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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 03/04/2019
cve: DSCD-12-PL-185
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 185
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión de la Diputación Permanente núm. 9
celebrada el miércoles,
3 de abril de 2019


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día ... (Página5)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. ("BOE" núm. 53, de 2 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000060) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. ("BOE" núm. 57, de 7 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000062) ... (Página15)

- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. ("BOE" núm. 61, de 12 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000063) ... (Página29)

- Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. ("BOE" núm. 55, de 5 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000061) ... (Página44)

- Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. ("BOE" núm. 77, de 30 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000064) ... (Página55)


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- Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. ("BOE" núm. 77, de 30 de marzo de 2019). (Número de expediente 130/000065) ... (Página64)

Votaciones ... (Página74)

SUMARIO

Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.

Modificación del orden del día ... (Página5)

La Presidencia informa de que, de acuerdo con la petición del Gobierno, el punto 2 del orden del día pasará a debatirse después del punto 4.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea ... (Página5)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Calvo Poyato) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación ... (Página15)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Calvo Poyato) expone a la cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Cancela Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo ... (Página29)

La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista: y el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ... (Página44)

El señor ministro de Fomento (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías ... (Página55)

El señor ministro de Fomento (Ábalos Meco), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional ... (Página64)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Votaciones ... (Página74)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, se aprueba por 40 votos a favor y 25 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, se aprueba por 40 votos a favor y 25 en contra.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 12 votos a favor y 53 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se aprueba por 34 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 10 votos a favor y 55 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se aprueba por 33 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 9 votos a favor, 55 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, se aprueba por 33 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional, se aprueba por 40 votos a favor y 25 en contra.

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.


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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Muy buenos días a todos.

Se abre la sesión.

Como sus señorías conocen, la Diputación Permanente que celebramos hoy tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación de diversos reales decretos-leyes. Les recuerdo que, de acuerdo con la petición del Gobierno, el orden de debate ha sido modificado en el sentido de que el punto 2 del orden del día pasará a debatirse después del punto 4.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 5/2019, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CONTINGENCIA ANTE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN EUROPEA SIN QUE SE HAYA ALCANZADO EL ACUERDO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 130/000060).

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, corresponde debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.

Buenos días.

Señorías, comparezco en la mañana de hoy ante la Diputación Permanente para solicitar la convalidación del Real Decreto 5/2019, de 1 de marzo. Es el real decreto en el que se contempla el grueso más importante de las medidas que este Gobierno propone ante la eventualidad y la contingencia de una salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a partir de que no se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Como Gobierno, y el propio presidente así lo ha dicho en Europa, pero también en la sede de las Cortes Generales, en esta misma Cámara, habríamos querido no tener que traer nunca una norma de estas características y habríamos preferido que el Reino Unido nunca hubiese planteado la salida de la Unión Europea. Somos un Gobierno firmemente convencido de la necesidad de seguir construyendo el proyecto de Europa y somos un país particularmente europeísta. No obstante, hemos de estar preparados, así lo estamos, para cualquier situación que tengamos que afrontar y seguramente, y según el transcurso de los acontecimientos, en los días venideros tendremos una nueva noticia sobre cuáles sean las medidas que hayamos de adoptar. Ante un escenario de salida abrupta del propio Reino Unido, este Gobierno hace tiempo, desde el primer momento en que asumió sus responsabilidades, que trabajó raudo para identificar los intereses de España en relación con nuestros compatriotas en el Reino Unido, a los británicos en nuestro territorio y a nuestros intereses comerciales, económicos y turísticos para poder estar prevenidos.

Este real decreto de 1 de marzo contempla todas y cada una de las medidas, pero también contempla una actitud constructiva en relación con cualquier circunstancia que podamos afrontar y a las buenas relaciones que pretendemos mantener siempre con el Reino Unido. Son medidas imprescindibles las que pretendemos que sus señorías consideren, contemplen y respalden y las hacemos con dos criterios. En primer lugar, con el criterio de la temporalidad. Estamos hablando de una salida del Reino Unido y de un tránsito a una nueva situación en la que el Reino de España mantendría y acordaría relaciones en el contexto de la Unión Europea, pero también particularmente en relación con nuestra posición con una hipotética situación de tercer país. En segundo lugar, son medidas unilaterales que, independientemente de estar condicionadas a todas y cada una de las medidas que también se han trazado en el contexto de la Unión, las adoptamos de manera comprensiva en la reciprocidad. Las adoptamos como país, pero acordamos con el Reino Unido que sean estrictamente recíprocas en el reconocimiento de sus intereses y en el reconocimiento de lo nuestro. Las hemos articulado en esta norma que presentamos a su convalidación en dos áreas: por un lado, los intereses que afectan a la ciudadanía y, por otro, los que


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afectan a las actividades económicas, en general en relación con los que van a afectar a la vida de los españoles en el Reino Unido y de los británicos en nuestro país y en relación particularmente considerada con los trabajadores transfronterizos, es decir, a las casi 14 000 personas que en el Campo de Gibraltar mantienen relaciones constantes con el propio Gibraltar, de los cuales 9000 son compatriotas. Estamos hablando, por tanto, de regular la residencia de los trabajadores transfronterizos, el acceso y el ejercicio a las profesiones, el empleo público, los trabajadores desplazados, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria y el acceso a la universidad. Por tanto, contemplamos casi todas las situaciones posibles que están al alcance de medidas estrictas desde el ámbito de nuestra política interna, además de las que se contemplan en todas y cada una de las decisiones que hemos tomado en el marco coordinado de la Unión.

En cuanto a las actividades económicas adoptamos medidas en materia de servicios financieros, aduanas, contratos del sector público, autorizaciones y licencias, permisos de conducir, material de defensa y doble uso, armas y explosivos y también transporte terrestre. Con carácter general, estas medidas se aplicarán lógicamente a lo establecido de manera particularizada a Gibraltar, aunque, como sus señorías saben, los acuerdos alcanzados de manera paralela pero diferenciada en los memorandos acordados en relación con Gibraltar están obviamente al margen de las medidas de contingencia. La temporalidad supone que en algunos casos estas medidas dejarán de estar en vigor cuando evidentemente caduque el plazo contemplado o cuando por algunas decisiones de la Unión Europea dejen de ser necesarias. Son plazos distintos para las diferentes materias que aborda este real decreto y, por tanto, algunos de esos plazos cambian.

En materia de residencia y trabajo hemos considerado un elemento importante: somos el país que alberga el mayor número de británicos en nuestro territorio; afectará a unos 400 000 ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido. Estos residentes británicos aportan valor y contribuyen a nuestra economía y es responsabilidad de este Gobierno también su protección. En consecuencia, prevemos en este real decreto una articulación ad hoc para estos ciudadanos de terceros países y la facilitación en el plazo de veintiún meses de toda la documentación y acreditaciones necesarias para su estabilidad, seguridad y tranquilidad en la residencia de ellos y, naturalmente, de sus familias.

Para los trabajadores transfronterizos -esto afecta fundamentalmente a los intereses del Campo de Gibraltar- se regula, sujeto a reciprocidad, el sistema de documentación de estos trabajadores fronterizos, que en algunos casos son nacionales del Reino Unido que pasan al territorio de nuestro país. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): En el acceso y el ejercicio de las profesiones, recogemos medidas de acceso y de mantenimiento de la condición de empleados públicos de los nacionales del Reino Unido al servicio de las administraciones públicas españolas. Sus señorías saben que alcanzamos un acuerdo de nueve meses de duración de carácter bilateral y recíproco para la protección de los derechos, particularmente considerando el de participación política de nuestros compatriotas en el Reino Unido y de los británicos en nuestro país y en este momento indico a sus señorías que incluso con la posibilidad de que el Reino Unido tuviera que convocar elecciones europeas tal cual están planteadas.

Respecto a las relaciones laborales, el régimen transitorio que aplicaremos a las empresas establecidas en España y que a fecha de la retirada tengan trabajadores desplazados a Reino Unido se garantiza con el mantenimiento de los comités de empresa europeos.

En materia de Seguridad Social, respondemos a las preocupaciones ciudadanas, comprensibles y abundantes, de acuerdo con las normas de contingencia que también ha adoptado ya la Unión Europea. Las medidas que adoptamos en el real decreto abarcan la exportación de las pensiones, la totalización de las cotizaciones realizadas hasta la fecha de retirada del Reino Unido para el acceso y el cálculo de las pensiones, la incapacidad temporal y las prestaciones por maternidad, paternidad y desempleo. Además, para blindar a los 14 000 trabajadores fronterizos del Campo de Gibraltar -recordaba hace unos minutos que 9000 de ellos son españoles-, estos podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada sin que les sea requerido haber cotizado al Sistema de Seguridad Social de nuestro país por esta contingencia.


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En materia de asistencia sanitaria, la protección de los ciudadanos requiere adoptar medidas de contingencia importantes en el ámbito del derecho a la salud; así lo hacemos no solo respecto a los residentes en ambos países sino también a los turistas y a los estudiantes. Hay un número abundante de estudiantes que visitan nuestro país y nos hemos encargado de proteger de manera particular el Erasmus, el extraordinario programa de estudios y de movilidad entre los estudiantes europeos, porque nuestro país es particularmente importante como objetivo para los estudiantes británicos. Estas medidas van a responder a los dos principios básicos de responsabilidad y reciprocidad, además de la garantía de reembolso y vigencia de veintiún meses para sostener la asistencia sanitaria sin merma económica de nuestro sistema y tampoco del británico.

En materia de educación, como decía hace un momento, no nos hemos olvidado de las garantías de nuestros estudiantes y de los estudiantes que recibimos en nuestro país. El Gobierno atiende a este colectivo importante también en este real decreto, de manera que garantizamos para el curso 2019-2020 y para el 2020-2021 que los alumnos y las alumnas procedentes del sistema educativo británico puedan continuar acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española en los mismos términos previstos de los sistemas educativos de la Unión.

En el capítulo de cooperación policial y judicial internacionalmente considerados, a partir de la fecha de la hipotética retirada dejarán de ser de aplicación respecto del Reino Unido algunos de los instrumentos de la Unión en materia de cooperación policial y judicial. La misma pasará a regirse, como es lógico, por los convenios internacionales vigentes y por la legislación nacional que resulte de aplicación. Este real decreto aclara bien la situación de transición que pudiéramos tener que atravesar, además de los acuerdos puntuales, particularmente importantes también para nuestro país, de coordinación en materia de terrorismo y en materia de seguridad internacional con los cuerpos del propio Reino Unido y con los cuerpos de seguridad españoles.

En el capítulo de las actividades económicas y en un apartado importante en relación con los transportes, como ya advertía en el paraguas de los elementos económicos, el real decreto se refiere a las actividades económicas y al transporte de una manera particularizada por algunas circunstancias importantes que sus señorías seguramente tienen en mente. En materia de servicios financieros, nuestro objetivo es reforzar la seguridad jurídica, la protección del cliente y evitar cualquier riesgo para la estabilidad financiera. Se explicita de manera clara con la vigencia de los contratos que no se verán afectados por la retirada y se establece también un régimen temporal para evitar una disrupción en los contratos vigentes o alternativamente facilitar la relocalización o terminación de los contratos si la entidad no desea continuar con su actividad en nuestro país.

En materia de aduanas y controles asociados a las mercancías, particularmente significativo por el volumen importante de exportación en materia agroalimentaria al Reino Unido, referimos de manera más particularizada que nuestros controles aduaneros en fronteras y controles asociados, como ustedes saben, tienen un ámbito de competencia eminentemente europea; las fronteras seguirán siendo las fronteras de Europa pero, como complemento a estas medidas de contingencia que ya adopta la Unión Europea en materia de fronteras, los flujos comerciales de nuestros productos desde España al Reino Unido tienen en cuenta, como decía, de forma muy intensa, las exportaciones que realizamos desde nuestro sector agroalimentario, que afectan de manera principal a algunas de nuestras comunidades autónomas y que hemos de proteger con particular cuidado. Por esto se autoriza a las autoridades aduaneras para empezar a tramitar ya desde la publicación de este real decreto y de manera intensa para responder a las solicitudes de decisión exigidas por el código aduanero anticipándonos a la consideración de que el Reino Unido llegue a ser tercer Estado. Esta es una materia en la que hay que ampliar plantillas, por tanto estamos hablando de una inversión también en el capítulo de personal, al que tendríamos que adelantarnos con más tiempo si hiciera falta.

En materia de autorizaciones y licencias, bajo esta rúbrica, abordamos, entre otras cosas, una cuestión... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ... particularmente relevante para asegurarnos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora vicepresidenta. Señorías, les ruego silencio. (Pausa).

Adelante.


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La señora MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ... la actividad de nuestro -gracias, señora presidenta- importante sector turístico. Para ello, hemos considerado un periodo de nueve meses, en relación con algunas decisiones que, como decía al principio de mi intervención, tienen que ser justamente recíprocas. Mantendremos los acuerdos que los propios británicos también mantengan con nosotros. En este capítulo de licencias hablamos también, incluso, de los permisos de conducir, que tendrán también un plazo de nueve meses para continuar con su vigencia en nuestro país, pasados los cuales tendremos que volver a mirar las condiciones que, como sus señorías imaginan, dependerán también del curso de los acontecimientos, que son bastante cambiantes, lo que no ha lugar a comentarios en esta comparecencia por parte del Gobierno.

Como decía hace unos minutos, en materia de transporte hemos tenido particular interés en algunas cuestiones. En línea con las medidas que ya ha tomado la propia Unión Europea, se posibilitan los transportes de mercancías y de viajeros realizados por empresas establecidas en el Reino Unido con origen o destino a nuestro país, exigiendo la misma reciprocidad en las condiciones. Particular mención requiere el transporte aéreo. Además de haber logrado en esta materia que la normativa europea, a la que estamos afectos, establezca un periodo de adaptación a las reglas de propiedad y de control de las compañías tras la hipotética salida del Reino Unido, hemos considerado particularmente importante asegurar la conectividad y la seguridad del tráfico aéreo, manteniendo las tarifas actuales aplicables a los vuelos al Reino Unido para los servicios aeroportuarios hasta el 28 de febrero de 2020, garantizándonos así la competitividad del sector turístico español, lo cual no es poco en relación con nuestro propio PIB.

Señorías, este Gobierno ha actuado de manera responsable para proteger los intereses estratégicos de nuestro país ante la retirada del Reino Unido en cualquiera de los escenarios posibles. Lo hemos hecho de manera particularmente responsable para el caso de que se produzca una salida no acordada. Lo hemos hecho de manera paralela y con particular interés en relación con Gibraltar. Este Gobierno seguirá manteniendo la petición justa e histórica amparada por Naciones Unidas en relación con Gibraltar. Gibraltar es un territorio amparado en la soberanía británica en materia de sus relaciones exteriores y cualquier escenario posible con relación al mismo tendrá que pasar inexorablemente por el acuerdo particular de nuestro país. Hemos protegido no solamente en la normativa que afecta a este real decreto-ley y en relación con el resto de las medidas que bajo el paraguas de la Unión Europea nosotros también cumplimos como país miembro de la Unión, sino también con un particular plan sobre el Campo de Gibraltar en la política interna de nuestro país. Hemos querido establecer una política de comunicación importante para preparar a la ciudadanía y a nuestros operadores económicos a través de una web diseñada particularmente para toda la información sobre el brexit, que ha sido abundantísimamente consultada y utilizada. Se han realizado más de cincuenta seminarios en más de la mitad de las ciudades de nuestro país. Se han establecido ayudas específicas a asociaciones y federaciones de exportadores en el denominado Cheque Brexit. Hemos ampliado los recursos humanos para poder echar mano de ellos, aprobadas en Consejo de Ministros del 8 de febrero, con un refuerzo de personal de 1735 nuevos efectivos, particularmente hablando de fronteras y de aduanas. Y a través de este real decreto-ley, cuyo contenido acabo de exponer, tomamos también las decisiones de las medidas legales más urgentes y más necesarias.

Señorías, apelo a la responsabilidad para que voten a favor de esta convalidación. Constituye una herramienta fundamental e imprescindible para hacer frente a una situación inédita, no solamente en el marco de la política de la Unión sino también inédita en la historia de nuestro país para cualquier Gobierno que hubiese tenido que hacer frente a ello. Se trata de preservar los intereses de nuestros compatriotas, los intereses económicos y financieros de nuestro país, las particulares garantías en relación con el Campo de Gibraltar, con algún acuerdo. El acuerdo en materia fiscal alcanzado es el segundo tratado internacional después del de Utrecht que alcanzamos en relación con la tranquilidad de nuestras relaciones, y por tanto estamos delante de lo que en términos tradicionales denominamos una cuestión de Estado. Es la respuesta que esperamos de sus señorías y estamos a su disposición.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señorías, en el momento actual seguramente el debate que estamos afrontando es uno de los debates más importantes, aunque en la calle y en la agenda política no está muy presente. Sin duda nuestro voto va a ser favorable a unas medidas de contingencia de un real decreto que tiene una gran singularidad. Es un real decreto que todo él, del principio al final, expresa en potencia, que no en acto, unas medidas jurídicas que solo se activarían en caso de que se produjera -que se va a producir, creo, de una forma u otra- la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Quiero recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y en otra comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, anunció la aprobación de este real decreto en Consejo de Ministros para la primera quincena de febrero. A nosotros nos habría gustado que este real decreto se hubiera podido discutir y votar en Pleno y no en esta Diputación Permanente, reconociendo evidentemente la legitimidad de las competencias de esta Diputación Permanente. Este es un tratado que contempla medidas urgentes, como bien ha apuntado la vicepresidenta, en materia de sanidad, de educación y de salvaguarda de las actividades comerciales, sobre las cuales no se puede regular todo, y seguramente se tendrá que tener una actitud muy vigilante sobre la dinámica económica de los intereses españoles en el flujo comercial entre España y el Reino Unido en un aspecto impresionante que se ha apuntado, que es el del transporte, la importancia de que en este caso no sean medidas en potencia, sino ya en acto, lo que supondrá el control fronterizo para la entrada especialmente de productos y manufacturas del sector primario en el comercio con el Reino Unido.

Creo que es bueno también recordar que esta norma se presenta como una excepción en el cuadro de los Estados miembros de la Unión Europea, que no todos ellos han adoptado piezas normativas para hacer frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto lo h hecho Francia, que esto lo ha hecho Alemania, y así lo han hecho también Irlanda y algunos otros países, pero son la excepción y no la norma. Nos parece bien, y la activación definitiva y final del brexit tendrá que suponer la firma de una lista larga de tratados internacionales bilaterales y multilaterales que se subroguen respecto a los efectos jurídicos de la salida del Reino Unido.

Finalmente, en la segunda parte de mi intervención quiero hacer un par de reflexiones, señorías. Se dice que la salida del Reino Unido va a provocar un impacto muy negativo en la construcción del proyecto europeo. Es evidente que tiene un coste de adaptación, pero la salida del Reino Unido puede ser una oportunidad para construir más Europa entre los Estados miembros que van a permanecer en la Unión Europea. Hay que ser muy conscientes de que, entre los que van a permanecer, hay algunos que -y espero que España esté por muchos años- quieren profundizar en la construcción europea y en la integración europea. Estos Estados -y, repito, espero que por muchos años España también esté entre ellos- tendrán que convivir con otros Estados que no quieren ni la integración en la moneda única ni la integración en el espacio Schengen. La salida del Reino Unido no es, ni mucho menos, una estocada a la construcción europea. Como se dice en el lenguaje diplomático, el tango es cuestión de dos, dos no bailan si uno no quiere. Hace muchos años que el Reino Unido emitía señales de que algún día podía suceder una salida. Con esto me voy a mi segunda reflexión, el brexit se produce por muy pocos votos de diferencia en el resultado final -si se me permite la expresión por el canto de un duro-, pero se produce. No se produce por casualidad, se produce porque los liderazgos políticos y los discursos políticos, señorías, son muy importantes. Cuando durante décadas los mensajes políticos de los responsables políticos del Reino Unido decían que todo lo que venía de Europa, todo lo que venía de la Unión Europea, todo lo que venía de Bruselas era negativo, esto acaba calando en la opinión pública. Creo que el brexit es una invitación sobre el estilo de política. Es una invitación que nos convoca a no hacer la política del discurso negativo, sino a hacer la política de poner en valor aquello que de positivo construimos en nuestra acción política, en nuestro quehacer cotidiano y también, evidentemente, en nuestro quehacer en la construcción de la Unión Europea. Si alguien se pasa veinticinco años diciendo que de Bruselas solo vienen tempestades, al final esto tiene un efecto en la opinión pública. Si uno -y esta es la responsabilidad de los liderazgos políticos- se dedica a explicar en las tribunas que tiene que Europa también es el espacio de libertades más desarrollado del mundo, esto también tiene sus efectos positivos.

Así pues, sacamos nuestras particulares reflexiones al córner, en la esquina de una convocatoria electoral, sobre la importancia de transmitir la política como pedagogía y como un espacio de construcción.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.

Si me lo permite voy a hacer una reflexión que sirve para el conjunto de los decretos que se presentan a discusión en esta Diputación Permanente y después haré una breve referencia al brexit. Quisiera señalar el punto de vista de nuestro grupo parlamentario. La verdad es que no estamos de acuerdo con que en este periodo, una vez disueltas las Cámaras, se presenten decretos-leyes. Entiendo la urgencia que puede haber en algunos temas, pero muchos de los asuntos que se van a plantear hoy a debate podrían haber sido ya presentados anteriormente. Lo entiendo todavía menos cuando no se ha consultado a los grupos parlamentarios, desde luego no al nuestro y creo que no me equivoco al afirmar que tampoco a otros. Sobre todo porque este trámite es más bien de un sí o un no. Es muy difícil que en todas las materias uno esté absolutamente de acuerdo con todo. Que no se nos diga que hay oportunidad de discutir porque, en realidad, no hay oportunidad de discutir esto. Se puede dar una circunstancia muy llamativa y es que los decretos-leyes que se aprobó que se tramitaran como proyectos de ley antes de la disolución de la legislatura, de esos ya nos olvidamos y van a seguir en vigor tal y como estaban porque no se acabó su tramitación con las enmiendas. ¿Estos, sin embargo, se van a poder discutir en pleno periodo electoral? ¿Incluso con la campaña ya comenzada? No creo que fuese serio ni juicioso hacer esto porque, desde luego, cada partido intentará marcar más su perfil en vísperas de campaña y lo que nos podría salir es un churro. Porque cada uno va a tirar a sus mayores ofertas ante la población. Por lo tanto, ya les adelanto que la postura de mi grupo parlamentario es contraria a que haya una tramitación como proyecto de ley y, por tanto, una presentación o posibilidades de enmiendas. Esto nos coloca ante la tesitura de decir que sí o que no únicamente, y a textos que, algunos de ellos, tienen algunas aristas o podrían tenerlas para nosotros. En fin, es a lo que nos ha traído el Gobierno, pero quería hacer esa reflexión porque desde luego eso tiene un peso también en nuestra posición hoy en día aquí.

Respecto del brexit, la verdad es que parece sorprendente todo lo que está ocurriendo y yo creo que incluso a las instituciones, al Gobierno, pero también este Parlamento, parece que les ha pillado por sorpresa el que estemos hoy más que nunca muy cerca de que sea un brexit salvaje y que el 12 abril sea la fecha, a no ser que se produzca un milagro a última hora, y yo creo en los milagros de última hora en todas las materias. Pero tiene narices que el tiempo tenga que apremiar de estas maneras para llegar a una entente o a un acuerdo. Esto podía haber pasado y lo que no tiene ningún sentido es que el acuerdo llegue tan tarde, debería haber llegado antes; es más, se creó teóricamente una comisión parlamentaria -bueno, teóricamente no, se creó en la práctica- para discutir entre los grupos parlamentarios medidas y luego no se produjeron esas reuniones ni se atendió a absolutamente nada, sino que hubo -creo- una reunión de constitución y otra con una información muy somera por parte del Gobierno. En cualquier caso, es lo que hay y evidentemente con lo que hay habrá que bogar. También, da la sensación en muchísimas de las materias que es un tanto provisional y que está sobre palillos, quizá porque en algunos asuntos no hay otro remedio, pero, claro, es suspensivo en gran medida, depende de lo que haga la contraparte -que en todas las materias no está cerrada- y, por lo tanto, vaya usted a saber si al final estas medidas nos dan dos meses más, pero si la contraparte no accede, ahí se acaba todo. En fin, es seguramente el único colchón que se puede poner, pero más que colchón da la sensación de ser cojín y seguramente, aunque ahora nos parezca que no, en esta campaña electoral vamos a tener que hablar, y mucho, de economía.

Nada más, señora presidenta. Anuncio que votaremos a favor del cojín.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Presidenta, vicepresidenta del Gobierno, compañeros, quizá este sea uno de los pocos reales decretos que van a venir hoy que pueden tener justificado su carácter de urgencia. El brexit ha demostrado que extrapolar problemas internos de un partido a la sociedad lleva a la confusión, lleva a la desinformación y lleva a la ruptura, no es más que la tónica de partidos populistas o de movimientos nacionalistas que lo que pretenden es romper y generar inestabilidad. Ahora más que nunca hay que poner en valor los proyectos de integración, los proyectos que deben representar tanto a España como a Europa y, sobre todo, debemos estar unidos frente a aquellos que quieren levantar fronteras y frente a aquellos que quieren enfrentarnos y separarnos. Para defender la igualdad de todos los ciudadanos europeos tenemos que estar todos juntos.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene graves implicaciones para la economía española ya que es uno de los principales destinos de inversión exterior del país y es uno de nuestros principales


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socios comerciales. El propio Banco de España ha dicho una ruptura con el Reino Unido sin acuerdo puede suponer que la economía española se contraiga casi un punto. Más de 130 000 ciudadanos españoles están registrados en Reino Unido, pero son muchísimos más si contamos a esos jóvenes trabajadores que se han ido y que no están registrados y también a todos nuestros estudiantes; asimismo, hay casi 300 000 británicos registrados como residentes en España, pero se alcanza casi el millón de británicos si contamos a aquellos que tienen doble residencia. Esto hace que España sea uno de los países más perjudicados de la Unión Europea por un brexit sin acuerdo. El Gobierno no presentó el plan de contingencia para nuestro país cuando la Comisión Europea ya estaba avisando, es decir, no hizo los deberes. Es más, Ciudadanos preguntó en reiteradas ocasiones al Gobierno, a distintos miembros de este, sobre estos planes y parece que ni siquiera ellos mismos lo tenían claro, lo cual es una tónica general del Gobierno del Partido Socialista en estos meses, lo digo porque el señor Borrell dijo directamente que el plan de contingencia ya estaba listo, a la vez que el señor Sánchez estaba diciendo en rueda de prensa que el plan estaría listo en los próximos meses. El resultado de esta descoordinación del Gobierno -permítanme que lo diga así- es que lo que han hecho al final es un calco casi exacto del documento que presentó la Comisión Europea, sin tener en cuenta las especificidades de gran parte de nuestro país, y voy a ir al ejemplo concreto. Porque, por ejemplo, ¿dónde están las medidas para nuestra agricultura? En Canarias, por ejemplo, el 49 % de las exportaciones de tomate y el 57 % de las de pepino tienen como destino el Reino Unido. Además, de este comercio con Reino Unido dependen 6000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Estas exportaciones están acogidas a unas compensaciones por el transporte debido a que España es país miembro de la Unión Europea, compensaciones que desaparecerán si llegamos a un brexit sin acuerdo y que en este texto no están porque el Reino Unido pasaría a ser un país tercero. ¿Y por qué digo que desaparecerán? Porque el propio ministro de Fomento reconoció el otro día que no se habían dado cuenta de las especificidades. No lo digo yo, lo dijo el señor Ábalos. ¿Y saben qué les digo? Que uno puede no darse cuenta de las especificidades de una comunidad como la Canaria una vez, pero no se dieron cuenta con el descuento de residentes, no se dieron cuenta cuando desaparecieron 400 millones del presupuesto del convenio de carreteras, no se dieron cuenta cuando los Presupuestos Generales del Estado obviaron que Canarias tenía un régimen económico-fiscal propio y ahora no se dan cuenta tampoco de la afección que el brexit puede tener para el sector agrícola de las islas. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor no es lo de no darse cuenta; a lo mejor es que no tienen ni idea de que existe una región ultraperiférica en España y que se llama Canarias.

Pero vamos a otros temas importantes. Cobertura sanitaria a los ciudadanos británicos: 70 000 pensionistas británicos son usuarios frecuentes de nuestra sanidad. ¿Cómo piensa garantizar que los cobros de servicios prestados, parte de nuestro sistema de salud, se realicen de forma efectiva por el Gobierno del Reino Unido? Voy a poner un ejemplo concreto. En Canarias residen unos 30 000 británicos y desde 2010 casi 2,2 millones de británicos han visitado las islas, lo que supone un 33 % de todo el peso del turismo que tenemos en Canarias. Estas personas necesitan acceso a la cobertura sanitaria y debemos asegurarnos de que nuestro sistema de bienestar es capaz de reembolsarse esos costes por parte del sistema británico. Por tanto, es necesario que el Gobierno tenga en cuenta estas necesidades específicas, no solamente en Canarias sino también en otras comunidades autónomas, a la hora de diseñar las medidas que nos deben proteger de los efectos del brexit sin acuerdo, pero en este texto no están reflejadas. Nos gustaría saber si las han tenido en cuenta.

También lamentamos que el Gobierno pase de puntillas en este texto en un asunto tan importante como es la cooperación policial y judicial entre España y el Reino Unido, admitiendo, por ejemplo, que las euroórdenes que queden pendientes a la hora del brexit decaerán. Esto lo entendemos; lo que no entendemos es que no se presente ningún tipo de alternativa para reforzar la cooperación, tan necesaria, y evitar la impunidad de aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia. ¿Va a tener que contar España con la cooperación de un tratado bilateral de 1986 para afrontar este caso la lucha contra el terrorismo o la cibercriminalidad del siglo XXI? ¿Vamos a tener que remitirnos a la cooperación con la Interpol? ¿Está previsto por parte del Gobierno algún acuerdo de extradición moderno y que se adecúe a los parámetros actuales?

Echamos también en falta en este texto medidas de contingencia para las propias medidas de contingencia; es decir, no vemos por ningún lado las acciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en caso de que el Reino Unido no apruebe ese trato recíproco. O sea, no tenemos ni idea de qué pasará si el Reino Unido un día decide que no quiere cumplir; el Gobierno no ha preparado ninguna medida de contingencia para esas medidas de contingencia.


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Discrepo del portavoz del PDeCAT, que decía que no es un debate que esté de actualidad. En comunidades como Canarias sí está de actualidad porque afecta a nuestro sector agrícola, afecta a nuestro sector turístico que es la gran base de nuestro PIB en las islas y afecta a muchas partes y a muchos puestos de trabajo. Votaremos a favor de estas medidas por lealtad al Estado, porque estamos de acuerdo y del lado de nuestros jóvenes, por nuestros agricultores, por nuestras pymes y también por nuestros autónomos, pero ustedes lo que demuestran, probablemente por su alianza con los movimientos populistas y nacionalistas, es que no tienen proyecto real para nuestro país porque no han atendido a las especificidades de todo nuestro territorio nacional, ni siquiera han disimulado al transcribir, casi calcándolas, las propuestas hechas por la Comisión. Este brexit sin acuerdo -si llegamos a uno sin acuerdo- tendrá un impacto importantísimo en nuestra agricultura, en la cooperación policial y judicial, y también en nuestro sistema sanitario. Vemos muchas lagunas en este texto, nos hubiese gustado que esto hubiese venido a Comisión, que hubiese venido al Congreso y que hubiésemos llegado a un acuerdo de Estado, porque el acuerdo de Estado es para defender a todos los ciudadanos de nuestro país. Lamentablemente también en algo tan importante como el brexit hemos visto una política de imposición y sin negociar con ninguna otra fuerza política porque todos sabemos que la verdad absoluta la tienen solo el señor Sánchez y su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, presidenta. Bo día. Buenos días.

Somos, hemos sido y seremos una fuerza política profundamente responsable y, precisamente por responsabilidad -no tanto para con la Unión Europea o para con el Reino Unido sino para con nuestros pueblos-, vamos a enfrentar de forma positiva, por decirlo así, este real decreto. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Sobre todo por ser una base para que, en el caso eventual de que se produzca una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, se garanticen por lo menos mínimamente los derechos laborales y sociales de la ciudadanía. En todo caso, esta situación y sobre todo las propuestas de acuerdo son una mala noticia desde nuestro punto de vista para la democracia europea. Aunque a día de hoy no se sabe qué es lo que va a suceder finalmente en el Parlamento británico, nuestra valoración de las propuestas de acuerdo y de la situación es muy negativa; entendemos que, además, se han dado en un marco de negociación donde ha primado, digamos, la protección de intereses económicos por encima de los derechos de ciudadanía y que se ha vuelto a insistir en un marco de estructura de acuerdo que incide en graves déficits democráticos. En todo caso, pensamos que ni la ciudadanía británica ni por supuesto la española ni la europea deben pagar el precio de la irresponsabilidad y de la incompetencia de determinados Gobiernos o de la Unión Europea.

Lo dijimos en el momento del referéndum y además fuimos la única fuerza política que lo dijo con claridad: de un proyecto europeo que defendiera los derechos sociales, la democracia y la dignidad de la vida de sus pueblos nadie se querría ir y creemos que ese es el elemento fundamental. El brexit, al igual que el auge de la extrema derecha, de los retrocesos en materia de derechos fundamentales, el auge de la xenofobia y otros problemas que invaden, que asolan Europa, evidentemente son muestra de esta Unión Europea y sin la austeridad de Bruselas no habría habido brexit ni Salvini ni Orbán ni tantas propuestas políticas que van directamente en contra de la propuesta de una Europa de los pueblos, de una Europa social.

En todo caso, volviendo al real decreto, nos preocupa -así se lo hemos trasladado al Gobierno- que no se haya respondido de forma positiva a muchas cuestiones que, a nuestro juicio y a juicio de muchos sectores importantísimos en este país, son centrales. Comprendemos y acatamos, lógicamente, el principio de reciprocidad, pero ni la ciudadanía española ni tampoco la británica en territorio español deberían pagar por los errores, el retraso o la falta de acuerdo para aprobar la legislación sobre la futura relación. Por ello, pedimos que el principio de reciprocidad, si bien debe ser un factor importante, no sea determinante ni definitivo a la hora de regular los derechos de ciudadanía. Asimismo -lo hemos dicho muchas veces de manera sistemática-, nos parece absolutamente fundamental que para enfrentar una


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situación como esta haya recursos humanos y materiales para que nuestro cuerpo consular pueda dar la debida cobertura a las emigradas españolas en territorio británico. Teniendo en cuenta la cantidad de españoles y españolas emigradas al Reino Unido, así como ciudadanos y ciudadanas británicas aquí, queremos saber qué mecanismo de coordinación entre ambos sistemas de Seguridad Social se implementarán tras el periodo de veintiún meses. Exigimos, evidentemente, que se asegure a la ciudadanía española en Reino Unido que seguirá recibiendo asistencia sanitaria universal y gratuita, independientemente de la creación del instrumento internacional y de la expiración del plazo de veintiún meses, y que se asegure asimismo al alumnado que desee realizar sus estudios en universidades u otros centros de formación que pueda hacerlo después de 2021 en los mismos términos.

Otro elemento absolutamente fundamental es que las órdenes europeas de detención no deberían extinguirse con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, algo que sucederá en casos tan importantes o lacerantes como puede ser la violencia machista. ¿Vamos a permitir que en un vuelo de una hora y media una persona se pueda evadir de la justicia? Entendemos que en ciertas materias sensibles la seguridad y la cooperación deben primar por encima de los términos en los que se ha negociado esta posibilidad de salida y que también vienen en el real decreto o que están ausentes del mismo.

Nos preocupa también la evasión fiscal. Entendemos y exigimos que a la hora de conceder nuevas autorizaciones de contratos se evalúe el riesgo de evasión fiscal y que, por tanto, no se autorice la prestación de servicios financieros si los beneficios que obtienen de prestarlos en España no se pagan aquí.

Finalmente, nos preocupan a nosotros y a los sectores dos materias especialmente sensibles: agricultura y pesca. Como todos sabrán, cada día llegan 1000 camiones procedentes de España al puerto de Dover con una carga que en un 35 % corresponde a frutas, hortalizas, carne y productos perecederos. Por poner un ejemplo, 23 barcos con base en Vigo pescan en las Malvinas u 80 barcos gallegos pescan en el Gran Sol. Y, sí, desde estos sectores hay una enorme preocupación por las lagunas que siguen existiendo y que siguen presentes en este real decreto.

En todo caso, es un real decreto, como decía, que no llega cuando quisiéramos y que no pone en el centro, como quisiéramos, los derechos de la ciudadanía, pero que, por responsabilidad, vamos a apoyar.

Una reflexión final: con brexit o sin brexit es evidente que la Unión Europea está en crisis y que es importante que no carguemos las responsabilidades de las instituciones y de la economía a la espalda de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, presidenta.

La verdad es que cuando preparaba la intervención me encontré con la sorpresa de la noticia, que no sé si es cierta, de que el Partido Popular iba a votar en contra de todos los reales decretos, y yo me preguntaba si también de este. La verdad es que el Partido Popular nunca decepciona y, cuando crees que lo has visto todo, siempre se saca una más gorda; en esa espiral de competencia con Vox por el voto más radical de la derecha hoy se nos ha destapado con un no a todo, parece ser: con un no a los intereses españoles, con un no a los trabajadores españoles, con un no a las empresas españolas, con un no a los transportistas españoles, con un no a los pescadores españoles, con un no a los estudiantes españoles y con un no a Europa, y este no les lleva a las mismas posiciones que la extrema derecha en Europa. Yo les diría que si quieren votar en contra de Pedro Sánchez, que lo hagan el 28 de abril, pero no perjudiquen a los españoles hoy. Les pido, por favor, que reconsideren esa posición. No es razonable ese no a todo. Y así podríamos seguir con todos los intereses de España que se ponen en riesgo con ese voto negativo del Partido Popular. El brexit es un tema de Estado que afecta a los intereses de España y de los españoles, pero, como siempre, parece ser que el PP pone sus intereses de partido por encima de los intereses de España y de los españoles. Me imagino que el miedo a la fuga de los votantes a Vox le ha llevado a traicionar su tradicional política proeuropea. Por tanto, garantizar los derechos de los españoles en materia como las pensiones, prestaciones de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, desempleo, asistencia sanitaria, titulaciones laborales, trabajadores fronterizos, homologaciones de títulos, acceso a la universidad, Erasmus, servicios financieros, régimen aduanero, contratación pública, transportes por carretera, transporte aéreo de pasajeros, cooperación judicial y policial, Gibraltar, eso es defender los intereses de España y de los españoles pero, como siempre, cuando llegan los momentos difíciles parece ser que el Partido Popular vuelve a fallar. Traicionan los intereses de los trabajadores españoles en el


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Reino Unido, de los trabajadores en el Campo de Gibraltar, de las empresas españolas, de los transportistas españoles, de los pescadores españoles, de los estudiantes españoles; traicionan a Europa y a España.

Frente al desastre que el referéndum del brexit ha provocado en el Reino Unido, el Gobierno de España ha de tomar medidas de carácter temporal para preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos y preservar el normal desenvolvimiento de los intereses económicos de España. El Gobierno de España tiene la obligación de no dejar indefensos a España y a los españoles, a sus ciudadanos y a sus empresas. Por eso, la posición del Grupo Parlamentario Socialista es votar a favor de este real decreto. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.

La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, señora Calvo, con este real decretoley el Gobierno, como siempre, llega tarde y mal, con unas Cortes Generales disueltas y a punto de celebrarse unas elecciones generales. Muestra de ello es que el brexit se tendría que haber aprobado el pasado viernes 29 de marzo y hoy, cinco días después, es cuando venimos a debatir la convalidación de este real decretoley. ¿Ese es su nivel de previsión y de preparación, señora Calvo? El problema de este Gobierno y del Partido Socialista es que las cosas serias, como el brexit, son precisamente las cosas que no se toman en serio. ¿Han hecho ustedes una estimación de cuál sería el coste de la implantación de nuevas barreras arancelarias para las empresas españolas? Supongo que no. Se lo voy a decir yo: 3100 millones de euros. En términos absolutos España sería el sexto país más afectado de la Unión Europea, especialmente en los sectores de la automoción, la alimentación y los bienes de consumo. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a estos sectores? Les responde que ellos hagan sus propios planes de contingencia. Debería darles vergüenza.

Para que se hagan una idea de lo que el brexit puede representar para España, el Reino Unido es el cuarto destino de las exportaciones españolas y el principal destino de la inversión extranjera española. Si la economía británica entrase en recesión a causa de un brexit duro, las empresas españolas tendrían que hacer frente a una caída del negocio. Le voy a dar más cifras. De los 19 000 millones de euros que exporta España al Reino Unido cada año, 4000 corresponden al sector del automóvil, otros 4000 corresponden al sector agroalimentario -principalmente, al arroz, las frutas, la carne y el queso- y otros 1000 corresponden al sector textil. De eso es de lo que están hablando los empresarios, de lo que hablan los trabajadores y los agricultores, pero ustedes están en otra dimensión. De eso habla la gente, pero el Gobierno de España no. A mí, como española y como valenciana, me preocupa especialmente que se produzca un brexit duro; de hecho, la economía valenciana es de las más expuestas a un brexit duro. El 57 % de las exportaciones valencianas se verían afectadas y estamos hablando de 127 millones de euros en juego. Pedro Sánchez no solo ha faltado a todos sus compromisos con los valencianos, sino que ha renunciado a defender los intereses valencianos en Europa. Le pondré un ejemplo, la naranja. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido cómplice con la naranja importada que viene de terceros países, haciéndonos competencia desleal. Desde luego, el Partido Popular se compromete con todos los agricultores valencianos a defender sus intereses y a no permitir que la crisis de la agricultura valenciana y de la agricultora citrícola aumente.

Son ustedes expertos en una cosa, en improvisación. La Unión Europea se lleva preparando para el brexit duro durante meses, igual que el resto de los países de la Unión Europea, pero ustedes, fruto de la improvisación, han tenido que hacer este real decretoley ómnibus por el que autorizan a los ministerios a desarrollar sin control cualquier disposición genérica y habilitan al Consejo de Ministros a no tener que declarar la urgencia para seguir legislando. Solo les ha faltado meter la exhumación de Franco también. Eso sí, de medidas de protección frente a un posible impacto del brexit en la agricultura, en la pesca o en el turismo, nada de nada.

Señora Calvo, he de decirle que como Gobierno tienen ustedes un honor: el de ser legislativamente hablando el Gobierno más chapucero de la historia en el período de tiempo más corto. Pero este decreto lo que viene a dejar claro es que la política internacional del Gobierno tiene un único fin, lo único que les preocupa es cuánto combustible le queda al Falcon, pero he de decir que los múltiples viajes del señor Sánchez no se han traducido en ninguna defensa de los intereses económicos y comerciales de España. Y hablemos de Gibraltar. Cuando empezó a tomar forma el brexit, el entonces Gobierno de España, un Gobierno del Partido Popular, dejó claro que Gibraltar era una cuestión de interés nacional y logramos un respaldo unánime de toda la Unión Europea como nunca antes habíamos visto. Pero ustedes tiraron por


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la borda el éxito de la diplomacia española. ¿Se olvidan acaso de lo que ocurrió el pasado noviembre del año 2018? Se lo recuerdo: mientras los intereses del brexit respecto a Gibraltar se estaban debatiendo en Europa, el señor Sánchez estaba en Cuba engrandeciendo, haciendo gordo el régimen castrista. ¿Y ustedes saben que entre ayer y hoy se está votando y aprobando la posición sobre Gibraltar en el reglamento de visados? Pues bien, han sido los diputados y diputadas del Partido Popular con González Pons a la cabeza los que han liderado esta defensa, los intereses de España. Por cierto, señora representante de Ciudadanos, he de decirles a ustedes, que alardean tanto de su patriotismo, que su grupo en el Parlamento Europeo, ALDE, es el que más en contra se ha puesto de los intereses de España respecto a Gibraltar. Y en cuanto a Podemos, desde luego hablar de Podemos y hablar de defensa de intereses de España fuera de nuestro país es totalmente incompatible, pero he de decirles que lo que ustedes han ido a hacer a Bruselas durante estos cinco años es a pasearse. Eso sí, comenzaron la legislatura yendo en autobús para sacarse fotos y han terminado la legislatura yendo en business y yendo con los coches oficiales del Parlamento Europeo.

Señores diputados, nosotros tenemos muy clara nuestra postura respecto a Gibraltar. En su día tuvimos que aceptar las condiciones impuestas por Reino Unido, ya que ellos eran Estado miembro y nosotros no, pero con el brexit somos nosotros, España, los que nos quedamos dentro del club y ellos se van. Tenían ustedes una oportunidad histórica, la primera en trescientos años, y la han dejado escapar.

Termino, señora presidenta. Señorías, en definitiva, una vez más estamos ante un ejemplo de improvisación y mala técnica legislativa, un asunto tan trascendental como el brexit tratado de la manera más irresponsable posible. Les ha faltado a ustedes pedagogía política. Una pestaña en la web de la Moncloa, ¿eso es lo que les importa a ustedes el brexit? En vez de dedicarse a preparar todos los escenarios han preferido descargar su responsabilidad en las empresas del sector privado y en los trabajadores. Menos mal que España tiene uno de los mejores cuerpos de funcionarios públicos de Europa. Ellos tendrán que hacerse cargo de su chapuza legislativa y el Partido Popular, al frente del Gobierno, trabajará para apoyarles en todo lo que sea necesario.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN. (Número de expediente 130/000062).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Traigo para su defensa y convalidación otro real decreto-ley, el 6/2019, que seguramente tiene mucho que ver con alguna meta que en el futuro podamos alcanzar, y es que nuestra Constitución, en una posible reforma, comprenda un principio rotundo de igualdad entre hombres y mujeres, como lo tienen la Constitución alemana, la francesa, la italiana o tantas otras que en el contexto de la Unión Europea han ido haciendo modificaciones constitucionales para obligar estrictamente al principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Nuestra Constitución solo alcanza a tener un artículo 14 que prohíbe la discriminación, pero no tiene un principio propositivo y rotundo de la igualdad, como sí lo tienen el resto de los países y de las democracias con las que nos relacionamos y con las que nos comparamos.

Las cifras hablan por sí solas; seis de cada diez parados son mujeres, y aunque avanzamos, porque las últimas cifras que tenemos son de 8 835 000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, estamos en casi 4 puntos porcentuales de menor empleo de las mujeres. Hay datos que explican la dificultad de las mujeres en el acceso al trabajo, en el camino curricular del desempeño de su consideración de trabajadoras en nuestro país. La cuantía de sus pensiones nos coloca no solo en una brecha, sino en múltiples brechas en las que transita nuestra vida, la de las mujeres españolas, desde el punto de vista de nuestros derechos laborales. Esto hace que el real decreto traiga causa lejana de la Ley de Igualdad de 2007, en tanto en


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cuanto esta ley se proponía achicar todos los espacios de desigualdad entre hombres y mujeres, y una causa mucho más cercana de otras dos leyes propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, una estrictamente ubicada en la brecha salarial y otra mucho más amplia en su ambición y en su contenido; y me refiero a todos y cada uno de los elementos que constituyen la igualdad laboral y ocupacional, pero sobre todo a la igualdad de trato, a la efectiva igualdad material de las mujeres españolas convertidas en trabajadoras. Hay datos que nos arrojan luz acerca de lo que ocurre en el modelo de acceso al empleo, al trabajo público o privado, y en el formato del tránsito de las mujeres hasta el final, hasta la jubilación. Tenemos pensiones menores que los hombres, hasta un 35 % menos: la pensión media de las mujeres de este país es de 781 euros y la pensión media de los hombres sobrepasa los 1200. Estamos hablando de contratos parciales, que para las mujeres son el 25,36 %, mientras que para los varones son el 7,28. Hablamos de que las mujeres trabajadoras tienen que dedicar el 77,5 % de su tiempo, que, evidentemente, detraen de su formación o de su ocio, a las denominadas tareas domésticas, mientras que los hombres trabajadores solo dedican un 32,9 de su tiempo a las mismas tareas. Estamos, por tanto, delante de un diagnóstico que nos aleja mucho de la igualdad real, de la igualdad efectiva en las condiciones de las mujeres en el trabajo.

A esto hay que añadir una circunstancia particularmente trágica, de la que no puedo dejar de dar cuenta en esta comparecencia. Si se confirmara el asesinato o la muerte de una mujer húngara ayer en la provincia de Alicante, estaríamos en el terrorífico dato de 990 mujeres asesinadas desde 2003, con la confirmación de la mujer asesinada en Tenerife a primeros de año. Se trata de garantizar la seguridad como derecho fundamental de la integridad física de nuestras vidas, como reconoce la propia Constitución, y de contemplar, a partir de nuestra seguridad como ciudadanas de una democracia, el principal derecho siguiente, que es la independencia económica, la posibilidad de proyecto personal propio a partir de las condiciones laborales.

Como ven, señorías, son razones urgentes. Para cuándo si no. Después de cuarenta años, todos los datos estadísticos arrojan año tras año la desigualdad de condiciones, los obstáculos, la no siempre igualdad de oportunidades en las que las mujeres competimos en nuestro propio sistema social, político y jurídico. Tenemos que mirar la indicación que nos hace el artículo 35, pero también el 9.2 de nuestra Constitución, para seguir desarrollándola, removiendo obstáculos y tomando decisiones legislativas en dirección a la desigualdad, en este caso acotada en las condiciones laborales.

Este real decreto abarca tres cuestiones particularmente importantes y otra que, de manera también final, afecta, fundamentalmente, a las mujeres de este país. Estamos hablando de equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Las condiciones en las que se desarrolla la maternidad no son condiciones estrictamente personales, íntimas o privadas del hecho y de la decisión de una mujer y de quienes la puedan acompañar para convertirse en madres biológicas o no. Se trata de considerar el hecho de la maternidad, y en general no solo de la paternidad, sino de la reproducción de la especie, de una manera global, social y política, de las repercusiones que tiene como gran obstáculo para muchas mujeres. Las cifras son las que son y las que daba antes, y son todas consecuencia directa de cómo armonizar y hacer compatible la maternidad con la consideración de ciudadanas y de trabajadoras de las mujeres de este país, particularmente de las más jóvenes.

Para que todo eso sea posible, para que la respuesta sea dada también en términos políticos y de responsabilidad colectiva de una sociedad y del conjunto del sistema político de nuestra democracia, es necesario tomar decisiones importantes para que las mujeres y los hombres que afrontan la paternidad y la maternidad lo puedan hacer en unas condiciones de armonía con relación a sus propios proyectos personales, que son también proyectos laborales. Para esto es necesario que nos vayamos acercando a lo largo de tres años, que es lo que contemplamos en este real decreto, a la propia instrucción de la normativa comunitaria, y particularmente a la directiva, que indica que al final del camino, de estos tres años, alcancemos las dieciséis semanas de permiso de paternidad y de maternidad y que hagan posible que la circunstancia del cuidado de los hijos y de las hijas, de los menores, no se convierta en un obstáculo en el camino profesional y laboral de sus madres. Pasamos de cinco a ocho semanas. Desde el 1 de abril, desde anteayer, el otro progenitor distinto a la madre biológica disfruta de ocho semanas. A partir del año que viene, de 2020, serán doce, y en 2021 podremos disponer de dieciséis semanas, que es la indicación de algunos países que ya la tienen alcanzada en Europa y la indicación de la directiva.

Estos permisos además deben ser iguales, son intransferibles y retribuidos al cien por cien. Hablamos, como decía hace un momento, de dar una respuesta jurídica, política, democrática, colectiva y social al hecho de la reproducción, de la maternidad y de la paternidad. Tenemos que hacer modificaciones no


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solamente en el Estatuto de los Trabajadores, también en la Ley General de la Seguridad Social, una adaptación de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y naturalmente no desatendemos al ámbito privado, particularmente al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos de la Seguridad Social, para tomar una decisión que abarca todas las posibilidades de trabajo y ocupación de las mujeres en cualquiera de los ámbitos posibles en nuestro país: igualdad a la igualdad, particularmente considerando que el camino final de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es la independencia, el sostenimiento por sus propios medios de las mujeres, tal cual ha sido en el ámbito tradicional de sociedades sexistas como la nuestra, pero en este caso sí de los varones.

Tomamos una segunda medida importante, contrastada su eficiencia en otros sistemas jurídicos del entorno europeo, y me refiero a la necesaria obligación de confeccionar planes de igualdad, en este caso de manera mucho más exhaustiva que indicaba la propia ley de 2007, en tanto que habrá que hacerlos obligatoriamente y tendrán que ser registrados en un registro que desarrollaremos reglamentariamente en empresas de hasta cincuenta trabajadores o trabajadoras. Para este importante punto de esta normativa, de este real decreto-ley, haremos particular hincapié en la capacidad de negociación, de acuerdo, y de una manera mucho más profunda diría de la capacidad de influir y de decidir de las propias mujeres en el ámbito empresarial, en las empresas en las que están como trabajadoras, para determinar las condiciones en las que consideran que estos planes de igualdad hacen compatible su condición de trabajadora y de madre. Lo haremos con particular intensidad porque el derecho a esa corresponsabilidad y esa armonización de la vida personal, de la vida laboral y, en este caso también de la respuesta a la maternidad y a la paternidad, no se considerará un elemento de negociación simplemente, se considerará un derecho a negociar en las condiciones ad hoc en cada uno de los ámbitos laborales de manera completamente contundente.

Un tercer elemento particularmente importante, también por la eficacia que ha resultado tener en otros sistemas de países de nuestro entorno, es la publicidad de las tablas salariales. La denominada brecha salarial se produce por muchas circunstancias. Hay una brecha salarial que denominamos pura y dura y es esa discriminación en el salario de muchas mujeres, que alcanza en algunos países hasta el 25 % del salario entre hombres y mujeres, y que se produce por un trato radicalmente injusto de a igual trabajo, desigual salario. Hay otro tipo de brecha salarial que se produce de manera indirecta por las condiciones acumuladas del formato de itinerario laboral, que acaba teniendo como resultado también un menor sueldo y, naturalmente, a partir de ahí y en relación con las cotizaciones una menor y, por tanto, peor pensión para las mujeres.

Hemos tratado de mejorar las pensiones no contributivas, las mínimas, las pensiones de viudedad que afectan, fundamentalmente a mujeres, con lo cual a lo largo de estos diez meses hemos ido mejorando con mucho la condición de las pensiones de las mujeres; 1,8 de mejora en apenas diez meses es el resultado final de las retribuciones de las pensiones de las mujeres. Aun así hay que seguir avanzando en la premisa mayor, en el modelo de itinerario laboral que les permita obtener unas cotizaciones para alcanzar una equiparación en las pensiones entre hombres y mujeres. Para esto necesitamos tablas de transparencia salarial. Funcionan en otros países y permiten que a muchas mujeres, naturalmente al conjunto de los trabajadores de una empresa también, puedan acceder al dato que les permita corroborar y saber cuál es el nivel de su discriminación, si la hay, y, obviamente, la posibilidad de reaccionar a esa discriminación en términos de derecho, de defensa de su derecho a la no discriminación. Se trata de introducir en nuestro país el concepto europeo consolidado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de trabajo de igual valor. Se trata de hacer la introducción jurídica de este concepto en nuestro ordenamiento interno, de tal manera que podamos defender en la justicia española del trato discriminatorio a las mujeres.

En este libro de registro de salarios, al que podrán tener expreso acceso las mujeres -también los hombres- que consideren que pueden estar en una situación de discriminación, hacemos una particular puntualización. Habrá situaciones de discriminación salarial que puedan estar justificadas desde el punto de vista de la política de recursos humanos y de salario de cualquier empresa. Pero en caso de que se produzcan criterios de identidad entre hombres y mujeres, que se pueda demostrar que lo es por género, por sexo, seguirá existiendo la posibilidad de defensa. Cuando pueda ser por otros criterios, se podrá aceptar esa variabilidad de salarios en función de la organización del trabajo, por lo que tendrá que demostrar la empresa que no hay una discriminación por sexo en la discriminación de salarios en el reparto del mismo, que es lo que pretendemos garantizar con esta puntualización expresa de la normativa que hoy traemos a la consideración, al debate y a la convalidación de sus señorías.


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Reconocemos también en esta normativa el derecho, no solamente la posibilidad, a la adaptación de la jornada de trabajo. Como les señalaba a sus señorías al principio de mi intervención, los contratos a tiempo parcial son de las mujeres, pero no lo son por un gusto particular de las mujeres; tener, evidentemente, un trabajo a mitad de tiempo y a mitad de salario, lo es porque -como también les decía a sus señorías- las mujeres en general -y las mujeres trabajadoras en particular- asumimos las tradicionales tareas de una sociedad sexista. Las horas de dedicación cantan, la contratación a tiempo parcial canta suficientemente bien para saber quién se sigue haciendo cargo de esas tareas, entre las cuales está, naturalmente, el cuidado de los menores de doce años en nuestro país. Es necesario que la adaptación de la jornada en el caso de las personas trabajadoras, hombres o mujeres -afectando, evidentemente a las mujeres en mayor grado- sea también un derecho a negociar, porque a sus señorías no se les escapa que estamos hablando de igualdad material y real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y ocupacional, pero estamos hablando también de cómo solventamos el cuidado de los menores en este país en general, el valor superior a proteger de la infancia y de los menores en nuestro país al que, obviamente, como valor superior estamos convocados todos, y de manera más directa y particular quienes son responsables jurídica y emocionalmente de ellos como padres o como madres. Esto lo hacemos respetando obviamente la negociación colectiva, pero previendo un procedimiento que va a facilitar con mucho que se realice de forma acordada la regulación de la jornada para hacer frente a esta circunstancia determinante de la vida, determinante del modelo de sociedad y necesaria a la respuesta de un sistema político que se mire a sí mismo con valores democráticos profundos.

Por otro lado, incluimos alguna particular circunstancia que nos preocupa y que afecta a las mujeres víctimas de violencia de género. Será nulo el despido de las mujeres víctimas, de trabajadoras víctimas de violencia de género que como consecuencia del ejercicio de los derechos que necesiten, y que tengan para la tutela judicial efectiva, se puedan ver alterados en su camino laboral. Esta es una realidad que existe, señorías, es una realidad que existe para las mujeres que son víctimas de violencia, con un camino tortuoso y difícil en el desarrollo de su vida laboral, de su vida como trabajadora. Hemos de proteger la particular situación de vulnerabilidad en la que se hallan estas mujeres trabajadoras en todo el circuito laboral y, por eso, esta puntualización importante de la normativa que hoy presentamos.

Por último, pero también muy importante, un aspecto relativo a las diferentes brechas que afectan a la vida laboral de las mujeres de nuestro país. Me estoy refiriendo a la recuperación con cargo a la financiación pública de las cuotas de la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales. Todos sabemos que la inmensa mayoría -estamos hablando de más del 84 %- de las personas que abandonan el circuito formal del trabajo para atender a miembros de su familia con particular necesidad de atención y de dependencia -no solamente nos referimos a los mayores, sino también a los enfermos e incluso a niños y niñas con enfermedades difíciles- son mujeres. Son las mujeres las que abandonan su trabajo para cuidar a los demás, no solamente a partir de la denominada ética de los cuidados, tan necesaria de consideración política y jurídica, sino que produce para ellas obviamente la interrupción de las cotizaciones y una brecha particularmente cruel en las pensiones, porque no solamente se produce por la falta de cotización, sino que se convierte, además, de manera, como decía, cruel el castigo que se produce contra ellas por haber abandonado sus trabajos para cuidar a los demás. Estamos hablando del año 2012, cuando el Gobierno suprimió estas cotizaciones, de 180 000 cuidadores y cuidadoras que abandonaron su trabajo para cuidar de los demás, que interrumpieron su cotización y que alcanzan casi, repito, una cifra que se acerca el 90 % de mujeres. Vamos a restañar esta brecha intolerable en las pensiones de quienes además presentan el mejor rostro no solamente humano, sino también comprometido ética y emocionalmente con la solidaridad a partir de este momento.

Hemos achicado un 1,8 la brecha de las pensiones de las mujeres en apenas diez meses y tenemos que continuar haciéndolo porque, repito, se produce con particular crueldad y necesitamos que estas medidas, que forman parte de una primera reacción por la igualdad real en el ámbito laboral de hombres y mujeres, continúen con el resto de los contenidos de la ley que no ha podido salir adelante y que al menos se conviertan en una parte importante de las decisiones urgentes y necesarias, al menos por lo que respecta a la actividad y a los objetivos que quiere cumplir este Gobierno.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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En el turno de fijación de posiciones, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.

La verdad es que en Euskal Herria Bildu lamentamos decir que una vez más el Gobierno nos muestra la nula voluntad de derrocar las diferentes reformas laborales que vienen ofreciendo a la patronal un excesivo margen de maniobra y discrecionalidad; realidad ante la que la efectividad de los cambios que se plantean, más cosméticos que profundos, es más que dudosa. Para abordar la brecha salarial y la desigualdad es necesario actuar sobre la contratación, atajar la parcialidad, la temporalidad, la precariedad de los contratos de las mujeres, así como avanzar en medidas que favorezcan la conciliación para dar pasos hacia la corresponsabilización y equiparación de derechos y obligaciones entre padres y madres en materia de cuidados. Esa visión integral brilla por su ausencia y, aunque vía ampliación de algunos derechos se dan pasos en la buena dirección, esta se queda corta y no aborda la necesaria superación de la división sexual del trabajo en todos los ámbitos.

Por ello somos muy críticos con el escaso alcance de las medidas que se proponen, aunque menos es nada, por lo que apoyamos la ampliación de los permisos de paternidad, ya que nos acerca a ese escenario futuro que anhelamos de permisos igualitarios, intransferibles y remunerados al cien por cien. Somos críticos con el planteamiento sobre los planes de igualdad que se realiza, pues su propia existencia y contenido estará ligado al impulso de la propia clase trabajadora, en una correlación de fuerzas claramente desfavorable ante la patronal en el marco actual. Nos parece inaceptable, por ejemplo, que en el registro que se plantea, las causas de desigualdad retributiva entre hombres y mujeres solo deban incluirse si la brecha salarial supera el 25 %, cuando sabemos que el salario medio de las mujeres en la actualidad es un 23 % inferior y parecería, por tanto, que esa brecha realmente no existe, y es mucho más que lo que podríamos acertar. Tampoco se plantea ninguna medida dirigida a resolver las discriminaciones que padecen las empleadas del hogar, aun siendo el segundo recurso en la atención de personas con dependencia, por detrás de la familia y a mucha distancia de los servicios públicos y concertados.

Así pues, somos partidarios de avanzar; apoyamos el avance que supone la ampliación de los permisos de paternidad y algunas otras de las medidas en las que, como no tengo tiempo, no puedo profundizar, pero en cuanto al resto de las medidas, tengo que reconocerles que tenemos serias dudas sobre la efectividad de unas medidas que son genéricas y que no van a la raíz del problema.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Baldovi Roda.

El señor BALDOVI RODA: Moltes gràcies, presidenta.

En primer lugar, quería adherirme a las consideraciones que ha hecho el representante del PNV, el señor Esteban, en el sentido de que probablemente hubo tiempo de hacerlo antes y así no estaríamos discutiendo esto dentro de la campaña. Probablemente también habría dado tiempo a presentar enmiendas, en nuestro caso, por citar solo una, en el sentido de que las familias monoparentales -que ya forman una parte importante de las familias- se pudieran sumar los permisos de la madre y del padre o, en todo caso, que pudieran designar otra persona, porque si no estarían en desventaja. También habríamos podido presentar otras enmiendas en el sentido de ir aumentando paulatinamente las semanas. Nos parece que aumentamos, pero nos quedamos cortos. En todo caso, votaremos a favor porque entendemos que preferimos dar dos pasos hacia adelante que quedarnos parados, aunque sea fuera de tiempo.

Haré una consideración final. Oía el otro día a un destacado socialista, el señor Simancas -a quien tengo mucha consideración-, quien decía que si no hubiera habido un Gobierno socialista todo esto no habría salido. Me gustaría decirle al Partido Socialista que si no hubiéramos estado los demás, esto hoy no saldría. Si no estuviera Compromís, si no estuviera Bildu, si no estuviera el PDeCAT, si no estuviera el PNV, si no estuviera Esquerra, esto no saldría. Quiero decir con esto que probablemente -y es un aviso a navegantes- con esta parte de aquí los viernes sociales hubieran podido convertirse en viernes negros. Por tanto, cuando algún destacado dirigente del Partido Socialista, en concreto el número dos, el


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señor Ábalos, habla de gobernar con algunos, ¡atención!, porque probablemente estos viernes serían de otra manera.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Bon dia a tothom.

Desde 2015-2016 estamos instalados en los tiempos del por primera vez: por primera vez, de nuevo, en un periodo de Cortes disueltas, esta Diputación Permanente analiza un conjunto de reales decretos-leyes que no son estrictamente técnicos o que responden a una urgencia, sino que expresan la voluntad del Ejecutivo de desarrollar un programa electoral; y nos pone a todos los grupos en una situación complicada en términos políticos, genera también dificultades en la propia gestión de la Cámara de esta situación, nos plantea la duda de si es razonable que tramitemos como proyectos de ley estos reales decretos cuando tenemos discrepancias o dudas sobre algunas consideraciones; se nos plantean también dudas -algunos portavoces como el señor Esteban y el señor Baldoví lo han puesto de manifiesto- porque son textos en los que no hemos tenido ocasión de participar y en la lógica que estamos es en la de lo tomas o lo dejas. El Gobierno, señora Calvo, ha establecido un precedente de cara a futuro. Vamos a ver qué mayoría se configura en la próxima legislatura, pero comentábamos hace unos minutos que quizá si ustedes no pueden gobernar, un nuevo Gobierno por la vía del real decreto-ley derogue estas normas. No es un buen precedente el que hoy establecemos en términos de las reglas parlamentarias, del respeto a las normas y a los procedimientos y al propio beneficio de las instituciones.

A favor suyo se ha de decir -explica esta decisión- que nos hemos encontrado durante el periodo de Gobierno socialista con otro abuso de la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa, que ha impedido la tramitación de buena parte de las iniciativas legislativas del Gobierno. Ha habido otro abuso de las normas previstas, el Reglamento no contempla las ampliaciones de plazos hasta el infinito -es una perversión del Reglamento- y las perversiones de unos nos lleva a las perversiones de los otros; todo ello conlleva la degradación de la institución parlamentaria, y creo que hemos hecho un mal favor al sistema democrático.

Sobre el fondo del real decreto-ley, vamos a votarlo, como no puede ser de otra manera. Hemos defendido la ampliación del permiso de paternidad. En esta Cámara fue pionera en esa dirección mi colega la señora Mercè Pigem y, por tanto, somos coherentes en esa dirección. Simplemente trasladamos una preocupación: para el tejido de las pequeñas empresas y para las microempresas, buena parte de estas regulaciones son vistas como costes que dificultan la gestión de estas empresas. Habrá que establecer algún tipo de acompañamiento del tejido de las microempresas y las pequeñas empresas, no vaya a ser que la consecuencia de la regulación sea una mayor dificultad en el tejido de pymes y de micros de mujeres. Siempre que protegemos a las mujeres con este tipo de regulaciones, que son imprescindibles para avanzar en ese objetivo de la igualdad, el riesgo es que el tejido empresarial de pequeñas empresas lo considere como una dificultad; ahí hecho en falta una adaptación a las microempresas y un apoyo a las pequeñas y microempresas en ese recorrido.

Finalmente, en relación con la equiparación salarial, bienvenida cualquier aproximación legal en esta materia, pero quiero recordar que, o es la negociación...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.

... negociación colectiva la que lo aborda o difícilmente algunos de estos problemas los vamos a poder resolver, y ahí hay mucho terreno a recorrer.

Nada más. Gracias y disculpe.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Muy brevemente, porque creo que los aspectos sustanciales ya han sido puestos de manifiesto. En efecto, es una realidad incuestionable que existe una brecha de género tanto en el empleo, en el paro, en el cuidado a personas dependientes y en las tareas domésticas, y también una desigualdad en las condiciones laborales. A tal fin, este decreto-ley plantea una serie de reformas normativas. Es una ley


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multidisciplinar que afecta a siete disposiciones de carácter general, desde la Ley 3/2007 de Igualdad, pasando por el Estatuto de los Trabajadores, Trabajadores autónomos, Lisos, Seguridad Social, EBEP, etcétera.

Las medidas más sustanciales y sus aspectos más relevantes ya han sido puestos de manifiesto tanto por la señora vicepresidenta como por los demás portavoces que me han precedido. Sin entrar en las cuestiones generales, que ya han sido apuntadas por el portavoz de mi grupo parlamentario en su primera intervención, sí quisiera destacar algunos aspectos y de manera muy puntual. El primero es el referido a la equiparación de permisos de paternidad y maternidad. La pregunta que nos surge es: ¿Realmente es adecuado utilizar un real decreto-ley cuando parte de esas medidas se difieren al año que viene y al siguiente? Me estoy refiriendo a que para cumplir doce semanas es el año que viene, 2020, y para llegar a las dieciséis semanas es el año 2021. ¿Es razonable publicar un decreto ley en este momento cuando tiene una entrada diferida a dos años? No para las cuatro primeras semanas, efectivamente.

Respecto a los planes de igualdad y el registro, también nos plantean una duda sobre, sin volver a sumarnos a cuestiones generales, la procedencia del decreto ley. Primero, los planes de igualdad van a ir asociados a un registro que se desarrollará por reglamento. Para empezar, una medida que se hace colgar su eficacia de una disposición, de un instrumento reglamentario que depende del Gobierno y que no sabemos cuándo va a dictar, queda un poco todo diferido en el tiempo. Lo mismo sucede con el concepto de implantación progresiva de los planes de igualdad, sin discutir que compartimos la necesidad y creemos que es un instrumento importante y, sobre todo, que queda reforzado por una facultad sancionadora al modificarse la Lisos, la Ley de infracciones.

Por lo que se refiere a otras cuestiones, hay que enfatizar -quizá no es tan visual- en el principio de igualdad de trabajo e igualdad de retribuciones. Consideramos que son importantes e interesantes las regulaciones que se hacen sobre las condiciones de trabajo, es decir, las limitaciones, por un lado, a la adaptación de la jornada de trabajo, las condiciones para la conciliación o ciertas limitaciones para la distribución de jornada y la movilidad geográfica. Consideramos que son unas cuestiones importantes. Quizá no vamos a tener ocasión de debatirlo como un proyecto de ley o una tramitación de una ley ordinaria porque pudieran salir medidas de igual dimensión e importancia, pero, dado el momento en que se ha adoptado el decreto ley y el momento de la legislatura, nos va a ser imposible.

También quería recalcar una carencia -ya lo ha puesto de manifiesto la portavoz de Bildu- y es no contemplar en ninguna dimensión el trabajo de los empleados domésticos, así como los cuidadores o las cuidadoras no profesionales en situaciones de dependencia y, sobre todo, con un envejecimiento de la población del Estado. Es una carencia que no se haya tenido en cuenta en ningún aspecto a las empleadas domésticas.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia.

Todo lo que sea avanzar bienvenido sea y esperemos que se pueda tramitar como proyecto de ley para poder mejorar algunas cosas. Parece que ahora ha entrado la prisa. Me guardo la tralla para el punto siguiente cuando me toque intervenir y en este simplemente quiero indicar que, como decía antes, se pueden mejorar algunas cosas; concretamente, lo que decía el señor Baldoví anteriormente sobre la reivindicación -que me parece más que justa- de las familias monoparentales. Hacemos nuestras las reivindicaciones de la Plataforma de Familias Monoparentales de Cataluña y de la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales. Como ellos bien dicen, la nueva ley propone que ambos progenitores tengan un permiso de dieciséis semanas remunerado al 100 % para cuidar a sus hijos, que suman un total de treinta y dos semanas de cuidados, pero discrimina a los hijos y las hijas de las familias monoparentales. En esta ley las familias monoparentales no son tenidas en cuenta en sus especificidades y resultan discriminadas, dejando en desventaja a los menores -que es la parte importante- que solo tienen un progenitor o una progenitora, situándolos en una clara discriminación.

Creemos que es incuestionable que todos los niños y las niñas merecen disfrutar de atención y cuidados y que tienen derecho al mismo número de días de cuidado familiar con independencia del modelo de familia al que pertenecen. Me parece que esto es muy importante porque hablamos de menores. Esta ley solo hace mención a las familias monoparentales en la sección segunda, supuesto especial, en su artículo 182, prestaciones económicas. Según se detalla en el artículo 182 de la sección


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segunda, supuesto especial, las familias monoparentales gozarán de un incremento de catorce días naturales -que suman un total de dieciocho semanas de cuidados- para el cuidado del menor o de la menor, durante los cuales ni se cotizará a la Seguridad Social por tratarse de una prestación no contributiva ni se cobrará el 100 % del sueldo, sino únicamente el 100 % del Iprem. De acuerdo con las mencionadas plataformas, solicitamos que se conceda una ampliación del permiso de nacimiento o adopción para familias monoparentales de dos semanas pagadas al 100 % de la base reguladora correspondiente por el bien del niño, ya que creo que su derecho está por encima del derecho laboral de los padres.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Treinta y cinco reales decretos en poco más de ocho meses de Gobierno. Frente a esos reales decretos -treinta y cinco, repito-, han presentado únicamente cinco proyectos de ley, que además han decaído. Los que somos juristas -y los que no también- ya estábamos escandalizados en su día por el uso del real decretoley que hizo el Partido Popular en la X Legislatura: setenta y tres en cuatro años, lo que suponía un 34 % de las iniciativas legislativas del Gobierno. Pero, señorías, el Partido Socialista ha batido un récord que ya nadie va a poder superar, un récord vergonzoso para un país democrático, el 100 %. Para el PSOE el Poder Legislativo no ha existido. Mientras Sánchez pone la alfombra roja al señor Torra y compañía, a los que se saltan las leyes, pretende ningunear a los representantes de la soberanía nacional y, en definitiva, a los ciudadanos. Todo su mandato ha sido un decretazo, el 100 % de las iniciativas legislativas han sido reales decretosleyes. La manera autoritaria de gobernar del señor Sánchez no es propia de una democracia liberal como es la nuestra, como tampoco lo es el uso intenso y partidista de la propaganda a través de las instituciones, que son de todos y que pagan todos los ciudadanos. El primer decreto que trajeron ya anunciaba esa colonización de las instituciones para la publicidad gratuita del señor Sánchez; no fue otro que el dedazo de Radiotelevisión Española para cargarse el concurso público. Y así han continuado ustedes. Los consejos de ministros son utilizados para atacar abiertamente a la oposición. Han exigido a funcionarios públicos de los diferentes ministerios información para un único y exclusivo fin: continuar atacando a la oposición. Las cuentas oficiales de los ministerios y del Gobierno han sido manipuladas para la propaganda. La propia Junta Electoral la ha tenido que apercibir a usted. Pero les da igual, porque ayer mismo hicieron propaganda desde la cuenta del Ministerio de Justicia pidiendo el voto para el Partido Socialista. Y eso por no hablar del CIS de Tezanos. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. La audiencia de Radiotelevisión Española ha caído en picado y se encuentra ahora mismo en mínimos históricos. No solo colonizan las instituciones, sino que además las destrozan.

Se han convertido ustedes en un grave peligro para la democracia y para la unidad de España: indulto, relator y ahora referéndum, como ya viene anunciando su pregonero Iceta para calmar a sus socios los independentistas. Conocemos bien sus artimañas por más que las intenten ustedes disfrazar. Ciudadanos nació en Cataluña para combatir lo que ahora se ha convertido en la hoja de ruta del Partido Socialista, así que nos van a tener enfrente, señorías, no vamos a permitir que rompan a pedazos este país ni que sigan degradando nuestra democracia. Grábenselo y dejen de engañar y disimular con mensajes absurdos a través del señor Ábalos. Su alianza con los independentistas y los populistas ya está hecha; ha visto lo que ha dicho el señor Baldoví.

Dicho esto, ahora toca hablar de medidas para la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral, en especial de la equiparación de los permisos de paternidad, algo que para Ciudadanos ha sido una absoluta prioridad, como hemos demostrado siempre. Lo incluimos en el pacto de la legislatura fallida con aquel señor Sánchez que ya no existe, lo incluimos en el pacto de legislatura con el señor Rajoy, y después negociando esos presupuestos, cuadrando los presupuestos para que en solo dos años los permisos aumentaran tres semanas, cinco en total, gracias a Ciudadanos. Y repito, cuadrando las cuentas. ¿Saben lo que hizo en ese momento el Partido Socialista? Negarse a negociar y votar en contra. Así que ahora no hablen de urgencia, por favor, para ustedes nunca lo ha sido. Como tampoco lo era para el señor Iglesias, que, a pesar de votar en contra, hoy puede dar fe de que las medidas naranjas, como el aumento de los permisos de paternidad, son una realidad; como sabe todo el mundo en este país, y seguramente los de alrededor, ha sido padre y se ha beneficiado de ese aumento.


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Y miren, nuestras medidas además se pueden pagar, porque cuadramos las cuentas al milímetro, nada de humo o déficit, que es lo que traen otros. En cambio a ustedes las cuentas, las familias, les dan igual, porque lo único que quieren hacer es su campañita. El compromiso es el nuestro, que sin gobernar todavía negociamos y exigimos; dudo mucho que ustedes desde su sectarismo sean capaces de hacer algo así alguna vez. Sin el Falcon parece que los ciudadanos poco importan, y a las pruebas me remito.

Su compromiso con la igualdad es el siguiente: utilizar este decreto para el 8 de marzo. Lo publican el día 7 y, acto seguido, salen las ministras a la manifestación, incluida por cierto la que le decía a Villarejo que la prostitución para extorsionar era un éxito seguro. Todas detrás de una pancarta saltando y gritando consignas pretendiendo ridiculizar a otras mujeres, a nosotras, las de Ciudadanos, y también a las del Partido Popular, y con nosotras a las que nos votan. El espectáculo que dieron ustedes fue bochornoso. Dejen ya de degradar el feminismo, por favor. Al mismo tiempo, mandaron a sus juventudes socialistas a abuchearnos y a intentar amedrentarnos. ¿Pero ustedes qué se han creído? No lo van a conseguir. En Ciudadanos tenemos ya mucha experiencia con estas cosas. A nosotros nadie nos va a decir dónde tenemos que ir o dejar de ir, y mucho menos si se trata de defender la igualdad. Que les quede muy clarito, a esa cita nunca vamos a faltar, ya sea para defender la igualdad entre mujeres y hombres, ya sea para defender la igualdad entre españoles, una cita a la que, por cierto, ustedes faltan siempre.

Vamos a votar a favor de convalidar este decreto-ley, porque, señorías, a diferencia del Partido Socialista, nosotros tenemos como prioridad a los ciudadanos. Estamos aquí para hacer política útil y constructiva. Pregunten al señor Iglesias, que ha comprobado de primera mano lo que es el aumento de los permisos de paternidad. Como esa, algunas de las medidas que se incluyen son medidas que ya empezó a poner en marcha Ciudadanos y algunas otras las han sacado de nuestra proposición de ley de igualdad de conciliación y familias que no pudo llegar a debatirse. Prueba de ello es que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado ya previamente otra proposición de ley que no incluía estos puntos de la ley de Ciudadanos que ahora sí recoge el real decreto.

Pese a todo ello, olvidan también, como se ha dicho, cuestiones importantísimas en esta iniciativa. Y es que yo no sé qué manía tienen el Partido Popular y el Partido Socialista, que se olvidan siempre de determinados modelos de familias. ¿Qué pasará con esas familias monoparentales, con un solo progenitor, mujer en este caso, porque la mayoría son mujeres, con la mitad de familia extensa que podía ayudar con los niños? Evidentemente son las que tendrán mayores dificultades para conciliar. Pues ustedes todo eso lo pasan por alto, así como el interés superior del menor, que en este caso estaría en desventaja. ¿No sería justo que esa progenitora o progenitor tuviera derecho a disfrutar de la suma total de los permisos concedidos al padre y a la madre? Desde luego, en Ciudadanos lo tenemos muy claro, y la respuesta es sí.

En este decreto echamos también en falta más medidas que profundicen en elementos de conciliación, corresponsabilidad, mejora de la información de los trabajadores en cuanto a elementos de discriminación salarial por sexo, así como ayudas -lo ha dicho también el señor Campuzano- e incentivos para las empresas. Esto es básico; si no, seremos las mujeres las que pagaremos el pato.

Tenemos reticencias también con los plazos establecidos para el desarrollo y aplicación de los planes de igualdad. Por cierto, en Andalucía ninguna consejería cuenta con un plan de igualdad desde el año 2007, que fue cuando se aprobó la ley, y usted ahora viene a sacar pecho y a hablar de la necesidad de esa obligatoriedad, cuando ustedes no han hecho nada. Algo muy importante que también olvida el Partido Socialista es la evaluación de las políticas. Ahora lo entendemos, visto lo que está pasando en Andalucía. Ustedes, cuando gobiernan, no cumplen y, por eso, es mejor no evaluar, claro.

La señora PRESIDENTA: Señora Reyes, tiene que terminar.

La señora REYES RIVERA: Voy terminando, presidenta.

Que las leyes no se queden en pancartas es lo que queremos. Si no se hace un seguimiento y evaluación, no sabremos si funcionan o si toca cambiarlas o mejorarlas. Por todo eso, si se convalidara este real decreto-ley, Ciudadanos pedirá su tramitación como proyecto de ley. Nosotros no nos resignamos a presentar esas enmiendas. El Legislativo tiene que tener también su papel.

Señorías del Partido Socialista, todavía responsables del Gobierno, conocemos muy bien sus chapuzas e incumplimientos -nos los hemos encontrado, como he dicho, en el Gobierno de Andalucía- y ahora resulta que ha saltado la noticia de que se ha paralizado el subsidio para mayores de cincuenta y dos años por las lagunas que tiene su decretazo. Nos consta también, y tengo que decirlo aquí, la preocupación de funcionarios y trabajadores de la Seguridad Social, porque ustedes no han proporcionado


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las herramientas informáticas necesarias para abordar el registro de solicitudes de los permisos de paternidad. Así que, por favor, no jueguen con las ilusiones y las necesidades de las personas y cumplan, al menos durante este mes que les queda de gobierno.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vera Ruiz-Herrera.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señora presidenta.

Antes de entrar en materia, quisiera dirigirme a la portavoz del Grupo Ciudadanos. Señora Reyes, tremendo mitin ha soltado en la primera parte de su intervención, y eso que no quiere que se utilicen las instituciones con fines electoralistas. (Aplausos). Quisiera aclararle también que los hijos de Pablo Iglesias y de Irene Montero -no se refiere a la madre, pero está presente- nacieron el día 3 y su medida se publicó el día 5, por lo que no pudo acogerse a la misma. Lo digo para que quede claro. En todo caso, según su forma de entender el feminismo liberal, subiendo de semana en semana los permisos de paternidad y maternidad, igual en 2040 tenemos unos permisos más o menos decentes y de corresponsabilidad. Nosotros planteamos más de dieciséis semanas intransferibles y con el cien por cien del sueldo remunerado. (Aplausos).

Dicho esto, señora Calvo, quisiera mencionar que hemos perdido ya la cuenta -esto lo sabe usted- de todas las veces que hemos discutido en esta sede parlamentaria sobre medidas que frenen la agresividad de un sistema absolutamente patriarcal que, evidentemente, discrimina a las mujeres del sistema laboral y que nos quiere cada vez más en casa ocupándonos única y exclusivamente de las tareas indispensables de cuidados. Es un sistema patriarcal, además, que secunda la mayor parte de los partidos políticos que están aquí presentes. Estoy de acuerdo con usted en que este tema es muy importante y en que hay que hacer leyes eficaces que tengan consecuencias positivas para la sociedad, sobre todo en materia de empleo, en materia de igualad. Pero lo que nos traen ustedes aquí es lo contrario de lo que está diciendo. Es un real decreto muy superficial, señora Calvo, con medidas absolutamente estéticas, prácticamente una declaración de intenciones que profundiza solo un poco en la Ley de igualdad de 2007 pero que no avanza absolutamente en nada. No sé si es fruto de las prisas, como le ha pasado con otro real decreto, o fruto de intentar aprovechar esta situación, por la época en la que estamos, pero se han dejado fuera muchísimas cosas. En eso estoy de acuerdo con la mayoría de portavoces que nos han precedido.

Hace doce años que se publicó esa Ley de igualdad y a día de hoy las mujeres seguimos sin tener los puestos que nos corresponden en los consejos de administración, y esto es fundamental. Usted sabe que nosotros proponíamos otra cosa en este sentido. Nosotros proponíamos que se revisara el Estatuto de los Trabajadores y que los organismos que toman decisiones en materia laboral en este país, como son los sindicatos, tuvieran consejos de administración paritarios y unos procesos electorales también paritarios. Pero no vemos absolutamente nada de todo eso. Las decisiones sobre materia laboral para las mujeres las deciden los hombres... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: ... una y otra vez. Y eso nos parece muy importante. Insisto, parece que este real decreto es una declaración de intenciones. Lo que preocupa precisamente por eso es que al final se cierre en falso y se cierre por arriba con este decreto, que se dé carpetazo a las medidas que realmente tenemos que tomar. Usted ha hablado de reforma de la Constitución. Si habláramos de reforma de la Constitución, le haría muchísimas propuestas, pero no podemos esperar a eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer por ley y se pueden hacer ya, que no cuestan además un duro y que podrían haber incluido en este real decreto. Le pongo un ejemplo. Sigue sin instaurarse -no hablan de ello en absolutamente ningún punto- un sistema institucional que sea efectivo. Nosotros proponíamos que hubiese un consejo interministerial que pudiese tratar este tema de forma transversal con todos los ministerios, porque creo que es la forma de abordarlo. Pues no lo hemos visto, señora Calvo, la verdad, por ninguna parte. Si me equivoco, que espero que sea así, me corrige.

Decíamos también que queremos una dirección general y que necesitamos que existan estas oficinas de lucha contra la discriminación en cada una de las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo.


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Es fundamental que ese seguimiento exista, y eso se podría hacer ya, no hace falta reformar la Constitución. Tampoco han aprovechado para darle mayor papel al Instituto de la Mujer. Es importantísimo que se le otorgue más legitimidad y más participación al Instituto de la Mujer. Además, recuerdo que está muy bonito hacer un paro de dos horas el 8 de marzo, ir a la manifestación y hacerse una foto, pero no tiene ningún sentido si luego no son capaces de dar voz a las asociaciones feministas estatales que quieren tener presencia en el Instituto de la Mujer y en los sitios donde se toman decisiones. Para la foto siempre hay tiempo, pero vamos a escuchar a los movimientos sociales, no solamente en una pancarta, sino también en sitios donde puedan decidir, y no solamente nosotras, las representantes públicas.

Seguimos sin ver -estoy de acuerdo- nada sobre empleadas del hogar, y es fundamental que lo haya. Otra cosa que me parece gravísima es que no se menciona absolutamente nada en materia de Seguridad Social, y muy particularmente en materia de pensiones, con una brecha que está rozando el 39 %. Hemos tenido a los pensionistas rodeando el Congreso semana tras semana durante muchos meses. Nos dijeron que no se podía hacer nada, luego que sí podían y ahora resulta que sí se puede, pero no por ley, que es lo que nos dice el Partido Socialista. Y en esto, que tiene que ver con los derechos laborales y con la remuneración de las mujeres, no hay nada de las pensiones para las mujeres.

Sinceramente -ya con esto acabo-, nuestro discurso va a seguir siendo el mismo. Evidentemente nos encontramos con este real decreto y -lo comentaban otros portavoces- menos es nada, al final vamos haciendo cositas así, un parchecito por acá, las cosas del Partido Socialista con todo. Así es con todo, si no es un plagio de las medidas que presentan otros partidos son medidas descafeinadas, y yo creo que usted es consciente de que se podía haber ahondado muchísimo más. Vamos a apoyarlo evidentemente, trata un tema importantísimo que apoyamos, que hemos secundado, porque lo apoyaban los movimientos sociales, no nosotras, porque lo hacían asociaciones como la PPiiNA, defender los permisos de maternidad y de paternidad de dieciséis semanas de forma intransferible y cien por cien remunerados. Ni siquiera es su propuesta ni la mía, es la de los movimientos sociales, la de las asociaciones que llevan décadas trabajando por esto. Por supuesto vamos a apoyar este real decreto, como no podría ser de otra forma, pero, si se va a quedar en esto, poca esperanza y poco discurso feminista luego en una campaña electoral, en una pancarta en una manifestación, Señora Calvo, podríamos haber ido un poco más lejos, y usted lo sabe.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela Rodríguez.

La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Moitas grazas, presidenta.

Muy buenos días, señora vicepresidenta y ministra de Igualdad. Bienvenida a esta Diputación Permanente.

Antes de entrar en algunas cuestiones puntuales a las que no puedo evitar hacer referencia dado el ímpetu que han puesto algunos de los grupos parlamentarios en su intervención, me gustaría hacer algunas consideraciones con carácter general, que además usted ya ha reflejado en su intervención, pero que me parece importante no pasar por alto. Creo que podemos afirmar sin ningún género de dudas que el gran cambio y la gran transformación de nuestra sociedad en el siglo XX fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado, que significó pasar del ámbito doméstico, con tareas y actividades invisibles, a la par que no remuneradas, inherentes por tanto al ámbito de los cuidados y del papel reproductivo de la mujer, y dar ese salto al ámbito económico laboral que trastocó y que cambió para siempre de una manera determinante el modelo de sociedad que compartíamos en aquel momento. Pasar, por tanto, de esa invisibilidad para los indicadores económicos a la visibilidad remunerada no supuso, sin embargo, en absoluto que desaparecieran la prestación y el desempeño inherente de los cuidados, y sobre todo los condicionantes que derivan del factor reproductivo inherente a las mujeres. El origen, por tanto, de la desigualdad radica en la diferencia entre el trabajo productivo y el reproductivo o doméstico. La pertenencia a uno u otro género determina la práctica laboral: hombres para la producción -trabajo remunerado- y mujeres para la reproducción -trabajo no remunerado-.

La desigualdad, a pesar de lo que hemos avanzado, persiste no solamente en el acceso al mercado de trabajo, sino también en el desarrollo de la carrera profesional -como usted ha hecho referencia-, en la calidad en el empleo, en el salario con la persistente brecha salarial y en el ejercicio de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y el déficit de corresponsabilidad. Por tanto, conciliar es una responsabilidad de las mujeres, esta es la pauta que está arraigada en la sociedad y de ahí derivan los


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contratos a tiempo parcial, la solicitud de excedencias, las horas extraordinarias, las reducciones de jornada, las solicitudes de permisos e incluso el abandono o, mejor dicho, la expulsión del mercado laboral de las mujeres para el cuidado de los descendientes o dependientes.

Es cierto que la Ley Orgánica 3/2007 tuvo como objeto fundamental el hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre ambos sexos a través de la eliminación de discriminaciones directas e indirectas, pero también es cierto -y la realidad nos lo demuestra- que no se ha conseguido el resultado que nos hubiera gustado y que hubiéramos esperado. Por tanto, como persisten esas diferencias es necesario abordar un paquete de medidas legislativas que incidan de una manera determinante en esta cuestión.

En definitiva, el hecho de que esta situación de discriminación entre mujeres y hombres en el mercado laboral sea estructural no significa que no sea de urgente necesidad. Se establece, además, en la exposición de motivos o justificación de la propia norma. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho básico de las personas trabajadoras y garantizar el ejercicio de los derechos no permite ninguna dilación en el tiempo desde el Gobierno o desde la acción legislativa.

¿Qué estamos combatiendo con este real decreto? Las discriminaciones directas e indirectas; el acoso sexual y por razón de sexo; la discriminación por embarazo, maternidad, asunción de obligaciones familiares o el ejercicio de los derechos de corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral; las represalias por denuncias contra actos discriminatorios y los actos y cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. ¿Cómo se combaten todas estas cuestiones? Pues a través de siete artículos de este real decreto que influyen de una manera determinante en tantos otros textos legislativos de una manera muy evidente.

Voy a hacer referencia únicamente a tres o cuatro cuestiones que me parece que suponen un salto cualitativo en nuestra legislación y, además, marcan un antes y un después en la misma. En primer lugar, en relación con la Ley 3/2007, cuando extiende los planes de igualdad a empresas de cincuenta o más trabajadores, establece el contenido de los mismos y el registro de planes de igualdad de las empresas, que dependerá de la autoridad laboral competente. En dicho registro deberán inscribir esos planes de igualdad y para cuya elaboración les concede, además, un periodo transitorio variable. En el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en su momento por el Real Decreto 2/2015, se remarca el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se establece el derecho a la remuneración laboral correspondiente según el trabajo desempeñado, por tanto, igualdad de remuneración sin discriminación. Importante es que se extienda a los contratos a tiempo parcial y de relevo o en el periodo de prueba, modalidades contractuales en las que las mujeres suelen ser protagonistas. La definición en el artículo 28 de trabajo de igual valor y garantía de la misma retribución es lo que determinará por fin poder eliminar de una manera determinante la brecha salarial porque obligará a las empresas a llevar un registro con los valores medios de los salarios, complementos y percepciones extrasalariales, desagregados por sexos y categorías. Es ahí donde reside fundamentalmente la razón de la brecha salarial. Por supuesto, asimismo la equiparación de los permisos de paternidad, a la que ya hizo referencia la vicepresidenta y ministra, la adaptación de la jornada, las previsiones para las víctimas de violencia de género y también para las cuidadoras y cuidadores no profesionales.

Ahora me gustaría hacer unas reflexiones de carácter más incisivo. He escuchado decir que este Gobierno tiene el récord vergonzoso en promulgación de reales decretos. ¿Saben lo que es vergonzante? Lo vergonzante es que haya sido la Mesa de la Cámara la que haya retrasado y la que haya bloqueado de manera sistemática un conjunto muy importante de proyectos de ley, por cierto, entre los que se encuentra este proyecto de ley, que además ha sufrido sistemáticas ampliaciones de los plazos de enmienda, que no pudimos debatir en la Comisión de Igualdad, y que después se remitió a la Comisión de Empleo. Eso es lo que ha pasado en este caso concreto, como en otros muchos. Por lo tanto tengamos buena memoria. Esto es vergonzoso porque es burlar la mayoría parlamentaria de la Cámara. (Aplausos). La Mesa, que no tiene la mayoría parlamentaria de la Cámara, ha burlado el ejercicio democrático que corresponde a la mayoría. Eso sí que es peligroso para la democracia.

La diferencia fundamental radica, entre unos y otros o entre unas y otras, en que cuando gobierna el Partido Socialista desarrolla y pone en marcha proyectos legislativos que cambian sustancialmente la situación de las mujeres en el ámbito que corresponda, porque no es lo mismo legislar y en función de esa legislación desarrollar la acción ejecutiva que bloquear esa acción legislativa e incluso recurrir al Tribunal Constitucional. Por tanto no somos iguales y estas no son ocurrencias del Partido Socialista, estas son las ocurrencias de un Gobierno apoyado por los grupos parlamentarios que se identifican con la lucha a favor


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de la igualdad de las mujeres, y que de una vez por todas hemos dicho que es el momento y es necesario y que no estamos dispuestos a renunciar y a dar un paso atrás.

La señora PRESIDENTA: Señora Cancela, tiene que terminar porque ha finalizado su tiempo.

La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Termino ahora mismo, presidenta.

Lo han dicho las mujeres. Ha ocurrido el 8 marzo del año pasado y ha ocurrido el 8 marzo de este año. Se trata simplemente de escuchar, se trata de reflejar en la acción política lo que demanda la ciudadanía. No sé si otros pueden esperar, pero desde luego nosotros no lo vamos a hacer, y esta será una de las muchas normas que otros están intentando tumbar, como otras tantas -no sé que les pasa con las mujeres y pongo el ejemplo de la Ley del aborto-, pero no vamos a permitir que eso pase ni retroceder un solo milímetro mientras nosotros estemos en el Gobierno y mientras sigamos contando con la mayoría suficiente, que además así va a ser, según el resultado de las próximas elecciones del 28 de abril.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero Berzal.

La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Nos traen a debatir la convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, que el Partido Socialista aprobó el 1 de marzo en uno de sus mal llamados viernes sociales; digo mal llamados porque lo que hacen es convertirlos, en un Consejo de Ministros, en su principal instrumento de campaña electoral y aprobar normas irresponsables que comprometen el futuro del país y el mantenimiento del Estado del bienestar. Esto no lo digo yo ni lo dice el Partido Popular, señora vicepresidenta, se lo dice el Banco de España, que haciendo un análisis de los decretos del señor Sánchez estima que el déficit público este año será de 14 000 millones por encima del objetivo fijado. Señorías, vuelve a repetirse la historia: ustedes lo estropean, nosotros lo arreglamos.

Por supuesto que estamos de acuerdo en el fondo del texto. ¿Quién no iba a querer garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación? Pero, señora vicepresidenta, después de escuchar su intervención, lecciones, ni una. El Partido Popular es el partido más social, el que tiene siempre en el centro de sus políticas a las personas. (Rumores.-Risas). ¿Hablamos de empleo, señora vicepresidenta, que le hace mucha gracia? ¿Hablamos de empleo? Eso es hablar de personas, ¿no cree? Ocho millones y medio de mujeres trabajan y han conseguido empleo con el Gobierno del Partido Popular. ¿Sabe lo que ha hecho en nueve meses el señor Sánchez? Sesenta y dos mil mujeres más paradas, menos empleadas. ¿Seguimos hablando de personas? ¿Miramos las políticas de conciliación, señora vicepresidenta, a ver si esto también le hace sonreír? Pensión por maternidad, teletrabajo para hombres y mujeres, permiso de lactancia para los hombres, paternidad -primero dos semanas y lo incrementamos en dos y una más, cinco-; permisos para autónomos eximiéndoles de un año de pago para cuidar de hijos menores y de sus padres, permisos sin perder sueldo, autónomos para cuidados de hijos menores que están hospitalizados con cáncer. ¿Estas son lecciones, señoría?

¿Hablamos de pensiones, señora vicepresidenta? Basta ya de jugar y de manipular a los pensionistas. Ustedes congelaron las pensiones, nosotros las mantuvimos, las subimos y las garantizamos. Y se lo he dicho muy resumido, señora vicepresidenta. Con un presidente que copia, y que encima dice que no ha copiado, pasa lo que pasa. Tenemos un Gobierno, un Consejo de Ministros que miente, y en la exposición de motivos mienten porque afirman que la brecha salarial no ha sido reducida en los últimos años. Si por últimos años, señora vicepresidenta, usted se está refiriendo al Gobierno socialista, tiene razón, porque durante la época de Zapatero se incrementó en un 16 %; sin embargo en los dos últimos años de Gobierno del Partido Popular redujimos esa brecha salarial en un 13 %, situándola en un mínimo histórico, por debajo de la media europea. También redujimos la brecha de género en pensiones, un 14 %, gracias al complemento por maternidad, y también nos hicimos cargo del pago de la deuda que dejaron pendiente con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales, que superaba los mil millones de euros, señora vicepresidenta. Aquí ya no sonríe, porque esto lo tuvo que arreglar el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy y el actual presidente del Gobierno andaluz, que entonces era secretario de Estado, el señor Moreno, el mismo que está arreglando las listas de espera que usted, cuando formaba parte del Gobierno en Andalucía, dejo allí.


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Mire, ninguna de las medidas contenidas en este real decreto cumple los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad para su justificación, y es así porque o no tienen efectos inmediatos o simplemente son desarrollo o modificación de otras disposiciones ya existentes o tienen escasa entidad o apenas guardan relación con la materia objeto del mismo. Vamos a hablar -para centrarme, señoría- de la medida estrella de este texto que hoy nos trae hoy aquí el Partido Socialista: la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Tal como ocurre con el resto de las medidas, su ampliación es paulatina, hasta equipararlos en tres años, señoría, tres años. Muy urgente no debe de ser. Quiero dejarles bien claro que el Partido Popular ha sido el Gobierno que más ha ampliado los permisos de paternidad, de dos a cinco semanas. Siempre por supuesto hemos apoyado la progresiva equiparación, porque es la mejor forma de apostar por la igualdad real entre hombres y mujeres, pero de forma realista, no a ritmo de las necesidades políticas de Sánchez, sino al que nuestra capacidad económica nos permita, y desde luego lo que no es de recibo es abordar esta ampliación mediante un real decreto-ley con unas elecciones ya convocadas y con el Parlamento disuelto.

No es la primera vez que el Partido Socialista utiliza políticamente los permisos de paternidad, creando expectativas que luego no se cumplen. Ustedes -perdone que se lo diga- son una pésima copia del señor Zapatero, que ya fue un horror. (Aplausos). Porque no se nos olvida el engaño de Zapatero en 2009, cuando aprobó la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. ¿Lo recuerdan? Como la crisis ya estaba en marcha -aunque para ustedes aquello no era crisis, era una desaceleración transitoria- retrasaron su entrada en vigor, con el fin de que los números los hicieran otros, y así lo hicimos, señoría, lo tuvo que hacer un Gobierno del Partido Popular. Porque ustedes lo estropean y nosotros lo arreglamos, y esto es lo que volverá a ocurrir sin ninguna duda si Sánchez continúa gobernando tras las elecciones.

Miren, hablando de realidades, cada nueva semana de permiso de paternidad tiene un coste de 100 millones de euros. Y no lo digo yo, lo dijeron ustedes, lo tienen en ese proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que luego no se atrevieron a tramitar. Lo recogen ahí: 100 millones de euros. Esto significa que en 2019, sin presupuestos aprobados, la ampliación incrementará el déficit en 300 millones de euros, a los que hay que sumar el coste de otras medidas, como los más de 300 millones que cuesta la recuperación de las cotizaciones de la dependencia de las cuidadoras no profesionales. Eso supone 600 millones de euros que no tenemos, señora vicepresidenta. ¿Saben qué es esto? (Muestra un cartel que simula un cheque). Estos son decretazos sin fondos, señora vicepresidenta. Son cheques, cheques sin fondos. Pero es que esto está perseguido por la ley, es un delito un cheque sin fondos. ¿Por qué no puede serlo un decretazo sin fondo? (Rumores). Ustedes, señorías, juegan con las falsas expectativas, como siempre, señoría. (Aplausos). Como siempre: decretazos sin fondos. Y como siempre, señoría, será el PP, será Pablo Casado quien tenga que venir a solucionarlo. ¿Saben quién es el beneficiario, señorías? Miren, se lo digo aquí (señalando el cartel): el señor Sánchez Pérez-Castejón. No lo son los padres, no lo son las madres, no lo son las familias españolas...

La señora PRESIDENTA: Señora Escudero, estamos en la casa de la palabra.

La señora ESCUDERO BERZAL: Vale, lo retiro. Disculpe. (La señora diputada retira el cartel).

No lo son los padres, no lo son las madres, no lo son las familias españolas, señora vicepresidenta. El único beneficiario es el señor Sánchez Pérez-Castejón, que tiene que seguir utilizando todo el dinero público, todos los instrumentos del Estado de derecho para ver si así puede ser presidente después de haber ganado unas elecciones, porque lo es después de no haberlas ganado.

Termino, señorías. La gran diferencia en política social entre ustedes y nosotros -no hablo de los demás, porque no han hecho nada y donde están gobernando las políticas sociales son inexistentes- es la capacidad real que tienen unos y otros para cumplirla, y nosotros la cumplimos, señora vicepresidenta. Ustedes lo único que hacen es que lo anuncian, lo ponen en papel, lo llevan al BOE, pero luego tiene que venir el Partido Popular para cumplirlo. Los que vamos a ampliar los permisos de paternidad vamos a ser nosotros, va a ser el Partido Popular, va a ser Pablo Casado después del 28 de abril, y vamos a hacer un pacto de Estado para la conciliación, y vamos a hacer un pacto de Estado para erradicar la brecha salarial en cinco años. Seremos nosotros, señora vicepresidenta, como siempre el Partido Popular lo ha hecho. No lo duden.

Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000063).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

El pasado 8 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, cuya convalidación solicito hoy ante esta Diputación Permanente. Se trata de un real decreto-ley cuyo elenco de medidas contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado del bienestar, al situar la protección social y los derechos de las personas trabajadoras en el eje central de nuestro modelo de crecimiento económico, porque, señorías, una sociedad más justa e igualitaria no puede tolerar que el crecimiento económico y la creación de empleo no vayan acompañados de una reducción de las desigualdades sociales que aún subsisten. Es necesario favorecer un mayor impacto redistributivo del crecimiento.

Por lo que se refiere a las medidas de protección social lo primero que quisiera subrayar es que en las mismas concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad, lo que justifica su adopción de forma inmediata. También concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de las medidas relativas al fomento del empleo indefinido de colectivos especialmente sensibles, dada su inestabilidad laboral, y por tanto su mayor tiempo de permanencia en el desempleo. Me estoy refiriendo a trabajadores y trabajadoras del campo, a personas trabajadoras fijas discontinuas en actividades turísticas, y a personas paradas de larga duración, a mujeres, a trabajadores y trabajadoras mayores y también a jóvenes. Y qué decir en cuanto a la urgencia en la recuperación de la dotación del Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes como instrumento de cohesión social. Las administraciones públicas han de estar a la altura de la gran mayoría de la ciudadanía que va por delante muchas veces de las instituciones y la política respecto a la integración social de las personas procedentes de otros países. No quiero olvidarme de subrayar la importancia de la implantación del registro horario, herramienta de lucha contra la precariedad laboral, y por tanto garantía de cumplimiento de los límites en materia de jornada. Se trata de un instrumento que blinda el marco de seguridad jurídica que debe presidir un mercado de trabajo competitivo y de alta productividad, con incidencia directa en las arcas de la Seguridad Social.

En definitiva nos encontramos ante un real decreto-ley que restablece derechos sociales suprimidos, que reduce desigualdades sociales, y que garantiza a las personas trabajadoras el derecho al reconocimiento del control de su jornada laboral, que coadyuva a la lucha contra la precariedad, y que genera un marco de seguridad jurídica en el mercado de trabajo al posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata pues de medidas cuya adopción es de carácter urgente y necesario, y que sin duda mejorarán las condiciones de empleo y de protección social de muchas personas trabajadoras, ya estén en estos momentos prestando servicios o se encuentren en situación de desempleo.

A continuación voy a exponerles algunas de las principales medidas contenidas en este real decreto-ley que hoy traigo a convalidación. En relación con las medidas de protección social, por lo que se refiere a la recuperación del subsidio de mayores de cincuenta y dos años, como ustedes muy bien saben y entre otras restricciones en este derecho, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, aumentó la edad de acceso de este subsidio hasta los cincuenta y cinco años. Posteriormente el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, estableció el cómputo de las rentas de toda la unidad familiar como condición para acceso al mismo. A través de este real decreto-ley se revierten los efectos de esas reformas y se establece una regulación de este subsidio que sitúa de nuevo la edad de acceso en los cincuenta y dos años, y que también incrementa su duración, de modo que pueda percibirse hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Asimismo se elimina la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio, que ya había sido cuestionada por una sentencia del pasado año del Tribunal Constitucional, y se aumenta la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio, desde el 100 % al 125 % de la base mínima de cotización vigente en cada momento. También se eliminan


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los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial. En todo caso el subsidio se va a percibir a tiempo completo.

Señorías, esta medida afectará a unas 380 000 personas aproximadamente: los actuales perceptores, alrededor de 266 000, más los cerca de 114 000 que perdieron el derecho por el cambio de los requisitos de acceso. Esta medida implica dotar de un mínimo de capacidad adquisitiva a un mayor número de personas en situación de desempleo, y a ayudarlas también a tener una pensión de jubilación digna cuando les llegue el momento. Por supuesto quiero aclarar, porque se ha dicho aquí esta mañana, que en absoluto está paralizada la tramitación del reconocimiento de este subsidio. En los supuestos en que existen dudas evidentemente es obligación de la Administración estudiar en profundidad esos casos, porque hay que tener en cuenta que estamos jugando con dinero público, y que si no se hiciesen las oportunas comprobaciones y se abonase el subsidio estaríamos hablando en estos momentos de alguna cuestión que no quiero mencionar aquí, y no voy a decir la palabra. Así que hay que estudiar los casos de duda, pero en absoluto está suspendida la tramitación de este subsidio.

Igualmente en este real decreto se procede a través del texto a incrementar con carácter general la asignación económica por hijo a cargo de 291 a 341 euros en cómputo anual, y hasta los 588 euros anuales en el caso de las familias en situación de pobreza severa. Se incrementa el límite de ingresos para tener derecho a esta asignación, incluido el umbral de rentas para familias numerosas. La preocupación por la elevada tasa de pobreza infantil hace necesario adoptar de manera urgente medidas sociales que permitan hacer un mayor esfuerzo para paliar la crítica situación a la que se enfrentan las familias que disponen de menos recursos.

En el ámbito de la Seguridad Social también me gustaría destacar que se procede al incremento de las cuantías mínimas de la pensión contributiva de incapacidad permanente total para personas menores de sesenta años. El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, fijó el salario mínimo interprofesional para el año 2019 en 900 euros, lo que supone un incremento del 22,3 %. Ante esta importante subida se considera imprescindible y de extraordinaria y urgente necesidad incrementar estas pensiones, la cuantía de las mínimas, con fecha y efectos de 1 de enero, habida cuenta de la situación de mayor vulnerabilidad económica de estas personas trabajadoras que tienen más dificultades para poderse reincorporar al mercado de trabajo.

Igualmente se procede a regular una reducción de cuotas para los trabajadores y trabajadoras encuadrados en el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Una de las principales singularidades de este sistema es que durante la situación de inactividad es el propio trabajador o trabajadora el o la responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y del ingreso de las cuotas correspondientes. Como consecuencia del importante incremento de la subida del salario mínimo interprofesional, como comentaba anteriormente, para el año 2019 y al objeto de paliar las dificultades que para estas personas trabajadoras supone sufragar sus cotizaciones, ya que se encuentran en situación de inactividad y han realizado un máximo de cincuenta y cinco jornadas reales durante 2018, el real decreto-ley establece que desde el día 1 de enero de 2019 se les aplicará a sus cuotas durante los períodos de inactividad en 2019 una reducción del 14,6 %. Esta reducción beneficiará aproximadamente a 230 000 personas trabajadoras, cerca del 30 % de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, de los que un 82 % trabaja en Andalucía y un 11 % en Extremadura, y el resto en otras comunidades autónomas como Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.

También se modifica el artículo 249 ter del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a efectos de ampliar el plazo de solicitud de la situación de inactividad de artistas en espectáculos públicos. El Real Decreto-ley 26/2010, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y cinematográfica, en su disposición transitoria única establecía que la solicitud de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, como artista en inactividad, debía efectuarse antes del 31 de marzo de 2019. Dado lo exiguo de este plazo resulta necesario ampliar el mismo, el plazo de la solicitud, a cualquier momento del año.

Por lo que se refiere a las medidas de fomento del empleo quiero señalar que se introduce una bonificación mensual de la cuota empresarial por la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración, esto es, aquellas personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación. (Rumores). Esta bonificación está condicionada al mantenimiento del puesto de trabajo al menos durante tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral. (Rumores). La bonificación asciende a 1300 euros/año por trabajador contratado, y si se trata de mujeres...


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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

Continúe, señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Repito. En caso de que sea trabajador, 1300 euros al año de bonificación, y en caso de que sea trabajadora -es decir, mujer desempleada de larga duración- esta bonificación es de 1500 euros al año. Si bien el nivel de paro de larga duración -como el de desempleo en general- ha descendido en los últimos años, continúa siendo un reto mantener esta tendencia positiva. De hecho en el cuarto trimestre de 2018 la tasa de paro de larga duración en España era del 6,1 %, mientras que en la Unión Europea era del 2,8 %, afectando concretamente a 1 325 836 personas, de las cuales el 64,04 % eran mujeres; por eso ese plus de apoyo a las mujeres. En cuanto a la antigüedad en el tiempo de demanda de empleo el 34,3 % se sitúa entre doce y veintitrés meses, mientras que el 65,7 % restante se refiere a personas desempleadas que llevan veinticuatro o más meses esperando una oferta de empleo. Señorías, la atención a las personas desempleadas de larga duración es crucial para mejorar el nivel de empleo de este colectivo especialmente vulnerable, ya que con la prolongación de la situación de desempleo se pierden paulatinamente las posibilidades de reinserción en el mercado laboral, lo que supone una amenaza notable a la cohesión social. Esta es la razón que justifica la necesidad de su introducción mediante real decretoley. Estas personas no pueden seguir esperando.

También se incluye en esta norma una medida de apoyo a la prolongación del período de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos en los sectores del turismo, el comercio y la hostelería vinculados a la actividad turística. Con esta medida, que se viene aplicando desde el año 2012, se incentiva mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social la prolongación de los contratos laborales de trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos en los sectores del turismo, comercio y hostelería, vinculados al sector turístico en los meses de febrero, marzo y noviembre, contribuyendo de forma importante al mantenimiento del empleo de dicho colectivo durante los citados meses, y considerándose necesaria la extensión de la misma durante 2019. De esta forma se seguirá impulsando el empleo en los sectores vinculados al turismo, que constituye una actividad de gran relevancia en nuestro país.

La no aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 supuso la pérdida de la vigencia de esta medida en un contexto de prórroga presupuestaria, observándose la necesidad de mantener este incentivo por su efecto económico positivo en un sector estratégico de la economía española, y evitando al mismo tiempo el riesgo de introducir un obstáculo al mantenimiento del empleo; hechos que justifican la introducción de esta medida en el presente real decretoley. También algunas de las medidas de las que he hablado anteriormente estaban reguladas en ese proyecto de presupuestos para 2019, porque consideramos importante ponerlas en marcha o modificarlas, y como digo el hecho de que no se haya podido aprobar justifica que se hayan incluido en este real decretoley, dado que consideramos que son de extraordinaria urgencia social.

También se contemplan bonificaciones en este real decretoley en la cuota empresarial por contingencias comunes para las empresas que transformen, antes del 1 de enero del año 2020, contratos temporales de trabajadores agrarios por cuenta ajena en contratos indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, cuya cuantía dependerá del encuadramiento y del sexo de la persona trabajadora y de la modalidad de cotización.

Finalmente se introducen también medidas en este real decretoley para luchar contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Uno de los principales problemas para el control del cumplimiento de las normas en materia de jornada ha sido la ausencia de la regulación en el Estatuto de los Trabajadores de una obligación clara por parte de las empresas para registrar la jornada que realizan las personas trabajadoras. El propio Tribunal Supremo, en su Sentencia 246/2017, de 23 de marzo, afirmó que de lege ferenda convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario, y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias. También hemos tenido en cuenta la interpretación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 2003, relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo que se viene manteniendo en las instituciones europeas, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así como las conclusiones de la Abogacía General, emitidas el 31 de enero de este año, en el asunto C-55/2018, en el que cuestiona la legislación española en esta materia. Así que mediante este real decreto-ley se introducen las reformas necesarias para implantar un registro que permita el control de la jornada de


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trabajo. Asimismo se modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción las derivadas del incumplimiento relativo al registro de jornada. Esta medida tiene consecuencia en la retribución de las personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, y en consecuencia en sus cotizaciones y por ende en la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, por lo que su adopción no admite demora. Nos lo está también demandando de manera insistente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cumplimiento del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, ante la imposibilidad de poder comprobar en una inspección si una persona trabajadora está o no dentro de la jornada laboral, si está realizando horas extraordinarias, si está con un contrato a tiempo parcial o en ese momento resulta que ya ha terminado su jornada de contrato a tiempo parcial, porque aunque en esta modalidad de contrato se exige el registro de jornada, no se está cumpliendo, no se sabe muy bien, y existen muchos indicios de que hay muchas personas que están con contratos a tiempo parcial y que realmente están trabajando a tiempo completo e incluso realizando horas extraordinarias. Por lo tanto hemos considerado que era de extraordinaria y urgente necesidad regular esta materia.

Esta norma, este real decreto-ley tampoco se olvida de los jóvenes. Así, al objeto de otorgar una mayor seguridad jurídica a las personas jóvenes susceptibles de inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, simplifica y clarifica los requisitos de acceso, entre ellos el relativo a la edad. Se amplía también a los menores que están entre veinticinco y treinta años, con independencia de la tasa de desempleo, que antes el límite estaba en el 20 %. El real decreto-ley también se ocupa de las trabajadoras y trabajadores autónomos en situación de incapacidad temporal, estableciendo que la mutua colaboradora, la entidad gestora o en su caso el Servicio Público de Empleo Estatal deban asumir la cotización de estos trabajadores o trabajadoras a la entrada en vigor de Real Decreto-ley 28/2018 si en ese momento se encontraban en situación de incapacidad temporal, y tenían cubierta la cotización por cese de actividad durante 2018; cuando hayan transcurrido sesenta días desde el inicio de esta incapacidad temporal tendrán derecho a la bonificación de la cuota. En el caso de los trabajadores autónomos que no tuvieran cubierto el cese de actividad en 2018 será necesario que transcurran esos sesenta días a partir de 1 de enero del año 2019, o sea sesenta días en baja médica a partir del 1 de enero, para poder beneficiarse de esta medida de bonificación de la cuota a partir del día sesenta y uno de la baja.

Y no quisiera terminar mi intervención sin mencionar que a través de este real decreto-ley se recupera la dotación correspondiente al Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes, que desde el año 2012 todas las leyes de Presupuestos Generales del Estado dejaron sin efecto, dotación que sí se contemplaba en el proyecto de ley de presupuestos para 2019. Este fondo es el instrumento necesario para articular la cooperación necesaria entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para el desarrollo conjunto de una estrategia de integración de inmigrantes solicitantes de asilo y personas beneficiarias de protección internacional, que permita garantizar la cohesión social, dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones internacionalmente reconocidos. Nuestra sociedad es una sociedad envejecida y hacemos muy mal si consideramos la inmigración como un problema en lugar de como una oportunidad, pero evidentemente las personas que vienen de otros lugares a vivir con nosotros tienen que tener los instrumentos adecuados para su integración en nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida.

Por último quiero destacar que a través de este real decreto-ley se cumple el compromiso asumido con los interlocutores sociales de crear un grupo de expertas y expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que adapte su contenido a los retos y desafíos del siglo XXI. Ya no es que sea el futuro del trabajo, el futuro del trabajo ya es el presente del trabajo y no podemos esperar durante más tiempo a adaptar nuestra normativa laboral a lo que demanda este futuro que ya es presente en relación con los retos demográficos, el envejecimiento de la población, la digitalización, la robótica y el cambio climático con lo que implica de apostar por una transición ecológica y una transición energética, y por supuesto que esta transición ecológica sea una transición justa.

Señorías, estamos, como han podido observar, ante una norma que incluye medidas de suma trascendencia para muchas personas de este país -pensionistas, trabajadores y trabajadoras de diversos sectores, desempleadas-, un país al que, aunque va mejorando significativamente en términos cuantitativos y cualitativos, le queda mucho camino por recorrer para paliar todas las injusticias sociales que aún existen. Es una norma que mejora la vida de más de dos millones de personas, una norma que invierte en justicia y en cohesión social 700 millones de euros, aproximadamente. Quisiera aclarar, porque esta mañana ya se han suscitado dudas en esta sala, que se calcula que la recaudación a la Seguridad Social, simplemente por aplicación de las medidas establecidas en materia de cotización en el Real


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Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, implicará el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social por un importe de 3184 millones de euros. (Aplausos). Concretamente, en este real decreto estamos planteando una inversión social con un coste de 700 millones de euros. Además, el incremento de cotizaciones va a implicar el incremento del empleo y los nuevos convenios colectivos, que se están negociando como consecuencia de la puesta en marcha del IV AENC suscrito el año pasado por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CEOE-Cepyme, también están implicando una mejora de las retribuciones, vía convenio colectivo, como mínimo del 2 % y hasta la posibilidad de llegar a un 3 %. Así que estamos teniendo incrementos en cotización en lo que va de año en torno al 7 %, lo cual es una buena noticia para ir mejorando también las arcas de la Seguridad Social.

Estos principios de inversión en justicia y en cohesión social son los grandes principios vertebradores que inspiran este real decreto-ley. Confío en la sensibilidad de sus señorías a las demandas y necesidades de la ciudadanía de a pie y por eso les pido la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra. Bienvenida a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Una reflexión previa a la fijación de la postura de Unión del Pueblo Navarro en la convalidación o no de este real decreto. Entendemos que no es el momento, que no es el periodo, una vez disueltas las Cámaras, para traer aquí a debate y a votación los reales decretos-leyes que está trayendo el Gobierno del señor Pedro Sánchez. En cualquier caso, Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral. Ahora bien, escuchando las intervenciones de algunos portavoces, tengo que decir que seguimos en esa política del apriorismo y del enfrentamiento. La mejor política social es la política de los hechos, y aquí puedo decir humildemente que Unión del Pueblo Navarro, durante veintitrés años ininterrumpidos en el Gobierno Foral de Navarra, tendiendo puentes y acordando y dialogando con diferentes fuerzas políticas, en este caso con el Partido Socialista de Navarra en la Comunidad Foral de Navarra, ha logrado alcanzar cuotas de protección social, especialmente en ámbito de la inclusión social. Como dice la tasa Arope, a final de 2015 fuimos la sexta región de 248 regiones europeas con mejores tasas de resortes de protección social. Eso son políticas sociales. También quiero luchar contra los apriorismos. Aquí se toman decisiones porque estamos por el bien común de la sociedad y, especialmente, por el de aquellas personas a las que atañe este real decreto-ley, que son las personas más vulnerables, las personas en paro de larga duración o personas mayores de cincuenta y dos años. Señorías, ahí fuera hace un frío tremendo, y es necesario que aquí se tomen decisiones.

En cualquier caso, también me gustaría decirle, señora ministra, que estaremos vigilantes. Si se tramitara como proyecto de ley, estaremos vigilantes en el sentido de que se evite un conflicto, entre comillas, competencial, como ya ocurrió en los años 2012 y 2013, cuando me correspondió ser consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra. Se deberá entender que las rentas básicas, las rentas mínimas autonómicas deben ser subsidiarias y, por tanto, complementarias para estas prestaciones que hoy se están ampliando aquí, para que evitemos, como ocurrió -insisto- en los años 2012 y 2013 y hasta 2014, que se les retiren a aquellas personas que estaban percibiendo en sus comunidades esa prestación de competencia autonómica. Por eso, insisto, Unión del Pueblo Navarro va a estar muy vigilante; ya lo estuvo en aquellos años y hoy lo seguirá estando.

Por mi parte nada más que insistir en que votaremos favorablemente este y otros reales decretos-leyes que hoy se traen a esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, presidenta.

Señora ministra, Euskal Herria Bildu dirá de nuevo en este real decreto que lamenta que hayan tenido que pasar más de tres años para que el Partido Popular perdiera de alguna forma la mayoría absoluta y


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se pudiera recuperar el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, revirtiendo los recortes realizados por el Gobierno de Rajoy, y que se plantee como una medida más bien electoral y partidista, deprisa y, por lo que estamos viendo en los últimos días, con problemas de aplicación. Está claro que no ha habido una voluntad real de revertir los recortes y por eso terminamos la legislatura con muchos de ellos consolidados.

Pero no es solo eso. Con este decreto se da una situación especialmente lesiva para las personas desempleadas en nuestro territorio, ya que la regulación que se plantea hace imposible la compatibilidad de la percepción del subsidio con la renta de garantía de ingresos. Es necesario para consolidar los sistemas de rentas mínimas, en nuestro caso la RGI, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración pública como último recurso social, que estas sean complementarias y compatibles con respecto al subsidio de desempleo. Esta es una realidad extensible a las comunidades autónomas con rentas condicionadas. Es un objetivo esencial al que no renunciamos, al igual que a la posibilidad de poder desplegar una política de empleo propia, integral, con mayores niveles de congruencia y coherencia para responder mejor a los problemas y retos de nuestra ciudadanía por un empleo de calidad. Para ello urge la transferencia de las políticas pasivas de empleo como demanda el Parlamento vasco y que Madrid mantiene bajo su control, aferrándose a un modelo agotado e ineficaz por medio del cual sigue condicionando también las políticas activas de empleo, aun siendo competencia nuestra. Por cierto, el decreto tampoco respeta el reparto competencial y se da una invasión del mismo mediante el establecimiento de la bonificación por la contratación de parados de larga duración, que es política activa de empleo y corresponde a la Comunidad autónoma vasca.

Igualmente apostamos, cómo no, por aumentar la asignación por hijo o hija a cargo de las familias más vulnerables como medida para combatir la pobreza infantil. También somos partidarios de regular el registro de la jornada de las personas trabajadoras, pero el control horario que se quiere establecer es demasiado general y su efectividad más que dudosa e insuficiente para avanzar en la necesaria dignificación de las condiciones laborales. Creemos que constituye un fraude realizar un registro sin obligaciones claras, sin abordar las consecuencias negativas de las diferentes reformas laborales, ya que en caso de no haber acuerdo será la patronal la que decida, y ya sabemos lo que ello significa, más en estos tiempos en que los empleos parciales son la mejor forma de escapar del control efectivo de las jornadas de las personas trabajadoras por parte de los empresarios. Así pues, revertir los recortes está bien, por ello aprobaremos el real decreto, pero para avanzar, insistimos, hacen falta más medidas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley. De entrada, en el real decreto-ley figuran algunas cuestiones que no son menores. Se hacía referencia a esta recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, que es una demanda que el conjunto de los grupos de la oposición habíamos planteado cuando gobernaban el Partido Popular y Ciudadanos. Eso ha sido finalmente posible. Valoramos positivamente la ampliación de la prestación por hijo a cargo que se introduce en este real decreto. Esa ha sido una demanda que tanto Convergencia como el Partit Demòcrata veníamos planteando. Es una vergüenza que el Estado español no tenga una prestación para la crianza de hijos de carácter universal, como tienen todas las sociedades europeas occidentales. Si avanza en una mayor cuantía de esta prestación, bienvenida sea, aunque estamos lejos de los estándares europeos en esa dirección.

Se mejoran otros aspectos de la regulación laboral, como por ejemplo la regulación de los fijos discontinuos, y se recupera el fondo de acogida para la emigración. Por tanto, medidas que valoramos en su justa medida y que justifican este voto favorable. Además, se regula el control de jornada horaria y nos sentimos corresponsables de la regulación que se establece en esta materia, porque fue el texto en el que el señor Simancas y yo mismo tuvimos ocasión de trabajar durante algunas semanas. A nuestro entender, es adecuado porque permite, a través de la negociación colectiva, adaptar ese necesario control de la jornada horaria a la distinta realidad de las empresas. Por tanto, nos sentimos reconocidos en dicho texto.

Simplemente querría decir, señora presidenta, que mi grupo lamenta que en materia de empleo hayamos estado a punto de revertir algunos de los efectos nocivos de las últimas reformas laborales aprobadas, vistas en perspectiva, y que la ausencia de coraje político de algunos grupos de la Cámara nos lo haya impedido. Se ha perdido una oportunidad, como también se ha perdido en el Pacto de Toledo.


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Señorías, de cara al futuro, algunos grupos deben repensar cómo gestionan el poder que los ciudadanos les han dado. Algunos grupos hoy han fallado en materia de empleo; que conste en acta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Seré breve y no me extenderé en algún aspecto en el que alguna portavoz ya ha hecho incidencia.

Efectivamente, el objeto de este decreto-ley es establecer derechos sociales, algunos de ellos recortados o suprimidos singularmente en 2012, y, a su vez, fomentar y mantener el empleo de aquellos colectivos más sensibles por la inestabilidad laboral o por sufrir un desempleo de larga duración. Muchas de estas medidas ya las vimos en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2019 que, finalmente, decayó. Las medidas se agrupan, básicamente, en medidas de protección social, fomento del empleo y un grupo de trabajo para el Estatuto de los Trabajadores.

Respecto a las medidas relativas a la protección social, nosotros también resaltamos la importancia del registro de la jornada de trabajo para controlar las horas extras y las jornadas máximas laborables en cómputo diario y la obligación de conservar los datos durante cuatro años. Sabemos las quejas o denuncias públicas que se hacen de los incumplimientos de las jornadas en los contratos a tiempo parcial y en las horas extras. Nos parece también importante la medida dirigida a la pobreza infantil, conceptualmente en las familias pobres, porque donde hay un niño pobre es que hay una familia pobre, tanto por el incremento de la asignación como por la rebaja de los límites para el cómputo del ingreso. Sobre el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, debo decir que hay colectivos con una muy difícil empleabilidad, especialmente este colectivo que supera los cincuenta y dos años. En su caso, se trata de facilitarles un tránsito hacia la jubilación -si, efectivamente, no consiguen una empleabilidad- y que sus prestaciones de la Seguridad Social, una vez que se jubilen, no mermen. Tengo que compartir lo que ha dicho mi compañera la portavoz de Bildu en relación a que esta medida de subsidio no la entendemos formalmente como una medida de Seguridad Social, sino como una política pasiva de empleo y que el Gobierno vasco la ha reivindicado como propia, aunque todavía no se ha realizado su transferencia. Me salto la incapacidad permanente total a los menores de sesenta años, que nos parece una medida correcta.

Respecto al fondo de inmigrantes, debo hacer una observación, una cierta tacha. Es una medida que, efectivamente, estaba contemplada en los presupuestos, pero creemos que no tendría acomodo en un decreto-ley, porque es una medida cuya puesta en pie se difiere a la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración y también se condiciona a otro aspecto, cual es que las administraciones receptoras cofinancien las medidas. Es una medida que no se va a implantar y ya veremos si entra en juego en algún momento. Tiene que haber presupuestos, tiene que haber cofinanciación de entes locales y, en su caso, comunidades autónomas, y se van a disolver; se disuelven las corporaciones locales, se disuelven las comunidades autónomas, ya está disuelta esta Cámara y el Gobierno entra en funciones, por lo que no le vemos ningún sentido como decreto-ley.

También queríamos apuntar que, en todo caso, en este fondo estatal de inmigrantes echamos en falta que no se aborde la problemática que hemos puesto de manifiesto no solo nosotros, sino también otros grupos parlamentarios, que es la problemática de los menores no acompañados. Pensamos que el Estado debería, porque así se le ha reclamado, tomar medidas de distribución por la evidente descompensación que existe en determinadas comunidades autónomas y en determinados municipios por la presencia de menores no acompañados, cuando en otras comunidades o municipios limítrofes no tienen ningún tipo de tensión, lo que está generando, ciertamente, un problema, por lo que lamentamos que no se haya abordado. Respecto de las medidas de fomento del empleo, comparto que la bonificación a la conversión de contratos temporales en indefinidos es una política de empleo y creemos que debería residenciar dentro de las facultades del Gobierno vasco.

Para finalizar, voy a centrarme en dos aspectos muy concretos. Respecto del FOGA juvenil, entendemos que aquí la llevanza de los ficheros, que es una función ejecutiva de la normativa laboral y que creemos que no se inserta en el 149.1.7ª de la Constitución, es una facultad que debiera corresponder a las comunidades autónomas que, como la vasca, tienen competencias plenas para la ejecución de la legislación estatal; son la administración territorial laboral. Esta regulación del sistema de garantía juvenil, y en concreto de la llevanza de los ficheros, se atribuye a la organización ministerial y quería manifestarle que no lo compartimos.


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Por último -y voy finalizando, presidenta-, respecto del grupo de trabajo que se estipula para un nuevo examen o una nueva consideración del Estatuto de los Trabajadores, que se introduzca por decreto-ley -reproduzco el patrón de los argumentos-, creemos que no está justificado. En todo caso, echamos en falta la participación de las comunidades autónomas, también a través de sus expertos designados porque, como ya he resaltado, son las que gestionan y ejecutan la legislación laboral, son la administración territorial laboral y consideramos que algo deberían poder decir a través de sus expertos en este grupo de trabajo.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta; gracias ministra Valerio. Bona tarda.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya valoramos las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, a pesar de su carácter claramente electoralista y que son claramente mejorables. Estoy convencido de que, incluso para la ministra Valerio, en otro Gobierno se hubiera ido mucho más allá y las hubiera presentado antes. Esperamos mejorarlas en su tramitación en forma de proyecto de ley. Digo que son medidas electoralistas porque si bien son necesarias y, por tanto, urgentes para ser tramitadas en forma de real decreto-ley, eran necesarias y eran urgentes también hace nueve meses, y también hace tres años, cuando el Partido Socialista llegó a un acuerdo superneoliberal con Ciudadanos; o cuando luego se abstuvo y dejó paso al Partido Popular sin intentar otra mayoría en la Cámara, que ya existía, como luego se demostró; o cuando tardó un montón de tiempo en presentar la moción de censura; o cuando después ha tardado nueve meses para presentarnos unas medidas en materia laboral mínimamente progresistas. La pregunta es pertinente. ¿Por qué ahora? Pues porque vienen las elecciones. Este es el gran drama. Una vez más, en el PSOE se quedan a medias o, literalmente, no hacen lo que prometían y prometen en campaña; una vez más, o les falta coraje o voluntad política para derogar la perversa reforma laboral, como han dicho muchas veces -me acuerdo de la primera intervención de la ministra, cuando la criticó durísimamente- o incluso para rectificar su propia reforma laboral, pues no es el mismo contexto que cuando se elaboró y pienso que tenía una salida, digamos diplomática, para rectificar lo que pienso que fue su error. Son reformas laborales en gran parte causantes de que el Reino de España encabece, aún hoy, los peores índices de paro y precariedad laboral. Como decía, sus medidas son electoralistas a pesar de ser necesarias y urgentes y no pueden ocultar su falta de voluntad política de realizar las reformas necesarias en materia laboral, como la derogación, decía, de la reforma laboral de 2012 o la de pensiones de 2013, o ni tan siquiera abordar una reforma de los artículos más perversos. Una vez más, el PSOE no es fiel a los intereses de las clases trabajadoras, a las cuales defrauda una vez sí y otra también. También les ha faltado valentía para abordar una mínima regeneración democrática del Reino de España. En nueve meses no han tenido ustedes ni el más mínimo gesto, ni siquiera un gesto político contra el infame juicio a los republicanos catalanes, ni un gesto de diálogo, comportándose como una muleta más del trifachito de derechas, en vez de intentar ser la alternativa.

Pero, en fin, vamos a lo que toca hoy. Sobre sus medidas de protección social, mejor que se haga algo, aunque sea tarde e insuficiente, que nada de nada, evidentemente. De las medidas que integra este real decreto destacamos la recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, aunque también, a nuestro modo de ver, se queda corto. El Gobierno ha recuperado el subsidio para personas desempleadas mayores de cincuenta y dos años solo para 380 000 beneficiarios -que es mucho y está muy bien-, pero, según la Asociación Víctimas del Paro, y también según sus propias cifras, 220 000 personas mayores de cincuenta y dos años, con las mismas necesidades o más, siguen sin derecho a percibir el subsidio por no cumplir algunos requisitos, como no tener un mínimo de quince años cotizados -después de una crisis durísima-, o haber trabajado toda su vida como autónomos, o no tener seis años cotizados para el desempleo en el régimen general, o no cumplir el periodo de carencia específica de haber trabajado dos años dentro de los últimos quince. Y todo esto, repito, en una situación muy dura para entrar en el mercado de trabajo. Además, entre las personas que quedan excluidas de este subsidio se encuentran, una vez más, muchas mujeres que dedicaron su vida, por ejemplo, al cuidado de sus familiares enfermos o dependientes, o al cuidado de sus hijos o hijas y que o no han cotizado, o han cotizado uno, diez o catorce años nada más y por ello quedarán sin subsidio y condenadas a la indigencia. Por ello, solicitamos que el subsidio para mayores de cincuenta y dos años -esperamos hacerlo en forma de proyecto de ley, si se tramita como tal- sea para todas las personas desempleadas que superen esa edad.


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Tampoco hemos encontrado en su real decreto un plan de choque con medidas de aplicación inmediata -ya que estamos hablando de medidas urgentes y muy necesarias-, urgentes e integrales, dirigidas al desempleo de larga duración, a los parados de larga duración. En cambio, ha establecido una nueva bonificación para la contratación indefinida de desempleados de larga duración; bonificación que, una vez más, pagamos desde la Seguridad Social y no desde los presupuestos del Estado ni desde la imposición general. Se trata de una bonificación generalizada y con un impacto más que discutible, como hemos analizado en el Pacto de Toledo, que no hace más que endeudar a la Seguridad Social pagando partidas que no corresponden a los objetivos de la caja única de la Seguridad Social.

Para mí ha sido una decepción ver cómo acaban ustedes la legislatura, tirando por la borda nueve meses, sin contar los dos años anteriores; una corta y mala la legislatura en materia laboral, que no se arregla con unas medidas necesarias y urgentes que dejan en un cajón muchísimas otras igual de necesarias y urgentes que ni se han intentado convertir en hechos, y había la posibilidad de hacerlo. En resumen, pura propaganda electoral, presentándose como supuesto baluarte ante la derecha extrema cuando, tristemente para sus votantes y militantes, se diferencia muy poco de lo que han hecho o harían el Partido Popular y Ciudadanos en materia económica y sociolaboral, por lo que hemos visto en los últimos meses y en los dos años anteriores.

Estamos a la espera del posicionamiento del resto de grupos parlamentarios, y en particular del Grupo Socialista, sobre la tramitación de este real decreto-ley en forma de proyecto de ley. Si así fuera, nos daría pie a trabajar e intentar mejorar temas necesarios y urgentes como los que he comentado.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Valerio, buenas tardes. Traen ustedes aquí uno de los seis decretazos electorales que, en algunos casos de forma bastante obvia, son un abuso en periodo electoral y que tienen una constitucionalidad más que dudosa, porque, por ejemplo, si el registro de jornada se difiere hasta la negociación colectiva, evidentemente no supone una extraordinaria y urgente necesidad. Pero, sobre todo, este decreto-ley es el reconocimiento de un fracaso, porque se baja la edad de los cincuenta y cinco a los cincuenta y dos años para cobrar un subsidio cuando se han agotado las prestaciones para estos parados, y es un subsidio indefinido hasta la edad de jubilación, que entonces estará en los sesenta y siete años. Decir que en lugar de hacer políticas activas de empleo para favorecer la empleabilidad de personas de más de cincuenta y dos años hay que realizar un subsidio en una época de crecimiento económico es, en primer término, el reconocimiento de un fracaso, y es un fracaso que están pagando los parados de larga duración desde la política económica de este Gobierno. Pongamos un ejemplo en este sentido: el decreto-ley sobre el taxi que trajo este Gobierno fragmentó en diecisiete la unidad de mercado en ese sector. ¿Cuál fue la consecuencia en el caso de las VTC? Pues que en Cataluña, en Barcelona en concreto, se produjeron los dos ERE más importantes de la historia porque cerraron Uber y Cabify, y afectaron fundamentalmente a gente de más de cincuenta y dos años que se quedó en el paro y que tenían una alternativa de movilidad que daba servicio a los ciudadanos. En general, la política laboral de este Gobierno, con subidas de las cotizaciones de las que usted presume, con subidas de un día para otro de un 22 % en el SMI, al final acaba teniendo una consecuencia -no lo decimos nosotros solamente, lo dice también el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- que hace que estas personas de difícil empleabilidad lo tengan muchísimo más difícil y acaben en el paro. ¿Resultado de toda esta historia? Ayer conocíamos el peor dato de paro en marzo desde 2014, desde que salimos de la crisis.

Este decreto-ley, además de este reconocimiento de un fracaso, está siendo una inmensa chapuza, diga usted lo que diga. Si es de extraordinaria y urgente necesidad que a estas personas se les reconozca un subsidio -la mayor parte de ellas ya tenían derecho al subsidio pero ahora se dan más prestaciones y se rebaja la edad de los cincuenta y cinco a los cincuenta y dos años-, ¿cuál ha sido el resultado práctico? Me remito a los datos oficiales de su ministerio, según los cuales el 43 % de las solicitudes se quedaron pendientes en el mes de marzo -24 000 personas-, una parte de las cuales, que ya hubiesen tenido derecho anteriormente al subsidio, no han recibido este dinero. Esto, para gente en una situación de extraordinaria urgencia, es un fracaso derivado de la chapuza que es este decreto-ley.

Por otra parte, además de esto, señora Valerio, me gustaría, si fuese posible, que los datos que usted da coincidiesen alguna vez con los datos que traen ustedes al Congreso en la memoria del decreto-ley.


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Usted dice que el decreto-ley cuesta 700 millones, pero leo textualmente: El gasto estimado en presupuesto para un año tipo, nada más que del subsidio para menores de cincuenta y dos años, es de 1340 millones de euros, los cuales para estas 114 000 personas adicionales que tendrían este subsidio se dividirían en 600 millones por la cuantía del subsidio y alrededor de 410 millones para las cuotas de Seguridad Social. Me gustaría que ya que usted viene aquí y da datos -cosa que se le agradece- que por lo menos estos datos coincidan con los de la memoria que ustedes mismos traen. Es verdad que la memoria va firmada no por usted sino por la vicepresidenta, la señora Calvo, que es famosa por su frase de que el dinero público no es de nadie. En cualquier caso, este coste del decreto-ley contrasta con que esta mañana esté diciendo la ministra de Economía en paralelo que haremos todo lo que podamos para reducir el déficit lo máximo posible. Me gustaría que se aclarasen ustedes un poco.

Hay otras cuestiones que destacan aquí como, por ejemplo, la del registro de jornada. Esto le puede parecer a uno bien o mal pero, desde luego, es antiguo, no casa con las necesidades actuales y con situaciones como las del teletrabajo. También es sorprendente que ustedes traigan aquí una memoria de este decreto-ley y que digan que establecer un registro de jornada no incrementa las cargas burocráticas. ¿Cómo? Vuelve a ser otra chapuza. Como le decía anteriormente, señora Valerio, si esto se difiere a la negociación colectiva, esta implantación de un registro de jornada no es, desde luego, muy urgente.

También este decreto-ley trae cosas sorprendentes. Usted ha dicho que hay una sentencia -y es cierto- que cuestiona pero no declara inconstitucional que se tengan en cuenta las rentas familiares para conceder o no el subsidio. En un país moderno no se entiende que se le conceda un subsidio, una vez agotadas las prestaciones, a una persona parada si tiene otros ingresos de otras fuentes en cuantía muy considerable. Esto no tiene sentido. Tampoco tiene sentido si tiene un patrimonio muy elevado. Estamos hablando de un subsidio por razones sociales, no estamos hablando de otro tipo de rentas. Por tanto, a nosotros nos parece que, entendiendo que ustedes tienen mucha prisa electoral, no costaba nada haber intentado, en primer término, negociar esta norma, hacerla, explicársela y trasladársela a los servicios de la Tesorería de la Seguridad Social de tal manera que pudiese ser aplicable.

En consecuencia, nosotros, dado que hay algunas medidas que sí que compartimos, nos vamos a abstener y pediremos su tramitación como proyecto de ley. Les decimos que no solamente es que no sean formas sino que su política económica está llevando a España -y eso que solamente han tenido ocho meses y no han podido aprobar todo lo que les hubiese gustado- al fracaso.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes a todos y a todas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías!

La señora DÍAZ PÉREZ: Señora Valerio, la verdad es que hoy nos queda una cosa clara después de escuchar al compañero Campuzano del PDdCAT y es que durante estos meses la excusa del PDeCAT resultó ser falsa, a palabras de lo que el señor Campuzano nos ha dicho.

Comienzo esta intervención señalando que ustedes nos quieren hacer creer a la ciudadanía española que una cosa es poder y otra es querer. Lo que nos vienen a decir ustedes es que nos traen este real decreto absolutamente menguante y que no han podido derogar la reforma laboral ni la reforma de pensiones porque querían pero es que no podían. Pues no, señora Valerio, se ha demostrado claramente una cosa y es que el Partido Socialista deroga leyes cuando da mítines y cuando está en campaña electoral. Cuando después pasa al Gobierno y a la vida real, la vida se impone y la CEOE impone su criterio y, desde luego, los que mandan de verdad, que son los poderes económicos, les dicen a ustedes lo que hay que hacer. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

La señora DÍAZ PÉREZ: Vamos a hablar de esta medida concreta después de lo que hay que hacer justamente cuando hablemos del registro de jornada. Por tanto, no es que no puedan derogar la reforma laboral, han tenido tiempo sobrado, es que no quieren hacerlo. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio, por favor!

La señora DÍAZ PÉREZ: Son otros los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades.

Lo que ha pasado, señora ministra, es que ustedes nos traen aquí un sucedáneo -un sucedáneo de mala calidad además-, si se permite el sucedáneo, señora ministra, porque lo que hace este real decreto-ley es dejar completamente intactas las normas laborales que han destrozado el mercado laboral y además normas que son absolutamente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras, de manera que ustedes van a dejar completamente brillantes y relucientes las normas del Partido Popular y las suyas propias, insisto, que han precarizado el mercado de trabajo para, obviamente, no modificar sobre ellas ni siquiera una coma.

Le voy a poner tres ejemplos rápidos. Primero, la preferencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa queda intacto. ¿Sabe lo que va a pasar gracias a ustedes y a este real decreto ahora? Que las 'kellys' de nuestro país van a seguir automedicándose. Esta es la vida real, señora ministra. ¿Sabe lo que le va a pasar a un guarda jurado cualquiera de nuestro país, por poner un ejemplo? Va a ver cómo su vida sigue exactamente empobrecida, que es lo que han conseguido consumar las dos reformas laborales, la del Partido Popular y también las suyas. Otro ejemplo que les vamos a poner es la ultraactividad de los convenios. Fíjese, señora ministra, lo que ha pasado, la macroeléctrica Endesa, que hace lo que le da la gana, incumpliendo el convenio colectivo y las normas que rigen sobre él. Ustedes se van obviamente sin modificar la ultraactividad de los convenios colectivos. De manera risueña y alegre ustedes plantean esto a los españoles y a las españoles. Me ha gustado mucho escuchar al señor Campuzano porque el artículo 42 queda niquelado y brillante, tal y como lo dejó el Partido Popular y hemos conocido, efectivamente, que ustedes prefieren que las grandes multinacionales, que son las que mandan, pongan las normas. Y, bajo la excusa de la que nos hemos enterado del PdCAT, las normas son que ellas van a seguir especulando con la vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, porque ustedes se van de aquí sin mover ni una coma.

Si me permiten, además de sucedáneo, su norma provoca sonrojo. Que ustedes tilden esta norma -usted lo ha dicho, tomé literalmente su expresión- de herramienta de lucha contra la precariedad laboral da bochorno. No sé si usted ayer ha escuchado a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT; yo sí, estaba allí. Desde luego, da bochorno que usted afirme lo que acaba de afirmar. Vamos a hablar de la precariedad. En primer lugar, después de haber pactado con nuestro grupo la eliminación de las bonificaciones a la Seguridad Social por ser -como dice el Banco de España, que no es susceptible ni sospechoso de ser un organismo revolucionario- un peso muerto en la economía, ustedes con esta norma lo que hacen es más regalos a los empresarios y, además, con una tesis de buenismo económico. No sé cómo tildar lo que están haciendo. Nos quieren decir que van a crear empleo y van a atacar la precariedad dando dinerito fresquito de la Seguridad Social a los empresarios de nuestro país. Ministra, no sé si usted ha examinado desde el año 1992, durante más de treinta y cinco años de bipartidismo, cuáles han sido las políticas de fomento del empleo en nuestro país. Han sido nefastas: entregas y entregas a razón de más de 3500 millones de euros de la Seguridad Social al año en bonificaciones a los empresarios que no crean ningún puesto de trabajo. Y usted trae un decreto en el que, supongo que a modo de despedida, le hace un regalito nuevamente a la CEOE y a las patronales. Además, la bonificación se aprueba después de escuchar decir a Octavio Granado y a todo su Gobierno -según quién hable- que no se pueden revalorizar las pensiones porque el sistema está en quiebra, pero le metemos un agujero gordísimo con más bonificaciones e incluso para fomentar con su real decreto el trabajo a tiempo parcial, a lo que no se había atrevido ni siquiera el Partido Popular. Lo más grave, ministra, es que usted bonifica -es decir, les da dinero de la Seguridad Social- a los empresarios para que cumplan la ley. Le hago una pregunta: ¿Transformar un contrato fijo discontinuo en un contrato indefinido no es cumplir la ley? Le hago una pregunta muy sencilla. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando se pretende blanquear una parte del trabajo no declarado en la hostelería, ¿no es cumplir la ley, señora ministra? ¿Tenemos que hacerles un regalo y bonificar a los empresarios de este país para que de una puñetera vez cumplan la ley? Desde luego, ministra, no estamos de acuerdo. Han incumplido ya no el acuerdo con este grupo -lo que tiene poca importancia-, sino con los trabajadores, las trabajadoras y los sindicatos de clase de este país.

Vayamos a la modificación del artículo 34, apartados 7 y 9. Ministra, aquí es donde se les ha visto claro de qué lado están. No hay duda ninguna. No me extraña, como escuché en un medio de comunicación a primera hora después de publicarse su real decreto, que el presidente de la patronal aplaudiera con las


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orejas, si se me permite la expresión. No me extraña que fuera así. El registro de jornada que ustedes hacen no es que sea timorato, señora ministra, sino que es justamente lo que quería la patronal. Es un registro de jornada que nos dice dos cosas. Primero, que se garantizará que se cree un registro de jornada, pero ¿cómo? Con la negociación colectiva; y reproduzco las palabras de Pepe Álvarez y Unai Sordo ayer. Vamos hacer un balance dentro de un año, señora ministra, lo vamos hacer usted y yo y veremos cuál es el resultado. Segundo,¡hombre!, lo que quería la patronal española y que ha recibido con muchísima alegría: que la decisión sea del empresario. Pues claro, ministra, pero es que el problema es que para que el registro opere y para controlar las horas extras -esos tres millones de horas extra que los españoles y las españolas trabajan gratis en nuestro país a la semana- es evidente que se tienen que garantizar dos cosas. Una es el derecho a la información de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan saber con riguroso control cuántas horas hacen cada día y la otra es respetar a los representantes colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras para que también puedan acceder. Este es un registro opaco. Digo más, ministra. A consultas que hemos formulado a especialistas en derecho laboral, ellos dudan de que incluso formalmente cumplan con el derecho de la Unión Europea respecto a este registro de jornada. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora DÍAZ PÉREZ: Insisto en que aquí es donde se les ha visto de qué manera se han colocado ustedes, sin rubor, del lado de la CEOE. Esto es lo que quería la CEOE y lo que querían las grandes multinacionales y esto es lo que por desgracia tiene nuestro país. Dejan claro de qué lado están.

La señora PRESIDENTA: Señora Díaz, tiene que terminar.

La señora DÍAZ PÉREZ: Termino ya.

Para finalizar, señora ministra, vamos a apoyar este real decreto por una cosa, por la gente que no tiene nada que llevarse a la boca y está en desempleo, por el subsidio de desempleo. Si no fuera por esa razón, señora ministra, no convalidaríamos este real decreto. Por esta razón, porque somos gente que venimos aquí a defender a los y a las de abajo, porque somos gente responsable, vamos a convalidar este real decreto.

Termino, señora ministra. Se van como han venido, dejando a los trabajadores y trabajadoras a la intemperie. Su relato de que quieren y no pueden no es real, pueden y no quieren, porque están atados de pies y manos completamente por la banca y los que mandan en este país, que se llaman CEOE y otros poderes que obviamente todos conocemos. Cuando el presidente del Gobierno se reunió con el Ibex 35 muy recientemente, en enero de este año, nos quedó también claro cuáles fueron sus compromisos. Pero ustedes se van como han venido: no quieren, pueden y dejan a la clase trabajadora a la intemperie.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Esta claro que más de uno se va a bajar el vídeo de la intervención en la Diputación Permanente y lo va a ir haciendo correr por Twitter.

Este grupo parlamentario votará a favor de la convalidación del Real Decreto 8/2019 por múltiples razones. (Rumores). La primera de ellas porque beneficia a miles de personas que han resultado damnificadas por una larga crisis de diez años...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora PEREA I CONILLAS: ..., mujeres, jóvenes, menores, mayores, personas desempleadas arrojadas del mercado laboral y sin esperanza obligadas a jubilarse pese a tener truncada su carrera de seguro, personas trabajadoras con una relación laboral precaria, familias en riesgo de pobreza. Todas ellas medidas para dar respuesta a colectivos que necesitan soluciones urgentes, y yo creo que lo positivo de esta Cámara es que todos hemos coincidido en ellas, desde la regulación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, prestaciones familiares que incrementan el esfuerzo en la lucha contra la pobreza infantil destinando mayores recursos económicos a los hogares con menos ingresos, el incremento de cuantías mínimas de la incapacidad permanente total, la protección social de trabajadores del mar o de


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los agrarios, que se han visto afectados por la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora en la operativa a efectos de cotización en caso de la inactividad de artistas o la conversión de eventuales trabajadores, por ejemplo del campo, fijos discontinuos en actividades turísticas o parados de larga duración, mujeres, jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años. Les reconoceré que cuando pienso en los mayores de cincuenta y dos años o en las personas en paro de larga duración me viene a la memoria la imagen de Javier Bardem en la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. A quienes duden en si apoyar o no la convalidación de este real decreto-ley les recomiendo que la recuerden, porque estoy segura de que la han visto más de uno de ustedes, y si no, no duden en verla, pero mientras tanto apruébenlo, porque afecta a más de 2 millones de personas.

Señorías de la derecha, lo que ustedes en los medios de comunicación califican como los viernes sociales de gran irresponsabilidad, los socialistas, los progresistas, lo calificamos de justicia social. A lo que ustedes llaman decretazos electorales utilizando palabras altisonantes y ofensivas -espero que la próxima legislatura traiga algo más positivo en esa terminología-, a lo que ustedes definen como los viernes electorales, los socialistas lo llamamos luchar contra la desigualdad. Y señores de Ciudadanos y del Partido Popular, España hoy es el cuarto país más desigual de la Unión Europea. A lo que ustedes llaman despectivamente los black friday o su campañita -creo que ha dicho la señora de Ciudadanos-, los socialistas lo llamamos oportunidades para miles de personas. Fíjense, estamos hablando de que este decreto-ley puede afectar a más de 2 millones de personas. La reforma de los mayores de cincuenta y dos años supone una palanca en el presente para tener una oportunidad también de formación en este momento para muchos de ellos, pero también de futuro, ya que supondrá una pensión digna. Y me hablan también de la gestión del subsidio. Pues miren, desde el 14 de marzo, que empiezan a entrar las solicitudes, hasta el 1 de abril, los datos son que de 56 000 solicitudes, se han resuelto 32 000 y están en proceso el resto. Nos podemos quedar con el titular o profundizar un poquito más. Ojalá la próxima legislatura traiga esa profundización. Nos podemos quedar con el titular o profundizar un poquito más. Ojalá la próxima legislatura traiga esa profundización.

En cualquier caso, lo que ustedes llaman, señores de la derecha, tomadura de pelo, los progresistas lo llamamos urgente y necesaria respuesta a colectivos que nos han estado requiriendo soluciones desde el mismo día que ustedes dictaron aquellos reales decretos y la reforma de 2012, entre ellas la laboral, y sus reformas en el ámbito de la Seguridad Social de 2013. Señores del PP y de Ciudadanos, habrán enviado al correo no deseado o al spam todos los e-mails que hemos recibido en esta legislatura de miles de personas de más de cincuenta y dos años que han requerido que este real decreto tuviera lugar, y cuanto antes mejor. Habrá que hablar de por qué la Mesa del Congreso ha bloqueado algunas de estas iniciativas a lo largo de esta legislatura. (Aplausos).

¿Van a obviar, señores de Ciudadanos -ya han dicho que se van a abstener, pero lo hacen con una alegría contenida-, que estas miles de personas tengan una expectativa de derecho de presente y de futuro? Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida son contundentes: 1 114 000 parados de cincuenta y dos a sesenta y cuatro años a fecha de diciembre de 2017, un 43,40 % es la tasa de pobreza de los mismos; 695 011 parados de cincuenta y dos a sesenta y cuatro años sin prestación, un 46 % de pobreza; y lo que es peor, 2 803 861 personas en hogares encabezados por mayores de cincuenta y dos a sesenta y cuatro años sin prestación, un 41.22 % de pobreza. Pues bien, todos estos porcentajes, duros y fríos, esconden detrás nombres y apellidos.

Señores de las derechas, mientras ustedes piensan en recortar gasto social cuando afirman que bajarán impuestos si gobiernan, están prometiendo pobreza y miseria. Precisamente, este real decreto a lo que da respuesta es a la pobreza y a la miseria que a lo largo de esos diez años de dura crisis han sufrido, en este caso, más de 2 millones de personas. Y aquí, como diría una amiga mía, no hay tema; ante la miseria, hay que dar respuestas, y urgentes. Según un informe de Oxfam, la diferencia del gasto social en España respecto a la media de los países de la Unión Europea es de 4 puntos, es decir, España apuesta menos por el gasto social, y la diferencia de presión fiscal -ustedes que se quejan tanto, señores de la derecha, de que no hay suficiente dinero para destinarlo a ese gasto- resulta que en España es casi 7 puntos por debajo de la media de la zona europea. Por tanto, consideramos que hay margen suficiente para dar respuesta a estas personas que, con nombres y apellidos, nos necesitan, después de que desde 2014 se esté produciendo un crecimiento económico en nuestro país.

Señorías, son políticas erróneas aquellas que resalten la mejora económica. Han sumido al país en una desigualdad rampante. Es intolerable, y lo ha dicho la ministra. Es necesario favorecer un mayor impacto redistributivo y, evidentemente, dar respuesta a todas estas personas. Son medidas dirigidas a


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personas con altas cargas familiares y a mujeres. Les leo textualmente datos de ayer del ministerio: la cifra de trabajadoras afiliadas en marzo de 2019 fue de 8 835 018 mujeres, representando un 46,39 % del total. En 2018 era inferior. A pesar de que se sigue produciendo una lenta aproximación de los datos de las mujeres a los de los hombres, nunca en ningún mes antes había habido tantas afiliadas a la Seguridad Social como en este marzo de 2019. El empleo femenino sigue creciendo a un ritmo interanual ligeramente superior al masculino, si bien, como ha dicho la representante de Podemos, queda mucho camino -voy acabando, presidenta- por recorrer. Precisamente, el Pacto de Toledo establecía medidas para la lucha contra la brecha salarial. Malauradament, diriem els catalans, no ha podido ser así. También los Presupuestos Generales del Estado de 2019 ofrecían estas posibilidades. Desgraciadamente, esto no ha podido ser así. Esperemos que la próxima legislatura nos traiga mejores augurios para el Pacto de Toledo y el presupuesto.

Acabo. Ustedes, señores de la derecha, hablan de que los viernes sociales van a generar un déficit porque no se han mirado la memoria económica. Mírensela. Señor De la Torre, es escandaloso lo que usted dice sobre la memoria económica. Ya solo el Real Decreto 28/2018 puede atender perfectamente el gasto que va a suponer, que va a llegar a los 700 millones de euros. Hago una última reflexión. Señores de la derecha, ¿dar apoyo a 2 millones de personas está en la cabeza de la derecha o no?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta, con su venia.

Señorías, qué raro que la portavoz socialista no haya contestado a la portavoz de Podemos, porque se ha referido solo al Partido Popular cuando ni siquiera hemos empezado a hablar y cuando hemos visto la retahíla de cosas que le ha proferido la portavoz de Podemos al Partido Socialista. Pero en fin, cosas veredes

El decreto nos habla, entre otras cosas, de la recuperación de la edad de cincuenta y dos años para el subsidio por desempleo, que ya se ha comentado y debatido, las garantías del registro horario... Claro que coincidimos en el fondo de algunas propuestas, pero es imposible entrar a debatir sobre el fondo de un decreto que nace viciado por su electoralismo. Es como un árbol con las raíces muy débiles cuyos frutos nunca van a tener la apariencia que se anuncia. Hay que ver, como decía, que el populismo de Podemos les llame buenistas económicos nos da una idea de en qué situación nos hallamos y qué clase de debate estamos teniendo, porque haciendo un breve análisis de lo que nos vamos encontrando vemos ejemplos muy concretos, como el establecimiento de la obligación a las empresas de registro del horario de trabajo. Ahí podemos convenir que esta medida claramente ha provocado el rechazo de los sindicatos mayoritarios y de las organizaciones de los inspectores de Trabajo, e incluso muchos juristas han detectado varios agujeros en la reforma. La pregunta es muy clara: ¿Con quiénes hablan ustedes para redactar sus decretos? ¿Con qué parte de la sociedad? ¿Con quién se comunica este Gobierno para redactar decretos que luego tienen que ponerse en marcha y que afectan a las personas?

Otro concepto es el establecimiento de medidas contra el paro juvenil, cuando en diciembre, mediante real decreto, otra vez, se derogó el conjunto de incentivos a la contratación, que -¡ojo!- permitieron recuperar 2 765 000 empleos desde el año 2013 y reducir la tasa de paro juvenil en veinte puntos. Eso sí fueron medidas por el empleo y fueron medidas gestionadas y hechas por el Partido Popular.

Señorías, estamos convencidos, la mejor política social es la creación de empleo, pero eso no parece ir con este Gobierno, que se inventa otras cosas. En los nueve meses de Gobierno de Sánchez tenemos decenas de miles de parados más y decenas de miles de afiliados menos en la Seguridad Social. Eso es lo que presenta como obra la gran gesta del señor Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Pretender meter en los reales decretos medidas pactadas en unos Presupuesto Generales del Estado que no fueron creíbles ni para el Banco de España ni para la Airef ni para Bruselas es sencillamente una quimera solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y dejará de serlo en las urnas. Otra reconfirmación de estos nueve meses: queda claro que los colectivos más perjudicados por la política socialista son los jóvenes y las mujeres, justo los mismos que dice favorecer pero que no lo hace.

Aún recuerdo cuando el todavía presidente del Gobierno, el señor Sánchez, decía que la utilización partidista de las instituciones democráticas era corrupción política. Estaba construyendo sin duda una hipérbole en un discurso claramente partidista en aquellos días. Paradojas del destino, hoy nos encontramos en un debate en cuyas entretelas se vislumbran los últimos días del Gobierno, marcados por


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una utilización populista de las instituciones, construida a base de recetas buenistas. Unas no se podrán llevar a cabo y otras van a ser fruto de un Gobierno que ya no existirá. Lo que está claro es que el Gobierno con estos decretos ha transgredido una vez más la línea de la lealtad institucional. El Gobierno vuelve a manosear el lenguaje y pretende convertir la extraordinaria y urgente necesidad en urgencias de partido con instrumentos buenistas que sirvan de resorte electoral. Señorías, las palabras no tienen el significado que da quien las proclama, tienen el que tienen, y un decreto no vale si no se le da valor y una norma no es norma si carece de normatividad. Pero el señor Sánchez pretende hacernos creer a todos que es social lo que sencillamente es propaganda electoral. Y por ahí no vamos a pasar, no vamos a aceptar este engaño y por consiguiente no vamos a apoyar este decreto. Somos coherentes, no como otros que hemos escuchado aquí echar la bronca y que luego apoyan el decreto. Eso es incoherencia política y el Partido Popular tiene claro que es la bandera de la coherencia política. Hablamos claro y lo que decimos lo hacemos, señorías.

Estamos ante un auténtico populismo institucional. El Gobierno vuelve a emponzoñar el origen de las normas para dotar de rango jurídico sus prisas electorales. En los países democráticos de nuestro entorno, cuando se convocan unas elecciones, los Gobiernos de turno dictan normas de gestión diaria o de asuntos realmente urgentes que por su propia naturaleza gozan de un consenso indiscutido en todas las fuerzas políticas, como ha sido siempre y como es normal. Así había ocurrido aquí hasta ahora, ahora no. El Banco de España -ya se ha dicho aquí esta mañana- ha calculado en su último informe los excesos de estos viernes populistas con un déficit público disparado, del 2,5 o 2,6 %, 14 000 millones de euros por encima del objetivo del 1,3. Eso va a traer más paro y más recesión. Esa es la única realidad, esa es la realidad contrastada, eso es lo empírico en política y en los Gobiernos, cuando se habla de Gobiernos en serio.

Vayamos al ámbito jurídico, señorías. Les decía que muchas de estas normas carecen de normatividad, y es que son de imposible cumplimiento en la práctica. Lo que tiene un decreto es que se pone en marcha y cuando se está convalidando es posible que se vean algunos efectos. Aquí los efectos los hemos visto de inmediato, carecen de normatividad por su falta de concreción, por las prisas con las que fueron redactados o porque solo han sido redactados con un fin electoralista. Están ocurriendo precisamente con este decreto, como ejemplo más palpable, situaciones de descontrol del funcionamiento de la Administración pública y del cumplimiento de las normas, señorías. Por ejemplo, en el subsidio para mayores de cincuenta y dos años. Está prácticamente paralizado por sus lagunas y por la improvisación con la que fue redactado. En el Servicio Público de Empleo Estatal los funcionarios no dan abasto, pero tampoco dan crédito, crédito a su propio Gobierno, señorías. Lo ha denunciado el diario El Mundo (varios señores diputados: ¡Ohh!), hay miles de solicitudes paralizadas, el Gobierno ha admitido más de 24 000 solicitudes. Estas son palabras del Gobierno, que ha admitido más de 24 000 solicitudes paralizadas, y eso es un escándalo, señorías, eso es un escándalo. (Rumores). El incompetente, el que ha provocado este escándalo es el Gobierno del señor Sánchez con sus fines electoralistas. El Gobierno tiene 24 000 solicitudes de hombres y mujeres que han solicitado esta subvención y que tienen a un Gobierno incompetente enfrente. Por si fuera poco el lío, señorías, hay una instrucción interna del 28 de marzo de la Administración del Estado pidiendo la paralización de los subsidios de miles de españoles ante la confusión generada por la norma del Gobierno. Esto está pasando ahora en nuestro país con este desgobierno, mejor dicho. ¿Cómo se puede jugar con el futuro de la gente de esta manera. Ahora, la nueva instrucción del Gobierno consiste en que se inscriban los ciudadanos para recibir ayudas aunque no cumplan con los requisitos. Están haciendo buena la Administración del pobrecito hablador, del vuelva usted mañana. Están yendo un paso más. Aquí la Administración socialista dice: Vuelva usted, para nada, mañana, porque nada tendrá si no cumple los requisitos. Están engañando a los ciudadanos. Sí, señorías del Grupo Socialista, los viernes negros solo traerán más lunes al sol, y el Gobierno del presidente Sánchez solo ha traído penurias para España. Ahí están los datos del empleo. Ahora es el Gobierno el que nos habla de pensiones. Y yo me pregunto, ¿cómo puede hablar de pensiones quien aplaudió congelarlas y ejerció con su voto en el mismo sentido, que fue el señor Sánchez? (Rumores). ¿Cómo pretendemos sacar alguna verdad de quien miente tanto, señorías? Entre tanta mentira lo normal es otra mentira y es lo que estamos viendo todos los días con este Gobierno.

Señorías, señora presidenta, si la nueva política no ha demostrado nada y solamente ha traído más inestabilidad y estos viernes negros (rumores) bañados en populismo institucional, la mala vieja política ha inundado de demagogia nueve meses para olvidar, señorías. Lo malo si breve parece menos malo, pero cuando es tan malo como esto puede ser incluso peor. Señorías, este Gobierno está raspando la olla


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de sus vanidades y colmando el tarro de sus desaciertos. Este Gobierno está apurando el vuelo, pero, por fortuna, se acerca el tiempo de su relevo. Y una vez más, ante una crisis institucional como esta, será el Partido Popular el que tome las riendas de esta gran nación y saque adelante a España. (Aplausos).

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER. (Número de expediente 130/000061).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías. Presento ante esta Diputación Permanente para someterlo a su convalidación el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, tras su aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo.

Mediante este real decreto-ley el Gobierno sigue apostando por la política de vivienda y la regulación de aspectos fundamentales en el acceso a la vivienda que afectan a muchos ciudadanos. Para ello, el requisito de extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas que recoge este real decreto-ley se apoya y justifica en sólidos motivos como son los siguientes. El primero, la grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda en el mercado. Según datos de Eurostat, en el año 2017 más del 42 % de los hogares españoles que viven en régimen de alquiler destinaban más del 40 % de sus ingresos para el pago de las mensualidades, y ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea.

El segundo de los motivos es la escasez del parque de vivienda social, que en España ofrece cobertura a menos del 2,5 % de los hogares; una cifra que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores a 15 % registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca. Como referencia, según la encuesta continua de hogares, del INE, que conocimos precisamente ayer, el 53,1 % de los jóvenes entre 25 y 29 años vivía con sus padres o con algunos de ellos en 2018, porcentaje que ha crecido 4,6 puntos en los últimos cinco años. En tercer lugar, el número de desahucios vinculados a contratos de alquiler. Estamos creciendo a un ritmo anual muy próximo 5 %. Cuarto, seguir avanzando en el cumplimiento de nuestros compromisos con los acuerdos internacionales sobre derechos sociales en una materia que no admite demora. En este sentido, cabe recordar el dictamen del Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, adoptado el 20 junio 2017 que, en particular, señalaba la obligación de adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales en los procedimientos de desahucio de la vivienda habitual cuando afecta a hogares especialmente vulnerables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos realizado los trabajos oportunos para volver a presentar un nuevo texto con rango de ley con determinadas mejoras que se introducen en este Real Decreto-ley 7/2019, de Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler con los siguientes objetivos: ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta y dar apoyo a los grupos más vulnerables y aliviar la carga financiera de las familias.

A continuación, paso a describir con más detalle, teniendo cuenta los tres objetivos que ha perseguido este texto normativo y que acabo de mencionar, el contenido del real decreto-ley cuya convalidación debatimos hoy. Comenzando por las medidas que se centran en ofrecer una mayor seguridad y certidumbre al inquilino tenemos las siguientes. En primer lugar, la ampliación de la prórroga obligatoria. Con objeto de aumentar la estabilidad del arrendatario se establece la ampliación de la prórroga obligatoria hasta los cinco años, con lo que se recupera el plazo existente hasta la reforma de la Ley 4/2013. Asimismo, se propone que en aquellos casos en los que el arrendador sea una persona jurídica, este plazo de prórroga obligatoria se amplíe hasta los siete años. Por otro lado, se amplía de uno a dos meses el plazo de preaviso cuando el arrendador necesite recuperar la vivienda, debiendo quedar esta circunstancia recogida expresamente en el contrato de arrendamiento. En segundo lugar, ampliamos la prórroga tácita de uno a


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tres años y ampliamos a dos meses para el inquilino y cuatro meses para el arrendador el plazo de preaviso previsto para no renovar contrato. En último lugar, volvemos a dar efectos ante terceros a los contratos no inscritos, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado el inquilino queda protegido, esté o no inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad.

Como segundo objetivo, las medidas que se regulan en este real decreto-ley para incentivar la oferta son las siguientes. En primer lugar, el texto normativo recoge un mandato al Gobierno para impulsar la oferta de viviendas de alquiler. Sin ir más lejos, en la encuesta continua de hogares a la que antes me he referido, ayer conocimos que en 2018 bajó ligeramente el porcentaje de hogares que viven en régimen de alquiler. Como segundo punto se establecen dos medidas para favorecer la información y la trasparencia en el mercado de alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales. Se regula una información mínima que debe recoger los depósitos autonómicos de fianzas en las comunidades autónomas donde existan y se creará en el plazo de ocho meses un índice estatal de referencia del precio del alquiler de la vivienda. Se establece también el derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto por administraciones públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos. En cuarto lugar, se establecen medidas fiscales de estímulo de la oferta en tres líneas. La primera de ellas habilitando el gravamen en el IBI de la vivienda vacía. Se trata de una medida que, por un lado, contribuye a optimizar el destino del parque de viviendas existente, desincentivando la propiedad de viviendas que permanezcan desocupadas con carácter permanente. Asimismo, reduce la conflictividad judicial que supone para los ayuntamientos la actual regulación del recargo del IBI. En segundo lugar, bonificando en el IBI la vivienda protegida del alquiler. De esta forma se establece la posibilidad de dar a las viviendas destinadas al alquiler asequible un tratamiento fiscal más favorable. Y, en tercer lugar, eliminando el impuesto sobre transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. Con esta medida se contribuye a reducir los trámites administrativos y la carga tributaria asociada a la suscripción de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, sin que afecte de forma significativa a la recaudación de este impuesto, teniendo en cuenta que representa menos del 0,2 % de la recaudación. Quinto, se mejora técnicamente la exclusión de la LAU de la vivienda turística para su regulación específica por las comunidades autónomas, y se permite que una mayoría de tres quintos de las comunidades de propietarios puedan limitar las viviendas de uso turístico o asignarles mayores gastos comunes. En sexto lugar, se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la vigencia del contrato, permitiendo en este caso pactado el incremento de la renta durante el resto del contrato. Para finalizar este bloque como séptimo punto, se habilita a los ayuntamientos a gastar sus remanentes de tesorería en materia de vivienda. Los ayuntamientos españoles, debido a las políticas de contención del gasto público, tienen más de 20 000 millones de euros en depósitos en los bancos que puede gastar.

Estamos dando apoyo también a los grupos más vulnerables y aliviando la carga financiera de las familias. En primer lugar, se mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad y se mejora y agiliza el procedimiento. Con la finalidad de proporcionar una alternativa habitacional a las personas o unidades de convivencia que puedan verse afectadas por un desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, el órgano judicial que conozca del asunto remitirá una comunicación al órgano autonómico o municipal competente en materia de servicios, con objeto de que estos servicios evalúen la vulnerabilidad económica de los hogares afectados. Como segundo punto, se limitan las garantías adicionales a dos meses. Con esta modificación se reduce o limita la carga económica que requiere para el inquilino la firma de un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda y que en ocasiones supone una barrera de acceso a la vivienda en alquiler. Tercero, se limita la actualización de la renta durante la vigencia del contrato al IPC. De esta forma, los incrementos anuales de la renta estarán limitados al incremento general de los precios, pero se mantiene la libertad de pactos y la posibilidad de establecer otros sistemas o referencias para la revisión de precios. En cuarto lugar, corresponderán al arrendador, cuando este sea persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización. Y quinto, se facilitan en las comunidades de propietarios las obras de accesibilidad y se obligan cuando existan importantes ayudas públicas, aquellas que superen el 75 %. La apuesta de las políticas públicas en ayudas a la accesibilidad debería repercutir de manera beneficiosa en todos los ciudadanos, y no solo en aquellos que deseen acogerse a las mismas para mejorar su inmueble. Por ello, si la Administración pública paga el 75 % de un proyecto de accesibilidad, se establece la obligatoriedad de tales obras de accesibilidad y que el 25 % restante del coste de las obras se sufrague entre todos los propietarios. En sexto lugar, se blinda la posibilidad de subrogación en caso de fallecimiento del inquilino a favor de determinados perfiles vulnerables.


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Concluyo ya, señorías. Mediante este real decreto-ley tratamos de dar una respuesta política urgente al problema de acceso a la vivienda en España, revirtiendo las consecuencias que sobre el mercado del alquiler tuvo la reforma de la LAU en 2013. Asimismo, defiende a los inquilinos, da seguridad a los arrendadores y pone límite a las prácticas abusivas en el mercado por parte de los fondos de inversión. De igual forma, trata de solucionar el drama creciente de los desahucios. Para finalizar, retomamos la iniciativa para solucionar el problema de la vivienda en España. No cabe duda de que todas estas medidas deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continuamos trabajando. En este sentido, venimos realizando un trabajo de mayor profundidad y reflexión sobre el marco normativo vigente que afecta a la vivienda en España. Este trabajo deberá culminar con la presentación en la próxima legislatura de una ley estatal de vivienda cuyo borrador se encuentra en un estado muy avanzado.

En resumen, el Gobierno ha actuado en el corto plazo para atender asuntos que sin duda aún requieren actuaciones urgentes, pero también se trabaja en el largo plazo. Tenemos a España en la cabeza, a sus ciudadanos, a sus territorios y a sus organizaciones de diálogo social donde el derecho al acceso a una vivienda ha de ser protegido por los poderes públicos y es un objetivo primordial para este Gobierno. Esta es nuestra determinación, que seguiremos defendiendo con la misma ilusión y convicción con la que hemos actuado durante este tiempo. Por ello, desde el Gobierno consideramos que la convalidación del real decreto-ley es necesaria, para lo que hemos procurado mantener contactos con los distintos grupos políticos.

Señorías, permítanme que les pida que no dejemos pasar esta oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en esta Diputación Permanente. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor Ábalos. Una vez más el PSOE ha perdido una oportunidad para poner en el centro de sus políticas los intereses de la ciudadanía en general, dejar de priorizar los intereses de grandes propietarios o la banca y, tras el fracaso en la convalidación del primer real decreto, nos trae otro para adornar la campaña electoral, pero con insuficiencias claras. La razón principal para decir esto es que siguen resistiéndose a actuar sobre los precios abusivos del alquiler, no proponen medidas para ponerles límite, así como tampoco actúan para movilizar la vivienda vacía de una manera clara y decidida, que es lo que la ciudadanía necesita para ejercer un derecho básico como es el derecho a la vivienda. Y es que establecer mecanismos para elaborar un índice de precios está bien, pero si esta no es la base para actuar sobre la subida de los alquileres nos permitirá saber mejor cómo se está comportando el mercado, pero no actuar sobre él. Igualmente, si los contratos son más largos y durante esos años solo se sube el IPC le pondremos freno en cierta medida a una subida desmedida, pero si no hemos actuado sobre el precio inicial la propia subida del IPC puede convertirse para muchos en inasumible.

Esas son algunas de las importantes carencias que le seguimos viendo a este segundo real decreto. Pese a todo, constatando la nula voluntad de actuar en esta materia por parte del Gobierno -y debido a la urgencia por lograr avances, aunque sean parciales, para proteger el derecho de toda persona a tener una vivienda,- apoyaremos este real decreto, por entender que la primera negativa a su propuesta ha traído consigo mejoras en las que tendremos que seguir profundizando, y mucho todavía, en la próxima legislatura. Por citar algunos de esos avances: además del mencionado sobre la duración de los contratos y la actualización de precios, destacaríamos que se acaba con los desahucios abiertos, se amplía el plazo de preaviso, la validez de los contratos sin registrar o la obligación de los jueces a comunicar de oficio los expedientes de desahucio. Estos son algunos de los avances, tímidos, frente a los que encontramos innumerables carencias como que la suspensión de los desalojos se limite a un mes y no hasta garantizar una alternativa habitacional.

Así pues el nuestro será un apoyo crítico por considerar que todo lo que se avanza nos ayudará en el camino a recorrer, pero conscientes de que tendremos que seguir impulsando medidas que respondan al problema de la vivienda y que en la actualidad sigue arrojando un saldo de un aumento de un 5 % anual de desahucios por impago del alquiler. Lo haremos aquí y lo haremos en Euskal Herria valiéndonos de las competencias que tenemos para ello en materia fiscal y de vivienda.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo va a convalidar este real decreto-ley.

Coincidimos en la dimensión del problema y remarcamos que el problema de la vivienda singularmente afecta a grandes ciudades y singularmente afecta a la ciudad de Barcelona. Creemos que el real decreto, y parte de nuestro debate político, tiene ideas equívocas en relación con el problema de la vivienda. El problema de la vivienda no se sitúa tanto en el mercado libre, en aquellos pisos que ofrecen familias particulares y empresas que acumulan capital inmobiliario, sino que el problema de la dificultad de acceso a la vivienda en las grandes ciudades, y especialmente para las personas jóvenes, responde a la ausencia durante décadas de una política pública de construcción de viviendas asequibles y viviendas sociales. Por tanto, una aproximación política y legal como la de este real decreto-ley, que focaliza el problema en el mercado libre, tiene sus riesgos; y el riesgo de las regulaciones que establecemos es que los costes de la vivienda de alquiler puedan subir o que algunos propietarios, fruto de la regulación, saquen menos pisos en alquiler. Ese es el riesgo, y la comparativa en países de nuestro entorno nos apunta en esa dirección.

Entendemos que existe una demanda social y que la construcción de vivienda pública asequible y social para clases medias, para jóvenes, para sectores y para personas en riesgo de exclusión social no se puede hacer de un día para otro, y los ejemplos los tenemos en algunos equipos municipales que llegaron al poder municipal con esa bandera y que su balance en la construcción de vivienda pública asequible ha sido un absoluto fracaso. Además, en la construcción de una política pública que facilite el acceso a jóvenes y a personas en riesgo de exclusión social a esa vivienda, sí o sí se va a necesitar la colaboración con el sector privado. Nadie puede imaginar una política pública que sea capaz de movilizar en los próximos años 150 000 millones de euros. O se hace con el sector privado o no se va a hacer. Lo que en este real decreto echamos en falta es una política fiscal de estímulo al alquiler, porque en el mercado privado libre no van a ser tanto las regulaciones que establecemos para evitar la subida de precios, aquello que va estimular que haya mayor oferta, sino que tengamos una política fiscal más sólida, más potente y mejor pensada en materia de alquiler. Lo que lamentamos respecto a este real decreto, como en el resto, es que este debate, que es un debate en el que no todos los grupos pueden coincidir con nuestra posición, no tengamos el tiempo de una tramitación parlamentaria seria y como Dios manda que nos permita profundizar en estas cuestiones. De nuevo estamos en lo toma o lo deja y en ese toma o lo deja, desde la discrepancia en algunas cuestiones, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto. Vamos a ver resultado que tiene el mismo, recordando además que es un error pensar que una misma normativa en todo el Estado va a ser eficaz y útil, porque el problema de la vivienda no va ya por comunidades autónomas o regiones ni va casi ya por ciudades, sino que depende de los barrios y eso implica empoderar a Gobiernos autonómicos y administraciones locales para desarrollar las políticas que convienen en cada uno de esos territorios.

Cuando escuchamos al ministro anunciar una ley estatal de vivienda lo que ya advertimos es que nadie piense que homogeneizar la política va a dar respuesta, sino que demos poder a las comunidades autónomas y demos poder a las administraciones locales para que tengan los instrumentos fiscales y regulatorios, y principalmente presupuestarios, para poner en marcha esa política de vivienda pública de alquiler para clases medias, para jóvenes y su emancipación y para personas en riesgo de exclusión social. Va a ser un reto para los próximos años.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Ya se ha puesto de manifiesto que se ha carecido de una política de vivienda en alquiler tanto pública como privada. Sin remontarme muy atrás, la LAU de 2013 quiso dinamizar el mercado del alquiler y, a todas luces, parece que lo único que consiguió fue que hubiera movimientos especulativos. En esta XII legislatura ha habido varios intentos de abordar la cuestión de la vivienda con una cierta densidad, como decía el señor Campuzano, pero no ha sido posible. Hubo dos propuestas. Una fue bloqueada por la Mesa; era de Podemos, si no recuerdo mal. La otra propuesta que abordaba el tema de la vivienda fue del Grupo Parlamentario Socialista y fue también bloqueada, en este caso, por el Gobierno. En diciembre


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se nos presentó un decretoley que no fue convalidado y ahora, dos o tres meses después, vuelve a presentarse un nuevo decretoley para su convalidación en el cual se pretende afrontar lo que ya estaba sobre la mesa en el anterior decretoley no convalidado: las tensiones inflacionistas, problemas de expulsión del mercado por causas económicas, equilibrio, seguridad jurídica, etcétera.

El decretoley se articula a través de cuatro grandes bloques normativos: arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, enjuiciamiento civil y haciendas locales, conectando con el impuesto de transmisiones y actos jurídicos.

Respecto al primer aspecto, arrendamientos urbanos, simplemente quiero manifestar lo que ya dijimos con ocasión de la tramitación del anterior decretoley: que quizá no considerábamos muy adecuadas estas medidas de ampliación de contratos, de plazos y de prórrogas para el pequeño tenedor, es decir, para el que tiene una vivienda y la pone en alquiler y que normalmente es una fuente complementaria de su renta. Creo que quizá son medidas más adecuadas para tenedores de cierto volumen. Sí compartíamos lo expresado sobre viviendas de uso turístico, pero también tenemos que decir que para usos turísticos, en propiedad horizontal, quizá la regulación sectorial es la de turismo, como se ha indicado, y entendemos que ahí las competencias son de las comunidades autónomas y -diría más- también inciden de manera muy importante las competencias locales, porque ya se ha dicho que la situación no es la misma en las distintas poblaciones. Por poner un ejemplo: Barcelona no tiene nada que ver con una pequeña población del País Vasco.

Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, este patrón de procedimiento es ágil; más que ágil, atiende al principio de precaución respecto a aquellas personas que pudieran encontrarse en una situación de necesidad y embalsa el procedimiento a efectos de que los servicios sociales puedan dar una solución habitacional, bien en un mes para el demandante particular, bien en tres meses si es persona jurídica. Esta Cámara ya abordó esto y ya está en el boletín con las ocupaciones en precario; ciertamente, no era declarativo, sino un procedimiento de interdictos. Ahora bien, tenemos que decir que en cierta medida, como dicen los británicos, esto no deja de ser una patada a la lata, porque, si los municipios no tienen capacidad financiera para atender a las demandas ocupacionales de la gente que va a ser desalojada, quedará en nada.

Respecto a las medidas económicas y fiscales de haciendas locales, por medio de la disposición adicional de la Constitución y del Concierto tenemos competencias. El IBI es un impuesto concertado, lo mismo que transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Este es nuestro posicionamiento básico sobre lo que contiene el decretoley, pero me gustaría hacer también una reflexión sobre lo que no contiene. A pesar del tiempo transcurrido, el decretoley no aborda la que consideramos que es la cuestión de fondo del mercado del alquiler, que ya ha sido apuntada. Por un lado, es un mercado escaso y caro y, por otro lado, coadyuva a esa situación la falta de vivienda pública accesible. La propia exposición de motivos del decreto expone que en Europa hay una media del 15 % de vivienda pública accesible, mientras que en el Estado español es del 2,5 %.

Esta falta de vivienda pública accesible tensiona enormemente el mercado de alquiler libre. Se quiere paliar, primero, que haya pocas viviendas libres movilizadas en el mercado de alquiler y, segundo, que haya poca vivienda pública accesible con medidas sobre la vivienda libre, que es este decreto. Como les decía, la falta de estos dos elementos condiciona el mercado simplemente porque falta oferta para los sectores sociales más sensibles y en peores dificultades, pero el gran problema es la falta de vivienda pública accesible y, en este sentido, este decreto-ley no deja de ser un parche, pues mientras no se produzca una oferta de esta vivienda pública en condiciones, lo que debiera hacerse -tampoco se hace en el decreto- es facilitar todas las medidas para poner en el mercado toda la vivienda libre vacía para alquiler. Esto no se hace, primero, porque no se examinan las causas por las que estas viviendas no salen al mercado y, segundo, porque no se examina, comprueba o testa por qué sus propietarios no las quieren alquilar y actuando sobre esos temas.

Consideramos que una de las causas de que no se quieran alquilar y no salgan es el proceso judicial que hay que seguir. Es un proceso penoso, largo y costoso que tienen que asumir los propietarios ante incumplimientos de los inquilinos, y esto sin duda alguna está condicionando la oferta. En este sentido, debiera modificarse -lo proponemos- la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los procesos por incumplimientos de contratos fueran sumarios y preferentes, y además mucho más baratos, que es lo que pasa en otros países de nuestro entorno y el mercado de alquiler es un mercado movilizado.

Lo dicho -quiero ir acabando, presidenta- no va en menoscabo de la idea de que disponer de una vivienda digna y adecuada no solo es un principio rector, como afirma la Constitución en su artículo 47,


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sino que debiera convertirse en un derecho pleno constitucional, de los de la sección primera, capítulo 2, título I, en un derecho público subjetivo en los términos que se determinen legalmente, como así sucede -no constitucionalmente obviamente- en el País Vasco, que se ha reconocido por ley un derecho público subjetivo en los términos de necesidad que establece el Parlamento. Por otra parte, también hay que considerar que la vivienda es un bien patrimonial para su propietario, sin perjuicio de la función social de la propiedad y muy singularmente con la vivienda, pues coadyuva a satisfacer necesidades de toda la sociedad.

La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, tiene que terminar.

El señor LEGARDA URIARTE: Acabo ya, presidenta.

En este sentido -finalizo ya-, consideramos que este decreto-ley tiene carencias y no aborda las causas más importantes de la escasez y carestía de la vivienda de alquiler en nuestra sociedad, que perjudica singularmente a los sectores más desfavorecidos.

Muchas gracias, presidenta, y lo siento.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, aun cuando nadie cuestiona el derecho a la vivienda, lo cierto es que nuestro sistema o el sistema político hegemónico garantiza o ampara la especulación del suelo, y además hemos padecido la falta de voluntad de distintos Gobiernos que no han fomentado la creación de parque de vivienda pública. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor TARDÀ I COMA: Solamente hace falta comparar los porcentajes de vivienda pública en el Estado español y los que se dan en muchos países europeos. De hecho, se perdió la oportunidad con las viviendas de los bancos rescatados con dinero público.

Respecto a Cataluña, se ha obstaculizado, y debemos denunciarlo una vez más, se han anunciado iniciativas, leyes aprobadas en el Parlament de Catalunya que pretendían actuar en ese sentido. Permítanme un apunte: en Cataluña estamos impulsando desde el Gobierno una regulación propia del contrato de arrendamiento en el marco del Código Civil catalán, una regulación que pretende ir más allá de lo que plantea este real decreto. En todo caso, el objetivo es limitar básicamente el precio del alquiler.

Este real decreto presenta, es cierto, una serie de mejoras respecto al anterior, al que no pudimos dar apoyo por insuficiente. Aun así consideramos que continúa siendo insuficiente, lo cual no significa que no valoremos positivamente algunas mejoras introducidas: el incremento del periodo de alquiler, la reducción de las fianzas, la repercusión de los gastos de gestión sobre el arrendador, el desbloqueo del recargo del 50 % del IBI sobre las viviendas desocupadas, la posibilidad de aplicar la bonificación de hasta el 95 % en el IBI sobre los alquileres con precio regulado, etcétera. Pero todavía hablamos de insuficiencia. Por ejemplo, hay que facilitar a los ayuntamientos herramientas que permitan regular el precio sobre la base de sus peculiaridades, por ejemplo, mediante instrumentos de fiscalidad directamente vinculados al precio del alquiler o la situación de desocupación de la vivienda. Entendemos que el problema no se ataca de raíz. El abuso con los precios y los incrementos de los alquileres, que siguen siendo libres, sometidos a un mercado que está muy condicionado, controlado incluso, por grandes empresas inmobiliarias y por fondos buitre. También entendemos que son insuficientes las medidas referentes al procedimiento de desahucio, porque solo se retrasa el desahucio y porque al fin y al cabo lo que se hace es derivar el problema y la solución a los servicios sociales; en definitiva, no se garantiza la alternativa habitacional, que es lo troncal.

Nosotros votaremos que sí, creo que se deduce de mis palabras, aunque también es cierto que hacen falta mejoras. Votaremos favorablemente y vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley porque creemos que lo verdaderamente progresista es no quedarse en los equilibrios entre el derecho a la vivienda y un supuesto libre mercado -digo un supuesto libre mercado-, porque en el fondo esto no deja de ser dar derechos o facilitar o poner lubricante a los engranajes de la especulación. En ese sentido, repito que vamos a votar favorablemente la convalidación del real decreto y, si existen mayorías suficientes como para aprovechar una tramitación parlamentaria, que entiendo que es anómala, lo reconozco, y


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solamente se entendería en el marco de una gran anomalía que es incluso esta misma Diputación Permanente, nosotros no desaprovecharíamos la ocasión para intentar introducir alguna mejora, que creo que ya se debería haber introducido en la redacción primigenia de este real decreto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.

El conocimiento que tenemos en este país del mercado del alquiler es escaso, entre otras razones porque hace unos años muy poca gente vivíamos de alquiler. Asistimos a un reordenamiento de la oferta y está subiendo el precio del alquiler porque la demanda se va canalizando hacia este sector. No obstante, se advierte la suavización del incremento del precio. El precio de la vivienda en alquiler ha frenado su ritmo de subida durante el año 2018 y ha acabado el año con un incremento del 9,3 % frente al 18,4 % que creció en el año 2017. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona ha visto cómo sus precios bajaban el 1 % el último año o Madrid ha finalizado 2018 con una subida interanual del 4,3 %

En la exposición de motivos del real decreto-ley se omite mencionar que esta subida se ha producido en un ciclo económico expansivo y que además se ha reducido mucho la oferta de vivienda nueva, datos que parecen importantes para entender lo que está sucediendo. Se reconoce en la propia exposición de motivos del decreto que la evolución del precio del alquiler es radicalmente distinta dependiendo de la ciudad que se estudie. La política de vivienda debería ser una prioridad absoluta para cualquier Gobierno. Sin embargo, desde el sector público solo se vienen poniendo parches. No hay un verdadero parque de vivienda pública, es el 1,5 % en España frente al 17 % en Francia y en el Reino Unido, casi el 21 % en Dinamarca y el 30 % en los Países Bajos. Las comunidades autónomas están llegando a perder fondos de los planes de vivienda porque no aportan su parte de cofinanciación, lo cual indica una baja conciencia de la cuestión. En Madrid, sin más lejos, el Gobierno de la señora Carmena ha bloqueado durante años el plan del sureste de Madrid que contempla la construcción de más de cien mil viviendas, la mitad de las cuales serían protegidas.

También cabe mencionar que el Estado se encuentra limitado por tener solo una competencia básica. No hay una ley estatal que desarrolle el famoso artículo 47, que por otra parte, como saben sus señorías, se enmarca dentro de los principios rectores de la política social y económica, por lo que necesitaría una ley de desarrollo para ser efectivo. Recordemos como antecedentes la derrota parlamentaria en el intento de convalidación del Real Decreto 21/2018 -solo han sido rechazados cuatro reales decretos en democracia-. Su real decreto de entonces no contenía ni una medida para aumentar la oferta de vivienda y sí contenía trabas y rigideces para el mercado del alquiler. No incluía medidas que para nosotros son imprescindibles para garantizar la seguridad jurídica, medidas antiocupación, incentivos fiscales al alquiler, incremento del parque de vivienda pública mediante colaboración público-privada, etcétera. Ahora no solo traen otro decreto-ley, sino que introducen nuevas medidas para contentar a sus socios. Por ejemplo, se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años, o a siete si el arrendador es persona jurídica. El mercado necesita estabilidad, no se puede ir variando la duración o cambiando la LAU cada cinco años. Se establece un régimen desigual distinguiendo entre arrendadores persona física o persona jurídica, sin dar una razón que justifique el distinto tratamiento. Por cierto, el Partido Popular vía enmiendas también ha defendido esta asimetría que nosotros no acabamos de entender entre personas físicas y jurídicas. Por culpa de esta medida se perjudica al propietario que es persona física, en su mayoría familias de clase media que han invertido en viviendas y que las ponen en alquiler y que se verán obligadas a ofrecer contratos de siete años para mantenerse en el mercado, mientras que las personas jurídicas, con mayor poder financiero, no se verán afectadas.

En cuanto a la limitación de fianzas a dos mensualidades, cierto, pero también caben garantías adicionales que pueden expulsar del mercado a los colectivos a los que más se necesita ayudar. Hablo de avales o de contratos de trabajo que se pueden solicitar.

En cuanto al derecho de adquisición preferente por las administraciones públicas en el caso de venta conjunta del inmueble, ahora se va a permitir que los ayuntamientos establezcan derechos de tanteo y retracto, que intervengan en operaciones de compraventa de inmuebles. ¿Qué significa eso? Un alcalde comprando bloques de pisos para evitar que sean comprados por fondos sin más. (La señora Martín González: Por fondos buitre). Ya sé que lo de los fondos buitre es casi algo automático, pero además


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de fondos buitre hay fondos que invierten y que hacen una actividad sin la cual... (La señora Martín González pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, hay quienes se lo llevan...

Veo que sus reacciones -si me permite la presidenta esta interacción con sus señorías de Podemos- son muy interesantes, porque en cuanto se formula la palabra fondo ellos hacen así. (Hace un gesto con la mano). Conciben la economía capitalista, que es la única que genera prosperidad en el mundo, como un robo, y esto explica en gran medida la grave hipoteca que tiene contraída el Partido Socialista al tener que apoyarse en personas con esta weltanschauung. (Rumores). Sí, weltanschauung, sí señor, sí.

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego silencio.

El señor GIRAUTA VIDAL: Regulación del recargo del IBI en las viviendas desocupadas. Esto me parece gravísimo. Puede suponer una subida del 50 % del IBI que se deja a la discrecional decisión de comunidades autónomas y ayuntamientos para quien tenga un piso en la playa o una segunda residencia, es decir, para 6 millones de personas, 6 millones de propietarios. Ya me imagino a algunos alcaldes intentando aumentar sus ingresos a base de subir el IBI a aquellos propietarios de su municipio que no les van a votar, porque esa es su segunda residencia, y no tocándoselo a quienes sí les tienen que votar.

En la disposición adicional segunda se incluyen índices de referencia de precios cuyo objetivo no está nada claro, ¿quizás son medidas de control de precios? Si no lo son, si se trata de una herramienta estadística no hacía falta incluirla en un real decreto. Respecto al control de precios hay pocas políticas que generen tanta unanimidad en sentido contrario. El economista sueco Assar Lindbeck dijo que los controles de precios son la mejor manera de destruir una ciudad aparte de bombardearla. Paul Krugman ha asegurado que hay pocos asuntos mejor estudiados en economía y que un amplísimo consenso señala que limitar los precios de los alquileres reduce la calidad y cantidad de la oferta de vivienda. Que el Gobierno haya incluido esta medida es una cesión más a sus simpáticos socios.

El real decreto-ley plantea dudas tanto respecto a la perspectiva técnica y normativa como desde la óptica del propósito que dice perseguir. No se ha realizado ni publicado un estudio profundo de la situación actual del mercado ni del efecto que las medidas pueden tener sobre el mismo. Además, al tratarse de un real decreto no se han realizado los trámites de consulta pública, audiencia e información pública. Siendo las políticas de vivienda en gran parte competencia autonómica, sorprende que se haya prescindido en el proceso de impulso normativo de la consulta con los responsables autonómicos o de las principales megaciudades afectadas.

La señora PRESIDENTA: Señor Girauta, tiene que ir terminando.

El señor GIRAUTA VIDAL: Termino diciendo que el Gobierno va a lograr lo contrario de lo que se propone, sospechamos. Introducir la enésima modificación de plazos, optar por un enfoque coercitivo en vez de incentivador, con recargos brutales del IBI y dinamitar el mercado del alquiler introduciendo más trabas, barreras y rigideces.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.

Podemos decir, en primer lugar, que este real decreto ya contiene algunos elementos que permiten que nuestro grupo parlamentario pueda votar a favor, cosa que en el anterior no ocurría. En primer lugar, porque existe algún tipo de limitación de precios dentro del propio contrato. La ampliación de años en el decreto anterior metía la burbuja dentro de los propios contratos. Si hablamos de derogar la reforma del PP de la Ley de arrendamientos urbanos, qué menos. Creíamos que era un elemento fundamental que, ahora que hay gente que se encuentra afectada por el ataque de los fondos buitre y se están produciendo adquisiciones enormes de vivienda, se garantizase el respeto a los contratos de alquiler de las personas que ya los tienen en vigor y que no tuvieran que pasar por registrarlos en el Registro de la Propiedad, que es un hecho que no se produce de forma regular en nuestro tráfico jurídico habitual.

Seguimos viendo muchísimas deficiencias, creemos que sigue faltando valentía política para poder enfrentar a esos nuevos operadores del mercado de la vivienda, que están siendo elementos centrales en la subida artificial del precio de la vivienda en nuestro país, en concreto de los alquileres. Y no es algo que


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se le haya ocurrido a Unidos Podemos, que podría ser, sino que en este caso son las propias Naciones Unidas las que están señalando con el dedo la actividad antisocial de Blackstone, el aumento desorbitado de los alquileres y una política de vulneración de los derechos humanos promoviendo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, factores que van en contra de los principales principios democráticos de una sociedad que entiende que no solamente la democracia son derechos civiles y políticos sino también derechos económicos, sociales y culturales, y que el Estado debe servir para proteger los intereses de las mayorías.

Este real decreto nosotros lo vamos a convalidar porque consideramos que tiene algunos elementos de mejora, pero nos parece que sigue sin ponerle el cascabel al gato. El elemento central es acabar con esa actividad antisocial y parar la subida abusiva de alquileres, y nosotros pusimos encima de la mesa algunas medidas que entendíamos que iban en ese sentido y que eran realmente efectivas y que desde ya se iban a notar en la población trabajadora de nuestro país una vez que se adoptara el real decreto. Es decir, una medida muy sencilla: además de aumentar los años, además de introducir el IPC dentro de los contratos, creíamos que era importante que esas dos medidas se aplicarán ya a los contratos en vigor, lo que supondría un frenazo inmediato en la subida de los alquileres, que las personas que hoy tienen contrato de alquiler vieran aumentada inmediatamente la duración de sus contratos y limitadas las subidas en los próximos años. Todo esto, además, legislando en torno a la cuestión relativa a las zonas tensionadas, zonas que están siendo atacados por estos fondos buitre con esas subidas artificiales de los precios de los alquileres. Creíamos que era necesario tener valentía política y plantar cara a los fondos buitre, que en estos momentos están realizando una actividad absolutamente antisocial. Pensamos que es un elemento clave en un momento en el que se está produciendo el mayor traspaso de activos de la historia de las entidades financieras hacia los fondos buitre y la Administración pública todavía no sabe qué es lo que está pasando de las entidades financieras a los fondos buitre. Nosotros y nosotras queremos reclamar que esas viviendas son de la gente porque las ha pagado; los 60 000 millones de euros del rescate bancario están en esos ladrillos que hoy se están regalando a los fondos buitre, lo que pensamos que es una situación absolutamente injusta e injustificable. En esa medida nosotros creemos que es importante en un día como hoy, en el que se festeja el Día mundial contra los paraísos fiscales, que haya un compromiso más allá de salir a hacer una foto esta mañana para acabar con los paraísos fiscales en nuestro país y las Socimi son paraísos fiscales en nuestro país porque no se pagan impuestos. Es una actividad económica que no paga impuesto de sociedades por especular con las viviendas, lo que creemos que es absolutamente injusto, forma parte de la injusticia fiscal que tiene como resultado la injusticia social en nuestro país, algo absolutamente inadmisible.

Claro que queremos inversiones; inversiones sí, pero buitres no. Y buitres son los que compraron a precio de saldo la vivienda pública en la Comunidad de Madrid porque se la regalaron aquellos que nos hablan de la patria y la venden a pedazos. Y lo mismo que hicieron en Madrid, en otros sitios lo han hecho otros de otros colores, con ventas en diferido, como se ha producido en los edificios de Parla, en concreto en la calle Urano 90, donde están los vecinos movilizándose en contra de Goldman Sachs, que se ha quedado con una promoción de viviendas construidas en suelo regalado por el ayuntamiento; supuestamente aquello iba a ser vivienda social y a los diez años se convierte en el chollo de Goldman Sachs para sacarles las entrañas a la gente trabajadora. Y al mismo tiempo quiero recordar que este no es un caso aislado, que no se produce solo en Madrid, que se está produciendo en Coruña con promociones impulsadas por Feijóo, entregadas nuevamente a la empresa privada al cabo de los diez años para que durante sesenta y cinco años hagan lo que les dé la gana y abusen de la gente como les dé la gana, y también se produce en Euskadi, adonde quiero mandar un saludo a los compañeros de Donosti, a los bloques de Benta Berri, que también están peleando por evitar que un fondo buitre haga lo mismo, la venta en diferido de las viviendas a los fondos buitre. Creo que es importante que las fuerzas políticas de este país tomen partido y tomar partido significa que optemos entre la gente y los buitres, yo creo que esa es una decisión política que hay que tomar. (Aplausos).

Aquí hay muchas sensibilidades patrióticas distintas y además se expresan con banderas diferentes; nosotros partimos de un sentimiento más plurinacional porque entendemos y respetamos la identidad nacional de cada cual pero creemos que defender la patria es defender que la gente tenga derecho a una vivienda digna y no vender precisamente la vivienda a fondos buitre. Precisamente en este momento es necesario tener mano dura con los buitres; hay que tener en cuenta que no vienen solamente por la vivienda porque los mismos, estos de Blackstone, además de comprar viviendas en nuestro país, además de aumentar de forma salvaje los precios, además de desalojar a la gente sin cumplir los mínimos


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estándares en materia de derechos humanos, se dedican a convertirse también en los nuevos criminales tras la compra de las casas de apuestas para dedicarse a intoxicar a nuestros jóvenes. Queremos decirles a los fondos buitre que es probable que tengan la posibilidad de ponerle una mordaza a muchas fuerzas políticas en esta Cámara, pero que no les quepa ninguna duda de que mientras esta fuerza política esté en esta Cámara van a tener una fuerza política enfrente diciéndoles que tienen que cumplir la ley, que se tienen que respetar los derechos humanos y que tienen que devolver lo que le han robado a nuestro pueblo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta.

Yo también voy a defender el derecho a la vivienda, aunque no con el mismo tono que el señor Mayoral porque no lo tengo. (Risas). Pero como no podía ser de otra manera, anunciamos nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto que hoy debatimos, y dijo que no podía ser de otra manera porque es imprescindible dar ya una respuesta a la ciudadanía ante la problemática que para gran parte de la misma supone no poder acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna, porque la vivienda es un derecho, como he repetido muchas veces durante esta legislatura que acaba. Por eso hemos de garantizárselo cuanto antes a quienes nos demandan soluciones en este sentido: a familias en riesgo de exclusión social, a familias con ingresos mínimos que demandan alquileres asequibles, a jóvenes. Decía el Partido Popular en el anterior debate que a este Gobierno no le interesan los jóvenes. Bueno, pues a jóvenes también; jóvenes que, como estas familias, se encuentran con ese muro que levantó precisamente el Partido Popular en 2013 aprobando en solitario y echando mano de su mayoría absoluta la llamada Ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, en la que reformaban la Ley de Arrendamientos Urbanos y favorecían esa burbuja inmobiliaria que ha llevado a una subida desorbitada de los precios de los alquileres, expulsando de sus casas a los inquilinos con menos recursos. Y eso tiene que acabar, eso no es lo que merecen la mayoría de las familias de este país, las familias y las personas que quieren acceder a una vivienda en alquiler y que se encuentran con serias dificultades avaladas en gran parte por esa reforma de 2013. Porque se trata de avanzar; ya está bien de retroceder, por muy nostálgicos que se pongan ustedes, señorías del Partido Popular, por mucho que quieran evocar la prehistoria, por mucho que intenten disimular o no lo poco que les importan quienes menos tienen. Yo entiendo que hoy, por responsabilidad, deberíamos votar todos y todas a favor de este real decreto, porque estamos hablando de humanidad, estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de poner fin a la problemática que ustedes mismos, señorías del Partido Popular, generaron impidiendo, dificultando el acceso a una vivienda digna en condiciones de igualdad. Y empezaron, como digo, en 2013, pero recientemente, el pasado mes de enero, continuaron, y lo hicieron votando junto a otros grupos en contra del decreto que también contemplaba medidas en pro del alquiler asequible. Entonces aquel decreto se sometió a la aprobación de esta Cámara y hoy otro nuevo decreto en materia de vivienda y alquiler es sometido a su convalidación aquí, con mayores medidas sociales, con avances respecto al anterior y con el compromiso del Gobierno, como ha dicho aquí el señor ministro, de seguir avanzando. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Es un real decreto que llega ante lo que podemos calificar como de extrema urgencia, dada la grave situación de vulnerabilidad que padecen un gran número de familias y de hogares para afrontar los pagos de una vivienda en el mercado. Hacía referencia señor Ábalos a que los datos de Eurostat sitúan el precio de la vivienda de alquiler en España en 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea, pero, lo que es peor, si no se adoptan las medidas oportunas previsiblemente irá en aumento ya que el precio de los alquileres se ha incrementado en los últimos tres años en más de un 15 % y en algunas zonas el incremento duplica el registrado en el conjunto del país. Estamos hablando, por tanto, señorías, de urgencia social, una urgencia social derivada de un mercado de vivienda deficiente especialmente desequilibrado en el ámbito del alquiler, y que requiere ser atendida cuanto antes, y la mejor manera de hacerlo es votando a favor de este texto normativo dado que los objetivos que recoge sí responden a la necesidad de atender esa urgencia social con medidas concretas, fruto del trabajo constante del Gobierno y del afán por llegar a consensos con la mayor parte de los grupos aquí representados, como mayor seguridad al inquilino con medidas que protegen su relación contractual y garantizan también seguridad a las economías domésticas recogiendo, por ejemplo, la creación en el plazo de ocho meses de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de la vivienda o la promoción


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del alquiler con incentivos fiscales tanto a propietarios como a inquilinos. Pero el texto, señor Girauta, no lleva control de precios ni tampoco recargos brutales del IBI. También contempla mayor apoyo a los grupos más vulnerables mejorando la coordinación con los servicios sociales para proteger a las víctimas de desahucios en los supuestos de vulnerabilidad. Se da, en definitiva, un giro social en la política de vivienda con estas medidas que se han enumerado y que solo tienen, como digo, una finalidad: garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano. Por tanto, este decreto defenderá este derecho o, por lo menos, es una buena arma para ello. Son indispensables las medidas que contiene para dejar de retroceder, para avanzar junto a la sociedad que reclama soluciones ante los problemas que hasta ahora les puede suponer el ejercicio del derecho a la vivienda. Estas soluciones las ofrece el real decreto, como digo, y repito que nuestro voto va a ser favorable.

Espero, del mismo modo que lo espera una gran mayoría de este país, que ustedes no impidan con su voto en contra que esa mayoría social que está aguardando ahí fuera pueda acceder a una vivienda digna. De ustedes depende, señorías, porque esto no va de pataletas ni de ver quién es más de izquierdas o más de derechas, esto va de justicia social y por eso les pedimos su voto favorable. Hoy se van a retratar, hoy van a demostrar si de verdad les importa avanzar con la ciudadanía o si todavía están pensando en volver, como algunos ya evocaban recientemente, a las cavernas neandertales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rominguera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Suárez Lamata.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

Después de escucharles atentamente ya anuncio el voto en contra de mi grupo parlamentario. (Rumores). Es muy similar el decreto que el Gobierno trae hoy al que debatimos en noviembre de 2018. Le preocupó tanto al Gobierno el no del Partido Popular que hoy -por cierto, faltando el ministro a la verdad- ni se han dirigido a nosotros para intentar pactarlo; eso sí, con el sí es sí que ustedes habitualmente le dan al nacionalismo. Y hoy hemos visto cuál es el tema de fondo: ustedes están intercambiando este decreto por otro que es inconstitucional y que en Cataluña pretende introducir en el Código Civil una modificación con la vivienda. Respecto a los populistas de Podemos, el señor Mayoral ha soltado su mitin. Al final, tienen el apoyo de aquellos en los que ustedes se han apoyado fundamentalmente durante estos ocho meses.

¿Por qué en tiempo de descuento este decreto-ley? Las formas en democracia son importantes y quiero recordar que el señor Sánchez prometió la regeneración de la democracia, acabar con este tipo de medidas y el último informe de Transparencia Internacional le dice que no ha adoptado ni una sola medida para regenerar esa democracia. También le quiero recordar a este Gobierno lo que dice la doctrina, la universidad, sobre el uso del decreto-ley para regular aquello que no es ni extraordinario ni urgente sino más bien problemático para el Gobierno. Lo que dice la doctrina es que es profundamente antidemocrático. No les voy a explicar lo que es extraordinaria o urgente necesidad, lo que sí les digo es que la Constitución lo habilita como algo muy limitativo y este Gobierno lo que ha hecho ha sido un uso ilimitado de esta figura. Y respecto a la exposición de motivos, me va a permitir el señor ministro que le diga que está plagada de errores que no me parece que no sean intencionados. No es verdad lo de la tasa de esfuerzo ni es verdad lo que se habla del incremento de precios, y si tan urgente es este decreto-ley, ¿cómo se difieren luego los plazos a ocho meses o a dos meses para que el Ministerio de Fomento adopte medidas? Miren, la urgencia de este decreto se llama conseguir votos, no tiene otra, dando falsas esperanzas a aquellos que realmente necesitan una vivienda. Es un engaño electoral más del Partido Socialista, como todo lo que rodea al presidente del Gobierno: un engaño tras otro.

No les diré nada de la calidad normativa, pero sí les diré que deteriora profundamente la democracia. Esta es una de esas medidas que debería haberse traído a esta Cámara y haberla planteado como un proyecto de ley. Y le hago otra reflexión al Gobierno: en ocho meses de gobierno no ha sido presentado casi ningún proyecto de ley, pero han aprobado más leyes que el Parlamento; el Gobierno ha aprobado más leyes que el Parlamento. Algo deberían reflexionar sobre esto porque el ciudadano puede llegar a pensar que vivimos en un estado de excepción en el que todo es urgente y al final puede acabar pensando también que nada lo es.

Y, si entramos en el contenido de este decreto-ley, es propio de un presidente de Gobierno que de economía no sabe nada. Sencillamente, el hecho de copiar una tesis para que le habilitara el título de doctor da la sensación de que le infunda sabiduría. Pues, señorías, es complicado. Un típico decreto


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intervencionista que le dice a los dueños de los pisos, que son seres malignos, lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cuándo tienen que alquilar, cómo tienen que alquilar y qué precio tienen que poner, al final tiene consecuencias y tiene consecuencias graves.

Me ha hecho mucha gracia alguna alusión de Podemos al capitalismo. ¿Es que no se han enterado todavía que lo que está en crisis es el intervencionismo? Nunca ha funcionado. El intervencionismo ha provocado el desastre y el caos. Pero lo que más me sorprende de toda esta cuestión es que esta ley es una mala copia de una ley alemana de 2015 aprobada por Merkel. ¿Y sabe lo que sucedió? Que en tres meses se duplicó el incremento del precio de los alquileres, de tal manera que la señora Merkel tuvo que dar marcha atrás, derogar la ley y dedicarse a lo que se tiene que dedicar un Gobierno, que es a generar un escenario en donde se puedan construir viviendas. Tienen ustedes un precedente y, aun así, siguen persistiendo en el error.

En ocho meses de Gobierno el PSOE se ha instalado en el marketing más que en resolver los problemas de la gente. Este marketing, viernes tras viernes, anuncia medidas que sencillamente no se pueden pagar. Las van a pagar todos los españoles con más impuestos. Ustedes han copiado lo peor del zapaterismo. No sé si recuerdan aquella batería de medidas que realmente puso a España al borde de un rescate. Por copiar, copian lo peor del zapaterismo. Pero les quiero decir más, y ya se ha mencionado aquí, es un acuerdo preelectoral entre Podemos y el Partido Socialista que no resuelve el problema base que provoca el incremento de los precios del alquiler, que es la escasez de oferta y la falta de seguridad jurídica. La solución de intervención no es ninguna solución. Lo que este Gobierno está haciendo es eludir sus responsabilidades y no adoptar las medidas que son necesarias, trasladándoselas al arrendador y a los ayuntamientos.

Se habla aquí de los fondos por activa y por pasiva. Señorías, el último informe del Colegio de Registradores de hace pocos meses dice que el 88 % de las viviendas que se han inscrito son compradas por particulares. Solamente un 12 % son fondos. (El señor Mayoral Perales hace gestos negativos). Sí, ya sé, señor Mayoral, que a usted le da igual, pero no sé si se da cuenta de que desmonta toda la soflama que usted hoy aquí ha montado. (El señor Mayoral Perales: ¡Se equivoca!).

Este decreto ley es tan social, tan social como las humildes viviendas del señor Zapatero o del señor Pablo Iglesias. Es exactamente igual de social porque lo único que va a provocar es una restricción en la oferta que fundamentalmente va a provocar que haya dos tipos de arrendatarios: los que tienen trabajo estable y buenos sueldos, que van a poder alquilar sin ningún problema, y aquellos que son menores de treinta años y mayores de cincuenta con contratos temporales, mileuristas o familias en riesgo de exclusión, que sencillamente van a ser expulsados con este decreto del mercado.

La búsqueda desesperada de votos hace que este Gobierno vuelva a tropezar dos veces en la misma piedra. Esta mañana por casualidad me he acordado de que la última vez que se reguló la subrogación forzosa y la congelación de la renta, ¿saben cuándo fue, señorías? En un decreto del año 1964. Ustedes por copiar, copian hasta de Franco.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Suárez Lamata.

- REAL DECRETO-LEY 9/2019, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, PARA SU ADAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD DE LA ESTIBA PORTUARIA Y SE CONCLUYE LA ADAPTACIÓN LEGAL DEL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS. (Número de expediente 130/000064).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Para presentar el real decretoley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidente.

Comparezco también ante esta Diputación Permanente para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de


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marzo y publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. En él se finaliza el marco normativo a nivel de ley del régimen para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, lo que conocemos como estiba.

Me gustaría comenzar haciendo un pequeño resumen de los antecedentes que nos han llevado hasta la situación actual. Tras la sentencia impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014 que todos conocemos, el anterior Gobierno comenzó la modificación del régimen legal de la estiba con el objeto de dar cumplimiento a la misma, para lo que aprobó en mayo de 2017 el Real Decretoley 8/2017, que fue convalidado por esta Cámara. Dicho real decretoley modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio. Asimismo, estableció un régimen transitorio de tres años que permitiera la evolución de estas sociedades de una forma gradual -plazo que acaba, por tanto, en mayo de 2020- y creó la figura de los centros portuarios de empleo como empresas de trabajo temporal especializadas en el sector de la estiba y que se constituirían como la evolución natural de las antiguas sociedades de estiba, las denominadas Sagep. Añadido a lo anterior, estableció como principal sistema de acceso a la profesión de estibador el certificado de profesionalidad, que determina la capacitación para el desarrollo de esta actividad laboral, añadiendo que requeriría en todo caso la realización de unas prácticas profesionales no laborales en instalaciones portuarias en los términos que reglamentariamente se determinara. También se regulaban otros aspectos sobre los que no voy a entrar en detalle, aunque sí me gustaría destacar que dicho real decretoley preveía un futuro desarrollo reglamentario del mismo en su disposición adicional tercera.

Dado todo lo expuesto, el Gobierno anterior inició la tramitación de un real decreto que no llegó a culminarse. Partiendo de esta situación, este Gobierno se puso a trabajar intensamente con el fin de culminar el proceso lo antes posible, dotando al sector de la seguridad jurídica necesaria y modificando aquellos aspectos que la experiencia acumulada en estos dos años nos ha demostrado que deben evolucionar. Así, hemos finalizado este trabajo mediante el real decretoley que hoy traigo a esta Diputación Permanente y un real decreto que, como saben, se está tramitando actualmente. Todo este trabajo nos ha llevado hasta aquí, hasta la convalidación de este real decretoley, que culmina la regulación del régimen jurídico legal de la estiba. Se requiere este instrumento de rango legal para, en primer lugar, poder dar certidumbre a un sector clave para la economía española tras un proceso que lleva más de cinco años abierto. En segundo lugar, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores, algunas de sus previsiones esenciales deben materializarse en un plazo temporalmente limitado, siendo así que la implementación de tales medidas requiere el desarrollo y la culminación de un proceso de negociación colectiva cuya duración media oscila entre seis meses y un año. Así ocurre concretamente con la autorización legal para que un convenio colectivo establezca la subrogación obligatoria de los trabajadores procedentes de las Sagep en caso de separación de socios, disolución o transformación en centros portuarios de empleo, o con la necesidad de adaptación de los convenios colectivos al nuevo marco legal. Y en tercer y último lugar, además de dotar de seguridad jurídica al sector, sentar las bases para la mejora de la eficiencia del mismo.

Quisiera resaltar que todos los grupos parlamentarios son conscientes de esta situación tan excepcional. Por ello la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 20 de febrero una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria con el máximo consenso posible en el sector, respetando los principios de la normativa europea y con el objetivo final de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores, cuestiones a las que estamos dando respuesta hoy. Como he indicado, el Gobierno anterior ya trabajó en este desarrollo reglamentario, y este trabajo ha sido retomado por el actual equipo del ministerio con espíritu de diálogo constructivo. Por otra parte, la experiencia que se ha acumulado en estos dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017 ha aconsejado abordar determinadas cuestiones que requieren modificaciones legales con objeto de garantizar los derechos de los trabajadores en este entorno de cambio del régimen aplicable, así como otras medidas que tratan de mejorar la eficacia del sector. Por tanto, las necesidades que se abordan requieren el uso de un doble instrumento jurídico con plazos enormemente ajustados: un real decreto-ley, que es el que aprobó el Consejo de Ministros el 29 de marzo, y un real decreto que se está tramitando por procedimiento de urgencia a fin de que se pueda aprobar también lo antes posible.

A lo largo de todos estos meses el Gobierno ha llevado a cabo una intensa labor de diálogo tanto con el sector, para asegurar el máximo consenso posible, como con la Comisión Europea con el fin de


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establecer los objetivos de la misma y despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha. El objetivo final es conseguir tras este periodo transitorio un sector en el que tengamos un mercado abierto, con libertad de contratación de trabajadores profesionales y un personal bien formado y eficaz para tener puertos competitivos capaces de competir internacionalmente, y todo ello respetando los derechos de los trabajadores y la estabilidad en el empleo.

Brevemente, el contenido más relevante de este real decreto es el siguiente. Dispone una habilitación legal para que a través del convenio colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las sociedades de estiba asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos. De este modo se garantiza un tránsito ordenado al nuevo marco establecido por el Real Decreto-ley 8/2017, tantas veces ya comentado, de modo que se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo. Asimismo, se recoge una modificación de la Ley de las empresas de trabajo temporal para establecer las especificidades aplicables a las que desarrollen parte de su actividad en el sector de la estiba y otras específicas para los centros portuarios de empleo. Como ya se ha dicho, dichos centros son empresas de trabajo temporal que desarrollan su actividad exclusivamente en el ámbito de la estiba y que son la evolución natural de las antiguas Sagep pensando en mejorar su eficacia teniendo en cuenta las singularidades de este sector. Y en el caso concreto de los centros portuarios de empleo, para establecer el requisito de que los socios de estas empresas deban tener la licencia de empresa estibadora, de modo que se garantice la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad. Todo ello sin olvidar el protagonismo que se otorga a la negociación colectiva en determinadas cuestiones de la organización de la actividad productiva como el instrumento prioritario de negociación y acuerdo entre empresarios y trabajadores que establece nuestro marco laboral.

También se modifica el Real Decreto-ley 8/2007 para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores facilitando así el acceso a la profesión y aumentando su calidad. De esta forma, los alumnos que estén cursando el certificado de profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de contar con un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas. Con esta nueva normativa se consigue culminar el marco jurídico legal de la estiba de forma que se garantiza la estabilidad y calidad del empleo, así como los derechos de los trabajadores en un entorno de paz social; se adoptan medidas para lograr una mayor flexibilidad organizativa en las empresas, con el fin de maximizar su productividad, y se dota de seguridad jurídica a un sector esencial para nuestra economía.

Señorías, una vez analizada la situación y ratificadas ampliamente las razones de urgencia exigidas constitucionalmente, el Gobierno decidió en el Consejo de Ministros del pasado día 29 la aprobación de este real decreto para culminar la regulación del régimen jurídico legal de la estiba. Lo ha hecho sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y garantizando la estabilidad en el empleo, facilitando así el tránsito ordenado al nuevo marco que ya estableció el anterior real decreto-ley del año 2017. En definitiva, se trata de conseguir un mercado abierto, con libertad de contratación de trabajadores profesionales y personal bien formado y eficaz, preparado para la incorporación de las nuevas tecnologías para tener puertos competitivos, como ya dije, modernos y capaces de competir internacionalmente.

Esta convalidación es necesaria para cerrar un problema que ya lleva demasiados años abierto y que pone a nuestro país en riesgo de sufrir graves pérdidas económicas que no nos podemos permitir. Es necesario también porque asegura la paz social en el sector portuario español y su continuidad y porque afianza la competitividad de la economía española y el futuro de nuestro país como importante base logística para el transporte marítimo internacional. Esto es responsabilidad de todos y estoy convencido de que ustedes son conscientes de todo ello. Tal es así que por eso instaron a este Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria. Y eso es lo que hemos intentado hacer, lo que hemos intentado llevar a cabo, y, como ya les he comentado, con una intensa labor de diálogo tanto con el sector -trabajadores y empresarios- como con la Comisión Europea, y no ha sido del todo fácil.

Por todo ello, solicito a esta Cámara el voto favorable para la convalidación de este real decreto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.


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La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente.

Apoyamos este decreto, como ya lo hicimos anteriormente, porque compartimos con los trabajadores de la estiba la necesidad de proteger sus ya menguados derechos y velar por su seguridad en el ejercicio de su actividad laboral. El PP pretendía liberalizar al máximo el sector, y en la medida en la que se establecen ahora exigencias en capacitación y experiencia se produce una ligera mejora en las garantías para el desempeño de la tarea de estibadores de las personas empleadas en el sector. Pero no podemos dejar de denunciar que es un acuerdo de mínimos el que se plantea, que apoyamos, como dicen los propios trabajadores, como mal menor. Estamos hablando de un sector estratégico para Euskal Herria que, como tal, tiene que tener apoyo público. Para realizar políticas públicas a favor del sector, necesitamos tener en nuestras manos la toma de decisión sobre puertos, como el de Santurtzi o Pasaia, que Madrid retiene por considerar estratégicos. Queremos implementar políticas públicas que pongan freno a las ETT, que buscan maximizar el beneficio poniendo en riesgo la vida de las personas trabajadoras. Hace diez años se privatizó el sector para dar entrada precisamente a las ETT, pero en nada ha mejorado la competitividad de los puertos ni las condiciones laborales. Podríamos decir que ha ocurrido justo lo contrario: el salario se ha reducido en torno a un 20 % mientras los beneficios empresariales han seguido aumentando.

Queremos la toma de decisión también para que este sector sea referente en la incorporación e igualdad entre hombres y mujeres mediante políticas que obliguen a las empresas a variar la actual realidad masculina, que responde a la falta de voluntad de las mismas por acabar con los obstáculos para la incorporación de la mujer y la superación de la división sexual del trabajo. Siempre defenderemos el sector como estratégico y que como tal esté bajo control público, no sometido a las leyes de un mercado con centros de poder cada vez más alejados del territorio y de la gente. Por ello, como dicen los estibadores, con los objetivos claros pero entendiendo que el acuerdo de mínimos alcanzado es el mal menor y supone un pequeño avance, Euskal Herria Bildu apoyará la convalidación de este decreto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Tiene ahora la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Hoy hemos venido aquí a aprobar decretos que, en definitiva, pueden suponer o no avances sociales y que pueden beneficiar o no a las personas. Esta mañana hemos oído por parte de portavoces de Ciudadanos y del PP hacer hincapié en los socios y los socios y venga los socios. Aquí venimos no a ver quién vota qué, sino a ver si lo que votamos beneficia a la gente o no. ¿Beneficia a la gente lo que vamos a votar hoy? Votamos a favor. ¿No beneficia a la gente? Votamos en contra. Pero no votamos en función de quién vota qué, porque la misma legitimidad que tienen todos los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular la tienen todos los diputados y diputadas que están hoy aquí, y de eso se trata, de ver si avanzamos o si retrocedemos, de ver si esto es bueno para la mayoría de la gente o no lo es. En este caso, además, hay un acuerdo entre trabajadores, las empresas, el Gobierno y muchos grupos parlamentarios.

Entonces, ¿vamos a hablar aquí de socios, de lazos, de banderas, del pasado, de la historia? Vamos a hablar del futuro. Esto arregla un problema que tenía el PP y que no solucionó en su tiempo. Los trabajadores están medio contentos, pero aceptan esta propuesta, las empresas están de acuerdo y los demás lo que tenemos que hacer es bendecir y olvidarnos de una vez por todas ya de la matraca de los socios y los socios. Aquí se viene a trabajar para la gente, no a decir quién vota qué o quién no vota qué.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Decía el ministro en su exposición que este real decreto-ley culmina la regulación que se aprobó hace unos cuantos años y necesariamente mi partido debe hacer referencia a nuestra intervención entonces para hacer posible la aprobación de aquel real decreto-ley que permitiría liberalizar la estiba cumpliendo con los mandatos de la Unión Europea en un contexto de un expediente sancionador abierto por la misma por incumplimiento de la normativa comunitaria en la materia y en la que tuvimos una intervención activa,


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junto con la ministra Fátima Báñez y el ministro Íñigo de la Serna, en la resolución del conflicto. Singularmente encontramos en la resolución del conflicto el apoyo del sindicato de estibadores y de las asociaciones empresariales del mundo de la estiba. Por tanto, lo que hace este real decreto es culminar aquella regulación, resolver algunas cuestiones que aquella regulación abría pero que no cerraba del todo, singularmente, por ejemplo, la adaptación de la figura de la ETT a las necesidades de la estiba o reforzar una cuestión que en su momento ya era polémica, cual era la subrogación de los estibadores. El texto culmina ese proceso y en coherencia con aquello que hicimos hace unos cuantos años hoy vamos a votar favorablemente este texto, que además sabemos que llega con el apoyo de los sindicatos y las organizaciones empresariales.

En cualquier caso, en esta intervención quiero poner en valor nuestra acción política entonces y no hoy, porque hoy seguramente este real decreto va a ser aprobado por una amplísima mayoría, pero hace un tiempo eso no fue posible, de tal manera que el primer real decreto-ley que el Gobierno del Partido Popular envió fue rechazado por la Cámara. Y fue precisamente la intervención de los diputados del Partit Demòcrata, de común acuerdo con empresarios y trabajadores, la que construyó la mayoría posible que hizo que ese real decreto fuese convalidado. Ahí quiero poner en valor una acción política que se basó en el sentido de la responsabilidad, queríamos ser corresponsables de lo que iba a suceder en los puertos de Barcelona y Tarragona, infraestructuras básicas en una economía abierta y exportadora como es la economía catalana. Quisimos ser útiles a los intereses de la sociedad catalana. Nos implicamos en el problema y nos esforzamos en ser eficaces para resolverlo. De esa decisión me siento especialmente satisfecho; creo que hicimos lo que tocaba. Hoy eso se culmina, parece razonable que toque votar a favor.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Intervengo muy brevemente. El decreto-ley que debatimos a efectos de su convalidación, que trae causa del Real Decreto-ley 8/2017, pretende durante ese periodo transitorio de tres años que se implantó, en concreto en el segundo año de dicho periodo, completar la regulación del sector de la estiba y dar cumplimiento definitivo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de diciembre del año 2014.

El artículo más relevante, por lo que significa, es el referido a la subrogación obligatoria de trabajadores, es decir, en el fondo se disuelve la Sagep. Van a surgir unas ETT específicamente para trabajar en el puerto y para la manipulación de mercancías que son las que en gran medida -entiendo yo- asumirán a los trabajadores, principalmente a los fijos. Eso en la memoria no queda muy acreditado, y no sabemos si realmente puede haber obstáculos de la Unión en la medida en que también -aunque por otros motivos- el proyecto que desarrollaba el anterior decreto tuvo obstáculos y fue retirado por el Gobierno. Sí se produce un cierto bucle, que desconocemos qué opinión puede tener la Unión, si se han hecho consultas, respecto a las funciones de estos centros portuarios de empleo en la medida en que se encargan de la formación profesional de los trabajadores que en un futuro quieran obtener el certificado de profesionalidad. Se abre un portillo particular porque son los que, en buena medida, les van a poder contratar, pero ya facilitan la obtención de esos certificados empleándolos. Ese trabajo realizado va a contar en los módulos de prácticas de formación profesional, es decir, se van a hacer unos módulos. Hay una especie de bucle que ya veremos cómo lo valora la Unión.

También he de manifestar que si hay un acuerdo entre las partes implicadas, que son la parte social, el sector portuario y la Unión en cuanto a la defensa de la libre competencia -trabajadores, continuidad en el trabajo, y actividad portuaria, calidad y continuidad en el servicio-, en principio podríamos estar de acuerdo con la prevención de lo que he manifestado, la subrogación y las funciones de estas empresas de trabajo temporal, los centros portuarios de empleo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes.

Hoy es un día particularmente feliz, de los pocos que hemos tenido en los últimos tres años. Vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. De hecho, es una victoria sobre el neoliberalismo


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más salvaje que se pretendía con los primeros reales decretos-leyes. Por ello, aprovechamos este momento para felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus sindicatos, a sus organizaciones, que durante cuatro años han luchado por evitar la liberalización absoluta de este sector, rebajando claramente sus condiciones laborales y, en definitiva, sus condiciones de vida. Por tanto, les felicitamos. Sé que han pasado por momentos muy duros, se que han recibido campañas de descalificación indecentes, pero hoy esto ha llegado a buen puerto, es una victoria y nos marca en cierta manera un camino. Las movilizaciones, las huelgas, los sindicatos, sus organizaciones son útiles, y cuando hay partidos que son fieles a los intereses de los trabajadores y a sus derechos sociales la cosa aún va mejor. Si me lo permiten, si estos mismos partidos fueron igual de sensibles con los derechos nacionales, veríamos una alternativa muy clara a otro tipo de España, que representan otros.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.

Señor Ábalos, durante buena parte de la mañana y parte de la tarde, en la tramitación de estos reales decretos -estamos en el quinto-, creo que los calificativos más escuchados en esta sesión han sido que todo esto es un parche, que es una chapuza, se han escuchado las palabras oportunista, electoralista, pero creo que ustedes no se ruborizan. Ustedes escuchan esto y sin rubor ninguno les da absolutamente igual lo que piense la Cámara. Las formas lo son todo en democracia, señor Ábalos, señores del Gobierno, señoras y señores diputados del Partido Socialista, las formas lo son todo en democracia, y estas no son formas. Están ustedes haciendo un uso espurio del real decreto-ley, y creo que esta sesión quedará para la historia como precisamente la demostración real de hasta qué punto tenemos que cambiar probablemente temas en nuestra propia Constitución para que estas sesiones vergonzantes no vuelvan a suceder. Y le digo vergonzantes porque hay señores como el señor Otegi, que durante todo el día de hoy se sigue jactando de la cantidad de llamadas que ha recibido durante esta semana por parte suya, por parte de su Gobierno o por parte del Partido Socialista precisamente para dar soporte a estos reales decretos, dada la exigua mayoría de los socios del señor Sánchez en esta Diputación Permanente, y como aquello que podía ir de un voto, nos dedicamos a pedirle, a implorarle o ustedes se dedican a pedirle, a implorarle al señor Otegi que les vote.

No solo lo han hecho con el señor Otegi, lo han hecho, pese a que al señor Baldoví no le guste, con todos aquellos socios que le han permitido estos diez meses de Gobierno: con los señores y las señoras de Podemos y con los socios independentistas o los señores del PNV, y que parece mentira lo que se ha escuchado por parte del PNV en esta sesión justificando lo injustificable para sus votos. Ustedes nos quieren hacer creer además que todo esto es por nada, que todo esto es solo porque les gustan esto reales decretos, porque aquí se los han criticado, incluso sus socios del PNV han criticado parte de ellos, pero se los van a votar a favor. Pero ustedes nos quieren hacer pensar de los españoles y a todos los diputados esta Cámara que esto es por nada, que es por amor al arte, pues, señor Ábalos, señores del Partido Socialista, yo creo que lo que le decían cuando llamaban al señor Otegi era que hiciera que pasara, le decían eso de, por favor, haz que pase el real decreto. A esto es a lo que se han dedicado durante toda esta semana, y yo les digo que nosotros estamos aquí para que no pase, y si tiene que pasar, que pase para que no vuelva, para que no vuelvan ustedes ni sus socios de Gobierno a gobernar este país.

Efectivamente el pasado 20 febrero se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fomento una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista para instar al Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria con el máximo consenso posible en el sector, y respetando los principios de la normativa europea con el objetivo final de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores. Nuestro grupo parlamentario apoyó aquella proposición no de ley dada la necesidad de culminar este marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, pero ojalá que este Gobierno se hubiera empeñado en que todas las proposiciones no de ley que salieron aprobadas por mayoría se hubieran cumplido o hubieran hecho ustedes algo para que se cumplieran. Le quiero poner un par de ejemplos de proposiciones no de ley que también han sido aprobadas en otras comisiones y respecto de las que ustedes no han hecho nada; por ejemplo, aquella que pide la consideración de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones o aquella que habla


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de la equiparación salarial, a los que ustedes, representantes de los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les hurtan el informe de la auditoría para la equiparación salarial.

Señorías, este real decreto-ley sin embargo no ha contado con la opinión previa del sector de las empresas de trabajo temporal. Están ustedes haciendo una modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal y no se les ocurre hablar con el sector de las empresas de trabajo temporal. Creo que las empresas de trabajo temporal son un sujeto potencialmente afectado por esta ley, pero ustedes van y no les dicen nada. Tampoco la han remitido a consulta a la CEOE, que es la organización empresarial más representativa, para ver qué opinaban de esto. Tampoco ha sido objeto de consulta pública. Se ha obviado el trámite de información previa al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Evidentemente el real decreto habla de la formación profesional y el Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, dispone que la ley y el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo en materia de órganos e instrumentos de coordinación y evaluación del Sistema Nacional de Empleo, pasen por información previa del Consejo Nacional de Empleo, y ustedes se lo han saltado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Es que se lo saltan todo; lo único que han estado ustedes buscando durante estos días han sido los suficientes apoyos por parte de sus socios, nada más. Las instituciones públicas y privadas de este país les dan absolutamente igual.

Señorías, para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, y la liberalización del sector de la estiba, establecen ustedes diferencias entre las ETT y las CPE. A nosotros nos parece que la imposición de que los CPE estén formados en su accionariado exclusivamente por las empresas titulares de las licencias de estiba, del artículo 18.2, convierte a los propios CPE en únicas usuarias posibles y al mismo tiempo en concesionarias de los trabajadores temporales para trabajar en las mismas, lo cual constituye una traba clara para la libre competencia.

Estamos de acuerdo en el fondo del asunto. Por eso aprobamos aquella proposición de ley, y por eso en el real decreto ley que trajo el anterior Gobierno, el primero que se rechazó y en el que nos abstuvimos, nosotros instamos a que hubiera negociación adecuada y que hubiera un mediador que pactara entre las dos partes. Eso se consiguió, creo que hay un fondo de lógica, que ha sido expresado por otros portavoces, sobre que esto es bueno para el sector de la estiba. Yo creo que sí, pero hay muchas cosas que se han quedado en el camino, sobre todo las formas. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo, señor ministro, pero no estamos de acuerdo con las formas. Por eso nos abstendremos en esta votación, porque las formas son lo más importante en democracia, y a ustedes les dan igual. Les dan igual las formas este Parlamento como les dan igual las formas en toda su acción de gobierno en los diez meses que han estado. Lo dicho, esperemos que no pasen.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.

Lo primero que quiero es dar la enhorabuena al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que han estado peleando por defender sus condiciones de trabajo, y sobre todo dar la enhorabuena a la gente trabajadora de la estiba por este avance y esta victoria. En primer lugar, por lo que supone para la defensa de sus condiciones de trabajo, pero, en segundo lugar, por lo que supone de ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora para enfrentar los momentos difíciles. Han pasado por muchísimos momentos difíciles, y han probado en sus propias carnes lo que supone la filosofía del `no se puede´ y la criminalización sistemática de quien ejerce sus derechos fundamentales y quien ejerce el derecho a la libertad sindical.

Nosotros y nosotras no tenemos ninguna duda. No hemos tenido ninguna duda a este respecto desde que se iniciaron los debates en esta sede parlamentaria. Cuando lo hicimos en el Pleno los sesenta y siete diputados de nuestra formación política estaba muy claro dónde iban a estar: donde dijera la gente trabajadora de la estiba, que estaba defendiendo sus intereses. Y en esta Diputación Permanente vamos a seguir en la misma posición. Los doce miembros de la Diputación Permanente de nuestro grupo parlamentario van a estar al lado de la gente que está defendiendo sus derechos laborales, y enfrente de aquellos que plantean la liberalización cuando lo que se supone que es no es más que la desregulación y el recorte de los derechos de la gente trabajadora.

Les agradezco el esfuerzo; importantes ejemplos como el suyo son los que vuelven a poner encima de la mesa que la filosofía del `sí se puede´ es la única herramienta de los de abajo para poder enfrentar


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a los poderosos. Gracias por su esfuerzo. Nuestra formación política va a estar donde siempre ha estado: al lado de la gente que trabaja.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Nos da la sensación de que la derecha de esta Cámara está teniendo un mal día -se les nota incómodos-, y a mi juicio no tienen por qué. Es verdad que el orden del día de esta Diputación Permanente está plagado de buenas noticias para los españoles, pero no sé por qué la derecha infiere que las buenas noticias para los españoles son malas noticias para el Partido Popular y para Ciudadanos, porque no tendría por qué ser así. Apúntense ustedes, sumen ustedes sus votos a los nuestros, saquemos estas buenas noticias adelante entre todos, y puestos a buscar diferenciaciones para la campaña, búsquenlas ustedes en otro sitio, porque los argumentos que están esgrimiendo en el día de hoy son un tanto peregrinos. Por lo menos ya no nos hablan de la inconstitucionalidad de los reales decretos-leyes. Hicieron ustedes el ridículo. El cuerpo de letrados de esta Cámara tuvo que emitir un dictamen, que pasará a la historia, para refrendar lo obvio: que el Gobierno puede gobernar hasta el último día en que es Gobierno. Es evidente. Después nos dijeron ustedes: vale, pues si no queda más remedio que el Gobierno gobierne, al menos que no lo haga con medidas que sean de aceptación popular. Llegamos al absurdo de decir que gobierne el Gobierno, pero que adopte medidas que sean impopulares, no vaya a ser que corramos el riesgo de que se obtenga algún tipo de rendimiento político o electoral. (Aplausos). Es absurdo. Después nos dijeron que era insostenible, que era un gasto absolutamente insostenible, y ya les hemos demostrado que hay asignación presupuestaria para cada una de las medidas. Es más, como la economía va bien con el Gobierno socialista, como el empleo va bien con el Gobierno socialista, como la recaudación fiscal va bien con el Gobierno socialista hay recursos para hacer sostenibles estas medidas. ¿Saben qué es insostenible? Insostenible es tener a miles de parados mayores de cincuenta y dos años sin subsidio de desempleo; eso es insostenible. (Aplausos). Tener a millones de mujeres sin planes de igualdad en sus empresas; eso es insostenible. Con nosotros lo insostenible no se mantiene, señorías. Por tanto apúntense a las buenas noticias para la ciudadanía, sumen sus votos a los nuestros y vayamos hacia delante.

Y puestos a evitar jornadas como las que nos describía el señor Gutiérrez, vergonzantes, en esta casa, a mí me gustaría que nunca más se dieran las sesiones de la Mesa que hemos tenido durante esta legislatura en la que se han bloqueado de una manera arbitraria las iniciativas legislativas que respaldaba la mayoría de los españoles representados en el Pleno del Parlamento. Esas sí que son sesiones vergonzantes y espero que nunca más se repitan en esta casa, no esta Diputación Permanente, perfectamente legítima. (Aplausos.-Rumores).

El real decreto-ley sobre estiba regula la prestación del servicio de estiba portuaria, y deviene, señorías, de un mandato múltiple. Tenemos un mandato judicial. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014 que condena a España por una regulación inadecuada de la estiba -mandato judicial-. Hay un mandato legal de un real decreto-ley de un Gobierno del Partido Popular en el año 2017, en cuya disposición final tercera instaba al Gobierno a hacer lo que acaba de hacer el Gobierno socialista: regular la estiba y regularla bien, conforme a las normas de la Unión Europea. Hay un mandato parlamentario muy reciente, una proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados; todos los grupos que estamos aquí han instado al Gobierno socialista a hacer lo que acaba de hacer el Gobierno socialista: regular la estiba conforme a las normas de la Unión Europea con consenso social. Y hay un mandato social. Señor Gutiérrez, se lo tenemos que explicar todo: la patronal del sector de la estiba se llama Anesco, y Anesco acaba de emitir un comunicado público que dice lo siguiente: Anesco considera positiva la aprobación de un real decreto-ley que regule el sector de la estiba. La patronal del sector de la estiba pide a todos los grupos parlamentarios su apoyo unánime para convalidar esta ley en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Patronal. UGT, coordinadora de la estiba, patronal y trabajadores están a favor, ¿por qué no se apuntan ustedes? Apúntense ustedes a las buenas noticias para los puertos españoles, para la ciudadanía española y para la economía española. Estamos hablando de un sector estratégico, de un sector con el que no se juega. Por los puertos pasa el 71 % de nuestras importaciones, el 61 % de nuestras exportaciones. Este es un sector que requiere paz social, seguridad jurídica, eficiencia para su funcionamiento, y no juegos de corto plazo a las puertas de una campaña electoral, señorías.


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El Gobierno del Partido Socialista ha heredado una situación muy difícil, una regulación en la estiba que la Unión Europea no aceptaba, una incertidumbre que estaba generando tensión e ineficiencia en los puertos españoles, y el Gobierno socialista lo ha resuelto bien, con diálogo, con acuerdo en el sector, respaldado por la Unión Europea. Ahí están los contenidos, que no voy a reiterar, porque lo ha hecho muy bien el ministro: medidas que regulan el sector de la estiba, asegurando la libertad de contratación y la mejora de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué se hace ahora? ¿Por qué con esta urgencia? Porque, señorías, llevamos con un conflicto jurídico y laboral abierto durante cinco años en la estiba portuaria. No nos podemos permitir más tiempo con este conflicto jurídico, laboral y social abierto en la estiba portuaria. La incertidumbre y la inseguridad jurídica disuade a los agentes económicos y hace desviarse los tráficos hacia puertos que son competencia de los españoles. Esta inseguridad jurídica tiene un coste económico, señorías. Además la negociación que se ha hecho con esta Comisión Europea podría venirse abajo si a partir del 26 de mayo hay otra Comisión Europea. Tiene su lógica. Aprovechemos esta negociación que ha sido dura y que ha sido costosa, y saquemos adelante esta medida cuanto antes.

Señorías del Grupo Popular, si ustedes tienen dudas, ¿por qué no preguntan a sus compañeros de Algeciras, a la Autoridad Portuaria de Algeciras, a sus compañeros del Partido Popular de Algeciras, y a las miles de familias que están pendientes de que este real decreto salga adelante? Pregunten ustedes por allí antes de votar en contra de este real decreto por razones puramente de política cortoplacista.

Esta es una norma absolutamente necesaria y una norma acordada que genera seguridad jurídica y paz social en el sector, una norma oportuna que va en el sentido del interés general. Buenas noticias para los españoles. Por favor, apúntense.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina Ros.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta.

Agradezco el mitin del señor Simancas a estas horas de la tarde. Debe recordar que con 84 diputados no puede mandar también en la Mesa del Congreso de todos los Diputados. Somos 350 y no los 84 del Grupo Socialista, y me parece muy poco elegante criticar a una Mesa del Congreso con todos los partidos que no suele defenderse como ha hecho con la elegancia que caracteriza a la actual Mesa. (Aplausos). Por tanto le agradezco el mitin, pero debería centrarse en la estiba.

Por cierto ha dicho -debe ser una broma- que ustedes han heredado una regulación de la estiba que la Unión Europea no acepta. En la regulación de la estiba de 2010 el ministro era Pepiño Blanco. Quienes no lo aceptan son ustedes, que lo han echado de las listas. (Risas). ¡Ustedes no lo aceptan! (Aplausos).

La condena de más de 20 millones de euros no la pagaron ni los empresarios de la estiba ni los sindicatos de la estiba, la pagaron los españoles, y el Partido Popular representa a los españoles, y no queremos que ahora, con una derogación parcial de un texto convalidado por Violeta Bulc aquí mismo, en esta sala de al lado, en la sala de columnas, donde vino a decir que respaldaba aquel real decreto, nos vuelvan a iniciar un procedimiento sancionador, y por eso le reclamo al señor ministro, estoy seguro de que lo tiene, que nos enseña el mismo informe favorable que nosotros exhibimos aquí cuando por una doble condena a una normativa socialista los españoles tuvieron que pagar más de 20 millones de euros, y una sanción diaria de 134 000 euros alargada porque aquellos que elaboraron la norma, y que todos les respaldamos, no quisieron acompañar y ayudar al Gobierno de España legítimamente elegido entonces.

Ha dicho en parte del mitin que hoy es un buen día para los españoles por estos viernes electorales. Debería plantearse por qué solo le apoyan todos los que quieren dejar de ser españoles, repito, por qué solo le apoyan todos los que quieren dejar de ser españoles, y aquellos que firmemente creemos en nuestra nación naturalmente hemos de ponerle alguna objeción. Y la primera es la siguiente: tengo aquí un atrevido Diario de Sesiones de hace justo dos años, y hoy está en vigor un real decreto-ley. En aquel debate -me tocó a mí, como le podría haber tocado a algún otro compañero mío- yo dije que se mantendrían los 6000 empleos en el sector de la estiba, con sus retribuciones. (Muestra un Diario de Sesiones). Lo tengo aquí subrayadito en naranja. Voy a evitarles lo que dijeron todos ustedes, la nueva mayoría, hace justo dos años. Pero los de Podemos dijeron que había ganado el mercado más salvaje y que habría despidos de 6000 trabajadores. Siervos del poder económico nos llamaba otro de los grupos que ahora disfruta de la mayoría. Decían que destrozábamos los derechos laborales. Y nosotros en solitario, como hoy, dijimos que se mantendrían los 6000 empleos. ¿Saben cuál es el resultado? Se han


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mantenido los 6000 empleos con todos sus derechos y con todas sus retribuciones, y hay 1000 nuevos. No han pedido perdón; es más, el señor Mayoral felicitaba a los colectivos que han sido capaces de mantener sus derechos. No, no, es que está en vigor el real decreto que se aprobó hace dos años, con su oposición. Es imposible leer este Diario de Sesiones y no sonreír cuando todos ustedes hablaban de fondos buitre. Han visto convertirse a aquellos peligrosos buitres financieros en palomitas de la paz, y el texto que traen hoy no es para derogar aquel texto elaborado por siervos del poder económico y por el mercado más salvaje. No, no. Lo que traen hoy aquí para convalidar es consolidar el marco de liberalización -¡consolidar el marco de liberalización!-, segunda línea, completar. ¡Completar! Pensábamos que iban a venir con su mayoría a derogar y a aplastar al capitalismo salvaje de los fondos buitre -es lo que decían ustedes-, pero vienen a completar el marco de libre competencia. A eso es a lo que vienen. Sin embargo ni siquiera eso lo llegan a conseguir, porque este debate no es por sorteo. Este debate es por una doble condena a una normativa de 2010, esa que no gusta a la Unión Europea, y también, como dijo aquí la comisaria europea, por la pérdida de competitividad de todos los puertos europeos. A mí, como español, me preocupa, como a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, que frente a nuestras costas haya nacido hace solo doce años un puerto en el que trabajan 70 000 personas que bien pudieran haber sido españolas. Por tanto quiero que nuestros puertos sean más competitivos, y en todo el real decreto que ha leído el ministro no hay ni una sola línea -es más, lo que hay son derogaciones- de aquel acuerdo de empresarios y sindicatos que hablaba de flexibilidad, de productividad y de modificaciones en las reglas del trabajo para ser más productivos. Lo que hay son derogaciones y lo que le he reclamado al señor ministro -y le ruego encarecidamente que nos lo enseñe- es el informe favorable, porque lo que ustedes derogan aquí es una normativa pulsada, analizada palabra a palabra y autorizada por la Comisión Europea.

Ustedes han decidido residenciar -porque lo han decidido- en los centros portuarios de empleo no solo la contratación, sino ahora también la formación, a través -como dice su texto- de un contrato de formación y aprendizaje por el que podrán acceder los nuevos estibadores al certificado de profesionalidad, y cuando ustedes concentran formación y contratación cabe el riesgo de que la Unión Europea nos abra otro procedimiento sancionador, porque la doble condena que tuvo el Reino de España y que pagaron sus habitantes no fue por capricho, sino por una situación de monopolio laboral, como decía la comisaria europea, de falta de libertad de contratación y de falta de libertad de empresa. Por tanto confío en que esa propuesta que hace ahora el ministro con las Cortes disueltas esté testada, y ustedes nos muestren en algún momento el informe que tanto exhibimos nosotros en su día, porque si no la situación práctica va a ser que vuelva a abrirse un procedimiento sancionador contra el Reino de España por las actuales estructuras portuarias, que son aquellas que recibieron la sanción. Esto preocupa no solo a las asociaciones de empresarios o sindicales muy legítimamente, sino que nos preocupa a los 47 millones de españoles que las pagamos.

Por tanto celebro que, tras dos años de experiencia con este real decreto que tanto nos costó aprobar, ustedes estén encantados con que se haya perseverado y se hayan mantenido y afianzado derechos, retribuciones y número de empleos. Eran 6000 y ahora son 7000, y lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular es que permanezcan todos. Necesitamos a todos los trabajadores de la estiba, porque son grandes profesionales en un trabajo esforzado, en un trabajo arriesgado, en un trabajo difícil; necesitamos los 6000, los 7000 que ya hay, y muchos más, pero además que en los puertos españoles puedan trabajar todos los trabajadores españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 10/2019, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE PRORROGA PARA 2019 EL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. (Número de expediente 130/000065).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda.


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La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Efectivamente, señorías, comparezco hoy ante la Diputación Permanente para solicitar la convalidación del real decreto-ley por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, y se adoptan, como decía la presidenta en el título, otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. Como bien conocen se trata de habilitar la posibilidad de que, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, puedan destinar el superávit registrado en el ejercicio 2018 a inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio presente, siempre que cumplan una serie de requisitos, como son: que cumplan los objetivos de estabilidad, o lo que es lo mismo, que presenten una situación financiera saneada, que cumplan con el periodo medio de pago inferior a lo determinado por la norma de morosidad, y que además de superávit tengan remanente de tesorería que respalde esta inversión. Esto permite a los ayuntamientos y autonomías que se encuentren en esta situación destinar el superávit a inversiones en el ámbito de políticas sociales y de servicios públicos de sus ámbitos competenciales, eximiéndoles de la obligación de que fuera solo a amortización de la deuda, que era lo que establecía la norma. Por tanto es imprescindible que estos ayuntamientos y comunidades conozcan con suficiente antelación cómo tienen que comportarse con su superávit, con idea de que puedan llevar a cabo una adecuada programación presupuestaria. Con esto reducimos la incertidumbre y damos certeza a las haciendas locales y autonómicas, además de invertir en las políticas más cercanas a la ciudadanía.

Como bien saben sus señorías esta es una medida que ha tenido precedentes en años anteriores, el más cercano en el Real Decreto-ley de marzo de 2018 y en la propia Ley de Presupuestos del año 2018, y ha sido demandada con insistencia por todos los representantes municipales en el foro de la Federación Española de Municipios y Provincias, que reclamó en un acuerdo reciente que las corporaciones pudieran seguir invirtiendo este superávit que mantienen desde el año 2012. (Rumores). A ello, señorías, se suma también la reclamación de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Canarias o el caso de Galicia.

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Quiero recordar a sus señorías que estas operaciones además no computan en regla de gasto, de manera que, tanto corporaciones como Gobiernos autonómicos, cuentan con un importante margen de actuación a la hora de realizar estas inversiones según las prioridades de cada una.

La decisión de tramitarlo a través de este real decreto-ley responde a dos situaciones. Por un lado, a la no aprobación del proyecto de ley de presupuestos del año 2019, donde se recogía esta regulación, y por otro, a la urgencia de que los Gobiernos implicados cuenten a estas alturas con una previsión para poder realizar sus cuentas con una o con otra situación, y por tanto que puedan disponer del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución del gasto y de contratación que, como conocen la mayoría de sus señorías, tienen unos plazos garantistas y alargados en el tiempo. Esta normativa permitirá por tanto que al menos se ejecute en el año 2019 la fase de autorización del gasto y se continúe llevando a cabo el resto del procedimiento también a lo largo del año 2020. Queremos ayudar y contribuir con ello a que comunidades y ayuntamientos mejoren sus plazos y sus previsiones, por lo que se hace imprescindible que se apruebe esta norma que espero convalidemos en el día de hoy.

Antes de comentarles algunas cifras sobre la potencialidad de la medida, que creo que pueden ser de interés tanto para municipios como para autonomías, permítanme que les recuerde que normativamente se trata de una prórroga. Por un lado, prorrogamos la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que es el caso aplicable al destino del superávit de comunidades autónomas. Y por otro lado, se prorroga la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012, para el destino del superávit de las entidades locales. En el supuesto de que el proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer en el ejercicio 2020, con la salvedad de que para entonces se tendrá que financiar con el remanente de tesorería de 2019, sin que se pueda incurrir en déficit en ese ejercicio presupuestario. Por todo ello, tanto las inversiones financieramente sostenibles como todas las operaciones relacionadas con esta contarán con la supervisión de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en los supuestos que establece la norma que, insisto, continúa


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vigente, la de ejercicios precedentes, y, por tanto, será esta Administración la que velará por el cumplimiento de todos los requisitos.

La importancia de estas inversiones, señorías, reside más allá de que no comprometen financieramente a los ayuntamientos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Se trata de partidas fundamentales para el funcionamiento de la estructura municipal, sobre todo inversiones en prestación de servicios públicos. Estamos hablando de infraestructuras para abastecimiento de agua, recogida de residuos, alumbrado público, transporte de viajeros, investigación científica, seguridad, orden público, ordenación del tráfico, protección civil, prevención de incendios, asistencia social primaria, creación de centros docentes de educación infantil y primaria, biblioteca o equipamientos culturales. Y recientemente, como recordarán sus señorías, pudimos incluir la ampliación a las políticas en materia de rehabilitación de vivienda, concretamente en un real decreto-ley que también están abordando sus señorías en el día de hoy.

Para que se pueda ponderar la importancia de estas inversiones, solo recordaré que en 2018 han sido 1132 entidades las que han presentado inversiones financieramente sostenibles. De hecho, el importe total de inversiones realizadas en ese ejercicio se eleva a 1268 millones, un 37,9 % más que lo que se ejecutó en el año 2017, aunque se da la circunstancia de que lo ejecutado corresponde casi el 50 % a inversiones con cargo al presupuesto de 2016 y otro tanto con cargo al presupuesto de 2017. De los 1258 millones de euros que se han ejecutado en ese ejercicio, un 65,9 corresponde a municipios y el resto a las dieciocho diputaciones provinciales que lo habían solicitado. En cuanto a los municipios más beneficiados por esta medida, teniendo en cuenta el volumen de contratación, se encuentran Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Hospitalet de Llobregat, Valladolid, Vigo, Alicante, Fuengirola, Salamanca, Santander y otros. En cuanto a los programas de gasto, los más beneficiados de estas inversiones serían: vías públicas, gestión del patrimonio, transporte de viajeros, carreteras o parques y jardines. En el ámbito competencial de comunidades autónomas, el pasado año se acogieron a esta prórroga Canarias, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco y se invirtieron 161,26 millones de euros en concepto de superávit. Esta cantidad se ha desarrollado para equipos de tecnología sanitaria, telemonitorización de pacientes sanitarios, inversiones ferroviarias, equipamientos de formación profesional, obras hidráulicas, red de calidad del aire, pavimentación y alumbrado o tratamiento de residuos. Si de las entidades locales no conoceremos este dato de cumplimiento y objetivos de estabilidad hasta junio, en el caso de comunidades autónomas les puedo decir a sus señorías que sí conocemos ya el grado de ejecución y cumplimiento. Tuvimos oportunidad de conocer estos datos, como recordarán, el viernes de la semana pasada. De manera que ya sabemos qué comunidades autónomas podrían haber cumplido y tienen superávit, aunque queda pendiente de saber el dato de si también cumplen con el periodo medio de pago, circunstancia que no se conoció el pasado viernes. Estamos hablando del Principado de Asturias, de Canarias, de Galicia, de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, con un superávit total de 1670 millones de euros, aunque insisto, señorías, en que estas comunidades autónomas tendrán que acreditar que se encuentran por debajo del periodo medio de pago, según dicta la norma de morosidad. Como ven, se trata de una medida fundamental para el funcionamiento de esta política y una medida demandada por todos los consistorios, por buena parte de comunidades autónomas sin distinción de color político y que, en definitiva, prorroga políticas que se habían emprendido previamente.

Junto a ello, el real decreto-ley incluye también una medida en materia de Función pública que se hace imprescindible ante el panorama que salga de las próximas elecciones municipales en cuanto a la configuración de las entidades locales y que tiene que ver con el personal que presta servicio en entidades locales inferiores al municipio. Se da la circunstancia de que la norma actual establece que solo los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional pueden realizar la función reservada de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control o fiscalización interna de gestión económica financiera, presupuestaria o de contabilidad, al igual que tesorería, recaudación de las entidades locales de ámbito territorial, insisto, inferior al municipio. Esa misma norma establece que solo en el caso de población inferior a cinco mil habitantes se podrán asignar estas funciones a funcionarios de carrera de la propia corporación que pertenezcan al grupo A1 o que cuenten con titulación universitaria. De hecho, la regulación normativa supone una enorme disfunción a la hora de habilitar los puestos en esas entidades, que ascienden a 3704, de forma singular en alguna comunidad autónoma como Castilla y León, a la que le corresponderían 2227 a la hora de votar estos puestos. Además, se da la circunstancia


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de que algunos ayuntamientos solo cuenta con dos o tres entidades menores, pero otros pueden tener más de cuarenta, y ello hace imposible que el funcionario de habilitación nacional pueda realizar todas las funciones reservadas en entidades locales con ámbito territorial inferior al municipio pero que dependen de este.

Tras las próximas elecciones locales, por tanto, se tendrán que designar sus respectivos secretarios, lo que implicará nuevos nombramientos que con la norma actual son de facto imposibles, de manera que regulamos este ámbito atendiendo a la urgente necesidad explicada para dar solución a este problema. De hecho, esta nueva regulación establece la posibilidad de que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, en caso de que fuera imposible su desempeño por funcionario público, puedan desempeñarse por cualquier otra persona con capacidad suficiente, que era como se recogía en la norma previa a la regulación del año 2018. De esta manera, evitamos que estas funciones puedan verse imposibilitadas y junto a ello se recoge una remisión a la regulación autonómica de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

En definitiva, como ven, se trata de una batería de regulaciones imprescindibles para el buen funcionamiento de los consistorios, para el desarrollo y mejora de su autonomía, de su capacidad legislativa y política y para realizar inversiones necesarias para acercar las mejoras a los ciudadanos, lo que hago extensible también a comunidades cumplidoras; regulaciones todas que benefician a las instituciones en su globalidad, que han sido demandadas a través de la FEMP por los alcaldes y alcaldesas de España y que se hace necesaria y urgente para poder llegar a tiempo con el procedimiento de contratación que consigue la inversión real. En definitiva, es un real decreto-ley necesario que pido que convaliden para el bien de todas las entidades locales y comunidades autónomas, y sobre todo para las personas beneficiarias de esta política.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en esta Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Finaliza una legislatura en la que han quedado en el olvido las grandes proclamas del principio, en la que las diferencias se han ido diluyendo y apenas hay diferencia entre la derecha reaccionaria y un Partido Socialista que se define municipalista pero que cuando hablamos de la Ley de Estabilidad se opone a su derogación y se limita a prolongar en el tiempo la insuficiente flexibilización del PP. Para quienes apostamos por la autonomía plena de los ayuntamientos no es aceptable que se nos quiera hacer elegir entre 'no pueden ustedes gastar aunque tengan superávit' y 'gastarán solo en aquello que Madrid les permita'. Las entidades locales vienen demostrando que gestionan muy bien sus recursos -a los datos me remito-, mejor que el Estado, por cierto; gestión adecuada de sus recursos que les permite responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía a la que representan y muchas de estas instituciones han logrado unas cuentas saneadas, mérito de su acción de Gobierno, no de la tutela innecesaria que el Estado les ha impuesto y el Gobierno pretende perpetuar.

Esa tutela debe desaparecer. Euskal Herria Bildu seguirá trabajando por ello. En nuestro caso porque, además de lo expuesto, no tiene en cuenta las profundas diferencias entre territorios, no tiene en cuenta nuestro mejor punto de partida y, obcecado por imponer la misma receta a situaciones claramente diferenciadas en el ámbito municipal y autonómico, se muestra tan centralista y alejado de la realidad como el PP. Así, aunque nuestras instituciones han demostrado que ni quieren ni necesitan que nadie desde Madrid les diga cuánto y en qué deben invertir, ustedes nos llevan a elegir si nos plantamos hasta lograr que los ayuntamientos puedan ejercer sus competencias en total libertad o aceptamos un paso intermedio. Como paso intermedio y del todo insuficiente optamos por que se pueda invertir en algunas materias importantes para nuestros municipios y su ciudadanía, aunque rechazamos cualquier medida que persiga la limitación de la autonomía municipal, algo que, como vemos, se nos impone desde el PP y desde el PSOE. Por eso les digo, señorías del Gobierno y del PSOE, que si quieren ser diferentes al Partido Popular lo tienen fácil, tienen una semana para materializar la transferencia de tráfico a Nafarroa, ya muy adelantada hace tiempo, y que está pendiente únicamente de demostrar, por una vez, que hay voluntad política real de dejar de bloquear las transferencias pendientes en esta materia y en muchas otras porque, de verdad, se les acaban las excusas. Nosotros, mientras tanto, seguiremos defendiendo


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nuestro derecho a decidir nuestras propias políticas para, posteriormente, negociarlas con el Gobierno, en aplicación de una verdadera bilateralidad, como requiere el reconocimiento de nuestro hecho diferencial, y lo haremos sin dejar de invertir en todo aquello que podamos para, hoy mismo y sin esperar a mañana, mejorar el bienestar de la ciudadanía dentro de los límites que se nos establezcan. Esto es lo que piden los municipios y no lo que usted ha dicho, señora ministra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Vamos a votar a favor, por supuesto. No sé qué harán PP y Ciudadanos; como votamos nosotros a favor, igual ellos votan en contra. No sé si eso es lo que va a pasar hoy. (Rumores). En todo caso, vamos a hacer lo que están pidiendo alcaldes del PP, que es poder gastar el superávit de los ayuntamientos en cuestiones sociales.

Hoy se habla de superávit, pero no se habla del déficit de algunas comunidades autónomas. En los ayuntamientos en los que gobierna Compromís hemos demostrado que gobernamos mejor que el PP, hemos bajado la deuda que nos dejaron -por ejemplo, me remito al Ayuntamiento de Valencia- a la mitad, y eso que somos radicales. (Rumores). La causa del déficit tiene un motivo y se llama infrafinanciación; infrafinanciación con el PP cuando tenía mayoría absoluta y no lo hizo -por cierto, el representante del PP, el señor Barrachina, ha dicho que el PP representa a todos los españoles, pero en su legislatura larga se olvidaron de algunos españoles, se olvidaron de los valencianos- y en esta legislatura el PSOE ha hecho lo mismo. Quiero hacer referencia a qué significa infrafinanciación y quiero explicar con cara y ojos qué significa. Estamos reclamando 3100 millones que nos corresponden y que, en lugar de dárnoslos porque nos corresponden, nos los dan como un préstamo. Titulares de la infrafinanciación por esos 3100 millones que no llegan: "Los impagos del Consell fuerzan a los centros de menores a anular terapias y cambiar dietas". Menores, anular terapias y cambiarles la dieta. Otro titular de esta misma semana: "Los discapacitados vuelven a la calle por los impagos del Consell. Centros de atención y familias denuncian los retrasos de varias mensualidades por parte de Igualdad". ¿Por qué no se paga esto? Porque tenemos una mala financiación que no han resuelto ni el PP ni el PSOE. Esto afecta a los más vulnerables -niños, adolescentes, discapacitados-, pero afecta también a los trabajadores de estas empresas, que no cobran y que, probablemente, se retrasarán en pagar el alquiler, en pagar la cuota de la hipoteca y la luz. Afecta también a las empresas y a los autónomos, que no cobran, y algunas empresas tendrán que cerrar y echar a los trabajadores a la calle. Hay un titular sobre el presidente Puig que me parece profundamente desolador. Puig sobre el FLA -es decir, sobre el préstamo para hacer lo que nos encarga el Estado, que, en lugar de darnos el dinero, nos da un préstamo-: "Ha llegado todos los años en mayo o junio, no está tardando más que antes". Desolador. Lo mismo que el PP, es decir, no hay cambio con el PP y con el PSOE en este tema. No hicimos a Pedro Sánchez presidente para que hiciera lo mismo que el PP; es decir, lo que hay que solucionar son problemas sociales, como hemos hecho hoy con todos los decretos, a los que vamos a votar favorablemente pero, al igual que requieren de nuestra ayuda, nosotros se la pedimos educadamente, con contundencia. Hay que hacer un nuevo sistema. Estoy acabando, presidenta.

Ustedes se llenan la boca con el artículo 155 de la Constitución pero se olvidan del 156, que establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, pero ustedes no nos dan autonomía financiera, ni el PP ni el PSOE. Estamos hablando de niños, adolescentes, discapacitados y les pedimos que de una vez por todas nos llegue aquello que nos merecemos, ni más ni menos, porque estas son las verdaderas caras de la infrafinanciación del PP y del PSOE. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Aunque ya no tienen tiempo, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta, por esta generosa ampliación del tiempo.

Señora ministra, seré muy breve. El Partit Demòcrata va a votar favorablemente este real decreto que reúne las características del artículo 86, de extraordinaria y urgente necesidad, para destinar el superávit


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del año 2019 a las comunidades autónomas y entidades locales a falta de presupuesto aprobado. La señora ministra ha apuntado claramente que irían destinados a fondos e inversiones sostenibles. Esta es la intervención permanente y esta es la expresión de los nueve meses de Gobierno del PSOE, que no han servido para la derogación de algunos instrumentos de clara intervención en la autonomía local de los ayuntamientos, una oportunidad desaprovechada y que tampoco forma parte del debate de presente ni parece ser que del programa político de futuro. Pero yendo a la mayor, señorías, creo que es bueno recordar que en el listado de averías en el sistema institucional español, en el listado de desafecciones, citando al president Montilla, desde el año 2014 el sistema de financiación de las comunidades autónomas está caducado y que el Gobierno y las Cortes tienen pendiente la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas desde entonces. Hoy vamos a votar que sí a un remiendo más de una gran asignatura pendiente, de una causa mayor que seguramente ayudará a entender las dejaciones, las averías y los resultados electorales en algunas partes de España.

Señora presidenta, gracias por esa interpretación flexible del tiempo y nada más por mi parte.

Muchas gracias y buena suerte.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré muy brevemente, presidenta, para manifestar nuestra conformidad con las dos medidas que plantea este Decreto-ley, el 10/2019. Una para permitir, como ya se venía haciendo desde el año 2014, que el destino del superávit fuera a inversiones financieramente sostenibles. Este año no podía ser porque los presupuestos no se han podido tramitar, por lo que se ha habilitado este procedimiento. Quiero recordar también que nosotros hemos venido sosteniendo la conveniencia de suprimir el requisito del cumplimiento de la regla de gasto. En cualquier caso, en su día votamos los presupuestos incluso con esta traba para que los superávits y los remanentes de tesorería fueran a inversiones financieras sostenibles.

Respecto de la posibilidad de que las funciones de secretaría, intervención, tesorería o recaudación en los entes locales menores pueda ser realizada por personas con capacidad suficiente y levantar el impedimento del Real Decreto 128/2018, que reformó, como ha citado la ministra, el 1732/94, también lo compartimos. Es una situación que en los territorios forales se viene dando pacíficamente, en virtud de las adicionales que contemplaba el Real Decreto del año 1994 y también el del año 2018, permitiendo que estas funciones de secretaría, de tesorería, etcétera, pudieran ser desempeñadas por personas con capacidad suficiente, sobre todo por un problema objetivo que se pone de manifiesto, que es la imposibilidad material para un funcionario de poder realizar todos los trabajos, sobre todo en aquellos municipios de los cuales dependen muchos entes locales menores. También tenemos la peculiaridad de los entes locales menores con personalidad jurídica propia.

En definitiva, nos parece correcta la medida. En los territorios forales está funcionando pacíficamente y sin problemas. Nada más, solo manifestar que apoyaremos la iniciativa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Nosotros consideramos positivo que el real decreto establezca una prórroga para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversiones financieramente insostenibles. Es cierto que es una ligera mejora, tan cierto como que nos suena un poco a migajas que se conceden a los municipios; municipios, por otra parte, asfixiados por la falta de financiación y por el austericidio de la regla de gasto. Una asfixia sobre la que ciertamente todo el mundo está de acuerdo -o al menos los grupos de la izquierda- en que ha hipotecado la cohesión social, en tanto que son los ayuntamientos los que acaban asumiendo las consecuencias de los recortes sociales que llevó a cabo el Gobierno español o, en este caso, los Gobiernos españoles. Habría que recordar que el primer austericidio tuvo su origen en la modificación del artículo 135 de la Constitución española, donde, por cierto, coincidieron el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Todo ello derivó en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en ese sentido, quiero recordar que, con el objetivo de implementar medidas que realmente supusiesen un cambio significativo para los ayuntamientos, presentamos una proposición de ley que, como tantas otras, quedó bloqueada mediante la oposición de aquellos partidos que tenían la mayoría en la Mesa del Congreso y finalmente, por desgracia, ha decaído.


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Con esta prórroga del mecanismo de inversiones financieramente sostenibles que nos traen a través de este real decreto, hoy el problema persiste. Los ayuntamientos siguen acumulando dinero en los bancos, más de 24 000 millones en todo el Estado, según la AIReF, que no se pueden destinar ni a plazas, ni a calles, ni a guarderías, ni a la mejora de servicios municipales, ni a políticas tan relevantes como el fomento del acceso a la vivienda y la cobertura de tantas otras necesidades que actualmente tienen que afrontar los ayuntamientos.

Aunque a nuestro parecer este real decreto es claramente insuficiente, como he dicho, votaremos a favor, pero vamos a reclamar su tramitación como proyecto de ley para presentar diversas enmiendas que mejoren la capacidad de los ayuntamientos para invertir en políticas sociales, como políticas de acceso a la vivienda -que este real decreto no reconoce- o políticas que redunden en la construcción de una sociedad más habitable y que además sean generadoras de ocupación. Así pues, como en el resto de reales decretos de esta tarde, votaremos a favor.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señora Montero. Este es el último real decreto-ley que viene voy a esta Diputación Permanente. Como el Gobierno ha expresado que no van a venir más reales decretos-leyes, parece que por fin hoy concluimos. Este decreto-ley es básicamente una metáfora de lo que está haciendo el Gobierno... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Se han tomado al pie de la letra esto de que concluimos.

Este decreto-ley, al final, consiste en hacer lo fácil y en el último minuto de la prórroga. Nosotros vamos a votar a favor de esta prórroga de las inversiones financieras sostenibles porque es algo que hay que hacer, es lo mínimo imprescindible que hay que hacer de cara a que este superávit de las entidades locales pueda ser reinvertido y porque ya votamos a favor el año pasado y el anterior sobre esta misma cuestión. Que Compromís, el señor Baldoví, tenga un ataque de lucidez y vote correctamente una vez, no va a hacer variar nuestra posición. (Aplausos.-Risas).

Por otra parte, ¿por qué digo que es solamente lo fácil? Porque de temas de financiación local ha quedado aquí pendiente, por ejemplo, arreglar el problema de las plusvalías. Ahora mismo tenemos un impuesto municipal de plusvalías declarado inconstitucional parcialmente porque los ayuntamientos estaban haciendo tributar a los contribuyentes por plusvalías cuando en realidad perdían dinero. Hay una proposición de ley sobre esto. Los dos grandes partidos, y Podemos también, estaban a favor de esta modificación del impuesto municipal de plusvalías y se ha quedado pendiente. ¿Qué es lo que nos traen? A cambio, lo que nos han traído en otro decreto-ley anterior es un recargo del 50 % a las viviendas vacías, eso sí, fragmentándolo en diecisiete conceptos distintos de viviendas vacías, uno por comunidad autónoma, y con ocho mil formas distintas de comprobarlo. Tres cuartos de lo mismo podemos decir de la cuestión de las comunidades autónomas. Es mucho más fácil decirles a las comunidades autónomas que tienen superávit que pueden invertirlo, que acabar con la infrafinanciación de determinados territorios. ¿Cuáles son estos territorios? Es fácil, uno mira ahora mismo qué dos comunidades son las únicas que no han cumplido el objetivo de déficit -Valencia y Murcia- y ahí tiene una pista muy clara. Es evidente que no se ha abordado una reforma imprescindible de la financiación autonómica que lleva pendiente desde 2014. No es ya que no se haya abordado una reforma de la financiación autonómica, es todavía más grave: para este año en curso, por una parte no se ha arreglado el problema de la liquidación generado por el suministro inmediato de información; es decir, si eso no se arregla, las comunidades autónomas cobrarán menos de la parte que les corresponde del 50 % del IVA de 2017. Por no hacerse -que tampoco se ha hecho- ni siquiera se ha actualizado el importe de los impuestos cedidos a las correspondientes comunidades autónomas. Resultado: salvo en el caso de los regímenes forales, el año que viene todas las comunidades autónomas van a tener muchos más problemas para cumplir el objetivo de déficit. Evidentemente, nos estamos encontrando con lo de siempre, que se hace lo fácil, lo absolutamente imprescindible y en el último minuto de la prórroga.

Por último, secretarios e interventores de entidades locales menores. Es una buena noticia que se levante esta traba porque al final estamos hablando de miles de entidades locales menores, no hay


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capacidad para atenderlos y parece ser que es la única medida efectiva -eso sí, absolutamente menor, todo sea dicho- que ha tomado el Gobierno en su plan para la despoblación. El Gobierno socialista ha hablado de los servicios a los habitantes de las zonas más despobladas, pero con lo único que nos hemos encontrado es con lo que acaba de ocurrir, y es que estos habitantes, que son los que presentaban la declaración de la renta en el banco -estamos hablando de 350 000 españoles- ya no la van a poder presentar y en ese tipo de zonas no hay un acceso fácil a Internet. Esto es de ayer. Es decir, por primera vez es obligatorio presentarlo por Internet, no la pueden presentar en el banco y 350 000 españoles que la presentaron el año pasado, muchos de ellos habitantes de zonas rurales y gente mayor, se van a tener que pagar un asesor. Este es el mundo real y lo que está ocurriendo en este momento. Este decreto-ley es, efectivamente, lo mínimo de lo mínimo hecho en el último minuto y no deja de ser un colofón bastante curioso a esta legislatura. Eso sí, tiene la ventaja de que, según su memoria económica, a diferencia de otros decretazos que han venido hoy, no tiene coste. Queda pendiente el gran problema, como decía la señora Montero, de que el siguiente Gobierno para cumplir el objetivo de déficit tendría que realizar todo tipo de ajustes, si las cosas siguen como hasta ahora.

En cualquier caso, como es la última intervención, aprovecho para despedirme del resto de diputados de esta Diputación Permanente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, les ruego silencio, por favor!

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Demasiadas veces oímos hablar de la crisis y sus efectos como si fuesen un fenómeno natural o una catástrofe imprevisible. Evidentemente, son relatos que lo que hacen es ocultar las causas y los responsables y por eso siempre está bien recordar que los mismos que robaron a manos llenas fueron los que luego impusieron esas recetas de mal llamada austeridad que, en realidad, solo buscaban precarizar las vidas de la mayoría. También para eso estamos aquí, para señalar a los responsables y para señalar, por ejemplo, que el mismo partido que dejó las cajas de algunos ayuntamientos vacías, como el de Madrid, después con la Ley Montoro ha intentado imponer una férrea receta de control de gasto precisamente en un lugar en el que solo dejaron las telarañas.

Tampoco hay que olvidar que en el origen de todo esto está el 135, reformado en pleno agosto por el PP, pero también por el PSOE, para dejar sometidos los derechos sociales a las normas de la asfixia del pago de la deuda. Esta también es una de las esencias del Partido Socialista. Cuando toca plantarse frente a los poderes financieros, lo que acaban haciendo la mayoría de veces es correr a ponerse de su lado. Lo vimos en el 135, lo hemos visto cuando se han negado a fijar por ley las subidas de las pensiones al IPC o también lo hemos visto cuando han decidido no cumplir el acuerdo que firmaron con nosotras para regular los alquileres abusivos. En fin, Partido Socialista en estado puro.

Y hoy, después de años de asfixia a ayuntamientos y comunidades autónomas, asfixia copatrocinada por el Partido Popular pero también por el PSOE, llega este decreto del Gobierno que, por una parte, es imprescindible, y ya se ha dicho antes, y, por otra, es, como siempre, un parche insuficiente que no permite llevar a cabo ningún cambio estructural que revierta el desastre que ustedes mismos contribuyeron a crear. Es un parche que continúa manteniendo una regla de gasto dogmática, antieuropea y antisocial e insolidaria, una regla de gasto que impide a las administraciones utilizar su superávit para financiar los gastos necesarios para garantizar el Estado del bienestar y que además actúa como un instrumento recentralizador que permite al Estado intervenir y sancionar a las administraciones que no cumplan con los objetivos presupuestarios y, por tanto, socavando los principios de autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la Administración. Por supuesto, el mantenimiento de la regla de gasto no es el único problema, pero sí es el mayor y negarse a modificarla retrata al Gobierno timorato y sometido a las presiones financieras que realmente son el Gobierno de un partido que si algo quiere hacer que pase, como dice su lema, tanto aquí como, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, es un Gobierno con Ciudadanos, un Gobierno de derechas que les permita volver a esa situación en la que el PSOE se siente como en casa, por arriba gestos que aparentan modernidad y transformación y, por debajo, políticas de parches que nunca cuestionan las reglas del juego.


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La solución hoy pasaba por modificar la regla de gasto, una modificación con la que, por cierto, el PSOE estaba de acuerdo en la oposición, pero que ahora en el Gobierno, sorpresa, resulta que ya no les parece bien. Es una modificación que permite a los ayuntamientos decidir con autonomía dónde destinar sus recursos que para eso vota la gente en las elecciones municipales. Hoy son los ayuntamientos de Cádiz, de Madrid, de Valencia, de Santiago o de Barcelona, la ciudad del Estado donde más se ha incrementado la inversión social por cierto, los que con mínimas competencias y menores presupuestos llegan allí donde no aparecen ni el Gobierno del Estado ni muchas veces los Gobiernos autonómicos. Son esos municipios los que están marcando el camino del cuidado del bien común, de la cooperación y de la recuperación de la democracia y el Gobierno del PSOE, en lugar de continuar asfixiándolos, debería, en primer lugar, facilitar su trabajo y luego tomar nota de su gestión para seguir su ejemplo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.

Llevamos hoy una amplia jornada de debate para convalidar o derogar reales decretos-leyes que el Gobierno socialista ha aprobado sin duda con medidas que afectan a la vida de los ciudadanos en su día a día. En este punto debatimos la convalidación de unas medidas que afectan directamente al mundo municipal, a los ayuntamientos y, por tanto, a los vecinos, a las personas que viven en cada uno de esos municipios, independiente del color del Gobierno de ese ayuntamiento. Y el Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de recordar en un día como hoy, emblemático para los ayuntamientos españoles, que hace cuarenta años que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas después de cuarenta y ocho años. Por ello, nuestras primeras palabras tienen que ser de homenaje y de reconocimiento para todos aquellos hombres y mujeres que formaron parte de los primeros ayuntamientos en 1979 y que sentaron las bases de la cohesión territorial y de la construcción del Estado del bienestar de nuestra democracia que están en el fondo de todo el debate que llevamos realizando aquí todo el día. (Aplausos).

Señoras y señores diputados, nos trae la ministra de Hacienda la convalidación de un real decretoley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo para prorrogar el destino del superávit de las comunidades autónomas y de las entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles. También recoge otra medida que es importante y que, como nos ha explicado la ministra, tiene relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional en las entidades locales de ámbito inferior al municipio, las entidades locales menores. Estas dos medidas dan solución a dos situaciones reclamadas de manera insistente por los Gobiernos locales -da lo mismo el color del ayuntamiento o de la entidad local- y por la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que pone de manifiesto la sensibilidad municipalista del actual Gobierno, ya que el único objetivo de este real decretoley es dar respuesta a las necesidades que han puesto encima de la mesa las entidades locales.

La primera medida permite destinar el superávit de 2018 para financiar inversiones financieramente sostenibles tanto en 2019 como en 2020 para aquellos proyectos que no se puedan ejecutar en su integridad en el presente año. Señoras y señores diputados, insisto en que la reinversión de este superávit es una gran noticia para todos los ayuntamientos de este país, independientemente del partido político que gobierne. Como recordarán, esta medida estaba contenida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que fue rechazado por algunos de los grupos políticos que hoy están aquí debatiendo; entre ellos, el Grupo Parlamentario Popular, que parece ser que hoy va a volver a oponerse, que parece que no escucha a sus alcaldes y que sigue con esa política antimunicipalista de la que ya hizo bandera durante los tres años de Gobierno de Mariano Rajoy. La aprobación de este real decretoley, por lo tanto, servirá para realizar inversiones financieramente sostenibles que permitirán ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos en materias que están en la mochila de todos los Gobiernos locales a través de proyectos de diversa tipología, como nos explicaba la señora ministra: alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable; alumbrado público; vivienda; caminos vecinales; creación de centros docentes de enseñanza infantil, de primaria y de educación especial; seguridad; protección civil... Son problemas que tienen día a día los ayuntamientos y que afectan directamente a la vida de sus vecinos. Además, el impulso de estas medidas generará también nuevos empleos y permitirá que los ayuntamientos sigan a la cabeza de la recuperación económica de nuestro país. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora SUMELZO JORDÁN: Por otra parte, la aplicación de este real decretoley recupera la posibilidad de que en las 3704 entidades locales de ámbito inferior al municipio existentes en España las funciones de secretaría, intervención, tesorería y recaudación puedan ser desempeñadas por cualquier persona con capacitación suficiente, tal y como estaba en 2018 cuando el Partido Popular sustituyó el Real Decreto 1732/1994 por el Real Decreto 128/2018, que atribuyó en exclusividad la titularidad de dichas funciones a los funcionarios con habilitación de carácter nacional pese a los graves problemas para su aplicación. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora SUMELZO JORDÁN: Una vez más con esa aprobación el Partido Popular manifestó el gran desconocimiento que tiene de la realidad municipal existente en España; eso es mejor que pensar que sigue aplicando políticas antimunicipalistas.

Concluyo diciendo que evidentemente es una medida de extraordinaria y urgente necesidad destinada a garantizar las necesidades de los ayuntamientos que hasta el momento no se aseguraba. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista solicitamos el apoyo a la convalidación de este real decretoley que tanto importa a las entidades locales y que cuenta con el apoyo del conjunto de los órganos de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa a los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares de todos los colores políticos. Con su convalidación el Congreso de los Diputados respaldará sin fisuras al mundo local, que tiene por delante enormes retos y grandes desafíos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano Corrales.

El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, no gastar más de lo que se ingresa es una regla esencial para tener unas cuentas sanas que garanticen el crecimiento económico, la creación de empleo y, lo que es más importante, hagan sostenible nuestro Estado del bienestar. Esto, que es algo que a la izquierda le cuesta trabajo entender, es tan real como la vida misma, porque este es el origen de la regla de gasto: que los gastos estructurales no crezcan por encima de los ingresos, asimismo estructurales, y evitar así lo que sucedió durante la crisis, en la que los gastos estuvieron muy por encima de nuestros ingresos.

Hoy, como había hecho el Partido Popular con los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, vienen a extender una excepción a la regla de gasto permitiendo que el superávit de las administraciones públicas pueda ser gastado en inversiones finalmente sostenibles. La cuestión es por qué lo traen en forma de decreto-ley. Esto, lo que plantea el fondo de este decreto-ley, es razonable, la cuestión está en por qué lo traen en esta forma legislativa, por qué lo traen, si es razonable, en esta forma legislativa. Fíjense si es razonable que es una copia de lo que hacía el Partido Popular, y la cuestión es por qué no lo hicieron mientras estaban en el Gobierno. Porque yo, señora Sumelzo, no puedo estar más de acuerdo con usted, la cuestión está en por qué lo hacen ustedes así. La cuestión es por qué han dejado ustedes tantas cosas urgentes para hacerlas hoy. ¿O es que no eran tan urgentes?

Señorías, veo aquí a diputados con una gran trayectoria, con muchos años en estos escaños, y reconocerán conmigo que no estamos ante una situación normal, es excepcional ver aquí a los miembros del Gobierno defendiendo hoy seis reales decretos, a los ministros presentando reales decretos con elecciones convocadas, en la Diputación Permanente, en plena precampaña electoral. Reconocerán ustedes, señorías, por muchos años que lleven en estos escaños, que esto no es una situación muy normal. Y terminará la Diputación Permanente -creo que esta es la última intervención- y nos iremos todos a la precampaña, a la campaña electoral, nos iremos a los debates, a nuestros enfrentamientos, y posiblemente no caeremos en la cuenta de que hoy habremos sentado un precedente que degrada la acción legislativa del Parlamento, y el Gobierno, el PSOE, el Partido Socialista serán los únicos responsables de que la acción legislativa de este Parlamento sea pervertida, como hoy hemos hecho desde que se ha iniciado esta sesión en la forma en la que el Gobierno ha planteado estas seis cuestiones. Se pervierte la acción legislativa del Parlamento y se humilla al mismo. ¿Qué consideración tendrán de la democracia quienes usan el Parlamento como si se tratara del banner de la propaganda electoral en un


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periódico? ¿Qué concepción tendrán de la democracia quienes lo usan en plena campaña electoral como si se tratara de una plataforma más, de un mitin más? Nos obligan ustedes a participar en este indigno acto para aprobar estas figuras legislativas. Nos obligan ustedes a participar en este indigno uso del Parlamento. Pero no será, señorías, con nuestra aquiescencia, no será, señorías, con nuestro voto afirmativo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

VOTACIONES:

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones. Lo haremos en el orden en que han sido debatidos los reales decretos-leyes. Como saben, esta votación, hasta que terminen el sistema informático que se va a instalar en esta sala, sigue siendo por procedimiento de mano alzada. Por eso les ruego la máxima atención.

Procedemos en primer lugar, señorías, a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 25.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Pasamos ahora, señorías, a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 25.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por tanto, procedemos a votar esta tramitación por el procedimiento de urgencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 53.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 25; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha tramitación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 55.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Votamos, a continuación, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 31; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Procedemos a dicha votación.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 55; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Por tanto, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 25; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Pasamos, señorías, a votar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 25.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las seis de la tarde.

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