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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 32, de 21/02/2017
cve: DSCD-12-PL-32
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 32
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 30
celebrada el martes,
21 de febrero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 33-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000022)... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 18-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000008) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 81, de 5 de enero de 2017. (Número de expediente 162/000279) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un plan de derechos humanos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 81, de 5 de enero de 2017. (Número de expediente 162/000282) ... (Página39)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres. (Número de expediente 173/000016) ... (Página48)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del corredor mediterráneo. (Número de expediente 173/000017) ... (Página56)


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- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. (Número de expediente 173/000018) ... (Página64)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página72)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página73)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez y las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bataller i Ruiz, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como las señoras Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición los señores Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del mismo grupo; el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un plan de derechos humanos ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la enmienda presentada por su grupo.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como el señor Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Esteban Bravo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres ? (Página 48)

Defiende la moción la señora Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Matute García de Jalón, del mismo grupo; el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Faba de la Encarnación, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Álvarez Álvarez.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del corredor mediterráneo ... (Página56)

Defiende la moción el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Baldoví Roda.

Hacen uso de la palabra por el artículo 71.3 la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales ... (Página64)

Defiende la moción el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Carreño Valero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página72)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, se aprueba por 335 votos a favor más 2 votos telemáticos, 337, y 5 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal, se aprueba por 175 votos a favor más 1 voto telemático, 176; 135 en contra más 1 voto telemático, 136, y 30 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página72)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional, se aprueba por 171 votos a favor, 163 en contra y 6 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 338 votos a favor y 1 abstención.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página73)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, se aprueba por 339 votos a favor y 1 abstención.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del corredor mediterráneo, se aprueba por 336 votos a favor y 3 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 205 votos a favor y 130 en contra.

Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES. (Número de expediente 122/000022).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley, y en concreto la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.

Gracias también a los ciudadanos que nos acompañan hoy aquí en la tribuna, entidades que han querido colaborar con esta iniciativa parlamentaria. Gracias a todos ellos por estar aquí y a los ciudadanos que nos estén siguiendo.

El segundo problema de los españoles, a pesar de los problemas que tenemos con la sanidad, a pesar de los problemas en nuestra educación, a pesar de los problemas en la economía, a pesar de tantos y tantos problemas que nos acompañan en el día a día, sigue siendo en 2017, según el CIS, la corrupción. Cuando un problema permanece en el tiempo y los españoles nos dicen a esta Cámara y a los políticos en general que la corrupción sigue siendo el segundo problema más importante, lo que cree este Grupo Parlamentario Ciudadanos es que hay que actuar a conciencia, de manera integral y transversal, y que hay que hacerlo ya, que no hay tiempo que perder, que llevamos demasiados años lamentando los casos de corrupción, lo que sucede en la vida pública, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso hoy traemos aquí, por fin, esta ley integral contra la corrupción, una ley que Ciudadanos no presentó ayer ni la semana pasada, sino el 15 de septiembre de 2016, y que además venimos peleando desde la legislatura fallida anterior. Así que después de unos cuantos meses por fin llega a esta Cámara la ley integral contra la corrupción. Es la segunda ley que presenta Ciudadanos. La primera fue la ley de medidas urgentes para los autónomos. Empleo, la primera prioridad de los españoles. La segunda prioridad es la lucha contra la corrupción. Por eso hoy es un honor defender esta ley aquí en nombre de los treinta y dos diputados de Ciudadanos. (Aplausos).

Como les decía no es una ley más, no es una ley que trate un tema en concreto, es una ley integral, transversal, ómnibus, como se conoce jurídicamente, porque pretende abordar varios de los puntos débiles donde siempre aparece la corrupción. El primero de esos puntos no ha sido nunca abordado en


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esta Cámara como ley, es la primera vez en la historia de España que se va a tramitar una ley no para proteger a los corruptos, sino para proteger a los que denuncian a los corruptos. (Aplausos). Sí, no se extrañe la bancada popular, es la primera vez que se trae una ley aquí para proteger a los denunciantes, aquellos que sufren el acoso y derribo de algunos partidos políticos en alcaldías, sobre todo en la vida local, pero también en la vida autonómica. Por eso es un honor traer una ley para proteger a los héroes y no a los villanos, una ley para proteger a los funcionarios públicos que se juegan el tipo literalmente, como nos han contado algunos de ellos y hemos visto en algunos medios de comunicación, y no proteger a los corruptos que quieren quitarse de en medio a los secretarios, a los interventores o a los funcionarios que hacen su trabajo. Pues bien, hoy es una buena noticia para los buenos, para los que denuncian la corrupción, para los que velan por nuestro dinero público, para los que al político corrupto de turno se lo ponen difícil o le impiden que meta las manos en nuestra cartera. A esos hoy también hay que rendirles homenaje con esta ley, porque a partir de ahora, ya no solo con palmaditas en la espalda sino con una ley, se les va a proteger para que puedan hacer bien su trabajo. Este es el primer punto fundamental de esta ley, proteger a los denunciantes y no proteger, avalar y dar palmaditas en la espalda a los políticos corruptos.

El segundo punto de esta ley relevante que creo que hay que traer a esta Cámara es la supresión de los indultos por corrupción. En nuestro programa electoral hablamos de suprimir indultos por corrupción política, por violencia de género, los indultos a terroristas y aquellos en definitiva que tengan que estar motivados. ¿Qué trae hoy aquí Ciudadanos? En primer lugar, la supresión de los indultos por corrupción política. Saben ustedes que la Ley de Indultos es del siglo XIX. Estamos hablando de una normativa obsoleta, pero además es una normativa que ha sido modificada todavía a peor, porque se hizo una reforma que precisamente lo que hace es que no se tengan que motivar los indultos en esta Cámara; en definitiva, que el Gobierno pueda proteger también a aquellos que finalmente han sido condenados. A algunos corruptos les sucede como al ciclo del agua. Primero son imputados, luego son procesados, luego son juzgados, luego son condenados y finalmente indultados. (Aplausos). Y nosotros no queremos que haya ningún ciclo del agua. Nosotros creemos y confiamos en nuestros jueces, creemos y confiamos en nuestros fiscales, creemos y confiamos en esos hombres buenos que hacen su trabajo. Nos parece que si un juez, con garantías procesales en pleno siglo XXI, condena a alguien después de poder ir a segunda instancia, después de pasar por un proceso judicial, un Gobierno no es nadie para poder levantar esa condena. Así que hoy venimos aquí a suprimir lo que se llama el indulto, la gracia; a algunos no nos hace ninguna gracia y lo único que queremos en definitiva es que quien la haga la pague y que a quien se le condene cumpla su condena. (Aplausos).

Ya sé que algunos -después de muchos años de democracia, de golpe y porrazo- hace muy poco se han despertado y van a cambiar lo que no han cambiado en cuarenta años. Está muy bien, espero que apoyen esta iniciativa, pero la realidad es bien distinta, los españoles tienen memoria. (Muestra un documento). El Gobierno indulta a un excargo de Convergència, del entorno de Pujol. El Gobierno Rajoy indultó a un excargo de Convergència, y de esto no hace trescientos años, esto fue la legislatura pasada. Pues esto no va a volver a pasar con esta ley. (Muestra otro documento). El señor Rajoy, o quien sea el futuro presidente de Gobierno, no va a poder indultar a los corruptos con una decisión política de su Gobierno. (Muestra otro documento). Tampoco van a poder indultar a sus alcaldes, aunque tengan doce delitos de corrupción urbanística; no van a poder hacerlo. Tampoco el Partido Socialista va a poder conceder indultos como los que hizo. (Muestra otro documento). A finales del milenio recordarán ustedes el conocido como indulto del milenio: fueron 1.400 indultos en un día los que concedió el Gobierno del señor Aznar. Fueron 1.400 indultos; como el que receta un medicamento; 1.400 señores que no tienen que cumplir su pena. Esto se va a acabar. Tienen que motivarse los indultos si no son por corrupción y tienen que prohibirse si son por corrupción. (Aplausos).

Hay un tercer punto en esta legislación nueva, innovadora, que traemos a esta Cámara que tampoco se ha abordado nunca en el Código Penal español: el enriquecimiento ilícito. Y dirán ustedes: ¿eso qué significa? Eso significa que si un cargo público, si una persona física incrementa de manera exponencial su patrimonio y no puede demostrar de dónde procede ese patrimonio, inmediatamente se le investiga porque puede haber cometido un delito. ¿Qué supone esto? Pues que en vez de tener tantas trabas y dificultades -cuando algunos hacen virguerías en paraísos fiscales y ocultan su patrimonio y la procedencia del mismo- esto obliga a un cargo público, por ejemplo, a que cuando se incrementa su patrimonio tenga la obligación de dar cuentas sobre la procedencia del dinero. Si hubiera estado en vigor esta norma que hoy traemos, el señor Rato, por ejemplo, no podría haber duplicado en un año su patrimonio


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sin dar explicaciones en esta Cámara. Fíjense si es útil de lo que estamos hablando; el caso Rato no existiría si este delito de enriquecimiento ilícito ya hubiera estado puesto en marcha. No lo pusieron en marcha con mayoría absoluta -ya me imagino el porqué-, pero lo vamos a poner en marcha ahora en esta nueva legislatura. Pero no solo el caso Bárcenas, también el caso Malaya. El señor Roca tendría que haber demostrado la procedencia de su dinero en el caso Malaya, y así un largo etcétera de casos de personas que han incrementado su patrimonio con dinero procedente del delito y se han ido de rositas o hemos tardado muchos años -por otros delitos fiscales y de otra naturaleza- en conocer lo que estaban haciendo. Sí que es verdad que a Al Capone le acabaron pillando por un delito fiscal, pero en el siglo XXI si alguien tiene enriquecimiento ilícito esperemos que no caiga por un delito fiscal, sino por los delitos que le corresponden. Así que el enriquecimiento ilícito va a ser un delito si esta ley se tramita y si la Cámara está de acuerdo en ponerlo en marcha. (Aplausos).

El cuarto punto que traemos a esta Cámara en esta ley anticorrupción es la eliminación de una traba que el Partido Popular puso en marcha a finales de la legislatura pasada, con la que no estamos de acuerdo nosotros, pero me consta que tampoco la inmensa mayoría de servidores públicos en el ámbito de la justicia, porque se puso un obstáculo para poder investigar la corrupción. Se puso un plazo máximo para poder investigar en la instrucción de los procesos penales. Señores del Partido Popular, les digo una cosa, no se trata de meter en un cajón a los seis meses una causa penal que afecta a un cargo público, no se trata de eso; se trata de dotar de dinero y recursos a los jueces para que lo hagan rápido. No se piensen ustedes que cambiando la ley se soluciona el problema. El problema no es que nuestros jueces y fiscales no hagan su trabajo, el problema es de dotación de recursos materiales. Ciudadanos prefiere incrementar -y lo estamos negociando también en los presupuestos- las partidas para la justicia y no hacer leyes injustas como las que hicieron ustedes. Queremos suprimir el límite para investigar la corrupción. No tiene que haber ni cortapisas ni límites en este país para investigar a los corruptos. (Aplausos). Saben ustedes perfectamente de qué les hablo, porque hace muy poco en el caso Pasarelas se ha metido en el archivador un juicio por posible corrupción política de alguno de sus cargos tirando precisamente de este artículo que ustedes modificaron en esta última legislatura.

Quinto punto -fundamental también para la lucha contra la corrupción-, que los partidos políticos, sindicatos y patronales se hagan cargo, sean responsables subsidiarios de la corrupción. Esto lo entiende cualquier ciudadano que nos esté viendo. Cuando alguien hace algo mal se responsabiliza de lo que ha hecho mal, cuando alguien tiene una empresa se responsabiliza de lo que sucede en esa empresa. Pues bien, los partidos políticos, los sindicatos y patronales -órganos de especial protección constitucional, la Constitución nos reconoce un papel en la sociedad española- tenemos que hacernos cargo de los posibles casos de corrupción. No vale decir: fue Bárcenas. No, fue Bárcenas, no; fue el partido de Bárcenas y es el que tiene que devolver hasta el último euro a los españoles de lo que haya hecho el señor Bárcenas. (Aplausos). No vale decir: fue Griñán o Chaves; no vale. Tiene que devolverse el dinero porque los españoles quieren que se cumpla la pena, pero sobre todo que se les devuelva la pasta, vamos a hablar claro. Esta norma que ponemos aquí en marcha hace que los partidos políticos sean los primeros interesados en perseguir la corrupción, porque entonces se responsabilizarán con su dinero, con su patrimonio, con las cuotas de sus afiliados, del dinero que han podido estafar o robar sus cargos políticos. Me parece una norma fundamental. Responsabilidad; cualquiera que trabaje en el mundo civil o en una empresa, en cualquier ámbito, sabe que quien la hace la paga y la paga hasta el último céntimo. En España, cuando alguien incumple un día el pago de la cuota de autónomos -un día- y no paga a Hacienda, tiene una multa, tiene un recargo, paga y se hace cargo de más incluso de lo que debe. Por tanto en este país los partidos políticos tienen que ser los primeros en responsabilizarse de aquello que han hecho mal en la Administración pública. Este es el quinto punto fundamental de esta ley.

El último punto también me parece novedoso, porque pone en valor el trabajo que hacen parte de nuestros funcionarios y porque les damos también una señal, porque detrás de esto no solo hay un cambio legislativo, sino que hay un cambio de orden en los valores. Me parece que los secretarios, los interventores, los funcionarios públicos, especialmente de la Administración local, tienen que estar protegidos para poder enfrentarse a las tramas de corrupción urbanística, para poder decirle que no a un cacique de turno. Tenemos que protegerles. Hemos visto casos donde se intenta liquidar, políticamente hablando, al secretario de turno. Incluso en ocasiones, como en el caso Pokemon, se ha insultado de manera despectiva a los secretarios, diciendo: a ver cómo nos quitamos a este pesado de encima que quiere hacer cumplir la ley. Pues bien, a los secretarios de ayuntamiento y a los interventores queremos lanzarles un mensaje desde aquí: les vamos a proteger, les vamos a ayudar, queremos que hagan su


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trabajo. Vamos a dotar de mecanismos legales a aquellos que hacen cumplir la ley, que son fedatarios públicos, en cada ayuntamiento de los 8.300 pueblos de España. (Aplausos). Eso es fundamental.

Hay muchas noticias de corrupción, cada día hay noticias de corrupción en este país. Hoy mismo sin ir más lejos (Muestra un documento) hay una hablando precisamente de interventores: El calvario de la interventora de Arganda por querer poner coto a Innova y a la Gürtel. Les invito a que busquen ustedes los casos de secretarios e interventores, y tienen que ser protegidos para denunciar la corrupción. Hay que proteger a los que defienden al Estado y no a los que corrompen al Estado. En definitiva, para ir acabando, hay más puntos en esta ley; uno de ellos habla de dar transparencia a la relación con los lobbies en este Parlamento, algo que ya han hecho parlamentos de toda Europa e incluso el Parlamento Europeo. Considero que a España también tiene que llegar esa regulación, sin mezclarla con la corrupción, pero regulando claramente estas relaciones.

Para finalizar esta intervención querría llamar su atención para que demos pasos más allá del echarnos encima de la mesa la corrupción. El problema no es que el corrupto sea del PP o del PSOE o del PSOE o del PP. (Rumores.-Protestas). El problema es que tenemos corrupción en este país. Bueno, no se extrañen ustedes, es que van a uno por semana. (Aplausos). En la última semana, la consejera de la Comunidad Valenciana, Caso Nóos, condenada; en la última semana, Jaume Matas, presidente autonómico, condenado; imputado el presidente de Murcia hace pocas horas. (Rumores.-Protestas). Sí, sí, imputado el presidente de Murcia. Por tanto no se extrañen ustedes de que la gente se preocupe por la corrupción, porque llevan un ritmo de imputaciones y condenas que tela... (Aplausos). Para acabar quiero llamar su atención sobre que este no es un problema de un partido, es un problema para España; es verdad que unos tienen problemas y otros no, pero es un problema de España. Por eso les propongo que actuemos conjuntamente, que tramitemos esta ley y bienvenidas sean las enmiendas con muchos puntos, y que lo que no se ha hecho en los últimos cuarenta años se haga ahora. Pero déjennos, por favor, que podamos decirles a los españoles que vamos a proteger a los buenos y que vamos a castigar a los malos, que les podamos decir a los españoles que el Congreso de los Diputados, con una mayoría amplia -espero que unánime- de los partidos, tramitará esta ley para poder decirles también a los ciudadanos que quien lo hace bien tiene premio, no castigo, y que quien lo hace mal, la paga.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Foro va a apoyar la toma en consideración de esta ley defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado señor Rivera. Señorías, todos los partidos políticos han llevado en sus programas electorales compromisos para la lucha contra la corrupción. Ha habido acuerdos parlamentarios sobre este importante asunto e incluso se ha creado una Comisión permanente no legislativa al respecto. Por eso resulta llamativo que un tema de indiscutible interés general se haya promovido desde un solo grupo parlamentario con una iniciativa legislativa que, con toda seguridad, podría ser muy compartida e impulsada por el conjunto de la Cámara. Son humanas las ganas de encontrar resquicios para hacerse notar en la historia parlamentaria, pero no se entiende esta carrera por ser los primeros, que no los únicos, preocupados en profundizar en la transparencia de la gestión pública y en la lucha contra la corrupción.

Esta toma en consideración trata de impulsar nuevas medidas para reconocer y facilitar los derechos de los denunciantes en el ámbito de las administraciones públicas, estableciendo un marco de protección integral para su tutela y garantía. Se da la circunstancia de que en España, a diferencia de la mayoría de los países europeos, no existe un texto legislativo al respecto; por tanto es necesario que se establezca un conjunto de garantías para proteger desde la intimidad, el anonimato y la privacidad al denunciante, así como su integridad física, su defensa jurídica, y en definitiva todas aquellas medidas necesarias para desarrollar y ampliar mediante una norma nacional la protección de testigos. Esta tiene que ser una ley que responda a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que España es firmante. Es una ley que pretende la creación de la denominada autoridad independiente de integridad pública, un ente que, de acuerdo con nuestra legislación, otorga medidas de protección efectivas siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. En todo caso hay mucha materia por porfiar en la lucha contra la corrupción y para incrementar los derechos que ya tiene el denunciante a través del Código Penal, de


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la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos, así como también de otras leyes y estatutos. Y quiero señalar por último que la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad hace apenas doce días una iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para mejorar el ordenamiento jurídico en el combate contra la corrupción.

No quisiera terminar mi intervención sin hacer una referencia al importante conjunto de 60 propuestas que la tenaz sección española de Transparencia Internacional realizó para avanzar y complementar el actual marco normativo vigente en nuestro país. Esta es otra línea de trabajo a seguir, señorías.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, muchísimas gracias.

Señores diputados, muy buenas tardes. Señores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tienen dos votos favorables por parte de Unión del Pueblo Navarro en esta toma en consideración de la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, y por dos motivos muy sencillos. El primero es que puedo decir a plena voz que si hay en esta Cámara un partido político que ha luchado siempre, desde su fundación, contra la corrupción es ha sido Unión del Pueblo Navarro. Hace casi cuarenta años que se fundó el partido al que pertenezco orgullosamente, y tiene prohibidas las donaciones desde el primer día de su constitución para evitar intereses de terceros. Y en segundo lugar, con hechos: desde el año 1991, en que llegó al poder en el Gobierno foral de Navarra -y hemos estado prácticamente ininterrumpidamente hasta 2015-, no ha habido ni un solo caso de corrupción de ningún cargo público del Gobierno de Navarra bajo el mandato de Unión del Pueblo Navarro. Por lo tanto esa es nuestra credencial y esa es nuestra tarjeta de presentación, y votaremos favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.

Antes de nada quiero saludar a la Plataforma por la Honestidad que ha venido a escuchar el Pleno de hoy.

Ciudadanos nos trae hoy a debate una ley de lucha integral contra la corrupción y la protección de los denunciantes; una ley que se define como ambiciosa y que tiene por objetivos, entre muchas otras cosas, mejorar la transparencia, fomentar la responsabilidad de los cargos públicos, limitar la discrecionalidad en los nombramientos... Todo esto nos parecería de lo más coherente si no lo propusiera el mismo partido que ha investido presidente a Rajoy y al Partido Popular, el mismo Partido Popular que se ha presentado elección tras elección dopado. Así que hablemos de corrupción, pues por desgracia en el País Valencià sabemos mucho. Por cierto, Milagrosa es de la trama Gürtel; ya tenemos tantas, que nos confundimos. Del dopaje del Partido Popular en el País Valencià también sabemos bastante. (Muestra un documento). Miren, esta es la foto de familia de condenados, imputados o investigados ahora del País Valencià. Fabra: expresident de la Diputació, delitos contra la Hacienda pública. Ripoll: expresident de la Diputació d'Alacant, caso Brugal. Rus: expresident de la Diputació de Valencia, caso Imelsa; el mismo de 'Alfonso, te quiero, coño': el mismo. Castedo: exalcaldesa d'Alacant, caso Brugal. Barberà: exalcaldesa de Valencia y exsenadora del Partido Popular, caso Taula. Blasco: exconseller de la Generalitat, caso Cooperación. Camps: expresident de la Generalitat, caso Fórmula I. Así que hablemos de corrupción, sí. Puede parecer cosa del pasado, el Partido Popular se puede presentar como renovado mientras Ciudadanos le regala los Gobiernos de las instituciones. Pero sin ir más lejos, ayer mismo, nuestro portavoz en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana, destapó otro posible caso de corrupción, otra trama Fitur dentro de la trama Gürtel: hasta tres millones de euros podrían haber sido fraccionados para beneficiar a empresas afines. Por cierto, Diputación de Alicante presidida por el Partido Popular también gracias al que era diputado por Ciudadanos. Así que hablemos de corrupción. Evidentemente la mejor manera de combatirla es no permitir que la gente que se ha pagado campañas electorales con dinero supuestamente corrupto esté en las instituciones. Y eso, señorías de Ciudadanos, no se hace solo con una ley, se hace siendo coherentes y mandando a la oposición a quien pueda tener


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las manos manchadas, ya que si hablamos de corrupción, Albert Rivera, tanta culpa tiene quien permite que se robe como quien roba.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. Hoy nos acompaña la Plataforma por la Honestidad, a la que doy la bienvenida.

Señor Rivera, nosotros vamos a votar a favor, claro que sí, de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque nos interesa; porque nos preocupa que se dote de las necesarias garantías para proteger a aquel que destapa la corrupción, a aquella persona que se atreve a denunciarla, a aquella persona que quiere poner fin a la corrupción; porque es el primer paso para poder atajarla; porque es necesario que quien denuncie se sienta arropado bajo un paraguas de una protección integral que le dé garantías, porque ello refuerza el Estado de derecho. De hecho estamos en ello, señor Rivera. Usted nos pide que votemos a favor de esta proposición de ley y que además trabajemos conjuntamente y nos esforcemos todos. Le recuerdo que estamos ya en una Comisión de calidad democrática, donde trabajamos todos los diputados y las diputadas de esta Cámara y que presiden precisamente ustedes. Por esta Comisión ya han pasado diversos comparecientes para hablar de distintos temas que nos han suscitado el máximo interés, entre ellos la protección al denunciante de corrupción, iniciativa por cierto impulsada y propuesta desde marzo por la Plataforma por la Honestidad, a quienes reconocemos su impulso y su promoción. Además nos hemos comprometido a que comparezcan los representantes de la Plataforma por la Honestidad ante esta Comisión de calidad democrática, y también queremos que comparezcan las personas que han denunciado la corrupción, para que nos expliquen cómo sufre una víctima el acoso, la vejación y el perder todo o casi todo por el hecho de haber denunciado, y para que además se evidencie que esta coacción no es patrimonio ni de derechas ni de izquierdas ni de ningún Gobierno, sino de Gobiernos de muchísimos colores, por desgracia. Por tanto estamos en ello. Esta colaboración la encontrará usted en el seno de la Comisión de calidad democrática, a menos que lo que pretenda usted es cargársela de un plumazo. No nos ha dicho qué consideración le merece esta Comisión en la que estamos trabajando. Pero se nos antoja -algún portavoz lo ha comentado antes- que hay una suerte de oportunismo, una suerte de repelente niño Vicente que se quiere apropiar y hacer bandera de una iniciativa antes que nadie. Le recuerdo que de los creadores del "no me importa perder la dignidad por España" llega ahora "vamos a hacer una ley para poder proteger al denunciante de corrupción", al mismo tiempo que "doy el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigiendo determinadas contraprestaciones" mientras que en Andalucía estas mismas contraprestaciones no se exigen; o que sabemos colocar de asesor en Europa a un diputado del Parlament de Catalunya con tejemanejes judiciales y eventual fraude fiscal. (Los señores Rivera Díaz y Girauta Vidal hacen gestos con la mano, mostrando tres dedos). Es decir, señor Rivera, lecciones las justas. Le daremos nuestro apoyo, pero no nos ha aclarado qué es lo que va a hacer con la Comisión que ustedes presiden, si quieren trabajar en ella y si realmente quieren ustedes aportar propuestas o simplemente hacer bandera con este tema para ganarse un titular, propio de aquellas fuerzas políticas que se sienten efímeras en el paso por el Congreso.

Nada mas y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos propone por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición de ley de lucha integral contra la corrupción y protección de los denunciantes. Ciertamente el alcance de la ley es mucho más amplio y se podría calificar como una ley ómnibus. En realidad contiene más de noventa artículos agrupados en su propio articulado y en las distintas disposiciones adicionales y finales. En concreto, modifica de manera específica dos leyes orgánicas: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley Orgánica del Código Penal. También modifica otra serie de leyes como la Ley del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley General Tributaria, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las reglas del derecho de gracia para el indulto que hace unos días debatimos aquí, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley


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Reguladora de las Bases de Régimen Local... En fin, una pluralidad de leyes. Como les decía, una ley ómnibus.

Nos llama la atención -se ha señalado aquí por otros grupos parlamentarios- que habiendo constituido en el seno de tres comisiones de esta Cámara tres subcomisiones que iban a abordar de manera global la cuestión atinente a la defensa de los denunciantes de corrupción y testigos, en definitiva, a toda su problemática -en la Comisión de calidad democrática y defensa contra la corrupción, en el pacto por la justicia y en el ámbito de la Hacienda pública habíamos empezado ya los trabajos para tener una visión global de esta cuestión, que es un problema transversal a todo el ordenamiento jurídico, a todas las administraciones y a todas las personas- nos encontremos con esta proposición de ley que en realidad hace un atajo, se salta todos los trámites que habíamos empezado de manera conjunta, coordinada y con consenso y nos presenta el punto de llegada. Esta misma operación ya la vimos cuando debatimos la creación de una subcomisión en el marco de la Comisión de Justicia para abordar un pacto por la justicia y nos encontramos aquí con un producto parecido en el ámbito de la justicia. Ya nos daban las conclusiones de unos trabajos que ni siquiera habían empezado. La proposición, por supuesto; tiene aportaciones y, como todas las aportaciones, hay algunas mejores y otras peores. Desde nuestro punto de vista y en términos procesales no nos parece el momento oportuno y nuestro grupo parlamentario no la va a tomar en consideración. Otra cosa es que supone una aportación que va a tener su valor, por lo que la analizaremos o la tendremos en cuenta, al menos por parte de nuestro grupo parlamentario, a la hora de reflexionar sobre las conclusiones que vayamos alcanzando en el seno de estas tres comisiones sobre esta problemática. En ese momento nos pronunciaremos.

Señorías de Ciudadanos, hay un dicho africano que dice: Si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Nosotros queremos llegar lejos y no ir rápido.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy estamos aquí porque en el Estado español pasan cosas que no tienen nada que ver con la razón ni con la justicia. Les estoy hablando de personas que, en el ejercicio de sus funciones, son honestas y trabajan para hacer efectivo el bien común. Estoy hablando de funcionarios públicos que, ante actuaciones delictivas flagrantes o no tan flagrantes, han ejercido sus funciones hasta sus últimas consecuencias poniendo en riesgo su bienestar, su salud y su entorno social. Son personas que se han atrevido a denunciar los graves casos de corrupción acaecidos en el Estado español -la trama Gürtel o los casos de corrupción en el Ejército español, por poner algún ejemplo- y las consecuencias de esas denuncias muchas veces les han comportado ser apartados de sus puestos de trabajo, encontrarse en situación de precariedad económica o ser objeto de querellas criminales o del vacío social, entre otras.

Sin la voluntad de ser excluyente, me referiré a dos personas que son el motor de esta proposición de ley que hoy nos presenta Ciudadanos: Ana Garrido y Luis Gonzalo Segura. Evidentemente, existen muchas más personas como ellos, con esa misma clara voluntad, y hoy algunos nos acompañan en la tribuna de invitados, junto con los miembros de la Plataforma por la honestidad. A todos ellos nuestro máximo reconocimiento por la labor titánica que desde hace tiempo están llevando a cabo.

Entrando en materia, no es la primera vez que en Pleno me veo obligado a recriminar al Grupo Parlamentario Ciudadanos por su oportunismo. De nuevo intentan capitalizar iniciativas que nacen del consenso y que en estos mismos momentos se están debatiendo o se ha acordado debatir en las comisiones o subcomisiones. Podemos entender su desazón y esa necesidad de aparecer ante el escrutinio de la ciudadanía como un partido útil, pero lamentablemente no cuela, y eso ustedes lo saben. En este caso concreto se han saltado un acuerdo existente entre la Plataforma por la Honestidad y la mayoría de grupos parlamentarios, incluido Ciudadanos, de confeccionar desde el consenso una proposición de ley contra la corrupción y para la protección del denunciante. ¿Ya no se acuerdan? Una proposición de ley que, como ya se estableció en su momento, debía ser debatida en el marco de la Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales; era uno de los tres temas que se debían debatir. ¡Qué afán de protagonismo tienen ustedes realmente! Supongo que en parte les viene dado por la correlación de fuerzas en el hemiciclo, que les deja en una situación compleja de falta de visibilidad y de despersonalización. Quizá ustedes encuentren legítimas esas formas, y no digo que no lo sean, el problema es que juegan con un tema muy sensible. La única manera de que los


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ciudadanos perciban en un tema como este que hay una clara voluntad de afrontar la corrupción es plantear ese proyecto como un amplio acuerdo político para ver cómo restituir la calidad democrática a las instituciones; un acuerdo que no solo resulte del consenso de la mayoría de grupos sino que nazca también de la experiencia y del trabajo de los afectados e interlocutores sociales, como en este caso. ¿No ven que su grupo parlamentario no es precisamente el más adecuado para presentar en solitario esta proposición de ley? Los hechos les delatan. Han permitido acceder al Gobierno a un grupo como el Partido Popular que está bajo sospecha y en el que la corrupción forma parte de la estructura orgánica del mismo. (Un señor diputado: ¡Hala!). Tienen un acuerdo de Gobierno con el partido de los ERE en Andalucía y parece que ahora están dispuestos a mantener el actual Gobierno del Partido Popular en Murcia. No tienen credibilidad y ya se está haciendo complicado poder confiar en ustedes para buscar consensos. Preferimos creer que su grupo no está habituado a trabajar en el consenso social y que, por lo tanto, le resulta difícil gestionar acuerdos desde la propia complejidad. ¿Como creen ustedes que van a gestionar los famosos pactos de Estado si no es desde el consenso social?

Dejando a un lado la idoneidad o no de cómo presentan ustedes esta proposición de ley y la voluntad real o no de buscar consensos, compartimos en su mayoría el contenido de dicha propuesta. De hecho, esta proposición de ley recoge en gran parte la propuesta planteada por la Plataforma por la Honestidad, motivo por el cual vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. En todo caso, nos reservamos el derecho de presentar enmiendas en aquellos puntos contradictorios, pero esta vez buscando el consenso con aquellos grupos que garanticen y respeten el marco del debate que permita la subcomisión. En Cataluña, en su día, ya nos adelantamos creando la Oficina Antifraude a iniciativa de Esquerra Republicana, siendo su primer director David Martínez Madero, que fue fiscal anticorrupción, tristemente fallecido; el segundo director, gran conocido del ministro del Interior. También nos adelantamos en materia legislativa elaborando una ley de transparencia mucho más ambiciosa y más exigente con las instituciones y las administraciones públicas; en este momento se están desplegando todas las exigencias derivadas de dicha ley. Por tanto, si realmente hay voluntad real no de colgarse medallas sino de trabajar, pueden contar con nosotros.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero enviar un saludo a los miembros de la Plataforma por la Honestidad, gente que está haciendo un trabajo importante para que los denunciantes de la corrupción puedan recuperar la plenitud de sus derechos en este país. Bienvenidos a esta Cámara.

En la exposición de motivos de la proposición de ley que plantea el Grupo Ciudadanos aparece reflejado que la corrupción es un problema que urge abordar y resolver y que constituye la segunda gran preocupación de los españoles. Absolutamente de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo con esa sensibilidad porque en el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la hemos sabido recoger. En la XI Legislatura propusimos la creación de la comisión contra la corrupción, y que ahora, en la XII Legislatura, con el carácter de Comisión permanente no legislativa de calidad democrática contra, se denomina Para la lucha la corrupción y las reformas institucionales y legales. Ponemos en duda que Ciudadanos comparta esa sensibilidad, lo siento, señor Rivera; nos tendrán que convencer de que esa es su preocupación, que efectivamente quieren combatir la corrupción y proteger a los denunciantes y que no es una excusa más para que usted siga chupando cámara. (Rumores). ¿Por qué lo decimos? Muy sencillo; en diciembre del año 2016 se presentó una PNL en la Comisión de Justicia para instar al Gobierno a resolver las deficiencias de la lucha contra la corrupción y las deficiencias que había puesto de relieve el informe Greco. En enero de 2017 se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de calidad democrática y precisamente uno de sus temas es la protección de los denunciantes de corrupción. Creemos que han desatendido claramente ambos compromisos que ustedes habían firmado al presentar esta proposición legislativa y será necesario anticipar los trabajos en la subcomisión. No nos creemos que esa sea su sensibilidad por algo muy sencillo. Cuando ustedes hicieron el pacto de legislatura con el Partido Popular redujeron el catálogo de delitos relacionados con la corrupción al mínimo imprescindible, excluyendo tipos penales muy habituales y muy frecuentes para el Partido Popular. Además, le dieron ustedes confianza a un Gobierno que sigue teniendo en su ADN la corrupción y no son capaces de


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quitársela de encima. Dos recientes ejemplos. Sentencia del caso Nóos. Jaume Matas, expresidente de la Comunidad de las Islas Baleares, a la que tengo el orgullo de representar, ha vuelto a ser condenado y empieza a tener una hoja histórico-penal absolutamente envidiable. ¿Recuerda las palabras literales del señor Rajoy? Quiero para España un Gobierno igual que el de Jaume Matas para Baleares. Pues, nada, basta con que eche una ojeada por sus cercanos y adláteres y no tendrá ningún problema en crear un Gobierno como ese. (Aplausos).

En cuanto al presidente de Murcia, el señor Rajoy, aplicando ese código ético tan laxo y tan fantástico que tiene el Partido Popular, no le va a pedir su dimisión. Esta mañana he escuchado al señor Girauta decir que ustedes la van a reclamar y yo pregunto: ¿Serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura y de esa manera acabar de una vez con el manoseo infame que del derecho a la presunción de inocencia hace sistemáticamente el Partido Popular confundiendo lo que es responsabilidad política con responsabilidad penal? Esperamos que sí, que ustedes sean capaces de hacerlo. Por tanto, compromiso verdadero y no una excusa para que usted siga chupando cámara, señor Rivera. (Aplausos). El discurso que usted ha hecho hoy aquí me suena mucho a un artículo que leí hace dos días, me suena muchísimo. Dicho esto, le diré una cosa, vamos a votar a favor de la toma en consideración. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!). Claro. Sí, sí. Pero no para que ustedes se alegren, sino porque la Plataforma por la Honestidad nos lo ha pedido expresamente porque están preocupados, y además porque cualquier esfuerzo legislativo que se haga para combatir la corrupción nos parece absolutamente necesario, y ahí estará el trabajo de todas las diputadas y todos los diputados del Grupo Confederal, pero ya le aseguro que no será un compromiso testimonial. Queremos proteger los derechos de los denunciantes de corrupción reforzando su protección por cuanto el sistema ahora mismo les ha convertido no en denunciantes de corrupción, sino en víctimas de la corrupción. Acoso laboral, acoso judicial, acoso mediático con impacto no solo en sus vidas sino en todo su entorno y en algunos de los casos -me estoy acordando de Luis Gonzalo Segura- una situación muy parecida a la muerte civil. Para eso aportaremos en esa subcomisión, que ustedes de alguna manera han querido boicotear con la presentación de esta proposición de ley, a expertos europeos que vengan a contarnos de verdad el trabajo que se hace en otros países para defender a los denunciantes de corrupción.

Ustedes proponen la creación de la autoridad independiente de integridad pública. Perfecto, nos parece una idea brillante; es más, es una idea que en el fondo no deja de beber de una fuente muy importante. Lo hemos hecho nosotros tanto en el País Valencià como en las Illes Balears, donde hemos creado organismos específicos de lucha contra la corrupción. Pero no basta con crearla, sino que habrá que dotarla de efectiva independencia y además de recursos propios con la clara voluntad política de que funcione y de que efectivamente cumpla su misión. Insisto, podemos aportar nuestras experiencias, lo que hicimos en el País Valencià y en la Comunidad de las Illes Balears.

Reforma del Código Penal, dice usted. No voy a entrar en las disquisiciones legales que ha hecho mucho mejor que yo el señor Legarda, pero ¿reforma del Código Penal solo para introducir el delito de enriquecimiento ilícito? Hay más conductas que tienen que ser tipificadas en el Código Penal. Mi grupo hará un trabajo muy serio para que dichas conductas también se incluyan en su proposición de ley.

Regulación de los lobbies, algo que también les preocupa enormemente. Nos felicitamos por que obliguen a los lobbies a inscribirse en un registro público. Nos parece una medida espléndida; sin embargo, queremos ir más allá. Queremos hacer algo que hemos echado de menos en su propuesta, que es introducir en nuestro sistema la cultura de la trazabilidad política de los altos cargos, de los políticos, de los cargos de confianza, pues eso conseguirá que evitemos algo por lo que está luchando desde el minuto uno el Grupo Confederal, que es acabar con las dichosas puertas giratorias. (Aplausos).

Transparencia. Ahora mismo estamos en unos índices de transparencia que superan notablemente las exigencias legales, y no solo eso. Después de ver lo que proponen ustedes sobre la transparencia en su proposición de ley, nos hemos dado cuenta de que lo cumplimos absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto, señor Rivera? Que nosotros no decimos las cosas, sino que las hacemos. Ahora les pedimos a ustedes que hagan lo mismo, que además de decirlo y de traer aquí la proposición de ley hagan lo que están predicando. Nosotros ya lo hacemos, vamos por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Algo enormemente sencillo. Por cierto, ha hablado usted de la reforma de la Ley de indulto, una ley del siglo XIX. Aunque ustedes ahora se han definido como los liberales de Cádiz, por lo que de alguna manera han aceptado los ideales decimonónicos, hay que acabar con la Ley de indulto. No basta con reformarla, con introducir parches en una ley de 1870, sino que hay que elaborar una nueva. Este es un reto que tenemos en esta legislatura.


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¿Qué quiero decir al final al Grupo Parlamentario Ciudadanos como conclusión? Que quien va a poner el sello de calidad en esta propuesta, en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y para la defensa de los denunciantes de casos de corrupción va a ser el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ya que no tenemos el lastre que he explicado antes de apoyar a un partido político absolutamente corrupto, como es el Partido Popular. (Aplausos). Se lo voy a explicar de forma muy sencilla. El PSOE se debe a quien se debe y no le vamos a pedir absolutamente nada. Ustedes son unos alumnos aventajados; han hecho lo que hacen los listillos en la clase, han copiado la propuesta de la Plataforma por la Honestidad, han recogido ideas que están en el programa de Podemos y con todo eso han hecho un conjuntito que han presentado en la Cámara. Así consigue usted lo que más le gusta: chupar cámara, chupar cámara, chupar cámara. (Aplausos). Tenga la tranquilidad de que todos los diputados y diputadas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea trabajarán por algo muy importante. En primer lugar, para que la corrupción pase a ser un episodio más de la historia negra de la política reciente en este país y que no recuperemos tendencias decimonónicas tan queridas por ustedes después de declararse liberales de Cádiz. Y en segundo lugar, para que personas íntegras como Ana, Azahara, Fernando o Luis dejen de convertirse en víctimas por denunciar precisamente las conductas corruptas de todos aquellos que les rodean y que han tenido responsabilidades superiores a las suyas. Ese será nuestro empeño y ahí contarán con nuestro trabajo, pero, insisto, nada de postureo, nada de chupar cámara, sino trabajo de verdad, efectivo.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quisiera comenzar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradeciendo la presencia de la Plataforma por la Honestidad hoy aquí en este debate de toma en consideración de esta proposición de ley. Vaya también con ese agradecimiento nuestro reconocimiento al trabajo que viene desarrollando.

El tema que hoy nos trae a debate en esta Cámara el Grupo Parlamentario Ciudadanos es suficientemente importante como para que intentemos ser rigurosos en cuanto a la fijación de la posición de nuestro grupo, que ya les adelanto que será un voto favorable a su toma en consideración, sin perjuicio de aquello que diré a lo largo de esta intervención haciendo hincapié en que este es un asunto lo suficientemente importante como para que hubiese sido debatido con el consenso de la Cámara y bajo los principios que se acordaron en la sesión de la Comisión de Justicia recientemente celebrada. Hace poco más de diez días en la Comisión de Justicia se vio una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre este mismo objeto y, aceptando el grupo proponente una enmienda de nuestro grupo brillantemente defendida por mi compañero don Artemi Rallo, se acordó algo que hoy ha incumplido el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En esa Comisión, de forma unánime, se aprobó la tramitación de una solicitud que conminaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley en relación con esta materia. Frente a esa decisión unánime, hoy se ha venido con una iniciativa individual. Ya se han cubierto diciendo que esto se registró el año pasado, pero son ustedes los que fijan qué asuntos traen al orden del día. A nosotros siempre nos ha importado mucho el respeto a las formas parlamentarias y si hemos criticado constantemente al Gobierno del Partido Popular cuando no cumple con las proposiciones no de ley y su contenido, nos parece que también ese respeto lo tenemos que tener entre los grupos parlamentarios, y cuando se acuerda que tenemos que tramitar un tema de una determinada forma lo conveniente es que eso se haga; mucho más en una legislatura como esta, en la que afortunadamente hay una Comisión relativa a estos asuntos que, por cierto, ha iniciado un trámite de comparecencias que van a quedar abocadas al fracaso con esta iniciativa, salvo que todos los grupos que tienen representación en la Mesa acordemos que se suspenda la presentación de enmiendas hasta que terminen las comparecencias para que estas no resulten baldías.

Entrando ya en algunas de las cuestiones que se introducen en esta proposición de ley, tenemos que decir -como han dicho todos los intervinientes- que la corrupción política es percibida por los ciudadanos como uno de los problemas fundamentales que afecta y corroe nada más y nada menos que el principio de confianza en las instituciones democráticas, que detrae recursos públicos -que es lo peor que se puede hacer-; recursos que tienen que ir a servicios públicos y mucho más en una situación de crisis


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económica que altera la libre competencia y que encarece el coste de infraestructuras y servicios. Pero la lucha contra la corrupción, si se habla de una ley integral, tiene que atender a dos principios: por un lado, a las cuestiones preventivas y, por otro lado, a las cuestiones represivas. En esta proposición de ley no se menciona ninguna iniciativa en el ámbito preventivo y es fundamental que se haga eso. Por ejemplo, cuando nuestro grupo aprobó la ley integral en relación con la violencia de género, tenía todo un capítulo dedicado a la represión de esos comportamientos, pero también tenía un capítulo dedicado a la prevención y a la educación en relación con esos comportamientos. Por tanto, tenemos que asegurarnos de que los funcionarios, los servidores públicos y las autoridades -que también las hay- que denuncien casos de corrupción tengan un estatuto jurídico de protección para que puedan adoptar esas decisiones, como es su obligación -y a ello me referiré luego-, sabiendo que van a tener el respaldo del conjunto del Estado; mucho más en la Administración pública, donde aquellos concernidos por las denuncias que se presentan son los superiores jerárquicos de aquellos que presentan la denuncia. Además, nuestro país está sujeto a obligaciones que derivan de los tratados internacionales; tratados internacionales que tenemos que cumplir, aunque el Gobierno del Partido Popular no haga caso a los informes que recibe, como aquel de la Comisión Europea que se presentó al Consejo y al Parlamento en 2014 y en el que se habla de que España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes. Por tanto, todo aquello que dé garantías a los denunciantes es para nosotros fundamental porque, como he dicho antes, los denunciantes están sujetos a la obligación de denuncia en este caso. Las autoridades y los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar y no de cualquier forma, sino que, si no denunciamos, se conminará contra nosotros la acción penal. Así se establece en el artículo 408 del Código Penal y la obligación de denuncia en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Nuestra posición es clara, plenamente comprometida en la lucha contra la corrupción; ahí están las iniciativas en nuestro programa electoral y en nuestro código ético. Nosotros pensamos, señor Rivera, señores de Ciudadanos, que su iniciativa es corta y además muy grandilocuente en cuanto a su enunciado, lo que se contrapone con el contenido de la misma. No por llamar a una ley integral se constituye en una ley integral; tiene que tener una precisión jurídica de la que en este caso adolece. De ahí se deriva que si esta iniciativa no es corregida en el trámite parlamentario -ya nos encargaremos los grupos parlamentarios de que así sea-, será al final contraproducente a los fines que se pretenden con ella. Nosotros entendemos y decimos que esta es una iniciativa imprecisa en lo jurídico. Diríamos que es una suerte de ilusionismo jurídico propio de fuerzas emergentes que se han constituido ni más ni menos que en adalides del adanismo.

Nosotros entendemos que esta iniciativa, aparte de problemas competenciales -no en vano incluso la propia iniciativa solo reconoce tres preceptos con carácter de básicos, recurriendo al tan traído artículo 149.1.1.ª-, se contrapone entre lo que predicamos y lo que hacemos. Me refiero, por ejemplo, al apoyo que han dado ustedes a una iniciativa parlamentaria, a la Ley 2/2016, de Castilla y León. Ustedes han apoyado esa iniciativa parlamentaria con la que pretenden que se cree una autoridad independiente. ¿Saben quién es la autoridad independiente que ustedes han apoyado en Castilla y León? La Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León. Salvo que ustedes tengan un prejuicio evidente hacia la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado no lo entenderíamos, salvo que crean que los empleados públicos de las administraciones autonómicas son de peor condición en cuanto que quizá no requieren ese respaldo que sí se da en otros sitios. Por lo tanto, hay que tener esa coherencia. Tampoco se arreglan todas las cosas sembrando España de autoridades independientes o supuestamente independientes. Por cierto, la Ley de régimen jurídico del sector público dice que tienen que llamarse autoridades administrativas independientes porque no por ello dejan de perder la raíz administrativa -lo dice expresamente-. Hasta esa corrección técnica hay que poner en esta iniciativa parlamentaria. Pero, como decía, no se arreglan las cosas sembrando España de autoridades independientes. Hace unos días, en la toma en consideración de la Ley de Contratos del Sector Público, el representante de Ciudadanos hablaba de creación de una autoridad en la regulación del mercado de la contratación pública. Yo creo que esta no es la fórmula. La fórmula deberá ser dar verdadero contenido y crear ese estatuto de independencia que dicen los tratados internacionales que nos obligan en relación con quién tiene que velar para que los funcionarios que tienen esa obligación y que por lo tanto están conminados a hacerlo, tengan ese estatuto de protección fundamental y sientan que la Administración y el conjunto de los españoles están detrás cuando ellos estén destapando asuntos que tengan que ver con la corrupción. Afecta a otras modificaciones legislativas a través de varias disposiciones finales que establece usted en la proposición de ley. A nosotros nos parece en relación con la inelegibilidad de los


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encausados, que se acerca a aquello que nosotros tenemos establecido en nuestro propio código ético; también lo entendemos en relación con la modificación de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo. En cuanto a la transparencia, nosotros creemos que se quedan cortos; deberíamos avanzar algo más, sin perjuicio de que, aun estando de acuerdo con la función estimatoria del silencio en relación con las peticiones que tengan que ver con la transparencia y con la petición de información de los ciudadanos, alcemos una prevención relacionada con la eliminación que ustedes hacen de dejar sin protección temas tan sensibles como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o el secreto profesional. Nos parece que hay que conjugar todos estos intereses que concurren en una iniciativa que trata este tema.

Como ha dicho antes el representante de Podemos, nos parece escasa y mala la regulación que hacen de un tipo nuevo que quieren introducir, que es el enriquecimiento injustificado de funcionarios y autoridades. Déjenme que le diga una cosa. A veces, por llegar demasiado lejos, llegamos a conclusiones que no son aquellas que pretendemos cuando planteamos una iniciativa. Si esta iniciativa saliese de aquí formulada en los términos en que entra como proposición de ley, lo más seguro sería que el primero de los jueces de España plantearía una cuestión de inconstitucionalidad porque está sujeta a un principio inquisitorial, afortunadamente deshecho por parte de la sociedad española desde que aprobamos la Constitución de 1978.

Termino como empecé. La lucha contra la corrupción nos compete a todos. Todos estamos llamados a trabajar en todas estas iniciativas. Creemos que esta no era la forma, que la forma era el consenso, pero vamos a trabajar porque creemos que este es un tema donde todos tenemos que permanecer unidos para hacer el gran trabajo que espera la sociedad de los políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Escudero Berzal.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señorías, quiero saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a todas las personas que nos acompañan en la tribuna y también a todos los internautas que siguen el debate a través de las redes.

Yo creía que hoy veníamos a hablar aquí sobre cómo combatir la corrupción. Lamento el tono del debate que ha marcado usted, señor Rivera. Me ha sorprendido negativamente, y lo siento. Creo que los ciudadanos nos han dado un mensaje: que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos juntos. Mi grupo parlamentario va a seguir ese mensaje. Señor Yllanes, me avergüenza ver cómo un juez, aunque ahora sea político, pisa un derecho fundamental: la presunción de inocencia. (Aplausos). Usted aquí hoy ha condenado sin estar encausado a todo el Partido Popular de España. Me avergüenza y no se lo consiento. Señorías -se lo digo a varios de los que han intervenido-, somos Poder Legislativo, y han utilizado esta tribuna para juzgar, para criticar sentencias judiciales y para juzgar casos que todavía ni lo son. No hagan lo que estamos diciendo a los españoles que no hagan.

Señorías, señor Rivera, no es que usted haya hecho hoy demagogia, es que ha mentido en esta tribuna cuando ha dicho que el señor Rajoy ha concedido indultos a sus concejales y a sus alcaldes. En los años 2014 y 2015, en los que usted todavía ni existía políticamente en este Parlamento, desde el Gobierno de España no se ha concedido ningún indulto por delito de corrupción, ninguno (El señor Rivera Díaz muestra una noticia del diario El Mundo), y le pido respeto para los miles de alcaldes y concejales del Partido Popular. (Aplausos). ¿Los 3.123.769 ciudadanos que les votaron a ustedes son los buenos y los 7.906.185 que votaron al Partido Popular son los malos? ¿Luchar contra la corrupción es cosa de buenos y malos? ¿Es tan simple? ¿Es tan demagógico para usted, señor Rivera? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señora de Compromís, yo lamento que usted considere que los españoles son corruptos, porque a usted le choca que el Partido Popular haya ganado dos veces las elecciones. ¿Quiere decir que los españoles votan al Partido Popular porque somos corruptos o quiere decir que toda la sociedad española que vota al Partido Popular es corrupta? En España no hay corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países. Lo que hay son múltiples, demasiados, muchos escándalos de corrupción política y administrativa. En los últimos años, desde 2009, se ha producido una desafección política que todos sabemos muy importante, que ha roto la confianza entre los representantes


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y sus representados, pero para el Gobierno, tanto el de la X Legislatura como el de la XII Legislatura, la lucha contra la corrupción ha sido y sigue siendo uno de sus ejes de actuación prioritarios. La acción del Gobierno y la de mi grupo parlamentario es hacer frente con firmeza a una de las lacras que más afectan a la reputación de la sociedad democrática. Para mi grupo la democracia debe ser exigente y todo es poco para mejorar el sistema. Señor Rivera, señores de Ciudadanos, bienvenidos. El Grupo Parlamentario Popular les da la bienvenida en la lucha contra la corrupción. (Risas y aplausos del Grupo Parlamentario Ciudadanos). Contamos con ustedes, señorías.

En la exposición de motivos de esta proposición de ley ustedes indican -leo textualmente-: No podemos sobrellevar por más tiempo la comisión de malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Señorías, alarmar a los ciudadanos, hablar de buenos y malos y utilizar la demagogia en este tema lo único que causa, lo único, es el debilitamiento del Estado, aunque no me cabe ninguna duda de que su intención no es esta. No se pueden cuestionar los valores y principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico ni nuestro Estado de derecho para combatir la corrupción, nunca. Estos son intocables y estamos obligados a su mantenimiento, a su defensa y a su respeto.

Según la Real Academia de la Lengua Española, sobrellevar significa soportar con resignación una enfermedad, una pena o una situación que no satisface plenamente. Precisamente no ha sido sobrellevar lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular ni mi grupo parlamentario en esta cuestión. El Gobierno del Partido Popular ha sido el primero en la historia de España que ha presentado el Plan nacional de regeneración democrática para la disuasión y el castigo de las prácticas corruptas con más de setenta medidas, tanto preventivas como coercitivas, las cuales se agrupan en cinco ejes que conocen perfectamente: Ley de Transparencia, Ley de reforma del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Financiación de Partido Políticos y Ley reguladora del estatuto del alto cargo. El paquete de medidas de regeneración democrática más ambicioso de la historia de España, articulando un gran número de medidas destinadas a mejorar los mecanismos de control, con mayor exigencia penal, con fomento de la prevención, impulsando la transparencia institucional y de las cuentas de los partidos políticos. No tengo tiempo para enumerar las más de setenta medidas, pero quiero recordarles que el pacto firmado entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos ha marcado veintiséis medidas contra la corrupción, que se sumarán a las setenta que ya ha aprobado este Parlamento en la X Legislatura a instancias del Partido Popular. Tampoco voy a enumerarles todas las leyes que se modificaron, y no solo el Código Penal como ustedes han apuntado. Medidas, además, que se implantaron y que están dando frutos, señorías, y ustedes saben que es una labor que no da resultados de un día para otro, pero las leyes que se aprobaron desde 2012 a 2015 van en la buena dirección y así lo reconoce, sorprendentemente por unanimidad, toda la doctrina. Sin embargo, no ha habido tiempo suficiente, como les digo, para comprobar su aplicación práctica.

He de decirles que la percepción de la corrupción ha bajado en cuatro puntos. Del CIS de diciembre de 2016 al CIS de enero de 2017 ha bajado en cuatro puntos la percepción que tienen los ciudadanos españoles sobre la corrupción. Supongo que esto les alegrará, es una buena noticia. Por otro lado, la catedrática de Derecho Penal, señora Nogales, traída a petición de Podemos para la comparecencia en la subcomisión, analizando la financiación de partidos políticos dijo que supone un gran avance respecto de lo que había y que ha supuesto una mejora notable. Señorías, en la legislatura 2011 a 2015 se dieron pasos legislativos muy fructíferos para luchar contra la corrupción y gracias a ello hoy no se empieza de cero, aquí hay una base y muy sólida: setenta medidas aprobadas por esta Cámara. Aunque parece que a ustedes, señores de Ciudadanos, les cuesta reconocer que haya alguien que haya hecho algo para combatir la corrupción y les duele que no sean ustedes quienes lo hagan. Parece como si estuvieran intentando demostrar continuamente que solo ustedes tienen propuestas para combatir la corrupción; nosotros tenemos propuestas y medidas ya vigentes, nosotros tenemos propuestas y tenemos hechos. Estas medidas las aprobó el Partido Popular, unas veces solo y otras con el apoyo de la antigua CiU, del PNV, de Coalición Canaria, de Foro y de Unión del Pueblo Navarro y el voto en contra del PSOE, de Izquierda Unida, UPyD y el resto del Grupo Mixto. Medidas, como les digo, que suponen una base muy sólida pero también sabemos que no son suficientes y que se necesita legislar más en este sentido; hay que mejorar, sin duda, y les agradecemos que se suban al carro y tiren con nosotros de él. Sería muy injusto no solo con el PP sino también con esta Cámara, con todos los que apoyaron estas medidas, no reconocer el trabajo que se ha hecho. Sobre los buenos resultados les recuerdo el informe Greco, del Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa de 2016, que señala que España ha


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cumplido con once de las quince recomendaciones que se realizaron a nuestro país y que las cuatro restantes ya se han aplicado parcialmente. Son medidas, señorías, que dan resultado y por eso les digo bienvenidos a la lucha contra la corrupción.

Hablan ustedes de que se requiere voluntad y responsabilidad política para atajar la corrupción. Todos tenemos voluntad política para combatir la corrupción, se lo puedo asegurar, todos, si no pregunten. Y sobre la responsabilidad política para atajarla, el Partido Popular lo ha hecho, a pesar de muchos, porque por supuesto era nuestra responsabilidad como partido de Gobierno pero también lo era de otros que estaban aquí y no lo hicieron. Persiguen tres objetivos en esta proposición de ley. El primero, la transparencia. Señorías, ya está cumplido, lo logró el Partido Popular en 2013 con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Seguro que se puede mejorar, claro que sí; hagámoslo, partiendo de lo que ya hay y está funcionando. Reconózcanlo, no les de miedo reconocer que se han hecho cosas, muchas cosas, para combatir la corrupción. El segundo de sus objetivos es fomentar la responsabilidad de nuestros políticos y cargos públicos. Ustedes saben que nada de lo que se está investigando o juzgando ahora corresponde a hechos actuales sino de otras épocas. Sinceramente, pienso en los miles de políticos y cargos que trabajan por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que lo hacen -les puedo asegurar- con responsabilidad y sin cargos pero sí con muchas cargas, personales, profesionales y familiares. Son alcaldes y concejales las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Pero para esto hay que ser alcalde o concejal, no hay que ser político solo de despacho. (Aplausos). Estos son el 99 % de nuestros políticos y cargos; un 1 % no puede ensuciar la honestidad y la responsabilidad de los demás. El tercer objetivo que persiguen es contar con mejores controles, con el fin de limitar la discrecionalidad de los políticos y altos cargos para efectuar nombramientos y contrataciones en el ámbito del sector público. Señorías, ustedes saben que estamos obligados a trasponer dos disposiciones europeas en esta materia y que el Gobierno va a presentar un proyecto de ley mucho más ambicioso para controlar esta cuestión. Y lo conocen.

Señorías, cómo vamos a oponernos a la tramitación de esta proposición de ley si estos objetivos suyos son nuestros (Aplausos), si los compartimos, porque fueron nuestros, porque ya están cumplidos, porque no es novedoso nada de lo que proponen, absolutamente nada. ¡Cómo vamos a estar en contra de medidas para combatir la corrupción! Seamos serios y rigurosos. Hay un acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos, tenemos un pacto con veintiséis medias para combatir la corrupción. Digo para seguir combatiendo la corrupción, señorías, no para empezar ahora, como pretenden hacer ustedes. El pacto nos obliga, no como imperativo sino por propia convicción. De lo contrario, no se habría firmado. Cada una de las medidas del pacto desde que se firmó son tanto suyas como nuestras. Quiero volver a decirles que las veintiséis medidas se sumarán a las setenta que fueron puestas en marcha por el Partido Popular en la X Legislatura.

Señorías, no me cabe duda de que es posible un gran pacto político por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, en el que todos los partidos políticos, por encima de intereses partidistas, seamos capaces de poner en común las muchas cosas que nos unen a quienes creemos en el modelo democrático para combatir este importante problema social que nos preocupa a todos. Señorías, avancemos pero hagámoslo reconociendo y respetando lo ya conseguido. Señores de Ciudadanos, ustedes vienen aquí hoy a ponerse una medalla: las medallas las ponen y las quitan los ciudadanos. No lo olviden.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA MEJORA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL. (Número de expediente 122/000008).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Tardà i Coma. (Rumores).

Señorías, guarden silencio.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta proposición de ley de Esquerra Republicana pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la mejora de la justicia universal. Aspiramos a revertir la actual situación de la


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justicia universal en el Estado español y situarla en el escenario previo a 2009. Fue entonces, lo recordarán, cuando el Partido Socialista le dio el primer hachazo, al restringirla introduciendo la exigencia de un necesario vínculo de conexión con el Reino de España para que los tribunales pudieran juzgar. Dicho de otra forma, se ignoraba que la naturaleza y la magnitud de ciertos crímenes exigen el compromiso de la comunidad internacional de actuar mediante una persecución universal. El Partido Socialista entonces y, por supuesto, el Partido Popular en el año 2014 contravinieron, a nuestro parecer, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en 2005 había sostenido que el alcance de la justicia universal no debía limitarse a la vinculación de las víctimas con los intereses españoles. De hecho, nos alejábamos de Alemania, Bélgica, Suecia, Italia que sí conciben que la justicia universal es una herramienta imprescindible para derrotar ideas y acciones que atentan contra toda civilización y contra el progreso de nuestras sociedades. A destacar genocidios, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzosas, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad que, como ustedes saben, ni pueden prescribir ni quedar impunes. Señorías, progreso es conseguir que cualquier genocida, esté donde esté, tenga el convencimiento de que tarde o temprano tendrá que comparecer ante un tribunal. Hoy por hoy, el Estado español ya no contribuye demasiado sino muy poco a este progreso. De hecho, ha dejado de contribuir mediante las reformas del año 2009 y del año 2014.

Hoy Esquerra Republicana celebra -y lo digo muy sinceramente- que el Partido Socialista Obrero Español haya anunciado el voto favorable a nuestra iniciativa. Con su voto se creará una ponencia y se abrirá una enorme posibilidad de recuperar todo lo perdido. Dependerá del Partido Socialista, dependerá de la correlación de fuerzas existente en este Parlamento -muy distinta de otras legislaturas- y también dependerá de todos nosotros que seamos capaces de socializar ante nuestra sociedad la imprescindibilidad de la justicia universal. Porque nadie... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Tardà.

Señorías, ocupen sus asientos y mantengan silencio porque es imposible que se escuche desde la Presidencia, y entiendo que tampoco desde el resto de la Cámara, al orador. Espero no tener que recordarlo a lo largo de la tarde. (Pausa).

Adelante, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Decía que nadie puede negar que se ha incrementado la preocupación y la alarma ante el mantenimiento de situaciones permanentes de vulneración de derechos humanos; de hecho, nadie puede negar que a nivel mundial la impunidad está en expansión y todo ello en el marco de un avance de las ideas racistas, xenófobas y militaristas, incluso en Europa. Quizá, ingenuamente, habíamos creído que nuestros padres o abuelos habían enterrado siete metros bajo el suelo a la bestia, en Nuremberg, y ahora descubrimos con pavor, con terror, que la bestia estaba dormida y que incluso en sociedades democráticas más maduras, que no la nuestra, está conformando mayorías parlamentarias y amenaza con conquistar el Poder Ejecutivo en Estados de tradición democrática.

Entendemos que hay que reaccionar y ustedes, el Partido Socialista, tienen la llave. Nuestra aspiración, repito, es alcanzar el escenario previo a la reforma del año 2009, por lo que considero que es necesario tener una cierta perspectiva porque la reforma del 2009 no fue ni aislada ni casual. Fíjense, en el año 2007, se aprueba la Ley de la Memoria Histórica, que blindó el modelo español de impunidad, es decir, a un Estado incapaz de reparar jurídicamente a las víctimas del franquismo, víctimas de crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. También recordarán la Ley de Asilo aprobada por el Gobierno socialista en el año 2009; una ley que convertía en titánico el esfuerzo de alcanzar la concesión del derecho de asilo en el Estado español. Recuerden las cifras del año 2008; en esa fecha, un año antes de que se aprobara en este Parlamento la Ley de Asilo, la Unión Europea había acogido a 220.000 asilados; la Italia de Berlusconi, a 10.000 y la España de Rodríguez Zapatero a 151. Posteriormente, en 2010, se aprobó la Ley de Extranjería, por la que se condenaba a ciudadanos a vivir quince, dieciséis o dieciocho años en el Estado español antes de que pudieran tener la nacionalidad. También se produjo el blindaje de los centros de internamiento de extranjeros, así como la normalización de los retornos en caliente. En definitiva, de aquellos polvos, los lodos de los asesinatos de El Tarajal. Insisto, nada fue aislado ni nada fue casual.

En aquellos momentos todavía quedaba un rescoldo de progresismo, que era la jurisdicción de la justicia universal. Ustedes recordarán que, gracias a que teníamos un escenario todavía no recortado, el


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juez Garzón pudo hacer lo que hizo con éxito respecto de la instrucción del caso Pinochet y también recordarán los casos de Scilingo y Cavallo. Todo aquello fue posible porque todavía no había aparecido la tijera del año 2009. No fue casual, evidentemente. También recordarán las presiones de Estados Unidos a raíz del asesinato de Xosé Couso en el año 2003, en Irak.

Nada fue aislado ni casual, por lo que uno se pregunta cómo es posible que una democracia como la española, joven, que hubiera tenido que sentirse muy cercana a las víctimas en todo el mundo, fruto de la vulneración de los derechos humanos, se comportara de manera tan cicatera respecto de esos derechos humanos. No hay explicación, a no ser que tengamos que recurrir a dos aforismos populares que ilustran esta situación: No hay peor rico que el nuevo y no hay peor cristiano que el converso.

Evidentemente, como en tantos otros ámbitos, luego, el Partido Popular remató y goleó. De hecho el Partido Popular remató y goleó -nos goleó a todos, a ustedes y a nosotros, nos goleó a todos- con la reforma del año 2014, derrotando las libertades y los derechos que tanto esfuerzo y tanto sufrimiento requirieron. De su Ley de Asilo a la brutal e inoperante actuación del Gobierno español de hoy ante la crisis humanitaria de los refugiados. Cerca de 200.000 catalanes nos hemos manifestado recientemente en Barcelona porque Cataluña quiere ser un país de acogida y en cambio el Gobierno español se muestra inoperante e insensible ante esta crisis tan espeluznante.

En definitiva, nada es casual, fíjense que este comportamiento del Gobierno español respecto de los derechos humanos -hablo del Gobierno actual- tiene también su proyección en el interior del Estado recortando libertades, recortando derechos civiles, es decir, Ley mordaza, y por supuesto jaque mate -jaque mate, insisto- a la justicia universal. Hoy día la justicia universal está finiquitada en el Estado español. Estamos instalados en la casi imposibilidad de que se puedan juzgar crímenes cometidos fuera de los límites del Estado español, y esto se constata porque además es necesaria la concurrencia: que el responsable debe ser español o extranjero, que haya adquirido la nacionalidad con posterioridad al delito, que el hecho sea punible en el lugar de la ejecución, que el agraviado o la fiscalía interpongan querella ante los tribunales -nada de acusación popular- y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. Y para colmo tuvimos que sufrir la vergüenza de cómo ellos imponían, el Partido Popular, el sobreseimiento de las causas que ya estaban en tramitación. Lo recordarán. Recordarán aquella causa instruida contra exdirigentes del Partido Comunista chino acusados de haber vulnerado derechos humanos y de crímenes contra la humanidad en Tíbet. La presión del Gobierno chino hizo doblegar, por supuesto, al Partido Popular. O también recordarán la oportunidad que teníamos de poder juzgar a antiguos miembros de las SS que habían sido guardias en los campos de exterminio donde tantos republicanos, españoles y catalanes, fueron exterminados. Y como quiera que esto representaba un problema para la Administración española, lo que hizo el Partido Popular fue cargarse la justicia universal.

Señorías, voy concluyendo. Los republicanos catalanes nos posicionamos en su día en contra de las reformas del 2009 y del 2014, razón por la cual aspiramos a poder revertir todo lo perdido. También, lo saben, aspiramos a una república catalana que aporte al mundo un texto constitucional implicado hasta su propio tuétano en el compromiso para hacer triunfar la justicia universal. Pero nos sentimos orgullosamente concernidos en contribuir también a hacerla triunfante en el Estado español porque la causa de los derechos humanos no atañe a naciones, no atañe a Estados, sino que atañe a nuestra propia condición humana. Que una democracia relativamente joven como es la española, en el año 2017 no se comprometa a garantizar la justicia universal cuestiona la misma calidad democrática del Estado español y vaticina, en caso de no corregirse, un futuro inmediato problemático que repercutirá en la calidad de los valores democráticos de las nuevas generaciones y consolidará la banalización de los derechos humanos.

Señorías del Partido Socialista, ustedes tienen la llave. Sabemos que no podemos contar con el Partido Popular para nada porque tienen otra cultura política muy distinta a la nuestra, porque además lo han demostrado y lo están demostrando día a día. Pero ustedes tienen la llave ahora para recuperar la justicia universal y convertir al Estado español en una democracia comprometida en la persecución de los genocidas. Y desearía que pudiéramos dialogar. Desearíamos poder dialogar de la misma manera que ahora estamos dialogando, porque abriremos la ponencia, ustedes tendrán unos objetivos y nosotros otros, pero estaremos dialogando y trabajando conjuntamente, y veremos qué horizonte alcanzamos. Además, queremos dialogar también en otros ámbitos que giran alrededor de la misma problemática; es decir, nosotros hoy mismo deberíamos haber presentado, si el Gobierno no nos la hubiera vetado, un proyecto de ley que superara la Ley de la Memoria, con el fin de que se reconozcan y se repare, de verdad, a las víctimas del franquismo; y deberíamos encontrarnos en la derogación de la Ley mordaza, y


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deberíamos encontrarnos en la modificación de la Ley de Asilo. En definitiva, ustedes tienen la llave para decidir si esta democracia española opta por el camino de la excelencia o bien se instala definitivamente en el low cost.

Así pues, nos felicitamos de que voten a favor de nuestra proposición de ley e instamos a todas las fuerzas progresistas, a los compañeros de Podemos-En Comú Podem-En Marea, a los compañeros del PNV, a todas las fuerzas progresistas, ya que hay correlación de fuerzas favorable para poder revertir todo aquello que la derechona nos ha impuesto estos últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Estamos ante un asunto recurrente en las Cortes Generales durante estos últimos años. La propuesta defendida por el señor Tardà incide en algunos planteamientos que son poco novedosos en esta tribuna. Aquí aparecieron las preocupaciones por la justicia universal cuando el Gobierno impulsó la homologación de nuestro sistema procesal a lo que ya se estaba haciendo en otros grandes países europeos y adaptó nuestro marco jurídico a las pautas internacionales y a las convenciones y convenios de los que España es firmante. Esta homologación -acabamos de escucharlo- no sirve para Esquerra Republicana de Catalunya, que trata de revertirla reeditando el intento socialista de finales de 2014 para modificar una ley que se había reformado ese mismo año con el fin de circunscribir la extensión de la jurisdicción fuera de nuestras fronteras a los ámbitos previstos por el derecho que debían ser asumidos en cumplimiento de los convenios internacionales y compromisos adquiridos por España. En Foro estamos en desacuerdo con esta toma en consideración, porque si ahora retrocedemos a 2009, si aceptamos que desde España se pueda penetrar judicialmente en la soberanía de otro Estado, estaremos sentando las bases para tener serios problemas derivados de comportamientos recíprocos que, además, con toda seguridad, procederán de países con mucha democracia de boquilla y de propaganda y ninguna democracia de hechos y de derechos. ¿Quiere esto decir que en España debemos eludir el combate contra genocidas y otros criminales de la peor calaña? ¿Impunidad con sus actos? En absoluto. Ni impunidad, ni inmunidad. De hecho, España apoyó y ratificó la iniciativa de la ONU para crear la Corte Penal Internacional que entró en vigor en el año 2002 y que ha supuesto un salto histórico hacia la universalización y protección de los derechos humanos. Este es el primer tribunal supranacional de carácter permanente encargado de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra cometidos por personas individuales.

Resulta paradójico, señor Tardà, que ustedes y sus socios autonómicos de Junts pel Sí que al alimón ponen continuamente en solfa las reglas más sagradas de nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por la mismísima Constitución española, duden ahora, siembren sospechas y malicien de la calidad democrática de nuestra justicia, hasta el punto de recetar que hay que engrandecerla y elevar nuestra altura moral en el compromiso colectivo por la defensa de los derechos humanos, como si España eludiese cuestiones como el combate contra los delitos más graves de relevancia internacional. Pero no, frente a genocidas, sátrapas y otros criminales, valga de reciente muestra el pronunciamiento la pasada semana de expresidentes del Gobierno de España muy distantes ideológicamente, de la derechona y de la izquierdona, o cómo hace unos meses en esta Cámara una gran mayoría de diputados nos posicionamos, frente a persecuciones totalitarias, en defensa de la libertad. Votaré en contra de esta toma en consideración, señora presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, la sociedad en general y los operadores jurídicos han adquirido el convencimiento de que nuestro derecho penal está muy hipertrofiado. Es un derecho penal, el del código, excesivo por la abundancia de tipos farragosos, de redacciones indeterminadas, de comportamientos que a veces, por su prolijidad, hacen entrar en un estado de perplejidad a cualquiera que deba entender que las conductas de uno se han de guiar con la lectura de esos tipos. En definitiva,


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tenemos un Código Penal que se ha ido redactando a parches legislativos, movidos muchas veces por una situación en la que se piensa que las urgencias mediáticas son lo primero, a veces también porque se quiere hacer confundir intereses partidistas con los intereses generales o también simplemente porque se utilizan mayorías para imponer restricciones, derechos y libertades fundamentales. Pero si, tal y como tenemos ahora el Código Penal, debemos cuestionarnos en esta legislatura qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a llevarlo a la senda de la proporcionalidad, entiendo en cambio que sí hay un consenso amplio en la sociedad en la idea de que hay una serie de delitos que atentan contra el género humano y que deben ser perseguidos en cualquier lugar y en cualquier momento, sean españoles o extranjeros quienes los hayan cometido. Cuando hablamos de genocidio, de terrorismo, de tortura, de trata de seres humanos, de violencia contra la mujer, cuando hablamos de estas conductas y de otras muchas contenidas en esa proposición de ley entendemos que lo mejor que puede hacer nuestro Estado es poner su aparato judicial al servicio de la persecución de todos esos hechos infamantes. En España contamos con más de 5.500 jueces y magistrados, apoyados por 2.500 fiscales, con la colaboración de alrededor de 4.500 letrados de la Administración de Justicia y con miles y miles de funcionarios que sirven a la justicia todos los días. Pongamos esa maquinaria también al servicio de los intereses generales, no solo dentro de nuestras fronteras, sino en el mundo. Compromís va a apoyar esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Moltes gràcies, señora presidenta.

Desde el Partit Demòcrata también queremos explicitar nuestro absoluto compromiso en la mejora de la justicia universal. Agradecemos la presentación de esta proposición de ley que ha hecho hoy Esquerra Republicana y votaremos a favor de su modificación, porque no solo la vigente ley, la que se aprobó en 2009 sin consenso parlamentario alguno, fue una modificación improvisada, técnicamente deficiente y acelerada, sino que la queremos modificar, sobre todo, porque es un claro paso atrás en la defensa de los derechos humanos.

La jurisdicción universal supone una conquista de las víctimas frente a la impunidad, sin embargo, la vigente ley cierra la puerta a la perseguibilidad de los delitos de tortura, de genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, y algunos, como aquí se ha dicho, lo fían todo a la actuación de la Corte Penal Internacional. Hace pocos días, en Barcelona, la presidenta de la Corte Penal Internacional pidió auxilio, dijo: No lo podemos todo, necesitamos la colaboración de los tribunales de los Estados miembros, porque la perseguibilidad de los delitos que hacen referencia a los horrorosos crímenes a los que afecta la justicia universal no pueden solo ser atendidos desde la Corte Penal Internacional.

En España, la última reforma que se aprobó, la de 2009, elevaba a la máxima exigencia los requisitos de perseguibilidad de estos delitos, porque no solo la víctima del delito tiene que ser española sino que a quien se le impute la comisión de este delito tiene que encontrarse en España, y además han de concurrir los dos requisitos. Esto conculca claramente no solo los derechos humanos sino también tratados internacionales suscritos por el Estado español.

La vigente ley aprobada en 2014, la última del Partido Popular, lo que ha permitido -y se ha dicho- ha sido el sobreseimiento automático de todas las causas abiertas sobre justicia universal que se conocían en España y, por lo tanto, ha abierto claramente la puerta a la impunidad del crimen atroz, y con ello se ha cerrado la puerta de la justicia en beneficio de los que han transgredido el derecho internacional. Es imperdonable. Además, no tener una justicia universal efectiva atenta directamente contra la cooperación internacional porque, señorías, la comisión de estos delitos tan graves debe interpelar a toda sociedad democrática y porque quien es imputado por la comisión de un delito de estas características no puede transitar impunemente por la comunidad internacional. Por tanto, daremos nuestro apoyo a la tramitación de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Con respecto a la jurisdicción universal, tema que hoy trae a esta Cámara la proposición de ley de Esquerra, comenzaré por referirme a lo que sobre la misma ha ido diciendo el Tribunal Constitucional en algunas de sus sentencias. Así, en la 21/1997, manifiesta el alcance universal de la jurisdicción penal española para conocer delitos concretos en correspondencia a su gravedad y proyección internacional. Posteriormente, en la 87/2000, dice que la jurisdicción universal es la universalización de la competencia jurisdiccional de los Estados y sus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica consecuencia es la concurrencia de competencias o la concurrencia de espacios competentes. La sentencia 237/2005 -a mi juicio, la más importante-, manifiesta que el sometimiento de la competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el de genocidio o terrorismo a la concurrencia de intereses nacionales en los términos del Tribunal Supremo -como luego veremos- no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal. Y sigue manifestando: La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad, paradigmáticamente en el caso del genocidio, trasciende a las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente -sigue afirmando-, su persecución y sanción constituye no solo un compromiso sino también un interés compartido de todos los Estados, según ya dijimos en la sentencia 87/2000, cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de los Estados.

Del mismo modo, la concepción de la jurisdicción universal en el derecho internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales, citando a fortiori, como un argumento de mayor peso, la resolución adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en Cracovia, el 26 de agosto de 2005, en la que después de poner de manifiesto el ya mencionado compromiso de todos los Estados, se define la jurisdicción universal en materia penal como aquella competencia de un Estado para perseguir y, en caso de ser declarado culpable, castigar a los autores independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de nacionalidad, activa o pasiva, u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la ley internacional.

Estas declaraciones del Tribunal Constitucional, singularmente la última, la de la sentencia 237/2005, se hacían revisando a su vez -y esto es importante- una sentencia del Tribunal Supremo y otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2003, en las que, con ocasión de una denuncia en materia de genocidio, torturas y terrorismo en Guatemala, la Audiencia Nacional pretendía incorporar a la ley -a la primigenia Ley Orgánica del Poder Judicial que incorporaba la justicia universal sin limitaciones- el principio de subsidiariedad como un criterio interpretativo, y el Tribunal Supremo, revisando esta sentencia de la Audiencia Nacional, pretendía incorporar puntos de conexión; en concreto, decía y justificaba el Tribunal Supremo: No le corresponde a cada Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden global. El ejercicio de la competencia universal solo será legítimo cuando exista el citado punto de conexión, el cual ha de tener una significación equivalente a los criterios que, reconocidos por la ley nacional o los tratados, permiten la extensión extraterritorial de la competencia. En ese sentido el Tribunal Supremo reclamaba tres puntos de conexión: que el presunto autor se hallara en el territorio español o que las víctimas sean españolas u otro punto de conexión directo con los intereses nacionales, precisamente los puntos de conexión que años después el Partido Socialista introduce en su reforma del año 2009 al modificar el apartado 4 del artículo 23. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en 2005, contradice esta opinión del Tribunal Supremo de incorporar puntos de conexión y el TC afirma: En materia de genocidio, su convenio instaura el principio de persecución universal y evitación de impunidad para tales crímenes de derecho internacional. Este principio preside el espíritu de los convenios y forma parte incluso del ius cogens, es decir, del derecho obligatorio, del derecho internacional consuetudinario. Además, recuerda que siete magistrados del Tribunal Supremo firmaron un voto particular contra esta pretensión de la mayoría de incorporar puntos de conexión que, como digo, luego el Partido Socialista incorporó en su reforma de 2009. El Tribunal Constitucional cita como ejemplo de los países que no vinculan su jurisdicción universal a los vínculos nacionales a Alemania, y dice que en su código de crímenes de derecho internacional del año 2002, para adaptar el derecho alemán al Estatuto de la Corte Internacional, dispone en su artículo 1 que sus preceptos se aplicarán a los crímenes en él contemplados como genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluso cuando el delito sea cometido en el extranjero y no tenga conexión con Alemania. El Tribunal Constitucional concluye, frente a la pretensión de puntos de conexión por parte del Tribunal Supremo, que: en la medida que aspira a unir el interés común para


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evitar impunidad de crímenes contra la humanidad con un interés concreto del Estado en la protección de determinados fines, se sostiene sobre bienes de difícil conciliación con el fundamento de la institución de la jurisdicción universal, lo que da de facto una práctica abrogación de la jurisdicción universal. Afirmaciones del Tribunal Constitucional respecto a la incompatibilidad de raíz entre la jurisdicción universal y el establecimiento de puntos de conexión con los intereses nacionales.

Con respecto a la reclamación por parte de la Audiencia Nacional, que demandaba la existencia de un principio de subsidiaridad, el Tribunal Constitucional también lo rechaza de plano, diciendo que el único límite debe ser -estoy hablando de los delitos de primer grado- la cosa juzgada. Otra cosa es el establecimiento -sigue afirmando- de una regla de concurrencia ante la concurrencia de jurisdicciones para evitar una duplicidad de procesos y la vulneración del principio de non bis in idem, por lo que resulta imprescindible una regla de prioridad, por una elemental razonabilidad procesal y política criminal, decantándose el alto tribunal por el locus delicti, es decir, en lugar de comisión de los hechos, por su acervo clásico en el derecho internacional penal.

Los criterios de esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional del año 2005 respecto a la Ley Orgánica 6/1985 son posteriormente modificados por este Parlamento, como ya decía, cuando el Partido Socialista adopta en la Ley 1/2009 esas limitaciones que había rechazado el propio Tribunal Constitucional. Finalmente, con la Ley 1/2014 el Partido Popular restringe totalmente la jurisdicción universal más allá de los criterios permitidos por el derecho internacional. Estas dos reformas se hicieron de tapadillo, ya que la primera fue una enmienda a un proyecto de ley sobre la oficina judicial y, la segunda, una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que sostenía al Gobierno del Estado en ese momento. Ambas reformas eludieron -esto es importante- los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de la Fiscalía sobre la afección de esta reforma a la jurisdicción universal, a pesar del debate que suscitaron en ese sentido.

Este modelo de elaboración y elusión de opiniones jurídicas relevantes, junto con la percepción de que se estaba desvirtuando el principio de jurisdicción universal, motivó, como todos conocemos, un amplio rechazo social y más intenso aún -eso es cierto- con la reforma del Partido Popular que con la del Partido Socialista. La valoración que nos merece la reforma del Partido Socialista es negativa -ya lo hemos dicho- porque desvirtúa el principio de jurisdicción universal, y la reforma efectuada por el Partido Popular en la Ley 1/2014 da un paso más y la restringe totalmente al limitarla y establecer criterios no previstos en el derecho internacional.

Voy finalizando, presidenta. Señala Amnistía Internacional que la jurisdicción universal en la persecución de crímenes de derecho internacional ha quedado gravemente perjudicada por la Ley Orgánica 1/2014, al ser esta contraria a dicho principio del derecho internacional. Lo resume así: Frente a la universalidad de la competencia judicial para perseguir crímenes de derecho internacional, la Ley Orgánica 1/2014 introduce una redacción detallada de supuestos limitativos para cada delito. Y añade: Además, a diferencia de leyes anteriores, tales supuestos son más restrictivos que los criterios previstos por las obligaciones de derecho internacional vinculantes para España. Amnistía Internacional se está refiriendo básicamente, como ya he dicho, a los requisitos de perseguibilidad, es decir, a la exigencia acumulativa de que la víctima sea española, de que el autor sea español o residente habitual o que se encuentre en España y que no se haya negado su extradición. Además, se suprime la acusación popular, como ya se ha dicho.

Por último, finalizo con una breve reflexión sobre el doble rasero que han puesto de manifiesto las reformas de la ley 2009 y 2014. Mientras que la jurisdicción universal de los tribunales penales españoles...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor LEGARDA URIARTE: Sí, voy finalizando.

Mientras que la jurisdicción universal de los tribunales penales españoles se dirigió a encausar a países del tercer mundo, España alardeaba de su liderazgo. Ahora bien, cuando tocó encausar a países y ciudadanos del primer mundo, se comenzó primero por el Partido Socialista a desvirtuar el principio de jurisdicción universal y, posteriormente por el Partido Popular, a restringirlo. Daremos nuestro apoyo a la proposición.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.


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El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero decir que no empezaré esta intervención afeando a los señores de Esquerra Republicana el que con ocho diputados pretendan la modificación de una ley orgánica. No voy a empezar afeándoles que no hayan consultado con el resto de los grupos para llegar aquí con un acuerdo conjunto, como han hecho con motivo de la anterior toma en consideración de proposición de ley. (Aplausos). Respetamos absolutamente la capacidad de iniciativa política de cada grupo parlamentario, pues eso forma parte del principal de los derechos que tiene cada uno de los 350 diputados que componen esta Cámara. Como digo, pues, aunque ustedes solo sean ocho, un grupo minoritario, nos gusta respetar a las minorías y les reconocemos su derecho a promover hoy esta reforma que afecta a una parte fundamental o esencial de una ley orgánica, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Compartimos parte de la argumentación que motiva esta iniciativa y ustedes lo saben. El pasado día 9, en la Comisión de Justicia, se llegó a un acuerdo mayoritario, del cual solo estuvo excluido el Grupo Parlamentario Popular, para instar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ustedes traen hoy aquí en forma de proposición de ley, y recuperar la jurisdicción universal que la reforma de marzo de 2014 del Partido Popular prácticamente derogó. Por lo tanto, también hubo un acuerdo en una Comisión, pero vuelvo a decir que respetamos su capacidad de iniciativa legislativa, como no puede ser de otra manera. Lo que nos gustaría es que los demás tuvieran también esa capacidad de respeto cuando son otros los que hacen su trabajo y cuando son otros los que utilizan su derecho de iniciativa legislativa.

La reforma que ustedes plantean -lo dicen en el párrafo final de la exposición de motivos- pretende que los jueces y tribunales españoles, por lo que a los crímenes internacionales se refiere, puedan ejercer su jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos. Esto viene a convertir prácticamente a los tribunales españoles en una suerte de tribunales universales con capacidad de intervención sin límites y sin cortapisas de ningún tipo en relación con estos delitos. Reconozco que esto nos provoca sensaciones encontradas. Por un lado, evidentemente se trata de un tipo de delitos que el primer principio moral que tiene cualquier demócrata indica que deben perseguirse en cualquier lugar y bajo cualquier condición. Pero también existe el choque con otro principio, con el principio de la realidad, porque bajo ningún concepto queremos generar frustración en las personas que puedan pensar que los juzgados y tribunales españoles hoy en día tienen la capacidad suficiente para perseguir cualquier tipo de delito en cualquier lugar del universo con los medios de los que disponen. Señorías, España y la Administración de Justicia española creemos que hoy no tiene esa capacidad. Es el lugar donde existen más casos pendientes de resolución por cada cien habitantes en la Unión Europea, siendo solo superados por Italia, Portugal y Eslovenia, y donde la espera media para la resolución por demanda en un tribunal es más alta, de 500 días. Por lo tanto, creemos que lo que hay que hacer -y lo hemos trasladado así al acuerdo con el Partido Popular- es una reforma de nuestra Administración de Justicia y una inversión intensa en medios materiales y humanos; luego, en su caso, podremos exprimir hasta el límite las capacidades de nuestra Administración de Justicia.

Sin embargo, como les decía, sí compartimos el espíritu que anima esta reforma, que es revertir la que nos parece injusta reforma de marzo de 2014, perpetrada por el Partido Popular en solitario en aquella ocasión, y que echó atrás la reforma de noviembre del año 2009, que sí había sido una reforma pactada por un conjunto de partidos que conformaban una amplia mayoría en esta Cámara. Esta reforma adaptaba la redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los criterios utilizados por los países de nuestro entorno, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la doctrina del Tribunal Constitucional y, como ya se ha citado aquí, al principio de subsidiaridad, un principio que condicionaba las competencias de nuestros órganos jurisdiccionales a que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado otro procedimiento de investigación por los mismos hechos; es decir, lo condicionaba a la prejudicialidad penal, lo cual nos parece razonable, en principio. Se establecía además una serie de presupuestos y de vínculos con nuestro país que nos parece que eran lo suficientemente amplios como para permitir la persecución de estos delitos por los tribunales españoles en circunstancias que garantizasen una mínima conexión con nuestro país. Por lo tanto, nos parece que lo más sensato y razonable sería revertir esa inaceptable reforma de marzo de 2014 y volver a la situación anterior, a la redacción del artículo 23 existente después de la reforma de noviembre de 2009. Esto fue exactamente lo mismo que defendimos hace escasamente diez días en la Comisión de Justicia y, por tanto, va a ser nuestra posición en este debate.

No vamos a bloquear la tramitación, no vamos a oponernos a la tramitación de esta proposición de ley, pero lo que sí le anuncio es que en el trámite de enmiendas trataremos de acomodar esta reforma a esta


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posición que le acabo de decir y que es la que, por otra parte, había obtenido un acuerdo muy mayoritario en la Comisión de Justicia cuando fue debatida esta cuestión.

Para finalizar, quiero referirme a dos cuestiones que se han mencionado y que también tienen que ver con la Administración de Justicia y con cómo se ha administrado la justicia en nuestro país. Me dirijo a la portavoz del Grupo Popular, la señora Escudero, que dijo que el Partido Popular no había indultado bajo la Presidencia de Mariano Rajoy a ningún cargo político. (Muestra una fotocopia). Ustedes no solo indultaron a un cargo suyo, sino que lo hicieron con un cargo de Convergència i d'Unió de la época de Jordi Pujol, en el año 2012: al señor Josep Maria Servitje, por el caso Treball. (Aplausos). Supongo que lo conocerán. Además, dense cuenta de la importancia de las cuestiones que hemos debatido aquí. Hace escasamente seis días el Gobierno indultó a cargos políticos, en concreto, por el caso Uniformes, a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, entre ellos, a un exconcejal del Partido Popular en Rota. Estamos hablando de algo sucedido no hace mucho tiempo, sino hace escasamente seis días. (Aplausos). Por eso es importante la reforma de la que hablamos antes.

Para finalizar, me dirigiré a los señores de Esquerra. El señor Tardà ha manifestado en su intervención que su aspiración es convertir Cataluña en un país de acogida. Nosotros, desde Ciudadanos, lo sabemos bien: Cataluña ya es un país de acogida, un gran país de acogida; desde luego que lo sabemos. Es una tierra de acogida y lo ha sido durante muchísimo tiempo, prácticamente durante toda su historia, pero curiosamente ustedes, que vienen hoy a defender este principio de justicia universal, son los mismos que están promoviendo un proceso de independencia que quiere convertir en extranjeros en su tierra a la mitad de los catalanes. (Aplausos). Justamente ustedes. Por lo tanto, lo primero que podrían hacer con esas buenas intenciones sería, como digo, aplicárselas precisamente a esos catalanes a los que ustedes quieren convertir en extranjeros en su propia tierra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.

El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señora presidenta. Bona tarda. Buenas tardes.

Cada vez vemos más en los medios cómo se habla de la marca España, una marca que en teoría es referente de calidad en circunstancias, en hechos y en productos que lucen internacionalmente su españolidad. A nosotros nos cuesta a menudo descubrir este privilegio de la marca España, pero si en algo podíamos afirmar la existencia de la marca España desde el año 1985 era en que éramos una referencia internacional en justicia universal, en jurisdicción universal. El artículo 23 contenido en la primera versión de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía una regulación que era un auténtico referente internacional, establecía una regulación de prestigio internacional, aplicado evidentemente con el amparo de magníficos profesionales en el mundo de la justicia -abogados, jueces, fiscales-, conocedores del ordenamiento internacional. Ello no dejaba de ser paradójico en un país que, por otro lado, desatendía -como sigue desatendiendo hoy en día- los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el franquismo, crímenes que a día de hoy siguen impunes y seguían impunes bajo aquella jurisdicción, una jurisdicción que con respecto a la justicia universal era un referente en la esfera internacional, igualado por muy pocas legislaciones, la de Bélgica, la de Dinamarca y pocas más. Con ello España no hacía más que cumplir sus compromisos internacionales, como el Convenio de Ginebra, que impone a todo Estado la persecución y enjuiciamiento de crímenes internacionales más graves; o también de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo preámbulo recuerda que es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de dichos crímenes. En el mismo sentido, la Convención contra la tortura impone a todo Estado proceder a la detención de cualquier persona que haya participado en delitos de tortura que se halle dentro de su Estado. Ello venía amparado por el propio artículo 96 de la Constitución española, que establece que los convenios internacionales se incorporan íntegramente en el ordenamiento jurídico español sin que puedan ser derogados ni alterados ni minimizados con el establecimiento de ningún tipo de requisito que no venga expresamente contemplado en el tratado en cuestión. De esta manera los tribunales españoles pudieron abrir causas contra genocidios como el del Tibet, el de Ruanda, el del Sáhara o el de Guatemala y también conocer casos como el gravísimo asesinato del cámara español José Couso en Irak, y se consiguieron hitos referentes internacionales, como fue la detención del dictador Pinochet.


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Sin embargo, todo este prestigio se fue al traste, como bien saben, el año 2009, cuando el Gobierno del Partido Socialista aprobó la Ley Orgánica 1/2009. Ello no fue baladí, ello no fue al azar. Recuerden que en aquel momento coincidió con que la Audiencia Nacional decidió investigar el bombardeo del barrio de Al Daraj en Gaza. Ello coincidió temporalmente y no fue solo una coincidencia aleatoria, sino que fue triste constatar que un Gobierno como el del señor Rodríguez Zapatero, tan valiente para retirar las tropas españolas de Irak, tan audaz como para realizar este acto de valentía, por otro lado impedía la persecución penal de unos crímenes tan graves como este bombardeo en el barrio palestino. De esta manera, la reforma del Gobierno socialista del año 2009 impidió la persecución penal de los delitos más graves conforme al derecho internacional, como son los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, tortura o desaparición forzada, que -recordemos- deben ser perseguidos sin que importe el lugar de comisión, como exigen los tratados internacionales, todos ellos ratificados por el Estado español. De esta manera, el principio de justicia universal se vio limitado a supuestos poco habituales, como el hecho de que los acusados se encontraran en territorio español, que las víctimas fueran españolas o que existiera lo que viene a ser denominada una conexión relevante.

Si en el año 2009 el causante de esta rebaja en la justicia universal fue evitar un conflicto con el Estado de Israel, en 2014 lo fue evitar un conflicto con el Estado de China. Dicho sea de paso, China es la titular todavía, a día de hoy, del 20 % de la deuda exterior española. Las órdenes de detención internacional lanzadas desde la Audiencia Nacional sobre destacados líderes del Gobierno chino por el caso del genocidio del Tíbet -dicho sea de paso, se censan aproximadamente más de 1.200.000 víctimas en el caso del genocidio del Tíbet- provocaron la reforma de nuevo, la rebaja de la jurisdicción universal por Ley Orgánica 1/2014, que vino además por la habitual vía de urgencia que tanto gustaba al legislador, al Partido Popular, durante la X Legislatura; vía de urgencia que le permitía prescindir de los informes previos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado, y de hecho vino a acabar en la práctica con el principio de justicia universal, que, como decíamos, ya venía cercenado desde el año 2009.

De esta manera, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció un catálogo prácticamente insalvable, que impide de hecho que los tribunales españoles puedan conocer crímenes de especial gravedad sucedidos más allá de nuestras fronteras. Ello supone un incumplimiento tras otro. Ello supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales, como hemos dicho, un incumplimiento de las obligaciones establecidas en base a convenios ratificados por el Estado español. Supone una muy grave cesión de soberanía en materia de derechos humanos, lo que es especialmente grave, porque desatiende incluso a víctimas españolas en hechos acaecidos en el extranjero. Impone un carácter subsidiario de la jurisdicción universal que contraviene de hecho el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado español en el año 2000, que establece que la competencia de la Corte Internacional será complementaria respecto a la competencia de los Estados parte. El mismo Tribunal Constitucional ha establecido que dicha subsidiariedad supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Además, distingue víctimas españolas de primera y de segunda categoría, puesto que privilegia a las víctimas de terrorismo respecto a las víctimas de otros hechos, de manera que cuando sea una víctima de un delito de terrorismo podrán intervenir los tribunales españoles, pero no en el caso de que sea una víctima de otros delitos como delitos de tortura, desaparición forzosa, de crímenes de guerra, de genocidio, etcétera, para los cuales se establece un catálogo prácticamente insalvable de exigencias procesales. Asimismo elimina el ejercicio de la acusación popular que, como bien saben, viene amparada por el artículo 125 de la Constitución y deja el monopolio de la acción penal en el ministerio fiscal. Y de todos es sabido que en los casos en los que han prosperado acciones en defensa de los derechos humanos siempre, o en la mayor parte de las ocasiones, había detrás una asociación de defensa de los derechos humanos que es la que ha permitido que las acciones vayan más allá. Sí, es cierto, cabe la posibilidad de ejercer la acusación particular, pero es francamente ilusorio pretender que una víctima de un delito de esta gravedad tenga la capacidad de acudir ante los tribunales del Estado español y formular la acusación. Todo ello rematado por una disposición transitoria que ordena el sobreseimiento de todas las causas abiertas en tanto en cuanto no se acredite la existencia o no de los requisitos del reformado artículo 23, una retroactividad sustantiva que supone una injerencia absolutamente intolerable del legislador en el Poder Judicial.

Además de todo ello, la reforma del Partido Popular adolece de una falta de pericia, puesto que impide la persecución de los barcos de narcotráfico que estén surcando aguas internacionales, a no ser que se constate que tienen como objetivo el Estado español o haya tripulantes españoles. Fuera de este caso, estos barcos quedarán en la impunidad. A efectos prácticos, también la entrada en vigor de esta reforma


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provocó la excarcelación y fuga de personas encarceladas por delitos de narcotráfico sucedidos en alta mar. A día de hoy, también impide que los tribunales españoles puedan tutelar a los familiares de las víctimas de la catástrofe intencionada de Germanwings, que no pueden ser amparadas por los tribunales españoles. Consecuencia colateral de todo ello, señorías, es que la Audiencia Nacional -como saben, tribunal de excepción, heredera del Tribunal de Orden Público franquista- si en algo tiene, que lo cuestionamos, legitimidad para existir es para perseguir estos gravísimos delitos contra los derechos humanos y no que esta anomalía jurisdiccional que es la Audiencia Nacional se dedique, como cada vez es más habitual, a perseguir conductas tan inocuas -nos gustarán o no, pero inocuas- como romper fotografías, quemar banderas o hacer metáforas gastronómicopolíticas de tortillas y huevos.

Por todo ello, vamos a dar apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley -termino, señora presidenta- y, una vez en el trámite, vamos a ser pragmáticos, vamos a atender a razones de aritmética política y, a pesar de que nos encantaría regresar a la situación del artículo 23 previo a la reforma de 2009, vamos a sumar voluntades -voluntades que se han expresado aquí: la voluntad del Partido Socialista, la voluntad de Ciudadanos- para, al menos, recuperar una justicia universal en unos términos menos dañinos de los que se encuentran en la actualidad.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la admisión a trámite de este proyecto de ley para poder derogar la última modificación que sobre la jurisdicción universal se realizó por un solo grupo parlamentario, por el Partido Popular, y con el voto en contra del resto de grupos políticos. Les anuncio, como ya hemos tenido ocasión de debatir en la Comisión de Justicia, que en la tramitación parlamentaria trabajaremos conjuntamente para reponer la situación al estado legislativo en la que se encontraba la jurisdicción universal en España después de esta nefasta y equivocada reforma que realizó el Partido Popular en 2014. Quisiera decirles con todo el respeto que en algunas de las intervenciones de los grupos políticos he notado que su interés político en equiparar la reforma realizada por el Partido Socialista en 2009 y la realizada por el Partido Popular les ha hecho perder parte de la razón jurídica. Nada tienen que ver ambas reformas. La pregunta que les quiero lanzar es que si, efectivamente, la reforma realizada en 2009 por un Gobierno socialista hubiera estrangulado el ejercicio de la jurisdicción universal, ¿hubiera sido necesaria esa reforma que sin mayoría, sin consenso y sin debate se produjo en 2014? Por cierto, no está ahora el representante del PNV pero le quiero decir que ya que toda su intervención la ha dedicado a la reforma del 2009, no es equiparable ni el fondo ni la forma, porque la enmienda que modificó en 2009 el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene la firma del Partido Nacionalista Vasco. (Muestra un documento). Cuando le vea le haré entrega del documento.

Señorías, la jurisdicción universal, como ya se ha dicho reiteradamente en esta tribuna, es un principio de derecho internacional que legitima a los Estados para que puedan intervenir en aquellos crímenes, en aquellos delitos que por su extrema gravedad superan las fronteras transnacionales. El perímetro para legitimar la intervención de tribunales domésticos tiene dos ámbitos competenciales, uno que señala el núcleo duro de lo que podemos llamar derecho penal internacional -delito de genocidio, delito de lesa humanidad y crímenes de guerra-, cuya especial gravedad tiene dos elementos: que los bienes jurídicos vulnerados afectan a numerosas colectividades, pueblos enteros, naciones, grupos étnicos o religiosos y que normalmente sus perpetradores, sus autores, están protegidos o amparados por Gobiernos o por un ámbito estatal, con lo cual se legitima la impunidad que daña a toda la comunidad internacional. El otro ámbito competencial es lo que denominamos delitos internacionales de segundo grado, que por la propia forma de operar su ámbito de actuación está fuera de las fronteras y se hace a través de organizaciones internacionales, como son terrorismo, piratería y delito de trata de seres humanos. Precisamente, lo que se podía realizar en nuestro país y estábamos a la cabeza de la jurisdicción internacional después de la reforma de 2009 era que en España los tribunales nacionales podían perseguir e iniciar causas contra este núcleo duro del derecho penal internacional, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese es precisamente el objetivo de la reforma de 2014 del Partido Popular, la de impedir que esas persecuciones de delitos pudieran entrar en la Audiencia Nacional. Porque la persecución de esos delitos es la que genera, indudablemente, problemas diplomáticos a los Estados; problemas diplomáticos que hay que asumir con valentía para luchar contra crímenes execrables contra los que todo demócrata debe estar al


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frente. Fíjense si ese era el objetivo que en España, para proceder contra el núcleo duro de estos delitos y en virtud de una jurisprudencia de más de veinticuatro años en el ejercicio de la jurisdicción universal, establecimos un vínculo de conexión o interés relevante con el Estado español, siempre y en todo caso y no de forma acumulativa cuando la víctima de semejantes crímenes era de nacionalidad española -bien porque lo era de nacimiento bien porque había adquirido con posterioridad esa nacionalidad- o, independientemente de la legitimidad activa de la víctima, si el presunto autor se encontraba, aunque fuera por algún instante, en territorio español, haciendo un cambio de avión, por ejemplo.

Aquí, en España, estaban abiertas causas que se han citado: la imputación de cinco altos responsables del Gobierno chino acusados de genocidio por la invasión del Tíbet, estaba abierto el caso Couso, estaba abierto el caso Ellacuría. ¡Claro que España estaba a la cabeza de la persecución de estos gravísimos delitos! ¿Y qué es lo que hace el Partido Popular? Solo una reforma exprés que nosotros denunciamos desde el primer momento, recuérdenlo. Yo en esta tribuna les dije que habían utilizado una proposición de ley para evitar que el Gobierno, a través de un proyecto de ley, pidiera los informes reglamentarios obligatorios que el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige y que establece que se emita informe por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado cuando se hacen reformas que afecten a los derechos fundamentales. Lo hicieron con rapidez porque comenzamos la tramitación un 17 de enero -me acuerdo perfectamente porque estaba yo en esta tribuna- y la acabamos un 12 de marzo, afectando a derechos fundamentales de todos los españoles. Ustedes, lo que hacen en esa reforma es eliminar la legitimación pasiva, el que la víctima de estos delitos sea española ya no tiene efecto, no se puede perseguir, no pueden presentar una demanda ante la Audiencia Nacional porque solo sirve como requisito que el presunto autor no solo se encuentre, sino que resida legalmente en España y que, en caso de que no resida, se encuentre en España y se haya dictado una decisión en la que haya rechazado una orden de extradición. Si nadie lo ha pedido, indudablemente el principio de conexión desaparece. El principio de concurrencia, que no de subsidiariedad, cuando establecemos que si hay otro juicio abierto en cualquier otra jurisdicción debe ser una persecución efectiva para que no existan simulacros de juicios que puedan evitar o eludir la competencia del Tribunal Constitucional, desaparece. De hecho, señorías, ese es el único objetivo de esa nefasta reforma, que se enreda en una técnica legislativa insoportable, que establece hoy en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tres categorías de víctimas y diecisiete supuestos de perseguibilidad para evitar en el fondo que la jurisdicción universal, dentro del núcleo duro del derecho internacional, sea efectiva en España para evitar problemas diplomáticos, problemas de intereses económicos o políticos con otros Estados, convirtiendo, indudablemente, la justicia universal en una mercancía, pero con los derechos humanos la comunidad internacional no puede jugar.

Por eso, señorías, no vale tampoco que el Tribunal Penal Internacional tenga ahora competencia para perseguir estos delitos porque tiene exactamente la misma que cuando se creó en 1998. Lo que sucede, señorías, y ustedes lo saben, es que al Tribunal Penal Internacional no le reconocen competencia las grandes naciones como Estados Unidos, China o Israel y, por tanto, no puede actuar. Incluso, cuando hoy, en el Consejo de Seguridad, en Naciones Unidas, algunos Estados como, por ejemplo, España, han pedido que los graves crímenes de genocidio cometidos en la guerra de Siria sean llevados a la Corte Penal Internacional, aquellos países que no reconocen la competencia del Tribunal Internacional, como Rusia y China, utilizando el derecho de veto se están oponiendo a que llevemos esta causa ante los tribunales. Por lo tanto, la existencia del Tribunal Penal Internacional nos obliga no solamente a asumir la competencia -que ya lo hemos hecho-, sino también a actuar cuando estos crímenes no pueden ser conocidos por esta alta instancia por problemas de no reconocimiento de esta institución.

Finalizo, presidenta. El Partido Socialista va a votar hoy a favor de su admisión a trámite porque nos opusimos desde el primer momento a la tramitación de la reforma del año 2014, porque fuimos al Tribunal Constitucional y está recurrida por vulneración de los artículos 24, 117 y 125, de acción popular, y porque hemos presentado una proposición de ley para modificar esta nefasta reforma. El otro día, en la Comisión de Justicia, llegamos a un punto de encuentro entre todas la fuerzas políticas, por lo que, desde luego, en la tramitación parlamentaria estaremos trabajando positivamente para que lo que hoy se anuncia podamos celebrarlo en breve en esta Cámara: la derogación de la reforma operada el 12 de marzo de 2014, que fue la señal de defunción de lo que hasta ese momento había sido una seña de libertad, de justicia, que hacía que todos los españoles nos sintiéramos orgullosos de pertenecer a este país.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.

Antes de comenzar con el tema, quería dirigirme al señor Prendes porque me ha llamado mucho la atención. No debe haber quedado muy contento con la intervención de su jefe de filas (Rumores) para que haya tenido que matizar algunas cosas. Mire, es muy clara su intervención para que digamos aquí, alto y claro también, que tenemos que trabajar con rigor, y esos casos a los que usted se ha referido no son de políticos y corrupción política. Si hay alguna duda, habrá que ver cómo definimos la corrupción política. Eso pensábamos hacer en la Comisión y en la subcomisión. Ustedes se han saltado algún paso que otro, y en ese último caso que usted ha citado todos los informes preceptivos eran favorables y el informe del ayuntamiento, de todos los grupos políticos de todos los colores, era favorable. Mejor hablar con rigor. (Aplausos).

Ya en el tema que nos corresponde, en el de la proposición de ley, seguimos asistiendo esta tarde a una gran dosis de cinismo, perdónenme que lo diga. Da igual la seguridad jurídica, da igual el rigor y las modificaciones normativas, no existen reglas de juego y aunque hayamos aceptado trabajar primero en subcomisión para abordar una revisión de lo hecho -la propuesta de mejoras, la implementación de nuevos instrumentos-, nos adelantamos con una interesada propuesta, la de Esquerra Republicana en este caso, plagada de lugares comunes, obsesiones, medias verdades u omisiones para seguir alentando la idea de que el Partido Popular es como Eva y la manzana, el causante de todos los males.

Pues no, señorías, esto no es así y me lo van a oír muchas veces, se va a convertir en mi frase favorita. Pero hay otra frase favorita que es un leitmotiv, y es que toda obra humana, y las leyes lo son, es perfectible. Por lo tanto, lo más adecuado -por lo menos es mi planteamiento de vida- es ir aprendiendo más que enseñando y acordando antes que demostrando. Por eso, quiero dejar claras algunas ideas breves. Primero, no existe norma internacional que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal. No es verdad que cuando se incorpore a España un principio de justicia universal acoger el principio de una manera o de otra suponga una violación del derecho internacional o, como se ha dicho aquí, liquidar la llamada justicia universal. No es verdad que con cierta forma de regular la jurisdicción universal en España acabemos con todos los males e imperfecciones de los sistemas judiciales del mundo. ¡Ojalá! Tampoco es verdad que gracias a un principio ilimitado de jurisdicción universal en España podamos acabar con todos los dictadores, genocidas y violadores de derechos humanos del mundo. Ojalá fuera posible de esta manera y ojalá algunos de los grupos que han mostrado tanta contundencia apliquen sus argumentos a sí mismos para no tratar de derogar el pacto antiterrorista o para justificar a terroristas y dictadores, ¿verdad, señor Moya?, ¿verdad, señor Tardà? (Aplausos).

No es verdad que con esta proposición de ley consigamos resolver casos pendientes de enjuiciamiento o adecuado enjuiciamiento en otros países. Hablan de delitos gravísimos, pero luego no quieren oír nada de aplicar al genocidio y a delitos tan execrables la prisión permanente revisable. Señora Rodríguez, si no hay reconocimiento del Tribunal Internacional, imagínense una decisión unilateral del Estado español. Desde luego, no creo que podamos superponernos a la eficacia de ese tribunal. No es verdad que con esta proposición de ley se dé mayor amplitud al catálogo de delitos. No es verdad que la normativa vigente vaya contra normas y tratados internacionales, queda perfectamente salvado en nuestra ley cuando hay esos compromisos internacionales. No es verdad que seamos la gran excepción en el tratamiento del principio de jurisdicción universal en Europa y en el mundo. En las reformas de 2014 y 2015, además de esos delitos que parece que no están y que ustedes repiten mucho para subir el altavoz, se incluyeron delitos relativos a corrupción de agente público extranjero, delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas son menores de edad, delitos vinculados a la violencia de género, abuso de menores o turismo sexual, todo ello en aplicación de la Convención contra la tortura o de convenios del Consejo de Europa y de la OCDE suscritos por España. También en la modificación de 2015 del Código Penal se ampliaron a otros supuestos en el entorno del ámbito del terrorismo. De otro lado, hay límites que determinan la exclusión de competencia de tribunales españoles en aquellas causas en las que se hubiera iniciado un procedimiento por un tribunal internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos los delitos o por la nacionalidad de la persona a la que se impute su causa. Pero nuestros tribunales, y esto se omite siempre, podrán actuar en los casos en que ese Estado extranjero no quiera o no pueda proceder a la investigación y enjuiciamiento conforme a los criterios que rigen para el Tribunal Internacional.


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¿La normativa actual en esta materia, como en otras, es perfectible? Sí. ¿Desde el Gobierno de España y desde este grupo existe voluntad de mejorarla? Sí. Esta proposición de ley, sin embargo, no trata de mejorarla, sino de devolvernos a un supuesto lugar que hemos abandonado, y que no es así, de los países de nuestro entorno, porque dice que no responde a la exigencia democrática y de defensa de derechos humanos. No es cierto. Esta proposición solo tiene como finalidad devolvernos al pasado, que no siempre fue mejor. Pretende suprimir los tres elementos de limitación de la jurisdicción universal actualmente presente y que fueron definiéndose paulatinamente a partir de la ejecución de seis reformas, desde 1999 hasta 2015; tres limitaciones que son comunes en el derecho comparado y son mayoritarias en las legislaciones nacionales que exigen algún tipo de conexión territorial, y la residencia habitual, por ejemplo, se encuentra en Bélgica, Malta, Reino Unido o Suiza, por citar algunos. Pero también la mayoría de los tratados internacionales contempla la presencia del presunto culpable en el Estado del foro, y el principio de subsidiaridad o de subsidiariedad crítica, además de en los ordenamientos nacionales, también en el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Finalmente, las leyes nacionales condicionan el ejercicio de la jurisdicción universal a la decisión del fiscal. Otros países también, no solo el nuestro. Es el caso de Alemania, Noruega, Finlandia, Croacia, Canadá o Australia. Nuestra normativa vigente, además, admite la legitimación activa de la víctima. El objetivo de las últimas reformas, por tanto, no obedece al capricho o a la voluntad de recortar derechos, como se empeñan en defender, sino exclusivamente a eliminar el efecto de atracción que una regulación como la originaria en España, y que ahora quieren resucitar, por el mero hecho de carecer de equivalente en el contexto internacional, salvando quizá a Argentina, estaba produciendo. Es una legislación, la de la última modificación, que ha tratado de equilibrar la regulación de lo que ha de ser una excepción, en cuanto que supone entrar, adentrarse en las competencias de otros Estados con la lucha contra la impunidad, a la que en ningún caso se ha renunciado.

¿El actual artículo 23 de la ley orgánica permite mejoras técnicas? Sí. ¿Es esa la pretensión de la reforma que hoy pretenden tomar en consideración? No. Se busca, como ya hemos adelantado, el retorno a un sistema que había sido ya limitado por la jurisprudencia. Citar parcialmente la jurisprudencia respecto a textos distintos produce unos pequeños monstruos, unas pequeñas sombras, que es lo que se ha hecho esta tarde aquí, y una práctica que en el derecho comparado determinaba una similar regulación que hoy pretende dejar sin efecto. Buscan la vuelta a un tópico, complejo, ineficaz e inalcanzable modelo de jurisdicción universal absoluta. Ese modelo no es el que mejor equilibra el respeto a la autonomía de los Estados, el respeto al derecho interno, ni tampoco el que permite responder mejor a las expectativas creadas con los recursos de que pueden disponer los legisladores y los tribunales nacionales. ¿Qué aporta su propuesta, señor Tardà, en la reforma de los apartados 2 y 3 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? En el primero de los puntos nada, salvo eliminar el término indulto, que no deja de ser una causa de extinción de responsabilidad criminal en todos los ordenamientos, también en el nuestro, en el artículo 130.4 del Código Penal. Tampoco la modificación del apartado 3 permite ampliar el catálogo de delitos, que fue ampliándose en el 14 y en el 15, y que hoy el Gobierno y este grupo creen que todavía tendría que ampliarse. Fíjese que, al contrario, ustedes dejan de lado el delito de constitución de organización o grupo criminal para su actividad delictual en España, y no creo que hoy nos lo podamos permitir. Derogar esta regulación es imponer un modelo superado de jurisdicción universal en el panorama internacional y además defraudar expectativas que conducen a grandes dosis de desconfianza. Señorías, por muy bonito que sea el lazo, si al abrir un paquete no hay contenido, difícilmente podemos estar satisfechos perdiéndonos en debates públicos inconsistentes y repletos de falsedades. Su objetivo, su obsesión, se centra en el punto 4: ir a la versión inicial con una caprichosa propuesta de listado de delitos, porque no les importa que lleguemos a una buena reforma. Los sistemas de limitada jurisdicción universal están generalizados en los principales países del mundo y también en Bélgica y Alemania que, erróneamente, citan en su exposición de motivos.

Voy terminando, presidenta. Por último, quiero mencionar que pretenden suprimir el apartado 6, tratando de recuperar tácitamente la acción popular, y no reconocen que hay algo muy positivo en lo que incorporamos, y es que la víctima sea la que pueda directamente defenderse y que el fiscal pueda intervenir. Pero el fiscal, además, no lo tiene como una opción, es obligatorio, y cualquiera que tenga información, que tenga datos, se lo puede proporcionar al fiscal y este actuará. La acusación pública en estos casos, en palabras del magistrado Joaquín Giménez, solo supone una intolerable instrumentalización del proceso penal para los fines ajenos a la justicia con un desgaste intolerable para los operadores jurídicos y el propio colectivo judicial. Estamos dispuestos, en la línea...


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La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora MORO ALMARAZ: En la línea que nos hemos marcado entre todos, estamos dispuestos a trabajar en la subcomisión para mejorar esta norma, pero no a apoyar el objetivo que se han trazado ustedes, que es exclusivamente destruir, no construir, ir hacia atrás y generar falsas expectativas a la gente. Eso no es mejorar la justicia en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA CREACIÓN DEL CONTRATO DE POTENCIA ESTACIONAL. (Número de expediente 162/000279).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.

Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la creación del contrato de potencia estacional. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Presidenta, senyories, bona tarda, buenas tardes.

No se le escapa a nadie la gravedad del problema del precio de la energía que ya se ha tratado en esta Cámara a nivel de consumidores, de particulares y de usuarios. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Hoy queremos aportar aquí la visión de las pequeñas empresas. El precio de la energía se ha convertido en un gran problema de competitividad económica. De hecho, las pymes españolas son las que pagan la energía más cara de Europa, según los últimos datos de Eurostat. Para conseguir reducir la factura eléctrica, en esta Cámara ya se ha hablado de la parte variable de la factura, que es aquella que va referenciada, según el presidente Rajoy, a si llueve mucho o a si sopla el viento. La realidad es mucho más compleja, pero como ya conocen sus señorías, no es esta nuestra intención hoy; hoy queremos traer a debate la otra parte de la factura, aquella con la que, como si de un tabú se tratara, no hay manera de meterse: la parte fija, lo que viene siendo uno de los intocables del ministro Nadal. A algunos todavía les sorprende que la compleja normativa del sector eléctrico no tenga en cuenta las necesidades reales de las pymes, pero nuestra modesta opinión es que todo el entramado legal está pensado precisamente para eso, para tener en cuenta las necesidades de beneficios de cinco empresas contra las necesidades del resto. Precisamente lo que hoy traemos a discusión no es más que una propuesta de actualización de una normativa del siglo pasado que no recoge algo tan básico como las necesidades temporales de producción y de consumo de muchas empresas. Para explicar la dimensión del problema les propongo solo un ejemplo: una cooperativa agrícola que necesita mantener durante un par de meses o tres una cámara frigorífica para conservar y despachar su cosecha. Esto le supone un aumento de la capacidad de potencia y por tanto de la tarifa aplicable. Pero no solo para ese periodo de dos o tres meses, sino que tendrá que asumir la tarifa para el resto del año, asumiendo un coste claramente injusto y a menudo desproporcionado. Aplíquese lo mismo a una explotación que requiera riego; ídem de ídem para un hotel o un camping de costa o, si ustedes quieren, para un centro sociosanitario de tamaño medio-alto bastante estándar. ¿Cuál es el criterio aplicado por el actual sistema que tenemos organizado? Se llama: estaba ahí. Es como si al pagar la factura del hotel les cobraran a ustedes el contenido del minibar. Ustedes dirían: oiga, si yo no he tocado el minibar. Se siente, el minibar estaba ahí.

Los costes energéticos son claves para la competitividad de las empresas y es injusto que las pymes tengan que asumir un sistema eléctrico pensado para las cinco grandes a costa no solo de sus bolsillos sino sobre todo de su competitividad. Por ello, pensamos que el contrato de potencia estacional permitiría a muchas pymes disponer si no de un mejor precio de la energía, que falta haría, por lo menos que se les permitiera ajustar su factura eléctrica a sus necesidades de consumo, ¿cómo? Solo cambiando una normativa que no está pensada para las necesidades de los consumidores sino para retribuir directamente las necesidades de los operadores, y esto, señorías, se tendría que ir acabando. Esto no solo lo piensa Esquerra sino que hoy nos honran con su presencia y apoyo personas tan autorizadas como los


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representantes de Pimec Energia y de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, Fenie. Tememos lo que nos va a decir el señor portavoz del Grupo Popular, como nos ha dicho el señor ministro en otras ocasiones, que para que algunas empresas disfruten durante unos meses de una potencia elevada, alguien -el resto dirá usted- tiene que seguir manteniendo la infraestructura durante todo el año. Es el mantra que van repitiendo para mantener vivo el dogma Nadal de la intocabilidad de la potencia. Al final, una extensión del chiste del minibar -me resisto a llamarle chiste porque tiene muy poca gracia-. Ya nos lo han comentado en distintas ocasiones y sigue sin convencernos. Primero, porque nosotros estamos convencidos de que opera el llamado factor simultaneidad del sistema eléctrico entre los distintos clientes, y aún cuando no fuera así, en conjunto para todo el estado existe una potencia contratada agregada de unos 160 gigavatios aproximadamente y una demanda pico de menos de 45. Por tanto, hay margen suficiente sin necesidad de apurarse, no hay problema en este sentido, al contrario, 45 de 160 gigavatios de hecho indica el gran problema. Tenemos un sistema sobredimensionado fruto de años con señales de precios erróneos vía retribución que han creado un gigante que ahora no podemos mantener por la vía de generar un sobrecoste al consumidor. Tienen ustedes, señores del Gobierno, un problema al que urge ponerle números o de otra forma solo se pueden ir produciendo parches parciales que no van a la raíz y esta PNL será un ejemplo más.

Para concluir y por si faltaron argumentos, la política energética de la Unión Europea -el otro día estuvo entre nosotros el comisario Arias Cañete para verificarlo- indica claramente en el winter package que se tiene que poner en el centro de las decisiones de la política al consumidor. Hoy tienen ustedes la oportunidad de demostrar que para el caso que nos ocupa son ustedes capaces de poner a las pequeñas y medianas empresas en el centro de una decisión que es crucial para mantener la competitividad. Aviso a navegantes y termino. Hoy con el sentido del voto del PP sabremos si están ustedes más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Hoy sabremos si manda más Nadal o De Guindos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Aún están recientes las afirmaciones del ministro de Energía que hace dos semanas nos aconsejó acostumbrarnos a tener unos costes muy altos de la energía y a una dinámica con mucha volatilidad en los precios. Urge corregir este panorama y no permanecer en la resignación de encabezar el triste récord europeo de las tarifas eléctricas más caras mientras exportamos electricidad barata española a Francia y Alemania. Son imprescindibles y necesarias unas tarifas que no penalicen a las familias, a las empresas, a los sectores básicos para nuestra economía y también a nuestras factorías industriales sobre las que pesa una grave amenaza de deslocalización de su producción. En Foro estamos de acuerdo con esta iniciativa porque supondría que las empresas puedan ajustar la demanda contratada en función de la estacionalidad de su ciclo de producción. Esto equivale a competitividad para muchos sectores como el agrario, el turístico, el alimentario y también para nuestras industrias que, como venimos reiterando, singularmente las de consumo electrointensivo, no pueden competir en igualdad de condiciones con otros países europeos y pesa sobre ellas, como dije antes, la amenaza de deslocalizaciones.

He presentado una enmienda que complementan los tres puntos de la iniciativa defendida por el diputado señor Capdevila y en la que insto al Gobierno a la elaboración de un plan estratégico de la energía.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Hay una noticia que no me resisto a enseñar (Muestra un titular de prensa) y es la que dice: "La cúpula de Iberdrola se apunta un bonus de 115 millones en plena polémica de la luz". Es decir, el electricidad ha subido un 70 % en los diez últimos años, los beneficios de las grandes compañías eléctricas no han dejado de crecer todos los años y todo eso se ha cargado sobre las espaldas de los hogares y de las empresas, penalizándolas en competitividad. Compromís votará a favor de esta proposición de sentido común, porque pagar por lo que se usa es pagar por lo que se usa, no por lo que no se usa, pagar la


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potencia máxima cuando se necesite y tener la posibilidad de bajar la potencia cuando no se necesite. Dos ejemplos prácticos que son generales en todo el Estado español: la cooperativa agraria Les Alboredes de la Jana, una cooperativa que tiene una almazara de aceite. Se muele la aceituna durante tres meses y durante nueve meses está parada la maquinaria. ¿Por qué tienen que pagar la potencia máxima si no lo necesitan? Otro ejemplo: Cooperativa Arrocera de Sueca, aplicable en Andalucía y en Cataluña también. El arroz se recoge en dos meses, se seca en la secadora durante dos meses, no se necesita potencia máxima durante diez meses. ¿Para qué se tiene que pagar? Todo eso porque las eléctricas se niegan a hacer el cambio de reducir la potencia durante los meses que no se necesita.

Acabo. Todo eso son costes añadidos que lastran la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, los agricultores reciben menos dinero por su producto y lo mismo ocurre en muchos hogares. Por tanto, constatando que los beneficios de las eléctricas no se han resentido, es de justicia que esos beneficios no se carguen en solitario en las espaldas de hogares y empresas. Es de justicia que se distribuyan entre todos y es de justicia que se cree un contrato de potencia estacional para cada uno. Es, como diría el señor Holmes, elemental.

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, permítame saludar a viejos conocidos, a los representantes de Pimec Energia que nos acompañan desde la tribuna. Una política industrial útil y efectiva a favor de la competitividad es la que tiene en consideración la moderación del precio de la energía, la fiscalidad de las empresas moderando el impuesto sobre sociedades, la lucha contra la morosidad -otra gran iniciativa liderada por Pimec- y la internacionalización de las empresas. Se impone una reforma en profundidad sobre cómo ha de pagarse la energía, sobre el precio de la energía y sobre cómo ha de hacerse una factura limpia de impuestos encubiertos, lo que supondría que al final solo pagásemos un 35 % de energía a la hora de abonar nuestra factura. Señorías, esta propuesta de Esquerra Republicana está llena de sentido común y la vamos a apoyar. Se trata de pagar por consumo y no por potencia contratada. Parece de cajón que se tiene que pagar por aquello gastado, pero esta lógica no se impone en la factura y en la actividad industrial. La potencia contratada tiene en estos momentos puntas que encarecen la factura eléctrica. Esto se ve claramente en el sector del turismo, de la agricultura, de las empresas vinculadas con la conservación frigorífica, como la recolección de la manzana. La contratación para un año cuando hay puntas de consumo supone una gran injusticia. Nosotros apoyamos abiertamente esta iniciativa y esperemos que sea un paso más de la profunda revisión del sistema energético que se requiere en España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta. También quiero empezar mi intervención saludando a la representación de Pimec, que nos acompaña esta tarde

La proposición no de ley de Esquerra Republicana plantea una situación concreta que afecta a muchas pequeñas y medianas empresas, a cooperativas y a autónomos que tienen una actividad principalmente estacional en el marco de una problemática compleja, como es el precio de la electricidad y la regulación del sistema eléctrico. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Es cierto que las pequeñas y medianas empresas, también el conjunto de consumidores, sufren los niveles más elevados del precio de la electricidad de toda Europa. Estamos en el ranquin de los cuatro países con la electricidad más cara y esto tiene una grave repercusión en la competitividad de las empresas, pero también en la propia situación social del país. Durante estos años hemos visto cómo se ha incrementado notablemente la pobreza energética, la desigualdad energética. El precio de la electricidad se ha convertido incluso en un factor de empobrecimiento, en un grave problema para las pequeñas y medianas empresas y en una situación injusta para estas actividades de carácter estacional, ya sean turísticas, riego de determinados tipos de cultivos estacionales o, como se decía antes, las cooperativas agrícolas. Tenemos un sistema energético social, económica y ambientalmente ineficiente, con una gravísima, injustificable e injustificada transferencia de rentas de la mayoría de la sociedad a las grandes empresas eléctricas, una


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situación que es una auténtica vergüenza. Tenemos uno de los precios de electricidad más altos de Europa y los beneficios de las compañías eléctricas también son de los más altos de Europa, compañías eléctricas que además tienen la poca vergüenza, la desfachatez de intentar no pagar, mediante recursos en los tribunales, incluso el bono social, demostrando una nula responsabilidad social. Las causas son conocidas; desde el mercado eléctrico marginalista, que sobrerremunera tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear que están sobradamente amortizadas, hasta la configuración propia de la tarifa eléctrica con la parte fija del término de potencia muy elevada, no favoreciendo precisamente -sino todo lo contrario- la eficiencia y el ahorro. La propia proposición no de ley en su exposición de motivos lo dice: un ahorro del 10 % solo supone una reducción de la factura del 5 %; una suma de potencia contratada de 150 gigavatios, cuando la potencia instalada es de 110 y la demanda como máximo llega a 45 gigavatios. Por tanto, hay una parte por la que se paga que no responde a las necesidades reales y que se convierte en un auténtico regalo a las eléctricas. En definitiva, creemos que esta situación tiene que cambiar. Tiene que revisarse el conjunto del sistema eléctrico; no solo esta cuestión que plantea la proposición no de ley de Esquerra Republicana, sino a nuestro parecer el conjunto del sistema eléctrico con los problemas que tiene, la situación de oligopolio de este sistema en el que el 95 % del mercado doméstico está en manos de las grandes empresas o su propio sistema impositivo. Por tanto, esta mala regulación, que no beneficia al conjunto de la ciudadanía, sino a las grandes empresas, tiene que abordarse con urgencia. También es evidente que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de reforma ni de cambio; al contrario. El ministro nos ha dicho que hay que resignarse y aceptar unos precios altos de la energía.

Estamos de acuerdo con la PNL que plantea Esquerra Republicana del contrato de potencia estacional. Entendemos que va dirigido a las pequeñas y medianas empresas y cooperativas y no a las segundas residencias y, en este sentido, hemos presentado una enmienda para clarificarlo, porque creemos que esta no es en absoluto la intención de la proposición no de ley. Pero, estando de acuerdo, nos preocupa que, si no abordamos esa reforma estructural del sistema y del mercado energético y de la tarifa eléctrica, lo que se ahorren determinados sectores lo pague el conjunto de los consumidores y clientes. Por eso, es importante situar esa propuesta con la que estamos de acuerdo en un marco general de reforma del sistema eléctrico y de la factura eléctrica, reduciendo el término de potencia y haciendo una auditoría como paso necesario para la reforma del sistema eléctrico. Aún siendo una mejora importante la que propone Esquerra Republicana, tiene que abordarse tanto la reforma del sistema eléctrico como el nuevo modelo energético que de forma imprescindible se necesita en este país.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidenta.

Señorías, los sectores agroalimentario y turístico son dos de los sectores más dinámicos dentro de la economía española. El primero es netamente exportador y ha contribuido a que la balanza de pagos se mantuviera estable durante la crisis económica. Es un sector que ha incorporado grandes avances tecnológicos y con una enorme capacidad de fijación de la población al territorio, una externalidad positiva que en el Grupo Parlamentario Socialista valoramos mucho. ¿Y qué decir del sector turístico, que ha avanzado de manera destacada en estos duros años? Sin embargo, ambos sectores pueden y deben ser más competitivos, para lo cual hace falta, entre otras cosas, que puedan hacer una gestión eficiente de la demanda de energía eléctrica y que sea acorde con sus necesidades.

Como todos saben, la energía se encuentra entre los principales factores que influyen en la competitividad de nuestro país, pero, muy al contrario de lo deseable, el modelo eléctrico español es tremendamente deficiente y acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y que la hacen menos competitiva. Las explotaciones agrarias, las empresas agroalimentarias, las cooperativas y muchos establecimientos turísticos tienen una actividad económica puramente estacional; es decir, una parte del año tienen los negocios cerrados o las explotaciones se encuentran sin actividad por el puro ciclo natural. Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico no da respuesta a la singularidad de estos sectores. La última reforma del sector eléctrico aumentó significativamente el peso de la potencia contratada dentro de la factura en detrimento del consumo eléctrico, es decir, aumentó la parte fija frente a la variable; por tanto, se convirtió en una desventaja para quienes demandan energía de forma estacional y en un lastre para la eficiencia energética, porque consumir más o menos energía no


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tiene un peso importante en el coste final y, sin embargo, sí lo tiene el término fijo, que no depende de la intensidad del consumo.

El Grupo Socialista coincide con el grupo proponente en la necesidad de que los clientes, especialmente pymes turísticas y agroalimentarias, cooperativas agrarias y titulares de explotaciones agrarias, puedan contratar la potencia en función de las necesidades estacionales a lo largo del año. Proponemos adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para poder flexibilizar y adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica, porque no parece razonable que la potencia contratada solo pueda modificarse una vez a lo largo del año. Para favorecer el ahorro y la sostenibilidad habría que modificar esta restricción. Este impedimento legal hace inviable una gestión de la demanda y de los consumos eléctricos que contribuyan a mejorar la competitividad de estos sectores, tampoco ayuda a conseguir los objetivos de eficiencia energética a los que nos hemos comprometido como país, que, por cierto, todo indica que no vamos a cumplir. No hay excusa para no hacerlo, dado que los avances tecnológicos ya nos aportan la gestionabilidad mediante los contadores inteligentes que permiten que se pueda operar sobre ellos de forma muy sencilla. Es perfectamente viable, por tanto, un contrato específico que permita disminuir o incrementar la potencia contratada en función de la época del año, teniendo en cuenta los ciclos de producción en agricultura o las temporadas vacacionales en turismo. Estos sectores podrían optimizar el consumo en lugar de verse penalizados, como ocurre ahora mismo, y la normativa vigente debe ayudar a que sea posible, sobre todo en un país como el nuestro que necesita incrementar la competitividad de su economía. Asimismo, en nuestra enmienda también hemos instado al Gobierno a que las empresas comercializadoras den una mayor y mejor información a los consumidores sobre los conceptos incluidos en la tarifa para que puedan de manera sencilla comparar las ofertas que existen en el mercado. En definitiva, lo que pedimos es cumplir con la Directiva europea sobre derechos de los consumidores, cosa que sorprendentemente no ocurre en la actualidad.

Señorías, colaborar desde el Legislativo a crear un marco que permita mejorar la eficiencia energética, mejorar en competitividad en sectores tan importantes como el agrícola o el turístico, debería ser tarea de todos los que estamos aquí. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar a favor de esta propuesta de Esquerra Republicana. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Buenas tardes. Gracias.

Nuevamente volvemos al tema energético. Tengo la sensación de que va a ser la legislatura de la solicitud de parches en materia energética. Y lo digo porque parece que a ningún grupo, excepto al PP, nos gusta la regulación eléctrica. Cada grupo vamos detectando una serie de carencias y necesidades y las vamos planteando a través de PNL u otras figuras: autoconsumo, contrato de potencia estacional, tarifas, impuesto de electricidad. Y, claro, si todas ellas nos llevan a que mejorar a unos cuantos suponga un mayor coste para otros porque el Gobierno no está dispuesto a cambiar la política energética basada en el déficit de tarifa, lo llevamos claro. Lo que arreglamos por un lado lo desarreglamos por el otro, y aquí es donde está el verdadero problema de la cuestión: la necesidad de una reforma en este campo.

Dicho esto y ciñéndome a la PNL presentada acerca de la creación de un contrato de potencia estacional, me gustaría matizar algunas afirmaciones que en ella se hacen. El impacto en el sobreprecio que soportamos en el suministro de electricidad se debe fundamentalmente a los costes por los peajes, pero la contratación de la potencia de estos peajes no es más cara para los ciudadanos y pequeñas empresas frente a las medianas y las grandes. Cuanto mayor es el consumidor y por tanto la tensión del suministro, más cara es la contratación de la potencia. Tendríamos que hablar también de la exención parcial del impuesto eléctrico, de hasta el 85 %, que no se aplica por el tamaño del consumidor, sino por la actividad. Pero sin entrar en mayores profundidades de si la justificación es suficiente, de las repercusiones que tenga para el sistema y de otras consideraciones que habría que analizar, desde un punto de vista jurídico sí cambiaría el esquema contractual y pondría en una situación más fuerte al consumidor al poder flexibilizar sus necesidades y costos frente al marco actual de contratación, donde prima la seguridad jurídica que le da a la distribuidora el compromiso rígido, sin tener en cuenta la necesidades del cliente y sus consecuencias en los costes de producción. Se trata, en definitiva, de poder subir o bajar la potencia contratada en la industria sin tener que esperar a que pase un año. Esta flexibilidad,


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como he dicho, permitiría subir y bajar la potencia según convenga en función de la estacionalidad, sin tener que estar pagando todo el año la misma cantidad fija.

Lo que vemos es que esta proposición no de ley tiene sus repercusiones económicas: para el consumidor, positivas y para las compañías eléctricas entendemos que serán negativas porque tendrán que planificar las inversiones en sus centrales para dar la potencia contratada. Pero, como he dicho anteriormente, deberíamos conocer si con esta modificación de la potencia la recaudación vía tarifas de acceso a la red es suficiente para cubrir los costes que corresponden a esta partida de ingresos y parece que, si no hay modificación en la regulación eléctrica, el coste que se dejaría de pagar repercutiría en los demás consumidores y volveríamos de nuevo al punto de partida. En definitiva, creemos que lo que hay que abordar es una política energética integral, satisfactoria para todos los sectores y que cubra todas las necesidades.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.

Señorías, la proposición no de ley que nos trae el señor Capdevila nos genera muchas dudas, pues en un país como España, donde el precio de la energía es de los más altos de la Unión Europea, solo superado por Reino Unido e Irlanda; donde además los últimos treinta años se han dedicado a parchear el sistema eléctrico, lastrando la competitividad de nuestras empresas manteniendo un modelo opaco de inversiones ruinosas y puertas giratorias, y donde además no se ha sabido legislar para los más desfavorecidos, lo que usted nos propone en esta Cámara -por cierto, sin datos y sin cuantificar- nos parece otro parche -lo comentaban antes otros grupos parlamentarios-, y ya estamos acostumbrados a que los viejos partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no hagan una reforma en profundidad del sector eléctrico. Es verdad que su propuesta favorece a algunas empresas con actividad estacional, pero también favorece a aquellos ciudadanos que tienen más de una vivienda. Ciudadanos también quiere reducir la factura de la luz, pero la quiere reducir a todos los ciudadanos, con planificación, con seguridad y con eficiencia. (Aplausos). Sinceramente no dudo de su buena intención, pero la modificación de estos dos reales decretos para implantar esa nueva tarifa de contrato de potencia estacional y flexibilizar los cambios de potencia de contratación de hecho no dan respuesta, vuelve a ser otra vez un parche. Y es que el precio de la electricidad se determina en función de tres factores fundamentales: uno, los costes del sistema; dos, el precio del mercado de la energía, y tres, los impuestos. Los costes del sistema ya sabemos que son fruto de esa mala planificación de nuestra política energética; por tanto, necesitamos esa auditoría de costes que los rebaje y no los traslade. El precio del mercado de la energía sabemos que está marcado por un sistema marginalista, pero necesitamos un pacto de Estado por la energía y un plan de transición energética y así seremos capaces de bajar el precio. Y, por último, los impuestos. Sabemos que el impuesto de la energía está gravado por el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, al 21 %, pero además a partir de 1997 se creó el impuesto especial de la electricidad, en épocas de José María Aznar, con más de un 5 %, sobre todo para el tema de las compensaciones de la minería del carbón. Por cierto, este impuesto lo debatiremos mañana en la Comisión de Energía para eliminar esta carga impositiva, porque ¿qué sentido tiene gravar la electricidad con un impuesto especial? El propio ministro Montoro el otro día en la Comisión de Hacienda nos explicaba que los impuestos especiales estaban justificados porque tenían unas finalidades extrafiscales; es decir, son un instrumento de política social o política sanitaria o medioambiental, con lo cual ¿qué finalidad tiene este impuesto especial de la electricidad? Lo cierto es que al final se convierte en un sobrecoste para el ciudadano -más del 6 % en la factura de la luz- y esperamos que todos los partidos políticos nos apoyen mañana en esta iniciativa. Por tanto, dejémonos de parches, dejémonos de improvisaciones y pongámonos a desarrollar el modelo energético queremos para el futuro. En Ciudadanos, desde luego, lo tenemos claro y así lo pactamos con el Partido Popular en esas ciento cincuenta medidas, tres de ellas fundamentales. En el punto 18 tenemos un pacto de Estado por la energía, apostando por la innovación y por las interconexiones internacionales; en el punto 19, elaborar un plan de transición energética para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética y para reducir el consumo de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, en el punto 20 -y lo comentaba anteriormente- llevar a cabo esa auditoría y esa liquidación definitiva de todos los costes del sistema. Además, queremos ver realmente esa auditoría de la factura de la luz.


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Voy terminando, presidenta. Durante muchos años de hegemonía de la vieja política en esta Cámara se han dedicado a plantear parches, reformas parciales, se han dedicado incluso a puertas giratorias e inversiones ruinosas. Por cierto, estos mercados que se han creado se sustentan en monopolios, en oligopolios e incluso en monopsonios. Pero es que Ciudadanos ha llegado aquí, a la política, para impulsar reformas del sector eléctrico que beneficien al conjunto de los ciudadanos y no tan solo a unos pocos ni, desde luego, a los que tienen mayor poder adquisitivo. Por tanto, señorías, hagan sus deberes, busquemos un consenso entre todos los grupos parlamentarios y demos ejemplo, porque para algo nos pagan los ciudadanos.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Capdevila, la seva intenció és bona. Creo que su intención es buena, es evidente, pero presentar soluciones fáciles a problemas complejos, con efectos maravillosos y de difícil explicación no es política, es ilusionismo; la política es otra cosa. El sistema eléctrico debe garantizar un trilema: que haya veinticuatro horas, siete días a la semana una garantía de suministro de calidad, al menor coste posible para el bienestar de las familias y que permita la competitividad de la industria, y medioambientalmente sostenible. Aquí, en este proyecto, se incurre en graves errores, fundamentalmente que no hace sostenible económica y financieramente el sistema y eso usted lo debe saber. Porque si presenta que va a haber menos ingresos, ¿qué gastos va a recortar? ¿Usted sabe las consecuencias que tiene que no sea equilibrado el sistema? Lo voy a explicar ahora, pero usted lo sabe porque está en la Comisión.

El equilibrio del sistema es fundamental en el sistema eléctrico español. Usted incurre en dos errores graves, a mi juicio. Por una parte, no entiende lo que es la suficiencia de tarifa. Tenemos que pagar una serie de costos fijos que no dependen en absoluto del consumo eléctrico: el transporte y la distribución, que permiten que la generación de energía llegue a las personas que desean consumirla; la operación del sistema, que permite que en cualquier momento, al menor coste posible, entren las tecnologías más eficientes; pagar a las 63.700 empresas que producen energía renovable en nuestro país; garantizar que el precio que se paga en Canarias, Ceuta y Melilla y Baleares sea el mismo que en el resto del territorio nacional. Eso se paga entre todos, señoría. Además, las redes no se dimensionan en función de la demanda. Yo no puedo coger líneas de transporte y cambiarlas cada seis meses según mis necesidades. Usted eso lo sabe perfectamente. El transporte se crea y se instala en función de la potencia máxima que quiera un consumidor, independientemente de que la consuma o no.

Su propuesta nos lleva a grandes riesgos. El primero de ellos, volver a incurrir en déficit tarifario, en desequilibrio; vamos a pagar 2.838 millones de euros durante 2017 y así sucesivamente en otras cantidades hasta 2028. Se produce además una transferencia evidente de renta; es curioso que esta propuesta la haga una formación que se dice llamar de esquerra porque es absolutamente insolidaria, ya que ocurre que aquellos que tienen una segunda vivienda -como decía recientemente el señor Iglesias, los que tienen una segunda vivienda son los ricos-, una vivienda vacacional, paguen los costes fijos que anteriormente he dicho solamente durante el mes de agosto y los otros once meses no los paguen. ¿Quien los va a pagar, señor Capdevila? Los repartimos entre todos. Eso es transferencia de renta y eso es injusto. Usted es de Martorell y sabe que esa transferencia de renta incide claramente en la competitividad de la industria porque va a encarecer la factura eléctrica. La verdad es que no sé muy bien qué fines tiene esta propuesta. El sistema eléctrico español es solidario. Por ejemplo, las instalaciones de transporte las pagamos entre todos para que a todos les llegue la energía eléctrica en iguales condiciones. Le invito a que se siente con nosotros en la mesa del diálogo y del trabajo. Hay una mesa abierta en el ministerio para la redacción de los tres reglamentos que desarrollan el bono social y hay partidos políticos, como el Partido Socialista y Ciudadanos, que ya han contribuido con documentación al respecto, y ustedes todavía no lo han hecho. Le invito a que lo haga. Esas son políticas energéticas efectivas, que realmente inciden en la calidad de vida de la gente. La política energética permite que baje la factura eléctrica. ¿Sabe cómo? Empoderando, por ejemplo, al consumidor. Esos reglamentos que se van a aprobar van a dotar de mayor información al consumidor, que va a poder elegir con mayores garantías. Los contadores inteligentes estarán todos a disposición de los consumidores en 2018 y eso permitirá que tengan tarifas horarias y que puedan elegir cuándo, cómo y qué cantidad de energía quieren consumir y, así, ajustar su consumo al precio de la energía. Además, con eso allanaremos la curva de consumo y, por tanto, el consumo será


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más eficiente y con todo ello garantizaremos un sistema sostenible. Les ruego que de ahora en adelante, si es posible, en materia energética -como he dicho en repetidas ocasiones tanto en la Comisión como en el Pleno- aporten ideas que sean sostenibles económicamente y que no incurran en el déficit y en comportamientos que lastren la economía y el bienestar de las familias.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación le pregunto, señor Capdevila i Esteve, si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Estamos en trámite de una transacción entre distintos grupos y en breve se la presentaremos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): De acuerdo. Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000282).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco sobre la aprobación de un plan de derechos humanos.

Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Este no es un asunto nuevo, yo tengo la sensación de llevar muchos años intentando que al final se concrete de una manera efectiva algo que en su momento ya estuvo en vigor allá por la IX Legislatura. ¿Y por qué un plan de derechos humanos? En primer lugar, hay que decir que es una demanda de gran parte de la sociedad civil y de muchas de las organizaciones no gubernamentales. También porque más allá de los derechos que pueden aparecer en el título I de la Constitución es importante a la hora de la acción política diaria que esos derechos se implementen de una manera determinada, y ello orientado tanto a la labor interna en las ejecuciones gubernamentales en diferentes ámbitos de la vida dentro del territorio del Estado como también en los ámbitos de política exterior. Por tanto, tenemos una serie de derechos y libertades en el título I, están también todos los tratados internacionales, que obligan y que forman parte del ordenamiento jurídico español una vez que han sido ratificados, pero hay que ver después los fallos y las debilidades y cómo aplicar de manera correcta en políticas concretas y con los controles pertinentes esos derechos, y todo ello de una manera transversal.

Decía que esto viene de antaño y que no partimos de cero, ni pretendo que el Gobierno parta de cero. Recuerdo que en el año 2012 se aprobó a instancias de nuestro grupo una propuesta para que se hiciera un plan de derechos humanos, una estrategia de derechos humanos, que venía a cuento porque ya la hubo en la IX Legislatura, con el Gobierno socialista, que se desarrolló y entró en vigor. Sin embargo, al cambiar la legislatura parece que el nuevo Gobierno no quiso seguir con eso y no quiso implementar nada en este ámbito, pero al menos conseguimos que parlamentariamente hubiera un compromiso del Gobierno español. Recuerdo también que, en septiembre de ese mismo año, la vicepresidenta del Gobierno se volvía a comprometer en una pregunta de control y la comparecencia de un representante gubernamental en octubre de 2012, en la que se decía literalmente -me encantaría leer todo porque desde luego es una loa a desarrollar un plan de derechos humanos-: Les he esbozado el inicio de una nueva estrategia de derechos humanos muy ambiciosa, de un proyecto global de defensa y garantía de los derechos que ha de ser neutral, que tiene que guiarse por el interés general y que debe contar con todos. Esto lo decía el Partido Popular, sin embargo nunca se implementó esa estrategia ni se creó ningún plan; lo único que se hizo fue un examen de las fichas por ámbitos, por sectores, que tenía el Partido Socialista diciendo qué es lo que se había hecho y qué no. A partir de ahí, el Gobierno decía: Vamos a encargar al Centro de Estudios Constitucionales un estudio para la elaboración de las líneas generales de un plan, un documento que nos sirva para poder presentar el plan. El Centro de Estudios Constitucionales encargó dicho documento a un equipo de prestigiosos expertos en derecho internacional, en derecho constitucional, en derechos humanos, pero también hubo una participación de la sociedad civil porque ese equipo se


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encargó de recoger los inputs de diferentes ámbitos. Ese equipo fue dirigido por un prestigioso catedrático de Derecho Constitucional, Fernando Rey, que casualmente hoy es el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, con Gobierno del Partido Popular. Fernando Rey intentó llevar adelante el trabajo, pero el Gobierno -y lo digo porque son declaraciones públicas del propio equipo, no estoy descubriendo aquí nada- dijo: No, hay que quitar algunos temas en los que no tenemos que entrar. Esos temas se dejaron un poco al margen, el Gobierno metió a nuevos expertos y finalmente se volvió a elaborar un documento de 900 páginas. Pero el Gobierno nunca quiso presentar ese documento y nunca quiso darle carácter oficial, pero el trabajo está hecho, incluso publicado, y es accesible para todo el mundo. Ese trabajo ya está hecho, con participación de la sociedad civil. Por eso cuando algunos de los grupos piden a través de enmiendas que participe la sociedad civil en su elaboración, hay que decirles que ese trabajo ya está hecho y que llega hasta 2015. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). La cuestión es ahora utilizarlo e implementarlo; por tanto, no necesitan tanto tiempo para hacerlo. He retocado a través de unas enmiendas -porque esta iniciativa es de finales de diciembre- el plazo y que, en lugar de ser a finales de marzo, que sea hasta el 1 de junio, como muy tarde, el plazo para presentar el plan y que, posteriormente, aproximadamente en septiembre, se presenten las medidas concretas porque esas sí que tendrán que ir ligadas a iniciativas presupuestarias que afecten al año 2018. Por tanto, no se empieza desde cero porque ya hay un trabajo hecho por un equipo multidisciplinar, por una persona que, entiendo, si es consejero de Castilla y León, es de su confianza, y con la participación de la sociedad civil, que ya ha dado un enfoque de por dónde tiene que ir ese plan.

También se dice en las enmiendas que se tengan en cuenta las normas internacionales. Claro que se tienen que tener en cuenta las normas internacionales; de hecho, se tuvieron también en cuenta para la elaboración de esos trabajos. El Manual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue la guía para construir ese documento. No hace falta que digamos aquí, en la Cámara, que se deben cumplir las normas internacionales ni hablar de la obligación de la legislación internacional. ¡Claro que sí, pero si es que España está obligada a ello porque todos los tratados ratificados forman parte del ordenamiento jurídico español! Y lo mismo respecto a pedir ahora la participación efectiva y activa de la sociedad civil. Ese tramo ya está hecho, no le demos la excusa al Gobierno para que lo vuelva a aplazar sine die, hagamos que por lo menos adquiera un compromiso formal de presentarlo ya, sin más dilación.

Acabo ya, señora vicepresidenta. Esas son las razones que me llevan a no admitir las enmiendas del resto de los grupos y sí nuestra autoenmienda relativa a los plazos. No admitimos la enmienda del Partido Popular porque lo deja sin plazo y no admitimos tampoco las del resto de grupos porque entendemos que ya están incluidos tanto la garantía de que continúe más de una legislatura, como que haya control del Parlamento, como que las propuestas del Parlamento puedan integrarse dentro del plan año a año, y también esa participación de la sociedad. Como entendemos que ya está completo en nuestro texto, lo mantendremos tal y como lo hemos presentado, con las enmiendas que modifican las fechas de presentación, que son de nuestro mismo grupo.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Esteban; de todas formas, tendría también un turno para pronunciarse sobre si admite o no las enmiendas al finalizar las intervenciones de los grupos.

Turno de defensa de enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa. (Pausa). No lo veo en el hemiciclo, así que pasamos al siguiente interviniente, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Esteban, quiero agradecerle la presentación de esta iniciativa que nos permite de alguna manera revisar cuáles fueron en su día las 90 medidas del Plan de acción de la Unión Europea que se presentó en abril de 2015 e igualmente poder actualizar las 172 medidas del Plan de derechos humanos que presentó en 2008 el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que es verdad que sigue, digamos, en stand by. Pero permítame que le traslade cierto escepticismo, porque podemos consensuar un plan entre todos, pero antes deberíamos saber si cada derecho humano significa para todos lo mismo. Eso sería lo que debiéramos hacer antes. Por ejemplo, el derecho a la vida o cómo defender el derecho a la vida, que es un derecho humano, creo yo. Es decir aquí hay quien cree que abortar una vida es un derecho fundamental, un derecho inalienable. También hay quienes creen que es un fracaso social. Y también hay quienes creemos -podría citar a Gustavo Bueno o a Julián Marías- que es la mayor


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injusticia contra el ser más indefenso, el mayor síntoma de ceguera moral de nuestro tiempo. Por tanto, este debate sobre cuál es el significado de los derechos humanos debería ser previo al consenso de ese plan.

En todo caso, tres sugerencias brevísimas. Una es que no deberíamos dar lecciones de respeto a los derechos humanos como sociedad porque aquí, hoy, se siguen haciendo homenajes a terroristas de ETA y se les jalea, y se les sigue, etcétera, y hablamos de derechos humanos. Segundo, que deberíamos ser coherentes, en el sentido de que si Leopoldo López sería un político libre en nuestro país, también deberíamos pedir que lo fuera en Venezuela. Y, en tercer lugar, yo creo que, siendo acertado hacer ese plan, lo que debiéramos hacer de alguna manera es empezar por el principio, empezar por abajo; es decir, empezar por los jóvenes, implementarlo ahí, que sean conscientes de los derechos pero sin duda, y de forma correlativa, también muy conscientes de los deberes, que a veces nos ocupamos poco de ellos.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Al igual que hace cuatro años apoyamos una propuesta muy similar por entender que un plan de derechos humanos era necesario, hoy volveremos a hacerlo, pero entendiendo que este debería demostrar un verdadero compromiso con el respeto de todos los derechos humanos y poner medios para erradicar la vulneración de los mismos, no limitarse a una mera declaración de intenciones. Además, entendemos que es algo incompatible con la práctica de este Gobierno y sus políticas que restringen derechos básicos. Sus políticas económicas han sido un ataque directo a derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a un salario justo, a una pensión digna, a la vivienda, a las prestaciones sociales, y ello unido a la limitación del derecho de reunión o de manifestación que ha supuesto la Ley mordaza para acallar las protestas. Y qué decir de su actuación con el drama humanitario que están viviendo miles de personas que quieren acceder a Europa y que se encuentran obstáculos a su llegada y nula política de asilo. Unido a ello nos encontramos con un Gobierno que se niega a dar voz a la ciudadanía en Cataluña, esa ciudadanía que quiere marcar su camino y decidir su futuro, y a la que responde únicamente con amenazas y restricción de sus derechos. Y qué decir asimismo de la actuación negacionista ante el proceso de paz y normalización que demanda la mayoría de la sociedad vasca y ante el que el Gobierno sigue actuando en contra de los derechos más elementales, como tantas veces le han recordado instancias europeas en relación con la política de dispersión, el cómputo de penas, las torturas, que ni reconoce ni investiga, actuando fuera de toda lógica e intentando obstaculizar el desarme de ETA, en el que hasta la sociedad civil está tomando parte para superar el bloqueo al que el Gobierno quiere condenarnos.

Termino. Todo ello ha ocurrido mientras estaba en vigor un plan anterior. Por ello, apoyamos que haya un nuevo plan, pero decimos que este debe servir para mostrar ese verdadero compromiso con todos los derechos humanos, algo que el Gobierno del PP no ha hecho hasta ahora.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, ocho años han pasado desde la aprobación del primer Plan de derechos humanos en España, plan que caducó, como ustedes saben, en 2012. Ese mismo año 2012 el presidente Rajoy encargó a un grupo de expertos independientes la elaboración de un informe que serviría de base para un segundo plan de derechos humanos, pero el resultado de eso no fue positivo. Los recortes en sanidad y educación, las vallas de Ceuta y Melilla, el abuso de poder en las cárceles y los CIE o la falta de democracia real fueron algunas de las deficiencias detectadas por los investigadores que realizaron ese informe. Tampoco ayudaban a la redacción del plan de derechos humanos la reforma laboral, la injustificada incriminación que se hace a algunos comportamientos que se amparan en el derecho a la huelga, la Ley mordaza o el haber dejado sin fondos la Ley de Memoria Histórica. Así que el plan de derechos humanos elaborado por el Gobierno del Partido Popular quedó finalmente en un cajón, básicamente porque cómo iba a presentar un plan de derechos humanos un Gobierno que estaba poniendo en peligro elementos esenciales del Estado de derecho.


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Han pasado más de cuatro años desde esa situación y nuestro Estado necesita con urgencia aplicar la propuesta de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en la que se pidió a los Estados la creación de un plan de acción estatal para respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos; un plan de derechos humanos que sea permanente, pero revisable, y que se adapte al contexto social del momento, y que no vaya ligado a ninguna legislatura, pero contando con el apoyo y control del Parlamento; un plan de derechos humanos que contemple actuaciones que den respuesta efectiva a las crisis humanitarias que vivimos, como por ejemplo el caso de la acogida de los 17.000 refugiados sirios en nuestro país, que está pendiente. Es necesario el cambio de actitud de un Gobierno central que hasta el momento ha rechazado todas las ofertas de acogimiento presentadas por las comunidades autónomas, como es el caso de los 1.800 refugiados sirios que tendría acogidos el Gobierno valenciano desde hace un año, si se le hubiera querido dar luz verde.

Entre los derechos humanos a incluir en el plan está la necesidad de mejorar la atención a las víctimas, extremar los mecanismos de protección y ayuda a las mujeres que sufren la violencia machista -hoy, una nueva asesinada en Galicia; hace dos días, otra en El Campello, Alacant-, y potenciar los instrumentos de persecución de los comportamientos corruptos, que también son atentados contra los derechos humanos, y hacer caso a lo que nos dicen los organismos internacionales que trabajan en la materia. Todo esto debe hacerse como resultado de un proceso colaborativo, donde confluyan diferentes actores políticos y sociales, incluidas las comunidades autónomas, para desplegar todo el potencial del Estado de las autonomías también en la consecución más plena del respeto a los derechos humanos, que debería ser un empeño prioritario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller i Ruiz. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra).

Señor Xuclà, le recuerdo que fue llamado al principio del turno de intervención del Grupo Mixto. No se encontraba en la sala. Ha hecho llegar a esta Presidencia que se encontraba atendiendo una visita institucional, y puesto que estamos todavía en el turno de palabra del Grupo Mixto le vamos a dar la palabra básicamente para que no decaiga su enmienda.

Tiene la palabra por un minuto de tiempo.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta, por su cortesía y su amabilidad al permitirme defender la enmienda. Ciertamente estaba atendiendo una visita institucional. Simplemente quiero insistir en que el programa de derechos humanos de los distintos Gobiernos ha sido un programa débil. Cualquier política exterior debe incorporar los derechos humanos dentro del núcleo esencial de sus relaciones internacionales, para mantener un diálogo que muchas veces tiene que ser un diálogo crítico, pero constructivo, hablando de cara y en profundidad de los aspectos referidos a los derechos humanos. Apoyamos la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. También planteamos en nuestra enmienda que esta sería una estrategia más allá de una legislatura, que se mantenga un diálogo estructurado con la sociedad civil y que haya una coordinación interdepartamental, porque no es solo un asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino del conjunto del Gobierno y de las administraciones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Señorías, buenas tardes a todos. Debatimos ahora la adopción de un plan nacional de derechos humanos por parte del Gobierno, y el caso es que no debería haber debate alguno sobre esto. Ya en enero de 2015, momento en el que España era sometida por parte de Naciones Unidas al examen de evaluación de cumplimiento de derechos humanos, decía el secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular -literal-: Es la intención del Gobierno adoptar un nuevo plan, esta vez no vinculado a ninguna legislatura, que ponga de manifiesto que el compromiso con los derechos humanos no depende de los cambios de gobierno, sino que es una verdadera política de Estado, independiente del signo del partido que esté en el poder en cada momento. Precioso, muy bonitas palabras, pero ¿dónde está el plan? Esto lo decían ustedes en enero de 2015 y hoy es 21 de febrero de 2017, han transcurrido dos años y un mes. Pero sus promesas, señorías del Partido Popular, no solo se realizaron ante las Naciones Unidas, sino


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que en la página web de los populares -esto es de fecha anterior, de diciembre de 2013- estos eran los titulares (Muestra un documento): El Grupo Popular da apoyo a los tres planes nacionales sobre derechos humanos en los que el Gobierno está trabajando. Derechos humanos, una prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿De qué Gobierno de Mariano Rajoy? ¿De la X Legislatura, de esta o de la de 2040, ya que parece tener la intención de perpetuarse en el cargo? Desde enero de 2013 a día de hoy, febrero de 2017, han transcurrido cuatro años, y como todas las prioridades del señor Rajoy sean como esta, España lo lleva claro. ¿Qué pasó con ese plan, señorías? Le pido al representante del Partido Popular que, por favor, cuando salga a esta tribuna lo explique. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones del director del comité técnico para la elaboración de este plan? Les refresco la memoria; después de dimitir dijo lo siguiente: El plan ha sido una oportunidad perdida, pues cuando el proceso de elaboración estaba en la fase más avanzada el Gobierno frenó en seco el proyecto, sin explicación alguna al respecto. De verdad están haciendo mucho daño a las instituciones engañando de esta manera a la ciudadanía.

Déjenme que les explique al menos una de las razones que creemos que tuvieron en consideración para que ese plan no viera la luz. ¿Pudiera ser que ese compromiso con los derechos humanos no fuera tal, señorías? ¿Pudiera ser que quizá los derechos humanos no hayan sido el motor de sus políticas? Porque, miren, ustedes criticaban las cifras que dejó el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, comparándolas con el Plan de derechos humanos que hizo él. Pero las que dejó el Gobierno del señor Rajoy son prácticamente las mismas: 4.387.000 personas en paro, un porcentaje de un 18,63 %, que entre las mujeres aumenta a un 20,25 % y entre los jóvenes a un 42,92 %. Hay 1.387.000 hogares con todos sus miembros en paro. La mujer cobra de media un 24 % menos que el hombre; la tasa del riesgo de pobreza es del 21,9 % y del 28,3 % en las mujeres. Uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, y España dedica solamente el 1,3 % del PIB a protección social de la infancia, cuando la media europea es de casi el doble, un 2,3 %. La tasa de abandono escolar en España es de un 20 % entre los jóvenes de 18 y 24 años, y duplicamos también la media de la Unión Europea.

Y ya si hablamos de tutela judicial efectiva y de independencia judicial, antes lo citaba la representante del Partido Popular, ¿recuerdan ustedes el informe Greco del Consejo de Europa, de finales del año pasado? Pues les tiraba de las orejas y decía lo siguiente: Las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de jueces. ¿Cómo va el reparto de los magistrados del Tribunal Constitucional, señorías del Partido Socialista, señorías del Partido Popular? ¿Qué tal si acabamos ya de una vez con el bipartidismo judicial y resucitamos a Montesquieu? Parece que ahora el Gobierno del Partido Popular quiere formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así que suponemos que verá la luz ese plan que llevan anunciando a bombo y platillo desde hace más de cuatro años. Que salga adelante, sí, pero no lo hagan ustedes por un sillón, háganlo por todos los ciudadanos de nuestro país, para que ellos puedan ver materializados en algún momento esos derechos; háganlo para acabar con el paro y la precariedad laboral. Tenemos que cambiar el modelo, las terribles cifras demuestran que no funciona el modelo del Partido Socialista ni el modelo del Partido Popular. Háganlo para eliminar la brecha de género y para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el general. Háganlo para formar adecuadamente a nuestros niños y jóvenes, y que esa formación les sirva de verdad para encontrar un empleo aquí, en nuestro país. Háganlo para despolitizar la justicia de una vez y dar un trato igual a todos los españoles ante ella. Háganlo ustedes, señorías del Partido Popular, pero háganlo para cumplirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Reyes Rivera.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias. Buenas tardes, presidenta.

Señorías, en el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que España necesita urgentemente un plan de derechos humanos. Y necesitamos un plan de derechos humanos porque en España se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y no lo decimos nosotras, sino que lo dicen las Naciones Unidas. España está suspendida desde hace tiempo ya, desde que en julio de 2015 el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentara sus observaciones finales, recogidas en el sexto examen periódico universal, más conocido como EPU. Y necesitamos urgentemente un plan de derechos humanos porque el Gobierno del Partido Popular -así lo recoge el propio Comité de Derechos Humanos- está vulnerando actualmente el derecho a la vivienda, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia


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machista, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las personas detenidas, que sí, en la Europa del siglo XXI pueden sufrir en las cárceles y en los CIE de España malos tratos o tortura. Necesitamos ese plan también porque las personas migrantes no tienen garantizado el derecho a la salud, no tienen garantizado el acceso al derecho de asilo, o pueden sufrir devoluciones sumarias e ilegales en Ceuta y Melilla. Y además necesitamos ese plan porque las personas racializadas, españolas o migrantes, sufren racismo dentro de nuestro Estado, como las identificaciones basadas en perfil étnico u otras de otros actores sociales. Y necesitamos también este plan porque millones de niños y niñas están viendo vulnerado su derecho a la integridad física. Ayer mismo presentábamos una iniciativa para saber más sobre el abuso sexual infantil y sobre las agresiones sexuales a menores, y según los propios datos del Ministerio de Sanidad estaríamos hablando de que el 23 % de los niños y niñas en nuestro país ha sufrido algún tipo de agresión sexual, uno de cada cuatro niños y niñas.

Parece un poco sorprendente, cuando no abiertamente hipócrita, el hecho de que presentar la candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2018-2020 lo haga un país que no tiene un plan de derechos humanos; es como decía algo sorprendente, cuando no abiertamente hipócrita. Necesitamos un plan que sea concreto, que presente las medidas necesarias que nos ayuden a cumplir de forma efectiva las obligaciones a las que nos hemos comprometido, y que aplique la legislación internacional de derechos humanos que hemos asumido como propia. Y esta propuesta no es nueva, nosotras mismas en nuestro grupo la llevábamos en el programa electoral, era un plan de derechos humanos y equidad de género, pero no nos vale cualquier plan, y yo creo que esta es la diferencia fundamental con la propuesta que hace el PNV. No vale cualquier plan. Nuestra gente no puede asumir otra operación más de maquillaje, sino que necesitamos un plan que proponga medidas concretas y de aplicación inmediata para abordar, como decía, una gravísima situación de vulneración de derechos humanos que se está viviendo en nuestro país. El plan de derechos humanos tiene que tener metas, tiene que tener objetivos y tiene que tener indicadores de procesos e indicadores de resultados, porque si no va a ser imposible poderlo evaluar después, y después no vamos a poder exigir rendición de cuentas. Además un plan tiene que ir acompañado, sí o sí, de partidas presupuestarias que permitan su ejecución, porque si no tampoco se va a poder llevar a la práctica. En ese plan las organizaciones y los colectivos sociales no pueden ser convidados de piedra, sino que esas personas que están defendiendo los derechos humanos en nuestro país cada día con sus cuerpos, arrancando tiempo de aquí y de allí, deben ser los protagonistas de ese plan, y la elaboración de un plan de derechos humanos debe pasar por la participación activa de los principales implicados, de los que sufren cada día esas vulneraciones de derechos en nuestro país: las personas con diversidad funcional, los niños y las niñas, las personas migrantes, los colectivos LGTBIQ, las personas afrodescendientes y racializadas. Y no hace falta tardar meses para elaborar este plan, tenemos un plan de derechos humanos en el cajón, como han dicho otros compañeros que han usado la palabra antes que yo, y sin ir más lejos el propio sexto examen periódico universal del Comité de Derechos Humanos, al que me refería al comienzo, es un buen punto de partida.

Los recursos económicos existen también. Si hemos gastado 60.000 millones de euros en rescatar una banca, un dinero que no piensan devolver, ¿cómo no vamos a poder financiar un simple plan de derechos humanos? Es una cuestión claramente de prioridades, y en nuestra opinión este plan tendría que incluir necesariamente medidas de política interior y de política exterior. En política interior creemos que no puede pasar más tiempo sin una reforma constitucional que blinde los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales, sin una reforma de la legislación que adecue nuestras normas en materia de violencia machista de una vez al convenio de Estambul, sin leyes integrales de lucha contra la trata, contra la discriminación racial o contra el colectivo LGTBI. Y en política exterior tenemos que cambiar ya nuestro enfoque y reorientar la lucha antiterrorista, asegurando que se respetan los derechos humanos, además de dejar de condicionar la ayuda oficial al desarrollo al control migratorio, que es una cosa que le gusta mucho al Gobierno del Partido Popular.

Termino diciendo que esta misma semana el Ayuntamiento de Madrid, con Ahora Madrid a la cabeza, ha demostrado que, si se quiere, se puede hacer. En apenas dos años de gobierno el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado ya un plan de derechos humanos para la ciudad con más de 370 medidas, que transversalizan el enfoque de derechos humanos y de género en todas las políticas del ayuntamiento. En este plan se ha contado para su elaboración con más de 2.000 personas, 160 entidades de la sociedad civil, y se han desarrollado talleres en los que como decía las personas que sufren estas vulneraciones de derechos han participado activamente. Además este plan ha sido refrendado por toda la ciudadanía


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de Madrid a través de Decide Madrid, y lo dicho: si se quiere, se puede. Les animo a que se comprometan de una vez con los derechos humanos.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Belarra.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Esteban, no creo que le sorprenda que nuestro grupo anuncie que comparte con el grupo proponente la voluntad de elaborar y aprobar un nuevo plan de derechos humanos, no solo porque este sea el compromiso adquirido por España en la Conferencia de Viena de 1993, sino porque es coherente con la trayectoria de la democracia española y con la Constitución de 1978, una Constitución que es el instrumento jurídico fundamental, la mejor garantía de respeto a los derechos humanos, que fue articulada sobre la cultura de derechos humanos, y se abrió paso en el mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto compartimos esa voluntad, compartimos también la necesidad de contemplar objetivos concretos y evaluables, y por supuesto de especificar mecanismos de seguimiento, de participación y también de participación de esta Cámara. Así lo expresamos también junto con una amplia mayoría en febrero de 2012, como se ha recordado, en una propuesta y en un debate similar en un momento en que había finalizado la vigencia del primer Plan de derechos humanos de 2008, que no había sido evaluado. Desde entonces para comenzar, y tal como indicaba aquel acuerdo parlamentario, se realizó una evaluación completa del plan y se remitió al Congreso el 28 de diciembre de 2012 el informe definitivo de esa evaluación. Después se trabajó en la elaboración del segundo plan de derechos humanos, a cargo de un grupo técnico -se ha recordado aquí por extenso- del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que sufrió algunos cambios en su constitución y que obligó a retomar en diferentes momentos los trabajos, especialmente a partir de septiembre de 2014, en aquel momento abriendo la discusión a cuestiones como la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de los derechos humanos. En todo caso a lo largo de la X Legislatura el Gobierno desarrolló actuaciones concretas e importantes en materia de derechos humanos. No solo elaboraba planes, sino que cumplía los compromisos existentes.

Sé que es habitual oír discursos que tienen como único fundamento la negación y la tergiversación de la realidad. Hoy he oído en esta Cámara un discurso de la portavoz de Bildu, y hay que tener cuajo para subir a esta tribuna y hacer el discurso que ha hecho en materia de derechos humanos. Ustedes, que siguen sin condenar el terrorismo de ETA y por tanto sin llegar a la democracia, se permiten dar lecciones de derechos humanos desde esta tribuna. Quiero decirles que tienen legitimidad legal y toda la libertad que la democracia les reconoce para verter sus conceptos desde la tribuna, pero mientras no condenen la trayectoria criminal de ETA y no exijan su disolución incondicional carecerán de toda legitimación moral dentro y fuera de esta Cámara. Ni un solo atisbo de legitimación moral ni de credibilidad democrática y mucho menos en materia de derechos humanos, señorías. Otros grupos han venido aquí a hablar nada menos que de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en España. ¡Qué mal les sienta a algunos, señores de Unidos Podemos, pasar de las musas al teatro! Están ustedes en esta materia hablando de derechos humanos olvidándose de que tienen muy malos compañeros de viaje, tanto dentro como fuera de España. Cuando se dan una vuelta por Alsasua apoyando a quienes sí violan derechos humanos en España se olvidan de su discurso; cuando se miran en el espejo de Irán y no ven la incoherencia de sus palabras también incurren en contradicción, y cuando su relación ancilar, no ya sumisa, sino ancilar con Maduro les lleva a olvidar los derechos humanos de los presos políticos de Venezuela, comenzando por Leopoldo López, también incurren en abierta contradicción. Y luego hablan de violaciones sistemáticas de derechos humanos en España, tergiversando a Naciones Unidas y leyendo al revés sus informes. En fin, decía que, a pesar de esos discursos, en la X Legislatura España se dotó de un estatuto de la víctima del delito, de una Ley de Mediación y de una reforma del Código Penal que castiga con mayor dureza el matrimonio forzoso, la trata de seres humanos, la explotación sexual o los delitos de odio, temas muchos de ellos que habían quedado pendientes en el primer Plan de derechos humanos. A esto nos dedicamos en estos años, señora Reyes, por cierto ya que lo preguntaba.

España se sometió en efecto en 2015 al examen periódico universal de Naciones Unidas sobre derechos humanos; el informe nacional aportado se centraba en las cuestiones que he señalado y en las recomendaciones de 2010, así como en las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica y financiera internacional, teniendo en cuenta los criterios de derechos económicos, sociales y culturales. El Consejo de Derechos Humanos aprobó el resultado del examen a España el 25 de julio de 2015. Lo


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aprobó, señores de Unidos Podemos. España se comprometió tras ese examen, ampliamente satisfactorio, a completar la elaboración de un nuevo plan de derechos humanos, conforme al procedimiento de elaboración de Naciones Unidas, que lleva de un año a un año y medio, y pocas semanas después el mismo Consejo de Derechos Humanos, en concreto el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria, descartaba que existiera arbitrariedad alguna en la detención de la abogada Arantza Zulueta, en el marco de una operación contra ETA el 14 de abril de 2010. No hubo violación del principio de cosa juzgada en esa detención, según el párrafo 69; no se denegó la libertad condicional sin fundamento legal, según el párrafo 76; la prisión preventiva no tenía otro objeto que asegurar su comparecencia en juicio, según el párrafo 77, y por tanto -concluye- no hay base para afirmar que se tratara de una detención arbitraria. Lo digo porque otros han querido utilizar resoluciones de Naciones Unidas para sembrar dudas sobre el respeto de los derechos humanos en España.

A pesar de esos pronunciamientos positivos la situación de un gobierno en funciones no era la más adecuada para este tema, y un plan de derechos humanos -termino, señorías- condiciona y orienta la política a un gobierno futuro, y por tanto no parecía lógico que lo hiciera un gobierno en funciones, pero constituido el Gobierno España es candidata al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2017-2020, y el ministro de Asuntos Exteriores también ha reiterado el pasado 21 de diciembre la voluntad en la Comisión de Asuntos Exteriores de definir el nuevo plan de derechos humanos. Ese es el compromiso de España con los derechos humanos. No es ya un plan, sino la Constitución, las leyes, el Gobierno y los tribunales quienes garantizan en España los derechos humanos. Es una estrategia que va más allá de las ideologías, de los poderes políticos, de los Gobiernos de turno y de las situaciones políticas. El único escollo que nos queda, señor Esteban, para llegar a un acuerdo -usted lo sabe- es que los plazos que figuran en su proposición son de imposible cumplimiento. Es imposible con los procedimientos de Naciones Unidas aprobar un plan de derechos humanos en los plazos que usted marca y también en los que ha autoenmendado. Deseamos apoyar su proposición y tenemos la voluntad de aprobar el plan con o sin proposición, pero el objetivo de nuestra enmienda es aportar realismo y evitar que se le exija al Gobierno hacer lo que quiere hacer, lo que es voluntad del Gobierno hacer y voluntad de todos impulsar en un plazo en el que es imposible hacerlo.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Barreda, tiene que terminar.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino, señoría.

Por tanto confío en su sentido común para poder llegar finalmente a un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barreda.

En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.

Bona tarda, diputades i diputats. Dicen que para escribir un libro -sería lo mismo para una intervención parlamentaria- es importante cómo se empieza. La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular me ha inspirado un recuerdo de mi profesor de Formación del Espíritu Nacional, de 6.º de bachillerato, cuando estudiaba a finales de los sesenta, que me explicaba repetidamente la diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? Me decía: Libertad es lo que las leyes vigentes aceptan y libertinaje es lo que algunos llaman libertades, pero que socavan los principios del movimiento, que en aquel momento eran la ley. Insistía en esto y la mayoría de los alumnos no opinábamos lo mismo. Un día pusimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en la pizarra. Los resultados fueron obvios. No se contemplaba la libertad de expresión y por tanto lo pagamos venialmente en aquel instituto, pero lo pagamos. Y la verdad es que estos principios se han mantenido de una manera u otra vigentes. No hace falta que les diga que la Declaración Universal de los Derechos Humanos a veces se aplica poco o se aplica a partir de las leyes vigentes, y cuando no interesa se cambia. El 23 de febrero significó un frenazo a la aplicación de la Constitución y este último periodo de mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular ha sido una lucha constante contra el libertinaje. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Sin duda la Ley mordaza es un ejemplo.

Con estos precedentes cualquier propuesta de plan de derecho humanos la vemos bien, pero insuficiente. Es interesante, pero suscribiría la intervención de Marian Beitialarrangoitia. Sí, Marian; no solamente tienes derecho a hablar, sino que muchos compartimos lo que dices, y cada vez más en este


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hemiciclo. También compartiría de la A a la Z lo que ha dicho Ione Belarra. Pero los derechos humanos no solo afectan a las personas, sino que afectan a los pueblos, como bien dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Supongo que a nadie se le escapa el conflicto que desde hace años tenemos entre los derechos de Cataluña como nación y la interpretación negacionista que muchos de ustedes hacen. De nuevo es un conflicto sobre el concepto de libertad y derechos. Me dirán que la ley vigente no lo contempla y que lo otro es libertinaje. En eso estamos. Es como una segunda adolescencia para mí venir a este hemiciclo.

Rubio Llorente, en un artículo titulado Un referéndum para Cataluña publicado en El País el 8 de octubre de 2012 -reténganlo, 2012-, hace más de cuatro años -cuánto tiempo perdido-, decía cuando El país y el señor Cebrián no eran martillo de herejes: Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del este, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide, habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo hay que averiguar la existencia y solidez de esa supuesta voluntad. Rubio Llorente. Libertad y derechos humanos frente a principios legalmente inamovibles; republicanismo versus liberalismo doctrinario. Nos pasa nuestra historia de doscientos años en una vertiginoso déjà vu. Nos podemos quedar con la vieja visión de mi profesor de la FEN -remasterizada y constitucionalizada, eso sí- o podemos atrevernos a avanzar con libertad -me gusta la palabra; repitan: libertad- dando voz a la ciudadanía. Derechos humanos y república. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet Lamaña.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Señorías, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, propuso a los Estados elaborar un plan de acción nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para mejorar en su ámbito la promoción y protección de los derechos humanos. Nos comprometimos a ello como país. En diciembre de 2008, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la Constitución y el sexagésimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno de España aprobó el primer Plan de derechos humanos, dando así cumplimiento a esa recomendación de 1993. El plan contemplaba 172 medidas muy concretas, muy bien definidas; no eran buenas intenciones, eran auténticos compromisos evaluables. Eran 172 medidas que tenían como ejes prioritarios la promoción de la igualdad, la no discriminación y la integración y garantía de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es decir, en materia de política interior y en materia de política exterior.

El primer Plan de derechos humanos que ha tenido este país, aprobado por un Gobierno socialista, tenía como objetivos orientar la acción del Gobierno en el ámbito de los derechos humanos, y también facilitar el control de la acción del Gobierno en esta materia por parte de este Parlamento. La elaboración de este plan situó como prioridad en la agenda política los derechos humanos, y así proyectamos una imagen de país también fuera de nuestras fronteras. Fue un tema presente en esta Cámara de manera mucho más intensa, con comparecencias constantes del secretario de Estado, José de Francisco, e iniciativas parlamentarias por parte de los grupos que formábamos parte de esta Cámara. Seguramente por todo ello este primer Plan de derechos humanos tuvo muy buena acogida por parte de la sociedad civil, comprometida con esta defensa.

Destacaré solo algunos logros en el ámbito internacional, en el ámbito europeo y en el interno, en el nacional. En el internacional, por ejemplo, España firmó y ratificó la Convención sobre municiones de racimo, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Convenio para la lucha contra la trata de seres humanos, el Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo o los protocolos números 4, 7, 13 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Nuestro país colaboró activamente con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y promovió la constitución de la Comisión internacional contra la pena de muerte. En el ámbito europeo España impulsó en la Unión Europea los trabajos dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre la orden europea de protección, así como a intensificar la implicación de la Unión en el control internacional del comercio de armas. En la acción interior se aprobaron proyectos de ley, normas reglamentarias y planes y programas en materia de prevención y protección contra la violencia de género, derechos e integración de los ciudadanos extranjeros y también protección


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de los refugiados. En su aplicación se enmarcan, entre otros, el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos, los programas de reasentamiento de refugiados o la creación del mecanismo nacional de prevención de la tortura. Precisamente hoy, para dar respuesta a una nueva crisis, la crisis que estamos sufriendo en materia de refugiados, para dar cobertura, para dar respuesta y mostrar un compromiso firme con todos los seres humanos, este llamamiento a elaborar un segundo plan de derechos humanos es más acuciante que nunca.

Para el seguimiento y la evaluación del plan se constituyó una comisión formada por representantes del Ministerio de la Presidencia y de la sociedad civil, designados estos últimos a propuesta de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y de los institutos universitarios de derechos humanos. La vigencia del plan de derechos humanos estaba vinculada a la duración de la IX Legislatura. En la X Legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 14 de febrero de 2012, también a instancia del Grupo Parlamentario Vasco, una iniciativa parlamentaria que instaba al Gobierno a elaborar una nueva estrategia en esta materia, previa evaluación del plan anterior. A ello se comprometió personalmente la vicepresidenta del Gobierno. Esa evaluación fue presentada en octubre de 2012 y demostró que más de la mitad de las medidas que contemplaba el plan habían sido ejecutadas. Sobre el compromiso de elaboración del segundo plan nunca más se supo. Es más, cuando en 2014 se preguntó al Gobierno por ello, la respuesta fue: en España disponemos de un plan de derechos humanos que no caduca, que es la Constitución. Por eso, señor Barreda, sí que nos sorprende su afirmación y sí que dudamos de su compromiso, porque estamos en 2017 y no hay segundo plan de derechos humanos. Ya no hay pretextos en estos momentos, y sobre todo lo que no hay es una mayoría absoluta que lo impida. El actual Gobierno debe dar continuidad a esta práctica iniciada en 2008, pero es verdad, ese segundo plan de derechos humanos tendrá que ir irremediablemente acompañado de un cambio profundo de las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular.

El próximo 25 de marzo -termino, señor presidente- se celebra el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma. Es un momento excelente para poner en el lugar donde corresponde la defensa de los derechos humanos. Contribuyamos como país a que esta región del mundo vuelva a tener credibilidad, vuelva a ser referente para otros países y volvamos a representar los valores que más dignidad, más bienestar y más felicidad han aportado a la humanidad. Por todo ello, señor Esteban, le agradezco que haya traído esta iniciativa a la Cámara, que hayamos tenido este debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, y anunciamos el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Batet.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto al señor Esteban Bravo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor ESTEBAN BRAVO: Nuestras propias autoenmiendas únicamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Tomamos nota para la votación.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. (Número de expediente 173/000016).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes.

Subimos a esta tribuna tras la interpelación a la ministra para demandar al Gobierno que actúe de manera urgente contra las diferencias retributivas y las desiguales condiciones en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, y que lo haga trayendo a esta Cámara un proyecto de ley de igualdad salarial. Necesitamos una ley específica porque es esencial acabar con las menores tasas de actividad de las


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mujeres, la menor ocupación, la mayor tasa de desempleo, las mayores interrupciones en la carrera laboral y la dificultad que tienen en el acceso al mercado de trabajo. Necesitamos una ley para acabar con las inercias sociales y empresariales que refuerzan y profundizan en la división sexual del trabajo. Solo a través de una ley podremos remover los obstáculos que impiden y dificultan la igualdad real en el mercado laboral. Por más que lo intente la ministra Báñez, no hay cocina estadística que sea capaz de falsear la realidad de las mujeres españolas. La ministra, como responsable de las políticas de empleo, en solo tres años aumentó la brecha salarial hasta el 24 %, mientras que entre 2008 y 2011 la brecha salarial de género se redujo casi un punto porcentual. En el año 2017 nos encontramos con un legado de los recortes que ha supuesto el desmantelamiento de los servicios sociales y el estrechamiento hasta el límite de la Ley de Dependencia, un legado de recortes drásticos, de la inversión en sanidad y en educación y una desregulación del tiempo de trabajo que implica extralimitación horaria. Las medidas del Gobierno han traído contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y reducciones horarias para el cuidado de menores, que al ser concretadas por los empleadores atentan contra la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. La reforma del Partido Popular ha dinamitado la negociación colectiva, que es una pieza clave de la articulación de los planes de igualdad en las empresas.

Todos estos elementos, señorías, dificultan la participación de las mujeres en el ámbito laboral, sencillamente porque somos las que continuamos aumentando y asumiendo la casi totalidad de la responsabilidad de los cuidados. Hoy hay trabajando 200.000 mujeres menos que a finales de 2008 y no es cierto que se haya recuperado todo el empleo femenino que destruyó la crisis, como indicó aquí la ministra. El empleo femenino que se crea es mayoritariamente temporal y precario, y engañarse con los datos no va a hacer que cambie la realidad cotidiana de las mujeres de este país. No se puede venir a esta Cámara a decir que los salarios de las mujeres crecen seis veces más que los de los hombres cuando lo reseñable es que, según la encuesta anual de estructura salarial, desde el año 2011 los salarios de las mujeres se han reducido un 3,7 % en términos reales, exactamente tres décimas más que el de los hombres. No hay cocina estadística capaz de ocultar lo que es evidente, que la reforma laboral ha sido dañina para las mujeres.

La oportunidad que el PP da a las mujeres es la precariedad laboral y la complacencia que gasta el Gobierno se llama ceguera de género. ¿Acaso no tiene nada que decir ni nada que proponer cuando el 74 % de los ocupados a tiempo parcial son mujeres? ¿Nada que decir ni proponer cuando se está perdiendo población activa femenina y cuando sabemos que el principal motivo de que las mujeres no busquen empleo son las cargas familiares no compartidas? ¿Nada que proponer? ¿Nada que proponer cuando saben que el 42 % de las mujeres paradas lleva más de dos años buscando empleo? Un porcentaje, por cierto, que alcanza el 60 % cuando las mujeres son mayores de cincuenta años. Los datos reales son las historias de vida de las mujeres, que siguen mostrándonos discriminación y desigualdad en todos los sectores de actividad, cualquiera que sea su nivel de formación y la edad de estas trabajadoras.

Señorías, se necesita intervención a través de una ley porque las empresas no pueden pedir personas que estén exentas de incidencias. Además, las trabajadoras son madres, los trabajadores son padres y la maternidad no puede seguir siendo un obstáculo para la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Eso, además de discriminatorio, es una política que atenta contra la demografía y el futuro de este país. Necesitamos una nueva regulación de los tiempos de trabajo que recupere el protagonismo de la negociación colectiva. Una ley integral que, desde la coherencia, permita impulsar la corresponsabilidad, dar valor a los cuidados, que inspire permisos de maternidad y paternidad que sean permisos decentes y por supuesto en términos de igualdad, y que incluya flexibilidad horaria para el cuidado. Una ley para que, definitivamente, el Estado sea corresponsable a través de una red de servicios públicos que, por cierto, también crean empleo. El empleo permite ganarse la vida, esto lo sabemos todos, pero el modelo de su reforma laboral está condenando a las mujeres a una mala vida.

Señorías, esta ley que reclamamos no es a favor de las mujeres, es una ley de la justicia social y para la justicia social, es una ley para la eficacia y la eficiencia económica pero, sobre todo, la eficiencia social que va a permitir que España se reconstruya como país. Esta tarde todos los grupos deberíamos apostar por mandatar al Gobierno para que se ponga manos a la obra, porque no apoyar esta iniciativa supone colocarse del lado de quienes creen que una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo debe realizarse a costa de la extenuación de las mujeres. No es extenuando a las mujeres, sino con inspecciones de trabajo y un incremento del régimen sancionador contra la discriminación, con estrategias de transparencia sobre salarios y complementos salariales, con un control exhaustivo de las horas


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extraordinarias y recuperando la fortaleza de la negociación colectiva y de los planes de igualdad, esos a los que ya ni tan siquiera dan subvenciones, como vamos a acabar con la brecha salarial.

Señorías, le corresponde al Gobierno dar la respuesta. Traigan a esta Cámara una ley de igualdad salarial y, si no lo hacen, el Grupo Socialista la impulsará, porque la integración de la igualdad en la respuesta económica es clave para sacar adelante a este país. Esperamos que la apoyen porque no están apoyando una propuesta del Grupo Socialista, sino el futuro de las mujeres de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Álvarez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

El Partit Demòcrata va a votar a favor de esta moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista porque creemos firmemente que conviene tomar cartas en el asunto para conseguir erradicar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.

La discriminación por razón de salario es una de las causas de la desigualdad. Según un último estudio de la Generalitat de Catalunya, existe en Catalunya una diferencia de unos 7.000 euros entre el salario que percibe un hombre y el que percibe una mujer; la diferencia es algo más en el resto del Estado español. Además, se apuntan tres causas como las más sobresalientes de por qué se da esta brecha salarial. Una es que hay menor remuneración para las mujeres por el mismo trabajo y, además, las mujeres ocupan puestos de trabajo más infravalorados que los que suelen ocupar los hombres. Hay menos mujeres en puestos directivos que, en general, están mejor pagados. La tercera causa sería el reparto desigual de las labores de cuidado de menores y de dependientes. Si hubiese equiparación del trabajo de cuidado de menores y de dependientes el salario de las mujeres sería casi de 4.000 euros más al año, según este último informe del Govern de Catalunya. En este sentido hemos presentado tres enmiendas que esperamos poder transaccionar, con la finalidad última de poder acordar un texto que inspire al Gobierno para poder abordar una ley para erradicar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. En el tiempo que me resta quiero poner el énfasis en lo que para nosotros es muy importante, la corresponsabilidad, que solo conseguiremos con permisos de maternidad y paternidad decentes e igualitarios; estos tienen que ser iguales, intransferibles y pagados al cien por cien. Además, haríamos esto extensivo al resto de permisos que se derivan del cuidado de menores y de dependientes para que la equiparación en su disfrute sea tanto para hombres como para mujeres. No nos sirve hoy en día, aunque el texto de la reforma laboral y otras leyes sea neutro en cuanto a género -habla de personas trabajadoras, en el mejor de los casos- porque lo cierto es que quien acude con más énfasis a estos permisos son las mujeres. Establezcamos medidas correctoras, incluso apelando a la consanguinidad, para poder cuidar a menores y dependientes, en este caso, más a dependientes que a menores porque, en principio, la consanguinidad se predicaría de ambos. Por tanto, sí a las reformas, sí a aprobar esta ley y sí a consensuar un texto con un fin último: tener una ley que favorezca la erradicación de la brecha salarial.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Voy a ser breve porque creo que tengo solo un minuto.

Hoy se proponen nuevas medidas para erradicar la brecha salarial y no está mal proponer porque se dice que lo que abunda no daña, pero lo que realmente hace falta es voluntad, compromiso real y políticas feministas. Sé que esto puede escandalizar e incluso asustar a una parte de esta Cámara, pero a los hombres lo que se nos pide es únicamente que acompañemos las políticas feministas para erradicar una de las desigualdades más evidentes, la dominación más antigua que soporta la humanidad, que es la de los hombres sobre las mujeres. La brecha salarial no es el único problema, es un indicador de la dominación estructural que sufren las mujeres en una sociedad pensada y dirigida por hombres, una sociedad que se basa en la división sexual del trabajo bajo la lógica del sistema capitalista heteropatriarcal que deja los cuidados y la reproducción para las mujeres y que las relega de los espacios de representatividad y de los espacios de importancia en la sociedad. Por eso la brecha salarial tendría que elevarse en un 33,6 % en


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nuestro país para poder equiparar los salarios de las mujeres y los hombres, por eso el 78,3 % de las jornadas parciales las desempeñan mujeres y por eso el 26,7 % de la temporalidad afecta a las mujeres frente al 21 % de los hombres. Mientras tanto, no se produce la corresponsabilidad y las mujeres siguen subordinadas, siguen sometidas a un sistema que las relega al cuidado y a la sostenibilidad de la vida, a la tarea reproductiva y al trabajo. Lo que hace falta son políticas feministas, por mucho que a algunos pueda asustarles por su incomprensión, porque lo que hace falta, como decía al principio de mi intervención, es únicamente acompañar.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, señorías, este no es solo un debate de datos, aunque es cierto que muchos datos lo que hacen es visibilizar de mejor manera este problema.

Las mujeres, según cifras oficiales, ganan 6.000 euros menos al año que los hombres. Es una brecha que se amplia más en los años más duros de la crisis y el problema es que desde entonces no se ha estancado. Por ello cabe entender, como ya han señalado diferentes agentes sociales, que las mujeres han sido las más afectadas por las dos últimas reformas laborales; es decir, siguen siendo el eslabón más débil del que se sirve el mercado de trabajo para hacer frente a situaciones de carencia y que las precariza aún más. Esa brecha es incluso mayor entre las personas con mayor formación comparadas con aquellas que tienen un nivel de formación más bajo. Así, entre los trabajadores con educación primaria el sueldo medio de las mujeres es 6.500 euros más bajo que el de los hombres. Si hablamos de personas con licenciaturas y doctorados esa diferencia se amplía a 9.500 euros, y ese dato es aún más preocupante porque nos conduce a un escenario más duro: la formación, la cualificación, el conocimiento no son por sí solos herramientas suficientes para combatir esos efectos. Esa brecha es al parecer mayor en el ámbito de la empresa privada que en el de la empresa pública y es también más amplia en sectores de servicios que en sectores de construcción -se habla que en especial en servicios financieros-, lo que nos conduce a otra conclusión, que ni siquiera allí donde existe mayor presencia de las mujeres, en esos sectores, sirve para que su valoración se haga en términos de igualdad respecto de los hombres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la distancia entre hombres y mujeres se amplió en 2014 en 0,7 puntos, hasta el 23,25 % del salario. El salario femenino apenas creció en ese tiempo en 9,6 euros hasta los 19.745 euros, frente a 247,5 euros el de los hombres hasta los 25.727 euros de media. Es decir, en lugar de avanzar en el camino de la superación, lo que está permitiendo el paso del tiempo es que a pesar de que exista una supuesta mayor conciencia social, institucional e incluso yo diría que política, no ha supuesto una mejora de la posición relativa de la mujer en el ámbito salarial de modo que la brecha existente con anterioridad, contrariamente a lo que deberíamos pensar, no ha hecho sino agravarse. Esos datos y otros muchos y esas reflexiones y otras muchas nos hacen compartir las reflexiones que propone la moción presentada que se supone que puede concretarse en una proposición no de ley. Ni las instituciones ni los agentes sociales ni los ciudadanos ni mucho menos nosotros como legisladores podemos ser ajenos a esa situación, porque al fin y al cabo que la igualdad ante la ley que predica el artículo 14 de la Constitución deje de ser un derecho efectivo reconocido como tal en el Título I, Capítulo Segundo de la Constitución para pasar a convertirse solo en un principio inspirador de la actuación de los poderes públicos, como son caracterizados en el Capítulo Tercero del mismo Título I, depende, entre otros motivos, de la posibilidad de que dicho derecho se pueda concretar y además se pueda exigir. Esto es, que se pueda hacer efectivo. No es lógico que el único instrumento de defensa de la desigualdad de género hoy consista en las acciones que contempla el artículo 53.2 de la Constitución, sino que es necesaria una mayor concreción del contenido de esos derechos, de ese derecho a la igualdad que predica el artículo 14 en su faceta de la diferencia de género para que pueda ser impugnado de forma directa ante los tribunales y en acciones específicas. Entendemos por ello que la concreción de dicho derecho a la igualdad en el debate de género requiere, como dice la propuesta, no solo abordar la faceta del derecho a la igualdad salarial, sino también otras manifestaciones de discriminación efectiva cuya remoción se ha de buscar a través de una respuesta legal basada en objetivos específicos. Es decir, se necesita una respuesta legal, una traducción legal que pueda concretar ámbitos específicos de derecho para que puedan ser exigidos en su faceta de género. Ese, señorías, señores proponentes, es el compromiso de la ley; es decir, a lo que estamos abocados es a que el compromiso institucional, el compromiso del legislador, se concrete en la ley. Por eso, tal y como he expuesto a la proponente, hemos formulado una enmienda transaccional porque, al margen del contenido propuesto, entendemos que en


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ese punto o en algún punto, con todo respeto, creemos que se distrae un poquito -lo digo con todo cariño-, se distrae con otros propósitos que no vienen al caso, como es el acuerdo interinstitucional para hacer posible un pacto local. No vamos a ser nosotros quienes discutamos su necesidad, ni siquiera su posibilidad, cuando además ya está vigente en la comunidad autónoma de Euskadi. Creemos que en lo que se debe centrar tanto la moción como en su caso la PNL o incluso la propuesta legislativa que podría venir del Gobierno es en la concreción, en la determinación de medidas específicas que permitan combatir esa lacra que todavía existe, que no es solo la brecha salarial de género, sino otras muchas medidas aparejadas a ella. Solicitándole que acepte nuestras enmiendas, de todas maneras anunciamos nuestro voto a favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba de la Encarnación.

La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Las personas que estamos en esta Cámara somos representantes de la ciudadanía, ¿pero realmente representamos la realidad social y económica de este país? Si fuese así, el 15,50 % de las diputadas deberíamos cobrar menos del salario mínimo interprofesional, es decir, menos de 707,70 euros, y el 13,10 % de los diputados hombres cobraría más que la base máxima de cotización. Sí, señorías, lo que estoy describiendo es la realidad social de la brecha salarial que muestra esta gráfica (La enseña), pero no es una brecha, es algo mucho más profundo, es una discriminación en toda regla, donde los hombres monopolizan los sueldos altos y los cargos relevantes y a las mujeres se nos condena a la parte baja de la tabla. Las mujeres cobran a día de hoy lo que los hombres ganaban hace una década, lo que convierte a España en el sexto país europeo con mayor brecha salarial de género, solo por debajo de Eslovaquia, Alemania, República Checa, Austria y Estonia. Afirmamos que no solo existe un techo vertical al ascender hacia los puestos de representación, sino segregación horizontal en la escala temporal que nos expulsa del mercado de trabajo. Hasta hace unos años, las mujeres luchábamos por el acceso al trabajo, ahora nos dejamos la piel compitiendo con el hombre en una teórica igualdad de condiciones y oportunidades.

La brecha salarial entre hombres y mujeres tiene dos lecturas; la más fácil es la que interpreta que una mujer y un hombre que ocupan el mismo puesto de trabajo perciben salarios distintos, inferior el de la mujer. La otra viene a explicar que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, lo que, obviamente, repercute en que cobran menos. Esta segunda explicación tiene que ver con que las mujeres soportamos la carga más fuerte de la organización doméstica y el cuidado de hijos o padres ancianos, por lo que la desocupación y la precariedad laboral se ceban más con nosotras. La desigualdad es persistente, se agarra a nuestra sociedad y nos asfixia, apretando cada vez más a las mujeres. La desigualdad es como un monstruo que crece sin parar y al que hay que enfrentarse con decisión. Señorías, no es la primera vez que les digo que ni igual que unos ni que otras, por lo que somos, aportamos y valemos. Eso es todo. El Forum Económico Mundial ha publicado su estudio anual relativo al año 2016. De los 144 países participantes, España sale mal parada; retrocede cuatro posiciones respecto a 2015 y dieciocho respecto a 2006. Las mujeres deben seguir trabajando más tiempo que los hombres para conseguir la misma retribución que sus compañeros por las mismas tareas y las empresas están poco concienciadas con este objetivo.

Señorías, ha llegado el momento de que abordemos aquí las reformas precisas para erradicar la brecha salarial. En Ciudadanos somos conscientes de este problema, y ya en el pacto de investidura acordado con el Partido Popular exigimos medidas al respecto. En concreto, en el punto 73 de nuestro acuerdo, entre las medidas exigidas, encontrábamos aquellas destinadas a promover activamente la igualdad de género, profundizar en los programas para impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, luchar contra la discriminación, fomentar el empleo y la formación de las mujeres, impulsar el emprendimiento femenino, aumentar el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, apoyar las políticas de igualdad en la empresa y corregir la brecha salarial. España tiene todavía mucho camino por recorrer, y tenemos claros ejemplos en los que basarnos. Barak Obama abandonó la Casa Blanca con un objetivo cumplido: consiguió que cincuenta multinacionales se comprometieran a pagar lo mismo a hombres que a mujeres. En Suiza, las empresas obtienen un logotipo que certifica la igualdad de retribución si demuestran que han aplicado una política de salario justo entre mujeres y hombres. En Francia, la ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres de 2006 establece la obligatoriedad de la


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negociación colectiva en torno a la igualdad de género y exige que las empresas realicen informes al respecto. En 2012, Bélgica adoptó una ley para que la brecha salarial y de costes laborales entre hombres y mujeres se indique en la auditoría anual de las empresas que se transmite al banco nacional y se hace pública. En España, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades puso en marcha hace un año una herramienta para detectar la existencia de brecha salarial de género en las empresas, pero desconocemos qué nivel de aplicación ha tenido y los resultados obtenidos.

Consideramos que es preciso mejorar las medidas para frenar y erradicar la brecha salarial y por este motivo será imposible avanzar en la reducción de la misma si previamente no se incide en sus causas, entre ellas las expuestas anteriormente. Así pues, hemos presentado una enmienda de adición. Proponemos que el Gobierno promueva acuerdos que incentiven el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los cargos directivos y en los consejos de administración de las empresas y que fomenten una cultura de transparencia en el proceso de selección de todos los niveles de contratación. En este sentido, exponemos dos medidas concretas: la publicación de estadísticas de contratación segregadas por sexo que materialicen el compromiso de las empresas y la previsión de que en los procesos de contratación las empresas manejen los currículos de manera que no incluyan referencias al nombre, sexo o fotografía de los candidatos para evitar posibles sesgos en la valoración no relacionados con el mérito y la capacidad; es decir, que los procesos de selección sean opacos y el mérito y la capacidad sea lo que se valore realmente.

Incorporando esta nuestra enmienda, votaremos a favor de la propuesta del Grupo Socialista, porque, señorías, las mujeres no queremos que nos regalen nada por ser mujeres, pero tampoco queremos que nos lo quiten por serlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Faba.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Bones tardes.

Me dirijo a quienes están en esta Cámara y también a la ciudadanía en su conjunto. De hecho, a ver si logramos hacer un poco de pedagogía porque seguro que muchas y muchos en algún momento hemos tenido una conversación entre amigas o amigos o quizá con la familia y nos puede haber salido algún argumento 'cuñado' en el que se diga que esto de la brecha salarial no debe ser verdad. Si conseguimos romper algún cliché y desmontar alguna idea, mejor.

Se suele creer que la brecha salarial es una discriminación directa, pero eso no es nada exacto, porque es verdad que hay una parte que sí se explica a partir de la discriminación directa debido a cuestiones como que por el mismo puesto de trabajo, con condiciones laborales similares, la retribución sea menor por una cuestión de género, pero esto es responsabilidad del propio empleador y es ilegal. Esto se podría atajar mediante el incremento de las inspecciones laborales. Además, ocurre que el grueso que explica la brecha salarial deriva de una situación más compleja que tiene que ver con la segregación horizontal -estos son los sectores feminizados-, tiene que ver con la segregación vertical -que no techo vertical-, que es el techo de cristal, y con el tipo de jornada o el efecto superwoman, por llamarlo de alguna manera. Sobre el techo de cristal, frente a una visión que justifica que las mujeres ocupan puestos de trabajo con menor responsabilidad porque han accedido al mercado de trabajo más tarde históricamente, el hecho es que este patrón se repite en el tiempo y tiene sus causas arraigadas en la concepción patriarcal del imaginario social, pero también en que las carreras profesionales de hombres y mujeres empiezan a divergir a partir de la etapa de la maternidad y paternidad. ¿Se acuerdan del castizo Bertín Osborne preguntándole a Casillas si su mujer, la periodista Sara Carbonero, volvería al trabajo tras haber sido madre? (Aplausos). Pues no fue en otra época, fue hace un año, en nuestra televisión pública que pagamos todas y todos, y en horario de mayor audiencia.

Por eso, la propuesta de la PPiiNA de establecer permisos iguales, intransferibles -no solo decentes, intransferibles- y pagados al cien por cien como medida para que no haya un mayor coste para el empleador si contrata hombres o mujeres es clave, al igual que el establecimiento de la gratuidad de las escuelas infantiles. El problema de esta segregación vertical conlleva que la maternidad supone una salida del mercado de trabajo de las mujeres que lastrará su carrera profesional, porque ahora mismo lo que nos dicen los datos es que a partir aproximadamente de la treintena las mujeres salen del mercado de trabajo y muchas de ellas no se vuelven a incorporar nunca, hecho que después tiene repercusión


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obvia y lógica en que las pensiones de las mujeres son, claro, menores que las de los hombres. Sobre la segregación horizontal podríamos hablar de los sectores feminizados y seguro que no hace falta pensar mucho, que es evidente, cuáles están más feminizados: tenemos la sanidad, la Administración y la hostelería que presentan tasas más elevadas de brecha salarial. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que dentro del sector sanitario los hombres ocupan por lo general los puestos de médico y las mujeres por lo general los puestos de enfermería, y esto se traslada así a la diferencia de salarios, menores para las mujeres. Esta segregación horizontal responde a un componente más estructural que deriva, primero, de que las mujeres han accedido al mercado de trabajo a través de actividades asociadas a los roles de género femenino como el cuidado o el trabajo doméstico, sectores que ya tienen de por sí mayor tasa de precariedad y peores condiciones de trabajo. Y además el tipo de jornada es clave, la jornada es a tiempo parcial, algo no voluntario, y una figura contractual que utilizan mucho más las mujeres que los hombres, porque les permite compatibilizar el trabajo de los cuidados con el trabajo productivo. Las mujeres nos introdujimos en el mercado de trabajo pero a la vez no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte de los hombres en el trabajo de los cuidados, así que no tenemos una jornada partida, sino una doble jornada.

Como se ha hablado mucho de números, solo me gustaría añadir que si tenemos una tasa del 23,25 % en territorios como Asturias -al que yo pertenezco-, esa tasa sube al 27 % de desigualdad entre hombres y mujeres. Así que si para cobrar lo mismo, para tener la misma retribución, los hombres trabajan doce meses y las mujeres dieciséis meses, esto equivale a que a una vida laboral de treinta y cinco años habría que sumar once años y medio más en el caso de las mujeres para percibir las mismas cantidades. Igualmente, mientras los hombres trabajarían treinta y cinco años, las mujeres trabajaríamos cuarenta y seis años y medio, un poquinín más en Asturias. Por esto insisto en que es necesario establecer los permisos de paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al cien por cien. Es necesario incorporar en la cultura empresarial de nuestro país el establecimiento de diagnósticos y planes de igualdad para las empresas, y que se cumplan; y eso pasa por que las administraciones sean ejemplares a tal efecto.

Actualmente el desarrollo de los diagnósticos y planes de igualdad de las administraciones públicas no se está cumpliendo, no está cumpliendo con la propia Ley de igualdad ya aprobada, está sobre el papel, sí, pero no se cumple. La mejora de las condiciones laborales ayudaría a las mujeres pero lo que tenemos es una situación en la que gracias a dos reformas laborales no hay posibilidad siquiera de negociar los convenios. Esto les va a sonar, pero para hablar de esto necesitamos derogar las dos reformas laborales que han vulnerado nuestros derechos y nuestra capacidad de negociación colectiva. Así que en las próximas conversaciones, cuando les digan que no existe la brecha salarial, podrán decir: no, tenemos una explicación muy clarita en algún video de YouTube.

Como decía, este es un problema estructural, es un problema que no tiene una única causa y desde luego no se soluciona solo con hacer el 'Día de...', como encontramos una PNL hace unos meses donde figuraba la necesidad de fijar un día de la corresponsabilidad y de la conciliación entre la vida laboral y familiar. Esto hace falta afrontarlo con responsabilidad, hacen falta escuelas infantiles públicas de cero a tres, permisos igualitarios e intransferibles, una red pública de cuidados y la reducción de la jornada laboral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Romero Sánchez.

La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.

Hoy tenemos una buena oportunidad para mandar un mensaje claro, unánime de todos los miembros de esta Cámara, a todas las mujeres que sufren algún tipo de desigualdad, a las que desde aquí les tenemos que mandar desde luego el mensaje de que tenemos que trabajar para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria donde la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. En ello coincidimos todos sin ninguna duda, por eso debe ser una batalla de todos. Desde luego, ese es el compromiso del Partido Popular al que represento, avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La reducción de la brecha salarial, que existe, que nadie niega, pero que desgraciadamente no es nueva y se vive desde hace décadas, siempre ha sido una de las prioridades del Gobierno del Partido Popular, como también lo es el empleo, el emprendimiento, la conciliación de la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad y, por supuesto, la lucha contra la violencia de género.


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Estamos ante una de las discriminaciones más injustas que históricamente sufren las mujeres, pero el Gobierno no ha estado cruzado de brazos y ha adoptado diferentes medidas para seguir avanzando, medidas que tienen que ver con mejorar la conciliación, el teletrabajo, el aumento en el cuidado de los hijos de sus edades para reducir la jornada, el aumento en las semanas también del permiso de paternidad, medidas que quedaron identificadas en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016, elaborado con consenso y dotado con el mayor presupuesto que hasta ahora se había dedicado a políticas de igualdad, 3.127 millones de euros.

Señorías, sin ninguna duda la principal herramienta para luchar contra la desigualdad es el empleo. Lo decía la ministra de Empleo la semana pasada aquí en esta tribuna: La igualdad salarial empieza por la igualdad del acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Y de eso, señora Álvarez, desgraciadamente ustedes poco pueden hablar. Cuando gobernaban los socialistas, en esa primera fase de la crisis España aportaba a Europa 7 de cada 10 nuevas paradas. El legado del anterior Gobierno fue de casi 1.400.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo y un aumento de un punto y medio de la brecha salarial de género. ¡Eso sí que es brecha social, desigualdad y discriminación hacia las mujeres! (La señora Álvarez Álvarez: ¡Eso no es cierto!). Ese es el balance que hizo su Gobierno en materia de igualdad.

Además, si vemos la última EPA, podemos ver cómo son los datos de paro femenino y qué comunidades autónomas son las que los tienen más elevados. Precisamente son las comunidades autónomas históricamente gobernadas por el Partido Socialista las que tienen los mayores índices de paro femenino: Andalucía, Extremadura y mi tierra, Castilla-La Mancha. La situación hoy es otra, hoy las mujeres han vuelto al mercado de trabajo. A día de hoy España ha recuperado todo el empleo femenino que destruyó la crisis bajo su Gobierno. Hoy una de cada 2 mujeres que abandona el desempleo en la eurozona son españolas y 9 de cada 10 personas que abandonaron el desempleo lo hicieron con un contrato a tiempo completo, por no hablar de las medidas de apoyo al emprendimiento femenino que ha significado que se hayan beneficiado 455.000 mujeres. En España 6 de cada 10 nuevos emprendedores son mujeres. Esos son datos oficiales. Y, por supuesto, tengo que decir, señorías, que la brecha salarial tiene repercusiones no solo en el momento en el que las mujeres están activas laboralmente, sino que también tiene efectos discriminatorios, y lo decía la diputada de Podemos, en su protección social durante la etapa de jubilación. Por eso quiero destacar también ese nuevo complemento de maternidad en las pensiones establecido por el Gobierno, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 para, de alguna manera, ayudar a las mujeres que han tenido hijos cuando esto haya podido significar un freno en su carrera profesional.

La realidad que tenemos hoy es totalmente diferente. En los últimos veinte años la brecha de género en ocupación se ha reducido al menos a la mitad. Hemos pasado de 26 puntos en 1996 a 11 en 2016, pero desde la recuperación la brecha salarial en España ha bajado tres puntos. En España no hacen falta más leyes, lo que hace falta es cumplirlas, eso es lo que hace falta y por eso nosotros hemos presentado una propuesta que va en la línea de apostar por un nuevo plan de lucha contra la brecha salarial de género, un plan que consensuemos con comunidades autónomas, con agentes sociales, con empresarios, con sindicatos y también con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Señora Álvarez, ustedes presentan aquí una nueva ley, pero la realidad es que cuando gobiernan no la cumplen Creo que la propuesta que hace el Partido Popular es una propuesta seria y una propuesta realista. En estos cinco años las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular han dado sus frutos y de lo que se trata ahora es de seguir ayudando, colaborando y sumando los esfuerzos de todos.

Queda camino por recorrer, por supuesto, para conseguir una plena igualdad de oportunidades, ese es el empeño del Grupo Parlamentario Popular y por eso termino con la mano tendida para poder llegar a un acuerdo que beneficie a las mujeres españolas.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Romero.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos y a todas. Si eres mujer, cobras de media 7.123 euros anuales menos por hacer el mismo trabajo que un hombre. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Una moción. Es de esos días en los que la gente que nos esté viendo sentirá vergüenza por el hecho de que hagamos una simple moción ante esta realidad. (Aplausos). Pues sí, aquí estamos una vez más, por enésima vez, exigiendo


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en pleno siglo XXI la histórica reivindicación del movimiento obrero resumida en la consigna de: A igual trabajo, igual salario. Consigna tan elemental que hoy es asumida por la práctica totalidad de las sociedades democráticas, aunque, como pasa con tantas otras cosas, no siempre somos coherentes con lo que predicamos ni con los valores que decimos defender. Cuarenta años después de la incorporación de la mujer de forma masiva al ámbito laboral increíblemente aún estamos así, con diferencias salariales inaceptables entre hombres y mujeres, por lo que vamos a votar a favor de esta moción, exigiendo al Gobierno una propuesta de ley en un plazo máximo de seis meses para acabar con esta cruel injusticia, un proyecto de ley de igualdad salarial que a la vez contemple medidas para alcanzar una tasa de empleo de las mujeres de un 74 %, en la línea de la estrategia 2020 de la Unión Europea.

Para ello hay que impulsar medidas urgentes y que se cumplan -me hacía gracia escuchar hace un momento a la compañera del Grupo Popular y resulta que está en sus manos que se cumplan o no las leyes- para paliar la triste realidad que la mal llamada crisis y las políticas del Partido Popular no han hecho más que empeorar. En los últimos años no solo no se ha reducido la brecha salaria, sino que ha aumentado. Así, por ejemplo, en 2010 esa brecha era del 22,5 % y cuatro años después del 23,39 %, según datos oficiales. No es aceptable que más de 1,5 millones de mujeres cobre menos de 645,30 euros al mes brutos y que en el 61 % que cobra menos del salario mínimo interprofesional haya 200.000 mujeres más que en 2010.

Las mujeres también se encuentran adscritas a los convenios con mayor brecha salarial, que son, cómo no, aquellos en los que hay empresas que gracias a las reformas laborales una vez más permiten convenios inferiores a los del sector. Tampoco es cuestión de formación ni mucho menos, pues el salario medio de las mujeres es más de un 20 % inferior al de los hombres en todos los niveles educativos. Y si además de mujer eres mayor de 55 años, la brecha salarial se dispara al 27 % menos de salario que un hombre por hacer lo mismo. La diferencia llega en estos casos a los 8.100 euros menos al año que un hombre, desigualdad que continuará hasta el día de la muerte de las mujeres, pues las pensiones, lógicamente, también serán inferiores a las de los hombres.

En resumen -no quiero alargarme más porque hablar de esto en el siglo XXI es una auténtica vergüenza para esta Cámara-, estamos hablando de que en una sociedad democrática como la del Reino de España, por cierto muy mejorable en muchas cosas, existe la explotación laboral de las mujeres y es inaceptable. Por eso instamos al Gobierno a implementar medidas urgentes de forma eficaz y sobre todo que se cumpla la ley, por favor, y nada más. Que se cumpla la ley, por favor, y nada más. Es bastante sencillo y quien la hace la paga. ¿Cómo podemos permitir esta explotación y esta esclavitud en el siglo XXI? Me parece inaceptable y una vergüenza que hoy estemos debatiendo esto aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas tengo que preguntar a la señora Álvarez Álvarez si su grupo acepta alguna de las presentadas.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Estamos preparando un texto para transaccionar con todos los grupos que han presentado enmiendas, el cual pasaremos al letrado en unos momentos. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Lo tendremos en cuenta a la hora de la votación. Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE LOS REITERADOS RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000017).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Corresponde a continuación debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del corredor mediterráneo. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Quiero hacer un preámbulo. Represento a los valencianos con pasión y con vehemencia. El miércoles pasado denunciaba los imperdonables retrasos del corredor mediterráneo e hice una referencia al AVE de Huesca en comparación con la inexistencia de nuestro corredor mediterráneo. Creo que se malinterpretaron


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mis palabras y he recibido mensajes de malestar de amigos aragoneses y de amigos de la CHA, algún titular de un periódico aragonés y una interpelación de una diputada aquí presente. Entiendo sus razones y creo que para defender una causa justa que afecta al territorio que se representa no es necesario hacer referencia a otros; y mucho menos, en mi caso, a un territorio como Aragón con el cual compartimos siglos de historia y vecindad e intereses comunes. Sirvan estas palabras para expresar mi deseo de aclarar mi posición a todos los aragoneses que se pudieron sentir molestos. Y como mejor que las palabras son los hechos, les anuncio que he presentado hoy mismo una proposición no de ley para que el ministerio acometa las inversiones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, en algunos tramos de la cual se circula a 20 kilómetros por hora, para que se haga de una vez por todas ese corredor que vehicule los intereses comunes de valencianos y aragoneses.

Ahora voy a mi moción. Esta mañana hemos tenido una noticia esperanzadora. En 2016 se registró un nuevo máximo histórico de las exportaciones valencianas, que están creciendo por encima de la media española con un valor de 28.679 millones de euros. El 70 % de estas exportaciones van destinadas a Europa a pesar de los pesares, a pesar de este Gobierno, sin el corredor y con una autopista de peaje que estamos pagando desde hace cuarenta años, que está pagada, repagada y recontrapagada. Imagínense qué seríamos capaces de hacer con un corredor terminado y una autopista libre de peaje. Más noticias de esta misma semana, las cuatro. París y San Sebastián estarán conectadas en 2019 por alta velocidad. Me alegro sinceramente. Luz verde a la integración en superficie de las vías ferroviarias por Valladolid. Me alegro sinceramente. El ministro de Fomento ordena reactivar la línea Palencia-Santander. Me alegro sinceramente. La última noticia: El Gobierno paralizó en 2012 el corredor mediterráneo pese a estar licitados 634 millones en obras. Evidentemente de esta no me alegro. A veces tanto el ministro -el otro día- como el delegado del Gobierno en Valencia nos hablan de los 13.000 millones invertidos. Les digo una cosa y no voy a dar datos míos, sino del ministerio de Hacienda, de la Intervención General. En los años de Gobierno de Mariano Rajoy solo se ha hecho efectivo el 35 % de la inversión prevista en territorio valenciano. Por tanto, cuando hablan de esos 13.000 millones yo los rebajaría sustancialmente.

No hace falta insistir en datos que ya apuntamos aquí cuando hice la interpelación al ministro sobre la importancia que tiene el corredor mediterráneo para todas las comunidades autónomas por las que pasará: Andalucía, Región de Murcia, la Comunidad Autónoma Valenciana y Cataluña. Representan el 50 % de la población, el 45 % del PIB, el 47 % del tejido productivo, el 46 % del empleo, el 51 % de las exportaciones, el 63 % del tráfico de mercancías por los puertos, el 63 % de las empresas exportadoras, el 61 % de las importadoras o el 46 % de las empresas con innovación tecnológica. Por tanto, no se exagera cuando se habla de su importancia. A veces la sensación que tenemos nosotros es que hay buenas noticias en otros territorios pero que estas no llegan al nuestro.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos que vivimos en el arco mediterráneo digamos basta, basta a muchos años de promesas incumplidas, basta a muchos años de retrasos y basta de desventajas competitivas con otras regiones por las que sí se ha apostado claramente y por las que me alegro. Por eso, esta moción -y ya lo anuncio directamente- recoge enmiendas de Ciudadanos, del PSOE y del Partido Popular, porque queremos que se apruebe, queremos que realmente comiencen a comprometerse, que haya compromisos, calendarios y que en un año estén hechas una programación y una dotación presupuestaria; queremos que los presupuestos de 2017 y las previsiones de 2018 y 2019 tengan partidas abiertas, queremos que se establezcan funciones detalladas del coordinador técnico del corredor mediterráneo, que se tenga en cuenta y se trabaje coordinadamente con las comunidades autónomas -con Andalucía, con la Región de Murcia, con la Comunidad Valenciana, con Cataluña, con les Illes Balears-, que se incluyan las integraciones y circunvalaciones ferroviarias y que se complete la implantación de vía de ancho europeo. En definitiva, cosas razonables, de sentido común.

Acabo. El otro día vi un tuit del señor ministro de Fomento que decía textualmente: He informado a Miguel Ángel Revilla sobre las obras que el Ministerio de Fomento hará en el corredor Palencia-Santander. Había una foto de los dos dándose la mano. Me parece impecable -impecable, reitero- la postura del ministro informando al presidente de Cantabria. Me alegro por Miguel Ángel Revilla, que es una persona que me cae especialmente bien. Pues bien, como valenciano querría del ministro el mismo tuit, la misma información, la misma foto con mi presidente Ximo Puig y con Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, y con Pedro Antonio Sánchez, o el que venga, de Murcia, y con Carles Puigdemont, de Cataluña. Así, probablemente empezaríamos a confiar y a creer que la determinación del ministro y del Gobierno es sincera por lo que respecta al corredor mediterráneo y no como hasta ahora.

Moltes gràcies, senyor president.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Cantó García del Moral.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, la primera iniciativa parlamentaria que se presentó en esta Cámara hablando del corredor mediterráneo fue en 1990. La presentó un diputado valenciano curiosamente, el señor González Lizondo, y pedía al Gobierno que priorizara esta infraestructura, hace veintisiete años, señorías. Diez años más tarde se iniciaban los trabajos y lleva en obras más de diecisiete. Llevamos casi treinta años con este tema y en estos treinta años han gobernado el señor González, el señor Aznar, el señor Zapatero y el señor Rajoy, y seguimos sin corredor mediterráneo. Hace treinta años ya. (Aplausos). Para que se hagan una idea, señorías, en treinta años se pudo hacer el canal de Panamá -en un poquito más-, en diez años se hizo el canal de Suez, ahora mismo los ingenieros, trabajadores y empresas españolas en La Meca están llevando a cabo 19 kilómetros diarios de AVE, un récord mundial; luego no es un problema de ingeniería, es un problema de ineptitud política: la suya, señores del Partido Socialista, y la suya, señores del Partido Popular. (Rumores y aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Cantó.

Señorías, les rogaría silencio para poder escuchar al orador. Está creciendo el murmullo y en algunos casos se hace inaudible la voz del orador, que es la que tenemos que escuchar.

Muchas gracias. Continúe.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Yo sé que este es un tipo de infraestructura que a ustedes no les gusta porque no es resultona. A ustedes les gustan más esos recintos feriales que cuestan millonadas y se quedan vacíos, esos aeropuertos que no sirven para nada, esos espacios culturales gigantescos que luego no programan, etcétera. Por eso, después de hablar hoy de corrupción, después de hablar más adelante de despolitizar la justicia, queremos que se hable de una vez en esta Cámara de despolitizar las infraestructuras de este país para que acabemos con sus ocurrencias inútiles y caras y con sus sobrecostes (Aplausos), para que hagamos cosas útiles de una vez para los ciudadanos españoles. Por eso mi partido impulsará la creación de una oficina nacional de evaluación técnica de infraestructuras, para que la historia triste de este corredor mediterráneo en este país no se repita.

El transporte no solamente traslada a personas y bienes. El transporte crea, el transporte condiciona territorios. Estamos hablando, señores del PP y señores del Partido Socialista, de una herramienta que cohesiona España, de una cremallera que atraviesa una zona donde los secesionistas catalanes nos están echando un pulso, y ustedes pasan de esa infraestructura. Pero, claro, ustedes son más de negociar con los secesionistas cediendo competencias sin ton ni son, haciendo la vista gorda al tres per cent o invitando a Esquerra Republicana, señores del PP, que se salta la ley día sí y día también, a entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. (Aplausos). Así cohesionan ustedes. Y así nos va. (El señor Rufián pronuncia palabras que no se perciben). Claro, señor Rufián, discúlpeme, luego diremos: ¿qué pudo fallar en la Comisión de Secretos Oficiales invitando al señor Rufián? (Protestas.-Risas y aplausos).

Señorías, estamos hablando de 1.300 kilómetros de vía férrea que une Algeciras con la frontera francesa, doble vía, ancho internacional, aparcamiento para sus trenes y conexión con los puertos. Estamos hablando de 1.300 kilómetros que conectan con su principal mercado a una zona, el arco mediterráneo, que supone el 46 % del PIB, el 47 % de nuestra población, el 48 % de nuestra producción industrial, el 50 % de nuestro turismo y el 60 % de las exportaciones a la Unión Europea; una zona importantísima que, por no tener, no tiene todavía una autovía libre de peajes. Hoy en día, para que se hagan una idea, un coche fabricado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana cuesta varios cientos de euros más frente a los que fabrican otros países solo porque no tenemos este corredor mediterráneo. Lo mismo ocurre con nuestra producción hortofrutícola, con nuestro mármol, con nuestra cerámica, con nuestros componentes, etcétera. Y eso, señorías, significa menos ventas, menos riqueza para nuestro país, menos puestos de trabajo y, por tanto, menos recursos para dedicar a nuestra educación, a nuestra sanidad o a nuestras pensiones.

Señorías, hace falta una política que priorice lo que es útil para los ciudadanos y que olvide ocurrencias, que deje trabajar a los técnicos, que no haga trampas, señores del PP, que no haga trampas. Ustedes votan a favor del corredor mediterráneo en Les Corts, en Valencia, y luego aquí, en la Asamblea de Madrid, votan a favor del corredor central. Están desviando fondos del primero para invertirlos en el


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segundo. No es una cuestión de recursos, no faltan recursos para esta inversión. Con la triste historia de la corrupción de este país podríamos haber fabricado tres o cuatro corredores mediterráneos.

Voy a acabar. Llevamos veintisiete años esperando que se lleve a cabo esta infraestructura. Ya he explicado que no es una cuestión de habilidad técnica ni de recursos ni de capacidad técnica. Llevamos veintisiete años, casi treinta años, esperando, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular. Ustedes y ustedes han demostrado su incompetencia, así que háganse a un lado y dejen a los profesionales hacer su trabajo, porque nos están costando ustedes demasiado. (Aplausos).

Ahora por alusiones, si me permite, presidente, solamente quería contestar al señor Yllanes. No sé dónde está después de la purga, señor Yllanes. Allí al fondo. (Risas).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Cantó, tiene que ir acabando porque ha concluido su turno.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Es por alusiones, presidente. Si no, tendré que intervenir luego.

Señor Yllanes, hacer el trabajo por el que nos pagan no es chupar cámara. Chupar cámara es traerse a un bebé en vez de llevarlo a la guardería. (Risas y aplausos.-Rumores.-El señor Yllanes Suárez hace gestos desde el escaño).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Cantó, concluya.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Chupar cámara es montar una sentada en el Salón de los Pasos Perdidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Cantó...

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Chupar cámara es montar un pimpinela diario con el compañero que purgas. (El señor Yllanes Suárez pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Cantó, concluya.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Chupar cámara es darle un pico a cada uno que se te cruza en el camino. (Aplausos.-Rumores.-El señor Yllanes Suárez continúa pidiendo la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Cantó, no se trata solo del hecho de que usted hubiese concluido ya su tiempo de intervención, sino que además entiendo que si quería pedir un turno de alusiones tenía que haberlo hecho conforme marca el Reglamento. En todo caso, creo que ha quedado ya suficientemente aclarado el asunto de las alusiones. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No!-El señor Yllanes Suárez hace gestos negativos). En sucesivas ocasiones, cuando quieran hacer uso del turno por alusiones, deben hacerlo de forma reglamentaria y acogiéndose al artículo del Reglamento que permite esa intervención y no en el turno de intervención.

Continuamos con el debate. (Protestas.-El señor Yllanes continúa pidiendo la palabra). No voy a abrir un debate, vuelvo a decir. No hay turno de réplica en las alusiones, señor Yllanes, y así lo prevé el Reglamento. (El señor Yllanes Suárez: No quiero replicar nada). Continuamos con el debate.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos Meco.

El señor ÁBALOS MECO: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.

La verdad es que la intervención del señor Cantó me ha dejado un poco perplejo al final, porque esto de invitar a los partidos políticos a retirarse e invitar a los profesionales a tomar decisiones políticas es como si tuviéramos que clausurar este Parlamento. Lo he entendido así. No sé qué régimen tecnocrático está planteando, pero desde luego tiene muy poco carácter democrático. En todo caso, cuando se ha referido al señor Gonzalo Elizondo, yo pensé que se iba a referir a usted mismo, cuando estaba en UPyD, por haber otorgado esta gloria a UPyD. (Aplausos). En fin, voy a salir de la polémica innecesaria y me limitaré a reivindicar una infraestructura porque creo que hoy lo que corresponde es eso, que salgamos toda la Cámara reivindicando una infraestructura de la que nadie se margina ni se aparta; parece que forma parte del sentido común en esta Cámara.

Quisiera reproducir algunas palabras de mi compañero Joan Ruiz porque creo que lo hizo muy bien y, por lo tanto, hay que repetirlas. Y es que crear empleo y salir de la crisis requiere, entre otras medidas,


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conectar adecuadamente zonas industriales, zonas logísticas y zonas de consumo. Y nuestra costa mediterránea, por su actividad económica, industrial, de servicios, turística, de todo tipo, por su densidad de población -ya se ha dicho aquí, el 47 % de la población española- requiere de un corredor ferroviario con altas prestaciones, de alta capacidad, con ancho internacional tanto para mercancías como para pasajeros, que ayudaría, sin duda, a la creación de riqueza y, por tanto, también al aumento del empleo. Este corredor es esencial para asegurar un desarrollo económico sólido y equilibrado, pero no solo para las comunidades en las que algunos vivimos y nacimos -Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia- sino también para toda España porque, en definitiva, el beneficio económico es para toda España.

Algunas cifras dejan clara su importancia y aquí se han repetido hasta la extenuación. Lo han dicho los compañeros diputados que me han antecedido pero, dado que algún ministro del actual Gobierno dice que se ha exagerado la importancia, a lo mejor hay que exagerar en repetir estos datos para entender que no es una cuestión regional sino nacional. Porque las comunidades que hemos mencionado, como se ha dicho aquí, representan el 47 % de la población española, más del 46 % del PIB -ya sé que se ha dicho pero a lo mejor hay que insistir para que sea vea que, efectivamente, es estratégica-, cerca del 50 % de la producción agraria, el 48 % de la producción industrial española, el 60 % de las exportaciones, el 55 % del tráfico terrestre de mercancías, el 65 % de tráfico marítimo y el 50 % de turismo. Pero, además, esta red transeuropea a la que se unirá vertebrará Europa de norte a sur a lo largo de 3.500 kilómetros, lo que representa el 54 % de la población europea y el 66 % del PIB. Por lo tanto, es una obra fundamental que, además, también trata de cambiar la visión clásica radial con un centro y una periferia y de seguir creando una España en red dentro de una Europa en red. Tiene importancia para otros mercados porque esta red permitirá también aumentar las relaciones de la Unión Europea con África y con Asia.

En definitiva, señoras y señores diputados, tenemos una obra que no podemos demorar más. Quisiera aclarar, porque ya se ha dicho y también se dirá a continuación, que los socialistas siempre hemos apostado por este corredor. Una apuesta importante entre los años 2004 y 2011 que supuso la ejecución de más de 10.000 millones de euros en los Gobiernos de Rodríguez Zapatero. Si tenemos en cuenta su primer presupuesto, año 2005, se llevaron a cabo obras por valor de 1.428 millones de euros anuales. Lo digo porque, como todas las catástrofes hay que situarlas en aquella época, por lo menos suelto algún dato objetivo. Con todas las dificultades económicas de 2010 y 2011, se invirtieron más de 3.000 millones de euros y en 2011 exactamente 1.700 millones, todo ello en plena crisis. Además, hay que recordar que fue ese Gobierno socialista el que negoció y consiguió que la Comisión Europea lo incorporara a la red básica de transportes, que ha supuesto a partir de ahí la financiación por parte de la Unión Europea.

Como a partir de la llegada del Gobierno popular se han originado retrasos en el calendario, deficiencias en la planificación y ejecución de obras -de hecho, el AVE a Castellón tendría que haber llegado en 2015, según la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta de esta Cámara-, realmente es muy procedente y conveniente la moción que presenta el compañero Baldoví y, por lo tanto, la vamos a apoyar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ábalos.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Barrachina Ros.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría que en esta infraestructura, de la que tenemos ejecutada un 81 % e invertidos ya 13.500 de los 17.000 millones de euros, nos pusiésemos de acuerdo para concluirla. Por tanto, mi grupo tiene la mejor disposición. Después de haber escuchado esa España en blanco y negro, esas intervenciones e incluso una interpretación de: háganse a un lado los políticos que ahora venimos los técnicos a gobernar este país; después de ese diagnóstico catastrofista y tercermundista que acabo de escuchar quiero poner en valor un par de datos, que no son de este Gobierno ni del anterior, son del país. El año pasado vinieron 75 millones de extranjeros a sufrir, a pasar penalidades, a malvivir a este país que se llama España. A esos 75 millones de extranjeros -que no utilizan los datos del PP ni los de Compromís ni los del PSOE- se les pregunta al salir del país qué piensan de él, y hay una encuesta de grado de satisfacción de los turistas que sorprendería a este Parlamento, después de la España tercermundista y en blanco y negro que han trasladado el resto de partidos, porque los extranjeros dicen que les gusta mucho el alojamiento, en España se alojan bien, y le dan un 7,9; dicen que les gusta mucho la comida de España y le dan a la gastronomía 8 puntos; además, en España hay mucha oferta de ocio, las noches en España son eternas, les dan un 7,6, y finalmente, a las infraestructuras les dan un 8,2. (Un señor diputado:


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¡Olé!-Aplausos). Uso de transporte ferroviario, 8,2; y cuando preguntas en concreto por las infraestructuras, un 8,1. No son tercermundistas quienes tienen la suerte de visitar España e ir al Mediterráneo; son, primero, británicos; segundo, franceses, y tercero, alemanes. Y nos ponen casi un sobresaliente en infraestructuras. Es bien sencillo, cuando un alemán retorna a Alemania cuenta la verdad. En España tienen cinco veces más de kilómetros de AVE por habitante que en Alemania. En Francia, que es el segundo país, tienen tres veces menos; somos el primer país, la primera nación del mundo en kilómetros de AVE por habitante. Es insuficiente, España se merece más. La historia que he escuchado aquí, absolutamente castrada, del corredor mediterráneo -que es el corredor que tiene que unir a andaluces, murcianos, valencianos, como yo, y a catalanes con el resto de Europa- es bien sencilla. No hay que retrotraerse a los años noventa, no. En una mañana de julio de 2010 un ministro, un solo ministro, paralizó setenta obras, entre ellas, todas las que podían afectar al corredor mediterráneo. Un solo ministro. Verano de 2010. Ese mismo ministro afirmó en 2011 que iban a conseguir hacer un tramo, uno de los seis, entre mi provincia, Castellón, y Valencia, pero que se haría -porque no había dinero- con financiación público-privada. La izquierda renunció a construir un corredor mediterráneo público, renunció. Las últimas declaraciones fueron: vamos a intentar conseguir financiación público-privada. Y, como dijo don Miguel de Cervantes, aquel ministro miró de soslayo, fuese y no hubo nada. (Risas y aplausos). A esa situación surgida en 2011 se sumaron tres condicionantes, tres límites que afectaron al corredor mediterráneo y a todas sus infraestructuras: uno, un pequeño agujerito presupuestario de 100.000 millones de euros anuales; otro, una facturita de 40.000 millones en obras públicas acabadas y sin pagar, y finalmente un problemilla de ingresos de 3.700.000 españoles despedidos por la izquierda de sus empleos y que no pueden hacer su aportación pública. Con esos tres problemillas hubo un Gobierno en 2012 que aprobó el trazado completo, el plan global de instalación en ancho europeo por los más de 1.000 kilómetros del corredor mediterráneo; el mismo Gobierno que en noviembre de 2013 consiguió que la Unión Europea nos incorporase a la red transeuropea de transportes; el mismo Gobierno que ha conseguido ejecutar el 81 %. Yo he tenido la suerte, como el proponente, el señor Baldoví, de poder venir en AVE desde Valencia en esta España desconectada. Podríamos haber venido también por autovía e incluso por avión -¡y estamos desconectados el 48 %!-, pero me va a permitir ir a Castellón en los próximos meses en lugar de en tres horas y media o tres horas y cuarto en dos horas y veinte.

España no tiene un problema de planificación -está todo planificado al milímetro-, tiene un problema presupuestario y ustedes saben quién lo creó y quién lo está resolviendo con el afán de seguir solucionándolo juntos, porque esto no es cosa de unos contra otros, es cosa del conjunto de los españoles, que son capaces de disfrutar de un buen nivel de infraestructuras y, en concreto, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Andalucía y de Cataluña merecen que concluya el corredor en el menor tiempo posible.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barrachina.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Intervendré brevemente, señorías.

Amigos de Compromís, amigo Baldoví, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción y lo hacemos porque entendemos, como han dicho ustedes de forma reiterada, que el transporte ferroviario, como todo tipo de transporte, es un elemento de cohesión, de unión. Nosotros también hemos venido reivindicándolo desde hace mucho tiempo, aunque con suerte desigual, como saben ustedes.

No queremos que con este debate se alimente de ninguna manera una especie de confrontación entre ejes. Evidentemente, la satisfacción del eje mediterráneo no se puede confrontar con el eje atlántico. De alguna manera, echamos en falta una programación más objetiva de las inversiones en esa materia, que no han debido de conducir a este tipo de reclamaciones si no fuera porque no ha habido más que unas actuaciones bastante caprichosas y poco justificadas. No se ha justificado en base al interés general lo que debían haber sido elementos vertebradores de todo tipo de territorios. En ese sentido, como nacionalista vasco, como independentista, mi función no es la de apartarme ni poner ningún tipo de frontera ni barrera, sino que la mía, la del Partido Nacionalista Vasco, la del Grupo Vasco, ha sido la de cohesionarnos con el resto de territorios del Estado e incluso y sobre todo con Europa, que es con quien efectivamente debemos enlazar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). A pesar de que desde hace mucho tiempo el proyecto más antiguo que existe en el ámbito de la cohesión interterritorial ferroviaria


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ha sido la llamada Y griega vasca, y también la del tercer hilo que pudiera conectar el transporte de mercancías, a pesar de que estamos atrasados y a pesar de que se nos ha dado la buena noticia -que también nos ha recordado Joan Baldoví- de que es posible que en el año 2019 pueda llegar el tren de alta velocidad desde París hasta Donosti, lo cierto es que ese debate no nos debe hacer olvidar que, a pesar de esa actitud constructiva que siempre hemos tenido nosotros, sin embargo no siempre hemos sido objeto del mismo grado de respeto cuando otras formaciones federadas con ustedes han intentado impedir y han votado en contra de la construcción de ese eje ferroviario en el País Vasco, que también serviría para cohesionar hacia arriba o hacia abajo, hacia Europa o hacia España, de cualquiera de las formas. Por eso nosotros sí vamos a apoyar esta petición, porque creemos que el eje mediterráneo es un eje vertebrador hacia todos los lados. Pero además es una petición justa. Igual medida de respeto reclamamos también para los vascos.

Nada más.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon vespra a totes i tots.

Señora presidenta, señores diputados. Señor Cantó, con todo el respeto del mundo, deje que le diga que aquí el único secreto, sea oficial o no, es saber en qué espacio político va a estar usted dentro de unos días. (Risas y aplausos). Hace un minuto, le buscaba y pensaba: espero que esté el señor Cantó para que me escuche. Y le he visto hablar con Ana Oramas y me he dicho: ¡Bueno, Coalición Canaria! (Risas y aplausos). No sé, podría ser también.

Después de casi cinco horas de Pleno -un tanto surrealista también, déjenme decirlo, y viendo sus caras con ganas de conciliar su vida íntima y familiar con la vida laboral-, dejen que les cuente un cuento en menos de cinco minutos; cuatro minutos concretamente. Su título: Madrid, capital del corredor mediterráneo. En el siglo XVI, concretamente en 1580, en pleno auge del imperio de Felipe II, un ingeniero que era muy ingenioso, de nombre Antonelli, presentó al monarca un plan para ensanchar los ríos Tajo y Manzanares desde Lisboa hasta Madrid, pasando por Toledo, de modo que los galeones españoles pudieran llegar sin ningún problema cargados de oro y especias hasta la capital. En el siglo XXI, concretamente en 2017, Mariano Rajoy reinició su mandato después de once meses gobernando en funciones y en aquel momento el ojo mediático y popular apuntaba hacia quiénes serían sus nuevos ministros, los que le acompañarían en esta segunda etapa. La verdad es que había alguna expectativa y, en materia de Fomento, también. Pues bien, el nuevo titular, Íñigo de la Serna, que fue nombrado ministro, tardó poquísimos días -muy pocos, muy pocos- en anunciar que crearía la figura del coordinador del corredor mediterráneo. Debo decirles que en mi pueblo, un pueblo pequeñito, cuando algo es de verdad importante y a la vez quien puede hacerlo posible cree que no lo es tanto, lo que hace es crear la figura del coordinador para que en realidad descoordine aquello que en principio parecía importante. Pues bien, el ministro de Fomento creó la figura de un coordinador; un coordinador que, según el flamante y dialogante nuevo delegado del Gobierno, el señor Enric Millo, es muy importante -¡catalanes, escuchad bien!- porque este coordinador no es extremeño, este coordinador no es ni mucho menos cántabro ni reside en la isla Perejil: es catalán. ¡Gran noticia! Pues, señorías, por muy catalán que sea el escogido, a día de hoy esta acción, que no sé si se suscribe dentro o no de la operación diálogo, pero que en realidad es de coordinación, no es nada más que la culminación simbólica de un compromiso que justamente es simbólico. Muchos gestos, muchos guiños, simbolismo, falsas promesas, falsedades, poco compromiso, poca estrategia y demasiada tontería.

Señorías, el corredor mediterráneo es una imperiosa necesidad. Es imprescindible que este forme parte de una manera absolutamente prioritaria de las agendas de los Gobiernos español y francés. Esta infraestructura no es un capricho, es una tremenda prioridad, absolutamente inaplazable, y lo es porque los datos ponen de relieve su importancia: el 44 % del PIB de todo el Estado se concentra en este eje, más del 50 % de las exportaciones y las importaciones, etcétera. Lo hemos hablado, lo ha explicado el señor Baldoví y, por tanto, se ha puesto de manifiesto. Este corredor que vertebraría las comunidades europeas por tren y que integra los territorios del arco mediterráneo, tales como Andalucía, Murcia, País Valencià y Cataluña, a día de hoy pone de acuerdo a todos -digo a todos-, los agentes políticos, económicos y sociales de dicho arco y, a la vez, también a la Comisión Europea. Pero el Gobierno de Rajoy, De la Serna y su coordinador prefieren pagar -¡atención!- con los fondos destinados al Estado español para construir el corredor mediterráneo la unión de la estación de Atocha con la estación de Chamartín, las dos estaciones


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madrileñas que no están conectadas con la línea de alta velocidad, una obra de casi mil millones de euros pagada con unas partidas dirigidas a otro eje que aún está por vertebrar.

Acabo. En definitiva, el cuento acaba. Un ejemplo más en el siglo XXI que, sumado al del siglo XVI, demuestra su empeño, señorías del PP, en aferrarse a la más absoluta irracionalidad. Desayunar en Valencia, reunirse en Barcelona por la mañana, volver a hacerlo en Alicante y llegar a casa a dormir. Este es el sueño del corredor mediterráneo, ese sueño que puede ser realidad. Hoy por hoy, de ustedes depende escribir el final del cuento. Abandonen esta miopía política y abracen una de las infraestructuras que permitirá viajar más rápido, hacerlo con mayor frecuencia e impulsar la economía, el turismo y el empleo.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alonso Cantorné.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, señora presidenta. Además, me alegro mucho de que esté usted presidiendo en este momento la Cámara porque la hemos echado en falta hace unos minutos. Gracias. (Aplausos).

A Mariano Rajoy le gusta caminar rápido, no correr. 'Caminando rápido' fue el lema de una de las campañas del Partido Popular para las elecciones del 26 de junio. Al señor presidente, que no está, y a mí nos gusta el ciclismo, aunque él es más de Marca y yo soy de Sport. Una de las cosas en la que seguro que coincidimos los dos es en que, deportivamente hablando, el corredor mediterráneo no es un corredor; podríamos llamarle la tortuga del Mediterráneo, pero no corredor. Desde un punto de vista geográfico, sí que lo es. Es un corredor que puede tener desvíos en función del ministro que ocupe la cartera. Hace unos días nos sorprendió la noticia de que dentro de la inversión del corredor está la del túnel entre Atocha y Chamartín. Debe ser cierto aquello de 'De Madrid al cielo' o, como se dice vulgarmente, 'Todos los caminos conducen a Roma'. Esta situación no nos preocuparía en absoluto si el corredor, el original, aquel que concentra, como han dicho todos, el 48 % de la población, el 45 % del PIB, el 50 % de las exportaciones y el 47 % de las empresas, siguiera su curso. En los próximos meses, ni está ni se le espera, y eso que en megafonía lo anunciaban sin retrasos para 2016. Es un corredor que debe conectar Andalucía -sin olvidarse de Granada- con la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña y que también debe unir los puertos de Algeciras, Valencia, Tarragona y Barcelona. Para conectar los puertos no tienen prisa, pero sí la tienen para despedir a los estibadores con dinero público y volver a derrotar a la clase obrera, su verdadero objetivo. Pero volvamos a la tortuga del Mediterráneo. Uno, que es curioso, buscando entre diferentes respuestas que en su día hicieron otros parlamentarios, ya que las preguntas que hice en septiembre aún no tienen respuesta -creo, sinceramente, que no saben cómo contestarlas-, he encontrado una fechada en esta Cámara el 20 de noviembre de 2013, que el diputado de Tarragona, don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -que, por cierto, ya ni existe-, formuló a la ministra de Fomento, señora Ana Pastor Julián. La señora ministra de Fomento, Pastor Julián, decía: Señor Jané, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en Cataluña, y concretamente en la provincia de Tarragona. Fíjese, en un momento como este de crisis, más de 400 millones de euros es el presupuesto de la provincia. De ellos, más de 200 millones son para ferrocarril. Ahí contemplamos, señoría, estas actuaciones a las que usted se ha referido. Estamos trabajando, como bien ha indicado, en la adaptación del ancho UIC del tramo de Castellbisbal a Vilaseca por más de 100 millones de euros, en las obras de la línea de alta velocidad entre Vandellós y Tarragona, con 108 millones de euros. Estamos redactando el estudio informativo de esa conexión tan importante entre la línea tradicional Vilaseca-Tarragona-Barcelona, en la que vamos a implantar el tercer carril, y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Arboç. Y también en la redacción del proyecto para la implantación del tercer carril entre Vilaseca y Reus, y en la construcción de un cambiador de ancho en el entorno de Tarragona. Todo ello, señoría, efectivamente, son medidas importantes, que requieren, como usted bien conoce, de estudios técnicos en profundidad, que están terminados y, por eso, como le digo, vamos a iniciar ya los proyectos y los estudios informativos, de tal modo que en la provincia de Tarragona habrá una interconexión perfecta entre todo lo que es la red convencional y la red de alta velocidad y, sobre todo, permitiremos que más ciudades accedan, como usted ha dicho, a la alta velocidad. Por tanto, señoría, no solo estoy totalmente de acuerdo sino


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que, como me comprometí en esa reunión, están en marcha los encargos tanto del estudio informativo como de algo tan importante como es el proyecto -decía la señora Pastor-.

A día de hoy, después de tres ministros de Fomento y cuatro años, nos seguimos preguntando: ¿Cuál es el calendario previsto y actualizado por el Gobierno para terminar la construcción de los accesos viarios y ferroviarios en el ancho internacional? ¿Cuál es el estado actual de los proyectos y/o estudios informativos expuestos por la señora ministra en aquel momento, hoy presidenta del Congreso -cosa de la que me alegro-, en sede parlamentaria el 20 de noviembre de 2013? Señorías, ni el 20 de diciembre ni el 26 de junio hubo asalto a los cielos. Mientras eso no ocurra y el no no siempre sea no, les hago una propuesta para terminar la tortuga del Mediterráneo: por favor, nombren ministro al señor Roca, diputado de nuestra provincia, que es la forma más segura de que un ministro del PP cumpla con Tarragona.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Baldoví i Roda si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor BALDOVÍ I RODA: Presentaremos un texto transaccionado con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el Partido Popular, que recoge todo. Por tanto, se lo presentaré en unos minutos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (La señora Montero Gil pide la palabra).

Señora Montero.

La señora MONTERO GIL: Por el 71.3 quería pedir turno de palabra. No estaba usted pero estaba el señor Prendes y lo hemos hablado con él.

La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.

La señora MONTERO GIL: Señor Toni Cantó, los españoles y las españolas conocen bien sus salidas de tono en Twitter, pero esto no es Twitter, es el Congreso de los Diputados. Y yo, con todo el cariño del mundo, le voy a...

La señora PRESIDENTA: Señoría, un segundo. Espere. Tiene que hacer usted alusión exclusivamente al artículo.

Adelante.

La señora MONTERO GIL: Haciendo alusión a sus palabras, le pido dos cosas: una, que aprenda a usar el turno de alusiones con arreglo al Reglamento y, dos, que retire sus palabras y pida perdón por haber intentado ofender a mi grupo y al diputado Yllanes de mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Señora Montero, no retiro mis palabras. Tiene usted la piel muy fina. Aprenda del señor Rufián. (Protestas.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Rumores). Les recuerdo que hemos de guardar silencio.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REGULACIÓN CATASTRAL DE LA ASIGNACIÓN DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES RÚSTICAS, AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES. (Número de expediente 173/000018).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.


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El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Antes de entrar en materia, quisiera recordar a sus señorías que hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. El uso de las lenguas maternas es un componente esencial de la educación de calidad y constituye la base para empoderar a las personas y sus sociedades. Este hemiciclo también es apodado el templo de la palabra, por eso en Esquerra Republicana esperamos que en un futuro próximo en este espacio se pueda hablar de todo y se pueda hacer en la lengua materna de cada uno de nosotros. El catalán, el euskera, el gallego, así como las otras lenguas no oficiales del Estado, además de realidades lingüísticas son patrimonio cultural de lo que hoy es el Estado español y, lamentablemente, son olvidados y marginados de espacios tan importantes como es este mismo Congreso de los Diputados. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Le recuerdo, señoría, que tiene que ir a la cuestión. Muchas gracias.

El señor ERITJA CIURÓ: Ahora mismo, presidenta.

Puestos en materia, la semana pasada debatimos con el ministro Montoro la necesidad de elaborar para esta misma legislatura una ponencia específica de la propiedad rústica, una necesidad que se ha hecho acuciante ante los problemas de sobrevaloración de las construcciones indispensables para la actividad agraria, que ha generado precisamente la aplicación del actual procedimiento de regulación catastral de 2013 a 2016. Como ya comentamos en su momento, esos problemas se generaron precisamente al calcular el valor de dichas construcciones agrarias en base a la ponencia de valores urbanos; evidentemente, serían ponencias con criterios totalmente diferenciados. En estos momentos, a instancias del propietario incluso, las gerencias regionales del Catastro se ven obligadas a dar soluciones parciales sin tener una normativa clara y uniforme, hecho que acentúa incluso el desagravio actual.

No entraré a valorar otra vez el error que ha supuesto aplicar ese procedimiento, en todo caso lo importante aquí es ir adelante con la moción. Aunque sí querría recordar que en el debate el ministro Montoro pretendió deslegitimar nuestra iniciativa achacando nuestra falta de voluntad de participación, a través de nuestro Gobierno catalán, en la próxima revisión de la reforma del sistema de financiación de las administraciones públicas. Vuelvo a insistir en que están ustedes mezclando cosas, son dos procedimientos que no necesariamente han de ir a la par y si no, dígame por qué insisten precisamente ahora, cuando la Ley de Financiación se ha ido postergando desde 2009 mientras en 2012 se aprobó la ley que modificaba el Real Decreto 1/2004, de la Ley del Catastro Inmobiliario. Son dos procesos, por tanto, que han ido en paralelo. Un relato que precisamente vemos repetido en alguna de las enmiendas que ha presentado el propio Grupo Mixto a instancia del diputado Isidro Martínez, de Foro, y que, por tanto, no podemos aceptar en ese sentido.

Pero dejemos de lado ya este debate sobre si es legítimo o no que nuestro grupo presente esta moción y centrémonos en la propuesta misma, que es realmente para lo que hemos venido y lo que se nos está pidiendo. La propuesta recoge básicamente dos puntos: el primero, aprobar las normas reglamentarias necesarias que permitan elaborar una ponencia específica de rústica según los criterios diferenciados de la urbana que ahora precisamente se está aplicando, por lo tanto, a partir de unos criterios específicos de la rústica. En ese sentido incluso, y teniendo en cuenta la enmienda de modificación presentada por el PSOE, se pide tomar en consideración en la elaboración de la ponencia el siguiente criterio: los precios del mercado inmobiliario de la rústica no presentan diferencias significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos de uso del suelo, tipos de cultivos y de ganadería. Por lo tanto, son criterios que se tendrán que tener en cuenta a la hora de elaborar realmente esta ponencia rústica y que no tienen absolutamente nada que ver con los criterios que se están aplicando a partir de la ponencia urbana. Es por aquí por donde tendríamos que ir trabajando. De por sí, fíjense que la aplicación de este criterio evitaría la elaboración de más de 8.000 ponencias, una por cada municipio. Por lo tanto, se tendrá que plantear realmente a nivel técnico lo que supone trabajar con ponencia específica de rústica. El otro punto que creemos que es importante destacar es que mientras no se apruebe la ponencia específica de rústica, es necesario diseñar y aplicar coeficientes reductores específicos distintos a los que se recogen en la actual normativa, adaptados realmente a las necesidades y para intentar realmente corregir las desigualdades que en estos momentos existen.

Finalmente, se decida lo que se decida en este hemiciclo, tengan muy presente que con este tema... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.

El señor ERITJA CIURÓ: Ya para ir terminando, se decida lo que se decida finalmente en este hemiciclo, han de tener presente que con este tema tenemos un grave problema que ha generado, todavía genera y seguirá generando agravios y diferencias precisamente en aquellos propietarios cuyas fincas cuentan con edificaciones indispensables para la actividad agraria. Creemos que es ahora cuando es necesario embarcarnos o normativizar lo que serían estos agravios y desigualdades a partir de la elaboración de una ponencia rústica específica.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señora presidenta.

El proceso de regularización catastral que viene derivado de los cambios legislativos que se aprobaron en la X Legislatura está sembrando incertidumbre en el mundo agroganadero porque puede tener impacto sobre determinadas construcciones o edificaciones indispensables para las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que están en suelo rústico, asignándoles valores que no tienen nada que ver con la realidad de nuestros núcleos rurales. Es el caso singular de los hórreos, paneras y cabazos asturianos y gallegos, pero también el de establos y otras edificaciones rurales que hasta ahora estaban exentas de tributación y que deberían seguir estándolo. Si esta regularización no se hace bien, supondrá en la práctica una repercusión impositiva, caso del IBI, pero también repercusión en plusvalías, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en caso de compraventas, herencias, donaciones e IRPF entre otros, que tiene que modularse para evitar tratamientos injustos, inseguridad jurídica y perjuicios económicos injustificados. Por tanto, el proceso de regularización catastral tiene que limitar las penalizaciones e identificar correctamente lo que son inmuebles o edificaciones de uso agroganadero forestal de las que no lo son.

En la interpelación, el ministro de Hacienda vinculó la pasada semana todo este proceso a la reforma del vigente sistema de financiación de las comunidades autonómicas y locales que nosotros en Foro consideramos imprescindible, hasta el punto de que ya tenía que haberse afrontado porque en 2009 no fue apoyado por la mayoría de las comunidades autónomas afectadas y quebró el principio de solidaridad que, según nuestra Constitución, debe informar las relaciones entre los distintos territorios de España. Es importante el compromiso del Gobierno, que Foro comparte y urge su cumplimiento. Esto nos impide apoyar en sus términos esta moción de Esquerra Republicana, si bien hemos querido enmendarla con un texto de modificación en el que se insta al Gobierno a diferentes medidas tendentes a acometer un nuevo sistema de financiación, pero también al apoyo al desarrollo del mundo rural.

Esta enmienda de modificación tiene cuatro puntos, si bien el diputado Xavier Eritja acaba de comunicar que no los va a aceptar y, por tanto, votaremos en contra de esta iniciativa de Esquerra Republicana.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Postius Terrado.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señora presidenta.

En relación con la propuesta que se nos presenta hoy, desde el Partit Demòcrata nos parece bien como punto de partida y, por tanto, la vamos a apoyar. Sin embargo, hemos presentado dos enmiendas para asegurar que esta propuesta no caiga en saco roto. En primer lugar, presentamos enmienda para dejar muy claro que hasta que no se elabore una ponencia específica de rústica se deben paralizar las valoraciones catastrales de las construcciones agrícolas, ganaderas o forestales en suelo rústico y a su vez suspender todos los expedientes en curso a fecha de hoy.

En segundo lugar, también pedimos que se derogue la disposición normativa que se aprobó en 2012 y que ha causado que ahora nos encontremos en esta situación tan injusta para los propietarios de explotaciones agrícolas que se ubican en zonas rústicas. Y es que el Catastro vive tan ajeno a la realidad que resulta que hoy en día está valorando construcciones agrícolas, almacenes o granjas a un precio cuatro o cinco veces superior a su valor real. Así, pues, entendemos que este proceso, tal como se está desarrollando, tiene un claro afán confiscatorio, con graves perjuicios de carácter económico para los


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ciudadanos que viven o trabajan en zonas rurales. Por tanto, como he dicho al principio, apoyaremos esta propuesta y espero que se incorporen nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.

Permítanme que les pregunte lo siguiente: ¿Ven justo que un pequeño agricultor que tiene en su explotación una balsa para el riego de su cultivo pague por esa balsa lo mismo que quien tiene una piscina en su chalé? ¿Creen sus señorías que es justo que un agricultor que tiene una caseta en el campo para guardar sus aperos pague lo mismo que quien tiene una nave industrial? Coincidirán conmigo, señorías, en que esto no es justo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría, un segundo. ¡Señorías! (Pausa). Continúe, señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Les decía, señorías -seguramente, muchos no han visto incrementado de manera injusta su IBI y por eso les resulta muy poco preocupante la cuestión-, que si les parece justo que alguien que tiene una balsa de agua para regar sus cultivos pague lo mismo que quien tiene una piscina. Evidentemente, no nos parece justo ni lógico, pero eso está ocurriendo en nuestro país en multitud de territorios como consecuencia de la nefasta gestión que ha hecho el Partido Popular del procedimiento de regularización catastral 2013-2016, que el propio Gobierno del PP aprobó en la Ley 16/2012. Señorías, esta ley, la 16/2012, modificó la Ley del Catastro Inmobiliario introduciendo dos nuevas disposiciones adicionales, la tercera y la cuarta, que han generado un gravísimo problema a muchos agricultores y ganaderos de nuestro país. En virtud de esa modificación, la Dirección General del Catastro inicia un proceso para hacer aflorar nuevas construcciones o alteraciones en esas construcciones existentes que no se habían incorporado al Catastro. Hasta aquí no hay nada que objetar. El problema, señorías, aparece cuando la Dirección General del Catastro inicia un proceso para asignar valores catastrales a construcciones agrícolas, ganaderas o forestales que no tenían valor catastral aún fijado. Y es que en virtud de esa disposición adicional, señorías, se introduce una valoración a construcciones agrícolas con valoraciones urbanas; es decir, se utiliza una ponencia de valores urbana para fijar valores catastrales a algo tan urbano -permítanme la ironía- como una caseta de aperos, una granja o una balsa de riego. Es un auténtico despropósito, un despropósito que ha provocado unas valoraciones excesivas y unas tremendas injusticias a nuestros agricultores y ganaderos, que han visto -insisto- cómo esas construcciones agrícolas ahora les repercuten seriamente en su economía y en la capacidad para hacer frente al resto de pagos.

Antes de continuar, permítanme que les deje claro que mi grupo no está pidiendo que se ampare a aquellos que no dieron de alta en el Catastro, sus construcciones o la modificación de las mismas. No pedimos tampoco que se dejen de hacer de oficio esas regulaciones catastrales -que quede claro-, pero una casa en el campo debe tener la valoración catastral adecuada y su propietario tiene que pagar el IBI que le corresponda. Ahora bien, nada tiene que ver eso con lo que está ocurriendo y es que hoy una granja que está cerrada y en desuso está pagando lo mismo que una nave industrial, hoy una casa de aperos está teniendo la misma valoración catastral que una casa de campo. Señorías, el problema de muchos agricultores que han sido objeto de esta regularización catastral no es solo que tengan que pagar más IBI, que ya es grave, un IBI excesivo sin duda, sino que también les ha supuesto un incremento en su patrimonio. Ese incremento en el patrimonio es irreal -porque no es cierto- y ha hecho que en algunos casos tengan que pagar más impuestos -por ejemplo, si quieren hacer alguna transacción- o que no puedan acceder a las becas de estudio para sus hijas e hijos como hasta entonces estaban haciendo.

Señorías, este no es un problema nuevo. No acaba de surgir. Es algo que ya le advirtió la Federación Española de Municipios y Provincias hace unos meses. También avisó la defensora del Pueblo. También lo han advertido las organizaciones profesionales agrarias y muchos partidos políticos, entre ellos el mío. Hace casi un año en el Senado se debatió esta misma moción y hace unos meses mi grupo parlamentario presentó una iniciativa en el Registro advirtiendo de la misma y pidiendo soluciones al Gobierno. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno? Nada, absolutamente nada. El Ministerio de Agricultura ni ha hecho ni ha


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dicho nada, pese a que las organizaciones profesionales agrarias le han pedido su mediación. Aunque poco cabe esperar de un ministerio como el de Agricultura, que ha sido incapaz de impedir que Hacienda le recorte su presupuesto año tras año, y poco cabe esperar de un Gobierno como el del Partido Popular y del señor Rajoy, quien en su discurso de investidura de una hora de duración no dedicó ni una sola palabra a la agricultura y a la ganadería de nuestro país.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Voy terminando, señora presidenta.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, hoy tienen la posibilidad de pedir a su Gobierno que corrija esta situación injusta que están padeciendo miles de agricultores. Dejen las excusas que hace un año lanzaron en el Senado. No nos repitan el mismo discurso que hizo el ministro hace solo una semana lanzando balones fuera y no entrando en la cuestión. Les pido que aprueben esta moción. Mi grupo lo va a hacer así, incorporando la enmienda que ha aceptado Esquerra Republicana. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les pido que sean sensibles con el mundo agrario y rural, y que den solución a un problema que tienen miles de agricultores en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez. (Rumores).

Silencio, señorías.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de aprobar la ponencia de valores catastrales de la rústica. El conocido como catastrazo rural supone una discriminación de las personas que viven en y de los entornos rurales. (Rumores). Siendo entornos habitualmente olvidados por la Administración, son ahora discriminados por dos razones que paso a exponer. La primera es que no disfrutan de los mismos servicios e infraestructuras que los entornos urbanos, pero sus edificaciones se valoran igual. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio, señorías.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Se aplican únicamente coeficientes correctores derivados de la referencia de mercado y eso es una discriminación. La segunda es que el censo se realiza por un vuelo sin visita física y sin que se certifique el estado y el uso de las edificaciones. ¿No les parece una discriminación?

Señorías, en Ciudadanos no queremos que los propietarios paguen menos ni que paguen más, sino que paguen lo justo. Los medios para lograrlo son, por un lado, fijar los valores de las edificaciones del suelo rústico mediante un acuerdo de la ponencia rural. Nos alegramos de que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana haya dejado su monotema separatista y haya pensado en los ciudadanos del entorno rural español. Bienvenidos. (Aplausos). Por otro lado, hay que diferenciar las explotaciones industriales de las tradicionales y familiares, ya que estas últimas son una forma de vida y no un negocio. Innovar, profesionalizar e internacionalizar el sector agroalimentario se traduce en un incremento de la renta rural y ello, tal como le exponía al señor ministro el pasado miércoles, juega una baza importante en la salida de la crisis. Ahora bien, el medio rural no se reduce a este sector. En el medio rural viven personas que merecen gozar de todas las infraestructuras y servicios, tanto sanidad como educación. Por ello, reclamamos un acuerdo que ponga sobre el papel los asuntos que se le quedaron en el tintero. Señorías, en el medio rural la población tiene una edad media de cincuenta años, lo que indica que existe un alto porcentaje de pensionistas incapaces de soportar más cargas impositivas, máxime cuando la pensión agraria no suele superar los 600 euros al mes. ¿Alguien ha pensado en ellos al regularizar con una tasa de 60 euros por gasto de gestión por cada edificación rústica? ¿Se han tenido en cuenta sus circunstancias cuando se ha incrementado el valor catastral de su vivienda con un efecto retroactivo de los cuatro últimos años? ¿Se ha pensado que el resultado de la suma de las cuotas puede llegar a ser superior a su pensión mensual? Parece que nadie se ha dignado a pensarlo. Del mismo modo, parece que nadie se haya dignado a comprobar cómo más del 50 % de las edificaciones rústicas están vacías o en estado ruinoso. Señorías, más del 50 % de las propiedades no rinden económicamente, pero por ellas sus propietarios pagan como si fueran urbanas. ¿No es esto, como decíamos al principio, un acto discriminatorio? Ahora


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entenderán que se interprete por el mundo rural que esta revisión catastral sea una medida motivada solo por intereses recaudatorios.

Señorías, el potencial de desarrollo del mundo rural -forestal, medioambiental, turístico, energético- lo compartimos todos los portavoces de la Comisión de Agricultura. Por eso, le vamos a solicitar al señor ministro iniciativas fiscales no solo destinadas a recaudar, sino a estimular nuevas inversiones en el ámbito rural: inversiones que potencien la I+D rural, que fomenten el uso de las nuevas tecnologías, que mejoren los métodos de trabajo y gestión para lograr una mayor productividad y rentabilidad. Estas inversiones favorecerán la creación de nuevos puestos de trabajo especializado, reducirán la tasa de paro, sobre todo la juvenil, atraerán recursos y evitarán la despoblación; porque invertir en el medio rural es volverlo atractivo para aquellos que quieran desarrollar una carrera profesional y un proyecto de vida en estos entornos. Por ejemplo, establecer un plan de activación del sector forestal podría generar 100.000 empleos adicionales. ¿No es un claro ejemplo de potencialidad del sector? ¿La eliminación, entre otros, del impuesto de transmisiones patrimoniales para las actividades agrarias no les parece que contribuiría a la incorporación de jóvenes a estas actividades?

En definitiva, señores del PP, cumplir con el punto 28 de nuestro acuerdo, en el que nos comprometíamos a la defensa del medio rural, es cumplir con este compromiso a través de la actividad agroalimentaria, como cualquier otra actividad económica que pueda desarrollarse, generando riqueza, generando empleo, activando políticas a favor del desarrollo y sobre todo contra la despoblación del mundo rural. Queremos que los habitantes del entorno rural dejen de tener motivos para sentirse discriminados y considerados ciudadanos de segunda. Por eso, vamos a seguir apostando por el mundo rural y votaremos a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, hasta que no haya silencio no voy a llamar a ningún orador. Les recuerdo que faltan varias intervenciones. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño Valero.

La señora CARREÑO VALERO: Gracias, presidenta.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea anunciamos nuestro voto favorable a la propuesta de Esquerra Republicana relativa a la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. Esta propuesta tiene como objeto subsanar una de las tantas chapuzas fiscales que el señor Montoro -que lamentablemente no está- realizó, y es que los que presumen de saber gobernar no han hecho otra cosa que acumular desastres legislativos a sus espaldas en los distintos ámbitos pero que en materia fiscal son de especial relevancia. Nos referimos, por ejemplo, a la subida del IVA, incluido el IVA cultural, desconocido por el ministro, que se realizó al tiempo que se aprobaba una amnistía fiscal de la que pudo beneficiarse el señor Bárcenas; imagino que este será también desconocido para el ministro. Nos referimos también a la reforma fiscal de 2015, que impulsaron únicamente como medida electoralista, que nos costó 8.000 millones de euros y que casi nos cuesta una multa de Bruselas. Pero vamos a la medida que nos ocupa hoy y que se refiere a la actualización del valor catastral que el señor Montoro diseñó y se plasmó en la Ley 16/2012, de consolidación de las finanzas públicas e impulso a la actividad económica. Me quiero referir a la disposición adicional tercera, relativa a los procedimientos de regularización catastral de 2013 a 2016, y a la disposición adicional cuarta, que se refiere a la valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico. Ha sido tan desastrosa esta medida en el mundo rural que ha suscitado las quejas de multitud de colectivos. La COAG, por ejemplo, ha denunciado el efecto de esta ley, pues ha supuesto un aumento desmesurado del valor catastral totalmente inasumible para los agricultores y ganaderos. Por su parte, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, denuncia que ha recibido numerosas quejas de personas dedicadas a la agricultura que han sufrido revisiones catastrales y que han derivado en un incremento brutal del impuesto sobre bienes inmuebles. También Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ha denunciado el excesivo afán recaudatorio de esta medida. Está claro que el señor Montoro tiene una gran capacidad para aglutinar colectivos en su contra.

Esta ley está plagada de errores, algunos de los cuales se han ido parcheando a medida que han aparecido los problemas. Con la aplicación de esta ley muchos agricultores y ganaderos vieron incrementado el valor de los impuestos sin que en la realidad hubieran tenido ningún aumento de valor o


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de ingresos. Se incrementaron los impuestos de manera injusta al equiparar el valor de las construcciones de uso agrario a las industriales. Además, se acrecentaron los impuestos a pagar tanto por edificaciones que incrementan el valor, como sucede con una construcción para el manejo poscosecha, como almazaras o almacenes de grano, como por aquellas edificaciones que no generan incremento de valor alguno, por ejemplo casas de aperos, naves o incluso cobertizos, que solo sirven para almacenar paja. En definitiva, se han realizado valoraciones catastrales que no se correspondían con la realidad. Entiendo, señor Montoro -aunque no esté-, que tengan ustedes problemas a la hora de calificar y gravar las edificaciones en suelo rústico si creen aún que el chalé de 155 metros cuadrados del señor Pedro Sanz en La Rioja es una casita de aperos, como alegó el expresidente autonómico. Pero le aseguro que normalmente las casas de aperos de los agricultores no tienen dos plantas ni piscina y, como decía, no generan rendimiento alguno, por lo que no deberían aumentar la recaudación del IBI a través de estas construcciones. Creemos, sin embargo, que es necesario incrementar los recursos públicos y la utilización más eficiente del IBI para cerrar la brecha de ingresos públicos que España tiene con Europa y que ustedes solo han ayudado a incrementar. Pero esto se tiene que hacer mediante una reforma fiscal ordenada, progresiva, y en el caso del IBI teniendo en cuenta el papel en la vertebración del territorio que deben tener el medio rural y las explotaciones agrícolas. Para recaudar más con este impuesto les recomendamos, por ejemplo, que graven de una vez los bienes propiedad de la Iglesia.

En fin, esta medida muestra la sensibilidad de su Gobierno respecto al papel que debe jugar el medio rural en el modelo productivo de nuestro país. Déjeme decirle, señor Montoro, que la realidad de la explotación agraria en los últimos años ha empeorado por el bajo precio de los productos y el alto precio de los insumos. La rentabilidad agraria ha caído un 2,5 % de media anual en los últimos diez años. Frente a esta realidad en nuestro mundo rural, ustedes han optado por una regulación fiscal que ha aumentado los impuestos a agricultores y ganaderos de manera injustificada. Este tipo de actuaciones no nos acercan, sino que nos alejan de un mundo rural vivo y sostenible. Por eso, desde Unidos Podemos reclamamos una política fiscal ordenada, no improvisada, que dé la necesaria seguridad jurídica a los agentes económicos y que sea progresiva y justa y permita aumentar los ingresos públicos gravando las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes empresas, es decir, a aquellos que más tienen, en lugar de cargar siempre sobre las familias la deuda tributaria. Además, esa política fiscal ha de tener en cuenta las especiales características del mundo rural. Por ello, requerimos que se establezca un criterio correcto de valoración de las construcciones de uso agrícola y ganadero situadas en suelo rústico. Necesitamos revertir la tendencia al despoblamiento y el abandono del medio rural para que nuestros pueblos no desaparezcan, para que nuestros pueblos no mueran. Por eso, reclamamos una política fiscal que no castigue y machaque la vida de los agricultores y ganaderos, una política fiscal que nos permita en definitiva tener un mundo rural vivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Llorens Torres.

El señor LLORENS TORRES: Bienvenidos, señores de Esquerra Republicana de Catalunya, a la conexión con la realidad, a lo que, trayendo hoy al Congreso esta iniciativa, interesa e importa a todos los catalanes y a todos los españoles. Es una inquietud oportuna y razonable que, sin embargo, en 2005 no sintieron cuando gobernaba el señor Zapatero, socio de ustedes en el Gobierno de la Generalitat. Entonces se aprobó una ley del catastro inmobiliario para la valoración catastral de las construcciones incorporadas para la actividad agraria mediante un procedimiento de valoración colectiva y un periodo transitorio de diez años, que es lo que hacía el señor Zapatero, dejarlo todo para los demás. Han pasado diez años y tan solo 2.800 municipios han cumplido. Por lo tanto, lo primero que se trata de restablecer -y me parece que esto un partido que se dice de izquierdas lo puede entender- es el principio de equidad fiscal porque los ciudadanos, los propietarios de los municipios que se han regularizado están pagando y los otros no. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor LLORENS TORRES: Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 el procedimiento de regularización catastral 2013-2016 con el fin de restablecer este principio de igualdad fiscal de todos los ciudadanos y en un momento en el que el Gobierno va a revisar los proyectos de ley de financiación


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local y autonómica, en el que la revisión del valor catastral configura una parte importante de la misma, ya que a la hora de la valoración catastral surge el IBI, que es del que se financian los ayuntamientos, y el impuesto sobre el patrimonio, que es desde el que se financian las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo que usted dice no es verdad. No es que la finalidad del Estado tenga un afán recaudatorio; el Estado pone el instrumento para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se puedan financiar. Por tanto, déjeme que le diga que todo lo que usted dice no es verdad. Ni prisas. Fíjese usted que han pasado diez años, lo que pasa es que ustedes estaban seducidos por el señor Zapatero que les hacía unas promesas que luego se cepillaba aquí, gobernaban con él allí... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, les ruego silencio. Que el señor Llorens sea el último orador no significa que no le vayan a escuchar.

El señor LLORENS TORRES: Espero, señoría, porque llevo ocho legislaturas; aunque solo sea por eso, que es a lo que aspiran muchos diputados. Perdóneme la licencia.

La señora PRESIDENTA: Concedida.

Señorías, guarden silencio, por favor. Continúe, señor Llorens.

El señor LLORENS TORRES: Porque de ahí se van a financiar los ayuntamientos y las comunidades autónomas y porque, además, tampoco es verdad que sea un coeficiente confiscatorio, porque hay unos procedimientos de reducción para que en ningún caso sobrepasen los nuevos valores de los que han cumplido el 50 % de la valoración de mercado. Nos parece muy bien que ahora caigan en la cuenta -nos parece fantástico- de la importancia de la regulación catastral, que es una parte muy importante del proyecto de reforma de la financiación local y autonómica en el que hasta ahora ustedes no han participado. Sillones vacíos cuando dicen que representan a todos los catalanes. Por lo tanto, qué voy a decir, que ocupen esos sillones vacíos, que se pongan a trabajar, que dejen de hacer listas de buenos y malos en Cataluña, que estamos hasta las narices (Rumores) y que dejen de viajar por esos mundos de Dios pidiendo financiación, que el Fondo de liquidez autonómica les proporciona, nos proporciona a todos los catalanes, más que a nadie. Nos parece fenomenal. (Aplausos). ¡Qué quiere que le diga!

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor LLORENS TORRES: Sé que a usted le parece muy mal que nos pongamos de acuerdo pero, señor Eritja -y cito sus palabras-, cualquier actuación sobre los coeficientes catastrales pasa por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017. Hombre, ahora que el señor Rufián -no sé si está por ahí- ha descubierto que 'España no nos roba' -eso es lo que he leído el otro día- y ahora que ustedes han sido capaces de aprobar los presupuestos de la Generalitat a las órdenes de la CUP, en cuyas listas por Lleida usted y yo sabemos quién figura...

La señora PRESIDENTA: Señoría.

El señor LLORENS TORRES: ... no deberían desaprovechar la oportunidad de representar a todos los catalanes...

La señora PRESIDENTA: Señor Llorens.

El señor LLORENS TORRES: ... a los que nos sentimos españoles -que somos mayoría- y a los que quieren romper. Participen en los Presupuestos Generales del Estado, en la financiación autonómica. (Aplausos). Dejen de marear la perdiz. Dejen de herir sentimientos. No hablen más impropiamente en nombre de todos los catalanes porque además inventan...

La señora PRESIDENTA: Señor Llorens, señor Llorens, no tiene usted la palabra ya porque se ha agotado su tiempo. (Aplausos).

Señorías, antes de las votaciones quiero decirles dos cosas: la primera, la obligación de guardar silencio, que se ha tenido que reiterar en muchas ocasiones esta tarde. La segunda, la obligación que tienen de cumplir los tiempos. Una cosa es que uno se pase un poquito del tiempo y otra cosa es que uno


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intente tener el doble de tiempo que le corresponde. La Presidencia aplica con equilibrio siempre los tiempos, con equilibrio y con el realismo de un reloj que marca los tiempos.

Muchas gracias. (Aplausos).

No necesito aplausos. (Risas.-Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES. (Número de expediente 122/000022).

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 335 más 2 votos telemáticos, 337; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA MEJORA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL. (Número de expediente 122/000008).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más dos votos telemáticos, 342; a favor, 175 más 1 voto telemático, 176; en contra, 135 más 1 voto telemático, 136; abstenciones, 30.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA CREACIÓN DEL CONTRATO DE POTENCIA ESTACIONAL. (Número de expediente 162/000279).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 171; en contra, 163; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000282).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de derechos humanos. Se va a votar en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 338; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. (Número de expediente 173/000016).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se va a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 339; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE LOS REITERADOS RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000017).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del corredor mediterráneo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 336; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA REGULACIÓN CATASTRAL DE LA ASIGNACIÓN DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES RÚSTICAS, AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES. (Número de expediente 173/000018).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 205, en contra, 130.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se suspende la sesión hasta las nueve horas de mañana.

Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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