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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 04/10/2016
cve: DSCD-12-PL-8
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 8
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 7
celebrada el martes,
4 de octubre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 9-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 127/000001) ... (Página4)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 25, de 30 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000160) ... (Página22)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000134) ... (Página30)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Homs), sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000113) ... (Página39)

Declaración institucional:

- Declaración institucional de apoyo a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017. (Número de expediente 140/000004) ... (Página47)


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Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página48)

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página48)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

La Presidencia informa de que se encuentran presentes en la tribuna de invitados una delegación de las instituciones de la Comunidad Valenciana y una delegación de los diputados del Bundestag, a quienes da la bienvenida.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página4)

Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ... (Página4)

Los señores Ferri Fayos, del Grupo Parlamentario Compromís, y Mata Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Bonig Trigueros, del Grupo Parlamentario Popular, representantes de les Corts Valencianes, presentan a la Cámara la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.

Hacen uso de la palabra los señores Hernando Fraile, Baldoví Roda, Errejón Galván y Hernando Vera.

Asimismo, en turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Ciudadanos.

Hace uso de la palabra el señor Baldoví Roda.

Continúan con el turno de fijación de posiciones la señora Ballester Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y los señores López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de Ley ... (Página22)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios ... (Página22)

Defiende la proposición no de ley el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En defensa de la enmienda presentada, interviene el señor Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Igea Arisqueta, del Grupo Ciudadanos; López de Uralde Garmendia, del Grupo


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Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene el señor Capdevila i Esteve.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Reyes Rivera, del Grupo Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz y las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda, interviene el señor Legarda Uriarte.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Homs), sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martín Llaguno, del Grupo Ciudadanos, y los señores Bustamante Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Cruz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Nogueras i Camero.

Declaración institucional ... (Página47)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos de apoyo a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se aprueba por 298 votos a favor y 38 abstenciones, por lo que obtiene el voto de totalidad favorable de la Cámara.


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Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios, se aprueba por 177 votos a favor, 132 en contra y 33 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable, se aprueba por 176 votos a favor, 135 en contra y 31 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Homs), sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, se aprueba por 175 votos a favor, 133 en contra y 34 abstenciones.

Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Señorías, quiero comunicarles que en este momento nos acompaña en la tribuna de invitados, en primer lugar, una delegación de las instituciones de la Comunidad Valenciana, presididas por su presidente, a quienes quiero dar la bienvenida. También nos acompaña una delegación de los diputados del Bundestag alemán, formada por los miembros del Grupo de amistad con España. Quiero expresarles a todos ustedes, en nombre de la Cámara, nuestra más calurosa bienvenida y enviarles un afectuoso saludo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto primero del orden del día, relativo al debate de totalidad de la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por ello nos acompañan tres representantes de les Corts Valencianes que integran la delegación que defenderá la propuesta, y a quienes doy también la bienvenida en nombre de toda la Cámara. (Aplausos).

Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ferri Fayos.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Ferri Fayos): Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senyor president de la Generalitat, senyora vicepresidenta, membres del Consell, companys y companyes de Les Corts, como saben subo aquí en representación de les Corts Valencianes para defender nuevamente la reforma de nuestro Estatuto, y reivindicar unas inversiones justas para los valencianos y las valencianas. Es la tercera vez que los miembros de estes Corts venimos a Madrid a plantear esta cuestión, y si me permiten la reflexión es posible que, siendo diputados de otro parlamento, algunos de los que venimos hoy aquí hayamos intervenido más veces en esta tribuna que algunos miembros de esta Cámara que llevan varias legislaturas. Vaya por delante que Compromís vendrá las veces que haga falta para exigir lo que creemos que es de sentido común: que se acabe con la discriminación hacia los valencianos y las valencianas, y que se nos deje de tratar de una vez por todas como ciudadanos de segunda. Como les decía, es la tercera vez que intervengo en este Congreso para defender una propuesta


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que está hecha desde 2011. Desde ese año la propuesta deambuló por los despachos porque al Partido Popular no le interesaba que se debatiera, hasta que llegó 2015, llegó el cambio político en nuestra tierra y se reactivó esta reforma. En septiembre de ese mismo año vinimos a defenderla por primera vez. Recordarán que en esa ocasión no pudimos contar con la presencia del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que prefirió un refrigerio en el bar Manolo a escuchar a los representantes del pueblo valenciano.

Hubo elecciones y con la nueva legislatura se nos volvió a convocar. En abril de 2016 nueva legislatura, nuevos diputados y diputadas, nuevos grupos parlamentarios, pero las mismas ausencias. El señor Rajoy, tal y como le dijo al señor Baldoví sobre la reforma de la financiación, tenía otras prioridades. Cuando se trata de hablar de cómo mejorar la vida de los valencianos y las valencianas siempre hay otras prioridades. Hoy pensaba que a la tercera sería la vencida, pero lamentablemente ese sillón de ahí vuelve a simbolizar lo que le importan los problemas de los valencianos a Mariano Rajoy. Es una lástima, porque tenía ganas de trasladarle algunas preguntas que nos han surgido a los valencianos en los últimos meses. Por ejemplo, nos preguntamos por qué el Ministerio de Fomento ataca al tren de la costa, el que incluye el tan necesario Gandía-Denia y daría servicio a medio millón de personas diciendo que no sería rentable. Nos preguntamos si hacían esos estudios antes de construir las líneas y estaciones del AVE -que hoy son auténticas estaciones fantasma- o si solo hay que hacerlos cuando se trata de rebajar las inversiones de los valencianos. Nos preguntamos hasta cuándo deberán soportar los usuarios de cercanías entre Valencia y Castellón un servicio tercermundista. Nos preguntamos hasta cuándo deberán soportar estos ciudadanos los retrasos y las paradas. Nos preguntamos por qué en el último acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos se incluye una fecha para terminar o poner en funcionamiento el AVE a Galicia, y no se calendariza el corredor mediterráneo de mercancías con doble plataforma. Nos preguntamos si los ciudadanos del área de Alacant no se merecen unas cercanías electrificadas. Nos preguntamos para cuándo las inversiones en Xàtiva-Alcoy, en el Castelló-Vinaroz y en Valencia-Buñol. Nos preguntamos por qué el Gobierno central no ha enviado a Bruselas la necesidad de enterrar las vías a su paso por Valencia, y construir el túnel pasante y acabar de una vez por todas con el cuello de botella, una necesidad acordada ya en 2003. Nos preguntamos por qué Vigo, Madrid, Barcelona y Murcia sí que tienen en marcha esas obras y en Valencia ni están si se las espera. Nos preguntamos por qué no se invierten 40 millones de euros necesarios para modernizar la línea que conecta el Mediterráneo con el Cantábrico, a través de Zaragoza; 40 millones, señorías, equivalen a tan solo 2 kilómetros de AVE. Nos preguntamos en definitiva qué ha hecho por los valencianos el Gobierno de Mariano Rajoy en sus cuatro años de mayoría absoluta; qué ha hecho.

En los últimos meses se viene repitiendo un discurso muy tramposo, según el cual todo se puede justificar por la ausencia de Gobierno. ¿Por qué no tenemos un nuevo sistema de financiación? ¡Ah!, es que tenemos un Gobierno en funciones. ¿Por qué no tenemos mayores inversiones? Porque, claro, un Gobierno que está en funciones y sin presupuesto... La trampa es hacernos creer que hay que investir a un Gobierno, al que sea -siempre que sea de derechas, claro-, porque la falta de Gobierno es la causa de nuestra discriminación. ¿Quién se cree esa mentira? ¿Cuántos años lleva el Gobierno de España en funciones? ¿Veinte años, treinta años? Lo que queda claro es que el Gobierno de Rajoy en lo que respecta a los derechos de los valencianos y las valencianas lleva en funciones desde el mismo día en que pisó La Moncloa.

Señorías, venimos a defender esta reforma porque sabemos que el problema de la discriminación de los valencianos viene de muy lejos. Venimos con una reforma del Estatuto porque la experiencia nos ha demostrado que pasan los Gobiernos, que pasan los presidentes, pero la discriminación permanece. Venimos con la esperanza de que el voto favorable hoy a esta propuesta se demuestre en hechos, en inversiones, en medidas concretas. Venimos en definitiva porque creemos y mantenemos que los valencianos merecemos vivir mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Mata Gómez.

El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Mata Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.

President, vicepresidenta, membres del Govern valencià, companys y companyes, en efecto es la tercera vez que comparecemos en esta Cámara, la primera en una legislatura agonizante, reflejándose en la presencia de sus señorías, y en que éramos muy pocos quiénes estábamos atentos a este problema.


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La segunda era una legislatura expectante, por lo que había mucha intriga fuera, y por tanto tampoco teníamos el calor que tenemos hoy, y en esta legislatura intrigante sí que contamos con la presencia de la mayoría de sus señorías, lo que nos ayuda de manera muy rotunda al intento de trasladarles qué pasa en nuestra tierra, porque nos da la sensación de que ustedes ven a Valencia, a la Comunidad Valenciana, al País Valenciano, pero no lo miran, no lo entienden, que a veces nos oyen pero no nos escuchan, porque entre el ayer, un ayer lamentable en el que trasladábamos una imagen de petulantes, de sobraos, de gente que tenía todos los grandes eventos, que se dedicaba a ser una atracción y un polo de desarrollo en el conjunto de España, tampoco es justa la imagen de un hoy en que parece que es un nido de corruptos, en que la Policía no hace nada más que investigar comportamientos, y que en los banquillos de los tribunales están sentados antiguos dirigentes del Partido Popular. Pero la verdad es que ha habido veinte años de un régimen político que nos ha llevado a una situación francamente angustiosa, y por eso vendremos aquí todas las veces que podamos para explicarles quiénes somos.

Nosotros, después de un régimen de veinte años de gobierno del Partido Popular, cada valenciano o valenciana debía 600 euros: hoy debe 9.000 euros. Después de veinte años de gobiernos del Partido Popular han desaparecido la tercera y la cuarta cajas de ahorros de España. Tenemos casi un 25 % de pobreza y de personas en situación de exclusión social. Hay 300.000 personas expulsadas de la clase media. Nosotros, señorías, vivimos en una tierra en la que estamos ahora a 13 puntos de renta per cápita respecto a la media nacional, y vivimos en una tierra que somos la comunidad cuyo salario medio ha bajado más de 3 veces respecto a la media nacional. Nos han empobrecido. Nos han empobrecido durante mucho tiempo. Como le gusta decir al presidente Puig, España funciona porque las comunidades autónomas llevan sobre los hombros a las españolas y a los españoles. Cuando un español o una española se levanta cada mañana, coge un autobús que no tiene financiación ni contrato-programa de esta comunidad autónoma; después se traslada a colegios públicos que no tienen ayuda del Gobierno estatal para su construcción, les bajamos la ratio, podemos ya ampliar la cartilla sanitaria a gente que no la tenía, pero no tenemos ayuda para hacer frente a esto.

Nosotros, señorías, estamos convencidos de que la senda que hemos emprendido hace que haya miles de personas que ya no copagan en las residencias de día; miles de personas que ven cómo se tramitan sus expedientes de dependencia; miles de estudiantes que ya van a ser veinte en clase y no van a ser treinta. Estamos en una senda correcta, pero necesitamos lo que ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra: ese tren de la costa, esa comunicación urgente con Cataluña. ¿Cómo es posible que por razones políticas se haya castigado una comunicación entre Cataluña, Barcelona y Valencia que hace que sea más fácil ir a Madrid, coger un AVE y de ahí a Barcelona, antes que ir a Barcelona directamente? Ese tipo de infraestructuras son las que hoy venimos a reivindicar, porque no nos podemos conformar con lo que hace un Gobierno que, como señor feudal, va repartiendo trocitos de FLA a cambio del diezmo que le pagan los valencianos. Nuestra misión, señorías, es saber si este Congreso está dispuesto a ayudar a las personas y a la gente, que es a quienes cada día un gobernante de una comunidad autónoma tiene que mirar a los ojos, o van a trabar su futuro, porque aquí aprueban leyes que hacen que la gente pueda estar trabajando en un sitio y la despidan por la noche y al día siguiente la vuelvan a contratar. Ustedes hacen leyes según las que protestar puede ser motivo de ir a la cárcel. Ustedes hacen leyes y leyes y leyes y leyes, y las comunidades autónomas se encargan de personas, de personas, de personas y personas. Y cuando miramos atrás y tenemos un familiar con alzhéimer, vamos a un ayuntamiento y vamos a la ventanilla de la Generalitat. Toda nuestra vida tiene que ver con el Estado autonómico y eso tiene que ser entendido, señorías, en esta Cámara.

Ni los valencianos estábamos de parranda ni los valencianos estamos dormidos. Los valencianos estamos despertando: despertando de una pesadilla horrorosa. Y si me lo permiten, señorías, le voy a entregar a la presidenta un libro que se presentó ayer en Valencia, que se llama El despertar valenciano, de un gran periodista, Víctor Maceda, que explica cómo han sido estos veinte años de terror y este último año y medio de esperanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra la señora Bonig Trigueros.

La señora REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Bonig Trigueros): Gracias, señora presidenta.


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Molt honorable president de la Generalitat, molt excellent president de Les Corts, señorías, esta sí que es mi primera vez en intervenir aquí, en el Congreso de los Diputados, en representación de una gran tierra que es la Comunidad Valenciana, por mucho que algunos se empeñen en destruirla todos los días, y en nombre del partido mayoritario en la Comunidad Valenciana, que es el Partido Popular. (Aplausos). Por eso para mí, señorías, es un honor y un privilegio defender en esta Cámara la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; una reforma que conviene indicar que fue impulsada por el Partido Popular, que contó con el consenso y apoyo de todos los grupos, y que plasmó por escrito lo que es un derecho, un derecho de los valencianos, porque ni siquiera estamos hablando de una reivindicación histórica ni tampoco de una cuestión de voluntad política; estamos hablando de una cuestión de justicia para con los valencianos. Porque los valencianos no venimos aquí a llorar, los valencianos venimos aquí a pedir los mismos recursos que el resto de españoles. Son otros los que hacen de la confrontación permanente y del victimismo su seña de identidad, quizá porque detrás de ese victimismo y ese llanto no hay proyecto, no hay futuro, y sobre todo porque ocultan su nefasta falta de gestión. Y es que en política, señorías, se viene llorado y aprendido, y quien apela continuamente al pasado y al victimismo es incapaz de gestionar el presente, y sobre todo -lo más importante y más ilusionante en política- proyectar el futuro.

Los valencianos reclamamos igualdad entre todos los españoles, igualdad de oportunidades entre todas las comunidades. Pedimos que el principio de igualdad que reconoce nuestra Constitución española se haga material también en las inversiones que el Estado destina a las comunidades autónomas, y creemos que ha llegado el momento en que los valencianos tenemos legitimidad total y absoluta legitimidad para poner punto y final a la discriminación que hemos vivido; una discriminación, señorías -que nadie les engañe-, que tiene dos variables muy definidas, muy claras: hay una fecha y hay un responsable. La fecha, el 15 de julio de 2009; el responsable, el Partido Socialista Obrero Español (Aplausos), que aprobó un modelo de financiación nefasto y perverso para la Comunidad Valenciana; un sistema votado, aprobado y aplaudido por quienes hoy vienen a esta Cámara a decir y a rasgarse las vestiduras por la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana. Pero no solo es en materia de infrafinanciación; también hay problemas en inversiones y por eso la Comunidad Valenciana reclama inversiones en proyectos fundamentales, como lo hace el Gobierno de España en el corredor mediterráneo. Y me permitirá la presidenta que haga referencia a cuando ella era ministra de Fomento, y cómo el tercer carril del corredor mediterráneo, que diseñó un Gobierno del Partido Popular, fue apoyado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Señorías, en pocos días celebraremos el 9 d´Octubre; un día en el que los valencianos conmemoramos nuestra esencia como pueblo, nuestro autogobierno y nuestras instituciones. La Comunidad Valenciana lo tiene claro: es fundamental para España, como España es fundamental para la Comunidad Valenciana; se trata de un binomio indivisible. Permítanme que les lea una frase de Luis Lucia, el fundador de la Derecha Regional Valenciana: Ningún patriotismo más a prueba que el patriotismo de los valencianos; si una región hay en España que por la riqueza de sus suelos puede hacerse la ilusión de que se basta a sí misma, esa región es la región valenciana, y sin embrago en Valencia nunca han tenido cabida las locuras separatistas. No, porque los valencianos lo tenemos claro; son otros los que pretenden reabrir viejos debates identitarios con el fin de debilitarnos, cuyo único trasfondo es un gran complejo de inferioridad que ha arrastrado siempre la izquierda valenciana, y un sentimiento existente, pero camuflado y encubierto, de querer formar parte de eso que Joan Fuster llamaba els països catalans, y que no existen, no han existido y jamás existirán. (Aplausos). Porque la Comunidad Valenciana -acabo, señorías- sabe perfectamente lo que quiere, dónde está; sabemos dónde queremos ir, con una lealtad absoluta en la defensa de los marcos constitucional y estatutario. Ahora bien, señorías, esta lealtad absoluta nunca puede acabar traduciéndose en menos inversión y en menor financiación; de lo contrario estaríamos dando alas a quienes desde posiciones radicales y nacionalistas solo quieren la confrontación directa con el Gobierno de España. Ahí, señorías, nunca, jamás encontrarán al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Al Partido Popular de la Comunidad Valenciana lo encontrarán aquí, defendiendo donde corresponde y de la forma que corresponde lo que es justo para nuestra tierra, que en veinte años pasó del olvido a la gran transformación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senyor president, senyor president de Les Corts, senyora vicepresidenta, delegació valenciana -a pesar de-, diputats, senyor ministre, ya estava bé que vingueraea un debat sobre els valencians, perque vosté es presenta per Alacant i, per tant, ya estava bé que vinguera.

Un inciso. Efectivamente Valencia pasó del olvido a la transformación: de 2.500 millones de deuda a 42.000, gracias al Partido Popular, señora Bonig, gracias al Partido Popular. (Aplausos). ¡Gran transformación! Partido Popular. Mire, los valencianos tenemos una expresión para definir lo que ha hecho la señora Bonig: ¡Quina barra, quina barra, quina poca vergonya!, ¡qué desvergüenza, qué desvergüenza! (Aplausos). Me acuerdo de las palabras que pronunció Jaume I en la batalla de Portopí: ¡Vergonya, cavallers, vergonya! ¡Vergonya, señores, vergonya, vergonya!

La reforma del Estatuto valenciano llega aquí con cinco años y medio de retraso, cinco años y medio en los que no hemos podido aprobarla. Han tenido mayoría absoluta aquí, han tenido mayoría absoluta allá, han tenido mayoría absoluta en las diputaciones -en Valencia, en Castellón, en Alicante- y no han hecho nada, nada. (Aplausos). ¿Sabe de qué preferían hablar aquí? ¿Sabe de qué discutimos aquí? Pues de los pitos en la final de la Copa del Rey. De eso discutimos, señora Bonig. ¡Era importantísimo para los valencianos! De eso discutimos. Esto no se ha podido discutir aquí: cuatro veces se aplazó -y usted era consellera, era consellera-, cuatro veces se aplazó y algunas veces con un argumento tan peregrino como que no habían tenido tiempo de nombrar a los representantes. No lo que pasó ayer. Usted que tanto critica al Gobierno del Botánico, ayer se hizo un pleno para que usted pudiera venir; eso lo hubieran podido hacer, no lo hicieron, y por eso esta es la tercera vez que lo discutimos aquí y la sexta vez que la reforma del Estatuto valenciano viene aquí. ¡Per l'amor de Déu! ¡Per l'amor de Déu! Es que la vergonya...

¿Sabe cuánto nos ha costado que esto no se aprobara aquí y no se llevara a cabo? Y no lo dice una persona moderada como yo, no, lo dicen los radicales y extremistas de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. En los años en que usted fue consellera, en los años en que el PP tenía mayoría absoluta, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana -radicales y extremistas como usted; como usted- dice que la Comunidad Valenciana dejó de percibir 1.679 millones. Por su culpa, por su grandísima culpa, señora Bonig. Usted era consellera de infraestructuras y no hacía nada. ¡Nada!

Lo que vamos a aprobar hoy aquí es una cosa de sentido común, razonable, moderada, y es que las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado tengan que ver con el peso poblacional. Perfecto, absolutamente elemental, justo, razonable... Pero llegaban los Presupuestos Generales del Estado y eso ya no era razonable ni justo. En los cuatro años que gobernó el PP nos correspondió el cinco y pico en lugar del 11; el 6, el 7, el 8; siempre por detrás, señora Bonig, y luego usted se pone la bandera de que defiende los intereses valencianos. Vaya manera de defender los intereses valencianos. Fíjese, presupuestos de 2016, inversiones en el territorio valenciano: 879 millones, el 8 %, y nos correspondían 1.216, lo que significa 316 millones menos. ¿Qué le decimos a la Cámara de contratistas? ¿Qué les decimos a todos los colegios que no se han podido hacer, señora Bonig? Por su culpa, por su grandísima culpa. Hubo años en que cada valenciano perdía 150 euros en inversión. La señora Bonig se ríe, pero yo me pondría a llorar. Yo me pondría a llorar porque, por su falta de actuación, los valencianos hemos perdido mucho, muchísimo, y luego dice usted que defiende los intereses valencianos. Los valencianos perdíamos cada año 400 millones de euros en inversiones y la consellera de Infraestructuras se callaba, no decía nada. ¡Nada! Por su culpa, por su grandísima culpa no tenemos el contrato-programa de transporte público en Valencia como lo tienen Madrid y Barcelona. ¿Qué ha hecho usted en estos cuatro años para tener el contrato-programa? ¡Nada! ¡Ni una mala enmienda a los Presupuestos Generales del Estado! ¡Nada! ¿Qué ha hecho usted -como le reclaman los empresarios valencianos- en la línea Teruel-Sagunto-Zaragoza? ¿Qué ha hecho? Nada. Y vale cuatro duros, y encima tienen la cara de intentar decirle a nuestra Generalitat ahora que lo cofinanciemos, cuando es una competencia del Estado. ¡Qué cara! ¡Qué cara! Mientras el Teatro Real recibía 9 millones de euros, el Liceu 7 o la Maestranza 1,5, el Teatro de Les Arts recibía medio millón, y ustedes se callaban, no decían nada. ¡Nada!

Hoy, en Bruselas, señor Margallo, se está hablando del túnel pasante de Valencia. Francia ha hecho sus deberes y lo ha incluido en el Forum europeo del corredor mediterráneo, ha hecho sus deberes e incluye Marsella y Lyon; Italia incluye Turín, y el Gobierno del PP se olvida de Valencia. ¡Nada! ¿Y usted tiene la cara de venir aquí a querer dar lecciones? ¿De qué nos va a dar lecciones usted? ¿De qué? ¿De qué nos da lecciones? (El señor Hernando Fraile pide la palabra).


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La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, un momento.

Señoría, si usted quiere intervenir, le daré la palabra al terminar el señor Baldoví.

Continúe, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Descuénteme el tiempo.

A mi entender, y al de muchos, el PP ha sido una plaga para los valencianos. Ustedes han sido... (El señor Hernando Fraile: ¡Al tema! ¡A la cuestión!). ¿Puedo hablar? (Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¡A la cuestión!). Estoy hablando... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, señor Baldoví, señor Hernando, por favor, les ruego a todos silencio y cuando termine su intervención el señor Baldoví, que le queda un minuto veinticuatro segundos, a partir de ahí...

El señor BALDOVÍ RODA: No, me quedaban dos minutos y pico.

La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, sabe que la Presidencia siempre es muy flexibe con los tiempos y no se preocupe usted porque de ese minuto y cinco segundos que tiene ahora ajustaré el tiempo. Tiene usted la palabra.

El señor BALDOVÍ RODA: Y yo corresponderé con toda cordialidad, señora presidenta. Muchísimas gracias.

Anteayer, la señora Bonig decía -estoy hablando de infraestructuras, señor Hernando- que por encima del corredor mediterráneo está la unidad de España. Se quedó tan pancha y tan satisfecha. La unidad de España es la unidad de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Si somos un 12 % más pobres y encima pagamos más a otras comunidades más ricas tienen que trabajar para que en los Presupuestos Generales del Estado se cumpla esto que se ha traído hoy aquí, que en los presupuestos las inversiones se acerquen a la población, y eso es lo que no se ha hecho.

Señora Bonig, los valencianos no comemos de sus palabras grandilocuentes y de sus discursos fieros -lo voy a reconocer-, pero huecos. El corredor mediterráneo, una infraestructura que no se ha podido hacer porque esto no se ha aprobado, daría competitividad a la Ford. Un coche con el corredor mediterráneo hecho estaría en Alemania 400 euros más barato que ahora. Eso es hablar del pan de los valencianos, eso es hablar de dinero. Nuestras naranjas serían más competitivas, nuestro mármol de Vinalopó, nuestra cerámica, nuestro turismo y nuestras cercanías en Castelló. De eso comemos los valencianos, de tener unas infraestructuras que hagan a nuestras empresas y a nuestra agricultura competitivas.

Voy acabando. Señora Bonig, señores del Partido Popular, vamos a votar ahora una propuesta del Parlamento valenciano que dice que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se aplique la relación de la población a la inversión. Los valencianos somos el 11 % y nunca hemos llegado al 11 %. Espero que si votan a favor todos los que van a votar hoy a favor, lo apliquen. Si ustedes quieren ser útiles a los valencianos, ahora que ya sabemos seguro que el señor Rajoy va a volver a ser presidente cuando alguna gestora se aclare si va a ser ahora o si va a ser dentro de tres meses, peleen con su partido y con su presidente para que aplique esto en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Me quedan diez segundos. Peleen por hacer enmiendas de verdad en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Peleen por que se aplique de una vez un modelo de financiación que no nos castigue y de esa manera harán honor a las palabras que Jaume I puso en su testamento: "Amar i protegir totes les persones i el poble;" -no parlem del poble impunement- "fer regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimisquen els menuts".

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, por el artículo 71.3 le he pedido en reiteradas ocasiones que el señor Baldoví se remitiera al orden del día, y el señor Baldoví ha hecho clarísimamente un turno de interpelación a la señora Bonig, lo cual no está en el orden del día. Entiendo que el señor Baldoví quiera trasladar aquí el debate de otra Cámara, pero esta no era la cuestión del orden del día y, por tanto, le pido este turno para defender, en nombre de mi grupo parlamentario, a la señora Bonig. (Rumores.-Aplausos.-El señor Baldoví Roda pide la palabra). ¿Me lo da o no me lo da?


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La señora PRESIDENTA: Sí, un segundo, señoría.

Señor Hernando, adelante.

El señor HERNANDO FRAILE: Señor Baldoví, usted ha confundido el turno de esta tarde, insisto. Ha tenido la falta de decoro de hacer una alusión contra un miembro de una Cámara que no es esta en cuestión, lo cual demuestra su talante y, en mi opinión, su bajeza. (Rumores). Quienes tienen conciencia de qué ha hecho el Gobierno del PP por la Comunidad de Valencia son los valencianos, que nos han vuelto a dar la victoria y a usted a derrotarle. (Aplausos). Estos son los valencianos. Por tanto, más respeto hacia personas que vienen de otras Cámaras a hacer defensas y turnos como el que ha hecho hoy la señora Bonig y como todos los comisionados, a los cuales nosotros siempre respetamos. (Rumores). Señor Baldoví, parece mentira que usted, con el tiempo que lleva en esta Cámara, haga intervenciones de este cariz y desvíe la cuestión del asunto... (Aplausos.-Protestas.-Los señores Errejón Galván y Baldoví Roda piden la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, señorías, un segundo, por favor. Tomen asiento todos. Un segundo. (El señor Errejón Galván continúa de pie). Tome asiento, por favor, señoría. Voy a dar la palabra primero al señor Baldoví. (Protestas.-El señor Errejón Galván: Solo quiero hacer una pregunta, señora presidenta). Señoría, por favor.

Señoría, el turno por alusiones lo da la señora presidenta. (Rumores.-El señor Errejón Galván: Pero tengo una pregunta, señora presidenta.-Protestas). Señor Errejón, le voy a dar la palabra, pero se la va a dar la Presidencia.

Tiene la palabra el señor Baldoví, y le ruego, por favor, brevedad en sus exposiciones.

El señor BALDOVÍ RODA: Tardaré exactamente la mitad de lo que ha tardado el señor Hernando, seguro. El primer día que estuve aquí, una antigua presidenta socialista, en mi primera intervención, me dijo una frase que nunca se me olvidará: la corrupción no se cura con los votos. Es mi tercera intervención en este tema -la cuarta, porque la primera no la pudimos votar- y en ninguna de las anteriores he hecho una intervención tan acalorada como hoy, lo reconozco, pero que conste que lo he hecho porque la portavoz enviada por el Parlamento valenciano, señora Bonig, a los diez segundos de empezar su intervención ya estaba diciendo que nuestro Gobierno, un Gobierno tan legítimo como el suyo, estaba destruyendo el país. Y eso no lo aguanto, eso no lo soporto. (Protestas).

Señor Hernando, le recomiendo con...

La señora PRESIDENTA: Señoría, le voy a volver a dar la palabra, pero el turno por alusiones es para hacer mención a la alusión concreta y no es un turno de palabra; es simplemente para hacer mención a la alusión.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Señor Hernando, con toda la cordialidad del mundo le pediría que se leyera el "Diario de Sesiones" con la intervención de la señora Bonig. Puede que entonces se explique por qué he hecho esta intervención, de la cual, evidentemente, no me arrepiento.

La señora PRESIDENTA: Señorías, como he hecho en otras ocasiones, les recuerdo que se ha de hacer mención al artículo del Reglamento y, en el caso de alusiones, se ha de hacer mención concretamente a la alusión de la que se trata.

Señor Errejón, tiene la palabra. ¿Artículo?

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Mi pregunta era sobre la atribución que usted hacía, en virtud del artículo 73, respecto a las alusiones. (El señor Hernando Fraile: Ese no). Estoy en el uso de la palabra. (El señor Hernando Fraile: Ese no es el artículo). Estoy en el uso de la palabra. (El señor Hernando Fraile: Ese no es el artículo). Estoy en el uso de la palabra. Señora presidenta, el portavoz y los diputados del Grupo Popular acostumbran a interrumpir constantemente, violentando el Reglamento de la Cámara, aludiendo... (El señor Hernando Fraile, señalando el Reglamento: Es el artículo 71.3.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señoría.


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El señor ERREJÓN GALVÁN: Señora presidenta, lo que yo he escuchado ha sido la intervención de los diferentes ponentes y, en este caso, la intervención de la ponente del Partido Popular, representante de les Corts Valencianes ha sido un conjunto de alusiones de lo más variadas -estaba en su pleno derecho de palabra- sobre Valencia, sobre la identidad de los valencianos o sobre la unidad de España, y entiendo que el resto...

La señora PRESIDENTA: Señor Errejón, ya no le doy la palabra. Le acabo de recordar que es el turno de alusiones y en este instante ese turno se ha terminado y los grupos... (El señor Errejón Galván: Pero se lo tenía que haber dicho al Grupo Popular).

Señorías, en relación con el turno de alusiones y la interpretación del Reglamento, la Presidencia ha dado la palabra a tres grupos. En este momento continúa el debate y los grupos tendrán ocasión de defender su postura. (El señor Errejón Galván: Le rogaría solo que el Grupo Popular no violente sistemáticamente el turno de alusiones). Señoría, se ha terminado su intervención. (El señor Hernando Vera pide la palabra).

Señor Hernando, le ruego brevedad y dígame el artículo del Reglamento.

El señor HERNANDO VERA: Artículo 72.1.

La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: El artículo 72.1, señora presidenta, como usted sabe, dice que en cualquier momento del debate un diputado podrá pedir la observancia del Reglamento. Lo que le pido es que cumpla con su obligación del artículo 32.2, que establece que la Presidencia es la que interpreta el Reglamento. El Reglamento establece que es la presidenta la que tiene que decidir si ha habido alusiones o si tiene que haber una llamada al orden. Puede o no gustar la intervención del señor Baldoví, pero no ha caído en ninguno de los puntos establecidos de la llamada al orden. No ha sido ofensivo; ha podido ser duro, pero no ofensivo, por lo que, señora presidenta, le ruego que cumpla usted con el Reglamento y no permita que se vuelva a interrumpir el Pleno de esta forma.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, le he dado la palabra en consideración al artículo que usted ha nombrado. He tenido la suficiente paciencia como para dar la palabra a sus señorías. La interpretación del Reglamento la hace y la ha hecho la Presidencia en virtud de los artículos a los que han hecho referencia sus señorías, por lo que les ruego que respeten su decisión. La interpretación del Reglamento, conforme a los artículos que usted ha mencionado y a las competencias de esta Presidencia, la hace la Presidencia, por lo que les ruego, señorías, que, como todos ustedes tienen un turno de intervención, no utilicen torticeramente el turno por alusiones ni por llamada al orden. Y les voy a recordar algo más. Si ustedes repasan las últimas sesiones que se han celebrado en esta Cámara, si hubiera que haber llamado a la cuestión y al orden, esta Presidencia no hubiera terminado las sesiones, así que les ruego que no vean la paja en un ojo y la viga en el otro. Muchísimas gracias. (Aplausos.-Rumores). Y ruego silencio, que el silencio, así como la palabra, también está en el Reglamento.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Molt honorable president de la Generalitat del País Valencià, honorable president de les Corts Valencienes i honorable vicepresidenta de la Generalitat del País Valencià, comisionats de les Corts Valencianes, benvinguts en nom d´Esquerra Republicana de Catalunya, en nom d´Esquerra Republicana del País Valencià i en nom d´Esquerra Republicana de les Illes Balears; en nom del independentisme des països catalans.

Señorías, hay una expresión valenciana muy popular, una expresión que utilizan seguro todos los valencianos catalanohablantes y también los que no lo son que conocerán. Seguro que la habrán oído. Dice así: ¡Au, a fer la mà! (Risas). ¡Au, a fer la mà! Pues bien, esta expresión -que se utiliza articulada de forma imperativa- se usa frente al hastío, frente a aquellas personas o a aquellas instituciones que provocan incomodidad desde posiciones altivas y profundamente generadoras de hartazgo. Esta es una expresión muy común en los valencianos y en las valencianas cuando se refieren al Estado español. ¡Au, a fer la mà! Porque, después de decenios de ofrecer glorias a España, el Estado español ¿cómo paga al País Valencià? Le paga con el expolio económico. En los últimos quince años los Presupuestos Generales


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del Estado han asignado a cada ciudadano del País Valencià menos recursos que la media española. Valencià, calla y paga. Este es el mantra del Estado español: callar y pagar. Trabajad, no dejéis de trabajar. Los valencianos siempre han sido tan trabajadores como el resto de pueblos de los països catalans. Pagar siempre, pagar, y expolio, porque en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 la media de inversión en el Estado español son 237 euros, mientras que en el País Valencià son 176. Evidentemente, todas las enmiendas de los republicanos valencianos en este ejercicio fueron rechazadas, como fueron rechazadas las enmiendas republicanas de Esquerra Republicana del País Valencià en ejercicios anteriores. Tal como ha dicho el compañero y amigo Baldoví, es evidente que no habrá corredor ferroviario del Mediterrráneo ni inversión en la línea ferroviaria Gandía-Denia ni conexión ferroviaria Valencia-Alacant por Alcoy y, por supuesto, nada de desdoblamientos en la N-332 y en la N-340 a su paso por el Baix Maestrat. Si en los últimos quince años el Estado hubiera invertido proporcionalmente a la población del País Valencià, habría tenido que invertir 6.800 millones más. Por esto la ciudadanía valenciana está harta de sufrir a un Estado expoliador. El País Valencià es un caso único. Es un territorio que tiene el producto interior bruto per cápita más pobre que la media del Estado, pero que tiene una balanza deficitaria respecto a este mismo Estado. Entre los años 2002 y 2009 el País Valencià ha pagado 45.000 millones más que no retornaron. Este es un cálculo no aceptado por el Gobierno español, puesto que es el cálculo hecho mediante la metodología del flujo monetario. Es un cálculo que no acepta el Gobierno español, pero es un cálculo que está académicamente reconocido. Es más, los 45.000 millones son 3.000 millones más que el conjunto de la deuda que tiene contraída la Generalitat del País Valencià. El mismo Ministerio de Hacienda, con el otro criterio de cálculo, el criterio de la carga-beneficio -otra metodología existente académicamente tan reconocida como la anterior-, reconoce para el año 2013 -que son los últimos datos que conocemos- un déficit de 1.400 millones. Son, por tanto, 1.400 millones que los valencianos y valencianas pagaron en el año 2013 y que no retornaron al País Valencià. A eso se le llama pagar y callar. Por esto encontrarán razonable que muchos valencianos miren al Estado español y le digan: ¡Au, a fer la mà!

El Partido Popular cayó. De hecho, todos sabemos que los problemas nacen del Partido Popular que, efectivamente, ha sido el brazo armado de este efecto expoliador, pero también deben reconocer los socialistas que ustedes consintieron un tanto. Yo recuerdo al diputado republicano e independentista Agustí Sardà, defender en el año 2006 desde esta tribuna, cuando se estaba tramitando l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, la Agencia Tributaria del País Valencià a fin y efecto de que fueran los valencianos, que fueran sus instituciones, quienes recaudaran los impuestos de los ciudadanos del País Valencià, que era un primer trámite, una primera etapa para poder controlar los recursos de los ciudadanos del País Valencià. Recuerdo cómo fue rechazado, y lo que nos hizo más daño, cómo se intentó caricaturizar, es decir, casi ridiculizar aquello que nosotros defendíamos en el año 2006, la creación de una Agencia Tributaria valenciana. Es verdad que los tiempos han cambiado y que si ahora hiciéramos un ejercicio de hemeroteca, comprobaríamos que algunos empresarios valencianos que se apuntaron al carro del Partido Popular han corregido el rumbo; también algunos sindicatos y una parte de la sociedad civil valenciana que hicieron el caldo gordo al Partido Popular, pero ahora se ha impuesto la razón. ¿Por qué? Porque en el País Valencià existe un doble peligro, una doble amenaza, y es que no está garantizada la viabilidad económica del territorio y no está garantizada la sostenibilidad del modelo social, un Estado del bienestar que en el País Valencià llegó tarde y que además fue expoliado después por el Gobierno del Partido Popular. Luego hay que reaccionar y hay que hacerlo reconociendo de dónde vienen los males. Además, es un maltrato que se perpetúa porque, ¿es tan absurdo pedir que se condone la deuda del FLA a cuenta de la deuda histórica? ¿Es que no existe una deuda histórica? ¿No es cierto que durante decenios los valencianos y las valencianas han pagado mucho más de lo que han recibido? Luego aquí existe una cuestión que hay que plantearse, porque todo ello es absurdo e irracional y estamos hablando de un latrocinio, estamos hablando de un latrocinio normalizado por el tiempo, pero es un latrocinio. Además, el FLA del señor Montoro es perverso. Resulta que los valencianos reciben el dinero que previamente ya era suyo, y además el señor Montoro, desde el ministerio, intenta poner en marcha sus políticas dictadas por él mismo e incluso intenta sabotear la voluntad democrática del pueblo valenciano representada en les Corts Valencianes.

Por supuesto que nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta, es evidente que vamos a votar a favor; una propuesta que pretende incorporar una disposición similar a la que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en este caso para vincular la inversión del Estado al peso de la población del País Valencià. Pero no nos engañemos, esto es papel mojado. ¿O no se acuerdan ustedes de que el Partido


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Popular tiene a sueldo, entrecomillado -no se vaya a ofender el señor Rafa Hernando-, el Tribunal Constitucional? ¿Es que acaso el Tribunal Constitucional actúa de forma imparcial? ¿Qué sentenció el Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Qué sentenció? Sentenció que la inversión del Estado no puede estar vinculada a un estatuto de autonomía.

Termino, señorías, afirmando lo siguiente. No hay salida para el País Valencià hasta que los valencianos y las valencianas no controlen sus recursos económicos, y esto nos lleva a un escenario de dret a decidir, derecho a decidir, y evidentemente construir la futura república del País Valencià. Utilizo esta tribuna para recordarles a todos ustedes que el día 9 de octubre, domingo, se celebra el Día Nacional del País Valencià y están todos ustedes invitados e invitadas a manifestarse ese día por la tarde por los derechos sociales de los valencianos y las valencianas y por sus derechos nacionales. ¡Visca la república del País Valencià! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó García del Moral.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidenta.

Señor Ximo Puig -president-, señora Mónica Oltra -vicepresidenta-, señor presidente de Les Corts, diputats, señorías, bienvenidos. Creo que hemos dado hace poquito un espectáculo lamentable; es muy probable que los ciudadanos valencianos que nos estén viendo estén un poquito abochornados. Por dos razones, por lo que han hecho ustedes y porque, además, todo lo que estamos haciendo aquí ahora mismo no sirve para nada. El señor Tardà, junto a otras genialidades, lo acaba de recordar -luego recordaré algunas de las suyas- pero es obvio que el Constitucional nos ha cerrado esta puerta más de una vez; es obvio que no tenemos Gobierno y es obvio que es otra manera la que debemos poner en marcha para solucionar este problema.

Estamos absolutamente de acuerdo en el diagnóstico que han hecho ustedes. La Comunidad Valenciana deja de recibir anualmente 1.300 o 1.400 millones al año y eso es un problema muy grave. No es la única comunidad autónoma que tiene ese problema -todo hay que decirlo- y por eso, es obvio, gastamos menos dinero en sanidad, en educación, en dependencia, en infraestructuras necesarias; pero no es la única razón. También gastamos menos dinero en todo eso tan importante por la corrupción, por la ineficacia, por la ineptitud, señores del tripartito. (Aplausos). Así que si mientras hablamos de esa solución, sabiendo que no la podemos llevar a cabo aquí, y sobreactuamos como ha hecho el señor Baldoví -porque la corrupción, señor Baldoví, tampoco se cura sobreactuando- y hacemos cosas que no nos llevan a ningún lado y, sin embargo, no hacemos nada en Madrid o no hacemos nada allí, en la Comunitat Valenciana, señores de Les Corts y del Consell, lo que estamos haciendo aquí pura y simplemente es sobreactuar. Mire, uno sobreactúa cuando no está seguro de su capacidad, cuando no tiene capacidad alguna o, lo que es peor, cuando cree que puede engañar al ciudadano, al público. O lo que es mucho peor todavía, cuando quiere engañarle y eso es lo que están haciendo ustedes aquí. Pero nosotros creemos que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana merecen algo mucho mejor. Creemos que merecen unos gestores que se pongan a trabajar de verdad, en serio para mejorar su calidad de vida.

Hemos escuchado al Partido Popular y ahora escucharemos también al Partido Socialista decirnos que ambos tienen la culpa y, señorías, ambos tienen razón, ambos son responsables de la financiación autonómica (Aplausos) y ambos han legislado, en ocasiones con mayorías absolutas, y no han hecho nada para mejorarla; ambos tienen razón. Además hay que recordarle al Partido Popular que además de todo eso, por todo el tiempo que lleva allí gobernando, es responsable -según datos del Consell- de 4.000 millones de euros de agujero en la Comunidad Valenciana debido a su corrupción; 4.000 millones, casi cuatro veces lo que están reclamando aquí hoy que se debe mejorar al año la financiación de la Comunidad Autónoma de Valencia. Solamente en los casos Ciegsa y Taula estaríamos hablando de 2.000 millones y Compromís, Podemos y -perdónenme- cierta parte del PSOE están haciendo lo que también les han señalado siempre algunos de los partidos nacionalistas, o todos, lo que también ha hecho hasta ahora el señor Tardà: echarle la culpa de todo a Madrid.

Señorías, señores diputados de Les Corts, si ustedes no hacen nada allí, si no hacen nada aquí y lo único que hacen es no hacer nada aquí, no hacer nada allí y echarle toda la culpa a Madrid, entonces ustedes son absolutamente irrelevantes, no tienen nada que hacer. Retírense; si no puede otorgar ninguna solución a los valencianos, retírense (Aplausos), hay otros que podemos hacerlo. El problema no se va a solucionar por la vía que están ustedes proponiendo, lo saben, así que mientras conseguimos poner en marcha este país de una vez por todas -y ahora hablaremos también de eso-, mientras negociamos


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una mejor financiación para los valencianos como se debe hacer, no como ustedes proponen -repito, el Constitucional ha cerrado esa vía, no es la vía-, mientras cerramos de una vez por todas y de forma multilateral la financiación de las comunidades autónomas de este país, mientras hacemos eso porque es la bilateralidad la que nos ha traído aquí, ¿por qué no hablamos de lo que podemos hacer aquí en Madrid y de lo que podemos hacer en la Comunidad Valenciana? Porque esos recursos que estamos aquí queriendo recibir, esos 1.300 millones anuales en la Comunidad Valencia, serán para algo, ¿no? ¿No es para garantizar una buena educación y una sanidad pública? Miren el documento que les acabo de entregar, por si no lo conocen; señor Ferri, usted parece que no se lo ha leído mucho. Son las cien medidas comunes que tienen los dos acuerdos de investidura que firmamos con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Es un acuerdo de centro, son cien medidas, ni de izquierdas ni de derechas, como usted decía antes. En esas medidas están garantizadas una sanidad pública y una educación pública decentes para los valencianos, mucho más que decentes, y usted votó en contra de ambas. (Aplausos). En esas cien medidas mire lo que garantizamos nosotros con ambos partidos para poder financiar una Ley de Dependencia en condiciones, está ahí, y ustedes votaron en contra. Mírese cómo está garantizada una financiación para un corredor mediterráneo que podría proporcionar riqueza y empleo a los valencianos. (El señor Ferri Fayos: ¿Cuándo? ¿Cuándo?). Está ahí y ustedes votaron en contra, señor Ferri. ¿Sabe lo que es alucinante? Ahí están las soluciones prácticas, de verdad, no la sobreactuación y el show, están las actuaciones prácticas para mejorar la calidad de vida de los valencianos durante muchos años, ahí están. En el último año, ustedes -señora Bonig, señor Ferri y señor Mata- han votado en contra en alguna ocasión de esas soluciones que nosotros hemos conseguido para mejorar de verdad -sin shows ni sobreactuaciones- la calidad de vida de los valencianos y ustedes, los tres, votaron en contra. (Aplausos).

Ahora bien, mientras ustedes y todos decidimos qué hacer, si poner en marcha esas cien medidas o boicotear, como han hecho ustedes -con sus socios de Gobierno, por cierto, en la Comunidad Valenciana, un Gobierno de izquierdas, como dicen ustedes-, mientras piensan si vuelven a hacerlo o no, que exista o no un cambio o que haya un Gobierno que aplique esas cien medidas, ¿qué hacemos en Valencia? Señor Puig, permítame que me dirija directamente a usted, ¿cómo se le ocurrió darle la cartera de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo a Compromís? (Rumores). Señores de Compromís, vamos a ver cómo crean ustedes riqueza y empleo o, mejor, vamos a ver cómo lo destrozan. Para empezar, voy a hablar de cuál es la formación -porque me parece relevante- del conseller que se ocupa de -repito por si alguien no lo ha oído- Economía, Sectores Productivos, Comercio y Empleo. El señor conseller que se dedica a todo esto y que pertenece al Bloc -un grupo que está dentro de su grupo, que a su vez está en ese grupo, que luego se presenta con no sé quién- (Aplausos) es profesor de Filología, profesor de griego en un instituto. Tengo cierta aspiración -dentro de mis grandísimas limitaciones- a una formación humanista. Me gustaría que el ministro de Economía o el conseller de Economía dominase el griego -y perdón por la expresión- (Risas), pero, de verdad, preferiría que, además, tuviese una formación sólida en economía y comercio. Tómense a los valencianos en serio. Además, este señor dice que el capitalismo mata -supongo que mantendrá que el comunismo no, esta cosa a la que nos tienen acostumbrados aquí los señores de Podemos- (Rumores), pero, explíquennos cuál es su alternativa. De verdad, cuál es su alternativa. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Cantó.

Guarden silencio, por favor.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No se preocupen porque no voy a mentar la bicha bolivariana (Rumores) pero explíquennos cuál es la alternativa. (Aplausos). Señor Iglesias, a veces hablan de los países nórdicos pero es que los países nórdicos son capitalistas. Les voy a decir lo que no son, señor Ferri. Los países nórdicos no son ineptos y no practican el capitalismo de amiguetes. Ese es el modelo que nosotros defendemos. Quiero recordarles algo que han conseguido ustedes y que es absolutamente remarcable. En solo seis meses su conseller, el alcalde de Valencia -que también es de Compromís- y el tripartito de Alicante -por poner un ejemplo- han conseguido lo siguiente: rechazan en abril una inversión del Grupo ARC por valor de 1.000 millones de euros que iba a proporcionar 20.000 puestos de trabajo. A finales de este verano hicieron lo mismo con Puerto Mediterráneo, que iba a invertir 863 millones de euros y crear 6.000 puestos de trabajo y en Alicante rechazaron una inversión de IKEA de 250 millones que hubiera proporcionado 4.000 puestos de trabajo. Señor Ferri, su tripartito, permítame que le diga, en solo medio año, ha dilapidado más que la cantidad que ustedes han venido aquí a exigir, sobreactuando,


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que necesita la Comunidad Valenciana. Esa es la realidad. (Aplausos). Estamos muy de acuerdo con sus denuncias al Partido Popular y con el coste que ha tenido la corrupción del Partido Popular, con esa ineficacia también, pero no vamos a dejar de denunciar la suya, señor Ferri.

Voy a terminar y le pediré un momento de paciencia, presidenta, para dirigirme directamente a usted, señor Puig. Con el respeto que me merece el cargo que usted ostenta, con el agradecimiento que tengo hacia su persona -y usted lo sabe porque siempre me ha mostrado una cercanía que me ha permitido comentar cosas importantes para los valencianos cara a cara con usted-, le voy a pedir un favor por el bien de todos los valencianos: Cambie de socios, señor Puig, se lo digo de verdad. Cambie de socios. Deje a esos que votaron en contra del proyecto de cambio que presentó su partido hace unos cuantos meses, traicionándolo a usted. Deje a los que les montan un Gobierno y les nombran vicepresidentes, ministros, etcétera, mientras su candidato todavía está reunido con el rey. Deje a los que le nombran la cal viva, deje a los que este domingo enviaban a sus huestes a Ferraz a pescar en aguas revueltas y a golpear a un Partido Socialista que lo está pasando muy mal. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Cantó, tiene que terminar.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, presidenta.

Deje a quienes demuestran ser gestores irrelevantes o perniciosos, a los que practican el capitalismo de amiguetes. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles. Estoy convencido de que el Partido Popular, tal y como ha hecho en Castilla-La Mancha -¿o los valencianos merecemos menos que los castellano-manchegos?-, le dará su apoyo gratis y usted podrá hacer un Gobierno de verdad útil para los valencianos. Señor Puig, es su decisión. ¿Seguimos sobreactuando o trabajos juntos? ¿Queremos ser útiles o no? ¿Qué cree usted que merecen los valencianos?

Gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Ciudadanos, puestos en pie.-El señor Baldoví Roda pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, artículo.

El señor BALDOVÍ RODA: Artículo 71. Ha hecho alusiones a personas que no estaban aquí. ¿Puedo empezar?

La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví...

El señor BALDOVÍ RODA: Artículo 71. Ha hecho alusiones a consellers nuestros, de Compromís, intentando ridiculizarlos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señoría, he tomado nota de su alusión y de la interpretación que usted hace del artículo del Reglamento, constando en acta lo que usted acaba de decir.

El señor BALDOVÍ RODA: ¿Pero puedo decir dos cosas?

La señora PRESIDENTA: En un minuto.

El señor BALDOVÍ RODA: No llegan a un minuto.

En primer lugar, quiero felicitar al señor Cantó porque nunca nadie en esta Cámara podrá estar a la altura de su sobreactuación. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: En segundo lugar, por la alusión que ha hecho al conseller de Industria. Él es un actor y hoy ha hablado de muchísimas cosas. A nadie aquí, en esta Cámara, se le ha preguntado de dónde procede para poder ser diputado. (Aplausos). Todos podemos ser diputados y representar a nuestros países...

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Ballester Muñoz. (La señora Ballester Muñoz se dirige hacia la tribuna de oradores.-Rumores). Avisen siempre a la Presidencia si van a cambiar de portavoz. (Rumores). Es señora. Muchas gracias. Señora Ballester Muñoz, perdón porque en mi guión figura ese-erre y no ese-erre-a, y como además hoy ha habido cambios en las bancadas y no las tengo actualizadas,


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habiéndose producido cambios en algunos, no en ustedes, no sabía que era usted la señora Ballester, pero no se preocupe que a partir de hoy mismo usted será la persona más conocida en esta Cámara. (Risas).

La señora BALLESTER MUÑOZ: Muchas gracias, presidenta; aceptadas las disculpas.

Senyories, en primer lloc, una salutación cordial als representantes del poble valencià que hui ens acompanyen: senyor president, senyora vicepresidenta, senyor presidente de les Corts Valencianes, diputats i diputades.

En la Comunitat Valenciana hoy, señorías, el 50 % de los centros educativos públicos no tiene las infraestructuras necesarias, lo que afecta a 270.000 alumnos y alumnas. Hablar de esta cifra no es sobreactuar. Hay 116 escuelas e institutos construidos en barracones; algunos llevan más de diez años: toda una vida escolar en un barracón. Más de 40.000 personas que deberían recibir las ayudas por la Ley de Dependencia y no la reciben. Además nos encontramos en la cola en cuanto a la calidad de nuestros servicios sanitarios. Este año además, desgraciadamente, hemos ascendido en el ranquin de ejecuciones hipotecarias con una media de 29 desahucios al día: la segunda comunidad en desahucios, señorías. Una comunidad además con casi 450.000 personas en paro.

La Comunidad Valenciana ha pasado de ser próspera a ser pobre, saqueada e infrafinanciada por los consecutivos Gobiernos del Partido Popular en Valencia y en Madrid. Esto ha empezado a cambiar gracias a las políticas de cambio recogidas en el Acord del Botànic, donde demostramos que es posible llegar a acuerdos políticos que pongan por delante a las personas y no a los partidos, y que estamos haciendo realidad desde Las Corts Valencianes y desde la Generalitat. Pero está claro que sin la financiación ni las inversiones necesarias es difícil avanzar como queremos en respuesta a nuestro compromiso con la sociedad.

Frente a esta realidad, esta difícil realidad, venimos hoy a tramitar, por tercera vez y puede que no sea la última, una propuesta que se aprobó en les Cortes Valencianes en 2011, una modificación del Estatut d'Autonomia que, como ya han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra, recoge la necesidad de que la inversión del Estado tenga en cuenta el peso de la población valenciana en España. Cada vez que votamos aquí esta propuesta, los valencianos debemos mil millones de euros más. Millones de euros que deberían estar destinados a mejorar nuestros servicios públicos. ¿Cómo les explicamos entonces a los valencianos y valencianas que seguimos aquí, desde 2011, en el día de la marmota de los trámites parlamentarios sin dar respuesta a sus problemas y necesidades? Solo se puede explicar por una enorme y perversa falta de carácter democrático y de responsabilidad política de los Gobiernos del Partido Popular en Valencia y en Madrid.

El Gobierno del Partido Popular, el del señor Montoro, el del señor Rajoy, que lleva ya mucho tiempo siendo absolutamente desleal con el pueblo valenciano. Y los Gobiernos sucesivos valencianos que no han hecho nada para resolver este problema ni para permitir siquiera que esta propuesta llegase a esta Cámara. En 2011, hace tiempo ya, el Partido Popular de Francisco Camps planteaba esta propuesta en Las Cortes ante la situación de asfixia financiera, señalaba con su dedo hacia Madrid para hablar de nuestros problemas; pero al mismo tiempo se abrazaba a Mariano Rajoy, ese presidente del Gobierno que no ha movido ni un dedo para resolver este problema de los valencianos a pesar de su mayoría absoluta. ¡Menos abrazos, señores del Partido Popular, y más exigir de verdad lo que nos corresponde a los valencianos y valencianas! (Aplausos).

La Comunitat Valenciana recibía y sigue recibiendo transferencias e inversiones insuficientes con relación al peso que tenemos en este país. Pero este no es el único problema y tal vez tampoco sea el principal causante de la actual situación, que se debe también -sí, señor Hernando- a los Gobiernos corruptos que han derrochado el dinero de todos los valencianos y valencianas, que han puesto a las instituciones al servicio de una minoría y en contra de la gente a la que se suponía que iban a representar. Sí, señorías, también la mala gestión y la corrupción del PP valenciano están en el origen del endeudamiento descomunal e injusto que sufrimos ahora mismo. Hoy muchos están en los tribunales, así que les ruego que no utilicen la financiación para esconder su mala gestión y su corrupción, señora Bonig. (Aplausos).

Es importante que se apruebe esta reforma, representaría una toma de conciencia nuevamente por parte de estas Cortes y del Poder Ejecutivo de que la Comunidad Valenciana viene sufriendo una falta de inversión permanente, sistemática y estructural, que precariza la realidad de muchos valencianos y valencianas, pero es una reforma insuficiente porque no es vinculante. Además, es una reforma insuficiente porque no aborda el problema principal, que es el de la financiación. Por eso desde el Grupo Parlamentario


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Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea reclamamos que se abra en esta Cámara el debate sobre el modelo de financiación, la que necesitamos los valencianos y valencianas pero también la que necesitan otras comunidades autónomas para poder responsabilizarnos plenamente de nuestras competencias. Hay mucho por hacer si queremos que este país de países esté basado en la fraternidad, la solidaridad y la igualdad entre los pueblos. Y para ello no vale solo con los discursos; esta cuestión fundamental para el pueblo valenciano requiere un compromiso firme y claridad en las posturas. La reivindicación de una financiación justa no puede permitirse contradicciones, y lamentablemente, en los últimos días hemos visto estas contradicciones en algunos de nuestros máximos representantes. La semana pasada fue, efectivamente, una semana desconcertante para muchas personas y para muchos socialistas de corazón, y no cabe más que mostrar el máximo respeto hacia todas esas personas que hoy se sienten defraudadas. El Partido Socialista se ha encontrado con una de esas situaciones ineludibles en política: elegir con quién se está, elegir si se está del lado de la gente o del lado de los poderosos. En el País Valencià esa disyuntiva se resolvió con el Acord del Botànic y con un Gobierno que intenta aplicar políticas de cambio. En España, por el contrario, parece que el Partido Socialista ha optado por una vía que acepta, que facilita el camino de los corruptos otra vez a la Moncloa. Hay que elegir en política, señor Puig, y no valen las contradicciones. Así que voy a aprovechar la ocasión para preguntarle abiertamente a usted, no como militante del Partido Socialista, no como un cargo de ese partido, sino como president de todos los valencianos y las valencianas: ¿Va a decantarse usted por facilitar el Gobierno de quienes nos han negado durante tanto tiempo una financiación justa? ¿Qué dirá cuando lleguen los nuevos recortes del señor Montoro, esos que serán la alegría de la troika y de la señora Merkel? ¿Quién será entonces responsable de que su Gobierno no pueda aplicar las medidas que necesita la mayoría de los valencianos y valencianas? ¿A quién le va a exigir un trato más justo para la Comunidad Valenciana?

Los valencianos y valencianas nos merecemos un president que defienda nuestros derechos y eso no se va a hacer con un Gobierno de Mariano Rajoy. Eso no se va a hacer con un Gobierno de Mariano Rajoy, señor Cantó, quien no ha venido aquí a sobreactuar; ha venido aquí a representar nuevamente el papel de Celestina que viene haciendo Ciudadanos. (Aplausos). Esa no va a ser la solución para los valencianos y valencianas. Nuestra obligación es luchar para acabar con la herencia pésima y maldita del Partido Popular en nuestra tierra y no tener nunca más un Gobierno que gobierne contra nuestra gente. Pero no nos dejemos engañar, no nos equivoquemos. En mayo de 2015 los valencianos y valencianas acabamos con el maltrato de los Gobiernos del Partido Popular en la comunidad y estamos muy orgullosos de ello, pero el desprecio al pueblo valenciano continúa, no forma parte solo del pasado. Desprecio es un Gobierno en funciones que utiliza las inversiones y la financiación para hacer chantaje a las comunidades autónomas, y esto lo sabe muy bien el señor Montoro. Desprecio es pretender un trueque con nuestros derechos, señora Bonig. La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la señora Bonig, aquí presente, no hace mucho pedía votos para la investidura de Rajoy a cambio de una financiación justa para la Comunidad Valenciana, nada más y nada menos. Con esto ha dejado usted claro, señora Bonig, que para usted la educación, la dependencia o la sanidad del pueblo valenciano no son más que una moneda de cambio, con esto ha dejado claro que el Partido Popular no ha tenido ni tiene la financiación valenciana como una prioridad. La realidad no se puede tapar con un discurso en esta Cámara ni en ninguna Cámara. Un Gobierno de Rajoy ya sabemos que no es garantía de inversiones ni de mejor financiación para nuestra comunidad, así que no trate de engañarnos, y sobre todo, señora Bonig, deje de poner en venta el bienestar de los valencianos y valencianas para defender a su partido.

La financiación es una justa reivindicación e histórica del pueblo valenciano, que nadie la use para esconder la mala gestión ni la corrupción del pasado, que nadie la use como moneda de cambio con fines partidistas, que nuestra votación de hoy sea un compromiso firme y sincero pues están en juego el bienestar, los derechos y el futuro de nuestra comunidad y de nuestra gente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ballester.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero que mis primeras palabras en esta tribuna sean para saludar al president de la Generalitat valenciana, al president de Les Corts, a los miembros del Conseill y de la Mesa de Les Corts que nos acompañan esta tarde y para dar la bienvenida también a las diputadas y diputados autonómicos que se encuentran en la tribuna de invitados. Ha habido muchas alusiones desde esta tribuna al presidente


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de la Generalitat valenciana que se sienta en la tribuna de invitados y, lógicamente, no puede intervenir. Yo no voy a contestar, por supuesto, en su nombre a sus alusiones, pero hace poco se le pedía que eligiera, que optara y solo querría recordar que en esta Cámara todos los diputados y diputadas tuvimos la posibilidad de elegir y de optar el pasado mes de marzo y cada uno optó por lo que optó y eligió lo que eligió. (Aplausos).

Señorías, volvemos a abordar en esta Cámara, como hicimos a principios del pasado mes de abril, la propuesta de reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que fue aprobada por el Parlamento autonómico en el mes de marzo de 2011 y que el Gobierno valenciano de Francisco Camps tramitó por el procedimiento de urgencia porque consideraba que corría mucha prisa aprobarla cuanto antes. En aquella época gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos de ustedes se estarán preguntando probablemente por qué todavía cinco años y medio después estamos aquí debatiendo y la razón es muy simple; la razón es que, desde la llegada del señor Rajoy a la Moncloa, la mayoría absoluta del Partido Popular en este Congreso, en connivencia con otra mayoría absoluta del mismo partido en les Corts Valencianes hizo todo lo posible para retrasar su debate esgrimiendo argumentos absurdos que solo pretendían ocultar, creo yo que con poco éxito, que esta reforma estatutaria tenía para el Partido Popular una finalidad puramente electoral y que nunca creyó en ella. Por eso, cuando a finales de 2015 cambiaron las circunstancias, cuando el PP ya no podía utilizar a les Corts Valencianes para seguir aplazando el debate, entonces, cuando se acercaban las elecciones generales, al Grupo Popular no le quedó más remedio que dar vía libre a su tramitación en el Congreso; eso sí, cuando ya no quedaba apenas tiempo suficiente para aprobarla. Lo mismo volvió a ocurrir hace tan solo unos meses, en el mes de abril de este año, cuando estaba a punto de disolverse esta Cámara para convocar unas nuevas elecciones generales.

El Grupo Socialista por supuesto que va a apoyar esta reforma, como ya hizo en las dos legislaturas anteriores cuando trató de impulsarla en contra de los deseos del Grupo Popular. Una reforma del Estatut d'Autonomia valenciano a la que parece que algún grupo quiere restarle valor a base de ridiculizarla. Yo diría que si el problema es que esta reforma no vincula legalmente, espero que el mismo grupo que se pronuncia así pida a sus diputados y diputadas de les Corts Valencianes que dejen de presentar allí iniciativas por las que instan al Gobierno de España a actuar en un sentido o en otro, porque esas iniciativas tampoco vinculan legalmente a esta Cámara o al Gobierno de España, o que dejen de apoyar resoluciones como las que apoyaron hace unos días en el debate del estado de la comunidad en las que se reivindica algo parecido a lo que pide la reforma del Estatut d'Autonomia. Esas resoluciones tampoco vinculan legalmente al Gobierno de España ni a esta Cámara. Es más, lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha mencionado hace unos minutos aparece citado literalmente -literalmente citado- en la exposición de motivos que acompaña al texto de la reforma que estamos debatiendo, definiendo además que es el marco en el que cabe considerar e interpretar esta reforma del Estatuto de Autonomía. Por tanto, no hay que escudarse en esos argumentos para no apoyar la propuesta remitida por el Parlamento valenciano. Si a algún grupo no le gusta, que no la vote, que la vote en contra si quiere pero que no la ridiculice, y dejémonos de sobreactuaciones. Creo que ser actor es una profesión muy respetable, como ser profesor de griego o ser economista; yo, modestamente, soy economista, aunque probablemente sea una de las profesiones ahora mismo más criticadas en España.

En definitiva, apoyen esta reforma del Estatut d'Autonomia porque constituye una legítima reivindicación que es la legítima reivindicación de un pueblo, el pueblo valenciano, que está haciendo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo para renacer, un enorme esfuerzo para quitarse de encima la pesada carga que nos han dejado dos décadas de despilfarro, de prepotencia y de abusos. Dos décadas en las que el Gobierno valenciano no se conformó con trazar una línea divisoria entre quienes le apoyaban y quienes no le apoyaban, acusando a quienes no le aplaudían de estar en contra de los intereses de la ciudadanía valenciana. No conforme con eso, el Gobierno valenciano también se dedicó a hostigar a los discrepantes y a perseguir a quienes ya denunciaban desde hace muchos años los desmanes que ahora llenan las páginas de tribunales de los medios de comunicación. Dos décadas de confusión entre lo público y lo privado, dos décadas en las que unos pocos se enriquecieron a costa del patrimonio que era de todos los valencianos y las valencianas. Dos décadas en las que algunos jugaron con ventaja, aprovechándose de eso que era de todos para llegar dopados a las elecciones. Quizás una ilustre senadora del Grupo Mixto, muy conocida por todos, se haya convertido ahora en la mejor metáfora de lo que ha sido el auge y la caída del PP valenciano. (Aplausos). Pero el pueblo valenciano no se ha dejado arrastrar en esa caída y


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continúa esforzándose, se sigue esforzando para levantar la pesada carga, la enorme hipoteca económica y reputacional que nos han legado veinte años de Gobiernos del Partido Popular.

Señorías, la Comunidad Valenciana no es una comunidad rica, es la undécima por su nivel de renta per cápita, que está situada un 12 % por debajo de la media de España; esto representa unos 2.700 euros al año, que es la distancia que separa la renta por habitante de la Comunidad Valenciana de la media del conjunto de España. A principios de los noventa esa diferencia era prácticamente cero. Y el retroceso que han experimentado los niveles de renta de la Comunidad Valenciana en relación con la media de España durante los últimos veinte años no es ajeno al hecho de que quienes vivimos allí, en la Comunidad Valenciana, contribuimos a sufragar como si fuéramos ricos los servicios que el Estado despliega en el conjunto de España, y así lo ponen de manifiesto todos los informes sobre los ingresos y gastos públicos que se han elaborado durante las últimas décadas, incluidos los informes que hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Una de las razones que explica ese retroceso relativo en la renta es sin duda el sistema de financiación autonómica, que ha situado a la Comunitat Valenciana muy lejos de la media de ingresos por habitante durante décadas -durante décadas, no desde 2009, como alguien ha dicho aquí antes y que sería un cambio de discurso; ha sido durante décadas-, y ha acabado dejando cortas de recursos hoy a casi todas las comunidades autónomas. Mientras, el Gobierno de España prefería desperdiciar los frutos de la reactivación económica promoviendo una reforma tributaria que favorece fundamentalmente a las rentas altas y a las grandes corporaciones. Porque el Gobierno de Rajoy prefirió seguir recortando en sanidad, en educación, en dependencia, prefirió amputar la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, que son las principales responsables de prestar esos servicios públicos a los que me he referido, en vez de poner en marcha la reforma del sistema de financiación que la propia ley que regula ese sistema prevé que se ponga en marcha a los cinco años de su entrada en vigor.

La otra razón del retroceso relativo de la renta valenciana es la falta de inversiones del Estado, que casi siempre han sido en la Comunitat muy inferiores al peso de nuestra población o a nuestra contribución al producto interior bruto. Por cierto, a lo que se refiere la reforma del Estatut d'Autonomia es a esto, a las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana, no al sistema de financiación autonómica. Parece que alguna persona lo ha confundido antes en esta tribuna. Ha sido así sobre todo en los últimos años, porque después del brusco descenso que experimentaron las inversiones en la Comunidad Valenciana tras la llegada del señor Rajoy a la Moncloa acabaron reduciéndose hasta cerca del 6 % en dos presupuestos consecutivos, el 6 % del total, mientras la Comunidad Valenciana representa aproximadamente el 11 % de la población y el 10 % de la actividad económica en España. En los cinco presupuestos de Mariano Rajoy han faltado casi 2.000 millones de euros para que las inversiones por habitante del Estado en la Comunidad Valenciana se situaran en la media de España, 2.000 millones de euros, señorías. Y las expectativas que tiene la comunidad para el futuro son aún peores, son todavía peores porque los presupuestos no son más que una previsión que a veces no se cumple, como ha ocurrido este año cuando se han cerrado en el mes de julio. Según los datos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana que ya se han citado, la licitación de obra pública, es decir, la contratación de obra nueva, lo que marca su evolución para el futuro, está en la Comunidad Valenciana en mínimos históricos. Después de haberse situado ligeramente por encima del 4 % de media en los últimos años de Gobierno del señor Rajoy, apenas llega al 3 %. En lo que llevamos de 2016 es el 2,7 %; está en mínimos históricos. Y esa falta de licitación de obra pública nueva cuestiona la continuidad de las inversiones en infraestructuras durante los próximos años. Por tanto, la propuesta de reforma estatutaria que nos remiten les Corts Valencianes lo que está haciendo es urgirnos a que pongamos fin a esta situación, y lo hace desde la solidaridad, lo hace sin caer en el victimismo y, sobre todo, lo hace desde el compromiso y desde la responsabilidad. Es el compromiso y la responsabilidad de más de 5 millones de valencianos y valencianas, de mujeres y hombres que están dispuestos a continuar avanzando, que están decididos a aprovechar de forma eficaz y eficiente los recursos públicos, las inversiones del Estado y las infraestructuras de los que se dote para continuar liderando el crecimiento económico, como ya ha ocurrido en el año 2015, cuando una autonomía pobre, la Comunidad Valenciana, ha sido la que más ha crecido en el conjunto de España.

Señorías, acabo. El mito del Levante feliz se ha desmoronado, se ha desmoronado igual que lo han hecho quienes alimentaron el deterioro de los servicios públicos, extendieron el despilfarro, manipularon el déficit y debilitaron los controles sobre el gasto, los mismos que permitieron que la corrupción campara a sus anchas y utilizaron las instituciones valencianas para llegar dopados a las elecciones. Pero hoy la


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Comunidad Valenciana está renaciendo, ha entrado en una nueva etapa y lo que se merece, señorías, es que le demos el apoyo que necesita.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps Devesa.

El señor CAMPS DEVESA: Señora presidenta, señorías, también serán mis primeras palabras para sumarme a las que ya se han pronunciado de bienvenida al molt honorable president de la Generalitat, al molt excellent president de les Corts Valencianes y a quienes en nombre de los diferentes grupos parlamentarios e instituciones con representación en dichas Cortes han tomado la palabra en el día de hoy. Y permítanme subrayar el título: molt honorable president de la Generalitat -subrayo- de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana, señor Tardà. Cada vez que tenemos este debate se lo tengo que decir a los representantes de su grupo parlamentario. Mi tierra estatutaria y jurídicamente se llama Comunitat Valenciana. Si quiere usted, históricamente, Regne de Valencia, pero no País Valencià parte de unos imaginarios países catalanes que solo existen en su cabeza pero no en la realidad del pueblo valenciano. (Aplausos). Nosotros somos Comunitat Valenciana y, desde luego, el sentir mayoritario está muy lejos de esa república que usted ha citado aquí en el día de hoy.

Señorías, esta mañana leía un articulo de mi buen amigo el eurodiputado popular Esteban González-Pons cuando venía hacia aquí que no creía que fuera a utilizarlo en este debate. El señor González-Pons concluía que este país era un país donde abundaban los charlatanes, inquisidores y exhibicionistas. Pues bien, tenía razón, y buena muestra de ello han sido algunas de las intervenciones que han tenido lugar esta tarde en esta Cámara.

Yo, señorías, intentaré estar a la altura de las circunstancias, a la altura que merece este debate con respecto a 5 millones de valencianos y al resto de los españoles. Hoy más que nunca, señorías, la política española, en palabras del nuevo presidente socialista, necesita serenidad y responsabilidad. Lo comparto, pero responsabilidad dialéctica también, señor Baldoví. Reitero que intentaré estar a la altura de las circunstancias y, desde luego, no intentaré, señor Cantó, engañar a los valencianos. No sé si usted ha sobreactuado o no -ha criticado de sobreactuación la intervención de algunos representantes de otros grupos parlamentarios-, pero usted ha engañado a esta Cámara cuando ha dicho que hay informes oficiales que cifran el coste de la corrupción en la Comunidad Valenciana en 4.000 millones de euros. No hay ningún informe de ese tipo, a no ser que su señoría haya confundido -no sé si por su información- sobrecostes con comisiones ilegales. Y le digo yo que si para usted un sobrecoste modificado, reformado y con revisión de precios es igual a una comisión ilegal, todos los Gobiernos en este país y fuera de este han sido corruptos alguna vez, señoría. Por tanto, no confunda usted y no quiera engañar.

A la mayoría de ustedes, a los que han representado hoy a las Cortes Valencianas, más que un bienvenido formal debería decirles: Hola, ¡por aquí otra vez! Ya van tres desde septiembre del año pasado que debatimos esta toma en consideración y ha sido votada afirmativamente en las dos anteriores. ¿Estamos ante un sinsentido parlamentario, señorías? ¿Es absurdo aparentemente repetir este debate por tercera vez? ¿Eso es debido a posibles errores en la normativa aplicable? No, señorías, no, porque, aunque algunos de ustedes lo crean, no son las disposiciones legales las que nos obligan a mantener este debate por tercera vez, sino que paradójicamente es la oposición política de algunos grupos de esta Cámara la causa del mismo y del siguiente -que esperemos que no-, si se produjera. Y digo paradójicamente, porque son los grupos parlamentarios que más han hablado de bloqueo de esta iniciativa los que ahora impiden que la misma pueda aprobarse definitivamente, aquellos que en su día no respetaron las decisiones de las Cortes Valencianas, aquellos que en este mismo debate hace seis meses sacaban pecho parlamentario, porque -y cito textualmente al señor Ferri-: La ciudadanía ha decidido renovar a los representantes y dar entrada a nuevas caras y discursos nuevos, porque la paciencia de los valencianos -decía- ha llegado a su límite y, por ello, Compromís ha multiplicado por cuatro su presencia en esta Cámara. Aquellos que hablaban de nuevas mayorías y de nuevo Gobierno, como decía la señora Ballester, o de cambio de políticas, como ya dijo el señor López, aquellos que forzaron unas segundas elecciones generales en seis meses, y en consecuencia este debate, se dieron de bruces con la realidad. Quienes habían multiplicado por cuatro, multiplicaron por uno, ¿verdad, señor Baldoví? Quien se unió a los comunistas de siempre, ni más votos ni más escaños, ¿verdad, señora Ballester? Quien pedía cambio de políticas perdió votos y escaños, ¿verdad, señor López? Y principalmente en su provincia, que también es la mía. Solo ha habido un partido con más votos, 80.000 votos más en la Comunidad Valenciana, y más


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escaños, dos escaños más en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular. Por tanto, si quieren, sigan con el discurso de siempre, a nosotros no nos va mal, pero si de verdad pensaran en los 5 millones de valencianos no lo harían. Si les importaran los valencianos más que sus propias siglas, no impedirían por segunda vez que España tuviera Gobierno. Si esta proposición de ley se debatiera por cuarta vez, será porque los diputados valencianos de Compromís, Podemos y el Partido Socialista así lo deciden. Sin Gobierno, señorías, no hay legislatura, sin Gobierno no hay oposición y sin Gobierno tampoco hay, por cierto, revisión del modelo de financiación autonómica, por más que se llenen la boca de palabras vacías referidas a responsabilidades pasadas, en un esfuerzo tan inútil como baldío. Ahí esta la diferencia.

Ante la misma propuesta, mi partido, mi grupo parlamentario y yo en su representación, mantenemos el mismo rigor, la misma coherencia y, por tanto, la misma posición política y, lo que es más importante, con los mismos argumentos. Hay quien cambia de ideas o de planteamientos según esté en la oposición o en el Gobierno. Nosotros no. Esta es una reforma que fue aprobada por unas cortes autonómicas con mayoría del Partido Popular. Esta es una reforma que fue tomada en consideración por esta Cámara dos veces con el voto favorable de quien era en ambas el partido mayoritario, el Partido Popular. Y esta es una reforma que hoy volverá a tomarse en consideración con el voto afirmativo del grupo que sigue siendo mayoritario en esta Cámara, el del Partido Popular. Y lo haremos, señorías, con coherencia y rigor, algo que ha vuelto a faltar en la tarde de hoy a más de un grupo parlamentario. Rigor, señorías, porque, como ya expresé en el pasado debate, en el fondo de la propuesta que hoy nuevamente debatimos subyace una legítima aspiración común a todos nosotros, como es garantizar un determinado volumen inversor del Estado en las distintas comunidades autónomas, pero su causa y principal fundamento es poner fin a un modelo injusto e insolidario, fruto de las decisiones adoptadas por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que afortunadamente, gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular, hoy ya se está quedando atrás. Quienes hoy se quejan del señor Montoro olvidan que el señor Solbes y la señora Salgado negaron a la Comunidad Valenciana la inversión que hoy se solicita, justamente por no tener una disposición de este tipo aprobada. No se podía ser más sectario. Los que hoy hacen esta propuesta y la reivindican hasta extremos insospechables nunca la pidieron con anterioridad. Tuvo que llegar un Gobierno del Partido Popular, cansado del sectarismo de un Gobierno socialista, para aprobarla. Y ustedes, miembros del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Compromís, nunca antes la habían demandado. Hoy levantan la voz, algunos mucho, por los años de silencio complaciente. Pero, por más que griten, no tendrán ustedes más razón.

Esta es una reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana que aprobó el Partido Popular, al igual que sucede -todas sus señorías se han referido a ello- con el modelo de financiación. Que no es el debate que nos ocupa -ahí ha estado acertado el señor López y algunos se han confundido-; estamos hablando de inversión de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Valenciana y no de financiación de las prestaciones de la Comunidad Valenciana, de las prestaciones sociales o de cualquier otro tipo. Señorías, el modelo de financiación autonómico es injusto, sí, y no solo para la Comunidad Valenciana. ¿Hay que revisarlo o cambiarlo? Sí. ¿Se puede hacer con un Gobierno en funciones? No. Son, por tanto, los que bloquean que haya un nuevo Gobierno los que impiden que se revise el actual modelo de financiación, que, por cierto, aprobó el Gobierno socialista con el respaldo de Izquierda Unida y con el voto en contra del Grupo Popular. Los que hoy se rasgan las vestiduras achacando todos los males del sistema al sistema de financiación autonómico olvidan que fueron ellos quienes lo aprobaron, con el aplauso de los que hoy están junto con Podemos y el silencio cómplice de Compromís.

Señorías, seamos serios. La proposición que hoy debatimos ni vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación ni al Estado en su política de inversiones, pero es una reclamación justa y legítima de un pueblo como el valenciano. Por cierto -acabo con ello ya, señora presidenta-, señorías de la izquierda parlamentaria y señorías del Gobierno a la valenciana, reconozcan por una vez que algo pudieron hacer bien los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Si no, explíquenme cómo es posible que la Comunidad Valenciana en el año 2015 haya sido la comunidad autónoma que más ha crecido en el conjunto de España, un 3,6 %. Si no, explíquenme por qué el paro registrado descendía ya a un ritmo de 49.000 personas en el año 2015 en la Comunidad Valenciana, por qué la afiliación a la Seguridad Social se incrementa a un ritmo de 63.000 afiliados más por año, un 3,92 % más, por qué la contratación indefinida crece a un ritmo del 18 %, por qué nuestras exportaciones aumentaron cuatro veces más que la media nacional, situando a la Comunidad Valenciana como la región con más volumen de ventas al exterior, por qué nuestro índice de producción industrial también multiplica, dobla prácticamente al del Estado en tasa anual mientras que la media nacional


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desciende, por qué batimos récords de turistas, con un incremento de 20,5 % más de turistas internacionales. El aeropuerto de Alicante -atención, señorías- es el segundo que más crece en Europa y muchos de ustedes ya no pueden nombrar el aeropuerto de Castellón cuando hablan de aeropuertos sin aviones porque ha batido el récord de pasajeros en el último mes, 12.000 -por cierto, en un mes-, más que diez aeropuertos de la red de AENA en toda España.

Señorías...

La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando, por favor.

El señor CAMPS DEVESA: Termino inmediatamente.

Si hoy la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento económico y la creación de empleo es gracias a las políticas económicas y laborales que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular volverá a ser coherente: votará a favor de esta toma en consideración con la esperanza de que nuestro voto no caiga en saco roto. Pero, aunque así fuera, sabemos que con este voto hemos defendido la unidad de los ciudadanos, la igualdad de sus derechos y la solidaridad entre todos ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Damos las gracias al señor Ferri Fayos, al señor Mata Gómez y a la señora Bonig Trigueros, así como al presidente de la Generalitat y a toda la delegación que le acompaña. Muchísimas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REBAJA DEL IVA EN LOS SERVICIOS VETERINARIOS. (Número de expediente 162/000160).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Vamos a ver si quitamos un poco de tensión al ambiente con un tema un poco más transversal. (Rumores).

Presidenta, señorías, bona tarda, buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar con una pequeña encuesta. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: No se preocupen, acordada y no vinculante. Por favor, ¿pueden levantar la mano aquellos de ustedes que en casa tienen perro o gato? (Varias señoras y señores diputados levantan la mano). La Mesa puede participar, si quieren. (Rumores). Se constata que no muchos. Me lo temía. Creo que eso explica algunas cosas. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Señoría, la tribuna está para el uso de la palabra. Por tanto, vamos a atenernos al uso de la palabra. Muchas gracias.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Eso estaba haciendo. No haré otra cosa.

Mahatma Gandhi: "Un país [...] se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". (Aplausos del señor Iglesias Turrión). Gracias, Pablo. España, insuficiente. Se me ocurre que el trato a los animales no mejorará hasta que los representantes políticos tengan una mayor conciencia animalista y hasta que más políticos sean sensibles a la importancia del vínculo humano-animal. Hoy, además de bajar el IVA de los servicios veterinarios del 21 al 10 %, les invito a que se esfuercen en conocer y valorar la utilidad social y sanitaria de nuestros animales de compañía. Si alguien siente la tentación de llamarlos artículos de lujo, le recordaría que casi la mitad de las familias del Estado tiene un animal de compañía en casa. Mucho lujo no debe ser.

No se le oculta a nadie la necesidad de una adecuada atención veterinaria para la protección de la salud animal. Menos visitas al veterinario comportan más riesgo para la salud de los humanos. "Higia


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pecoris, salus populi" reza el lema de Veterinaria: la higiene del ganado supone la salud del pueblo. Disminuir la carga económica de los servicios veterinarios del IVA del 21 al 10 % facilitaría el acceso a esta injustamente tratada parte de la sanidad, disminuiría notablemente los riesgos de transmisión de zoonosis y los gastos de la sanidad pública tratándolas. No por repetido es menos cierto: prevenir es más económico que tratar. No en vano la Oficina Internacional de Epizootias nos advierte reiteradamente de que las temidas enfermedades emergentes y reemergentes son mayoritariamente de origen animal y casi todas ellas zoonóticas, que quiere decir compartidas. Lo de hoy no será suficiente, pero será un paso importante.

Tengo el honor de anunciarles que hoy ocupan la tribuna de invitados personalidades muy importantes. El doctor Josep Llupià i Mas, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias, veterinario y eminente farmacólogo, es un científico que ha sufrido los viejos tiempos de la experimentación animal a mansalva y que con otros ha introducido -no sin esfuerzo- criterios de racionalidad y humanidad. La doctora Núria Querol i Viñas, médica, criminóloga y antrozoóloga, ha demostrado y establecido que la violencia interespecífica es precursora de la intraespecífica. Eso significa que si un tipo pega a su perro hay que vigilarlo porque seguramente está pegando a sus hijos o a su mujer. Basándose en la investigación de la doctora Viñas el FBI ha elevado el maltrato animal a delito de clase A, que es la clase más alta de delitos contra la sociedad. Más allá del ámbito científico colabora con asociaciones de mujeres víctimas del maltrato en su actividad diaria y da testimonio de las probadísimas virtudes de las terapias asistidas con animales. El doctor Jorge Pablo Pascual es un microempresario veterinario que un día decidió que había que organizarse y hacerse oír y ahora preside la CEVE, que es la sectorial veterinaria de la CEOE. Joaquín Aragonés es el director de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales, que tiene más de 5.000 socios esforzándose por una formación continuada y un altísimo nivel científico. Don José Enrique Zaldívar es presidente de Avatma. Es numerosísima la argumentación científica contra el maltrato animal, el ilegal, el legalizado y el que intentan relegalizar. Por si todavía hay alguna duda, el toro sí sufre y Avatma lo tiene sobradamente argumentado y documentado. Last but not least, el profesor doctor don Juan José Badiola -no sé si el magnífico se mantiene cuando ya no se es rector-, catedrático de Anatomía Patológica y presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, es la máxima autoridad científica en temas sanitarios tan espinosos y peligrosos como la encefalitis espongiforme. Como puede certificar quien hoy nos preside, trabajó contra esa epidemia tan eficientemente que hoy hay que recordar que la EEB es una enfermedad casi erradicada que provocó la crisis de las vacas locas. La presencia de estas autoridades y lo que representan honran a la Cámara y, por supuesto, enorgullecen a este proponente, y sobre todo su respaldo junto a tantas asociaciones animalistas, las micro y las macro, así como colegios profesionales, no solo de veterinarios, sino de todas las profesiones sanitarias. Su apoyo a esta proposición no de ley para reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21 al 10 % y el apoyo desde miradas tan diversas como complementarias del vínculo humano-animal hacen que la argumentación de esta proposición no de ley sea tan sencilla como, espero, inapelable.

Llámenlo casualidad o llámenlo providencia, cuando la Mesa fija este debate para hoy, 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, patrón de los animales y de la veterinaria, y por ello Día Mundial de los Animales, nos regala un argumento añadido. Ninguna como esta fecha para recordarnos la obligación que tenemos de cuidar a los animales con los que la especie humana comenzó a convivir y a domesticar 9.000 años A.C. y para recordar los casi 800 años de la composición del Cántico del Hermano Sol, que es una bellísima composición de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza, proclamándolas hermanas. ¿Conocen sus señorías expresión más alta del ecologismo que declarar que todos los seres vivos deben ser tratados como hermanos? El Poverello d'Assisi es, sin duda, el gran precursor de todo el discurso del cuidado de la casa común. Ningún día como el de hoy para dar el primer paso a que la asistencia veterinaria no nos venga gravada con el nivel más alto de IVA.

Agradecemos a los grupos grandes el apoyo que nos han anunciado. El triunfo de esta PNL no es solamente de Esquerra, sino de toda la gente sensible con el vínculo humano-animal.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Marí Bosó.


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El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías, representantes de numerosas asociaciones y colectivos en el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios. Señor Capdevila, me refiero a usted no aludiéndole sino como proponente de la iniciativa.

Transcurre este inicio de legislatura como transcurrió toda la anterior, con una carrera por proponer múltiples iniciativas sobre variadas cuestiones despistándonos de la seguramente única cuestión trascendental a día de hoy, de la obligación única o principal que tenemos los diputados de esta Cámara tras el bochornoso espectáculo de celebrar dos elecciones generales en el plazo de seis meses, que es dar un Gobierno estable a los españoles. Yo no puedo poner ningún pero a la intervención que ha realizado el señor Capdevila y coincido en muchos de sus argumentos, pero es necesario que exista Gobierno para poder instar al Gobierno a hacer esto o a hacer lo otro. Tampoco puedo poner ningún pero a las numerosas cuestiones que ha planteado el señor Capdevila por la defensa que hacen estos colectivos, por el trabajo que hacen los colegios profesionales o por el trabajo que hacen estos profesionales en el ámbito de la salud pública. Pero déjeme contextualizar también las cosas y déjeme poner de manifiesto que, según el directorio central de empresas del INE, mientras en los años 2010, 2011 y 2012 el crecimiento de unidades dedicadas a la prestación de servicios veterinarios fue del orden de 180 a 220 cada año, en el año 2013 -primer año de aplicación completa del tipo general de IVA- se produjo un salto y se incrementaron en 384, y en 2015 fueron 778. Y también que el volumen de negocios en 2013 era de 683 millones y en 2014, 707. ¿Qué tienen de trascendentes estos datos, señoría? Pues que demuestran que lo decisivo para este sector productivo, como para el resto de sectores productivos en nuestro país, no es tanto -no digo que no sea, digo que no es tanto- la subida o bajada del tipo impositivo sino que este sector y el resto de sectores funcionen porque existe crecimiento económico.

Era necesario devolver a nuestro país al crecimiento económico y hacerlo con rapidez y no era posible ni -convendrá conmigo- conveniente hacer todo el ajuste fiscal para crecer por el lado del gasto público. Al mismo tiempo que el Gobierno de la nación adoptaba medidas de reducción de gasto superfluo en las administraciones era necesario incrementar la recaudación. Y adoptamos esta medida de sujeción al tipo general de la prestación de servicios sanitarios, pero es una decisión que usted conoce, adoptada en el marco de la regulación europea del impuesto y que obliga a hacer una lectura muy restrictiva de los supuestos sujetos al tipo reducido. No podemos engañar a la gente, señoría -al menos el grupo al que pertenezco no lo hará-, y si es decisiva en el ámbito del IVA la regulación y la interpretación de los organismos comunitarios, es ahí donde debemos residenciar el debate y dirigir nuestros esfuerzos en beneficio de este colectivo sanitario decisivo en el ámbito de la salud pública. Esto es lo que hará el Grupo Parlamentario Popular, trabajar en ese ámbito porque estamos de acuerdo en el fondo de su proposición no de ley y por eso hemos presentado una enmienda del siguiente tenor: El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar en los foros comunitarios competentes las reformas necesarias para que podamos modificar la Ley 37/1992.

Haber vuelto al crecimiento, que nuestro país esté creando empleo a buen ritmo, que el consumo se haya recuperado decisivamente, que tengamos tasas negativas de inflación es lo que permite que el poder adquisitivo de los salarios sea mayor, y que hayamos bajado el IRPF para poner más renta disponible, todo esto también contribuye decisivamente a las mejoras de cifras de venta del sector de prestación de servicios veterinarios. Queda mucho por hacer, señoría, y lo primero es dar un Gobierno estable a los españoles pero también dar un paso adelante a favor de este colectivo sanitario y por eso hemos propuesto la enmienda que ofrecemos. De estas dos cosas -dar un Gobierno a los españoles y dar un paso adelante en defensa de este colectivo sanitario- y también de mantener decisivamente el crecimiento sin atajos, sin espejismos o populismos, depende, señoría, que sigamos progresando.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer término el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Nueva Canarias, en los menos de dos minutos que tenemos para manifestar nuestra posición, queremos dejar clara nuestra felicitación al grupo proponente por presentar una proposición no de ley sobre una materia que a nosotros siempre nos ha preocupado extraordinariamente. Es necesario no


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recargar los impuestos sobre las actividades que afectan al interés general. Efectivamente, los servicios veterinarios tienen una triple dimensión. Una dimensión económica, que claramente se ve perjudicada por semejante incremento impositivo del lamentable Real Decreto 20/2012. En segundo lugar, tiene un efecto sobre la salud animal y los derechos de los animales y de los propietarios de las mascotas, que algún derecho tendrán. Yo soy médico, de personas, pero tengo muy claro que la salud animal interviene decisivamente sobre la salud pública que afecta a los humanos. Aunque solo fuese por interés propio, nos interesaría defender la sanidad animal, que es un servicio sanitario como otro cualquiera. Debe quedar perfectamente claro que en la medida en que las zoonosis sean controladas, estaremos mejorando la salud pública. Todos esos objetivos dignifican esta proposición no de ley y, en consecuencia, la vamos a apoyar.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Expreso mi apoyo a esta iniciativa parlamentaria que propone la rebaja del IVA en los servicios veterinarios y, además, quiero felicitar a su proponente, el diputado Capdevila i Esteve, porque ha precisado las claves que justifican la necesidad de modificar un IVA cuya subida causó un efecto perverso reflejado en un menor control, seguimiento y bienestar de los animales de compañía.

Con menoscabo de la veterinaria, que es -lo recalco- una profesión sanitaria, la subida del IVA del 8 % al 21 % acrecentó desde 2012 las dificultades para que los dueños de mascotas puedan asumir los gastos de servicios básicos. Y eso ha arrastrado consecuencias para la salud del animal que repercuten en un riesgo para la salud pública. Además, prolongar la aplicación de este gravamen del 21 % supone un agravio comparativo entre las profesiones sanitarias y va en perjuicio del sector albéitar, como se viene alertando a través de sus colegios profesionales y asociaciones. En consecuencia, el coste del tratamiento aplicado por estos profesionales debe ser considerado con un tipo de IVA reducido. Asimismo, cobra especial valor un dictamen jurídico de Santiago Álvarez García, titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo, en el que se analiza pormenorizadamente toda la directiva europea que afecta a la aplicación del IVA veterinario. En este trabajo elaborado por el profesor asturiano se concluye que un cambio legislativo que supusiera la vuelta a la aplicación de un tipo impositivo reducido para las actividades de prestación de servicios veterinarios resulta compatible con la normativa comunitaria en materia de IVA.

Por último, cabe señalar que a España le conviene urgentemente aliviar los impuestos y ese es para Foro un compromiso político irrenunciable que también depende de una normalización institucional. Todo esto se convertirá en papel mojado si no tenemos Gobierno en las próximas fechas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, en último término, por el Grupo Mixto, el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Quiero saludar, en nombre del partido político al que represento, a los diferentes representantes de asociaciones profesionales, colegios profesionales y asociaciones empresariales del ámbito de la veterinaria que nos acompañan.

Vamos a votar a favor. Lo sabe el señor proponente, Joan Capdevila, al que agradecemos su propuesta. Hemos tenido iniciativas de estas características en diferentes ocasiones a lo largo de la anterior legislatura y no hemos tenido suerte. Si me lo permite el diputado proponente, voy a dedicar los pocos segundos que tengo para contrarrestar la argumentación del portavoz del Grupo Popular, argumentación absolutamente desacertada desde nuestra óptica. La directiva relativa al sistema común del IVA regula el tipo reducido en el artículo 98. En el anexo III de la directiva se hace relación de todos los productos o servicios que pueden ser prestados a tipo reducido. El apartado 17 establece: "Prestación de asistencia sanitaria y dental, así como de tratamiento termal, en tanto en cuanto no esté exenta". Copia literal del apartado 11 del artículo 91 de la Ley del IVA que estuvo vigente hasta la aplicación del Real Decreto 20/2012. Es tan sencillo como retornar a la literalidad de la Ley del IVA que se estaba aplicando. Evidentemente, la prestación de los servicios veterinarios es asistencia sanitaria. Por tanto, no vale traspasar el problema a la Unión Europea. La Unión Europea tiene un apartado que si lo volvemos a trasladar a la legislación española con la misma


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literalidad, se puede aplicar. Por tanto, señor Capdevila, espero que esto se apruebe hoy y de ser así, si el Gobierno no cumpliera con el mandato de esta Cámara, tendremos que proponer una iniciativa de carácter legislativo en esta Cámara. Tendrá también nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer la proposición que ha formulado el señor Capdevila porque creo que es de justicia abordar este tema de la reducción del IVA, tal y como lo solicitan, en nombre de todo el cuerpo de veterinarios, los que hoy están aquí presentes, y a los que quiero saludar en nombre de mi grupo, porque, independientemente de que su petición sea justa, no se nos ha explicado en esta Cámara el porqué de la decisión del Gobierno de subir de repente 13 puntos el IVA a unos servicios básicos, fundamentales, como los que prestan las clínicas veterinarias.

Aquí tenemos un planteamiento de índole económica, pero también algo que deriva más en lo social. Por una parte, tal y como se ha indicado aquí, el Real Decreto-ley 20/2012 subía el IVA del 8 % al 21 % repentinamente. Pero también hay que decir que exoneraba de alguna manera, a partir de otra disposición, los servicios veterinarios de titulares de explotaciones agrarias, ganaderas o forestales, manteniéndoles a estos el IVA en un 10 %. Por tanto, incluso dentro de la misma profesión, dentro del mismo servicio hay una diferencia y una discriminación contraria a los que tienen clínicas veterinarias en zonas urbanas, en ciudades, etcétera. Es decir, si usted lleva un caballo, un buey o una ternera al veterinario, le cobran el 10 % del IVA, pero si lleva un perro o un gato, el 21 %. Esa es la diferencia y creo que los servicios que se prestan por las clínicas veterinarias son igual de válidos, positivos y necesarios tanto en un caso como en otro. En definitiva, no varía el servicio prestado, es indiferente el servicio que se dé; es decir, si se cura incluso la misma enfermedad, si se plantean cuestiones de prevención, el servicio prestado no es lo que se considera, sino que se considera diferente al titular. Eso está generando que, por ejemplo, si se cobra a 100 euros la consulta, en el caso de un buey serían 110, pero en el caso de un perro serían 121. Es un ejemplo que no sé si los veterinarios que están aquí presentes pueden tomar en consideración, pero quería abordar de forma gráfica la cuestión que debatimos. Esto, aparte de ser un agravio comparativo respecto de otras profesiones sanitarias como medicina, odontología o farmacia, que tienen otros IVA que no tienen nada que ver con este, precariza de alguna manera la salud y el bienestar animal de todos los animales de compañía y, en consecuencia, de todos los titulares de esos animales de compañía, de los propietarios de perros y gatos principalmente, generando incluso situaciones de zoonosis, es decir, enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. Y se han dado casos en que, por una cuestión económica, cuando de repente suben el IVA el 13 % -hay que llevar al perro muchas veces, por ejemplo, cuando está enfermo, las consultas no son baratas y los tratamientos tampoco- y se llega a esa situación, por un lado, hay gente que está dejando de vacunar a perros; o de llevarlos a desparasitar; o no dando el servicio y atención que ese perro requería precisamente porque la factura está siendo muy alta. Eso, consecuentemente, ha derivado en lo que decíamos: perros con poco bienestar sanitario que pueden transmitir enfermedades a los humanos. Y se han dado casos de rabia, hidatidosis o equinococosis, leptospirosis y otra serie de enfermedades de transmisión animal a los seres humanos.

Aparte de eso, este problema ha generado incluso que se hayan cerrado clínicas veterinarias. Esto ocurrió también con el tema del IVA cultural y creo que aquí sucede algo muy parecido: sube el IVA para recaudar más, pero se acaba recaudando menos porque se reduce la actividad, y si se reduce la actividad, al final hay menos IVA porque por mucho que se haya subido, si de lo que se tiene que producir se produce menos, se genera una situación como la de las clínicas veterinarias, que algunas se han cerrado por falta de actividad, no todas.

Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley porque nos parece justa, nos parece equitativa y nos parece necesaria. Además, hemos dado suficientes argumentos para demostrar que es injusto que estos servicios veterinarios, que estas clínicas veterinarias estén cobrando ese porcentaje muchas veces incluso a personas mayores que necesitan un perro de compañía que les dedica una atención especial, que es uno más de la familia. No se puede aplicar un IVA como si fuera un artículo de lujo porque ni perros ni gatos son artículos de lujo, en muchos casos son necesarios. Apoyaremos esta proposición y esperamos que el siguiente Gobierno, sea el que fuera, lleve a cabo lo que estamos proponiendo hoy aquí.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señores representantes del Colegio de Veterinarios: paz y bien. No se puede empezar de otra manera el día 4 de octubre un discurso en esta sala. Ningún día más apropiado que el día de san Francisco para hacer esta proposición, sin duda. Nada tan apropiado para un partido liberal como el nuestro como votar a favor de una bajada de impuestos. Nada tan apropiado para muchos partidos, en plena precampaña -o supuesta precampaña, porque algunos no estamos dispuestos a llegar a esta- como proponer una bajada de impuestos. Esto lo sabe bien el hermano Mariano, que hoy no está aquí. (Risas). Pero nosotros, aparte de un partido liberal, somos un partido sensato, somos un partido que cree que no se pueden hacer ofertas parceladas, sectoriales, sector por sector, cuando este país ha estado a punto de tener una multa por su exceso de déficit; cuando este país tiene mucha reforma fiscal que hacer, pero hay que hacerla en conjunto; cuando este país ni siquiera tiene Gobierno, no tiene ni presupuestos ni Gobierno. Nosotros somos partidarios de hacer las cosas poco a poco.

Es verdad que en la proposición se da una argumentación bastante sensata y vamos a intentar concluir si la argumentación demuestra un estado de urgente necesidad para tomar una medida tan sectorial como esta. Hablaremos primero de las personas, después de los animales, después de las cosas, como decía mi madre. En primer lugar, hablando de las personas, hablando de las enfermedades, hablando de las zoonosis, quiero decir que esto simplemente no ha ocurrido; es decir, los informes de los boletines epidemiológicos nacionales o el informe nacional del Carlos III sobre microbiología no indican que haya habido un aumento de las zoonosis o que haya habido un aumento de la hidatidosis ni mucho menos de la rabia, de la que solo ha habido un caso. Sin embargo, repasando estos informes sí hemos encontrado una cosa de interés para el grupo proponente, para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre todo porque ocurre en su zona: ha habido durante estos dos últimos años un tremendo incremento de enfermedades de transmisión sexual -de gonococia, de sífilis- en Cataluña, en el área de salud de Cataluña, en el área de salud de Barcelona. Está reflejado en sus propios informes epidemiológicos. Me permito darles un consejo: quizá sería mejor revisar un poco más las relaciones sexuales y no tanto las internacionales; es decir, un poquito menos de embajadas y un poquito más de planes de salud quizás fuera bueno. (Aplausos).

Hablemos después de los animales. Se argumenta también en la proposición que ha habido un incremento del abandono de animales. Esto, sencillamente, no es cierto. La Fundación Affinity registra desde 2008 un lento descenso del abandono de animales que no se ha visto interrumpido por la subida del IVA. Es verdad que el descenso es lento, es verdad que tenemos que hacer muchas cosas, es verdad que tenemos que perseguir esta lacra del abandono animal, pero no es cierto que la subida del IVA haya producido un incremento en el abandono de animales.

Hablaremos, por último, de otras cosas, y brevemente, porque ya se ha explicado antes. Tanto Veterindustria como VENS o el Instituto Nacional de Estadística demuestran que en los dos últimos años ha habido un incremento de la actividad de las clínicas, un incremento de las ventas de productos farmacéuticos y un incremento de los beneficios. Es cierto que la subida de impuestos de 2012 fue un absoluto desastre y que nosotros proponemos reformarla, pero es que no solo se reformó el impuesto sobre las clínicas veterinarias; también se convirtió en un lujo leer un libro o ir al cine; se convirtió en un lujo ir a la peluquería -aunque en mi caso es una obviedad- (Risas) y se convirtió en un lujo incluso morirse -los servicios funerarios también están al 21 % de IVA-, y les recuerdo que morirse, lejos de ser un lujo, es un acto de ineludible necesidad que al final de nuestros días nos hará a todos, incluso a los diputados de Ciudadanos, convertirnos en gente, eso que dice el hermano Pablo. (Risas). Por tanto, de lo que se trataba es de saber si había un estado de urgente necesidad para hacer esta reforma y, desde nuestro punto de vista, no lo hay y por eso nos abstendremos.

Quiero acabar citando al santo del día, san Francisco. Decía san Francisco: Haz primero lo necesario, haz después lo posible y pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Hagamos lo necesario, demos un Gobierno a este país, demos un presupuesto a este país; hagamos después lo posible, tengamos una legislatura de reformas y regeneración que haga de este país un país limpio y transparente, y quizás entonces nos encontraremos haciendo lo imposible, que es convivir en paz y armonía en este hemiciclo con el hermano Rufián y el hermano Tardà.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta.

Señorías, señores representantes del sector veterinario y de las organizaciones y asociaciones de defensa de los animales y que cuidan del mundo animal, no estamos hablando hoy de un tema menor; casi en el 50 % de los hogares españoles hay al menos un animal de compañía. Al hablar de la bajada del IVA veterinario no estamos hablando, por tanto, de un tema pequeño, sino de un problema que afecta de manera directa a un alto porcentaje de hogares de nuestra sociedad y, por sus implicaciones en la salud pública, a su conjunto. Desde el 1 de septiembre de 2012 llevar a un animal de compañía al veterinario tributa al 21 % de IVA, es decir, una subida de 13 puntos porque antes tributaba al 8 %. Estamos ante una subida abusiva y profundamente injusta que convierte a los animales en víctimas silenciosas de una política errónea y que obliga a las personas que tienen animales a su cargo a un esfuerzo económico que a veces no pueden costear, redundando en la renuncia a su cuidado o incluso llevando al condenable abandono del animal. Como ya se ha dicho, hay motivos económicos y de salud pública para reclamar una rebaja del IVA veterinario, pero hay también razones morales que obligan a esa rebaja.

Nosotros no somos liberales, señor Igea, pero desde el punto de vista económico, la subida del IVA veterinario tiene una repercusión muy pequeña en los ingresos del Estado. Se ha estimado en unos 16 millones de euros. Sin embargo, y según denuncian las propias asociaciones veterinarias, ha traído como consecuencia el cierre de numerosas clínicas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. No sé de dónde ha sacado el señor Marí, representante del Partido Popular, sus datos, pero los datos del sector veterinario que nosotros manejamos hablan de que entre los años 2012 y 2013 se produjo una disminución de las ventas del 22,61 % en el sector de pequeños animales, 17,64 millones de euros de pérdidas. En cuanto al tema de las clínicas, en el año 2014, según datos del empresariado veterinario, se cerraron 730 clínicas de animales de compañía y estiman que están en serio riesgo de cierre, despido o ERE alrededor del 40 % de las empresas de servicios veterinarios de animales de compañía de todo el Estado. La legislación de protección animal en España obliga a que las personas que tienen animales a su cargo les proporcionen los cuidados necesarios para mantener su salud y bienestar, y por ello los servicios veterinarios son un bien de primera necesidad. Las consecuencias que ha traído esta medida las estamos viendo a diario en los centros veterinarios. Lo que hace unos años era una advertencia ahora es, por desgracia, una realidad. Como consecuencia de la subida del IVA, ha descendido de forma alarmante la atención a los animales domésticos y de compañía, empeorando de forma drástica su calidad de vida y su bienestar, lo que de manera evidente pone en peligro el control de las enfermedades que les aquejan, muchas de las cuales, por cierto, pueden afectar al ser humano. Según los veterinarios, en los últimos años han descendido de forma considerable las vacunaciones y desparasitaciones en estos animales. La subida del IVA ha propiciado, además, la economía sumergida y el intrusismo profesional. Y es que el hecho de que nuestros animales visiten a los profesionales veterinarios no solo redunda en un beneficio para la salud y el cuidado del animal, sino que también es una garantía para la salud pública. No hay que olvidar que enfermedades animales como la leishmaniosis, la teniasis y, por supuesto, la rabia son transmisibles al ser humano. En concreto, en el caso de la rabia, la vacunación se ha reducido en los últimos dos años hasta valores de hace tres décadas, con el consiguiente riesgo de reaparición de la enfermedad.

Otro motivo no menor para considerar positiva esta propuesta es el que tiene que ver con los cientos de colectivos de protección animal que dedican su tiempo y su dinero para salvar a miles de animales abandonados al año. Hoy, por cierto, nos acompañan algunos de esos colectivos. Es una competencia de las administraciones públicas, pero ha sido asumida por estos colectivos de manera altruista por la ineficacia de las diferentes administraciones en la tarea obligada de dar protección a los animales abandonados, como así defienden todas las leyes autonómicas de protección animal y que si no fuera por estos colectivos se quedarían solo en papel mojado. Estas personas también necesitan de esta justa reivindicación. Decenas de miles de animales son rescatados por las ONG, 173.000 solo en 2015; todos ellos vacunados, curados, desparasitados y esterilizados por estos colectivos. Sin duda, la subida del IVA de los gastos veterinarios grava aún más esta tarea humanitaria y altruista.

Termino citando a la escritora Ruth Toledano: El IVA de lujo para animales de casa significa gravar la calidad de vida emocional, ignorar lo que significa la salud global, imponer una carga al bienestar físico, obviar los beneficios en el desarrollo de los niños, castigar a los humanos cuya única compañía es un


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animal, convertir a los animales en objeto de capricho, traicionar un compromiso familiar y de amistad, sancionar la única esperanza que aporta la solidaridad. El IVA de lujo solo ha traído más sufrimiento a los animales y más marginación al dificultar o impedir que las familias más desfavorecidas accedan al beneficio mutuo que conlleva la convivencia con un animal y más precariedad laboral, pues ha provocado menos recaudación y, por tanto, más despidos. Lujos, estos sí, que no podemos permitirnos ni económica ni moralmente, porque curar o atender a un animal herido o enfermo es un deber legal y moral.

Por todo ello, desde el Grupo Unidos Podemos vamos a votar a favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Hoy estamos debatiendo esta iniciativa como consecuencia de una decisión del Gobierno del Partido Popular, una decisión adoptada en el año 2012, de subir el IVA de forma brutal. Subió el IVA de prácticamente todo, y algunos servicios y algunos productos de manera exagerada. Subieron 13 puntos los servicios funerarios, subieron 13 puntos la flor cortada, subieron 13 puntos los servicios de peluquería y subieron 13 puntos los servicios veterinarios. Una subida decidida por el mismo Gobierno, señorías, y por el mismo ministro que hacía tan solo dos años decía lo siguiente -seguramente a la bancada del Partido Popular esto le resulte llamativo-: Subiendo el IVA, lo que se promoverá será más fraude fiscal, subir el IVA empobrece a la gente. Cristóbal Montoro, el mismo que subió 13 puntos el IVA de un sinfín de productos y el IVA general.

Miren, señorías, ya hemos escuchado la justificación del Partido Popular: había que cuadrar las cuentas; además, se excusan en Europa, algo que ya ha podido demostrar otro portavoz que no es así, que la legislación europea permite poder rebajar el IVA de los servicios veterinarios. Pero esa excusa que nos argumentan se queda bastante corta y pobre -la de tener que cuadrar las cuentas- cuando nos encontramos con una amnistía fiscal que lo que hace es premiar a aquellos que defraudan y que tengan que pagar más aquellos que cumplen. Bastante pobre esa argumentación de tener que subir el IVA para recaudar más cuando, eso sí, nos anuncian a bombo y platillo que la recuperación económica ya está aquí, ¡pues demuéstrenlo bajando el IVA de todos esos servicios que ustedes encarecieron!

Y resulta mucho más curioso que el portavoz del Partido Popular haya utilizado todo su turno para hablar de datos económicos pero ni en una sola ocasión, y he estado atento, señor Marí, ha hablado usted de salud pública y ese es el verdadero problema que esconde la subida de 13 puntos en el IVA de los servicios veterinarios, un riesgo para la salud pública. Un riesgo del que éramos conscientes los diputados y las diputadas socialistas y por eso esto mismo lo pedimos en el año 2013 en la Comisión de Agricultura, donde se debatió una propuesta socialista para bajar el IVA y dejarlo en el tipo reducido, y el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular la rechazó. Lo pedimos en el año 2014 registrando las mismas iniciativas en el debate sobre el estado de la Nación, presentando nuestras resoluciones en torno a esta bajada del IVA para los servicios que prestan los veterinarios en sus clínicas, y en todo momento el Partido Popular ha hecho oídos sordos. No ha escuchado al Grupo Parlamentario Socialista ni a otros grupos pero tampoco ha escuchado al Consejo General de Colegios de Veterinarios de España ni a la Confederación Empresarial Veterinaria Española, cuyos presidentes están esta tarde aquí y a los que quiero agradecer su presencia en este debate en nombre de mi grupo y dar la bienvenida a esta que es su casa, la casa de todos; a ustedes y al resto de profesionales del sector que se encuentran con nosotros. Decía que se lo han pedido los profesionales, se lo han pedido los grupos políticos pero ustedes han hecho caso omiso a esta petición.

Mire, señoría, creo que todos somos conscientes de la gran labor que hace el colectivo veterinario, una labor importante para concienciar sobre la tenencia responsable de animales y sobre educación sanitaria, algo fundamental para nuestra salud pública puesto que son ellos, los veterinarios, quienes se encargan de controlar que las enfermedades que puedan transmitir los animales no pasen al ser humano. Por tanto, hacen una labor extraordinaria y fundamental, insisto, de salud pública. Y desde luego, subir el IVA a los servicios que ellos prestan del 8 al 21 %, 13 puntos, lo que supone es atacar esa salud pública porque son muchos los propietarios de mascotas -se ha señalado que casi la mitad de la población española, casi la mitad de hogares de nuestro país tienen mascota, 20 millones de mascotas-, y muchos de esos propietarios ante esta subida no podrán hacer frente a tratamientos que son costosos, a urgencias


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veterinarias, a cirugías, a enfermedades crónicas, y tendrán que decidir entre abandonar a su mascota, sacrificarla o renunciar a esos servicios veterinarios y a que, por tanto, no pasen el control veterinario exponiéndonos, como ya hemos advertido, a ese riesgo de salud pública.

Señorías, voy terminando. Mi grupo parlamentario hará lo mismo que hizo en los años 2013, 2014 y 2015, que es pedirle al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios veterinarios. Los impuestos deben estar para garantizar mejores servicios de salud pública. Para eso deben estar los impuestos, no para poner en riesgo y en juego con esta medida un servicio como el de la salud pública y como el servicio que prestan los profesionales veterinarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila i Esteve, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: No, gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. (Número de expediente 162/000134).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias.

Señorías, en la iniciativa que presentamos se pretende poner de manifiesto el sentir político de esta Cámara respecto a la pena de prisión permanente revisable, es decir, la opinión que merece tanto desde razones de política criminal como desde los consensos constitucionales como desde su consideración constitucional. Estas tres aproximaciones se encuentran entrelazadas y, por tanto, no pueden entenderse de manera autónoma, sino en su conjunto para poder hacer un juicio cabal. Así, en la medida que en la respuesta penal se erige la máxima manifestación coactiva del Estado, ha sido considerada como la constitución negativa.

Por ello, en el momento constituyente e inmediatamente después, la respuesta penal formó parte de los grandes consensos del sistema de derechos y libertades que se instauraba y se huyó de una respuesta penal totalitaria, desigualitaria, desproporcionada, injusta o meramente retributiva y se instauró, por el contrario, un modelo garantista y regido por el principio de humanización de la pena que, junto a manifestar el componente de peligrosidad del procesado y penado, lo reorientaba hacia la reeducación y reinserción social. Subyace en este modelo constitucional un equilibrio entre los valores prevención-retribución y rehabilitación y reinserción social. Sin embargo, consideramos que la pena de prisión permanente revisable rompe este consenso constitucional.

Se aleja de manera dramática de la finalidad reeducadora y reinsertadora regida y recogida en la Constitución, a tal punto que el Consejo General de la Abogacía Española manifestó que rompía con una de las pocas leyes de nuestra democracia que se ha aprobado por unanimidad y aclamación, la Ley General Penitenciaria, que en perfecta sintonía con el artículo 25 de la Constitución establece los fines de reeducación y reinserción. En definitiva, consideramos que esta pena afecta de manera sustancial a los fines constitucionales, eliminando toda expectativa efectiva de reinserción y reeducación.

Por otra parte, esta pena es una de las decisiones político-criminales más importantes desde la instauración de la democracia y marca el último hito del agravamiento constante de las penas en una concepción preferentemente retributiva de las mismas. Pero, ¿qué motivos existían y existen para mantener la pena de prisión permanente si tenemos en cuenta que la cifra de delitos más graves no deja de disminuir año a año según sucesivos informes de la fiscalía y que también hasta la aprobación de esta pena ya teníamos las privativas de libertad más duras de nuestro entorno y en algunos casos con cumplimiento íntegro? Además, la baja tasa de criminalidad no se ve acompañada de una población reclusa relativamente escasa, sino todo lo contrario, de las más altas de Europa, con largos periodos de reclusión y con una población por encima de los sesenta y cinco años. Por eso, esta pena no era reclamada ni antes ni ahora por la abogacia, la gran mayoría de los estudios doctrinales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el mismo Poder Judicial, ni tampoco por los partidos políticos, excepto el Partido Popular, por


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su concepción preferentemente retributiva del derecho penal. No había ni hay un consenso amplio sobre su oportunidad.

Ante esta realidad, consideramos que esta pena no responde positivamente al juicio de proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional. Dice la exposición de motivos que se creaba para fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, a través de resoluciones judiciales previsibles y justas. Si nadie la reclamaba, ¿cómo se afirmaba que su inexistencia generaba resoluciones judiciales nada menos que injustas y que deterioraban la confianza de los ciudadanos en la justicia? Además tampoco implica mayores cuotas de seguridad ni una mayor confianza ciudadana ni posiblemente sea el medio idóneo para ello. Creemos que esta pena, como se ha dicho en numerosos foros, responde al llamado populismo punitivo, causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y acorde con la ideología penal de su proponente. No es una pena idónea, ya que no responde a reforzar la confianza en la justicia a través de resoluciones justas, sino más bien todo lo contrario.

Tampoco consideramos que sea una pena necesaria, ya que hay penas en nuestro ordenamiento menos lesivas e igualmente eficaces para el propósito que decía buscar. ¿O es que las penas de prisión que ya teníamos y tenemos no son suficientes? Veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco años, y en algunos casos sin beneficios penitenciarios. ¿O es que no garantizan estas penas con similar eficacia y de manera menos lesiva la seguridad de los bienes jurídicos que con la prisión permanente revisable se protegen? Penas que, de facto, ya son de por vida, tal y como estima el Tribunal Supremo, que manifiesta: una reclusión excesivamente prolongada puede producir efectos irreparables en la personalidad del interno, que se cifra psicológicamente en quince años. Tampoco consideramos que sea proporcional, porque de ella no se derivan ventajas suficientes frente a los perjuicios sobre otros bienes. Las ventajas o beneficios serían el refuerzo en la confianza en la justicia. No son ciertas, pero dándolas por buenas, incluso a efectos dialécticos, los perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto serían mayores.

Ya antes de la aprobación de esta pena, las que existían privativas de libertad consideraban que afectaban al difícil equilibrio citado. Ahora, la incorporación de esta pena desequilibra totalmente estos valores en juego, además de perturbar otros valores, como son el de seguridad jurídica y el de proporcionalidad, en su manifestación de la prohibición de exceso, como señalaba algún compañero de esta Cámara, y reclamaba una necesidad de la pena. Además dificulta cohonestar el principio de seguridad jurídica y legalidad en su dimensión de taxatividad, a fin de evitar incertidumbres e inconcreciones y en su dimensión de certeza. Dificultades de cohonestación que se manifiestan en la indeterminación del límite temporal de la sanción y en la falta de criterios de graduación para la misma, a fin de establecer la correspondencia entre la gravedad de la conducta y la sanción.

Finalmente, perjudica -voy acabando, señoría- a los principios constitucionales de reinserción y reeducación, dados los largos plazos de cumplimientos efectivos, unido a los inciertos requisitos que debe cumplir el penado. En definitiva, consideramos que es una pena de efecto equivalente a la prisión perpetua, ya que la revisión de su duración depende de un procedimiento brumoso, basado en la falible predicción de la conducta futura del penado.

Señorías, por las razones expuestas de política criminal, de los consensos constitucionales básicos y de aspectos jurídico-constitucionales, instamos a esta Cámara al apoyo a la proposición no de ley que pretende la derogación de la pena de prisión permanente revisable.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, he traído un manual de derecho penal, un manual como otros tantos que se utilizan en las universidades españolas. En su capítulo 1 habla de los principios y los fines de nuestro derecho penal y, entre otras cosas, dice: una de las funciones de la pena es la justicia social, es decir, la resocialización en lo posible del delincuente. Pues bien, estos principios no son otros que los que ya recoge nuestra Constitución, no son otros que los que han estudiado nuestros abogados, jueces, fiscales, catedráticos, etcétera, es decir, todas esas personas que aplican el derecho. En la última legislatura del Gobierno efectivo, por decirlo de alguna manera, del Partido Popular se introdujo una figura que va en contra de ese y otros principios del derecho penal: la llamada prisión permanente revisable. Lo que realmente hicieron, utilizando un eufemismo, fue introducir algo que en otros países se reconoce abiertamente como cadena


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perpetua y esta denominación, esta mezcla de adjetivos es casi una contradicción en sí misma. Supongo que lo harían por despistar, pero el caso es que así, tal cual, ha quedado negro sobre blanco en nuestro Código Penal. Lo dijo en su momento el señor Rajoy: no hay que tener miedo a la cadena perpetua si esta es revisable, una frase muy propia de nuestro presidente en funciones, tales como todo es falso, salvo alguna cosa, o la mejor decisión es no tomar una decisión. Esta última, por cierto, parece que le va funcionando. Estas frases están muy bien para un mitin, para una entrevista, incluso para algunos pueden resultar ingeniosas, pero no son adecuadas para incluirlas en nuestra legislación y no solo por esa contradicción semántica, sino también y sobre todo porque el contenido, lo que se intenta esconder tras esas palabras, lo que en la práctica significan entra en contradicción con nuestros principios, con los valores que inspira nuestra Carta Magna. Como dice el profesor Lascuraín, catedrático y letrado del Tribunal Constitucional, si la pena es permanente es inhumana y si es revisable es imprecisa. Por tanto, vulnera varios artículos de nuestra Constitución; además de ir en contra de la reinserción social, atenta contra los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

Señorías, todos lo sabemos muy bien. Se trata de una cadena perpetua en toda regla y, curiosamente, en esos países europeos donde se llama abiertamente así, sin tapujos, es más favorable para el penado que nuestra prisión permanente revisable. Aquí la pena se podría revisar a los veinticinco o treinta y cinco años y en esos otros países se podría suspender, que no revisar, mucho antes, a los quince o veinte años.

Es curioso que cuando esta ley se tramitó, el Partido Popular no recibió ningún apoyo de la Cámara. Le llovieron las críticas del Consejo de Europa, recibió informes negativos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía e incluso se redactó un manifiesto por parte de 65 catedráticos de 33 universidades españolas diferentes. Sinceramente, les pregunto: ¿No tuvieron ningún tipo de duda a la hora de sacar adelante esta iniciativa? Permítanme que les diga que me resisto a creer que no la tuvieran. Como sabemos todos, iniciativas como la que estamos debatiendo hoy aquí tienen un gran impacto mediático. Este país ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho por los delitos que van asociados a esta pena. Tenemos muchas víctimas que padecen un dolor continuo y para algunas es ya inconsolable. De verdad les pido, por favor, que no juguemos con el dolor de estas víctimas, que les mostremos siempre nuestro apoyo y les aseguro que ese apoyo no se limita únicamente a cambiar un artículo de una ley.

En veinte años se han hecho veinticinco reformas de nuestro Código Penal. Dejemos de una vez de hacer ideología con él y de utilizarlo con fines electoralistas. ¿Es tan complicado sentarse el tiempo que haga falta para llegar a acuerdos y consensos que determinen el futuro de nuestro país? Creo que es posible y desde Ciudadanos lo hemos demostrado. Dejemos ya de intentar imponer y dialoguemos. Dialogar significa escuchar, señorías. Escuchémonos entre nosotros y también a los expertos. Escuchemos en general a toda la sociedad.

Debatimos aquí una proposición no de ley para cambiar un artículo del Código Penal pero, como todos sabemos, carecerá de efectos jurídicos. Para nosotros no es esta la fórmula más adecuada y, por ello -entre otras cosas-, hemos planteado una enmienda. Queremos que lo que se debate hoy aquí, algo que remueve los cimientos de nuestro derecho penal y trastoca los valores que inspiran nuestra Constitución, se aborde de una manera sosegada y tranquila, contando con la opinión de todos y, en especial, con la opinión de los expertos.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.

La señora REYES RIVERA: Termino, presidenta.

No nos perdamos en actitudes electoralistas que nos llevan únicamente a decisiones estériles u oportunistas. Busquemos entre todos aquello que los antiguos romanos llamaban el fas, la justicia con mayúsculas, lo justo, y hagamos que nuestro ius, las normas que aprobamos aquí, se parezcan cada día más al fas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer término, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no apoyaremos esta iniciativa por los siguientes motivos. Primero, no creemos que la prisión permanente revisable sea una respuesta legal antidemocrática, como dicen los proponentes. Sería tanto


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como llamar antidemocráticos a Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Suiza o Dinamarca, que tienen recogida esta misma figura en sus respectivos códigos penales. No hemos oído hoy criticar ni llamar totalitarios a todos estos países por tener esta misma regulación; ni lo hemos oído en los debates precedentes ni lo vamos a oír. Segundo, no compartimos la afirmación de que sea una pena inconstitucional. Está avalada por los informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca en sus sentencias ha declarado que sea una condena inhumana ni tampoco vulnera -como saben los proponentes- el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Tercero, no supone -como algunos repiten falsamente- una cadena perpetua, porque se permite -es verdad que pasado un tiempo prefijado- un seguimiento continuo de la resocialización del penado. Señorías, nuestro sistema penitenciario garantiza que se evalúe el grado de reeducación de los condenados con todas las garantías tendentes a su reinserción. Cuarto, creemos que es una pena proporcionada a la extrema gravedad de las conductas excepcionales que sanciona, y no somos el único país que lo cree así. Criminales como Kubati, condenado a más de mil doscientos años de prisión, o Inés del Río, que asesinó a 23 personas, con esta figura no habrían quedado en libertad tras veinticinco años de condena. Es verdad. ¿Es una pena severa? Sí. Además, pretende ser disuasoria para delitos muy concretos y, como digo, más limitados que en otras legislaciones: asesinatos múltiples, asesinatos de menores o de personas especialmente vulnerables, asesinatos unidos a otras agresiones de índole sexual, magnicidio, delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de terrorismo, etcétera. Además, no creemos que atente contra la dignidad de estos superdelincuentes y tampoco compartimos la última mención que hacen sobre las posibilidades irreparables de un error judicial.

Por todas esas razones y por considerarla una pena democrática, constitucional, proporcionada y garantista, no votaremos a favor de su propuesta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Euskal Herria Bildu apoya la derogación de la prisión permanente revisable que se propone o, por llamar a las cosas por su nombre, la prisión de por vida. Consideramos que su incorporación al Código Penal fue un paso más en la deriva antidemocrática del Estado, que se empeña en responder con imposición y represión a cualquier tipo de cuestionamiento del orden económico, político o social establecido tras la dictadura fascista, saltándose para ello todos los principios básicos europeos de derechos humanos y llegando a fabricar en su obsesión represora y vengativa arquitecturas jurídicas de todo tipo para alargar penas de prisión, para imponer dobles penas al no aplicar las directrices sobre cómputos de pena y un sinfín de actuaciones que por fortuna van siendo denunciadas y anuladas por los tribunales europeos, como ocurrió con la doctrina Parot. Una obsesión que no tiene ninguna justificación, si atendemos a los datos que apuntan a una de las tasas de criminalidad más bajas de toda la Unión Europea, y que obedecen más a la obsesión por imponer a base de orden público policial una visión única de las cosas optando por definir el sector social a perseguir para posteriormente hacer un traje a medida para su criminalización.

En lugar de justicia se busca venganza. En Euskal Herria de eso sabemos un rato, y estamos empeñados en acabar con la legislación excepcional aprobada ex profeso para poder transitar a una legislación ordinaria más garantista. Y es que la reforma de 2015 hacía más severo y menos garantista el código de 2010, que a su vez había hecho más severo y menos garantista el código de 2003, que a su vez había hecho más severo y menos garantista el código de 1995, que paradójicamente había hecho más severo y menos garantista el código de 1973, es decir, el código franquista, aunque entonces les quedaba el Tribunal Militar para ejecutar fusilamientos.

Para terminar, haré una reflexión que queremos compartir con los proponentes. Euskal Herria Bildu no aprueba esta propuesta en atención a lo que dice o deja de decir la Constitución del año 1978, lo hace a favor de los derechos humanos y de la defensa de las libertades. Eso sí, con el anhelo de poder diseñar en un futuro cercano un Código Penal que responda a una Constitución propia y no a una impuesta y no apoyada por la mayoría de la población de Euskal Herria.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.


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La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Hoy, en la XII Legislatura, en 2016, vamos a intentar subsanar un error, un grave error, que cometió en este caso el Partido Popular, el grupo de la mayoría, cuando corría la X Legislatura, principios de 2015. Por tanto, hace dos legislaturas. Es decir, en menos de un año dos legislaturas, dos procesos electorales. Un hecho que queda para siempre en los anales de los ridículos europeos hasta el presente momento y susceptible de ser mejorado, puesto que me temo que las ganas de ganar por 5 a 0 del Partido Popular van a abocarnos a unas terceras elecciones, y ya serían tres en un año. Una muestra más de la incapacidad de gestionar las diferencias políticas que tienen todos ustedes y que pretenden solucionar a base de decirle a la ciudadanía que no sabe votar y que, por favor, se emplee un poco más. Como diría Enric Juliana, votar, votar, hasta enmendar.

De hecho, llegados a este punto, quizás no haría falta entrar en el fondo de la propuesta, pero constatado el ridículo antológico de la política española, por respeto sobre todo al grupo proponente y por la importancia del contenido de la proposición no de ley, quiero decirles que sí que entraremos en el fondo de la cuestión y les anunciamos nuestro sí. Un sí, a la derogación de la cadena perpetua, un sí porque se introdujo semejante barbaridad mediante un trámite de reforma del Código Penal que fue un atropello en toda regla al parlamentarismo y al trámite parlamentario estilo Juan Palomo. Sí, porque además atenta contra el derecho penal moderno y contra los códigos que lo recogen, en los cuales se establece que el sentido de las penas consiste en el tratamiento y la resocialización de los delincuentes y desvincula el sentido de las penas de algo tan poco cristiano como es la venganza. Daremos nuestro sí, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consigna que cualquier persona privada de libertad tiene que tener un conocimiento suficientemente razonable de cuándo va a acabar su privación de libertad. Para terminar quiero decirles que lo de revisable es un puro eufemismo, ya que tal revisión obedece a criterios de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad judicial. Diremos que sí porque tal medida punitiva adolece además del vicio de la inconstitucionalidad, ya que atenta contra la finalidad resocializadora de las penas y contra la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos. Como digo votaremos que sí a la derogación de la cadena perpetua.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, presidenta.

Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana votará favorablemente a la proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco solicitando la derogación de la pena de prisión permanente revisable, eufemismo utilizado para hablar de la cadena perpetua. Fue introducida por la reforma que se hizo a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de noviembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El Código Penal expresa los valores de una sociedad, aquello que merece protección, y lo hace desde una doble perspectiva: aquello que una sociedad entiende como relevante y que merece la protección máxima, que en este caso lo incluye en el Código Penal; qué bienes jurídicos desea proteger una sociedad. Por otro lado los valores que inspiran la sanción penal cuando son vulnerados, cuando son atacados los bienes jurídicos objeto de protección penal. Es cierto -y estaremos todos de acuerdo- que los bienes jurídicos merecedores de protección penal han ido cambiando a lo largo del tiempo, así como la sanción; discutible será si realmente en estos tiempos las reformas y por tanto qué bienes jurídicos se han incluido en el Código Penal -qué sanciones comparta la vulneración de estos tipos penales y por tanto la vulneración del bien jurídico- responden o no a las necesidades del siglo XXI.

Dicho lo anterior la pregunta que deberíamos formularnos todos es qué función debería tener la pena privativa de libertad. ¿Vindicativa? ¿O por el contrario esta debería ir encaminada a la rehabilitación, a la reinserción, a la resocialización? Esquerra Republicana considera que la introducción de la prisión permanente revisable -eufemismo, como decía, que se utiliza para no hablar de la cadena perpetua o la condena a perpetuidad- lo fue al calor de unas demandas que no son sociales, pero que sí que son sensacionalistas, auspiciadas por determinados medios de comunicación -aquello que los juristas y penalistas denominan populismo punitivo- y sus programas; programas de televisión que generan y generaban una alarma social ficticia, y que han supuesto un auténtico acoso a la función rehabilitadora y resocializadora de la pena. La reforma obedeció a la campaña orquestada para impulsar la función punitiva de la pena, del castigo y de la vindicación. Por cierto, alarma social ficticia, inseguridad ciudadana


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que no es real en atención a los moderados, más bien bajos índices de criminalidad existentes en el Estado español, y que contrastan con los altos índices de población reclusa, derivados por cierto de un Código Penal durísimo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, por favor.

Señorías, guarden silencio.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Y, como decía, de un Código Penal durísimo. Nos deberíamos preguntar alguna vez quién termina en prisión cumpliendo penas larguísimas. La reforma se llevó a cabo a pesar de existir una tendencia de caída sostenida en el tiempo, como decía, en los índices de criminalidad, tendencia que se arrastraba estos últimos seis años. El Estado español se sitúa en estos momentos entre los Estados de la Unión Europea donde se dan los periodos más largos de estancia en un centro penitenciario. Apuntaba todo esto para decir por qué no estamos de acuerdo con la denominada prisión permanente revisable, por qué Esquerra Republicana se opone a la prisión permanente revisable. En definitiva porque tiene difícil conciliación con lo proclamado en el artículo 25 de la Constitución, donde se desgrana cuál ha de ser la función que debe cumplir la pena -en este caso la de privación de libertad-: rehabilitadora, resocializadora, de reinserción. Es difícil conciliar, conjugar la pena de prisión permanente revisable con estos principios de atención, porque si no se sabe si se va a salir de la cárcel o se va a morir a ella, ni el condenado ni la propia institución penitenciaria harán ningún esfuerzo y carecerán de motivación para avanzar en la rehabilitación. Dos, se trata de una pena indeterminada, cuya duración no se conoce, y ello comporta la vulneración del principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución Española. Acabo, presidenta. Por cierto los representantes del Partido Popular deberían recuperar los discursos de su ministro de Defensa, señor Trillo, cuando era portavoz en temas de justicia, cuando blasfemaba contra el Código Penal de 1995 porque, decía, contenía penas indeterminadas. También supone una pena degradante e inhumana prohibida por el artículo 15 de la Constitución. La introducción de la pena de prisión permanente revisable no es equiparable a las existentes en Europa. Se introduce con mayor dureza que en otros Estados de la Unión Europea, porque se plantea la revisión de la pena a los veinticinco años y en los supuestos de terrorismo entre los veintiocho y los treinta y cinco años.

Un apunte: la pena máxima de privación de libertad antes de la reforma era de treinta años para los delitos comunes y de cuarenta años para los delitos de terrorismo. ¿No les parece que treinta o cuarenta años es toda una vida adulta? Para Esquerra Republicana volver a estos postulados es colocar a España en el siglo XIX. La prisión permanente revisable deviene inútil e inhumana.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.

El señor YLLANES SUÁREZ: Señora presidenta, señorías, la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, que fue la que introdujo en el catálogo de penas del Código Penal lo que vamos a llamar desde el principio la cadena perpetua revisable, establecía como motivos para introducirla la demanda social, y además ser una forma de que los ciudadanos recuperaran la confianza en la Administración de Justicia. Reconozcan conmigo que esa confianza probablemente se ha visto debilitada después de ver el regreso vergonzante del compadre del señor ministro del Interior en funciones, Daniel de Alfonso, a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Escuchados los argumentos que motivaron la reforma nos encontramos con que podemos pensar que la anterior legislación era enormemente benévola, pero bien al contrario. El preso más longevo de la historia de España que cumplió en total treinta y seis años de prisión no cometió ni uno solo de los delitos que están castigados en el Código Penal con la pena de cadena perpetua revisable. ¿Cuál es el verdadero motivo de la reforma introducida en el Código Penal por el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta? Lo que se ha dado en llamar el populismo punitivo. En primer lugar, acallar la alarma social que casos de extrema gravedad y que fueron importantes desde el punto de vista mediático provocaron. Hay que decir que las últimas reformas del Código Penal tuvieron nombres y apellidos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Yllanes.

Señorías, les ruego silencio. Prácticamente no se escucha al orador.


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El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Otro de los motivos era responder a las exigencias de determinados colectivos de víctimas cuyos motivos son enormemente respetables, pero que jamás pueden justificar que el derecho penal tome ningún atajo. Bien claro nos lo dejó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al dejar sin efecto la llamada doctrina Parot que estableció el Tribunal Supremo. ¿Cuál es el resultado de este populismo punitivo? Ni más ni menos que el endurecimiento automático de las penas para delitos que ya estaban castigados con penas enormemente serias en el Código Penal, mientras se sigue siendo enormemente benévolo -y esta es una reforma que tenemos pendiente- con aquellos delitos relacionados con la corrupción. Hablar de esto precisamente hoy constituye un sarcasmo, porque hoy ha comenzado el juicio de la trama Gürtel. (Rumores). Ojalá el legislador hubiese respondido con la misma inmediatez y con el mismo espíritu garantista a demandas sociales como la protección del derecho a la vivienda o la protección del derecho a tener un trabajo que no fuera precario. Todo lo contrario, el legislador lo que hizo fue introducir más recortes y mayor desigualdad que también se deriva de esta reforma del Código Penal. Es más, tenemos claro o sospechamos que el autor intelectual de esta reforma del Código Penal debe ser la misma persona que ha inspirado la reforma que sobre la corrupción se contenía en el pacto de investidura que firmaron Ciudadanos y el Partido Popular, y que ha dado lugar a ese aforismo jurídico que tanto éxito ha tenido y que dice aquello de que no es lo mismo meter la mano que meter la pata.

Pero si preocupante es que sea el populismo punitivo el que de alguna forma inspire la reforma, mucho más grave es que la reforma vulnere preceptos constitucionales, y la pena de cadena perpetua revisable es contraria al artículo 10 de la Constitución española, que establece que la dignidad de la persona es un fundamento del orden político y de la paz social e igualmente es contraria al artículo 15 de la Constitución, que establece que las penas y los tratos inhumanos o degradantes están proscritos. Asimismo infringe lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Parece mentira que quienes van repartiendo carnés de constitucionalistas por ahí no tengan el más mínimo problema en hacer este tipo de reformas, y sin embargo se opongan sistemáticamente a que iniciemos un verdadero debate sobre la Constitución. Este objetivo de resocialización resulta absolutamente imposible con los plazos que establece el Código Penal, en primer lugar para acceder al tercer grado, que llegan hasta los veintidós años, y en segundo lugar para la suspensión de la ejecución del resto de la pena, que se extiende hasta los treinta y cinco años. Frente a la resocialización introducir la cadena perpetua revisable lo que provoca es pura retribución, ignorando incluso otras finalidades que deben tener las penas, como son la prevención especial y la prevención general. Por lo tanto populismo punitivo y vulneración de la Constitución son dos sólidas razones para que el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea apoye la propuesta legislativa del Grupo Parlamentario Vasco para excluir del catálogo de penas del Código Penal la pena de cadena perpetua revisable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, esta misma mañana, hace escasas horas, hemos debatido en la Comisión de Justicia sobre esta misma cuestión, y les adelanto que la iniciativa del Grupo Socialista ha prosperado. Por tanto, sí, instamos al Gobierno a suprimir del elenco de penas de nuestro Código Penal la llamada prisión permanente revisable. La verdad es que solo su nombre nos deja perplejos, es decir, cómo algo que es permanente se califica de revisable, o lo uno o lo otro. Esta deliberada oscuridad es una forma de hacer política, por eso no somos optimistas. Este Gobierno predica la necesidad de una estrategia nacional de justicia, si bien con la misma intensidad y decisión su grupo parlamentario ha aprobado en la X Legislatura, sin la más mínima concesión al diálogo o al consenso, innumerables leyes.

Ya hablamos de esta cuestión en la pasada legislativa y hoy volvemos a la misma, como en esa película de Harold Ramis del día de la marmota, o si lo prefieren, como el mito de Sísifo. En suma, señorías, al uróboro, que simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o el esfuerzo inútil. Me gustaría no repetirme, máxime cuando los argumentos constitucionales ya han sido esgrimidos, tanto en el recurso ante el Tribunal Constitucional como en esta misma tribuna, que doy por reproducidos. Sí quiero emplear estos cortos minutos en argumentar el rechazo desde los principios básicos que han permitido la construcción de un derecho penal moderno. No pretendo levantar de su


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descanso eterno a ilustres como Beccaría o Lardizábal, pero su recuerdo, al menos hoy, parece más obligado que nunca. No olvidemos que, según reza el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, esta sanción o esta pena se impone y está justificada para dar una respuesta extraordinaria. Fíjense, señorías, en lo que decía el profesor Hassemer: El derecho penal ha evolucionado hacia un derecho penal de defensa contra peligros. Pero rápidamente ponía el acento en la necesidad de compatibilizar esas aspiraciones con la necesidad de preservar las tradiciones fundamentales del derecho penal y en particular su rigor garantista.

El grupo que represento comparte plenamente esas ideas. Estamos hablando de una cadena perpetua en toda regla, y que ustedes para salvar la letra de la Constitución llaman pena indeterminada en su duración, pero realmente lo que permiten después de muchísimos años -siempre más de veinticinco- es que quede en suspenso por un cierto tiempo. Señorías, saben muy bien que con un sistema como el nuestro, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, no será nada fácil dar cabida a esa supuesta revisión. Bastaría repasar los condicionantes del artículo 92 del Código Penal. Tampoco es necesario aludir -algo se ha indicado- a los efectos criminógenos que la pena presenta, pues basta decir que en algunos casos basta un solo asesinato para que pueda alcanzarse la pena, y dada la amplitud de la misma, poca pena o poca trascendencia penológica tendrán las sucesivas muertes.

Pero volvamos a los principios, señorías. Permítanme hacer un poco de historia, y es constante en la historia de la tradición del pensamiento político destacar el elemento de fuerza como origen de los Estados. Pero esta fuerza es necesario que se rodee de un calificativo: legítima. Y esa legitimación solo se puede conseguir por el respeto a los valores éticos: libertad, justicia e igualdad. Soy consciente de que la definición del derecho penal y su marco jurídico vive en una permanente tensión entre lo que es el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja. Pero me quedo con lo que expone el profesor Von Hirsch, cuando establece que una extrema politización de la política penal hoy nos invade, de tal modo que mientras los índices de los delitos no suben, sí sube la impaciencia del público reclamando castigos. Y siempre hay algún político dispuesto a dar satisfacción.

Ustedes olvidan los límites materiales, los límites políticos criminales que tiene el poder punitivo del Estado. Límites por otra parte que no afectan solo a sus condiciones o formas de ejercicio, sino a su propio contenido y extensión. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de algo evidente y es que el derecho penal ha cambiado. Ha cambiado como ha cambiado nuestra propia sociedad, la seguridad es un reclamo necesario, pero se ha convertido en una pretensión a la que se supone que el Estado, y en particular el derecho penal, deben de dar siempre respuesta. Pero esto les sirve a ustedes para justificar una diferente y creciente respuesta del poder punitivo del Estado que siempre se traduce en lo mismo. No olviden una cosa, señorías, el Código Penal es una norma valorativa. La más importante si me apuran, pero es una norma valorativa, y define igualmente qué debe ser el derecho penal en un Estado. Y desde luego normas, principios, como el principio de intervención mínima, pero también resocialización del infractor, se convierten en elementos básicos.

Señorías, hablamos de respuesta del Estado y esta solo puede ser certera si conoce la realidad criminal, sabe articular los mecanismos de política criminal para frenarlos, y recuperar al cuerpo social a nuestra sociedad. Señorías, comparto en esto las palabras de Vives Antón, cuando señala que hoy, por la desesperanza que parece adueñarse de la situación, es más necesario que nunca esgrimir la libertad frente al miedo. Pero ustedes prefieren seguir la senda de un derecho penal exagerado. Por eso en atención a estas consideraciones el Grupo Parlamentario Socialista comparte la proposición no de ley sometida a consideración esta tarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, repetición de elecciones, nueva legislatura y reiterado debate en torno a la prisión permanente revisable. Ninguna novedad. Ninguna respecto a lo que venimos oyendo desde 2013, porque hay grupos en esta Cámara que siguen haciendo el mismo discurso populista y demagógico del primer día, el que hacían contra el anteproyecto de ley que se conoció en aquellas fechas. Un discurso sustentado en la deliberada omisión de la realidad, como trataré de demostrar. Eso desde luego les permite a algunos trabajar menos, porque una vez más piden ustedes a un Gobierno en funciones que haga lo que tiene vetado hacer por ley, es decir, que remita un proyecto de ley a la Cámara. Y sin embargo no han hecho


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ustedes lo que sí está en su mano hacer, más allá de la demagogia: trabajar. Trabajar un poco y presentar una proposición de ley en la Cámara. Lo demás es humo; humo mediático, pero nada más que humo, señorías.

Se ha puesto especial énfasis en describir la pena de prisión permanente revisable como inconstitucional. Así lo expresa el recurso de inconstitucionalidad presentado por varios grupos y ya admitido a trámite el 27 de julio de 2015. Sin embargo ahora parece, a la vista de las propuestas debatidas hoy en Comisión y Pleno, que algunos no desean el posicionamiento del Alto Tribunal. Se busca el atajo de la proposición no de ley para zanjar la cuestión, quizá porque han revisado tarde la jurisprudencia constitucional y ahora ya saben que ha admitido desde 2004 la extradición de personas que podían ser condenadas a penas semejantes a la prisión permanente revisable, y si así lo hizo es porque entendió que no existía pena inhumana o degradante en esas legislaciones. Y es que una cosa son los discursos y otra la regulación vigente; regulación que no renuncia, por mucho que ustedes se empeñen, a la reinserción del penado, sino que prevé la revisión de la pena y la posibilidad de obtener la libertad. Ello dependerá lógicamente del pronóstico favorable de reinserción y de la naturaleza de los delitos, pero la previsión legal existe, como existen, por más que ustedes lo silencien sistemáticamente en su encendida caricatura de la prisión permanente revisable, los beneficios penitenciarios, y como existe -aunque tampoco lo menciona nadie- el tercer grado penitenciario o el sistema de permisos y salidas anticipadas, aplicable en algunos casos, por cierto, desde los ocho años de reclusión. Los mecanismos de resocialización y de reinserción y el régimen de progresión de grado son los mismos -nadie lo ha destacado aquí- en la prisión permanente revisable que en otras penas de larga duración. También caben por tanto la libertad condicional o las medidas de control, siempre con un horizonte de libertad, que es una exigencia constitucional. No creo que sin cumplir tal exigencia la prisión permanente revisable hubiera logrado el aval de los altos organismos del Estado, el aval del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado; por cierto, señores del Partido Socialista, con el voto favorable del señor Rodríguez Zapatero o de la señora Fernández de la Vega. Tal vez a ustedes en este momento les conviniese tomar en cuenta su criterio; no sé si es fácil o no en este momento, pero les convendría conocer las razones por las que dieron su aval entonces.

¿Y qué dice el derecho internacional? ¿Qué dice la normativa sobre derechos humanos? Pues bien, admite la prisión perpetua siempre y cuando exista posibilidad de liberación. Esa es la realidad del derecho internacional y de la normativa sobre derechos humanos. Lo hacen instrumentos internacionales suscritos por España y ratificados con entusiasmo casi unánime en esta Cámara, quizá con olvido a conveniencia de algunos en este momento. Ese es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en el año 1989. El artículo 37. a) de esa convención admite la prisión perpetua con posibilidad de excarcelación para menores de dieciocho años; vigente en España y adoptado -insisto- por la ONU en 1989. Es también el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en vigor desde julio de 2002. Sus artículos 77 y 110 prevén la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la gravedad del crimen o las circunstancias del condenado, con un plazo de revisión de veinticinco años. A mí este plazo me suena, no sé a ustedes.

Ahora, de todos los que hoy quieren pedir la derogación de la prisión permanente revisable, díganme, ¿alguno de ustedes ha criticado, se ha opuesto o ha denunciado la ratificación por España de la Convención de los Derechos del Niño o del Estatuto de Roma? ¿Dónde está su coherencia, su memoria quizá? ¿Qué capacidad tienen para concordar ese silencio clamoroso con tanta demagogia populista, como han hecho en el día de hoy en torno al Código Penal?

Hablan de la Convención Europea de Derechos Humanos, pero omiten la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque se trata de que la realidad no les desmonte a ustedes los tópicos del discurso. Esa jurisprudencia lo que avala son figuras semejantes a la prisión permanente revisable. Lo hizo en el caso Meixner contra Alemania en 2009, en el caso Bodein contra Francia en 2014 o en el caso Vinter y otros contra el Reino Unido en 2013. En este caso, en el caso Vinter, el tribunal afirma, acorde con el artículo 3 de la convención, que prohíbe las penas inhumanas o degradantes, el establecimiento de una pena perpetua o de duración indeterminada para protección de la sociedad. Es decir, admite una legislación británica algo que va mucho más allá de la regulación de la prisión permanente revisable en España.

Señorías, algunos que tanto miran a Irán o a Venezuela -y no quiero pensar en el derecho penal de esos países- harían bien en fijarse en Europa y en lo que está vigente en Europa. Algunos que se saben de memoria la sentencia del Tribunal Europeo contra la doctrina Parot quizá deberían releer algunas otras que desmontan sus alegatos contra la prisión permanente revisable. Y lo cierto es que nuestro Código


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Penal vigente reserva esta pena para los asesinatos más execrables, para los que más dolor y repugnancia causan a la sociedad española. Los españoles, la gente, piensan que no puede ser igual matar a uno que a veinte. Las condenas deben tener en cuenta el alcance, el dolor causado o la impiedad de los terroristas o la de quienes delinquen contra menores o personas desamparadas, quienes cometen magnicidios o quienes atentan contra la vida y la libertad sexual simultáneamente. Son conductas que reciben -y voy terminando, señora presidenta...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino. Son conductas que tienen el máximo reproche social y merecen el máximo reproche penal, una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social que suscitan. Pregunten ustedes a la gente, a los ciudadanos.

Algunos buscan en estos debates el aplauso de algún sector de la doctrina, y nosotros creemos más importante mantener la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico, y los ciudadanos piden respuestas y no resignación frente al delito; quizá por eso, según el CIS, tres de cada cuatro españoles -muchos más de los que votan al PP, señorías- respaldan la prisión permanente revisable. Pueden ustedes dedicarse a la melancólica revisión de la doctrina, pero no hay doctrina que justifique la resignación o la pasividad frente a los delitos más graves. En ustedes la doctrina es pretexto para la inactividad. Nosotros hemos preferido dotar a la sociedad española de instrumentos que den respuesta proporcionada, constitucional, desde los principios del derecho penal, desde el respeto a los derechos humanos y desde la legalidad internacional, pero respuesta, a conductas criminales de la gravedad de las hoy sancionadas con la pena de prisión permanente revisable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Legarda Uriarte si su grupo acepta la enmienda presentada.

El señor LEGARDA URIARTE: No, señoría.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR HOMS), SOBRE MEDIDAS PARA PARALIZAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOMCE (LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA), CON EL FIN DE DEROGARLA Y DE DEROGAR EL REAL DECRETO 310/2016, POR EL QUE SE REGULAN LAS EVALUACIONES FINALES DE ESO Y BACHILLERATO. (Número de expediente 162/000113).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la Lomce, con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y bachillerato.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. (Rumores).

En Cataluña trabajamos para la actualización del sistema educativo fundamentándonos en el consenso internacional sobre un propósito: generar competencias para la vida en el contexto del siglo XXI y no del XIX... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo.

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Competencias que permitan a nuestros hijos ser independientes y poder tener un proyecto de vida satisfactorio. Hemos logrado ampliar la perspectiva más allá de las aulas. Intenten ustedes ampliar la perspectiva más allá de sus despachos. El sistema educativo en Cataluña funciona, está en marcha y se actualiza, y además lo hace de manera pactada; por tanto la estabilidad legislativa está garantizada. Y no pueden ni deben ser ustedes, una clase política averiada y ciega, quienes desde Madrid nos digan -y además sin ningún tipo de consenso- cómo debemos educar, cuando ni siquiera entienden algo tan básico y creo que tan rico como que la educación es la integración de todas las culturas y de totes les llengües. Si nuestros profesores, nuestros médicos, nuestros ingenieros


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o nuestros empresarios ejercieran la misma irresponsabilidad que ustedes, ahora mismo no seríamos más que un desierto. Apelando al compañero Gabriel Rufián y al tuit del Gañet, les diría a todos aquellos monolingües que dicen a los bilingües que sean trilingües -frase que tiene su origen en la marea verde contra la reforma educativa del Partido Popular en las Illes que les hizo perder las elecciones- que en Cataluña eso ya es pantalla pasada porque en Cataluña estamos de pleno en el plurilingüismo, ya que casi el 60 % de los centros educativos imparten una o más asignaturas no lingüísticas en un tercer o cuarto idioma. Activen la voluntad del cambio y háganlo ya porque el 85 % de los trabajos de hoy se habrán transformado cuando nuestros hijos de tres años terminen los estudios. Tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar para preparar a nuestros hijos para esta nueva realidad porque no educa solo la escuela, educamos toda la comunidad. Hagamos el favor de dotar al sistema educativo de capacidad de actualización, de reacción y de acción porque, aunque aquí estemos entre cuatro paredes, ahí fuera hay un mundo en constante cambio. Interésense por él, interésense por la realidad, señoras y señores del Partido Popular, salgan de aquí, vayan a las escuelas, hablen con todos los actores y entonces podrán hacer leyes, porque aprender y conocer también es diálogo.

Nuestros hijos tienen el derecho a aprender a cultivar su personalidad y nosotros tenemos la obligación de darles todas las herramientas necesarias para que lo logren. El proyecto educativo en Cataluña se basa en la imagen de un mundo muy distinto al suyo y prueba de ello son proyectos ambiciosos como A Escola Nova 21, la alianza por un sistema educativo avanzado con el fin de generar la cultura de la innovación y la cultura colaborativa sostenible. Este curso cuenta con casi 500 centros que se han adscrito a este proyecto. En Cataluña nos esforzamos cada día para fomentar la igualdad de oportunidades para que ni un solo alumno se quede atrás. No dejamos fuera del sistema educativo a los que no tienen un perfil concreto diseñado por políticos, para ello les abrimos multitud de posibilidades, no les enviamos al cajón de los desperdicios como pretenden ustedes solo por intentar estar en la media de los ranquin; a nosotros no nos importan los números, a nosotros nos importan ellos, nos importan nuestros hijos, nuestros alumnos, porque, al final, el éxito de todos nuestros alumnos es lo que nos llevará al éxito en todos los ranquin. (Rumores). Por eso merece la pena recordarles de nuevo que en Cataluña trabajamos con el consenso y la colaboración...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora NOGUERAS I CAMERO: ... no solo de políticos y docentes, sino de las familias, de entidades, de fundaciones, de asociaciones, en definitiva, de casi toda la comunidad educativa; todo lo contrario de lo que es la Lomce, que la única firma que ha logrado es la suya, la del Partido Popular.

Un responsable -Tribunal Constitucional- debería revocar cualquier ley educativa que imponga ideologías, clasismo o racismo y que no esté escrita en el consenso y para perdurar. Lamentablemente, en este país el Tribunal Constitucional dedica su tiempo a amenazar a políticos como Francesc Homs o al president Mas por hacer política. Permítanme también que les diga a algunos que están preocupados que no se preocupen, porque cuando Cataluña sea un Estado independiente, la educación en su país, en España, puede estar garantizada si, como les he explicado anteriormente, reconocen la realidad y dotan a la educación, a los educadores y a nuestros hijos de las herramientas necesarias para afrontarla. No permitan que los cuatro años de legislatura sean su horizonte y entiendan la educación como una inversión y no como un gasto. Debemos trabajar en proyectos educativos que abran los ojos, aunque si primero no los abren ustedes, este país está condenado al fracaso. Les invito a hacer un ejercicio: no piensen en los informes PISA, no piensan en los ranquin internacionales, no piensen en los votos, no piensen en los intereses de su partido, no piensen en la legislatura; piensen solo una cosa: piensen en ellos, en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Y háganse una pregunta: ¿estamos orgullosos del sistema educativo que les hemos diseñado?

Celebro, y mucho, que el Partido Popular haya perdido su mayoría absoluta y deseo que el resto de formaciones políticas ayuden a este país a ser la mejor versión del mismo. Desde el Estat catala estaremos a su lado porque no solo queremos el éxito de los alumnos en Cataluña, nos interesa el éxito del conjunto de los alumnos. Albert Einstein dijo: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda la vida creyéndose que es estúpido. Y ya termino. El mundo está progresando y necesitamos a niños y niñas que piensen de manera creativa, de manera independiente y de manera crítica. Así que, si cada uno de nuestros hijos es diferente, ¿por qué nos empeñamos en educarles a todos igual? Un médico no receta a todos sus pacientes lo mismo porque sería un absoluto desastre y un absoluto desastre es lo que es hoy la Lomce, que simple y tristemente es la ley orgánica


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para el maquillaje de la calidad educativa. Nunca una ley educativa había condicionado el título a un examen priorizando contenidos a competencias. Y no solo es un desastre a lo que estructura y sistema educativo se refiere, sino que es un desastre lo que estamos haciendo con nuestros héroes: los profesores. ¿Saben ustedes quiénes son los profesores? Los profesores son aquellos que pueden hacer que los sueños de nuestros hijos se hagan realidad. ¿Y qué hacemos con ellos? Les pagamos mal, les recortamos y les maltratamos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de aumentar cada año un 35 % el presupuesto de defensa. Perdónenme, pero debería ser ilegal que personas que toman este tipo de decisiones hagan leyes educativas. Todos ustedes, miembros del Partido Popular, están suspendidos. Al resto de partidos les digo que tienen hoy la oportunidad de cambiarlo todo y cambiarlo ya. Adiós, Lomce. Hola, educación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias.

Ayer conseguí este libro, Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh (Muestra el libro), un neurocirujano inglés. Es el libro del año. Un libro que está agotado, que lo han nombrado en el New York Times y en el The Economist como el mejor libro del año; un libro en el que Henry Marsh reflexiona sobre el axioma básico de la medina: Primum non nocere. Es decir, lo primero es no hacer daño. Me hubiera gustado regalárselo al ministro, pero no ha venido -se va a quedar sin libro-, porque creo que, además, reflexiona sobre tres cuestiones que es importante que él tenga en cuenta. En primer lugar, la necesidad de practicar la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de tener en cuenta el sufrimiento que tú generas; en segundo lugar, la necesidad de aceptar los errores; y en tercer lugar, la necesidad o la importancia de tomar decisiones acertadas en los momentos concretos.

En política no somos médicos, pero deberíamos guiarnos por este axioma, especialmente en las ocasiones y en las circunstancias donde hay una alta probabilidad de provocar daños sin certeza de obtener beneficios. Y esta es la situación de las reválidas de la Lomce. Esta es la situación del real decreto de reválidas que se ha sacado supuestamente para no incumplir la ley este verano y que realmente lo que está provocando es una gran situación de incertidumbre y una gran situación de inestabilidad. En primer lugar, este decreto se ha sacado de tapadillo y además en contra de toda la comunidad educativa. Tiene en contra a los estudiantes -creo que han venido a vernos los estudiantes de Canae-, tiene en contra al 80 % de los docentes, tiene en contra a muchos sindicatos, tiene en contra a muchas comunidades autónomas que dicen que lo van a recurrir ya y además -y esto no es lo más grave- tiene en vilo a 400.000 familias con los niños que se tienen que examinar y que no saben cuándo, cómo y de qué manera van a tener que hacer el examen de reválida de este año. Nosotros añadimos un agravante más y es que lo peor es que tiene en vilo al ministro, que ha sacado un real decreto que no va a saber si va a poder finalizar en tiempo y forma porque en el Consejo estatal hay tres vacantes que no va a poder nombrar si está en funciones. Por tanto, se ha generado un caos brutal.

A nosotros nos gustaría poder votar en la PNL que ha presentado el Partit Demòcrata Català a favor del primer punto, a favor del punto que pide la derogación del decreto de reválidas. Nos gustaría mucho que se nos admitiera la votación por puntos y nos gustaría mucho también pedirle al ministro y al Partido Popular que cumplieran el acuerdo que firmaron con nosotros en agosto de este año, donde se comprometían a congelar la implantación de la Lomce en aquello que no estuviera instaurado. (Aplausos). Lamentablemente no sabemos si va a ser posible votar o no por puntos, pero quiero que quede claro que Ciudadanos quiere la paralización de la Lomce y quiere la derogación del decreto de reválidas. Le pedimos al ministro que modifique el decreto de 2008 y que permita seguir haciendo el acceso a la universidad como se hacía, adaptando las pruebas al bachillerato actual. También nos hubiera gustado mucho que se nos hubiera admitido -ya nos han dicho que no- una enmienda propositiva en lugar de negativa, porque aquí parece que lo que está de moda es derogar y derogar, pero derogar para nada, como diría alguno, es tontería. Hemos propuesto que se incluyera nuestra enmienda de creación de un pacto nacional por la educación, un pacto abierto, donde esté representada la comunidad educativa, donde estén representadas todas las comunidades autónomas, donde se pueda llegar a un consenso de verdad para generar una mejor educación para nuestros estudiantes. Lamentablemente, a algunos grupos el tema de lo nacional les pone un poco nerviosos y también el tema de pactos. No sé en qué medida vamos a poder conseguir una nueva ley educativa si ni siquiera llegamos a ponernos de acuerdo para poder hablar. (Aplausos).


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En Ciudadanos no somos médicos, no somos neurocirujanos, pero sí somos muy conscientes de que las decisiones que tomamos en estos atriles y en estas comisiones tienen efectos reales sobre la vida de mucha gente. Por tanto, nosotros sí queremos aplicar el principio de Marsh, que es el principio hipocrático de ante todo no hacer daño. En este sentido, querríamos incluir esa disposición para evitar el frentismo y para de verdad ponernos a trabajar por algo que es muy importante y que está afectando y angustiando a mucha gente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustamante Martín.

El señor BUSTAMANTE MARTÍN: En primer lugar, como representante de la escuela pública en mi condición de maestro, quiero saludar al conjunto de la comunidad educativa; saludar a las mareas, que tanto han luchado por la defensa de la educación pública; saludar a los sindicatos, que están defendiendo la mejora en la escuela pública y los derechos de trabajadores y trabajadoras. También quiero saludar a los distintos maestros y maestras de los diferentes niveles educativos, al alumnado y también, cómo no, a los padres y madres de alumnos y alumnas.

No me gustaría perder la oportunidad de pasar por aquí sin denunciar el recorte que el Partido Popular ha aplicado este verano al alumnado con necesidades educativas especiales. Han rectificado el último día que tenían los alumnos para solicitar la beca, pero el daño ya estaba hecho al recortar las becas al alumnado con necesidades educativas especiales. No me gustaría pasar por esta tribuna sin denunciar este nuevo ataque del Partido Popular a los sectores más desfavorecidos. También saludamos desde Unidos Podemos a los estudiantes que están luchando contra el 3+2, que están luchando contra el aumento de tasas en la universidad, contra la reválida y que están luchando y se están movilizando por el aumento de las cuantías de las becas. En España, el gasto en educación representa el 4,2 % del PIB, frente al 6,2 % de la media europea. Estamos claramente por debajo, estamos a la cola de Europa y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy tiene comprometido en el marco del programa de estabilidad reducir al 3,9 % el gasto en educación de cara al año 2019. Este es el mapa de la educación pública en España. Tenemos un relato de lo que ha ocurrido en los últimos años con la educación pública, el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno del Partido Popular ha conseguido a través del arrinconamiento de la escuela pública que más de la mitad de los alumnos y alumnas cursen en la escuela privada y concertada. Tenemos el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde mientras Rita -la mejor, según el presidente Mariano Rajoy-, Camps y compañía esquilmaban las arcas públicas fue célebre la noticia de estudiantes en barracones. Tenemos también el ejemplo de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde se redujo el número de maestros y maestras, se cerraron escuelas en el medio rural y donde se han suprimido aulas en la escuela pública. Y en este curso escolar la educación viene con más recortes. El 3 de septiembre tenía lugar en Andalucía, en Sevilla, una gran manifestación del colectivo Mareas por la educación pública, con gran participación. En ella estuvimos representados los tres diputados de la provincia de Sevilla de Unidos Podemos. Hubo gran afluencia de maestros y maestras en defensa de la educación pública y contra los recortes de la Junta de Andalucía, que están dejando fuera a cientos de interinos e interinas, así como recortes en distintos programas educativos, como el de bilingüismo, y la supresión de aulas en la escuela pública. Ese mismo PSOE de Andalucía, esa misma Susana Díaz que quiere cerrar las puertas a la posibilidad de un gobierno alternativo, con esta mayoría que hoy de nuevo dirá que no a las políticas del PP y a la Lomce. (Aplausos).

Quiero también señalar que la Lomce es una ley profundamente ideológica. No es meramente una ley educativa, sino que va más allá. Busca perpetuar un sistema de clases, donde los más desfavorecidos sean carne de cañón para llegar al mercado de trabajo bajo la precariedad y la desigualdad. A nadie se le escapa que el sistema de reválida y adelanto de itinerario persigue expulsar a los hijos de los trabajadores y trabajadoras de la escuela pública. Estoy convencido de que los ideólogos de la Lomce saben que el lenguaje académico en las familias más desfavorecidas se adquiere a través de la enseñanza en la escuela pública. Hay niños y niñas que vienen a la escuela con el lenguaje aprendido porque sus familias tienen formación, pero hay una mayoría social, las capas populares, que van desarrollando el lenguaje académico a lo largo de los años. Todos conocemos ejemplos de alumnos que no destacan en la educación primaria y que después sacan buenas notas tanto en bachiller como en la universidad, por eso a través


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de la Lomce se pretende una educación elitista y expulsar a los sectores populares de la educación pública mediante la reválida y el itinerario más temprano.

Unidos Podemos saluda la iniciativa del Partido Demócrata Catalán. Hemos presentado una enmienda que recoge el trabajo realizado por los sectores educativos, el cual se vio plasmado en el documento por otra política educativa. Este documento está apoyado por amplios sectores de la comunidad educativa: lo firman sindicatos, más de treinta asociaciones y partidos aquí representados, como Esquerra Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos e Izquierda Unida. Nosotros nos adscribimos al documento por otra política educativa. Hemos presentado una enmienda a la PNL del Partido Demócrata Catalán, que no sabemos si el Partido Popular nos la va a tumbar, que habla de implementar medidas urgentes para paliar los recortes y las políticas negativas de la Lomce en el presente curso. Tiene tres bloques. El primero trata de frenar el aumento del fracaso escolar y la expulsión temprana del alumnado de la escuela pública. El segundo trata de restituir la democracia en los centros derogando la nueva fórmula de la Lomce de elección de directores en los centros educativos para volver a dar fuerza a los consejos escolares, que representan la democracia en los centros. Y un tercer bloque que apuesta por la equidad en la educación y plantea que no haya más recortes, la reversión de los recortes realizados, no a la supresión de aulas en la escuela pública y recuperación de los ratios, horarios y condiciones de trabajo del profesorado. Por eso, desde Unidos Podemos queremos ser en el Parlamento la voz de la gente que está en la calle reivindicando y queremos traer las demandas de los movimientos sociales y de los sectores de la comunidad educativa para que este Parlamento no represente solamente a una minoría o a una élite de la población, sino que represente a los movimientos sociales y a la comunidad educativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, la enmienda que presentamos es de carácter formal y distingue dos tipos de actuaciones: las que son competencia de un Gobierno en funciones, como la paralización de forma inmediata del calendario de implantación de la Lomce y de las disposiciones normativas que se han aprobado para su desarrollo y aplicación, y las que dicho Gobierno no puede llevar a cabo, como la derogación de la ley orgánica como tal. De esta forma, en caso de ser aceptada, la primera parte de la proposición no de ley que estamos debatiendo puede entenderse dirigida al Gobierno en funciones.

Fuera de esta cuestión, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Partit Demòcrata Català y lo va a hacer por estrictas razones de coherencia. El conocido como Decreto de reválidas, aprobado el 29 de julio por el Gobierno en funciones del Partido Popular, constituye el último episodio hasta ahora del desarrollo de la Lomce. Una ley -conviene recordarlo- que ustedes en su momento, cuando gozaban de mayoría absoluta, sacaron adelante en solitario con la oposición de la totalidad de los grupos de la Cámara y el rechazo frontal de la comunidad educativa. La sacaron adelante -también resulta oportuno resaltarlo- en vez de aceptar el pacto educativo que les había propuesto Ángel Gabilondo cuando estaba al frente del ministerio. Era este un pacto que contenía acuerdos importantes, que se alcanzó gracias a grandes esfuerzos y grandes renuncias por parte de las diversas fuerzas políticas y de los sectores implicados. Pero a ustedes, a quienes se les llena la boca con la palabra consenso solo cuando creen que pueden obtener algún beneficio, no les interesó un gran pacto consensuado. Convénzanse; el rechazo a la Lomce no es un rechazo caprichoso por parte de un sector de la comunidad educativa o de una fuerza en particular. Ni el más hábil estratega habría sido capaz de organizar un acuerdo tan amplio contra esta ley. Se trata de otra cosa bien diferente; la suya es una ley retrógrada que nos devuelve a la España de los setenta. Una ley que en un determinado sentido -el de las reválidas que hoy nos ocupa y del que, por cierto, se ha hablado relativamente poco- les coloca a ustedes a la derecha del mismísimo Villar Palasí, ministro en los últimos años del franquismo que ya propugnaba la supresión de las reválidas en el bachillerato y propiciaba la orientación escolar. Las reválidas constituyen, en efecto, la culminación de la segregación y de la desigualdad de oportunidades impuestas por la Lomce. Las reválidas, en contra de lo que ustedes gustan repetir, no son simples evaluaciones finales; son mecanismos que cumplen la función de diseñar la redistribución de la población estudiantil según criterios mercantilistas, anticipando la futura ubicación de los estudiantes en el mercado de trabajo. Así, sus declaraciones de que pretenden liderar el combate contra el abandono escolar significan en la práctica que van a intentar enviar a la FP básica a los alumnos más rezagados, a los que


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necesitan mayor respaldo. Como, por otra parte, han recortado ustedes ferozmente las ayudas a la diversidad y a las políticas de apoyo, las posibilidades de degradación y consiguiente desprestigio de la FP son enormes. En corto y por derecho: con sus políticas educativas ustedes contribuyen con saña a cronificar la brecha social. Urge encontrar una salida a esta disparatada situación en la que ustedes, contra viento y marea -aunque tal vez fuera más adecuado decir impasible el ademán-, se empeñan en perseverar. Vamos a votar no a las reválidas en última instancia porque no compartimos la estrategia del PP. No creemos que la equidad sea el obstáculo para alcanzar una mayor calidad del sistema educativo. ¿Cuál es la propuesta alternativa del Grupo Parlamentario Socialista? La de intentar acordar el pacto educativo que nuestra sociedad está reclamando. Como ya expusimos en su momento, creemos que el lugar adecuado para avanzar en esta dirección sería una subcomisión parlamentaria para alcanzar un pacto social y político por la educación que permitiera la elaboración de un nuevo marco legal consensuado. Esta iniciativa, por cierto, ya ha sido registrada por nuestro grupo parlamentario.

Termino. Afirmaba al inicio de mi intervención que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta proposición no de ley por estrictas razones de coherencia. Ahora me doy cuenta de que se impone que matice mis propias palabras. Por supuesto que no pretendo acusarles a ustedes de incoherentes, señores del Grupo Popular, en absoluto; más bien al contrario, son ustedes perfectamente coherentes respecto a sus propósitos. Eso es precisamente lo más preocupante de lo que está ocurriendo con la educación en este país desde que están en el Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer término, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

No es la primera vez, ni quizá la última, que hablemos de este tema en este hemiciclo. No sé si en esta legislatura va a ser la última, pero es la primera y quizá también la última. En cualquier caso, lo que vamos a contar ya lo hemos dicho muchas veces. El no a la Lomce de mi grupo es un no a la Lomce incluso cuando se estaba gestando, cuando el Gobierno del Partido Popular, en su soledad, quiso hacer un proyecto de ley -que hizo- sin consultar con nadie, sin consensuar con nadie, y así le fue. Evidentemente, salió con su mayoría absoluta pero con una contestación también absoluta por parte de los grupos políticos de la comunidad educativa del sector y de las comunidades autónomas; en el caso de Euskadi, total y frontalmente contraria.

Podríamos hacer varios titulares de por qué estamos en contra, aunque hoy no se trata de si estamos a favor o en contra de la Lomce, sino que el Partit Demòcrata Català pide dos cuestiones claras con las que estamos de acuerdo y, si no me equivoco, hay una transacción que, de ser aprobada, reúne tres puntos con los cuales también estamos de acuerdo en su totalidad. Podríamos decir que la Lomce es una ley que hace que falte estabilidad en la educación. El sistema educativo del Estado español, del que a algunos se les llena la boca, adolece de estabilidad. Cada Gobierno que ha pasado por aquí ha hecho su propia ley -y así le ha ido-, muchas veces saltándose incluso lo que la propia Constitución y los estatutos de autonomía dicen sobre las competencias y la capacidad que algunas comunidades tienen para regir su educación, que es el caso de Euskadi. Nosotros nos opusimos frontalmente a la Lomce por tres cuestiones. Primero, porque invadía plenamente el ámbito competencial de Euskadi en materia educativa, la capacidad que los vascos y nuestro Gobierno tienen de ejecutar su propio currículo, su propio sistema educativo en consenso con la comunidad educativa, con los poderes y con la sociedad en su globalidad. Segundo, porque además no mejora el sistema educativo, porque es una ley que, en vez de avanzar, retrocede, porque no asume el concepto de la materia de competencias, tiene una visión antigua, arcaica de lo que es la educación, y en este caso yo sí creo que deberíamos evitar el tema mismo de la reválida. ¿Qué visión se tiene cuando se están planteando pruebas como la reválida para avanzar? Ya solo falta que también se incluya la formación del espíritu nacional e incluso se tenga que estar en fila en el patio a mediodía. Ante esta tesitura, ¿qué tercer problema existe con esta ley? Que genera problemas, muchísimos problemas en la comunidad educativa porque, además de no convencer y no avanzar, ha generado tal discusión, tal disenso entre la gente que -que yo sepa- ya hasta el propio Partido Popular no sabe qué hacer con este artefacto.

Cuando digo que es materia exclusiva algunos dirán: ya vienen los vascos con lo de su competencia. Efectivamente, y perseveraremos hasta el último momento porque no permitiremos que nadie entre en


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casa ajena. Somos competentes en materia educativa y no permitiremos a esta ni a ninguna otra ley, venga de donde venga, inmiscuirse en la capacidad que los vascos tenemos para regir nuestra educación, hacer nuestro currículum en consonancia con el sector, con la comunidad educativa; no permitiremos ninguna incursión de esta índole. En este sentido, con el tema de la reválida ya ha anunciado, y está preparando, la aprobación de su propio modelo de acceso a la universidad para el año que viene, una forma para que los vascos puedan tener un acceso a la universidad, independientemente de lo que el Gobierno español haga por medio de este real decreto del que todavía estamos esperando la orden ministerial. Yo le pediría al Gobierno del PP, en este momento representado por la vicepresidenta ya que no está el ministro, que no emitan la orden ministerial de la reválida porque además de ser una chapuza es una inmensa metedura de pata en materia educativa.

Veo que se me acaba el tiempo. Por las tres razones esgrimidas -y que ya esgrimimos durante la anterior legislatura- estamos en contra de la Lomce, estamos en contra de la reválida y advertimos que no aceptaremos ninguna otra ley que tenga el mismo ánimo centralizador, uniformizador y con un criterio que no responda a las realidades sociales y nacionales existentes en este momento en el Estado español. Apoyaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, diputadas, diputados, bona tarda.

De nuevo se nos propone paralizar y derogar la Lomce. No es la primera vez y tantas veces como venga a esta Cámara nuestro grupo propondrá, apoyará, votará que se derogue. Mejor que sea esta la última vez. La Lomce es el último eslabón de un modelo de control político e ideológico de la educación; es un modelo que no por reiterado a lo largo de nuestra historia tiene más éxito, de hecho siempre fracasa. Porque en la educación queda el aula, el centro, los alumnos, los profesores, las ampas que luchan para que el estropicio que hacen los legisladores sea el mínimo posible. Y ha aumentado la educación de todos los ciudadanos a pesar de las leyes ideológicas que los han machacado hasta hoy. Eso no quita que complique mucho la vida de los docentes, que complique mucho la vida de la escuela, pero nos vamos a salir con Lomce o sin Lomce. Desde la Ley Pidal, en 1845, que dio la educación primaria a los ayuntamientos y al cabo de unos años desamortizó de tierras a los ayuntamientos haciendo que la mayoría de ellos tuviese que dejar de pagar la escuela. De esto viene aquello de: más hambre que un maestro de escuela. Una realidad tozuda. Primero, no solo educa la escuela y, segundo, no solo existe una realidad nacional. Es que no se enteran; no hay una sola realidad nacional en España y, por mucho que ustedes intenten que exista, llevamos más de ciento cincuenta años y no lo han conseguido; tampoco lo conseguirán en los próximos cuatro años, porque España, si existe, es plural. Por último, siempre nos quedará la libertad de cátedra, los profesores hemos aguantado más de treinta años con la libertad de cátedra y con esto avanzaremos.

Hay, además, otra manera de entender la educación en el siglo XXI, defender el modelo público, lo que los franceses llaman la escuela republicana; financiar adecuadamente las escuelas; darles autonomía -no tengan miedo a la autonomía, no solo la política, también la educativa- y formar mejor al profesorado desde el momento de su ingreso y, sobre todo, a lo largo de su carrera docente. Pero, sobre todo, le pido al legislador que ame la escuela y, especialmente, la escuela pública, que es la de la mayoría. Y, ¿cómo se puede amar la escuela, cómo se hace? Les pondré un ejemplo, Finlandia. Se ha hablado mucho pero aplicado muy poco el método finlandés. Les explicaré un viaje que hice hace diez años -gracias a la Diputación de Barcelona- en el que nos encontramos educadores de toda Cataluña en Finlandia, cuando aún no se había puesto de moda. ¿Qué nos encontramos? Buenas escuelas, buenos profesores. Hablamos con los parlamentarios finlandeses y les hice una pregunta: ¿Qué es lo que ustedes consideran que ha ayudado a mejorar más la escuela de Finlandia? Un diputado del partido conservador -en aquel momento en la oposición, ahora en el Gobierno, siempre gobiernan en coalición- me dijo: Hacer obligatorio que todos los parlamentarios y funcionarios públicos envíen a sus hijos a la escuela pública. A partir de ahí, me dijo, no ha habido problemas de leyes, no ha habido problemas de financiación porque quién quiere más a sus hijos que sus propios padres. ¿Qué parlamentario financiaría mal la educación de sus hijos? Supongo que aquí es imposible pero 'finlandizar' un poco más este país nos iría bien. Por cierto, en Finlandia el sueco es cooficial. ¿Cuántos suecos hay en Finlandia? El 6 % de la población. En todas las escuelas finlandesas se enseña sueco. Imagínense que aquí se propusiese que el catalán -que lo habla


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más del 20 % de la población- fuese cooficial en todas las escuelas españolas. Eso sería terrible. En Finlandia los suecos no quieren ser independientes porque la educación es mejor que el cuero y el palo pero a ustedes les gusta el cuero y les gusta el palo. Por tanto, sí a derogar la Lomce, a paralizar en este curso sus medidas y a abrir un proceso de participación abierto a toda la sociedad, a los catalanes y a los vascos, a toda.

Acabaré con una cita de mi abuelo. Mi abuelo me decía: Educación y república.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo Díez.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular intentando que las afirmaciones de algunas de sus señorías no distraigan ni obstaculicen el objetivo que hoy debería reunirnos aquí, que no es otro que haber mantenido un debate sereno, sosegado, realista e inteligente para que, de una vez por todas, podamos ofrecer a la sociedad española un pacto educativo.

Evidentemente, la iniciativa objeto del debate no busca esto, por eso no podemos apoyarla. Se mueve nuevamente en esos intereses partidistas que, aun a sabiendas del momento político que estamos viviendo y de las limitadas atribuciones de un Gobierno en funciones, utiliza la educación para dar cobertura a un discurso político que, con toda sinceridad, no encuentra su eco en el mundo educativo. Estamos llamados a entendernos, esa es la realidad, pero para ello todos, absolutamente todos, tendremos que hacer un ejercicio de generosidad. Estamos llamados a entendernos en el marco que nos ofrece la Constitución española, estamos llamados a entendernos para lograr un sistema educativo de calidad, el mejor posible, que garantice los mismos derechos y las mismas oportunidades a familias, alumnos y profesores, con independencia del lugar donde residan o el centro educativo al que acudan. Ese es el objetivo, y no otro, que marcó el nacimiento y la aprobación de la Lomce. Es posible, además, que muchas de sus señorías compartan el objetivo pero discutan los medios para llevarlo a cabo. Nosotros no nos creemos poseedores de la verdad absoluta, por eso desde el primer momento ofrecimos un gran pacto por la educación, por eso seguimos manteniendo la necesidad del pacto. Por ello, tampoco tuvimos ningún problema en incluir en el punto 78 del acuerdo con Ciudadanos la necesidad de impulsar un pacto nacional por la educación que pueda contar con el consenso de las demás fuerzas políticas, de la comunidad educativa, de los colectivos sociales. Es un pacto que con toda probabilidad verá la luz en esta Cámara, en una subcomisión con la que también está de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular. A nosotros no nos asustan los cambios si estos implican una mejora del sistema, solo nos preocupa la precipitación y la falta de reflexión en relación con medidas cuyos efectos en el sistema educativo pueden ser nefastos. Por eso debemos ser muy cuidadosos antes de defender posiciones de dudosa consistencia, jurídica y política.

Señorías, no es lo mismo paralizar que derogar, no es lo mismo congelar aquellas disposiciones que no han entrado en vigor que paralizar el desarrollo de todas las disposiciones normativas aprobadas recientemente. Cambia el contenido, cambia el significado y cambian los efectos. Eso debiera saberlo usted, señora Martín. Si hoy tomamos una decisión equivocada, si el Grupo Parlamentario Popular apoyase la iniciativa y las enmiendas de aquellos grupos que piden la derogación de la Lomce y la derogación del real decreto que regula las evaluaciones finales de educación secundaria y de bachillerato no solo estaríamos incumpliendo nuestro acuerdo con Ciudadanos, que yo también tengo delante, señora Martín, sino que estaríamos arrastrando al sistema educativo al más absoluto caos.

Señorías, el curso 2016-2017 ya ha comenzado. Los currículum están aprobados, las programaciones se están desarrollando, las editoriales han editado los nuevos libros en la confianza de que el calendario se va a cumplir porque está recogido en una ley orgánica, también lo conoce la comunidad educativa, lo conocen las comunidades autónomas. Por cierto, ¿qué hacemos si seguimos las indicaciones de esta iniciativa? ¿Por qué sustituimos la Lomce? ¿Por la LOE, la LOE del 26 % de fracaso escolar y de abandono educativo temprano que ha sido sustituida por la Lomce del 19 %? ¿Cómo lo haríamos, señoría? ¿Son ustedes capaces de explicar a familias, alumnos y profesores que cambiamos las reglas de juego a mitad de curso? ¿Qué piensan decir a los 400.000 alumnos de 2.º de bachillerato que ya han comenzado a preparar su acceso a la universidad? La paralización del real decreto dejaría a estos últimos en un limbo jurídico y administrativo en un momento, además, especialmente sensible para ellos, cuando están


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tomando decisiones muy relevantes para su futuro profesional y académico. No es posible, como algunas de sus señorías han sugerido, volver atrás.

La prueba de bachillerato se ajusta a la nueva estructura de bachillerato, responde a la competencia estatal exclusiva, señor Agirretxea, que tiene el Estado sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, tal y como ha señalado el Consejo de Estado y que ha contado con el apoyo de los rectores, señorías, precisamente para que se permita unificar el sistema de acceso a la universidad española en todo el territorio. Señorías, puedo entender el rechazo de los grupos nacionalistas e independentistas a las pruebas de ámbito nacional, pero no puedo entender el rechazo de algunas de sus señorías, especialmente de ustedes, señores del Grupo Socialista, que han defendido tradicionalmente las pruebas PISA, que no les molesta que España se compare con otros países, pero que no quieren que nos comparemos entre nosotros.

Finalizo, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular, como siempre, va a trabajar a favor de un gran pacto por la educación del que se beneficien familias, alumnos y profesores, de un pacto como garantía de calidad, de libertad, de equidad, de igualdad de oportunidades. Este es el punto de partida, señorías, donde nos gustaría que nos encontrásemos. Nosotros vamos a estar allí y esperamos su compañía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Nogueras i Camero si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Hemos presentado una transaccional.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO DE TARRAGONA 2017. (Número de expediente 140/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, con carácter previo a las votaciones, por la señora secretaria primera se va a proceder a la lectura de una declaración institucional consensuada por todos los grupos parlamentarios de apoyo a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Declaración institucional de apoyo a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017.

Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organiza en el marco del movimiento olímpico. El 15 de octubre de 2011 el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los Juegos Mediterráneos 2017. Este espectacular evento cuenta con 16 sedes y participarán 4.000 deportistas, 1.000 jueces y delegados internacionales, 1.000 periodistas y 5.000 voluntarios activos de 26 nacionalidades, con una cobertura mediática que tendrá un alcance de 500 millones de personas.

En el contexto actual, la crisis de los refugiados que tiene lugar en el Mediterráneo es la mayor emergencia humanitaria a la cual se enfrentan los países europeos y principalmente aquellos bañados por la ribera mediterránea. Ante esta triste realidad todos nos encontramos consternados y solidarizados con los seres humanos que huyen del horror en busca de una vida mejor para sus familias. El Mediterráneo, como mar que une los pueblos de tres continentes y cuna de civilizaciones y culturas, afronta esta dramática situación y desde todos los ámbitos debemos colaborar para poner fin a esta terrible situación.

Frente a los conflictos y tragedias que afectan a varios países de la zona existe una actividad que puede superar todo tipo de problemas y esa es el deporte. El deporte es capaz de reunir en paz y armonía a hombres y mujeres sin distinción de cultura, procedencia o convicciones religiosas. Es un factor de concordia y unidad y por tanto tiene todo el sentido apoyar el objetivo de enmarcar los Juegos más allá del evento deportivo en sí mismo promoviendo puentes de diálogo y solidaridad de acuerdo con los valores del olimpismo hacia los que sufren estos conflictos en países de la región como Siria y Libia. Todo


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ello de conformidad con la decisión del Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017, presidido por su majestad el Rey.

El Congreso de los Diputados solicita a todas las administraciones públicas y en especial al Gobierno de España, llevar a cabo las acciones necesarias de carácter administrativo y económico que puedan garantizar el éxito de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017 y que refuercen la proyección internacional de nuestro país y nuestro prestigio como socio fiable del movimiento olímpico para la organización de eventos deportivos de primer nivel.

Con esta declaración institucional el Congreso de los Diputados muestra todo el apoyo político y social para conseguir que el evento y su mensaje "Juegos Mediterráneos Tarragona 2017, los Juegos del diálogo, de la solidaridad y de la paz", tengan la máxima repercusión para ayudar a los refugiados y para que la paz sea una realidad de éxito.

Muchas gracias. (Aplausos).

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN):

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar votamos la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 298; abstenciones, 38.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana obtiene el voto de totalidad favorable de la Cámara.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REBAJA DEL IVA EN LOS SERVICIOS VETERINARIOS. (Número de expediente 162/000160).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer término, la proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios, que vamos a votar en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 177; en contra, 132; abstenciones, 33.

La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. (Número de expediente 162/000134).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable, que votamos en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 176; en contra, 135; abstenciones, 31.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR HOMS), SOBRE MEDIDAS PARA PARALIZAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOMCE (LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA), CON EL FIN DE DEROGARLA Y DE DEROGAR EL REAL DECRETO 310/2016, POR EL QUE SE REGULAN LAS EVALUACIONES FINALES DE ESO Y BACHILLERATO. (Número de expediente 162/000113).

La señora PRESIDENTA: Por último, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la Lomce, con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Eso y bachillerato. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 175; en contra, 133; abstenciones, 34.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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