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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 53, de 16/05/2017
cve: DSCD-12-PL-53
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 53
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 51
celebrada el martes,
16 de mayo de 2017


Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 36-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000025) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 99-1, de 17 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000079) ... (Página16)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 41, de 31 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000211) ... (Página25)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores del medio rural. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 134, de 31 de marzo de 2017. (Número de expediente 162/000381) ... (Página33)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. (Número de expediente 173/000029) ... (Página41)


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 111-1, de 31 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000089) ... (Página50)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página51)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página5)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Vidal Sáez y el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Bataller i Ruiz, así como la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cano Leal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género ... (Página16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Fernández Castañón y Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proposiciones no de ley ... (Página25)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos ... (Página25)

Defiende la proposición no de ley la señora Blanco Garrido, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Sorlí Fresquet y el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; las señoras Juliá Juliá, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como el señor Serrado Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre homologación de la Renta Agraria y del Subsidio Agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores del medio rural ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Cañamero Valle, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Calvente Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Cañamero Valle.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página41)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas ... (Página41)

Defiende la moción la señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página50)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita ... (Página50)

La Presidencia informa de que este punto se someterá a votación sin debate previo con el resto de votaciones previstas para hoy.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se aprueba por 175 votos a favor más 1 voto telemático, 176, 134 en contra y 32 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, se aprueba por 341 votos a favor más 1 voto telemático, 342.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos, se aprueba por 258 votos a favor y 82 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre homologación de la Renta Agraria y del Subsidio Agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores del medio rural, se rechaza por 78 votos a favor, 172 en contra y 91 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del Ministro en relación con estas causas, se aprueba por 207 votos a favor y 134 en contra.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se aprueba por 271 votos a favor más 1 voto telemático, 272, 69 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000025).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley y, en concreto, la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.

La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

(Comienza su intervención en catalán). Porque la huelga es exactamente eso, es libertad, es solidaridad, son avances, es ilusión, también tensiones, confrontación, pero, en cualquier caso, es un derecho. Molesta, es evidente, y hay quien, si pudiera, instalaría una especie de manifestódromo, bien apartadito, para que las protestas fueran exactamente eso: un hecho aislado e invisible. Y, señorías, sepan ustedes que, si no molesta, no es huelga; es importante que entendamos esto. Yo, particularmente, he participado en tres huelgas generales: la primera, el 29 de septiembre del 2010, contra la reforma del Gobierno Zapatero. La verdad es que empezamos por todo lo alto; eran alrededor de las doce de la noche, estábamos en el piquete de Mercabarna y un conductor de un camión se puso un poco nervioso y decidió tirar recto con su camión exactamente por donde estábamos un colectivo de personas. Yo me quedé paralizada y tuve la suerte de que hubo un compañero, que confió menos en las posibilidades de que ese señor frenara, me apartó. No fue así para otros compañeros, entre otros, por ejemplo, el compañero Celes, fundador de los Yayoflautas, el cual fue arrollado por ese camión. Aún a día de hoy estamos esperando que ese señor sea denunciado y que haya algún tipo de causa hacia él. Son constantes, durante los días de huelga, las llamadas de personas que preguntan si es legal que su jefe les impida el ejercicio de huelga, si es posible que les puedan despedir por eso. Es un continuo.

En la segunda huelga general ya estaba el Partido Popular y lo cierto es que la cosa prometía bastante. Aprendimos en esa huelga general que existía una persecución selectiva. Era una persecución selectiva contra ciertos colectivos pero en ese caso las detenciones eran absolutamente aleatorias, cualquiera de nosotros podía ser detenido porque lo que hubieras hecho en el fondo no le importaba a nadie, lo importante era de qué colectivo formabas parte, de qué sindicato estudiantil eras: en definitiva, si eras parte de un sindicato. Era una forma de mandar un mensaje clarísimo hacia el movimiento sindical y hacia el movimiento estudiantil. Así detuvieron, por ejemplo, a los compañeros Isma y Dani, dos chavales que en ese momento tenían 19 y 20 años; entre los dos estaban haciendo cuatro carreras, se pueden imaginar, ¡un peligro para la humanidad! Dos compañeros que durante el piquete fueron detenidos y los tuvieron en prisión preventiva durante 34 días: ¡34 días en prisión preventiva!, compañeros que evidentemente fueron absueltos porque no habían hecho absolutamente nada más allá de ejercer un derecho que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución. Lola y Gonzalo, en Málaga; Katiana, de Ses Illes; Ricardo, de Barcelona, a quien el conductor de autobús, al que supuestamente había coaccionado, en su juicio ni siquiera le reconoció, porque en el fondo ¡no importaba tener pruebas! Alfon, en Madrid; Rubén Sanz y José Manuel Nogales, los dos de la plaza de la Lealtad, que están hoy aquí con nosotros y que evidentemente en su juicio no van a estar solos. Son muchos, muchísimos nombres, muchos hombres y mujeres que suman más de 300.

Lo cierto es que la crisis ha salido redonda para algunos de ustedes. Sí: desregulaciones, privatizaciones de lo público, precariedad para todo el mundo, pérdida de derechos... Un sueño húmedo para quienes viven básicamente de apoderarse del trabajo ajeno, que, ¡claro!, les gustaría afianzar, cómo no, y para ello es fundamental reprimir cualquier forma de organización y de solidaridad social. Por eso, la última reforma laboral se basa precisamente en desarticular la negociación colectiva, porque nos prefieren aislados, solos en el despacho del jefe. Y por eso también han 'tirado' de un fósil jurídico tardofranquista que es el artículo 315.3 porque para desmontar los derechos del trabajo era necesario reprimir la protesta social, criminalizar la huelga y, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que la hacen posible.


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El resultado ha causado efecto, eso es indudable: más de 300 sindicalistas encausados y con riesgo de entrar en la cárcel, repito, por ejercer un derecho constitucional, algo que es una flagrante degradación democrática. Pero no han conseguido lo que estaban buscando, entre otras cosas porque criminalizar la huelga nunca ha evitado su ejercicio, ¡nunca! La criminalización de la huelga solo sirve para extremar sus consecuencias. El 315 recoge los delitos de coacción en una huelga, equipara el poder de coacción de las empresas al de un grupo de personas, lo cual es ridículo, señorías. El piquete más efectivo, y lo sabe todo el mundo, el más coactivo, es el piquete patronal. (Aplausos). Es el piquete que en todas las empresas, en todos los días de huelga general arremete contra los trabajadores y trabajadoras de este país, y lo sabe todo el mundo. Empieza días antes de la huelga. Empieza con murmullos, con miradas, con críticas, con amenazas. Así empieza. Empieza, al fin y al cabo, con un de-li-to. Por cierto, delito -debe ser una casualidad- por el que jamás ninguna empresa ha sido recurrida porque ¡casualmente!, debe ser una casualidad, por el delito del 315 son solo sindicalistas, trabajadores sin ningún antecedente penal, y básicamente por luchar por mejorar las condiciones de vida de sus compañeros, los que están pasando por los procesos penales.

Sería bueno que el PSOE nos explicara algún día por qué mantuvieron en el Código Penal de 1995 esta figura delictiva que reprime una conducta, la huelga, que en ese momento ya era legal. Es más, en ese momento, de hecho, ya era considerada como un derecho fundamental. Es curioso. ¿Qué sentido tenía mantener un vestigio de la dictadura en el Código Penal de 1995? En 2015 el Partido Popular reformuló el Código Penal y redujo las penas. Sí; pero, ¿saben por qué? Pues porque básicamente reducía las penas de las coacciones ejercidas por las empresas. El capitalismo de amiguetes de nuevo al rescate para todos sus amigos. Una se puede preguntar por qué antes de 2012 no habíamos oído hablar de este fatídico artículo. Y es muy sencillo, básicamente porque no se utilizaba. Es con la mayoría absoluta del Partido Popular cuando hay una ofensiva brutal contra los derechos de la ciudadanía y cuando la fiscalía da una instrucción para utilizar este artículo para desalentar las movilizaciones. Eso es lo que hizo la fiscalía.

La coacción debe ser objeto de sanción, de eso no cabe duda, y por eso está recogida en los artículos 171 y 172 del Código Penal. Lo que es una aberración, señorías, es la criminalización del ejercicio colectivo del derecho a huelga; lo que es una aberración es la desproporción salvaje de las penas y la utilización del Código Penal para reprimir la protesta social. No existe, además, segunda oportunidad para los huelguistas. La condena impone ingreso en prisión aunque sea el primer delito que se cometa en la vida, y es algo curioso, pues nuestra legislación es más benigna con el homicida imprudente, el agresor sexual o el que comete abusos sexuales a menores que con los huelguistas, lo cual es, por lo pronto, muy curioso.

Los recambios de los ministros del nuevo Ejecutivo no han ido a mejor. Fue bochornoso, si me permiten decirlo así, ver al ministro Catalá salir nervioso e imprudente, como un adolescente, entregándose a una interpretación restrictiva de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con el derecho a huelga de las subcontratas. Un ministro de Justicia dando pie a una interpretación que cuestionaba un derecho fundamental. ¡Es de aúpa, señorías! Ustedes quieren individualizar el derecho a la huelga, y por eso hablan de libertad y no de derecho; una libertad teórica, existente solo en un papel e imposible en la práctica de llevar a término y de poder ejercerla, sin posibilidad de actuar solidariamente; un derecho en la práctica privatizado por ustedes. El derecho a la huelga solo es real si su ejercicio es colectivo y dicho ejercicio incluye, por supuesto, la posibilidad de promover la huelga de manera organizada.

Termino. Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que ponen su cuerpo, su tiempo y su inteligencia a disposición de mejorar las condiciones de todos y todas, y muy especialmente a aquellos que están pasando por este tortuoso proceso de persecución -algunas aquí presentes, otras muchas no-, a quienes preceden a esa aurora del poema de Margarit que les leía al principio, porque no somos ocho ni dos ni trescientos; somos todas, y huelga no es delito.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas, señora presidenta. Buenas, sus señorías.

No hace falta que haga hoy aquí un recorrido histórico sobre la importancia que tiene el derecho a la huelga en nuestra vida cotidiana. Sin la huelga no tendríamos vacaciones pagadas, sin ella no tendríamos jornadas semanales de 40 horas -los que la tengan, claro- ni tendríamos, por ejemplo, un sistema público de pensiones. Podemos decir con la boca llena que sin la huelga no existiría el Estado del bienestar


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del que disfrutamos o por lo menos el que va quedando. En nuestro país, la riqueza, el producto interior bruto, es ya casi igual que el que teníamos antes de 2008, antes del estallido de la crisis y la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, por el camino nos hemos dejado 35 000 millones de euros -está bien la cifra, la repito, 35 000 millones de euros- en salarios. ¿Esto qué significa? Que la tarta de la riqueza del país es más o menos la misma, pero que en todo este proceso de recortes y de políticas de austeridad los que generamos esa riqueza, que somos la gente trabajadora, nos hemos quedado cada vez con menos trocito.

Esto ha sido fruto de un plan muy bien elaborado -todo hay que decirlo- y muy bien ejecutado, que ha consistido básicamente en acabar con el poder de la gente trabajadora organizada, en acabar hiriendo de gravedad y de muerte a la negociación colectiva, y en última instancia, reprimiendo y cercenando el derecho a la huelga. El artículo 315.3 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta tres años las coacciones en el marco del derecho a la huelga. En la práctica esto significa un ataque a la libertad sindical y al derecho constitucional a la huelga de la gente trabajadora. Con esta PL buscamos la supresión del artículo 315.3, como ya dije antes, que ha sido usado para perseguir a más de 350 sindicalistas en nuestro país -como ya dijo mi compañera- que se enfrentan a peticiones de prisión de más de noventa años -y algunos ya están en la cárcel, si no que le pregunten a Alfon, por ejemplo- por ejercer un derecho constitucional. Me pregunto si esto sucediera en Venezuela qué estarían diciendo los grupos parlamentarios y los medios de comunicación en este país, me pregunto qué estarían diciendo. (Aplausos).

Es evidente que el objetivo de este artículo es reprimir, porque nuestro Código Penal ya contempla el delito de coacciones en el caso de que las hubiere en otros artículos, como el 172 por ejemplo; además, como decía bien la compañera, esto ocurre como con las denuncias de violencia machista, la realidad de las relaciones laborales es justo lo contrario, esto es como el que dice: las denuncias son falsas, mentira. Mienten, mienten. Es la patronal la que presiona. Hay múltiples sentencias que evidencian que las presiones y las coacciones son sentencias -si no que lo diga Alberto Rodríguez- que se producen mayoritariamente desde la parte empresarial hacia la gente trabajadora. Ya conocemos el tristemente clásico de: Como no vengas mañana, no te molestes en venir el resto de los días. Lo conocemos, ¿verdad?

Por este motivo proponemos revertir la reducción de penas al empleador realizada en esta última reforma del Código Penal, porque bajaron las penas, sí, pero se las bajaron a los empleadores contra todo pronóstico. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y son las herramientas más potentes, por no decir casi las únicas, que tiene la gente trabajadora para defender unas condiciones laborales dignas y un reparto más justo de la riqueza. El Gobierno de la trama, en connivencia con las élites económicas y las grandes patronales evidentemente, usa este artículo del Código Penal para reprimir a trabajadores y trabajadoras, para impedir su organización, y para sembrar el miedo a la protesta entre la población. Esto es inadmisible en cualquier Estado democrático. Y aunque se empeñen en invisibilizarlas y en decir que esto es cosa del pasado y de trasnochados, les pongo unos cuantos ejemplos.

Telemarketing: siete jornadas de huelga con un amplio seguimiento de decenas de miles de trabajadores en precario peleando por un convenio digno, todas este año. Trabajadoras de ayuda a domicilio: meses en huelga en diferentes ciudades, teniendo que recoger comida y dinero para poder llegar a fin de mes, continúan a día de hoy en la batalla. El sector de los ascensores: varias semanas en huelga, miles de trabajadores en las calles, seguimiento mayoritario de la plantilla... ¡victoria!: consiguieron ganar y frenaron la reforma laboral. Renfe Ferrovial: varias semanas en huelga por un convenio digno, aún siguen en la batalla aunque los medios de comunicación no se hagan eco. Dobladores de las series de televisión -esas que todos vemos a través de Internet-: cuarenta y cinco días en huelga, arrancaron subidas salariales históricas para el sector. Seguridad privada, Coca-Cola, brigadas forestales, taxistas, Unipost, podría estar así un mes para decirles que el derecho a la huelga está bien vivo a pesar de los pesares.

Y les recuerdo a los señores del Partido Popular y a sus amigos, que van a meter la puñalada el próximo jueves en el decreto de la estiba, que van a recordar muy bien lo que es una huelga como Dios manda porque la van a tener a partir de que ustedes metan la puñalada al sector y firmen el decreto de la estiba, precarizando así el puesto de trabajo de más de 6000 familias.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Esta iniciativa reedita anteriores intentos respecto al artículo 315 de la Ley Orgánica del Código Penal, con el que se ha generado un problema con la interpretación judicial que se viene dando al término coacciones por parte de piquetes informativos durante el ejercicio de huelga. Repasando los antecedentes, llama mucho la atención que el Gobierno de Felipe González aprobase una gran reforma del Código Penal que no solamente mantuvo esta figura delictiva sino que con el respaldo socialista y el apoyo, entre otros, de Izquierda Unida -que para entonces tenía grupo parlamentario-, propusieron endurecer las penas nada menos que hasta seis años. Tuvo que ser el Senado, gracias al Partido Popular, el que corrigiese y acotase la pena a la mitad de tiempo.

En el periodo del señor Rodríguez Zapatero los socialistas tampoco encontraron momento ni resquicio para modificar este artículo y fue de nuevo el PP quien, más recientemente en 2015, promovió una nueva redacción que suavizó las penas y también dio la posibilidad al juez de sustituirlas por sanciones, pero mantuvo la agravante de que se produzcan durante una huelga.

La pretensión de Podemos de modificar el artículo 315 sobre los piquetes en las huelgas entra de lleno en otro episodio de reformas propagandísticas, sin interés alguno para los ciudadanos. En Foro no estamos de acuerdo con esta forma de legislar a trompicones que afecta a normas de gran calado como son las leyes orgánicas y, singularmente, la del Código Penal que en este caso quiere acompañarse del sobreseimiento de las causas en curso y de la revisión de penas incluso con indemnizaciones y reintegro de las multas con abono del interés legal. No rechazamos que se emprendan procesos de reformas legislativas, pero cuando se trata de leyes importantes, claves para el cumplimiento del mandato constitucional y para la vida democrática, deberían ser cambios promovidos desde el consenso y el diálogo. No es el caso de lo que aquí se propone esta tarde.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Euskal Herria Bildu va a votar a favor de la toma en consideración por algo muy evidente: porque llevamos décadas de Gobiernos que no hacen sino arrebatar los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Son muchos los motivos para avalar la toma en consideración en un contexto en el que el derecho a la huelga es cada vez más cuestionado, se intenta enfrentar a los huelguistas con el resto de la ciudadanía y con los usuarios o usuarias de esos servicios que puedan estar afectados. Por fortuna hay excepciones. Hoy en una parte de mi país hay una huelga, una huelga a la educación pública no universitaria, secundada por el 80 % de la comunidad y en comunión de padres, madres, alumnos y cuerpo docente. Esa es una realidad que han intentado eliminar, pero que, por fortuna, todavía no han conseguido.

Como decía, décadas de limitación del derecho a la huelga, intentando incrementar de manera obscena los servicios mínimos y criminalizando a los piquetes a la vez que fomentando el esquirolaje legal. El derecho a la huelga reprimido con sentencias a piquetes, con criminalización de sindicatos, con petición de ilegalización de sindicatos como alguna patronal vasca sugirió para ELA y LAP o teniendo que recordar, también desde esta tribuna hoy aquí: ¡Alfon, libertad!, ¡Andrés, libertad! o ¡Rafa Díez Usabiaga, askatu! ¿Dónde queda el carácter neutral del poder público que consagra su Constitución en el artículo 28.2? ¿Es acaso debilitar o dificultar la movilización de la clase trabajadora un elemento para conseguir una sociedad más justa? En ningún lugar del mundo y tampoco aquí.

Señorías, creo que la Constitución española del 78 les queda algo grande para sus intereses actuales y eso no dice mucho de ustedes porque si la Constitución del 78 fue un acuerdo pactado de ruido de sables y les queda grande, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿No será que a este Estado le sobra la democracia, la libertad y el poder popular? Si esto es así, y a nosotros nos parece evidente que es así, comprendan que en Euskal Herria para defender a la clase trabajadora queramos formar un Estado propio. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.


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El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el artículo 37 de nuestra Constitución consagra la negociación colectiva laboral y eleva su fruto, el convenio colectivo, a la categoría de fuente del derecho y, como ustedes saben, a los convenios colectivos muchas veces se llega tras el ejercicio de un derecho fundamental, el de huelga, que está consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución y, como ustedes saben también, en el derecho penal la realización de conductas que en principio podrían ser incriminadas, pero en las cuales aparece la interferencia de algún derecho fundamental, provoca, normalmente, la modulización de las penas que se vayan a aprobar. Por ejemplo, y me explico, matar está mal, muy mal, pero cuando se mata para proteger la propia vida o integridad, eso se llama defensa propia y es objeto de una exclusión de la antijuridicidad o, al menos, de una atenuación de la pena. También injuriar está mal, muy mal, pero el Tribunal Constitucional ha repetido hasta la saciedad que cuando se profieren determinadas expresiones en el ámbito político, amparado por el ejercicio del derecho de participación del artículo 23, entonces muchas de esas expresiones pierden su significación injuriosa y, por tanto, no son objeto de sanción penal.

Podría extenderme, pero entrando en concreto en el artículo 28, lo que también está claro es que podría -digo podría y no debería- considerarse igualmente que aquellos actos que en principio podrían entenderse como coacciones, cuando se ejecutan en el desarrollo del derecho de huelga deben ver disminuida su significación penal, porque es lógico entender el acaloramiento de las personas que para defender mejoras laborales tienen que ejercer la huelga, asumen que se les va a descontar su salario y que por tanto ese día no van a llevar a casa el pan. Esto es algo que tendríamos que plantearnos más adelante pero, mientras llega el momento, lo importante es que por una simple cuestión de justicia y de lógica jurídica acoplemos a la racionalidad nuestro ordenamiento.

Compromís va a poyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque entiende que está absolutamente fuera de lugar que el ejercicio del derecho de huelga, la participación en piquetes, pueda acabar siendo más penado no solo que las coacciones en general, sino incluso que delitos como la tortura. Les remito al artículo 174 del Código Penal para que vean cómo está castigada. Desde luego, por un ejercicio de coherencia, debemos proceder a esta reforma legislativa. Compromís la apoyará.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. El Partit Demòcrata va a votar a favor de la reforma de la Ley del Código Penal y lo va a hacer por los mismos motivos que en la X Legislatura, cuando La Izquierda Plural presentó una iniciativa muy parecida o -diría yo- idéntica. En aquel momento su tramitación no prosperó por la mayoría absoluta del Partido Popular. Digo que vamos a votar a favor por los mismos motivos, básicamente porque el delito de coacción se encuentra tipificado reiteradamente. Figura en el artículo 172 del Código Penal y lo que hace el artículo 315.3 es criminalizar de forma singular actuaciones derivadas de las actividades propias del ejercicio del derecho de huelga. Esta reiteración es innecesaria y apoyaremos la aprobación para poder cambiar el artículo 315.3. Además, es objetivamente cierto que se ha producido un aumento significativo de la litigiosidad de las causas abiertas a instancias de la fiscalía, como antes se ha dicho, derivadas de la aplicación de este artículo, aumento que se incardina básicamente en la represión de las libertades que de un tiempo a esta parte se está viviendo en el Estado español de la mano del Partido Popular.

El Partit Demòcrata no cree ni en beatos ni en demonios por ninguna de las dos partes, pues en todas partes cuecen habas. En cualquier caso, el derecho fundamental a la huelga no ha sido desarrollado por ley orgánica y trabajaremos para que pueda elaborarse una ley orgánica de protección y garantía del mismo, puesto que es un derecho fundamental que debe poder ejercerse en beneficio de la libertad de expresión y de las reivindicaciones justas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


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Se presenta para su toma en consideración una reforma del artículo 315 del Código Penal, consistente en la despenalización del tipo especial de coacciones respecto al general de coacciones del artículo 172 de los piquetes sobre los trabajadores que no quieran secundar o continuar una huelga. Apartado 3 del artículo 315. Además, se propone la modificación de la punibilidad de los que mediante engaño, abuso de la situación de necesidad, fuerza, violencia o intimidación impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Apartado 1 de los artículos 1 y 2 del artículo 315. Asimismo, se propone la anulación de las penas privativas de libertad, la cancelación de los antecedentes penales e indemnizaciones por el tiempo que ingresaron en prisión de aquellos que fueron condenados por el tipo penal del artículo 315.3 y, si la pena fuera de multa, la devolución del importe con sus intereses legales, además del sobreseimiento de las causas penales en tramitación, con arreglo al apartado 3 del artículo 315, así como la revisión de las sentencias condenatorias en el plazo máximo de quince días.

Como se pone de manifiesto, no se trata de una reforma menor, sino de una de alcance sobre el derecho penal del trabajo, en el que se protegen y refuerzan los derechos de los trabajadores y el contrato de trabajo con la finalidad de que las más groseras agresiones a los derechos de aquellos tengan un tratamiento punitivo. Por ello, el bien jurídico protegido en el título IV del Código Penal serían aquellos derechos más relevantes de los trabajadores reconocidos en las leyes generales y en la misma Constitución; más en concreto, en el artículo 315, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la huelga, bien jurídico protegido en el derecho penal del trabajo que conviene recordar que siempre tiene un componente penal predominantemente colectivo. Eso significa que, aunque haya varios trabajadores víctimas de una misma agresión o acción criminal, se aprecia un único delito y no tantos como afectados, como ocurriría si el bien jurídico protegido fuera individual, lo que pasa en el artículo 172 del Código Penal.

Pues bien, el artículo 315 del Código Penal, del que ahora se propone su modificación profunda, siempre ha estado acompañado de la polémica, muy singularmente respecto a la actuación de los piquetes de extensión de la huelga, ya desde la misma aprobación de la Constitución y el reconocimiento del derecho a la huelga en su artículo 28.2. En este cuestionamiento se hizo especial énfasis con la aprobación en el año 1995 del llamado Código Penal de la democracia, que introdujo el actual artículo 315.3 -posteriormente modificado en el año 2015-, en el que se rebajó la punibilidad de los responsables pero sin afectar sustancialmente a la tipicidad de las conductas. El problema de fondo planteado desde tiempo atrás consiste en si debe establecerse un tipo penal en el que incurrirían los piquetes cuando impiden el derecho de los trabajadores a no hacer o seguir una huelga, dada la realidad de cómo se aplican las normas por los tribunales penales; dicho de otro modo, el término coacciones, que define la tipicidad de la conducta prohibida, no se modula en el contexto de una huelga respecto a su significado estricto, y ello da como resultado la asociación en el ámbito judicial de la acción de los piquetes a la violencia de contenido penal, olvidándose de que una huelga supone el juego de fuerzas en conflicto, que es una medida de presión y tiene en sí misma un elemento de coacción en sentido social, ya que pretende extender la huelga tanto frente a la inercia negativa de muchos trabajadores a su ejercicio, por los sacrificios que comporta -básicamente la suspensión del contrato de trabajo-, como a otros mecanismos de presión empresarial en sentido contrario, que incluso cuando son antisindicales y contrarios al derecho constitucional de la huelga son considerados por los tribunales penales sin relevancia penal, al contrario de la actuación de los piquetes, contra cuyas acciones irregulares se utiliza con preferencia se utiliza la vía penal.

Otra consideración que hemos de realizar respecto a la problemática de los piquetes de extensión de la huelga es que su actuación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la huelga recogido en el apartado 2 del artículo 28 de la Constitución, así como por la jurisprudencia constitucional, tanto para informar y persuadir a los trabajadores que no se suman para que se sumen, como para disuadir a los que han optado por continuar en el trabajo, claro es, sin ejercer violencia sobre los trabajadores renuentes a sumarse, como también reclama el Tribunal Constitucional, porque ello afectaría a otros bienes constitucionales en conflicto, como el mismo derecho al trabajo, aunque este es un derecho de menor valor jurídicoconstitucional que el derecho a la huelga, la dignidad de la persona -artículo 10.1- y el derecho a la integridad moral -artículo 15-. Incluso el Tribunal Constitucional ha sido consciente de esa necesidad de modulación de la sanción penal cuando afecta al exceso en el ejercicio de un derecho fundamental -en este caso que nos ocupa, los piquetes informativos cuando se exceden de su contenido constitucional-, llegando a cuestionar en las sentencias 29/2009 y 88/2003 la aplicación de tipos penales cuando, incluso apreciando excesos en el ejercicio del derecho, estos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. En estos casos, la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del


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derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio y desalentador de su ejercicio. Es decir -y voy finalizando-, no basta con que la conducta sancionada sobrepase las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción penal frente a dicha extralimitación no suponga un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad del sancionado o un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio del derecho fundamental, en este caso del contenido esencial del derecho de huelga, que se concreta, entre otros, en la actuación de los piquetes de extensión. El fiscal general, Torres-Dulce, manifestó algo parecido en su día sobre el artículo 315.3: es un problema de desvalor de la conducta y de desproporción sobre el bien jurídico protegido.

Por todo lo dicho y por otras razones que no tenemos tiempo en este momento de exponer, consideramos que se debe abrir una reflexión parlamentaria, enriquecida por la comparecencia de expertos y partes involucradas, en la que se busque y encuentre una normativa penal adecuada a la realidad que se pretende normal.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Vamos a votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley, con la que coincidimos. No en vano en la primera legislatura presentamos una iniciativa prácticamente igual a esta, que fue aceptada por unanimidad, y en esta legislatura hemos presentado otra proposición en el mismo sentido.

Me decía un histórico militante obrero y uno de mis referentes políticos y sindicales, Miguel González, de Sant Boi: Estos -refiriéndose al Partido Popular- lo primero que harán será imponer una brutal reforma laboral para hacer pagar los platos rotos de lo que llaman crisis a los trabajadores; y así fue: una reforma que ha condenado a miles de trabajadores y trabajadoras a la pobreza y a la precariedad. Y decía Miguel González: Nuestro querido Gobierno continuará con una reforma para que nadie pueda protestar y cuestionar lo que se nos viene encima. Y así fue, acertó una vez más: para que nadie pudiera cuestionar sus políticas, el Partido Popular continuó aprobando una ley mordaza y, como no tuvo suficiente, rescató una nueva interpretación del artículo 315.3 del Código Penal que se realizará a instancias de un fiscal. Esta interpretación forzada, porque nunca antes se había aplicado esa rémora del Código Penal, ha permitido tener más de trescientos sindicalistas procesados con peticiones de cárcel que oscilan entre los tres y los ocho años.

Lo que está en juego en esta proposición de ley es la propia democracia, el derecho a huelga, principio fundamental de un país democrático, que actualmente se encuentra cuestionado. En las próximas semanas serán juzgados Rubén y José Manuel, sindicalistas de la UGT, que al igual que esta lista de más de trescientos sindicalistas que me pasó el compañero Pepe, de Comisiones Obreras -sindicalistas que no nombro porque no les he pedido permiso-, han tenido que sufrir años de ansiedad a la espera de un juicio y una sentencia que les permitiese quitarse esa espada de Damocles de encima y volver a recuperar la paz y su plena libertad. El único crimen cometido por ellos ha sido salir a la calle a defender sus derechos pisoteados. Su único crimen, en definitiva, ha sido ejercer el derecho a la huelga, resistir e impedir la aplicación de una reforma laboral dictada por la troika para el Gobierno de Rajoy, que debe pedir permiso para todo lo importante, incluida la modificación de una legislación para la estiba; para eso también tiene que pedir permiso. Ha quedado demostrado que es una reforma laboral que solo ha servido para empobrecernos y satisfacer los intereses de las multinacionales, del sistema financiero y de una parte del empresariado sin escrúpulos. La democracia exige la derogación del artículo 315.3 para garantizar que no volverá a ser utilizado al antojo del Gobierno para evitar la resistencia y la movilización legítima de cualquier trabajador contra cualquier plan que deniegue el derecho a la vida con dignidad. De la misma manera que los pueblos, como el catalán, tienen derecho a decidir su destino, los trabajadores y las trabajadoras tenemos el derecho, incluso diría que la obligación, de defendernos frente a cualquier reforma que ataque nuestros derechos y de vivir con un trabajo y un salario dignos. Lo mejor de nuestra sociedad se debe, sin duda, a las luchas del movimiento obrero organizado. En Cataluña, Esquerra Republicana y, en España, los republicanos, que aún los hay, lo tienen muy claro: no hay derechos nacionales sin derechos sociales, pero no hay derechos sociales sin derechos nacionales. Son la doble cara de una misma moneda. (Aplausos).


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Acabo. Es necesario derogar cualquier norma que criminalice el ejercicio democrático de la huelga, los piquetes informativos, las asambleas, las reuniones, el poder manifestarnos pacíficamente en cualquier espacio y ante cualquier institución, porque las instituciones están al servicio del pueblo, al igual que lo está esta Cámara, donde debatimos sus representantes. Ninguna norma debe impedir el libre ejercicio de manifestación ante este Congreso, ante este Parlamento y ante cualquier otro. Derogar el artículo 315.3 es una exigencia mínima, como lo es el archivo de todos los procesos abiertos en torno a su aplicación y la anulación de los realizados. No basta con que sean absueltos; nunca debieron estar procesados. Nunca debió ser cuestionada su dignidad por una ley antidemocrática, nunca debieron pasar este mal trago por ser sindicalistas, es decir, miembros de una organización que hoy es, a pesar de sus errores, el único dique de contención al capital y al salvaje libre mercado fuera de control.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Leal.

El señor CANO LEAL: Gracias, presidenta.

Señorías, se nos trae aquí una propuesta de reforma del Código Penal, una ley orgánica, cuyo alcance no ha sido detallado por el grupo proponente. Vamos a explicarlo de modo somero. En primer lugar, se establece una modificación para hechos futuros, es decir, la modificación del tipo penal para las dos figuras que aparecen en el 315, párrafos primero y segundo, y para hechos pasados se hace una propuesta: para procesos en tramitación se propone el sobreseimiento; para sentencias condenatorias, sin que la proposición de ley indique si son sentencias firmes o no, se propone la revisión a instancias del ministerio fiscal; y para sentencias en ejecución, se propone la anulación, indemnización y reintegro de multas, también a instancia del ministerio fiscal.

El artículo 315 ha sido sometido a una sola modificación en el año 2105 por el Partido Popular, que analizamos muy someramente. En esa descripción de los dos tipos delictivos, el artículo 315 contiene la protección del derecho a huelga y la protección del derecho a trabajar o a no hacer huelga. Respecto del primero se dice que se penará a los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de libertad sindical o el derecho de huelga. La modificación que propuso en el año 2015 el Partido Popular fue una rebaja en la pena. Este tipo va incluido tanto si va con violencia, fuerza, intimidación o coacciones como si va sin ellas, que fue la modificación que se introdujo. El segundo derecho es el derecho a trabajar o a no hacer huelga. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga. Lo que hace la reforma es endurecer la pena. Por lo tanto -como puede observarse- el Partido Popular no vino sino a reducir las penas de aquellos que impidieron el ejercicio del derecho de huelga y a aumentar las de aquellos que coaccionaren a otros para iniciar o continuar su huelga y, por tanto, en definitiva, vino a poner trabas en el ejercicio del derecho de huelga. Pues bien, lo que ahora se pretende con la proposición es volver a la redacción inicial del año 1995 del Código Penal, artículo 315.

Con respecto a la supresión del párrafo tercero, tenemos que puntualizar, señorías, en primer lugar, que está modificación debía ser consensuada por todos los grupos parlamentarios y no ser consecuencia de una propuesta individual, en este caso, de Unidos Podemos. Así lo detallamos en campaña electoral y en la Comisión de Empleo y Seguridad Social; en segundo lugar, que esta supresión del párrafo tercero del artículo 315 ya estaba incluida en el acuerdo que suscribimos entre Ciudadanos y el Partido Socialista en la anterior legislatura, que el grupo proponente rechazó formalmente.

Señorías, el derecho de huelga es un bien jurídico digno de protección y, por esta misma razón, todo límite a su ejercicio debe tener un carácter esencialmente restrictivo, tal y como ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo. En eso estamos de acuerdo, lógicamente. También consideramos, como ya han declarado nuestros tribunales y juzgados, que el derecho al trabajo también es digno de protección. Por consiguiente, a ojos de nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, el verdadero reto de esta iniciativa debería estribar en encontrar un equilibrio plausible entre ambos derechos dignos de protección. Esa es la esencia. En relación con lo anterior, la presente proposición de ley orgánica contiene cuestiones que hay que canalizar.

En primer lugar, estamos de acuerdo con la propuesta de modificar las penas de los apartados primero y segundo del artículo 315, lógicamente, y también lo estamos con la supresión del apartado tercero, la despenalización, como hemos dicho. Es preciso recordar, señorías, que durante dos décadas, desde el año 1995 hasta 2015, el artículo 315 convivió en un consenso aceptado por todo el mundo y


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sin plantear problemas ni al Gobierno socialista ni al del Partido Popular. Se logró, por tanto, un equilibrio adecuado entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo. Este equilibrio logrado en el Código Penal de 1995 no fue interrumpido hasta que, de una forma totalmente innecesaria, el Partido Popular aprobó su Ley Orgánica 1/2015. Por esta razón, durante la XI Legislatura, la anterior, nuestro grupo parlamentario -como ya he señalado anteriormente- suscribió un acuerdo con el Partido Socialista en el que se incluía como punto eliminar ese apartado tercero del artículo 315; además, votamos a favor de una proposición no de ley debatida en la Comisión de Empleo y Seguridad Social que proponía precisamente esa supresión del apartado tercero. Por tanto, esta reforma, que Ciudadanos ya había planteado anteriormente, nos parece adecuada en la medida en que pretende abolir el desequilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo que introdujo la reforma del Partido Popular. Otra cosa diferente son las propuestas que se hacen con respecto a los temas que están en tramitación, que han sido enjuiciados, han sido sentenciados o están en fase de ejecución.

Respecto del sobreseimiento de las causas que se encuentran en tramitación, la revisión de los procedimientos en los que hubiera recaído sentencia condenatoria y la anulación del cumplimiento de la ejecución de una pena privativa de libertad tengo que decir, señorías, señores del grupo proponente, que este es un efecto natural de la reforma; no era necesario incorporar estas consideraciones, porque son consecuencia del propio artículo 2 del Código Penal, que en su párrafo segundo establece que, no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Respecto a la petición de indemnización, no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso supone equiparar una sentencia dictada de acuerdo con la norma en vigor en aquel momento con un supuesto de responsabilidad patrimonial, que no concurre aquí porque no se ha producido un error.

Acabo. Por tanto, señorías del Grupo Unidos Podemos, ya que Ciudadanos es el único partido y el único grupo parlamentario que propone y defiende la despolitización de la justicia y la reforma del ministerio fiscal, para abundar en su independencia y para hacer posible el cumplimiento de esta modificación les invitamos a apoyar nuestras reformas. Respecto de la suya, les decimos que aportaremos las enmiendas oportunas en el trámite correspondiente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Presidenta, señorías, quiero saludar a la representación de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras que nos acompaña y dedicar saludo muy especial a los compañeros de la Federación de Hostelería de la UGT, encausados injustamente por la defensa que hacen del ejercicio del derecho de huelga y amenazados también injustamente con una pena de cárcel de hasta siete años. Una barbaridad absoluta. (Aplausos).

Señorías, el Grupo Socialista va a respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica por su propósito explícito, la defensa del ejercicio del derecho de huelga, y porque el propio Grupo Socialista viene defendiendo iniciativas en el mismo sentido desde hace mucho tiempo. Vamos a respaldar la propuesta a pesar de venir a destiempo y de manera incorrecta; lo lógico hubiera sido esperar a contar con la iniciativa más completa, más fundamentada que los sindicatos estaban ultimando y que nos han entregado esta misma mañana, y lo correcto hubiera sido incluir la modificación del artículo 172 junto a la derogación del 315.3, porque solo así evitaremos realmente que los huelguitas vayan injustamente a la cárcel. Por cierto, la portavoz de Unidos Podemos debe saber que la incorporación del 315.3 al Código Penal de 1995 llegó a través de una enmienda de Izquierda Unida que fue suavizada y rebajada por una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. (Aplausos). En cualquier caso, el Grupo Socialista votará a favor de esta iniciativa y presentará enmiendas de la mano del trabajo que han desarrollado mis compañeros, Manuel de la Rocha y Juan Carlos Campo, y tomando como referencia la propuesta bien fundamentada que nos han hecho hoy los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

¿De qué se trata, en definitiva? Para el Grupo Socialista se trata de evitar que se envíe a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de ejercer un derecho fundamental, como es el derecho de huelga, participando en un piquete informativo. Señorías, este es el objetivo inmediato, pero la meta a perseguir con el cambio legal debe ir mucho más allá. Se trata de defender el propio derecho de huelga como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, porque existe una ofensiva conservadora que pretende deslegitimarlo y desactivarlo de facto por la vía de la intimidación. Se trata de defender también


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la libertad sindical, un pilar básico de nuestra democracia, ante los intentos de limitarla y de restringirla para limitar y restringir a la vez sus funciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Se trata, en definitiva, de defender el papel de los sindicatos en nuestra sociedad, como instituciones fundamentales para nuestra convivencia democrática, frente a la acción premeditada y concertada entre poderes públicos y poderes privados que intenta desacreditarlos y debilitarlos precisamente en el momento en el que se trata de imponer un modelo productivo que fundamenta la competitividad de las empresas en la precarización de los empleos y en la devaluación salarial. De esto se trata, de defender el derecho de huelga, de defender la libertad sindical y de defender el papel de los sindicatos que velan por los intereses de los trabajadores.

¿Qué planteamos en concreto? Dos cosas. Primero, derogar el 315.3 del Código Penal, relativo al delito agravado de coacciones en el desarrollo de la huelga, y segundo, reformar el 172, que regula con carácter genérico el delito de coacciones. ¿Por qué derogar el 315.3 del Código Penal, después de haberlo mantenido desde 1995 y a pesar de la reforma de 2015? Porque durante los últimos años se ha demostrado innecesario por redundante. Los tribunales han contado siempre con el genérico 172 para perseguir conductas realmente violentas. Lo derogamos también por defectuoso, porque está permitiendo una interpretación torticera por parte de algunos elementos de la fiscalía que encausa injustamente a integrantes de piquetes informativos durante las jornadas de huelga. Y lo derogamos porque este artículo parte de la premisa inaceptable de que un delito cometido en el ejercicio de un derecho fundamental ha de castigarse en mayor medida, con más años de cárcel, que un delito cometido en otras circunstancias, y esto no tiene sentido.

El hecho es que entre los años 1995 y 2011 este artículo pasó desapercibido. ¿Cuándo comienzan los problemas? En el año 2012, con el nuevo Gobierno del Partido Popular, cuando se produce una acción concertada de la fiscalía para castigar la acción de los piquetes informativos de una manera ejemplarizante. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cambios de doctrina? ¿Cambios de jurisprudencia? No, la razón fue el propósito de limitar el ejercicio del derecho de huelga, de criminalizar a sus promotores y de disuadir a los trabajadores en su seguimiento. Se trataba de desprestigiar la protesta sindical en general, se trataba de desgastar la imagen de los sindicatos en un contexto en el que su labor resultaba fundamental. La reforma laboral dinamitaba la negociación colectiva y la Ley mordaza, junto a la acción de la fiscalía contra los piquetes, debilitaba la contestación sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Este ha sido el juego. Por eso, hay que defender el derecho de huelga, que forma parte del pacto constitucional, que es expresión democrática de un conflicto social, que es un derecho de conflicto y que solo en este contexto cabe interpretarlo. Y hay que defender también el papel de los piquetes informativos en una huelga. Todos estamos en contra de la violencia, pero los piquetes informativos no son comandos violentos. Se trata de instrumentos legítimos de difusión y de propaganda de la huelga, con funciones de persuasión y de disuasión incluso que también están legitimadas en la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Cuando se persigue a un piquete no violento se busca algo tan inaceptable como desalentar el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga, se busca deslegitimar la propia acción sindical, y debilitar a los sindicatos, señorías, es debilitar la democracia y los fundamentos de nuestra convivencia democrática, tengámoslo en cuenta.

Son cientos los trabajadores amenazados por causas injustas debido a este tipo penal que hoy queremos derogar, pero decíamos que hay que modificar también el 172 para evitar que se utilice este otro precepto para seguir persiguiendo injustamente a los sindicalistas en el ejercicio de sus derechos. Plantean los sindicatos y plantea el Grupo Socialista adecuar nuestro Código Penal a la doctrina del Tribunal Constitucional, que diferencia las supuestas coacciones cuando se ejerce un derecho fundamental y cuando no se ejerce un derecho fundamental. Esta es la reforma que planteamos en el 172.

En conclusión, señorías, el Grupo Socialista va a respaldar esta proposición de ley y va a trabajar en una redacción definitiva que contribuya a defender el ejercicio del derecho de huelga, el ejercicio de la libertad sindical y el papel crucial de los sindicatos en una sociedad que aspira siempre a ser más justa y más decente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.


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La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que hoy me alegro mucho de ver la posición de algunos grupos parlamentarios que han vuelto a recuperar la presunción de inocencia, aunque solamente sea para aquellas personas que están incursas en procedimientos por el 315.3. Yo también creo firmemente en la presunción de inocencia de esas y de otras muchas personas que están siendo investigadas. (Aplausos). También, como a otras muchas personas, les deseo lo mejor.

Además de alegrarme por esto, no salgo de mi asombro porque parece que el delito del 315.3 ha nacido antes de ayer, que los jueces son meros monigotes en manos de no sé qué confabulación con la fiscalía y otros operadores jurídicos para hacer lo que se supone que no sé qué entes abstractos desean que se haga en relación con este tema. No sé si el Partido Socialista tendrá mucho futuro, pero desde luego lo que no tiene es historia por lo que se está contando en esta tribuna. Lo que sí es cierto es que lo que se propone hoy es derogar el artículo 315.3 y además incluir una disposición adicional para indemnizar -es la única aportación, lo demás no tiene ningún sentido- a todos aquellos que han sido condenados por sentencia firme y además ya la han cumplido. Tampoco se nos dice desde cuando; a lo mejor es desde el principio de los tiempos, a lo mejor es desde el año 1995, cuando el Partido Socialista aprobó el llamado Código Penal de la Democracia.

Todo esto parece desprenderse de la literalidad de la proposición de ley de Podemos, pero no es cierto, no es lo que aquí se nos propone. Lo que hoy se nos propone es un espejismo, un desatino jurídico, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que pone en jaque los principios de seguridad jurídica, de retroactividad de la Ley penal e, incluso, el principio de legalidad. Lo que me sorprende es que esto sea apoyado por algunos otros grupos a los que se les supone un mayor conocimiento de la ley y concretamente de la Ley penal.

Hablan ustedes de venir aquí a defender la libertad sindical y el derecho a la huelga. Pero el derecho a la huelga y la libertad sindical están defendidos por el artículo 28 de la Constitución y por el artículo 315 del Código Penal en sus tres números, donde figura la protección específica por los delitos que se cometen en un exceso en el ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales. Hablan de criminalizar la huelga. Miren, los que criminalizan la huelga son aquellos que equiparan el ejercicio legítimo de la huelga, protegido por la ley, que realizan en España miles de personas, con incidentes violentos que deberían avergonzarles en vez de defenderlos. (Aplausos). Se protege dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores, porque aquí no contraponemos el derecho al trabajo con el derecho a la huelga, lo que se protege en los tres números del artículo 315 es el derecho a la huelga, en sus dos versiones. (El señor Rodríguez Rodríguez hace signos negativos). Sí, señor, el derecho a la huelga, tanto en la versión positiva, la posibilidad de convocarla, de ejercerla, de hacer publicidad sobre ella, como en el legítimo derecho de no secundarla. Estudie, por favor, estudie. Y estudie además a los grandes penalistas y laboralistas, que no voy a citar porque probablemente no se sentirían muy cómodos si los cita un miembro del Partido Popular ya que no son precisamente muy afines a nuestro grupo parlamentario.

El derecho a la huelga es un derecho, como han dicho ustedes -es cierto-, de ejercicio colectivo pero de titularidad individual y que, por lo tanto, debe ampararse en esa titularidad individual tanto en su vertiente positiva como en su vertiente negativa. Esta lección de primero de Relaciones Laborales es gratis; si quiere alguna más, luego le invito a una Coca-Cola en la cafetería y se la doy allí. (Aplausos.-Rumores).

Quiero recordarles que la doctrina y la jurisprudencia son unánimes, y si ustedes no me creen, repasen esos manuales, repasen esa doctrina científica muy autorizada de grandes penalistas y grandes laboralistas españoles. Le voy a decir lo que algunos de esos grandes penalistas citan textualmente en algunos de sus artículos y de sus blogs. Lo hacían en el año 2007, por cierto, en la reforma que el PSOE no se atrevió a incluir. Dicen que aconsejan una protección específica del derecho a no participar en la huelga pero atendiendo en la construcción del tipo concreto a lo colectivo conflictivo. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular, evitando la genérica referencia a la fuerza en las cosas -que también estaba en la redacción anterior-, a la violencia en las personas, y ha clarificado exigiendo que se dé además la coacción de contenido penal para poder castigar estos delitos. Ahora la violencia y la intimidación irrelevante no tienen cabida. Esta aspiración de regreso al pasado, de retorno al año 1995 que tienen los del grupo proponente y todos los que lo secundan, lo que hace es intentar que se castigue más a esos piquetes violentos. ¡Yo no entiendo nada! ¡Ustedes quieren pasar de penas de tres años y un día a cuatro años y medio y multa de doce a dieciocho meses! Este es el encarnizamiento punitivo, el que ustedes


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están proponiendo, no el que quiere el Partido Popular, que cree que las cosas deben tener una justa medida para que los delitos se correspondan con sus penas.

No tiene ningún sentido la propuesta que hacen, carece de sentido común, carece de sentido jurídico y solo puede obedecer o al desconocimiento en la materia -yo creo que por ahí van las cosas- o a que intentan acaparar titulares, que también. Además, de paso, hacer un juicio sumarísimo a los jueces y tribunales cuando dictan sentencias que no les gustan, cuando condenan a aquellos que ustedes consideran uno de los nuestros. Señoría, yo le digo: no echen de menos esas expresiones que hablaban del vuelo de las togas con el contacto del polvo del camino, no añoren a los jueces adeptos al régimen que ustedes proponían en el documento programático o propuesta trampa que hicieron al PSOE en la anterior legislatura, no lo añoren porque, frente al polvo de las togas, el Grupo Popular quiere jueces impolutos que apliquen la ley, no que se la dé interpretada un grupo político por intereses claramente partidistas. (Aplausos).

Con respecto al resto de las propuestas -termino ya-, ni voy a entrar porque son inútiles o son absurdas al pretender indemnización por la aplicación correctísima del derecho vigente. Dicho esto, solo puedo concluir diciendo que, lógicamente, el Grupo Popular no puede apoyar un concepto pervertido de lo que ustedes entienden por libertad y democracia a la venezolana. No contarán con nuestro voto. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEJORA DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000079).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.

Permítanme unas consideraciones previas. Han transcurrido más de diez años desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una norma que abrió la puerta a estructurar la respuesta del Estado a la violencia contra las mujeres, una ley que supuso un gran paso en la protección de las víctimas precisamente por otorgarles una tutela reforzada frente a los actos de maltrato físico y psicológico.

La mejora de las actuaciones del Estado frente a esta violencia que cuesta la vida de decenas de mujeres cada año es uno de los objetivos de la subcomisión en la que comprometemos nuestra credibilidad ante la lucha contra la violencia. Esa subcomisión busca también respuestas para que la ley se cumpla y la reparación sea efectiva. La propia Ley 1/2004 mandata a los organismos de igualdad a valorar los programas y acciones que se lleven a cabo y a emitir recomendaciones para su mejora porque el legislador es consciente de que nos hallamos ante una violencia que muta y que necesita respuestas adaptadas. Sabemos que para combatir esa violencia es preciso contar con un buen entramado de recursos para la institucionalización de las políticas de igualdad y en el entramado de respuestas a esa violencia es clave la prevención, garantizar la seguridad, dar justicia para acabar con la impunidad y ofrecer reparación a las víctimas. Esta proposición, señorías, se enmarca en este último aspecto ya que viene a dar respuesta a las necesidades de protección y de atención a los hijos de las víctimas mortales, es decir, a los huérfanos de la violencia de género, que son, a su vez, reconocidos por la ley como víctimas directas.

Esta, señorías, es una proposición de ley para evitar la desprotección en las situaciones de orfandad por violencia de género. Quiero dejar constancia de que en la toma de conciencia respecto de esta realidad la sociedad civil, como siempre, ha ido por delante. La inicial cuantificación que hizo en su momento y que viene haciendo la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ha sido clave y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto ha permitido visibilizar con datos y con testimonios la realidad y los desafíos a los que se enfrentan estos niños y niñas; realidades y desafíos, señorías, a los que el legislador no puede ser ajeno porque la realidad que nos muestran los casos identificados por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto nos interpelan y nos demandan el cumplimiento de nuestra responsabilidad como poderes públicos. Son muchos los menores expuestos al sufrimiento de la orfandad, afectados en su desarrollo emocional, necesitados de ayuda para su


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recuperación. Huérfanos que se encuentran en la indefensión absoluta y sin un Estado que asuma la mínima responsabilidad hacia esos menores.

Necesitamos garantizar una prestación contributiva a todos los huérfanos por violencia de género y podemos hacerlo a través de esta reforma que trae hoy el Grupo Socialista y que parte del reconocimiento expreso, a efectos de la generación del derecho a la pensión de orfandad, de que la madre causante por violencia de género sea considerada en alta o situación asimilada a la de alta. La única forma de garantizar de manera efectiva la protección que brinda el sistema de Seguridad Social es que estas prestaciones de orfandad por violencia de género se inserten dentro del marco contributivo del sistema de Seguridad Social. No es solo por sentido común. Pensemos en la dificultad de empleabilidad de la madre finalmente asesinada. Nos encontramos con mujeres controladas por el maltratador en la realización de cualquier actividad fuera de su dominio, que convierten el lugar de trabajo en un espacio de riesgo. Estas circunstancias impiden que se les exija a estas víctimas del terror machista unos requisitos de alta y de cotización para acceder a unas prestaciones de Seguridad Social que además les son necesarias para escapar del maltrato y hacer factible su recuperación. Así lo hicimos y así lo reconoce la Ley contra la violencia de género, aprobada por unanimidad en esta Cámara.

Además, el interés superior del menor nos reclama este avance en el sistema de protección, porque si las leyes les declaran víctimas directas de la violencia, deberían a su vez reconocerles el derecho a una recuperación integral; parece lógico. A quienes se les ha situado en la mayor de las indefensiones debemos dejarles claro que estamos comprometidos en garantizarles que las prestaciones de muerte y supervivencia estén dentro del sistema contributivo. (Aplausos). Para los socialistas, esta iniciativa forja un mayor blindaje del sistema de protección social y es la mejor garantía para que enfrentemos las situaciones de desamparo como las que contempla esta proposición de ley.

Señorías, hasta el momento las reformas llevadas a cabo no han dado soluciones de reparación a los menores huérfanos cuyas madres no hubiesen cotizado 500 días en los últimos cinco años, y muchísimo menos a aquellos cuya madre causante no estuviese dada de alta en la Seguridad Social. Esos menores están en el desamparo absoluto. Sus historias de vida deben hacernos reflexionar sobre la responsabilidad del Estado en la reparación. Los socialistas estimamos que la no consideración de esta iniciativa legal supondría vulnerar el estatuto integral de protección diseñado por la Ley contra la violencia de género, del cual también son beneficiarios las personas huérfanas por esta violencia. ¿Por qué? Sencillamente, porque también son víctimas.

Esta modificación del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social que el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy al Pleno recoge también un incremento de hasta el 70 % de la base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización cuando los ingresos de la unidad familiar de convivencia se situaran por debajo del 75 % del salario mínimo interprofesional. Además, en el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, la cuantía podría situarse en torno al 118 % de la base reguladora y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. Solo a través de una legislación clara en esta materia podremos también acabar con las interpretaciones de un INSS que litiga contra el reconocimiento de una pensión de orfandad a unos huérfanos absolutos bajo interpretaciones literales que conculcan los fines de protección perseguidos para garantizar su aseguramiento y protección y sus fines tuitivos del sistema de Seguridad Social.

El Grupo Socialista se rebela ante los comportamientos burocráticos de una administración que alega falta de cumplimiento de unos requisitos de alta o de cotización y que se escuda en una interpretación literal de las normas jurídicas para privar de una pensión de orfandad necesaria a unos menores que, sin embargo, la pueden ver reconocida si acuden a los Tribunales de Justicia ante el atropello de su derecho, y que les reponga en esa tutela denegada. Necesitamos, por tanto, dar seguridad jurídica a las personas guardadoras de esos menores y no abocarlas a litigar frente a la Administración del Estado en busca de los recursos básicos para la supervivencia de esos menores. Sin duda, ello implica una nueva victimización por parte del Estado a la que tenemos que poner freno de inmediato. (Aplausos).

A pesar de que sabemos que poner fin al silencio pasa por poner en evidencia la magnitud del problema, no puedo decirles exactamente el número de menores que en este país quedan en la desprotección absoluta tras vivir el traumático hecho de perder a sus madres en una agresión machista a manos de su progenitor. No puedo decírselo porque los sistemas de registro del Estado no cuantifican estas situaciones, pero sí sabemos que prácticamente cada semana se incorpora un menor a la estadística de orfandad por violencia de género, y también sabemos que muchos de ellos no perciben ningún tipo de prestación, a pesar de las reformas que se han venido haciendo hasta el momento.


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Sabemos que en torno al 20 % de las mujeres asesinadas en los últimos años tenían menos de treinta años y, por tanto, las probabilidades de que tuviesen una cotización suficiente son muy bajas. Sumen a ese porcentaje el de todas aquellas que, por circunstancias asociadas a las estrategias de control de los violentos, se vieron obligadas a dejar empleos que les garantizaban la independencia económica. Con estos parámetros podemos hacer estimaciones de que mucho más del 50 % de estos huérfanos están en situación de desamparo o indefensión como consecuencia de no percibir ninguna pensión de orfandad. Ahora, a través de esta iniciativa, podremos tener acceso a datos para una cabal comprensión de lo que está ocurriendo.

Presentamos una proposición de ley que evita esta inseguridad jurídica y que garantiza a todos los menores huérfanos de esta violencia criminal el derecho efectivo a una pensión de orfandad de cuantía suficiente, atendiendo al mandato constitucional recogido en los artículos 39 y 41 de la Constitución; una pensión contributiva inserta dentro de nuestro sistema público de pensiones, que es el pilar básico de nuestro Estado del bienestar. Necesitamos avanzar en la consolidación del estatuto integral de protección de violencia de género y, por tanto, en el de estos huérfanos y huérfanas. Hoy lo hacemos proponiendo una ley que continúa con la labor de mejora de las pensiones de orfandad en violencia de género. Pero esta, señorías, no será la única propuesta del Grupo Socialista. Durante la X Legislatura ya propusimos una amplia batería de medidas relacionadas con la fiscalidad de las personas que asumen el cuidado de esos huérfanos, medidas para su refuerzo educativo, medidas para eliminar obstáculos normativos que no consideran sus especiales circunstancias o el reconocimiento de que algunos derechos de sus madres sean derivados a las personas acogedoras. Su rechazo de entonces no hará que desistamos de exigir mayor compromiso del Estado con estos menores.

Voy finalizando. Estamos terminando los trabajos de la subcomisión para un pacto contra la violencia hacia las mujeres. Que esta Cámara hoy apruebe por unanimidad la toma en consideración de esta proposición de ley será un buen prólogo que nos encamine por la senda que todos esperan de nosotros: la de la unanimidad en la repulsa y la unidad en la respuesta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

En Foro vamos a respaldar el refuerzo de la protección a los menores que han sido víctimas directas de la violencia de género. Es una cuestión importantísima y el Gobierno anunció recientemente su decisión de incluirla en el pacto de Estado promovido aquí a finales de año para que todos los menores que queden huérfanos como consecuencia de la violencia de género reciban la pensión de orfandad absoluta.

Señorías, se acaban de dar en esta tribuna varios argumentos y cifras estremecedores sobre el drama de la violencia de género que justifican la necesidad de profundizar en las medidas, pero no sería justo hacer reproches sobre una materia en la que si se han logrado avances ha sido precisamente gracias a medidas muy avanzadas que no se habían contemplado en la Ley integral de 2004. Fue durante el primer Gobierno de Rajoy cuando se promovió el cambio del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modificando la Ley de Seguridad Social para que estos menores pudiesen cobrar la pensión de orfandad completa, lo que supone el 100 % de la base reguladora que le correspondería a la madre asesinada. Por lo tanto, esta proposición de ley socialista para mejorar la pensión de orfandad de los hijos víctimas de violencia de género no es el camino más correcto porque propone lo que ya está en marcha. Aunque la diputada señora Álvarez Álvarez no lo ha dicho, sobre este asunto ya se está trabajando con intensidad y nosotros pensábamos que con unanimidad aquí en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. (Denegaciones por parte de la señora Álvarez Álvarez). Asimismo, fue tema relevante en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada hace solamente cuatro meses, donde se acordó encomendar al Gobierno de España la solicitud de la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta para celebrar un debate monográfico que incorporara las aportaciones de las mismas a los trabajos del Pacto de Estado contra la violencia de género. En todo caso, esta toma en consideración contribuye al mensaje contra la violencia de género y a la protección y reparación a las víctimas, y ahí siempre, siempre, siempre nos van a encontrar.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, señorías, muy buenas tardes.

Señorías del Grupo Socialista, votaremos lógicamente a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque nos parece absolutamente necesaria, y además cuenten con nuestros dos escaños para todo aquello que signifique lucha contra la violencia hacia la mujer, siempre. Además, nos gustaría que se garantizaran definitivamente las pensiones de orfandad para los menores víctimas de violencia de género, que esa pensión esté referenciada al salario mínimo interprofesional con independencia de que su progenitora haya o no cotizado y de los años que haya cotizado, si es el caso, y por último, que esa pensión sea complementaria a otro tipo de prestaciones, como ya lo es en este caso en la Comunidad Foral de Navarra, donde tienen ayuda psicológica y también disponen de aportación en el ámbito educativo, etcétera.

Señorías, no es ninguna casualidad que mi grupo, Unión del Pueblo Navarro, vaya a apoyar esta toma en consideración y que seamos una vez más pioneros como lo fuimos en el año 2002, con la primera Ley contra la Violencia de Género que hubo en este país. No es ninguna casualidad que el primer texto legal que recoge a los menores como víctimas de violencia de género fuese la Ley foral 14/2015, de 10 de abril, liderada por Unión del Pueblo Navarro, como tampoco es ninguna casualidad que en Unión del Pueblo Navarro exista una Asociación que se llama Blanca de Navarra, presidida por María José Vidorreta y formada por mujeres cuya única gran misión es la lucha contra la violencia de género. Por tanto, cuenten con nosotros siempre en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, en el Partit Demòcrata vamos a votar a favor de esta iniciativa legislativa que nos presenta hoy el Grupo Socialista. Los menores deben ser protegidos, los menores no pueden ser doblemente victimizados y es harto insuficiente la cobertura para estos menores, tal y como está prevista hoy en día, solo predicada de aquellos cuya madre cotizaba a la Seguridad Social. Nos parece muy escasa la medida que anunció la ministra cuando dijo que se podía dotar de carácter retroactivo y no aplicar esta protección solo a partir de 2015, para que los menores pudieran cobrar la pensión de orfandad. Entendemos también que una de las causas de la violencia de género es la prohibición a la madre de que trabaje. Por tanto, dentro de esta forma de violencia no podemos desamparar a los menores, quienes tienen derecho a percibir esta indemnización en beneficio de su recuperación y de su no revictimización.

También en Cataluña desde 2008 tenemos a los menores incluidos como víctimas directas de la violencia de género. De hecho, en esta Cámara resuenan los mensajes de que los menores son víctimas de la violencia de género. Hago mía una frase que ha dicho usted, señora Álvarez, de que la violencia de género muta, es verdad, se sofistica, y la Ley integral fue un excelente paso, pero no puedo entender por qué motivo hay tanta resistencia a abrir, como mínimo, el concepto de protección que da esta ley. En el marco de los trabajos de la subcomisión de violencia de género no podemos quedarnos en que siga solo protegiendo contra la violencia intrafamiliar. Si los menores se hubiesen incluido en 2004, habríamos avanzado muchísimo porque son el interés más necesitado de protección. Dentro de este ánimo de consenso que usted ha brindado hoy aquí, esperemos que haya un buen pacto para acabar con la violencia machista. Tendrá nuestro apoyo para esta toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, lo cierto es que pocas palabras deberían bastar para conseguir el apoyo no de nuestro grupo sino de cualquiera a una iniciativa como esta. Desde 2013 han quedado huérfanos en España como consecuencia de la violencia de género un total de 169 menores y lo cierto es que es una lacra a la que hay que atender de una forma especial, sobre todo teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad


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en la que quedan los menores. Aunque ya se ha hecho, voy a repetir un breve recorrido sobre la situación normativa.

La Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, inició una andadura protectora primero de las mujeres víctimas de ese tipo de violencia, que es particularmente repugnante. Más tarde dicho propósito se extendió al estatuto integral de protección a los menores que se encuentran en el entorno familiar en que se produce esa violencia, por medio de la Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de protección a la infancia y a la adolescencia. La razón de la actitud tuitiva de la ley era comprobar que muchos de los menores que quedaban expuestos a esa violencia veían agravada su situación por el asesinato de su madre con frecuencia a manos de su progenitor. El objeto de la ley no debe ser otro que atender a la realidad del desamparo de estos huérfanos de madres asesinadas por violencia de género, lo que les lleva a sufrir una doble victimización, una por su condición de víctima de esta situación de violencia y otra por la insuficiente regulación jurídica de esa particular situación de orfandad.

Con esta iniciativa se trata, por tanto, de corregir las situaciones de orfandad por violencia de género, bien por no encontrarse en alta o en situación similar al alta y/o por falta de cotización de la causante de la pensión de orfandad o bien cuando se causen pensiones de escasa cuantía que impiden una recuperación o una atención integral del huérfano. A pesar de todas las presunciones jurídicas reconocidas hasta la fecha respecto a las mujeres víctimas de violencia de género, recordemos las consistentes en tener como efectivamente cotizados el periodo de suspensión del contrato de trabajo o la excedencia de la mujer víctima de violencia o que su apartamiento del contrato de trabajo a través de la extinción voluntaria le confiera el derecho a la prestación por desempleo, lo cierto es que la protección no resultaba todavía completa hasta que no se concretara con suficiente claridad jurídica la asimilación de la causante de la pensión de orfandad a la circunstancia de encontrarse en situación de alta o a la desaparición de la exigencia de acreditar quince años de cotización a lo largo de su vida laboral. En ese sentido, las propuestas contenidas en la proposición de ley, siguiendo la doctrina emanada de una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, parecen no solo razonables sino necesarias. Recordemos, como ya se ha expuesto, que consisten en la reforma del artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social, añadiendo la expresión "o el fallecimiento se hubiera producido por violencia de género" para entender la asimilación de la situación de alta de la causante, la reforma de los artículos 223.1 y 224 en cuanto al régimen de incompatibilidades para permitir precisamente que en el supuesto de que el fallecimiento se hubiera producido por violencia de género la pensión será compatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social y la reforma de los artículos 231 y 233 de la Ley General de la Seguridad Social estableciendo que la pensión de orfandad se incrementará hasta alcanzar el 70 % de la base reguladora e incluso pudiendo alcanzar el 118 % cuando se trate de varios beneficiarios. Existen no obstante algunos aspectos que merece la pena ser debatidos, como la existencia de varios beneficiarios y sus consecuencias o el encuadramiento de la prestación en el ámbito correspondiente de la Seguridad Social. Se deberá hacer, tanto en la ponencia que se constituya como en el Pacto de Toledo, al cual puede afectar esta situación. De todas formas, visto su contenido, solo me queda felicitar a su proponente y anunciar nuestro voto favorable.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Bona tarda a totes i a tots. Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, sé que a nadie, de los presentes y de los que nos pueden escuchar, le gusta oírlo, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad en la que impunemente existen y conviven la homofobia, la transfobia, la bifobia y el machismo. Es así y se tiene que decir así. Esquerra Republicana de Catalunya denunciará las veces que haga falta que las mujeres somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres, y que las personas trans, por ejemplo, son violentadas por la transfobia y el maldito sistema heteronormativo que impera y que está instaladísimo en nuestra sociedad. Todas estas violencias -repito, todas- son el producto de una sociedad machista, violencias que se ejercen con la finalidad de controlar nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y en definitiva nuestra vida. Debe quedar claro, pues, que las violencias machistas no se pueden asimilar con otras violencias, con ninguna, y de ninguna manera son casos aislados, porque indiscutiblemente tienen el hilo conductor en el sistema de opresión que los apuntala, que es -bienvenido- el perverso sistema patriarcal. Esta cultura, la heteropatriarcal, acaba


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siempre, siempre -no lo duden-, en una idea de masculinidad y de feminidad muy concreta y aceptada mayoritariamente, una idea que se traduce en la hegemonía de la dominación, y es aquí, justamente aquí donde debemos incidir y reescribir de una vez por todas la masculinidad y la deconstrucción del concepto de relación hombre-mujer, y hacerlo evidentemente desde la libertad y la igualdad.

Permítanme una licencia. Vivir en cualquier rincón del mundo y estar en contra de la igualdad por motivos de raza, de color o de orientación sexual es igual que vivir en Alaska y estar en contra de la nieve. Resulta ridículo. Pues así de ridículo y de absurdo es. La violencia machista deja huérfanos, está clarísimo, muchos, muchísimos; de hecho demasiados, parece ser que unos cuarenta niños y niñas al año, porque tal y como ha recordado la proponente ni tan siquiera hasta hace poco teníamos algún dato, unos quinientos desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004. Repito que son cifras estimadas, ya que la contabilidad oficial entra en vigor en el año 2013. Estos niños y niñas están desaparecidos, pero desaparecidos con todas las letras, también desde el ojo público. Se quedan solos y solas, pero por suerte su vida sigue. El asesinato de cada mujer víctima de violencia machista es el salvaje final de su calvario, pero la continuación del de sus hijos, tan dependientes de ella o más que las fallecidas. Empieza un tortuoso itinerario personal, pero también social: un laberinto burocrático para acceder a unas ayudas que siempre son escasas y dispersas, un estigma social muchas veces porque el asesino es su propio padre y además es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, y un futuro económico y educativo incierto, y todo esto sin hablar del trauma de crecer sin madre, a la que no pocos han visto morir asesinada.

Los huérfanos de la violencia de género son, señorías, una realidad absolutamente invisible. De hecho desde 2015, con la reforma de la ley integral de 2004, tienen la consideración de víctimas directas del delito y de potenciales beneficiarios de pensiones de orfandad absoluta, pero las investigaciones policiales -y no descubro absolutamente nada- y las decisiones judiciales sobre el crimen y sobre sus consecuencias no son nunca inmediatas, ni tan siquiera en casos tan frágiles como estos de los que estamos hablando; al contrario, llevan meses e incluso años. La cruda realidad es que estos niños han estado abandonados a su suerte. Así pues es del todo imprescindible considerar el concepto de reparación del daño como para las víctimas del terrorismo, porque, señorías, estos menores son víctimas de otro terrorismo, el terrorismo machista. Vamos a votar a favor de esta proposición de ley, porque entendemos absolutamente necesaria una reforma de las pensiones de orfandad cuando las personas beneficiarias sean víctimas de violencia de género, para poder así impedir situaciones de absoluta indefensión. Compartimos, como no podía ser de otra manera, la esencia de esta iniciativa, esperando que se incorporen las mejoras planteadas, de la misma manera que esperamos y deseamos acabar de una vez por todas con esta miserable lacra, y al mismo tiempo con el desamparo de los huérfanos víctimas de la violencia machista.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el pasado mes de marzo en este mismo Congreso de los Diputados se realizó un acto homenaje a Soledad Cazorla en el que les tengo que confesar que se me pusieron los pelos de punta. Se me pusieron los pelos de punta cuando escuché el calvario que David, el hermano de una víctima asesinada, de una víctima de violencia de género, estaba pasando para poder adoptar a su sobrina. Con solo tres años la niña había sido testigo de cómo su padre asesinaba a su madre de un tiro en la sien. Con una valentía encomiable David, su tío, nos contó que a partir de ahí empezó un calvario, pero no solo por el terrible asesinato, sino también por todas las trabas administrativas que se estaba encontrando. Nos explicó, por ejemplo, que la familia había tenido que soportar que el asesino de su hermana recibiera una pensión de viudedad, mientras su sobrina no estaba recibiendo la pensión de orfandad. Como esta nos refirió algunas vicisitudes y sinsentidos más que, por culpa de fallos o de lagunas en las normativas, se estaban produciendo y muy afectado nos instó a todas las diputadas que estábamos en ese momento -porque éramos mujeres- a que, por favor, les pusiéramos las cosas un poquito más fáciles. Pues en ello estamos, David, y al menos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos vamos a tratar de hacerlo.

La propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista se centra en una de las múltiples cosas que tenemos urgentemente que arreglar. Entre otras cosas, como ya ha sugerido alguna de mis compañeras anteriormente, el concepto de violencia de género que contempla la Ley Integral de Violencia de Género excluyó en su momento a los menores; un fallo que fue subsanado en el año 2015, pero que


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tenemos que seguir arreglando. Esta propuesta que trae el Grupo Socialista tiene como finalidad incorporar a los hijos de las víctimas de violencia machista como receptores de pensión de orfandad, y para eso hay que hacer unas pequeñas modificaciones en la ley General de la Seguridad Social. Este tema que trae el Grupo Socialista no es en realidad del PSOE, ha sido tratado previamente por la Fundación Soledad Cazorla, como ya se ha mencionado, la primera fiscal de sala contra la violencia machista. Y es que Soledad, que murió hace dos años, siempre destacó que los más vulnerables y perjudicados por la violencia machista eran precisamente los menores, unos menores que no solamente perdían a su madre a manos de su padre, sino que también perdían a su padre por su condena y terminaban viviendo con familiares próximos, tíos o abuelos, que además de sufrir lo que habían sufrido por el asesinato tenían que hacerse cargo de ellos sin ningún tipo de ayuda. Dada la necesidad de poder ayudar a estos niños y evitar mayores agravios la fundación creó un sistema de becas a los menores huérfanos de violencia machista. Precisamente este fue el acto que celebramos en el Congreso de los Diputados, que dio visibilidad a esta problemática y que nos exigió hacer reformas de las administraciones.

Desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género más de quinientos niños están en esta situación, y lo cierto es que el impacto de esta medida que se presenta hoy aquí no es alto, pero la ayuda que supone es muy grande. Hay pequeños cambios, como por ejemplo modificar la redacción del artículo 224, para que se contemple el asesinato por violencia machista como el hecho generador de la pensión de orfandad; o como por ejemplo la modificación del artículo 225, para reconocer la compatibilidad de la pensión de orfandad por violencia machista con otras pensiones de orfandad; o la modificación de la redacción del artículo 233, para que se reconozca la pensión de orfandad absoluta para todas las víctimas de violencia machista. Yo voy a adelantar al Grupo Socialista que, por supuesto, vamos a apoyar esta propuesta. Les voy a adelantar dos cosas: la primera es que vamos a votar a favor y la segunda es que les vamos a pedir un favor. Vamos a votar a favor porque obviamente, junto con el resto de los grupos, estamos por subsanar aquellos errores y por combatir radicalmente la violencia machista. El favor que les vamos a pedir es que, por favor, no vuelvan a usar más este tema de esta manera, de forma partidista, porque estamos todos contra la lucha de esta lacra social. Esta iniciativa que hoy se presenta la podrían haber consensuado en la subcomisión de violencia de género que tenemos abierta y que vamos a terminar en dos semanas, o podrían haberla negociado con todos los grupos parlamentarios para haberla traído conjuntamente, porque obviamente en esto nos van a encontrar a todos. (Aplausos). Por tanto vamos a empezar a adoptar pequeños grandes cambios, como los que nos pedía David, para poner de verdad las cosas un poquito más fáciles a gente como David y su sobrina.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene en primer lugar la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.

Hablar de lo terrible, de lo desgarrador, se hace incómodo, y como nos mueve en el asiento podemos muy rápido empezar a decir que eso es demagogia y que traer el dolor a esta Cámara es, pues eso, soltar discursos; sin embargo creo que traer el dolor es lo que nos puede permitir llegar a posicionamientos políticos que lo asuman no como un caso concreto, sino como una responsabilidad social. Que haya niños, niñas y adolescentes que se hayan quedado sin madre porque su padre la ha asesinado no se trata solo de un innegable dolor personal para ellos y sus personas cercanas, sino que cuando hablamos de decenas de mujeres asesinadas cada año es una responsabilidad social.

Vamos a apoyar esta proposición de ley del Grupo Socialista -esto le interesa a Ángeles- como apoyaron ellos una proposición de ley similar que llevamos al Senado y que tumbó el Grupo Popular sin sonrojo -ya hablaremos de esto-. Venimos a decir que es urgente asumir la responsabilidad social de la violencia machista, que estamos de acuerdo con esta proposición de ley y que la votaremos a favor, pero que la vemos insuficiente, porque entendemos que las víctimas de violencia machista han de equipararse a las víctimas de terrorismo, y no estoy diciendo que tengamos que hablar de terrorismo machista, porque esto sería perder de vista lo que es un problema estructural. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a asumirlo como una responsabilidad social, porque está asentado en la cultura patriarcal que tenemos que desmontar ya y con urgencia. Sí decimos que actuar con responsabilidad y con decencia es tomar esto como una cuestión de Estado. Le pregunto al Grupo Popular -aunque acabo de enterarme de que tenemos la mitad de tiempo, así que iré rápido- qué es tomarse algo como


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cuestión de Estado, qué piensan que es tomarse algo como cuestión de Estado. ¿Es, por ejemplo, escuchar a las familias de los huérfanos y huérfanas hablar con toda sinceridad de la situación económica, administrativa y emocional precaria en la que están para, dos días después de hacerlo en este Congreso, tumbar en el Senado una ley que precisamente está intentando cambiar esa situación? Por cierto un 8 de marzo; dije que iba a hacerles sonrojar, y creo que es para hacerles sonrojar tumbar una ley así el 8 de marzo y luego decir que les preocupa la violencia machista y la igualdad en este país. (Aplausos). ¿O es, por ejemplo, que el Gobierno obvie la inversión en el pacto de Estado de una manera absoluta en los Presupuestos Generales del Estado? ¿O qué pasa? ¿Vamos a dejarlo para el año que viene? ¿Es que no corre prisa? No sé, igual piensan que no corre prisa. ¿Cómo se toma algo como una cuestión de Estado? ¿Creen ustedes que es asumir con responsabilidad política la situación que se vive en nuestro país, que viven las mujeres de nuestro país y que atraviesa a toda nuestra sociedad? Por cierto voy a preguntarles otra cosa. ¿Saben si sigue pensando el ministro de Justicia, como hacía en 2015, que las recomendaciones de la Cedaw no obligan a España? Bueno, vale. ¿Y piensa, por ejemplo, que el sentido común y el procomún, después del asesinato la semana pasada en Galicia de un niño, empieza a obligar un poco? Trasládenselo.

Ya en el poco tiempo que me queda únicamente les quiero decir que yo sí sé que en la bancada del Grupo Popular hay diputadas que se toman esto tremendamente en serio, así que, por favor, escúchenlas, y que cuando vengan vetos de otras medidas que luchan por la igualdad y contra la violencia machista -que no solo se hace en la subcomisión del pacto de Estado, sino que también se hace intentando que esa igualdad sea real, combatiendo la brecha salarial y teniendo permisos igualitarios-, escúchenlas, porque no creo que sientan que esos vetos son útiles para lo que están trabajando. Por tanto únicamente me queda decir que vamos a apoyar la toma en consideración de esta ley, que nos parece insuficiente, y que esperamos encontrar mucha más responsabilidad social, porque tienen que ponerse las pilas. Nos están matando. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos también tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.

Aunque esta Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres es de 2004, nosotros sabemos que los niños y las niñas no fueron consideradas víctimas directas hasta el año 2015, hasta el año en que se reformó esta ley. Esto es un ejemplo de que vivimos todavía en una cultura eminentemente adultocéntrica que sigue sin considerar a los niños y las niñas como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Eso es algo que se vislumbra también en las intervenciones del resto de comparecientes que siguen refiriéndose a los niños y las niñas como menores. No son menores, son niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley porque ya presentamos un texto muy similar en el Senado que el Partido Socialista también apoyó, y hoy vamos a apoyarlo nosotros porque pensamos que efectivamente hay que garantizar condiciones de vida dignas para todos los huérfanos y las huérfanas por motivos de violencia machista; todos y todas tienen derecho a cobrar el cien por cien de la pensión. Desde Unidos Podemos además vamos a defender que estas pensiones sean compatibles con otras ayudas y que no nos centremos en deducciones del IRPF, como ha hecho sistemáticamente el Partido Popular, sino en tener medidas que realmente contribuyan a ayudar a aquellas familias que tienen situaciones de pobreza y de exclusión más graves, como la prestación por hijo a cargo, que sería una buena medida que también habría que apoyar.

Pensamos que es fundamental reducir a un tiempo mínimo el plazo para recibir las ayudas, porque como decía otra compareciente anteriormente los trámites burocráticos están alargándose tantísimo que se está victimizando, revictimizando en muchísimas ocasiones, a los niños y las niñas. Por supuesto nosotros y nosotras vamos a apostar, como siempre, por una atención psicológica de calidad. No solo se trata de garantizar las condiciones de vida materiales, sino que también se trata de acompañar a estos niños y niñas para que pasen, de una vez por todas, de ser víctimas a ser supervivientes, igual que las mujeres. Para eso necesitamos de ayuda psicológica experta, de programas educativos públicos y de calidad que les ayuden a transitar por esta situación traumática compleja, porque esos programas son los que van a romper, de una vez por todas, con el ciclo de la violencia, y van a permitir que esos niños y niñas lleven una vida normalizada; y sobre todo porque la terapia va a contribuir a que esos niños y niñas respondan a dos preguntas que son muy importantes y que son fundamentales: ¿por qué pasado el


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tiempo esto sigue doliendo como si hubiera pasado ayer? ¿Por qué la persona que debería haberme querido más es la que más daño me ha hecho?

Bueno, pues para quienes siguen pensando que los niños y las niñas no se enteran, les decimos que sí, que los niños y las niñas se enteran, y que es nuestra obligación poner todos los medios psicosociales y humanos a su disposición para permitirles transformar ese dolor y dotarlo de sentido, como diría Cyrulnik, y acompañarles -como decía- en el paso de ser víctimas a supervivientes.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el viernes pasado otra mujer moría acuchillada por su pareja en Madrid. Otro asesinato machista con hijos menores de por medio. Ya son veinticinco las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año. Para el Partido Popular y para este Gobierno la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado. Por eso nosotros vamos a aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley, por una sencilla razón, porque es voluntad de este Gobierno y de este grupo que todos los menores huérfanos por violencia machista tengan una pensión de orfandad, con independencia de que su madre hubiese cotizado a la Seguridad Social o no. Señorías, estamos hablando de niños que han perdido a su madre a manos de su pareja o de su expareja y que son víctimas inocentes de esta terrible situación. Cuando una mujer es asesinada por su pareja, cuando tiene hijos menores, las consecuencias de este crimen se trasladan de una forma cruel a los hijos, y además el sufrimiento de los hijos qué duda cabe que se verá agravado si no hay además una situación de protección.

Señorías, el Partido Popular siempre estará en la mejora de la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género. Ha dicho aquí una diputada de Podemos que hay diputadas del Partido Popular que se toman esto en serio. No, señoría, todos los diputados y las diputadas del Partido Popular se toman la violencia de género como lo que es, terrorismo machista, señoría, y no vamos a parar hasta erradicar esta lacra de nuestra sociedad. (Aplausos). En la X Legislatura el Gobierno, que era sensible, ya dio respuesta mediante la Ley 26/2015, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y se corrigió -ya se ha dicho aquí- una injusticia, una gran injusticia, de tal forma que conseguimos reconocer a los menores el cobro de la pensión de orfandad completa, la famosa enmienda Castillo. El pasado 6 marzo, la ministra Montserrat, Dolors Montserrat, ya dijo que se estaba trabajando con el Ministerio de Empleo para que esa enmienda tuviese carácter retroactivo, para que se pudiese cobrar también la pensión completa antes del año 2015. Y yo aprovecho que estoy aquí para recordarles que fue un Gobierno del Partido Popular el que reconoció por primera vez a los menores como víctimas de violencia de género. Señorías del Partido Socialista, se hubiese avanzado mucho si ustedes lo hubiesen reconocido cuando hicieron la ley en su momento. Bienvenidos a esa preocupación por los menores.

Señorías, nosotros estamos de acuerdo en el fondo de esta proposición de ley, pero no en la forma. Es verdad que es un tema de justicia social, pero en esta proposición hay cuestiones jurídicas que deben mejorarse. Ustedes saben que las pensiones de orfandad son contributivas, netamente contributivas; y tal y como está redactada esta proposición de ley la pensión de orfandad se convertiría en una pensión netamente no contributiva; es decir, supondría una modificación profunda de la naturaleza jurídica de esta prestación. Ustedes quieren llamar contributivo a algo que no lo es, y yo les recuerdo, en primer lugar, la recomendación 13 del Pacto de Toledo que defiende el mantenimiento del carácter contributivo de la prestación de orfandad. Pero además en el mismo Pacto de Toledo el Partido Socialista no ha querido entrar a valorar una propuesta de Comisiones Obreras, y es que las pensiones de orfandad y de viudedad se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado, porque dicen que perderían el carácter contributivo, pero aquí plantean un híbrido, con pérdida de carácter netamente contributivo. Yo creo que es una incoherencia política que se diga una cosa en el Pacto de Toledo y otra aquí. (Denegaciones de la señora Álvarez Álvarez). A lo mejor después del domingo están todos ustedes de acuerdo. Nosotros creemos que si no es contributivo tendrá que estar en el lugar de las prestaciones financiadas con las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, porque la realidad es que ustedes proponen que una pensión no contributiva se pague con cotizaciones sociales; nosotros creemos que se debe de financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta es precisamente la separación de las fuentes de financiación en la que estamos trabajando en el Pacto de Toledo.


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Quiero dejar muy claro que, en el marco del pacto de Estado, la voluntad del Gobierno es que ningún menor víctima de violencia de género pueda quedarse sin pensión. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, y creemos que la solución es que se debata esta cuestión, tanto en el Pacto de Toledo como en la subcomisión. Por cierto me parece muy triste -como ha dicho la diputada de Ciudadanos- que teniendo abierto el Pacto de Toledo y la subcomisión en la Comisión de Igualdad no se haya debatido este tema allí primero con todos los grupos, sino que se haya traído aquí. Pero, tiempo al tiempo; en el fondo estamos de acuerdo y se negociará en el Pacto de Toledo y en la subcomisión, porque como les digo nosotros entendemos que lo adecuado sería crear una pensión no contributiva de orfandad. Creemos que es imprescindible mantener una regulación separada de ambos niveles de protección -la contributiva y la no contributiva- y la última palabra la tendrá el Pacto de Toledo en el que, como les digo, nosotros sí creemos. Insisto, la voluntad de la ministra Dolors Montserrat, de la ministra Báñez y de este grupo es que todos los menores huérfanos por violencia machista cobren una pensión, con independencia de la situación laboral de la madre asesinada.

Termino, señora presidenta, con una frase del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que decía que teníamos que estar todos juntos y unidos porque la violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RECHAZO Y CONDENA DE TODO TIPO DE ACTOS VIOLENTOS. (Número de expediente 162/000211).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Blanco Garrido.

La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para defender una iniciativa que desde el Grupo Parlamentario Popular no solo consideramos importante, sino también necesaria, porque el objetivo de la misma es que hoy podamos lanzar a todos los ciudadanos un mensaje de unidad, de condena ejemplar y sin paliativos de todos los actos violentos que puedan atentar contra nuestro sistema democrático, de todos los actos de violencia que tengan lugar en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Les puedo asegurar que en su condena siempre van a encontrar a los miembros del Grupo Parlamentario Popular, y espero que la del resto de los aquí presentes, porque nuestro sistema democrático es incompatible con cualquier acto de violencia que vulnere la libertad, la dignidad y la convivencia en paz entre los españoles, donde no tiene cabida por tanto ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. Por ello es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar, rotunda y sistemáticamente, cualquier comportamiento de naturaleza violenta, con independencia de los pretextos o la ideología en que se amparen. Señorías, la violencia no es ni de derechas ni de izquierdas, la violencia simplemente es violencia; por tanto, no cabe justificación alguna. Todo aquel que se considere demócrata debe condenar su utilización y todos los representantes públicos debemos apelar a la convivencia pacífica, a la tolerancia y a condenar todos los actos que quieran acabar con ella, sin disculpar, sin minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Como decía, la violencia es violencia y nunca libertad de expresión, señorías, como pretenden justificar algunos los acosos vertidos contra determinados representantes públicos, dependiendo, claro está, contra quién va dirigida y quién la lleve a cabo. Señorías, la respuesta a la violencia no debería permitir ni paños calientes ni filtros partidarios de ningún tipo; la violencia es violencia provenga de donde provenga y, por tanto, es obligación de todos mantener la posición de tolerancia cero. Los delitos se deben perseguir, los delitos se castigan siempre y en todo momento, con independencia de su apellido, con independencia de quien lo protagonice y con independencia de dónde se perpetre el delito. Todas las instituciones, cómo no, deberían alzar la voz ante la utilización de la violencia, pero digo deberían porque, desgraciadamente, no siempre es así, porque en lugares como Alsasua y Leiza, entre otros municipios, grupos políticos que ahora están gobernando dichas instituciones no solo no impiden sino que promueven y justifican actitudes


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de rechazo, de xenofobia y de odio contra personas representantes de instituciones del Estado o servidores públicos. En ese sentido, este debate debería servir para que algún grupo político aquí presente -y sí, me refiero a Bildu- muestre una condena expresa del terrorismo, muestre una condena de su historia criminal y, de paso, pedir su disolución, algo que hasta ahora se han negado a pronunciar.

Señorías, ninguna forma de violencia física o verbal puede ser tolerada y todas ellas, sea cual sea el contexto en el que se producen, deben de recibir el rechazo y la condena de las fuerzas políticas y, cómo no, en última instancia, las consecuencias previstas en la ley. Por ello, desde el Partido Popular vamos a condenar, vamos a rechazar y a combatir siempre cualquier actitud violenta, cualquier tipo de agresión, coacción o intimidación. Les pido, señorías, que hagan una reflexión para que analicen y vean si con la misma contundencia con que este partido condena los actos violentos lo están haciendo ustedes. Señorías, cuando se atacan las sedes de los partidos políticos es violencia y hay que condenarlo sin paliativos y sin justificaciones; cuando se amenaza y se coacciona a los cargos públicos es violencia y no libertad de expresión, tal y como he mencionado anteriormente; cuando se agrede a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es violencia y debemos condenarla y mostrar nuestra solidaridad en lugar de convertirlos en los malos de la película, en culpables, para luego recibir como modelo de víctimas a los familiares de los agresores. ¿O es que, señorías, los ataques a las sedes de los partidos políticos está justificado dependiendo, claro, de quién sea esa opción política? Por otro lado, ¿está justificado el acoso a cargos públicos porque simplemente no son, por ejemplo, del Partido Popular? La respuesta es claramente no, señorías, porque cuando se justifica este tipo de acciones por el simple hecho de pertenecer a una opción política determinada no solo se ofende a un grupo parlamentario, no solo se ofende a un partido político, sino que se ofende también a cada uno de los ciudadanos que han depositado su confianza en cada uno de nosotros. (Aplausos). Sinceramente, cuesta entender que en el siglo XXI se sigan produciendo hechos más propios de otros tiempos cuando se atenta contra las personas por defender unas ideas, sean cuales sean.

En la condena a la violencia no puede existir nunca la doble vara de medir, señorías, porque o se está con las víctimas o se está con los agresores y el Partido Popular siempre va a estar con las víctimas y sus familiares, nunca al lado de los agresores, señores diputados de Unidos Podemos, porque siempre estaremos al lado de los que defienden la libertad, siempre estaremos al lado de los que defienden la convivencia y el Estado de derecho, aquí y en Venezuela, porque todavía estamos esperando una condena explícita por parte de ustedes. (Aplausos). Sí, señores de Unidos Podemos, estamos esperando una condena explícita de los hechos que desgraciadamente están acaeciendo día tras día en Venezuela. (El señor Delgado Ramos se da pequeños golpes en la mejilla con la mano). No, no me haga así porque usted sabe que tengo razón. Les decía que el Partido Popular siempre estará al lado de las víctimas y en este sentido el Estatuto de la Víctima del Delito es respuesta del compromiso del Gobierno del Partido Popular de reconocer y asegurar los derechos de todas las víctimas de cualquier delito. Es respuesta del firme compromiso de este Gobierno de mostrar nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todas las personas que han sido víctimas y también, cómo no, debemos mostrar nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un apoyo decidido a la labor de todos aquellos que protegen cada día los derechos y las libertades de las personas, porque tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señorías, que funcionan con inteligencia al servicio de todos. Por ello, cuando se les ataca merece nuestra condena, merecen nuestro respaldo y merecen nuestra solidaridad. (Aplausos). Lo que nunca deberían percibir por parte de ningún representante político es el sentimiento de emoción transmitido por el señor Iglesias al ver la agresión que sufrió un policía nacional por parte de unos manifestantes. Esto, señorías, es inaceptable, es indignante y es humillante. Lo que debemos hacer es concienciar a los jóvenes, y no tan jóvenes, de que ninguna causa, ninguna protesta, ninguna reivindicación puede hacerse utilizando la violencia y que los espacios públicos, como su propio nombre indica, tienen que ser espacios de tolerancia, de entendimiento, de respeto y de convivencia.

Voy finalizando, señora presidenta. La violencia es inaceptable en una democracia y, por tanto, debe ser contundentemente rechazada por las instituciones democráticas y por todos aquellos que nos consideramos demócratas. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que nadie que se llame demócrata, repito, que nadie que se llame demócrata y que crea que la violencia no tiene ningún tipo de justificación ni la ha tenido nunca, puede rechazar esta iniciativa. Así que lo único que esperamos es que sea aprobada y votada a favor por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, siempre es bueno reiterar desde la sede de la soberanía nacional el rechazo a la violencia como método para conseguir objetivos políticos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Forma parte del ADN de nuestra democracia poder defender las ideas con la palabra y garantizar el pluralismo político y la alternancia en condiciones de libertad. En España sabemos mucho de luchar frente a los estrategas que utilizan la violencia para obtener ventajas políticas; una estrategia explicada con esa frase maldita de que hay árboles que menear y nueces que recoger. De hecho, todavía hay algunos de sus máximos intérpretes dando lecciones de democracia en algunos parlamentos como es el caso de Navarra. Por eso, una sociedad que no condenara el terror, que no actuara contra la violencia de intención política, que aceptara con normalidad que sus verdugos pueden pasar por víctimas, que dejara de celebrar las victorias contra el odio o que abandonara la defensa de todo aquello que la violencia quería destruir, sería una sociedad perdida, una sociedad agotada. Yo, desde luego, ni mi partido, queremos eso para España.

Señorías, hoy aprovecho esta propuesta tan oportuna para dar las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que siempre trabajan por defender la sociedad que tenemos. El año que viene se cumple el 50.º aniversario del asesinato del cabo guardia civil José Pardines Arcay. Es verdad que el Estado de derecho ha vencido al terrorismo, que la democracia española ha ganado, pero los totalitarios aún mantienen algunas posiciones de representación institucional desde las que siguen justificando el odio. Por eso, como alguien dijo, el precio de nuestra libertad debe seguir siendo nuestra eterna vigilancia y no bajar la guardia. Termino enviando un mensaje de solidaridad, querida Marimar, a todas las víctimas del odio, en especial a todas esas que ante la muerte injusta e injustificable de sus seres más queridos no respondieron jamás con más odio ni con más venganza. Su respuesta es probablemente, señorías, lo más noble y ejemplar que podemos destacar de nuestra sociedad. Ni estáis solos ni están solos, ni seréis olvidados ni serán olvidados.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente.

Violencia es todo. Leo textualmente la exposición de motivos de la PNL: Es obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta. Repito, cualquier comportamiento de naturaleza violenta. Solo destaco esto más que nada porque lo demás, las propuestas, son una oda a la nada. Ustedes, los que se abstuvieron cuando propusimos legislar contra los delitos de odio, ahora piden que en el Parlamento nos posicionemos con una PNL que no aporta nada y que solo habla de los males que vienen de fuera. Sinceramente, viniendo del partido que ocupa el Gobierno, es para ponerse a llorar. En diciembre se aprobó en Comisión que el Gobierno desarrollara una ley de delitos de odio, y a día de hoy, nada. También en diciembre se aprobó en Comisión que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaran con un registro de delitos de odio, y a día de hoy, nada. Veremos qué hacen con la iniciativa parlamentaria que Compromís registró la semana pasada para asegurar que se promocione a los agentes con los expedientes limpios. ¿Saben lo que sí han hecho? Ascender a agentes de la autoridad indultados con condenas por tortura, y eso también es violencia; ignorar el sufrimiento de las personas refugiadas, y eso también es violencia; cerrar los ojos ante el exterminio de homosexuales en otros países, como Chechenia, y eso también es violencia; no invertir ni un solo euro en víctimas de violencia machista, y eso también es violencia. Así que, ¿se llaman demócratas? Si lo ponen en su PNL, igual no lo son tanto. Hoy vienen con este paripé, solo una semana después de que también se abstuvieran en la PNL de memoria histórica. Señorías del Partido Popular, las víctimas del fascismo también son víctimas de violencia, les guste o no. Así que déjense de pantomimas y de papel mojado y hagan lo que tienen que hacer: legislen de verdad para combatir la violencia y los delitos de odio.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.


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El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, president. Gràcies, senyories.

Nosotros vamos a votar a favor, ¡solo faltaría! Dicho esto, la verdad es que es bastante alarmante. No es alarmante en absoluto la proposición no de ley, lo que es alarmante es que sientan la necesidad de reiterar las mismas frases tan a menudo. ¿Hasta qué punto se lo creen? ¿Quizá creen que no cumplen lo suficiente? ¿Que nos solidaricemos con todas las víctimas de la represión? Pues claro. ¿Qué nos solidaricemos con quienes defienden nuestros derechos y libertades? Pues claro. ¿O vamos a decir otra cosa? Alguien lo ha dicho con otras palabras, esta PNL no añade nada. Con todo respeto hacia el santo de Compostela, a este tipo de proposiciones las llamo proposiciones botafumeiro, porque no añaden nada al sacramento, simplemente un poco de humo y un poco de olor. (Aplausos).

Dicho esto, por descontado tendrán nuestro voto favorable, igual que la semana pasada en relación con la de la memoria histórica. Tendrán los dos.

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Se nos trae a debate una proposición no de ley relativa a la condena de todo tipo de actos de violencia amparados en posicionamientos ideológicos, así como su justificación; hechos como de los que en el PNV estamos siendo objeto estos días en forma de pintadas y carteles en nuestras sedes, arrojo de basura en su interior y otros de naturaleza violenta similar. Se incluye también en la proposición no de ley la solidaridad con las víctimas de la violencia. Lo genérico del objeto -como ya se ha puesto de manifiesto- de la proposición, tanto en su parte dispositiva como en su exposición de motivos, nos hace dudar de lo realmente pretendido por el grupo parlamentario que la presenta a debate en este Pleno, más allá, como se ha dicho, de enfatizar lo obvio, que por obvio lo dábamos por descartado, es decir, que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad para defender un posicionamiento político o ideológico. Tampoco sabemos muy bien qué se quiere decir cuando se propone en su punto segundo el rechazo de cualquier tipo de acto o conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad, socavando los fundamentos de nuestra democracia. Y no sabemos qué quiere decir porque toda la proposición pivota sobre la idea de rechazo de actos de violencia o comportamientos de naturaleza violenta para defender un posicionamiento político o ideológico; actos de violencia que solo podemos entender en el sentido de la fuerza sobre la persona o vis absoluta, y en el sentido de la intimidación o la amenaza de provocarle un mal grave, provocándole un temor grave o vis compulsiva, tal y como las contempla la normativa penal. Tampoco sabemos qué se persigue mezclando actos de violencia en el sentido penal o de ilícitos administrativos como los contemplados en la Ley de Seguridad Ciudadana, con esos que se dicen actos o conductas antidemocráticas que socaven los fundamentos de nuestra democracia. Por eso, pediremos la votación separada de este segundo punto de la proposición no de ley.

En cuanto al resto de la proposición, en su casi totalidad creíamos entender por alguna referencia que en la misma se hace que se estaba refiriendo a los llamados delitos de odio y a su condena y solidaridad con sus víctimas, y a estos nos vamos a referir ahora por su singularidad en nuestra sociedad. Son delitos de odio que en esta legislatura ya han sido tratados en varias comisiones a raíz de diferentes iniciativas, pues existe una honda preocupación de los grupos de esta Cámara por su crecimiento no solo en el Estado sino en nuestras sociedades occidentales en su conjunto. Los informes del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio nos indican un aumento continuado de los mismos año a año, y lo que es más preocupante, nos hace intuir una cifra oscura de estos delitos que no se denuncian, porque sus víctimas son precisamente las más vulnerables de la ciudadanía y su confianza en las instituciones seguramente es directamente proporcional a su propia vulnerabilidad. Señorías, los delitos de odio se dirigen contra personas por pertenecer a un grupo con una característica común, tal como su orientación sexual, ideología, extranjería, religión, raza o etnia, nivel socioeconómico, etcétera. Como señala la OSCE, se trata de actos criminales motivados por el perjuicio hacia un grupo de personas que son agredidas por ser segmentos vulnerables de la población en la medida en que son minorías. Por eso, compartimos la necesidad de dar una respuesta integral a este fenómeno de desprecio al diferente, singularmente cuando es minoría vulnerable, políticas integrales y enfoque integral que contemplen estos actos discriminatorios violentos desde todos los prismas: medidas preventivas, medidas de sensibilización, medidas acerca de los medios de comunicación y en colaboración público-privada, y también de apoyo a las víctimas y a sus


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grupos, medidas de solidaridad y apoyo institucional, y como última ratio, también medidas punitivas si fueran precisas más allá de las disposiciones penales vigentes.

Voy finalizando, señor presidente. Por lo dicho, consideramos urgente acometer un estudio sobre el origen, las causas, los colectivos vulnerables y las medidas a implementar para luchar con más eficacia y eficiencia contra esta lacra que son los delitos de odio en nuestra sociedad, que nos pone de manera dramática frente a la ignorancia, pues esta siempre sirve de punto de partida para algún tipo de odio, odio hacia lo que no se conoce o se conoce a través de tópicos, como pone de manifiesto Jean-Claude Grumberg a lo largo de su obra teatral, especialmente en Serlo o no, para acabar con la cuestión judía, que les recomiendo.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, seré breve en esta moda de PNL Milli Vanilli, PNL que quedan muy bien, pero que no sirven absolutamente para nada, solamente para la fotografía, como aquella del Partido Socialista Obrero Español que pedía sacar a Franco del Valle de los Caídos a sus herederos. Hoy nos traen una PNL similar y se le llama rechazo a todo tipo de violencia. ¡Faltaría más, señores del PP! Nosotros rechazamos todo tipo de violencia y también todo tipo de hipocresía. Pero, aprovechando este alarde que están teniendo de pacifismo gandiano, queremos hablarles de otro tipo de violencias, de las que tanto ustedes como su filial naranja y rojo siempre se olvidan: Violencia, señores del PP, también es recibir con moquetas a ricos y a palos y con concertinas a pobres con un fardo de 60 kilos a la espalda en El Tarajal. Eso también es violencia y nunca lo comentan. Violencia, señores del PP, también es decir que lo que rompe un país con 11 millones de pobres y con un 43 % de paro juvenil es una urna en Cataluña. Eso también es violencia y nunca lo comentan. Violencia también es que hoy aquí no pueda estar nuestro compañero Francesc Homs tras poner urnas en un colegio electoral (Aplausos), pero que sí pudiera estar el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, tras acuchillarlo. Eso también es violencia. Violencia también es que le salga tan caro un visca Catalunya lliure a demócratas en un Parlamento y tan barato un Cara al sol a fascistas en entierros de fascistas. Eso también es violencia y nunca lo comentan. Violencia también es presentar un presupuesto que gasta más de 7000 millones de euros en defensa y poco más de 800 en cultura. Entiendo que lo que quieren que la gente lea son las instrucciones de los tanques. Eso también es violencia. Violencia es no pagar los 200 000 euros que cuesta soterrar en Moncada un paso a nivel de Cercanías que ha provocado ya 170 muertes y, en cambio, sí pagar 4 millones de euros en la parada del AVE de un pueblo de cien habitantes, Otero de Sanabria. Eso también es violencia. Violencia es decir que la falta de respeto es llamarle gánster a un gánster y, en cambio, la normalidad es pedir mordidas desde un escaño. Eso también es violencia. Violencia es ver a su compañero, José María Aznar, vanagloriándose de haber mentido en prime time y, en cambio, al hermano de José Couso exigiendo responsabilidades por la muerte de su hermano catorce años después. Eso también es violencia, señores del PP. Violencia es que haya más policía en manifestaciones estudiantiles que en el control de pasaportes del aeropuerto de El Prat. Eso también es violencia, señores del PP. Violencia es que en un país en el que el 47 % de los trabajadores cobra menos de 1000 euros, su ministra de Empleo, Fátima Báñez, diga que mienten y que no son exiliados, sino aventureros. Eso también es violencia. Violencia, de hecho, es que les preocupe más lo que pasa en Caracas que en la Cañada Real. Esto también es violencia. O que secuestren durante seis horas al embajador de Venezuela y ustedes digan que no pasa nada y que la culpa es suya por ser de izquierdas. Eso también es violencia. Violencia también es que su número dos de Interior diga más chulo que un ocho, repito, más chulo que un ocho, que reunirse con imputados, con los 'hermanos Dalton', 'Ignacio Dalton', son mandangas o imaginaciones nuestras. Eso también es violencia y lo comentan bastante poco. Violencia también es que las mujeres acampadas contra los feminicidios en la Puerta del Sol tengan a un policía para que no pongan música y en cambio no lo tengan para que no las maten. Eso también es violencia. Violencia es que ustedes tengan una nueva sede en Soto del Real. Esto también es violencia. Y violencia es que ustedes crean que rompiendo urnas se soluciona todo en Cataluña. Igual es por aquello de que rompen discos duros en su sede. En definitiva, todos estos 'tambienes' y estas violencias recaen sobre sus conciencias. Violencia son ustedes también, señores del PP.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Rufián.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Julià Julià.

La señora JULIÀ JULIÀ: Señor presidente, señorías, vamos a hacer lo posible con nuestro voto para que esta sociedad, tan castigada a veces por la historia, encuentre ahora, en un orden que margine a los extremismos, en una libertad que no ofrezca coartada para la violencia, una nueva oportunidad para la concordia, la normalidad y la paz civil. Son palabras del expresidente Suárez antes del referéndum de 1978, que parece que algunos han olvidado.

Subo a esta tribuna con el orgullo de representar al Grupo Parlamentario Ciudadanos, el cual, lamentablemente, conoce bien el tema que hoy estamos debatiendo. Por desgracia, parece que a algunos de los que están aquí no les gusta que alcemos la voz para defender la igualdad de los españoles y la unidad de España. Pretenden amedrentarnos con violencia y de ahí que nuestras sedes sufran ataques vandálicos casi a diario, especialmente en Cataluña. (Aplausos). Señorías, esta es la muestra de odio que algunos dirigentes políticos están generando en Cataluña. (Muestra una fotografía.-Una señora diputada: ¡Anda ya!). Esta es la muestra, actos vandálicos en nuestras sedes, pero esta violencia no solo se está manifestando en daños materiales, señorías; compañeros nuestros están sufriendo agresiones y amenazas de muerte. Sin ir más lejos, nuestro portavoz en la sede de Hospitalet, a quien recientemente le partieron la cara por defender la unión de los españoles. Y para colmo, a pesar de estos ataques, algunas de las señorías hoy aquí presentes se burlan de que nuestra portavoz en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, se vea en la obligación de tener que llevar escolta. ¿Verdad, señor Rufián? (Aplausos). Seguro que usted está en contra de la violencia, como bien ha explicado hace un momento, pero creo que no se ha leído bien la definición de violencia. (Aplausos). Señorías de Podemos, les recuerdo que no hace muchos meses el Congreso fue rodeado durante la sesión de investidura y a quienes salieron ustedes a saludar y a vitorear atacaron e insultaron a algunas de nuestras diputadas. Seguimos esperando la condena de estos hechos por su parte, aunque ¿cómo van a condenar esos lanzamientos de latas, de mecheros y de botellas y esos insultos machistas a diputadas y trabajadores de Ciudadanos si esta misma mañana hemos visto al señor Iglesias y al señor Cañamero salir del edificio para solidarizarse con Andrés Bódalo, un individuo -iba el primero en su lista- que cumple prisión por agredir a un cargo político del Partido Socialista y que tiene cuatro condenas por violencia? Según denunció una trabajadora, Eva Rico -no sé si usted lo sabrá-, este señor participó en un piquete que la agredió cuando estaba embarazada de seis meses, señorías. La insultaron, la amenazaron -cito textualmente-, la zarandearon, la pincharon con los palos de las banderas, la sacaron por la ventana y la tiraron al suelo. Estaba embarazada de seis meses. Estos personajes son los referentes que las señorías de Unidos Podemos supongo que respetan. (Aplausos). Señorías, su reiterada falta de condena de estos ataques denota que los avalan de forma bastante irresponsable y su silencio cómplice lo único que hace es fomentar esa violencia, violencia cultural que también debemos prevenir. No olviden que estos ataques no solo nacen de su radicalidad o de otras personas que están con ustedes, sino que también son muy radicales las personas que ustedes avalan. A los que se sienten aquí aludidos les diré que la realidad política se cambia desde el diálogo, desde el debate, desde el consenso, desde el respeto y nunca con una piedra en la mano. Y les digo otra cosa; estos actos violentos nos hacen tener mucho más coraje, señorías, porque los ataques a las sedes, a nuestros compañeros, a los miembros de los partidos políticos no son ataques personales, sino ataques a la libertad y a la democracia, y por ahí no vamos a pasar. (Aplausos). Los valores y los principios de la sociedad española, señorías, están muy por encima de cualquier acto violento. Por todo ello, todos los partidos debemos unirnos en esta condena, aunque presumo que algunos, lamentablemente, no lo harán esta tarde. Sin ir más lejos, en el mes de octubre no fue posible aprobar la declaración institucional condenando las agresiones a los guardias civiles de Alsasua porque las señorías de Bildu, Esquerra Republicana y Partit Demòcrata Català no quisieron sumarse al bando de la paz y no condenaron la violencia.

Termino, señor presidente. ¿Cómo puede ser que algunos representantes de nuestra ciudadanía sentados aquí no condenen la violencia? ¿Cómo puede ser que representantes con responsabilidad en nuestro Estado de derecho no condenen la violencia? La violencia siempre es violencia, señorías, y no está justificada en esta Cámara. La cruda realidad es que estos ataques vienen únicamente motivados por el odio contra quienes no piensan como ellos y por su falta de argumentos. Por eso votaremos a favor de esta iniciativa y le diría al Grupo Parlamentario Popular que ya que es el grupo que apoya al Gobierno de


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la nación, deberían hacer menos PNL para rellenar cupo y hacer más para que se cumpla la ley y la justicia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Julià.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Buenas tardes. Bona tarda.

Al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos alegra que pongan sobre la mesa un tema tan grave como la violencia, pero nos entristece mucho las intenciones con las que lo hacen. Me recuerdan ustedes a cualquier grupo musical trasnochado que, cuando las cosas se ponen feas, recurren siempre a sus grandes clásicos: Venezuela la semana pasada o la condena de la violencia como un palo para golpear a adversarios políticos hoy. Sin embargo, una cosa está clara; ninguna banda sonora trasnochada va a sonar más fuerte que el estruendo de los casos de corrupción que acechan a su partido. (Aplausos). Un estruendo que ha abierto una situación de emergencia democrática por la que este grupo les va a presentar una moción de censura próximamente. Apena ver cómo Ciudadanos ha aprendido pronto esta estrategia, quizá para desviar la atención de sus pactos con un partido corrupto.

Nosotras sí queremos hablar de la lucha contra la violencia, y esta lucha se demuestra con hechos y no solo con voluntad. El objetivo de mi intervención es demostrarles cómo el Gobierno de su partido no ha llevado a cabo ni se lo propone una verdadera lucha contra la violencia. Los delitos de odio son una de las formas más preocupantes de violencia en nuestro país. Ustedes mismo lo citan en su PNL y los colectivos que luchan contra este tipo de violencia alertan de un alarmante crecimiento. Un caso significativo es el de la LGTBIfobia. Tal como alerta el observatorio, en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan, se produce una agresión cada día y medio. Sin embargo, pese a esta situación y a la preocupación mostrada en la PNL que nos presentan, no hay en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de su Gobierno ningún programa o partida del Ministerio del Interior dedicada explícitamente a los delitos de odio. Tampoco en el articulado hay mención alguna. Si hablamos de violencia, es imperativo hablar de violencia machista. Ha habido treinta y nueve feminicidios en lo que llevamos de año. De nuevo los hechos demuestran que la violencia machista no es una prioridad para su Gobierno. Tal y como ha denunciado la plataforma de entidades feministas Impacto de Género Ya, la dotación para la prevención de la violencia de género en estos presupuestos que presentan es aún un 10,8 % inferior al presupuesto de 2010. Desde 2010 han sido asesinadas 825 mujeres, razón más que suficiente para que no sigan humillando a las mujeres año tras año en sus presupuestos. Les invito a que consideren seriamente las más de mil seiscientas enmiendas que el Grupo Confederal ha presentado a sus presupuestos, muchas de ellas en materia de igualdad que recogen las demandas de los colectivos y personas que luchan día a día contra la violencia machista. Eso sí que sería luchar contra la violencia, señores del Grupo Popular. (Aplausos).

En su PNL hablan también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y es de justicia que lo hagan. Nuestro grupo reconoce la inmensa labor que realizan, la mayoría de las veces sin los recursos necesarios, porque el sindicato unificado de la policía ha denunciado, por ejemplo -cito textualmente-, la escasez de recursos humanos y sobrecarga de trabajo de las brigadas destinadas a la violencia de género. Les invito a que dejen de escribir PNL como bombas de humo y se dediquen a trabajar urgentemente para suplir esta falta de recursos; eso sí sería luchar contra la violencia.

Querría acabar diciendo que la violencia siempre se ceba en los más débiles, los que viven precarizados. Se lo vuelo a decir, señores del Grupo Popular, salgan a las calles y encontrarán a esas personas; las mujeres tan discriminadas laboralmente, las personas sin recursos que duermen en la calle, los inmigrantes sin papeles, las víctimas de la violencia machista que conviven con su enemigo porque no tienen dónde ir. Gracias a las medidas de austeridad de su Gobierno, hoy un 28 % de las personas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Es a ellas, a las personas más vulnerables, a quienes debemos proteger especialmente. Para librarlas de la violencia necesitamos unos presupuestos y unas políticas que no dejen a nadie atrás, y esas no son las suyas, señores del Grupo Popular, por mucha PNL con la que se disfracen.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.


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El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Vaya por delante nuestro apoyo a todas las víctimas de violencia estén donde estén, se encuentren donde se encuentren y sean víctimas del tipo de violencia que sea.

El Grupo Parlamentario Popular trae a debate una proposición no de ley que es un cajón de sastre, en la que se habla de todo, se habla hasta de Estados Unidos, eso sí, sin nombrar a Donald Trump, quizá como medida preventiva porque hoy toca hablar de libertad y convivencia. A nosotros no deben convencernos de que la defensa de la democracia y sus valores es tarea de todos; nosotros sabemos distinguir muy bien entre quiénes son hombres de paz y quiénes no. Como decía Ramón Rubial, es infinitamente mejor y más fácil hacer la revolución desde el boletín oficial que desde la violencia, y ese es el criterio que venimos aplicando desde hace mucho tiempo en la gestión de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno de España.

Hace un momento alguien ha dicho en esta tribuna que el PSOE no tenía historia. Les voy a decir cuál es la historia reciente de mi partido. La historia de España de este país no se puede escribir sin el Partido Socialista; el desarrollo de la democracia, del Estado de derecho y de las instituciones de nuestro país no se puede escribir sin el PSOE. Este partido tiene 140 años de historia y siempre hemos estado defendiendo la libertad, la convivencia y la igualdad; no sé dónde habrán estado otros, pero en estos 140 años, por no movernos de ese sitio del que no nos vamos a mover, muchos de mis compañeros han sufrido la cárcel, el exilio y hasta han dado su vida por defender estos valores. Por lo tanto, señores del Grupo Popular, cómo no vamos a estar a favor de la convivencia.

Al leer su proposición me vinieron a la cabeza escenas de quema de banderas, de ataques a sedes de partidos que aquí ya se han comentado, pero también de violencia en estadios deportivos, de la utilización de las redes sociales como herramienta para el insulto o de declaraciones racistas ante el drama de los refugiados. También episodios mucho más dramáticos que tienen que ver con el asesinato amparado en diferencias ideológicas. Todos estos comportamientos y actitudes estamos obligados a detenerlos como legisladores y como representantes públicos, y aquí, como representantes públicos, a veces miramos para fuera cuando donde tenemos que empezar a dar ejemplo es dentro de las instituciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por eso a mi grupo no le entra en la cabeza que un senador utilice la tribuna para romper la foto de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que acto seguido, en un intento de arreglarlo en una red social, la llame gusana. Creemos que este no es el camino, señorías. Estos comportamientos tienen que estar alejados de las instituciones y de la sociedad, puesto que no ayudan en nada a fomentar un clima de convivencia en nuestro país y todos nosotros debemos mostrar nuestro rechazo.

Su propuesta abre el debate sobre el fondo, en el que vamos a estar siempre de acuerdo con ustedes y así lo hemos venido demostrando, pero también lo abre sobre la forma, y es ahí, en la forma, donde vamos a mantener profundas diferencias con ustedes. La defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad no debe convertirse en un lugar común en el Parlamento. Las palabras se las lleva el viento, pero el boletín oficial permanece en el tiempo, y vaya si permanece. Podemos hablar de la buena labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad hasta el infinito. Tenemos muchos buenos ejemplos para hablar de ello, pero también debemos hablar de los recursos con los que cuentan para realizar su trabajo, de las condiciones en las que lo realizan o de sus derechos como trabajadores públicos. Podemos hablar también de cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que ir sorteando las trampas que ustedes les ponen en su camino para atrapar a quienes saquean el bolsillo de los ciudadanos y se enriquecen gracias a ello; por cierto, la mayoría de ellos vinculados al Partido Popular. A los ciudadanos, señora Blanco, también se les ofende con la corrupción, con esa corrupción que ustedes amparan. Si queremos apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de palabras de aliento y de recursos necesarios, tenemos que estar vigilantes para que quienes los dirigen estén en el mismo nivel de ejemplaridad. En este sentido, les recuerdo algunas cosas que están pasando en esta legislatura. En la actualidad, en este país hay dos ministerios bajo sospecha; nada más y nada menos que el de Justicia y el del Interior. En esta Cámara se ha abierto una comisión de investigación, se ha solicitado la reprobación de un ministro y se ha pedido la dimisión de un secretario de Estado. Esto no es un buen ejemplo ni para las fuerzas y cuerpos de seguridad ni para los ciudadanos, esto no genera confianza en las instituciones y esto no es el reflejo de los valores de un sistema democrático.

En definitiva, creemos que juntos sumamos más a la hora de seguir defendiendo los valores democráticos y fomentando la convivencia en nuestro país, pero no duden de que vamos a seguir


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denunciando y luchando contra los comportamientos y actitudes que se alejen del fomento de la libertad y de la igualdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por parte del Grupo Vasco, PNV, se ha solicitado la votación por puntos. Pregunto a la portavoz del grupo autor de la iniciativa si acepta la votación por puntos.

La señora BLANCO GARRIDO: No, señora presidenta. Se vota en sus propios términos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE HOMOLOGACIÓN DE LA RENTA AGRARIA Y DEL SUBSIDIO AGRARIO EN UN SISTEMA ESPECIAL AGRARIO, MÁS ÁGIL, QUE ELIMINE DISCRIMINACIONES Y GARANTISTA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 162/000381).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de los trabajadores del medio rural. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cañamero Valle.

El señor CAÑAMERO VALLE: Señorías, presidenta, este manojo de espárragos (Muestra un manojo de espárragos que lleva en la mano) es el reconocimiento para tres mil jornaleros que hay en este momento en Navarra cogiendo espárragos, porque en Andalucía no hay jornales para poder tener ese derecho al subsidio agrario y al PER. También es un reconocimiento para los trabajadores de la sierra de Cádiz, pues hay más de mil trabajando en Francia en estos momentos. (Aplausos).

Dicho esto, para entender lo que voy a plantear aquí, nos tenemos que retrotraer a los años sesenta. En Andalucía, en los años sesenta, empieza una mecanización acelerada. Fue la época dorada del franquismo y de la dictadura, cuando llegan los tractores, las maquinarias y dejan en paro a cientos de trabajadores, sin ninguna otra alternativa que tener que emigrar. ¿Dónde? A Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia e incluso a Europa. Nos quedamos en Andalucía quinientos mil jornaleros, más otros tantos en Extremadura, seiscientos mil jornaleros sin trabajo, sin posibilidades, sin reforma agraria, sin industria de transformación, sin nada absolutamente. Esto fue el brote de una movilización social y no hubo más remedio por parte del Gobierno de la dictadura que inventar el PER. Hay quien cree que fueron los socialistas los que inventaron el PER. No, el PER se inventó en el año 1971, se llamaba empleo comunitario y era más que nada financiar un poco el orden público; a aquellos pueblos que luchaban se les daba unas cantidades para que no siguieran luchando, para que no ocuparan fincas y para que no se repartieran en los cortijos como en tiempos de la República. Eso fue, fundamentalmente, lo que se inventó en el año 1971. Después, en el año 1983, cuando gana el Partido Socialista las elecciones, el Gobierno socialista se inventa lo que ellos llaman PER, que tiene tres patas: curso de formación, plan de empleo rural y el tema del subsidio agrario. Estas son las tres patas. Después, llega al Gobierno de Aznar en el año 2002, cambia ese sistema y se inventa la renta agraria. En definitiva, estos son los tres sistemas que se han venido sucediendo en Andalucía, y nos encontramos en la actualidad con que no existen los jornales por la mecanización acelerada, porque han llegado trabajadores de otros lugares, porque la crisis económica ha hecho que la gente del medio rural que estaba en la costa haya vuelto a nuestros pueblos. Nos hemos metido en esta fábrica, que aunque no tenga puerta ni techo es nuestra fábrica; se ha reconvertido y necesitamos dignidad y justicia. No se puede depender de la voluntad de un empresario para tener derecho a esta ridícula subvención de 426 euros. No podemos estar a expensas del empresario ni tampoco de los alcaldes para que nos firmen unos jornales que no existen, que no hay.

Esto es lo que estamos planteando con esta PNL, que todo el mundo entienda que en Andalucía las manos de los trabajadores agrarios no tienen faena, no hay trabajo suficiente, y como no hay trabajo suficiente, no se puede depender del empresario o de los alcaldes. ¿Saben ustedes cuántas peonadas hay que comprar en Andalucía y en Extremadura para tener derecho a este subsidio? Cerca de 2 millones de jornales. ¿Saben ustedes cuántos jornales no se declaran porque los empresarios tienen la potestad


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de no declararlos? Cerca de tres millones de jornales. ¿Saben cuántas pérdidas hay en la Seguridad Social? Cerca de 50 millones de euros no se ingresan en la Seguridad Social. La alternativa que estamos planteando nosotros hoy -el que está hablando sabe de lo que habla porque soy jornalero, sigo siendo jornalero, pagó mi cartilla agraria aunque esté aquí en el Congreso de los Diputados, he sido alcalde durante diez años y conozco la realidad del medio rural- significaría desvincular a los jornaleros de la dependencia del empresario y de los alcaldes porque algunos aprovechan para comprar los votos de la gente, y los empresarios para no pagar el convenio colectivo. Al mismo tiempo, con esta medida, aumentaríamos los fondos de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque no se declaran un montón de jornales.¿No dicen que las huchas se están quedando vacías? Pues vamos a meterlas dinero. Eso es lo que estamos planteando con esta iniciativa. En esta ocasión no miren al que levanta el dedito en la primera fila, porque el día que falte el del dedito no sé lo que vamos a votar. Tenemos que intentar por todos los medios tener opinión propia en este sentido. Andalucía y Extremadura necesitan dignidad. Y les digo una cosa, ¿por qué hay subsidios agrarios y PER en Andalucía y Extremadura? Porque no ha habido reforma agraria, porque no hay industria de transformación. ¿Saben que tenemos el 90 % de todo el algodón y no tenemos ni una empresa textil? ¿Saben que tenemos 40 000 hectáreas de naranja y no tenemos fábricas que las transformen en zumos? ¿Saben que tenemos pipas y no tenemos tostaderos? ¿Que tenemos tomates y no tenemos una industria? Los políticos no han hecho bien los deberes, por eso nos encontramos en esta situación. Y, por supuesto, tenemos que reivindicar con dignidad lo que estamos planteando.

Me dirijo a los bancos del PP. Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, estuvo apoyándonos en un encierro que hicimos en Cádiz para que quitaran las peonadas. El alcalde de Borno, Fernando, que fue también senador del Partido Popular, iba en la marcha de los jornaleros pidiendo que se eliminara ese requisito. En los bancos del PSOE está Antonio Pradas, que ha sido alcalde de El Rubio, de 4000 habitantes, cerca de Marinaleda. Yo recuerdo cuando Juan Sevillano, alcalde de Bornos, vino a apoyarnos para que quitaran las peonadas, o incluso Juan Cornejo, que hoy es el segundo de a bordo de Susana Díaz, también lo hizo. Es decir, ¿por qué no limitamos un requisito perverso que hace que la gente se humille de noche llamando a las puertas de los empresarios y de los alcaldes por algo que les pertenece por derecho porque ha habido una reconversión salvaje? (Aplausos). Eso hace falta hacerlo. La propuesta que hacemos es muy sencilla: un sistema que unifique la renta agraria y el seguro agrario. Y, además, que por cada tramo de diez jornales que se trabaje en el campo se cobre un poco más, el 1,5 % más del salario mínimo, con lo cual estamos obligando a que todas las peonadas se declaren. Ustedes saben que en el campo no es igual que en el régimen general; el empresario tiene el beneficio de declarar los jornales del 1 al 6 del mes siguiente desde que contrata. Se puede contratar el día 1 pero no declarar los jornales hasta el 1 o el 6 del mes siguiente. ¿Qué es lo que está pasando? Que el empresario decide cuántas peonadas apunta.

Estamos planteando un sistema justo para que las peonadas se declaren, para que haya más dinero en la Seguridad Social, para dignificar la vida de los jornaleros y yo espero que hoy aquí, en el Congreso, en el que es la primera vez que habla un jornalero, no miren el dedito; olviden un poco el dedito y voten en conciencia porque hace falta dignificar la vida de los jornaleros y de las jornaleras. Porque las manos de un jornalero o de una jornalera no tendrían por qué servir para pedir limosna sino para crear riqueza y trabajo. Eso es lo que pedimos, dignidad y justicia. Las manos de los jornaleros y de los pequeños campesinos son las que posibilitan que todos los que estemos aquí podamos comer tres veces al día en nuestras casas. Por tanto, dignifiquemos la vida de la gente, dignifiquemos la vida de los jornaleros. Por eso les digo que votemos en conciencia para que las peonadas y este sistema se unifique y dignifiquemos la vida de los jornaleros y de las jornaleras de Extremadura y de Andalucía.

Muchas gracias. (Deposita en la mesa de la Presidencia un manojo de espárragos.-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, el posicionamiento y la postura de Ciudadanos ha sido y será siempre a favor de potenciar, desarrollar y dar mejor calidad de vida al mundo rural, pero apostando por políticas económicas que creen empleo; empleo que elimine la temporalidad, que elimine la precariedad en todos los sectores económicos


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y, sobre todo, que mejore la calidad de vida de todos los habitantes del país y, por supuesto, en ellos incluyo los 600 000 jornaleros andaluces y extremeños. Porque mantener la política actual que desde hace cuarenta años han estado ejerciendo los señores del Partido Socialista y los señores del Partido Popular es mantener el uso de instrumentos inadecuados, con la correspondiente pérdida de recursos y, sobre todo, perpetuando el problema.

Señor Cañamero, estoy con usted en que hay que hacer reformas en las ayudas que reciben las personas vinculadas a la renta agraria y al subsidio agrario. Y porque nos preocupa su situación actual, como bien ha dicho usted, hay que devolverles la dignidad, hay que darles condiciones laborales adecuadas y que no haya tanta temporalidad, tanta precariedad. Las condiciones en las que están trabajando los compañeros y compañeras jornaleros, como dice usted, son muy duras y en ocasiones incluso hasta poco dignas. Pero, señor Cañamero, usted sabe que la propuesta que nos ofrece no es la adecuada; hace usted un batiburrillo que no es más que un parche, una venda que no cura la herida. Es verdad que el PER ha sido un instrumento que ha fijado la población al medio rural, que ha ofrecido ayudas a personas que viven en situaciones precarias y que ha mejorado las infraestructuras de los pueblos, pero no ha mejorado el sistema de empleo, no lo ha mejorado, señor Cañamero.

El desempleo agrario es un problema muy grave. El desempleo agrario, como bien ha indicado usted, tanto en Andalucía como en Extremadura es muy grave y en cuarenta años esta situación no ha mejorado; es más, incluso creo que se ha enquistado y ha empeorado. Si a esto le unimos el fraude que, como bien ha dicho usted, existe, con los dos millones de peonadas por parte de los jornaleros y los tres millones de peonadas en negro, entenderá el sentido de mi enmienda. En primer lugar, queremos que se estudie y se revise toda la maraña de ayudas existentes, tanto contributivas como no contributivas, que tengan como finalidad la promoción y activación para el empleo, incluidas las que dan las comunidades autónomas, señor Cañamero, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de fraude derivadas de la eficiencia en su diseño. En segundo lugar, es necesario reformar los servicios públicos de empleo para que se hagan políticas activas de empleo que garanticen en todo el Estado el acceso a condiciones de igualdad en los servicios prestados en ellos. En ambos casos han de tenerse en cuenta las características específicas que tiene el mundo rural, así como las de las trabajadoras y trabajadores agrarios.

Desde Ciudadanos creemos en el potencial de desarrollo del territorio rural, señor Cañamero, en todos sus ámbitos, tanto el agrícola como el forestal, el turístico, el gastronómico y el medioambiental, que permitirán generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y personal en nuestro país. Desde Ciudadanos enfocamos la solución al problema existente desde dos puntos de vista. Primero, modernizando la política agraria de nuestro país, que cree empleo de calidad y que mejore las condiciones laborales de los trabajadores agrarios mediante políticas como la mejora de la actual Ley de fomento de la integración de las cooperativas agrarias, así como trabajar, facilitar y fomentar la internacionalización de las empresas, fomentar la reinversión de los Fondos PAC en las explotaciones agrarias, diseñar una formación para el medio rural capaz de satisfacer la demanda existente orientada a la mejora de la actividad de los medios de la capacitación, crear la agencia de promoción del sector agroalimentario, implementar planes de desarrollo específico para la implantación de la mujer y los jóvenes en actividades económicas dentro del mundo rural y establecer incentivos fiscales orientados a favorecer a empresas que se ubiquen en municipios rurales. En definitiva, utilizar instrumentos destinados a reducir la pobreza y la precariedad, como el complemento salarial defendido desde Ciudadanos, que este año ha conseguido dotar de 500 millones de euros para jóvenes de menos de treinta años; una clara medida que, además de ofrecer ayuda a los que más lo necesitan, no desincentiva el empleo como ocurre con el sistema de la renta agraria.

Señor Cañamero, como le he dicho anteriormente, encontrará en nosotros apoyo y trabajo conjunto en medidas que signifiquen progreso y avance, pero el mundo rural debe verse y tratarse como igual para que podamos combatir su precariedad y cubrir sus necesidades.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Quiero que mis primeras palabras sean para saludar a los trabajadores que nos acompañan en las tribunas del Congreso de los Diputados y también a los que están en la puerta del Congreso. Bienvenidos a la sede de la soberanía popular. Espero que estemos a la altura para poder resolver los problemas que hoy les traen aquí.


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Señor Cañamero, ya tuvimos la oportunidad de debatir una iniciativa similar en la Comisión de Empleo y hoy la traen nuevamente al Pleno cometiendo el mismo error. No dialogan, no consensúan, no hablan con el resto de los grupos políticos, ni siquiera con los agentes sociales. Si quiere resolver la problemática de los trabajadores del campo dialogue, no juegue con las ilusiones de la gente, con la problemática de los trabajadores agrarios por cuenta ajena que es lo suficientemente grave como para que la abordemos desde su raíz y no haciendo propuestas grandilocuentes, huecas o vacías de contenido, hechas más para acaparar titulares de prensa que para resolver los problemas.

Señor Cañamero, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le pide diálogo; diálogo y consenso para apoyar una iniciativa en la que estamos en el fondo de acuerdo, aunque no compartamos parte de la forma y parte de las propuestas que usted trae hoy aquí a esta Cámara. Propuestas que tampoco apoyan los sindicatos, que quizá no sepan esto porque ni siquiera se han ocupado de decirles que iban a traer hoy esta iniciativa. Señores de Podemos, si hubieran hablado con los sindicatos y los agentes sociales para intentar hacer de esta iniciativa una herramienta verdaderamente útil, le hubieran dicho que el objetivo no puede ser crear un sistema asistencialista y no contributivo. Le hubieran dicho que el objetivo debe ser la integración y la equiparación plena en el régimen general de la Seguridad Social. Cuestiones que también compartimos desde el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque queremos trabajadores agrarios ganándose la vida con dignidad, con derechos (Aplausos). No queremos generalizar los subsidios, que es lo que ustedes pretenden con esta iniciativa. Queremos que haya trabajo digno, de calidad y lo más estable posible. Entre otras cosas habría que hacer un análisis en profundidad de las distintas realidades que tienen en este momento Andalucía y Extremadura en los cultivos de secano y de regadío. Le pongo un ejemplo y le pregunto: ¿Es lo mismo un trabajador de regadío, que trabaja prácticamente todo el año, que un trabajador de secano? Un trabajador de regadío quiere más protección, no subsidios. Y en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, hay que aumentar las medidas de inspección de trabajo, que no haya fraude en las contrataciones. Es necesaria de manera urgente la modificación del real-decreto sobre altas y bajas en la Tesorería de la Seguridad Social para erradicar el fraude. Y si usted conoce fraude, ¡denúncielo! No se calle, denúncielo. Y también habría que poner en marcha medidas para implementar la vigilancia en la relación de kilos de producto agrícola recogido con las jornadas declaradas, la trazabilidad de los productos, el listado de empresas y exigir el cumplimiento de los convenios colectivos.

Además es necesario exigir al Gobierno de España que implemente planes de industrialización y de empleo. Debemos por tanto aprobar medidas encaminadas a generar empleo en el campo. No podemos condenar a la gente del campo al subsidio de por vida. Los jornaleros, señor Cañamero, no quieren pedir limosna. Pero los jornaleros, señor Cañamero, tampoco quieren miseria. Los jornaleros quieren protección. Bastante miseria hubo ya en nuestra tierra y por ello Gobiernos del PSOE aprobaron normativas que permitieron, como usted bien sabe, grandes logros para los derechos de los jornaleros. Por supuesto que se podrán mejorar esas normativas, ¡claro que sí!, pero no de la manera que ustedes proponen. Lo que ustedes proponen, señor Cañamero, es de tal calado que es necesario acordarlo en el marco del Pacto de Toledo, como ocurrió con la integración del régimen especial agrario en el régimen de la Seguridad Social que está ahora en marcha y se está tramitando. ¿Acaso, señor Cañamero, pretende usted abordar cuestiones de Seguridad Social, de cotizaciones y por tanto de pensiones, al margen del consenso del Pacto de Toledo? ¿Tanto criticar al Partido Popular y pretenden actuar como ellos, de espaldas a la sociedad?

Señoría, yo también soy cordobesa e hija de una jornalera. Yo sé muy bien la realidad del campo y la realidad de los problemas de los trabajadores del campo. (Aplausos). Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada y, por si fuera poco, el estigma, siempre, sobre el Plan de fomento del empleo agrario, del PER, del PFEA. Los andaluces y los extremeños saben muy bien lo que han supuesto estos planes para nuestros territorios, cómo han fijado la población y cómo han permitido rehabilitar edificios, calles y arreglos de infraestructuras para que nuestros pueblos sean dignos. Las críticas por parte de quien no conoce esta realidad son muy fáciles pero es hora de poner fin a esa indiferencia, mejoremos los derechos de los trabajadores del campo, eso sí contando con la opinión de todos, contando con el diálogo social y en el seno del Pacto de Toledo.

Señor Cañamero, mi grupo le tiende la mano para trabajar juntos a favor de la dignidad de los jornaleros. Por eso le proponemos que acepte la enmienda que le hemos presentado. Es más, con el primer punto estamos de acuerdo, coincidimos con usted y con su grupo en que es necesaria la integración de la renta y el subsidio agrario en una única prestación por desempleo para los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, pero les proponemos que los cambios legislativos, los


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planes y los programas a implementar sean fruto de un análisis, de un estudio y de las conclusiones que obtenga la Mesa de diálogo social, sin olvidarnos de la problemática de los mayores de cincuenta y dos años, a quienes hay que garantizar su cobertura hasta que se jubilen, ni de las mujeres trabajadoras eventuales agrarias, a quienes hay que facilitar su inserción laboral. La problemática de la mujer agraria, la de la mujer eventual rural merece un estudio aparte, con profundidad y riguroso, en el marco de una iniciativa específica como la que ha presentado ya mi grupo en esta Cámara.

La señora PRESIDENTA: Señora Serrano, tiene que concluir.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, presidenta. Termino en seguida. Gracias.

Por supuesto, cuando haya circunstancias excepcionales, claro que pedimos la eliminación de las peonadas. ¡Claro que sí!, cuando no haya cosecha, cuando haya una catástrofe, cuando haya circunstancias graves, la pedimos y la seguiremos pidiendo porque el Grupo Parlamentario Socialista es sensible. Señor Cañamero, ningún problema puede solucionarse solo con fotos y titulares de prensa. La gente lo que espera de nosotros es que trabajemos con rigor, que presentemos iniciativas serias...

La señora PRESIDENTA: Señora Serrano, le voy a tener que quitar la palabra.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: ... que conecten con las demandas de los sindicatos y de los agentes sociales. Le invito a ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Postius Terrado.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con esta iniciativa que se nos presenta hoy y que, como se ha dicho, ya se discutió en la Comisión de Empleo hace unos meses, nuestra posición como Partit Demòcrata será exactamente la misma que expresamos en su momento. No podemos apoyar una proposición no de ley como esta, y no lo podemos hacer porque, a pesar de compartir el objetivo de adoptar medidas para atender y resolver la situación de los trabajadores del campo andaluz y extremeño que se encuentran en paro y sin alternativas, no participamos en la forma que se plantea para hacerlo. Como se dice en la misma exposición de motivos de esta iniciativa, lo que se pretende es actualizar y adaptar el sistema a la realidad que viven los jornaleros del campo andaluz y extremeño, cuando lo que se debería hacer, a nuestro entender, es intentar cambiar la realidad en la que viven, es decir, no poner un parche y continuar arrastrando el problema.

El sistema de atención a este colectivo, que solo se aplica a los trabajadores del campo andaluces o extremeños, lleva funcionando desde los años setenta con más o menos acierto desde el punto de vista del acceso a la protección, pero en realidad con pocos éxitos. El hecho de que hoy estemos debatiendo esta iniciativa demuestra que las cosas no se han hecho bien. En cierto modo, cuarenta años después tenemos que hacer frente al mismo problema. Por tanto, quizás lo que se debería hacer ahora es repensar con profundidad el sistema, evidentemente sin abandonar a las personas afectadas pero evitando que, de hecho, queden condenadas a permanecer en esta situación de forma indefinida y crónica. En este proceso resulta esencial el acuerdo con los interlocutores sociales y los Gobiernos autonómicos afectados. Perpetuar un modelo basado en el subsidio no ayuda en nada a revertir la situación de depresión que ustedes describen en su propuesta y, por lo tanto, como no compartimos la solución que se propone, no podemos darles nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.

Señores diputados, como decía antes, no solo en esta legislatura sino en la anterior también, en la Comisión de Empleo tuvimos ocasión de celebrar el mismo debate sobre el mismo problema. Es un problema que no es nuevo sino crónico, un problema que no se debe a la acción de un gobierno sino a la de todos los gobiernos, y es un problema respecto al que todavía nadie, absolutamente nadie, ha hecho algún intento serio de abordarlo desde su raíz sino solo desde sus consecuencias.


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Las diferentes normativas que han existido sobre la materia, tanto sobre la renta agraria como sobre el subsidio agrario, han pretendido paliar una determinada situación a la que se ven conducidos muchos de los jornaleros, una buena parte de los jornaleros del campo de Andalucía y Extremadura, hasta el punto de que lo que se ha pretendido es minimizar los efectos o minimizar la exigencia requerida para obtener esas prestaciones. De treinta y cinco jornales, por una Ley de 2015 se pasó a veinte jornales o peonadas necesarios para obtener aquellas prestaciones o subsidios. Con esta última medida parecía que ya se había alcanzado un nivel mínimo de empleo, de cotización, de actividad del que parecía impensable que nadie pudiera quedar excluido, o que al menos permitiera que ningún jornalero quedara fuera del ámbito de ninguna ayuda. Sin embargo, el señor Cañamero hoy nos ha presentado una PNL en la que la realidad es completamente distinta, es una situación mucho más cruda en la que hay una parte que nos ha parecido dogmática y creemos que merece una valoración y un alcance jurídico diferente.

La pregunta que hay que hacerse es que si estamos atendiendo a prestaciones del ámbito del empleo que se vinculan a la existencia cuando menos de alguna actividad laboral, ¿cobra sentido su existencia como subsidios o rentas agrarias cuando la premisa es la inexistencia de tal actividad? ¿Tiene sentido tratar un problema que es de estructura económica como si fuera un problema de empleo? Si de lo que estamos hablando es de semejante desastre social, de modo que ni siquiera existe la posibilidad de obtener trabajo suficiente para cubrir esos requisitos tan mínimos y básicos para convertirlo en un problema de empleo, es que nos estamos haciendo trampas en el solitario. En tal caso no se trata de regular -o desregular- una prestación vinculada al empleo, al trabajo, al artículo 149.1.17.ª de la Constitución sino al fracaso de políticas del ámbito de la agricultura o del medio ambiente a que se refiere el 148.1.7.ª y 9.ª de la Constitución, o a la reordenación de la actividad económica del 149.1.13.ª, y ello con una consecuencia trágica que es despedir a los jornaleros del ámbito de la Seguridad Social para situarlos en el ámbito de las prestaciones no contributivas o en su caso -que es todavía peor- de la asistencia social. Ese es el problema, porque lo que hace la PNL como tal es expulsar a los trabajadores del campo del ámbito del empleo y los reenvía al ámbito de la asistencia social, esa es la confesión más dura que puede existir del fracaso del Estado de derecho.

En aquellas PNL que vimos en la Comisión de Empleo y en la de hoy también la pregunta que sobrevuela en este debate es si aportamos algo con este tipo de tratamientos coyunturales o si no sería más conveniente exigir a todos, empezando por las autoridades andaluzas y extremeñas, una propuesta de soluciones que permitan abordar de raíz los problemas. Vistas las consecuencias tan graves, sería imposible negar el apoyo a medidas que pretenden paliar la situación de precariedad absoluta en la que viven muchos de estos jornaleros, y desde ningún punto de vista nosotros podríamos negar ese apoyo, pero ¿hace eso esta proposición no de ley? Permítanos que lo pongamos en duda. En su día dijimos y hoy queremos insistir en que creemos que este problema se debe abordar desde otra óptica, no desde el enfrentamiento político, no desde la óptica del número de días de cotización, no desde la unificación de regímenes -medida con la que sin embargo sí estaríamos de acuerdo-, sino desde una visión mucho más labrada, objetiva, seria y más dotada de información, sobre todo económica. Por eso creemos que es necesario dotarnos, primero, de información y luego de acuerdos para intentar solucionar este problema ya endémico que porta detrás una mochila de ineficacia normativa institucional que lleva fracasando no menos de cuarenta años y que requiere otro tipo de soluciones. Traigan a esta Cámara iniciativas que informen y que sumen porque mientras tanto la que nos presentan no lo hace y por ello no tendrán nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo de Esquerra Republicana votará a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La percepción que se tiene en el conjunto del Estado de los sistemas de subsidio y renta agraria supeditados al sistema de peonadas es la de un sistema perverso que supone un agravio respecto a los convenios colectivos existentes en otros sectores y al sistema de pensiones homologado en el conjunto del Estado. Por lo tanto hay realmente una visión peyorativa de lo que es este modelo actual de las peonadas y todo el sistema de subsidio y renta agraria. Una imagen muchas veces, eso sí, lo reconocemos, caricaturizada y cargada de prejuicios, pero que


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esconde un verdadero problema de justicia social y es aquí donde está el problema. Es un problema de justicia social.

La falta de una reforma agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura ha perpetuado un modelo caciquil donde el mercado de peonadas, que no olvidemos corresponde a un modelo precario de empleo, hace que muchos de los jornaleros queden supeditados a los intereses de los grandes propietarios y las empresas. Lo más interesante de esta propuesta es la voluntad de desvincular la percepción del subsidio especial agrario de la exigencia de las peonadas, hecho que permite garantizar el subsidio para una mayoría mucho más amplia. En todo caso, el número de peonadas realizadas en el año anterior permitiría la consecución de 100 % del salario mínimo profesional, hecho que permitiría realmente incentivar a continuar trabajando. La exigencia sería haber cotizado al sistema especial de trabajadores agrarios y no a las peonadas. Por tanto, es un giro, un cambio de prioridades y de criterios. Es un cambio que supone una mayor protección del jornalero, pero también un cambio de modelo socialmente injusto y que ha fracasado como modelo de desarrollo del medio rural. Por tanto, se plantea aquí un cambio de un modelo que no ha estado funcionando hasta ahora. Pero dicha reforma no solo supone un cambio fundamental en la protección de los derechos del jornalero, sino que además entra de lleno en un debate de justicia social como sería el de la renta social. De hecho, la respuesta tiene que ser esta: entender el subsidio especial agrario como el mínimo, no el de las peonadas máximas, como una renta social dirigida a los sectores con mayores dificultades laborales. Precisamente la semana pasada el Gobierno de la Generalitat firmó un acuerdo con los impulsores de la ILP de la renta garantizada a la ciudadanía, una renta que garantizará una vida digna para aquellas familias o personas que están en situación de pobreza y que cuenta con el consenso de sesenta y tres entidades, casi todos los sindicatos y cincuenta y dos ayuntamientos, así como partidos políticos como Esquerra, el PSC, la Cup y Coalición Catalunya Sí que es Pot. Dicho acuerdo va a permitir firmar la base del proyecto de ley que se va a admitir a votación en el Parlamento y se espera que se pueda aplicar este otoño a los sectores de población más vulnerables.

Por otro lado, la semana pasada estuvimos defendiendo precisamente en este mismo hemiciclo lo que sería el plan de desarrollo sostenible del medio rural como un mecanismo de dinamización económica, cohesión social y equilibrio territorial. Sin embargo, y como ya comenté en su momento, durante estos años hemos estado asistiendo a un cambio de paradigma que ha favorecido los intereses de los grandes patrimonios y las grandes corporaciones en detrimento del modelo propuesto en 2007 de desarrollo sostenible en el medio rural. Por tanto, las realidades que tenían que ir a lo que es desarrollo rural no han funcionado y tampoco en estos momentos son las prioridades, tal y como se ve en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Por ese motivo votamos a favor de esta iniciativa, por lo que supone transformación de un modelo perverso en pro de la justicia social.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Calvente Gallego.

El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señoría. Esto que exhibo es la Constitución española de 1978 y lo hago para dar una explicación de por qué los miembros del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no la quieren, no la respetan y no la acatan. ¿Y saben ustedes la razón? Porque no la conocen. Y no la conocen porque se deduce claramente al redactar esta proposición no de ley que no han leído ni el artículo 1, apartado 1 de la misma, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Los proponentes todavía no saben que en España se respeta la ley y que todos los españoles somos iguales ante ella. Pues bien, todos los puntos de esta proposición de ley no solo vulneran claramente la Ley General de la Seguridad Social, sino que también crean desigualdad entre los trabajadores agrarios, ya que discriminan a todos aquellos que no residen en Andalucía y en Extremadura. Tampoco tienen en cuenta a los trabajadores del campo de toda la vida al igualar sus derechos a los de los que, al amparo de las medidas propuestas por el Grupo de Unidos Podemos, se acogerían sin serlo a ser trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.


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Señorías, esta proposición no de ley es un cuento que se han ido pasando distintos grupos de la izquierda radical de nuestro país desde hace casi cincuenta años. Primero, el Partido Comunista de España; después Izquierda Unida... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio, señorías.

El señor CALVENTE GALLEGO: Y ahora Podemos. Ha sido el mito, el buque insignia de la CUP y del sindicato andaluz de trabajadores para justificar sus acciones a lo largo del tiempo, que no se niegan sino que se presume de ellas: movilizaciones, asambleas, encierros, manifestaciones, ocupaciones de fincas. Sin embargo, se olvidan de las condenas de los alcaldes de la izquierda en Andalucía por fraude al sistema de la Seguridad Social por firmar peonadas presuntamente falsas (Aplausos), así como amenazas a una trabajadora embarazada por ejercer su derecho al trabajo en una jornada de huelga, como se ha recordado esta tarde, asaltos a supermercados, condenas por agredir a un concejal, apoyo a terroristas o la defensa de países que no respetan la libertad y los derechos humanos. Con todos estos antecedentes, ¿alguien se cree en España que los miembros del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos pueden defender a los trabajadores del campo andaluz y extremeño?

Defender a los trabajadores es lo que ha hecho el Partido Popular desde el Gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular es el partido del campo, del olivar en mi tierra y el defensor a ultranza de todos los trabajadores agrícolas, con medidas tales como el almacenamiento privado, la reducción de módulos en el IRPF hasta el 0,09 % en un año de baja producción, la reducción de las peonadas de treinta y cinco a veinte y el incremento hasta casi un 4 % del Programa de Fomento de Empleo Agrario en Andalucía. Hemos incrementado un 15 % la renta agraria de todos los agricultores españoles en el último año y, señorías, les voy a dar unos datos para que reflexionen. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señorías. Ocupen sus escaños.

El señor CALVENTE GALLEGO: El 96 % de los fondos de formación para el empleo no se han ejecutado en Andalucía. Así lo denunciaba el pasado 20 de abril el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien pedía explicaciones al Gobierno socialista de por qué no era capaz de ejecutar el 96 % de los fondos que le llegan para luchar contra el paro, lo que lógicamente se considera algo gravísimo.

Otro dato que demuestra el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía es que el año pasado destinó a la comunidad 147 712 958 euros, cantidad que este año se eleva a 152,1 millones en las cuentas de 2017. En concreto, a mi provincia, la que yo represento, Jaén, se destinan 18,9 millones de euros, en la que fruto de la inversión del año pasado se han realizado 282 actuaciones, con más de 255 000 jornales y 18 766 contratos. Nosotros creemos en esta tierra y en el futuro de Andalucía y de Extremadura.

En cuanto a la rebaja de las peonadas, la hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. Tengo que recordar a sus señorías que nunca se ha hecho una rebaja superior a la que ha sido acordada dos veces por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno de España, y que jamás se ha producido una eliminación total de la peonada, como quieren ustedes, para el acceso al subsidio agrario. La medida de la reducción que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy y la ministra aquí presente, Fátima Báñez, la última medida que ella elevó al Consejo de Ministros, supuso su aprobación y benefició a doscientos mil trabajadores del campo andaluz y extremeño. Una cosa muy importante es que el 61 % de dichos trabajadores eran eventuales del campo, es decir, mujeres.

Señorías, en cuanto a las circunstancias en las que comparecen los grupos, está claro que son contrarias a lo que he dicho, a lo determinado en el Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tendrán derecho a la protección que se dispensa a los trabajadores eventuales agrarios del Estado español y al subsidio por desempleo o bien a la renta agraria. Eso se determina por ley. Y se establece en el campo andaluz y extremeño un sistema específico de protección que es el más favorable para dichos trabajadores. La reducción del número mínimo de peonadas, como he citado con anterioridad, se ha aprobado por el Gobierno en diversas ocasiones y por reales decretos-ley, pero es una medida con carácter extraordinario y urgente ocasionado por circunstancias o inclemencias meteorológicas o debido a incidencias en la pérdida de jornadas de trabajo por sequía o, como he dicho, a acontecimientos meteorológicos.

La limitación que ustedes pretenden haría que se perdiera la razón de ser de convertir estas ayudas que se incardinan en la acción social y un tipo de protección social desaparecería y la modificación de las


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condiciones y acceso de alta que ustedes proponen, que ustedes pretenden ampliar hasta veinticuatro meses cuando son solo trescientos sesenta y cinco días, serían claramente ilegales.

En definitiva...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.

El señor CALVENTE GALLEGO: Termino, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular, al que represento, no puede aceptar ninguna de las propuestas que se recogen en esta proposición no de ley. Finalmente, señora presidenta, señorías, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha mostrado sensibilidad y compromiso serio, firme y riguroso con los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura en especial y del resto de España. En definitiva, déjense ustedes de demagogia y manipulación y pónganse a trabajar junto a nosotros para seguir mejorando la vida de los trabajadores agrarios de toda España.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Cañamero Valle si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor CAÑAMERO VALLE: No, ninguna.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR EL MINISTRO DE JUSTICIA COMO CONSECUENCIA DE LAS MANIOBRAS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL SENO DEL MINISTERIO FISCAL DIRIGIDAS A OBSTACULIZAR DETERMINADAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE LAS PROPIAS ACTUACIONES DEL MINISTRO EN RELACIÓN CON ESTAS CAUSAS. (Número de expediente 173/000029).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

Corresponde debatir, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del ministerio fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. (Rumores).

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Rodríguez García. (Rumores). Y antes de darle la palabra, les ruego a sus señorías que mantengan silencio y, si no, se retiren del hemiciclo. No lo voy a repetir ni una vez más esta tarde.

Adelante.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señorías, no está ahora mismo en la Cámara el señor Rajoy, pero, bienvenido, señor ministro, porque estoy convencida de que va a escuchar atentamente lo que esta Cámara va a decirle y, sobre todo, lo que esta Cámara va a votar en el día de hoy.

Señor Catalá, usted se ha alejado de su responsabilidad como ministro y se ha centrado en actuar como abogado defensor de los investigados por casos de corrupción en su partido. Lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Los casos del ahora dimitido presidente de Murcia y del expresidente de la Comunidad de Madrid han despejado todo tipo de dudas y lo que eran indicios se convirtió en hechos y pruebas incontestables. Miren, no es la primera vez que un miembro del Gobierno envía mensajes cariñosos a un presunto delincuente -Luis, sé fuerte, aguanta, ¿recuerdan?-, no es la primera vez que un acusado por corrupción es recibido en un despacho del Ministerio del Interior -allí estuvo Rato con el señor Fernández Díaz-, pero la novedad de lo acontecido en estos casos es que se evidencia cómo el Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos. (Aplausos). Aquí radica la gravedad de los hechos que hemos conocido en los dos últimos casos. Que el PP y sus dirigentes estén inmersos en casos de corrupción ya no es novedad, que quienes se sientan en el Consejo de Ministros, incluso el


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presidente del Gobierno, les proteja y les dé ánimos no es una novedad; la novedad en estos últimos casos es que nuestro país, el país entero, ha sido testigo, ha podido escuchar cómo se han urdido estos planes para proteger a sus corruptos desde la institución, desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía General del Estado. Y es que se ha puesto al servicio del Partido Popular, como objeto de defensa del Partido Popular, al ministerio fiscal.

El ministro de Justicia al que hoy reprobamos, el señor Catalá, no se ha dedicado solo a llamar a los corruptos. Acuérdense de aquello de Pedro Antonio Sánchez: Rafa -usted es Rafa- era la esperanza para salir de los líos del señor González y así le escuchamos a este compartirlo con Zaplana. Los chivatazos sobre las investigaciones que salen del Ministerio del Interior no son hechos fortuitos, sino que formaban parte de ese plan. Solo así, ministro, se entiende la salida de la Fiscalía General del Estado de la señora Madrigal y el nombramiento del señor Maza. Solo así se entiende la propuesta de este para que la Fiscalía Anticorrupción recaiga sobre el señor Moix. El señor Moix era el preferido de los corruptos. También lo escuchó todo el país y a ese, al preferido de los corruptos, sabiéndolo el fiscal general del Estado como lo supo días antes de su nombramiento, se le nombró. ¿Por qué, señor ministro? Porque era el preferido de los corruptos y formaba parte de ese plan y de esa trampa que ustedes tenían para proteger a los corruptos de su partido. Una semana entera hemos estado preguntándole por qué y no ha respondido. Usted ha puesto al Ministerio de Justicia en la estrategia de la defensa de la corrupción de su partido y con ello está usted poniendo en riesgo las reglas básicas del Estado de derecho. (Aplausos). Insisto, señorías, en que hay algo más grave que el hecho de que ustedes estén carcomidos por la corrupción y es que desde su ministerio domen a los fiscales para impedir que se investigue a los corruptos de su partido.

El señor Catalá no puede estar ni un minuto más en el banco azul. Usted tiene que ser cesado por el presidente del Gobierno, ya que no ha tenido la decencia de dimitir. Tiene que ser cesado porque aquellos que cada día trabajan por la justicia en este país, miles de jueces y fiscales que cada día se levantan para defender el Estado de derecho en este país, no se sienten representados ni defendidos por usted en el banco azul. Por eso usted tiene que dimitir, señor ministro. (Aplausos). Y para recuperar la credibilidad del ministerio fiscal es necesario que el Gobierno cese al señor Maza. Ha incumplido grave y reiteradamente sus funciones, como dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se ha dedicado a obstaculizar y a interferir en los casos y en los trabajos de aquellos fiscales que perseguían la corrupción para favorecer a los investigados en los mismos. También debe procederse de inmediato a la remoción del señor Moix tras los hechos conocidos y su actuación en el caso Lezo.

Como le decía, la semana pasada no explicó nada de lo ocurrido ni se han asumido responsabilidades; por el contrario, han insistido ustedes en respaldar estas actuaciones. Por eso esta moción de reprobación está amparada y respaldada por el resto de la Cámara, como escuchó a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Es la primera vez que se produce la reprobación de un ministro en plenitud de sus funciones en nuestra democracia por la mayoría del Pleno de esta Cámara. Se lo deberían hacer mirar. (Aplausos). Es necesario que ustedes atiendan el mandato del Congreso de los Diputados y la mayoría de los grupos parlamentarios. Al presidente del Gobierno tras este mandato no le queda más remedio que cesarle como ministro de Justicia.

Agradezco el apoyo de todos los grupos parlamentarios y sobre el mandato de esta Cámara hago una última consideración. He escuchado y he leído estos días que esta reprobación carece de valor jurídico. Incluso he escuchado con atención al señor Maza esta mañana cuando nos despreciaba y despreciaba los pronunciamientos del Congreso de los Diputados. Algunos grupos han hablado de acción meramente simbólica. Es cierto que no se trata de una norma vinculante, pero ello no implica que no tenga valor jurídico. Tiene el valor mismo de la democracia, que es el valor de esta Cámara. (Aplausos). Un Gobierno demócrata tiene que atender el mandato de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Un Gobierno que cree en la democracia tiene que atender a la Cámara que le otorga la confianza.

Por tanto, señor ministro, al señor presidente del Gobierno no le queda más remedio que cesarle. No sé si al fiscal general del Estado no le incomoda ser reprobado por el Congreso de los Diputados, como decía esta mañana, pero a usted le debería condicionar ser reprobado por el Congreso de los Diputados y al señor Rajoy le obliga a actuar cesando al ministro de Justicia.

Muchas gracias y gracias a todos los grupos parlamentarios. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.


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El señor BATALLER I RUIZ: La conversación de Ignacio González con Eduardo Zaplana, en la que se habla del chivatazo de una magistrada amiga, deja claro que el Gobierno y que usted mismo, señor Catalá, tiene topos para alertar a los corruptos de su partido, para advertirles y para que cambien rápido de madriguera.

Señor Catalá, lleva usted meses jugando al ratón y al gato en los medios de comunicación y en el propio Congreso, pero esta vez no hay fiscal que le sirva de cebo. Usted ha comparecido dos veces ante la Comisión de Justicia sin dar respuestas, dos veces en las que todo lo que ha hecho ha sido escapar de agujero en agujero. ¿Quiénes son los topos de su ministerio? ¿Quiénes son los topos de la fiscalía? ¿Quién es esa magistrada amiga? ¿Por qué, ministro, no ha tomado usted ninguna medida para investigar los chivatazos? No lo hizo con el expresidente de Murcia, don Antonio Sánchez, ni lo ha hecho ahora con el expresidente de la Comunidad de Madrid en el marco del caso Lezo. ¿Quién informaba a Ignacio González? Lo peor no es que usted no quiera deliberadamente atajar la plaga, lo peor es que usted también la alimenta. A veces la alimenta con silencio cómplice y otras con descarada protección hasta convertir el ministerio que dirige en una trampa para quienes persiguen la corrupción hasta hacer de este ministerio un queso que está lleno de agujeros, un queso en el que en cada uno de esos agujeros nos encontramos un topo o, mejor, una rata. Dígame cómo puede usted decir que se puede hablar de independencia judicial con respecto al Gobierno después de sus SMS de apoyo a los encarcelados, de las críticas que usted ha hecho a la actuación de fiscales que han soliviantado hasta al ministerio fiscal, hasta al Consejo Fiscal, de esas filtraciones del "oye, cuidado" que luego nadie investiga, de los nombramientos que son celebrados por delincuentes. Últimamente, el cerco al que usted se halla sometido es tal que ha llegado a escudarse en las actuaciones del fiscal general del Estado, pero quizás se le olvida recordar que es el Gobierno el que lo nombra a su gusto. La semana pasada rechazó usted dimitir y dijo que tenía la confianza de quien tiene que tenerla, haciendo referencia al presidente del Gobierno, pero igual también se le ha olvidado que, más allá de formalismos, quien tiene que darle la confianza no es Mariano Rajoy sino sus conciudadanos, que ya se la han retirado, incluso antes de que esta Cámara lo verifique.

Señor Catalá, presente su dimisión voluntaria, bájese de la rueda ahora que todavía está a tiempo en lugar de adentrarse en una huida hacia delante que solo le lleva camino del abismo. Esto es todo.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Hace mucho tiempo que desde Cataluña alertamos de la politización de la justicia, de la judicialización de la democracia; hace mucho tiempo que denunciamos represión judicial, injerencias políticas en la magistratura y en la fiscalía o filtraciones de secretos de sumario previas a detenciones o a registros policiales. ¿Dónde estaban ustedes entonces, señores del Partido Socialista? ¿Qué es lo que pasa cuando se trata de Cataluña? ¿Todo vale? ¿Por qué votaron a favor de un suplicatorio para someter a un juicio político a nuestro portavoz, hoy inhabilitado por hacer apología de la democracia? (Aplausos).

Hoy votaremos a favor de la reprobación del señor ministro y de sus nombramientos a dedo, porque con esta reprobación le decimos al señor ministro y al Gobierno que no está bien primar en los nombramientos a dedo el concepto de lealtad por encima del de honestidad. Votaremos a favor de la reprobación por los inhabilitados por permitir votar el 9 de noviembre, por los miembros de la Mesa del Parlament procesados por permitir el debate parlamentario, por la consellera de Governació y el director general, hoy procesados por comprar urnas en democracia (Aplausos), por denunciar hoy que la justicia en España hace mucho tiempo que ya no es ciega. También porque queremos defender la honorabilidad de los jueces, magistrados y fiscales que están alejados de la moqueta gubernamental y que son los que día a día soportan la falta de medios que deriva en la exasperante lentitud de la justicia, y porque les decimos que pueden ustedes avalar todas las querellas que quieran, que nosotros seguiremos fieles con el compromiso democrático de votar en referéndum la independencia de Cataluña de este Estado lastrado en las garantías democráticas.

Nadas más y Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

La semana pasada, a raíz del conocimiento que tuvimos de las conversaciones telefónicas interceptadas judicialmente de las investigaciones del caso Lezo, se desató una tormenta perfecta, pues se juntaban, como ha destacado el portavoz de Jueces para la Democracia, la percepción de parcialidad de la justicia por presiones políticas con -y en un asunto que preocupa de manera singular a la ciudadanía- la corrupción política y el fraude. Y todo ello se manifiesta de manera concentrada y amplificada en el caso Lezo. La percepción ciudadana de la parcialidad de la justicia por presiones de los Gobiernos de turno y de grupos económicos es la causa principal de su mala imagen, y esto viene de largo en España. Lo que el caso Lezo ha hecho es poner en valor esta percepción ciudadana de falta de independencia de la justicia por presiones políticas y para favorecer a investigados de corrupción política y fraude. Tan es así que la semana pasada fue tema casi monográfico en este Congreso.

En la comparecencia del señor ministro de Justicia en la Comisión correspondiente le recordaba unas palabras suyas: En política lo que la gente cree que es, es lo que es. Expresión que se acerca bastante a una de las definiciones de la verdad; es decir, el grado de correspondencia entre unos hechos y su percepción por la ciudadanía, hechos que se han ido acumulando de manera precipitada, masiva y concentrada, como si de un diluvio se tratara en un terreno mojado previamente y que da como resultado una sospecha reforzada de parcialidad y manipulación.

Le recordaba al señor ministro que muchas de sus apariciones en los medios de comunicación social son polémicas porque generan dudas sobre la independencia de la justicia y sobre la autonomía del ministerio fiscal, y así le citaba, a modo de recordatorio, el caso de la consulta no refrendataria del 9N en Cataluña y la dimisión del fiscal general Torres-Dulce; lo relativo a lo que se llamo chivatazo al que era presidente de Murcia, sus declaraciones opinando y criticando la actuación profesional de jueces y fiscales, lo que ha generado en ocasiones pronunciamientos en contra por esos profesionales de la justicia; las referencias que al ministro de Justicia se hacen en conversaciones de los investigados y que no le dejan en buen lugar, pues parece que le habrían dado consejos para que controlara a la judicatura y fiscalía, a fin de evitar actuaciones excesivamente inquisitoriales contra los investigados; los mensajes que el ministro dirigió al señor Ignacio González con un sentido que induce a la sospecha de comprensión sobre el investigado y por causa de la investigación a la que estaba siendo sometido; la no renovación de la fiscal general, señora Madrigal, por no ser receptiva al parecer al nombramiento del señor Moix en la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, que al parecer tenía el plácet del señor Ignacio González, investigado en el caso Lezo y que en su comportamiento posterior en ese caso parece confirmar, interfiriendo la actuación de los fiscales de ese caso o al menos dando una impresión difícil de borrar, obligándoles a apelar al artículo 27 del estatuto fiscal como precepto de excepción para cuestionar lo ordenado por el fiscal jefe, señor Moix, siendo la junta de fiscales la que no ratificó la pretensión del fiscal jefe de paralizar una serie de registros que los fiscales del caso consideraban imprescindibles, y las discrepancias de estos fiscales con su jefe también afectaban a la prolongación de las intervenciones telefónicas de los investigados y a la imputación a los investigados también en este caso Lezo como organización criminal. También hemos conocido por parte del señor Moix de su intento de no renovación de la comisión de servicios de uno de los fiscales del caso y de la retirada de la otra fiscal, decisión que tenía tomada el señor Moix como luego supimos en contra de lo que dijo con anterioridad y que no llevó a cabo por el no refrendo de los órganos colegiados de la fiscalía y por la cobertura del señor Maza, aplazando la decisión a la espera de mayor información que se ha solicitado tanto al señor Moix como a los afectados.

Todos estos hechos -y voy finalizando-, junto a la renovación de la fiscalía, singularmente de la Audiencia Nacional y Fiscalía Anticorrupción, realizadas por el fiscal general del Estado, el señor Maza; la actuación del señor Moix en la Fiscalía Anticorrupción; las declaraciones del señor ministro y lo que vamos conociendo de las investigaciones del caso Lezo, obligan a tomar decisiones que regeneren la confianza ciudadana, tanto en la independencia de la justicia como cuando trata uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, la corrupción política y el fraude. Y esto pasa por el voto favorable de nuestro grupo a la moción que ahora se debate.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.


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La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senyoras y senyores diputats.

Ministro, hace escasamente una semana desde Esquerra Republicana (Rumores) le pedíamos al fiscal general del Estado que dimitiese...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora CAPELLA I FARRÉ: ... y le pedíamos a usted directamente que si el fiscal general no dimitía que el Gobierno de España le cesase. ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Nada. Bueno, han pasado cosas porque en los juzgados no paran de pasar cosas y el Gobierno resta impávido y sin tomar decisiones al respecto: respecto al fiscal general del Estado y respecto al fiscal Anticorrupción. El ministro ha tenido tiempo suficiente para rectificar y no lo ha hecho, no ha rectificado; y las pruebas de la existencia de una connivencia y una unidad de acción entre el Gobierno del Reino de España y la fiscalía son evidentes. Y para muestra, basta un botón.

Hace unas semanas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno decía: si en Cataluña se compran las urnas, el fiscal general del Estado interpondrá la querella. ¿Qué ha pasado hoy? Se conoce que la consellera de Governació, la señora Meritxell Borràs, anuncia que se comprarán las urnas, e inmediatamente el fiscal general del Estado anuncia que se perseguirá este hecho. (Aplausos). Insisto, continúan ustedes, a través del fiscal general del Estado, persiguiendo intenciones, persiguiendo pensamientos, persiguiendo ideologías, y esto pasa en los regímenes totalitarios. Van ustedes muy mal. Lo que está ocurriendo estos días en la Fiscalía General del Estado, por más que el ministro de Justicia se empeñe en defender contra viento y marea las actuaciones y las decisiones del fiscal general del Estado, y por mucho que este tenga una larga trayectoria profesional, que la tiene, es un auténtico escándalo.

Ministro, usted no ha dado explicaciones veraces de los auténticos vaivenes del fiscal general del Estado ni tampoco ha adoptado las medidas pertinentes, que no es otra cosa que cesarlo porque existe causa para ello. Por eso, debatimos hoy esta moción de reprobación. ¿Qué causas existen? Mire, los cambios en la jefatura de las fiscalías. Ahora hemos entendido por qué ustedes estaban empecinados, en este caso el fiscal general del Estado, en que existiese un determinado fiscal, el señor Moix. ¿Y qué lo corrobora? Pues, evidentemente, las filtraciones de las intervenciones telefónicas, en las que se habla de cambiar determinados fiscales, se nombra a un determinado fiscal porque es lo más favorable a la causa de los investigados. Y esto lo dicen destacados miembros del Partido Popular que luego han sido investigados y que, en estos momentos, están en prisión o están siendo investigados, y que, en definitiva, tuvieron cargos institucionales importantes. Pues bien, lejos de dar explicaciones a todo ello, lo que ha hecho es poner en valor la actuación del fiscal general del Estado y del fiscal Anticorrupción, filtraciones telefónicas, entre otras cuestiones. Usted ya lo dijo el otro día, no debemos hacer caso a las filtraciones telefónicas. Bien, blanco y en botella, lo pueden negar, pero la existencia de que hay unidad de acción entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno es evidente.

Mientras tanto, ¿qué hace usted, ministro? Tocar la lira y repetir un mantra, que no es otro que repetir que en España existe la separación de poderes. La respuesta es muy sencilla: en España la separación de poderes no existe, y, si no, demuéstrenlo: cesen al fiscal general del Estado, condenen las continuas interferencias del Poder Judicial en la labor de los fiscales que actúan cada día, diligentemente, en los juzgados y tribunales del Estado español y, además, condenen las interferencias que se producen en los procesos penales abiertos por corrupción, demasiado a menudo, contra dirigentes del Partido Popular. Desde el día en que fue nombrado el fiscal general del Estado -y no hace ni seis meses- hasta el día de hoy vamos de susto en susto. Se escogió un mal candidato, no porque no tenga un buen curriculum sino porque no es el adecuado. En todo caso, no es un buen fiscal, porque ha demostrado estar al dictado de los intereses del Gobierno del Reino de España, mejor dicho, del Partido Popular que es el partido que da apoyo al Gobierno.

En resumen, han quebrado la confianza de la ciudadanía porque lo que espera la ciudadanía del ministerio fiscal no es otra cosa que defienda el interés general, que cumpla y haga cumplir la ley, que persiga el delito y a quienes lo cometen. Esta confianza que se debería tener en el ministerio fiscal y en sus funciones quiebra ante el alud de noticias que a diario son publicadas en los medios, que cuestionan la autonomía y la imparcialidad del ministerio fiscal. De nada sirve, como le decía, matar al mensajero, cuestionar la veracidad de las conversaciones filtradas. Lo cierto, lo realmente cierto es que esto es lo que está pasando, esto no puede continuar y el tiempo se les ha agotado.


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Por estos motivos que he expuesto, como los hemos expuesto en las diversas comparecencias que ha tenido el ministro en la Comisión de Justicia, votaremos favorablemente a su reprobación, a la reprobación del fiscal general del Estado y a la reprobación del fiscal anticorrupción.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tratamos en este momento una cuestión de importancia. Aquí se ha dicho que no tiene eficacia jurídica directa, pero tiene una eficacia política indudable. Prueba de ello es que en toda nuestra historia democrática hasta ahora solo ha habido dos casos de reprobación, el de una ministra de Fomento socialista y el del exministro del Interior de la anterior legislatura. Es un asunto de importancia y lo primero que quiero decirle, señor ministro, es que nosotros aquí no estamos hablando de una cuestión de personas ni de nombres; estamos hablando de otra cosa bastante más importante. Estamos hablando del crédito, de la credibilidad, de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La semana pasada, en el debate en la Comisión, yo le hacía referencia a ese eurobarómetro que acabamos de conocer hace escasamente un mes en el cual, en la evaluación comparada de los sistemas judiciales europeos, salíamos muy mal parados en el criterio de credibilidad, en el criterio de la percepción de la independencia judicial por parte de los ciudadanos. Estamos a la cola; de veintiocho países solo hay dos, Bulgaria y Eslovenia, que nos superan. Con respecto a los demás somos el tercer país con la peor ratio de credibilidad. Hablamos, por lo tanto, de algo básico y esencial que es recuperar la confianza, algo que usted además puso como uno de los objetivos esenciales de la legislatura. Lo que ha pasado en los últimos meses, lo que ha pasado con los nombramientos en la fiscalía es, precisamente, por lo que hemos caído por el precipicio de la pérdida absoluta de credibilidad en la independencia judicial y de credibilidad en las instituciones. Tenemos que cortar esa pérdida de credibilidad, no podemos seguir descendiendo por la pendiente.

Yo repasaba el debate que hubo aquí, en esta Cámara, en el año 2007 cuando se aprobó la última gran reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En esa gran reforma había algunas palabras que realmente conviene recordar ahora. Decía el portavoz del Partido Popular: El proyecto refuerza la vinculación política del fiscal con el Gobierno que lo nombra, fortalece la estructura personalista del fiscal general, convirtiendo el principio de jerarquía en un auténtico caudillaje. Eso lo decían ustedes en 2007, cuando el que proponía aquel estatuto era el Partido Socialista. En realidad, hemos venido asistiendo a este partido de tenis permanentemente y cuando gobierna el Partido Socialista ustedes critican los nombramientos en la fiscalía y cuando gobiernan ustedes, a la inversa. Pero, ¿qué hubiesen dicho ustedes si en algún otro momento se hubiese conocido que el nombramiento del fiscal anticorrupción venía condicionado porque era el favorito de uno de los principales actores de una importante trama de corrupción? ¿Qué hubiesen dicho si hubiesen sabido que el ministro del Interior manda unos SMS absolutamente familiares y cariñosos al principal imputado en esa trama de corrupción? ¿Qué hubiesen dicho si hubiesen sabido que esa persona maniobra para ese nombramiento en el ámbito institucional, y en el que parece que tiene acceso de forma muy importante, al final lo consigue? ¿Qué hubiesen dicho si se pusieran problemas a los fiscales que están trabajando en esa instrucción? ¿Qué hubiese sucedido? Que ustedes habrían dicho que esto era inconcebible, que se exigíeran de forma inmediata las responsabilidades políticas correspondientes y que habría que acabar con ese nombramiento. (Aplausos).

De forma increíble, durante la semana pasada -y le digo que para nosotros era muy importante marcar los tiempos y les hemos dado la posibilidad de rectificar esas decisiones tanto a usted como al propio fiscal general del Estado- les pedimos que rectificasen en un nombramiento que a todas luces ha generado, como mínimo, un incendio en un instrumento fundamental para combatir la corrupción, como es la Fiscalía Anticorrupción. Ustedes no solo no rectificaron sino que, de forma absolutamente inexplicable o increíble, tanto usted como el presidente del Gobierno se dedicaron a defender el nombramiento de ese fiscal anticorrupción. Y yo le digo una cosa: yo quiero un país y una fiscalía en los que al presidente del Gobierno no le importe nada quién sea el fiscal anticorrupción, es más, que no sepa ni su nombre y que por supuesto no se dedique a defenderlo cuando está absolutamente cuestionado (Aplausos) porque esa vinculación, ese cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía Anticorrupción con todos esos antecedentes, como usted comprenderá, lo único que hace es que los ciudadanos sigan pensando que no existe esa independencia judicial.


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Por todas esas cuestiones, por todo lo que se ha dicho aquí, por esa pérdida a borbotones de crédito, por ese auténtico mazazo a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que hemos conocido en el día de doy como es ese cambio de criterio en un asunto ante el Tribunal Constitucional, como es el amparo a esos ocho asaltantes del Parlament de Catalunya, donde el principio de jerarquía que se impone a sangre y fuego en la Fiscalía Anticorrupción, y se cambia radicalmente ante el Tribunal Constitucional, no sé si se aventurará algún pacto oculto o desde luego una falta de legitimidad para mantener la misma decisión en ese principio de jerarquía que ha mantenido la fiscalía en un asunto de esa importancia. En todo caso, esto pone de manifiesto la falta de credibilidad del fiscal general del Estado. Pero no nos vamos a quedar ahí, ya le digo, no nos vamos a quedar ahí porque para nosotros las instituciones no son un partido de tenis.

La señora PRESIDENTA: Señor Prendes, tiene que terminar.

El señor PRENDES PRENDES: Voy acabando. Por lo tanto, lo que haremos será presentar la reforma que necesita nuestro Poder Judicial, la reforma que necesita nuestra fiscalía para romper ese cordón umbilical y ganar esa credibilidad que desde luego están ustedes maltratando y la credibilidad que ustedes han perdido ya en estos escasos meses de Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Nuevamente el Partido Socialista acude a la tribuna de este hemiciclo para rasgarse las vestiduras por una más, si no la última, de las tropelías del Partido Popular. Una vez más el Partido Socialista y Ciudadanos agotan la petición de responsabilidades políticas con una petición de comparecencia de reprobación o de interpelación que es un brindis al sol. Sin embargo, por su valor simbólico, vamos a votar que sí, no como ustedes, señores diputados y diputadas del Partido Socialista y de Ciudadanos, a los que cuando el derecho parlamentario les ofrece una herramienta de reprobación contundente contra un Gobierno como el del Partido Popular, ni siquiera son capaces de sentarse en una mesa de negociación. (Aplausos).

Nos enteramos la semana pasada -y por un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- de que el secretario de Estado de Interior había filtrado a Ignacio González información relevante del sumario de la Operación Lezo. Esas filtraciones han supuesto entorpecimientos claros en la investigación a Ignacio González y al resto de imputados en dicha operación y, sin embargo, no hacemos nada; una operación diseñada que afectaría no solo a la propia Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción sino también a algún miembro de la judicatura de este país. Y si eso fuera poco, se apunta claramente en esta trama de corrupción y poder, de indignidad e impunidad a algún medio de comunicación.

Señores del Partido Socialista y de Ciudadanos, no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de ustedes, porque no solo es suya la responsabilidad de que gobierne el PP, sino que también es culpa suya la impunidad y la parasitación de las instituciones democráticas de este país. Con su mirada y su indiferencia están dejando solas a miles de personas que luchan por mantener la decencia en este país. Con su indiferencia, están dejando pervertir instituciones básicas del Estado de derecho. Con su indiferencia, golpean a esta institución.

Permítanme que cite a Zola: "El acto más revolucionario y de justicia es gritar la verdad". Ustedes tienen las manos atadas. Son incapaces de aceptar su obligación de sacar al PP del Gobierno de este país. (Varios señores diputados: ¡Vosotros votasteis que no!-Aplausos). Podrían aceptarlo pero no quieren. Son incapaces de asumir responsabilidades políticas más allá de una reprobación a un ministro. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora ELIZO SERRANO: Es necesaria una moción de censura en este país, lo diga Podemos o lo diga el porquero de Agamenón. (Rumores).

La información pública que tenemos en este momento es la siguiente: El señor Ignacio González se puso en contacto con miembros de la judicatura y de la fiscalía para urdir la impunidad de las responsabilidades de algunos miembros del Partido Popular; sospechas que son públicas y que atañen a


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fiscales y a jueces de este país. En ese mismo informe apuntan al secretario de Estado de Seguridad como el protagonista de un chivatazo al señor González para darle información de la causa. En el propio sumario hay declaraciones del señor González en las que dice: He hablado con el secretario de Estado y me dice que me ande con cuidado. (Rumores). Si esto es verdad, existirían responsabilidades jurídicas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, silencio.

La señora ELIZO SERRANO: Si esto es verdad, existirían responsabilidades jurídicas muy graves, pero también estamos hablando de responsabilidades políticas y me temo que no solo del secretario de Estado.

En otra conversación, González y Zaplana hablan de que Mauricio Casals les ha transmitido la información de que una magistrada amiga ha llamado para decirles que hay intervenciones telefónicas en el entorno de Ignacio González. Esas mismas conversaciones, grabadas durante las intervenciones de la Operación Lezo, dejan patentes la intervención normalizada y mediatizada por los intereses del Partido Popular, las designaciones de miembros de la fiscalía -no podemos olvidar aquí la destitución del fiscal jefe de Murcia-, designaciones muy criticadas en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y, por supuesto, las propias designaciones del fiscal general del Estado y del fiscal Anticorrupción, que ya anticipaba González meses antes de que el Partido Popular tomara de nuevo la dirección de este Gobierno. Se nombra por parte del Gobierno al fiscal Anticorrupción que por tres veces archivó denuncias que tenían que ver con maniobras en el Canal de Isabel II, que impidió la publicación de los correos de Blesa, que impidió la investigación de las grabaciones en la 'gestapillo' en el año 2009 y que, en una terna de siete fiscales, era el único que no tenía currículum suficiente en materia anticorrupción. Intentó parar el registro de Ignacio González, y lo puso por escrito. Solo los fiscales de la Operación Lezo, por auténtica valentía profesional, consiguieron rebelarse a esta orden. El mismo fiscal que intentó cesar a los fiscales del 3 % intentó cargarse a los fiscales de la Operación Lezo, y además todo por escrito.

Señores diputados y señoras diputadas del Partido Socialista, hay serias razones para pensar que la corrupción estructural en este país es la barrera que nos mantiene presos en la ineficacia y nos empuja a la destrucción de los servicios públicos y a la precariedad del Estado social y de derecho. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero es imprescindible agotar los tiempos del PP en el Gobierno de este país y eso es responsabilidad de todos. Como dijo Martin Luther King: "No me preocupa tanto la gente mala sino el espantoso silencio de la gente honrada". (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta; con su venia.

Señorías, esta propuesta viene de los que claman por una justicia independiente pero pretenden que una moción política establezca injerencias en el funcionamiento de la justicia. Primera gran contradicción. Déjenme que les lea una cita. Dice: Reprobar es un acto inane, es solo una posición política distinta, es una figura sin sustento reglamentario y simplemente es una discrepancia; pretender otra cosa es un acto de cobardía política. Esto lo decía hace cuatro días el diputado socialista Torre Canto en el Parlamento de Asturias, a la sazón secretario general de las Juventudes Socialistas en España. (Aplausos). Se ve que no está usted en la onda, señora Rodríguez.

Señorías, es verdad, si nos metemos en que la reprobación tiene ámbito moral o ético, si entramos ahí, los reprobados tendrían que ser los autores de esta iniciativa y no el ministro de Justicia. (Rumores). Ustedes han hecho aquí aseveraciones muy graves que no vamos a dejar que pasen de costado. Es muy grave que vuelvan con acusaciones falsas y además cuando el ministro ya ha dado explicaciones en esta Cámara la semana pasada, no una vez, sino tres, y también las ha dado el fiscal general del Estado. Pero, señorías, eso a ustedes les importa poco, porque buscan desacreditar las instituciones. Acusan al ministro en la acción de la fiscalía de injerencia y también en la acción de la justicia, y eso es falso, señorías. Ustedes mienten aquí, en sede parlamentaria. (Rumores). No se escuden en su inmunidad parlamentaria para acusar y mentir sin pruebas una y otra vez (Aplausos).

Nadie, señorías, nadie en la fiscalía ha dicho que se les utilice. ¡Nadie! Las asociaciones de fiscales y el Consejo Fiscal han reiterado en distintas ocasiones que trabajan con plena autonomía; con


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divergencias profesionales pero con plena autonomía. Este Gobierno jamás ha dado órdenes ni instrucciones de ninguna clase ni categoría al ministerio fiscal. ¡Nunca! Pero el Partido Socialista se empeña en dibujar un análisis irreal y de permanente sospecha en las instituciones. (Rumores). Hablan de maniobras para obstaculizar las causas judiciales y con ello están faltando al respeto, señorías, a más de 2.500 fiscales que día a día están haciendo una labor profesional y correcta en nuestro país para que funcione el Estado de derecho; los mismos fiscales que se sorprenden, como nosotros, pues saben y conocen, como toda España, que el único fiscal general del Estado nombrado de forma ilegal fue nombrado ¡por un Partido Socialista en el Gobierno! (Aplausos.-Rumores y protestas). Por cierto, con marchamo de sentencia del Tribunal Supremo, porque las verdades para ustedes tienen que tener marchamo de sentencia del Tribunal Supremo; para los demás, recortes de prensa o conversaciones fuera de contexto. (Rumores).

Señorías, créanme que lamentamos profundamente que esta estrategia de dañar a las instituciones venga del Partido Socialista. ¿Qué ha sido de aquel Partido Socialista de los grandes acuerdos, del pacto por las libertades, de la política en positivo? ¿Cuál es el problema? ¿Se trata, señora Rodríguez, de tapar la semana de pasión y de primarias? (Risas). Pues mire, a lo mejor lo que tienen que hacer ustedes es reprobar a Susana Díaz el día 21 si no están de acuerdo con lo que está pasando en Andalucía; que, por cierto, hay casos de corrupción por todos sitios y nadie hace nada desde el Gobierno. (Aplausos.-Rumores). Créanme, señorías, que ni el ministro de Justicia ni los 137 diputados del Partido Popular tenemos ninguna culpa de eso. Eso es algo que tendrán que resolver ustedes. Nosotros, con nuestros defectos, seguimos siendo los mismos, no vivimos obsesionados con volver la vista atrás. Si acaso, como decía Machado, sabemos que hay que volver la vista atrás tan solo para ver la senda que no hemos de volver a pisar. (Rumores). Y esa senda es la del resentimiento, esa senda es la del radicalismo que no queremos en el Partido Popular.

Creo sinceramente que la mayoría de los españoles están con nosotros para aprobar en esta Cámara cosas positivas, como los Presupuestos Generales del Estado, la estiba, seguir creando miles de empleos cada mes, sintiéndonos orgullosos de ser el país que más empleo crea de toda la Unión Europea, ¡como orgullosos de apoyar sin fisuras al partido y al ministro que más están haciendo en la lucha contra la corrupción, con un paquete de medidas que ha sido el más poderoso y más potente de la Unión Europea para luchar contra la corrupción! (Aplausos). Eso es así.

Les recuerdo, señorías del Grupo Socialista -y esto es relevante-, que ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha denunciado la Operación Lezo ante la fiscalía (Rumores y protestas). Sí, sí, no se alteren. (Aplausos). Y también les recuerdo que la fiscalía que ustedes reprueban ha sido la que ha investigado, la que ha hecho entrada y registro en más de sesenta domicilios, la que ha enviado a prisión provisional a los investigados. En el futuro, señorías del Grupo Socialista, cuando vuelvan a presentar una propuesta de reprobación, presenten también una carta de legitimidad para hacerlo, presenten una carta de su propia catadura moral. (Un señor diputado: ¡No!-Rumores y protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor ROJO GARCÍA: Porque ustedes ahora nos presentan esta iniciativa que registraron la semana pasada, la misma semana en que un diputado del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, el señor Carmelo Gómez, sigue en su escaño pese a que está acreditado que hizo informes falsos para Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE (Protestas), y ustedes dicen que tiene que seguir en su escaño porque el delito ha prescrito. Esa es la responsabilidad política que tiene el Partido Socialista (Aplausos), con dos presidentes que están encausados por corrupción, ¡dos presidentes encausados por corrupción!

Termino, señora presidenta. Con todo esto ustedes quieren reprobar al ministro de Justicia (Una señora diputada: ¡Claro que sí!), quien ha aumentado el 40 % los fiscales para la lucha contra la corrupción, quien pone más de 135 nuevas plazas de fiscales, quien impulsa la Oficina de recuperación y gestión de activos para que se devuelva lo que se ha defraudado, no como ustedes hicieron en Andalucía, donde ni siquiera se ha devuelto un 1 % de los 800 millones de euros robados. (La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Señor Rojo, tiene que terminar.


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El señor ROJO GARCÍA: Concluyo inmediatamente.

Propone esto, señorías, el partido de los ERE, de Invercaria, de Mercasevilla, de los fondos de formación. ¿Qué reprobación tendríamos que hacerles a ustedes, señorías del Grupo Socialista? (Rumores.-Aplausos). En verdad ya lo hicieron las urnas.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Les recuerdo a algunas de sus señorías que, aunque hay columnas en el hemiciclo, hay visibilidad desde esta tribuna, y no nombraré a nadie, (Rumores.-La señora Rodríguez García pide la palabra). ¿Sí, señora Rodríguez?

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Presidenta, pido la palabra por el artículo 73.1 -el artículo de contradicción-, que dice que en todo debate el que fuera contradicho en sus argumentos por unos u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por el tiempo máximo de cinco minutos. (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

Señoría, no le voy a dar la palabra porque no interpreto que tenga usted que utilizar en este momento ese artículo. No voy a darle la palabra y continúo con el orden del día. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Señorías, esto es así porque el artículo al que ha hecho referencia la señora Rodríguez es de aplicación cuando se reabre el debate por parte de alguien del Gobierno, lo que no se ha hecho. (Rumores.-La señora Rodríguez García: En cualquier debate). No, señoría; cuando alguien reabre el debate, no cuando hay intervenciones como la de su señoría y el resto. Si no, le tendría que dar la palabra a todos los grupos que han intervenido. (Rumores.-Aplausos). Así se aplicará siempre el artículo 73 mientras esté yo en la Presidencia, señoría, y si no, usted me lo recordará.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 122/000089).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley sobre modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Este punto se someterá a votación sin debate previo con el resto de las votaciones previstas para hoy. Vamos a hacer una pausa de tres minutos hasta comenzar las votaciones. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000025).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.

Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 1 voto telemático, 342; a favor, 175 más 1 voto telemático, 176; en contra, 134; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEJORA DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000079).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más un voto telemático, 342; a favor, 341 más 1 voto telemático, 342.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL RECHAZO Y CONDENA DE TODO TIPO DE ACTOS VIOLENTOS. (Número de expediente 162/000211).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate.

Primero, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo y condena de todo tipo de actos violentos. La vamos a votar en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 258; abstenciones, 82.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE HOMOLOGACIÓN DE LA RENTA AGRARIA Y DEL SUBSIDIO AGRARIO EN UN SISTEMA ESPECIAL AGRARIO, MÁS ÁGIL, QUE ELIMINE DISCRIMINACIONES Y GARANTISTA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 162/000381).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre homologación de la Renta Agraria y del Subsidio Agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores del medio rural. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 78; en contra, 172; abstenciones, 91.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR EL MINISTRO DE JUSTICIA COMO CONSECUENCIA DE LAS MANIOBRAS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL SENO DEL MINISTERIO FISCAL DIRIGIDAS A OBSTACULIZAR DETERMINADAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE LAS PROPIAS ACTUACIONES DEL MINISTRO EN RELACIÓN CON ESTAS CAUSAS. (Número de expediente 173/000029).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones.

Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han


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producido en el seno del ministerio fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 207; en contra, 134.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 122/000089).

La señora PRESIDENTA: Sometemos a continuación a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 1 voto telemático, 342; a favor, 271 más 1 voto telemático, 272; en contra, 69; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Se suspende la sesión.

Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.

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