican este real decreto no son los que aparecen en el real decreto ni los que usted ha establecido en la primera intervención; los motivos reales son los que han aparecido en el turno en contra. El motivo real es el referéndum del 1 de octubre. El motivo real es: las papeletas, las urnas, que no debían existir, y que existieron, los votantes que existieron y los millones de catalanes que fueron a votar. Y lo que justifica este real decreto es el referéndum que su Gobierno se comprometió a que no existiría. (Aplausos.-Rumores). Esta es la realidad.

Señor ministro, no sé si se dan cuenta, pero con este real decreto ustedes le dan la máxima credibilidad a la independencia de Cataluña. (Aplausos). El Estado español, cuando Cataluña declare su independencia, no la va a reconocer, y ustedes están seguros de que ningún país de la Unión Europea la va a reconocer y de que la Unión Europea no la va a reconocer. Entonces, de acuerdo con su legalidad, con la legalidad de la Unión Europea, Cataluña continuará siendo Unión Europea y continuará siendo España. ¿Qué motivo hay para que las empresas trasladen su domicilio social, que no su actividad? Simplemente uno, y usted lo ha dicho con sus palabras: para que las empresas voten con los pies (Aplausos), para que las empresas incidan políticamente en lo que está pasando en Cataluña. Lo que no consiguieron en la precampaña lo quieren conseguir en la poscampaña del referéndum, que las empresas se posicionen políticamente, porque técnicamente no tiene ninguna motivación, no tiene ningún sentido.

Además, señor ministro, con esta norma ustedes no engañan, ustedes expropian a los socios, expropian a los accionistas su capacidad, su decisión respecto a la ubicación del domicilio social, porque a aquellas sociedades que habían decidido mantener la potestad de sus socios de que ellos decidieran -voy terminando, señora presidenta- se lo prohibieron. En todo caso, señor ministro, los cambios de domicilio social no son los cambios ni de actividad ni los cambios de empresa. Los cambios de domicilio social, que cuestan 80 euros, hoy son de aquí para allá y mañana son de allá para aquí. (Aplausos.-Rumores). Téngalo en cuenta.

Ustedes han recordado los centenares de empresas que han cambiado de domicilio social y yo simplemente voy a recordar las más de 260 000 empresas que en Cataluña no han cambiado su domicilio social.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenos días. Egun on. Gracias, presidenta.

Hoy nos traen aquí para su convalidación el Decreto-ley, de 6 de octubre, para facilitar el cambio de domicilio social de las empresas, un cambio que, desde nuestro punto de vista, no atiende a un criterio ni jurídico ni económico. En su exposición de motivos señala que en ocasiones las decisiones estratégicas de las empresas requieren el traslado del domicilio social, para a continuación añadir que en el contexto actual estas decisiones pueden venir motivadas por las especiales circunstancias que caracterizan el


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momento en que esta norma va a entrar en vigor. Cualesquiera que sean estas especiales circunstancias deberían ser explicadas en el propio texto del real decreto-ley o bien en la exposición que hoy ha hecho usted aquí. Si bien en principio solo ha dicho que obedecían a una petición de numerosas empresas, en su respuesta al señor Garzón sí lo ha dicho más explícitamente, pero las razones que han dado han sido razones basadas en una hipotética situación que aún no se ha dado y en la que su Gobierno tiene mucho que decir. Es un decreto que para nosotros obedece más a una medida de presión del Ejecutivo, consecuencia de la situación de Cataluña, y pone en marcha una política de incertidumbre que, desde luego, no es buena compañera de viaje ni para la estabilidad económica ni para la estabilidad política.

El domicilio para las personas jurídicas, como lugar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, es uno de los elementos fundamentales en el momento de su constitución y, por ello, ha de constar en sus estatutos, y al formar parte de estos últimos su modificación compete a la junta general de accionistas. Hay que recordar, como ha dicho hoy también el ministro, que en 1956, en 1989 y en 2010 ya se venía a decir que, salvo disposición contraria a los estatutos, el cambio de domicilio dentro del mismo término municipal podría ser acordado por el órgano de administración. También en el año 2015, con una ley que abordaba medidas urgentes de reforma concursal, se amplió esta competencia al órgano de administración dentro de todo el territorio nacional, siempre que no existiese una disposición contraria a los estatutos. Es decir, el órgano de administración ya era competente para realizar este cambio en el año 2015, ya que era suficiente con realizar una modificación estatutaria, cosa que algunas empresas, como el Sabadell, ya lo habían hecho y, por tanto, estaban preparadas para cualquier contingencia. Pero es que, además, a raíz de que surgiera una polémica, que no voy a reproducir en estos momentos, sí hay una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que permite que, aunque no aparezca ese cambio legal expresamente en los estatutos, el órgano de administración podría decidir siempre que se hiciera mención expresa en sus normas a que se aplicaría la legislación vigente.

Por lo tanto, aquellas empresas que necesitaban como agua de mayo este decreto además podían haberse acogido no solo a la reforma de 2015, sino también a esta resolución si hubieran sido previsores, porque una empresa, cuando elabora sus estatutos no ha de conformarse con unos estatutos tipo, sino que ha de evaluar todos los riesgos para que a través de los mismos se puedan solventar la mayor parte de las problemáticas que puedan surgir, tanto en el tráfico jurídico como en el económico. Es en este año 2015 también, cuando se produce el cambio, cuando el propio Gobierno justificaba la importancia de dejar en manos de la propiedad y de las juntas generales de accionistas la aprobación de algo tan sensible y vinculado al espíritu de empresa y a sus centros de administración, como lo es el domicilio social y fiscal. (Rumores). Por eso hoy deberíamos preguntarnos qué es lo que ha cambiado ahora para propiciar esta modificación exprés, porque si, como ha dicho el Gobierno en reiteradas ocasiones, el Estado de derecho está garantizado, no va a ocurrir nada, no va a haber una declaración unilateral de independencia, no va a haber consecuencia alguna, por qué han consentido y colaborado elaborando un decreto ad hoc por el que se abre la puerta a un cambio exprés de la sede social sin pasar por el filtro de una junta general. Las empresas, vuelvo a recordarlo, podían realizar el cambio de esta sede con la reforma de 2015, eso sí, necesitarían más tiempo y, desde luego, pasar por el acuerdo de sus accionistas.

Hay que decir que un cambio de la sede social de las empresas catalanas tiene un impacto fiscal mínimo porque los principales impuestos o son de carácter estatal y tampoco genera más empleo ni ingresos para las nuevas comunidades autónomas... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: ... en las que radique la nueva sede social de estas empresas, a no ser que haya un traslado efectivo de los centros de trabajo y, por de pronto, no hay una deslocalización de los medios de producción. En consecuencia, ¿creen que contribuir con este decreto a la fuga de empresas, como le llaman algunos medios de comunicación a un cambio de sede social, que no comporta un cambio en los centros de trabajo y genera una situación de alarma social ante una hipotética situación es la imagen que se quiere dar al mundo? ¿Es bueno para la economía en general? Porque hay que tener en cuenta que la economía catalana y la española, desde luego, son interdependientes, y es que el mercado no diferencia la procedencia de las empresas.

Dicho todo esto, nuestro grupo va a votar en contra de la convalidación este decreto, en definitiva, por varias razones, porque la fijación del domicilio social no es baladí, ya que la propia Ley de sociedades lo define como el lugar en que se encuentra el centro de sus efectiva administración y dirección o aquel en el que radique su propio centro de explotación; porque no obedece a una necesidad de las empresas ni


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tampoco a una necesidad jurídica, sino más bien a una necesidad política ante una hipotética coyuntura determinada; porque con la regulación del año 2015 era suficiente para que el órgano de administración de las empresas pudiese acordar un cambio de sede social ajustando sus estatutos; porque tanto la Ley de sociedades como el Código unificado de recomendaciones voluntarias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: ... establecen a la junta general como órgano supremo en la toma de decisiones corporativas; luego este decreto parece que se opone un tanto a los principios de gobierno corporativo y transparencia, porque se pone en peligro los derechos de los accionistas y reduce su capacidad actuación, porque, en definitiva, da barra libre para que cualquier empresa con sede social no solamente en Cataluña, sino en cualquier territorio pueda salir del mismo y fijar su domicilio jurídico en otra comunidad autónoma saltándose a su junta de accionistas; porque se pueden dar también conflictos societarios derivados del nuevo ámbito de decisión y de ejecución del órgano de administración; porque esta medida obedece más a una utilización de los mercados como medida de presión, contra el soberanismo y la situación catalana, que a una necesidad de las empresas, y porque la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución, al que ha hecho usted mención, ya estaba garantizado con la reforma del año 2015.

Eskerrik asko. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, sumarnos a la denuncia por el acoso fascista en el domicilio y sobre la familia de la vicepresidenta de Valencia. (Una abraçada enorme ). (Aplausos). En segundo lugar, señor ministro, ayer por la noche se hacía público que el presidente del comité de empresa de SEAT Martorell denunciaba presiones políticas y monárquicas para que SEAT cambiara su sede social. Convendrá conmigo en que esto sería gravísimo, esto sería una interferencia política inadmisible en cualquier economía moderna de libre mercado. Entiendo que importa mucho que hoy -aquí, si es posible- desmienta usted o desautorice a quien haya hecho esas llamadas gansteriles propias de otros tiempos, porque miles de puestos de trabajo dependen de su responsabilidad. Recordará usted que hace pocos meses el exministro de Industria, Energía y Turismo, el señor Soria, reconoció literalmente que las empresas eléctricas le venían al ministerio con los decretos ya redactados. Al Gobierno, por tanto, solo le quedaba afinar estos decretos y darles curso para que pudieran publicarse en el BOE. -Hago un paréntesis: Seguramente objeto de otro debate sería el comportamiento, tendríamos que pensar, si es causa o es efecto de las conocidas puertas giratorias-. El caso es que el real decreto que hoy discutimos nos permite evocar el caso de los decretos Soria, intuyendo a las claras cómo empresas del sector financiero o del energético -en fin, empresas de sectores regulados- vienen a su ministerio con decretos redactados a medida por sus gabinetes jurídicos y su Gobierno los aprueba con toda naturalidad. Lo lamento, pero nada se opone a suponer que esto es lo que ha sucedido con el real decreto que hoy se discute, que no hace más que disimular que las empresas podrán mover su domicilio social a su gusto -pero no al gusto de sus accionistas, sino al gusto de sus consejos de administración- con el único, espurio y a la vez temerario fin de asustar a ciudadanos, a empresas y a inversores con las siete plagas de Egipto que nos traería la independencia de Cataluña. En ese sentido, se explica la connivencia del PSOE. Hoy traen a validar a la Cámara el "¡A por ellos!" de cuello blanco, acolchado con un mutuo rascarse la espalda entre política y economía de BOE. Yo te rasco la espalda y te facilito el argumento falaz de que las empresas marchan de la Cataluña independentista, y tú me rasca la mía y me lo pones facilito para deslocalizar el domicilio social sin tener que preguntar a mis accionistas, no vaya a ser que me monten un expolio. ¿Cuál es el resultado? Dice usted que casi 800 empresas han desplazado su sede de Cataluña. ¿Sabe usted cuántas hay en Cataluña, señor Roldán? Hay 260 000 empresas. Ustedes que siempre hablan de la mayoría silenciosa, léanse los comunicados de Pimec y Cecot y oirán a la mayoría silenciosa de las pymes catalanas. (Aplausos). Háganlo, por favor, antes de dibujar paisajes dantescos que el tiempo dirá si se cumplen o no. (Rumores).


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Tenía un breve paréntesis para destacar el "fistro" jurídico que abreviaré por haber sido ampliamente argumentado. Evidentemente, esta medida se opone a los más básicos principios europeos y españoles de transparencia y gobierno corporativo. Ya veremos qué les dice a ustedes la Unión Europea de sus propuestas. De momento queda claro que ustedes en nombre de los señores del IBEX 35 quitan poder a los accionistas, los verdaderos propietarios de las empresas, y su capacidad de decisión la traspasan a administradores societarios, lo que es una forma clara de desempoderar a los propietarios de las empresas. Además, los motivos del cambio de sede social no están fundamentados, señor ministro. La seguridad jurídica de las empresas, pase lo que pase, está plenamente garantizada en Cataluña por muchas campañas del miedo que quieran imponer. Lo que todos los ciudadanos catalanes y españoles pueden comprobar con este decreto es que ustedes no tienen ningún inconveniente ni escrúpulo para supeditar la buena marcha de la economía a los intereses políticos y actúan contra la economía catalana aún a costa de lanzar mensajes de inestabilidad y de incertidumbre, ignorando que en economía todo son reputaciones cruzadas. Estos mensajes se recogen y amplían desde Moody´s -se lo citaré si tengo más tiempo- pasando por Bloomberg, que ayer editorializaba "Abandone el ultimátum del 155" -tengo un montón de comillas; luego les doy el texto para que puedan reproducirlo- y llegando -señor ministro, pásmese- a la mismísima portada de L´Osservatore Romano. (Muestra una copia de un recorte de prensa). Son ustedes portada en L´Osservatore Romano tres días seguidos entre la semana pasada y ayer día 18.

Señor ministro, ¡tiene bemoles que las empresas del IBEX 35 tengan a principios de este año 696 filiales en paraísos fiscales, y ustedes hayan sido incapaces de redactar un solo real decreto para que tributen en su país! (Aplausos). Pero, en un solo día y con una sola llamada, ustedes tienen suficiente para aprobar el presente decreto, por el que las empresas pueden disponer el cambio de sede social sin el acuerdo de sus accionistas, pensando solo en el titular arrojadizo -que huyen de Cataluña-, en perjudicar nuestra economía, sin importarles el daño que están produciendo también en la economía española. En lugar de plantear un escenario win-win, ustedes prefieren hundir los barcos. ¿Cómo era aquello de los barcos y la honra?

Señor ministro, a nosotros no nos hace falta ir más allá de Orión para afirmar que hemos visto cosas que nunca pensamos que veríamos. En Cataluña -en el mundo entero se ha visto-, empresas e inversores han podido comprobar qué es lo que no genera un buen clima para la economía catalana; como tampoco genera un buen clima económico que el Gobierno español diga que todo irá muy mal, o que el ministro de Hacienda se invente sin ningún dato concreto que pueda reafirmar sus palabras que se perderán miles de puestos de trabajo, o que la ministra de Sanidad afirme sin poder sostenerlo que se retiraron miles de millones de los bancos cuando estos deciden marcharse de Cataluña. No es positivo para la economía que usted, señor De Guindos, vaya repitiendo que se perderá el doble del PIB que se perdió en la Guerra Civil, sin citar ningún estudio que pueda reforzar sus palabras.

Es evidente que las empresas se pueden radicar donde quieran -¡faltaría más!-, como también que los clientes tienen derecho a poner sus activos donde crean más conveniente. Y, si me permite -y con la complacencia de la presidenta-, terminaré con optimismo, y por proponerle quizás el único punto de mi discurso en el que quizá coincidamos, voy a parafrasear al gran filósofo de Martorell: L'economia catalana rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. La economía catalana rebrota siempre y sobrevive a sus ilusos enterradores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, yo comenzaré hablando del real decreto, que al final es la cuestión que nos trae aquí hoy, un real decreto en cuya exposición de motivos se refiere a que desde hace décadas -desde los años cincuenta del siglo pasado- se estableció que el traslado de domicilio de una sociedad, dentro de la misma población, se podía llevar a cabo sin mediar acuerdo de la junta general, salvo que los estatutos sociales dijeran lo contrario. Así se recogió también en las posteriores leyes de Sociedades Anónimas, de 1989, y de Sociedades de Capital, que se aprobó en 2010.

Fue hace poco más de dos años, en 2015 -como ha dicho el señor ministro-, cuando se amplió la competencia del órgano de administración a los cambios de domicilio social dentro del territorio español, siempre que no hubiera una disposición contraria en los estatutos. La finalidad de este cambio legal -como


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así se dijo- era acelerar la inscripción en el Registro Mercantil de las empresas en un contexto de aumento de la movilidad geográfica de las mismas. Sin embargo, el hecho de que en los estatutos de muchas sociedades se continúe atribuyendo a la junta general la facultad de acordar el cambio de domicilio social se viene interpretando en ocasiones... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, presidenta.

Esto se viene interpretando en ocasiones como una disposición contraria al reconocimiento de tal competencia al órgano de administración, y ello ha impedido que el cambio normativo acordado en 2015 pueda alcanzar la finalidad que se pretendía.

Todo ello tiene poco sentido, pues generalmente la previsión que figura en los estatutos sociales no es más que una mera transcripción de lo previsto en la legislación mercantil anterior a la reforma de 2015, establecida con el ánimo de poner de manifiesto que la voluntad de los socios es sujetarse al régimen supletorio vigente en cada momento. De acuerdo con ello, se podría estimar que tal disposición contraria solo existe cuando se hayan modificado los estatutos tras un cambio normativo para apartarse, de forma expresa, del régimen legal supletorio. De manera que lo que persigue el real decreto es aclarar la redacción de la Ley de Sociedades de Capital para acelerar, como originalmente se pretendía, los cambios de domicilio social en el territorio español.

Ha sido necesario proporcionar seguridad jurídica para evitar que eventuales divergencias interpretativas pudieran demorar la eficacia del traslado de domicilio dentro del territorio español en un contexto en el que, según hemos podido comprobar en los últimos días, se ha producido un notable incremento de los movimientos societarios desde Cataluña hacia el resto de España como consecuencia de la incertidumbre y del aumento de la percepción de riesgos generados por el llamado proceso independentista. En pocos días Cataluña ha dejado de ser el domicilio social de más de ochocientas empresas, empresas de prácticamente todos los sectores que suman decenas de miles de empleados y acumulan una cifra de negocio que asciende a miles de millones de euros y que incluyen a sectores innovadores y de vanguardia, como el sector biotecnológico y el sector digital, y también a sectores que se suelen considerar estratégicos, como el asegurador, el financiero, el energético, el de abastecimiento de agua, etcétera. Probablemente, acabaremos conociendo, señorías, con datos oficiales y no simples rumores como los que aparecen en los medios de comunicación, hasta qué punto se han enfrentado las entidades financieras, originalmente domiciliadas en Cataluña, durante los últimos días a problemas de liquidez como consecuencia de la retirada de depósitos, y cómo el respaldo del Banco Central Europeo -la apelación al Banco Central Europeo se ha multiplicado en los últimos días como sí podemos saber en términos agregados- ha evitado problemas mayores.

Hay quien augura que estos cambios de domicilio social son simplemente cambios administrativos, temporales, reversibles, que no tienen un efecto real sobre la economía, pero no nos debemos engañar; en primer lugar, porque el cambio de domicilio social es la consecuencia del aumento de la incertidumbre y de la percepción del riesgo de la economía catalana, y ello ya por sí solo produce un daño en la actividad económica que acabará traduciéndose en pérdidas de empleo. Además, el propio cambio de domicilio social viene a confirmar la pérdida de reputación que el llamado proceso independentista está provocando en la economía catalana como espacio atractivo para la inversión y el desarrollo de los negocios, y cuando aparece esta hipoteca reputacional es muy difícil de levantar. Cuando un Gobierno no tiene ningún problema en decir que está dispuesto a saltarse la legalidad vigente, no nos debemos extrañar de que ni las empresas ni los inversores se fíen de ese Gobierno, y ello hace más probable que el cambio de domicilio social abra la puerta después a otras decisiones de localización, como el traslado de la sede operativa o la apuesta por nuevas ubicaciones para desarrollar nuevas líneas de negocio o ampliar las que ya existen. Es normal que las empresas quieran diluir el peso del negocio que generan sus actividades que se llevan a cabo en zonas consideradas de mayor riesgo o de incertidumbre, generando una inercia que acabe provocando que las decisiones de cambio de localización se conviertan en firmes e irreversibles. Así lo puso de manifiesto sin ir más lejos la experiencia de Quebec tras el éxodo empresarial que produjo sus propias tensiones secesionistas y, aunque al final, Quebec no siguió el camino de la independencia, de los ocho bancos que había allí años después solo uno mantiene su sede en Quebec. Unas setecientas grandes empresas se marcharon de Quebec y nunca volvieron, y Montreal entró en una fase de decadencia de la que se benefició fundamentalmente Toronto.


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La situación en Cataluña es tan grave que quizás no se ha hecho suficiente hincapié en la contradicción que supone el hecho de que los defensores de la independencia estén apostando por construir un nuevo país en el que prácticamente todas las empresas de los sectores estratégicos serían extranjeras, algo que hoy por hoy no agrada más que a los defensores de un libre comercio sin ninguna clase de interferencia, no agrada más que a quienes consideran que el mundo no debe ser más que un inmenso mercado planetario donde no importa dónde se ubique el domicilio social de las empresas. Este nuevo Estado sería, en caso de que naciera, en términos económicos mucho más dependiente del exterior, infinitamente más dependiente del exterior en términos económicos de lo que Cataluña es hoy del resto de España.

La quimera del independentismo, señorías, se asienta sobre un cúmulo de falsas promesas que amenazan con arrastrar a Cataluña hacia una nueva era, la era de las oportunidades perdidas; una deriva a la que debemos hacer frente desde esa legalidad que algunos se quieren saltar, apostando por reformar el marco legal con los instrumentos que la propia legalidad proporciona, en vez de situarse fuera de ella o en contra de ella, porque la legalidad nos obliga a todos, señorías, también en cuanto a las formas y procedimientos para cambiarla.

Y permítame, señora presidenta, que acabe con una cita de George Washington, del primer presidente de los Estados Unidos, que fue además el que lideró la independencia de Estados Unidos cuando era una colonia del gran imperio británico, y que en su discurso de despedida, como presidente tras su segundo mandato, decía así: La base de nuestro sistema político es el derecho del pueblo para hacer o alterar sus constituciones de Gobierno, pero la Constitución que en cualquier momento exista, hasta que se cambiare por un acto auténtico y explícito de todo el pueblo, es sagradamente obligatoria para todos, porque la idea misma del poder y del derecho del pueblo a establecer un Gobierno presupone el deber que tiene cada individuo de obedecer al Gobierno establecido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Presidenta, ministro, señorías, antes de empezar, quisiera manifestar la repulsa de mi grupo parlamentario a todos los escraches, incluyendo el que hicieron a la ministra de Sanidad, que aquí nadie ha mencionado. (Aplausos).

El Gobierno trae hoy un decreto-ley cuyo objeto es la elaboración de un nuevo marco que permita agilizar la movilidad de las empresas dentro del territorio nacional. La primera consideración que quiero hacer aquí es obvia. No se trata de obligar, sino de facilitar esa movilidad siempre que la empresa tome esa decisión. Es decir, se trata de dotar de mayor eficacia a una decisión empresarial tomada libremente. La pregunta relevante no es por qué ahora este decreto-ley, porque la respuesta es evidente: han sido los propios sectores empresariales los que han demandado al Gobierno esa modificación para facilitar su traslado de sede dadas las dificultades que viven en Cataluña. Aquí la pregunta relevante, creo yo, es cómo hemos llegado a este escenario en el que las propias empresas quieren salir de una región tan próspera como Cataluña, y la respuesta es que el Govern catalán, radicalizado por sus socios de Esquerra y la CUP y obsesionado como está en ese objetivo delirante e ilegal de la independencia, ha abandonado completamente sus funciones, las funciones que debe cumplir todo gobernante, esto es, luchar contra la crisis, trabajar por el crecimiento económico y el empleo y, por tanto, para el mantenimiento y mejora del Estado del bienestar. Es así. En lugar de gobernar, se han dedicado a prometer una independencia imposible, generando una dinámica que les ha empujado, a ellos y a todos, a una situación insostenible desde el punto de vista económico y de convivencia social.

Mientras, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Pues lo que corresponde a todo gobernante sensato, trabajar intensamente para combatir la crisis y alcanzar la recuperación económica en todo el territorio nacional, incluyendo Cataluña. En concreto el Gobierno de la nación ha apoyado específicamente al Gobierno de la Generalitat atendiendo los vencimientos de su deuda, una deuda... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

La señora PALMER TOUS: ... que nadie financiaba. Recordemos, nadie prestaba un duro a la Generalitat, vale la pena recordarlo. Solo de ese modo se pudieron financiar los servicios públicos básicos y los proveedores pudieron cobrar. Se evitó, por tanto, que los ciudadanos catalanes tuvieran que pagar por los errores de sus gobernantes. En suma, el Gobierno de España se ha dedicado a resolver los


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problemas reales de los ciudadanos, de todos, incluyendo los de los catalanes, mientras otros se dedican a generar esos problemas obcecados en su gran meta vital, la secesión, sin apoyo mayoritario, de forma unilateral y, sobre todo, al margen de la legalidad vigente. Ayer la sentencia del Tribunal Constitucional fue muy clara.

Una vez que tenemos claro que esta deriva supone actuar fuera del Estado de derecho y supone una quiebra de la convivencia social, quisiera reflexionar sobre las consecuencias que tiene esta travesía que ha iniciado la Generalitat. La irresponsabilidad de quienes retan a la legalidad tiene consecuencias de toda índole, pero hoy me voy a centrar en las consecuencias económicas, y es que esa deriva secesionista tiene consecuencias sobre el crecimiento económico y el empleo. Esta misma semana se ha rebajado la previsión de crecimiento para 2018 por la situación que se vive en Cataluña y la Airef ayer mismo decía que Cataluña entraría en recesión en 2018 si se sigue por esta deriva, y ya no habló de cifras de turismo, porque son bastante deprimentes. Por tanto, no estamos hablando de cifras virtuales, de efectos posibles, estamos hablando de efectos reales. (Aplausos). Solo por poner un primer dato sobre la mesa que afecta intensamente al crecimiento -ya se ha mencionado-, si Cataluña se independizara, Cataluña dejaría de formar parte de la Unión Europea y, por tanto, de todos los acuerdos firmados por la Unión Europea, incluyendo la Organización Mundial de Comercio, y también evidentemente dejaría de formar parte del euro. Lo repito aquí porque vale la pena recordarlo. No se engañen, salir de España significa salir de la Unión Europea y salir del euro. En concreto, ¿qué supone para Cataluña estar fuera de la Unión Europea? Pues, por ejemplo, que el 75 % de las exportaciones de sus empresas -que dejarían de estar en el marco de la Organización Mundial de Comercio- estarían sujetas a fuertes aranceles, lo que supondría un impacto muy negativo sobre su comercio exterior y, teniendo en cuenta el peso que tiene el sector exterior para muchas empresas catalanas, tendría un impacto potente sobre el crecimiento del PIB y del empleo.

Por otro lado, ¿qué supone estar fuera del euro? Algo importante, que las entidades financieras perderían el acceso a los recursos del Banco Central Europeo -que no es poco-, pero, sobre todo, que los clientes de estas entidades perderían la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. Y supongo que eso lo saben los ciudadanos catalanes porque muchos de ellos -bastantes- han movido hasta 4000 millones de euros de sus depósitos fuera de Cataluña. En términos financieros, también quisiera recordar un detalle, el corralito que habría que imponer en Cataluña tras la independencia, según dijo la propia CUP, para evitar la fuga masiva de depósitos y financiar la ansiada república.

En fin, señorías, el coste real de la aventura secesionista es muy elevado. Ya lo ha relatado el ministro. Una Cataluña independiente nace quebrada, con una población empobrecida en torno al 30 % o 40 %, aumento de desempleo, con una quiebra del Estado del bienestar y un déficit público insostenible. Y un detalle, no es por asustar, pero con una pérdida adquisitiva de las pensiones potente. Con datos en la mano, 4500 millones anuales de déficit que son pagados por la caja única estatal, por lo tanto, una Cataluña fuera de España supondría que cada pensionista catalán perdería unos 2600 euros anuales, una media de 216 euros mensuales. Hagan el favor de decírselo a sus mayores.

Ante este escenario tan alentador, ¿qué esperan que hagan las empresas? Pues, evidentemente, huir. Los independentistas catalanes proclamaban que las empresas deseaban instalarse en una Cataluña independiente. Todas las empresas desearán venir a Cataluña, decían; pues bien, la realidad, el puro baño de realidad, es que ha habido una huida masiva de empresas, algunas de las cuales, por cierto, son de algunos nombres ilustres del propio procès. Han cambiado su sede todas las empresas del IBEX, menos Grifols, y cientos de pequeñas y medianas empresas, que es verdad que en volumen pueden ser pocas respecto al total, pero en términos de PIB representan más del 50 %. Un detalle, ante esta avalancha de fuga de empresas, alguno ha querido consolarse hablando de que se iban a los països catalans. Pues bien, señor Junqueras, Alicante es España y Baleares es España; no se engañen, ahí lo tenemos muy claro. (Aplausos).

Para finalizar, señorías, lo cierto es que las empresas se mueven libremente, buscan seguridad jurídica y huyen del abismo. El Gobierno español, con la aprobación de este decreto, no ha hecho más que facilitar la eficacia de una decisión empresarial tomada libremente y lo ha hecho con una meta última, frenar una sangría de depósitos que estaba poniendo en peligro la confianza de todo el sistema financiero y atajar la inseguridad jurídica generada. Señores del Gobierno catalán, de Podemos, el que se vayan ciento cincuenta empresas al día de Cataluña no pueden atribuirlo a la aprobación de este decreto o a la voluntad de este Gobierno. Es absolutamente absurdo. No pueden culpar a otros; son solo ustedes los responsables


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de esta situación. Vuelvan, por favor, al orden jurídico; vuelvan al seny y trabajemos todos juntos por Cataluña y por España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, por el aprecio y el respeto que tengo por el señor Bel y por el señor Capdevila creo que debería contestarle y hacer una serie de consideraciones en función de su intervención. En primer lugar, señor Bel y señor Capdevila, les diré que me duele que se vayan ochocientas empresas de Cataluña, me duele mucho, y espero que a ustedes también. En última instancia, ya sé que este éxodo de empresas pone de manifiesto las contradicciones de la política del Gobierno de la Generalitat. No se equivoquen de culpables, este real decreto no tiene nada que ver con esas ochocientas empresas que se han ido. La verdadera razón de la fuga de las mismas es, les repito, la política irresponsable del Gobierno de la Generalitat. No tenga usted la más mínima duda de que no ha habido ningún tipo de presión. (El señor Capdevila i Esteve hace un gesto de llamar por teléfono con la mano). No he llamado absolutamente a nadie y estoy convencido de que nadie ha llamado a nadie. Vuelvo a decir, no generen dudas e incertidumbres sobre una fuga y un éxodo de empresas que entiendo perfectamente que no les guste porque pone a las claras las enormes contradicciones e irracionalidad de la política del Gobierno de la Generalitat. ¿También hemos llamado nosotros para reducir las reservas turísticas o para que se reduzcan las ventas de coches en un 20 % o un 25 % o para que caigan las ventas de los grandes almacenes entre un 15 % y un 20 % o para que se retiren depósitos? Porque en cuanto los dos bancos anunciaron la modificación de su domicilio inmediatamente la situación se revirtió, señor Bel y señor Capdevila. No me sobrevaloren, no sobrevaloren, en última instancia, la capacidad del Gobierno. (Aplausos). Tengan ustedes un poquito de racionalidad y de sentido común. No estén tan ciegos. Piensen, en última instancia, los costes que esto tiene para la sociedad catalana.

Antes comentaba que nos hemos sacado una cifra, entre el 25 % y el 30 % de caída del PIB como consecuencia de la independencia. ¿Sabe usted cuánto cayó el PIB de Grecia durante la crisis? Un 26,5 %. Respecto a los datos de las guerras -que usted dice que eso fue durante la Segunda Guerra Mundial-, le diré que lo que sucede durante una guerra es una modificación de la composición del PIB, es decir, el PIB no militar cae un 75 % y el militar aumenta un 50 %. Esa no es la referencia. La referencia es, por ejemplo, el empobrecimiento que se produjo en Grecia, que no llegó a dejar el euro, pero que soportó, como sabe usted, un corralito, una caída en la inversión y un deterioro brutal de las expectativas. Esa es la referencia fundamental.

Yo no estoy dando, ni nadie da, carta de naturaleza a la independencia, la independencia no va a tener lugar, pero hay dos consideraciones que les haré. La primera es que en economía los agentes económicos en muchas ocasiones actúan por expectativas y, en este caso -no la expectativa de la independencia, porque, repito, el Gobierno de España tomará todas las medidas para que eso no ocurra y para que la integridad territorial sea plenamente respetada y se respete la Constitución-, las empresas se están yendo fundamentalmente porque están viendo la irracionalidad de sus políticas. Ustedes son capaces de romper todos los principios de la legalidad y del Estado de derecho y -como decía anteriormente y le repito- la legalidad no es un concepto divisible, si alguien viola una parte de la misma, qué garantía tenemos de que no se violen otras en las próximas semanas. La verdad es que ustedes no han mostrado mucho respeto por el Estado de derecho ni por las reglas básicas de la democracia en los últimos tiempos.

Por tanto, señor Bel y señor Capdevila, piensen y ya que son representantes, son diputados por Cataluña, hagan ver a sus grupos parlamentarios que ustedes saben de esto, que ustedes saben las consecuencias de lo que están haciendo y que, efectivamente, reconsideren y vuelvan a la legalidad para que acabemos con la tortura a la que nos está llevando el Gobierno de la Generalitat.

Muchísimas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. (Número de expediente 121/000002).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero de 2014.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días.

La contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales y, desde luego, incidir en la consecución de fines públicos de interés general distintos del propio objeto de cada contrato considerado individualmente, pero con la virtualidad de mejorar su calidad y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). En este contexto, hay que reconocer que el anteproyecto presentado por el Gobierno ha sido mejorado porque se han incorporado multitud de enmiendas, muchas de ellas transaccionadas con el resto de grupos políticos. En definitiva, es una ley prácticamente consensuada al 90 % en una ponencia, la del Congreso, donde ha primado la predisposición, la voluntad y el acuerdo.

Hemos negociado, nos hemos entendido y todos los grupos hemos cedido logrando una ley adaptada, por lo tanto, a los objetivos de las directivas comunitarias. Pero también tengo que decir que cuando la ley ha sido remitida al Senado, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que el propio grupo del PP ha enmendado tres artículos que habían sido aprobados por unanimidad en la ponencia del Congreso. Desde luego, no seremos nosotros los que digamos que no se pueden interponer enmiendas en el Senado, una Cámara que tiene, y debe tener, la posibilidad también de mejorar la ley, bien a través de nuevas enmiendas o bien modificando otras, pero lo que no nos parece acertado es que lo haga un partido que ha dado su voto favorable en la ponencia del Congreso y cuyo resultado ha sido la aprobación, vuelvo a repetir, por unanimidad de las mismas. ¿Qué ha pasado, que cuando las debatieron desconocían el alcance de las mismas? Son enmiendas que, por cierto, no son técnicas porque todas ellas lo que pretenden es permitir que en la contratación pública se respeten los convenios colectivos aplicables, es decir, el convenio colectivo de empresa, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones este tipo de convenios se han hecho para, tras un descuelgue, reducir de manera importante condiciones laborales esenciales para las personas trabajadoras, entre ellas, las salariales.

Lo que en el fondo nos encontramos aquí es un problema relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en los artículos 82, 83 y 85 del Estatuto de los Trabajadores, que en su última reforma establece la prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior y que, no nos engañemos, estos son superiores en general al convenio de empresa ya que, como he apuntado en muchas ocasiones, se han descolgado del sectorial con condiciones mucho más desfavorables para los trabajadores y trabajadoras. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías, les ruego silencio.

Continúe.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: La aplicación del convenio colectivo sectorial en el ámbito de la contratación pública no se hace por capricho. La propia directiva ordena a los Estados que establezcan normas específicas para asegurar que se cumpla la normativa laboral en un sentido amplio. Así, por ejemplo, se deduce del artículo 69.5 de la Directiva 24/2014 o también en su considerando 98, en el que se señala que deben aplicarse de conformidad con la Directiva 96/71/CE los criterios de adjudicación a las condiciones de ejecución de un contrato de manera que los aspectos sociales deban respetar las condiciones básicas reguladas en dicha directiva, como las cuantías de salarios. Asimismo, la Directiva europea 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores, dispone que los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo relativas a


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las materias siguientes que, en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo, estén establecidas por: disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y/o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general. En su artículo 3.8 establece que por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general se entenderán aquellos convenios colectivos que deben respetar todas las empresas pertenecientes al sector o profesión de que se trate correspondientes al ámbito de aplicación territorial de estos.

En definitiva, no vamos a apoyar las enmiendas del PP en el ámbito del sector público básicamente por varios motivos: Porque permitir la aplicación del convenio de empresa admitiría la utilización fraudulenta de estos para reducir significativamente las condiciones laborales, sobre todo las salariales, de las personas trabajadoras sin contratos, y especialmente en aquellos en que se utiliza intensivamente la mano de obra; porque debemos prevenir eventuales maniobras por parte de las empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores; porque las directivas comunitarias nos dicen que se deben respetar en todo caso las condiciones laborales pactadas en convenios colectivos universalmente aplicables, trasladando la de que se respete el sueldo mínimo que se establezca en cada sector productivo como regla única y uniforme para todo el mercado; porque, además, no se ha respetado el acuerdo de los grupos políticos ya que, como he dicho anteriormente, esos artículos fueron transaccionados y votados por unanimidad en el Congreso y, además, porque nuestro grupo es coherente con la posición que adoptó este grupo en contra de la reforma laboral del año 2012.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Navarro, un momento. Señorías, les ruego silencio. Muchas gracias. Continúe.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias otra vez, señor presidente.

Señorías, vamos a votar a favor de las tres enmiendas que tratan de lo mismo y lo vamos a hacer porque al remitir al convenio que sea de aplicación, nos parece una redacción más neutral. Eso evita que una norma de derecho laboral sea modificada por una de derecho administrativo y además por la puerta de atrás. Estamos de acuerdo en sentarnos y estudiar todas las reformas de legislación laboral que haga falta, atendiendo al cambio de la realidad social. Pero, como digo, no nos parece bien hacerlo por la puerta de atrás y tampoco nos parece bien crear un régimen específico de la legislación de contratación administrativa en la que rijan normas de derecho laboral distintas que para el resto de los contratos. También me gustaría decir que aquí unos votaremos a favor y otros en contra pero esto no debería enturbiar el trabajo realizado.

Señorías, desde que este proyecto llegó a la Cámara, nosotros defendimos su importancia, defendimos que no debía tratarse como una mera adaptación burocrática a las directivas europeas, sino que debía aprovecharse para hacer una reforma en profundidad. De lo que estamos hablando aquí es, sencillamente, de la correcta utilización del dinero público. Cuando la contratación pública no funciona, cuando no hay transparencia, cuando se produce la captura de los órganos de contratación por los agentes económicos, cuando se utiliza para fines distintos a atender a necesidades públicas, cuando no hay concurrencia, se produce un campo abonado para la corrupción, tanto para la corrupción dura -lo que ha sido la financiación de los partidos y de los agentes que intervenían en el proceso, que esperamos haya sido relegada al olvido- como para la blanda -que es la utilización partidista o electoralista de la contratación, que me temo que no está relegada al olvido-, se produce lo que en Sudamérica se llama capitalismo de compinches y que aquí hemos denominado alguna vez como capitalismo de amiguetes. Por eso, la reforma de la Ley de Contratos es una de las tres palancas que queremos usar para desterrar la corrupción y el amiguismo, para acabar con el capitalismo de compinches. Una de estas tres palancas se está trabajando ahora mismo en la Comisión de Fomento, que es conseguir la firma de un gran pacto de infraestructuras, con el que queremos alejar la politización de las decisiones de inversión en infraestructuras; algo más fácil de decir que de lograr, pero estamos en ello. La segunda de las palancas está a caballo entre la Comisión de Fomento y la Ley de contratos. Ya se aprobó una enmienda al respecto en los presupuestos generales de 2017, relativa a la


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creación y dotación de una oficina nacional de evaluación, que debe encargarse de evaluar las infraestructuras con criterios no solo de sostenibilidad económica sino también de rentabilidad socioeconómica. La tercera de las patas -me gustaría destacarlo- se ha conseguido con esta ley. "...un proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos..." Esto es lo que decía la primera Ley de contratos públicos en España, de 1852. Llevamos ciento sesenta años cometiendo errores similares. Señorías, todos los problemas y los abusos en la contratación pública se han intentado atajar poniendo más burocracia. Hemos conseguido una ley que es un mastodonte a base de meter más burocracia. Nosotros lo hemos enfocado de otra manera, lo hemos enfocado creando un supervisor independiente, una autoridad independiente que regule, que sea capaz de emitir instrucciones de obligada competencia y que supervise la contratación. Y esto no es algo que nos hayamos inventado; nos lo pedía la Unión Europea. Estamos muy satisfechos con esto. Estamos muy satisfechos también por todo lo que se ha enmendado, porque aquí ha habido un trabajo de todos los grupos, ha habido un trabajo de consenso y ha habido un afán serio de llegar a acuerdos por parte de todos los grupos presentes en la ponencia. Y estamos contentos del trabajo realizado en lo que se refiere a las pymes. Nos hemos preocupado mucho de abrir el mercado de la contratación a las pymes y esto lo hemos hecho, por ejemplo, asegurando que la división en lotes sea la norma. Y, además, nos hemos preocupado de evitar los abusos en el pago a los contratistas; no tenía mucho sentido que la Ley de morosidad establezca el pago de la Administración al contratista principal pero se desentienda del pago al subcontratista.

Pues bien, hemos hecho cosas tan importantes como no aceptar la posibilidad del pacto entre partes que acuerde plazos superiores a los establecidos por la Ley de morosidad, hemos contribuido a potenciar el uso de la factura electrónica, hemos establecido la obligación por parte de la Administración de comprobar el pago a los subcontratistas en determinados supuestos e incluso hemos introducido la posibilidad de que el órgano de contratación introduzca en los pliegos la posibilidad del pago directo. Hemos hecho mucho más; hemos sido sensibles a asuntos medioambientales, a la contratación de servicios sociales. En conjunto, quería resaltar que ha sido un trabajo intenso y que el resultado ha sido razonablemente bueno. Sin embargo, la aprobación de esta ley no es el final del camino, es decir, el objetivo de conseguir que el dinero público se use correctamente, porque ahora corresponde al Gobierno velar por que lo aprobado, entre ello nuestro supervisor, se cumpla y a nosotros nos corresponde velar por que así sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Navarro.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.

La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidente.

Antes que nada quería dar las gracias a los integrantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan en la tribuna, concretamente la gente de Cepes. En la tramitación de esta ley no solo nos han acompañado ellos sino muchos colectivos y creo que sin su duro trabajo que durante todo este tiempo ha acompañando también el nuestro, hubiera sido imposible que el texto de la ley resulte tal como va a resultar. Así que muchas gracias. (Aplausos).

Me gustaría empezar diciendo que, en realidad, la discusión de hoy no tendría que tener lugar. ¿Y por qué no tendría que tener lugar? Lo explico un poco remitiéndome a los inicios de la tramitación de esta ley. A finales de noviembre del año pasado el Gobierno remitía al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de contratos del sector público, un proyecto de ley que nuestro grupo -y no solo nuestro grupo- consideró en ese momento insuficiente, que no trasponía elementos de la directiva y además no abordaba los grandes retos de la contratación pública de nuestro país. Presentamos en su momento una enmienda a la totalidad que fue rechazada, pero esto no nos hizo decaer y trabajamos duramente para presentar enmiendas que pudieran mejorar ese texto -en total 186 enmiendas-, dirigidas fundamentalmente a tres objetivos: en primer lugar, lo que hemos llamado la democratización de la contratación pública, es decir, lograr que ese 18 % del PIB no sea coto vedado de las grandes empresas sino que pudieran tener entrada las pymes, los autónomos y las ofertas de entidades con mayor sensibilidad social y ambiental; en segundo lugar, la eficiencia, evitando los sobrecostes y, además, desterrando la dictadura del precio sobre la calidad porque nos parece que lo barato al final sale caro, y en tercer lugar, perseguir la corrupción y conseguir una mayor transparencia.


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Creo que todos los ponentes de esta ley coincidiremos en que ha sido un trabajo duro, un trabajo intenso pero donde realmente ha habido voluntad y necesidad de encontrar un consenso, de encontrar acuerdos y negociar un texto en el que se pudieran integrar los máximos consensos posibles, que realmente es el texto que se puso encima de la mesa en el trabajo de la ponencia. Esto demuestra que, realmente, cuando hay voluntad política de acuerdo y de diálogo se pueden abrir vías de diálogo y de consenso. Este texto incorporaba hasta ciento quince enmiendas de nuestro Grupo Confederal y no me resisto a señalar algunos de los logros que me parecen más importantes e interesantes que se incorporan. Va a ser imposible relatar todos porque son muchos, pero me parece importante destacar cómo a partir de mañana el precio no será el criterio fundamental para valorar las ofertas, sino que la calidad estará por encima. Las cláusulas sociales permean todo el desarrollo de la ley, todo el articulado de la ley, desde el artículo 1 y todo su desarollo. Se consiguen las reservas de contratos para entidades de economía social y la garantía de los salarios -por ejemplo, puede ser causa de resolución del contrato el impago de salarios-, la obligación de las administraciones públicas de retener los pagos en caso de impagos de salarios de los contratistas a los trabajadores y trabajadoras, y consulta a organizaciones sociales durante el trámite de adjudicación. En cuanto a las pymes, son también muy importantes los avances que se consiguen, generalizando la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, también rebajando criterios de solvencia para empresas de primera creación y generalizando la división por lotes.

En cuanto a la transparencia, también hay avances importantes. Se publican prácticamente todos los hechos que tienen que ver con el procedimiento de contratación, se publica en el perfil de contratante, se baja por fin la cuantía de los contratos menores, se acaba con las instrucciones, se democratiza el acceso al recurso especial de contratación, introducimos un procedimiento totalmente nuevo... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Honorato, un momento, por favor.

Señorías, por favor, les ruego silencio. No se está escuchando a la oradora y es a quien se tiene que escuchar.

Continúe.

La señora HONORATO CHULIÁN: Introducimos, como digo, un procedimiento totalmente nuevo, ágil, objetivo, transparente y de fácil acceso para las pymes. También es cierto que no son todos logros, también hay algunos peros que ya señalamos en la tramitación aquí, en el Congreso. El que mayor inquietud nos generaba era el relativo a todo lo que tiene que ver con el mecanismo de supervisión. Nos parece que el mecanismo de supervisión queda cojo porque es excesivamente complejo y a la postre se incardina en el Ministerio de Hacienda. Nos parece que una oficina realmente independiente de supervisión no podría estar incardinada en el Ministerio de Hacienda.

Tampoco nos convence la naturaleza de las tarifas de las concesiones de obras y servicios, ya que se considera su carácter no tributario y no estábamos de acuerdo con ello. También nos parece que hemos desaprovechado una ocasión para establecer un carril ancho, amplio y fácil de recuperación de servicios públicos privatizados. No obstante, este fue el texto que se consensuó en el trámite de la ponencia y, como decía al principio, no deberíamos estar aquí ahora debatiendo esto por una razón sencilla: porque no esperábamos que el Partido Popular hiciera valer su mayoría absoluta en el Senado para modificar aquello en lo que ya habíamos trabajado en el seno del Congreso. Por una cuestión de forma no estamos de acuerdo con este método, ya que habíamos empleado un largo tiempo en ese trabajo en el Congreso, pero tampoco estamos de acuerdo con el fondo, ya que nos parece que estas enmiendas pueden abrir la posibilidad a descuelgues de convenios sectoriales más garantistas y encontrarnos en situaciones en las que haya competencia por tirar los precios de los salarios para conseguir contratos administrativos. Por tanto, como digo, vamos a votar en contra.

En cualquier caso, me parece importante reseñar, con independencia de que se aprueben estas tres enmiendas del Grupo Popular -mejor si no se aprueban-, que el texto que verá la luz a partir de los próximos días, la nueva ley de contrato del sector público de nuestro país, no es el proyecto que presentó el Partido Popular, no es el proyecto que trajo el Gobierno a esta sede, sino una ley mejor, una ley híbrida, una ley que parte de las aportaciones de todos los grupos políticos de esta Cámara y que va a permitir mejoras tangibles: una contratación más transparente, de calidad y con sensibilidad social. Tampoco nos engañamos porque sabemos que queda mucho trabajo y que quedan tareas pendientes, pero estamos orgullosos de haber ayudado a construir la primera parte del camino.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Honorato.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista nunca pensábamos que volvería al Congreso de los Diputados la Ley de Contratos del Sector Público después de pasar por el Senado, y más tras un largo período de tramitación donde el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas consiguió que se creara un clima de trabajo en favor del interés general y de los muchos sectores y colectivos a los que afecta esta ley. No en vano, sabemos que la contratación pública supone en España casi el 20 % del producto interior bruto. Pero no somos ingenuos, intuíamos que la voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular solo era un espejismo, una necesidad y no una voluntad ni un convencimiento. En su ADN no están ni las cuestiones sociales ni las cuestiones medioambientales, y así lo hemos comprobado, pues en cuanto el texto remitido por el Congreso ha llegado al Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular cuenta con mayoría absoluta, le ha faltado tiempo para enmendarlo y han preferido que el texto vuelva a esta Cámara aumentando la demora que ya arrastra la tramitación y el riesgo de penalización de Bruselas por el retraso de dieciocho meses en la trasposición de la directiva europea. Dirá que solo en tres artículos, pero ¿qué tres artículos han tocado, señoría? Aquellos que afectan a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más débiles. Aquellos que afectan a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios públicos, de muchos servicios públicos que ustedes privatizaron y llevaron a la gestión indirecta. Y ahora sufren las consecuencias de esas decisiones políticas. Están viendo cómo su trabajo está mal pagado, no se reconocen sus derechos y, encima, los beneficios se los llevan otros, es decir, los empresarios adjudicatarios.

Estas son las consecuencias de haber privatizado, por ejemplo, la seguridad en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Soy cordobesa y le quiero hacer una pregunta como ejemplo de esa precarización de la que hablo. ¿Me pueden decir por qué a los cincuenta y dos vigilantes de seguridad de las estaciones de tren de Córdoba y su provincia, trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria a la que ADIF le adjudicó el contrato del año 2015, no les han pagado su nómina desde agosto? ¿Y ahora qué? ¿Pueden reclamarle a Prosegur, que es la nueva empresa adjudicataria y ha subrogado a estos trabajadores? ¿Van a perder su salario, como ya les pasó en otra ocasión? ¿Se ha interesado el Ministerio de Fomento por ver si se ha cumplido el pliego de condiciones, por ver si se ha resuelto el contrato y en qué condiciones? ¿Alguien del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, de ADIF o del Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado cómo viven estas familias sin cobrar desde agosto? Señorías del PP, les pregunto: ¿A ustedes les preocupa la clase trabajadora de este país?

Pese a este panorama, señorías del Partido Popular, ustedes se entretienen en corregir lo que por unanimidad de la ponencia se había acordado: la protección de los trabajadores de empresas adjudicatarias de servicios públicos. Sus compañeros del Partido Popular en el Senado les han quitado de nuevo la máscara, les han puesto al descubierto y de nuevo vemos lo que son, el partido de la reforma laboral más dañina para millones de trabajadores españoles. Se les ve el plumero otra vez e insisten en la destrucción de la jerarquía de los convenios, y no sirve de nada que digan que es una decisión o una precisión técnica. Estas enmiendas corrigen las referencias de cumplimiento de las obligaciones laborales como criterio de adjudicación, como condición o ejecución o como causa de penalización a los convenios sectoriales y pone en su lugar los convenios de aplicación. Como saben, señorías, la reforma del Partido Popular dio prioridad a los convenios de empresa sobre todos los demás. Al empresario le basta con hacer su convenio de empresa ajustadito y, hala, a contratar. ¿No creen que sería más digno primar en la contratación pública a aquellos licitadores que estuvieran asumiendo mayores niveles salariales a través del convenio sectorial? No nos engañemos, el convenio sectorial es siempre más beneficioso para los trabajadores que el de empresa. De modo que esta enmienda no tiene nada de técnica y supone abundar en la transferencia de rentas salariales al capital, que en eso consiste en el fondo su reforma laboral. Todo ello, a costa de seguir manteniendo e incrementando la precariedad laboral. ¿Dónde está la primavera del empleo que vive este país, según la ministra Báñez? A esa primavera, en caso de existir, últimamente se le han caído las hojas como se les han caído a ustedes las caretas. Será porque estamos en otoño.

Clavar la bandera de la reforma laboral en la Ley de Contratos del Sector Público es para el Grupo Parlamentario Socialista una especie de puya que no estamos dispuestos a apoyar; todo lo contrario. Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista no le gustó el proyecto que hace ya casi un año remitió el Gobierno a esta Cámara, un proyecto que tenía la obligación de recoger el mandato de la normativa


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europea. La directiva indicaba que la normativa española en materia de contratación pública debía ser más transparente para luchar contra la corrupción y que debía incorporar cláusulas sociales y medioambientales, favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública y establecer un sistema de gobernanza; en definitiva, favorecer la contratación pública socialmente responsable, eficaz y eficiente. El proyecto adolecía de muchas de esas cuestiones y, por ello, en el Grupo Parlamentario Socialista entendimos que había que mejorar dicho texto a través de las enmiendas que nos estaban haciendo llegar diferentes colectivos, asociaciones, Gobiernos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias, entidades y expertos en la materia, a todos los cuales les agradecemos sus aportaciones. El Grupo Parlamentario Socialista presentó cuatrocientas enmiendas dirigidas a humanizar la propuesta del Gobierno. Fruto de nuestro compromiso con los trabajadores, se han introducido mejoras en el proyecto de ley para que haya una contratación pública socialmente responsable basada en criterios sociales y medioambientales, que favorezca el acceso de las pymes y la protección del subcontratista; para que el criterio de adjudicación no sea exclusivamente el precio, sino que prime en la adjudicación la oferta económicamente más ventajosa según la relación calidadprecio; y para que se tenga en cuenta el coste de los salarios en aquellos contratos donde el objeto principal del servicio sea la mano de obra.

Conseguimos mejorar el texto presentado por el Gobierno sobre la base del consenso, de la voluntad política y del diálogo de todos los presentes en la ponencia. Pero, ¿era suficiente esto para el Grupo Parlamentario Socialista? No. A pesar de la predisposición del Gobierno -más por necesidad que por voluntad e ideología-, consideramos que dicho proyecto seguía teniendo carencias y dos líneas rojas para el Grupo Parlamentario Socialista. Esta ley limitaba bastante las opciones de remunicipalización de servicios y, además, suprimía el contrato de gestión de servicios públicos, una figura muy arraigada en nuestro derecho que ha mostrado su eficiencia en la prestación de servicios públicos del Estado social y que es perfectamente compatible con el mandato de la directiva europea.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Serrano, tiene que ir acabando.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Voy terminando, señor presidente. Gracias.

Debido a estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo en la sesión de la Comisión de Hacienda del pasado 27 de julio en la que se aprobó el proyecto de ley de contratos del sector público a la vista del informe elaborado por la ponencia. Pero ahora, señorías, no nos podemos abstener ante estas tres enmiendas introducidas con nocturnidad y alevosía en el Senado. Esta ley era una oportunidad del Gobierno para establecer desde la propia Administración y a través de la contratación pública medidas que garantizarán la reversión de la injusta situación social, laboral y empresarial propiciada por los años de su mayoría absoluta con la excusa de la crisis. Sin embargo, lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular cuando se ha visto con mayoría absoluta en el Senado es volver a recortar los derechos de los trabajadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Acabe ya, señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, termino. Gracias.

Han perdido la oportunidad de devolver a los trabajadores lo que es de los trabajadores. Señorías, más de lo mismo en la actuación del Grupo Parlamentario Popular con respecto a los trabajadores en esta ley, más precariedad y más pobreza para este país y para los trabajadores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bravo Baena.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.

Ministro, señorías, hoy finaliza la tramitación de lo que hace unos meses era el anteproyecto de trasposición de una directiva y hoy es una nueva Ley de Contratos del Sector Público. El camino no apuntaba fácil; más bien, todo lo contrario. La situación política parecía insinuar que el acuerdo iba a ser prácticamente imposible, pero la realidad ha sido otra. Hoy tenemos la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una ley que va a tener una incidencia directa en la creación de empleo y en el crecimiento económico de este país; no en vano representan el 20 % del producto interno bruto y afectan tanto al sector público como al sector privado. Permítanme una licencia, permítanme que en mi exposición solo vea lo positivo, lo positivo de lo que representa esta ley, lo bueno que trae esta ley y lo bien que ha


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trabajado el conjunto de las fuerzas políticas representadas en este Pleno. Han trabajado muy bien, aunque no todos compartan mi opinión.

Dos cuestiones diferentes en el planteamiento: qué es lo que ha aportado la ley y cómo hemos llegado hasta aquí. Principales hitos que hemos conseguido. Se planteaba necesario mejorar la relación calidad-precio y creo que lo hemos conseguido incluyendo aspectos cualitativos, medioambientales, sociales, laborales e innovadores, vinculados todos con el objeto del contrato. Se ha demostrado una sensibilidad especial hacia el tercer sector. Hemos construido una mejor arquitectura institucional para disponer de unos mejores instrumentos que nos permitan controlar las irregularidades administrativas y la lucha contra la corrupción. Un ejemplo, la Autoridad Independiente de Contratación Pública. Por primera vez en la Ley de contratos hemos incorporado que la Administración pueda pagar directamente a los subcontratistas. Esto significa ser punteros en el ámbito de la Unión Europea y no solamente eso, sino que la Administración va a poder controlar los plazos medios de pago en atención a nuestra Ley de morosidad, a reducir esos plazos de morosidad. Hemos establecido también un mayor control de contratación en entidades del sector público, especialmente del instrumental. ¿Cómo? Eliminando las instrucciones y normas internas de contratación. También era importante trabajar con las pymes. ¿Qué hemos hecho con las pymes? Hemos dado mayor transparencia al procedimiento administrativo, hemos reducido y simplificado las cargas, hemos hecho una nueva redacción para los lotes, y por último, para favorecer a aquellas empresas de nueva creación, hemos establecido medidas en materia de solvencia. Además, y como no podía ser de otra manera si apostamos realmente por la I+D+i, se ha regulado un nuevo procedimiento de asociación para la innovación. Por último, los trabajadores. A pesar de que otros piensen que para nosotros no son importantes, sí que son muy importantes para el Partido Popular. Por eso seguimos trabajando en la creación de empleo. Hemos establecido obligaciones esenciales para mejorar la calidad de las condiciones de empleo y sus retribuciones y, además, en caso de incumplimiento justificará la resolución del contrato.

Me refiero ahora a las tres enmiendas de las que ustedes han hablado. Diputada del Grupo Socialista, esas tres enmiendas son de carácter técnico. Afectan a tres artículos: 122, 149 y 202. ¿Saben lo que pretenden incorporar? Una coletilla. ¿Sabe lo que dice esa coletilla? No dice qué convenio tenemos que aplicar, dice que aplicaremos el convenio colectivo aplicable vigente, el que decidamos entre todos. ¿Por qué decimos eso? Ustedes han propuesto en la Comisión de Empleo la apertura de una ponencia para hablar del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a contratas y subcontratas. Lo que se decida ahí, con esta coletilla se traspondrá directamente a la Ley de Contratos del Sector Público. Eso es lo que se pretendía en el Senado, no había ninguna otra intención más que darle coherencia. ¿Por qué? Porque lo contrario puede producir inseguridad jurídica, conflicto en la aplicación de la norma o interpretaciones contradictorias, y de alguna manera la aplicabilidad de la Ley de contratos podría ser imperfecta.

En segundo lugar, relatemos cómo hemos llegado hasta aquí. Si esta ley es algo, es la ley del consenso, del acuerdo, del diálogo, de la cesión de las partes -sí, de la cesión de las partes- para conseguir el objetivo común, que era lo mejor para nuestros conciudadanos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con la ayuda de 169 entidades que en el trámite de audiencia pública han colaborado. Y en la tramitación parlamentaria el Partido Popular ha recibido a más de sesenta entidades y colectivos profesionales, al igual que, estamos seguros, han hecho todos ustedes; seguro, todos han recibido a muchísima gente. Esta ley recogió 1081 enmiendas, más del 90 % de las cuales han sido acordadas, incorporadas o transaccionadas. Esa es la muestra del diálogo, eso es el reflejo de horas y semanas de reuniones en ponencia, de reuniones bilaterales, de reuniones en pasillos, de discrepancia, pero todo con un fin común: aprobar la ley del sector público. Recordemos, esta ley se ha aprobado sin ningún voto en contra, sin ninguno.

Y permítame que entre en la parte de agradecimientos con una manifestación unánime de todos los miembros que conformaban la ponencia en la Comisión de Hacienda al letrado de la Comisión, al subsecretario de Estado de Hacienda y al director general de Patrimonio. Queremos hacer un reconocimiento expreso desde la bancada del Grupo Popular a todos los compañeros ponentes del resto de fuerzas políticas. Estamos encantados del trabajo que han realizado, muy contentos (Aplausos), y no solamente a los ponentes, sino que queremos agradecer a aquellos que, no siendo ponentes, han permitido que esta ley tuviese cero votos en contra, porque somos conscientes de que ha habido personas que desde la parte de atrás han ayudado a eso, y creo que es de justicia agradecérselo. Quiero resaltar en este lugar que hay una persona que ha acaparado todos los agradecimientos, el diputado Marí Bosó, que recibió el agradecimiento de todas las formaciones políticas por su trabajo, por su capacidad de


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negociación y por su dirección, de hecho y de derecho. Permítanme que le sume un agradecimiento por mi parte, por la generosidad que ha tenido en permitirme cerrar el debate de esta ley de contratos, cuando el auténtico artífice de toda la ley ha sido el diputado Marí. (Aplausos).

Para hacer justicia a la ley, me parece correcto reproducir algunas manifestaciones -literales- realizadas por algunas de sus señorías, no del Partido Popular sino de otras formaciones: Esta ponencia es peculiar por su duración y por su voluntad de consenso. Esta ponencia destaca por su cordialidad y entendimiento. Esta ponencia es la voluntad de conseguir el máximo consenso posible, un consenso que vale la pena. Esta es la ponencia que demuestra la política entendida como la búsqueda de acuerdos, es decir, ennoblece el parlamentarismo. Por ello, permítanme concluir, como reflexión para todos: cuando compartamos ideas y planteamientos desde el respeto a la Constitución, a la ley, al ordenamiento jurídico, a las instituciones -hablo del Congreso, hablo del Senado, hablo del Pleno, hablo de las comisiones, hablo de las ponencias-, cuando atendamos a las recomendaciones de los letrados y también a nuestro respeto al ámbito internacional en el que nos movemos -principalmente la Unión Europea-, seremos capaces -y con esta ley lo hemos demostrado- de construir un futuro mejor para España y para los españoles. Creo sinceramente que los españoles se lo merecen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bravo.

- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000004).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al punto 33 del orden del día: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley sobre precursores de explosivos.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Intervengo simplemente para manifestar que no tenemos ninguna observación que hacer a las enmiendas aprobadas en el Senado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la aprobación de esta ley es fruto del mandato del Plan de acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad en el tratamiento de los explosivos, un plan de acción del que emanó posteriormente el Reglamento de la Unión Europea 98/2013 -del Parlamento Europeo y del Consejo-, sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, el cual, aunque es de aplicación directa en cada Estado miembro, preveía la aprobación de una norma en dichos Estados que permitiera su correcta aplicación. Señorías, lo dijimos ya cuando se debatió anteriormente en el Pleno esta misma proposición de ley. A nosotros, a los partidos liberales -a los de verdad, no a otros-, nos gustan muy poco las restricciones de carácter regulatorio. Nos gusta poco tener que legislar sobre cómo limitar el trabajo de los profesionales, en este caso del sector de los explosivos, sin embargo, consideramos que este real decreto resulta necesario para la industria de los explosivos, tanto para los fabricantes, los almacenadores y los distribuidores, como para los que al final compran estos productos, sustancias o compuestos derivados; y resulta necesario, sobre todo, para la seguridad de todos los españoles, que es el prisma sobre el que nosotros entendemos que debemos valorar esta norma. Es más, desde ese punto de vista, que a nosotros nos parece fundamental -repito-, podríamos decir que la votación de este proyecto de ley llega tarde, porque algunos partidos han retrasado su aprobación en detrimento al final de la seguridad de todos los españoles. Lo advertíamos ya en el pasado mes de marzo durante el debate de la toma en consideración de esta ley. Más de un tercio de los detenidos en España por su vinculación de una u otra forma con el terrorismo islámico están inmersos en células terroristas, como pasó en Barcelona o en Cambrils. Cualquiera de ellos puede recurrir a Internet para conocer el proceso de fabricación de un explosivo, tal y como hicieron de hecho esos terroristas en aquellos atentados. Los precursores de explosivos al final no son más que sustancias que, aun siendo legales, aun siendo inocuas, son susceptibles de utilizarse en concentraciones elevadas para la fabricación casera e ilícita de explosivos con los que se pueden cometer


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atentados terroristas. Esto sucedió en Londres en 2005, en Oslo en 2011, en París, en Bruselas y en Barcelona también, para desgracia de todos nosotros, en donde los terroristas utilizaron acetona, propanona, sustancia de uso legal pero que puede ser utilizada como precursor de explosivo. Todas estas sustancias, señorías, se pueden adquirir fácilmente en concentraciones suficientes para fabricar un potente artefacto siguiendo la información que hoy en día está disponible en la red de forma sencilla para cualquiera. Siguiendo este razonamiento, nos deberíamos plantear cómo pudieron acumular los terroristas en Barcelona, en Alcanar, 500 litros de acetona hasta fabricar 100 kilos de explosivos -100 kilos de explosivos con 500 litros de acetona- sin generar ninguna sospecha. Pues en gran parte debido al vacío legal que existía hasta ahora y antes de la aprobación de esta ley. Evidentemente, no podemos asegurar que esta norma vaya a ser el antídoto infalible contra nuevos atentados terroristas en nuestro país o en cualquier otro sitio, pero de lo que no cabe duda es de que será un obstáculo para quienes tengan esa intención de cometerlos y, por tanto, contribuirá modestamente a mejorar algo tan importante como es la seguridad de todos nuestros ciudadanos.

Los españoles necesitamos normas adecuadas y necesarias para hacer frente al terrorismo o a cualquier otra estrategia delictiva que incluya el uso de este tipo de materiales, señorías. Por tanto, creo que no debemos dilatar más la aprobación de normas como esta que sometemos en este momento a debate. Aceptaremos las enmiendas que se han introducido en el Senado porque entendemos que son enmiendas técnicas que lo que hacen es completar y dar mayor seguridad jurídica, sobre todo en la gestión de los expedientes sancionadores que pudieran derivarse del uso incorrecto de la norma y, por tanto, instamos al resto de grupos a que de una vez contribuyamos de verdad a la seguridad de todos aprobando este proyecto de ley.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gutiérrez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar esta intervención hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enviando un mensaje de esperanza, de ánimo y de cariño especialmente a todas esas mujeres que están pasando por el duro trance de esta enfermedad. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza! (Aplausos).

Entrando ya en la cuestión que nos trae hoy aquí, los antecedentes de la norma de este proyecto de ley sobre precursores de explosivos, que previsiblemente será aprobado hoy, se remontan al año 2008, cuando el Consejo de la Unión Europea aprueba un plan para mejorar la seguridad de los explosivos. El objetivo de este plan no es otro que el de reforzar el control de los explosivos de fabricación ilegal y reducir por tanto el riesgo del acceso... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor DELGADO RAMOS: ... a un alto nivel de sustancias que puedan ser utilizadas como precursores de explosivos, lo que se conoce como bombas de fabricación casera. Esto surgió como consecuencia de la preocupación de toda Europa por la amenaza para la seguridad pública del terrorismo, así como de otras actividades graves relacionadas con el crimen organizado. Todavía tenemos en la retina y en la memoria todos esos atentados que se han producido en Europa; tampoco nuestro país ha sido ajeno a estas tragedias. Tenemos en la memoria los atentados de Cambrils y de Barcelona, que pretendían una tragedia mucho mayor utilizando estas sustancias químicas. De hecho, se incautaron 500 litros de este tipo de sustancias para poner en marcha la denominada bomba "madre de Satán" para conllevar una mayor masacre en este atentado. Por tanto, la aprobación de esta ley es más que necesaria. De hecho, nuestro grupo va a apoyar siempre todo este tipo de medidas que sirvan para prevenir, para perseguir y para neutralizar todo tipo de terrorismo, eso sí, siempre que las medidas legislativas respeten escrupulosamente el Estado de derecho, es decir, las libertades y los derechos fundamentales que tienen todas las personas, porque las normas deben estar encaminadas a la búsqueda de la paz y de la seguridad. Por ello, es lógico que legislemos sobre mecanismos que permitan, insisto, prevenir y anticiparnos a las amenazas terroristas. Es verdad también que en algunas cuestiones esta ley se queda corta. A nosotros nos habría gustado que se hubiesen aceptado algunas enmiendas de las que hemos propuesto -se han aceptado algunas-, como por ejemplo la de incorporar mecanismos de una mayor coordinación entre las


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diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque si no abordamos esto, después pasa lo que pasa. De hecho, este debate empezó aquí precisamente con una enmienda a la totalidad de un grupo por la cuestión de mejorar la coordinación. En todo caso, sin duda esta ley es mejor que lo que teníamos. Nosotros hemos contribuido humildemente, poniendo nuestro granito para mejorarla, y creo que entre todos lo hemos conseguido. Lo que queda meridianamente claro es que el trabajo de todos es la mayor prueba del compromiso de todos los que estamos aquí y los que hemos trabajado en esta norma en la lucha contra el terrorismo.

Hay que resaltar algo que creo que es importante, y es que la lucha contra el terrorismo no puede conllevar el recorte de derechos a la ciudadanía. Esta es una línea roja que no debemos traspasar. La lógica tiene que ser a la inversa, es decir, en lugar de recortar derechos tenemos que fortalecer el Estado de derecho. Pero aquí no acaba todo, sino que tenemos que seguir trabajando en medidas para fomentar y dar mejor respuesta al terrorismo. Por ejemplo, yo creo que tenemos que abordar -es una cuestión importante- un estudio y un análisis en profundidad que conlleve la reforma de la Ley 2/1986. Es una ley desfasada, de hace más de treinta años, que hoy no da los resultados que sí daba hace treinta años. No hay ningún sindicato de la Policía, ninguna asociación de la Guardia Civil, que esté de acuerdo con este modelo policial, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tenemos que ser valientes y en un pacto de Estado ponernos a trabajar pensando en qué modelo de Policía queremos y qué modelo necesitamos para nuestro país, para cambiar esta ley que, como digo, está obsoleta, tiene más de treinta años. De hecho, nosotros hemos solicitado una subcomisión para trabajar con todos los expertos en cambiar el modelo policial en este país.

Por último, quiero dar las gracias a todos los que hemos trabajado en la redacción de esta norma, a todos los ponentes y a los letrados, porque lo hemos hecho en un clima de entendimiento, constructivo. A pesar de todas nuestras diferencias, de lo que nos separa, hemos contribuido a redactar una ley que va en interés de los ciudadanos. No cabe duda -este es el ejemplo de esta ley- de que el diálogo siempre es el mejor camino para resolver problemas y para llegar a un buen acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, y dadas las circunstancias con las que vivimos y defendiendo siempre que un Congreso debe de ser activo y reaccionar ante los acontecimientos que se suceden en la vida diaria, y aprovechando que se encuentra con nosotros el ministro del Interior, me gustaría trasladar mi solidaridad a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por el inaceptable escrache que sufrió en su domicilio particular. (Aplausos). Aprovecho mis minutos brevemente, señor ministro, para transmitirle la preocupación que tenemos en Valencia por el crecimiento y el progreso de estos grupos fascistas de ultraderecha que están bien identificados, que últimamente vienen actuando con impunidad y que causan verdadera preocupación en la población. Le rogamos que su ministerio se implique y que, por favor, a través de la Comisión de Interior, nos haga llegar todas las medidas que usted considere. Muchas gracias. (Aplausos).

Ahora entramos en una materia delicada como son los precursores de explosivos; delicada porque, como ustedes saben, es altamente inestable. De todas maneras intentaré centrarme en los aspectos más formales del procedimiento que hemos seguido, señorías, para sacar adelante una ley de precursores de explosivos que culmina en este día de hoy. Una tramitación donde se regulan aspectos esenciales para aplicar un reglamento europeo que de facto ya era aplicable desde enero de 2013 -básicamente desde 2014, que fue la fecha oficial de su aplicación- para la comercialización y utilización de precursores de explosivos. Desde esa fecha -llamo su atención sobre el hecho- se manifiesta un retraso en la aprobación de la ley en España, un retraso que hace que a día de hoy no estén regulados esos aspectos esenciales que necesitábamos adaptar para que pudiera aplicarse debidamente en España e, inevitablemente, me he de dirigir a las señorías del Partido Popular que han sustentando al Gobierno durante estos últimos años. Señorías, en materia de seguridad, como ustedes saben -pero hay que recordarlo-, no cabe ninguna autocomplacencia, sino la máxima exigencia y diligencia. Por razones de seguridad nacional les pregunto, ¿cómo es posible que el Gobierno no tramitara y no aprobara ya esta ley en la X Legislatura? ¿Cómo es posible que el propio Consejo de Estado haya tenido que reprender al Gobierno para que tramite con mayor premura proyectos como este? ¿Cómo es posible que la Comisión


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Europea haya tenido que iniciar un procedimiento por incumplimiento al Gobierno de España por este retraso inexplicable mientras el ministro del Interior -en este caso, Fernández Díaz- estaba tan en otras cosas que hemos tenido que abrirle en este Congreso, en esta legislatura, una comisión de investigación para que explicara el uso partidista de su ministerio?

Señorías, la trascendencia de la materia que regulamos y la necesidad de controlar exhaustivamente estas sustancias se ha puesto dramáticamente de manifiesto con los recientes atentados de Cataluña. En el auto judicial de estos atentados terroristas se afirma: Existen indicios racionales y suficientes de que en la vivienda de Alcanar se estaba intentado fabricar peróxido de acetona, más conocido como TATP, es decir, "la madre de Satán", utilizado habitualmente por la organización terrorista Daesh en sus recientes acciones terroristas como los atentados de París y de Bruselas. En el caso de Cataluña, según la instrucción judicial, la explosión espontánea en la casa de Alcanar frustró los planes iniciales de los terroristas de Ripoll que eran, desgraciadamente, un gran atentado con esos explosivos en Barcelona. Señorías, no puede haber autocomplacencia cuando en 2017, con el reglamento europeo ya en vigor pero con esta ley todavía en tramitación -y lo han dicho algunos de los diputados que me han precedido-, los terroristas acumularon en la casa de Alcanar una ingente cantidad de acetona -como se dice en el auto judicial, al parecer hasta 500 litros, porque no está todavía terminado todo el peritaje-, un precursor en la lista de precursores, un precursor que está en el anexo del listado de precursores que el reglamento europeo nos facilita desde el año 2013. Y no puede haber ninguna autocomplacencia en este caso ni en Mossos d'Esquadra ni en el Ministerio del Interior ni en el Gobierno de la Generalitat con todo lo sucedido. Como diputada en el Congreso me resulta muy intranquilizador oír lo que ha declarado uno de los vendedores de acetona en España: "Nosotros no teníamos ninguna orden de coger datos ni de comunicar nada", o lo que ha dicho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo: "Consideramos que esos controles no se están aplicando y que deberían ser revisados para que no vuelvan a fallar".

Señorías, la seguridad nacional es una prioridad para el Grupo Parlamentario Socialista y nuestra actitud durante todo el trámite de esta ley ha sido aportar todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para hacer las mejoras posibles al articulado de la ley tanto en el Congreso como en el Senado. Creemos que no han sido estudiadas ni aceptadas por el Grupo Popular desde el principio con la dedicación que la materia exige y solo en la recta final se han reconsiderado algunas de nuestras aportaciones. Valoramos positivamente las mejoras introducidas en el Senado en la línea de las enmiendas que ya habíamos planteado, como la supresión del artículo 4.6 de transacciones entre particulares, que siempre dijimos que desvirtuaba el mandato principal del reglamento comunitario. Nos congratula que el Gobierno haya aceptado finalmente nuestra enmienda para realizar una o varias campañas de información dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a negocios particulares que facilitarán, sin duda, el cumplimiento de la nueva ley y ayudarán a concienciar a los ciudadanos sobre los precursores de explosivos, ya que, como hemos visto, había gente que no se daba por enterada de que esto funcionaba así. También nos alegramos de que por fin se haya corregido en el Senado el galimatías de las autoridades competentes con las que salió el proyecto del Congreso. Discrepamos de que se mantenga la expedición de la licencia sujeta a una tasa, manteniendo una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso cuyos efectos no fueron valorados previamente ni por el Consejo de Estado ni por el Consejo de Ministros ni por el propio Ministerio de Hacienda. Tampoco se explica, fuera de la lógica recaudatoria, que las cuantías de las sanciones sean similares para particulares y operadores económicos, lejos de lo que ocurre con los precursores de drogas.

Termino, señorías. Nuestro voto va a ser favorable porque esta nueva ley, a pesar de la tardanza y con las limitaciones que he señalado, puede contribuir a mejorar la seguridad nacional y, lo que es también muy importante, a salvar muchas vidas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Botella.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Como gallega de una zona muy afectada por los incendios forestales, me gustaría que mis primeras palabras en esta tribuna fueran para los vecinos y todos los gallegos que durante estos días han estado luchando junto a los brigadistas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra ese terrorismo incendiario que ha asolado nuestras tierras y las ha teñido de negro. (Aplausos). Esa gente que desde el domingo a las cuatro de la tarde luchaba con sus propias manos


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contra los incendios mientras otra gente, minoritaria en Galicia, se dedicaba en grupos de whatsapp a convocar manifestaciones para el día siguiente. Esas dos Galicias. (Aplausos). Señor ministro, me alegro de que la Guardia Civil -y quiero que la felicite- haya detenido a dos personas, desgraciadamente de mi provincia de Ourense; uno de ellos reconoce que le pagaban por cada incendio 50 euros. ¡Qué triste teñir de luto nuestro parque natural del Xurés por 50 euros! Así que felicite a la Guardia Civil, a la Policía, porque seguramente habrá más detenciones. (Aplausos).

Señorías, hoy debatimos aquí la ley de precursores de explosivos. España, como todo el mundo sabe, está en alerta 4. España se enfrenta al terrorismo yihadista y al crimen organizado, como el resto de países del ámbito internacional, por eso la respuesta tiene que ser internacional, tiene que ser europea. Y la respuesta europea viene precisamente con esta ley, con el desarrollo el Reglamento 98/2013, estando algunos de sus preceptos -como aquí algún ponente desconoce- vigentes desde el 2 de septiembre de 2014, si bien era necesario el desarrollo de otros artículos. Pues bien, al mes siguiente de tomar posesión el señor ministro del Interior -y ya se lo repetí a la señora Botella en otra ocasión- el proyecto de ley entraba en el Congreso de los Diputados; mayor celeridad, imposible.

Señorías, esta ley sale con un amplio consenso, como así se ha podido ver tanto en el Senado como en el Congreso. Hay un partido, del que algún diputado dice que está en el gallinero -yo no voy a decir que está en el gallinero porque, señorías, yo estoy más arriba que el gallinero, pero no importa el espacio donde nos sentemos aquí, sino el tamaño de los que estamos aquí. Yo no me refiero de forma peyorativa al gallinero porque, como digo, estoy más arriba que ustedes y no todo el mundo tiene la suerte de ser famoso o de actuar un día en una película y poder situarse abajo con cada partido- (Aplausos), al que yo le quiero decir algo, pues los que estamos arriba representamos a ciudadanos y yo le quiero decir algo a ese partido, al único que se opone a esta ley. No se lo dije cuando ocurrieron los atentados, no hice ningún tuit, no hice daño de la tragedia que había, como otros hacen ahora con los incendios, no lo hice en ese momento, pero yo podría haberles recordado -tan pronto se vio que en la casa de Alcanar había 106 bombonas y peróxido de acetona- en ese momento a todos los catalanes que el único partido que se opuso a la ley de precursores de explosivos había sido precisamente un partido catalán y no lo hice en ese momento, no se lo recordé, pero hoy sí que se lo recuerdo, señorías. (Aplausos). Su sectarismo les inhabilita para llevar temas de seguridad, porque en esos momentos, cuando votaron en contra de esta ley, pensaron más en la seguridad del golpe de las instituciones que no en la seguridad de los ciudadanos y de los catalanes. Votaron en contra de esa ley y ustedes fueron los primeros que iban a sufrir los efectos de los precursores de explosivos con acetona, ácido sulfúrico y agua oxigenada. Ustedes iban a ser las primeras víctimas y fueron ustedes los primeros y únicos que votaron en contra de la ley. Es algo muy serio esta ley y los temas de seguridad deberían ser apartados del debate ideológico, al igual que deberían de preguntarse por qué unas cosas son buenas y lo malo es solo lo que hace Madrid. Reconsideren su situación porque aun tienen la oportunidad de votar hoy con el resto de los grupos parlamentarios a favor de la ley si no, si un día se produce un atentado, tendrán que pedir disculpas por no votar a favor de esta ley. (Aplausos).

Señora Botella, señora portavoz del Grupo Socialista, no me deja más remedio que recordarle algo. Usted ha sido delegada del Gobierno, y durante diez años mis compañeros en Valencia y en toda España hemos sufrido escraches y usted no dijo ni mu; mis compañeros de Murcia los están sufriendo todas las semanas y ustedes no dicen nada; el delegado del Gobierno en Valencia sufrió otro el día 11 y usted no dijo nada. (Aplausos). Son sectarios, solo condenan los escraches según les convenga, señora Botella. Usted ha sido delegada del Gobierno y tendría que tener un sentido de Estado que hoy aquí no ha demostrado. Pero no solo es eso, es que además viene aquí y dice que habría que apurar el proyecto de ley. ¿Saben lo que iba a hacer la señora Botella en la Comisión? Votar que no, pero hoy tengo que agradecer aquí a la portavoz actual del Grupo Socialista, a la señora Robles, el voto a favor en ese momento en la Comisión de Interior, porque en esos momentos -y de verdad, tiene mi admiración; ha sido secretaria de Estado- mostró la cara del Estado. Lo acabo de decir: hay atentados, puede haber atentados y hay que votar a favor de esta ley. El Grupo Popular le agradece de verdad a la señora Robles el gesto que hizo en la Comisión de Interior para que la ley saliera aprobada con la mayor unanimidad posible. Respecto del tema de las licencias, las licencias y las tasas hay que pagarlas, porque habrá que hacer una licencia que no se pueda falsificar y entre particulares habrá que dificultar el tránsito de los explosivos, y usted lo sabe.

Señorías, finalizo ya diciéndole al señor de Podemos que efectivamente estoy a favor de hablar del modelo de policía. Usted es guardia civil, y Guardia Civil y Policía Nacional podemos hablar cuando


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quiera, pero yo no voy a sentarme a hablar con usted mientras usted tenga delante a un señor que habla emocionado cuando pegan a un policía, no lo voy a hacer, de verdad (Aplausos), y mi grupo no me va a obligar a sentarme con usted a hablar del modelo de policía.

Por último, señorías, quiero agradecer a mi portavoz, al señor Rafa Hernando, y a José Antonio Bermúdez de Castro que me hayan dejado defender la primera ley que venía del Ministerio del Interior, y muy especialmente quiero dar las gracias a los dos ponentes que han estado conmigo, Carmen Navarro y José Alberto Martín-Toledano. Compañero José Alberto Martín-Toledano, portavoz en la Comisión de Interior, sé que hoy me has cedido la tribuna para poder hablar; desde aquí te rindo un homenaje porque, aunque estemos en el gallinero, sé que tú, como portavoz, cuentas también con los que estamos en el gallinero. A la letrada, a Rosa Ripollés, que nos hizo todas las consideraciones técnicas...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que acabar, señora Vázquez.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Finalizo ya. Muchísimas gracias a todos los grupos por apoyar esta ley. De alguna manera, el Estado no puede ser pasivo y nosotros hoy demostramos que, aunque no existe la seguridad al cien por cien, sí está en nuestras manos poner un granito de arena para que España y los españoles se sientan más seguros.

Muchas gracias. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie los que se sientan en los escaños de la parte alta del hemiciclo).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vázquez.

En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidente... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Les ruego silencio.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Presidente, gracias.

Decía que quiero tener un recuerdo hacia todas las mujeres que padecen esta cruel enfermedad y hacia sus familias, una enfermedad a la cual hoy precisamente se dedica el día para recordarnos, para que todos tengamos presente los esfuerzos que hay que continuar haciendo para erradicarla. (Aplausos).

En primer lugar, me gustaría llevar al ánimo de la señora Botella y de todos los miembros de esta Cámara que, sin duda alguna, rechazo cualquier acto de violencia, amenaza o acoso contra cualquier persona, no solo contra algunas sino contra todas aquellas personas que sufren este tipo de violencia, de acoso o de amenaza, todas son rechazables. En el caso que nos ocupa, he tenido la oportunidad hoy, desde el primer momento que tuve conocimiento, de mostrar mi rechazo por lo ocurrido y el apoyo incondicional a la señora Oltra, y además he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Comunidad Valenciana y con ella misma. Es un deber y así lo haré, sea cual sea la persona que sufra un acto de acoso, de violencia o de amenaza, porque todos tenemos los mismos derechos.

Dicho esto, quería agradecerles a todos los grupos el apoyo que han prestado a este proyecto de ley de precursores de explosivos. El día que lo presenté en esta Cámara tuve la oportunidad de pedir el apoyo de todos y sobre todo ofrecí nuestra disposición a mejorar el texto como consecuencia de las distintas enmiendas que se pudieran ofrecer por los distintos grupos parlamentarios. Ya dije que la única intención que teníamos era mejorar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Eso es lo que pretendíamos y quiero darles las gracias a todos los grupos que, trabajando en Comisión primero en el Congreso y luego en el Senado, han contribuido a mejorar un texto que, lo que pretende, como digo, es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tenemos que ser más eficaces y no bajar la guardia ante ninguna amenaza posible.

Este proyecto de ley -y se ha recordado- no responde a un capricho, responde sin duda alguna a las recomendaciones que en su día hizo el Comité Permanente sobre Precursores en la Unión Europea, que ya se encargó de estudiar las medidas y elaborar las recomendaciones relativas a toda la normativa de precursores de explosivos que estaban disponibles en el mercado. Pero este no ha sido un punto y final porque, sin duda alguna, tendremos que seguir trabajando para seguir incorporando nuevas modificaciones, incluso habrá que seguir incorporando determinadas sustancias que sean objeto necesario de regulación.


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Puedo asegurar que es una auténtica obsesión la que se tiene en el seno de la Unión Europea y en todos y cada uno de los países por seguir mejorando esta situación y este control; sin duda, tendremos que saber armonizar, por un lado, cuáles son los derechos que tienen los fabricantes y comerciantes pero, al mismo tiempo, cuáles son las medidas de seguridad que hay que aplicar para poder salvaguardar los derechos de todos.

El otro día tuvimos la oportunidad en el G-6 de poder estudiar todas y cada una de las circunstancias que se dan en estos casos y cada uno de los países que nos reunimos allí -y estando todos representados- señalamos la necesidad de mejorar. Es decir, en el seno de la Comisión esta preocupación está siendo objeto de una reflexión continua y permanente, hasta el punto de que hoy... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías les ruego...

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): ... aprobamos una norma...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor ministro.

Señorías, el debate de este punto no ha concluido, está en el uso de la palabra el señor ministro y les ruego atención y silencio, incluidos los miembros del grupo del señor ministro.

Muchas gracias.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Hoy terminamos aquí, en el Congreso, la tramitación de este proyecto de ley, pero sin duda tendremos que seguir mejorando la situación. La Unión Europea en próximas fechas hará públicas una serie de recomendaciones al respecto porque nos vamos dando cuenta de los modus operandi e incluso de que las sustancias, con su mezcla, pueden dar como resultado un potente explosivo; es decir, que tendremos que estar permanentemente atentos para poder reaccionar.

Por tanto, reitero mi agradecimiento a las fuerzas políticas por su apoyo. Esta no es una ley que va contra alguien, es una ley que mejora la seguridad de todos; sinceramente, les doy las gracias por su colaboración porque a partir de hoy el Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen mejores mecanismos para poder luchar contra la amenaza del terrorismo. Muchas gracias en nombre del Gobierno pero sobre todo muchas gracias en nombre de la sociedad española a quien tenemos que saber salvaguardar sus derechos. Y también quiero agradecer al Grupo Popular su generosidad y que haya sabido contribuir con el resto de fuerzas políticas a que hoy día esta ley sea una auténtica realidad a la hora de defender los derechos de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

Señor Campuzano, había pedido la palabra.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, en base al artículo 71. Se han producido juicios de valor por una diputada que me obligan a reclamar una rectificación. ¿Me da permiso? (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Entiendo que está pidiendo usted la palabra por alusiones en base al artículo 71.1.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, sí.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene usted un minuto y exclusivamente para contestar a esas alusiones, no para entrar en el fondo del debate porque ustedes no han solicitado palabra para intervenir en este punto. Pero por alusiones tiene usted un minuto.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No entraré en el fondo, señor presidente, pero la señora Vázquez ha vinculado nuestra posición política en relación a este proyecto de ley con las cuestiones del terrorismo y le pido que retire esas palabras. Nuestra crítica a la ley es por asuntos competenciales y me parece intolerable que juzgue nuestra posición política y nos venga a decir que, fruto de nuestra posición política, somos responsables de algún tipo de atentado. (Rumores). Sabe que no es verdad y le pido que retire esas afirmaciones del Diario de Sesiones.

Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Señora Blanco, ¿retira usted alguna de sus expresiones?

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, me siento orgullosa de este Parlamento, del que formo parte desde el año 2000, en el que podemos hablar, está abierto a hablar y a votar...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Solo le pido...

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Ellos tuvieron el turno para hablar y yo en ningún momento he asociado...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Perdóneme. Escúcheme, escúcheme, por favor.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Yo en ningún momento he asociado...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Escúcheme, por favor. No está en el uso de la palabra.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... yo en ningún momento he asociado el terrorismo...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Escúcheme. No está en el uso de la palabra. No está en un turno de réplica a las alusiones. Le han pedido que retire usted alguna de las expresiones que ha realizado, y yo le pregunto y usted me tiene que contestar: ¿las retira o no las retira?

La señora VÁZQUEZ BLANCO: No puedo retirar lo que no he dicho. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Pues muchas gracias.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. (Número de expediente 121/000005).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día, enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11 de la Unión Europa, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente desde mi escaño solamente para dos cuestiones en torno a este tema, que las enmiendas que vamos a votar son unas enmiendas técnicas, casi una corrección de errores que viene del Senado, pero el problema en este tema no es ese, sino precisamente aquellas enmiendas que no se incorporaron a este proyecto de ley y que son las que hacen que el proyecto de ley esté cojo y que no esté completo. Podía haber sido una trasposición de una directiva mucho mejor si se hubieran incorporado algunas enmiendas que se dejaron de lado y que no solo no se incorporaron en el Congreso, sino que también fueron rechazadas en el Senado. Por tanto, mostrar nuestra tristeza porque no se hayan podido contemplar cuestiones tales como las competencias que algunas comunidades autónomas tienen en esta materia y que no se han querido contemplar en aras de que el Estado quiere entrar incluso allá donde no debe.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

La fragmentación del mercado interior es un lastre para la competitividad, el crecimiento e incluso la creación de empleo dentro de la Unión, y no existe un mercado interior unido si no hay un adecuado nivel de protección de los consumidores, y no hay un adecuado nivel de protección de los consumidores si no


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se les reconocen cauces para el ejercicio, métodos eficaces para la resolución de conflictos. Este es el objeto de este proyecto de ley. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

Este proyecto intenta un procedimiento de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sea sencillo -es decir, fácilmente comprensible-, asequible para el consumidor -el aspecto económico- y eficaz en el sentido de que sea resolutivo. Esta solución debe garantizarse tanto para las transacciones en línea como para las que no son, siendo especialmente importante cuando consumidores y empresas están en distintos países. ¿Dónde estábamos hasta esta directiva que ahora se traspone? Bastante atrasados. Desde una recomendación de 1998 la cosa no había avanzado mucho. De hecho, España había sido pionera, ya la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 había contemplado estos sistemas de arbitraje, pero, como digo, en estos veinte años más o menos no se habían establecido adecuadamente ni están funcionando a pleno rendimiento en toda la Unión, para empezar porque hay un problema de conocimiento de los mecanismos como se desprende del restringido porcentaje de usuarios que recurre a ellos. Además, la cobertura no es similar en todos los países; o bien no se han establecido correctamente o no funcionan correctamente en todas las áreas gráficas o en todos los sectores. Por tanto, no hay niveles de calidad homogénea en todos los países y no siempre se resuelven eficazmente los conflictos transfronterizos. En resumen, hay disparidades en conocimiento, cobertura y calidad que dificultan la efectiva implantación del mercado interior, disuaden a muchos consumidores de comprar más allá de sus fronteras porque temen que no sea fácil resolver los eventuales conflictos y por los mismos motivos los empresarios tienen pocos incentivos para ir más allá de sus fronteras.

Esta ley se trató en un ambiente de consenso y nosotros propusimos enmiendas dirigidas a eliminar todas las barreras de acceso a este tipo de resolución de litigios para usuarios y empresas. Significativamente sugerimos quitar las barreras, los límites superiores e inferiores por los que se puede recurrir a este mecanismo de resolución alternativa. Estas enmiendas se han aceptado. Las que ahora vienen del Senado provienen -recordemos- de fallos que hubo en la votación final, con lo cual no tenemos ningún inconveniente en aceptarlas.

Termino. Este es el texto y estamos satisfechos con él. Por tanto, vamos a votar a favor del mismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Navarro Fernández-Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías, intervengo en el lugar de una compañera diputada, María de la Concha, que ha sido quien fundamentalmente ha llevado el peso de la ponencia y lamentablemente hoy se encuentra enferma y me ha trasladado el honor de cerrar el trámite.

La posición de nuestro grupo parlamentario sobre las enmiendas, básicamente porque son enmiendas técnicas las que se han producido en el Senado, es positiva. Sin embargo, no estamos plenamente satisfechos con el resultado de la ley, a pesar de que se ha desarrollado básicamente en un ambiente de búsqueda de consensos. Las razones de esos desacuerdos son rápidas de explicar. Este proyecto cierra hoy un trámite parlamentario que implicaba trasponer una directiva cuyo objetivo fundamental era esencialmente elevar el nivel de protección de los consumidores en un contexto en el que las grandes compañías trasnacionales tienen cada vez un mayor poder de mercado y hacen que las condiciones económicas de producción, distribución y consumo vayan en detrimento de la capacidad de satisfacción de las necesidades de los consumidores. Resulta paradójica la distancia que hay entre la retórica en la que nos movemos de libre mercado, de incremento de la competencia, que desde un punto de vista teórico se debería traducir automáticamente en mayor calidad y menores precios para los consumidores, y la realidad de nuestros actos de consumo cotidianos. Les pondré un par de ejemplos. En nuestro país, más del 53 % de los gastos de gran consumo que realizan los consumidores se concentran en apenas seis grandes cadenas de distribución, las cuales desde el año 2011 han aumentado su cuota de mercado... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio por favor.


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El señor MONTERO SOLER: ... en 16 puntos a costa de los pequeños productores, de las cadenas más pequeñas, todas ellas prácticamente nacionales, y del comercio tradicional. Eso se traduce automáticamente en mayor nivel de concentración, reducción de la competencia y efectos sobre los consumidores y los pequeños productores, a los que son capaces de imponer condiciones abusivas en la compra de sus productos.

Otro sector que nos preocupaba especialmente, sobre todo después de lo que ha ocurrido debido a la crisis, es el sector financiero. Apenas cinco grandes empresas concentran el 72 % de los activos financieros de este país, cuando en el año 2008 esas cinco grandes empresas solo controlaban el 42 %. Más de 30 puntos de incremento de la cuota de mercado, mayor concentración y mayor oligopolización del sector. A cualquier estudiante de primero de Economía, cuando se enfrenta a un curso de microeconomía lo primero que le explican es que cuando un sector está oligopolizado lo que se produce es una tendencia dentro de ese sector a los acuerdos colusorios, buscando las rentas y el máximo beneficio que se deriva de las situaciones de monopolio. Es ahí donde aparecen lo que se llaman fallos del mercado y se hace necesaria la intervención del Estado a través de dos vías esenciales: los mecanismos de regulación y de defensa de la competencia -a nuestro país le queda mucho por recorrer en cuanto a independencia e imparcialidad y capacidad efectiva de regular las condiciones de mercado- y, como último recurso para los consumidores, los mecanismos de arbitraje. Este proyecto de ley trata básicamente de ello, pero sigue sin cumplir con los requisitos que consideramos esenciales para proteger de una forma efectiva a los consumidores. Se han producido avances, eso no se puede negar, como consecuencia de la apertura que se ha producido del texto original que nos presentó el Gobierno, pero no han sido todos los necesarios. Necesitábamos una ley que fuera lo más clara posible; que ofreciera una asistencia gratuita, como efectivamente se ha conseguido; que fuera gestionada esencialmente desde lo público y que no estableciera límites mínimos ni máximos para poder acudir a estos mecanismos de arbitraje; una ley que fortaleciera el sistema público de arbitraje en materia de consumo, que dotara presupuestariamente a las juntas arbitrales de consumo ya existentes y aumentara su número, que dotara de los medios necesarios tanto tecnológicos como humanos para que las empresas o instituciones encargadas de esta tarea publicitaran sus servicios y los hicieran llegar a todos los ciudadanos, pero sobre todo una ley que respetara a aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia y que, sin embargo, no han visto la posibilidad de verlas desarrolladas. En definitiva, queríamos que fuera una ley que reforzara un servicio moderno, ágil, gratuito, accesible y sobre todo independiente, imparcial y justo para los consumidores. Muchos de esos puntos se han conseguido durante la tramitación parlamentaria y todos y todas nos deberíamos congratular por ello, pero la cuestión de la pulsión recentralizadora del Partido Popular ha impedido que las comunidades autónomas que tienen competencias al respecto pudieran desarrollarlas.

En definitiva, no es este el proyecto de ley que a nuestro grupo parlamentario le hubiera gustado que saliera de aquí. Reconocemos los avances que se han producido y nos mostramos satisfechos y orgullosos de las aportaciones que hemos realizado y que han permitido enriquecerlo, pero mostramos nuestro malestar por no haber sido capaces de avanzar un pasito más, sobre todo en materia de descentralización, no por nosotros, sino por todos los consumidores y consumidoras de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Montero Soler.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.

La señora TUNDIDOR MORENO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, las modificaciones que se han incorporado en el Senado en la tramitación de la importante Directiva europea sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo que hoy debatimos son todas de carácter técnico, salvo la enmienda a la disposición adicional segunda, en la que se ha reforzado la protección de los usuarios del transporte aéreo. Esta modificación es importante tras los acontecimientos de las últimas semanas en relación con las cancelaciones de vuelos de compañías aéreas y supondrá un avance significativo respecto del sistema de reclamación actualmente vigente. Esta enmienda aprobada en el Senado y formulada, entre otros, por el Grupo Parlamentario Socialista supone reforzar el procedimiento extrajudicial ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea previsto en el proyecto aprobado por el Gobierno, de forma que el resultado de dicho procedimiento extrajudicial pasa a tener un carácter vinculante en las compañías aéreas. El paso de un sistema de reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que culmina con la emisión de un informe por parte de dicha agencia y que aboca a los usuarios a acudir a la vía judicial a otro sistema de reclamación extrajudicial obligatorio y con un resultado


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vinculante para las compañías aéreas supone un salto cualitativo en materia de protección de los usuarios del transporte que mejorará la garantía de sus derechos y reducirá los procedimientos judiciales en este ámbito. La semana pasada, además, se llegó a un acuerdo en el Pleno del Senado para que este nuevo procedimiento acreditado en el ámbito de la protección de los usuarios del transporte aéreo esté plenamente operativo en un plazo de seis meses.

En el debate de enmiendas a la totalidad que tuvo lugar hace unos meses el Grupo Parlamentario Socialista ya anunció que no estábamos de acuerdo en cómo se había traspuesto la ley, pero que esperábamos que la labor ... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Tundidor, un momento.

La señora TUNDIDOR MORENO: ... que realizaran todos los grupos en esta Cámara...

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señoría, un momento. Es que quiero comprobar si nos damos cuenta de que hay una persona interviniendo o no. (Pausa).

Adelante.

La señora TUNDIDOR MORENO: Decía que en el debate de enmiendas a la totalidad que tuvo lugar hace unos meses el Grupo Parlamentario Socialista ya anunció que no estábamos de acuerdo en cómo se había traspuesto la ley, pero que esperábamos que la labor que realizaran todos los grupos de esta Cámara en los trabajos en Comisión redundara en una mejora del proyecto de ley, y así ha sido. Como dije en su momento, los derechos de los consumidores se convierten en papel mojado y son derechos virtuales si no existen los procedimientos y cauces adecuados para ejercerlos y se corre el riesgo de establecer una distancia cada vez mayor entre el consumidor y el comerciante. El cumplimiento de las normas de protección de los consumidores es reforzado por los mecanismos alternativos de resolución de litigios. Estos métodos constituyen no tanto una alternativa a la justicia como una justicia alternativa.

El proyecto de ley que hoy vuelve del Senado entró en esta Cámara en un momento muy complicado -coincidiendo con los presupuestos- y con importantes carencias que hemos sabido corregir en el trámite de enmiendas, contribuyendo con nuestra labor como Grupo Parlamentario Socialista a mejorar la protección de todos los consumidores españoles. Si no hubiera sido así, tendríamos una trasposición que rompería con el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores, posibilitando el cobro de un coste simbólico de hasta 30 euros; pero rectificamos el texto y mantuvimos el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores. El proyecto aprobado por el Gobierno dejaba fuera las reclamaciones de cuantía menor a 30 euros y mayor a 10 000 euros, rompiendo nuevamente una tradición que habían seguido las entidades de resolución alternativa de litigios españolas de no establecer limitación por razón de la cuantía reclamada puesto que representa una garantía para los consumidores en su relación con las empresas, pero también rectificamos el texto y eliminamos los umbrales mínimos y máximos para admitir a trámite una reclamación. El proyecto aprobado por el Gobierno permitía la acreditación a entidades pagadas por el empresario reclamado, apartándose del criterio seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto que han prohibido este tipo de entidades, pero rectificamos el texto e impedimos la acreditación de entidades de resolución alternativa de litigios en las que las personas encargadas de la resolución estén empleadas o retribuidas por el empresario reclamado. El proyecto aprobado por el Gobierno imponía a todo sistema arbitral de consumo que dictara sus laudos en un plazo de noventa días sin dotar a las juntas arbitrales de recursos materiales y humanos suficientes para poder hacerlo, pero resultaron aceptadas nuestras enmiendas para que se aprobase un plan de ayudas a la gestión de las juntas arbitrales de consumo para permitir dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para poder dictar el laudo arbitral en el plazo de noventa días que establece la directiva. El proyecto aprobado por el Gobierno fue escasamente sensible a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, pero aprobamos un texto respetuoso en el marco constitucional de distribución de competencias para tener en cuenta las competencias asumidas por algunas comunidades autónomas en materia de mediación.

En el año 2016 se presentaron ante el Banco de España 14 462 reclamaciones y, según la información disponible, en el primer cuatrimestre de 2017 se han registrado ya más de 8000 reclamaciones. Del total de resoluciones emitidas durante 2016, un 71 % finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, lo que demuestra que se trata de un sector en el que se necesitaban reforzar los mecanismos de garantía de los derechos de los usuarios, y aprobamos la obligatoriedad de las entidades financieras


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de someterse al procedimiento de resolución de litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en este ámbito.

No quisiera terminar sin dar las gracias a la segunda ponente, Miriam Alconchel, y felicitar el equipo técnico que ha trabajado con el Grupo Parlamentario Socialista para que esto sea así. Mejorar la protección de los consumidores era nuestro objetivo; ese mismo objetivo marcó la negociación de las enmiendas que mantuvimos con otros grupos de la Cámara, a los que, desde aquí, les doy las gracias por el grado de entendimiento, que fue un constante en la tramitación de la ley.

Hoy en el Grupo Socialista se siente especialmente satisfecho. Como partido de gobierno que somos y como responsables de la primera Ley de consumo de 1983, que fue paradigma en Europa del sistema alternativo y del desarrollo del sistema arbitral de consumo, hoy podemos decir que sentimos que nuestro trabajo ha redundado en una mejor protección de los consumidores españoles y europeos y, por tanto, nuestro voto será favorable.

Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señorías, por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Tundidor. (Rumores).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arriba Sánchez. (Rumores).

Señorías, estamos finalizando el Pleno. Creo que si alguien nos preguntara en algún momento el nombre del diputado o la diputada que está interviniendo nos costaría trabajo recordarlo. No digo ya siquiera lo que está diciendo, sino el nombre del diputado o la diputada que habla. Les pido, por favor, un poquito de silencio, porque nos queda ya muy poco.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vuelve hoy aquí este proyecto de ley, trasposición de una directiva europea sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. La búsqueda de una mayor protección del consumidor y la mejora de su capacidad en la defensa de sus derechos nos han permitido llegar a un relevante acuerdo que se traducirá previsiblemente en un amplio respaldo del arco parlamentario a este proyecto de ley.

Aun siendo un motivo de felicitación, no es menos cierto que nuestra obligación es seguir dando pasos en el marco del diálogo, del acuerdo y de la transigencia para garantizar el más alto nivel de protección de todos nosotros como consumidores. Este alto grado de consenso alcanzado que se refleja en este texto normativo es fruto del diálogo, el que entiendo que debe guiar y ser seña de identidad de nuestra labor diaria como parlamentarios. (El señor vicepresidente primero, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Este proyecto de ley establece los requisitos mínimos y armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de gestionar mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios que voluntariamente soliciten la acreditación para ser notificadas e incluidas en un listado único, consolidado, de la Comisión Europea. En él se regula el procedimiento para la acreditación de estas entidades y se establecen las obligaciones que deben asumir las mismas. La finalidad es garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro; litigios de carácter nacional o transfronterizo, relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compra-venta o de prestación de servicios suscitados por el consumidor, ya sean en línea o no. Con esta norma se facilitará a los consumidores que los posibles problemas derivados de los contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial.

Señorías, debemos señalar los avances que se han producido durante la tramitación parlamentaria. En primer lugar, el reconocimiento de nuestra distribución competencial, recogiendo expresamente la competencia de las comunidades autónomas y, en su caso, de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla para designar una autoridad competente que acredite las entidades de resolución alternativa establecidas en su ámbito territorial. Asimismo, se ha tenido en cuenta la sensibilidad de los distintos territorios, en concreto de aquellos que tienen lenguas cooficiales, reconociendo este hecho e incorporando a lo largo del articulado la obligación de estas entidades de garantizar el uso del castellano y el de la lengua cooficial de la comunidad donde se encuentre establecida la misma. En definitiva, se han atendido las pretensiones que en este aspecto competencial se tienen, siempre dentro del marco establecido de nuestra Constitución española.

A lo largo de la tramitación, hemos logrado grandes consensos, consensos que sin duda han permitido mejorar y enriquecer el texto, texto que esperamos finalmente sea aprobado por esta Cámara. Ejemplos de ello son los siguientes: garantizar la gratuidad de estos procedimientos para los consumidores, la imposibilidad de acreditar a personas empleadas o retribuidas exclusivamente por organizaciones o


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asociaciones empresariales a las que pertenece el empresario o impedir que las entidades puedan acogerse, en función de la cuantía económica, a la inadmisión de las reclamaciones.

Este proyecto de ley contribuye, con todas las garantías que incorpora, a un reforzamiento de la posición del consumidor, bien se trate de procedimientos vinculantes o no, con medidas como que las partes están obligadas a comunicar a la entidad cuando vayan a hacer uso de la asistencia de abogado o asesor jurídico o que el acceso de las partes a los procedimientos debe ser sencillo y de fácil identificación para los consumidores. Asimismo, se establecen más requisitos para garantizar la independencia de las personas o de los profesionales que resuelven y se incorpora la posibilidad de interponer una reclamación ante la entidad de resolución cuando las partes entiendan que hay un anormal funcionamiento de la entidad, falta de independencia o de imparcialidad, debiendo la entidad dar traslado de dicha resolución y de dicha reclamación a la autoridad competente.

En este proyecto, señorías, se recoge el papel del Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los consumidores en sus reclamaciones. Importante es la obligación de la aceptación de los empresarios de estos procedimientos en sectores especialmente conflictivos, como son el financiero o el de las aerolíneas. En este último caso, el de las compañías aéreas, se ha dado un paso más, estableciendo el carácter vinculante del resultado para las partes. Se ha recogido de forma expresa que los intereses de los consumidores estarán representados por las organizaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a la normativa estatal o autonómica y la obligación de los empresarios de informar sobre estos sistemas a los consumidores y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de dicha obligación.

Señorías, en resumen, nos encontramos ante una ley que sin duda dará un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo, mejorará las relaciones entre consumidores y empresarios e impulsará el comercio electrónico y el comercio transfronterizo. Por todas estas razones, señorías, reitero a los grupos parlamentarios la solicitud de apoyo a este texto normativo, porque entendemos que nos va a proteger mejor a los ciudadanos, a todos nosotros, como consumidores, y porque el voto favorable a esta ley hará que nuestro país siga siendo referencia en la protección de los consumidores. (Aplausos).

En nombre de María Eugenia Romero y de María Torres, en el del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, no quiero finalizar sin destacar y agradecer el clima de diálogo e interlocución que se ha mantenido en las distintas reuniones de trabajo con los diferentes grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en aras de una mayor protección de los consumidores. Asimismo, agradezco la labor desarrollada por el letrado de la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo y la presencia hoy aquí de los titulares de la Secretaría General de Consumo y de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Señorías, es necesario continuar en esta línea de trabajo con actitud negociadora y de consenso, con predisposición a un diálogo constructivo y al acuerdo, para de esta forma y en coordinación con las comunidades autónomas mejorar día a día la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De Arriba.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean de apoyo a todas las mujeres que sufren cáncer de mama y a sus familias. Estamos juntos trabajando en la prevención y en la lucha contra el cáncer. (Aplausos). Hay esperanza.

Intervendré solo un minuto para hablar de la ley de resolución alternativa de litigios. Hoy más que nunca los ciudadanos europeos hemos de continuar fortaleciendo nuestra confianza en nuestro proyecto común europeo, porque está en continua mejora y no cesa en su vocación de futuro; también debemos fortalecer esa confianza en nuestras relaciones comerciales o de consumo nacional y transfronterizo entre particulares y empresas, así como en que nosotros -todos somos consumidores- gocemos de una protección más ágil, más transparente y que sobre todo funcione de manera más real y más efectiva. Este proyecto supone un avance importante en la homogeneización normativa española y europea y, sobre todo, una mejora directa en el bienestar y la confianza de todos nosotros como consumidores. Esta ley es el ejemplo claro de que nuestro proyecto europeo existe, funciona y, sobre todo, nos mejora y nos protege.


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Quiero agradecer a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, sus aportaciones, su trabajo y su diálogo constructivo y permanente para avanzar en la protección y la defensa de los consumidores aprobando esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA LA CONCLUSIÓN DE SUS TRABAJOS. (Número de expediente 154/000005).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión de Defensa para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas para la conclusión de sus trabajos. Esta solicitud se someterá a votación al finalizar esta sesión.

Pasaremos a las votaciones en tres minutos. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a la votación y por parte de la secretaria primera de la Mesa, se va a dar lectura a la declaración institucional del Día Mundial del Cáncer de Mama, a la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Alimentación y a la declaración institucional del Congreso de los Diputados en el marco del Día Internacional de la Niña 2017.

Señora secretaria.

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA. (Número de expediente 140/000017).

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, presidenta.

Declaración institucional del Día Mundial del Cáncer de Mama. Desde el Congreso de los Diputados queremos aprovechar que hoy, 19 de octubre, tiene lugar la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama para sensibilizar a la población acerca de la importancia que tiene la detección temprana, el acceso a los tratamientos y el apoyo a la investigación, que afecta principalmente a mujeres. Pese a que de cada ocho mujeres una desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida, gracias a los avances producidos en la materia la tasa de curación en la actualidad supera el 90 %. Con ello queremos trasladar este mensaje de esperanza a los pacientes y a sus familiares y agradecer la labor de los profesionales que, con su esfuerzo y dedicación, han hecho que España sea uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. (Aplausos).

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 2017. (Número de expediente 140/000018).

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Segunda declaración institucional del Congreso de los Diputados en el marco del Día Internacional de la Niña 2017.

Con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados reafirma su compromiso unánime con los derechos de las niñas, independientemente de su religión, cultura, origen geográfico y orientación sexual, para que todas puedan aprender, liderar, decidir y prosperar en sus vidas. La desigualdad de género se extiende por toda la sociedad, desde la escuela hasta los órganos de Gobierno; las niñas y mujeres sufren inequidad, prejuicios y discriminación cada día. Las niñas y adolescentes se esfuerzan para lograr cambios en sus vidas que se frustran por la discriminación, la violencia o la pobreza a la que muchas de ellas se ven sometidas. Seis de cada diez niñas viven en países donde las normas y las costumbres las colocan en una situación de desventaja significativa a lo largo de toda su vida. Las mujeres ocupan de media en el mundo tan solo el 23 % de los escaños en los parlamentos y ostentan solo el 5 % de las alcaldías a nivel mundial. Menos del 1 % de las parlamentarias en el mundo son mujeres menores de treinta años. Es más difícil para las niñas alcanzar las posiciones de poder cuando muchas de ellas no acceden a la educación o no finalizan sus estudios y


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cargan con responsabilidades domésticas a edad temprana; las niñas entre cinco y catorce años pasan cada día 160 millones de horas más que los niños de la misma edad realizando tareas domésticas.

La violencia es la segunda causa de muerte entre las adolescentes; una de cada cuatro niñas en el mundo ha sido víctima de violencia física desde los quince años. Las complicaciones del embarazo y en el parto son la principal causa de muerte entre las niñas menores de diecinueve años en el mundo, porque, señorías, más del 30 % de las niñas en países en desarrollo se casan antes de cumplir los dieciocho años y se enfrentan a un embarazo adolescente, una situación a menudo impuesta donde ellas no tienen el control de las decisiones que determinan su destino. Es necesario equilibrar las relaciones de poder y es de justicia que favorezcamos el desarrollo de todo el potencial de las niñas, pero además es eficiente, porque ya se ha demostrado en muchos países en desarrollo que una niña con estudios secundarios, al llegar a la edad adulta, invierte el 80 % de sus ingresos en asegurar la educación y el bienestar de su familia, favoreciendo así el avance de toda la sociedad.

Según el estudio "Libera el poder de las niñas ahora", de Plan International, el 88 % de las niñas creen que tienen más oportunidades en la vida que sus madres, pero solo el 37 % cree que tiene las mismas oportunidades que los niños para progresar. En España, el estudio resalta aspectos fundamentales del sexismo que las propias niñas denuncian para alcanzar la igualdad: la persistencia en los roles tradicionales, en la división de género de las tareas domésticas y los cuidados; la cosificación de sus cuerpos, que son tratados como objeto sexual, y el control al que son sometidas por parte de sus parejas. Además, niños y niñas dicen enfrentarse en nuestro país a la discriminación e intimidación cuando se alejan de comportamientos convencionales marcados por estereotipos de género.

Las niñas de cualquier religión, cultura, origen geográfico y orientación sexual pueden proporcionar una visión única de sus realidades, conocen mejor que nadie y en detalle las barreras que encuentran para el progreso y pueden poner sobre la mesa sus propias soluciones para superarlas.

Por todo ello, los diputados y las diputadas que en el Congreso de los Diputados representamos a la ciudadanía española reiteramos hoy nuestro apoyo a la defensa de los derechos de las niñas y, en primer lugar, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para promover el liderazgo de las niñas y que ellas puedan liderar el cambio necesario que logre que el mundo sea más justo, más inclusivo y más equilibrado. En segundo lugar, para ello es imprescindible que se habiliten los espacios públicos y privados que les permitan alzar su voz con el objetivo de poner fin a la violencia, a la discriminación y a la injusticia contra las mujeres y las niñas. En tercer lugar, la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad seguirá siendo una de nuestras prioridades legislativas. Ninguna niña debe vivir con miedo ni en su hogar ni en la escuela ni en su comunidad o entorno social. En cuarto lugar, nos comprometemos a promover políticas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 en materia de igualdad de género para y con las niñas, las mujeres y las jóvenes. En quinto lugar, impulsaremos políticas encaminadas a cerrar la brecha salarial de género que faciliten el empoderamiento económico de las mujeres en plano de igualdad. En sexto lugar, nos comprometemos a que sus voces sean escuchadas e incorporar sus opiniones en el diseño de las políticas públicas que les afectan. En séptimo y último lugar, tenemos el compromiso de no dar la espalda a las niñas que a menudo son silenciadas, sufren explotación o discriminación.

Congreso de los Diputados. (Aplausos).

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. (Número de expediente 140/000019).

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, FAO, con la finalidad de concienciar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Sin embargo, se calcula que en el mundo hay un total de 815 millones de personas que han sufrido desnutrición crónica durante el año 2016. No podemos olvidar que, de acuerdo con los organismos internacionales, el 70 % de las personas que sufren hambre en el mundo son pequeños agricultores, ganaderos, pescadores artesanales o pastores y que, de ellos, el 75 % son mujeres. El acaparamiento de


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tierras, la volatilidad de los precios agrarios, el control sobre el agua o sobre otros recursos naturales les impide poder desarrollar su actividad productiva con garantías de progreso. Dicha cifra podría verse aumentada como consecuencia del aumento de conflictos, del aumento de la inestabilidad política, así como de las derivadas de la escasez, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático.

Los sistemas alimentarios están formados por procesos complejos en los que participan diversos actores. El entorno, las personas, las instituciones, los procesos de producción y distribución influyen sobre el acceso final a los alimentos y en la capacidad de poder elegir dietas saludables. El funcionamiento de la cadena alimentaria no siempre es justo y transparente para los eslabones más débiles, que son los productores y los consumidores.

Desde el año 2007, el número de personas que habita en áreas urbanas empezó a ser mayor que el que vive en zonas rurales. Los expertos predicen que estas cifras irán en aumento y la urbanización planteará problemas en la eficiencia del abastecimiento y distribución, incrementando los peligros para la salud y la seguridad alimentaria a su vez. Las ciudades, como grandes consumidoras de recursos, necesitan cambiar los planteamientos de las políticas destinadas por ahora tan solo a proporcionar sustento, trasladando una concepción más sistémica y promoviendo programas municipales y políticas coherentes relativas a la alimentación.

Combatir esta dramática dualidad mundial desde las ciudades es el objetivo del Pacto de política alimentaria urbana de Milán, firmado en la población italiana en 2015 por ciento veintiocho ciudades y que ahora, con motivo del reconocimiento de la ciudad de Valencia como capital mundial de la alimentación sostenible 2017, pretende que cada vez más ciudades adopten sus compromisos. Es necesario, por tanto, desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados para asegurar una comida sana y accesible, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Señorías, el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial de la Alimentación y coincidiendo con el año en que la ciudad de Valencia es capital mundial de la alimentación sostenible, quiere sumarse al objetivo de lograr sistemas alimentarios sostenibles y reafirma los compromisos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para alcanzar la meta del Hambre Cero e insta al Gobierno de España a avanzar decididamente en la política de lucha contra el hambre y en la apuesta global por una alimentación sostenible.

Congreso de los Diputados. 19 de octubre de 2017. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 14/2017, DE 6 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA Y POR TIEMPO LIMITADO DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 130/000020).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones. En primer lugar, convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 335 más 2 votos telemáticos, 337.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Pasamos a continuación a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 85 más 1 voto telemático, 86; en contra, 250 más 1 voto telemático, 251.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramita como proyecto de ley.


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- REAL DECRETO-LEY 15/2017, DE 6 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD DE OPERADORES ECONÓMICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 130/000021).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 245 más 1 voto telemático, 246; en contra, 90 más 1 voto telemático, 91.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 90; en contra, 245 más 2 votos telemáticos, 247.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. En consecuencia no se tramita como proyecto de ley.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. (Número de expediente 121/000002).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar las enmiendas del Senado. En primer lugar, las enmiendas del proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 y 2014/24 de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2014. Vamos a votar en bloque las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 164; en contra, 171.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000004).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las enmiendas del Senado del proyecto de ley sobre precursores de explosivos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 318; abstenciones, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. (Número de expediente 121/000005).

La señora PRESIDENTA: Ahora vamos a votar las enmiendas del Senado, también en una votación en bloque, del proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Votación en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 318; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Rumores).

Silencio, señorías.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA LA CONCLUSIÓN DE SUS TRABAJOS. (Número de expediente 154/000005).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la solicitud de prórroga de subcomisiones. Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, para la conclusión de sus trabajos. ¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la prórroga.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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