DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 7, de 27/09/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 7
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 6
celebrada el martes,
27 de septiembre de 2016
- Declaración institucional del Congreso de los Diputados en
reconocimiento al éxito obtenido por el Equipo Paralímpico Español en los
Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. (Número de expediente
140/000003)... (Página7)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la
eficacia de las políticas activas de empleo. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de
expediente 162/000140) ... (Página8)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno en
funciones apruebe por Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el
incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los
empleados públicos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número
15, de 16 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000102) ... (Página16)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a eliminación de las "puertas giratorias". "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de
2016. (Número de expediente 162/000127) ... (Página25)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los
sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012
tributen efectivamente al tipo del 10 %. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie D, número 15, de 16 de septiembre de 2016. (Número de
expediente 162/000103) ... (Página33)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente
155/000004) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible. (Número de expediente 155/000005) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente para las Políticas
Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 155/000006) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente para el Estudio del
Cambio Climático. (Número de expediente 155/000007) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente de Derechos de la
Infancia y Adolescencia. (Número de expediente 155/000008) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la
calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas
institucionales y legales. (Número de expediente 155/000009) ... (Página41)
- Propuesta de creación de una Comisión Mixta de Control Parlamentario de
la Corporación de Radiotelevisión Española y sus Sociedades. (Número de
expediente 155/000010) ... (Página41)
- Propuesta de creación de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema
de las Drogas. (Número de expediente 155/000011) ... (Página41)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación:
- Solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre la
utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del
ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del
departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines
políticos. (Número de expediente 156/000001) ... (Página42)
- Solicitud de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana,
de creación de una Comisión de Investigación sobre las actividades
desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la
política catalana y muy especialmente los procesos electorales en
Cataluña. (Número de expediente 156/000003) ... (Página42)
Dación de cuentas de la Diputación Permanente:
- Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados de la XI Legislatura a la Cámara de la XII Legislatura. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 12, de 13 de septiembre de
2016. (Número de expediente 062/000001) ... (Página54)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Propuestas de creación de comisiones. (Votación) ... (Página56)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página57)
Dación de cuentas de la Diputación Permanente. (Votación) ... (Página57)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con
lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia propone al Pleno
de la Cámara la modificación del orden del día en el apartado
correspondiente a propuestas de creación de comisiones, en el sentido de
incluir como nuevos puntos la propuesta de creación de la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación de Radiotelevisión Española y
sus Sociedades y la propuesta de creación de la Comisión Mixta para el
Estudio del Problema de las Drogas, lo que se aprueba por asentimiento.
La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración
institucional firmada por todos los grupos en reconocimiento al éxito
obtenido por el equipo paralímpico español en los Juegos Paralímpicos Río
de Janeiro 2016.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la
eficacia de las políticas activas de empleo ... (Página8)
Defiende la proposición no de ley el señor Echániz Salgado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, así como su enmienda.
En defensa de sus enmiendas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones la
señora Oramas González-Moro y el señor Alli Martínez, del mismo grupo; y
los señores Roldán Monés, del Grupo Ciudadanos, y Simancas Simancas, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran
Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Rodríguez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Echániz Salgado.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno en
funciones apruebe por decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el
incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los
empleados públicos ... (Página16)
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Honorato
Chulián, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la
señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; Del Campo Estaún, del Grupo Ciudadanos, y Fernández
de Moya Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
interviene la señora Rodríguez García.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a eliminación de las "puertas giratorias" ... (Página25)
Defiende la proposición no de ley el señor Iglesias Turrión, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matute García
de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de
posiciones la señora Ciuró i Buldó y el señor Bataller i Ruiz, del mismo
grupo; y los señores Villegas Pérez, del Grupo Ciudadanos, y Sánchez
Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como las señoras Jordà i
Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Cortés Bureta,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo interviene el señor Iglesias
Turrión.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos
pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen
efectivamente al tipo del 10 % ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor De la Torre Díaz, del Grupo
Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bel Accensi,
del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de
posiciones la señora Sorlí Fresquet, del mismo grupo; y los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Saura García,
del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Asian González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Bescansa
Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo interviene de las enmiendas
presentadas interviene el señor De la Torre Díaz.
Propuestas de creación de comisiones ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente para las Políticas
Integrales de la Discapacidad ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente para el Estudio del
Cambio Climático ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente de Derechos de la
Infancia y Adolescencia ... (Página41)
Propuesta de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la
calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas
institucionales y legales ... (Página41)
Propuesta de creación de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación de Radiotelevisión Española y sus Sociedades ... (Página41)
Propuesta de creación de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de
las Drogas ... (Página41)
La Presidencia informa de las propuestas de creación de comisiones que se
someterán a su aprobación por asentimiento y de las que se votarán por
separado, al final del debate del orden del día.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página42)
Solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista,
de creación de una Comisión de Investigación sobre la utilización
partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro
Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos ... (Página42)
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana, de
creación de una Comisión de Investigación sobre las actividades
desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la
política catalana y muy especialmente los procesos electorales en
Cataluña ... (Página42)
En turno a favor de las solicitudes intervienen los señores Trevín Lombán,
del Grupo Parlamentario Socialista; Rufián Romero, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, y Homs Molist, del Grupo
Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones la
señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Salvador Armendáriz, del
mismo grupo.
También en turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del
Grupo Ciudadanos; Errejón Galván y
Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En virtud del artículo 71.3 del Reglamento intervienen el señor Heredia
Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Merino López.
Dación de Cuentas de la Diputación Permanente ... (Página54)
Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados de la XI Legislatura a la Cámara de la XII Legislatura ... (Página54)
La Presidencia informa de que no está prevista ninguna intervención y que
se someterá a votación al final de esta sesión.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a mejorar la eficacia de las políticas
activas de empleo, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 137 votos a favor,
172 en contra y 34 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, el Grupo Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo
Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a que el Gobierno en funciones apruebe por
Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las
pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos, se
aprueba por 209 votos a favor, 133 en contra y 3 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a
eliminación de las "puertas giratorias", se rechaza por 78 votos a favor,
136 en contra y 130 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados
por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo
del 10 %, se aprueba el punto 1 por 343 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención; el punto 2 por 207 votos a favor, 2 en contra y 136
abstenciones; y el punto 3 por 208 votos a favor, 4 en contra y 136
abstenciones.
Propuestas de creación de comisiones. (Votación) ... (Página56)
Sometidas a votación las propuestas de creación de una Comisión permanente
de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, de una
Comisión permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de una
Comisión permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, de
una Comisión permanente para el Estudio del Cambio Climático, de la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de
Radiotelevisión Española y sus Sociedades, y de la Comisión Mixta para el
Estudio del Problema de las Drogas, se aprueban por asentimiento.
Sometida a votación la propuesta de creación de una Comisión permanente de
Derechos de la Infancia y Adolescencia, se aprueba por 338 votos a favor
y 6 abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de creación de una Comisión permanente
para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales, se aprueba por 340
votos a favor y 5 abstenciones.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) .... (Página57)
Sometida exclusivamente a votación la solicitud, formulada por 84
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión
de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del
Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos,
medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con fines políticos, como consecuencia de haber sido
retirada la solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Esquerra
Republicana, de creación de una Comisión de Investigación sobre las
actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a
desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos
electorales en Cataluña, se aprueba por 206 votos a favor, 136 en contra
y 2 abstenciones.
Dación de Cuentas de la Diputación Permanente. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la dación de Cuentas de la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados de la XI Legislatura a la Cámara de la XII
Legislatura, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1
del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta
Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del
día en el apartado correspondiente a propuestas de creación de
comisiones, en el sentido de incluir como nuevos puntos la propuesta de
creación de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
de Radiotelevisión Española y sus Sociedades y la propuesta de creación
de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la
modificación del orden del día.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN
RECONOCIMIENTO AL ÉXITO OBTENIDO POR EL EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL EN LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS RÍO DE JANEIRO 2016. (Número de expediente
140/000003).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por la señora secretaria primera se va a
proceder a la lectura de la declaración institucional. Quisiera en este
momento, y antes de la lectura de la declaración institucional
consensuada por todos los grupos parlamentarios, saludar en nombre de
todos los diputados, y agradecer sinceramente su presencia en la tribuna
de honor del hemiciclo, a una delegación del Comité Paralímpico Español
encabezada por su vicepresidente don Ángel Luis Gómez Blázquez. Le
acompaña una representación de deportistas participantes en los recientes
Juegos de Río, donde llevaron a cabo una excelente actuación y nos dieron
un gran ejemplo de entrega y de superación. (Aplausos de las señoras y
los señores diputados, puestos en pie, mirando hacia la tribuna de
invitados).
La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Declaración institucional
del Congreso de los Diputados en reconocimiento al éxito obtenido por el
Equipo Paralímpico Español en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro
2016.
Los Juegos Paralímpicos son un ejemplo de superación, voluntad y esfuerzo,
donde miles de atletas demuestran que todos los obstáculos se pueden
superar. El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y desde su
constitución cuenta con el apoyo de las altas instituciones del Estado.
En 1998 se le reconoció la misma naturaleza y funciones que las del
Comité Olímpico Español.
En los Juegos de Río de Janeiro 2016, el Equipo Paralímpico Español ha
estado formado por 127 deportistas de 11 federaciones deportivas
españolas. El Plan apoyo al deporte objetivo paralímpico, ADOP,
iniciativa del Comité Paralímpico Español, el Consejo Superior de
Deportes y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene
como fin, mediante su programa Alto Rendimiento Paralímpico, ARPA,
proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las mejores
condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparación y afrontar
así con garantía de éxito la participación del equipo español en los
Juegos Paralímpicos. Las aportaciones al Plan ADOP, Plan de apoyo al
deporte objetivo paralímpico, de las empresas colaboradoras han hecho
posible el éxito de nuestros deportistas al apostar por el deporte
paralímpico para transmitir a la sociedad los valores que estos atletas
representan: el esfuerzo, la superación o el trabajo en equipo. Por todo
ello, y clausurados los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016 con los
grandes éxitos recogidos por nuestros deportistas y con vistas a la
preparación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, el Congreso de los
Diputados manifiesta:
En primer lugar, el reconocimiento, la felicitación y el agradecimiento a
todos y cada uno de los deportistas participantes, a los técnicos,
entrenadores médicos, fisioterapeutas, mecánicos, traductores y personal
de apoyo y de oficina que conforman el equipo español de los Juegos
Paralímpicos Río 2016, que con su empeño deportivo han contribuido a la
inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y
a que España crezca y se consolide.
Además, la felicitación al Equipo Paralímpico Español por el medallero
obtenido en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, con 31 medallas
-máxima igualdad, 15 mujeres y 15 hombres y una mixta-: 9 oros, 14 platas
y 8 bronces en 6 deportes, que ha situado a España en el undécimo lugar
del ranquin mundial mejorando la actuación de Londres 2012, donde España
ocupó el décimo séptimo lugar.
El deporte paralímpico ha conseguido un mayor auge en estos últimos años,
y con vistas a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 es necesario continuar
impulsando políticas deportivas para su plena integración así como
incentivar el incremento de las aportaciones de los patrocinadores del
Plan ADOP. Todo ello permite que los deportistas cuenten con los medios
necesarios para disfrutar de becas y ayudas para el entrenamiento, así
como asistir a un mayor número de concentraciones y competiciones
internacionales, disponer de técnicos, entrenadores y personal de apoyo,
entre otros, con el fin de obtener los mejores resultados y mantener a
España entre la élite del deporte practicado por personas con
discapacidad.
El compromiso de seguir impulsando ante la sociedad y los medios de
comunicación el interés por los valores del esfuerzo y el sacrificio del
deporte paralímpico, así como un mayor seguimiento de las competiciones
paralímpicas y sus resultados.
Congreso de los Diputados. 27 de septiembre de 2016.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEJORAR LA
EFICACIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. (Número de expediente
162/000140).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar el punto primero del orden del día
relativo a proposiciones no de ley. En primer lugar, corresponde debatir
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. Para
la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la
palabra el señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, que hablen bien de uno suele ser mucho más objetivo y mucho más
creíble también que cuando uno lo hace de sí mismo. Que instituciones
europeas, como el Banco Central, pongan de ejemplo a España entre los
socios europeos para crear empleo tiene que ser sin duda un gran orgullo
para esta
Cámara y para sus diputados. Cada vez más organismos e instituciones
europeas valoran desde fuera, de una forma objetiva y positiva, las
políticas de empleo del Partido Popular. Y no es de extrañar, transformar
una situación como la de 2011 -de récord de destrucción de empleo en la
Unión Europea a causa de un mercado rígido, inflexible, e insensible
diría yo, ante la evidencia de que el despido era la única opción
posible, que llegó a generar 3,5 millones de parados en nuestro país- en
una situación en la que las reformas más ambiciosas de los últimos años
permitieron frenar la hemorragia, dar la vuelta a la situación y ahora
crecer a un ritmo dinámico como nunca, es lógico, señorías, que cause
admiración y elogios por parte de quienes nunca creyeron que la sociedad
española sería capaz de conseguirlo.
Hoy, señorías, España es líder de creación de empleo en la Unión Europea;
hoy, señorías, España es la punta de lanza que explica la mitad de la
creación de empleo en el continente europeo; hoy, señorías, ya hemos
recuperado la mitad de los empleos destruidos durante la crisis; hoy,
señorías, nadie duda de que si perseveramos conseguiremos crear 2
millones más de puestos de trabajo y aspirar así a la cifra de 20
millones de ocupados en España, vital para la sostenibilidad de nuestro
Estado de bienestar y para el futuro de nuestra sociedad. Si
perseveramos, señorías, y si dejamos atrás la incertidumbre y el bloqueo
de estos meses y volvemos a la estabilidad que atrae proyectos e
inversiones, a la estabilidad en definitiva de tener un Gobierno a pleno
rendimiento. Por eso, señorías, ningún español podía dudar de que la
primera iniciativa que el Partido Popular presentase en esta legislatura
en esta Cámara iba a ser una iniciativa sobre el empleo, nuestra
prioridad, nuestra seña de identidad, aquello por lo que hemos trabajado
todos los días en los últimos tiempos. Una iniciativa para conseguir
modernizar nuestras políticas activas de empleo, aumentar la eficacia y
la eficiencia de los servicios públicos y transformar el modelo de
formación profesional para el empleo, orientándolo hacia la calidad y
hacia los resultados. Una iniciativa para profundizar en el marco
plurianual que contempla las intenciones y los deseos de las comunidades
autónomas también, para poder orientarla a un cambio de cultura, a nuevas
herramientas, a un modelo distinto de distribución de fondos, alineando
los objetivos de todos en los planes anuales de empleo, racionalizando
también el sistema de bonificación de la contratación, las medidas de
intermediación laboral y las de canalización de la oferta. Por eso,
señorías, queremos seguir avanzando para desplegar todo el potencial de
estas medidas, de este nuevo marco de actuación puesto en marcha y seguir
sumando esfuerzos de toda la sociedad, potenciando los servicios de
orientación, los itinerarios formativos y laborales personalizados,
aumentando los grados de cobertura de los programas, mejorando la
Garantía Juvenil y sus incentivos y también las posibilidades de
inserción. Señorías, queremos desarrollar la ley que regula la formación
profesional para el empleo, los cheques de formación para desempleados de
larga duración, la evaluación a todos los niveles con el objeto de seguir
apostando por nuestro capital humano y por la innovación en nuestro país;
queremos dar un paso más en la dirección de mejorar el mercado laboral
desde el lado de la oferta pero también desde el lado de la demanda, más
y mejor orientación y formación ligada a nuevas necesidades y también la
eliminación de las barreras y de los obstáculos que impiden la
contratación, eso sí, sin olvidar nunca el apoyo y las prestaciones a
quienes las necesitan mientras acaban de encontrar un empleo.
Señorías, también hemos presentado una enmienda a la luz de las últimas
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente
sobre interinos, que afectan al Estatuto de los Trabajadores españoles de
1980, para estudiar, para diseñar de una forma ágil respuestas a esas
aportaciones. No hemos querido perder un solo minuto de nuestro tiempo en
pedir valorar en profundidad, en toda su amplitud, las implicaciones de
estas novedades y las que en su día incorporen los tribunales españoles
que solicitaron en su momento las consultas prejudiciales en algunas
cuestiones, nunca previstas en nuestro ordenamiento jurídico laboral pero
que pueden beneficiar de una forma importante las condiciones de los
trabajadores en el mismo sentido que firmamos en el acuerdo del mes de
agosto en esta Cámara. Y todo ello, señorías, para mejorar la seguridad
jurídica y también nuestras relaciones laborales, pero para ello
necesitamos desbloquear esta situación, necesitamos un Gobierno que pueda
tomar decisiones y no un Gobierno en funciones, un Gobierno que pueda
seguir adoptando medidas útiles para el empleo, y los españoles saben
bien, muy bien, en este momento quién lo está impidiendo, como saben
también que no se deben cambiar las políticas que funcionan, las
políticas que están haciendo que el paro se reduzca más rápidamente que
nunca en nuestro país. Los países que no aprenden de los errores del
pasado están condenados a repetirlos, y ya son dos las veces que hemos
tenido que recuperar a España de cifras inimaginables de desempleo.
Señorías, muchos prometen empleo, yo diría que todos hablan de empleo,
pero el único partido que siempre, indiferentemente de cuál haya sido el
momento económico de nuestro país, el único que siempre
apuesta por el empleo, lo mejora y lo aumenta ha sido el Partido Popular.
Y así va a seguir siendo, por eso hoy presentamos esta nueva iniciativa
laboral; lo hacemos para profundizar en unas políticas activas de empleo
modernas y eficaces para seguir avanzando, para perseverar en lo que se
está demostrando útil para la sociedad española. Por eso les pedimos a
todas sus señorías que se sumen, junto a los miles de españoles que ya se
están beneficiando de estas medidas y a los que se van a beneficiar en el
futuro, a lo que se ha demostrado que funciona, a estas políticas que
Europa bien valora y que los parados bien necesitan.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echániz Salgado.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en
primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano i
Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor Echániz, no deja de ser sorprendente
que hace unos instantes se hayan negado a dar respuesta a este plenario y
que ahora pretendan discutir una iniciativa de impulso a la acción de
Gobierno. Es terriblemente incoherente. Quizás por un poco de respeto a
la Cámara y a los electores podrían ahorrarse esta iniciativa que
exactamente no sabemos a quién insta, si al próximo Gobierno o al
Gobierno en funciones. Y, por tanto, aunque sea solo por esa razón mi
grupo hoy debe rechazar su iniciativa, que además ha presentado con ese
discurso autocomplaciente en una materia que el Gobierno tiene pocas
razones para sentirse tan satisfecho como ha expresado el señor Echániz,
vista la situación de nuestro mercado de trabajo y específicamente el
desarrollo de las políticas activas de empleo. En el conjunto de las
políticas de empleo que el Gobierno ha desarrollado, aquello que
constituye un farolillo rojo son indiscutiblemente las políticas activas
de empleo. Si usted se lee cualquier informe de la Comisión Europea, de
la OCDE o de la OIT, lo que se evidencia es que el gran asunto pendiente
de esta legislatura ha sido la reforma de las políticas activas de
empleo, el fracaso de la Garantía Juvenil -el Gobierno catalán está
exigiendo una reforma de esa Garantía Juvenil-, el desempleo de larga
duración.
Además, en la iniciativa que hoy nos traen a la Cámara insisten en
recentralizar esas políticas, olvidando que buena parte de ellas hoy debe
ser gestionada por parte de las comunidades autónomas y que difícilmente
aquello que instan ustedes que haga el Gobierno lo debe hacer el
Gobierno. Lo deben hacer las comunidades autónomas. Además, se han
dedicado a recortar la inversión en las políticas activas de empleo. De
ahí esa crítica que les han formulado todos los organismos
internacionales de que, frente a un mercado de trabajo que padece un
grave problema de desempleo de larga duración, de falta de cualificación
de los trabajadores, ustedes desinvierten en las políticas activas de
empleo. No pueden encontrar nuestro apoyo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, en la proposición no de ley del Partido Popular se
dice: porque hay que implicar más a las comunidades autónomas,
refiriéndose al Plan de Garantía Juvenil. Ustedes no tienen vergüenza. El
problema es que el Plan de Garantía Juvenil fracasó porque ustedes, por
decisión política, optaron por gestionarlo directamente desde Madrid
antes de unas elecciones cuando tenían que haberlo gestionado las
comunidades autónomas, y además de una forma telemática -yo traje esa
proposición no de ley y ustedes votaron en contra hace unos meses-, no
reconociendo que aquella aplicación informática era imposible, sobre todo
para los chicos en exclusión social, porque se les exigían unos
conocimientos informáticos y unos medios a los que no podían acceder. No
solo eso, no se pudieron gastar el dinero que había para el Plan de
Garantía Juvenil, cuando además Europa dio más dinero a España porque
teníamos más paro juvenil. Además, en vez de actuar a través de las
comunidades autónomas, como el caso de Canarias, que es la que tiene más
paro juvenil, ¡hala no!, desde Madrid, por un ordenador online bloqueado.
Al final van a tener que devolver dinero. A eso no hay derecho.
Segundo, ustedes son los que gobiernan, y vienen hoy aquí, en este
periodo, a decir que hay cosas que hay que mejorar. Haberlas mejorado
hace seis meses o hace un año, que se lo hemos estado diciendo desde
todas las comunidades autónomas. Canarias sigue reclamando el Plan
especial de empleo de Canarias. Y cuando se dice que está en función de
la buena gestión, Canarias es la que mejor ha
gestionado los fondos de empleo según el propio ministerio, con un 27 % de
paro. Hay fondos europeos que se están repartiendo entre los países en
función del índice de paro. ¿Por qué en este país no se gestionan esos
fondos europeos desde las comunidades autónomas con un reparto en función
de los índices de paro? No hay derecho a que hoy vengan aquí a ponerse
las medallas de lo bien que ha funcionado, sobre todo el Plan de Garantía
Juvenil.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, muchas gracias.
Votaremos a favor de esta proposición no de ley que propone el Grupo
Popular, simplemente porque estamos a favor y entendemos que el mejor
sistema de protección social y el entramado de inclusión social de todas
las personas son las políticas activas de empleo, y porque estamos a
favor de la eficiencia y las mejoras en los servicios públicos en materia
de políticas activas de empleo y porque estamos a favor, por tanto, de
las mejoras en los subsistemas de formación profesional que den
empleabilidad a las familias en riesgo de exclusión social y en general a
todas aquellos que estén en búsqueda activa de empleo. Me gustaría,
señorías, ir un poquito más allá y decir que Unión del Pueblo Navarro
también está a favor de la máxima colaboración entre lo público y lo
privado en materia de políticas activas de empleo.
Para finalizar, quiero decir que quien genera empleo no somos nosotros,
señorías, sino el pequeño emprendedor, el autónomo y el empresario, y
aquí tenemos la responsabilidad de dar tranquilidad, estabilidad,
confianza y sobre todo seguridad, y eso es precisamente lo que no estamos
haciendo en estos últimos diez meses en este Congreso de los Diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán
Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Señora presidenta, señorías, voy a aprovechar esta
cuarta intervención para hablar de la PNL que ha presentado el Partido
Popular, pero quisiera centrarme sobre todo en una cuestión que para
nosotros es absolutamente imprescindible, central, que ha sucedido la
semana pasada y sobre la que se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Popular, otra por nuestra parte y otra por otros grupos que
desgraciadamente no se va a aceptar. Se trata de la cuestión de los
contratos, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hace poco más de una semana, el Tribunal de Justicia de la UE dictó tres
sentencias que abren la puerta, como digo, a un cambio profundo en
nuestro mercado laboral. Es una oportunidad la que nos abre Europa, si me
permiten, histórica para que entre todos construyamos un nuevo tiempo de
oportunidades y nos acerquemos un poquito más a Europa. La sentencia más
importante es la del caso de Ana de Diego, una trabajadora interina que
llevaba diez años trabajando en el Ministerio de Defensa y que al
terminar su contrato no recibió ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque
la legislación española así lo permitía. Pues bien, Europa nos dice que
eso no puede ser. El fallo del tribunal es meridianamente claro. Leo: No
podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada
de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables
por el mero hecho de tener un contrato distinto. Hablando en plata: dos
personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos.
(Aplausos). Eso, señorías, es lo que en Ciudadanos hace mucho tiempo que
defendemos y se llama contrato único.
Como digo, estas sentencias marcan el fin de una era de fracasos. El drama
de nuestro mercado laboral no es una maldición que viene de los cielos,
es producto de una pésima regulación laboral que promociona el paro y la
dualidad. No estamos condenados a tener siempre un 20 % de paro
estructural; no tenemos por qué seguir siendo los campeones del paro y la
precariedad, compitiendo con Polonia en precariedad y con Grecia en paro;
no tenemos por qué aceptar que 7 millones de personas estén en permanente
precariedad sin poder acceder a la mínima estabilidad laboral. Las
consecuencias del sistema que tenemos son nefastas y no solo para los
propios trabajadores, que son los que más lo sufren, sino también para la
economía. No se invierte en el futuro de esos trabajadores, las empresas
no invierten en formación y los jóvenes como yo no podemos formar
familias porque no podemos aspirar a la estabilidad laboral. Ese es el
sistema con el que queremos acabar. Ha llegado el momento de modernizar
el mercado laboral y de tener un contrato igual para todos, sin
ciudadanos de primera y de segunda. Les he de confesar que para los que
llevamos tiempo defendiendo el contrato único resulta sorprendente la
rapidez
con la que algunos -los viejos partidos y los nuevos viejunos- se han
venido a sumar a la igualdad de derechos entre los trabajadores, pero
estamos muy felices de ver que hay un avance en sus posiciones hacia la
buena dirección. El PP ha tenido cuatro años de mayoría absoluta y
llevamos ocho por encima del 20 % de paro y nueve de cada diez contratos
siguen siendo contratos basura. Al PSOE, por su parte, no le vendría mal
-veo que no queda aquí casi nadie- librarse un poquito de las
servidumbres y, como hicieron en tiempos pasados, ser progresistas y
mirar hacia Europa. Ha tenido que ser Europa una vez más, junto con
Ciudadanos esta vez, la que marque la pauta, como casi siempre, de la
modernización de este país. Tenemos que avanzar hacia un sistema en el
que el trabajador esté en el centro, en el que la flexibilidad se combine
con la seguridad, en el que las políticas activas y de formación
funcionen y ofrezcan una esperanza de reintegración en vez de ser fondos
de reptiles para los partidos políticos. El contrato único es un enorme
avance, pero hay que avanzar en muchas más cosas. Debemos avanzar en un
complemento salarial para dignificar los salarios de los que tienen
menos; debemos avanzar hacia una mochila austriaca para que los
trabajadores tengan derechos desde el primer día.
En conclusión, señorías, y con esto termino, la sentencia marca un antes y
un después en nuestro mercado laboral y es una oportunidad histórica que
no podemos desperdiciar. Por eso, señor portavoz del Partido Popular, no
es tiempo de poner parches. Seamos ambiciosos, seamos responsables y
miremos hacia Europa. Desde Ciudadanos proponemos abrir una mesa de
diálogo con los partidos y con los agentes sociales para abordar ese
profundo cambio en las relaciones laborales que proponemos; entre todos,
pero partiendo de una premisa básica: dos personas haciendo el mismo
trabajo deben tener los mismos derechos. Europa nos lo está pidiendo a
gritos. Como resultado de esto que digo, pido votar la PNL del Partido
Popular por puntos, ya que no nos han aceptado nuestra enmienda. Así
podríamos apoyar los puntos relativos a políticas activas, lo que
habíamos acordado en el acuerdo de investidura -muchas de nuestras
iniciativas que nos gustaría votar a favor-, y en relación con su
enmienda sobre los contratos nos vamos a abstener porque creemos que es
algo poco ambicioso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Echániz, si no fuera tan relevante el tema que nos trae hoy aquí y
si no le conociéramos podríamos pensar que esta propuesta del Partido
Popular es una broma de mal gusto porque, tras casi cinco años de
Gobierno durante los que ustedes han provocado el mayor retroceso de
nuestra historia democrática en materia de derechos laborales, en materia
de calidad en los empleos, no es serio que nos planteen una iniciativa
plagada de expresiones como: seguir trabajando, seguir sumando esfuerzos,
seguir avanzando o seguir construyendo entre todos. ¿Seguir avanzando en
qué, señor Echániz? ¿Seguir avanzando en precariedad laboral después de
haber logrado ustedes que más de una cuarta parte de los contratos nuevos
que se firman no lleguen a la semana de duración? (Aplausos). ¿Seguir
avanzando en la devaluación salarial en este país cuando ustedes han
logrado que el 50 % de nuestros asalariados cobren menos de 900 euros al
mes y que 2 millones de nuestros asalariados puedan ser considerados
trabajadores pobres? ¿Seguir avanzando en esto? Y hablan también de
seguir construyendo juntos. ¿Entre quiénes, señor Echániz? Ustedes solos
han decretado los mayores recortes en derechos laborales de nuestra
historia -ustedes solos- contra los grupos parlamentarios esta Cámara,
contra los sindicatos, contra los autónomos, contra las recomendaciones
de la OIT, del Banco Mundial, del FMI, de todo el mundo. ¿Seguir
construyendo juntos entre quiénes y para qué, señor Echániz?
Su propuesta es ofensiva desde el título, Mejorar la eficacia de las
políticas activas de empleo, cuando en los presupuestos de este año,
señor Echániz, contamos con 2.143 millones de euros menos para políticas
activas de empleo que en 2011; cuando en cinco presupuestos consecutivos
ustedes han recortado más de 13.000 millones de euros para políticas
activas de empleo y cuando lo primero que hicieron cuando llegaron al
Gobierno en 2012 fue provocar el despido de 3.000 orientadores en los
servicios públicos de empleo. Ofensiva; su propuesta no es solo
desacertada, sino ofensiva.
Y si la prosa de la motivación es ofensiva, el verso del petitum es un
pastiche inaceptable, señor Echániz, lleno de obviedades, inconveniencias
y reconocimientos explícitos de fracaso. Una obviedad a estas alturas es
hablar de la cartera común de servicios en los servicios públicos de
empleo o del portal único de empleo, que ya existen y existen con
insuficiencia por sus recortes, señor Echániz. Una inconveniencia es
insistir en la vía de la privatización de los servicios públicos de
empleo porque el deber
del Estado es fortalecer el servicio público con calidad y con equidad.
Una inconveniencia también es favorecer el negocio de los chiringuitos
privados de formación mediante el cheque formativo, cuando el deber del
Estado es ofrecer una formación planificada, coherente, de calidad y
pegada al modelo productivo por el que apostemos. Y un reconocimiento
explícito del fracaso de su Gobierno, señor Echániz, es hablar a estas
alturas de impulsar la Garantía Juvenil cuando ni una cuarta parte de los
parados jóvenes en este país se ha logrado inscribir en ese infierno
burocrático informático que han montado ustedes con un dinero precioso de
la Unión Europea, que van a tener que devolver. Quieren impulsar ahora el
Plan de activación para el empleo. La señora ministra nos habló aquí de
450.000 beneficiarios de esos 426 euros; 450.000. ¿Cuántos beneficiarios
de verdad hubo el año pasado, señor Echániz? Ni 400.000, ni 300.000, ni
200.000; el año pasado solo 53.000 y este año no llegamos ni a 25.000. Es
el reconocimiento de un fracaso estrepitoso, señor Echániz. Y se lo
advertimos desde aquí, que fueron ustedes cicateros, muy cicateros con
los requisitos de acceso a esta prestación.
Ahora nos hablan de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. El
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que llama
a no discriminar a los trabajadores en función de su contrato, no se
resuelve con estudios. No hay nada que estudiar, señor Echániz, hay que
aplicar la sentencia y reconocer la indemnización a los despedidos
interinos. Y tampoco se resuelve con el contrato único precario con
despido libre que plantea Ciudadanos; esa no es la salida. La sentencia
reconoce que hay diferencias entre la contratación temporal y la
contratación indefinida, y solo habla de unificar indemnizaciones, señor
portavoz de Ciudadanos. La situación dramática del empleo en nuestro
país, la explotación laboral en este país no necesita retórica estéril,
sino una rectificación en toda regla con la derogación de la reforma
laboral y con el diálogo social y político para un nuevo Estatuto de los
Trabajadores que recupere derechos para los empleados en este país y
recupere calidad en los empleos. Eso es lo que le proponemos y lo que
queremos llevar adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran
Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, mi grupo votará en contra de esta proposición no de ley y lo
hará forzado no solo por la ineficacia de las medidas que se proponen,
sino sobre todo porque reproduce el apartado 42 de lo que fue el pacto
entre el Partido Popular y Ciudadanos, del que ya se advirtió en el
debate de investidura que constituía una flagrante y continua
intromisión, ilegítima a nuestro juicio, en el ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Aparte de todas las declaraciones más o menos bienintencionadas de los
proponentes, resulta sorprendente la autocomplacencia que ha exhibido el
portavoz en esta Cámara a la hora de exponerla. Nosotros tenemos una
opinión mucho más negativa de esta proposición, sobre todo fundada en el
análisis de los nueve puntos que plantea; eran ocho en el acuerdo de PP y
Ciudadanos, pero se convierten en nueve en esta proposición. Haciendo un
pequeño análisis de ellas, señalaremos que, en primer lugar, hablaba de
impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que fueran una
herramienta verdaderamente eficaz. A ese respecto, y continuando con esa
retórica, tenemos que señalarle que la ejecución de las políticas activas
de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
corresponde a la Administración del País Vasco desde que fueron
transferidas a través del Real Decreto 1441/2010, de 5 de agosto. En este
caso la proposición no solo omite, desconoce y en su contenido quiere
ignorar por completo la realidad de esa transferencia de políticas
activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco y sobre todo la
de los servicios de orientación, que corresponden en exclusiva al plano
ejecutivo de las políticas activas y, por lo tanto, a nuestra comunidad
autónoma. Por ejemplo, desde la Administración vasca se está trabajando
ya en un Plan de intervención integral que no solo abarca respecto a este
punto el perfilado, sino que superará el estadístico, el de personas
demandantes, no solo desempleadas, y alcanza al perfilado de los puestos
de las empresas, abarcando todo el proceso de inserción laboral de las
personas y la competitividad de las empresas. Esta PNL, señor Echániz, se
vuelve a olvidar, como siempre, de las políticas activas dirigidas a la
empresa, que son quienes contratan en realidad. Por tanto, entendemos que
esta medida es insuficiente, ineficaz y además invasora de nuestro marco
competencial.
Habla de evaluar y ampliar en el marco del diálogo social y del debate
parlamentario el programa de activación para el empleo, PAE Plus. Pues
bien, pensamos que los programas de activación para el
empleo son ejecución de políticas activas y por tanto competencia de la
comunidad autónoma. El monumental silencio sobre este hecho nos mueve a
pensar nuevamente o, mejor dicho, a sospechar de intenciones
recentralizadoras.
El tercer punto hace referencia a la estrategia de emprendimiento y empleo
joven y a la Garantía Juvenil, y debería ser tratado junto con el cuarto
punto, que habla del procedimiento de inscripción de los jóvenes menores
de treinta años en el registro telemático de Garantía Juvenil. Dicho
registro -entiéndalo con todo respeto- ha sido un gran fracaso y repetir
la experiencia potenciando un registro especial cuando lo más natural es
que los jóvenes se registren de manera ordinaria en los servicios
públicos de empleo, como ya se hace en el País Vasco, nos parece un
error. La incapacidad que se produjo en su momento de registrar, tanto
por razones técnicas en el inicio como por razones de estrechez de
criterio más tarde, ha provocado, por ejemplo, que la acción subvencional
desde el ámbito europeo haya llegado a poquísimos jóvenes. Por el
contrario, en aplicación no solo de las transferencias, sino de una
lógica que se ha impuesto y que han comentado otros cronistas políticos,
entendemos que sería más eficaz trasladar a las comunidades autónomas
ejecutoras de los programas activos de empleo el 50 % de los recursos
europeos que ya se ha apropiado el Estado. También se insiste nuevamente
en la evaluación de los servicios cuando la evaluación de los propios
servicios de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde hacerla
a su Gobierno y a su Parlamento en su caso, además de que el
sostenimiento de esas políticas activas de empleo se produce a través de
la aplicación del concierto, que es el pilar en el que se sustentan todas
las políticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Habla luego de crear un organismo independiente, un instituto estatal para
el talento en el empleo, que sirva para evaluar las políticas activas de
empleo. Insistimos en que la evaluación de la eficacia de los servicios
de la comunidad autónoma le corresponde a su Gobierno y al Parlamento; en
definitiva, a nuestra sociedad. La creación de ese organismo vuelve
nuevamente a intentar solapar nuestras competencias. Además, para ello
existe un instrumento de evaluación, el Plan anual de políticas de
empleo, que gestiona el SEPE, en el que se evalúan los resultados y,
dependiendo de ellos, se reparten los fondos a las comunidades autónomas.
Nosotros estamos al margen, pero creemos que no existe esa necesidad de
creación y el silencio que se mantiene respecto de la Comunidad Autónoma
del País Vasco nos hace pensar que se trata de un nuevo intento
recentralizador.
Y habla del desarrollo reglamentario -termino, señoría- de la Ley 30/2015.
Aquí coincidimos, pues se trata de una necesidad clamorosa que no se ha
llevado a cabo por la situación de interinidad del Gobierno. En este
aspecto debe atenderse a la disposición adicional duodécima de esta ley,
que recoge la salvaguarda tanto de funciones transferidas como de su
financiación a través del concierto.
En definitiva, señorías, todas las medidas que se han planteado olvidan la
realidad plurinacional y pluriadministrativa del Estado y olvidan las
transferencias, la legalidad por tanto de las políticas activas de
empleo, para incidir en aspectos respecto de los que sospechamos que no
existe más que una intencionalidad política desviada de la realidad
jurídica del Estado. Por eso, señorías, vuelvo a repetir que nuestro voto
será contrario a esta proposición.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el
señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señora presidenta.
Parece que, como en abril pasado, toca hacer electoralismo en esta Cámara,
con lo que ya parece una campaña electoral continua, y por más de un
partido. Esta vez el Partido Popular presenta una proposición no de ley
que pretende buscar la legitimidad del Congreso para continuar gobernando
contra las clases trabajadoras, es decir, contra los asalariados,
pensionistas, parados, precarios, autónomos y pequeña y mediana empresa.
Nos presenta un documento que a millones de ciudadanos nos parece un
chiste malo cuando ya en su exposición de motivos dice cosas como que
pretende consolidar la recuperación económica. ¿Pero de qué recuperación
habla y para quién se ha recuperado la economía? Hablen con la gente, por
favor. También dice que quiere continuar la creación de empleo. ¿De qué
tipo de empleo habla? ¿De ese en el que por más que se trabaje uno sigue
siendo pobre? ¿Del que tiene las tasas de temporalidad más altas de
Europa? ¿De ese en el que se pueden encadenar contratos temporales para
ocupar puestos fijos? ¿De empleos de despido fácil, barato y
tremendamente injusto como, una vez más, reconoce Europa aun siendo de
derechas? Pues no. Desde Esquerra Republicana de Catalunya vamos a votar
que no. No vamos a participar en la legitimación de sus políticas
económicas y laborales contrarias a la mayoría de la gente.
Votaremos no a esta proposición ambigua, una vez más centralizadora y, a
nuestro modo de ver, exclusivamente electoral. Decimos centralizadora
porque les recordamos que en el ámbito de las políticas activas de
ocupación la Generalitat de Catalunya tienen competencias exclusivas de
acuerdo con la especificidad de su mercado laboral y su propio modelo de
políticas activas; por cierto, en las antípodas del suyo basado
principalmente en bonificaciones que solo vacían la caja de la Seguridad
Social. El papel del Estado, una vez definidas de forma genérica las
líneas políticas, debería ser el de ampliar los recursos a las
comunidades y no recortarlos como se ha venido haciendo desde 2008.
También decimos centralizadora porque una vez más y obsesivamente invade
competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se reserva un 50
% de los fondos destinados a la gestión de la Garantía Juvenil para
políticas propias del Estado. También decimos que es centralizadora
porque dice que se va a crear un organismo independiente de nombre
tragicómico -no sé si sabré decirlo-: un instituto estatal para el
talento en el empleo con competencias suficientes para evaluar de forma
continua las políticas activas de empleo complementadas... El nombre es
muy largo pero, en resumen, implica la creación de un organismo para
evaluar competencias reservadas una vez más a las comunidades autónomas.
Y decimos que es centralizadora también porque el cheque formación -que
supongo que debe ser para ayudar a algunas empresas que se dedican a
esto- debería ser registrado por las comunidades autónomas, y lo mismo
podemos decir de la formación profesional dual. La recentralización
continúa en el apartado en el que se expone que se quiere reforzar la
cartera común de los servicios públicos de empleo o crear un portal único
y prosigue con el invento de vincular la financiación a los resultados
obtenidos, obviando que la inserción laboral no depende en exclusiva de
la ejecución de las políticas activas de ocupación, ni muchísimo menos.
Suban ustedes el salario mínimo interprofesional, deroguen las reformas
laborales o inviertan en infraestructuras públicas con un claro retorno
social y económico y, sin lugar a dudas, se van a encontrar con una
agradable sorpresa en las cifras de ocupación y en la calidad de la
misma, si este fuera su objetivo.
Para finalizar, en cuanto a ampliar el programa de activación para el
empleo, que ya estuvimos debatiendo aquí, nuestra opinión ya quedó muy
clara el pasado mes de abril en esta misma tribuna, donde también
demostramos el fracaso de sus medidas de protección social. A nuestro
modo de ver lo que tienen que hacer en este punto concreto son menos
proposiciones y aumentar de una vez por todas el número de personas que
puedan acogerse a esas medidas y su cuantía. Eso lo pueden hacer mañana
mismo por decreto, que de esto saben ustedes mucho. Ya queda claro que en
este punto tienen los votos afirmativos de todos. Esquerra Republicana no
votará en contra de que las más de 100.000 familias que pueden recibir el
pan y la sal -es decir, los 426 euros- los reciban. Todo lo contrario,
siempre nos tendrán a su lado para ampliar la protección social.
En resumen, no a sus propuestas de políticas activas y sí a una
proposición de aumento en cantidad y calidad del programa de activación
de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador i Duch.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta, señorías.
Consolidar la recuperación económica, promover la creación de empleo
estable y de calidad y reducir la precariedad laboral son algunas de las
preocupaciones fundamentales a las que queremos dar respuesta. Es
necesario seguir trabajando para que las políticas activas de empleo sean
herramientas más eficaces al servicio de las oportunidades de los
desempleados de nuestro país. ¡Telita! Así reza la iniciativa que nos
trae hoy a debate el Grupo Popular. Hay que tener la cara muy dura, pero
muy dura, para decir esto. A pesar del aumento presupuestario del último
año -año electoral, por supuesto- el Gobierno del Partido Popular ha
recortado un 39 % el presupuesto de las políticas activas de empleo, es
decir, 12.000 millones de euros menos. El Servicio Público Estatal de
Empleo, el SEPE, lo que la gente conoce como las oficinas del paro, están
siendo reducidas a la mínima expresión para facilitar aún más su
privatización. Prueba de ello es que solo el 2 % de las personas paradas
consiguieron empleo a través de este servicio en el año 2015. Por
supuesto, también atacaron las llamadas políticas pasivas de empleo,
rebajando la cuantía de las prestaciones un 22 % en el año 2016 y dejando
a casi dos millones de personas,
los parados de larga duración, sin recibir ni un duro, cero; ni un duro.
Encima, han recortado más en las comunidades autónomas con un PIB por
habitante más bajo; es decir, para entendernos, cuanto más pobres, más
recortes, y créanme que de esto en Canarias sabemos bastante. Repito lo
que dije más arriba, que con estos datos hay que tener la cara muy dura
para traer este texto a debate hoy; pero muy dura.
El terrorífico diagnóstico ya está hecho, pero lo importante son las
soluciones. No nos engañemos, la mejor política de empleo es un tejido
productivo fuerte y diversificado que pueda generar puestos de trabajo,
con una agricultura sana y rentable orientada a la soberanía alimentaria,
con una industria potente y de alto valor añadido basado en la
investigación y el desarrollo y con un sector servicios, que es el más
importante en nuestro país, con derechos laborales y con salarios
decentes. Hay tres cosas que podemos hacer como país y que debemos
hacerlas ya. En primer lugar -perdonen por la voz pero es por el catarro;
para los canarios, el clima de Madrid es lo que tiene-, un plan de
transición energética y economía productiva que, basado en energías
renovables, eficiencia e I+D+i, genera aproximadamente 300.000 empleos,
tanto para nuestra gente más formada como para la gente que trabajaba en
el sector de la construcción y se ha visto excluida, que se quedaron
fuera por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar,
construir un nuevo marco de relaciones laborales derogando y dejando sin
efecto las terribles reformas laborales del año 2010 del Partido
Socialista y del año 2012 del Partido Popular, reformas que tanto
sufrimiento han causado a la gente trabajadora en nuestro país. Y, en
tercer lugar -esto es importante también-, reducir la cuota de los
trabajadores autónomos con criterios de sensatez y de racionalidad
económica. Si se ingresa menos del salario mínimo interprofesional, no se
paga, y si se ingresa más, se paga en función de lo que se ingresa, como
se hace en otros países de Europa. Esto aliviaría la soga que tienen al
cuello millones de autónomos y permitiría que se contratara más personal
y, por tanto, obviamente, que se generara empleo. Esto se puede hacer ya,
solo hace falta tener voluntad política y un poquito de vergüenza, que
creo yo que no tienen mucha.
Volviendo a lo anterior. ¿Saben lo que realmente se esconde tras esta
particular visión de las políticas de empleo? Algo muy macabro, hasta muy
sádico diría yo, y profundamente injusto, que es la culpabilización de la
persona que está en paro, echar la culpa a la persona que está en paro de
su propia situación. Y no, señores del Grupo Popular, la culpa no está
ahí fuera, no es una cuestión de vagancia, de capacidades o de falta de
preparación. Ahí fuera hay mucha gente con ganas de trabajar, que quiere
trabajar y no puede, mucha gente preparadísima, formadísima, que se
acuesta noche tras noche sin expectativa alguna. Hay mucha gente que se
está yendo del país porque aquí es imposible levantar cabeza. No, señores
del Grupo Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa está aquí dentro
y la tienen ustedes. (Aplausos).
Sobra decir que vamos a votar en contra de esta infame iniciativa, pero no
porque se rían de nosotros, algo a lo que ya estamos acostumbrados, sino
porque con ella se están riendo de los casi cuatro millones de personas
que están ahora mismo en paro, y eso no se lo vamos a permitir.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Echániz Salgado, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas
presentadas?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Aceptamos, como es lógico, la enmienda relativa
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. No aceptamos el resto de las enmiendas y sí
aceptamos la solicitud del portavoz del Grupo Ciudadanos respecto a la
votación separada de esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echániz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A QUE EL GOBIERNO EN
FUNCIONES APRUEBE POR DECRETO-LEY, EN CASO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, EL
INCREMENTO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS. (Número de expediente 162/000102).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno en funciones apruebe
por decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las
pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos.
Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra la señora
Rodríguez García.
Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene como
objeto evidenciar al Gobierno que nada le impide la aprobación de un
decreto-ley para el incremento de las pensiones públicas y de las
retribuciones de los empleados públicos. Se preguntarán ustedes por qué
solo les pedimos este real decreto, y es porque ustedes se han empeñado
en poner este asunto sobre la mesa de las negociaciones de su investidura
y como elemento de presión política, incluso de chantaje, me atrevería a
decir. Ha sido la vicepresidenta del Gobierno, rueda de prensa sí y rueda
de prensa también, quien lo ha puesto sobre la mesa. Nada les impide
hacerlo, pero es que, además, tienen ustedes que hacerlo. Ese es el
objeto de esta iniciativa que presentamos en el día de hoy. Es urgente
atender las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente de
aquellos que peor lo están pasando, de los pensionistas y de los
empleados públicos.
No les voy a dar consejos acerca de cómo se utilizan los decretos-leyes,
porque han venido abusando de ellos durante la antepasada legislatura con
su mayoría absoluta; ni tan siquiera tendría que citarles otros
precedentes de prórrogas presupuestarias en las que se utilizó un
decreto-ley para incrementar las pensiones y los salarios de los
funcionarios públicos, porque ustedes mismos, en la pasada legislatura,
estando en funciones, aprobaron un real decreto-ley con el objeto de la
activación del empleo. Por tanto, no hay posibilidad de decir que el
Gobierno está incapacitado para traer un decreto-ley. Pueden ustedes
hacerlo, deben hacerlo y el objeto del Grupo Socialista es que se sientan
ustedes respaldados por la mayoría de esta Cámara, que les insta a que
traigan ese decreto-ley para que pueda ser aprobado.
No es la primera vez que ustedes utilizan estos elementos como chantaje.
Han utilizado desde el Gobierno la Administración, las instituciones,
para chantajear la conformación del Gobierno o el proceso de investidura.
Han llegado a chantajear a las comunidades autónomas con el cumplimiento
de los compromisos de gasto, poniendo en duda que puedan comprometer
gastos que ya tenían adquiridos. Han achacado al resto de grupos
políticos la responsabilidad del grave incumplimiento presupuestario que
es objeto de sanción por parte de Bruselas. Pero usar a pensionistas y a
funcionarios con fines electoralistas y partidistas es un chantaje
deplorable que no podemos admitir el resto de la Cámara. Genera
incertidumbre, genera zozobra entre pensionistas y también la angustia de
los empleados públicos, cuya nómina depende del Estado.
Las pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingreso para 9
millones de españoles en nuestro país, hombres y mujeres pensionistas que
con su pensión no solo se han hecho cargo de sus gastos, del gasto de su
vivienda, de su alimentación, de sus medicamentos, sino que con esas
pensiones mínimas y raquíticas han tenido que asumir los gastos de las
hipotecas de sus hijos, de la factura de la luz, incluso de los libros de
texto de sus nietos y nietas. Esta es la realidad del país que ustedes
están dejando, señores del Partido Popular. (Aplausos).
Déjenme un segundo solo, porque supongo que ustedes me vendrán con la
retahíla de "ustedes congelaron las pensiones". Les recuerdo el 53 % de
incremento de las pensiones mínimas en los ocho años de Gobierno
socialista. (Muestra varios gráficos.-Aplausos). Supongo que me vendrán
también con lo de la herencia recibida. Esta es la herencia que los
socialistas dejamos al sistema público de pensiones; un Fondo de reserva
de la Seguridad Social en 68.815 millones de euros, que ustedes han
liquidado ya en un 85 %. Esta es su gestión en materia de pensiones. Pero
yo les pido que dejen ya de agraviar a los pensionistas y, sobre todo,
que dejen de utilizarlos políticamente.
¿Y qué les voy a decir de su relación con los empleados públicos? Podría
hacer también aquí un resumen de su gestión. Podría explicarles lo que
ustedes han hecho con la función pública en estos últimos cuatro años,
pero me quedo con una frase, la del secretario de Estado de
Administraciones Públicas, el señor don Antonio Beteta. Con esa frase se
resume su gestión y lo que ustedes piensan de los funcionarios públicos,
de los empleados públicos. Ustedes les dijeron que se tenían que olvidar
de tomar cafelitos y de leer los periódicos. ¡Como si los miles de
funcionarios públicos de este país no hicieran otra cosa que leer el
periódico y tomar cafelitos! No, señorías, los millones de funcionarios
públicos de este país lo que han hecho durante los últimos cuatro años de
su Gobierno es sostener el Estado del bienestar. Han sido quienes han
atendido a nuestros hijos cuando ustedes bajaron las ratios en las
escuelas. Han sido quienes nos han tratado con dignidad en los hospitales
públicos cuando ustedes les echaban a la calle. Han sido los que han
velado por la seguridad y por nuestra integridad cuando ustedes estaban
privatizando la seguridad pública en nuestro país. Eso es lo que han
hecho y lo que han trabajado los empleados públicos. Por eso, les pido
que no vuelvan a menospreciarlos, que no vuelvan a utilizarlos
políticamente, que cuando hablen de empleados públicos piensen que son
los maestros y las
maestras, los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras,
hombres y mujeres que trabajan por nosotros y que mantienen el Estado del
bienestar.
Señorías, les pido que nos unamos en esta dirección, que seamos capaces de
sacar de esta Cámara el compromiso del Gobierno, solicitado con el apoyo
de todos los grupos, para traer aquí ese decreto-ley; que nos dejemos de
chantajear al resto de fuerzas políticas con los pensionistas y empleados
públicos y que dejemos de utilizarles en esta pelea partidista. No hay
motivo para el chantaje. No hay ningún problema legal para que, en
ausencia de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto,
prorrogados los anteriores, el Gobierno, mediante decreto-ley, apruebe la
subida de las pensiones o los salarios. Los socialistas les pedimos que
lo hagan y, además, les damos la tranquilidad de que lo podrán hacer
avalados por el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Señorías, está en su mano. Nosotros no compartimos su modificación del
sistema de pensiones. Creemos que hay mucho más que abordar, como alguna
enmienda que se nos ha hecho llegar. Pero el momento de hablar de nuestro
modelo del sistema de pensiones, de nuestro modelo para la sostenibilidad
del sistema de pensiones en el futuro será, sobre todo si ustedes quieren
hacerlo llegar a esta Cámara, a través de ese decreto-ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
señora Honorato Chulián.
La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, esta tarde tengo la esperanza de que podamos ser útiles para
millones de españoles y españolas; millones de españoles y españolas que
han tenido que soportar sobre sus espaldas uno de los fardos más
traicioneros de la crisis, como ha sido la pérdida brutal de poder
adquisitivo en estos últimos años, mientras, además, se les forzaba a
hacerse cargo de las necesidades básicas de hijos, de hijas, de nietos,
que estaban asolados por las políticas de la austeridad.
El Grupo Socialista nos presenta hoy una proposición no de ley en la que
insta al Gobierno en funciones a que, en el caso de prórroga de los
presupuestos, apruebe un decreto-ley en el que se contemple el incremento
de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal a cargo de
las administraciones. Esta medida nos parece absolutamente
imprescindible. Pero también nos parece imprescindible acompañar una
serie de garantías a esta proposición. A los pensionistas y a las
pensionistas de nuestro país, esas personas a quienes se les ha robado la
tranquilidad que merecían tras una vida dura de trabajo, el Gobierno
lleva años tirándoles a la cara cada 1 de enero una de las consignas
desgraciadamente famosas en nuestro país, como es la de "vuelva usted
mañana". Este mañana se multiplica por 365 días y diciéndoles cada año:
vuelva usted el año siguiente. Esta es una absoluta falta de respeto para
todos nuestros mayores.
Desde hace ocho años, desde 2009, las pensiones en este país han perdido
poder adquisitivo tanto con las reformas de 2011 y 2012 como con la
reforma integral de 2013, y un Gobierno -cualquier Gobierno- debe
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
aplicando para ello una revalorización equivalente a la previsión de
crecimiento del IPC, lo cual sería para 2017 un 1,1 %. Además, queremos
que esto se aplique sin trampa, que se aplique teniendo en cuenta que si
al final del año la evolución del IPC diese como resultado una cifra
superior a la inicialmente prevista se reembolse esa cantidad a nuestros
pensionistas, así como que se aplique a todas las pensiones, sin
distinciones entre pensión contributiva o no contributiva. Señorías, como
decía al principio, hoy tengo la esperanza de que entre todos y todas
podamos forzar a este Gobierno en funciones a arreglar el entuerto que se
ha provocado a los millones de pensionistas en este país, un Gobierno en
funciones que, además, ha dejado el Fondo de reserva de la Seguridad
Social como si lo hubiera asaltado una banda de cuatreros.
En lo que respecta a las empleadas y a los empleados públicos de este
país, qué podemos decir después de la farsa a la que se les ha sometido
durante estos últimos años. Con la excusa de reducir el déficit y la
deuda -objetivo que naturalmente no se ha cumplido- este Gobierno y el
anterior Gobierno socialista han convertido a los empleados públicos en
el payaso de las bofetadas de un triste espectáculo en este país, y lo
digo con total respeto y admiración por esa profesión tan imprescindible.
Y digo el payaso de las bofetadas porque, mientras la ciudadanía asistía
atónita a la multiplicación de los casos de corrupción, mientras el
Gobierno recortaba y recortaba, cerraba plantas de hospitales, aumentaba
y multiplicaba las ratios, eran únicamente las empleadas y los empleados
públicos de este país los que
cada día se echaban el país a la espalda y lo sacaban adelante.
(Aplausos). A cambio, durante estos últimos cinco años solo se han
llevado bofetadas: se han llevado la bofetada de ver cómo se han
congelado sistemáticamente los sueldos; se han llevado el sonoro revés
que supuso la drástica bajada del salario operada por un Gobierno del
Partido Socialista en 2011; se han llevado un aumento de la jornada
laboral; una reducción de los días de libre disposición; la supresión de
pagas extra. En concreto, el salario real por empleado público se ha
reducido en torno a un 10 %, pero si atendemos a todos estos recortes
añadidos estamos hablando de un recorte de hasta el 30 %. Pero lo más
peligroso es que el Gobierno ha querido extender una visión
estigmatizadora de las empleadas y los empleados públicos en este país,
cuando ahí están los informes de la Aeval que manifiestan todo lo
contrario; muestran cómo la población de este país apoya y valora
sobremanera el esfuerzo que las empleadas y los empleados públicos han
hecho para sacar a este país adelante.
Señorías, es la hora de revertir la situación y para eso es necesario
acabar con este maltrato, estar a la altura de los héroes y no de los
villanos, incrementando la subida real de los salarios hasta equipararlos
al IPC y convocando de urgencia la mesa de la Función pública para
negociar una oferta de empleo público digna. Por eso, nos parece
importante incluir estas garantías. No obstante, votaremos que sí a la
propuesta que pone encima de la mesa el Grupo Socialista porque nos
parece importante, vital, sacar esto hoy adelante. A pesar de todas las
dificultades y las tormentas que parece y dicen se ciernen sobre esta
Cámara, creo que hoy podemos ser útiles a todos los españoles y
españolas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes
a todas y a todos.
Nueva Canarias apoyará esta proposición no de ley que ha planteado la
representante del Grupo Socialista por varias razones. La primera es
porque, entre todos los colectivos que han sufrido las consecuencias de
la injustas políticas de ajuste asociadas a la crisis practicadas por el
Partido Popular en estos años, algunos de los que se han visto
especialmente afectados son estos dos colectivos precisamente, el de los
empleados públicos y el de los pensionistas. En el caso de los empleados
públicos porque lo que subyace es un discurso de culpabilizar a los
servicios públicos de la situación de crisis que venimos sufriendo desde
el año 2008. Es decir, esto no fue culpa de los especuladores ni de los
que tenían unas ansias absolutas de enriquecerse a costa de cualquier
cosa, sino que era culpa de los servicios públicos. Esto ha hecho recaer
una parte del ajuste durísimo precisamente entre los empleados públicos,
que es muy importante que quede claro que son los que sustentan los
servicios públicos, es decir justamente el colectivo del que depende que
exista el colchón social fundamental de los servicios públicos para la
inmensa mayoría de la población. El otro colectivo es el de los
pensionistas, 9 millones de personas que tienen que sufrir todos los años
el escarnio de padecer un ridículo incremento de su pensión -que es la
política en la que se sustenta el Partido Popular, parece ser-, asociado
a un notable incremento de los gastos, sobre todo en aquello que hemos
venido en denominar repago sanitario.
Creemos que es el momento de empezar a ajustar, creemos que hay razones
suficientes para hacerlo, es necesario acabar con esta idea de
culpabilizar a los más débiles y beneficiar a los más fuertes. Y por otra
parte, nos gustaría pensar que el Partido Popular no va a incurrir en la
tentación de amenazar a la población con que es imposible hacer nada -por
ejemplo, un real decreto-ley- porque lo impide la situación de Gobierno
provisional. Confiemos en que no utilicen ese argumento falaz, que sería
profundamente inaceptable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia
Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Quiero aclarar en primer lugar
que Euskal Herria Bildu apoyará cualquier iniciativa encaminada a que
pensionistas o empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido
en los últimos años y puedan así acortar la larga distancia que les
separa de tener -en el caso de la gran mayoría de las pensiones- los
recursos mínimos necesarios para poder hacer frente a sus necesidades más
básicas, para llevar una vida digna. Pero, dicho esto, tengo también
que denunciar la situación que nos pone sobre la mesa esta propuesta,
porque los azules nos vienen diciendo que si hay Gobierno habrá pensiones
y sueldos y los rojos nos vienen diciendo que la propuesta es la suya,
aunque saben que eso solo tiene cabida si no hubiera Gobierno. Ambos nos
ocultan, en cambio, que, tanto si presidiera el Gobierno Rajoy como
Sánchez, cualquiera de ellos continuará con las medidas que han venido
tomando hasta ahora y que son el verdadero ataque al poder adquisitivo de
pensionistas y trabajadores de la Administración y además probablemente
harán nuevas reformas del mercado laboral, de las pensiones y también de
la Administración, que no harán más que profundizar en la senda que han
tenido hasta el momento.
Pero cada vez engañan a menos personas y prueba de ello son los resultados
de las recientes elecciones en la Comunidad Autónoma vasca, porque
ustedes los del Partido Popular y ustedes los del PSOE son minoritarios
allí, y ustedes los de naranja apenas existen. ¿Y aun así quieren decidir
por nosotros y nosotras? Pues va a ser que no. Sepan que por más que se
empeñen en ello la ciudadanía vasca lo tiene cada vez más claro, 57
escaños de 75 en el próximo Parlamento de Gasteiz son buena prueba de
ello. Euskal Herria Bildu trabajará, por tanto, para hacer valer lo que
ha dicho la ciudadanía, que quiere ser dueña de su futuro y quiere tomar
las decisiones en todo aquello que le afecta, porque sabemos que es la
única vía para tener unas pensiones dignas y para garantizar que las
retribuciones de los empleados públicos son también dignas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto tiene, en último término, la palabra el señor Bel
Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta, y gracias por su
generosidad en la gestión del tiempo.
Intervendré brevemente. Me recordaba mi compañero Carles Campuzano que
quedan muy lejos aquellos tiempos en los que en esta Cámara se aprobó el
Pacto de Toledo a iniciativa en aquel momento de Convergència i Unió y de
forma implícita se entendía que las pensiones quedaban al margen del
debate electoralista o del provecho electoralista, pero no vamos a ser
nosotros quienes digamos que el Partido Socialista hace electoralismo con
esta propuesta porque les han estado provocando de forma muy seria, y lo
ha recordado su portavoz. La verdad es que tendría que ser un acuerdo de
la mayoría de los grupos que se revalorizaran las pensiones y que se
actualizara también el sueldo de los funcionarios públicos. Porque vamos
a llegar a acuerdo en otras cosas, parece que vamos a llegar a acuerdo
para modificar la Ley Electoral. ¿Y no podemos llegar a un acuerdo para
una cosa tan simple y que afecta a tantos millones de españoles? Parece
que de momento no. Yo creo que eso se va a tener que solventar. Diputadas
y diputados del Partido Popular, no tengan la tentación de escudarse en
un Gobierno en funciones para no poder aprobar esta revalorización de las
pensiones y actualización del sueldo de los funcionarios públicos.
Porque, si es así, ¿me quieren decir cómo van a explicar a estos millones
de funcionarios y de pensionistas que un Gobierno en funciones no puede
actualizar su pensión y su sueldo, pero sí puede modificar en 1.162
millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Van a
explicarles que el Gobierno en funciones puede modificar un 20 % el
presupuesto de Defensa y no puede actualizar las pensiones y el sueldo de
los funcionarios, que, recordemos, no solamente afecta a los trabajadores
públicos de la Administración General del Estado, sino que, en caso de no
aprobarlo, va a afectar a todos los trabajadores públicos, también de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que tienen capacidad y
voluntad de proceder a esta actualización? Por tanto, vamos a votar a
favor de la propuesta.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el
señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, vaya por delante nuestra intención de apoyar la proposición no
de ley, ya que no podemos estar más que de acuerdo en contemplar el
incremento de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, y ello
basado tanto en razones de justicia social como al amparo de políticas
económicas de equilibrio y distribución que algunos de mis predecesores
ya han contado. No hace falta que señale quiénes han sido precisamente
los más desfavorecidos y quiénes han soportado con mayor rigor la crisis:
pensionistas y empleados públicos; son
los servidores públicos los que al fin y al cabo han tenido que soportar
las consecuencias de políticas económicas que en todo caso han sido
nefastas para sus intereses concretos, sin perjuicio de otros intereses
que hayan sido concurrentes.
Dicho esto -y me refiero a la proponente de la proposición-, también tengo
que señalar que, sin embargo, nos surgen determinadas dudas en cuanto a
la viabilidad de la propuesta que se nos está planteando. No es
inhabitual -y lo señala la propia proposición- en el panorama jurídico y
político ni la prórroga de presupuestos, que se puede realizar de acuerdo
al artículo 134.4 de la Constitución, ni el uso del mecanismo del real
decreto-ley a fin de actualizar pensiones y salarios públicos. También es
verdad que dicha pensión se ha venido ligando a la acreditación de
razones de extraordinaria y urgente necesidad, como dice el artículo 86
de la Constitución, así como a la justificación de la atención al interés
general que permite excluir dichas determinaciones de las leyes de
presupuestos. Pero en este caso lo que hace particular esta situación -y
es imposible obviar- es que la hipotética actuación legisladora que se
propone impulsar se solicita cuando el Gobierno está en funciones, y esta
PNL tiene por tanto como premisa no solo la posibilidad de que el
Gobierno pueda actuar a través de un real decreto-ley en situación de
prórroga de Presupuestos Generales del Estado, sino que se le solicita
que actúe a través del mecanismo del artículo 86 de la Constitución
cuando se encuentra en la situación de en funciones a que se refiere el
artículo 101.2 de la Constitución y por ello con las limitaciones a que
se refiere la Ley 50/1997, del Gobierno. La acción que propone por lo
tanto la PNL debe superar dos obstáculos: uno, la justificación que exige
la acreditación de la extraordinaria y urgente necesidad, tal y como
refiere a dicho efecto el artículo 87 de la Constitución, y dos, la
necesidad de acreditar los casos de urgencia, como dice el artículo 21.3
de la Ley 50/1997, o las razones de interés general debidamente
acreditadas para justificar que el Gobierno en funciones pueda hacer ese
tipo de propuestas.
Entendemos que con cierta voluntad, y sobre todo con un mecanismo que ha
comentado mi predecesor, el representante del Partido Demócrata Catalán,
que sería la unanimidad de los partidos, se pueden superar, pero no por
ello debemos dejar al margen ni obviar que existen esas dificultades que
desde el punto de vista de su seguridad jurídica haría falta enfrentar.
Esa es una duda a la que deberíamos hacer frente.
También es cierto, pasando a otros aspectos, que la medida de
actualización de pensiones, en cuanto queda excluida del procedimiento
constitucional de aprobación de presupuestos, se convierte en una
cuestión de mera legalidad. También lo queríamos citar. Ello nos sitúa en
otra duda absolutamente trascendente, y es si se podía haber justificado
la proposición no de ley para la misma finalidad sin echar mano del
alambicado mecanismo de pedir al Gobierno en funciones que redacte reales
decretos-leyes. Es llamativo que se inste al Gobierno a presentar un
decreto-ley porque es el Legislativo quien indica al Ejecutivo que
redacte normas que son su competencia aun cuando el Gobierno en funciones
pudiera no estar habilitado para ello, lo cual nos provoca otro tipo de
duda. Incluso cabe la duda de la oportunidad temporal, y permítanme la
duda, aunque ya quizá son demasiadas, cuando en este caso no es inminente
la prórroga presupuestaria con o sin Gobierno en funciones. Se está
anticipando tres meses la valoración de la condición extraordinaria y
urgente de la necesidad, aun cuando dicha apreciación debiera ser
efectuada, entendemos, en momentos inmediatamente anteriores, es decir,
allá por el 29, 30 o 31 de diciembre. Sin embargo, coincidimos en que la
proposición no de ley es una iniciativa meramente declarativa de
intenciones de carácter e intencionalidad netamente social y político y
que en este caso y por ello no obliga como tal jurídicamente al Gobierno
a actuar de esa manera. Sí le insta, pero no le obliga.
Así pues, a pesar de que la propuesta de proposición no de ley se formula
en términos que nos provocan algún tipo de dudas y a pesar de desconocer
las condiciones del escenario político y jurídico en que se podrían
producir, entendemos que impulsa una acción de Gobierno en una dirección
que también compartimos, por lo que contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, la parálisis política no es inocua.
No lo es dejar pasar los días pensando que el tiempo arreglará lo que los
responsables políticos no saben o no quieren solucionar. El tiempo
perdido tiene ya costes que desgraciadamente no pagan sus responsables,
sino la ciudadanía,
y entre ella siempre la más vulnerable. El Grupo Parlamentario Socialista
nos propone que el Gobierno en funciones, en la hipótesis de una prórroga
de los presupuestos generales, que hoy parece prácticamente un hecho,
apruebe un decreto-ley que incremente las pensiones públicas y los
sueldos de los funcionarios. Ambos han pagado como el que más las
políticas que han rescatado con el dinero de todos los bancos mal
gestionados sin exigir responsabilidades ni la devolución del dinero
invertido. Será interesante ver qué pasa en Alemania con el Deutsche Bank
en estos próximos días para ver que a lo mejor hay otras políticas
posibles con los bancos. La parálisis en la constitución de un nuevo
Gobierno no la han de pagar, como siempre, los mismos. En consecuencia,
estamos de acuerdo con la propuesta y con las enmiendas presentadas por
Unidos Podemos y confluencias.
Pero permítanme que haga más de una puntualización. Es cierto que la falta
de Gobierno y de proyecto de presupuestos obliga a hacer por decreto-ley
estas modificaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay otra lectura
menos literal, surgida del contexto a un mes para que acabe el plazo de
proponer un nuevo presidente del Gobierno. ¿No es más prioritario formar
un Gobierno de cambio, un Gobierno progresista? Parece, diputadas y
diputados del PSOE, que proponiendo hoy un mal menor, o un bien mayor,
renuncian a lo mejor a hacer un Gobierno progresista, tiran la toalla y
se conforman por omisión con unas nuevas elecciones. ¿Qué problemas
internos pueden obligar a una situación de este tipo? Ustedes sabrán.
Pero si hoy un Gobierno progresista es importante, es imprescindible para
cambiar las leyes del PP que tanto daño han hecho a tanta gente, sin duda
también lo es para cambiar un relato hegemónico de la derecha, de la
vieja y de la nueva; la de la "España una, grande y libre"; la de la
herencia del franquismo; la de los artículos de la Constitución
redactados con ruidos de sables, como hilo musical, hace casi cuarenta
años; la del discurso de la fallida investidura del señor Rajoy, este
pensamiento único de la unidad de España.
Hace falta un nuevo relato para confluir en una alternativa democrática
para Cataluña aceptando su derecho a decidir, un referéndum a la escocesa
o a la canadiense. Esto no es una obsesión de mi grupo, es la garantía de
que el cambio sea cierto y de que no sea un recambio de grupos
gobernantes, de que no sea de nuevo un turno dinástico. Para algunos no
ha pasado el tiempo y les recomiendo la carta, publicada, de la hija del
Carnicero de Badajoz, Yagüe, a mi compañero Gabriel Rufián. Yagüe fue un
general de la Guerra Civil, homologable a un gruppenführer de las SS.
Cuarenta años de franquismo, cuarenta de nostalgia de los herederos de
los vencedores. Relato coincidente con el del ministro del Interior
cuando nos dice que queremos ganar la guerra que perdimos cuarenta años
después, cuando lo que queremos es acabarla, porque solo se acaba una
guerra si situamos a las víctimas y a los verdugos en el mismo lugar que
en el resto de la Europa democrática.
Vamos a aprobar su proposición, pero lo más importante es recordar que aún
estamos a tiempo de romper este círculo vicioso de elecciones que nos
llevan siempre al mismo Gobierno en funciones, que nos llevan siempre al
Gobierno de Rajoy. Los electores representados por los 180 diputados que
somos mayoría en esta Cámara se merecen algo más que el no a Rajoy, que
está muy bien; quieren una alternativa que rompa con un pasado que no
cesa, quieren que les demos esperanza. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo
Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy la señora Rodríguez y su grupo parlamentario -o lo que está
presente de él- nos presentan una proposición no de ley para que el
Gobierno en funciones apruebe, por real decreto-ley, en caso de que se
produzca la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el
incremento de las pensiones y del sueldo de nuestros funcionarios
públicos. Es decir, ustedes, que llevan bloqueando la legislatura desde
junio; ustedes, que han criticado al Partido Popular por su utilización
de este instrumento, el real decreto-ley -más conocido como decretazo-,
como un rodillo en sus políticas; ustedes, que han dicho a los ciudadanos
españoles que no quieren llevarnos a terceras elecciones pero que ya en
el verano daban titulares como este: Sánchez insiste en que el PSOE
votará no a la investidura y a los presupuestos (Muestra un documento)
-es decir, iba a votar que no a los presupuestos sin leérselos-
(Aplausos); ¿ustedes presentan ahora una iniciativa como esta? Creo que
se están moviendo ya en unos niveles de contradicción y de hipocresía que
alcanzan cotas estratosféricas. Porque si realmente están ustedes
preocupados por la revalorización de las pensiones y por el salario de
nuestros funcionarios, lo tienen muy sencillo, es muy fácil: impidan que
se produzca la prórroga de estos presupuestos del Estado, desbloqueen la
legislatura -se lo venimos diciendo-, permitan la formación de un nuevo
Gobierno, permitan que la
legislatura eche a andar, absténganse o, si lo prefieren, hagan una
abstención técnica, permitan, como nunca tendría que haber dejado de
pasar, que se vuelva a legislar desde esta Cámara. Quédense en la
oposición, como vamos a hacer nosotros; nosotros estaremos en una
oposición responsable, súmense a esa oposición responsable junto a
nosotros.
Ciudadanos, desde que entró en las Cortes en diciembre, ha tratado de
desbloquear la situación de todas las formas. En febrero llegamos a un
acuerdo con ustedes, con el Partido Socialista, un acuerdo de Gobierno
sobre las medidas de reforma que necesita este país, y fue en la
investidura de Pedro Sánchez, una investidura fallida. Posteriormente,
tras las elecciones, llegamos a un acuerdo con el Partido Popular de 150
medidas, pero la novedad no es que se haya demostrado la capacidad de
Ciudadanos de llegar a acuerdos y de saber negociar, sino que la novedad
es que hemos encontrado un marco de 100 medidas desde donde se puede
poner en marcha un Gobierno reformista y un Gobierno dentro del marco
constitucional.
Ustedes hablan de extraordinaria y urgente necesidad a la hora de
incrementar las pensiones y los sueldos de nuestros funcionarios
públicos. Nosotros no vamos a negar que creemos que es extraordinario y
urgente, pero nuestra pregunta es: ¿No creen que también es
extraordinario y urgente establecer un nuevo marco de relaciones
laborales que acabe con la precariedad, como decía nuestro compañero
Antonio Roldán, de 7 millones de trabajadores pobres? ¿No creen que
también es extraordinario y urgente realizar una reforma integral del
régimen de los trabajadores autónomos, que son los mayores creadores de
riqueza y los mayores creadores de empleo, unos 600 empleos netos al día?
¿No creen que también es extraordinario y urgente volver a reunir al
Pacto de Toledo en esta Cámara para apuntalar nuestro sistema público de
pensiones? ¿No creen que es extraordinario y urgente poner encima de la
mesa un pacto nacional por la educación, para que la educación no sea
utilizada por los diversos partidos políticos con fines electoralistas?
¿O no creen que también es extraordinario y urgente poner en marcha un
plan de lucha contra la pobreza infantil? Porque estas medidas y hasta
100 más están en ese espacio de 100 medidas que hemos acordado entre el
Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros para impulsar ese
Gobierno del que hablamos. Todas estas reformas podrían ponerse en marcha
mañana si ustedes quisieran y se sentasen a hablar.
Volviendo a la PNL, quiero decir que Ciudadanos dará su voto favorable,
como no puede ser de otra forma, incluso aunque ustedes no hablen de
ninguna cuantía, pero entendemos que la revalorización de las pensiones
se llevará en los términos establecidos legalmente por la Ley 23/2013 y
veremos en qué términos se incrementa el salario de los funcionarios.
Quiero pedirles desde aquí para finalizar que sean responsables, que sean
constructivos en la búsqueda de una solución política, que dejen de
bloquear la legislatura, que se sienten a negociar y que, por favor,
pacten porque la preocupación y el compromiso con los ciudadanos, poner
los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses del propio
partido, se demuestra con hechos y no con declaraciones como estas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el
señor Fernández de Moya Romero.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me van a permitir que mi primera valoración, antes de entrar a
debatir a fondo lo que significa esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sea una reflexión en voz alta. Señora
Rodríguez, usted ha empleado hasta en cuatro ocasiones la palabra
chantaje, permítame que le vuelva a poner de manifiesto esa expresión
diciéndole que no chantajeen más al conjunto de la nación española y no
bloqueen más la formación que el Gobierno necesita ya en el ámbito de
este país como es España. Porque ustedes con ese bloqueo, es verdad que
por el interés personal de su secretario general, están sometiendo a un
chantaje a toda la sociedad española, no respetando al ganador de las
elecciones generales que tiene toda la legitimidad para formar Gobierno y
poner en marcha todas estas medidas. (Aplausos).
Señora Rodríguez, a mí me gustaría que cuando usted se suba a esta tribuna
-curiosamente no lo ha hecho-, recuerde -y yo sí sé lo voy a recordar- lo
que ustedes hicieron con las pensiones cuando gobernaron: Zapatero
ejecuta un dramático recorte social. (Muestra un recorte del periódico
ABC). Ustedes congelaron las pensiones, ustedes rebajaron el sueldo de
los empleados públicos y usted hoy no
ha tenido el coraje y la honestidad política de en lugar de formular una
proposición no ley, traer una proposición de ley al ámbito legislativo
porque también lo están bloqueando con la finalidad de no poner en marcha
esta legislatura.
Señora Rodríguez, yo la invito a leer la sentencia del Tribunal Supremo
8303/2005, de 2 de diciembre de 2005, respecto a la validez para dictar
un real decreto-ley por parte de un Gobierno en funciones. El fundamento
jurídico noveno dice textualmente: En definitiva, el despacho ordinario
de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no
implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni
signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba
fijar el nuevo Gobierno. Esa cualidad, que excluye a un asunto del
despacho ordinario, ha de apreciarse caso por caso, atendiendo a su
naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al contexto
preciso en el que deba producirse.
Por tanto, en primer lugar, la decisión de elevar las retribuciones de los
funcionarios es una decisión política de especial relevancia, pero no se
trata solo de una decisión política, vincula al Gobierno de manera
irreversible puesto que conlleva un compromiso de gasto y afecta al
futuro del presupuesto. En segundo lugar, la decisión de elevar el
importe de las pensiones se traduce exactamente en los mismos términos
presupuestarios, pero eso sí, con una variable, la Ley 23/2013, de 23 de
diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de
revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esa ley,
que aprobó el Gobierno del presidente Rajoy, por la que se produce la
revalorización automática de las pensiones, a la que ustedes votaron en
contra, votaron no, y que ahora, cuando llegue el 1 de enero del año que
viene, con independencia de que haya o no prórroga presupuestaria, los
9,5 millones de pensionistas, con su voto en contra, verán revalorizada
su pensión gracias a un Gobierno del Partido Popular, con el voto en
contra del Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos).
Por tanto, no vengan aquí a dar ningún tipo de lección, porque ustedes
hablan de pensiones y de empleo público, pero ¿qué pasa en la prórroga
presupuestaria con el programa de ayudas para la rehabilitación de
viviendas? 550 millones de euros en el aire por la prórroga
presupuestaria por el bloqueo del PSOE. ¿Qué pasa con el Plan nacional
sobre drogas? Por el bloqueo del Partido Socialista, en el aire. ¿Qué
pasa con el Plan nacional para la inclusión social? Por el bloqueo del
PSOE, en el aire. ¿Qué pasa con el programa de violencia de género? Por
el bloqueo del PSOE, en el aire. ¿Qué pasa con el programa de igualdad?
Por el bloqueo del PSOE, en el aire. Por tanto, señora Rodríguez, son
muchas las cuestiones que tenemos que abordar, pero también con la
tranquilidad, sin lugar a dudas, de que los pensionistas pueden estar muy
tranquilos, porque fue un Gobierno del Partido Popular quien blindó las
pensiones.
Cuando hable de la hucha de pensiones tenga cuidado. Explíquele al
conjunto de la sociedad española que ustedes con un déficit estructural
en 2010 y 2011 dejaron de ingresar nada más y nada menos que 15.000
millones de euros para garantizar el sistema público de pensiones en
nuestro país y que, además, su inmensa mayoría lo dedicaron también a la
compra masiva de deuda pública en España.
Señores de Podemos, fundamentalmente hay algo que no me resisto a poner
encima de la mesa, porque me parece extraordinariamente importante.
Ustedes vienen aquí a hablar de pensiones, pero hay dos modelos que son
su referencia: Venezuela y Grecia. (Muestra y lee dos documentos). El
Parlamento griego aprueba la reducción de las pensiones y la subida de
impuestos. Venezuela no paga a sus jubilados en España desde hace nueve
meses. Ese es el modelo que ustedes practican allí donde gobiernan y, por
lo tanto, ese es el modelo que nosotros no queremos para los pensionistas
españoles. Tanto los pensionistas como los empleados públicos pueden
estar muy tranquilos de lo que significa un Gobierno que siempre ha
defendido el sistema público de pensiones y que nunca ha congelado
pensiones, a pesar de la quiebra y de la ruina en la que dejó el PSOE a
la nación española.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señora Rodríguez García, ¿acepta su
grupo la enmienda presentada?
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: No, estoy trabajando en una transaccional en
lo que se refiere solo a los empleados públicos y a la convocatoria de la
Mesa de la Función Pública.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA A ELIMINACIÓN DE LAS "PUERTAS GIRATORIAS". (Número de
expediente 162/000127).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa a la eliminación de las "puertas giratorias". Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Iglesias
Turrión.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. Josep Piqué,
Vueling. (Un ujier deposita en la tribuna un vaso de agua). Gracias. Para
esto podría estar bebiendo agua mucho tiempo. Elena Salgado, Endesa.
Rodrigo Rato, Telefónica, Bankia, Santander. Pedro Solbes, Endesa. Arias
Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Catalunya, Gas Natural, Telefónica.
Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas,
Endesa. Isabel Tocino, Enagás.
No sé si se acuerdan, señorías, de un anuncio de una conocida marca de
pilas, en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas
y horas leyendo los nombres de exministros y de ex altos cargos que han
terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El
problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es
corrupción. Es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la
democracia, sino también a la gente de nuestro país, porque es mentira
que esa gente esté trabajando ahí. Eso no es trabajar. ¿Trabaja el señor
José María Aznar en Endesa? ¿Trabajó el señor Felipe González en Gas
Natural? Cuando digo trabajar quiero decir levantarte a una hora, ir a tu
puesto de trabajo y permanecer en él ocho horas. Están en consejos de
administración ganando mucho dinero y no están allí por su cualificación,
por su preparación en las energías, sino porque gracias a que los
ciudadanos les votaron para ser representantes de la soberanía popular
adquirieron por mediación de su cargo público una serie de contactos y de
influencias que esas empresas estratégicas se compran. Me compro a un
expolítico para convertirlo en un comercial y ganar dinero. Un amigo
socialista me decía hace tiempo: claro, Pablo, pero el problema es que si
prohibimos esto al final solamente van a los consejos de administración
de las grandes empresas los expolíticos de la derecha. Lo que pasa es que
tengo la impresión de que ningún expolítico, ningún exministro, ningún
expresidente está en un consejo de administración de una gran empresa
para defender a la gente. ¿Se imaginan ustedes al señor Aznar, al señor
González, a la señora Elena Salgado, al señor Rodrigo Rato, al señor
Pedro Solbes diciendo a una de esas empresas energéticas: No les vamos a
consentir que dejen sin calefacción y sin luz a ningún español porque eso
es una vergüenza, porque es una vergüenza que en mi país haya empresas
energéticas, empresas que han recibido favores de gobiernos de este país,
que por pobreza sobrevenida a familias españolas, que no pueden pagar,
las dejen en un país del G-20, en un país de la Unión Europea sin
calefacción o sin luz este invierno. ¿Se imaginan ustedes a uno de esos
exministros o a uno de esos expresidentes defendiendo esta posición en el
consejo de administración de una empresa estratégica? Ustedes no y yo
tampoco, porque van allí a llevárselo crudo, a ganar mucho dinero, a
entender esa posición como una suerte de jubilación dorada después de
haber firmado un contrato con los ciudadanos y eso es corrupción, aunque
sea legal. (Aplausos).
Esto que estoy diciendo es absolutamente transversal, no divide a la gente
de nuestro país. El 99 % de los ciudadanos españoles considera una
vergüenza que haya exministros y expresidentes que se sienten en consejos
de administración de empresas estratégicas, voten lo que voten. Por eso,
si existe un consenso como este en nuestro país, ¿por qué no prohibimos
de una vez y de manera clara, sin trampas legales y sin letra pequeña, la
presencia de exministros y expresidentes en consejos de administración de
grandes empresas? Porque jamás nadie ha conseguido dar un argumento para
justificar esa presencia, porque eso es corrupción legal, porque eso pone
en cuestión el fundamento mismo de la democracia. La corrupción,
señorías, no es solamente que falten dedos de la mano para contar los
imputados e investigados por corrupción en el Partido Popular. No es
solamente eso. ¡Ojalá fuera simplemente una suma de indignidades en un
partido! La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden
los que no se presentan a las elecciones.
Esos que no se presentan a las elecciones pero que tienen mucho dinero y
mucho poder, a través de las "puertas giratorias" compran a gente como
ustedes. Les compran a cambio de dinero para que actúen como sus
comerciales, como sus vendedores y como sus enlaces en países
extranjeros. Eso es una burla a la democracia, porque la democracia se
fundamenta en que en última instancia los representantes de la
soberanía popular no responden ni representan a los consejos de
administración, sino que representan a la gente. (Aplausos).
Por eso, con esta proposición no de ley, que esperamos que salga adelante
y que va en la dirección de proposiciones similares que hemos presentado
en asambleas legislativas de las comunidades autónomas, queremos instar
al Gobierno a promover una normativa clara para que esa lista infame de
nombres que podríamos estar leyendo aquí durante horas forme parte de la
historia en nuestro país. España se merece no tener que pasar nunca más
la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos
de administración de empresas estratégicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus
grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el
señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Por premura del tiempo seré breve y, como se dice, iré duro y a la encía.
Hace más de un año en las redes sociales hubo una noticia que corrió como
la pólvora y que decía algo así como que un expresidente quedó atrapado
en una puerta giratoria y fue rescatado por los bomberos. El expresidente
era Felipe González. La noticia se demostró falsa -era de un medio
satírico-, pero no dejaba de encerrar una gran justicia poética y también
buenas dosis de verdad -se ha recordado antes por el proponente de la
iniciativa, que vamos a apoyar desde Euskal Herria Bildu, una serie de
nombres de políticos que han pasado a consejos de administración-, y digo
que encerraba una gran parte de verdad porque Felipe González pasó al
consejo de administración de Gas Natural Fenosa con un sueldo precario de
127.000 euros al año; Aznar engrosó las filas de Endesa con un contrato
de becario de 200.000 euros al año, y De Guindos tuvo la mala suerte de
tener un contrato en prácticas por 368.000 euros al año en la empresa
Endesa. Esa es la realidad que ha adornado la política española en el
mismo día en que las tarjetas black siguen alumbrando a una sociedad cada
vez más cansada y hastiada de tanta corrupción y de tanto nepotismo en el
uso del poder.
Apoyaremos la iniciativa porque queremos explicaciones y queremos
acciones. Queremos saber quién es quién a cada lado de la puerta,
queremos saber quién engrasa la puerta y queremos saber quién manda aquí
de verdad. Hoy no está ni el Gobierno, que formalmente manda, ni quienes
realmente mandan, que son los dirigentes de las transnacionales.
Para terminar, quiero decir simplemente que por parte de Euskal Herria
Bildu solo podríamos dar explicaciones -y al igual que nosotros el
ministro del Interior también podría darlas, si estuviera aquí, porque
nos conoce muy bien- sobre cómo no aprovechar las instituciones para el
lucro propio. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora
Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la enmienda del Partit Demòcrata Català en
relación con un tema tan interesante, importante y necesario como el que
nos ha planteado el señor Iglesias esta tarde aquí. Estamos muy de
acuerdo con lo que usted dice. Compartimos la necesidad de poner coto a
los trapicheos, a la corrupción y a toda esta suerte de vulneración de la
deontología y la ética política con nombres propios muy importantes,
pero, como ustedes bien dicen en la proposición no de ley, tenemos un
plus de responsabilidad.
Señorías, aquí hay que venir a hacer un trabajo al que, si bien es
necesario escuchar la voz de la calle, hay que darle rigor para que
fructifique en una buena iniciativa que conlleve transparencia y que
permita que no haya profesionalización en la política pero sí que buenos
profesionales pasen a hacer política para que todo el país se pueda
beneficiar de su buen hacer y de sus conocimientos. Es necesario abordar
esta cuestión tan sensible -a nuestro entender- desde un diálogo sereno.
Si bien podemos entender por qué usted utiliza palabras como prohibir
absoluta y permanentemente, es lógico que podamos pensar o que le digamos
que ello necesariamente no conlleva transparencia, y menos en el país del
Lazarillo de Tormes y de Rinconete y Cortadillo. Por tanto, conviene
facilitar que aumente la transparencia, sobre todo para poder seguir el
trazo y, por ejemplo, poder regular la legislación de lobbies y de grupos
de interés con medidas concretas.
Una cuarentena de diez años. ¿Siempre es necesaria una cuarentena de diez
años para un buen profesional -imagínese usted, señor Iglesias, un
profesional de la energía nuclear- que venga a prestar su servicio por un
tiempo determinado como asesor? ¿Es necesario que no pueda volver en diez
años a hacer aquello que él sabía hacer perfectamente? Creo que nos
haríamos un flaco favor. Le proponemos que abran la intención de esta
proposición no de ley que compartimos, pero que queremos trabajar para
que fructifique, para que en la nueva comisión contra la corrupción que
vamos a crear podamos incardinar una subcomisión que trabaje en esta
línea, que se comprometa a optimizar los recursos que existen, como por
ejemplo la Oficina de conflictos de intereses, y que no dependa del
Ministerio de Hacienda, que dependa de esta Cámara, estilo L'Oficina
Antifrau de Catalunya. Existen muchísimos ejemplos. Si no quisiera
aceptar la nuestra, le propondría una enmienda transaccional in voce para
poder conseguir un consenso y dar un mensaje claro a la ciudadanía de que
no estamos haciendo precampaña electoral, sino que queremos solucionar
sus problemas, abrir su enmienda, intentar que nos podamos sumar en un
texto con el que lógicamente ustedes se sientan cómodos y poder
establecer todos una subcomisión en el seno de la nueva comisión que
vamos a crear esta tarde contra la corrupción y a favor de la
transparencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En último término, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, el clientelismo
amenaza el futuro económico de España. Esta es la tesis que se sostiene
entre los economistas de mayor prestigio en nuestro país. Les recomiendo,
entre otras, la lectura del muy interesante artículo de Josep Pijoan-Mas
y de Manuel García-Santana titulado Growing like Spain, Creciendo como
España, cuyas conclusiones han sido avaladas por Transparencia
Internacional y que resultan simplemente demoledoras. El clientelismo en
España nos ha llevado, señorías, a que entre 1995 y 2007 se haya
consumido en él un 4 % del producto interior bruto, o lo que es lo mismo,
el capitalismo de amiguetes nos estaría costando unos 47.500 millones de
euros al año, como también denunció a principios de 2015 la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia.
El análisis de los años previos a la crisis muestra una paradoja: cuando
la economía crecía, sorprendentemente no lo hacía la productividad en
nuestro país, porque en cada sector los recursos no se asignaron a las
empresas más productivas, sino a las que mejores relaciones tenían con
los Gobiernos de turno. Estamos en un capitalismo clientelar, estamos en
un capitalismo de mordida que se plasma en los consejos de
administración, un caso claro de corrupción legalizada y en diferido. Yo
creo que la ciudadanía ya está muy cansada de esta situación. Las
"puertas giratorias" y todo el corporativismo parasitario que se ha
construido a su alrededor son un problema muy importante que ha de ser
atajado ya. Hemos de penalizar el clientelismo para que deje de verse
como algo normal, y esto es lo que tenemos que votar ahora.
Compromís apoya esa proposición no de ley, porque tenemos el compromiso de
renovar la confianza de la ciudadanía en la política, porque hemos de
apostar por la regeneración democrática de nuestras instituciones y
porque hemos de ser, señorías, ejemplo de transparencia y responsabilidad
política y pública. Esto es lo que nos llevó, por ejemplo, a la
aprobación por las Cortes Valencianas, el pasado 14 de abril, de la
proposición de ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de
personas con cargos públicos no electos, una iniciativa de Compromís con
el apoyo de Podemos y de los socialistas, un ejemplo de lo que puede
hacer un Gobierno de cambio. Nos hubiera gustado que este texto hubiera
venido aquí como una proposición de ley. No ha sido así, pero si llegara
a iniciarse el trámite parlamentario -confiamos en ello- para su
conversión en ley, sí que nos gustaría que quedara precisado el alcance
de su punto primero, por seguridad jurídica, y que quedara definido con
más claridad qué es lo que ha de entenderse cuando se alude en el texto a
sectores estratégicos del Estado, porque esa referencia queda muy
indeterminada.
Por lo demás, enhorabuena por esta proposición. Esperamos que pronto
llegue a desplegar toda su eficacia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas
Pérez.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, discutimos una PNL para la eliminación de las
"puertas giratorias". Compartimos que el tema de las "puertas giratorias"
es un problema grave para España, una cara más del capitalismo de
amiguetes que Ciudadanos viene denunciando. En este caso, existen a todas
luces conflictos de intereses entre la actividad pública y la privada,
que además de ser reprobables desde un punto de vista ético -esperamos
trabajar para que se puedan reprobar también desde un punto de vista
legal- pervierten el funcionamiento del libre mercado y hacen que
determinadas empresas no compitan en igualdad de condiciones. Por tanto,
es un tema que nos preocupa, y en eso coincidimos.
Hemos presentado posibles soluciones para esta cuestión en nuestros
programas electorales. Hemos consensuado posibles soluciones, primero con
el Partido Socialista, en la legislatura anterior, y después con el
Partido Popular, en esta legislatura, en esos pactos, primero de,
Gobierno y, luego, de investidura a los se ha opuesto Podemos. Es bueno
regular estas situaciones. En otros aspectos, el Grupo Podemos y el Grupo
Ciudadanos difícilmente vamos a poder hacer cosas en conjunto, pero sí
que vamos a poder trabajar juntos para intentar resolver este problema.
Es un problema tan importante que no se resuelve, permítame, señor
Iglesias, con esta chapuza que nos han presentado. Es un problema tan
importante que no se resuelve con una PNL incompleta, poco rigurosa y
peligrosamente ambigua. Es peligroso legislar con técnicas panfletarias,
que es la sensación que nos produce esta PNL. Es un problema que merece
atención y buena técnica legislativa -aunque en este caso estemos
hablando de una PNL- para dar soluciones eficientes y eficaces que lo
atajen.
En el punto 1 ustedes hablan, como ha comentado antes otro portavoz, de
prohibiciones absolutas de ser alto cargo de una empresa de un sector
estratégico. Sé en qué están pensando ustedes; es un problema que
compartimos. Estamos pensando en esa lista de expresidentes y exministros
que... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señoría. Por favor, guarden silencio.
El señor VILLEGAS PÉREZ: ... no sabemos si trabajan o no trabajan para
grandes empresas, pero que efectivamente cobran de ellas y no sabemos por
qué. Pero con ese texto que ustedes nos han presentado ninguna persona
que haya sido alto cargo en la Administración pública podría ser
administrador de una pequeña empresa de transporte. Sí, señor Iglesias.
Hay que afinar en la técnica legislativa. El panfleto no vale para
legislar y no vale para aprobar textos en esta Cámara. (Aplausos). Hay
que eliminar, efectivamente, las "puertas giratorias", pero, como le
decía el portavoz que me ha precedido, no excluir el talento de la
sociedad civil, que puede prestarlo a la Administración para luego volver
a esa sociedad civil; obviamente, sin que haya conflictos de intereses.
Si no, al final, solamente podrán ser altos cargos profesores de
universidad; está bien que lo sean, pero debe entrar más talento de la
sociedad civil y no se le debe expulsar de la gestión pública. Eso en
cuanto al punto 1.
En cuanto al punto 2, efectivamente, creemos que el plazo es excesivo.
Nosotros proponemos cinco años, pero eso se podría discutir y podríamos
llegar a acuerdos. Creemos que también sería bueno añadir la actividad
indirecta, que es por la que muchos ex altos cargos se están saltando la
actual legislación de incompatibilidades, y por eso lo hemos añadido
también a las enmiendas que hemos presentado a su proposición no de ley.
Luego está lo que no se regula, lo que falta, que es casi todo en esa PNL.
¿Qué pasa con los conflictos de intereses de los diputados? ¿Qué pasa con
las "puertas giratorias" en la judicatura? Nosotros proponemos ese mismo
plazo para que los jueces no puedan entrar y salir y volver a su puesto.
¿Qué pasa con el asesoramiento a potencias extranjeras? Quizá también
deberíamos regularlo, señor Iglesias, para que no nos gobierne quien no
hemos votado. (Aplausos).
En todo caso, es un tema demasiado importante para despacharlo con una PNL
de dos puntos y, por lo tanto, yo también creo que deberíamos llevarlo a
esa Comisión contra la corrupción y por la transparencia que va a empezar
a trabajar en este Congreso.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez
Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señora presidenta.
Señor Iglesias, en la conferencia política del PSOE de 2013 tratamos este
y otros asuntos con mucha tranquilidad y mucho sosiego. En aquella
ocasión, yo decía que el movimiento del 15-M había hecho las preguntas
correctas, pero que no era capaz de dar las respuestas adecuadas por su
propia negativa a articularse políticamente o a establecer portavocías
políticas que le permitieran entrar o salir más allá de la plaza. Ustedes
asumieron parte de esa herencia política. Yo creo que lo hicieron con
inteligencia. Recogieron del suelo unas banderas que aparentemente la
izquierda tradicional no se atrevió a recoger y las tradujeron en
política. Pero me temo que, al heredar esa herencia, también han heredado
-aparentemente, al menos, al leer su propuesta- la dificultad para pasar
de las musas al teatro. Por lo que veo, voy a coincidir con alguno de los
compañeros que me han precedido en el uso de la palabra.
Usted y sus compañeros a veces adoptan una actitud en el Parlamento, en la
política en general, de analistas, de académicos. Ustedes describen, son
descriptores, pero aquí venimos a prescribir. Yo creo que en ese salto
del puro análisis a la propuesta es donde falla lo que ustedes nos
presentan, al menos en este caso. En el Parlamento no basta con hacer un
buen análisis y, por supuesto, no basta con leer la larga lista que nos
ha leído de personas que han utilizado esas "puertas giratorias", porque
aquí venimos para avanzar y para proponer soluciones. Digo esto porque
compartimos con ustedes la preocupación sobre el fenómeno de las "puertas
giratorias" y compartimos buena parte de su análisis, pero, incluso
partiendo de él, la conclusión a la que ustedes llegan nos parece difícil
de compartir; es una especie de huida hacia adelante, una especie de
vamos a tirar el niño con el agua sucia, porque para anular los efectos
de las "puertas giratorias" proponen una solución tan sencilla como
contraproducente. Ahora hay una prohibición de dos años para que un alto
cargo pueda pasar a trabajar para una empresa con cuya actividad haya
tenido relación directa; sin embargo, ustedes lo convierten en una
eternidad, literalmente. Los ministros, los subsecretarios, los
secretarios generales, los delegados del Gobierno, los embajadores, los
secretarios generales técnicos y los directores generales, que son
funcionarios, no podrían trabajar nunca más en ninguna empresa de los
sectores estratégicos del país. Conclusión práctica: un director general
de reclutamiento del Ministerio de Defensa, treinta años después de dejar
de serlo, no podría ser consejero de una televisión local, porque en la
redacción de su propuesta dicen ustedes que no podrán trabajar en
empresas de sectores estratégicos. Si hubieran puesto "empresas
estratégicas", sabríamos a lo que nos referimos; pero si su propuesta
dice "empresas de sectores estratégicos", cualquier empresa de
transportes, cualquier empresa de telecomunicaciones, cualquier empresa
de audiovisual podría ser entendida así. Por lo tanto, nos parece que
partiendo de un análisis razonable -que podemos compartir en buena
medida, como ha hecho el compañero de Ciudadanos- al final se llega a una
conclusión errónea y contradictoria. Usted dice que el director general
de reclutamiento no puede formar parte en toda su vida de un consejo de
administración y, sin embargo, al del órgano regulador, que sí ha tenido
relación directa con el mundo económico, solo le pone diez años. Es
decir, a un director general que nunca en su vida ha tocado un papel que
tenga que ver con una empresa se lo prohíben para toda la vida; sin
embargo, para los miembros de un órgano regulador, que por su propia
naturaleza tendrá relaciones con esas empresas, proponen solamente diez
años. Por lo tanto, yo creo que hay que afinar la propuesta más allá de
la nariz. Creo que con la propuesta absoluta y permanente hay un problema
de inconstitucionalidad, porque se produce una especie violación del
principio de interdicción de la arbitrariedad. Decirle a una persona que
cuarenta años después de tener una responsabilidad no puede trabajar en
un sector, sinceramente, presenta problemas; también los tendría desde el
punto de vista de la retroactividad, pero no voy a hacer una intervención
profesoral, no voy a hacer solo descripción, sino que quiero avanzar. Por
otra parte, el concepto "sector estratégico" es muy vago. Habría que
aclararlo, porque ni ustedes ni nuestra normativa propia lo aclaran y,
por tanto, ahí hay otro agujero en su argumentación.
Hay otro asunto que ha sido tocado parcialmente por la señora Ciuró, y es
que la tendencia en la Unión Europea es la contraria. No digo la
contraria en el sentido de poner expolíticos en los consejos de
administración, sino la contraria en el sentido de meter consejeros no
dominicales, consejeros no ejecutivos que representen no solo los
intereses de los accionistas, que siempre estarán encaminados a maximizar
el beneficio, sino que tengan en cuenta los intereses de los proveedores,
de los usuarios, de los clientes de dichas empresas. Mirémoslo también
desde ese punto de vista. Además debo decirle que este tipo de consejeros
no dominicales ha permitido una gran presencia de mujeres en consejos de
administración, cosa que de otra forma seguramente no hubiéramos
conseguido. Esto tiene que ver con algo de lo que hablaremos en otro
momento, que es cómo hoy día el ciudadano se siente indefenso no ante su
ayuntamiento, sino ante
Telefónica, ante Google, ante Apple. Esa relación de poder es la que
tenemos que examinar. Por eso le proponemos pasar la discusión técnica de
cómo articulamos esta cuestión a la Comisión de calidad democrática.
Ustedes proponen para la eternidad, nosotros proponemos cinco años
revisables y otros compañeros proponen cinco años. Le quiero demostrar
que hay dificultades con su texto para llevarle a la conclusión de que
podemos aprobar la proposición política de acabar con las "puertas
giratorias", pero tenemos que analizar las demás cuestiones técnicas
tranquilamente en comisión, porque el asunto merece esa atención. Creo
que faltan cosas; faltan los parlamentarios y falta una interpretación de
la independencia de la Oficina de conflictos. De todas maneras, me alegro
de que su partido vaya lentamente pero con un poco más de seguridad
pasando de las musas al teatro. Bienvenido. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Legarda
Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
La PNL sobre la eliminación de las "puertas giratorias" que hoy debatimos
nos sugiere una doble reflexión sobre la exposición de motivos y sobre
las medidas concretas, que en parte va a ser coincidente con exposiciones
y argumentos de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. La PNL dice nacer para hacer frente a los casos en los que se
incorpora a una empresa privada un ex alto cargo con altas
responsabilidades y sueldo, lo cual, se sigue diciendo, cuando no se da
en una situación de transparencia, genera una problemática ética y
deontológica por la intromisión del interés privado en el público. Por
ello, se propone un sistema de incompatibilidades adecuado a la realidad
social y política, que sirva de base contra la corrupción y renueve la
confianza democrática.
En esta exposición de motivos nos llama la atención que el centro del
problema del paso de un alto cargo de la Administración General a la
empresa privada se cifre en la falta de transparencia -según dice la
exposición de motivos- de ese paso y no en el conflicto de intereses
público y privado del alto cargo cesante y de la empresa a la que se
incorpora. Hoy en día -hay que decirlo-, desde la Ley 5/2006, pasando por
la actual 3/2015, no existe objetivamente un problema de transparencia ni
de regulación ni de control de cumplimiento. Cosa distinta es que la
regulación en su caso no nos satisfaga, pero es diferente a la falta de
transparencia.
También nos llama la atención en la exposición de motivos que cuando se
reclama una regulación adecuada a la realidad social y política de hoy en
día se hace sin concretar ni definir cuál es esa realidad que a su juicio
se da, aunque cabe inferirla de la lectura de la parte propositiva de la
iniciativa, cuando se sugiere la prohibición absoluta y permanente en
sectores estratégicos del Estado a alguno de los ex altos cargos que
contempla la norma. Esta limitación que se pretende es absoluta, aunque
el puesto desempeñado por el ex alto cargo no tenga relación objetiva ni
de lejos con el ámbito privado al que se pretende ingresar. También se
califica como permanente, de por vida, cuando la actividad privada se
proyecte en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado. La
pregunta es: ¿Y cuáles son esos sectores estratégicos? ¿Podría ser, como
en Francia, la propia cultura un sector estratégico? ¿Podría serlo la
universidad, por la formación de talento dirigente de una sociedad? En
definitiva, es una cuestión abierta. ¿Y no les parece esta limitación,
como ya se ha indicado, una exageración que no responde a la realidad
social y política que dicen atender? ¿Quién va a querer ser un alto
cargo, cuando las limitaciones le van a perseguir de por vida?
Consideramos que esto, como ha manifestado algún compareciente anterior,
empobrece la sociedad.
La segunda medida que se propone, la de reformar las incompatibilidades y
aumentar desde los actuales dos hasta los diez años el periodo de
carencia para todo el ámbito subjetivo del artículo 1.2 de la ley, nos
suscita también dos cuestiones. Se aprecia en primer lugar una
incongruencia entre el primer apartado y el segundo de la proposición. No
se puede reclamar en el primero una incompatibilidad absoluta y
permanente y en el segundo -y para las mismas personas, parcialmente- que
el periodo de carencia lo sea por diez años. Tampoco compartimos que el
periodo de carencia sea tan abultado -diez años-, ya que en un mundo
acelerado, competitivo y globalizado diez años fuera de un ámbito,
empresa o servicio suponen la desaparición de por vida del mismo.
En definitiva, señorías, nos ha sorprendido el trazo grueso con el que
está elaborada la PNL examinada, por lo que se nos hace difícil su apoyo,
aunque tampoco nos opondremos. Seguro que en una cuestión tan delicada
como esta pueden encontrarse mejoras en el sentido buscado. Por eso, si
el grupo proponente aceptara alguna de las enmiendas sugeridas,
cambiaríamos la disposición de nuestro voto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la
señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots. Gracias, señora
presidenta.
Cuando en la economía de un país se suma un excesivo peso de los sectores
regulares más un dominio de las relaciones clientelares, no tenemos un
problemón, señorías, tenemos un auténtico drama. Las "puertas giratorias"
en el Estado español son una lacra institucionalizada por los dos grandes
-ya no tan grandes, si me permiten- partidos españoles. De hecho, a esto
se le llama corrupción; si quieren, corrupción legalizada, y si les gusta
más, corrupción en diferido, pero sin duda alguna, corrupción. Dejen que
haga una pregunta: Si un político en activo emplea el BOE para
privilegiar a un empresario a cambio de una mordida, ¿hablamos
directamente de corrupción? Supongo que sí -ustedes ya están
acostumbrados en sus filas a padecerlo-, claro, porque es un abuso del
poder político en beneficio propio y directamente en contra de la
sociedad. Pero ¿y si el político en activo privilegia a un empresario a
través del BOE y se cobra la mordida años después en forma de sueldazo
dentro de su cargo en la Administración? ¿Cómo se le llama a esto? Se lo
diré yo: se le llama corrupción en mayúsculas. (Rumores). Esta repugnante
práctica es la que lleva años institucionalizada, como decía...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señoría.
Señorías, guarden silencio, por favor. No se escucha a la oradora.
La señora JORDÀ I ROURA: Decía que esta repugnante práctica es la que
lleva años institucionalizada entre los políticos del Partido Popular y
del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, un 7 % de los consejeros
del Ibex son expolíticos. Su mayor balneario es -ya se ha hablado de ello
hoy- Telefónica: Urdangarin, Rodrigo Rato, Zaplana, el marido de la
vicepresidenta en funciones y, claro está, la gran Andrea Fabra -no sé si
se acuerdan, algunos de ustedes sí; yo sí, porque estaba aquel día-, la
que dijo sin tapujos aquello de: que se jodan. Pero podemos seguir:
Acebes en Iberdrola; María Ángeles Amador, del PSOE, en Red Eléctrica;
Aznar en Endesa; Borrell en Abengoa; Felipe González en Gas Natural;
Matutes en el Banco Santander; Elena Salgado en Endesa; Javier Solana en
Acciona, etcétera, etcétera, etcétera.
Dejen que me detenga en una de las "puertas giratorias" mejor engrasadas
del Estado español, la que nos lleva al paraíso del sector eléctrico.
¿Recuerdan la reforma del sector eléctrico? ¿Aquella que aprobó el
Partido Popular y tutorizó el protagonista del verano, el ministro Soria?
¿Se acuerdan? Sí, es aquella que penalizó justamente el autoconsumo, que
introdujo los cambios normativos de carácter retroactivo para las
renovables y que dio además prioridad para saldar el llamado déficit
tarifario, calculado en más de 30.000 millones de euros. ¿La recuerdan,
verdad? Pues bien, aquella reforma sirvió básicamente para beneficiar al
oligopolio de cinco grandes empresas del sector, en connivencia, claro
está, con el poder político. Podemos afirmar, señorías, sin equivocarnos
que las "puertas giratorias" entre ministerios y consejos de
administración de las grandes eléctricas son uno de los principales
déficits democráticos que existen; de hecho, podemos afirmar que da
verdadero asco. Pero lo peor en este caso concreto es que gracias a esta
privatización hoy existe la pobreza energética. Las "puertas giratorias"
-atención- en este caso concreto -en muchos otros también- destruyen
vidas, señorías. Así de cruel. La democracia en el Reino de España es una
de las que tienen una calidad más ínfima. Les voy a decir más, ni tan
siquiera es digna de llamarse como la llama mi compañero Joan Tardà,
democracia de low cost. Esta democracia, la democracia española, es
amiguismo, es partitocracia, es "puertas giratorias", es disciplina de
voto, es tráfico de influencias, es sobres, es cajas B, etcétera,
etcétera, etcétera; una verdadera orgía de los principios que permiten a
cualquier sociedad ejercer con plenitud la democracia como única forma de
vivir pacíficamente y en armonía en una sociedad.
Los republicanos catalanes -y acabo, señora presidenta- apoyaremos todas
aquellas medidas que fortalezcan la democracia donde sea y que terminen,
evidentemente, con esta lacra. Lo haremos mientras estamos construyendo
la república catalana, un nuevo Estado, un Estado que empodere a la
ciudadanía y la haga sentir plenamente responsable y partícipe de su
futuro, un Estado que recupere la confianza en las instituciones que lo
representan, en definitiva una república guiada por los valores de
equidad, solidaridad y tolerancia, para construir un país que se parezca
lo menos posible a este.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés
Bureta.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, venía a esta Cámara convencida de que todos los que nos sentamos
aquí hemos llegado con una vocación de servicio público, pero, oyendo
alguna de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, lamento comprobar cómo ese servicio público se ha
convertido en hacer público el escaso servicio que algunos están
ofreciendo a los ciudadanos. (Aplausos).
Aquí se ha hablado de corrupción, y siempre se habla de corrupción en
mayúsculas, pero a veces se pasan por alto pequeños fraudes, y a mí
también me parece un pequeño fraude a las instituciones, en este caso al
Congreso de los Diputados, presentar una iniciativa y luego utilizar el
tiempo de defenderla para lanzar una serie de reproches y acusaciones a
un lado y al otro del hemiciclo y no para presentarla. No seré yo quien
defienda al Partido Socialista, señorías, aunque quizá en esta ocasión
toda ayuda podría ser buena, pero sí me referiré a mi partido, al Partido
Popular, al que tengo el gran honor de pertenecer y al que represento hoy
en esta tribuna.
Algunas de estas acusaciones que se han lanzado intentan enturbiar el
papel de mi formación política y de algunos de los políticos que han
contribuido a que en España tengamos en la actualidad una democracia de
las más avanzadas de Europa, un país en el que los ciudadanos disfrutan
de una de las mayores cartas de derechos fundamentales de nuestro
entorno, un país en el que todos los que estamos aquí sentados hemos
podido concurrir a unas elecciones libres, en el que los ciudadanos se
han acercado a las urnas a votar libremente, en el que podemos estar
debatiendo todos aquí esta tarde con absoluta libertad. Puedo entender
que los que son jóvenes y se han encontrado con todo esto hecho quizá no
aprecien lo que ha costado conseguirlo, pero ha costado muchísimo, y en
esa labor y en ese trabajo ha estado una formación como la mía, el
Partido Popular, desde el principio, trabajando para que esto pudiera
llegar a ser así. (Aplausos).
Señor Iglesias, usted habla muy deprisa; yo también, pero le he escuchado
muy despacio. Ahora escúcheme, porque me gustaría decirle una cosa.
Ustedes han planteado esta iniciativa y ustedes son los que definen y
deciden qué es una puerta giratoria y qué no lo es, y lo han utilizado
para determinadas personas que llegan a determinados puestos, pero a lo
mejor alguien puede pensar -y digo solo a lo mejor- que una puerta
giratoria también es irse a impartir un máster a la universidad o volver
a un juzgado a ocupar su puesto de juez. Alguien lo puede pensar,
señorías. ¿O van a ser ustedes quienes decidan qué es una puerta
giratoria y qué no lo es? ¿O va a depender de quién ocupe el puesto? Yo
he escuchado hablar de "puertas giratorias" para cuando se abandona la
política, pero la puerta giratoria, como su nombre indica, da la vuelta.
A lo mejor también hay "puertas giratorias" y conflictos de intereses
para los que entran en la política. A lo mejor -y digo solo a lo mejor-
alguien puede pensar que en el caso de esos jueces o esos guardias
civiles que se incorporan a una candidatura esperando a recibir la orden
de llevar a la cárcel a los del Partido Popular también se puede producir
un conflicto de un interés particular y personal con un interés general.
(Aplausos); o alguien puede pensar -y digo a lo mejor- que quien ha
estado asesorando, defendiendo o ayudando a construir unos regímenes
dictatoriales puede tener un conflicto de intereses en un sistema
democrático. Alguien puede llegar a pensarlo y nadie lo echa en cara y
nadie lo pone encima de la mesa.
A ustedes les gusta presumir de que son nuevos en política o son
formaciones nuevas, como decía antes, pero en el Partido Popular no les
hemos esperado a ustedes para debatir sobre esta cuestión, que nos parece
importante y preocupante, porque fue un Gobierno del Partido Popular el
que reguló el ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado en una ley, una ley que recogió y endureció un régimen de
incompatibilidades y que reguló la salida de esos altos cargos y su
reincorporación al mercado laboral. De lo que realmente estamos hablando,
señorías, es de que si queremos que nuestro sistema funcione y funcione
bien debemos garantizar y favorecer que grandes profesionales se acerquen
a la Función Pública y allí desenvuelvan su labor, aporten su
conocimiento, su experiencia y su trabajo, pero luego, con la misma
facilidad con que les abrimos las puertas para que lleguen a esta Función
Pública, cuando decidan marcharse o cuando nosotros decidamos prescindir
de ellos, también debemos facilitarles su salida y su reincorporación al
mercado laboral. No podemos condenarles a la muerte civil y a la muerte
laboral.
Fíjese si nos preocupa que en el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos,
en el punto 107, hemos incluido el compromiso de seguir endureciendo las
incompatibilidades para el caso del cese de los altos cargos, y
estaríamos trabajando ya en ese compromiso si esta Cámara, en un
ejercicio de responsabilidad y democracia, hubiese permitido que el
partido que ganó las elecciones hubiese conformado el Gobierno; eso
también es un fraude a la democracia, y especialmente se lo digo a las
señorías del Partido Socialista.
Eso también es un fraude a la democracia, y no se lo digo yo, se lo dicen
los ciudadanos, que elección tras elección van perdiendo la confianza en
su formación política, como lo demuestran los resultados de este último
fin de semana. Señorías, no se permitió la formación de ese Gobierno y
hoy nos encontramos otra vez aquí debatiendo y votando unas iniciativas
que todos sabemos que no van a servir para nada si no se forma ese
Gobierno.
Acabo, señora presidenta. Nuestra obligación es trabajar por el interés
general, señorías, no generalizar intereses particulares, porque eso no
es lo que esperan los ciudadanos que hagamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Iglesias Turrión, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas
presentadas?
El señor IGLESIAS TURRIÓN: El espíritu de alguna de las enmiendas
presentadas podría tener un carácter complementario, pero todas ellas
plantean la modificación del punto que se refiere a la prohibición de las
"puertas giratorias", que es el tema fundamental de la proposición no de
ley. Por tanto, no las aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR QUE LOS
SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012
TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 %. (Número de expediente
162/000103).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos
pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen
efectivamente al tipo del 10 %.
Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el señor De la
Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, este año no van
bien las cuentas públicas, pero todavía iban peor en el año 2012 y fue en
ese caldo de cultivo donde nos encontramos con subidas indiscriminadas de
impuestos, con recortes al Estado del bienestar y con unas cosas
denominadas regularizaciones fiscales, más y mejor conocidas como
amnistías fiscales. Recordando a los clásicos, como Platón: la justicia
es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y subirle los
impuestos -que es lo que se hizo en 2012- a los que ya los pagaban,
mientras se perdonaban impuestos a los defraudadores es cualquier cosa
menos justicia. Además, ese proceso de amnistía fiscal no solamente fue
injusto, fue una enorme chapuza. Ese proceso consistió básicamente en la
firme y decidida voluntad de ir dándole cada vez más facilidades a los
defraudadores; que estos defraudadores, en algunos casos, fuesen cercanos
a los partidos que apoyaron esta medida -el Partido Popular en el
Gobierno y el partido antes conocido como Convergència- a lo mejor es una
casualidad pero, en cualquier caso, no fue justo. Como no podemos poner a
un inspector de Hacienda detrás de cada español, poner un poco de
justicia en el sistema fiscal es la única forma de conseguir cuadrar las
cuentas y evitar subidas indiscriminadas de impuestos y recortes en el
Estado del bienestar.
Como les decía, el proceso de amnistía fiscal fue no solamente un error,
sino una chapuza. En ese periodo hubo un par de cuestiones que sería
importante reseñar: en primer lugar, una orden ministerial que permitía
regularizar dinero en efectivo. Como todos ustedes saben -no hace falta
ser inspector de Hacienda para saberlo-, el efectivo no es rastreable y,
por tanto, el riesgo grave de blanqueo de capitales estaba y está ahí.
(Rumores). Hay una segunda cuestión y es que la amnistía fiscal no
cumplió ninguno de sus objetivos y una de las razones fundamentales es el
informe que hoy nos trae aquí, el informe de la Dirección General de
Tributos de 27 de junio. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor De la Torre.
Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Como sus señorías seguramente no regularizaron,
a lo mejor no tiene tanto interés esta moción para todos ustedes.
(Aplausos).
Este informe permitía básicamente dos cuestiones: en primer término,
establecía que las declaraciones tributarias no fuesen comprobables; es
decir, se permitió a los defraudadores hacer lo que les diese la
gana literalmente. En segundo, este informe establecía también que se
tributase muy poco. Se acabó tributando no el 10 % que decía el
Decreto-ley 12/2012, la norma de la amnistía, no el 10 % sobre la cuantía
de los bienes aflorados, sino solamente el 10 % de las rentas de los
últimos cuatro años; es decir, se acabó pagando menos de un 3 %.
Los resultados de la amnistía fiscal fueron un enorme desastre. Como les
estamos diciendo, aunque afloraron supuestamente 40.000 millones de
euros, solamente se recaudaron 1.193 millones de euros, menos del 3 %.
Por otra parte, este dinero no volvió a España y esto lo sabemos porque
los cálculos se han hecho a base de la declaración de bienes en el
extranjero y, por tanto, del dinero que seguía estando fuera cuando más
lo necesitábamos. La declaración de bienes en el extranjero sí es un
acierto del Gobierno del Partido Popular, eso hay que reconocerlo, pero
también es cierto que si, a diferencia de lo que hizo por ejemplo el
señor Berlusconi, no se obliga a traer el dinero de vuelta cuando se
hacen amnistías fiscales, luego el dinero se nos queda fuera.
Recientemente el Ministerio de Hacienda ha dicho dos cosas sobre la
amnistía fiscal. En primer lugar, que los que se acogieron a la amnistía
fiscal tienen un 82 % más de patrimonio declarado, lo cual está bien. Lo
que no dice, y sí dicen los informes de la Agencia Tributaria, es que el
rendimiento fiscal que están dando es de 350 millones de euros al año.
Esto es grave y es particularmente grave por lo siguiente: porque de los
40.000 millones aflorados si hubiesen pagado el 10 % que tenían que haber
pagado de acuerdo con el decreto-ley, hubiesen dado 4.000 millones y no
1.193 millones. Hay 2.800 millones de euros que los defraudadores no han
pagado y que deberían haber pagado a las arcas públicas. Esto al final
origina recortes e injusticia.
En consecuencia, este informe, ya en la anterior legislatura, se consideró
por parte de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas como un
informe contrario a derecho. Nosotros proponemos aquí, en primer término,
que se revisen estas declaraciones que se acogieron a la amnistía fiscal,
y es una tarea urgente porque ahora mismo pueden estar prescribiendo. El
día 30 de noviembre no va a haber nada que hacer. ¿Por qué? Porque habrán
pasado cuatro años desde el final del plazo de declaración y eso para
cualquiera que sepa algo de derecho tributario significa prescripción e
imposibilidad de ejercer el cobro por parte de la Hacienda Pública.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De la Torre.
Por favor, señorías, guarden silencio.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Efectivamente, nos encontramos ante un tema
urgente. Esos 2.800 millones de euros que debíamos haber recuperado
pueden prescribir y prescribirán el día 30 de noviembre y, por eso el
Grupo Ciudadanos trae esta proposición, instando a la revisión. ¿Para
qué? Para que los defraudadores paguen el 10 % efectivo y no el regalo
que se les hizo vía el informe de la Dirección General de Tributos,
porque antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos,
incluyendo las grandes empresas que este viernes van a ver subida su
tributación en el Consejo de Ministros, hay que exigir la ley, el
cumplimiento de toda la ley e incluso de una ley tan vergonzosa como la
de la amnistía fiscal a los defraudadores. (Aplausos). Para hacerlo es
imprescindible -este es el segundo punto que nosotros llevamos en esta
proposición no de ley- anular las órdenes internas que hicieron
obligatorio el informe de 27 de junio de la Dirección General de
Tributos. Hay informes que no se molestan ni en firmarlos, quizá porque
no valen ni el papel en el que están escritos, pero que tienen un coste
muy gordo para la Hacienda Pública -para todos los que estamos aquí y
para los que más han sufrido especialmente-, un coste de 2.800 millones
de euros. Por tanto, hay que anular estas órdenes internas. En tercer
lugar, hay que empezar a inspeccionar, hay que citar a estos
contribuyentes que no cumplieron las leyes, que se acogieron a la
amnistía fiscal pero no cumplieron las normas, para hacerlo antes del 30
de noviembre. Si estas inspecciones se inician antes del 30 de noviembre,
a partir de ahí hay 18 meses para hacerles pagar lo que debían haber
pagado desde el inicio.
Concluyo. Señorías, no solamente necesitamos hasta el último euro que
podamos obtener de los defraudadores de la amnistía fiscal, sino que
fundamentalmente lo que necesitamos en España es restablecer la confianza
en Hacienda y en el Estado de Derecho y permitirles a los inspectores ir
a por los defraudadores. No podemos renunciar a la lucha contra el fraude
y especialmente cuando, como ocurre en este caso, tenemos a los
defraudadores localizados y no han cumplido el decreto-ley de la amnistía
fiscal, a pesar de ser una norma tan favorable.
Señorías, creemos que deben votar a favor de esta proposición no de ley
porque hay que luchar contra el fraude fiscal y porque renunciar a luchar
contra el fraude fiscal y contra la corrupción es empezar a morir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en
primer lugar, por el Grupo Mixto el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa
independientemente de que acepten o no nuestra enmienda, que es más de
carácter técnico que político, pero tenemos que hacer un poco de memoria,
porque el proponente ha dicho que esta regularización, tal como fue
aplicada, fue aprobada también por Convergència -le recuerdo que era
Convergència i Unió en aquel momento-. Les recomiendo que lean el "Diario
de Sesiones". Aquello era un real decreto que se convalidaba con una
serie de medidas. Nuestra formación fue crítica con la disposición
adicional primera y fue más crítica con la aplicación, porque, al final,
lo que están pidiendo con esta enmienda es que se aplique el real
decreto, no el informe que después se sacó de la manga la Dirección
General de Tributos. En esto estamos absolutamente de acuerdo, porque lo
que se hizo en aquel momento es que se pervirtió una norma aprobada en
esta Cámara, con todas las críticas necesarias pero aprobada, y se
sacaron mediante un informe la hipotética prescripción de aquellos
activos que se podían acreditar que estaban en los patrimonios de los
defraudadores en los cuatro años anteriores. Entendemos que esto no era
de recibo. Si la amnistía ya era criticable en sí misma, también lo fue
la forma de aplicación -esta amnistía progresiva-, porque de hecho fue
una amnistía que el Partido Popular hizo progresiva a medida que iba
viendo que no se respondía a la misma e iban generando incentivos. De
hecho se hicieron dos informes, uno en julio y otro en agosto, para
intentar convencer a las personas que podían llevar a cabo la
regularización.
Con nuestra enmienda lo que proponemos es que no se tenga en cuenta el
informe en aquello que favoreció que no se tributase al 10 %, pero hay
otras partes del informe que podían ser perfectamente válidas y que
generan más seguridad jurídica. En todo caso, más allá de las dudas que
pueda generar esta actuación, nuestro grupo va a votar a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.
Hoy nos traen a debate, otra vez, la amnistía fiscal, una amnistía que no
queríamos y que se hizo de la peor manera posible. Beneficiaron a las
élites privilegiadas en lugar de rescatar personas, y mintieron, señorías
del PP. Primero, nos dijeron que no era una amnistía, luego nos dijeron
que era necesaria para recaudar dinero para las arcas públicas, después
nos dijeron que tributaría al 10 %, pero no llegó ni al 3 % y esto se
tradujo en 2.800 millones de euros menos que se recaudaron, es decir, más
dinero del que los Presupuestos Generales del Estado destinan al
bienestar social -por cierto, unos presupuestos que quieren prorrogar-.
Con la que está cayendo, con los índices de pobreza infantil que tenemos,
pese a las cifras de paro, con los recortes en servicios públicos,
prefirieron perdonar 2.800 millones de euros a quien defrauda y
prefirieron, como ya he dicho antes, beneficiar a las élites
privilegiadas en lugar de rescatar personas. De esta mentira la gente
sacó menos dinero de lo ridículamente aceptable y, por su parte, las
élites limpiaron sus vergüenzas.
En su país, señorías del PP, sale muy barato defraudar, sale demasiado
barato. Desde Compromís no nos cansamos, hace mucho tiempo que lo
decimos, que en el País Valencià necesitamos una financiación justa. En
2016 el País Valencià ha regalado 1.400 millones de euros al Estado,
dinero que podríamos haber invertido en servicios públicos, dinero que
ustedes nos niegan. El señor Rajoy aquí mismo dijo que la financiación en
el País Valencià no era una prioridad. En esa misma legislatura se
perdonaron 2.800 millones de euros a gente como Rato o Bárcenas, el doble
de lo que le regalamos en el País Valencià al Estado. Dinero que se va y
no vuelve, dinero que podríamos haber invertido en la educación
valenciana, en la sanidad valenciana, en los servicios sociales
valencianos. Esta es su prioridad, señorías del Partido Popular:
beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco -ahora sí- tiene la palabra el señor
Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados, arratsalde on danori.
Hoy debatimos esta proposición no de ley presentada por Ciudadanos en una
Cámara en funciones o al menos con un Gobierno en funciones que, tal y
como está respondiendo a los requerimientos democráticos del Congreso de
los Diputados, de ser aprobada esta iniciativa lo hará también en
funciones, es decir, que la iniciativa no funcionará. Bien que lo
sentimos, porque el fondo de esta proposición que trata de corregir un
nuevo fraude sobre la actuación ya ejecutada, como fue la amnistía
fiscal, es un asunto de interés general y de enorme envergadura política
y social, amén de, lógicamente, económica. Además es posible que
desgraciadamente vaya al cesto de los papeles, puesto que el Tribunal
Constitucional continúa veraneando o sesteando y no se manifiesta sobre
dos temas cruciales que afectan a este asunto. No lo hace en relación con
el recurso planteado sobre la propia regularización, la amnistía fiscal,
y tampoco lo hace con respecto a cómo debe actuar el Gobierno en
funciones cuando la Cámara propone iniciativas o solicita que el Gobierno
se someta al control parlamentario, sin olvidar, por supuesto, la
tradición de los Gobiernos de hacer oídos sordos a las iniciativas de
impulso político que nacen del Congreso.
El Grupo Vasco considera que el Gobierno debería tomar buena nota del
fondo del asunto y actuar en consecuencia sobre la fraudulenta amnistía
fiscal del año 2012, tal y como lo exige la aplastante mayoría de los
ciudadanos. En su día, el Grupo Vasco se manifestó de forma contundente
cuando el Gobierno trajo para su convalidación el Real Decreto-ley
12/2012, denominado eufemísticamente de regularización fiscal, pero que
todo el mundo entendió que era de amnistía fiscal, término que creo
recordar que incluso algunos miembros del Gobierno -no sé si mediante
deslices o no- también utilizaron. Nos parecía entonces una vergüenza y
algo inaceptable que, personas y sociedades que habían defraudado o
robado, por decirlo más propiamente, al resto de ciudadanos al dejar de
pagar los impuestos e incluso al ocultar sus rentas y patrimonios en
paraísos fiscales, mereciesen el perdón de la Hacienda y pagasen
únicamente el 10 % de lo ocultado, y peor aún si al final el porcentaje
ha sido del 3 %. Se trata de personas y empresas con altas rentas que en
lugar de pagar el tipo que les correspondía, el 40 % o el 50 %, tan solo
con el 3 % se pusieron al día con la Hacienda.
Señoras y señores diputados, parece que tras este tema subyace la idea de
que con una pequeña confesión se perdonan los pecados mortales. Pues no.
El pecado de defraudar y robar a los ciudadanos no es perdonable, no
prescribe. Al defraudador hay que perseguirlo, como se suele decir, por
tierra, mar y aire. Los que defraudan son los causantes de los recortes,
de la reducción de las políticas sociales, del aumento de la precariedad,
de la desigualdad y de un largo etcétera que todos conocemos
perfectamente. Por eso consideramos oportuna y necesaria la iniciativa
para que se actúe antes, como dice la iniciativa, de que prescriba y sea
imposible recuperar el dinero que se pretende. Decía que fue una
vergüenza lo del 10 %, pero más lo del 3 %, así que al menos recuperemos
la diferencia, los 2.800 millones pendientes de la amnistía. Si estaba,
como dicen, en el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, supongo
que será viable y posible también jurídicamente.
El Grupo Vasco pide que se actúe cuanto antes y contundentemente. Así nos
hemos manifestado en cuantas iniciativas se han presentado en esta Cámara
en relación con la amnistía y el fraude fiscal. Nuestro grupo presentó
también una proposición no de ley en septiembre de 2012 planteando la
reforma del Código Penal y de las leyes mercantiles para luchar contra el
fraude fiscal. Defendemos, defenderemos y apoyaremos cuantas iniciativas
vayan encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción, los
paraísos fiscales, etcétera.
En este caso hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Esperábamos que fuera aceptada, pero ya nos ha dicho el Grupo
Parlamentario Ciudadanos que no la van a aceptar. Queríamos añadir con
nuestra enmienda un punto adicional, un punto cuatro, con el fin ser más
contundentes incluso que la iniciativa que presenta Ciudadanos y prohibir
las nuevas regularizaciones y amnistías. Eso sí, entendemos que el
alcance de la prohibición debe serlo en el ámbito del Gobierno del Estado
y de su Agencia Tributaria, porque es el ámbito de su marco competencial.
Ello es lógico, puesto que en el ámbito de las haciendas forales tal
prohibición o que se legisle al respecto corresponde a las juntas
generales y a las diputaciones forales de los territorios históricos de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa o al Gobierno foral en el caso de Nafarroa.
Entendiéndolo y considerándolo de esta manera,
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), como he dicho, se manifiesta
favorablemente en relación con el contenido de esta proposición no de
ley.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura
García.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
La ley que aprobó la amnistía fiscal es una de las páginas más tristes de
la historia de este Parlamento. En el siglo XXI, en un Parlamento moderno
y en una sociedad abierta y moderna como la española, un presidente del
Gobierno, el señor Rajoy, trajo una ley que es pasarela para que los
defraudadores y los delincuentes de cuello blanco se puedan ir de rositas
fiscal y penalmente. Esa ley es un traje a medida para que determinados
dirigentes del Partido Popular se puedan ir de rositas fiscal y
penalmente. Por eso les decía hace unos segundos que esa ley es uno de
los episodios más tristes de la historia de este Parlamento. En un
Parlamento del siglo XXI, en un Parlamento profundamente democrático, se
aprobó una ley para proteger a los delincuentes y a los defraudadores de
cuello blanco de este país. Por tanto, señorías, por supuesto que vamos a
apoyar la iniciativa de Ciudadanos, pero nos parece insuficiente. Esa
ley, además de ser una pasarela para que se vayan de rositas esos
delincuentes y defraudadores declarados, convictos y confesos, fue un
expolio al Estado del bienestar. Señorías, las cuentas no hay que
hacerlas sobre el 10 %, sino sobre el marginal que tenía que pagar cada
uno de los defraudadores y, además, con las multas y recargos. Por lo
bajo, 5.000 millones de euros de expolio al Estado del bienestar.
Señorías, les decía que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos. El
Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado intensamente y ha atacado la
amnistía fiscal por tierra, mar y aire. El Grupo Socialista se ha ido al
Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Socialista se ha ido a la
Audiencia Nacional. El Grupo Socialista ha pedido que intervenga el
Tribunal de Cuentas. También hemos reprobado al ministro, hemos pedido su
dimisión y hemos pedido varias comisiones de investigación en el
Parlamento para hablar de la amnistía fiscal y sus consecuencias. Les
decía que nos parece insuficiente básicamente por dos razones: la
amnistía fiscal es uno de los nudos gordianos de la actual situación
política.
El señor Rajoy, el que trajo aquí ese Real Decreto-ley de amnistía fiscal
de 2012, no puede ser presidente del Gobierno de España, señorías. Este
es el problema, esta amnistía fiscal tiene que ver con el problema
político que tiene nuestro país en este momento, la incapacidad del señor
Rajoy de tener una mayoría en este Parlamento; ese es uno de los
problemas. Señorías, cuando el señor Rajoy escribe a Bárcenas: "Luis lo
entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré" sabe que el señor Bárcenas tiene
una fortuna en Suiza y en paraísos fiscales, y además sabe que se ha
acogido a una amnistía fiscal que era un traje a medida, como se ha
demostrado, para determinados dirigentes del Partido Popular. Porque en
nuestro país, señorías, no hay trama de corrupción conocida que no se
haya acogido a la amnistía fiscal, no hay trama de corrupción relacionada
con el Partido Popular en la que de alguna manera alguno de sus miembros
se haya acogido a la amnistía fiscal. Por tanto, la amnistía fiscal tiene
que ver con el problema político de nuestro país, tiene que ver con el
nudo gordiano de la política española. Esta es una de las razones por las
que efectivamente el señor Rajoy no consigue una mayoría en el
Parlamento; porque en otro país de nuestro entorno el señor Rajoy no
sería candidato a presidente del Gobierno. Este es el problema, que el
señor Rajoy trajo a este Parlamento y en el siglo XXI una ley para que
los defraudadores se fueran de rositas, para que los delincuentes y gente
de su partido se fuera de rositas fiscal y penalmente.
La segunda razón por la que al Partido Socialista le parece insuficiente
la propuesta de Ciudadanos es que lo que pedimos son cambios legales para
conocer exactamente cuántas empresas, qué empresas, qué personas se
acogieron a la amnistía fiscal. Eso es lo que queremos saber, porque en
nuestro país no va a haber una completa regeneración democrática mientras
no conozcamos el nombre de todos esos delincuentes, de todos esos
defraudadores, y eso lo puede hacer el Parlamento. Esto es lo que pedimos
que incluya a Ciudadanos porque, insisto, lo que nos estamos jugando es
la credibilidad de las instituciones, nos estamos jugando el futuro de
nuestra democracia, nos estamos jugando la financiación del Estado del
bienestar y la credibilidad de los ciudadanos en la Agencia Tributaria.
Finalmente, nos estamos jugando que se asuman responsabilidades políticas
por tamaña brutalidad contra el Estado del bienestar y contra el Estado
de derecho.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian
González.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, obras son amores y
no buenas razones, y los hechos acreditan que en materia de prevención y
lucha contra el fraude fiscal muy pocas lecciones se le puede dar al
Partido Popular.
Los resultados de la lucha contra el fraude en el año 2015 han sido de
15.664 millones de euros, una cifra récord en la historia de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. En el año 2011 esta cifra fue de
algo más de 10.000 millones de euros, es decir, ahora se recauda más que
cuando se comprobaban los ejercicios referentes al boom inmobiliario.
Señorías, saquen sus propias conclusiones. ¿Y cómo se ha obtenido esta
cifra récord en la lucha contra el fraude? Evidentemente con un marco
regulatorio adecuado, con más medios, con mejores herramientas para
controlar el patrimonio en el exterior, de forma que hoy en día ya un
tercio de todo lo que se declara en España por el impuesto sobre el
patrimonio proviene del exterior. Los bienes y derechos declarados en el
exterior en el impuesto sobre el patrimonio han pasado de representar un
12 % en el año 2007 a representar un 31 % en el año 2015. ¿Y qué ha
ocurrido con los declarantes, con los contribuyentes que se acogieron a
la declaración tributaria especial? Que han incrementado sus bases en el
impuesto sobre el patrimonio un 82 % y han pasado de declarar bienes y
derechos en el exterior por 23.000 millones a 46.000 millones. Quienes se
acogieron a la declaración tributaria especial han duplicado su
declaración de bienes y derechos en el exterior. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa este mayor control del patrimonio en el exterior? Que se
ensanchan las bases imponibles de los demás impuestos. En el IRPF,
quienes declaran bienes en el exterior han declarado un 25 % más en bases
y en cuotas. Solo con este detalle, solo con esta influencia, se recauda
más por las consecuencias positivas del control del patrimonio en el
exterior que con el contenido de la PNL de Ciudadanos. Pero nosotros
somos personas de palabra. Nosotros adquirimos un compromiso con
Ciudadanos y lo vamos a cumplir: pedimos la votación por puntos y vamos a
votar a favor del primer punto de la PNL presentada por Ciudadanos.
Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Regularizaciones de este tipo
se han hecho en todos los países europeos, incluida Dinamarca, Suiza,
Noruega; en Estados Unidos, en China, en la India. Por todos los
espectros ideológicos, desde la Grecia de Tsipras a la Argentina de
Macri. A todos nos escandaliza que puedan existir personas con patrimonio
oculto en el exterior, pero escandalizándonos no resolvemos nada. ¿Qué
hubiera ocurrido si no se hace ninguna regularización extraordinaria? Que
no hablaríamos ahora de patrimonio en el exterior, ni de ensanchamiento
de la base imponible, ni de mejor financiación del Estado del bienestar.
Quien no hace nada, no obtiene nada. Por tanto, no hacer nada no era
ninguna alternativa para el Partido Popular. Tampoco era alternativa
hacer lo que hizo el Partido Socialista: regularizaciones opacas con
pagarés del Tesoro puestos en circulación por el propio Gobierno. El
Gobierno socialista diseñó un instrumento específico, la deuda pública
especial. Este insólito instrumento, además de permitir regularizar sin
identificar a sus titulares, pagaba intereses con dinero del Tesoro
público a los propios defraudadores. La etapa de política tributaria del
Gobierno socialista se ha caracterizado por el hundimiento de la
recaudación, en especial de las grandes empresas, y las regularizaciones
opacas; cuando no, salían corriendo para avisar a los titulares de la
cuenta suiza para que regularizaran con mini sanciones. (Aplausos). Por
tanto, no es una alternativa lo que hizo el Partido Socialista.
Tristemente, sabemos lo que hace el Partido Socialista cuando está en el
Gobierno y, tristemente, sabemos qué es lo que hace cuando está en la
oposición: bloquear e impedir que haya Gobierno; venir aquí y presentar
unas PNL sin contenido. ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno
socialista para impedir que el dinero que está oculto y que no se conoce
sea regularizado? Ninguna. No conozco ninguna. Han criticado mucho, pero
no han hecho ni una sola propuesta. (Aplausos).
Para concluir tengo que decir que el proceso de regularización de la
declaración tributaria especial no se entiende sin la declaración de
bienes en el exterior. Además, no se puede decir que la declaración
tributaria especial blanquee conductas ilícitas. La declaración
tributaria especial es solo a efectos tributarios, y es perfectamente
compatible con las obligaciones impuestas en la Ley de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Tal y como establecen las exigencias de la OCDE,
la regularización extraordinaria se ha hecho con transparencia, con
endurecimiento de las sanciones y con endurecimiento de las medidas
antifraude, para hacer posible que pagando todos, todos podamos pagar
menos.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella i
Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senyora presidenta, senyores i
senyors diputats.
Es un auténtico escándalo que se haya permitido la regularización fiscal
de 40.000 millones de euros evadidos pagando solo un 3 % de impuestos.
Con esta decisión, los evasores han sido doblemente premiados. En primer
lugar, porque se les permite blanquear legalmente el dinero evadido. En
segundo lugar, porque lejos de pagar el 10 % que establecía el real
decreto-ley acaban pagando solo el 3 %. Dicho en otras palabras, mientras
el Gobierno español ha aumentado los impuestos a las clases trabajadoras
medias y bajas y se nos han recortado salarios y derechos, ha regalado
3.000 millones de euros a las grandes fortunas que habían defraudado a la
Hacienda pública y guardaban el dinero robado en paraísos fiscales. La
amnistía fiscal se basó, pues, de nuevo en una gran mentira. Se ha
demostrado que el objetivo principal no era obtener mayores ingresos para
las vacías arcas del Estado y hacer aflorar aquello que no tributaba,
sino permitir que las grandes fortunas... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.
Señorías, guarden silencio.
La señora CAPELLA I FARRÉ: ... sino, como decía, permitir que las grandes
fortunas regularizasen su dinero evadido a un módico precio y sin
preguntar la procedencia. Lo cierto es que el tiempo pone a cada uno en
su lugar y, permitiendo que no se hayan recaudado 3.000 millones de
euros, el Gobierno del Partido Popular y el ministro Montoro se ponen del
lado de aquellos que faltan a la verdad de forma sistemática; es decir,
los mentirosos, los tramposos, los delincuentes. La amnistía fiscal de
2012 fue y es un escándalo que solo niega el Partido Popular. La amnistía
fiscal es un escándalo de primera magnitud; otro escándalo, no el único,
a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. El objetivo, como
ya ha quedado más que demostrado, no fue obtener mayor recaudación,
mayores ingresos para las vacías arcas del Estado, sino que, al final,
como siempre, ha servido para favorecer a determinadas personas, a
determinados personajes, a los de siempre, a aquellos que se llenan la
boca de nación pero tienen sus dineros en los llamados paraísos fiscales.
Por ejemplo, y sin ir más lejos, un exministro del actual Gobierno en
funciones, otro ministro vicepresidente de su partido, miembros y cargos
de su partido, del Partido Popular, y obviamente también de algún otro
partido. La posición de Esquerra Republicana respecto a las regulaciones
fiscales y a las amnistías fiscales ha sido y es clara. No estuvimos de
acuerdo ni con las amnistías fiscales del PSOE ni con las que ha hecho,
en esta ocasión, el Partido Popular. Continuamos sin estar de acuerdo y
no estaremos de acuerdo en un futuro ni aquí, mientras estemos, ni en
Cataluña cuando seamos un Estado independiente, cuando tengamos una
república.
La presente proposición no de ley es una proposición no de ley
bienintencionada aparentemente, porque lo que viene a hacer o únicamente
efectúa es lavar la cara a un pacto de investidura fallido. Esta
proposición no de ley llega tarde y a nadie se le escapa que tiene una
difícil ejecución. Nace prácticamente muerta. Veremos; como ha dicho el
Partido Popular que solo va a aprobar el primer punto de dicha
proposición no de ley, es evidente que no tiene voluntad ni vocación de
cumplirla. Estamos de acuerdo con la necesidad de que el dinero
regularizado tribute por aquello que se estableció legalmente. Y, como
decía, el Gobierno, un Gobierno en funciones, el del Partido Popular, que
no rinde cuentas ante esta Cámara ni piensa hacerlo, creemos, desde
Esquerra Republicana, que no va a dar cumplimiento a este mandato que
emane del Congreso, porque no es casual que haya tributado al 3 % y no
hayan tributado al 10 %.
En definitiva, la moción de Ciudadanos nos parece en este momento
efectista, propagandista, electoralista, y lo más interesante de la
misma, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, son las enmiendas
planteadas por el resto de grupos de la oposición -y que Ciudadanos, como
ha dicho, no va a aceptar-, como son la prohibición de futuras
regularizaciones y amnistías y las medidas para permitir la
identificación de las personas, sociedades, etcétera, que se han
beneficiado y que se acogieron a la amnistía. De hecho, es especialmente
gráfico que Ciudadanos -voy acabando, señora presidenta- no haya aceptado
la enmienda que pide prohibir futuras amnistías fiscales. Ustedes sabrán
por qué lo hacen. En todo caso, veremos la vida, o la corta vida y la
prescripción de esta proposición no de ley y del contenido regulado en la
misma, mientras de nuevo seguramente expira la legislatura.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Bescansa Hernández.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Señoras diputadas, señores diputados, hoy el
Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante esta Cámara una proposición
no de ley que intenta aportar un poquito de decoro a una situación del
todo indecorosa, a una historia de infamia y de caradura, a una historia
escrita a dos manos por perros y por amos, a una historia que contaba
despacito -seguro que es capaz de explicarle a la gente- quién manda
aquí. O mejor dicho, le explica a la gente quién manda a los señores del
Gobierno que no están aquí.
Hace cuatro años los señores del Gobierno que no están aquí aprobaron por
decreto una amnistía fiscal y le contaron a la opinión pública -y no es
una broma- que esa era una buena medida para luchar contra el déficit
público. Dijeron entonces que perdonando los impuestos a los ricos que
habían amasado fortunas no se sabe muy bien cómo lograrían recaudar 2.500
millones de euros. Le dijeron a la gente -nos dijeron a todos- que aunque
los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos cotizásemos al
20, al 25 o al 30 %, era bueno para España que los ricos defraudadores
tuviesen un régimen especial mediante el cual se les iba a permitir en
lugar de tributar al 45 % hacerlo al 10 %. Es decir, entre la mitad y un
tercio de lo que tenemos que pagar todos los demás. Dicho y hecho. En
medio de un clamor social, en el año 2012 el Gobierno del Partido Popular
aprobó una amnistía fiscal que permitió aflorar, según informan las
fuentes de la Agencia Tributaria, unos 40.000 millones de euros. Cuatro
años después, en el dintel de la prescripción -ese concepto jurídico a
través del cual los ladrones y los corruptos en este país se van de
rositas sin responder ante la justicia y sin devolver ni un duro- los
4.000 millones de euros que habrían debido recaudarse mediante esa
amnistía fiscal han volado y solamente se han conseguido 1.200 millones
de euros. No son duros a cuatro pesetas, son duros a peseta. Y lo que es
mejor, en menos de dos meses no va a haber ni un solo inspector de
Hacienda en este país habilitado para perseguir a esos sinvergüenzas,
porque efectivamente esto habrá prescrito. Y, como ocurre a veces, fue la
prensa quien se encargó de hacer el trabajo que debían haber hecho las
instituciones. Fue la prensa quien se encargó de explicarnos a todos a
quién beneficiaba esa amnistía fiscal. En el mes de junio conocimos a
través de la prensa algunos de los nombres... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Bescansa.
Señorías, guarden silencio. No se escucha a la oradora.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Conocimos a través de la prensa quiénes eran
esos beneficiarios, o algunos de ellos, y creo que es importante recordar
sus nombres porque a lo mejor nos ayudan a entender por qué se hizo y
para quién esa amnistía fiscal. Alicia de Borbón Habsburgo: patrimonio
regularizado, 2.300.000 euros; dinero pagado a Hacienda 52.000 euros, que
representan el 2,2 % del dinero legalizado. Carlos de Borbón-Dos
Sicilias: 1.250.000 euros; dinero pagado, 19.000 euros, que suponen el
1,5 % del patrimonio legalizado. Pedro de Borbon-Dos Sicilias, príncipe
de las Dos Sicilias: 175.000 euros y pagó 1.000, el 0,6 % del dinero
legalizado. Cristina de Borbón-Dos Sicilias, princesa de Parma y de Dos
Sicilias -las Sicilias estas salen mucho-: 175.000 euros, 1.000 euros
pagados, el 0,6 % del dinero legalizado. Isabel Fernández de la Mora:
640.000 euros, pagó 4000, el 0,6 % del dinero legalizado. Pedro
López-Quesada y Fernández-Urrutia, amigo íntimo del Jefe del Estado:
230.000 euros, pagó 273, lo cual significa el 0,1 % del dinero
legalizado.
Lo que hoy propone Ciudadanos es que cerremos con un poquito de decoro una
historia infame. Ciudadanos pide que apoyemos su propuesta de que estos
ricos con una fortuna regularizada al menos paguen ese 10 % que se les
imponía mediante la amnistía fiscal; proponen que limpiar 230.000 euros
les cueste a los defraudadores 23.000 euros. 23.000 euros con los que es
posible pagar la matrícula de 20 estudiantes universitarios en nuestras
universidades públicas. 23.000 euros con los que es posible pagar
cincuenta becas comedor en los colegios públicos de nuestro país. 23.000
euros que es posible incluso invertirlos en la Agencia Tributaria y
recaudar 230.000 euros, porque cada euro que se invierte en la Agencia
Tributaria se multiplica por 8 o por 10 en su recaudación. Quizá incluso,
podríamos recuperar 230.000 euros de los defraudadores, que ahora mismo
parece que se van a ir de rositas. Votaremos a favor de esta proposición
no de ley, pero sabemos bien que la lucha contra el fraude y la lucha
contra el déficit no se resuelve con anécdotas fiscales. Votaremos a
favor porque no hacerlo sería
un hecho contra el decoro, pero nos hubiera gustado ver el compromiso de
Ciudadanos contra el fraude en el Parlamento Europeo, votando a favor y
no en contra de la creación de un listado europeo de empresas
defraudadoras para excluirlas de cualquier tipo de contrato público o de
subvención. Y sin embargo en Bruselas, no, señores de Ciudadanos; ustedes
en Bruselas, cuando nadie mira, votan con el PP para proteger el dumping
social y los fraudes laborales. No se resuelve el problema del déficit
público recortando el gasto público en servicios sociales, ni se resuelve
con anécdotas como esta, sino con una reforma fiscal progresiva y una
Agencia Tributaria que tenga los recursos suficientes para luchar contra
los grandes defraudadores. Pero por decoro, porque esta amnistía fiscal
constituye un hecho contra el decoro y su incumplimiento es una infamia,
apoyaremos en esta a que esta Cámara inste al ministro de Hacienda a que
permita a la Agencia Tributaria perseguir a los caraduras para que estos
paguen al menos un tercio de lo que pagamos todas las personas en este
país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor De la Torre Díaz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas
presentadas?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señoría, no aceptamos las enmiendas, algunas
por razones técnicas y en general para centrar el debate en una cuestión
urgente que prescribe el 30 de noviembre. Sí aceptamos la votación por
puntos que ha solicitado el Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES:
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente
155/000004).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD VIAL Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 155/000005).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS
INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 155/000006).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL ESTUDIO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 155/000007).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. (Número de expediente 155/000008).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA AUDITORÍA DE LA
CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS
INSTITUCIONALES Y LEGALES. (Número de expediente 155/000009).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE
LA CORPORACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA Y SUS SOCIEDADES. (Número de
expediente 155/000010).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LAS DROGAS. (Número de expediente 155/000011).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al punto segundo del orden del
día. En relación con las propuestas de creación de comisiones y de
acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces, se someterán para su
aprobación por asentimiento las incluidas como puntos 5, 6, 7 y 8 del
orden del día, así como los nuevos puntos en relación con las propuestas
de creación de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación de Radiotelevisión Española y sus Sociedades y de la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. En cambio -y también de
conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces-, se votarán por
separado las propuestas de creación de la Comisión permanente de Derechos
de la Infancia y Adolescencia y de la Comisión permanente para la
auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las
reformas institucionales y legales. En todo caso, señorías,
estas votaciones tendrán lugar junto con el resto una vez finalizado el
debate correspondiente al resto de los puntos del orden del día.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD, FORMULADA POR 84 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
UTILIZACIÓN PARTIDISTA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, BAJO EL MANDATO DEL
MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ, DE LOS EFECTIVOS, MEDIOS Y RECURSOS DEL
DEPARTAMENTO Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON FINES
POLÍTICOS. (Número de expediente 156/000001).
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE ESQUERRA REPUBLICANA,
DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ARAS A DESESTABILIZAR LA
POLÍTICA CATALANA Y MUY ESPECIALMENTE LOS PROCESOS ELECTORALES EN
CATALUÑA. (Número de expediente 156/000003).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo
a la solicitud de creación de comisiones de investigación. Conforme a lo
acordado por la Junta de Portavoces, se debatirá acumuladamente las
solicitudes formuladas por 84 diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, de creación de una Comisión de investigación sobre la
utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del
ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del
departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines
públicos, y la solicitud de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra
Republicana de creación de una Comisión de investigación sobre las
actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras de
desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos
electorales en Cataluña. Para la defensa de su solicitud, por el Grupo
Parlamentario Socialista, en primer término tiene la palabra el señor
Trevín Lombán.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, han grabado al señor Fernández Díaz, y nada menos que en su
despacho del Ministerio del Interior, que tendría que ser uno de los
lugares más seguros de España. Lo han grabado hablando con el director de
la Oficina Antifraude de Cataluña mientras buscaba información contra
adversarios políticos del Partido Popular. Lo que allí se planeó tan
secretamente luego lo supimos todos los españoles a través de los
periódicos. Por tanto, el bochorno fue doble: por una parte, quedó claro
que el ministro encargado de la seguridad nacional no puede garantizar ni
la suya propia; por otra, descubrimos los turbios manejos partidistas a
los que el señor ministro dedica las horas que debería dedicar a todos
los españoles. Tras este episodio, vergonzoso para los ciudadanos y
humillante para el ministro, el señor Fernández Díaz no aportó ninguna
explicación pública. ¿Cómo fue posible semejante brecha en la seguridad
de sus comunicaciones? ¿Quién fue el autor de este episodio de espionaje
que lo dejó tan fuera de juego?
Nos anunciaron una investigación interna; sin embargo, tres meses después
no sabemos si los investigadores pudieron tan siquiera acceder a las
grabaciones originales, solo conocimos que se encargó esa investigación
al comisario Sánchez Aparicio justo dos semanas antes de que este se
jubilara. Se ve que el señor ministro quería que tuviera tiempo
suficiente para llegar al fondo del asunto. ¿Qué resultados obtuvo? No lo
sabemos. Después de quedar en evidencia, ahora el ministro lo lleva todo
en secreto. Lo único que sabemos es que el comisario encargado de esa
investigación finalmente se jubiló de la policía y en dos meses ya se
puso a trabajar para Prosegur, un gigante de la seguridad privada, como
director de relaciones institucionales. Ninguna investigación más, que
sepamos, se puso en marcha. Ante un hecho tan grave, esperábamos que el
señor ministro presentara una denuncia formal ante la fiscalía. No se
produjo. ¿Fue para evitar que alguien ajeno a su departamento husmeara en
las prácticas que en él se llevan a cabo? Todo esto demuestra que algo no
funciona en nuestro Estado de derecho. El señor Fernández Díaz en
cualquier otro país europeo hoy ya no sería ministro: se habría ido o lo
habrían echado, estaría en su casa y no en el banco azul. Es difícil de
entender su situación y el apoyo que le brinda el presidente. Quizá haya
que sospechar que todo este respaldo que recibe del señor Rajoy se deba a
la situación judicial y policial de los tantos casos de corrupción que
afloran en el Partido Popular.
En las grabaciones hechas en su despacho el ministro cortejaba al entonces
director de la Oficina Antifraude de Cataluña para que le suministrara
algo de combustible con el que poner en marcha la máquina de la fiscalía
contra enemigos políticos del PP. Como dijo Iñaki Gabilondo, "oír al
ministro en
plena ceremonia de la conspiración, husmeando, rebuscando, hozando el
estercolero con la esperanza de encontrar basura contra sus adversarios
políticos es una escena repugnante que además nos estremece". En las
conversaciones asegura que todo el tejemaneje estaba apadrinado nada
menos que por el presidente del Gobierno. Por eso, hemos presentado esta
iniciativa, señorías. Es bastante explícita, pero se la resumo. Queremos
aclarar si este Gobierno y especialmente su ministro del Interior han
creado una policía política y si, como decía el señor Fernández Díaz, el
presidente lo sabe todo. Tenemos que saber si esto es así de simple y de
siniestro, porque esta sospecha tan fundada es incompatible con la
democracia. Los socialistas lo venimos denunciando desde hace cuatro
años. En el Ministerio del Interior se ha creado una camarilla policial
para una doble estrategia: por una parte, obstaculizar la investigación
de los escándalos de corrupción que afectan al partido del Gobierno y,
por otra, investigar y perseguir implacablemente no solo a los
adversarios políticos sino también a miembros del Cuerpo Nacional de
Policía que solo sirven a la ley. Teníamos muchos indicios y bastantes
sospechas, ahora tenemos la prueba de su existencia, la propia voz del
ministro.
Uno de sus peores defectos, señores del PP, es su manera de entender las
relaciones con el Gobierno y las instituciones. Confunden partido con
Gobierno, instituciones con Gobierno. No entienden que la policía no está
a su servicio sino al servicio de toda la ciudadanía. El fiscal general
del Estado protestó a finales de 2012 porque dos altos funcionarios
policiales fueron enviados por el Gobierno a Cataluña para solicitar a
los fiscales del caso Millet el registro de la sede de Convergència.
Ninguno tenía competencias para ello. Pero hay mucho más. Tres
responsables policiales declararon en ámbito judicial que fueron
presionados o recibieron órdenes para paralizar u ocultar la
investigación sobre el ático de Ignacio González, en aquel entonces
presidente de la Comunidad de Madrid. Al comisario de Marbella, don
Agapito Hermes, el director adjunto operativo de la Policía le ordenó que
en ningún caso continuara con esa investigación, que la ocultara. A don
Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por este Gobierno al frente de la
Comisaría General de Policía Judicial, el mismo DAO le ordenó que cerrara
dicha investigación, y el comisario Villarejo confesó que el director
general de la Policía, el señor Cosidó, le ordenó paralizar el mismo
caso. Toda la cúpula policial de Interior para salvar al soldado Ignacio
González y toda también para intentar crear una causa general contra la
Administración autonómica andaluza, gobernada por socialistas, por
subvenciones a cursos de formación. Practica el ministro un juego muy
polivalente: lo mismo baja a defender al Partido Popular que sube a
atacar al PSOE, y en el ataque no se anda con miramientos.
A lo largo del último año hemos conocido múltiples informaciones sobre
actuaciones policiales que afectaron a responsables políticos de la Junta
de Andalucía en las materias de empleo y formación. Se basaron muchas de
ellas en informes en los que -abro comillas- "se aíslan datos reales,
basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros
datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes
anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros
muchos resultado de elucubraciones sin fundamento". Esto lo ha dicho un
eminente miembro de la fiscalía. En Andalucía se utilizan los poderes del
Estado para atacar al adversario político. En Madrid, por el contrario,
para tapar al correligionario popular. En Andalucía la delegada del
Gobierno anuncia detenciones. En Madrid toda la cúpula policial trabaja
para que no se produzcan. Juzgados de Sevilla, Almería y Jaén no hallaron
responsabilidades penales en acusaciones contra responsables de la Junta
por las subvenciones a los cursos de formación, bien porque no apreciaron
ánimo de lucro, bien porque se celebraron con normalidad. A los
detenidos, en ocasiones con formas desmedidas, por estos casos, ¿quién
les compensa ahora por la pena de telediario ya cumplida?
El ministro del Interior, aún en funciones, gestiona mejor que nadie la
seguridad privada del PP, incluso parece haber montado un departamento de
asuntos internos muy eficiente. Los disidentes populares díscolos también
reciben su merecido. Recientemente, el presidente de Castilla y León, don
Juan Vicente Herrera, declaró públicamente que iba a pedir una
investigación oficial sobre quién había filtrado el atestado por
alcoholemia de su dimitida vicepresidenta y a pedir responsabilidades al
respecto, caiga quien caiga, dijo. Allá donde hay un dirigente popular en
apuros surge Fernández Díaz para deshacer el entuerto. Lo mismo se reúne
con Rato en mitad de la tormenta de corrupción que se cierne sobre él que
regenta un ministerio donde se fabrican informes policiales apócrifos
contra adversarios políticos presentes en este mismo Congreso, en el que
cargos policiales se cruzan públicamente acusaciones delictivas graves, o
se mete de lleno en rocambolescos casos como el del "pequeño Nicolás", al
que también se apuntan otros altos cargos gubernamentales, o cesa de
manera arbitraria a dos comisarios de Policía por una foto en un
periódico de tirada nacional tomándose conmigo un café.
Por desgracia, no podemos tomar nada de esto a broma. Lo suyo es muy
grave. Estamos ante múltiples episodios que apuntan a actuaciones
gravemente sospechosas de corrupción, de obstrucción a la justicia y de
prácticas policiales guiadas por intereses partidistas. A este paso habrá
españoles que se inquietarán cuando alguien llame a su puerta a las seis
de la mañana. No sabrán si es el lechero o la policía política de
Fernández Díaz. Señorías, tenemos un sistema constitucional que
encomienda unas determinadas funciones a cada poder del Estado,
garantizando que todos guarden una relación entre ellos que evite la
acumulación de poder en pocas manos. Este reparto de funciones es una
parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal vincula a
todos los ciudadanos, pero especialmente a los poderes públicos a los que
va destinado. Es lo que llamamos Estado de derecho.
Voy terminando. Pero todo esto lo sabe el ministro. La cuestión no está en
que ignore los fundamentos de un Estado de derecho. Eso sería malo, pero
lo que ocurre es mucho peor. Aquí tenemos dos problemas: un ministro que
se cree la reencarnación de Fouché, y al tiempo poco atento a sus
obligaciones con el Estado de derecho, y un presidente que lo tolera. Con
ustedes la policía ha recuperado el más siniestro de sus apellidos, ha
vuelto la policía política. Eso ¿a qué les suena? ¿A qué nos suena a
todos? ¿Es que acaso añoran esos cuerpos policiales que hubo en los
países comunistas y las repúblicas bananeras? ¿O es que sienten nostalgia
de los regentes de aquellos calabozos de la Puerta del Sol? El señor
ministro está manchando el buen nombre de la policía con estas prácticas.
Pero no nos equivoquemos, no toda la policía se aviene a ello. Solo una
camarilla reducida bien recompensada acepta ese papel. El resto son
profesionales eficaces con todas sus credenciales democráticas
reconocidas y elogiadas por los ciudadanos y tienen mérito porque su
director general, el señor Cosidó, ha hecho una ley para copar la cúpula
policial con sus incondicionales. El señor Rajoy puso en manos de
Fernández Díaz algo tan sensible, poderoso y exclusivo como son las
facultades que emanan del Ministerio del Interior y él no dudó ni un
segundo en utilizar todo ese arsenal para fortificar sus posiciones
partidistas y disparar a discreción sobre la población desafecta.
Ustedes, señores del Gobierno, deben rendir cuentas y por eso hoy el
Grupo Parlamentario Socialista solicita a esta Cámara la constitución de
una comisión de investigación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de su solicitud, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián
Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Presidenta, señorías, porque ya vale de señores
equis en este país, porque ya vale de pasar vergüenza ajena, porque ya
vale de olor a naftalina y cilicios morales, porque ya vale de Vitos
Corleone sin honor y de Clemenzas cobardes, porque ya vale de que una
urna en un colegio electoral te lleve a la sala de un juzgado y un
micrófono al despacho de un ministerio, porque ya vale de gánsteres
frente a atriles e independentistas frente a jueces, porque ya vale de
perseguir esteladas en estadios y proteger a defraudadores en congresos;
porque ustedes tengan las agallas de decir aquello de "nos hemos cargado
su sanidad" en la sala de espera de un hospital público de Cataluña,
porque tengan las agallas de decírselo a la cara a un enfermo en un
pasillo tras seis horas en una camilla. (Rumores). Tengan las agallas.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: Porque las ganas de conspirar se les pasen pasando
vergüenza un rato. Porque el único que ha dicho una verdad en todo esto
es su Tom Hayden, el comisario Villarejo, que ya es decir. Porque ustedes
tienen micros, dinero y lacayos y nosotros solo urnas, plazas, calles y
determinación -veremos quién gana-. Porque entendemos que ustedes hacen
lo que hacen porque así ganan elecciones en su país, pero a duras penas
en el nuestro se disputan el último puesto con el PACMA y con el frente
nacional naranja. (Rumores). Porque el señor Fernández Díaz pasó de dar
pena con aquello de que la homosexualidad amenaza la pervivencia de la
especie, con aquello de que medita en el Valle de los Caídos y aquello de
que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar, a dar asco con lo
de que "esto la fiscalía te lo afina". Porque somos la memoria de quienes
dieron tanto que lo dieron todo para que gente como ustedes no ganaran
nunca más. Porque en un Estado en el que amigos de narcos son el futuro
de la política, qué menos que ustedes den explicaciones. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Continúan las protestas.-El
señor Matarí Sáez: Llámale al orden).
Ruego silencio para que continúe el orador.
El señor RUFIÁN ROMERO: Porque hasta Nixon tuvo la vergüenza suficiente de
marcharse. Porque su moral vale 1,5 millones de euros públicos. Porque
hoy es el nos hemos cargado su sanidad que dijo Fernández Díaz, pero ayer
fue la calle es mía de Fraga, las cloacas de Barrionuevo, la patada en la
puerta de Corcuera, las escapadas a Laos de Belloch, la placidez del
franquismo de Mayor Oreja y los hilillos de plastilina de un tal Mariano
Rajoy. Porque no va de nosotros, no va de un partido político, va de
gente decente contra gente indecente. (Rumores). Va de quien nos puso
aquí para decirles a ustedes que solo merecen pasar a la papelera de la
historia más negra de este país. Porque yo sí les quiero ganar una guerra
ochenta años después en la trinchera de una comisión de investigación.
(Continúan los rumores). Por todo, por todos, por esto. (El señor Rufián
Romero, con una tableta, muestra un vídeo del señor ministro del Interior
Fernández Díaz y del señor De Alfonso). Lo que han escuchado son las
conspiraciones de un Vito Corleone sin honor, porque si el delito es ser
catalán e independentista solo merecen que este pueblo, mi pueblo, lo
consiga.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de
su iniciativa, tiene la palabra en primer lugar el señor Homs Molist.
(Rumores).
Silencio, por favor.
El señor HOMS MOLIST: Señora presidenta, señorías, en octubre de 2014, es
decir, hace apenas dos años, se produjo una conversación que parece más
bien un guión de Mortadelo y Filemón y no lo es. Ilustra unos hechos
realmente muy graves. Dice así el ministro Fernández Díaz: Ese sería el
tema de la prevaricación de Francesc Homs, el de las dos cuñadas de Felip
Puig, pero entre los tres folios que me diste el otro día había solo una,
¿eh? Y De Alfonso dice: No, no, es que la otra no tiene importancia
porque la otra es hermana de la cuñada; están las dos, pero la cuñada
cuñada, donde está el nexo de unión, que está casada con el hermano... Es
decir, que ni tan siquiera sabía exactamente cuál era el parentesco. Y
sigue la conversación diciendo el ministro Fernández Díaz: Esto, si se
publica, a ti te perjudica, ¿no? Y el director de Oficina Antifraude le
responde: A mí me mata, pero, ministro, si quieres que se publique, yo me
comprometo pero déjame que antes cierre el expediente -se ve que no
estaba cerrado-, le dé el coscorrón -no sé exactamente a qué se refiere-,
le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular,
etcétera, y luego, tres o dos meses después, un periodista lo averigua,
pero es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado. Y el ministro le
contesta literalmente: Esto la fiscalía te lo afina. Hacemos una gestión.
Si ustedes realmente no se dan cuenta de la gravedad de conocer esta
conversación es que no son dignos de ser representantes de nada ni de
nadie. Lo digo sinceramente. (Aplausos).
Esto no prosperó porque no tenía sentido alguno ni base legal alguna
-octubre de 2014-. Luego vino noviembre de 2014 y aquello les cabreó de
tal forma y de tal magnitud que, aunque la fiscalía tampoco consideraba
que hubiera delito en lo que hicimos el 9 de noviembre, porque no lo
consideraba, les obligaron a cambiar el criterio, es decir, les afinaron
el criterio. Este es el contexto en el que se propone esta comisión de
investigación. Esto, más las otras cosas que se han considerado por parte
de otros portavoces, porque no es lo único que tenemos encima de la mesa
ni lo único que por desgracia hemos conocido.
Cuando decimos y denunciamos que ustedes han politizado, y de qué manera,
en el sentido más partidista y más indigno del término, la justicia, lo
decimos por el conocimiento de estos hechos. Cuando se está dispuesto a
traspasar todas las líneas, a utilizar dinero público, a crear una
policía política, a manipular a la fiscalía e incluso, si fuera el caso,
a manipular a los jueces de las instancias más altas para combatir a los
adversarios políticos, es que ya no estamos ni en un Estado de derecho ni
en una democracia. Y es lo que ustedes están promoviendo o intentan
promover en estos momentos en esta sociedad y en este país, que dicen
luego querer aspirar a representar. Por esta razón, nos alegramos, y de
qué manera, de que finalmente se pueda constituir esta comisión de
investigación. Y ahí va un mensaje para el resto de las fuerzas
políticas, porque han empezado por los independentistas catalanes,
precisamente por no pensar como a ellos les gustaría que pensásemos, pero
luego pueden venir ustedes, porque ustedes también les caen mal. Con lo
cual valdría la pena darle unas vueltas a esto y aprovechar
la situación que tenemos para dejar claro aquello que creo que es
mayoritario en este país: que esta gente, ustedes, no son dignos de
continuar representando estas instituciones que quieren representar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: No es nuevo. La persecución de
proyectos políticos que abogan por la independencia ha sido una constante
antes y después de 1978. Ya lo vivimos en Euskal Herria, por citar un
ejemplo, cuando en 1998 se descubrieron las escuchas en la sede de HB en
Vitoria por parte del Cesid. Pero el hecho de que no sea una excepción no
le resta gravedad a lo que ha hecho el ministro del Interior. Es una
muestra clara de lo que hemos venido denunciando en numerosas ocasiones.
En el Estado español, el régimen de 1978 no permite la defensa de
cualquier proyecto político como puede ser la independencia y los
Gobiernos de turno han venido haciendo uso de todos los instrumentos en
su mano para impedirlo, dejando de lado si era necesario el imperio de la
ley que dicen defender. El caso que nos ocupa pone en evidencia la poca
calidad democrática de este régimen, heredero de la dictadura franquista,
que tiene en el PP, pero no en exclusiva, a uno de sus más fieles
defensores. ¿Cómo interpretar si no que el Gobierno de Rajoy dedicara
cero euros a la exhumación de cadáveres en cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica y sí destinara 150.000 euros a la Fundación Francisco
Franco? ¿O las declaraciones del propio ministro Fernández Díaz, con
motivo de la exhumación de los generales franquistas Mola y Sanjurjo,
justificando el hecho de que fueran enterrados con honores en Iruña,
situándose él en el bando de los vencedores? ¿Cómo no va a realizar
espionaje político al independentismo catalán un ministro que pretende
enterrar en las cunetas, junto a miles de republicanos, la memoria sobre
lo ocurrido tras el alzamiento militar -no lo olvidemos- contra el
régimen democrático establecido?
Señor ministro, nosotros queremos mirar al futuro, sí, pero sin olvidar el
pasado. Por eso hoy, 27 de septiembre, recordamos aquí a Txiki, a Otaegi
y a los tres militantes del FRAP, últimos fusilados hace cuarenta y un
años por la dictadura fascista de Franco. (Aplausos). Porque queremos una
memoria inclusiva y un futuro democrático por fin, apoyaremos cualquier
comisión de investigación que se pueda crear al efecto.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto y en último término, tiene la
palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Unión del Pueblo Navarro nunca, nunca ha avalado ninguna
actuación ilegal para defender la Constitución, las leyes o nuestro
modelo de convivencia, y desde luego nos sorprende, nos resulta
ciertamente paradójico que quienes plantean abiertamente el mayor desafío
al Estado de derecho y lo ejecutan, lo apadrinan y lo jalean en nuestro
país pretendan crear una comisión para conocer cómo un ministro cumple
con sus funciones. A ustedes, señores de Esquerra Republicana de
Catalunya, que jamás se han parado a pensar cuánto dinero público consume
su desacato permanente, que nunca les ha importado las consecuencias de
su incumplimiento sistemático de la ley o, lo que es más grave, que están
encantados construyendo una sociedad fuera de la ley, cimentada en
agravios interesados o inventados, yo les preguntaría: si no respetan la
legislación que les afecta a ustedes mismos, ¿qué legitimidad les queda
para exigir a otras instituciones que así lo hagan? Ninguna, ninguna, y
hoy mucho menos. Después de anunciar algunos grupos que retiran su
solicitud de creación de la Comisión, como se ha dicho en una reunión
interna del Grupo Mixto, ya sabemos que su preocupación porque la ley se
cumpla o no es realmente nula. En todo caso, nosotros no la íbamos a
apoyar. Es más, quiero que sepan que en la medida de nuestras
posibilidades, que son pocas y limitadas, trabajaremos dentro de la ley
-no como ustedes- para que su desafío constitucional, su secesión
anunciada, no triunfe. Es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Lo
creemos firmemente y en esa dirección trabajaremos en la medida de
nuestras humildes posibilidades.
Por último, existe una propuesta hermana del Grupo Socialista que
debatimos conjuntamente. Pues bien, tampoco la vamos a apoyar, puesto que
ni nos parece creíble ni bienintencionada. Yo haría una pregunta a los
diputados del Grupo Socialista, incluso al señor Trevín, si estuviera. Si
el ministro fuera del
Partido Socialista, ¿apoyarían la solicitud de creación de una comisión
por parte de otro partido? No. ¿Plantearían una comisión a su ministro en
estos mismos términos? Tampoco. Por tanto, es una propuesta que tiene
mucho de seguidismo, de oportunismo y, si me permiten decirlo, de
electoralismo, pero poco más. Si me permiten la broma, me recuerda un
poco a esa escena previa a la del camarote de los Hermanos Marx, cuando
Groucho está ordenando el desayuno y sus hermanos le están diciendo por
detrás aquello de -se acuerdan, ¿no?- un par de huevos duros más. Pues
eso es lo que me parece su propuesta. Ya lo siento.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Al no haber solicitado la utilización del turno en
contra, comenzamos con el turno de fijación de posiciones. Interviene en
primer término, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda
Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Se solicita por tres grupos parlamentarios, que reúnen a bastantes más de
tres listas electorales, la creación de sendas comisiones de
investigación, girando ambas peticiones sobre un mismo eje: el ministro
del Interior, señor Fernández Díez. Se encuentran enhebradas y ahora las
tratamos conjuntamente. Con carácter preliminar he de decir que ni al
Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco ni al Partido Nacionalista Vasco
ni a mí mismo nos gustan las estridencias ni los aspavientos, y por eso
iré directamente al grano, pero también digo que nos conduciremos en esta
cuestión solo desde hechos y presunciones racionales que de los mismos
pudieran deducirse. Y también con carácter preliminar quiero decir que, a
nuestro juicio, si el ministro del Interior hubiera presentado su
dimisión hace mucho tiempo ahora no nos encontraríamos donde estamos.
Consideramos que hubiera sido un buen servicio a su país, a su Gobierno y
-no lo duden- también a su partido. Pero ahora estamos donde estamos,
ante la inminencia de la constitución de dos comisiones de investigación,
y esto creemos que ya no tiene vuelta de hoja ni con la dimisión o, en su
caso, cese del ministro del Interior.
Decía que nos íbamos a guiar por hechos. Así, consideramos un hecho no
controvertido las conversaciones del señor ministro en relación con la
guerra sucia urdida contra dirigentes políticos catalanes. Son
conversaciones no contestadas ni en cuanto a su existencia ni en cuanto a
su contenido. Todos las hemos escuchado y hemos reconocido a sus
interlocutores. Constituyen una prueba de cargo en el juicio de
responsabilidad política que como mínimo le corresponde realizar a esta
Cámara. Estas conversaciones, su contenido, debieran haber conducido al
ministro fuera de cualquier responsabilidad institucional -eso es lo que
hubiera pasado en cualquier país de nuestro entorno, en cualquier país
con un sistema democrático liberal-, cuando no a enfrentarse a responder
de sus actos ante la justicia, pero ciertamente ese no es un juicio que
corresponde a esta Cámara. Por eso al principio de nuestra intervención
reclamaba su dimisión, pero, no habiéndose producido esta motu proprio,
reclamamos que el señor presidente de su Gobierno proceda a su cese. Este
también incurre, por no haberlo hecho hasta el momento, en
responsabilidad política.
Pero más allá de reclamar su dimisión o, en su caso, el cese de su
responsabilidad al frente del ministerio, el hecho conocido de sus
conversaciones de guerra sucia contra dirigentes políticos catalanes nos
conduce a otras cuestiones cuyo esclarecimiento consideramos que es
propio de las reclamadas comisiones de investigación. ¿Cómo se produjeron
esas grabaciones? ¿Se realizaron por el ministro directamente? Y si fue
así, ¿quién se apoderó de ellas y las hizo públicas? ¿O se realizaron por
personas en connivencia con el señor ministro? Y si así fue, ¿por qué han
salido a la luz perjudicándole como le perjudican? ¿Hay más grabaciones
que irán apareciendo poco a poco en función de intereses que
desconocemos? ¿Se grabaron todas las reuniones y encuentros que sucedían
en su despacho? Si el señor ministro lo sabía, ¿con qué fin? ¿Qué
personas colaboraron con el ministro? ¿Quiénes son? ¿Son funcionarios
públicos? ¿Con qué medios contaban? ¿Acaso hay tramas paralelas a las
instituciones y ajenas al control judicial en sus grabaciones,
intervenciones y actuaciones? Si el ministro las dirigía, un horror en
una sociedad democrática. Y si el ministro no las conocía, el Estado
mismo está en peligro, porque se puede asaltar el despacho del máximo
responsable de seguridad de un país. Estas y otras muchas son las
distintas presunciones racionales que se nos suscitan a raíz del
conocimiento de las conversaciones grabadas en su despacho y difundidas y
que requieren un pronto y claro esclarecimiento, y no solo desde un
compromiso democrático y de responsabilidad política, sino también desde
la misma seguridad de las instituciones públicas.
Por todo ello -y voy finalizando- reclamamos la dimisión o, en su caso,
cese del ministro del Interior por el contenido de las conversaciones
conocidas y también apoyamos la constitución de las comisiones de
investigación solicitadas.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez
Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Fernández Díaz, me habría gustado dirigirme a usted, pero ya vemos
que no está; contábamos con ello. Nos habría gustado, sin embargo, que
escuchara las razones que tenemos para votar favorablemente esta comisión
de investigación. De todas maneras, y dado el carácter del asunto, estoy
seguro de que el señor Fernández Díaz podrá escucharnos a través de una
grabación de la sesión de hoy, sin ninguna duda.
Como les decía, mi grupo votará favorablemente la propuesta de creación
presentada por el Grupo Socialista, y lo vamos a hacer por cuatro razones
que quiero pasar a comentarles. La primera es porque el Gobierno al que
pertenece el señor Fernández Díaz -su Gobierno, señores del Grupo
Popular- ha decidido nuevamente hurtar a esta Cámara el legítimo derecho
que le corresponde de realizar el pertinente control al Gobierno en las
circunstancias de su acción en funciones. Nosotros, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, pedimos la comparecencia del señor ministro en
esta Cámara para que precisamente diera explicaciones sobre este asunto.
Dado que no ha querido venir y que ustedes siguen planteando el conflicto
de competencias, nos vemos obligados a tener que votar favorablemente
para que el señor ministro dé explicaciones sobre los sucesos que han
ocurrido no solo en su despacho, sino en todo el entorno del Ministerio
del Interior, como ahora veremos. No voy a extenderme en este conflicto
de competencias, señorías, yo creo que esto es algo ya harto conocido y
debatido incluso en el día de hoy, pero me gustaría decir que el Tribunal
Constitucional debería haber dado respuesta hace ya tiempo a este
conflicto. Se trata de resolver sobre un tema que afecta a dos poderes
del Estado. Dilatar esta decisión, como está haciendo el Tribunal
Constitucional, solo supone una quiebra de nuestra democracia y, entre
otras cuestiones, supone que hoy estemos aquí debatiendo sobre esta
comisión de investigación perfectamente evitable con un proceso de
control a su no Gobierno, señorías.
La segunda de las razones por las que vamos a votar a favor es porque el
señor Fernández Díaz está llevando a las instituciones más valoradas por
los españoles, la Guardia Civil y la Policía Nacional, por un tobogán de
desprestigio que siembra de dudas muchas de las actuaciones de los
honrados hombres y mujeres que conforman nuestros cuerpos de seguridad.
Mire usted, señor ministro -aunque no esté aquí-, hay muchos españoles
que conocen ya los nombres de sus comisarios -que yo desde luego no me
voy a permitir volver a repetir en esta tribuna- más por el tiempo que
los informativos y los artículos de opinión y de investigación dedican a
dilucidar los vencedores y los vencidos de sus guerras internas de poder
que por la acción eficaz de sus acciones policiales. Esto es una lástima,
porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen que sus
dirigentes sean capaces de responderles y de respetarles dando la cara
ante las actuaciones que hacen de verdad nuestros hombres y mujeres de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no precisamente de las
acciones de los comisarios en sus guerras internas. Tiene usted una
guerra sucia dentro del departamento, señor ministro, y lo más grave es
que sale a la luz pública de forma constante. A mi grupo parlamentario le
gustaría que se dedicaran más esfuerzos a luchar contra la segunda
preocupación más grande para todos los españoles, que es la corrupción,
señorías, la corrupción que impera en estos momentos. Señor ministro, no
se trata de discutir sobre cuál de sus comisarios y responsables tiene
más información comprometida sobre otros colegas, sobre cargos electos de
todos los grupos o de todas las fuerzas políticas, incluso sobre los
cargos electos del Grupo Parlamentario Popular, que también pasa.
La tercera de las razones es porque nunca el despacho oficial de un
ministro y las cosas que en él suceden han sido tan nombradas y sometidas
a cuestionamiento público. Las grabaciones realizadas los días 2 y 16 de
octubre del año 2014 en su reunión con el señor Daniel de Alfonso, a la
sazón director de la Oficina Antifraude de Cataluña, y hechas públicas
este junio pasado, suponen la quiebra de la confianza más elemental entre
el responsable de un ministerio y los ciudadanos a los que representa
que, señor Fernández Díaz, somos todos los españoles. En julio de este
año 2016 y como parte de los trabajos para esclarecer aquellas
grabaciones que salieron a la luz pública más de año y medio después,
encargó el señor ministro un barrido electrónico de su despacho. A día de
hoy no sabemos nada de esa investigación
ni del resultado de ese barrido, por lo que entendemos que desde el año
2014 hasta el año 2016 todas las reuniones que el señor ministro mantuvo
en su despacho pudieron haber sido igualmente grabadas. A mí me gustaría
preguntar al señor ministro lo siguiente. ¿Sabía su compañero de partido,
el señor Rato, cuando en julio de 2015 mantuvo con él otra reunión,
también conflictiva, en su despacho, que estaba siendo grabado? ¿Le
comunicó o le pasó esas grabaciones? ¿Las guardó el señor ministro? ¿Las
tiene alguien? ¿Alguien tiene las grabaciones entre el ministro y el
señor Rato en su despacho? Porque, si existen, nos gustaría oírlas; a
todos los españoles nos gustaría oírlas. Señor Fernández Díaz, ¿hay algo
que no se grabe en este país? ¿Es posible tener conversaciones realmente
privadas, no digo ya por teléfono, sino en su propio despacho, señor
ministro?
La cuarta razón es porque cualquiera de las aclaraciones sobre estas
grabaciones es complicada de explicar y pone en riesgo la credibilidad
del propio ministro. Le propongo al señor ministro dos soluciones. La
primera es que fueran realizadas con su consentimiento, o quizá sin él,
pero dentro de un programa de grabaciones rutinarias realizadas por las
propias unidades de contrainteligencia del ministerio. Esa es una
solución mala, desde luego, ya que entiendo que en su despacho se
producen reuniones altamente confidenciales que pueden poner en riesgo
operaciones policiales y de lucha contra la delincuencia y el terrorismo
y que se exponen a filtraciones como la ya mencionada del señor De
Alfonso. Debería explicarnos, señor ministro, en este caso, aparte de si
usted conoce estas prácticas, cuál es el objetivo de las mismas, quién
tiene acceso a estas grabaciones, quién las custodia y si se destruyen o
no se destruyen. Pero es que la segunda de las posibilidades, señorías,
es aún peor, porque supone la introducción en un despacho tan privado y
personal como es el despacho del señor ministro de un instrumento de
grabación ajeno al propio ministerio. No sé qué es peor, señor ministro,
si su desconocimiento o la falta de competencia y profesionalidad de
aquellos que procuran su seguridad. Señor Fernández Díaz, esta comisión
de investigación también es para preocuparnos por usted, por su
seguridad, señor ministro, se lo digo totalmente serio.
En resumen, señorías, Ciudadanos apoya esta comisión de investigación por
las cuatro razones ya expuestas, que voy a repetirles. Primera, por no
someterse al control ordinario de esta Cámara. Segunda, por contribuir a
desprestigiar a los hombres y mujeres que conforman una de las
instituciones mejor valoradas por todos los españoles. Tercera, por
utilizar su despacho para controlar a otras formaciones políticas y a
representantes legítimos de los ciudadanos. Y, cuarta, porque cualquier
explicación sobre cómo se produjeron estas grabaciones solo arroja más
oscuridad y dudas sobre los principios de legalidad y transparencia que
deben marcar la acción de un ministro del Gobierno de España.
Señor Homs, señor Rufián, nuestro grupo no iba a votar, evidentemente, su
solicitud. Se hacen de nuevo las víctimas en el Congreso de los
Diputados, cuando el Gobierno catalán hace en esa comunidad autónoma, a
través de los mossos, lo mismo que ustedes denuncian. (Aplausos). Se lo
voy a explicar (Muestra titulares de prensa): La Generalitat reconoce
oficialmente el escándalo de espionaje con el CNI catalán. Los mossos
manipularon conversaciones del alcalde de Sabadell para acusarle.
Investigan al CNI catalán por espiar a los mossos díscolos. Tirón de
orejas de los mossos a la agencia de ciberdefensa de Puigdemont -esta es
de hoy mismo, por cierto-. (Aplausos).
Les decía que hacerse las víctimas en este Congreso no es ya una táctica
que vayamos a consentir en este hemiciclo. Señor Homs, señor Rufián,
desde que Ciudadanos está aquí representando a otros muchos catalanes ya
no cuela su victimismo y, desde luego, no cuela blanquear corruptelas y
prácticas mafiosas porque vengan envueltas en una bandera que a ustedes
les guste más que la de aquí. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra, en primer término, el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro del Interior -que no está, pero que como debería
estar me voy a dirigir a usted-, comienzo por recordarle cómo nos
conocimos. Le conocí, creo que en mi primer Pleno, en esta Cámara. Nos
presentó una tercera persona diciendo que yo era uno de los portavoces
del cambio, y usted respondió: Bueno, el cambio está bien, pero dentro de
un orden. No es que yo me esperara nada mucho más allá, pero le tengo que
decir -y es posible que le sorprenda- que no solo estoy de acuerdo, sino
que lo llevaría mucho más allá. No es que el cambio tenga que ser dentro
de un orden, es que si es imprescindible el cambio político en España es
para restablecer el orden y el sentido común. (Aplausos).
El orden, señor ministro, tiene que ver con que los ciudadanos no tengan
la menor duda de que las instituciones sirven al bien común y no al
partido que las gobierna. El orden tiene que ver con que a nadie le quepa
la menor duda de que el ministro del Interior protege las libertades de
los ciudadanos, y no que amenace la de algunos ciudadanos que no le gusta
cómo piensan. El orden, señor ministro del Interior, tiene que ver con
garantizar el derecho a la seguridad de todos y de todas, que significa
garantizar la seguridad de los derechos; el derecho a que si llaman de
madrugada a la puerta de casa, como decía la famosa cita, sepamos que va
a ser el lechero, pero no funcionarios armados que nos van a echar de
nuestra casa para dársela al banco. El orden, señor ministro, tiene que
ver con saber que aunque no pensemos como piensa el partido del Gobierno,
ustedes no nos van a espiar, ustedes no nos van a extorsionar, ustedes no
van a fabricar pruebas falsas ni van a intentar criminalizar a quienes
representan a 5 millones de votantes en esta Cámara. El orden tiene que
ver con lo contrario de lo que usted ha venido representando. Usted ha
venido representando el completo, continuo y más ignominioso desorden. El
desorden es que usted insulte sistemáticamente a los ciudadanos; que
usted insulte a las mujeres diciendo que el aborto tiene algo que ver con
ETA; que usted insulte a los catalanes diciendo que las manifestaciones
pacíficas tienen algo que ver también con ETA, que usted en esto de las
citas no se prodiga mucho; que usted insulte al conjunto de los
ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos nombrando comisario de
honor al futuro premio Pulitzer, Paco Marhuenda; que usted insulte a la
inteligencia de los ciudadanos y a la memoria de nuestro país permitiendo
homenajes, en sede pública que pagamos con el dinero de todos, nada más y
nada menos que a la División Azul. A todo este conjunto de desfachateces,
nosotros le llamamos desorden y ustedes le llaman defender a la patria.
Hemos oído hablar -y nos ha puesto los pelos de punta- y hemos visto en
medios de comunicación que ustedes dicen que a esos grupos, presuntamente
grupos irregulares, les llamaban policía patriótica. A nosotros nos da
que pensar en una especie de híbrido a medio camino entre la Stasi y
Torrente, y nos imaginamos al señor ministro "apatrullando" la democracia
española, si no fuera porque es muchísimo más serio (Aplausos), si no
fuera porque estamos hablando, fundamentalmente, del riesgo -no sé si es
así, pero si usted no comparece no nos puede sacar de dudas- de tener una
policía política. Para usted el patriotismo tiene que ver con espiar,
extorsionar, financiar unidades irregulares de la policía, que filtran
informes falsos y sin firmar a los medios de comunicación para
criminalizar a fuerzas políticas democráticas, a fuerzas políticas
catalanas, pero también a fuerzas políticas españolas.
Para nosotros, el patriotismo es otra cosa y lo hemos explicado muchas
veces. Para nosotros, el patriotismo es defender los servicios públicos,
es proteger a las familias que tienen a todos los miembros en paro, es
defender el honor de las instituciones impidiendo que estas se conviertan
en una maquinaria de guerra contra los adversarios políticos, porque esa
es la única línea roja que separa los Estados de derecho de los Estados
en los que se hace el capricho de los que mandan. Si usted sigue
insistiendo en que estamos hablando de una policía patriótica, nosotros
le tenemos que decir que nos parece un comportamiento profundamente
antipatriótico. El comportamiento patriótico de la policía lo demuestran
cuando son capaces de investigar las tramas de corrupción, muchas
presuntamente vinculadas a su partido, pese a las zancadillas o pese al
amparo que se le daba al señor Rodrigo Rato. Lo demuestran los policías
cuando son capaces de ponerle las esposas al señor Rodrigo Rato pese a
las amenazas o intimidaciones. Lo demuestran también cuando son capaces
de cumplir con su trabajo con profesionalidad, pese a que ustedes digan,
por una parte, que no hay dinero para los chalecos de protección que
necesitan los agentes de seguridad y, por otro lado, se gasten un millón
y medio de euros para desprestigiar a adversarios políticos con informes
que se han demostrado falsos. (Aplausos).
Señor ministro, usted es, posiblemente, el personaje más siniestro del
Gobierno, y el puesto estaba disputado. (Risas). Sin embargo, esta
comisión no es una comisión contra usted, básicamente, señor ministro,
porque usted está de salida. Ha intentado que su salida sea en una
embajada en el Vaticano y se lo ha negado hasta el Vaticano. Usted, señor
ministro, está de salida, y le tengo que decir que ha fracasado. Pese a
todas las filtraciones, todas las cloacas y toda la criminalización,
usted es un trozo de pasado en esta Cámara y nosotros apenas acabamos de
llegar. Y ha fracasado también porque la comisión de investigación
-nosotros vamos a votar a favor de las dos- va a ir hacia delante, y en
esa comisión de investigación vamos a tener que elegir -y nos va a poder
explicar- entre un país en el que los ciudadanos tengan miedo de su
ministro del Interior o un país cuyo ministro del Interior tiene miedo a
la soberanía popular.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: Señorías, la separación de poderes es uno de
los principios básicos de todo ordenamiento democrático, y no es que
ustedes hayan matado a Montesquieu con todo lo que han hecho estos años
en política interior y en política de represión, sino que incluso han ido
más allá. Lo que conocemos como la filtración de las conversaciones entre
el señor Fernández Díaz y el señor De Alfonso, director de la Oficina
Antifraude de Cataluña, sobrepasa cualquier límite tolerable del poder en
democracia.
Esta comisión de investigación debería indagar en todos los extremos este
caso, pero con lo que ya sabemos se impone la dimisión inmediata, no hoy
sino ayer, del ministro del Interior. Con lo que ya conocemos, sabemos
que un ministro del Interior ha usado recursos del Estado para fabricar
casos contra adversarios políticos. Sabemos que un ministro del Interior
que debería garantizar los derechos de la ciudadanía se dedica a
violentarlas. Sabemos también que un ministro del Interior tiene bajo sus
órdenes mandos policiales que han dicho en sede judicial que fabrican
operaciones contra Cataluña. Sabemos también que ese mismo ministro del
Interior dijo que abriría una investigación sobre el caso -él tiene
bastantes datos; puede investigarse a sí mismo- y tres días después de
que se anunciase esa investigación, policía sin ordenamiento judicial
entra en una sede de un periódico para pedir las grabaciones. Esto es
absolutamente gravísimo.
Finalmente sabemos también, entre las muchas cosas que ya sabíamos antes
de que se anunciase esa investigación, que ese mismo ministro del
Interior en las grabaciones decía literalmente: El presidente del
Gobierno lo sabe. Lo que no sabemos -estaría bien que estuviera aquí
Mariano Rajoy- es si lo sabía el señor Rajoy; esta es una pregunta clara
y sencilla: sí o no. ¿El presidente del Gobierno sabía que estas
operaciones estaban en marcha? Porque si el señor Rajoy no lo sabía,
tendría que cesar inmediatamente, ipso facto, al ministro del Interior; y
si el señor Rajoy lo sabía, estamos ante el Watergate español. Es decir,
ante la utilización desde el Gobierno de los recursos públicos para
acabar contra adversarios políticos. En este caso, respecto a Cataluña
ustedes se muestran como lo que son: un Gobierno absolutamente hostil con
todos los catalanes y las catalanas que no duda en ir más allá de la ley
si lo considera necesario, un Gobierno con el que no hay nada que
construir porque todo lo destruye.
Nosotros creemos que más allá de esta comisión lo que corresponde es la
dimisión inmediata, como he dicho antes, no hoy sino ayer, pero sabemos
que no lo van a hacer, como tantas otras cosas que jamás han hecho y
tantas otras cosas que sí han hecho. En ese sentido, lo que tocaría ahora
mismo no es crear una comisión de investigación sino plantear un
impeachment democrático para echar al Richard Nixon español, para acabar
con el periodo de falta de libertades o de oscurantismo más grande que
hemos tenido en este país. Pero parece que eso no va a ser así, porque
hay demasiada gente interesada en que perviva la restauración contra el
cambio, que perviva el olvido contra la memoria. Ante esa gente que
parece que está demasiado interesada en esto y no en plantear un
impeachment democrático, le decimos que estaremos aquí para recordar,
para no olvidar, y sobre todo para construir la alternativa que dé luz a
esta oscuridad que protagonizan ustedes.
Ustedes dicen ser el orden y ahora mismo son el caos de este país, y para
prevenir la posible respuesta del portavoz del Partido Popular, el señor
Hernando, les voy a decir que si hay algo parecido a una práctica
totalitaria en este país es lo que han hecho ustedes desde el Ministerio
del Interior.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
tiene la palabra el señor Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Siento decepcionar a uno de los portavoces de
Podemos, pero evidentemente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
está bastante más capacitado para intervenir en determinadas cuestiones,
y esta es una cuestión que no merece la pena que el portavoz del Grupo
Popular salga a defenderla. (Aplausos).
Señorías, hay un líder, un partido y un grupo parlamentario que en el
último año se ha acostumbrado a vivir jornadas históricas; el resto de
los españoles no nos enteramos por qué, pero parece ser que al señor
Sánchez y a su equipo les encanta lo de vivir jornadas históricas y el
domingo tuvo otra jornada histórica. (Risas). Pero lo que me preocupa
hoy, señor Sánchez, es la jornada histórica que usted quiere vivir aquí.
Usted está abriendo un nuevo parlamentarismo -y me preocupa-, el
parlamentarismo de
querer revisar presuntas cosas que se han producido en otras legislaturas,
y eso, señor Sánchez, es una absoluta irresponsabilidad. Le voy a dar una
prueba de lo que podría ser su incongruencia. En la pasada legislatura
-esa breve legislatura- el diputado Iglesias, de Podemos, dijo solamente
dos palabras en una intervención muy sonora y muy famosa ya en esta
Cámara, dos palabras que hicieron que en el Grupo Socialista se
levantaran -permítanme la expresión- como auténticos [energúmenos
políticos] 1. Yo le digo al Grupo Socialista: Si el diputado Iglesias, en
el próximo Pleno, plantea una comisión de investigación sobre los hechos
de esas dos palabras que dijo, que ocurrieron hace más de veinte años,
supongo, señor Sánchez, que usted por congruencia votaría sí a esa
comisión de investigación, supongo. (Aplausos).
Señor Sánchez, usted se ha unido hoy aquí a los independentistas de
Esquerra y a los independentistas del Grupo Mixto para atacar al Gobierno
de España, al ministro del Interior. Sinceramente, no sé si es su primer
acuerdo de esa posible investidura, no sé si es su primer acto electoral,
no sé lo que es, porque creo que ni ustedes saben dónde están ni a dónde
van. Pero quiero pedirle, por favor, que salga usted a las calles de
España, no verá a ningún español cuya primera preocupación en el primer
Pleno de esta legislatura sea que se cree una comisión de investigación
por unas presuntas cuestiones que ustedes plantean. Quiero decirle al
portavoz del Grupo Socialista, señor Trevín -al cual tengo una gran
admiración y un gran respeto- que no es usted tan importante, de verdad
se lo digo, y además me alegro mucho. No es importante porque usted no es
ni un presunto delincuente ni un presunto corrupto, por lo tanto usted es
como si no existiera para la policía; se lo digo en serio. Y esa foto de
ese minuto de gloria que usted tuvo en una portada de un periódico, de
verdad, no se la impute al ministro del Interior porque nada tiene que
ver con esa foto. Creo que es muy injusto y que usted debería pedir
perdón al ministro del Interior por acusarle de algo que no hizo.
(Rumores.-Aplausos).
Señorías del Partido Socialista, de Esquerra y del Grupo Mixto, ustedes
hoy aquí están provocando un insulto a la profesionalidad de la Policía
Nacional, de la Guardia Civil... (Un señor diputado: No, no). Chsss,
chsss, chsss, calladitos que nosotros hemos estado muy respetuosos.
(Protestas.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Señorías, silencio, por favor.
El señor MERINO LÓPEZ: Repito, aunque les moleste. (Rumores). Chsss,
chsss, chsss. Repito, aunque les moleste. No me van a descentrar del
discurso, tranquilos. Lo tengo bastante clarito. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Merino.
Señorías, guarden silencio.
El señor MERINO LÓPEZ: Ustedes están insultando la profesionalidad y
honorabilidad de los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia
Civil, de los jueces y de los fiscales de España, porque los están
acusando de estar al servicio del Partido Popular y del Gobierno del
Partido Popular para hacer unas presuntas prácticas que en nada se
corresponden con la realidad. Pero esto no lo está diciendo el Grupo
Parlamentario Popular, señorías, esto se lo están diciendo los sindicatos
de Policía en los comunicados que han hecho. Les están diciendo todos los
sindicatos de Policía que ustedes están insultando su profesionalidad, y
es una falta de respeto lo que están cometiendo hoy. Quiero decir en
nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular, al
cual tengo el honor de representar, que nosotros apoyamos y alabamos el
trabajo de jueces, fiscales y de todos y cada uno de los miembros de la
Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías
locales porque son los que garantizan la seguridad y la libertad de todos
y cada uno de los españoles.
Señorías, ha habido acusaciones de que el Partido Popular y el Ministerio
del Interior tapaban la corrupción en esta última legislatura que hubo de
Gobierno real, pero les voy a dar unos datos y luego les voy a hacer una
pregunta y una reflexión. Detenidos por corrupción en el año 2010 cuando
gobernaba el Partido Socialista, 389; PSOE, 2011, detenidos por
corrupción, 792; PP, 2012, detenidos, 677; 2013, 1.278; 2014, 2.743;
2015, 2.442. En cuatro años, 7.140. Y ahora dirán: Es que hay muchos
casos de corrupción. No, señorías, estos son casos de corrupción del
pasado. Y la pregunta que les hago hoy a todos ustedes: ¿Abrimos una
comisión de investigación en esta Cámara para determinar por qué el
Partido Socialista no perseguía y detenía a los corruptos? ¿Abrimos esa
comisión de investigación? (Aplausos). Lo que responsablemente tendríamos
que investigar es quién ha provocado unas escuchas ilegales y un
espionaje
1 Palabras retiradas del "Diario de Sesiones". Ver pág. 54.
al ministro del Interior (Rumores), por qué sale en plena campaña
electoral esa información. Eso es lo que habría que estar investigando.
Señorías, cuánto se echa en falta el sentido común y el sentido de Estado
de exministros socialistas como el señor Corcuera (Risas) -sí, sí,
ríanse, pero es compañero suyo- que han apoyado la labor del ministro
Fernández. Claro, que el portavoz del Grupo Mixto venga a darnos
lecciones al ministro Fernández y al Partido Popular es para nota porque
le voy a decir la diferencia entre el ministro Fernández y usted,
señoría. Al ministro Fernández la justicia le archiva las denuncias que
le presentan y usted desfila por el Tribunal Supremo por estar
investigado. Esa es una gran diferencia que le impide a usted dar una
lección política al ministro Fernández y al Partido Popular. (Aplausos).
Señorías, con lo que hoy hemos oído en los discursos ya no hace falta
investigar. ¡Si ya han condenado ustedes! Ha habido intervenciones ya
condenando, incluso con la del PNV, que ha sido un auténtico tratado
jurídico el que ha realizado, parecía que estábamos en el juicio en vez
de en el hemiciclo. Señorías, ¿cómo es posible que esta Cámara quiera
condenar a un ministro al que la justicia ha archivado las denuncias que
le han puesto? ¿Cómo se puede producir esa situación en un Estado de
derecho? Ustedes quieren suplantar la división de poderes y el Estado de
derecho, y ahora le diré algo al señor Errejón, al que lógicamente tengo
que dedicarle un minuto. En un Estado de derecho el Legislativo está para
legislar y no para condenar, como se ha producido aquí, y la justicia
está para actuar y determinar las responsabilidades judiciales que
correspondan.
De verdad no sé si esto que ha propiciado el Partido Socialista es una
cortina de humo para tapar su jornada histórica y sus problemas internos.
Lo que sí le digo al señor Sánchez es que me gustaría que nos explicara
algo a todos los miembros de esta Cámara y sobre todo a los españoles. Si
no, se lo dice usted a la prensa cuando salga fuera. Señor Sánchez, ¿cómo
es posible que con este partido, con los miembros de este partido, con
este presidente del Gobierno, con este ministro del Interior, con este
conjunto del Partido Popular, que somos 800.000 militantes, con los votos
del Partido Popular, un miembro de su bancada fuera lehendakari? No oí
protestar a ninguno de ustedes porque el Partido Popular le diera los
votos para ser lehendakari. ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que usted,
que no se quiere sentar a hablar y que tiene bloqueada a España -y miro a
diputados y diputadas extremeños-, sí acepte el voto del Partido Popular
para aprobar los presupuestos en Extremadura? ¿Cómo es posible, señor
Sánchez, que en Asturias usted sí admita los votos del Partido Popular y
aquí no esté dispuesto a desbloquear España? ¿Cómo es posible, señor
Sánchez, que sea el Partido Popular, en la persona de nuestra secretaria
general y presidenta de Castilla-La Mancha, el que tenga que salir al
rescate para dar estabilidad al Gobierno de Castilla-La Mancha cuando sus
futuros socios de posible investidura lo han dejado tirado a los quince
meses (Protestas.-Rumores) -ya dijo el presidente Rajoy que su Gobierno
podría durar quince minutos- en las comunidades autónomas? Explíquelo,
señor Sánchez, porque los españoles... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Merino, un segundo. Por favor, guarden
silencio.
Señor Merino, tiene que ir concluyendo.
El señor MERINO LÓPEZ: Sí, voy a concluir.
Explíquelo y explíquenselo ustedes mismos. ¿Cómo aceptan los votos del
Partido Popular para lograr estabilidad en las comunidades donde Podemos
los deja tirados y cómo ustedes tienen bloqueada a España sin permitir
que haya un Gobierno? (Aplausos).
Termino. Señor Errejón, ustedes, que han asesorado... (Rumores). Sí, claro
que te lo voy a decir. (Protestas). ¿Ustedes, que han asesorado y han
cobrado por asesorar a un régimen que tiene metidos a los políticos en la
cárcel, que tiene a un país sin bienestar social, con los supermercados
vacíos, ustedes van a venir a dar alguna lección al ministro Fernández?
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Merino, tiene que concluir.
El señor MERINO LÓPEZ: Quiero terminar muy brevemente con Esquerra y con
Bildu. Portavoz de Esquerra Republicana, lo que usted tiene que explicar
al conjunto de esta Cámara y al conjunto de los españoles es por qué a la
concejala de Esquerra que denunció la trama del 3 % ilegal, que lo
denunció judicialmente, la expulsaron del partido y luego montaron un
Gobierno, el tripartito, e hicieron el Estatuto de Cataluña. Eso es lo
que usted tiene que explicar aquí. (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar en tres segundos.
Silencio, por favor.
El señor MERINO LÓPEZ: Aquí tristemente los que han enterrado a personas
han sido los miembros y familiares del Partido Popular y del Partido
Socialista, hijos de guardias civiles, ciudadanos españoles que andaban
por la calle. Esos son los que hemos enterrado. ¿Y sabe usted quién los
mató? Amigos suyos, señoría. (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señoría, ha terminado su intervención. Muchas
gracias. (El señor Heredia Díaz pide la palabra).
Adelante.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora presidenta, solicito la palabra en virtud
del artículo 71.3. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Usted conoce bien el artículo. Por tanto, le ruego que estrictamente me
diga a qué alusión se refiere y me la entrecomille.
El señor HEREDIA DÍAZ: Dirigiéndome al portavoz del Partido Popular, en su
fina y moderada intervención, las graves descalificaciones e insultos
dirigidos a este grupo parlamentario, concretamente... (Protestas).
Tranquilidad, veo al Partido Popular muy nervioso. Tranquilidad. La
descalificación es "energúmenos políticos". (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio, señor Heredia y les
pido silencio a sus señorías.
Le recuerdo al señor Heredia -y les recuerdo, en el presente y para el
futuro, a todas sus señorías- que, en aplicación del artículo 71.1,
cuando alguien quiere hacer uso de la palabra por alusiones no dispone de
un turno de intervención -se lo digo al señor Heredia y a todas sus
señorías-, sino simplemente de un turno para decir a qué alusión se
refiere y qué pide con respecto a esa alusión, si quiere que se retire.
Ese es el turno que le voy a dar a usted y que le daré también al Grupo
Popular.
Adelante.
El señor HEREDIA DÍAZ: Ha sido una descalificación política y, por tanto,
pido que el portavoz del Partido Popular retire la descalificación de
"energúmenos políticos" 2 dirigida a este grupo parlamentario.
(Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo de nuevo que todos los aquí
sentados estamos para cumplir el Reglamento y, por tanto, en aplicación
del Reglamento, haciendo mención a la alusión que ha dicho el señor
Heredia, le pregunto, señor Merino: ¿retira usted lo que ha dicho o no lo
retira? (Rumores).
El señor MERINO LÓPEZ: Si el señor Heredia y los miembros del Partido
Socialista se sienten tan dañados, no tengo problema en retirarlo, pero
creo que deben hacer ustedes una reflexión sobre sus actitudes y
comportamientos en el día de hoy y en los venideros, me da la impresión.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE:
- DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE LA XI LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA XII LEGISLATURA. (Número
de expediente 062/000001).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto. (Rumores). Silencio, por
favor, silencio.
Pasamos al último punto del orden del día relativo a la dación de cuentas
de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la
Legislatura número XI a la Legislatura número XII. En la medida en que no
está prevista la intervención de ningún grupo parlamentario, la dación de
cuentas se someterá para su aprobación por asentimiento al final de esta
sesión.
Vamos a comenzar las votaciones en dos minutos. (Pausa).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEJORAR LA
EFICACIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. (Número de expediente
162/000140).
La señora PRESIDENTA: Votación de las proposiciones no de ley.
En primer término, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso relativa a mejorar la eficacia de las políticas activas de
empleo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 137; en contra, 172; abstenciones, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A QUE EL GOBIERNO EN
FUNCIONES APRUEBE POR DECRETO-LEY, EN CASO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, EL
INCREMENTO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS. (Número de expediente 162/000102).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno en funciones apruebe
por decreto-ley en caso de prórroga presupuestaria el incremento de las
pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos. Se
va a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) y el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 209; en contra, 133; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA A ELIMINACIÓN DE LAS PUERTAS GIRATORIAS. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 162/000127).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la
eliminación de puertas giratorias. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 78; en contra, 136; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR QUE LOS
SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012
TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10 %. (Número de expediente
162/000103).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos
pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen
efectivamente al tipo del 10 %. Vamos a votarla por puntos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 343; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 207; en contra, 2; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Pasamos al punto número 3 de esta misma proposición.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 208; en contra, 4; abstenciones, 133.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE COMISIONES. (VOTACIÓN):
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente
155/000004).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD VIAL Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 155/000005).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS
INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD. (Número de expediente 155/000006).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL ESTUDIO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 155/000007).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE
LA CORPORACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA Y SUS SOCIEDADES. (Número de
expediente 155/000010).
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LAS DROGAS. (Número de expediente 155/000011).
La señora PRESIDENTA: A continuación, procedemos a someter a votación para
su aprobación por asentimiento las propuestas de creación de comisiones
de los puntos 5, 6, 7 y 8 del orden del día, así como las
correspondientes a la creación de la Comisión Mixta del Control
Parlamentario de la Corporación Radiotelevisión Española y sus Sociedades
y de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la creación de las citadas comisiones.
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. (Número de expediente 155/000009):
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de la propuesta de la creación
de una Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 338; abstenciones, 6.
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA AUDITORÍA DE LA
CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS
INSTITUCIONALES Y LEGALES. (Número de expediente 155/000009).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la propuesta de creación de una
Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha
contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 340; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD, FORMULADA POR 84 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
UTILIZACIÓN PARTIDISTA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, BAJO EL MANDATO DEL
MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ, DE LOS EFECTIVOS, MEDIOS Y RECURSOS DEL
DEPARTAMENTO Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON FINES
POLÍTICOS. (Número de expediente 156/000001).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de las solicitudes de
creación de comisiones de investigación. Comunico a sus señorías que la
solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana ha
sido retirada para votar la primera que hemos debatido. En consecuencia,
votamos solo la solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a
favor, 206; en contra, 136; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. (VOTACIÓN):
- DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE LA XI LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA XII LEGISLATURA. (Número
de expediente 062/000001).
La señora PRESIDENTA: A continuación procedemos a someter para su
aprobación por asentimiento la dación de cuentas de la Diputación
Permanente del Congreso de los Diputados. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento). Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.
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