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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 51, de 10/05/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 51
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 49
celebrada el miércoles,
10 de mayo de 2017


Preguntas ... (Página5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. (Número de expediente 172/000040) ... (Página29)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, relativa a sus políticas sobre adopciones internacionales en España. (Número de expediente 172/000041) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Justicia sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. (Número de expediente 172/000042) ... (Página43)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno. (Número de expediente 173/000027) ... (Página49)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 173/000028) ... (Página58)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página5)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos ante la sucesión de casos de corrupción protagonizados por importantes miembros del Partido Popular? (Número de expediente 180/000239) ... (Página5)

Del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción? (Número de expediente 180/000235) ... (Página7)

Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué respuesta tiene previsto dar el Gobierno a la demanda de la sociedad catalana de decidir el futuro político de Cataluña con la celebración de un referéndum? (Número de expediente 180/000245) ... (Página8)

De la diputada doña Elena María Bastidas Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para desarrollar e impulsar el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad? (Número de expediente 180/000248) ... (Página10)

Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo explica el Gobierno sus vínculos con diferentes implicados en la Operación Lezo? (Número de expediente 180/000240) ... (Página11)

De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué va a hacer el Gobierno ante las maniobras que se han producido en el Ministerio Fiscal para obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción? (Número de expediente 180/000241) ... (Página12)

Del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera el Gobierno que no existen injerencias políticas en la labor de la Fiscalía? (Número de expediente 180/000238) ... (Página13)


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Del diputado don Pablo Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Cómo enfoca el Gobierno las relaciones en materia de defensa con los Estados Unidos de la Administración Trump? (Número de expediente 180/000236) ... (Página15)

Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Sigue manteniendo que la amnistía fiscal ha sido beneficiosa para la lucha contra la corrupción? (Número de expediente 180/000243) ... (Página16)

Del diputado don Antonio Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Hasta cuándo piensa mantener el Gobierno las medidas que bloquean la autonomía local? (Número de expediente 180/000246) ... (Página17)

Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cree que el secretario de Estado de Seguridad ha justificado suficientemente su reunión con una persona investigada por la Justicia? (Número de expediente 180/000242) ... (Página19)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Cómo valora el Gobierno las últimas revelaciones sobre actuaciones irregulares de Rodrigo Rato mientras era vicepresidente del Gobierno? (Número de expediente 180/000244) ... (Página20)

De la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno en torno a la grave problemática que afecta a la vivienda en alquiler? (Número de expediente 180/000231) ... (Página22)

Del diputado don Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuál es el plan de trabajo del Gobierno para presentar la propuesta de modificación del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías a las empresas, los sindicatos y, en su caso, a los grupos parlamentarios antes de su aprobación? (Número de expediente 180/000237) ... (Página23)

Del diputado don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Fomento: ¿Considera el Gobierno que se produce un correcto volcado de las denominaciones oficiales territoriales a los buscadores de Internet desde el Instituto Geográfico Nacional? (Número de expediente 180/000232) ... (Página24)


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De la diputada doña Raquel Alonso Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuáles son las líneas directrices del próximo plan de vivienda? (Número de expediente 180/000247) ... (Página26)

Del diputado don Jordi Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué aportación hará el Gobierno para la celebración de los Juegos del Mediterráneo 2018, en Tarragona? (Número de expediente 180/000249) ... (Página27)

Del diputado don Francisco Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para proteger la salud de los pacientes de daños reales producidos por las pseudoterapias sin evidencia científica? (Número de expediente 180/000234) ... (Página28)

Interpelaciones urgentes ... (Página29)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población ... (Página29)

Formula la interpelación urgente la señora Sibina Camps, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).

Replica la señora Sibina Camps y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, relativa a sus políticas sobre adopciones internacionales en España ... (Página36)

Formula la interpelación urgente la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).

Replica la señora Reyes Rivera y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Justicia sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas ... (Página43)

Formula la interpelación urgente el señor Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).

Replica el señor Rallo Lombarte y duplica el señor ministro de Justicia.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página49)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno ... (Página49)

Defiende la moción la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del mismo grupo; así como las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural ... (Página58)

Defiende la moción el señor Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Sorlí Fresquet y el señor Postius Terrado, del mismo grupo; el señor Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Carreño Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ PIENSA HACER PARA RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS ANTE LA SUCESIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN PROTAGONIZADOS POR IMPORTANTES MIEMBROS DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/000239).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno, conforme al orden remitido por el mismo. (Rumores). Silencio, señorías.


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Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, ¿qué piensa hacer para recuperar la confianza ante la sucesión de casos de corrupción que afectan a altos dirigentes del partido del Gobierno?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Hernando.

Mejorar los controles para dificultar esas conductas, apoyar a quienes tienen que perseguir el delito -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agencia Estatal de Administración Tributaria, jueces y fiscales- y endurecer las sanciones. Eso es lo que estamos haciendo y creo que debemos perseverar en ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Pero vamos a ver, señor Rajoy, ¿no se da cuenta de que la respuesta que usted acaba de dar y la distancia con la que habla de este tema lo único que produce es irritación y vergüenza? En un mes Ignacio González ha sido detenido y encarcelado, por asociación criminal para enriquecerse; Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por tercera vez, con dos vicepresidentes encarcelados; Pedro Antonio Sánchez imputado por malversación; hemos sabido que Rodrigo Rato blanqueaba hasta cuando era vicepresidente; usted mismo ha sido llamado a declarar por el tribunal que juzga el caso Gürtel como testigo. Señor Rajoy, su ministro de Justicia, el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el secretario de Estado de Justicia se han convertido en auténticos abogados defensores. Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia. Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices. ¿No se da cuenta del daño que está haciendo a España tener un presidente del Gobierno a merced de los tribunales por los casos de corrupción? ¿No sé da cuenta de que 'el que la hace la paga' ya no es creíble en su boca, porque solo ocurre cuando les pillan los tribunales? Lo sabían, lo de Ignacio González lo sabían desde hace años, y, ¿qué hicieron? Nada de nada. Como sabían lo de Bárcenas, y le pagaban sueldo y abogados, señor Rajoy.

Le voy a refrescar la memoria -abro comillas-: "Me equivoqué, señorías. Lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Cometí el error de creer a un falso inocente". ¿La recuerda? Fin de la cita. Es suya, es de hace cuatro años. ¿También con Ignacio González se equivocó, señor Rajoy? Ya no cuela; es tanto el aluvión de corruptos que ya no cuela la teoría del canalla que traiciona su confianza. Señor Rajoy, decía Hegel: Hágase justicia para que el mundo no perezca. Aplíqueselo aquí y ahora y aplíquelo en España, porque en unos días va a venir usted a declarar en una comisión anticorrupción y ni se va a poder escaquear con el 'y tú más' ni va a poder eludir sus responsabilidades políticas en todo este tema, salvo que quiera abocar a España a una inestabilidad institucional sin precedentes por una sola razón: que usted está acorralado por la corrupción de su partido, señor Rajoy. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Señor Hernando, no voy a entrar en su juego, ya se lo adelanto. Quiero decir que nuestra obligación es prevenir la corrupción, perseguirla y castigarla, y para ello hemos aprobado un sinfín de leyes en esta Cámara que aumentan los controles -usted las conoce-, hemos dotado de medios a quienes tienen la obligación de perseguirla y hemos aumentado las sanciones. Por eso hoy somos mucho más eficaces en la lucha contra la corrupción, y de hecho acontecimientos que se produjeron hace más de diez años se descubren hoy, se juzgan hoy y se castigan, y antes eso no ocurría, señor Hernando. Algo habremos hecho para luchar contra la corrupción.


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Y dos comentarios finales. Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni con uno solo de los casos de corrupción de su partido, porque no me llegaría ni la respuesta a veinticinco preguntas. No voy a hacer como usted. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema. Yo sí que le invito a que aporte alguna idea además de criticar, a que defienda el Estado de derecho; cuando sea necesario defender la presunción de inocencia defiéndala, porque si no podemos correr el serio riesgo de terminar en una situación de presunción de culpabilidad que creo que no conviene a nadie. También le digo que me apoye en las nuevas medidas que presentaré en esta Cámara, concretamente los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, para intentar fortalecer la fiscalía y combatir la corrupción. Vamos a convocar más de cien plazas de jueces y fiscales; vamos a reforzar la plantilla en la Fiscalía Anticorrupción; vamos a aprobar todos los refuerzos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción; implantar la Oficina Fiscal en todo el territorio y dotaremos a la Fiscalía General del Estado de una unidad de apoyo en el marco de la Administración General del Estado. Lo que ha hecho usted en el día de hoy solo sirve para consumo interno, y vuelvo a insistir en que no sé cuáles son las razones, aunque puedo intuirlas, pero si usted quiere luchar eficazmente contra la corrupción apoye las leyes y las normas que estamos haciendo aquí y apoye las actuaciones de la fiscalía y de los jueces.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL TRABAJO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000235).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señor Iglesias.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.

Señor Mariano Rajoy, ¿cómo valora el Gobierno el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Pues muy positivamente. Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad, y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción, y usted debería alegrarse.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Iglesias.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Esta vez, señor presidente, hasta su bancada ha tenido que hacer un esfuerzo para aplaudirle. (Varios señores diputados: ¡No!). Le voy a proponer un ejercicio de memoria. Cálmense. ¿Se acuerda usted del año 2009? Se produjo una cacería en Jaén, que organizó un dirigente local de su partido: escopetas, botas de vino, ambiente berlanguiano. Y allí coincidieron el que entonces era ministro socialista, el señor Mariano Fernández Bermejo y Baltasar Garzón, a la sazón el magistrado encargado del sumario Gürtel. Le voy a recordar lo que dijo usted en aquel momento -cito literal- a propósito del encuentro: Un atentado a la calidad democrática. Sigo citando literal. En un país civilizado esto sería motivo más que suficiente para que el ministro Bermejo presentara su dimisión. Es más, usted puso hasta un símil futbolístico, cito literal: Es como si en un partido pierdes porque te señalan tres penaltis injustos, y después te enteras de que la noche anterior estuvieron de cena el entrenador del otro equipo y el árbitro. Usted usó algunos epítetos llamativos. Habló de un encuentro degradante, de acto obsceno y bochornoso. Y terminó señalando: liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia. Pues creo que tenía usted razón y el señor Bermejo dimitió.


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Ahora le pongo unas citas literales más recientes. "A ver si podemos poner a Moix en anticorrupción, es un tío serio". "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes?" Y "yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo". Esto se lo decía Ignacio González al señor Zaplana en una grabación transcrita por la Guardia Civil. Sin embargo se nombra a Moix fiscal anticorrupción, a pesar de que el fiscal general del Estado tenía conocimiento de que era el candidato preferido por Ignacio González, que hoy está en la cárcel, y todos los ciudadanos españoles han visto que el señor Moix se ha dedicado a impedir su trabajo (Protestas) -tranquilícense, señorías- a los fiscales anticorrupción y a tratar de evitar los registros que perjudicaban al señor González. Es enormemente grave, cuando hoy sabemos además que el número dos de Interior fue el que, al parecer, dio un chivatazo al señor González.

Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. Ya sé que ustedes tienen atados los números con el PNV, con Ciudadanos y con el Partido Socialista, que ni está ni se le espera... (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iglesias.

Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Le agradezco que me cite, señor Iglesias, si usted perseverara en ello sin duda podría hablar con mayor conocimiento de causa. Así que le animo a que vuelva a reiterar sus citas en el futuro.

Ya sé que a usted eso de la Constitución española le genera un entusiasmo descriptible, pero escuche. La Constitución dice que a la fiscalía le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pues bien, eso es lo que hace la Fiscalía Anticorrupción. Me parece que la inmensa mayoría de la carrera fiscal así lo entiende, porque en la última reunión del Consejo Fiscal se reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción -es literal-, se alienta su trabajo y se reclama para ello respeto; respeto que yo también le reclamo a usted para ello. Esa es por tanto mi posición, la independencia absoluta de la fiscalía para perseguir el delito. Luego hay otra posición distinta sobre lo que debe ocurrir con los jueces y fiscales. Escúcheme atentamente, porque ya que me cita tendré que citarle a usted también. La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso -fíjese-, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidos con el programa de Gobierno del cambio. (Rumores). Esto es lo que usted le ofreció al señor Sánchez en el año 2016 para llegar a una coalición. (Aplausos). Pues bien, señor Iglesias, esa es su posición. Ni la respeto ni la dejo de respetar, la constato. La mía no es esa. Yo creo que los jueces y los fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el Gobierno del cambio ni con el del recambio ni con el mismo ni con el que pudieran formar ustedes con el Partido Socialista. Solo tienen que estar comprometidos con la ley y con el Estado de derecho. Eso es democracia. (Prolongados aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ RESPUESTA TIENE PREVISTO DAR EL GOBIERNO A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD CATALANA DE DECIDIR EL FUTURO POLÍTICO DE CATALUÑA CON LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM? (Número de expediente 180/000245).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Carles Campuzano, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula también al señor presidente del Gobierno.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señor Rajoy, ¿qué respuesta tiene previsto dar a la demanda de la sociedad catalana de decidir el futuro político de Cataluña con un referéndum?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias por su pregunta, señor Campuzano. Mi posición la conoce usted muy bien. Disponemos ambos de dos minutos y medio con lo cual es muy difícil entrar en detalles, pero voy a señalar lo más importante. Yo, como la inmensa mayoría de los españoles, quiero que sigamos viviendo todos juntos, como siempre, porque creo que es lo mejor para todos, y por eso así lo decidimos cuando aprobamos nuestra Constitución, donde entre otras cosas afirmamos la unidad de la nación española y además la soberanía nacional. Es decir, que es el conjunto de los españoles el que tiene que decidir sobre lo que quiere que sea su país. Si ahora ustedes, que también votaron esa Constitución, cambian de opinión, están en su derecho, pero lo que tienen que hacer es venir a esta Cámara, plantear la reforma de la Constitución, y si la Cámara y después los españoles aceptan su planteamiento estaremos en una situación diferente a la actual. Lo que no me parece muy razonable es que usted, para satisfacer sus pretensiones, pretenda que yo me salte la ley, algo que evidentemente no puedo hacer porque no creo en ello, y además en ningún caso lo haría por una causa tan profundamente injusta como la que usted está planteando.

Nadie en el mundo tomaría una decisión de estas características, y si la tomará daría igual, porque la decisión le corresponde a esta Cámara y después al pueblo español.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Su respuesta es previsible, no es ninguna novedad, pero yo quiero insistirle en algunos argumentos. De entrada, el principio democrático en el que se sustenta el ordenamiento político de España. Quiero recordarle que Rubio Llorente defendió en su momento que con esta Constitución era posible un referéndum. También quiero recordarle la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2014, que apuntó también en esa misma dirección, y que también ochocientos juristas catalanes de un enorme prestigio han defendido que es legal un referéndum sobre el derecho a decidir de Cataluña. ¿Qué se necesita? Voluntad política y audacia; por cierto la misma audacia y la misma voluntad política que tuvo hace cuarenta años Adolfo Suárez pactando el regreso del presidente Tarradellas y restaurando la Generalitat republicana, antes de la aprobación de la Constitución y sin un marco legal específico que lo amparase. Hubo voluntad política y audacia. Pero, señor Rajoy, esta demanda que le plantea el Partit Demòcrata no es nuestra demanda, es la demanda de la mayoría de los representantes catalanes en esta Cámara, de En Comú Podem, de Esquerra Republicana, del Partit Demòcrata, en el Senado, de la mayoría del Parlament de Catalunya, de la mayoría de los municipios, es decir, no es solo una demanda de los partidos políticos catalanes, es una demanda de la sociedad catalana. Lo dicen todas las encuestas de opinión pública: el 80 % de los catalanes quieren un referéndum y el Pacto Nacional por el Referéndum, que es el espacio que aglutina a la sociedad civil catalana, está compuesto desde los representantes de las pequeñas y medianas empresas hasta los sindicatos, desde las grandes entidades de la sociedad civil catalana hasta la multitud de pequeñas entidades que articulan nuestro tejido cívico en todo el país. No es una demanda de partido, es una demanda de país. Cataluña se siente nación, Cataluña ejercerá su derecho a decidir, más tarde o más temprano. Hay cosas, señor Rajoy, que no pueden evitarse. Simplemente le invito y le reitero a que abandone toda esperanza de impedir el referéndum a través del conflicto competencial y el Código Penal. Siéntese a dialogar.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente. Adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Campuzano. Evidentemente mi respuesta no es ninguna novedad. Tendría su gracia que el presidente del Gobierno de un país democrático como España cambiara de criterio cada cuarto de hora cuando de la unidad de España tocara hablar. Sí quiero decir una cosa: apelar al principio democrático por su parte, intentando disociarlo de la ley, es algo que no es admisible, porque lo más importante en una democracia es que todos estamos sujetos al imperio de la ley y no debiera olvidar eso, como no debiera apostar por retorcer la ley; sabe usted perfectamente que con la Constitución en vigor la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y por lo tanto ese referéndum no se puede celebrar. Como no debiera utilizar como argumento la figura de Adolfo Suárez, porque todos los que estamos en esta Cámara somos plenamente conscientes de que Adolfo Suárez jamás hubiera liquidado la soberanía nacional y jamás


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hubiera ido en contra de la unidad nacional. Y ni siquiera el señor Tarradellas hubiera hecho eso; otra de las personas que usted ha citado en esta Cámara.

Señor Campuzano, ustedes son los que han organizado este planteamiento, han dejado muy poco margen, su única voluntad para hablar es decir: bueno, vamos a hablar, pero el referéndum se tiene que celebrar sí o sí; lo hemos oído en esta Cámara en numerosas ocasiones... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA MARÍA BASTIDAS BONO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA DESARROLLAR E IMPULSAR EL II PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD? (Número de expediente 180/000248).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Pregunta de la diputada doña Elena María Bastidas Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora BASTIDAS BONO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, como usted sabe y como así recogen los diarios de sesiones del Congreso, el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado siempre una especial sensibilidad y una voluntad clara de impulso a todas aquellas iniciativas tendentes a abordar la paz y la seguridad también desde la perspectiva de género. Asimismo somos conscientes desde nuestro grupo parlamentario de los esfuerzos realizados en ese sentido, como se plasma en el balance que se realizó en 2015 por parte del Consejo de Seguridad, que por otro lado también evidenciaba ámbitos en los que se había de profundizar para la aplicación de la Resolución 1325. Nadie puede cuestionar por ello el esfuerzo de España, que incorporó entre sus prioridades la agenda MPS durante su presidencia en el Consejo de Seguridad. Quiero recordar que España promovió la aprobación por unanimidad de la Resolución 2242, que aspira a fortalecer el compromiso del sistema de Naciones Unidas e integrar en el estudio y quehacer de sus entidades la perspectiva de género. Y con esa agenda también se insta, por un lado, a los Estados miembros a implementar medidas adicionales para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en los conflictos, su presencia plena en la prevención y resolución de los conflictos armados, y su participación en la construcción y consolidación de la paz. Y también se reclama una más significativa presencia de las mismas en la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Es manifiesta por tanto la voluntad del Gobierno de continuar esta línea de trabajo dentro del II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, ya que España ha sido y debe seguir siendo un actor protagonista en los avances encaminados a potenciar el enfoque de género en los conflictos, porque como concluían los trabajos que impulsaron la Resolución 1325 la desigualdad de género es una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Y me sumo a las palabras del presidente Mariano Rajoy cuando añadía que es además una inmoralidad, una injusticia y un lastre para el progreso de la humanidad.

Por todo ello le pregunto, señor ministro, qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para desarrollar e impulsar el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Gracias, presidenta.

Señoría, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, forman una parte fundamental de la acción del Gobierno de España en materia de derechos humanos. Donde la mujer es postergada el futuro es sombrío. Conscientes como somos de ello, un momento fundamental donde hay que potenciar esa agenda de igualdad de género y de protección de la mujer es en las situaciones de crisis y de conflictos. Como usted bien ha dicho, durante la presidencia española del Consejo de Seguridad se organizó un debate de alto nivel presidido por el presidente del Gobierno para actualizar la Resolución 1325. Resultado de ese debate, donde el presidente del Gobierno dijo claramente, entre otras cosas, que la agenda es tan importante porque en situaciones de conflicto a veces es más peligroso ser mujer que soldado, fue la


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aprobación por unanimidad -usted misma lo ha recordado- de la Resolución 2242 que actualiza, que renueva esa agenda. Pero como sabemos la aprobación de esas resoluciones tiene que ir seguida de su aplicación práctica, y como nos gusta dar ejemplo, decidimos actualizar el Plan de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Hemos creado un grupo interministerial que en contacto con la sociedad civil -porque creemos que es importante que la sociedad civil forme parte de esta acción- está en una fase avanzada en la elaboración de ese II plan de acción. Pero además no queremos trabajar solos, queremos trabajar con los otros países que están involucrados en ese objetivo, y hemos organizado recientemente en Alicante una primera reunión de puntos de contacto para los planes de acción de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en otros países, como muestra de nuestra determinación de avanzar conjuntamente en un objetivo tan loable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA. ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO SUS VÍNCULOS CON DIFERENTES IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN LEZO? (Número de expediente 180/000240).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señor Catalá, mi grupo le pregunta esta mañana por el papel de su Gobierno en el tratamiento institucional de los casos de corrupción que afectan a su partido, al Partido Popular. Usted alude constantemente y con razón a la necesaria confianza en las instituciones que velan por nuestro Estado de derecho, pero no sé si usted es suficientemente consciente de hasta qué punto su propia conducta está socavando gravemente tal crédito en las instituciones. Podría hablar de sus declaraciones desafortunadas, de algún mensaje telefónico revelador, pero me voy a centrar en sus decisiones, señor Catalá. ¿Por qué Moix, señor ministro? ¿Por qué han apostado en este momento tan delicado por un fiscal jefe anticorrupción como Moix? No era un especialista en esta materia, no lo es. De hecho, de los candidatos presentados, era el único que no había pasado por la Fiscalía Anticorrupción. Y si las razones de apostar por él no eran de capacidad o de experiencia, ¿qué otros aspectos de su currículum les convencieron, señor ministro? ¿Acaso les convenció su atrevimiento por denunciar al juez que encarceló a Blesa? ¿Les convenció que rechazara actuar contra la señora Aguirre por su episodio de escapismo y desobediencia a la autoridad en la Gran Vía? ¿O fue porque no vio caso en los espionajes del PP de Madrid? ¿O porque archivó hasta por tres veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el Canal de Isabel II? ¿Acaso porque era asiduo a los cursos de la FAES? ¿O por la recomendación de Ignacio González a ese tío serio y bueno? ¿O por ser partidario de castigar a los medios que publican noticias sobre los sumarios de corrupción?

Señor Catalá, usted sabe que el señor Moix fue fiscal jefe en Madrid, seguro que sabe también cuándo se le nombro: en julio de 2003, justo unas semanas después de aquel golpe antidemocrático que conocimos como 'tamayazo'. Moix no era especialista en anticorrupción, señor Catalá, pero me temo que ustedes sabían muy bien por qué convenía su nombramiento. Moix era el fiscal encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003, fue el fiscal que durante doce años no quiso ver, no quiso denunciar, no quiso perseguir el saqueo y la rapiña de infinidad de corruptos en la Comunidad de Madrid. ¿Quieren velar ustedes por el prestigio del Estado de derecho? Que se haga justicia, que se encarcele a los culpables, que se sepa por fin toda la verdad de 2003 a aquí, que devuelvan lo robado, y sobre todo devuelvan la dignidad a las instituciones saliendo ustedes de las instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, señor Simancas, usted sabe perfectamente cuál es el procedimiento para el nombramiento de los fiscales de la primera categoría. Los propone el fiscal general del Estado, previo informe y votación del Consejo Fiscal, y el Gobierno simplemente traslada ese nombramiento a un real decreto y al Boletín Oficial del Estado. Esa es la intervención que tiene el Gobierno y ese es el modelo de funcionamiento de las


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instituciones en nuestro país. Ustedes están empeñados en poner de manifiesto y en hablar de injerencias. Por una parte, nos dicen que no tenemos que tener ninguna injerencia en la fiscalía -y estoy muy de acuerdo con ese planteamiento- y luego nos piden explicaciones de cómo funciona la fiscalía. El fiscal general del Estado va a comparecer por segunda vez esta misma tarde en esta Cámara, como ya compareció hace un mes. Yo mismo compareceré por tercera vez en la Comisión de Justicia. No hay precedentes de este nivel de transparencia y de información, como seguramente tampoco hay precedentes de que usted me diga que el señor Moix, un fiscal de treinta años de carrera, no tiene experiencia en anticorrupción. ¿Qué es anticorrupción más que la lucha contra el delito, señoría? Debe ser que los fiscales que nombraba el Gobierno socialista, a propuesta del señor Cándido Conde-Pumpido, eran todos superespecialistas, eran todos expertos y los que mejor conocían todas estas materias. Me parece que poner en cuestión el conocimiento de una persona con treinta años de carrera es al menos bastante incierto por el fundamento que puedan tener sus consideraciones y bastante injusto. Seguramente, lo que pone de manifiesto sobre el trabajo anterior del señor Moix, usted lo ha conocido muy bien. Como diputado de la Asamblea de Madrid usted ha conocido su actuación. Creo que si algo está haciendo el señor Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la justicia, y es su obligación. Hemos oído ya esta mañana algunas cuestiones sobre las vinculaciones, sobre quién le ha recomendado. Parece mentira que demos pábulo a que alguien que no tiene ninguna capacidad de influencia sea el autor de la propuesta de un nombramiento. Fíjese que esa persona, que se supone que tenía mucho interés en que él fuese fiscal anticorrupción, está en la cárcel porque los fiscales han pedido que se decrete prisión contra ese señor.

Por tanto, los hechos desmienten absolutamente las insidias que ustedes están intentando plantear. Confiemos en las instituciones, confiemos en el buen funcionamiento de la fiscalía, y será un gran servicio a la democracia, señoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO ANTE LAS MANIOBRAS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL MINISTERIO FISCAL PARA OBSTACULIZAR DETERMINADAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000241).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista confía en las instituciones, en quienes no confía es en ustedes, señor Catalá. (Aplausos). Hay algo más grave que el hecho de que su partido esté carcomido por la corrupción, y es que ustedes, desde el Ministerio de Justicia, estén nombrando a aquellos fiscales que están protegiendo la corrupción del Partido Popular.

Señor Catalá, mi pregunta hoy queda desactualizada, y la única respuesta que merece esta Cámara y este país es saber si usted va a dimitir como ministro de Justicia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

No es que quede desactualizada, es que la cambia usted sobre la marcha. En cualquier caso, no pasa absolutamente nada, estoy en condiciones de responder a la pregunta de su señoría. Aunque improvise la pregunta sobre la marcha, la respuesta es que yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla. Por tanto, seguiré trabajando, como lo llevo haciendo desde hace más de treinta años, al servicio del interés general y del conjunto de los ciudadanos. (Aplausos).

En todo caso, señoría, me parece muy bien que el Partido Socialista confíe en las instituciones -en eso estamos-; además de decirlo, podrían ponerlo de manifiesto en sus declaraciones, en sus preguntas, en sus interpelaciones. Luego tendremos el debate de una interpelación que han planteado ustedes con carácter urgente. Para el mismo día en que tenemos una comparecencia fijada el fiscal general del Estado y yo mismo esta tarde en la Comisión de Justicia, ustedes registran una interpelación urgente. ¡Pero si ya íbamos a venir, si ya estaba fijada la fecha y hora! No sé cuál es la urgencia, pero está muy bien: de todas formas, transparencia y confianza en las instituciones.


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Señoría, lo que usted ha dicho después sobre que hay fiscales que protegen la corrupción me parece que es bastante incompatible con su declaración de confianza en las instituciones. Acusar gravísimamente a profesionales, a servidores públicos, como fiscales, de que protegen la corrupción no es precisamente una declaración de confianza en las instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor Catalá, no se esfuerce. Lo hemos escuchado todos, lo hemos escuchado de boca del señor González, de boca del señor Zaplana. Ustedes nombran a aquellos fiscales que creen que les protegen y les amparan en la corrupción. Confiamos en el resto de fiscales, en aquellos que han metido en la cárcel al señor González, pese a Moix y al señor Maza. Esa es nuestra confianza en los fiscales. No es la primera vez. ¿Se acuerda de Murcia? Usted tiene antecedentes en este caso. Estos fiscales, los que usted nombra, son los que hacen que otros fiscales que quieren trabajar y combatir la corrupción en nuestro país se estén encontrando con trabas y que, como denuncian, tengan que acudir al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para protegerse.

Le voy a decir para qué hemos presentado esa interpelación urgente esta mañana en esta Cámara, y es porque consideramos que este tiene que ser el último capítulo. El caso Lezo tiene que ser el último capítulo en la injerencia del Ministerio de Justicia y el ministerio fiscal en los casos de corrupción. Le hemos presentado esa interpelación para que usted nos dé cuenta de todo aquello que queremos saber y decida esta tarde si dimite hoy ante esta Cámara, y si no es así, si usted no lo hace, la próxima semana el Grupo Socialista, como consecuencia de esa interpelación, traerá a esta Cámara su reprobación que esperamos sea apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios. (Aplausos). Para eso hemos traído aquí esa interpelación. Esperamos su dimisión o su reprobación.

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señoría, de verdad que es sorprendente que considere que la fiscalía funciona adecuadamente y que ustedes la apoyan como institución, pese al fiscal general del Estado y al fiscal jefe Anticorrupción. No entiendo muy bien esa incongruencia entre lo que deciden los jefes y lo que hace la fiscalía. Si el señor González está en prisión es porque lo ha decretado un juez a petición de la fiscalía, que está insistiendo en que esas medidas deben tomarse en consideración. Si la fiscalía decidió no tramitar determinada causa contra el que era presidente de la Región de Murcia es porque fiscales del Tribunal Supremo, la categoría superior de la carrera, dijeron que no había causa penal alguna en esa circunstancia; no se lo ha dicho el ministro de Justicia ni, ¡vaya por Dios!, el señor Zaplana. ¿El señor Zaplana y el señor González son los que dicen a quién se nombra y lo que hace la fiscalía? ¿Ustedes de verdad se creen eso, se lo creen? (Varios señores diputados: ¡Sí!). ¿O es que les viene bien para montar debate? Pues si ustedes se lo creen, conocen poco del funcionamiento de las instituciones en cualquier caso.

Bien, la Fiscalía Anticorrupción funciona con eficacia cada día, está actuando cada vez más y está produciendo resultados en la lucha contra el delito en España. (Rumores). Por tanto, sigamos apoyando a las instituciones, pero, de verdad, señorías, no solamente de palabra.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL VILLEGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE NO EXISTEN INJERENCIAS POLÍTICAS EN LA LABOR DE LA FISCALÍA? (Número de expediente 180/000238).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Adelante, señoría.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señor ministro, la percepción de los españoles sobre la independencia de la justicia y la autonomía de la fiscalía está por los suelos y hacen falta reformas para cambiar ese estado de opinión. Yo quería preguntarle hoy por la reforma que usted iba a impulsar, sobre todo en el ámbito de la fiscalía, para tener


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una fiscalía realmente autónoma, como dice el punto 143 de nuestro acuerdo, pero, a la vista de los escándalos en los que usted aparece como desafortunado protagonista y que tienen que ver con filtraciones a compañeros de partido, con denuncias de injerencia de los propios fiscales, con mensajes suyos a compañeros imputados, con su aparición como protagonista en determinadas grabaciones, permítame que le amplíe la pregunta: señor ministro, ¿se siente usted, de verdad, capacitado para liderar como ministro esas reformas que España necesita?

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señoría, creo que son muchas y muy necesarias las reformas que tenemos que llevar a cabo y cuando comparecí en esta Cámara en el mes de diciembre con ocasión del inicio de la legislatura las traté de exponer, sobre todo, a lo que usted se refiere, el fortalecimiento de nuestro procedimiento penal para garantizar el buen funcionamiento de la justicia y también para dotar a la fiscalía de mayor autonomía, de más medios materiales, más medios personales y mejores leyes para que hagan mejor su trabajo. Creo firmemente que ese es el camino en el que hay que trabajar y, modestamente, en el tiempo que sea ministro de Justicia de este Gobierno voy a tratar de hacer todo lo que esté en mi mano para trabajar con los grupos parlamentarios, con el resto del Gobierno, con el Ministerio de Hacienda y el resto de los departamentos para conseguir esos medios materiales, esos medios personales y esas reformas legislativas que fortalezcan la justicia en España, que fortalezcan el buen funcionamiento de la justicia y que de manera, por tanto, derivada, mejoren también la percepción de independencia de los ciudadanos sobre la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señor ministro.

Desde luego las reformas son urgentes, pero también son urgentes las explicaciones que usted va a tener que dar en esta Cámara sobre muchos y graves temas. Va a tener que dar explicaciones sobre si filtró o no información sensible a su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez (Rumores). Sí, usted directamente, señor ministro. Va a tener que dar explicaciones sobre si se ha presionado a la fiscalía para que actúe favoreciendo los criterios procesales que beneficiaban a sus compañeros de partido investigados por corrupción. Va a tener que dar explicaciones sobre si ha filtrado información al señor González; igual nos va a decir que no, que eso es más un tema del señor Zoido, pero, en todo caso, oiremos sus explicaciones y también, supongo, que las que tenga que dar en su momento el ministro del Interior. Va a tener que dar explicaciones sobre sus SMS de apoyo a Ignacio González. Va a tener que dar explicaciones sobre por qué un imputado -también el señor González, ese al que usted enviaba SMS de apoyo- tenía un plan para zafarse de la justicia y contaba con usted como colaborador principal y como pieza clave en ese plan.

Va a tener que dar muchas explicaciones, señor ministro. Y si sus explicaciones no son consistentes, no son convincentes, señor ministro, en lugar de un aliado para esas reformas, usted se habrá convertido en un obstáculo para alcanzar los acuerdos y los consensos necesarios que necesita España para reformar la justicia y recuperar en la opinión pública esa idea de independencia y honestidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, señor Villegas, yo doy todas las explicaciones que ustedes me soliciten -hoy, tres preguntas parlamentarias, una interpelación y una comparecencia-, como no puede ser de otra manera, con absoluta disponibilidad y con absoluta transparencia. Pero, ¡hombre!, podré dar explicaciones, primero, de lo que conozco y, segundo, de mis actos. A ver si me va a pedir usted también explicaciones del conjunto de los delitos que se cometen en España cada día, porque por la lista que ha hecho usted... O sea, que yo he filtrado información. ¡Tendrá usted pruebas, imagino! Tendrá usted pruebas de que yo he filtrado información, yo he paralizado la acción de la fiscalía, yo he informado al señor González... ¡Por Dios! Pero, bueno, usted sabrá lo que me atribuye, y seguro que usted tiene datos. De momento, en una democracia lo que se prueba es la


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culpabilidad, no la inocencia. Por lo tanto, si usted me acusa a mí de todo eso, me imagino que tendrá datos en los que fundamentar sus acusaciones. (Aplausos.-El señor Rivera Díaz hace gestos afirmativos).

Hablamos hoy mucho del funcionamiento de la fiscalía y hablamos mucho del funcionamiento de las instituciones. Señorías, trabajemos por recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La Fiscalía Anticorrupción tiene un comportamiento ejemplar en los últimos años; ha doblado sus actuaciones; le hemos dado, desde el Gobierno, apoyo en medios personales y materiales; hemos creado marcos normativos para que se pueda hacer lo que se está haciendo, tomar grabaciones, legalmente efectuadas, para poder llevar a cabo la acusación. Todo eso se ha hecho por este Gobierno en legislaturas anteriores. Por lo tanto, nuestro compromiso con el Estado de derecho, con la ley y también con la presunción de inocencia, señoría, es absoluto, y estoy seguro de que también será el de ustedes. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON PABLO BUSTINDUY AMADOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿CÓMO ENFOCA EL GOBIERNO LAS RELACIONES EN MATERIA DE DEFENSA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP? (Número de expediente 180/000236).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa, del diputado don Pablo Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Buenos días, señora ministra.

Según se ha publicado, el pasado 23 de marzo usted viajó a Washington para entrevistarse en el Pentágono con el secretario de Defensa de la Administración Trump, el señor James Mattis. Quería preguntarle de que habló usted con el señor Mattis; qué compromisos adquirió, si adquirió alguno; y cómo enfoca el Gobierno las relaciones en materia de defensa con los Estados Unidos de la Administración Trump.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (De Cospedal García): Gracias, señora presidenta.

Señoría, las relaciones del Gobierno de España con los Estados Unidos de la Administración Trump, como los llama su señoría, es decir, con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, son las que corresponde tener con un Gobierno que es el Gobierno del país que es el principal socio y aliado estratégico de defensa de España.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Bustinduy.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Señora ministra, en poco más de tres meses el señor Trump ha tomado medidas contra la separación de poderes, contra colectivos musulmanes, migrantes y latinos, contra derechos fundamentales de las mujeres y esta a punto de arrebatar cualquier cobertura sanitaria a millones de personas. En el ámbito internacional ya le ha dado tiempo a lanzar ataques militares sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, a desatar una carrera armamentística sin precedentes y a poner al mundo en vilo en un episodio de tensión nuclear en la península coreana.

Frente a estos hechos, ustedes, su Gobierno, han adoptado una serie de medidas y posicionamientos preocupantes. Al día siguiente, un día después de su visita a Washington, el Gobierno nombró embajador en Estados Unidos a su antecesor en el cargo, don Pedro Morenés, ex ministro de Defensa, a quien no se le conoce experiencia diplomática previa, pero sí sus profundas vinculaciones con la industria armamentística. Uno se pregunta qué intereses va a defender el señor Morenés en los Estados Unidos. Solo dos semanas después, su Gobierno avaló un ataque militar ilegal lanzado desde la base militar de Rota sin que sepamos aún si el Gobierno tuvo conocimiento previo de que iba a producirse. La semana pasada, ustedes trajeron a esta Cámara un proyecto de presupuestos del Estado que aumenta un 32 % el gasto en defensa; es decir, tres veces más de lo que va a hacer el propio señor Trump.

Señora ministra, este país no olvida que ustedes ya nos arrastraron a una desastrosa deriva belicista contra el 90 % de la ciudadanía de este país, cuando el señor Aznar pensó que era una buena idea poner


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los pies encima de la mesa del señor Bush, otro emperador iluminado, y quince años después las consecuencias están a la vista: el derecho internacional hecho pedazos; Irak, Afganistán, Libia, Siria y Yemen arrasados; cientos de miles de muertos; millones de personas refugiadas huyendo por sus vidas, mientras la Unión Europea y su Gobierno miran hacia otra parte.

Señora ministra, la política de este Gobierno respecto a Estados Unidos es preocupante e inaceptable. Cumplan ustedes con los compromisos internacionales de España; defiendan la paz y los derechos humanos en nuestra acción exterior. Este país no debe ser vasallo de nadie y menos de un Gobierno peligroso como el del señor Trump. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (De Cospedal García): Gracias, señora presidenta.

Señoría, como usted se puede imaginar, la política del Gobierno de España en materia exterior y en materia de defensa no se puede guiar por prejuicios, que está bien claro que tiene su señoría, y yo los respeto, ni tampoco por conceptos trasnochados de café de facultad, y se lo digo con todo el respeto a su señoría. Las relaciones entre España y los Estados Unidos de Norteamérica son muy ricas desde hace muchos años y son multidisciplinares como, por ejemplo, en materia de educación, que me consta que su señoría conoce y conoce muy bien. Pero más allá de eso le tengo que decir que en el ámbito de la defensa nuestras relaciones con nuestro principal socio y aliado en materia de defensa tienen un objetivo fundamental que es defender la seguridad de las familias españolas, señoría. Desde ese punto de vista, el Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones en la relación bilateral con los Estados Unidos y también en nuestros compromisos internacionales. Por ejemplo, desde un punto de vista absolutamente básico en las misiones internacionales, donde participamos conjuntamente defendiendo, como le digo, la función que realizan nuestras Fuerzas Armadas, defendiendo sí, la seguridad de las familias españolas. Y desde otros puntos de vista, que yo también sé que a su grupo parlamentario le puede interesar, por ejemplo, en materia de política industrial -no me voy a referir a las cosas que usted ha dicho y a las acusaciones que ha hecho absolutamente infundadas-, es verdad que las adquisiciones en materia de tecnología, por ejemplo, de los F18 han hecho que haya una industria de defensa muy importante en este país o una industria naval apoyada también por los Estados Unidos de Norteamérica, que sé que también le interesa a su grupo parlamentario o la ayuda a nuestra Armada. Por tanto, relaciones de socios aliados basadas en la confianza mutua con esta Administración y espero que también con la que venga como con las anteriores porque es esencial para la defensa de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿SIGUE MANTENIENDO QUE LA AMNISTÍA FISCAL HA SIDO BENEFICIOSA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000243).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública.

Pregunta del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿sigue manteniendo que la amnistía fiscal ha sido beneficiosa para luchar contra la corrupción?

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Romero): Gracias, señora presidenta.

Señor Saura, lo que tengo que lamentar es comprobar que su señoría y el Grupo Parlamentario Socialista después de cinco años siguen preguntando lo mismo. Ustedes están atrapados en un bucle; es una cuestión de ustedes y allá ustedes. Lo normal, después de un debate de Presupuestos Generales del Estado, es que aquellas cuestiones que estuvieran pendientes fueran objeto de control parlamentario, pero ningún grupo se ha dirigido al Gobierno ni al ministro de Hacienda para preguntarle sobre los flecos de ese debate. Quedó claro el debate y ahora estamos en un tema tan novedoso como lo que ustedes


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llaman amnistía fiscal que, sencillamente, no hubo en España. Hubo una declaración tributaria extraordinaria, que se plasmó en el modelo 750, y que ha dado lugar a inspecciones muy numerosas por parte de la Agencia Tributaria en contraste con la declaración 720 de bienes y derechos en el exterior y, en concreto, las cifras son que el trabajo ha permitido a partir de esa regularización fiscal abrir 3545 actuaciones inspectoras entre quienes presentaron la declaración tributaria especial, con una deuda instruida de más de 246 millones de euros, de la que se ha liquidado hasta el 10 de enero de 2017 más de 189 millones de euros.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Saura, adelante.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

A mí, señor Montoro, lo que dijo el otro día y lo que ha dicho hoy me parece un verdadero disparate porque la amnistía fiscal se ha utilizado para blanquear la corrupción, para blanquear a corruptos y para blanquear a delincuentes. Y no es verdad, es la justicia la que ha descubierto que los corruptos se acogieron a la amnistía fiscal.

Hace cinco años el Grupo Socialista lo que le dijo a usted, a la sociedad española y a esta Cámara es que la amnistía fiscal era un traje a medida para delincuentes de cuello blanco, para corruptos y también para muchos dirigentes del Partido Popular. Eso es lo que dijimos hace cinco años y cinco años después hemos comprobado que no hay caso de corrupción en nuestro país que no se haya acogido a la amnistía fiscal, muchos de ellos vinculados al Partido Popular: Caso Lezo, Púnica, Defex, César, Rato, Pujol, Emperador, Nóos, Caja B del Partido Popular, Gürtel y muchos más que usted conoce, pero que el resto de españoles no conocemos porque no quiere que sepamos quiénes se han acogido a la amnistía fiscal. Por cierto, no vamos a parar hasta conocer quiénes lo han hecho, porque no habrá verdadera regeneración democrática en nuestro país hasta que no se conozca quiénes son todos los que se han acogido a la amnistía fiscal.

Señor Montoro, la amnistía fiscal es un pasaje triste y negro de la democracia española, de la Hacienda pública española. Es un pasaje muy negro de la Hacienda pública española y al final es una muestra más, señor Montoro, de la tormenta perfecta del PP con la corrupción: saqueo de las instituciones y utilización de las mismas para defender a muchos corruptos que han sido dirigentes del Partido Popular. Es un pasaje negro de la democracia española y de su gestión.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

No es verdad. Uno se levanta y suelta los cuatro truenos que le dicta su inspiración, que además es la misma que la de hace cinco años. Sencillamente, no es cierto. Cuando una persona es sorprendida por la justicia, por la Agencia Tributaria, procede una regularización extraordinaria que no se acogió en la DTE. Eso es lo que está ocurriendo y a partir de ahí todo suma y todo se confunde. Señoría, la verdad es que España está creciendo y creando empleo, lo que significa que estamos saliendo de una crisis, algo que el Partido Socialista no quiere reconocer. Ahí es donde está su error, de ahora y de hace cinco años. Les invito a que colaboren en la recuperación económica y en la creación de empleo de nuestro país.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿HASTA CUÁNDO PIENSA MANTENER EL GOBIERNO LAS MEDIDAS QUE BLOQUEAN LA AUTONOMÍA LOCAL? (Número de expediente 180/000246).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Antonio Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.


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El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, señora presidenta.

¿Hasta cuándo piensa mantener el Gobierno las medidas que bloquean la autonomía local?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

La autonomía local está reconocida en nuestra Constitución e identificada en nuestras leyes, en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y está siendo perfectamente aplicada por quienes tienen responsabilidades de Gobierno y por quienes tienen la representación democrática -los concejales- en esas entidades. Quiero celebrar públicamente una vez más el saneamiento presupuestario que están llevando a cabo, su compromiso con el equilibrio presupuestario de todas las administraciones públicas en España y lo positivo que está siendo que la gestión de miles de corporaciones locales en nuestro país esté ayudando al crecimiento económico y a la creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Gómez-Reino, adelante.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, presidenta.

Privatizaciones, prohibición a la contratación y recortes. Este es su modelo para nuestros ayuntamientos, un modelo que no es casual y que, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, no es el único. Es un modelo netamente ideológico: se destruye lo público a golpe de contrato para amiguetes y corrupción. Contra el bien común de nuestros ayuntamientos, usted con sus normas ha sido uno de los principales promotores del negocio. Entiéndame bien, el negocio para que unos pocos parasitaran lo público y se llevaran el dinero de la ciudadanía. Nuestros ayuntamientos recaudan y ustedes no les dejan gastar. Nuestros ayuntamientos necesitan personal y ustedes no les dejan contratar.

Nosotros queremos rescatar personas y ayuntamientos y ustedes quieren ahogarlos. Le voy a dar tres cifras que no son mías, sino de este informe del Tribunal de Cuentas. La gestión privada del agua es, de media, 9 euros más cara por habitante que la pública. La gestión privada de la limpieza es, de media, 12 euros más cara por habitante que la pública. La gestión de los residuos sólidos urbanos es de, media, 11 euros más cara que la pública. ¿Adónde va todo ese dinero, señor Montoro? Afortunadamente, la ciudadanía y nosotros lo tenemos muy claro: las privatizaciones significan que pagamos más, tenemos peores servicios y abrimos la puerta a la corrupción que ustedes conocen tan bien. Afortunadamente, frente a ese modelo hay muchos ayuntamientos que les están plantando cara a ustedes. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que han erradicado la corrupción. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que han recuperado la dignidad de lo público. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que demuestran cada día que son más eficaces y le han plantado cara a su negocio. Devuélvales la cartera a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Señor Montoro, A Coruña, Ferrol, Santiago, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cádiz y tantos y tantos pueblos y ciudades de este país no se venden. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señoría.

Ayuntamientos que han servido para colocar a los suyos. Eso se le ha olvidado y a unos cuantos han colocado. (Risas y aplausos).

¿Me quiere usted decir en qué norma legal que haya impulsado este Gobierno figura el requisito de la privatización? (El señor GómezReino Varela pronuncia palabras que no se perciben). No conozco ninguna norma, ni en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ni en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Me quiere usted decir esa norma? Ustedes tienen la ventaja de que se levantan y siempre dicen lo mismo. ¿Pero sabe qué ocurre? Que en España en 2012 había que pagar a los proveedores, porque si no se paga a los proveedores no se recogen las basuras, no se puede financiar el alumbrado y no se puede atender a las personas con discapacidad que están residiendo en las residencias sociales. (El señor GómezReino Varela hace gestos negativos.-Rumores). Sí, señoría, sí.


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Eso es lo que ha hecho este Gobierno promoviendo los mecanismos de financiación y también ha establecido normas muy eficaces contra el abuso y la corrupción. Prácticamente no se está dando un solo caso de corrupción en el momento actual, con independencia de quien gobierne en las entidades locales. Todos son casos del pasado. Reconozcamos las cosas. Como ya le he dicho, ustedes han venido a esta Cámara a destiempo, a criticar lo que ya no existe. Es problema de actualizarse. Señor GómezReino, échele un poquito de imaginación y actualice su discurso. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CREE QUE EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD HA JUSTIFICADO SUFICIENTEMENTE SU REUNIÓN CON UNA PERSONA INVESTIGADA POR LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/000242).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, por lo que sabemos del sumario del caso Lezo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y su hermano recibieron el chivatazo de que estaban siendo investigados y sus comunicaciones estaban siendo pinchadas. Tras esta información, los hermanos González se reunieron y se preocuparon por saber quién era el director general de la Policía. Tras este encuentro fraternal, dos días después, el secretario de Estado de Seguridad recibió en su despacho al hermano de Ignacio González. Es una reunión que el juez que investiga esta trama corrupta, que vuelve nuevamente a poner al Partido Popular en el centro de atención, valora como grave por lo que podría implicar, señor Zoido. Las explicaciones que ha dado su número dos son desde luego insuficientes y poco creíbles y el escrito que ayer tarde el secretario de Estado de Seguridad remitió a la fiscalía es un ejemplo de injerencia y algo inaudito y gravísimo, señor ministro. Las explicaciones las tiene que dar usted. Las explicaciones sobre el papel de su secretario de Estado en todo este caso las tiene que dar usted y no la fiscalía. Por eso, señor Zoido, le pregunto: ¿sabía usted antes de que se produjera esta reunión que iban a encontrarse el señor González y el secretario de Estado? ¿Le informaron de cómo transcurrió la misma? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias.

Señor Sicilia, estoy absolutamente convencido de que el secretario de Estado de Seguridad, desde el primer momento, incluso a petición propia, ha dado todas las explicaciones oportunas de cómo, cuándo y de qué se trató en aquella reunión. Las explicaciones han sido suficientes, han sido exhaustivas y razonables. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor ministro, no me ha respondido a las preguntas que le he hecho: ¿Supo usted previamente de esta reunión? ¿Le rindió cuentas luego el señor Nieto de cómo transcurrió la misma? Contésteme, tiene usted tiempo suficiente para hacerlo luego.

Señor Zoido, usted tenía no solo el papel de dirigir el Ministerio del Interior, también el de volver a recuperar el buen nombre y el prestigio que tenía el ministerio, un prestigio que perdió debido a las actuaciones de su antecesor. Le recuerdo casos como la reunión que tuvo con el señor Rato o esa otra conversación con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, aquella en la que sugería que podían afinar algún asunto. Cuestiones como esta han hecho que su ministerio esté desprestigiado, y usted hoy está colaborando a este desprestigio con casos como el del piso del director de la DGT o con esta reunión que ha mantenido el secretario de Estado de Seguridad. Insisto, no pongan más trabas ni a jueces ni a fiscales para investigar y dejen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan su trabajo, señor Zoido. Lo que usted ahora mismo debe hacer para recuperar ese buen nombre es cesar al secretario de Estado


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de Seguridad, porque, si no, la sospecha no estará en el señor Nieto, esa sospecha estará sobre su espalda. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Sicilia, que no le interesen o no le convenzan a usted las explicaciones que haya dado el secretario de Estado no significa que no hayan sido suficientes. Es más, ahora comprendo por qué usted me está haciendo una serie de preguntas que aclaró suficientemente el secretario de Estado, porque, siendo usted miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, cuando compareció a petición propia, usted no asistió; le podía haber pedido que le corrigiera. (Rumores.-Aplausos). Ya dejó claro el secretario de Estado que había sido una reunión meramente protocolaria mes y medio antes de que se produjera la detención y que no sabía que estaba siendo investigado (Rumores) y, señor Sicilia, también explicó que, como no se conocía nada por su parte y era una reunión meramente protocolaria de algo más de cinco minutos, no me dijo nada de que se iba a reunir ni de cuál fue el resultado porque -insisto- fue meramente protocolaria. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, silencio.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Le digo una cosa, señor Sicilia, aquí solo caben dos opciones: o usted sabe que el señor Nieto ha actuado bien y está aprovechando esto políticamente para sacarle rédito, o sabe que ha actuado mal. Si ha actuado mal, es muy preocupante, porque usted forma parte de un partido que ha formado Gobierno en este país, pero es más preocupante porque usted forma parte del Cuerpo Nacional de Policía y debe saber que el artículo 126 de la Constitución dice... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): ... dice, señoría, si no me interrumpen, que la Policía judicial depende exclusivamente de jueces y tribunales y del ministerio fiscal para indagar cuáles son los delitos y buscar al delincuente conforme a la legislación penal española, y eso es lo que están haciendo. Ustedes han pretendido que el secretario de Estado haga algo que no debe hacer. El secretario de Estado, igual que este Gobierno, respeta la división de poderes, y los propios fiscales han dejado claro en el día de ayer en su comunicado que en modo alguno le están imputando ningún delito al secretario de Estado y que no hay ninguna línea abierta de investigación contra él. El escrito de ayer no cambia absolutamente nada, señor Sicilia. No hay ninguna novedad, ni el secretario de Estado ni yo tenemos absolutamente nada... (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS ÚLTIMAS REVELACIONES SOBRE ACTUACIONES IRREGULARES DE RODRIGO RATO MIENTRAS ERA VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000244).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro del Interior, de la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio, por favor.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Pues no se la dirijo al ministro del Interior, se la dirijo al señor Montoro: Valoración sobre lo último que conocemos de las actuaciones del señor Rato cuando era vicepresidente. Estoy deseando saber por qué le toca a usted contestarme. Mientras tanto, solo se me ocurren dos cosas, señor ministro: o bien que vaya anunciar a la Cámara que, tras las últimas revelaciones, se ha reunido usted en su despacho con el señor Rato, como hizo su antecesor o como lo hace su secretario de Estado con los hermanos del señor González, o bien que nos vaya a anunciar que hoy mismo comienza un operativo de la Policía Judicial contra el señor Rato. Si es así, le digo que no lo haga; el señor Catalá nos puede estar escuchando en el pasillo y ya sabe luego lo que hace: coge el teléfono. (Aplausos.-Protestas).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Antes de dar la palabra al señor ministro, les ruego a todas sus señorías que, por favor, guarden silencio.

Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señora Rodríguez, lamento que sea yo el que le tenga que contestar, pero lo hago para decirle que el sistema funciona (Risas), que el que la hace la paga y que dependiendo de cuándo vayan concluyendo las instrucciones, las investigaciones concluyen de una u otra manera, dentro de la independencia de poderes; esa división de poderes que está permitiendo que en España el que la hace la paga durante el mandato del Partido Popular, que es muy importante.

Le voy a aclarar una cosa más. Esa división de poderes es la garantía y por eso la UCO tiene que responder exclusivamente a jueces, tribunales y a fiscalía y en ningún caso tiene que responder al Poder Ejecutivo ni tampoco al Poder Legislativo. Esa es la gran ventaja y eso es lo que va a seguir defendiendo, porque cree en la división de poderes, el Gobierno del Partido Popular. El que la hace la paga, pero desde luego no vamos a interferir en la independencia que tiene la Policía Judicial. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Yo conozco la división de poderes y por eso no pregunto a la UCO y pregunto a su compañero de bancada, el señor Montoro, que era ministro de Hacienda cuando el señor Rato era vicepresidente del Gobierno Aznar.

Usted el otro día, señor Montoro, dijo, con su desparpajo característico, que hablar de incremento de gasto público, educación, pensiones, sanidad era como irse de copas. Pues, con su mismo símil, le voy a decir yo lo que es correrse una juerguecita con el dinero público de todos los españoles: que, según las últimas revelaciones, un vicepresidente de Economía se enriqueciera, presuntamente de forma ilícita, con empresas públicas que estaba privatizando. Se citan empresas como Telefónica, Endesa, Repsol, Paradores, de las que el señor Rato recibió 82,96 millones de euros, 28,9 mientras era ministro y vicepresidente del Gobierno Aznar. Con ese dinero, señor Montoro, y mientras usted estaba en el despacho de al lado, el señor Rato evadía a la Hacienda pública a través de sociedades opacas en paraísos fiscales. Usted debía estar tomándose alguna copa porque no se enteró. Pero es más, cuando volvió usted con el señor Rajoy la juerga siguió e hizo una amnistía fiscal indecente para favorecer a presuntos delincuentes del Gobierno Aznar. Ahí está atrapado usted, señor Montoro, no nosotros, en esa amnistía fiscal indecente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Gracias, presidenta.

Señora Rodríguez, ¿dónde quiere usted ir a parar? ¿Acaso quiere usted insinuar que el Gobierno anterior, en la época en que ocupaba un cargo el señor Rato, conocía las irregularidades y no quiso hacer nada? ¿O acaso, señora Rodríguez, resulta que también quiere insinuar que Gobiernos posteriores, como el del señor Rodríguez Zapatero, también lo quisieron tapar? (El señor Floriano Corrales: Muy bien.-Aplausos). ¿También insinúa eso? Usted dice defender la división de poderes y está hoy aquí demostrando que no la defiende. Usted a lo mejor está queriendo deslizar que no se eligieron bien las personas. Le voy a preguntar, señora Rodríguez, con todo respeto... (La señora Rodríguez Ramos: Yo lo he dicho claramente). Le estoy diciendo con todo respeto, señora Rodríguez, si usted puede asegurarme que todos los miembros del Partido Socialista de este país conocían las irregularidades del señor Chaves y del señor Griñán, cuando han sido capaces de tomar decisiones bajo su Gobierno. (La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Yo creo que no, que no lo sabían todos.

¿Sabe usted lo que hace la Agencia Tributaria? La Agencia Tributaria en el año 2016 ha obtenido 14 883 millones, resultado de la lucha contra el fraude, caiga quien caiga, señora Rodríguez. (La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Esa es la diferencia, que todavía no sabemos que es lo que hacían ustedes, cuando no creen en la división de poderes y querían y tenían, quizá, la información de la UCO y de la Policía... (Aplausos).


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- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCÍA MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO TOMAR EL GOBIERNO EN TORNO A LA GRAVE PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA VIVIENDA EN ALQUILER? (Número de expediente 180/000231).

La señora PRESIDENTA: Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Fomento.

En primer lugar, pregunta de la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores). Adelante, señoría.

Silencio, señorías.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias.

¿Qué medidas tiene previsto tomar su Gobierno en torno a la grave problemática que afecta a la vivienda en alquiler?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, presidenta; gracias, señora Martín.

En relación con el fortalecimiento del mercado del alquiler, vamos a establecer un conjunto de políticas que se suman a las ya adoptadas en la legislatura pasada, especialmente con el establecimiento de un nuevo marco regulatorio equilibrado para el arrendador y el arrendatario y, más en concreto, las contempladas en el borrador del real decreto del Plan estatal 2018-2021 que acabamos de presentar y que pretenden incrementar la oferta del mercado del alquiler y el establecimiento de un amplio paquete de ayudas para el acceso al mismo, especialmente para las familias con menos recursos, para las personas mayores y para los jóvenes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Nos habla usted del próximo plan estatal de vivienda y yo voy a ser muy directa. Desde que llegaron al Gobierno han recortado casi un 40 % ese plan. Su ministerio gasta en vivienda diez, veinte, treinta veces menos de lo que gastan países como Francia, Holanda o Reino Unido, así que lo primero que nos tienen que explicar es si ese próximo plan estatal va a tener un presupuesto que nos equipare con esos países o si van ustedes a seguir anunciando medidas que, con su historial de recortes, básicamente sirven para vender humo.

Desde que llegaron al Gobierno su política respecto al alquiler ha sido un pisoteo de derechos constante. Han reformado la LAU para que los contratos sean solo de tres años, para que la gente que se enfrenta a un desahucio no tenga prácticamente ningún derecho y para que el precio del alquiler suba sin límites. Tenemos un 1 % del parque público de alquiler; con ese porcentaje, ni se puede dar respuesta a las necesidades de la gente ni se pueden arrastrar a la baja los precios del mercado privado. Necesitamos 2 millones de viviendas para llegar al 10 %. Dígame usted cómo se consigue eso recortando un 40 % del presupuesto en vivienda.

Todas sus políticas han fomentado que el alquiler sea hoy un bien especulativo de primer orden. Los fondos de inversión se están forrando, tienen barra libre para comprar, rehabilitar y poner los pisos en alquiler mientras que los vecinos y las vecinas -clases populares pero también clases medias- se tienen que ir de sus casas porque no pueden pagarlas. En las ciudades los precios del alquiler suben sin límite, la gente está sufriendo lo que se llaman desahucios silenciosos porque después de los tres años no pueden hacer frente al incremento del precio del nuevo contrato. Mientras tanto, usted, señor ministro, se va a la televisión el domingo pasado y suelta alegremente que no tiene capacidad constitucional para regular el precio del alquiler. Pues le voy a dar una noticia: sí la tiene, y tanto que la tiene. Es más, su obligación, como ministro de Fomento, es proteger la vivienda como el bien de primera necesidad que es, y hacer eso por encima de cualquier otra lógica especulativa. Para conseguirlo, usted tiene que reformar la LAU para alargar los contratos y restaurar garantías y derechos, tiene que cambiar la legislación para que las ciudades puedan limitar el precio de los alquileres abusivos, igual que ya lo están haciendo París y Berlín, y tiene que crear un parque público de alquiler. Todo esto se lo dice mi grupo parlamentario


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-y seguramente otros- y también se lo dicen ayuntamientos como Madrid y Barcelona, pero lo más importante, se lo dice la PAH, se lo dicen organizaciones vecinales; en definitiva, se lo dice una ciudadanía que está harta de sufrir sus políticas de burbuja, antes con las hipotecas y ahora con los alquileres. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señora presidenta; gracias, señora Martín.

No es cierto lo que usted dice, porque, a pesar de las necesidades de ajuste del Ministerio de Fomento para cumplir los objetivos de déficit público, precisamente una de las partidas que no ha sufrido ningún tipo de recorte ha sido la cantidad asignada al alquiler y al fortalecimiento de las políticas de rehabilitación. Tampoco es cierto que las competencias -como dice usted- residan en el ministerio; claro que tenemos competencias para regular en materia de vivienda, pero las competencias en política de vivienda residen -esto es así- en las comunidades autónomas. No ponga usted de ejemplo lo que sucede en París o en Berlín porque sabe perfectamente que los alquileres en esas ciudades están prácticamente al doble de lo que cuesta un alquiler en la ciudad de Madrid (Rumores), luego no las ponga precisamente como un ejemplo de lo que tienen que ser las políticas de alquiler.

Lo que vamos a hacer, precisamente, es favorecer el incremento de la oferta de las políticas de alquiler, y lo vamos a hacer con medidas tan importantes como el programa de ayudas para poder rehabilitar viviendas de hasta 350 euros por metro cuadrado útil por vivienda con hasta 31 500 euros, lo que va a incrementar la oferta; vamos a incrementar las ayudas directas con hasta el 40 %, subiendo el límite máximo del alquiler permitido hasta los 900 euros; vamos crear un programa de ayudas para las personas con menos recursos, financiando hasta el cien por cien de la ayuda al alquiler, y para las personas que están en situación de desahucio, con un incremento especial para las ayudas a los jóvenes de hasta el 50 % y un 30 % adicional hasta esos 900 euros, y vamos a implementar otras muchas medidas que están a su disposición en la página web. Si tiene alguna observación, tiene hasta el 30 de mayo para poder descolgar el borrador del real decreto y hacer las aportaciones oportunas.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON JORDI SALVADOR I DUCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES EL PLAN DE TRABAJO DEL GOBIERNO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS A LAS EMPRESAS, LOS SINDICATOS Y, EN SU CASO, A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ANTES DE SU APROBACIÓN? (Número de expediente 180/000237).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.

Señor ministro, una vez tumbado el real decreto-ley que nos presentó sobre la estiba, que con la excusa de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dinamitaba los derechos laborales de los estibadores, ¿qué acciones ha llevado a cabo para resolver este conflicto?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señor Salvador.

Lo que vamos a hacer en nuestro plan de trabajo es aprobar en Consejo de Ministros un real decreto-ley que traeremos a convalidar a esta Cámara, así como elaborar un real decreto, como desarrollo reglamentario del real decreto-ley, recogiendo la mediación que es fruto de la Mesa de Diálogo Social. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Sinceramente, seguimos muy preocupados, sobre todo si sumamos que hasta ahora este Parlamento no ha recibido ningún tipo de información y que encontramos a faltar diálogo, señor ministro; por eso hemos hecho esta pregunta en esta sesión de control, porque han pasado más de dos meses y mucho nos tememos que nos va a volver a presentar, como usted acaba de decir, un real decreto-ley o, lo que es peor, un reglamento para saltarse a este Parlamento y poder ir más allá de la normativa europea, intentando imponer su modelo laboral basado en la flexibilidad, competitividad y liberalización a costa de los de siempre, en este caso, precarizando el sector de la estiba. Ese es nuestro temor y el de los trabajadores, y por eso nos opondremos siempre. Por eso sepa que o usted opta por el camino del diálogo de verdad, por el camino del respeto a los derechos de los trabajadores, o estará jugando con fuego y puede ser responsable de un escenario de desestabilización que a nadie le interesa y mucho menos a los trabajadores. No vamos a aceptar que con la excusa de la competitividad -¿o es que acaso el sector de la estiba no es competitivo, señor ministro?- ustedes se salten un pilar básico de la democracia, como es la negociación colectiva. Le recuerdo que el tiempo se agota, han pasado más de dos meses, y que la última huelga de estibadores duró dieciocho meses.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Salvador.

Hemos venido realizando un gran esfuerzo de diálogo con el sector y en más de dos años hemos mantenido múltiples reuniones -yo he tenido la oportunidad de participar en muchas de ellas-, como también lo hemos hecho en la mesa tripartita que ha dado lugar a la mediación que vamos a recoger en ese real decreto. Asimismo, estamos manteniendo el diálogo con los grupos políticos.

Habla usted de temores, pero los temores ya están ahí, y a día de hoy ya se están produciendo consecuencias. Hoy pagamos 27 000 euros más de lo que estábamos pagando ayer y ya llevamos cerca de 25 millones de euros de esa primera sentencia, que se van a incrementar con 134 000 euros diarios si se produce la segunda sentencia, además del grave daño que se viene produciendo a la imagen del país, porque, como usted entenderá, nuestra obligación -y no la del Gobierno sino la del conjunto de esta Cámara- es cumplir con las sentencias que tenemos como país. Así pues, le pediría que no trasladase esa responsabilidad de la que usted ha hablado a los miembros del Gobierno, porque la responsabilidad de cumplir con esa sentencia y de hacerlo lo antes posible es de todos, y desde luego nosotros vamos a perseverar, a ejercer esa responsabilidad y a aprobar pronto un nuevo real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO BARANDIARAN BENITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE PRODUCE UN CORRECTO VOLCADO DE LAS DENOMINACIONES OFICIALES TERRITORIALES A LOS BUSCADORES DE INTERNET DESDE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000232).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿considera el Gobierno que se produce un correcto volcado de las denominaciones oficiales territoriales a los buscadores de Internet desde el Instituto Geográfico Nacional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señor Barandiaran.


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El Instituto Geográfico Nacional es el encargado de la elaboración del denominado nomenclátor geográfico nacional, que es el que recoge las denominaciones referenciadas que deben utilizarse en la cartografía oficial. Es un registro dinámico y que incluye las denominaciones geográficas autonómicas que se hacen además en colaboración, como usted conoce, con las comunidades autónomas. Es en ese contexto en el que el Gobierno, a través del Instituto Geográfico Nacional, ha mantenido y mantiene un esfuerzo de cuidadoso respeto a las denominaciones oficiales y, por supuesto, a las lenguas cooficiales existentes en España. Además se trabaja para que esas denominaciones oficiales estén en las fuentes de datos cartográficas usadas por los españoles y usadas también a nivel internacional como es el caso de las páginas web.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, el motivo de nuestra pregunta y de nuestra preocupación no es tanto cuestionar los datos del Instituto Geográfico Nacional, que no dudamos que son correctos y respetuosos con las denominaciones oficiales, sino su explotación, su gestión, la forma en la que se facilita a terceros, los proveedores de información geográfica, esa información y el cumplimiento por lo tanto de esas garantías lingüísticas que también están exigidas en la propia normativa. Como ejemplo, señor ministro: Muskiz es Muskiz y no es Somorrostro, de la misma manera que Hondarribia es Hondarribia y no es Fuenterrabía. Lo mismo pasa con Sopela, que no es Sopelana, o Txemein que no es Gemein; o como otros muchos municipios: Valmaseda (Balmaseda), Ciérvena (Ziervena), Guecho (Getxo), Mundaca (Mundaka), que aparecen con grafías castellanas porque no se respetan sus grafías originales. Y eso se produce en proveedores de información geográfica tan importantes y fundamentales como Google Maps, Guía Repsol y tantos otros. O, por ejemplo, el territorio del que yo soy diputado, que es Gipuzkoa y no es Guipúzcoa como aparece en grafía castellana. Y por lo que nos comentan, igual problema existe en otros territorios en donde hay una lengua oficial diferente del castellano.

La posibilidad de acceder a la información geográfica generada por instancias públicas es algo habitual y proveerla a la red también es normal, pero todas, absolutamente todas tienen una base, una capa inicial a partir de la cual se construye esa información que luego elaboran, y esa base, señor ministro, siempre proviene de fuentes oficiales y públicas. La disponibilidad y puesta en común de esa información se instrumenta en España a través de la Ley 14/2010, de Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica y la posibilidad de su difusión pública se contempla en la orden 2807/2015, en donde se establece además la posibilidad de que determinadas cuestiones contenidas en esa información puedan ser sometidas a licencia. De eso se trata, señor ministro.

A pesar de que la disposición adicional primera de aquella ley contempla la garantía del uso de las lenguas oficiales en la utilización de las infraestructuras de información geográfica pero también en su gestión y a pesar de que esa normativa permite establecer condiciones en la concesión de licencias para su utilización, no se produce por estos...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Barandiaran, coincido sustancialmente con lo que dice. Es cierto que Google Maps no utiliza la toponimia oficial, pero también lo es que el Gobierno no puede imponer una política de nombres geográficos a una empresa privada que aplica la suya en todos los lugares del mundo. Esto no quiere decir que, atendiendo a su preocupación, no nos reunamos con ellos y tratemos de alcanzar algún acuerdo o al menos que incentivemos que utilicen la cartografía oficial, como venimos haciendo, insisto, junto con las comunidades autónomas y muy especialmente con la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco.

Hemos recibido ya correcciones en las últimas actualizaciones correspondientes a la provincia de Álava. Estamos a la espera de la recepción de las correcciones a otras dos provincias. También es cierto que de los trece visualizadores del IGN hay uno, que es el Iberpix, que accedía a una base de datos cuyos topónimos no estaban actualizados. Esto lo estamos cambiando; nos han hecho una referencia los


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representantes del País Vasco. Estamos aprovechando ese cambio de tecnología precisamente para solucionar el problema, que estará resuelto en apenas unas semanas. Por tanto, quiero reiterar ese absoluto respeto a las denominaciones oficiales y recordar el trabajo que a partir de ahora haremos con otro tipo de buscadores, como es el caso de Google y Google Maps, para intentar mejorar esas referencias de acuerdo con la cartografía y la toponimia oficiales.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL PRÓXIMO PLAN DE VIVIENDA? (Número de expediente 180/000247).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Raquel Alonso Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, el Partido Popular, mediante el Plan de Vivienda 2013-2016, se ha mostrado comprometido con las necesidades de la sociedad española, una sociedad que aún notaba los efectos de la crisis y en la que miles de españoles habían engrosado las listas del paro por la gestión socialista anterior. Este plan se ha mostrado especialmente sensible con las personas que más lo necesitaban y ha centrado sus esfuerzos en el fomento de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Me gustaría dar unos datos, unas cifras que creo que hablan por sí solas acerca de los beneficios de este plan. Desde el 1 de enero de 2013 se han destinado 2427 millones de euros en ayudas estatales de vivienda y más de 570 000 personas se han visto beneficiadas. Desglosando estas cifras, vemos que 1118 millones de euros se han destinado a ayudas al alquiler, llegando a más de 239 000 hogares; 775 millones de euros, a la subsidiación de intereses para la adquisición de viviendas de protección pública y 418 millones de euros para la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que han mejorado más de 80 000 casas.

Creo que las cifras hablan por sí solas y es innegable la voluntad del Partido Popular de garantizar una vivienda digna para todos los españoles, pero sabemos que aún queda mucho por hacer y el acceso a la vivienda sigue siendo un tema delicado, aún más para los jóvenes, jóvenes como yo, que estamos en edad de independizarnos y de empezar a buscar nuestro camino. Del mismo modo, mucha de nuestra gente vive en el mundo rural y es fundamental potenciar la vivienda rural para evitar la despoblación de nuestros pueblos, pueblos que son una clara seña de identidad de nuestro país.

Es por eso, porque los buenos datos del Plan 2013-2016 son un buen punto de inicio pero ni de lejos son el punto final de las políticas del Partido Popular en materia de vivienda, que pregunto. ¿Cuáles son las líneas directrices del próximo plan de vivienda?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Alonso, aprovecho su interesante pregunta para hablar sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, no en la vertiente de las ayudas al alquiler -de las que hemos hablado en una pregunta anterior-, sino en otro de los pilares fundamentales que pretendemos apoyar con este nuevo plan estatal, que es el de la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana.

Una de las cuestiones que vamos a intentar resolver o mejorar con este plan es la flexibilización de la tramitación que tienen que hacer las comunidades autónomas, que -vuelvo a insistir- son las competentes en esta materia, para darles todas las herramientas necesarias para eliminar las trabas burocráticas; entre otras, que puedan abonar las ayudas con la periodicidad que ellas consideren o que no solo tengan que conceder estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva sino que lo puedan hacer también en procedimiento abierto.

La rehabilitación, como decía, va a tener un peso específico muy importante en este plan. Por primera vez vamos a poder conceder ayudas a viviendas unifamiliares, sean urbanas o rurales; lo vamos a hacer también para viviendas de forma individualizada que estén dentro de un edificio, que hasta ahora no se podía hacer; se va a regular un programa específico de ayudas para cuestiones vinculadas con la eficiencia energética; vamos a incrementar el abanico de viviendas que pueden recibir ayudas para la rehabilitación,


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porque vamos a poner la condición de que puedan acceder aquellas que tengan una antigüedad superior a 1996, lo que permitirá incrementar en unos 5 millones el parque de vivienda; vamos a incrementar sustancialmente las ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad hasta el 75 % para personas con movilidad reducida o para personas mayores de 65 años; en definitiva, vamos a establecer nuevas formas de incentivar la rehabilitación, entre otras cosas, para enfocar las viviendas al mercado del alquiler. Además, el único caso en el que se van a dar ayudas para poder acceder a la adquisición de una vivienda es precisamente el de los jóvenes, a los que se concederán ayudas hasta 10 800 euros, con el límite del 20 % del precio de la adquisición. También hay algunas medidas complementarias interesantes, como la ampliación de los plazos, que nos han solicitado los ayuntamientos, de las áreas de regeneración y renovación urbanas hasta diciembre del año 2019, entre otras muchas medidas que contempla el nuevo plan.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JORDI ROCA MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ APORTACIÓN HARÁ EL GOBIERNO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 2018, EN TARRAGONA? (Número de expediente 180/000249).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don Jordi Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Querido ministro del Gobierno de la nación, los Juegos del Mediterráneo 2018, de Tarragona, son el claro paradigma de algo ha pasado durante demasiado tiempo en Cataluña: una mentira repetida mil veces puede engañar a mucha gente -mucha de buena fe-, puede separar personas entre sí, pero sigue siendo mentira. Se ha dicho miles de veces que el Gobierno de España maltrata a Cataluña o, en este caso, a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Se ha llegado a decir que el PP de Tarragona ciudad trabajaba para otra ciudad en los Juegos del Mediterráneo y en contra de Tarragona. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, tras ocho años de transición al socialismo, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró un país al borde de precipicio y había que marcar prioridades. Unos optaron por seguir con la mentira, con la hispanofobia, con romper, con separar, con saltarse la ley; nosotros, modestamente, por salvar la sociedad del bienestar y a sus personas, por crear empleo y, en el caso de Tarragona, por las infraestructuras o por los Juegos del Mediterráneo. Por eso cuando yo era diputado del Parlament -o también como diputado del Congreso- impulsé mociones a favor de los Juegos del Mediterráneo que, por cierto, fueron aprobadas por unanimidad. Por eso el Gobierno de España ha hecho todo lo que le hemos pedido desde Tarragona, a pesar del año perdido por el galope desbocado de un populista iluminado al grito de "no es no". (Rumores).

Señor ministro, gracias por la paciencia con este humilde e insistente diputado, pero sobre todo gracias por el cariño hacia Tarragona: el suyo, el del ministro Montoro, el de la vicepresidenta del Gobierno y el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y todo su equipo. (Rumores.-Risas). Señor ministro, ¿cuál es la aportación del Gobierno de España para que Tarragona pueda -podamos- organizar con éxito los Juegos del Mediterráneo 2018?

Muchas gracias. (Aplausos.-Aplausos de varios señores y señoras diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea).

La señora PRESIDENTA: Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Buenos días, señora presidenta, señorías.

Ha estado usted tan bien, señor Roca, que los amigos de Podemos también le han aplaudido. La importancia de los Juegos del Mediterráneo usted la ha puesto de manifiesto: es muy grande. Se trata de un proyecto deportivo ambicioso con 28 deportes, 33 disciplinas deportivas, 237 pruebas -incluidas las paralímpicas-, 32 sedes de competición en 16 municipios y 4500 deportistas participantes, por tanto, es un acontecimiento de gran envergadura. Es verdad lo que ha dicho usted, la decisión se tomó antes de que llegara este Gobierno y, a partir de ahí, cuando llegué al ministerio se me dijo que había unos


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compromisos adquiridos para llevar a cabo y financiar esos juegos, pero los compromisos verbales, como usted sabe, no existen; los compromisos son presupuestarios. Y en épocas difíciles no era fácil -al revés, era muy complicado- hacer aportaciones, pero el Gobierno las hizo. Las hizo ya en el año 2016 y, consciente de la importancia de ello, las ha hecho también en los presupuestos de 2017 -otra buena razón para aprobarlos- y las hará en los de 2018.

Por tanto, la aportación que va a hacer el Consejo Superior de Deportes en estos tres años es de 13 026 000 euros, a los que hay que sumar 2 millones provenientes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Es una apuesta que corroboró la vicepresidenta del Gobierno cuando fuimos a Tarragona hace pocos días junto con el ministro de Hacienda, donde la colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona fue real y muy positiva. También quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Comité Olímpico Español, que consiguió algo que me parece importante para lograr el éxito -que es lo queremos todos-: retrasar un año los juegos. Esa ha sido una buena decisión que nos va a permitir a todos orientar los esfuerzos en la misma dirección. El Consejo Superior de Deportes también va a hacerlo, y dentro del comité organizador va a estar el director general de Deportes como muestra del compromiso del Gobierno de España para mostrar a todos los participantes de estos importantes Juegos Mediterráneos la realidad de nuestro país; un país con un gran pasado -la imperial Tarraco es un buen ejemplo de ello-, pero con un futuro esplendoroso que hacemos los hombres y mujeres de España que, cuando llegan estas ocasiones -como lo demostramos en Barcelona 92-, sabemos actuar unidos por el bien de todos.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO IGEA ARISQUETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS PACIENTES DE DAÑOS REALES PRODUCIDOS POR LAS PSEUDOTERAPIAS SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA? (Número de expediente 180/000234).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta del diputado don Francisco Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor IGEA ARISQUETA: Señora ministra, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno para proteger la salud de los pacientes de los daños producidos por pseudoterapias peligrosas sin evidencia?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta; gracias, señor Igea.

El derecho a la protección de la salud de los ciudadanos es un mandato constitucional desarrollado en toda nuestra normativa sanitaria, estatal y autonómica y, por tanto, su cumplimiento es una obligación y una prioridad para el Ministerio de Sanidad. Los ciudadanos pueden confiar en nuestro Sistema Nacional de Salud porque la cartera común de servicios ofrece, mediante técnicas, tecnologías y procedimientos de probada seguridad, eficacia y sobre todo evidencia científica, tal y como establece el artículo 20 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, los centros, servicios y establecimientos donde se presta atención sanitaria cumplen con los requisitos contemplados en el Real Decreto del 2003, que establece las bases generales sobre las autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Igea.

El señor IGEA ARISQUETA: Señora ministra, eso está muy bien, pero la realidad, a día de hoy, es que a esta hora, mientras usted y yo hablamos, en la Televisión Española, en La 1, en la pública, hay un señor vendiendo las bondades de la lejía para el tratamiento del cáncer de vejiga o del VIH o del ébola. La verdad es que a esta hora, mientras usted y yo hablamos, en una página de un amigo de este señor -una página a la que usted puede acceder- se venden unas plantas como alternativa a la quimioterapia, salvo que se


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tenga leucemia, para lo cual tiene unas infusiones. La verdad, ahora, en este país, es que hace dos años, muy cerca de donde usted vive, murió un niño, en Olot, de una difteria porque alguien convenció a su padre de lo malo que era vacunarle. La verdad es que, a esta hora, en este país, médicos del sistema público del Parc Taulí denuncian pérdidas de oportunidad de pacientes con cáncer de mama porque han caído en manos de embaucadores. La verdad, a esta hora, es que la OMC les ha dado a ustedes sesenta páginas web de pseudoterapias peligrosas que aún siguen abiertas. Y la verdad, a esta hora, es que hay un padre en los juzgados defendiendo el honor de su hijo que murió de una leucemia cuando un embaucador le hacía perder el tiempo.

Esta es la verdad, y la más triste verdad es que muchos de los portavoces de sanidad de este Parlamento se han puesto de perfil ante estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque algunos tienen contactos con gente tan peculiar como esta, porque hay otros portavoces que todo lo miden en votos. Nosotros no nos pondremos de perfil, nosotros creemos en la libertad de la gente para buscar el bienestar y la salud a su manera, pero nosotros, aparte de liberales, no somos unos acomplejados; nosotros defenderemos la salud de nuestros pacientes, defenderemos la salud cueste el voto que cueste y por eso estamos aquí y por eso le hacemos esta pregunta: ¿seremos capaces de mirar a los ojos del siguiente padre, del siguiente Mario que muera de una leucemia? ¿Habremos hecho entonces lo suficiente? Esa es la pregunta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.

Señor Igea, nos preocupa y nos ocupa. La protección de la salud nos demanda constantemente una supervisión mediante el desarrollo de iniciativas que, por supuesto, mejoren y actualicen la regulación de la publicidad de los centros y los servicios sanitarios con el objetivo de acabar con los posibles engaños y fraudes sin evidencia científica. Y le puedo asegurar que así lo estamos haciendo. En la actualidad estamos trabajando con el desarrollo del registro estatal de profesionales sanitarios, que favorecerá el control de los titulados y la detección de los posibles fraudes en la titulación. Seguimos promoviendo medidas con las que mejorar la formación de los ciudadanos como pacientes, como la red de escuelas de salud para la ciudadanía que estimulan su sentido crítico ante centros y tratamientos que no responden a las garantías establecidas. Y, por supuesto, esta supervisión permanente de la protección del derecho a la salud demanda una total coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales, los pacientes y toda la sociedad. Con las autonomías, desde el respeto competencial trabajamos mediante la suma de esfuerzos que consoliden la calidad y la seguridad de los pacientes. Con los profesionales sanitarios y las organizaciones colegiales trabajamos coordinadamente para promover la actualización del conocimiento y la toma de decisiones en su práctica diaria en base a la evidencia científica, y por supuesto, también con los pacientes y con la sociedad en su conjunto, trabajamos continuamente para informar y alertar de los posibles fraudes, así como para implicarles activamente en la denuncia de aquellas prácticas sanitarias irregulares que detecten. Nos ocupa y no se preocupa, señor Igea; esté convencido. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD Y SUS EFECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO Y SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. (Número de expediente 172/000040).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Sibina Camps.


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La señora SIBINA CAMPS: Gracias presidenta.

Señora ministra, señorías, hoy venimos aquí a celebrar un aniversario. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Hace pocas semanas se cumplieron veinte años de la entrada en vigor de la Ley 15/1997, una ley muy breve, una ley que cabe en una página, pero que ha convertido nuestra sanidad pública en un nido de opacidad y de corrupción; una ley de una sola página que ha permitido que algunos, a lo largo de estos últimos veinte años, se hayan hecho ricos gracias al dinero de la sanidad pública que pagamos entre todas. ¿Y cómo una ley de una sola página puede haber conseguido esto? Pues ahora mismo se lo voy a leer: "En esta ley se establece que la gestión de los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios puede llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho". Hasta aquí se podría decir que la cosa va bien. Pero, seguimos y encontramos la verdadera causa que motivó esta ley. Dice la exposición de motivos: "[...] la ley recoge la posibilidad de establecer acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas [...]" -o privadas-. Y dice una cosa más: "La presente norma debe constituir un importante instrumento de flexibilización [...] con vistas a mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Salud, cuya consolidación y modernización es objetivo prioritario" de esta ley. Así fue cómo hace veinte años el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, de Convergència i Unió y del PNV abrieron la puerta al saqueo de la sanidad pública en España.

Señora ministra, flexibilidad, modernización... ¿adivinan a quién benefició esta ley? Desde que en el año 1997 se aprobó esta ley, hemos visto cómo han entrado en tromba a hacer negocio con nuestra salud. Aquí van un par de ejemplos; hoy, la sanidad de un millón de valencianos y valencianas está en manos de una empresa norteamericana que se llama Centene, con sede en Missouri. Otro ejemplo, hoy, en la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales que proveen servicios sanitarios a cerca de un millón de personas: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital de Villalba y de Torrejón, o, por ejemplo, también, el hospital Sagrat Cor de Barcelona, entre muchísimos otros, que han estado gestionados por fondos de capital riesgo, con sedes sociales en paraísos fiscales; fondos de capital riesgo: capital para ellos y riesgo para las personas, y que ahora, actualmente, pertenecen a Fresenius Helios, un gigante de la sanidad privada alemana, del cual hablaremos más tarde. ¡Cuánta modernidad, señora ministra! ¡Cuánta flexibilidad!

Por cierto, hablando de flexibilidad, laboral, en este caso. El señor Aznar, después de aprobar la ley que hizo posible todo esto, en 2013 fichó para el bufete norteamericano DLA Piper, quien asesoró al fondo británico CVC Partners.

En Valencia vimos cómo de la mano del señor Eduardo Zaplana, sí, el mismo que está siendo investigado por la operación Lezo, Ribera Salud se hacía con el control de la salud de los valencianos y las valencianas. Vimos cómo se lanzaban a por el negocio nombres como Adeslas de La Caixa y Dragados. No hizo falta mucho tiempo para que el desastre anunciado se manifestara. Ribera Salud se convirtió en un agujero negro sin fondo, pero allí estaba el señor Zaplana para poner dinero. Y no lo digo yo, señora ministra, no lo dice nuestro grupo parlamentario, lo dice la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

Señora ministra, le leo una noticia publicada tan solo anteayer (Mostrando un artículo de prensa). Zaplana regaló 26 millones a Ribera Salud en 2003 por lucro cesante, tras suspender un contrato que daba pérdidas. Me pregunto: ¿Esta es la flexibilidad que prometían en 1997? ¿Esta es la modernidad que aprobaron hace veinte años? (La señora Villalobos Talero se dirije al escaño de la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Montserrat Montserrat, y habla con ella). Señora ministra, ¿me está escuchando? (La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Montserrat Montserrat: Sí), esto es la trama de la sanidad, esto es un fracaso absoluto. Hace veinte años muchos ya lo dijeron, pero por suerte ahora somos muchos más. Esto es la trama de la sanidad. (Aplausos).

Hace poco, señora ministra, leí las palabras de un alto directivo de una empresa de sanidad privada, Fresenius, que recientemente ha adquirido a Quirón Salud y decía lo siguiente: Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado. Esa frase es el reconocimiento de que a la sanidad privada no le interesa la sanidad pública, lo que verdaderamente le interesa es seguir vaciando la sanidad pública de fondos porque le resulta más rentable. No le resulta más sencillo, no le resulta más altruista ni más estimulante ni más seguro, por supuesto. No, le resulta más rentable. En nuestro Estado, según las cuentas satélite que publica anualmente su ministerio, el gasto sanitario privado supone un 30 % del gasto sanitario total y un 70 % el gasto sanitario público y de este 70 % de gasto público, 1 de cada 3 euros acaban en empresas privadas, 1 de cada 3 euros.


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Decía el señor Echániz, su compañero de partido, en el debate de la Ley 15/1997 que ustedes no iban a privatizar el sistema sanitario y aludía a los Estados Unidos de América como el modelo de lo que aquí nunca pasaría. Sus coincidencias con Norte América no hace falta que se las señalemos, allí dejan sin cobertura sanitaria de un día para otro a millones de personas, a las que más lo necesitan, y aquí ustedes hicieron lo mismo. Pero respecto a las palabras del señor Echániz, parece claro que la sanidad privada en nuestro país goza de buena salud y lo hace porque la sanidad pública la mantiene. La gestión privada no es más eficaz, no es más segura y no es más eficiente, y punto. A igualdad de gasto, la sanidad pública logra que la gente viva más tiempo y consuma menos recursos. Esto está publicado en mucha bibliografía. Ustedes suelen defender la gestión privada aludiendo a la flexibilidad laboral, la facilidad de contratación o la capacidad de gestión. Esto que ustedes llaman flexibilidad laboral, nosotras lo llamamos derechos de los trabajadores. (Aplausos).

Señora ministra, cuando ustedes hablan de facilitar contratación, lo que las trabajadoras sufren y padecen es agilizar el despido y, señora ministra, cuando ustedes dicen que la empresa privada tiene mayor capacidad de gestión, lo que quieren decir es que somos unos incapaces para gestionar lo público. Sus defensas de la gestión privada de la sanidad no son más que el reconocimiento de su incapacidad manifiesta para gestionar lo público. La gestión pública puede ser más controlable, más transparente, más eficiente porque no necesita lograr márgenes de beneficio, más participativa con profesionales y población y más capaz de generar economías de escala. Y digo puede porque realmente puede, siempre que quienes la gestionan quieran que así sea y no la deterioren hasta que la ciudadanía y los profesionales acaben creyendo que estarían mejor gestionados por Ribera Salud o Capio que por su propio servicio regional de salud. La gestión pública debe evitar que la gestión de la sanidad pública la ostenten fondos buitre, constructoras entrampadas en la burbuja inmobiliaria y empresas con ánimo de lucro, que han de rendir cuentas a los accionistas antes que a los pacientes y a la ciudadanía. No es que tengamos fobia a lo privado, no es eso; creemos que la gestión de lo común se tiene que hacer desde lo público y lo común, desde lo público correctamente financiado y no descapitalizado hasta la extenuación, como ha hecho su Gobierno en los últimos años. No queremos que nuestra mirada se quede en el año 1997 o en las leyes anteriores y posteriores, que permitieron la situación actual; preferimos instar al resto de grupos que en su momento se posicionaron a favor de la Ley 15/1997 a que cambien su postura y apuesten por la gestión pública directa, y por blindar un sistema sanitario que hoy sirve de huésped a la parasitación por la empresa privada.

Voy a terminar haciéndole unas preguntas, que también le dejo aquí escritas para que no se le olviden y pueda responderlas cuando suba. La primera es: ¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para monitorizar que dentro de su labor de coordinación, en el marco de la Ley 15/1997, no esté produciendo agravios para la salud de la población ni para la sostenibilidad del sistema? Otra pregunta: ¿No cree que dejar en manos privadas la gestión de la sanidad pública es un gesto manifiesto de incapacidad para gestionar lo público y, por eso, sería más honesto dar un paso a un lado y dejar que gestione estas decisiones alguien que realmente crea en los valores de la sanidad pública? Otra pregunta. ¿Qué opinión le generan las frases del consejero delegado de Fresenius sobre lo rentables que son para su empresa los contratos con la sanidad pública? Otra: ¿Apoyará su ministerio institucionalmente acciones como la del Gobierno valenciano para revertir concesiones privadas de la sanidad pública? Y finalmente: ¿Cree que es igual que un concierto se le dé a una empresa con ánimo de lucro que a una sin ánimo de lucro?

Y para terminar, decía Aneurin Bevan, ministro de Salud británico, que el Sistema Nacional de Salud durará tanto como quede gente con fe para luchar por él. Mi grupo y millones de personas más aún tenemos fe en nuestro sistema sanitario público y seguiremos luchando para defenderlo de los que habéis convertido la salud de las personas en un negocio para unos cuantos. Esperamos su respuesta, señora ministra.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sibina.

A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Sibina, la apuesta por la defensa de la sanidad pública del actual Gobierno y por supuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es clara, decidida y firme. La sanidad


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es uno de los bienes públicos más valorados por los españoles y lo es porque es patrimonio de todos. En primer lugar, está recogido en los artículos 43 y 49 de nuestra Constitución, en los que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. En segundo lugar, la sanidad es un bien público de todos que está institucionalizado dentro de nuestras estructuras administrativas a través de las comunidades autónomas, que ejercen su responsabilidad para hacer uso de las competencias en materia sanitaria. Sobre estos principios y las competencias constitucionales, el Estado y las comunidades autónomas trabajamos cada día para garantizar la universalidad de la sanidad pública, su equidad, cohesión y sostenibilidad, y para consolidar y desarrollar nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores sistemas de salud, no solo de Europa sino del mundo, que es fruto del esfuerzo y el trabajo de todos los españoles y del propio Sistema Nacional de Salud en los últimos cuarenta años. Por eso, señoría, la definición de la sanidad española como un bien público de referencia es incuestionable no solo para los ciudadanos españoles, sino también para el resto del mundo. Hace unas semanas conocimos el ranking elaborado por Bloomberg, que sitúa a nuestro sistema sanitario como el primero del mundo en sanidad pública. El ranking Bloomberg utiliza como referencias la esperanza de vida, el gasto sanitario per capita y el gasto relativo como proporción del producto interior bruto.

Le voy a decir más: la confianza en el sistema sanitario español se ha demostrado también con los datos del último barómetro sanitario publicado en febrero pasado. El 86 % de los usuarios de atención primaria, el 79,5 % de los pacientes atendidos en las consultas de especialistas y el 75,8 % de las personas que utilizaron los servicios de urgencias consideraron que la asistencia prestada por nuestro Sistema Nacional de Salud fue buena o muy buena. Es más, ayer mismo la OMS calificó literalmente de muy impresionante el avance del Plan español de Hepatitis C. Eso es, señorías, un motivo de gran satisfacción. El esfuerzo que hemos hecho todos y que ha hecho el Sistema Nacional de Salud nos han convertido en uno de los mejores del mundo -por supuesto, de Europa- y así tenemos que continuar. Todos somos pacientes, nuestro Sistema Nacional de Salud es patrimonio de todos y todos debemos velar y trabajar para preservarlo. Han pasado cuarenta años de convivencia democrática y de construcción de un Estado del bienestar justo y solidario para todos los ciudadanos, y tenemos que continuar consolidándolo y desarrollándolo.

Hablemos de retos demográficos: España y Europa se enfrentan a grandes desafíos como el envejecimiento progresivo de la población, la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida -somos el segundo país del mundo- y la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas y la dependencia. Ha habido una revolución en positivo en nuestro país gracias al Sistema Nacional de Salud, al Estado del bienestar y al esfuerzo de todos, y por eso somos el segundo país del mundo en esperanza de vida; pero todo ello está relacionado con el reto demográfico de España -y, por supuesto, de Europa-, que se enfrenta a una nueva realidad social que demanda soluciones renovadas. En España son diez las comunidades autónomas que actualmente cuentan con un saldo vegetativo negativo y en el conjunto de la nación las proyecciones demográficas plantean un descenso ininterrumpido de la población con una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y de más de 5 millones en 2066. Dentro de esta pérdida, España tiene a día de hoy 8 800 000 personas mayores de 65 años, pero se prevé que dentro de treinta años seamos 17 millones. Además, a día de hoy tenemos 14 000 personas aproximadamente mayores de 100 años y habrá medio millón de personas mayores de 100 años en el año 2050. Nuestro Estado del bienestar, y especialmente nuestro Sistema Nacional de Salud, han ocupado un lugar primordial en la agenda política de este Gobierno. Ustedes se anclan en el pasado, pero nosotros miramos al futuro y trabajamos el presente para mejorar el futuro. Le voy a decir más: hemos empezado esta legislatura con el presidente Rajoy liderando una Conferencia de Presidentes Autonómicos en la que se llegó a doce acuerdos. Había presidentes autonómicos de todas las fuerzas políticas y, entre esos doce acuerdos, seis versan sobre materias de la competencia de este ministerio; materias compartidas con otros ministerios, pero seis de esos doce acuerdos, acordados por unanimidad por los presidentes autonómicos de diferentes colores políticos y liderados por el presidente Rajoy, afectan a materias de este ministerio.

Le voy a citar el primero. Uno de los grandes temas tratados y acordados en la Conferencia de Presidentes fue la financiación autonómica, haciendo una mención especial a la financiación y al gasto público en sanidad. Por tanto, se hizo hincapié en que el gasto sanitario constituye el componente que consume más recursos en el presupuesto de las comunidades autónomas. El segundo acuerdo alcanzado fue hacer una primera estrategia nacional frente al reto demográfico que diseñe una respuesta conjunta y de futuro entre todos los grupos políticos, todas las administraciones y toda la ciudadanía para afrontar los cambios, los retos y los desafíos que afectan a nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ahí les espero, en


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esta estrategia nacional frente al reto demográfico con la que se comprometieron todos los presidentes autonómicos y con la que estoy convencidísima de que ustedes también se tienen que comprometer.

Dentro del acuerdo de financiación se acordó fortalecer los servicios contenidos en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Por tanto, estos son los dos primeros acuerdos. El tercer gran acuerdo es el pacto de Estado contra la violencia de género, en el que estamos trabajando. El cuarto punto es la tarjeta social, liderado por el Ministerio de Empleo, pero en el que también está implicado el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, está el bono social, que compete al Ministerio de Energía, pero en el que nosotros también estamos implicados. Y el quinto punto tiene que ver con los derechos de los trabajadores.

Usted decía que les importan los derechos de los trabajadores, pero esto no es patrimonio de la izquierda, todos somos trabajadores y todos defendemos sus derechos. Y justamente porque defendemos los derechos de los trabajadores, se llegó a un gran acuerdo en la Conferencia de Presidentes sobre el empleo público. La Conferencia de Presidentes acordó que tenemos que trabajar en el empleo público, es más, hemos llegado en este aspecto a uno de los grandes acuerdos de esta democracia y, cuando digo de esta democracia, me refiero a los últimos cuarenta años. El pasado 29 de marzo de 2017, el Gobierno de España, junto con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, llegó a un gran acuerdo de Estado para la función pública, que persigue tres grandes objetivos; esto es defender los derechos de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. El primer gran objetivo es reducir la tasa de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud hasta llegar a un 8 % en tres años. El segundo gran objetivo es garantizar una tasa de reposición de empleados públicos del 100 % en sectores prioritarios como es el de la sanidad. Y el tercer gran objetivo es reducir la interinidad en nuestro Sistema Nacional de Salud. La naturaleza del acuerdo es de tal importancia que permitirá ofertar en tres años 129 700 plazas a profesionales del Sistema Nacional de Salud. Eso es trabajar para nuestros trabajadores, para nuestros profesionales y por los derechos de los trabajadores. Es un claro ejemplo de compromiso con este bien público esencial, que es la sanidad. Todos estos profesionales podrán consolidar su carrera profesional dejando atrás la incertidumbre de años anteriores.

En la misma línea de compromiso se encuentran los Presupuestos Generales del Estado de este año 2017, en los que se destina a sanidad y consumo 327 millones de euros, 11 millones más que en 2016. La suma de este presupuesto y el de los organismos dependientes es de 384 millones de euros, es decir, que aumentamos un 4,52 % respecto a 2016. Es más, a esta dotación hay que sumar el incremento de financiación a las comunidades autónomas, son 5300 millones más que el año pasado para financiar a las comunidades autónomas y entendemos que estas tienen que dedicarlo al Estado del bienestar, es decir, a sanidad, educación y políticas sociales. Por tanto, nosotros, desde el Gobierno de España y desde el ministerio, junto con las comunidades autónomas queremos continuar avanzando en mejorar la respuesta asistencial que ofrecemos a los ciudadanos; reforzar la estabilidad laboral de los profesionales, con este gran acuerdo histórico de la democracia; agilizar la implementación y la total interoperabilidad de la sanidad electrónica, avanzar en la vigilancia de la salud y dar una respuesta transversal a las necesidades de la sociedad.

Como les decía, España es un referente mundial en el sector sanitario y también es una de las grandes potencias investigadoras a nivel europeo y, como usted sabe, el Gobierno de España -liderado por el presidente Rajoy y coordinado con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Barcelona- ha presentado la candidatura ante la Unión Europea para acoger a la Agencia Europea del Medicamento en Barcelona. Tenemos la experiencia y la excelencia consolidada de nuestra Agencia Española del Medicamento, la ciudad de Barcelona es una referencia europea en innovación y sobre todo tenemos el mapa estratégico de lo que queremos conseguir. Queremos que España sea el polo científico hospitalario de investigación médica, sanitaria y farmacéutica de Europa y del mundo. Estoy convencidísima de que ustedes nos apoyarán en esta candidatura, que sería una manera de reforzar nuestro gran Sistema Nacional de Salud.

Todo lo que tenemos, científica y sanitariamente, es el fruto del trabajo y del esfuerzo de todos los españoles durante cuatro décadas. Es un patrimonio de todos, que les aseguro vamos a desarrollar y a consolidar con la ayuda y la colaboración del Estado y las administraciones públicas. Por eso esta legislatura es una gran oportunidad para alcanzar un gran acuerdo, un pacto de Estado por la sanidad, que garantice que nuestros hijos disfruten de los beneficios de un gran sistema como el que nosotros nos hemos encontrado y hemos recibido.


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En el Senado hubo una moción, presentada por el Partido Socialista y el Partido Popular, para trabajar en un pacto de Estado. Ustedes, junto con Esquerra, fueron los únicos que votaron en contra. Yo le pido que reconsidere ese voto en contra a esa moción casi unánime, excepto ustedes y Esquerra Republicana, a favor de un pacto de Estado por la sanidad. Siento una gran satisfacción porque el Partido Popular y el Partido Socialista, junto con Ciudadanos y los demás grupos del Senado, hemos sido capaces de dejar a un lado nuestras diferencias y hemos acordado que es imprescindible dialogar y llegar a acuerdos para mejorar nuestra sanidad en el marco de un pacto de Estado. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que afrontar retos tan importantes como el demográfico -que es lo que he le comentado- y es imprescindible el consenso y la ayuda de todos, de las comunidades autónomas, de los pacientes, de los profesionales, de la sociedad científica, de las universidades, de los colegios profesionales y, por tanto, del conjunto de toda la sociedad española para que nuestros servicios sanitarios sigan siendo una referencia en Europa y en el mundo.

La mejora del Sistema Nacional de Salud es responsabilidad de todos los partidos políticos. Yo estoy dispuesta a dialogar con usted y a alcanzar acuerdos para mejorar nuestra sanidad y desearía que todos los grupos compartieran conmigo esa misma actitud y que nos podamos sumar a ese inicio de pacto de Estado por la sanidad que han iniciado en el Senado. De esta manera todos estaremos a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

Muchas gracias, señora Sibina. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra, para el turno de réplica, la señora Sibina Camps.

La señora SIBINA CAMPS: Señora ministra, es un poco decepcionante, o bastante decepcionante, que después de seis meses ostentando el cargo venga usted aquí al Pleno y siga leyendo los mismos papeles, exactamente los mismos papeles. (Aplausos). Cinco minutos no dan para nada, absolutamente para nada; utilizaré yo cinco, usted subirá, utilizará cinco más; podría volver a subir yo -pero no será- y usted cinco más; no da para nada. Me menciona, por ejemplo -voy a contestar a algunas cosas de las que ha dicho-, el ranking Bloomberg. Ya lo citó también en la comparecencia en Comisión. Señora ministra, siempre que menciona el ranking Bloomberg viene a ser como mencionar el índice Big Mac para hablar en serio de macroeconomía. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El ranking Bloomberg mide la relación entre la esperanza de vida y el gasto sanitario; la esperanza de vida solo se ve afectada por el sistema sanitario en torno a un 20 %, siendo mucho más influyentes los condicionantes socioeconómicos, medioambientales y otros de los que se denominan determinantes sociales de la salud, cosa que como ministra debería llevar a la centralidad de sus discursos y de sus políticas. Por ello, la relación entre esperanza de vida y gasto sanitario es un buen marcador, un buen marcador para detectar a la gente que no tiene muy claro de lo que está hablando. La esperanza de vida apenas se modifica en el corto plazo, mientras que el gasto sanitario sí se puede cambiar rápidamente. De modo que, si quiere recortar de golpe, mejor nos vamos olvidando del Bloomberg.

Violencia de género. No presuman tanto de su pacto de Estado contra la violencia de género porque en el batiburrillo que están montando los colectivos se le van levantando de la mesa. Lo que hace es hablar de pacto de Estado y no presupuestar ni un euro en el mismo, por ejemplo. Sobre competencias, usted nos habla de que la decisión de a quien asignar la prestación de la asistenta sanitaria es de las comunidades. Señora ministra, esta ley es estatal, este problema es sistémico. Si usted quiere hacer esto como una partida de ping-pong y mirar hacia otro lado y escurrir el bulto... Póngase a ello, mírelo de cara y no haga siempre lo mismo.

Se me acaba el tiempo. Lo que pretendemos -esto es importante- con la moción que presentaremos, y que espero que tenga en consideración objetivamente, señora ministra -como le he dicho antes, es bastante improbable que usted y yo nos pongamos de acuerdo al debatir aquí sobre esta cuestión-, es sacar algo más en claro con el resto de grupos del arco parlamentario, por ejemplo. Por eso registraremos esta moción. Por un lado, cómo puede ser que en 1997 se hiciera una ley de este calado y aún estemos esperando que alguien evalúe en España el impacto en la salud de la población y en el sistema sanitario en incursiones público-privadas. Por otro lado, instaremos a derogar las normas necesarias que permiten la provisión privada de la sanidad pública y comenzar la redacción de una ley básica de gestión pública que dé mayor libertad a las comunidades autónomas para innovar en el marco de sus competencias dentro de la gestión pública de la sanidad privada.


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Tengo un par de cosas más, pero, como no tengo tiempo, le voy a decir exactamente lo que pienso que le tengo que decir en este momento y me salto lo demás. Señora ministra, no le quepa la menor duda -se lo digo muy en serio- de que un día -no lo dude- usted y su partido, el Partido Popular, van a tener que pedir perdón, perdón a las personas de este país, perdón a los ciudadanos y ciudadanas por haber malgastado su dinero; van a pedir perdón. Esto solo es cuestión de tiempo, bueno, de tiempo y de que tengan un poquito de humildad y de voluntad política, más de humildad. No les quepa la menor duda de que van a tener que pedir perdón a todas las personas por el saqueo que han hecho.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.

Señora Sibina, ustedes leen los papeles de hace veinte años y yo hablo de presente. He hablado de un acuerdo de enero de 2017 de financiación autonómica, con un trato especial a la financiación de la sanidad; hablo de un acuerdo histórico y único, ya que es la primera vez que va a haber una estrategia nacional de retos demográficos para prever y trabajar con estos retos y desafíos demográficos que nos esperan en los próximos treinta años; hablo de uno de los grandes acuerdos históricos con los sindicatos para terminar con la temporalidad y ofertar en tres años 129 700 plazas de profesionales para el Sistema Nacional de Salud. Esto a usted no le importa ni lo ha mencionado. Estoy hablando también de unos presupuestos con un incremento de un 4,5 % para sanidad, que usted ni siquiera ha mencionado. También he hablado de una propuesta del Grupo Socialista, del Grupo Popular, de Ciudadanos y del resto de grupos en el Senado, excepto ustedes y Esquerra Republicana, para iniciar unos trabajos para un pacto por la sanidad. Usted me habla de humildad y humildad es diálogo. Hoy he ofertado diálogo a través de este pacto de Estado que han iniciado las fuerzas políticas, excepto ustedes, en el Senado. Por tanto, esto también es hablar de humildad. Humilde es aquel que escucha y dialoga (Aplausos), y yo le he ofrecido diálogo.

Le estoy hablando de presente, de todo lo que hemos hecho en estos seis meses. Hemos empezado a hablar de financiación autonómica, estrategia nacional de retos demográficos, acuerdo histórico con los sindicatos con una oferta de 129 700 plazas, un presupuesto con un incremento de un 4,5 % y un pacto de Estado. Esto en este periodo, por eso yo hablo de presente para, realmente, mejorar nuestro futuro y, por tanto, preservar nuestro gran Sistema Nacional de Salud.

Usted me critica siempre con Bloomberg, así que le voy a hablar de la encuesta propia que tenemos en el ministerio, hecha con los ciudadanos españoles. Le he dado ya los datos. Un 85 % de nuestros ciudadanos que acuden a nuestro Sistema Nacional de Salud dicen que es muy bueno o bueno. Por tanto, también tenemos que saber escuchar qué dicen nuestros ciudadanos y pacientes -que todos somos pacientes- del Sistema Nacional de Salud. Como les decía en mi primera intervención, nuestro modelo sanitario es uno de los mejores de Europa y uno de los mejores del mundo. Se fundamenta en un modelo mixto entre el Estado y las comunidades autónomas; esto también quiero dejarlo bien claro, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. No obstante, el Estado mantiene competencias exclusivas como sanidad exterior, ley de bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. Pero, como sabe, el proceso de transferencias comenzó en julio de 1981, con el traspaso a Cataluña, y fue desarrollándose de forma paulatina en el conjunto de España: en 1984, a Andalucía; en 1987, al País Vasco; en 1988, a Valencia; en 1990, a Galicia y Navarra; en 1993, a Canarias y concluyó en diciembre de 2001, con la cesión de la competencia al Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Desde el Gobierno de la nación tenemos un convencimiento constitucional del Estado de las autonomías y sus decisiones tomadas en materia de modelo de gestión a lo largo de estas últimas décadas, que consolidan un Sistema Nacional de Salud que hoy es una referencia europea y mundial. En su interpelación hacía referencia a algunas comunidades autónomas -hablaba de Madrid y Valencia-, pero en todas las comunidades autónomas, en las diecisiete, en el orden que ustedes prefieran enumerarlas, tanto da, con independencia del signo político de sus Gobiernos, conviven distintas fórmulas de gestión. La realidad es que después de dos décadas y de la puesta en marcha de diversas formas de gestión de los servicios sanitarios españoles, la esperanza de vida de los ciudadanos ha aumentado gracias a la mejora de los servicios de prevención, a la ampliación y mejora de la cartera de servicios


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sanitarios, a la excelencia de la profesión médico-sanitaria y al apoyo y confianza que el conjunto de la sociedad española tiene en su sistema sanitario.

Como le decía en mi primera intervención, el pacto de Estado por la sanidad es el marco más idóneo para analizar todas y cada una de las cuestiones que tengan que ver con lo que usted me ha mencionado, también con el reto demográfico, con la dependencia o con cuantas cuestiones quieran que tengan que ver con la consolidación de nuestro Estado del bienestar y sobre todo, y especialmente, con el Sistema Nacional de Salud. Pero ustedes dijeron no al diálogo, no a esa moción a la que todos los grupos parlamentarios se sumaron, por lo que ustedes pueden elegir entre sumarse al diálogo o decir no, o entre sumarse a unos presupuestos generales o decir no a la modernización y al futuro de la sanidad pública. Nosotros defendemos el Sistema Nacional de Salud, lo protegemos y lo mejoramos, pero siempre desde el diálogo al que ustedes dicen que no. En definitiva, son ustedes los que dicen no al Sistema Nacional de Salud, no a un acuerdo histórico con los sindicatos por el que se convocarán 129 000 plazas para los nuevos profesionales. Por tanto, le vuelvo a ofrecer este diálogo que han iniciado en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, RELATIVA A SUS POLÍTICAS SOBRE ADOPCIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000041).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativa a sus políticas sobre adopciones internacionales en España.

Para su defensa tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Ministra, no es usted la primera persona a la que nos dirigimos desde Ciudadanos para hablar de la terrible situación en la que se encuentran los procesos de adopción en España, tanto en el caso de las adopciones internacionales como de las nacionales. Lo han hecho compañeros nuestros en diferentes parlamentos autonómicos, lo hemos hecho desde el Congreso y también en la Comisión de Infancia, tanto en la anterior legislatura como en la actual. Desde aquí, aprovecho para recordarles que se aprobó una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario el 30 de noviembre de 2016, hace ya más de cuatro meses. En su momento me he dirigido personalmente también a la señora Báñez, que en su momento fue la responsable del ministerio, con la que mantuve una reunión y también posteriormente mantuve otra con el actual secretario de Estado, el señor Garcés. Hasta ahora no hemos obtenido resultado alguno por parte del Gobierno, pero desde esta tribuna les aseguro que Ciudadanos no va a parar de insistir hasta que los procesos de adopción se desbloqueen en nuestro país.

Cuando se trata de asuntos tan delicados como este, es mejor no hablar de cifras porque detrás de ellas hay personas que sufren, en este caso niños a los que les estamos arrebatando un futuro. Trabajar por uno solo de ellos ya merecería la pena, pero la cuestión es que no solamente hablamos de un niño, hablamos de los 16 000 niños que en España se encuentran en centros de acogida y de 120 millones de huérfanos en el mundo, según datos de Unicef. Nos resulta muy difícil comprender que existiendo en España tantas personas y tantas familias que desean ser padres, reuniendo además los requisitos para hacerlo, no puedan serlo y, sobre todo, que a esos niños no se les pueda dar la posibilidad de tener una familia. Ministra, somos conscientes de lo complicados que son estos procesos, son delicados, pero eso no implica que dejen de atenderse, todo lo contrario, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. En España existen alrededor de 33 000 familias adoptantes en espera, 33 000 hogares para 33 000 niños. ¿Qué les pasa? Si algo retrata a una sociedad, a un Gobierno, a un partido político, es la manera en que se abordan los problemas de los sectores más vulnerables, ¿y qué sector más vulnerable que la infancia, que esos niños que se ven privados de algo tan necesario como es el tener una familia?

Nos pusieron ustedes en su día la excusa de la interinidad; el Gobierno está en funciones, decían. ¿Qué pasa ahora? Llevan ya bastante tiempo desde que han formado Gobierno. Si no lo hacen ustedes por sensibilidad, háganlo ya solamente por cumplir la normativa, la nacional y la internacional. Nuestra interpelación se refiere a las adopciones internacionales, pero no debemos desligarlas de las nacionales. Las personas que con buena voluntad se deciden a adoptar no están pensando generalmente en el lugar


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de nacimiento del niño. Y vuelvo a dar el mismo dato: en España hay 16 000 niños en centros de acogida. Y curiosamente, cuando uno solicita información sobre las adopciones internacionales, en muchos casos se encuentra con que el plazo está cerrado. A mí personalmente me ha pasado. La semana pasada lo hice, pedí información en la Comunidad de Madrid ¿y sabe usted lo que me respondieron? Que el plazo para presentar la solicitud se encuentra cerrado. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace dos años, nada más y nada menos. Y, más grave aún, ni siquiera saben cuándo se volverá a abrir ese plazo y si se abrirá en algún momento. La única posibilidad que se le brinda a la persona que quiera adoptar ahora mismo es la adopción internacional en algunas comunidades autónomas. Y vuelvo a repetir por tercera vez el mismo dato: 16 000 niños en centros de acogida.

¿Tiene en cuenta la ministra que el acogimiento residencial, los centros de menores, deberían ser en la práctica el último recurso? ¿Sabe que en España hay un uso intensivo del mismo, que además tiende a crecer cada vez más? Señorías, debemos saber todos que esto es algo que a España nos diferencia, para mal, claro está, del resto de países europeos. Somos el país con mayor porcentaje de niños menores de seis años acogidos en residencias. Un 80 % de los niños tutelados entran en acogimiento residencial. Lo señalan prácticamente todos los expertos: el uso del acogimiento residencial debería ser siempre la excepción y nunca se debería producir en niños que tengan menos de seis años. Todos esos niños deberían ser cuidados por familias, porque, si no, estaremos destruyendo eso que en psicología o en psiquiatría se llama la capacidad de apego, esa relación que un niño necesita desarrollar con al menos un cuidador principal para que ese desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Si sufren carencias en edad temprana, serán prácticamente imposibles de compensar en la etapa adolescente o adulta.

Ya hemos evolucionado desde los tiempos de Dickens, ministra. ¿Usted se ha planteado en algún momento como meta el cierre progresivo de algunas de las instituciones existentes e intentar que esos niños sean acogidos o adoptados por familias como aconsejan la mayoría de expertos, por supuesto dejando centros especializados para los casos en los que el acogimiento familiar sea verdaderamente conflictivo? Reconocemos la ley que ustedes hicieron en el año 2005, la Ley de protección de la infancia, ¿pero por qué no se pone en marcha? Y, al margen de la ley, también son necesarias otras medidas; no digo yo que sea tarea fácil, pero está claro que para ello es necesario dedicar mucho esfuerzo; esfuerzo para promover el interés de las familias dándoles la información adecuada, esfuerzo para formarlas, esfuerzo para valorarlas y apoyarlas en la labor tan importante que desarrollarán en nuestra sociedad. Ministra, cuando yo acudí a pedir la información, simplemente se me dijo que las posibilidades de adopciones nacionales son inexistentes en la actualidad. Esto yo diría que es dejadez.

Vayamos ya con las adopciones internacionales. Desde el año 2004 han caído en picado, un 85 %. En ese año llegaron a España 5541 menores, mientras que en el año 2015 solo llegaron 799 niños. No vamos a negar que esto es una tendencia internacional por los cambios legislativos que se van produciendo en los países de origen, pero, desde luego, en España la caída es mucho mayor que en otros países europeos. Esto, ministra, ¿sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con la capacidad de respuesta del Gobierno ante esos cambios en los países de origen. Se van cerrando países a la adopción internacional, pero también se van a abriendo otros para compensar, siempre garantizando la seguridad claro está. Así es como están actuando la mayoría de países europeos, pero en España no está siendo así. Desde el año 2012 no se abre ni un solo país, han pasado cinco años, señoría. ¿Por qué? Además, a partir de 2015 -a pesar de que justo ese año o porque entró en vigor la modificación de la Ley de protección de la infancia- las solicitudes se incrementaron un 22 %. La situación de bloqueo se ha ido agravando cada vez más y una de las causas -como usted bien sabe- es que la Ley 26/2015, de protección de la infancia, traslada la competencia al Estado en los siguientes casos: iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones en determinados países y acreditar a los organismos para actuar como intermediarios. Estas funciones correspondían a las comunidades autónomas que a través de esas autoridades correspondientes las desarrollaban.

El problema está en que actualmente no existe ningún organismo concreto -corríjame usted después si me equivoco- dentro del ministerio que realice esta función. El Gobierno a través de un reglamento debería haber desarrollado la ley y después de dos años ya no lo ha hecho. Con lo cual, la situación actual es un completo dislate. Aunque la ley dice que la Administración General del Estado es la competente, algunas comunidades autónomas siguen ejerciendo tal función y otras han dejado ya de hacerlo con la consiguiente paralización de estos procesos. Ministra, tienen que cumplir ustedes la Ley 26/2015, de protección de la infancia. El Grupo Ciudadanos ha pedido ya muchas veces que se ponga en marcha de


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manera urgente ese reglamento. En la anterior legislatura -ya lo he dicho- utilizaban ustedes la excusa de la interinidad en la que se encontraba el Gobierno y, por lo tanto, la imposibilidad de poner en marcha reglamento alguno. A pesar de ello, ustedes sí aprobaron reglamentos como el de control de la patata de siembra, alegando que en ese caso se trataba de interés general. Le pregunto: ¿Considera el Gobierno del Partido Popular de interés general la infancia y el derecho de los menores a tener una familia? (Aplausos). Con sus actos creo que ustedes dejaron y siguen dejando claro que no es así. La patata en ese momento sí era de interés general, pero los niños no. Pero ya no es solo esa la cuestión, formaron Gobierno en el mes de octubre del año pasado y siguen sin hacer absolutamente nada. Hablamos, como he dicho antes, de cumplir leyes, señoría, que no fueron pensadas en ningún momento para hacer una campaña electoral. Las leyes están para algo más. Están dejando ustedes pasar un tiempo precioso, un solo año o incluso meses en la vida de un niño pueden ser decisivos porque puede cambiar su personalidad y su futuro. Ustedes han dejado pasar ya muchos años. ¿Van a ponerse ya en marcha?

Por otro lado, como usted bien sabe también, quienes realizan la labor de intermediación entre las autoridades de los países de origen y las familias son los organismos acreditados para la adopción internacional, tramitan casi el 90 % de los expedientes. Estos organismos son entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social, una labor que el Estado está delegando de alguna manera en ellas. A principios de este año había cuarenta y un organismos acreditados, muchos de ellos han tenido que cerrar y todos los que quedan viven una situación verdaderamente asfixiante. ¿No cree usted necesario hacer algo ya desde el Estado? Estos organismos llevan expedientes de muchas personas que han estado esperando, algunas más de diez años esperando, para poder adoptar. ¿No se siente usted responsable de lo que están pasando estas familias, de los niños que podrían estar con ellas? Si el Ejecutivo decide no realizar de manera directa esa labor, al menos no bloqueen el buen trabajo que están haciendo estas organizaciones, que, por cierto, las realizan sin recibir financiación alguna por parte del Estado -ni ellas ni las familias que acuden a ellas-. La situación es insostenible ya, ministra. ¿Qué medidas va a poner usted en marcha para que las adopciones dejen de estar bloqueadas en nuestro país?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, señora presidenta.

Señora Reyes, gracias por su interpelación porque me da la oportunidad de tratar un tema que para mí es muy importante por su carga social y su sensibilidad, como usted ha explicado, y con el que el Gobierno de España está profundamente comprometido, que es la protección de los menores.

La protección de los menores es una máxima prioridad para el Gobierno de España. La infancia constituye el bien más preciado de una sociedad, y no hay mejor forma de protegerla que brindar a los niños la posibilidad de tener un hogar, una familia, que puedan crecer en el seno de una familia que les enseñe y les proporcione seguridad, amor y cariño y los guíe en su desarrollo como personas. Es cierto que el proceso de adopción, tanto nacional como internacional, es de muchos años y que este tiempo de espera e incertidumbre para los padres de ese hijo tan deseado se hace eterno y frustrante. Contamos con importantes instrumentos legislativos que nos permiten proporcionar, en las mejores condiciones y con la mayor seguridad, ese amparo que reclaman los niños y colmar las expectativas de las familias que quieran acoger y/o adoptar en el seno de su hogar. En particular, en la Ley Orgánica de 22 de julio de 2015, de Protección Jurídica del Menor, aprobada por el Gobierno y que entró en vigor en agosto de 2015, se refuerza el derecho del menor a que su interés sea prioritario.

Usted me hablaba del interés del menor y, efectivamente, es prioritario y así figura en la ley orgánica de 2015. Esta ley recoge las observaciones de Naciones Unidas y por primera vez en nuestro país establece unos criterios de interpretación flexibles y abiertos que permiten delimitar lo que se debe entender por interés superior del menor, un principio que se debe adecuar y responder a los derechos esenciales que asisten a los niños en las distintas circunstancias que puedan afectarles. La ley identifica la necesidad de que la vida y el desarrollo de los niños tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia para satisfacer así el derecho integrado en ese interés superior. En ese contexto, la ley da prioridad al acogimiento familiar frente al residencial, al de los centros de acogida, porque realmente queremos que nuestros hijos en España estén en familias y no en centros tutelados o de acogida.


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En la misma línea, la ley de 2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, aprobada por el Gobierno en julio de ese año, lleva a cabo una profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia, incorporando a nuestro ordenamiento las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños tanto en lo que se refiere a la adopción nacional como a la internacional. Esta ley simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma tal que no será preceptiva la intervención de un juez. Al igual que sucede con las familias adoptantes, las acogedoras también serán objeto de valoración para determinar su idoneidad. El objetivo es que el menos todos los menores de tres años puedan vivir con una familia sin pasar por un centro de acogida y, además, si hay varios hermanos, se procura que siempre permanezcan juntos. En este sentido de protección del menor se suprime tanto el acogimiento provisional, que ya no será necesario ante la simplificación del acogimiento familiar, como el acogimiento preadoptivo que, en definitiva, es actualmente una fase del procedimiento de adopción.

La ley, por tanto, introduce mejoras en los procedimientos de adopción, que se completan con más garantías. Así, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación. Se unifican, por tanto, los criterios de idoneidad de las familias adoptantes, entre los que destaca la imposibilidad de adoptar a quien esté privado de la patria potestad de un hijo, y también se introducen novedades como la adopción abierta, que supone la posibilidad de que pueda mantenerse alguna forma de relación o contacto con algún miembro de su familia de origen. Con esa nueva ley de 2015 queremos que sean más familias españolas las que pueden acceder al acogimiento familiar y la adopción sin tener que buscar alternativas en otros países. Somos muy conscientes de las dificultades que las familias tienen que atravesar a lo largo del proceso de adopción, pero también estamos plenamente comprometidos con todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Estamos trabajando para conseguir que ningún menor tenga que vivir su infancia y adolescencia en un centro de acogida, como usted bien decía.

En cuanto a las adopciones internacionales, la ley de 2015 modifica de forma importante la Ley 54/2007, de Adopción Internacional. Las novedades que la ley introduce tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos del niño en las distintas fases del proceso de adopción. La fase de preadopción define a los futuros adoptantes no como solicitantes sino justamente como personas que se ofrecen para adoptar, situando la protección del menor en el centro del proceso. Establece los requisitos de idoneidad y detalla las obligaciones de los futuros adoptantes. Y en la fase de posadopción se establecen consecuencias jurídicas por el incumplimiento de las obligaciones contraídas con los países de origen de los menores, especialmente respecto a los informes de seguimiento. Además, fortalece el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas, exigiendo a las entidades públicas competentes la conservación de la información disponible sobre los orígenes del menor adoptado. La ley refuerza las previsiones de garantía de las adopciones internacionales obligando a que la tramitación se lleve a cabo por medio de los mencionados organismos acreditados de intermediación en la adopción internacional. Es más, la ley establece que será competencia de la Administración General del Estado, en los términos y con el procedimiento que reglamentariamente se establezcan, la acreditación de los organismos de intermediación en la adopción internacional. ¿Qué ofrece esta decisión? Ofrece ventajas: la acreditación centralizada, por tanto, una atención de un organismo a ciudadanos residentes en todo el territorio nacional, homogeneizando los requisitos y costes para un mismo país de origen; también facilita la colaboración en el control y seguimiento de los organismos acreditados; facilita una decisión única para el inicio y suspensión de la tramitación con los países de origen; el registro de reclamaciones e incidencias de ámbito nacional, así como un modelo de contrato único entre los solicitantes y los citados organismos.

La nueva ley introduce otras importantes novedades en las normas de derecho internacional privado como la modificación y revisión de la adopción, las adopciones consulares, así como las adopciones claudicantes. La ley señala también que no se reconocerán en España adopciones constituidas en el extranjero cuando vulneren el orden público español, entendido para ese efecto como la preservación del interés superior del menor, particularmente en casos de menores no adoptables al no existir los consentimientos informados, libres y gratuitos de sus representantes legales. En los casos de adopciones realizadas por adoptante español pero residente en el país de origen del adoptado, la ley regula la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados implicados y se prevé el reconocimiento de la doble nacionalidad en supuestos de adopción internacional en los que la legislación del país de origen contempla la conservación de su nacionalidad por parte del menor adoptado.


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Señoría, este ministerio está trabajando en el desarrollo reglamentario de la ley, cuya aprobación, es cierto, se ha retrasado por el tiempo en que estuvo el Gobierno en funciones. La elaboración del reglamento reviste una considerable complejidad técnica, pues atribuye al Estado competencias, como muy bien decía usted, que hasta la fecha venían siendo desempeñadas por las comunidades autónomas, lo cual exige estrechar la colaboración con las mismas. Es la Administración General del Estado -usted también lo decía- quien asume, con la colaboración de las comunidades autónomas, la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones con determinados países, así como la acreditación, el control y el seguimiento de los organismos acreditados para la adopción. Ya nos hemos puesto en marcha y le puedo decir que ahora mismo el preborrador de este proyecto normativo está colgado en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, abierto a la consulta pública, y será próximamente remitido a los ministerios implicados y a las comunidades autónomas para su análisis en la próxima reunión de directores generales de Infancia y Familia y posteriormente remitido a los organismos acreditados y demás agentes. Desde el Gobierno somos plenamente conscientes del malestar que produce la demora en la aprobación de este reglamento, por eso nos hemos puesto en marcha y por ello hoy ya podemos decir que el preborrador de este proyecto normativo está en consulta pública.

Quisiera dejar muy claro que este retraso de ninguna manera paraliza los procesos de adopción internacional en marcha o que se vayan a iniciar. Los organismos acreditados por las entidades públicas de las comunidades han continuado su actividad manteniéndose vigente su acreditación. Además, la tramitación a través de las autoridades públicas competentes tampoco se ha visto afectada por este motivo, sino por los cambios de la realidad de la adopción internacional: el descenso del número de adopciones internacionales o el cambio de perfil de los menores adoptables en los países de origen.

Señoría, en estos últimos años la adopción internacional -y usted lo explicaba muy bien- se ha tornado compleja y no tiene nada que ver con lo que sucedía entre los años 1997 y 2004. Los cambios, muy significativos ocurridos en los últimos años han tenido como consecuencia una fuerte caída global y constante en el número de adopciones. La adopción internacional experimentó un crecimiento muy acusado desde el año 1997 hasta 2004. En ese año 2004 el número de menores adoptados por familias españolas alcanzó un total de 5541 adopciones, frente a las 942 alcanzadas en 1997. Esta cifra situó a España como el segundo país en el mundo en adopciones internacionales, después de Estados Unidos. A partir del año 2005 se ha constatado un descenso en las adopciones, llegándose en el año 2015 a la cifra de 2216 adopciones. Comparativamente, este descenso ha sido más significativo en nuestro país, justamente usted lo ha dicho, una caída del 86 % desde el año 2004, frente al 74 % de descenso global. Esta diferencia se explica porque las cifras de partida en España eran muy elevadas en comparación con las del resto de los países. Por poner algunos ejemplos, en Estados Unidos las adopciones internacionales en 2004 fueron de 22 000 personas, cayendo ahora a 5600 personas. En Francia, en el mismo periodo, fueron 4000 personas y ahora son 815 personas. En Suecia cayó de 1100 adopciones a 333. En Alemania se adoptó a 749 menores en 2004 y ahora, en 2015, se han producido 200 adopciones. En muchas ocasiones este descenso del número de adopciones está motivado por las modificaciones legislativas operadas en los países de origen, dando prioridad a los adoptantes sobre los extranjeros. A ello ha contribuido también la ratificación o adhesión de cada vez más países al Convenio de la Haya de adopción internacional, en tanto que su aplicación efectiva constituye un verdadero progreso, especialmente por el desarrollo de medidas de cuidados alternativos en el ámbito nacional. Unido a este descenso, se ha producido en España un incremento de propuestas de asignación por parte de los países de origen de niños con necesidades especiales: niños mayores, grupos de hermanos, con problemas de salud y de desarrollo. Solo en algunos países estos menores son propuestos para adopción internacional al no disponer en su país de familias adoptivas idóneas para ellos, y es una satisfacción comprobar la solidaridad y la generosidad de muchas familias adoptantes españolas.

El interés superior del menor es el eje de nuestras políticas en materia de acogimiento y adopción y su bienestar pasa por ayudarles a encontrar un entorno familiar idóneo para su desarrollo como personas. Mi compromiso y el del Gobierno es conseguir que ningún niño se quede sin una familia.

Muchísimas gracias, señora Reyes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Reyes Rivera.


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La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Le agradecemos, ministra, que haya hecho una extensa exposición de la ley, pero la verdad es que la conocemos. Ustedes no paran de sacar pecho por esta ley, pero tanto usted como yo sabemos que prácticamente no sirve de nada si no se acomete el necesario desarrollo reglamentario. Han hecho ustedes ya demasiadas normas que no se cumplen o porque les faltan los instrumentos jurídicos o porque no se las dota de presupuesto.

Dice usted que ha salido a información pública el reglamento. Esto no es un reglamento, señoría. (Muestra un documento). Hace un año más o menos nos dijeron que ese reglamento estaba ya prácticamente hecho. La verdad, seguimos sin verlo. De todas maneras, le digo que nos alegra enormemente que quieran impulsarlo y vamos a seguir insistiendo todo lo que sea necesario y más.

El año pasado, a causa de una interpelación sobre pobreza infantil de la señora Belarra, del Grupo Unidos Podemos, usted presumió de esa ley y reconoció que en materia de acogimiento y adopciones era necesario ese reglamento. Han pasado ya seis meses desde que usted lo dijo aquí y no hay ni rastro del reglamento. Llevamos ya mucho tiempo escuchando que ustedes están trabajando en ello. ¿Cuál es el problema para que no salga? Por favor, díganoslo. La realidad que estamos viviendo no es la que aparece en la ley. La realidad que estamos viviendo es la que yo he explicado en mi primera intervención. ¿A usted le parece razonable que los trámites de adopción internacional puedan tardar diez años? Muchos adoptantes dejan de cumplir los requisitos en materia de edad y tienen que desistir. ¿Le parece razonable que las adopciones nacionales estén cerradas en varias comunidades autónomas como la de Madrid? ¿Es razonable que si alguien de Madrid quiere adoptar a un niño, este no pueda ser un niño de Granada, por ejemplo? Eso es lo que les dicen en algunos servicios sociales a los posibles adoptantes.

Ustedes se escudan en el hecho de que los niños que se encuentran en los centros no cumplen las expectativas de las familias adoptantes. Así nos respondieron a una pregunta por escrito que hicimos al Gobierno. ¿Es esto realmente así? Conozco a varias familias que quieren y son aptos para adoptar niños mayores o niños con enfermedades o patologías. En la comunidad autónoma en la que viven les dicen que no tienen niños de esas características y que les es imposible acceder a la información de otras comunidades autónomas. ¿No será esto una falta de coordinación? Esto está ocurriendo actualmente porque el Gobierno no está actuando con la suficiente diligencia.

Para muchas personas la adopción internacional es la única alternativa para formar familia, ya lo he dicho, de la misma manera que para muchos menores es la única medida de protección posible cuando no encuentran un entorno familiar adecuado en su país de origen. No podemos cerrar a los españoles la posibilidad de adoptar y a esos niños la posibilidad de tener un hogar. Usted hablaba de la dificultad de las adopciones internacionales. Dice que el hecho de que caiga el número de adopciones en España más que en otros países se debe a que en su momento adoptábamos mucho. ¿Quiere decir esto que ahora queremos adoptar menos? Porque tenemos 33 000 familias esperando, ministra. ¿No le parece a usted cuando menos curioso que el resto de la Unión Europea adopte en 45 países que España mantiene cerrados? Haití, Sri Lanka, Ghana, Nigeria, Kenia, Taiwán, Sudáfrica, Ucrania, Camerún, y podría seguir leyendo. Son países que están abiertos en lugares tan sospechosos como Francia, Alemania, Dinamarca o Suiza, por poner ejemplos. ¿Va a estudiar la posibilidad de abrir esos países a la adopción? Si es así, ¿qué organismo lo autorizará y cuál será el mecanismo?

Desde Ciudadanos creemos que se está produciendo una dejadez de funciones en esta materia porque de los 35 países abiertos, en la práctica, solo se mueven de manera efectiva Vietnam, China, Rusia, Bulgaria y Etiopía, y ahora le explico lo que pasa en cada uno porque en muchos de ellos están a punto de cerrarse. En China, previsión actual, media de espera, diez años. En Rusia, la media de espera ha sido de cinco años y ahora las asignaciones se corresponden únicamente a niños con diagnósticos médicos graves. Alguna comunidad autónoma incluso ya lo ha cerrado por las graves dificultades en la tramitación de los expedientes. En Etiopía ya no se pueden solicitar prácticamente. En Vietnam solo se tramitan adopciones para niños con necesidades especiales, esas que ustedes además no promueven con campañas informativas. En Filipinas la tramitación se está complicando cada vez más, una media de espera de seis años. ¿No será que, como ustedes no tramitan los expedientes, no tienen conocimiento real de lo que está pasando? Escuchen al menos a los organismos que se ocupan de este asunto.

Señora ministra, tiene que poner ya de una vez los medios necesarios para que los procesos de adopción dejen de estar bloqueados en nuestro país. Y, ministra, tampoco tengamos miedo a los diferentes modelos de familia. Está la familia tradicional, que nosotros también defenderemos, pero hay otros modelos como familias con niños adoptados e incluso que vienen a este mundo a través de gestación


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subrogada, familias con parejas heterosexuales o con parejas homosexuales. Abran los ojos a los cambios de la sociedad.

Para finalizar ya, repito lo que dije al principio de la interpelación: desde Ciudadanos no vamos a parar de insistir hasta que se desbloqueen los procesos de adopción, señora ministra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora Reyes, como le decía en mi primera intervención, el interés superior del menor es nuestra máxima prioridad. ¿Por qué he explicado bien la ley? Porque usted me ha preguntado sobre el interés del menor y yo le he querido contestar que nosotros hicimos esa ley, que es la primera ley en la democracia que defiende la protección del interés del menor. En la pasada legislatura modificamos la Ley de adopciones para agilizar el acogimiento y las adopciones, con seguridad, eso sí. Ahora le voy a hablar de los procesos, que tienen que ser seguros para proteger el interés del menor.

Quiero dejar bien claro, ya que ha hablado de diferentes países, que la Ley de Adopción Internacional establece que no se tramitarán solicitudes de adopción en las siguientes circunstancias: cuando el país en el que el menor tenga su residencia habitual se encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natural, si no existe en el país una autoridad específica que controle y garantice la adopción y cuando en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción y las prácticas y trámites de la adopción en el mismo no respeten el interés del menor o no cumplan los principios éticos y jurídicos internacionales. La he escuchado con mucha atención, pero no he oído que hablara de seguridad y protección, de seguridad en los trámites.

Sobre la base de estas consideraciones que acabo de hacer, en España está abierta la adopción a 34 países y en el año 2015 han llegado niños adoptados a nuestro país procedentes de 28. Los cinco países de origen más significativo son: China, Federación Rusa, Vietnam, Etiopía -de este caso especial me ocuparé más adelante- y Filipinas. Después de analizar la situación de los países, una de las mayores preocupaciones del Gobierno es asegurar que las adopciones se hagan con las necesarias garantías, siendo la primera y básica la adoptabilitad de los menores. Es decir, hemos de garantizar que el menor es huérfano, que realmente ha sido abandonado por sus padres o que estos han dado el consentimiento para su adopción sin estar sometidos a presiones o desconociendo las consecuencias de la misma. Hemos de ser conscientes de que puede darse el caso de que detrás de una adopción aparentemente correcta pueden esconderse mafias y el tráfico de menores.

Debido a la falta de garantías en la tramitación de adopciones y en el marco de la Comisión interautonómica para asuntos de infancia y familia, se han adoptado dos medidas: la suspensión de adopciones con los siguientes países: Cabo Verde, Etiopía, Guatemala, Haití, Nepal y Ucrania, así como la no iniciación de expedientes en Camboya, en Kirguistán y en otros países. Por otro lado, el Gobierno etíope ha decretado el 21 de abril de 2017 la suspensión temporal de las adopciones internacionales al haber recibido varias denuncias de casos de corrupción y de tráfico de niños. Esta suspensión afecta a todos los expedientes, independientemente de la situación en que se encuentren. En España hay 460 familias en espera de asignación y 46 familias con menor asignado. Además, me satisface informarles de que la embajada española en Addis Abeba ha logrado que las autoridades del país desbloqueen la situación de las 6 familias con sentencia firme de adopción. Sin embargo, siguen paralizados hasta nueva orden el resto de expedientes. Este ministerio está en continuo contacto a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con la embajada española en Addis Abeba, que nos mantiene informados sobre la evolución de la situación. Finalmente, les comunico que próximamente se va a celebrar una reunión con las comunidades autónomas afectadas para estudiar la situación de Burundi, donde se han visto comprometidas 30 adopciones por la quiebra de un organismo acreditado. A veces las cosas desde aquí se ven de una manera y desde allí de otra y se complican, pero lo que tenemos claro es que siempre debemos proteger la seguridad y la garantía en el procedimiento. En el mundo hay muchos niños que están a la espera de un hogar y en España hay muchas familias que están dispuestas a brindarles la protección, el cuidado y el amor que necesitan para su desarrollo como personas. Por eso este ministerio trabaja de forma continua en el estudio de nuevos países para la adopción internacional que garanticen el interés superior del menor y la seguridad jurídica de los procedimientos. Actualmente, estamos trabajando para la apertura de Eslovaquia y de Sudáfrica y estamos en fase de estudio de Haití y de Corea de Sur.


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Termino con un mensaje de agradecimiento a las familias españolas adoptantes por su generosidad y ejemplo, pues cada día demuestran los valores que definen a este gran país solidario. Que no les quepa ninguna duda de que al someter a consulta pública el preborrador del reglamento este Gobierno y esta ministra están comprometidos con la agilización, siempre con las máximas garantías, tanto del acogimiento como de la adopción internacional. Tenemos muy claro que tenemos que reducir el número de chavales en nuestros centros de acogida y que necesitan estar con familias, porque es en el seno familiar donde mejor pueden crecer y ser educados. No les quepa ninguna duda de que continuaremos trabajando. Ya hemos puesto en marcha este preborrador y estoy a disposición de su grupo parlamentario para hablar de este reglamento. Tenemos que hacerlo conjuntamente con las comunidades autónomas por lo que he comentado de las competencias, que han vuelto a ser estatales, pero quiero coordinarlo y dialogarlo con ellas porque es un tema que afecta a la Administración General del Estado, al Gobierno de España, pero sobre todo a las comunidades autónomas. No nos podemos olvidar de las competencias de las comunidades autónomas tanto en centros de acogida como en el tema de las adopciones. Por tanto, lo quiero hacer dialogando con los grupos políticos y también con las comunidades autónomas, que son una pieza clave en los procesos de acogimiento y de adopción nacional e internacional.

Muchísimas gracias, señora Reyes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE JUSTICIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR COMO CONSECUENCIA DE LAS MANIOBRAS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL SENO DEL MINISTERIO FISCAL DIRIGIDAS A OBSTACULIZAR DETERMINADAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE LAS PROPIAS ACTUACIONES DEL MINISTRO EN RELACIÓN CON ESTAS CAUSAS. (Número de expediente 172/000042).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al señor ministro de Justicia, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del ministerio fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

Señor ministro, con el PP en el Gobierno creíamos haberlo visto todo en la justicia española, pero usted ha multiplicado nuestra capacidad de asombro. Con decirle que ha hecho bueno a su antecesor -no le digo más- creo que debería bastarle. Me limitaré a recordarle algunos episodios recientes que hoy hemos tenido ya bien presentes.

A mediados de febrero usted fue pillado in fraganti informando al hoy dimitido expresidente de Murcia de las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Usted fue pillado dándole el chivatazo, la buena nueva, a su compañero de partido, avanzándole que el nuevo fiscal general había logrado imponerse a los fiscales de Murcia para evitar su imputación inicial. Con serlo, lo grave de aquel esperpéntico episodio no fue que usted conociera los pasos de la fiscalía y actuara como correveidile entre el fiscal y el expresidente de Murcia; lo peor fue que usted agredió profesionalmente a las fiscales, vulnerando flagrantemente la autonomía del ministerio público y provocando una contestación desconocida hasta la fecha en la carrera fiscal y el Consejo Fiscal. Le diré más. Aún peor fue comprobar que un fiscal general nombrado sorpresivamente por el Gobierno pocas semanas antes -a propuesta suya, ministro- urdió una operación dirigida a un único fin: desarbolar los esfuerzos de los fiscales en la lucha contra la corrupción y garantizar la impunidad de un dirigente del PP frente a acusaciones de corrupción. Fue una operación que culminó pocos días después, sin atisbo de rubor ni culpa ni complejo del fiscal general, con el cese del fiscal jefe de Murcia; y no solo eso, como veremos a continuación. Ministro, pocos días después, el 22 de febrero, usted compareció en esta Cámara. Cuanto acabo de referirle lo tuvo que oír de boca de mi compañera la diputada Isabel Rodríguez, quien denunció esta intromisión intolerable, este desprecio a la autonomía del ministerio fiscal y este absoluto desconocimiento de la ley. Usted sin inmutarse, como acostumbra, apeló al crédito y respeto de las instituciones. En esa misma sesión yo mismo le recordé la clamorosa dimisión del señor TorresDulce, el mismo que meses atrás advirtió que dimitiría el día en que sintiera amenazada su autonomía por el Gobierno. Le recordé la no renovación de la señora Madrigal, sorpresiva para todos


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porque es una mujer de larga y reconocida carrera profesional. Finalmente, denuncié el nombramiento del señor Maza como un fiscal general obediente, dócil y domesticado. Le confieso, ministro, que haber acertado en estos duros -casi crueles- calificativos no me provoca satisfacción ninguna. Pero usted, ministro, volvió a hacer gala de su inmutable pose y no evidenció atisbo alguno de rubor. Le reconozco, ministro, que pocos personajes de nuestra vida pública manejan como usted esta técnica de autocontrol. Usted se envolvió en la bandera constitucional y me dedicó algunas frases dignas de ser recordadas hoy aquí. Preguntaba cómo un catedrático de derecho constitucional podía poner en cuestión el funcionamiento de la justicia o la presunción de inocencia, o cómo me atrevía a calificar al fiscal general como persona dócil y domesticada. De verdad, ministro, con las conversaciones telefónicas que hemos conocido estos días, ¿no le va a cambiar el rictus ni siquiera mínimamente? A lo mejor conseguimos algo antes de que acabe este debate. Pero lo que podía parecer un lamentable episodio, una operación aislada de control gubernamental de la fiscalía para salvar a uno de los suyos, pronto se evidenció toda una estrategia a largo plazo, una estrategia para instrumentalizar la fiscalía en su beneficio político, y para garantizar la impunidad de los cargos del PP en todas las causas penales pendientes por corrupción.

Dos días después de aquel debate, el 24 de febrero, el Consejo de Ministros cesó al fiscal jefe de Murcia y acometió dos insospechados nombramientos: el del señor Moix, como fiscal jefe Anticorrupción, sin experiencia alguna en ese ámbito y frente a candidatos solventes y reconocidos, y el del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Alonso, a quien todavía no le ha tocado jugar ningún papel estelar en esta tragedia, pero me imagino que todo llegará. El señor Alonso sustituyó al señor Zaragoza, quien aspiraba a renovar en un puesto que venía desempeñando sin tacha y con el reconocimiento de todos. Tan inauditos nombramientos no encontraron en el fiscal general mejor justificación que la necesidad de incorporar nuevos aires y nuevo impulso, y esos nuevos aires y nuevo impulso -para escándalo de propios y extraños- no han tardado en evidenciarse en los escasos dos meses del señor Moix en el puesto. Dos meses en los que ha intentado evitar registros y escuchas a los investigados en la Operación Lezo, en los que ha intentado apartar al fiscal principal de la Operación Lezo, en los que ha intentado apartar a los fiscales que han investigado la corrupción en Cataluña, en los que ha parado denuncias de imputados por corrupción contra los propios fiscales Anticorrupción, y en los que ha propuesto sancionar a los medios de comunicación para amordazar la libertad de prensa en la lucha contra la corrupción. Y todo eso en dos meses, por cierto, ministro, emulándole a usted, la misma mordaza periodística que usted propuso el 29 de abril. Usted va creando escuela en la defensa de nuestros derechos constitucionales. Por fortuna, ministro, en este país hay grandes profesionales, en la prensa, en la fiscalía y en la judicatura, periodistas libres e íntegros al servicio de la democracia, fiscales abnegados y comprometidos con la lucha contra la corrupción y jueces independientes que garantizan, mal que les pese a ustedes, el funcionamiento de nuestro Estado de derecho. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento; la sociedad española sin duda está en deuda con ellos.

Ministro, no es necesario que suba usted a esta tribuna a leernos una retahíla de artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. (Protestas). Nos los sabemos todos. No suba a esta tribuna a sobreactuar apelando a la autonomía del ministerio público. No se moleste recordándonos el artículo 27 del estatuto orgánico, no quiera ensalzar el valor constitucional de la independencia, no enarbole la bandera de la presunción de inocencia como un mantra que todavía les protege. Sobre la presunción de inocencia les recordaré, ministro, a usted y a algún ignoto diputado de su grupo, que todo tiene un final, que la presunción de inocencia no es eterna, y que no son pocos los correligionarios, sus correligionarios del PP, que ya están en la cárcel -con condenas firmes o no- y lo van a estar durante décadas. Como valenciano le podría recordar algunos casos. Aunque, eso sí, debo reconocerle que su número, comparado con la larga lista de nombres ilustres del PP que están hoy en prisión preventiva, todavía no es significativo. Pero todo llegará. No se embocen en la presunción de inocencia, esa que enseñamos en las aulas de las facultades de derecho a estudiantes incrédulos, a los que lamentablemente ustedes han abocado a la incredulidad, forjando la presunción de indecencia frente a la presunción de inocencia. (Aplausos). Indecencia porque no otro nombre tiene cómo ustedes han manoseado y corrompido el funcionamiento de instituciones centrales de nuestra democracia, en concreto la que hoy nos ocupa, el ministerio público. Señor ministro, cómo quiere usted calificar las obscenas conversaciones de los señores Zaplana, Cerezo y González. No va con usted al parecer.

Cuanto le he relatado parecerían maledicencias, maledicentes conjeturas si la tozuda realidad no convirtiera este relato en una realidad incontestable, porque hace seis meses Ignacio González ya sabía que Moix sería nombrado fiscal Anticorrupción y que Alonso iría a la Audiencia Nacional. ¡Menuda


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clarividencia! ¿Le suena esto, verdad, ministro? Se lo han recordado hoy aquí también. Yo creo que podemos colocar el asunto del fiscal Anticorrupción: si sale, es cojonudo; se llama Moix. Y añadiendo: Yo no me corto en decirle a Rafa que el aparato del Estado y los medios de comunicación o los tienes controlados o estás muerto. Y hoy su sms a Ignacio González, señor ministro, adquiere pleno significado. Los líos de los que quería librarle eran los líos judiciales. Pero esto no es un episodio aislado, forma parte de una estrategia urdida entre Moncloa y Génova, inspirada por el señor Rajoy, de la que usted es mero brazo ejecutor, que persigue un único objetivo: la impunidad del PP frente a la corrupción.

Ustedes no han podido con los jueces, en particular con los jueces de instrucción, independientes en nuestro país, y quieren hacer de la fiscalía su caballo de Troya en la justicia para controlar la acusación penal, sin disimular su deseo de suprimir la acusación popular y para condicionar las medidas cautelares que adoptan los jueces de instrucción. Ustedes son indiferentes al enorme coste que esta degradación de la justicia genera en la credibilidad de nuestro Estado de derecho. Se trata de un intento desesperado por lograr la impunidad, no solo política, sino personal, y es una conclusión bien triste, ministro. Hoy usted aquí, con un mínimo atisbo de dignidad, debería asumir sus responsabilidades políticas, antes de que le deje caer el señor Rajoy, porque no lo dude, más pronto que tarde ocurrirá.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, señor Rallo, muchas gracias por decirme de lo que no debo hablar en esta tribuna. En cualquier caso, intentaré defender mis argumentos, con independencia de que usted se crea en posesión de la verdad, y por lo tanto me diga de lo que podemos y de lo que no podemos hablar. (Aplausos). Decía Dostoievski que para que la verdad resulte verosímil hay que añadirle alguna mentira, y leyendo su interpelación y oyendo su intervención me parece que se le ha ido un poco de la mano el uso de las mentiras, porque en cada frase, en cada párrafo hay una incertidumbre o algo que no es cierto. Me parece que si queremos encontrar la verdad en algún asunto -y este puede ser un asunto bien importante- no se puede hacer desde la falta de rigor, desde la manipulación y desde la demagogia, como lo ha hecho usted, señoría.

Ustedes han venido a este Pleno con la intención de generar confusión; no han venido a buscar respuestas, han venido a intoxicar; no han venido a aclarar, han venido a destruir y no a construir, y eso es tan evidente como que esta tarde está convocada la comparecencia del fiscal general del Estado y la mía misma, y ustedes, sin esperar a esas comparecencias, han considerado que tenía sentido esta interpelación urgente sin esperar como digo a las comparecencias de esta tarde. Yo creo que este tipo de planteamientos hacen mucho daño a las instituciones porque crean desconfianza, porque si ustedes siembran la duda del trabajo sobre la Fiscalía General del Estado hacen daño, señoría, a la labor cotidiana de 2500 fiscales que cada día protegen los derechos de los ciudadanos y protegen el cumplimiento de la ley.

Usted dice que hay unas referencias continuas a la corrupción y que el Gobierno y la fiscalía están tapando esta corrupción. Yo no voy a entrar a hacerle a usted el repaso de los más de seiscientos investigados y de los 4300 millones de euros públicos defraudados en casos que están afectados por personas que pertenecen al Partido Socialista. No voy a hacerlo porque no tendría tiempo, se me acabaría el tiempo de esta interpelación y yo quiero hablar de la fiscalía y del trabajo que desarrollan los fiscales cotidianamente. En su intervención usted dice que el fiscal general, el señor Maza, fue nombrado por el Gobierno. Es verdad que el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, como lo ha sido siempre a lo largo de toda nuestra historia porque es el modelo constitucional, y los fiscales jefes, son nombrados también por decreto del Consejo de Ministros a propuesta del fiscal general del Estado. Usted lo que no ha dicho es que es oído previamente el Consejo Fiscal, el órgano compuesto por fiscales elegidos por sus compañeros y cuyas sus decisiones se toman de manera democrática. Señoría, el Gobierno no nombra a quien considera, nombra a quien le propone el fiscal general del Estado, avalado por la mayoría del Consejo Fiscal. A usted no le parece un sistema participativo y democrático, así que estamos esperando que hagan una propuesta alternativa de cómo hay que hacer los nombramientos de los fiscales jefe.

En segundo lugar, usted acusa -nada más y nada menos, usted sabrá- al fiscal general del Estado de tratar de impedir investigaciones penales vinculadas con la corrupción. Señoría, me parece gravísima


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esa acusación. Estoy seguro de que usted tendrá pruebas que lo acrediten y lo puedan demostrar, porque si no me parecería una grave irresponsabilidad en la que está incurriendo. Lo hace, por ejemplo, aplicándolo a una investigación relativa al anterior presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. En este caso el fiscal general del Estado actuó exactamente como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El asunto fue analizado por seis fiscales, señoría, que no encontraron motivos para proceder contra el anterior presidente. Fíjese que de esos seis fiscales del Tribunal Supremo varios de ellos son reconocidamente asociados a la Unión Progresista de Fiscales y varios de ellos han sido nombrados por el fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido. No me parece que sean sospechosos de ser partidarios o partidistas ni de querer apoyar a ningún presidente autonómico del Partido Popular. Sin embargo esos fiscales que informaron en contra a usted no le merecen ningún mérito, porque usted sabe que hubo presiones para que seis fiscales del Tribunal Supremo informaran negativamente una propuesta de acusación. El Consejo Fiscal, el órgano de representación de los fiscales, ha dicho que defiende y sostiene la autonomía funcional del ministerio fiscal, y otorga la certeza de que todas las decisiones que se toman en su seno se ajustan a los procedimientos legal y estatutariamente establecidos. De todas formas, señorías, que a un presidente de una comunidad autónoma al que se le han abierto, creo recordar, dieciséis causas por la fiscalía de esa comunidad autónoma usted diga que se le quiere proteger, menos mal, porque si no le hubiésemos querido proteger no sé qué habría pasado entonces.

El tercer y cuarto párrafo de su interpelación y sobre lo que ha intervenido en esta tribuna siguen la misma dirección, porque atribuye una serie de actuaciones al Gobierno, al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción en la denominada Operación Lezo. Vuelve a decir otra vez que el fiscal general y el fiscal Anticorrupción han dado instrucciones contrarias a la investigación y a la realización de registros. Mire usted, lo que se ha hecho, una vez más, es el normal funcionamiento de esa institución, y por lo tanto el trabajo conjunto de los fiscales, el debate jurídico, y las discrepancias se han resuelto como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, en una junta de fiscales en la que la mayoría se impuso al criterio del fiscal jefe, que podría haber mantenido su criterio, porque tiene competencias para ello, pero consideró que era más adecuado llevar adelante las peticiones de los fiscales que habían conocido la causa. Y así se ha hecho: se han llevado a cabo todos los registros, todas las intervenciones, se han propuesto las medidas provisionales y esas personas a las que tanto se protege están hoy en prisión provisional, decretada por un juez y solicitada por el fiscal Anticorrupción. Además esa autonomía de la fiscalía no es que lo digo yo, no es una opinión mía ni es mi criterio; lo dice el Consejo Fiscal, lo ha dicho la Asociación de Fiscales y también, fíjese, la Unión Progresista de Fiscales que en un comunicado del pasado día 4 de mayo expuso -abro comillas-: "La percepción que ha podido transmitirse de una fiscalía plegada al servicio de los intereses políticos no se corresponde con la realidad, sino que -ellos avalan- la institución está formada por magníficos profesionales que ejercen cada día su función constitucional". Eso lo dice la Unión Progresista de Fiscales, no lo digo yo, señoría.

Además -otra vez más- introducen otra falacia más en su exposición, que es que el fiscal jefe Anticorrupción ha querido apartar a uno de los fiscales que llevaba a cabo la investigación de esta Operación Lezo. No sé que información tiene usted, señoría, la que tengo yo -de medios de comunicación- es que es el fiscal el que legítimamente solicita a la Junta de Fiscales y anuncia al fiscal jefe que quiere irse de la fiscalía. Resulta que a los pocos días ya no quiere irse, quiere quedarse, por lo que el fiscal jefe lo que hace es pedir que se renueve su comisión de servicios. Por tanto el desenfoque es absoluto. Si alguien plantea la posibilidad de marcharse es el fiscal, que puede hacerlo legítimamente, que está en comisión de servicios y que su plaza la tiene en otra provincia, si bien es él mismo, ese fiscal, el que decide quedarse tras la petición del fiscal jefe Anticorrupción de que continúe y se prorrogue la comisión de servicio. Ustedes, y también anteriormente el señor Simancas, han insinuado que el fiscal jefe Anticorrupción es una persona nombrada para ayudar a tapar escándalos de corrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, además de tener treinta y un años de carrera -que considero que es un mérito en sí mismo-, fue nombrado en el año 2003 fiscal jefe de Madrid por el Gobierno de entonces, y en el año 2008, el ministro de Justicia, el señor Mariano Fernández Bermejo, elevó una propuesta al Consejo de Ministros para renovarle en su puesto, por tanto fue renovado por un Gobierno socialista. Ese mismo fiscal jefe fue nombrado en el año 2015 fiscal del Tribunal Supremo, y el Consejo Fiscal contó con el apoyo de los fiscales progresistas de la Unión Progresista de Fiscales. En definitiva ese intento de manchar el prestigio del señor Moix intentando hacer ver que es un fiscal cercano al Gobierno actual o al Partido Popular es absolutamente falaz, y es una injusticia absoluta con toda su carrera


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profesional. En todo caso, señoría, los hechos desmontan las mentiras, porque esos a los que se supone que se ha querido proteger están en prisión, y porque todas aquellas actuaciones que los fiscales han propuesto hacer en relación con esa Operación Lezo, todas y cada una de ellas, se han llevado a cabo.

Usted también ha hecho referencia al nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que era el teniente fiscal, es decir, el segundo de la fiscalía de la Audiencia Nacional y que llevaba muchos años trabajando. No sé si he entendido que usted le manda un aviso sobre a ver qué va a hacer, a ver si ahora resulta que también él va a tomar decisiones que a ustedes no les gusten. El fiscal jefe de una institución tan importante como la Audiencia Nacional está nombrado conforme a lo establecido en su estatuto para cumplir con su misión, y estoy seguro de que el señor Alonso así lo va a hacer.

Asimismo, y puestos a introducir insidias, usted insinúa que mis comunicaciones, en plural, con el señor González demuestran un compadreo, una amistad; incluso he escuchado esta mañana que yo le avisé de no se qué cosas. Señoría, creo que si busca a personas que tienen buenas relaciones con el señor González, investigue usted en la hemeroteca y en Google y quizá encuentre imágenes de doña Susana Díaz o del presidente de la gestora del Partido Socialista haciéndose fotos en esta Cámara con el señor González; tal vez pueda preguntarles cuáles son sus cercanías y cuáles son amistades. (Aplausos). En todo caso, de verdad, señoría, si ustedes pretenden convencer a alguien de que hace seis meses el señor González sabía quien iba a ser nombrado, cuando ni siquiera estaba formado el Gobierno ni se sabía quién iba a ser el ministro de Justicia ni el fiscal general del Estado, son ganas de generar especulación y tesis conspirativas. Cuando dicen que el señor González y el señor Zaplana son los que toman las decisiones en este Gobierno, ustedes sabrán lo que quieren decir y transmitir a los ciudadanos. Pero, señorías, quiero terminar esta intervención diciéndoles que todavía estamos a tiempo de parar esto, porque ni la fiscalía ni los fiscales ni los ciudadanos ni la sociedad española se merecen un uso tan zafio como el que se está haciendo de esa institución tan importante para nuestras libertades, para nuestros derechos y para nuestra democracia. Yo soy muy partidario de construir y no de demoler, y prefiero sumar voluntades al ruido que algunos pretenden llevar a cabo. Sigo pensando que en esta legislatura estamos en un momento proclive a la construcción compartida, a elaborar proyectos de reformas de nuestra justicia penal, a trabajar por la autonomía del ministerio fiscal, a fortalecer su posición. Asimismo estoy muy de acuerdo con el ministro Caamaño, que dejó hecho un proyecto de reforma de ley en el que se proponía que el fiscal fuese el que investigase las causas y el juez fuese un juez de garantías y un juez de tutela de derechos. Por lo tanto trabajemos en esa dirección, fortalezcamos a la institución y dejemos de levantar insidias que no tienen ni un solo fundamento de hecho en toda su argumentación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

Señor ministro, oyéndole ya solo podemos llegar a una conclusión, y es que usted está fuera de la realidad. Su última frase apelando al acuerdo, al consenso, a la necesidad de reformas legales, a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la instrucción penal a través del fiscal, etcétera, etcétera, ¿cree usted que en el estado actual de las cosas, con lo que hemos vivido durante la última semana, que está perfectamente documentado en la prensa de los últimos días, todavía puede acabar su intervención haciendo esta pseudofalsa invitación al acuerdo y al consenso? Señor ministro, están ustedes fuera de la realidad. Evidentemente aquí todos tenemos que demostrar y probarlo todo; ustedes nada. Pero la realidad es incontestable. Tan incontestable como que frente a sus teorías conspirativas la prensa del día, la del día, no hay que remontarse uno, dos, tres, cuatro o cinco días, la del día nos ilustra con un nuevo titular: El señor Maza supo ocho días antes de nombrar al fiscal Anticorrupción que era el favorito de González. ¡Y lo nombró! Lo nombró; será casualidad, todo esto es una pura conjetura, una conspiración general contra el Partido Popular. Es evidente que a ustedes lo que les duele de todo esto es que hubieran querido que los españoles no se enteraran. Ese es el drama. Y por eso -entre otras cosas- las propuestas de ataque a la libertad de información.

Lo cierto es que ustedes no resisten ni una grabación de sus conversaciones, sea en un hotel, sea en un despacho oficial, sea en la Caja Mágica. Usted puede envolverse en la bandera de la Constitución, del estatuto orgánico, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero le diré que aquí no estamos hablando de garantías formales que nuestro ordenamiento contempla. Estamos hablando de lealtad constitucional.


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Estamos hablando de cabal entendimiento de la función constitucional de la fiscalía y del resto de las instituciones judiciales de nuestro país. Nada puede evitar esas garantías formales que nuestro ordenamiento contempla si como hemos visto quien es nombrado para un cargo como fiscal general del Estado es obediente y sumiso, y sabe perfectamente cuál es el propósito de su nombramiento, mucho antes de serlo, sin necesidad de instrucciones formales adicionales. Lealtad constitucional.

Ministro, es evidente, la conclusión a la que llegamos en este debate no es otra que usted es el brazo armado de una estrategia diseñada por el señor Rajoy. Usted es el problema. Usted, tras sus aires melifluos y su pseudopactismo de salón, ya no engaña a nadie. Usted es ese brazo armado de una estrategia orquestada, no para combatir la corrupción, sino todo lo contrario: para combatir la lucha contra la corrupción. Y hay que reconocerle que va teniendo éxito, que es usted una auténtica arma letal, un killer. Usted ya se ha cobrado sabrosas piezas en las cabezas de varios fiscales. Pero no lo dude, se lo he dicho antes, se lo repito: o asume sus responsabilidades políticas con dignidad o más pronto que tarde será el señor Rajoy quien se cobre su cabeza. No se olvide que del 'Luis sé fuerte' a 'dejar de nombrar al innombrable' solo hay un paso, y a usted ya le ha llegado el primer mensaje: 'Rafa, sé fuerte, estas cosas pasan'.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señoría, pues sí, es verdad, yo creo en la política como manera de resolver los problemas de la sociedad y de los ciudadanos, y por eso me empeñaré durante el tiempo que sea ministro de Justicia en hacer política con mayúsculas por la justicia y por el Estado de derecho y por construir. Y por lo tanto al primer partido de la oposición le seguiré ofreciendo diálogo y le seguiré ofreciendo la posibilidad de trabajar juntos, máxime como cuando yo llegué al Ministerio de Justicia me encontré con documentos elaborados por los anteriores equipos del Ministerio de Justicia en los que había propuestas, fíjese, razonables, lo reconozco, de calidad jurídica, de sentido de Estado, y por lo tanto, ¿por qué no vamos a trabajar en esta legislatura, señor Rallo, en la mejora de nuestro sistema judicial, en el fortalecimiento de las instituciones, en el mejor funcionamiento cotidiano de la justicia? Bueno, salvo que quizá es que ustedes no están en esto, a lo mejor es que ustedes tienen sus problemas internos, además del horizonte internacional donde los partidos socialistas están desapareciendo en Europa -al menos con esa marca-, y que el CIS de ayer les sitúa a ustedes -tienen el gran mérito, ya lo decía doña Susana Díaz: que algunos se conforman con ser segundos- solamente por delante de los terceros, y quizá eso ya les parece suficiente. Quizá ese es su problema, lo que les impide que trabajemos por mejorar el Estado de derecho en España, por reformar las leyes, porque si a usted le parece que no es un proyecto razonable cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, pues hombre. Me parece que estos días seguramente no son los mejores para presentar proyectos de ley, a ver si ya acaba el ruido, a ver si nos ponemos a trabajar en lo que importa, a ver si trabajamos de verdad en la subcomisión para la reforma de la justicia. Vendré aquí a responder a interpelaciones, a preguntas, a comparecencias, a ver si hay suerte, y también en la Comisión de Justicia nos dedicamos a trabajar en algún proyecto de ley que pueda tirar para adelante con los objetivos que todos los españoles y los operadores jurídicos están deseando.

Usted se empeña en seguir diciendo que el fiscal general del Estado, un magistrado del Tribunal Supremo con más de treinta y cinco años de carrera y ahora fiscal general del Estado, es una persona obediente y sumisa. Creo que le hacen un flaco favor a su grupo parlamentario y a usted mismo hacer estas consideraciones de carácter personal despectivas (Denegaciones del señor Rallo Lombarte), como cuando a mí me califica de melifluo. Me ha dado tiempo a mirar en el diccionario de la RAE lo que significa estrictamente, y como es "delicado en el trato" no me ofendo. Ser delicado en el trato me parece casi un elogio y no un insulto o un desprecio, como usted ha querido hacer seguramente. (Denegaciones del señor Rallo Lombarte). Señoría, creo que tenemos que seguir trabajando por mejorar nuestras instituciones. Resolvamos los problemas que tiene la Fiscalía Anticorrupción, dotémosle de las plazas que necesita, dotémosle de las capacidades para poder hacer bien su trabajo, y sobre todo, señoría, no levantemos falsos testimonios, no digamos algo de lo que no tiene ninguna prueba. El señor Moix es un magnífico fiscal que pertenece a la carrera desde hace más de treinta años, que tiene acreditadas sus capacidades y sus competencias. ¿Sabe lo que pasa, señoría? Que eso lo saben todos los fiscales y cualquiera que hable con un fiscal sabe que eso es verdad. A ver si va a resultar que por lo que hay


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preocupación es por lo que pueda hacer el señor Moix para que funcione bien la Fiscalía Anticorrupción. A ver si va a ser que si hay algún problema es porque alguien quiere que no cambien las cosas ni en la Audiencia Nacional ni en la Fiscalía Anticorrupción ni en la Fiscalía General del Estado. A ver si va a ser eso lo que hay en el fondo de la cuestión.

Por lo tanto, dejemos que trabajen los fiscales, dejémosles todos. Cuando haya menos portadas de fiscales mejor irán las cosas. Cuando menos filtraciones haya, cuantos menos delitos se cometan en la revelación de secretos mejor irán las cosas. Espero que las actuaciones que está desarrollando la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, para investigar por qué cada paso que se da en sumarios que están sometidos al secreto son conocidos inmediatamente, también fortalecerá a las instituciones y fortalecerá la confianza de los operadores y también del conjunto de los ciudadanos. Señoría, la Fiscalía Anticorrupción -y quiero terminar mi intervención diciéndolo- funciona de manera brillante, están haciendo cada vez más trabajo. Son más fiscales porque este Gobierno ha incrementado un 40 % el número de fiscales Anticorrupción, les ha dado más apoyo de la Agencia Tributaria, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ellos están respondiendo con más actuaciones. Han formulado un 68 % más de escritos de acusación, han doblado las diligencias de investigación y los escritos de entrada se han incrementado un 36 %, porque los ciudadanos confían en la fiscalía. Por lo tanto sigamos apoyándoles para que hagan bien su trabajo, saquémosles del foco del debate político que no les aporta nada a ellos ni a la confianza de los ciudadanos, y hagamos lo que sea necesario desde esta Cámara para mejorar el marco normativo. Seamos capaces de promover las reformas que nuestra justicia necesita.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000027).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.

La ausencia de una estrategia industrial coparticipada por los agentes implicados del sector ha provocado que cada vez haya más voces reivindicando diálogo y acuerdos en materia industrial; una reivindicación que ha ganado fuerza y peso con la reordenación ministerial que ha supuesto la definitiva desaparición de un único ministerio de referencia para el sector industrial. La gran mayoría de los agentes económicos y sociales del sector han explicitado esta reivindicación. Compartimos con ellos la necesidad de crear un marco permanente de diálogo y concertación para ofrecer respuestas a los desafíos y oportunidades que surgen de forma continua, y a velocidad exponencial en el sector económico y especialmente en el sector industrial.

Proponemos, por tanto, en primer lugar, recuperar y actualizar los observatorios industriales sectoriales con los agentes sociales y económicos como espacio de diálogo y concertación permanente para el análisis, la evaluación y el impulso de nuevas medidas de política industrial. Pedimos una actualización capaz de incorporar lo positivo de la experiencia pasada, recuperando el espíritu del diálogo social, del análisis de las experiencias de otros países con tradición industrial y de la suma de esfuerzos en un fin común. No planteamos ni recentralizar ni tutorizar desde el Estado con esta propuesta. Una gran parte de la política industrial forma parte de las competencias autonómicas, pero hay cuestiones que también dependen del Estado y muchas que requieren de una estrategia compartida como Estado miembro, dentro de la estrategia común europea, en un mercado cada vez más competitivo y más globalizado.

Señorías, caminamos hacia la conexión total y si hoy hay millones de ciudadanos y cosas conectadas, todas las administraciones y agentes sociales y económicos implicados deberían conectarse también para conseguir un modelo productivo eficiente; fundamentado en el conocimiento y en la innovación; capaz de anticiparse y adaptarse con rapidez a las nuevas oportunidades, mejorando su productividad y, por ende, la de la economía; un modelo generador de empleo de calidad que impulse un crecimiento


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inclusivo. Ese es el objetivo: crecer mejor para poder redistribuir y corregir desigualdades. Las conferencias sectoriales juegan un papel importante, pero es necesario abrir otros foros sectorializados para conseguir sumar adhesiones a una estrategia común.

Es imprescindible que el Gobierno realice su función constitucional de dirigir la política interior y establezca una estrategia global consensuada para mejorar la competitividad de nuestra industria, conseguir que sea más dinámica, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en I+D+i. Se trata de optimizar recursos obteniendo el máximo rendimiento. De hecho, la Comisión y el Parlamento Europeo insisten en sus comunicaciones y resoluciones en la necesidad de contar con un enfoque más integrado de política industrial, con iniciativas sectoriales que impulsen y desarrollen una estrategia global para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Hoy, estrategias de distintos departamentos ministeriales, con implicación directa sobre el modelo productivo de este país, se encuentran caducadas o bien en una fase inicial de propuesta, por lo que en la actualidad no existen y los presupuestos para el ejercicio 2017 son la evidencia de ello. Además, los presupuestos se han convertido en una herramienta de trámite a corto plazo que tampoco refleja una estrategia coordinada en un marco temporal amplio y con consensos territoriales.

Es por ello que planteamos, en segundo lugar, elaborar un plan estratégico industrial que establezca los objetivos prioritarios de impulso de los distintos sectores industriales y que desarrolle unos planes de acción sectoriales, con dotación presupuestaria a corto y medio plazo y con un sistema de evaluación permanente que facilite la adaptación de las medidas de acción a nuevos objetivos, remitiéndolo a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros. Pretendemos que la comisión sea un efectivo canal transmisor de propuestas.

En tercer lugar, especificamos varias medidas que consideramos que deberían formar parte de la estrategia integral y que supondrían la coordinación e implicación de los distintos departamentos ministeriales competentes y contribuirían a aumentar la productividad de nuestra industria. Primero, debe ser una prioridad avanzar en un modelo energético con precios asequibles y competitivos, ya que la energía para muchas industrias se ha convertido en el factor determinante que mide su competitividad y, por consiguiente, su viabilidad y su continuidad en España. Proponemos evitar los cuellos de botella con mejoras de las infraestructuras logísticas y de transporte, impulsando cadenas logísticas completas; incrementar los recursos dirigidos a innovación e I+D alineados con la estrategia europea; impulsar la propiedad intelectual e industrial; sería interesante también promover un sistema alternativo y gratuito para la protección del diseño industrial, con especial atención a las pymes y sectores tradicionales y desarrollar un marco jurídico para la protección de las denominaciones de origen no agrícolas.

En el ámbito comunitario europeo ya se están constituyendo grupos de trabajo en los que España debería tener un papel destacado, dado que sectores manufactureros tradicionales españoles podrían verse beneficiados por estas medidas. Impulsar procesos de digitalización en los sectores industriales, poniendo especial atención e incrementando los recursos en la transformación digital de las pymes; la estrategia de agenda digital e industria conectada están caducadas y los recursos económicos que el Gobierno está destinando a este objetivo no reflejan esta prioridad. Analizar y afrontar los efectos de la sustitución de empleo por la mecanización y robotización de sistemas en los sectores industriales, identificando las necesidades de formación y capacitación del factor humano y el reconocimiento de nuevos nichos de mercado y de nuevos yacimientos de empleo.

Planteamos otras medidas, como favorecer el crecimiento y el dinamismo de las pymes, apostar por la diversificación de las fuentes de financiación empresarial y reforzar los recursos públicos para potenciar las ayudas y avales a proyectos estratégicos industriales, reforzar los recursos destinados a la internacionalización, revisar, mejorar y actualizar la normativa para el control reglamentario y la seguridad industrial ante el preocupante aumento de sucesos vinculados a la seguridad industrial. Por último, planteamos también favorecer y facilitar los procesos industriales que tiendan hacia la economía circular mediante objetivos enfocados a conseguir el vertido cero.

Algunos dudan del alcance de este tipo de mociones, pero mi grupo y yo creemos firmemente en la función constitucional de esta Cámara y en la importancia de los acuerdos y consensos que aprobamos mayoritariamente. En realidad, será el tiempo el que dirá el alcance de esta moción. De momento, es una manera de canalizar la inquietud social y colectiva, materia sobre la que se han pronunciado la totalidad de los agentes y tenemos una gran oportunidad para ponernos de acuerdo en lo que, de hecho, en el fondo, estamos de acuerdo.


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Para terminar -si me permite, señora presidenta-, quisiera aprovechar mis últimas palabras para agradecer la buena predisposición al consenso que han manifestado todos los ponentes de los distintos grupos en las conversaciones previas a este debate, así como agradecer las distintas aportaciones que han registrado vía enmiendas. Con esta buena predisposición estamos trabajando una enmienda transaccional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Esta iniciativa parlamentaria permite debatir sobre un asunto de enorme interés para España, y concretamente para Asturias, porque atañe a cientos de miles de trabajadores. Nuestra comunidad está en un agudo proceso de decadencia en la que ha influido, entre otros factores, la desindustrialización y la falta de una política industrial que permitiese afianzar los sectores que son santo y seña en Asturias, como es el caso del acero, el zinc, el aluminio o los astilleros, por citar algunos de los más relevantes. En nombre de Foro he presentado una enmienda en la que ponemos en valor diferentes aspectos que son irrenunciables para la recuperación y el fortalecimiento de nuestra industria, comenzando por elevar su rango político en el Gobierno creando una Secretaría de Estado de Industria y Pyme con suficiente peso específico como para poder lanzar medidas que transformen la industria nacional.

Otras medidas que proponemos tienen que ver con el mantenimiento de los sectores industriales tradicionales, la promoción del asociacionismo de empresas para cohesionar el tejido industrial, la reforma del marco para lograr una estructura de costes adecuada y garantizar la competitividad de la industria básica electrointensiva con una reforma profunda del sistema de fijación de precios de electricidad para disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados. Nuestra enmienda no se olvida del sector de astilleros que atravesó una profunda crisis a consecuencia del tax lease, pero que tiene magníficas instalaciones y trabajadores con una extraordinaria cualificación profesional.

Finalmente, consideramos imprescindible promover la implantación de medidas para desarrollar el Plan de Industria Conectada 4.0, fomentando la creación y desarrollo de empresas. Cerramos nuestra enmienda de modificación instando al Gobierno a defender urgentemente ante la Unión Europea una nueva propuesta sobre el futuro de la siderurgia española, que manifieste con claridad el rechazo a tal proyecto de reforma de los instrumentos de defensa comercial y la aplicación de la regla del derecho inferior.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señora presidenta.

Para hablar sobre esta iniciativa, yo creo que es bueno recordar datos muy recientes. En abril de 2017, es decir, este mes pasado, vimos que se crearon 1 600 000 contratos. El 90 % de esos contratos fueron temporales, y un tercio de ellos a tiempo parcial. Ese empleo se concentra básicamente en actividades de bajo valor añadido, hostelería y comercio, y todos sabemos el efecto de la Semana Santa, el efecto de la Navidad y el efecto del verano. Muy poquitos de esos trabajos se concentraron en industria o en sectores tecnológicos. Además, vemos que la inversión en I+D+i ha caído inexorablemente desde hace ya algunos años, en concreto, el 9 % desde 2009, y que el porcentaje sobre nuestro PIB está muy muy por debajo de la media y, sobre todo, ha caído en el sector público. Además, vemos que en los Presupuestos Generales del Estado este año también han descendido en el Ministerio de Industria.

Entendemos que este no es el mejor camino para incrementar el empleo en industria, para que la industria no pierda peso relativo en nuestra economía. Y, efectivamente, coincidimos con el Partido Socialista en que hace falta un plan para la industria basado en la innovación, en la inversión productiva, en el empleo con fuerte componente tecnológico y en una apuesta decidida por las energías renovables sustituyendo las sucias. Hace falta una verdadera política industrial si de verdad queremos cambiar nuestro modelo económico, si queremos aprovechar el potencial de nuestros universitarios y si queremos


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tener un futuro en un mundo cada día más competitivo. Por ello, votaremos sí a la propuesta del Grupo Socialista.

Moltes gràcies, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Intervengo muy brevemente. En principio, si me lo permiten, quiero felicitar al Grupo Socialista por la interpelación y por esta iniciativa, y en la medida en que se pueda consensuar una propuesta que garantice una aprobación mayoritaria de esta Cámara, todavía sería mucho mejor. De hecho, en el marco de la Estrategia Industrial 2020 de la Unión Europea, deberíamos trabajar todos, también en el conjunto del Estado español. La Generalitat de Catalunya, por mandato del propio Parlament de Catalunya, está trabajando ya hace meses en este ámbito. De hecho, el Gobierno tiene prácticamente cerrado un pacto nacional por la industria con diferentes ámbitos que también les podría servir de referencia: competitividad empresarial; dimensión empresarial y financiación; industria 4.0 y digitalización, y reconocemos que se han hecho algunos avances en este ámbito; formación, básico también desde nuestra perspectiva; infraestructuras logísticas y energía, otro elemento fundamental clave para la industria catalana; y sostenibilidad y economía.

Nosotros vamos a darles apoyo. Pensábamos hacerlo en la propuesta inicial, pero mucho mejor si se llega a esta transacción. Ahora, inmediatamente después de aprobar esta moción, es imprescindible que consensuemos algunas modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado que estamos tramitando porque esto sin un reflejo presupuestario que hoy no existe no va a tener ningún tipo de credibilidad y aquí también reclamo aquellas infraestructuras logísticas básicas en Cataluña para la industria catalana.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.

La verdad es que, señora Blanquer, a veces me quedo desconcertada porque parece que hay como cierta coincidencia en que este país necesita un ministerio que dirija y planifique un proceso tan relevante como necesitamos para introducir los cambios que usted requiere en esta moción, y lo cierto y verdad es que el Partido Popular acaba de desmembrar un Ministerio de Industria, podríamos decir de manera clara. La materia industrial en el día de hoy depende de tres grandes ministerios y además tenemos la SEPI, que depende de un cuarto, nada más y nada menos que en las manos del señor Montoro. Es bastante evidente que el Partido Popular hace esto y los socios que le acompañan en su negociación presupuestaria, justamente para no ser capaces de dirigir ni planificar ni acometer los enormes cambios que precisa nuestro país en el modelo productivo. Por tanto, me quedo perpleja porque parece que van a llegar a un acuerdo, pero es que el Partido Popular está haciendo todo lo contrario de lo que se debe hacer en este país para asemejarnos a la media de los países de nuestro entorno.

En segundo lugar, tenemos unos presupuestos en curso y el Partido Popular acaba de recortar el presupuesto en materia de industria y de energía; me quedo también perpleja y no entiendo cómo es posible que intenten llegar a un acuerdo. Pero vamos a la cuestión. Efectivamente, nuestro grupo presenta un elenco de enmiendas porque nos parece un tema muy importante, claro que sí. Queremos cambiar el modelo productivo de este país para luego jugar, pintar algo y darle futuro a nuestras hijas y nuestros hijos. Para esa estrategia industrial nosotros creemos que hay que pensar en grande y pensar a largo plazo. Las estrategias industriales alemanas no se hicieron en un periodo de tres años como se plantea en esta moción para 2020. Soy consciente de que tenemos un debe con Europa y que Europa nos dice que en 2020 tenemos que acometer o dedicar el 20 % del PIB a materia industrial. Estamos en el 16 %, pero soy consciente también de que en este bagaje y en este viaje hemos perdido y destruido, gracias a la nefasta gestión de los antecesores y del PP, cerca de 700 000 puestos industriales en nuestro país. Por tanto, ¿qué es lo que quiere nuestro Grupo Confederal? Efectivamente una estrategia que diseñe el futuro industrial de nuestro país. ¿Qué es lo que quiere nuestro grupo? ¿Defender sectores tradicionales? Sí.


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He seguido su interpelación al ministro con gran atención, pero me van a permitir que diga que siempre estamos en lugares comunes. El sector de la automoción es importantísimo, nos lo decía el ministro, y usted coincidía. Decía: Vamos a vender 3 millones de vehículos en este país. Pero, señora Blanquer, es que a mí me gustaría ser como Italia, como Francia y como Alemania que diseñan vehículos. Nuestro país no diseña vehículos y ahí tenemos un enorme problema. Por tanto, ¿qué quiere nuestro Grupo Confederal? Obviamente poner a trabajar a la universidad, a los centros de investigación, a los sindicatos, a la gente que piensa, a los colegios de ingenieros e ingenieras y a todo el mundo para decir y planificar a qué nos vamos a dedicar. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos dedicarnos a algo fundamental, que es producir y exportar conocimiento. Esta es la clave del proceso o de la revolución en la que estamos inmersos. Si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de salir adelante. Les voy a poner un ejemplo de lo que dice Alemania, una cosa muy sencilla: Queremos fabricar la cosa que va dentro de la cosa para hacer que la cosa funcione. Esto es lo que nos gustaría que nuestro país hiciera. Es decir, en un ejemplo práctico, queremos hacer el sensor del motor que está en el interior y que hoy en día no hacemos. Por tanto, creemos que es sustancialmente mejorable esta iniciativa. En segundo lugar, parece que hay miedo a la robótica. Nuestro grupo quiere avanzar en la robótica. Ha cambiado sustancialmente el aspecto industrial. Ya no es como antes, ya la máquina no auxilia al trabajador o trabajadora, sino que el trabajador o trabajadora auxilia a la máquina. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Para ese enorme cambio tenemos que dar un salto cualitativo. O pensemos en la cirugía, en lo que se está haciendo ya.

Señora Blanquer, no entendemos por qué no aceptan nuestra enmienda, que tiene que ver con un elemento sustancial: las energías primarias de origen y renovables. Vayamos a un modelo distribuido. No entendemos por qué no aceptan esta enmienda. Ustedes y las señorías de Ciudadanos hablan todo el día de autoconsumo y de suprimir el impuesto al sol, pero cuando hablamos de verdad de cosas reales no aceptan las enmiendas. No apoyar una enmienda que tiene que ver con la energía cercana y distribuida es seguir apoyando al monopolio de las grandes eléctricas que nos estafan en este país. Por tanto, sinceramente, no les entendemos. No sé si la razón es que tienen a sus jefes sentados en los consejos de administración, pero insisto en que el camino se hace caminando, con la gente, y esta enmienda habla claramente de cambiar el modelo a un sistema distribuido y ustedes no la aceptan.

Tampoco compartimos lo que dicen del ICO. No es que lo digamos nosotros, sino los especialistas, los economistas y los teóricos de este país: el ICO no sirve para acometer este enorme reto del cambio industrial. Para decirlo claro, no sé si saben lo que cuesta construir un buque: mil millones. Les pido que hablen con los clusters del naval privado. No son sujetos revolucionarios. Nos dicen que necesitan bancos de inversión públicos y que estos instrumentos no valen.

Para terminar, señora presidenta, quiero hablar de los instrumentos que tenemos en la actualidad -el caso de Enesa, que es público-, y les voy a poner un ejemplo de financiación. En primer lugar, dice el ministerio que para ayudar a los emprendedores estos tienen que disponer de un capital mínimo igual al que van a pedir. En segundo lugar, las condiciones del préstamo. Euribor en el primer tramo más el 3,75 % y en el segundo tramo el 8 %. ¿Creen ustedes que con estas condiciones de financiación del ministerio somos capaces de emprender el enorme cambio que tenemos en nuestro país? Nosotros creemos que no.

Finalmente, que no acepten lo que tiene que ver con la soberanía tecnológica nos parece bastante grave, puesto que somos un país absolutamente dependiente. Aprendamos de Alemania. Repasemos el acuerdo de Gobierno de 2013 de la CDU con los socialistas, que dijeron alto y claro que quieren recuperar soberanía tecnológica para justamente hacer la cosa que está dentro de la cosa y hacer que la cosa funcione. Si no, insisto en que seguiremos siendo la periferia de la periferia, trabajando para la señora Merkel.

Vamos a votar que sí porque hay muchas cosas comunes y hacerlo en contra es como decir no a la vida. Por tanto, sí, pero creemos que es sustancialmente mejorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.

La señora MORALEJA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, buenos días.

Intervengo en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara en relación con esta moción y voy a empezar por el principio, por lo que ya hemos escuchado en anteriores plenos y seguimos escuchando en este. Se repite constantemente. Se repite cansinamente que no les gusta que la nueva estructura del Gobierno no responda a la realidad y las consecuencias que están contando las paga el sector industrial.


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No sé si son conscientes, pero déjenme que les diga, señorías, que no por mucho repetir algo que no es cierto se va a convertir en cierto y la gente les va a creer. La estructuración ministerial que hizo en la X Legislatura el Gobierno del Partido Popular ya la explicó el ministro en esta Cámara, y dijo que era muy coherente. Muy coherente porque uno de los objetivos fundamentales de la agenda de política económica del Gobierno del Partido Popular es tener más competitividad en nuestra industria, todo lo que ustedes están pidiendo hoy aquí. Y si hay un sector sensible a la competitividad, ese es el de la industria, de ahí que Industria esté bien encuadrada en este ministerio, puesto que el mismo tiene una visión horizontal, como ustedes saben, y al fin y al cabo de él dependen otros muchos. En mi opinión, el Grupo Socialista podía haber optado -todos lo comprenderíamos- por no presentar ninguna moción, ya que no es obligatorio, sino optativo. Aun así, entendemos que en base a la práctica parlamentaria optasen por lo contrario.

Como ya conocen sus señorías, este grupo parlamentario presentó una enmienda a esta moción para poder alcanzar un consenso con el Grupo Parlamentario Socialista y los demás grupos de esta Cámara y poder aprobarla. Estamos trabajando para poder llegar a una transaccional y vamos a hablar un poco de los puntos que se pueden mejorar en esa moción o en los que podemos llegar a acuerdos. En relación con el punto primero de su moción referido a actualizar los observatorios industriales, usted sabe, señoría, que este punto podría ser prescindible, ya que a día de hoy se están llevando a cabo agendas sectoriales industriales en las que se está analizando con los sectores la situación de partida, qué objetivos se pretenden alcanzar, hacia dónde quieren ir y a qué retos tendrían que enfrentarse para conseguirlo, así como determinar cuáles son sus palancas de crecimiento y las medidas específicas para llevarlo a cabo. Por tanto, señora Blanquer, si el problema es que prefieren llamar observatorios industriales a las agendas sectoriales industriales, aceptamos; al fin y al cabo, la nomenclatura no nos va a separar de ustedes. Lo importante es que ya se está llevando a cabo y se está trabajando en ello y los distintos sectores tienen un foro donde debatir, hacer sus aportaciones y ser escuchados.

En cuanto al punto segundo de la moción en el que se insta al Gobierno a elaborar un plan estratégico industrial para el impulso de la industria, este grupo parlamentario hace las siguientes consideraciones. La Secretaría General de Industria desde la legislatura pasada está realizando una política industrial activa que, en el marco de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial, ha desarrollado una serie de actuaciones en su propia área y, como usted sabe, en coordinación con otros ministerios y administraciones públicas, con los sectores industriales y los agentes sociales, para potenciar el empleo cualificado, la innovación y la exportación. En este momento se han alcanzado ya muchos de los hitos marcados en la agenda, pero es necesario ampliar el marco estratégico para que la política industrial pueda alcanzar el 20 % del PIB. Tampoco hay que olvidar que el tejido económico de nuestro país es de pequeña y mediana empresa, por lo que ese marco estratégico no puede entenderse sin una estrategia de pequeña y mediana empresa que siga fomentando el emprendimiento y la creación de empresas, dando un apoyo decidido a su competitividad, innovación y digitalización.

En el tercer punto ustedes hablan de varias cuestiones que están en sintonía con la estrategia actual del Gobierno, pero este grupo parlamentario quiere hacer algunas consideraciones sobre los temas que están recogidos en la moción. El punto relativo a los costes del suministro energético para facilitar la transición hacia un modelo sostenible se valora en el sentido de que la estrategia integral para el impulso de la industria tendrá que incluir medidas que continúen fomentando el acceso a un suministro de energía con costes asequibles, que reduzca nuestra dependencia energética del exterior, que contribuya a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y que actúe contra el cambio climático de forma eficiente.

El segundo tema del que queremos hablar con ustedes es el referido a los recursos dirigidos a I+D+i hasta alcanzar una inversión conjunta públicoprivada del 3 % del PIB. Hay que señalar que el consenso de todos los agentes que se recoge en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación establece un objetivo del 2 % para 2020. Seamos realistas, señorías, porque venimos del 1,22 % ahora. Sabemos todos que la inversión privada en este momento es del 5052 %. Tendríamos que llegar a un 66 % en inversión privada para alcanzar ese 3 %. Por tanto, pongámonos objetivos reales. Señorías de Podemos, lo único que les pido es que pongan los pies en la tierra. Ustedes hablaban de un 6 %. No sean demagogos. Siempre dicen que no quieren ser los camareros y las camareras de Europa, sino que quieren ser los investigadores y las investigadoras de Europa. Podríamos estar de acuerdo, aunque no sé qué tienen en contra de los camareros. (Protestas). Aquí los camareros nos atienden todos los días y nos ponen los cafés cuando estamos trabajando y es un trabajo igual de digno que el de los investigadores e


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investigadoras, que el de los médicos o el de los profesores de primaria. (Aplausos.-Protestas). En el Partido Popular queremos que haya trabajo para todos. Eso es en lo que hay que trabajar y no hacer elitismos entre una cosa y otra. Lo que les quería decir, señorías, es que pongan los pies en la tierra y trabajen con cosas reales. Pongamos objetivos reales que se puedan cumplir. Los objetivos inalcanzables no son objetivos.

Solo me queda darle las gracias y seguir trabajando para conseguir esa transaccional y, con ello, mejorar nuestro sector industrial.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenos días, egun on.

¿Política industrial? ¿Ha funcionado la política industrial hasta ahora? ¿Cómo podemos definir políticas eficaces para el futuro y cómo las explicamos para que tengan respaldo social? Creo que tendríamos que empezar respondiendo a esas tres preguntas para hablar propiamente de política industrial. Además, el Grupo Socialista nos trae una moción para impulsarla, lo cual está bien, pero si en España no existe una política industrial se debe a que ningún Gobierno la ha impulsado lo suficiente. Basta recordar que incluso alguno decía que la mejor política industrial era la que no existía. Por lo tanto, el que no exista una estrategia en política industrial no es de extrañar.

Los cambios en la población, en la tecnología y en las instituciones son las fuerzas que inducen a las transformaciones de la economía y de la sociedad. El mundo, es cierto, se ha vuelto global y las actividades económicas cambian a gran velocidad sus procesos, sus productos y su ubicación en el espacio, por lo que las empresas y las personas tienen que adaptarse rápidamente a la nueva realidad. El crecimiento sostenible no es concebible sin la transformación productiva de la economía. La globalización, el desarrollo tecnológico y logístico, el acceso ilimitado a la información, las diferentes alternativas de financiación son circunstancias que, entre otras, han provocado una gran complejidad de la actividad económica. Por lo tanto, las políticas públicas y los crecimientos que basándose en ellas se diseñen deben tener en cuenta el nuevo escenario si aspiran a ser eficientes y eficaces.

El crecimiento y el fortalecimiento de la industria no solo benefician a las empresas del sector sino que además tienen un efecto multiplicador, porque crean crecimiento en el conjunto de la economía. Por eso la política industrial llevada a cabo por las instituciones ha de ser una apuesta a largo plazo y además ha de ir unida a políticas de innovación. La política industrial tiene por objeto aumentar la competitividad de la industria para que esta pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en un país o región. Así, el desarrollo de políticas industriales ha de crear el ecosistema adecuado en su entorno para que las empresas evolucionen y generen riqueza.

Como he dicho, se trata de fomentar una sólida base industrial y esto no se consigue de la noche a la mañana, no existe una pócima mágica. Lo que vemos en esta moción es que se nos plantean una serie de medidas dispersas que afectan a diversos sectores y que todos podemos aceptar, pero que parecen no estar englobados en estrategia alguna y, por ello, difícilmente contribuirán a esa base sólida de la que hemos hablado. Lo decimos porque hay que tener en cuenta que toda actividad económica y de transformación productiva está condicionada por el territorio en el que tiene lugar y por ello es importante conocerlo bien, tanto para las estrategias y políticas que se diseñen en niveles superiores pero que afecten a ese territorio como para las posibles estrategias o actuaciones que desde ese mismo plano territorial se desean poner en marcha.

Las acciones de política industrial han de propiciar la colaboración entre el Gobierno y el sector privado para desarrollar los sectores con mayor impacto en el crecimiento económico, sectores de mayor valor añadido, sectores en los que se pueda alcanzar un liderazgo global, construir sobre las áreas de ventaja competitiva y ayudar además a que nuevos sectores puedan florecer. Una política industrial exitosa, en definitiva, requiere hacer un análisis de la realidad socioeconómica del territorio, de su entorno más directo y también de la realidad internacional e incluso de cada sector industrial, ya que cada uno evoluciona de manera diferente, tiene sus propias características y factores clave de competitividad. Así, por ejemplo, no es lo mismo el sector de la máquina-herramienta que el del automóvil o el de la energía, en los que entendemos que la clave compartida han de ser las infraestructuras de conocimiento. Apostar de verdad por la industria de un país requiere priorizar de verdad esta apuesta. Creer que la industria es la mejor máquina para dar prosperidad y mejorar la igualdad en un territorio implica establecer los pilares


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fundamentales para construir una industria de futuro y, a partir de aquí, desarrollar las medidas y objetivos concretos.

No comparto algunas de las cosas que ha dicho la portavoz de Podemos, porque, a pesar de todas las dificultades que existen, en Euskadi sí tenemos una política industrial sólida, una apuesta decidida y eficaz por la política industrial. Las medidas propuestas en esta moción son medidas aisladas que no tienen un respaldo en un análisis del entorno. No creemos que vayan a ser muy eficientes o eficaces para impulsar una política industrial sólida, pero entendiendo que las mismas pueden tener cabida en la política industrial en cuanto se aborde un análisis serio del entorno económico y social y se establezca una estrategia para el impulso de la industria, votaremos a favor de la moción.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Presidenta, señorías, bona tarda.

Señora Blanquer, su moción debe ser aprobada. Digo esto porque va a ser lo único positivo que me va a oír. Recoge los principales aspectos de lo que sería la carta a los Reyes Magos que cualquier industrial quisiera escribir, si sus majestades de Oriente tuvieran a bien convencer al Gobierno de impulsar aunque solo fuera la más hueca de las medidas que se proponen, pero si no se llenan de cómos, de cuándos y de con qué recursos se implementarán no dejarán de ser una retahíla de desiderátums. Aunque olvidan la pretendida vocación federalista de la formación proponente y que las competencias son compartidas con las autonomías, nosotros no olvidamos que el PSOE es el autor del más salvaje proceso de desindustrialización de España. Su modelo no es el nuestro. Su modelo es centralista, de grandes corporaciones industriales alejadas de sus centros de producción. Nosotros estamos por industriales que bajan a fábrica -lo dicen así, bajan a fábrica- por una escalera que no debe tener muchos más peldaños que esta tribuna y ustedes, obviamente, no. Ustedes por no tener no tienen las ideas claras, ni siquiera sobre un tema de vital importancia industrial como es el del eje mediterráneo, y temo que habrá que ver si sus primarias lo resuelven o no y cómo.

Como diputado del Baix Llobregat, comarca de fuerte tradición industrial en Cataluña, me siento inclinado a personalizar un poco mi intervención. Aún sigo teniendo algún amigo industrial, concretamente uno que se autodenomina El último mohicano. Vicenç Pedret es fabricante de envases de vidrio para perfumería y ha sobrevivido a la crisis; por ahora, dice él. Su planta es una de las dieciséis que quedan en toda España de las veintisiete que había antes de 2007. Le pedí que me echara una mano para defender mi voto y, en lugar de mandarme una nota, me llevó de visita al polígono industrial de La Llagosta, donde siguen por alquilar casi la mitad de las naves industriales; el mismo caso es el de L'Hospitalet y podría seguir con ejemplos de muchos polígonos. Más allá del paseo por polígonos fantasma, me mostró el informe del círculo de empresarios, que demuestra que la actividad industrial en Cataluña ha caído en 14 000 millones de euros, un 37 %, durante la crisis económica, aun cuando sigue significando el 19 % del PIB estatal. Esto es culpa de la crisis, sí, pero también es culpa de la ausencia de una política industrial eficiente, de una política no implicada con el modelo de territorio, cuando no sometida al mantra ya repetido de que la mejor política industrial es la que no existe. La política industrial española es también un argumento para la independencia, ello unido a la constatación de que en el debate sobre el "que inventen ellos" Ortega fue vencido por Unamuno por goleada.

Esto es muy grave, no hay que ser un lince para entender que, pongamos por caso, estos micrófonos generan más riqueza, más puestos de trabajo cualificados, más impuestos donde se fabrican que donde se importan. Ya podemos crear todos los observatorios, promover toda la I+D y elaborar todos cuantos programas estratégicos queramos, las cosas son más sencillas: mientras la energía industrial sea de las más caras de Europa iremos de mal en peor. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Vuelvo al ejemplo del micrófono y vuelvo a mi comarca. El PVC, el plástico, el de este micrófono, se puede haber fabricado en Bélgica, en Italia o en Inovyn de Martorell; el gran componente del plástico en costes es la electricidad. La incapacidad del Gobierno de España de facilitar precios competitivos de electricidad está poniendo el principal argumento para que el plástico de este micrófono deje de fabricarse en Martorell.

Esperemos no tener que lamentar que tantos buenos deseos como los que expresa su moción hoy lleguen tarde. Mi breve experiencia como diputado no me permite ser demasiado optimista. A temas tan concretos, tan vitales como el de la patente única europea, que usted conoce, o la propuesta de contrato


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eléctrico estacional para industrias temporeras, que ayudarían a pymes reales en el mercado real, aun siendo aprobadas por la mayoría de este Cámara, el Gobierno torpón, cabizbajo, obcecado y prisionero de sus propias arcadias les hace caso omiso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hace unos días escuchaba en esta misma tribuna estas palabras, abro comillas: Señorías, es imprescindible crecer para poder redistribuir, es fundamental un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo, capaz de generar empleo de calidad, capaz de generar ingresos que puedan sostener nuestro Estado del bienestar. Esta frase podría haberla pronunciado cualquier diputado de la bancada popular, de la bancada socialista o incluso de la nuestra, Ciudadanos. La verdad es que no la imagino dicha por el Grupo Podemos, porque ellos piensan en redistribuir antes que en crecer y, la verdad, sin crecimiento qué se va a poder distribuir. En mi tierra decimos res de res, nada de nada. Señora Blanquer, esta frase que he citado al principio de mi intervención fue el inicio de la suya ante el ministro Luis de Guindos el 5 de abril al presentar la interpelación urgente. Sinceramente, me deja atónito, porque cuando tienen el poder de sacar leyes en aquellas comunidades donde gobiernan no lo hacen y, además, cuanto tienen la posibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con medidas beneficiosas para la industria tampoco lo hacen.

Respecto a su moción, señora Blanquer, en los primeros apartados veo que, de nuevo, se empeñan en aumentar esas interferencias políticas sobre criterios técnicos. Ciudadanos siempre está pensando en despolitizar y eliminar duplicidades, burocracias y barreras administrativas. En el apartado tercero, nos presenta una serie de medidas coincidentes con las que firmamos en el pacto de Gobierno en la pasada legislatura: Pacto de Estado de la energía, facilitar la transición energética, planes estatales de infraestructuras del transporte, incrementar los recursos en investigación y desarrollo y, por supuesto, mejores fuentes de financiación. Esto mismo Ciudadanos lo trasladó al acuerdo de investidura con el Partido Popular y, además, lo plasmó en esas políticas naranjas que tienen su reflejo presupuestario.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que además ustedes rechazan, tienen medidas importantes que Ciudadanos ha negociado. Un cambio de rumbo, un nuevo modelo productivo en el que aumentamos el presupuesto en I+D, un 4 % en el caso de I+D civil; además, hay partidas en reconversión y en reindustrialización en las que su presupuesto sube al 3,4 %, 875 millones de euros más. Por ejemplo, el presupuesto para actuaciones de transformación digital, en la industria 4.0, sube un 2,5 %, hasta los cien millones. Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica sube un 110 %. Además, incluyen esos quinientos millones para actuaciones relacionadas con la Red Cervera de transferencia tecnológica, con la que se dará asistencia a las pymes y se crearán patentes y propiedad industrial en colaboración con las universidades y el sector privado.

Sin embargo, señora Blanquer, cuando la miro veo su comunidad valenciana, en la que gobiernan y, como valenciano, me duele porque derrochan recursos públicos, que son escasos y usted lo sabe. Le puedo poner algún ejemplo. He traído algún recorte de prensa. Su nueva Agencia valenciana de la innovación solo es otra duplicidad (Muestra un recorte de prensa) y, además, está paralizada por la burocracia e interferencias políticas con sus socios de Compromís. Han creado el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, el Ivace, (Muestra otro recorte de prensa), pero resulta que en 2016 terminó con el 60 % del presupuesto sin ejecutar y esto iba a ayudas al tejido productivo. La verdad es que no lo entiendo, señora Blanquer. (Aplausos). Sinceramente, echo en falta concreción en su moción, propuestas que nos hablen de formación profesional dual, de infraestructuras productivas, de cómo mejorar la dimensión de las pymes, sobre despolitización de los órganos reguladores pero, sobre todo, señora Blanquer, echo en falta el coraje del PSOE para alejarse de esa podemización y pasar a negociar con el resto de los grupos parlamentarios y poder mejorar la industria en España.

Termino, señora presidenta. En definitiva, señora Blanquer, nuestras empresas no quieren más ayudas y más subvenciones, lo que realmente quieren es que los poderes públicos no les pongamos trabas ni zancadillas, lo que quieren es que no les pongamos diecisiete normativas, lo que quieren realmente es una palanca, una herramienta y no obstáculos. Desde luego, Ciudadanos apoyara esta moción, y ustedes votarán en contra de estos presupuestos generales que benefician a la industria, pero permítame que le diga que lo más importante, señora Blanquer, no es aprobar esta moción, lo más importante es que todas


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y cada una de las medidas que ustedes han incluido en esta moción sean cumplidas por aquellos Gobiernos que ustedes tienen en esas comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, la suya y la mía. Prediquen con el ejemplo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Blanquer si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Estamos trabajando en una propuesta transaccional, tal y como he dicho en mi intervención, que conocen todos los grupos de la Cámara.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 173/000028).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hace unas semanas tuvimos aquí, en esta Cámara, un debate a propósito de la interpelación que había presentado nuestro Grupo Parlamentario Confederal sobre la evolución de la Ley de desarrollo rural del año 2007, aquella que aprobó el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). En aquel momento, mantuvimos un diálogo con la ministra, la señora García Tejerina, y recuerdo, pese a que ya son varias semanas las que han transcurrido, que nos quedamos con dos elementos algo embarrados, por lo que me gustaría aprovechar el inicio de esta intervención para tratar de aclararlos. Tuvimos una pequeña disputa la señora ministra y yo sobre determinadas cifras, pero han pasado ya las semanas de análisis de Presupuestos Generales del Estado, se han desvelado meridianamente algunas cifras y lo que observamos es que, pese a lo que defendía la señora ministra en el anterior Pleno, se produce un nuevo recorte de 3,16 millones en relación con los presupuestos de 2016 en lo relativo a desarrollo rural, es decir, una pérdida de peso en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ha venido presumiendo de estos presupuestos y ha utilizado ya la coletilla de "los más sociales de la historia" en varias ocasiones, pero yo quiero recordarles que en lo que a desarrollo rural se refiere estos son los presupuestos más bajos de la historia reciente.

Quiero tratar de aclarar una segunda cuestión, y de alguna forma criticar el planteamiento que hacía entonces la señora ministra. Quiero tratar de desfacer el entuerto, de desfacer la confusión que aparentemente tiene la señora ministra entre sector primario y mundo rural, que no es lo mismo. No es lo mismo el sector primario que el mundo rural y hasta que el Gobierno no entienda esto no podremos evitar la despoblación sistemática a la que está condenado el pueblo español desde hace ya mucho tiempo. Podemos decir que el ministerio ha defendido a determinados actores del mundo agrario, nadie puede negárselo; ahora bien, pequeñas y medianas explotaciones, cero, y desde luego, resto de sectores del mundo rural, cero.

Vamos a entrar ya en materia presupuestaria, que es al fin y al cabo de lo que se trata hoy aquí, porque, como ustedes saben, podemos hablar de muchas leyes, de muchas iniciativas y de muchas voluntades, pero hasta que no aparece el vil metal, el dinero, los presupuestos no podemos saber en realidad el grado de compromiso de cada uno de los grupos. Fíjense, el Gobierno ha anunciado un aumento de 179 millones con respecto a otros presupuestos. Esta cifra tiene un tenebroso truco. ¿Por qué? Porque en realidad han sido 206 millones de euros los que han entrado por la vía del segundo pilar de desarrollo rural, es decir fondos europeos. Por lo tanto, cuando hablamos de 179 millones, lo que está ocurriendo en realidad, señoras y señores del Partido Popular, es un nuevo recorte; un nuevo recorte de casi 30 millones. El aporte del Estado en los presupuestos de desarrollo rural es por lo tanto tan solo del 12 % para este año 2017, es decir un 4 % con respecto al año 2016, que ya era pobre. Pues nada,


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seguimos en esta escalada hacia los infiernos. De todas maneras, lo más grave es que la partida prevista para las transferencias a las comunidades autónomas, que como ustedes saben debía cofinanciar los programas de desarrollo rural, se reduce en 16,5 millones, es decir un 13,8 % por debajo de lo presupuestado en el año 2016, la menor de las aportaciones desde el año 2012. Este era el compromiso tan manifiesto que nos mostraba la señora ministra en su pasada intervención.

Vamos a hablar de los tres problemas que a nuestro modo de ver contienen los presupuestos relativos al desarrollo rural. En primer lugar, lo que hemos venido criticando desde siempre, es decir, el Gobierno hace dejación de funciones porque el Gobierno no gobierna, el Gobierno lo único que hace es gestionar las ayudas que vienen de la Unión Europea, punto; ahí se acaba la actividad ejecutiva. También hay un segundo problema que tiene que ver con la dispersión, la atomización y la falta de un plan de priorización de las medidas y actuaciones y, por supuesto, el problema principal de toda la legislatura y de todos los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años: recortes, recortes y más recortes.

La batería de medidas destinada a la formación agraria y profesional se reduce en 351 euros, es decir, la tónica general a la que nos tenían acostumbrados. Cae también la financiación para los grupos operativos. Con respecto a las infraestructuras orientadas al desarrollo rural, tenemos también una nueva caída: la inversión en caminos rurales, fundamentales para articular el agro español, desciende en 4 millones. La red de caminos naturales y pequeñas obras de interpretación, fundamentales para tratar de relanzar el turismo rural y que podrían de algún modo coadyuvar a la mejora económica de estas zonas, se reduce en 1,6 millones. Para la promoción de actuaciones dirigidas a la mujer rural -acuérdense, señorías, de cómo hablábamos del perfil femenino de la pobreza rural en España en los últimos años-, pues bien, ya teníamos una partida exigua en el año 2016, medio millón de euros, pareciera que el Gobierno lo ha considerado un exceso y no ha tenido más que bajar esta cantidad a 400 000, es decir, de mal en peor. Respecto a la mejora de la viabilidad de explotaciones agrarias, una de las actuaciones quizá más importantes para ayudar a los más jóvenes en este medio, este programa está dotado actualmente con 3,7 millones, es decir, recorte de 871 000 euros; en estas estamos. Y el tercer gran problema es que hay una subejecución presupuestaria, y esto ya se ha venido denunciando aquí reiteradas veces. La formación agraria no se ha venido ejecutando; en caminos rurales, de los 19,6 presupuestados se ha ejecutado el 9,5. Es decir, unas cantidades y unas cifras realmente irrisorias.

Nuestro grupo parlamentario ha promovido una serie de medidas en la moción que ustedes tienen delante, medidas que esperamos que puedan apoyar. Y puesto que se me va agotando el tiempo y no voy a poder desgranar esas medidas, quiero hacer una apelación sobre todo a Ciudadanos y PSOE, que entiendo que se van a sumar a esta iniciativa -dado que, lo anuncio ya, nuestro grupo parlamentario aceptará la propuesta que hace Ciudadanos en ese sentido-, para que, por favor, echen un vistazo a las enmiendas parciales que hemos presentado precisamente para el desarrollo rural, porque la clave está ahí, señorías, en los Presupuestos Generales del Estado. Es por eso que hemos pedido una partida de 400 000 euros para dotación del fomento del asociacionismo...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Guijarro, tiene usted que ir acabando.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Ya voy terminando, señor presidente.

Hemos pedido también una partida de 15 millones de euros dirigida a impulsar la aplicación de los planes de desarrollo sostenible rural, sobre todo en aquellas zonas marcadas como más desiguales y, como le digo, creemos que estamos en condiciones de poder pactar con Ciudadanos esa enmienda, no así con Foro Asturias, cuya propuesta nos parece que desdibuja de algún modo nuestra propuesta. De todas maneras, si Foro trajera aquí una propuesta relativa al mundo rural, no seríamos reticentes a discutir y, eventualmente, apoyar algunos de sus planteamientos. Y, desde luego, no podemos apoyar la enmienda del Grupo Popular, porque nuevamente vuelve a los desiderátums y a las declaraciones pero no hay ningún compromiso real presupuestario. Esto pareciera una tomadura de pelo. Ellos hablan de que su...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Guijarro, tiene que ir usted concluyendo.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Diez segunditos, presidente.

Ellos hablan de que su propuesta supone una mejora técnica, y ahí es donde está la clave, señorías, en que no es un problema técnico, es un problema de voluntad política, y esa es la voluntad política que les estamos pidiendo para no dejar la Ley de Desarrollo Rural en el papel mojado en el que está actualmente.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Guijarro.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La iniciativa defendida por el señor Guijarro García nos da oportunidad para hablar del medio rural, que en opinión de Foro ha ido alejándose de los retos que han surgido en el entorno comunitario internacional y que sí han aprovechado otros países de nuestro entorno. Para enfrentarse a esta situación es imprescindible devolver al campo su carácter estratégico, vital para la autonomía y soberanía alimentaria de España, y dejar de utilizarlo como moneda constante de cambio entre España y la Unión Europea frente a países terceros, cuestión que deviene siempre en un notorio perjuicio para este sector nacional clave. Necesitamos afrontar el despoblamiento rural y el problema demográfico, que en el caso de Asturias constituyen cuestiones de primerísima magnitud, y de ahí que respaldemos la estrategia nacional frente al reto demográfico. De hecho, el Gobierno ha colocado por fin este asunto en la agenda política, como ya está colocado también en la agenda parlamentaria. Contrasta esta necesidad con el contenido de esta moción que apenas si menciona este asunto; lo excluye de los seis puntos en los que hay mucha petición de informes y datos, pero poca propuesta política para que el Gobierno se aplique en decisiones operativas que respondan a recuperar la gran importancia de la ganadería y la agricultura en el sector primario.

Con nuestra enmienda de nueve apartados -que el portavoz de Unidos Podemos ha anunciado que desestima- queremos plantear medidas de desarrollo rural encaminadas a mejorar su competitividad y su revitalización social, impulsando la mejora del nivel de vida de los habitantes en las zonas rurales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente.

Señorías, como representante de los pueblos de Castellón permítanme que les recuerde que nuestros pueblos cada día están más vacíos. La franja roja de las zonas rurales a revitalizar en Castellón es muy marcada, y esto no es aleatorio, es consecuencia de no aplicar las leyes que protegen el medio rural. Además, los Gobiernos autonómicos tienen mucho que decir en estos casos y política sin financiación es un brindis al sol. Por eso -vamos a volver sobre ello- en los Presupuestos Generales del Estado para las comarcas de Castellón se invierte por debajo de la media: 135 euros per capita mientras la despoblación obliga a cerrar colegios, emigrar a las ciudades o hacer más de una hora de camino para llegar al hospital. Todo ello por falta de financiación. Se invierten 135 euros per capita, es decir, 50 euros menos que la media estatal y hasta una cuarta parte de lo que se invierte en otros territorios. Esta es la política del Partido Popular: menosprecio y maltrato para los pueblos de Castellón. No se trata, como dijo ayer el ministro De la Serna, de un mercadeo de votos; se trata de justicia social, y se lo digo desde aquí. Compromís va a defender y trabajar para mejorar la vida de los valencianos y las valencianas, pero nunca a costa de mercadear con nuestros derechos. Sus políticas de chantaje, señorías del Partido Popular, no nos gustan y en este juego Compromís no va a estar. Así que, señor De la Serna, tome nota: Compromís hace lo que tiene que hacer: defender la dignidad social de los pueblos de Castellón, de los valencianos y las valencianas y del País Valencià. Aquí venimos a reclamar lo que es justo y, en la Generalitat, hacemos políticas para las personas. Hagan ustedes lo mismo, dejen el mercadeo, dejen los intereses partidistas y dedíquense a gobernar para las personas y para los pueblos más necesitados.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Postius Terrado.

El señor POSTIUS TERRADO: Señorías, compartimos con el grupo que presenta esta propuesta la preocupación por conseguir un desarrollo equilibrado de nuestras áreas rurales con respecto al medio urbano. Los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia o del medio en que desarrollen su trabajo, deben tener igualdad de derechos y oportunidades. Es algo en lo que imagino que estamos todos de acuerdo, sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, y resulta evidente que muchos de nuestros conciudadanos que viven en zonas rurales tienen diferencias notables en el acceso a servicios que deberían estar garantizados con igualdad para todo el mundo. La Ley 45/2007, para el Desarrollo


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Sostenible del Medio Rural fue una gran apuesta que partió del reconocimiento de un problema: que el medio rural mostraba un diferencial negativo respecto al medio urbano que era necesario corregir. Sin embargo, diez años después, y admitiendo que se han producido algunos avances, ese diferencial se mantiene, y por ello consideramos oportuna la moción se presenta. Resulta necesario hacer un diagnóstico preciso de las dificultades que está teniendo la implementación de la ley, evaluar sus resultados y afrontar con valentía los retos pendientes. Sin embargo, para impulsar decididamente estas políticas es fundamental disponer de medios económicos y, en este sentido, señorías, si no se dedican los recursos necesarios para cumplir con los objetivos que nos impusimos con la ley, de nada servirá este debate o futuros.

Por todo lo expuesto votaremos a favor de la propuesta que se nos presenta.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Postius.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, sinceramente creo que todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara consideramos el mundo rural de vital importancia para nuestro país. Todos tenemos claro que es importante consolidar el mundo rural, todos tenemos claro que es esencial mejorar la calidad de vida de los habitantes del mundo rural, pero todos tenemos muy claro que lo importante es garantizarles un futuro, un futuro real y rentable. El problema lo encontramos cuando empezamos a hablar de decidir cómo lo vamos a hacer, y aquí, señor Guijarro, he de decirle que la moción que ha presentado su grupo me parece una petición realmente muy razonada por los reiterados incumplimientos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han tenido con esta ley, es decir, incluso ellos mismos, que la hicieron, no la cumplieron, por tanto, es razonable. Y como decía mi compañera Patricia Reyes -quien ahora no está aquí-, señorías de Podemos, me alegra mucho que bajen ustedes a la arena parlamentaria, se dejen de shows y de historias y que empecemos a trabajar por algo importante, porque este problema, señorías, es un problema nacional, es problema muy grave. Tenía usted razón, señor Guijarro, es un problema de voluntad política. Todos tenemos que ponernos a trabajar juntos en este asunto, todos tenemos que llegar a un consenso porque todos tenemos un objetivo final, todos, que es eliminar la discriminación que tiene actualmente en este país el sector rural frente al sector urbano, y eso lo tenemos que hacer entre todos. (Aplausos). Hablamos de la Ley 45/2007 y en Ciudadanos pensamos que es más una ley agraria que rural, pero tiene bastante consenso de todos los colectivos. Yo creo, señor Guijarro -usted lo sabe- que debe haber un nuevo debate. Debemos hacer un debate en el que demos solución a los problemas surgidos en materia de gobernanza, en materia de complejidad de funcionamiento y desde donde se actualicen los diagnósticos territoriales; un debate en el que participen de forma activa las entidades y los agentes representativos del medio rural; un debate del que obtengamos nuevas definiciones de estrategias territoriales, actualizadas y adaptadas a la realidad de hoy, de forma que, más que recuperar expectativas, demos respuestas y pongamos en marcha la ley.

No se trata de empezar desde cero, como hablábamos usted y yo ayer, se trata de conseguir un amplio consenso entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que esta sea una ley de bases y fundamental y que los fondos económicos totales permitan cubrir los objetivos previstos. Ahí le voy a hacer una matización -perdóneme-: que nos financie la Comunidad Europea no es un descenso a los infiernos, si no tuviéramos a la Comunidad Europea, y con este Gobierno, no tendríamos nada, así que demos gracias de que esté la Comunidad Europea financiándonos.

La complejidad, como bien saben, es la característica que más define al medio rural. Hasta la última Conferencia de Presidentes no se ha considerado que la despoblación es un problema de ámbito nacional y, a pesar de que continuadamente se ha estado vulnerando el principio de cohesión territorial, por el que se deben ofrecer las mismas oportunidades tanto a los habitantes del mundo rural como a los habitantes del mundo urbano, eso no se ha producido. En Ciudadanos hemos trazado una serie de propuestas contempladas en un programa integral y encaminado a revitalizar el mundo rural; le llamamos el programa para el desarrollo territorial porque queremos hacerlo completo: primero, establecer medidas que favorezcan la fijación de la población existente y atraer nuevos pobladores, para lo cual hay que conseguir una plena conectividad de las zonas rurales que permita a sus ciudadanos y empresas las mismas oportunidades de comunicación que la de las zonas urbanas. -El señor Moyá me ha dicho esta mañana que a él le llegaban dos megas en su casa, y con eso es imposible que pueda trabajar y que pueda tener conectividad-. Así, también hay que establecer un nuevo sistema de transporte a la carta necesario para


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que los habitantes del medio rural puedan vencer su aislamiento, sobre todo, lo digo para las personas de avanzada edad. Dos, implementar planes de desarrollo específico para la incorporación de la mujer y de los jóvenes a las actividades dentro del mundo rural, sin olvidarnos de favorecer el ocio y la cultura y, por supuesto, prestando especial atención a temas tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Tres, el diseño y aplicación de la formación para el medio rural, capaz de satisfacer una demanda cada vez más exigente y que esté más orientada hacia la calidad y mejora de la actividad por medio de la capacitación.

En materia fiscal queremos establecer incentivos para favorecer que ubiquen empresas en municipios rurales; estas empresas que consoliden y generen empleo deberán contar con desgravaciones fiscales, IRPF, un IVA reducido y reducción de impuesto de transmisiones. Se deben diseñar y desarrollar programas que apoyen la creación de multiservicios y, sobre todo, fomentar la creación de empresas relacionadas con el uso de nuevas metodologías. Me acaban de presentar una APP en la que pueden conectarse productores con consumidores, y eso es lo que tenemos que fomentar, eso es lo que se tiene que hacer. Y, por supuesto, desarrollar proyectos de turismo gastronómico rural que mejoren la amplia oferta con la que cuenta nuestro país.

Termino, señor presidente. En Ciudadanos creemos en el potencial de desarrollo del territorio rural en todos sus ámbitos, un desarrollo que permitirá generar nuevas oportunidades económicas y encaminará a nuestro medio rural a una necesaria revitalización. Por eso, señorías, lo más importante es que trabajemos todos de forma conjunta en hacer planes de acción que establezcan una equiparación del mundo rural frente al entorno urbano, porque, mientras no haya igualdad, se mantendrá el desequilibrio y se seguirá generando la huida del mundo rural.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Garaulet.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carreño Fernández.

La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señor Guijarro, ¿qué sentido tiene, como piden ustedes hoy aquí, comprometer cientos y cientos de miles de millones, si no tienen claro dónde van a estar destinados y, además, confunden los conceptos y no saben tampoco cuáles son sus prioridades? Miren, hay que gestionar mejor con menos, y eso los de izquierdas no lo saben. Señorías, me parece muy bien que el señor diputado de Podemos ensalce la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Pero, miren, cada vez que el Partido Socialista quería un minuto de gloria y un espacio en los medios proponía una ley o una frase magistral, y luego resultaba que esa ley tenía problemas, y puedo enumerar algunas de ellas. Eso es lo que ha ocurrido con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, donde el Grupo Parlamentario Popular compartía los objetivos de esta ley. Pero, desde el primer momento, se dio cuenta de que tenía problemas competenciales, problemas técnicos, ni un ejemplo de participación, y menos presupuestario, porque esta ley nació sin fondos y su aplicación se concretaba en un complejo sistema de toma de decisiones, señorías. Además, la realidad es que el Grupo Parlamentario Popular se encontró en 2012, cinco años después de la aprobación de la ley, con que solo una comunidad autónoma había firmado un convenio, los planes de zona en solo seis, y una ejecución de 20 millones de euros al año, cuando lo que preveía la ley eran 500 millones de euros. Eso es lo que la izquierda hizo por el desarrollo rural en esos cinco años de Gobierno socialista con la aplicación de la ley.

Es muy acertado que recuerden la etapa de Zapatero y la etapa de Gobiernos de izquierdas en este país, para que no se nos olvide cómo hemos sufrido los españoles y cómo dejan España cuando gobiernan. Pero como decía esa frase tan conocida: Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas. Ahora le diré qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular en sus cinco años de Gobierno. Este Gobierno negocio para España más de 47 000 millones de euros para las zonas rurales, en un contexto de reducción del presupuesto comunitario. Este Gobierno, con sus medidas, a dado herramientas al sector para que crezca, para fomentar la iniciativa individual y empresarial de los productores, que son determinantes en el desarrollo rural; y ha conseguido que las exportaciones hoy hayan aumentado casi un 16 %; que la producción final agraria alcance un valor récord de 46 807 000 euros; y que la renta agraria alcance la cifra récord de 30 781 000 euros. Señorías, no hay mejor informe de evaluación como el que ustedes piden en su moción que ese. Y lo más importante, los nuevos compromisos del Gobierno. Por eso, ha puesto en marcha el Comisionado frente al reto demográfico, y nuevas estrategias para que se promueva el relevo generacional en la agricultura y el impuso a la innovación en nuestro explotaciones. Este Gobierno demuestra en los Presupuestos Generales del Estado


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para 2017 su compromiso con el medio rural, con un incremento del 17 % en desarrollo rural respecto al año anterior.

Señorías de Podemos, sus políticas son perjudiciales para los intereses de los agricultores y los ganaderos, para la industria alimentaria y, por tanto, para el medio rural. Miren, el proceso de globalización actual se presenta como una oportunidad y como un reto, que las zonas rurales están aprovechando para estar presentes en ese contexto mundial con nuevas formas de innovación y de participación económica, social, cultural y ambiental. Ese mercado global en el que ustedes no creen, pero que está dando más presencia y oportunidades a miles de emprendedores, de empresarios y de personas que, con su actividad agraria, generan riqueza en el medio rural. Señorías, decir que apoyar el medio rural no es apoyar a la agricultura, como así han manifestado los representantes de Podemos, confirma el enorme desorientación política que tienen ustedes. ¿Ustedes saben por qué la gente reconoce que los Gobiernos del Partido Popular, como ustedes también lo hacen, son los que mejor defienden los intereses de nuestro campo? Porque saben que en la mayoría de ocasiones la única y principal alternativa de empleo es la derivada de la agricultura y del sector agroalimentario, y lo saben porque siempre han mostrado una especial sensibilización y preocupación por el medio rural y porque además les defienden aquí en España y ante las instituciones comunitarias que, en gran medida, es donde se deciden las políticas de desarrollo rural.

Para finalizar, en el Grupo Popular estamos muy orgullosos del trabajo que está realizando este Gobierno, del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y del enorme potencial del sector agroalimentario. Hoy está reconocido que la actividad del sector agroalimentario ha sido uno de los apoyos para salir de la crisis en la que España se ha visto inmersa estos últimos años, por cierto, con políticas de izquierda. Por tanto, sigamos trabajando porque tenemos que trabajar juntos para que el sector continúe siendo una referencia a nivel mundial.

Mi grupo ha presentado una enmienda con el compromiso de trabajar procurando la colaboración de todos en una cuestión de la que depende el futuro de la población española. Lo importante es que entre todos podamos contribuir a crear un entorno rural atractivo que propicie una buena calidad de vida y que genere nuevas oportunidades para todos y, sobre todo, para los jóvenes y para las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Carreño.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño muy brevemente. En nombre de mi grupo, respecto a la propuesta que Podemos hace y el objetivo que tiene, entiendo la respuesta que algunos han dado, pero al fin y al cabo coincido en que para muchísimos partidos la agricultura es un elemento vertebrador de Estado que vertebra más allá de lo que es la actividad agraria y genera conciencia de Estado, porque, si no, tanto interés en algunas cuestiones me crea bastante preocupación.

El programa que surge del Real Decreto 752/2010 nunca ha estado en activo, ya que en la práctica el desarrollo rural se ha articulado en el Estado a través de los PDR de cada comunidad autónoma con financiación PAC de la Unión Europea y con financiación de las propias comunidades autónomas y una pequeña parte de la Administración General del Estado, salvo en Euskadi y en Navarra. En el fondo el desarrollo rural es de las pocas cuestiones competenciales, en materia agraria, en las que en gran medida el ministerio ha sido subsidiario con las comunidades autónomas, posibilitando la regeneración del llamado segundo pilar. Todas las comunidades autónomas tienen teóricamente plenas competencias en materia agraria, pero en la práctica el Magrama asume un porcentaje muy amplio de la financiación en todos los ámbitos agrarios.

La ley que surgió en la época de Zapatero a nosotros no nos gustó desde su inicio; así lo dijimos y no colaboramos además en la participación porque considerábamos que tenía un principio rector que, a nuestro entender, invadía nuestras competencias en esa materia. Era una ley supercompleja, ambiciosa y con una gobernanza muy complicada y de difícil coordinación que se formula de alguna manera en paralelo al segundo pilar de la PAC, según el decreto para complementarla. Esa ley es muy dirigista, en el sentido de que marca estrategias, prioridades, zonas de actuación, actuaciones, etcétera. Es decir, marca por dónde tienen que ir todos a la vez y juntos, obviando los ámbitos competenciales que cada comunidad autónoma tiene o, por lo menos, que nosotros en Euskadi tenemos. Omite la capacidad que cada uno pueda tener para hacer sus estrategias, pero también para hacer sus diagnósticos y marcar sus propias


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líneas de actuación, por tanto, invadía las competencias que en materia agraria y de desarrollo rural tienen las comunidades autónomas.

No nos oponemos a un reforzamiento de las políticas de desarrollo rural, pero creemos que se potenciarían mejor y con un menor coste desde la Comisión Europea, integrando el desarrollo rural en la política de cohesión de la Unión Europea o, por lo menos, con la complementariedad de las Feader y Feder. Por tanto, no vamos a votar a favor de esta propuesta, pues consideramos que la activación de esa ley no favorece en absoluto la capacidad que las comunidades autónomas tienen para ejercer sus propias políticas de desarrollo rural.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué modelo agrario se está defendiendo hoy, señorías, aquí? En la interpelación de la pasada sesión me llamó la atención que, ante la evidencia de la disminución en un 37 % que la renta agraria ha experimentado en los últimos años, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respondiese con el argumento del aumento de las exportaciones agrarias y el mayor peso económico de la actividad agraria en el conjunto de la economía. Así daba a entender que las cosas van bien y que hay una recuperación del sector agrario. La pregunta obligada es: ¿A qué sector agrario se refiere exactamente? De hecho, su intervención nos dio la pista. Durante estos años hemos estado asistiendo a un cambio de paradigma que ha favorecido los intereses de los grandes patrimonios y de las grandes corporaciones en detrimento del modelo propuesto en 2007 de desarrollo sostenible del medio rural.

Voy a explicarme: señorías, les voy a poner un ejemplo que ilustra muy bien lo que ha estado sucediendo y sigue pasando ahora. Un municipio cerca de Lleida, de donde provengo, tenía la ilusión de que la ampliación del riego activaría su economía y atraería a los jóvenes para invertir. Al final, al cabo de unos años una gran empresa compra todas las tierras y trae para realizar las labores un autocar con gente de Lleida, por lo que se produce una deslocalización interna de la actividad. Finalmente, la población envejecida vende sus tierras. Este es realmente el problema de base que tenemos.

Está claro que tienen ustedes un modelo, está clarísimo: descender su óptica en lo liberal en pro de la privatización y la mercantilización del medio rural. ¿Y de qué manera? Aplicando una estrategia de desregularización que acaba favoreciendo los intereses de los grandes patrimonios -repito- y de las grandes corporaciones. Es tan simple como eso, y si no lo entendemos realmente no entenderemos de qué estamos hablando. ¿Cómo se entiende si no el despliegue de las reformas que han fomentado, que han supuesto, por ejemplo, la desregularización y desprotección del medio rural, favoreciendo así procesos de privatización de los recursos naturales? La reforma de la Ley de Montes deja abierta la posibilidad de construir en terrenos incendiados, a pesar de no haber pasado los treinta años establecidos en la Ley 43/2003, lo que nos puede llevar a especular con el medio ambiente, y retira la obligatoriedad de que los montes particulares y los públicos no catalogados dispongan de planes de gestión.

Con su entrada en el Gobierno en la pasada legislatura el Partido Popular aporta un nuevo elemento a través de la reforma de la Ley de Aguas: la legalización de los libres mercados de derechos concesionales de aguas públicas. Supone abrir la puerta a la privatización de un bien público en manos no ya de las comunidades rurales, sino de las empresas que especulan con dichos cánones concesionales. Podría hablar de otras muchas acciones que no favorecen precisamente los intereses del medio rural, como que el modelo de distribución de la PAC sigue beneficiando a los grandes propietarios y no al agricultor activo. También está la aplicación del impuesto al sol, que ha arruinado a familias y a inversores que apostaron por las energías renovables o la reforma del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que modifica el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes renovables o generación de residuos y que acaba poniendo en peligro la viabilidad de las plantas de tratamiento de purines, afectando gravemente al sector porcino, o la valoración excesiva del valor catastral de las construcciones rústicas, hecha en base a la ponencia urbana. Estos son algunos ejemplos y podría extenderme muchísimo más.

Perdonen, pero parten ustedes de una concepción del medio rural entendido como un espacio virgen, desierto demográficamente y preparado por tanto para ser explotado. Hago una caricatura, pero es así. Lamentablemente, esta concepción entra en flagrante contradicción con el modelo que pretendía la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La despoblación del medio rural no solo supone un reto económico, sino que sobre todo afecta a la cohesión social y al equilibrio territorial. Evidentemente, es una concepción mucho más orgánica y compleja que la puramente económica. En este sentido, el


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modelo propuesto por la ley tiene la gran virtud además de contar con el propio territorio en la toma de decisiones. De hecho, creemos que uno de los principales retos en la aplicación de esta ley ha de ser el empoderamiento de la sociedad rural y de las organizaciones sectoriales en la toma de decisiones. Esta es la clave. En ese sentido, algunas de las políticas de desarrollo sostenible del medio rural que aplican las comunidades autónomas van por aquí, ya que recordemos que son competentes en materia de desarrollo rural y ordenación del territorio. Por ese motivo, damos nuestro apoyo a esta moción para intentar revertir el modelo actual y apostar por un modelo de desarrollo sostenible del medio rural.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Eritja.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente.

Señorías, en España el 20 % de la población vive en espacios rurales que ocupan el 90 % del total de nuestro territorio y generan 1,2 millones de empleos. Tenemos un mundo rural, por lo tanto, con un gran potencial. Aún así, el avance imparable del envejecimiento de la población en el medio rural a lo largo y ancho del Estado, nos convenció de la necesidad de ayudar a fijar población en los entornos rurales y evitar la desertización de nuestro medio rural. Por eso, el Partido Socialista elaboró la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Es una ley compleja que debemos poner al día, pero ha sido y es un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades, y ha sustentado que la procedencia, sea cual sea, permita tener una base de justicia. En ese sentido, no podemos olvidar que algunas colectividades tienen más escollos de los que todos tenemos ya de por sí. Mujeres o jóvenes no lo tienen fácil. Esta ley otorgaba justicia al medio rural y aportaba oportunidades a su gente. Al PP nunca le gustó esa ley. Sin embargo, de lo que supuestamente les disgustaba en cuatro años de mayoría absoluta no cambiaron ni tan siquiera una coma. Sencillamente escenificaron -siguen haciéndolo- su desidia hacia el medio rural. ¿Cómo? Dejando sin dotación presupuestaria la ley, su modus operandi habitual. No es necesario extenderme mucho en que esta forma de proceder evita el debate democrático y anula de facto una buena ley. ¿Debemos volver a trabajar la ley para ponerla al día? Claro. ¿La ley es necesaria? Sin duda. ¿Tenemos que analizar cómo ha evolucionado y que podemos mejorar? Sí, hagámoslo, pero ante todo -es por lo que apostamos en el Grupo Parlamentario Socialista- activemos la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

No creo que sea necesario subrayar que el medio rural es un espacio dinámico creador de riqueza. El medio rural merece, por lo tanto, un giro radical en las políticas del Estado y una apuesta clara por su gente. Que al PP lo mismo le da el medio rural que la Ley 45/2007, y ha quedado negro sobre blanco en el presupuesto actual, como ha explicado antes el señor Guijarro. Es cierto que aparentemente el Programa de Desarrollo Rural es el único que aumenta, pero lo hace con una salvedad: lo hace a cuenta de los 206 millones que proceden del pilar de desarrollo rural de la PAC; fondos europeos, no del ministerio. Es más, el PP hace tantos recortes en actuaciones en el medio rural que, a pesar de esta aportación de más de 200 millones europeos, se queda en una partida total de 179 millones. Hagan todos ustedes las sumas y las restas. Además, las cifras globales indican que se destinan 1213 millones de euros al medio rural, pero 1176 son de procedencia europea, por tanto, la cifra de 37 millones de euros es la apuesta concreta anual del Gobierno del PP para el medio rural -son 37 de 1213-. Ver el mundo rural como una escena de caza de La Escopeta Nacional se resume así, 37 de 1213, un 3 % de la inversión total. El 97 % del medio rural en España recibe apoyo solo gracias a Europa. Es necesario, por lo tanto, cambiar el punto de vista. Señores del Gobierno del Partido Popular, el medio rural no es una carga, sino una oportunidad. Europa así lo entiende, luego súmense a esta creencia. Dejen inmediatamente los recortes llevados a cabo en formación profesional agraria o en promoción de actuaciones para la mujer en el medio rural, los recortes a los colectivos más vulnerables. En el medio rural, el PP no solo los olvida, sino que los condena a tener menos oportunidades. Y al final -y también se ha dicho-, rural o urbano, lo que necesitan nuestros ciudadanos son oportunidades. ¿Cómo van a tener oportunidades si ejecutan unos míseros 22 000 euros en becas de formación?

Señorías de Podemos, señor Guijarro, es evidente que nuestro voto será favorable porque entre algunos que vienen a contarnos que ya se van de aquí y les da todo un poco igual pero vuelven cada lunes; otros que siguen viniendo los lunes sin ruborizarse por estar de corrupción hasta las cejas; los de Ciudadanos que a veces no sabemos bien a qué han acabado viniendo a esta sala (Risas de algunas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos), cuando ustedes se ponen serios


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y dejan de intentar tener un retuit más que el señor Gabriel Rufián, resulta que es posible mejorar puntos concretos de la vida de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos. El medio rural lo necesita y ante todo esta ley -con sello socialista- da oportunidades reales al medio rural y merece ser activada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Lamuà.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Guijarro García si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.

Aceptamos la enmienda de Ciudadanos, no así las otras dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota a efectos de votación.

Concluidos los debates de los puntos del orden del día de esta mañana, se suspende la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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