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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 184, de 28/02/2019
cve: DSCD-12-PL-184
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 184
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 176
celebrada el jueves,
28 de febrero de 2019


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. ("BOE" núm. 35, de 9 de febrero de 2019). (Número de expediente 130/000058) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. ("BOE" núm. 47, de 23 de febrero de 2019). (Número de expediente 130/000059) ... (Página18)

Exclusión del orden del día:

- Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 370-1, de 15 de febrero de 2019. (Número de expediente 122/000320) ... (Página27)

Decaído del orden del día:

- Debates de totalidad de convenios internacionales:

- Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Luxemburgo el 18 de junio de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 259, de 21 de diciembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 115-2, de 21 de febrero de 2019. (Número de expediente 110/000101) ... (Página27)


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 33-1, de 7 de diciembre de 2018. (Número de expediente 121/000033) ... (Página27)

Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 7-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 125/000004) ... (Página37)

Dictámenes de comisiones de investigación:

- Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 481, de 17 de enero de 2019. (Número de expediente 152/000002) ... (Página37)

Declaración institucional:

- Declaración institucional sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y diversas en el ámbito del deporte. (Número de expediente 140/000033) ... (Página49)

- Declaración institucional sobre reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores. (Número de expediente 140/000034) ... (Página50)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página51)

Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)

Dictámenes de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página52)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las 9 de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad ... (Página5)

El señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades (Duque Duque) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,


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y Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears ... (Página18)

La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

La Presidencia saluda a la señora presidenta del Gobierno de las Illes Balears, presente en la tribuna de invitados.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, e Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Exclusión del orden del día ... (Página27)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente al Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, lo que se aprueba por asentimiento.

Decaído del orden del día ... (Página27)

La Presidencia informa de que, en el punto correspondiente a los debates de totalidad de convenios internacionales, ha sido retirada la única propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada al Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Luxemburgo el 18 de junio de 2018, por lo que decae.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página27)

Proyecto de ley por la que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre) ... (Página27)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Palmer Tous.

En turno en contra interviene el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica la señora Palmer Tous y duplica la señora Hurtado Zurera.


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Hacen uso de la palabra los señores De Olano Vela y Hurtado Zurera.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y la señora Ramos Jordán, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página37)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página37)

La Presidencia informa de que este punto del orden del día se someterá a votación al final de la sesión.

Dictámenes de comisiones de investigación ... (Página37)

Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera ... (Página37)

La señora Oramas González-Moro, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

En defensa de los votos particulares presentados y para fijar posición intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Garzón Espinosa y Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, y Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Declaración institucional ... (Página49)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y diversas en el ámbito del deporte.

El señor secretario (Gordo Pérez) da lectura a la declaración institucional sobre reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, se aprueba por 340 votos a favor más 2 votos telemáticos, 342.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 149 votos a favor más 1 voto telemático, 150, 125 en contra y 66 abstenciones más 1 voto telemático, 67.


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Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears, se aprueba por 306 votos a favor y 32 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 136 votos a favor, 197 en contra y 7 abstenciones.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre), se rechaza por 163 votos a favor, 172 en contra más 2 votos telemáticos, 174, y 5 abstenciones.

Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, se aprueba por 307 votos a favor más 2 votos telemáticos, 309, y 32 en contra.

Dictámenes de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página52)

Sometidos a votación separada los votos particulares presentados al dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, son rechazados todos.

Sometidas a votación las conclusiones 2 y 4 del dictamen, se rechazan por 140 votos a favor, 185 en contra y 14 abstenciones.

Sometido a votación el resto del dictamen, con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas, se aprueba por 308 votos a favor y 32 en contra.

Se levanta la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 3/2019, DE 8 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD. (Número de expediente 130/000058).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Gracias, presidenta. Buenos días. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


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El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Señorías, comparezco ante ustedes para presentarles el contenido de nuestro real decreto-ley para mejorar y agilizar el sistema de generación y transmisión de conocimiento en España. Contiene unas pocas medidas extraordinarias y urgentes, muy focalizadas en facilitar las tareas administrativas en este sistema, y algunas otras complementarias para dar solución a problemas puntuales agudos y urgentes. Quiero agradecer la presencia en la tribuna de representantes de la comunidad científica y de la universidad. Sé que estas medidas que hoy presentamos para su convalidación son muy esperadas por vosotros y por vosotras. Gracias por vuestra paciencia.

Señorías, la inversión en estas materias ha sufrido un retroceso claro en nuestro país en la última década. En el período 2009 a 2017, mientras la inversión total pública y privada en el conjunto de la Unión Europea creció un 22 %, en España descendió un 6 %. España tomó decisiones anómalas durante muchos años, lo que supuso un descenso de la capacidad del sistema de ciencia e innovación y un retroceso con respecto a los otros países, incluso si comparamos con los que sufrieron la crisis tanto o más que el nuestro. Esta reducción se agravó por un crecimiento importante de la carga administrativa del trabajo de investigación. Los esfuerzos -por otra parte muy necesarios en general- para ejercer más control sobre el gasto público dieron como resultado una situación cercana a la parálisis, por hacerse en ausencia de un departamento ministerial que pudiera hacer notar los aspectos específicos de la actividad científica e investigadora. Nuestros investigadores se han enfrentado a enormes dificultades para ejecutar los fondos de los que disponen, y para contratar a tiempo los recursos materiales y las personas que necesitan. La congelación de plazas de empleo público y las rigideces para la contratación han supuesto que los jóvenes investigadores no han tenido otra opción en los últimos años que entrar en los centros de investigación con contratos de muy poca calidad e inestables.

Es innegable que el sistema necesita mucho mayor esfuerzo presupuestario, tal como sus señorías ya han señalado en recientes iniciativas parlamentarias, aprobadas sin oposición en ambas Cámaras. Se juega el futuro de las próximas generaciones de españoles en un mundo donde los activos reales cada vez están más centrados en torno al conocimiento, la tecnología y la innovación. Un primer paso estaba incluido en el proyecto de presupuestos devuelto al Gobierno por sus señorías hace pocos días. Espero que pronto pueda entrar en esta Cámara -ya en una nueva legislatura- un nuevo presupuesto que al menos incluya el mismo esfuerzo financiero, y se debata aquí a fondo, con consecuencias sobre el reparto de los fondos públicos, esta materia trascendental. Sin embargo hay cuestiones urgentes sobre las cuales podemos actuar aquí y ahora, que no son menores.

Al llegar al ministerio me encontré con una comunidad científica entregada a su trabajo, con unos niveles muy altos de producción científica y mucha esperanza, esperanza sobre todo en que por fin se elevara al Consejo de Ministros la situación en la que se encontraban las universidades y centros de investigación -en muchos casos insostenible-, que de persistir presagiaba un fuerte descenso en la producción científica. Lo más urgente no era el incremento de fondos, sino las medidas que hoy traemos para su convalidación. Para ilustrar la situación y la urgencia de estas medidas legales me gustaría recordarles algunas situaciones vividas en nuestro sistema de ciencia desde hace años de forma generalizada. Las contrataciones de investigadores, incluso las temporales, acumulan muchos meses de retrasos en proyectos que duran pocos años, y como consecuencia los trabajos comienzan mucho más tarde de lo necesario y el uso de fondos públicos se hace menos eficiente. Incluso en el caso de grupos de investigación con acceso a fondos muy irregulares, por la calidad de sus resultados, no estaba regulada de forma específica la contratación indefinida con cargo a los proyectos. Esta situación creaba inseguridad e incertidumbres en nuestros investigadores, que muchas veces abandonaban la carrera científica o la continuaban de forma precaria. La demora en el uso efectivo de fondos y créditos ponía en peligro la financiación conseguida en concurrencia competitiva, no solo en convocatorias españolas, sino también la captada en la Unión Europea o de fuentes privadas. La dificultad para comprar material e instrumentos ralentizaba los experimentos, repercutiendo en la competitividad internacional de nuestros investigadores y nuevamente en un uso ineficiente de fondos públicos.

En definitiva el sistema público ha entrado en una situación de deterioro muy preocupante, así lo atestiguan informes de organizaciones científicas como la Confederación de Sociedades Científicas o la Conferencia de Rectores Universitarios, la CRUE. De todo ello se deduce que en este real decreto-ley concurren los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad, a la vista de las consecuencias negativas que podrían derivarse de la inacción, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El sistema necesitaba una serie de cambios que entendieran la excepcionalidad del trabajo de los


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investigadores si se compara con otros empleos públicos. El investigador es difícilmente comparable con otro personal del sector público, debido a la naturaleza de sus fondos, puesto que su actividad se basa en proyectos que se financian con fuentes competitivas, no por transferencias directas, y que en muchas ocasiones también tienen financiación externa, privada o internacional. El trabajo científico requiere hacer compras con requerimientos técnicos diferentes a las habituales en la Administración del Estado: avanzados aparatos, sustancias químicas recién concebidas, ordenadores muy especializados, muestras vivas obtenidas de remotas regiones, equipos de protección para trabajo en campo y muchos otros ejemplos.

Desde que llegué a este ministerio hace unos meses hemos estado trabajando en la elaboración de la norma que hoy les presento. Nuestro objetivo era conseguir un texto legal donde se realizaran estos cambios tan necesarios y urgentes, y a la vez asegurar que no se producía ninguna anomalía que pudiera dar lugar a una merma en el debido control riguroso del uso de fondos públicos. (Rumores). Creemos que hemos llegado a un compromiso muy positivo...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): ... y que sus señorías podrán refrendarlo hoy en la tranquilidad de que se ha tomado todo el cuidado necesario. La redacción final de las disposiciones entendemos que responde a los objetivos que ahora resumiré, y también a la exposición de motivos. Sin embargo toda ley es susceptible de interpretación, y estaremos vigilantes en caso de detectarse problemas a la hora de poner las mejoras en práctica. Hemos sido también escrupulosos en introducir regulaciones que respeten las competencias de otras administraciones, singularmente comunidades autónomas, que en estas materias tienen amplias atribuciones.

Me gustaría agradecer la comprensión y la colaboración de todos los ministerios que han estado implicados, en especial el Ministerio de Hacienda, y los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Aprecio y agradezco el liderazgo del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y el empuje definitivo del presidente del Gobierno, que ya anunció, en su primera comparecencia del pasado julio para detallar el programa de Gobierno, que este Ejecutivo levantaría las cadenas que impiden la eficaz ejecución de los presupuestos asignados a centros científicos españoles. Aquellos de ustedes que han ejercido tareas en el Gobierno de España entienden a buen seguro que no son vanas mis palabras de agradecimiento; sin estos apoyos no podríamos haber sacado esto adelante nunca.

Hoy les presento para su convalidación por el Congreso el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta norma persigue revitalizar nuestro sistema público de I+D+i, facilitando la labor de nuestros investigadores. Contiene un total de diez cambios legislativos de cuatro tipos: uno, la reducción de la carga administrativa en la investigación pública y hacer más eficiente el uso de fondos públicos; dos, la estabilización y contratación de investigadores en universidades y centros de investigación; tres, el refuerzo del funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación, y cuatro, más equidad e igualdad de oportunidades.

En el ámbito de la carga administrativa la primera medida consiste en sustituir la fiscalización previa, que así se denomina propiamente, aunque se suele decir intervención previa, en organismos públicos de investigación por el control financiero permanente, volviendo a la situación anterior a 2014. La intervención previa ha supuesto retrasos importantes en la contratación de servicios y personal, lo que ha afectado al desarrollo de los proyectos de I+D+i y a la obtención de financiación externa. Creemos que esta medida agilizará enormemente la gestión administrativa de los organismos públicos de investigación, mientras se garantiza igualmente el control del gasto público a través del cumplimiento de las conclusiones e indicaciones de los informes de control financiero permanente. Se inicia una etapa en la que deberemos estar vigilantes y tomar todas las medidas necesarias para adaptar la gestión de la investigación a esta nueva circunstancia, apoyando su profesionalización.

La segunda medida de agilización de trámites implica una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Los centros de investigación y universidades podrán suscribir contratos con el mismo proveedor para distintas unidades, lo que resulta imprescindible en algunas adquisiciones de material especializado.

Otras medidas para agilizar el uso de fondos públicos son, en primer lugar, el aumento de la duración y las prórrogas de los convenios científicos para adecuarlos a los tiempos de los proyectos de investigación,


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hasta los diecisiete años de vigencia. Y en segundo lugar, el uso más ágil de créditos. Los centros de investigación, así como los consorcios y fundaciones, podrán concertar directamente operaciones de crédito con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. Se evitarán así retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras y de infraestructuras de centros de investigación. Esta es una medida que se ha aprobado en diversas leyes de presupuestos anteriores, y ahora se extiende a los consorcios y fundaciones dedicados a la I+D+i. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Otro de los ámbitos que aborda esta norma es la agilización de la contratación de investigadores, que como les decía antes han sufrido muchas dificultades y precariedad estos últimos años. Para afrontar esta situación el real decreto-ley contiene una modificación del procedimiento de contratación del personal laboral en organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado. A partir de ahora estos organismos solo tendrán que solicitar informes tipo anuales de la abogacía del Estado para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la regestión del reclutamiento de investigadores y otro personal. El impacto de esta medida es alto. Por poner un ejemplo el CSIC firmó en 2018 más de 3000 contratos laborales de investigadores, lo que supuso hacer el trámite completo de informes miles de veces.

El real decreto-ley también contiene una modificación de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que posibilitará la contratación indefinida de personal adscrito a proyectos, hablando propiamente para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación, y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales, consecuencia de ingresos externos de carácter finalista. Esta modificación se aplicará a las administraciones, organismos y universidades públicas y otras entidades del sector público consideradas agentes de ejecución del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley de la Ciencia antedicha. La puesta en marcha de esta modificación va a contribuir a rebajar la temporalidad e inestabilidad de nuestros científicos, en especial los jóvenes.

Para reforzar el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, que ha venido sufriendo falta de medios y personal, introducimos una disposición para que esta pueda contratar con empresas privadas o realizar encargos a entidades públicas para incrementar los recursos humanos puntualmente, y así realizar a tiempo las labores de comprobación de subvenciones y ayudas que conceden. De esta forma se acortarán los plazos de comprobación de las subvenciones que concede la agencia, que hoy llegan casi hasta el plazo máximo establecido en cuatro años. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías! Les ruego, por favor, silencio a todos.

Muchas gracias.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Quiero aclarar que esta medida no implica aumentar el número de auditorías ni la carga administrativa para los investigadores, a la hora de justificar las subvenciones y ayudas que concede la agencia, sino más bien al contrario está pensada para evitar que tengan que esperar largo tiempo a que llegue la auditoría y acelerar su justificación.

Por último, hemos querido incluir en este real decreto-ley dos medidas destinadas a mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades. Por un lado, se modifica la Ley de la Ciencia para que el personal docente e investigador con situaciones de maternidad y paternidad e incapacidad temporal no se vea discriminado en la selección y evaluación de su actividad científica. Esta era una medida largamente demandada por las mujeres para reducir la gran desventaja que sufrían en el desarrollo de su carrera profesional, si decidían bajar temporalmente su intensidad de trabajo para ser madres. A partir de ahora la consideración de estos periodos será incluida en todas las convocatorias y procesos de selección del ministerio y de sus organismos dependientes. Por otro lado, el Gobierno ha decidido apoyar a los jóvenes universitarios que contrataron préstamos renta universidad entre 2007 y 2010, para ayudarles a costear los estudios de posgrado. Los jóvenes deudores de un préstamo renta universidad podrán mejorar las condiciones de devolución del crédito. En primer lugar, solo tendrán que empezar a devolver el crédito cuando sus ingresos -estrictamente dichos, su base imponible general y del ahorro a efectos de IRPF- sobrepasen los 22 000 euros anuales. En segundo lugar, dispondrán de un plazo máximo de quince años para devolver


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el préstamo desde que se firmen las nuevas condiciones. Esta medida beneficiará a los más de 12 000 jóvenes que todavía no han terminado de devolver los préstamos renta universidad, de los que un millar han tenido situaciones de impago.

Para preparar este real decreto-ley hemos tenido en cuenta los problemas expresados por toda la comunidad científica, y me consta que ustedes, señorías, han hecho lo mismo, ya que varias propuestas del Congreso y del Senado van en la misma dirección. En concreto me refiero a la moción aprobada el pasado 23 de marzo de 2018, en el Pleno del Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, que incluía las tres medidas más importantes: la intervención previa, la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y la estabilización de personal. Hay al menos otras tres iniciativas ya aprobadas que solicitaban al Gobierno emprender acciones como las que hoy les presento, y que son: la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, aprobada en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad el día 10 de mayo de 2018, relativa a la necesidad de promover un pacto nacional por la I+D+i, que dote de estabilidad y objetividad a la política en materia de ciencia, tecnología e innovación; otra es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el PDeCAT, aprobada con modificaciones en la Comisión correspondiente el 7 de marzo de 2017, por la que se insta al Gobierno a establecer un compromiso estable y prioritario con la inversión en actividades de I+D+i, como eje de transformación económica, creación de empleo y de superación de la crisis; y como tercer ejemplo la moción del Grupo Popular, aprobada en el Pleno del Senado el día 24 de mayo de 2017, modificada luego a propuesta de varios grupos parlamentarios, por la que se insta al Gobierno a impulsar un pacto nacional por la I+D+i para conseguir alcanzar un objetivo de inversión pública en el año 2020 del 2 % del producto interior bruto.

Adicionalmente la norma sujeta a convalidación hoy recoge también gran parte del contenido de una proposición de ley sobre esta materia, presentada en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Ciudadanos hace tan solo tres meses, el día 16 de noviembre de 2018. Reconozco que este real decreto-ley no es la solución a todos los problemas de nuestro sistema de generación y transmisión de conocimiento, sino un primer paso sustancial, eso sí, en los planes trazados por nuestro ministerio. La creación de un departamento ministerial con competencias sobre el sistema completo, incluida la universidad, ha hecho posible vertebrar un plan coherente y priorizado para la modernización y agilización del sistema. Hemos tenido en cuenta desde la acreditación de profesores universitarios hasta la inversión pública en el capital de empresas de base tecnológica, desde la creación y mantenimiento de grandes infraestructuras científicas hasta el incentivo de la transferencia de conocimiento por parte de los investigadores. Hemos sacado adelante una parte del plan, por ejemplo, los programas de impulso de la colaboración entre pequeñas empresas y centros tecnológicos, la puesta en marcha del programa de inversión público-privada en capital riesgo, el sexenio de transferencia, y mañana en el Consejo de Ministros se aprobará el estatuto del personal investigador en formación -previsiblemente, como es obvio-. Además estamos ultimando la tramitación para la homologación de retribuciones entre los diversos agentes de investigación científica. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Acabo agradeciendo el gran esfuerzo del equipo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un equipo profesional y entusiasta, cuya dedicación diaria ha hecho posible la aprobación de esta norma y de muchas otras anteriores. Hemos tomado acciones decididas en varios programas europeos, asumiendo en algunas materias la coordinación de los países europeos. Nuestras mesas de trabajo sobre la reforma universitaria están llegando a consensos muy importantes. Estaremos trabajando en ello hasta el último minuto, pero es obvio que a finales de abril quedarán muchas más cosas por hacer. Por supuesto nuestro deseo sería tener unos años más para llevar el plan a cabo, y no renunciamos a ello. Sin embargo el plan debería estar por encima de Gobiernos y partidos. Como mínimo esperamos que España tenga pronto de nuevo un Gobierno donde la universidad, la innovación y la ciencia básica se traten conjuntamente en un departamento ministerial específico, con un equipo de gente técnica que venga desde abajo, y sepa pulsar las necesidades y dar forma a las soluciones, y por supuesto que defienda en el Consejo de Ministros incrementos sostenibles de presupuesto. De momento hoy pedimos la convalidación del Real Decreto-ley 3/2019.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Un saludo también cordial a cuantos nos acompañan esta mañana en la tribuna de invitados. A cinco días de la anunciada disolución de las Cortes Generales la urgencia de este real decreto-ley viene dada por la palmaria parsimonia del ministerio del que usted es responsable para plantear, en su periodo ordinario de gobierno, las amplias y variadas medidas y objetivos que contiene esta normativa. A diferencia de otros miembros del Consejo de Ministros, no ha sufrido usted en estos escasos nueve meses una especial exigencia parlamentaria que le consumiera tiempo y esfuerzo extra, por lo que, señor Duque, cabría haber esperado una mayor agilidad para abordar acciones prioritarias como las que anunció en su comparecencia del pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados, y en la que pudo constatar la unanimidad en el apoyo político a la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, porque son factores decisivos para nuestro futuro, y porque en términos humanos es un drama, además de un colosal despilfarro de recursos, que, tras haber estudiado y haberse preparado con gran sacrificio personal y familiar, nuestra gente tenga que hacer las maletas y buscar su porvenir profesional lejos de España.

Es efectivamente incuestionable que la crisis económica redujo la inversión nacional en I+D, y por tanto resulta perentorio avanzar hacia los niveles medios de la Unión Europea. También es otra realidad la carencia de un mayor impulso político del Gobierno de Pedro Sánchez para aproximar, más allá de las palabras, la agenda estratégica investigadora e innovadora en nuestro país a la agenda política europea en estas materias. Insisto, viene usted al Congreso con este real decreto-ley que es reflejo de asignaturas pendientes cuya aprobación reclama ahora in extremis mediante esta abusiva práctica del Gobierno, que elude la participación y el control parlamentario.

Señorías, Asturias, mi comunidad de procedencia, ocupa, como secuela de un Gobierno autonómico socialista, uno de los últimos lugares en las inversiones de I+D+i respecto a su PIB, y si para el crecimiento económico, la competitividad, la productividad, la creación de empleo, en definitiva el futuro del conjunto de España, son muy importantes y decisivas las políticas para dar un mayor empuje a la tecnología, a la investigación, la innovación, etcétera, en el caso específico de Asturias esta ya es cuestión de emergencia, y de ahí una razón principal para respaldar favorablemente la convalidación que, repito, nos hubiésemos evitado si el ministerio se hubiese aplicado a tiempo en sus deberes.

Finalmente no quiero abandonar esta tribuna sin rechazar, tal y como también hizo unánimemente el Parlamento asturiano, la reciente decisión del CSIC, que despoja a la localidad de Villaviciosa del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, IPLA, tres décadas después de su creación, para trasladarlo a Oviedo, una inaceptable deslocalización que se suma, para mayor escarnio de los asturianos y singularmente de los maliayos, a la renuncia a la creación, también en Villaviciosa, del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche, convenio que se firmó hace poco más de diez años y del que nunca más se supo.

Señora presidenta, quisiera finalmente decir unas palabras, aprovechando que este es el último Pleno, para agradecerle y expresarle mi reconocimiento hacia su impecable labor al frente del Congreso. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus palabras.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Señor ministro, señora ministra, señorías, muy rápidamente. La verdad, señor ministro, es que nosotros vamos a convalidar este real decreto. Hubiésemos pedido, en situación normal, la tramitación como proyecto de ley para poder incorporar algunas enmiendas, porque la verdad, señor ministro, yo soy de los que le reconozco el esfuerzo y el empeño para intentar solventar algunos de los problemas que atañen a la actividad científica en nuestro Estado. Este real decreto mejora sensiblemente la situación, aunque nosotros entendemos que hay varios aspectos que, o se quedan cortos o pueden establecer unas ciertas interpretaciones que pueden generar problemas, y que aquellos problemas que pretendemos resolver no se resuelvan. Pero en todo caso van a tener nuestro voto favorable.


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Señor ministro, en cuanto a la contratación indefinida yo creo que esto es una buena noticia, pero entendemos que se queda corta; se queda corta porque, en primer lugar, debería ampliarse no solo a los proyectos financiados con fondos públicos, sino también a aquellos que tengan financiación privada, y sobre todo porque entendemos que se ha perdido la oportunidad de eliminar la tasa de reposición; no tiene ningún sentido mantener tasa de reposición. En cuanto a los contratos menores entendemos que se tendría que clarificar muchísimo más la temporalidad y establecer que no se límite a un año. En cuanto a los parques científicos, absolutamente muy limitada la medida; refinanciar las cuotas de 2019 es una parte muy pequeña. En Cataluña hay algún parque científico, como el de Gerona, que está en concurso de acreedores. La única solución pasa no solo por una reestructuración de la deuda de 2019, sino por la reestructuración de la deuda acumulada, y además en algunos casos -hablemos claramente- por una quita.

Finalmente, señor ministro, hemos perdido también la oportunidad de modificar la posibilidad de que estos centros se puedan deducir el IVA, considerando que es una actividad meramente económica. Teníamos el consenso en la Comisión de Hacienda, donde se tramitaba la Ley de Contratos del Sector Público en sectores especiales con una enmienda del PDeCat, pero la interrupción de la legislatura no lo hará posible. Lo hubiesen podido incorporar en este real decreto. En todo caso, señor ministro, nosotros le reconocemos el esfuerzo, aunque entendemos que se ha quedado corto. Esperemos que en la próxima legislatura, entre todos los grupos y el Gobierno que salga de las elecciones, se puedan subsanar porque algunos de estos aspectos seguro que van a generar controversia en cuanto a la interpretación política.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días.

Hoy debatimos aquí la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, un decreto del que el Gobierno nos dio cuenta de cuándo iba a ser remitido al Consejo de Ministros, pero es verdad que no lo tuvimos con anterioridad para conocer y valorar su contenido, y por lo tanto no tuvimos la posibilidad de negociar o mejorarlo para un sector en el que además todos los grupos hemos abogado por buscar soluciones a las problemáticas existentes, y por tanto reconducir determinadas medidas y situaciones que lo que hacían era perjudicar en definitiva a la ciencia y a la innovación. Todos conocemos la situación de la ciencia, lo hemos debatido en numerosas ocasiones, y si bien este decreto reconduce algunas situaciones lo cierto es que la ciencia no se merece un decreto con medidas aisladas, sino una política pública que apueste de forma decidida por la investigación.

Dicho esto, se nos presenta un decreto en el que se establecen una serie de medidas que, si bien recogen una parte de los problemas o reivindicaciones en el ámbito de la ciencia, entendemos que no son suficientes y, una vez más, nos demuestran la inexistencia de un diagnóstico certero, que es el que debería marcar los objetivos de la ciencia; en definitiva, una ausencia, hasta ahora, de una política pública comprometida para resolver los problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación que tiene un efecto perverso en la actividad investigadora y, por tanto, un deterioro en el conjunto del sistema; un sistema de I+D+i que en otros países es considerado y tratado como motor del progreso económico y social que tiene que servir también al tejido productivo y a la sociedad que lo está sustentando.

Es un decreto en el que los cambios normativos atienden al sistema de I+D+i dentro del sector público, pero deja, en parte, de lado al sector privado. Por ejemplo, algunos agentes acreditados en la Red vasca de ciencia y tecnología, constituidos como asociaciones de derecho privado sin ánimo de lucro, se encuentran tipificados como organismos de investigación de otras administraciones públicas y, por lo tanto, habilitados para formalizar contratos predoctorales de acceso al sistema español de ciencia y tecnología o de investigador distinguido, aunque no contratos para personal investigador y/o técnico para realización de proyectos específicos de investigación establecidos en los artículos 26 y 30 de dicha ley. Habida cuenta de que la actividad investigadora es independiente de la calificación de organismo público o privado, la facultad legal para contratar mediante cualquiera de las modalidades reguladas en la Ley de ciencia debería ser aplicable a la totalidad de agentes públicos o privados que conforman el sistema de ciencia.


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Es un decreto que, básicamente, contiene medidas para reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de proyectos científicos, para facilitar la contratación estable de investigadores, para evitar retrasos en las convocatorias, para mejorar la igualdad de oportunidades entre investigadores -duración de los convenios, modificación de la Ley de contratos menores- y para financiar a los parques tecnológicos. Sin embargo, habría que realizar algunas matizaciones de algunas de las medidas aprobadas, que al no disponer de la posibilidad de consensuar o enmendar, no se van a poder mejorar. Por ejemplo, la contratación de personal, que parece que sigue sometida a las tasas de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco se ha abordado -como ya ha dicho el señor Bel- la deducibilidad del IVA soportado en bienes y servicios ni que, según las inspecciones, se debe probar la naturaleza de la actividad económica de la ciencia, preocupación de todos los grupos esta Cámara.

Los cambios que se han producido en el entorno son numerosos y esto ha de conllevar la realización de un diagnóstico y un proceso de adaptación a la estrategia de innovación para favorecer la concentración de los recursos e inversiones en I+D+i en áreas donde existen claras sinergias con las capacidades potenciales existentes en una región, y esto implica, desde luego, que han de converger las necesidades orientadas desde la demanda con las impulsadas por los avances de la oferta científico-tecnológica generada. España es primera potencia en publicaciones científicas, pero parece que todavía no es capaz de llevar esa fortaleza al sistema productivo, sin olvidarnos de la también necesaria investigación básica.

En definitiva, como el decreto establece una serie de medidas que creemos indispensables para que los distintos organismos puedan trabajar de forma eficiente y eficaz, eliminando parte de los problemas existentes, y aunque nosotros creemos que hay que valorar la ciencia evaluando tanto las experiencias del pasado como las del presente dentro de un proceso reflexivo y no como medidas aisladas para llegar a una verdadera política que apueste por la I+D+i como motor del crecimiento, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Presidenta, diputades, diputats, ministro, me han dicho que el martes pasado el señor Girauta me dedicó un epíteto, maestro ciruela, con ánimo, parece, despectivo. Que me digan maestro, la verdad, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que me pueden decir. (Aplausos). Me ha llegado al corazón, señor Girauta, me ha llegado al corazón.

La investigación, al igual que la docencia, son tareas apasionantes; te absorben por completo, no hay forma de librar el cerebro de la necesidad de pensar. El deseo de aprender, de descubrir, de investigar se convierte a veces en una bendita obsesión. Esto ha sido siempre así y continuará siéndolo. El estímulo de investigar no suele ser proporcional a la recompensa económica. A pesar de ello, el investigador actúa impulsivamente y no puede hacer otra cosa. Esta pasión por investigar la han conocido las muchas y los muchos científicos, y la incomprensión hacia los investigadores, también.

Desde hace algunas décadas, la existencia de una sociedad más compleja, que está transformando el mundo, llega al laboratorio, a la biblioteca, al archivo y a las aulas universitarias, a veces creando un auténtico laberinto del que hemos de salir para que vayan bien las cosas. Plutarco, en sus Vidas paralelas, dice que el viejo Catón se lamentaba de que en el mercado de Roma un pez exótico valiese mucho más que un buey. Hoy podemos decir, emulando a Catón, que no puede ir bien un país en donde muchos otros menos necesarios sean mejor tratados, considerados y pagados que los que generan conocimiento.

La aprobación de este real decreto-ley, que el señor ministro tendrá por parte de nuestro grupo, es una oportunidad, pero es media oportunidad. No se han modificado leyes; por ejemplo, se ha hablado aquí de subvenciones, de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, de la Ley General Presupuestaria. Todo esto está asfixiando, no ahora sino desde hace mucho tiempo, el sistema español de I+D. El contexto político actual no ha favorecido el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos y serenos y compromisos a largo plazo; especialmente, faltan cambios imprescindibles en la universidad, que tendremos que dejar para la próxima legislatura.

El mundo de la investigación encuentra estas medidas necesarias, pero insuficientes. En este sentido, nos comprometemos a trabajar en la próxima legislatura y a trabajar bien. Va siendo tiempo de concretar estas medidas, porque solo así podremos seguir compitiendo en la primera división de la ciencia; ya estamos en ella por rendimiento, pero aún nos falta mucho para la calidad institucional de nuestros centros y organizaciones de investigación.


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Para acabar -tengo poco tiempo-, permítanme expresar algunos agradecimientos, en primer lugar, al ministro, por su cercanía, y también a su equipo, porque siempre he tenido las puertas abiertas; vale la pena en tiempos de cólera decir estas cosas. Quiero mostrar mi agradecimiento especialmente a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, porque han sido unos meses de trabajo intensos que nos permiten pensar que un consenso político sobre medidas a largo plazo de I+D es posible; todos los grupos han sido elementos básicos para llegar a este primer paso, que se tendrá que concretar en el futuro. Agradezco a todos y cada uno de sus miembros la dedicación y el compromiso con la ciencia y la universidad. Quiero agradecer su trabajo a los servicios técnicos, especialmente a Ignacio Carvajal; sabemos el lujo que es tener los letrados y los equipos técnicos que tenemos, pero tener la cercanía de la persona, no solo del técnico, ha facilitado mucho nuestro trabajo. Quiero agradecer lo fácil que se ha puesto ejercer de presidente de esta Comisión de ciencia y universidad, lo que demuestra que este es el camino: la ciencia ha de ser sustantiva y no un adjetivo de otros ministerios.

Para acabar, quiero que entiendan mi alma partida. He intentado estar abierto al máximo, pero tengo el corazón partido con amigos que están en prisión. No ha sido fácil manejar una cosa y la otra. Como ya saben que a mí me gusta la poesía y muchas veces la poesía te permite asumir prosa que no te gusta tanto, permítanme recitarles dos párrafos de un poeta y un poema que me han ayudado. Es del poeta Joan Oliver Pere IV y son las Corrandes d'exili. Dice así: "Una nit de lluna plena / tramuntàrem la carena / lentament, sense dir re. / Si la lluna feia el ple / també el féu la nostra pena. / Una esperança desfeta, / una recança infinita. / I una pàtria tan petita /que la somio completa". Es "a favor de", no en contra de nadie. Nos hace entender que a veces el alma partida en un político ha de servir para dar lo mejor que tiene.

Muchas gracias. ¡Ciencia, universidad, adelante! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro.

Decreto-ley sobre el Consejo de Radiotelevisión Española, decreto-ley sobre protección de datos, sobre herramientas macroprudenciales..., así hasta veintiocho. Este decreto-ley ha sido el número veintiocho. Esta ha sido la verdadera prioridad de este Gobierno. Ustedes entraron en el Gobierno intentando vendernos que la ciencia iba a ser una prioridad para ustedes, y así hicieron un Ministerio de Ciencia y le pusieron a usted al frente, una persona de reconocido prestigio, pero la realidad, los hechos demuestran -y más en ciencia, que hay que basarse en los hechos- que este Gobierno ha tenido muchas muchas otras prioridades y ha presentado otras muchas iniciativas antes que una de ciencia. La de ciencia la han traído en el tiempo de descuento, en el tiempo final, mal y tarde y sobre la bocina.

Esta sí que es una iniciativa urgente y necesaria, y es una iniciativa urgente y necesaria porque -como usted ha dicho, señor ministro- nuestros científicos no pueden ni gastar el presupuesto que tienen asignado, están totalmente bloqueados, no pueden investigar y se dedican solamente a hacer papeleo. En vez de estar luchando contra el cáncer, en vez de estar desarrollando la inteligencia artificial, en vez de estar buscando medidas contra el cambio climático, lo que están haciendo es rellenar formularios. Esto es así y era sabido por todos los grupos. Lo ha dicho usted: esto se ha debatido en innumerables ocasiones en el Pleno y en Comisión, ha habido un acuerdo unánime de todos los grupos, todos sabíamos lo que pasaba, todos estábamos de acuerdo en las soluciones que había que poner. Nosotros, desde Ciudadanos, modestamente, contribuimos a ello ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Es verdad que lo que hicimos no fue suficiente, nos hubiese gustado mucho más, pero ya sabemos cómo va el Partido Popular, que le cuesta moverse, y no pudo ser más. Por eso en noviembre ya presentamos, como usted ha dicho, una proposición de ley para mejorar nuestro sistema de ciencia y tecnología. Lo único que tenían que haber hecho era copiar esa proposición de ley y haberla presentado hace meses, pero no lo han hecho, y lo que han traído, lo han traído tarde y, además, sin hablar con nadie. Ustedes, que hablan del consenso, del acuerdo, de la negociación y de que les ponemos cordones sanitarios, han hecho un cordón sanitario al resto de la Cámara, porque no han hablado con nadie; ustedes han presentado el decreto y, una vez que lo han presentado, han dicho: Aquí lo tienen y hagan ustedes un trágala a este decreto-ley. Sí, lo votaremos a favor y lo aprobaremos porque es necesario pero no es suficiente.

Hay muchos aspectos de este decreto-ley que eran necesarios y que no están regulados. No se habla de la responsabilidad a la hora de contratar al personal indefinido por parte de los gerentes, ni de la regulación de los convenios de las grandes infraestructuras científico-tecnológicas, ni de la flexibilidad


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para firmar los convenios internacionales y para pertenecer a consorcios internacionales; también falta una más ambiciosa reforma de la Ley de Contratos de Sector Público para los proyectos de investigación. Ha habido cosas que se han quedado en el tintero, y se han quedado en el tintero porque se ha hecho mal y tarde.

También quedan muchas cosas por hacer en otros aspectos de la ciencia que son necesarias para que avance y para que nuestro país avance de verdad, porque sin ciencia no hay futuro. Hay que hablar de medidas contra la precariedad de los investigadores, de la estabilidad presupuestaria, de la profundización en la flexibilidad administrativa, del impulso a la transferencia tecnológica, de la mejora de la elaboración del sistema, del apoyo a las empresas innovadoras o de una reforma de la Ley de Mecenazgo. Son tareas pendientes que esperemos que se lleven a cabo en la próxima legislatura, ya con un Gobierno que de verdad crea en la ciencia. Pero hay que estar de enhorabuena, porque creo que ha habido aspectos positivos, con consenso, que ha sido la forma en la que se ha trabajado en la Comisión de ciencia. Un ejemplo ha sido la Oficina de asesoramiento científico, impulsada por la presidenta del Congreso, que es una muy buena noticia de la que todos nos tenemos que congratular. Esperemos que ese consenso, esas buenas maneras y esa forma de trabajar sean las que se vean en la próxima legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro.

En primer lugar, me gustaría comenzar poniendo en valor el diagnóstico que se hace en el preámbulo de este real decretoley, porque efectivamente la ciencia ha sido maltratada en nuestro país. Nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación ha sufrido una década perdida, una década marcada por los recortes y por la fuga de talento. En el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea tenemos muy claro que el sistema de ciencia debe ser el motor de progreso y desarrollo económico que permita a España cambiar su modelo productivo, avanzar en la transición ecológica, generar una industria de alto valor añadido y crear empleo de calidad, porque un país soberano debe maximizar su capacidad científicotecnológica y ese sin duda va a ser uno de los grandes retos nacionales del futuro.

En su intervención, el ministro Duque sostenía que el Gobierno está acometiendo una reforma estructural de la ciencia. Nosotros a lo mejor no iríamos tan lejos, pero consideramos que las medidas este real decreto son urgentes y necesarias, aunque en algunos casos también pueden ser mejorables. Del mismo modo, creemos que estas medidas, principalmente relativas a la gestión, siendo urgentes en su mayoría, son más propias de una reforma coyuntural; la reforma estructural que precisa la ciencia en nuestro país todavía queda pendiente y requiere algo más de ambición. En efecto, la reforma que necesitamos pasa, a nuestro juicio, por incrementar el personal investigador; estabilizar la carrera docente; retornar el talento; imbricar ciencia, universidad y sociedad; apostar de verdad por el liderazgo público y, sobre todo, garantizar la financiación necesaria con previsiones plurianuales. Con todo, el real decreto contiene medidas que nos parecen positivas. Celebramos, entre otras cuestiones, que se agilice la contratación del personal laboral, que se adecúe la gestión económicofinanciera de los organismos públicos de investigación y que se avance en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Pero este real decreto olvida nuevamente -así lo ha puesto de manifiesto la Federación de Jóvenes Investigadores- la situación de precariedad de miles y miles de investigadores y sigue sin regular la carrera científica y sin ofrecer itinerarios que den futuro a quien quiere dedicarse a la ciencia. Sin cuidar a quienes innovan, sin cuidar a nuestros científicos y científicas, difícilmente vamos a blindar la ciencia y la investigación en nuestro país.

Por otra parte, le tengo que decir que este real decreto debería haber incluido la regulación de la igualdad de retribuciones de científicos de los OPI y el CSIC. En este sentido, el Gobierno está incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a publicar este real decreto y ha perdido una oportunidad para restaurar una situación injusta que afecta a muchos investigadores. (Rumores).

Por último, me gustaría dedicar la parte final de esta intervención a valorar una cuestión que consideramos especialmente relevante y por la que le he podido interpelar en Pleno. Me refiero a las medidas de ayuda a las personas que suscribieron préstamos renta. Hagamos un poco de memoria. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor SÁNCHEZ SERNA: En 2007, el Gobierno del Partido Socialista creó el sistema de préstamos Renta Universidad para financiar los estudios de máster y, posteriormente, también los de doctorado. En el primer año, los préstamos concedidos eran verdaderamente préstamos renta, es decir, préstamos cuya devolución estaba condicionada a la obtención de una renta futura, que se fijó en 22 000 euros anuales, pero en convocatorias sucesivas el Gobierno eliminó ese umbral de devolución sin apenas informar. El resultado lo conocemos y lo ha expuesto usted: en la actualidad, miles de estudiantes en situación de precariedad laboral no pueden devolver esos préstamos y, por si fuera poco, los bancos colaboradores, como el Santander, no han parado de acosar a los universitarios con comisiones, con intereses moratorios, con la incorporación de sus datos en ficheros de morosidad e incluso con alguna demanda judicial. Es verdaderamente grave que los bancos se hayan estado enriqueciendo, a pesar de que estos préstamos fueron financiados con dinero público, con dinero del ICO.

Para solucionar este grave problema, desde Unidos Podemos presentamos una proposición no de ley y conseguimos que fuese aprobada en la Comisión de Educación el pasado 22 de marzo de 2017. Como el Gobierno del Partido Popular no cumplía el mandato del Congreso, este grupo presentó el pasado 28 de junio una proposición de ley, que actualmente está en tramitación. Aunque consideramos que nuestra proposición de ley es más completa y sólida, por ejemplo a la hora de evitar los abusos bancarios, hoy es un día para expresar nuestra enorme satisfacción: por fin el Gobierno da cumplimiento a nuestra proposición y, si este real decreto se convalida hoy, miles de personas afectadas por los préstamos renta verán mejorada su situación económica y vital.

También queremos hacer una reflexión: Nunca más un Gobierno debería establecer préstamos estudiantiles en lugar de becas. Ustedes hoy enmiendan su propio error, y está bien rectificar, pero debe quedar claro que estudiar en la universidad es un derecho que los poderes públicos tienen la obligación de asegurar. Solo con un extenso sistema de becas bien financiado y con la disminución de las tasas universitarias se puede garantizar el derecho a la educación. Los préstamos son una barrera de acceso a la universidad, ponen en riesgo las perspectivas vitales de los estudiantes y contribuyen a perpetuar la desigualdad. Espero que el Partido Socialista haya aprendido la lección. Nunca más préstamos para financiar el acceso a la universidad, nunca más debe mercantilizarse el derecho a la educación. (Aplausos). En definitiva, hoy manifestamos nuestro voto a favor para convalidar este real decreto-ley porque para Unidos-Podemos la política solo tiene sentido si sirve para ayudar a la gente y para hacer su vida más fácil.

Para finalizar, quiero trasladar un mensaje a los representantes de la Asociación de afectados por los préstamos renta, que están con nosotros en el Pleno. Gracias, gracias por vuestra lucha. Vosotros sois el ejemplo de que sí se puede. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Veracruz.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Presidenta, ministro, querida Batet, señorías: último día del último Pleno de la legislatura; Real Decreto de medidas urgentes de Ciencia y Universidad. Creo que se pueden imaginar lo emotivo e importante que es este momento para mí y para el Grupo Parlamentario Socialista. Terminamos de la mejor manera, cumpliendo la palabra; la palabra del PSOE, la palabra de Pedro Sánchez y la palabra y los acuerdos de esta Cámara, que es obligatorio que se cumplan por el Gobierno. (Aplausos).

Lo que más ilusión me hace hoy es que hay muchas personas que nos están escuchando y cuya realidad, algo tan importante como lo que hacen para todo el país en sus laboratorios, cambia hoy gracias a este decreto. Es un punto de inflexión en sus vidas. Por eso nos hace ilusión, ¿verdad, ministro? No voy a esconder lo que ha costado y, por eso, quiero agradecer el trabajo de todo el Gobierno, del resto de los ministerios, por supuesto de un ministro, que en poco tiempo he tenido que aprender, viniendo de fuera, qué es esto de la política, y de todo su equipo. Asimismo, quiero dar las gracias al Ministerio de Hacienda, pero sobre todo al presidente del Gobierno, porque demuestran que es posible hacerlo y con convicción. También quiero dar las gracias de manera especial a todas las personas que hoy están aquí con nosotros, en la tribuna y también en las salas, porque son los verdaderos motores de lo que hoy estamos consiguiendo y de todo lo que queda por conseguir en este país en materia de ciencia. (Aplausos). Con la CRUE, la Cosce y los sindicatos alcanzamos un acuerdo precioso en 2013, y hoy se me ponen los pelos de punta


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viendo que es posible avanzar, aunque queda muchísimo por hacer, y no seré yo -ya me conocéis- la que no lo reconozca hoy.

No sé cuántas veces he dicho aquí, en la Comisión de economía y en la Comisión de ciencia, que tras los brutales recortes del Partido Popular vino algo todavía peor: el aumento de las trabas burocráticas, la parálisis en los laboratorios, en los organismos públicos investigación, en las universidades y, por tanto, la dificultad en la ejecución de esos fondos que sí existían; decisiones políticas de un Gobierno -el del Partido Popular, seamos claros- que hizo retroceder a España al blanco y negro en nuestros laboratorios. Por eso la creación del ministerio era urgente y por eso la esperanza que genera este decreto también lo era. En mi opinión, el decreto genera un punto de inflexión que pinta la España de progreso que queremos frente a la involución que supuso el Partido Popular.

Señorías, una hoy es política, pero ante todo es ciudadana y está concienciada por la ciencia desde hace mucho tiempo -desde que decidí estudiar bioquímica-, y a veces me molesta que parezca que no hay políticos ocupados y preocupados por la ciencia, porque sí los hay. Revisen el Diario de Sesiones, revisen las sesiones de control, revisen las sesiones de la Comisión de Economía y los compromisos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y los hechos que hoy demuestran que, como digo, cumplimos nuestra palabra. Esa es la diferencia en la actuación desde el Gobierno, porque desde la oposición aquí todos decimos muchas cosas, pero cuando se cambia la realidad es en el Boletín Oficial del Estado, como lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez y tan solo en ocho meses. (Aplausos).

Este decreto -que espero que se apruebe con el apoyo todos los grupos- significa: menos burocracia, es decir, más ciencia; por fin, adiós a la intervención previa, algo que todos decíamos pero que cuando hubo que votarlo en los últimos Presupuestos Generales del Estado -por el voto del Partido Popular y de Ciudadanos- no pudo ser una realidad; mayor duración de los convenios científicos; facilitar la compra de los materiales, que fue una de las últimas historias que nos dejó el Partido Popular casi al final; contratación indefinida con cargo a proyectos, en definitiva, cuidar el talento y facilitar la contratación, no perseguirlo, que es entonces cuando sucede la fuga de talentos, como hemos vivido los últimos años; reforzar la Agencia Estatal de Investigación -que se aprobó en la Ley de 2011, pero que el Partido Popular tardó años infinitos en poner en marcha y ha tenido que llegar un Gobierno Socialista para reforzarla y conseguir que sea útil- y, señorías, igualdad de oportunidades. Mientras los socialistas modificamos la Ley de la ciencia para que no exista discriminación en las bajas por maternidad y paternidad, ustedes, esa derecha con tres caras, siguen diciéndonos que tenemos que retroceder, que tenemos que volver a una España en blanco y negro, algo que los socialistas y las mujeres no vamos a permitir, se lo aseguro. (Aplausos).

En el poquito tiempo que me queda no quiero olvidar a los afectados por los préstamos Renta Universidad. Las medidas de este decreto benefician a más de 12 000 jóvenes. Por supuesto, quiero agradecer el trabajo de mi compañero, el portavoz de universidades, que ha tenido la deferencia de permitirme que yo defienda este decreto. Quiero dar las gracias también a la compañera Seijo, de la ejecutiva federal, por todo su trabajo en materia de universidades.

Señorías, cumplimos la palabra, no con todo, porque no nos ha dado tiempo, pero hoy se demuestra que no solo sigue vigente ese compromiso que Pedro Sánchez tuvo con los investigadores en febrero de 2016 y en febrero de 2018, sino que queremos seguir gobernando para hacer de España un país de ciencia, de innovación, para poder cumplir la Ley de la ciencia y hacer justicia con ese millar de investigadores que tienen que ver reconocida su homologación en las retribuciones; para seguir estabilizando al personal: más de 1400 puestos de trabajo estabilizados en solo ocho meses; para aprobar esos Presupuestos Generales del Estado tan importantes. Por eso llamo a los científicos y a las científicas a la movilización, porque la España que queremos no es la que pintamos solo los socialistas, es la que necesita la mayoría de este país y la que necesitan, por supuesto, los científicos y científicas.

Y termino. Ha sido un verdadero honor para mí compartir esta legislatura con todos ustedes. Es un honor poder servir a mi país, a mi región, y quiero trasladar desde aquí mi mayor afecto y cariño especialmente a los diputados con los que he tenido mucho más roce -les veía ahora hasta en tertulias-, a los diputados por la Región de Murcia y a mis compañeros de la Comisión de ciencia -presidente, nos sentimos representados por sus palabras-. Además, quiero decir que los dos portavoces que hoy no están aquí para muchos de nosotros también están. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido una legislatura durísima...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.


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La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Sí, termino ya.

La señora PRESIDENTA: Es que lleva usted dos minutos más del tiempo.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchísimas gracias, presidenta, por su amabilidad.

Ha sido una legislatura durísima, en algunos momentos frustrante -como ejemplo puedo poner cuando aquí aprobábamos cosas y el Gobierno no las ponía en marcha-, pero también con momentos inolvidables, como cuando la democracia y la Constitución permitieron que Pedro Sánchez cambiara la realidad y el destino de este país. Con la pasión que siempre le he puesto y con los errores cometidos, les deseo a todos ustedes y a esta Cámara futuros aciertos; deseo que podamos construir por encima de esa crispación, que nada suma, y que en próximas legislaturas vean ese acuerdo por la ciencia, entre tantas otras... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señoría, se ha terminado su tiempo. Muchísimas gracias.

Señorías, es el final de legislatura y es un día emotivo, pero vamos a intentar incluir la emotividad en el tiempo que tenemos en el orden del día. Se lo digo porque, como ustedes saben, tenemos un tiempo limitado. A mí me encantaría que todos ustedes hablaran durante horas seguidas, pero tengo que administrar el tiempo y cuando alguien casi lo duplica, tengo que decirlo. Muchísimas gracias por su comprensión también en el último día. (Aplausos).

Tiene la palabra el señor Píriz Maya.

El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Abro comillas: un 34 % de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto-ley, convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales su función. Me propongo limitar el uso del decreto-ley. Cierro comillas. La frase no es mía, no, yo no escribo best sellers adanistas. La frase es de Pedro Sánchez, en 2015, dirigida a Mariano Rajoy. Y digo bien, la frase es de Pedro Sánchez, porque la acción de gobierno del presidente Pedro Sánchez ha demostrado que mentía, que lo hacía sin pudor, que en su acción de gobierno prácticamente el cien por cien de sus decisiones legislativas han venido a esta Cámara en forma de decreto-ley. ¿Saben cuántos? Veintiocho, en ocho meses, veintiocho. Y aunque presuma en su mitin de Moncloa, no se ha aprobado ninguna ley en esta Cámara iniciada durante su mandato.

Señor ministro, ha tenido nueve meses para legislar, para hacer instrucciones, para gobernar. ¿Cuál es la extrema urgencia de este decreto-ley? ¿Las elecciones? Ya nadie les cree, nadie cree a su partido, al que le hizo ministro, el Partido Socialista; la urgencia de ahora es la misma que hace ocho meses. Señor ministro, con este decreto hacen una oda al plagio. Ustedes y nosotros sabemos que estas normas que aprueban se las encontraron preparadas cuando llegaron al ministerio. En cualquier caso, plagiar aquello que está bien hecho no es negativo, no se lo tome a mal, porque ustedes solo aciertan en dos situaciones, cuando rectifican y cuando plagian medidas del Partido Popular, como la subida a los funcionarios, la subida de las pensiones o como esta, que ataca a algunos de los problemas importantes de la I+D+i.

Voy a empezar con un problema de base de su propuesta. Los que hemos pasado muchas horas en la Comisión de Presupuestos hemos escuchado a sus portavoces repetir hasta la saciedad que nunca aceptarían un Presupuestos Generales del Estado con menos del 2,5 % de gasto de I+D+i sobre el total presupuestado. Después, cuando gobiernan hacen lo que hacen; este Parlamento les ha devuelto sus cuentas, que apenas tenían el 1,8 %. ¿Esa es su apuesta por la I+D+i? ¿Ese era su compromiso con universidades, centros de investigación y con las empresas? ¿En qué quedamos, en el 1,8 % o el 2,5 %?

Y con respecto al real decreto que traen hoy para convalidar, les tenemos que decir que nos parece totalmente insuficiente. Partieron de un documento prácticamente cerrado y no han sido capaces de avanzar más, de poner soluciones a los problemas de la I+D+i en España. Nos parece insuficiente porque no aborda los principales retos que se necesitan en cuanto a financiación y a nivel normativo para situar la investigación española al nivel de los principales países europeos. Y que conste que no es solo una crítica de este grupo, de mi grupo, sino que la propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, considera insuficiente el decreto por causas similares. El decreto avanza en cuestiones que hacían falta, que eran necesarias y básicas para poder dar aire a nuestra ciencia, para poder ayudar a nuestros parques científicos y tecnológicos o a nuestros científicos. Así, medidas con respecto a la contratación de personal laboral en las OPI, la gestión financiera centralizada de las OPI que


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no sean agencia estatal, el control interno, las operaciones de crédito autorizadas o las relativas a los préstamos universitarios o el apoyo a los parques científicos y tecnológicos, nos parecen medidas necesarias que, como digo, estaban en la agenda del anterior Gobierno y que he encontraron preparadas cuando llegaron.

Vienen con este decreto a intentar solucionar el problema de los parques científicos y tecnológicos, en los que algunos tenemos nuestro trabajo, pero ustedes generaron el problema; esta deuda se generó con ustedes en el Gobierno, con ustedes, y vienen con este decreto a solucionar el problema de forma insuficiente y con parches. Asuman su responsabilidad y den una solución a la situación que generaron en muchos parques científicos y tecnológicos a lo largo y ancho de toda España, poniendo en riesgo miles de empleos en nuestro país; asuman su responsabilidad de una vez.

En este decreto no plantean un plan estratégico para la ciencia española, no plantean medidas a medio o largo plazo, sino que traen un real decreto únicamente para solucionar el corto plazo. Su ambición en la I+D+i no pasa de un discurso retórico de apoyo a un sector, mientras traen a esta casa un impuesto para las tecnológicas que, sin duda, no ayuda nada en la atracción de empresas de tecnología a nuestro país. Con una mano nos traen un decreto que ayuda a innovar pero con la otra tratan de asaltar a las empresas del sector que crecen y generan investigación, innovación y empleo de calidad. Igual es más justo para las perspectivas de todos los españoles que los que tengan un piso -todos- paguen por él los impuestos que les corresponden antes de ahuyentar a las empresas con impuestos. Mejor dar ejemplo, señor ministro.

Señor ministro, en una entrevista de prensa apareció un titular suyo muy bonito: La ciencia necesita un acuerdo leal a diez años. Le pregunto yo: ¿leal con quién, con nosotros? ¿Ha llamado a este grupo para hablar del futuro de nuestra ciencia? ¿Nos ha llamado tan siquiera para hablar de este decreto? Se lo digo, se le digo a todos: no. La política que se puede resumir en un titular dice poco de quien la practica, pero mucho menos aún de quien cree en ella. Si durante estos meses hubiera querido tratar la ciencia como se merece, como un asunto de Estado, lo hubiera hecho, nos hubiera llamado y allí hubiéramos estado -voy acabando, señora presidenta-, porque creemos en la ciencia de este país, porque creemos en nuestros investigadores y en nuestro sistema de ciencia, porque si no fueran tan buenos, nuestro país no hubiera tenido los retornos en Horizonte 2020 que está teniendo. Si nuestra ciencia no fuera excelente no podría competir a este nivel en Europa. Por ello, tenemos que incidir en medidas que simplifiquen la burocracia. Dejen a los investigadores investigar, dejen a las empresas crecer, no pongan trabas administrativas o ideológicas, no califiquen unas tecnologías de izquierdas o de derechas, y no hagan a nuestros innovadores y a nuestras startups tener que abandonar el país por su ineptitud. Apoyen la ciencia, apoyen la innovación, apoyen la investigación y ahí siempre nos encontrarán, encontrarán a mi grupo, como en este decreto, que aunque insuficiente y aunque llega tarde y mal, apoyaremos por responsabilidad con el sector.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 4/2019, DE 22 DE FEBRERO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 130/000059).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del régimen especial de las Illes Balears. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señorías, quiero empezar felicitando y deseando un feliz Día de Andalucía a todos los andaluces y andaluzas. (Aplausos).

Presidenta Armengol, consellera Cladera, señorías, el pasado viernes el Gobierno dio respuesta a una larga reivindicación generalizada de todas las fuerzas políticas de la Comunidad de las Illes Balears: el desarrollo y concreción efectivo de un régimen especial que hasta entonces se limitaba fundamentalmente a un entramado institucional de cooperación, de prácticas y resultados reducidos. La respuesta del Gobierno se contiene en dos textos normativos: un anteproyecto de ley referido a bonificaciones fiscales, con el que este Gobierno está absolutamente comprometido y que por razón de la materia tenía que


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tener la figura y estar comprendido en un proyecto de ley, y un decreto-ley que regula con carácter general el régimen especial y lo concreta en medidas esencialmente referidas a los ámbitos energético, del transporte y de la política estatal de inversiones. El Gobierno solicita de la Cámara la convalidación de ese decreto-ley.

Los regímenes especiales se derivan de un fundamento específico, de un hecho diferencial que concurre en la comunidad afectada y que exige y justifica esas medidas específicas. Pero la definición de ese fundamento no es una decisión libre de cada Gobierno o mayoría parlamentaria, sino que se encuentra prevista en la Constitución o en el correspondiente estatuto de autonomía, en las normas que, en palabras del Tribunal Constitucional, constituyen nuestro bloque de la constitucionalidad. Solo el reconocimiento constitucional o estatutario exige y permite la existencia de ese régimen especial que, en consecuencia, se configura como una de las decisiones fundamentales del marco constitucional del Estado autonómico. Es el caso claro precisamente de la insularidad, que está reconocido en el artículo 138 de nuestra Constitución.

El objeto del real decreto-ley es introducir mejoras en la regulación del régimen especial de las Illes Balears previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears que lo hagan más efectivo y respondan a las necesidades derivadas del hecho específico y diferencial de su insularidad. El decreto-ley introduce mejoras en materia de transporte, energía e inversiones del Estado. Así, en materia de energía el Gobierno deberá, en primer lugar, promover la interconexión eléctrica entre islas y, en segundo lugar, el Gobierno planificará y promoverá la ejecución de una segunda interconexión eléctrica entre península y Baleares, con el fin de entregar el sistema eléctrico balear en el sistema eléctrico peninsular. Asimismo, el Gobierno fomentará la sustitución tecnológica de la generación eléctrica en Illes Balears por fuentes de energías renovables y de bajas emisiones, fomentando la instalación de energías renovables para la producción eléctrica en las Illes Balears, para lo que el decreto-ley le permite regular un régimen retributivo específico para nuevas instalaciones renovables en las islas.

Las mejoras energéticas se completan con el impulso de la electrificación de los puertos de las illes para permitir la conexión eléctrica de barcos durante el periodo de atraque. Se trata, pues, en todos los casos de previsiones claramente vinculadas con los efectos específicos de la insularidad sobre un sistema energético basado en la interconexión, de modo que responden plenamente a la situación específica de Baleares y a la finalidad de responder a sus consecuencias perjudiciales respecto de la situación general en España.

En cuanto al ámbito del transporte, las mejoras del decreto-ley introducen, en primer lugar, un régimen de bonificaciones sobre las tarifas en beneficio de los españoles y nacionales del resto de Estados de la Unión Europea que residan en Baleares; unas bonificaciones que alcanzan el 75 % sobre la tarifa regular en el transporte aéreo y marítimo entre la Comunidad autónoma de Baleares y el resto del territorio nacional, así como sobre la tarifa regular en el transporte aéreo interinsular y el 50 % en el caso de la tarifa regular en el transporte marítimo interinsular. El decreto-ley afecta también al transporte de mercancías, estableciendo una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado para financiar un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Illes Balears y la península. Este sistema alcanzará al menos el 65 % del coste medio de flete del transporte para la exportación de productos originarios de las illes o que hayan sido objeto de transformaciones sustanciales en las Baleares. Todavía en materia de transportes el Gobierno establecerá medidas para financiar el transporte marítimo entre islas de los residuos generados en las Illes Balears y reglamentariamente se establecerá un mecanismo de compensación en función del tonelaje de residuos transportado.

Las mejoras en materia de transporte se completan con dos previsiones más: la declaración del servicio público esencial del transporte público terrestre de viajeros, que permitirá la intervención estatal en su financiación, y una cláusula de cierre en virtud de la cual por razones de interés general, con objeto de mejorar y reforzar la demanda en el tráfico aéreo y marítimo del archipiélago balear, se podrán establecer reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias respecto a las vigentes a nivel nacional. Es indiscutible la vinculación entre transporte e insularidad y sus efectos en la libertad de movimiento de los ciudadanos y ciudadanas y las oportunidades asociadas a la misma, por lo que de nuevo el régimen especial en este ámbito resulta adecuado y proporcionado.

Por último, las reformas en materia de inversiones estatales se concretan en la creación de una asignación específica para Baleares en los Presupuestos Generales del Estado de cada año en concepto


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de factor de insularidad, que tendrá por objeto corregir los desequilibrios inherentes a la discontinuidad territorial propia del hecho insular y pluriinsular, especialmente en materia de inversiones. Para su dotación, que determinará la Ley de Presupuestos, como decía, se tendrá en cuenta el nivel de inversión media anual del Estado en el conjunto del territorio español y la asignación servirá para financiar actuaciones en el territorio de la comunidad autónoma en ámbitos especialmente afectados por la situación de insularidad. El decreto-ley abre un espacio de intensa participación de la comunidad en la decisión del destino de estos fondos mediante la actuación de la Comisión mixta prevista en su artículo 18, fortaleciendo así las decisiones producto del acuerdo y los mecanismos de articulación entre los diversos niveles territoriales. Esta participación que el Gobierno ha impulsado en otros ámbitos, como las conferencias sectoriales o las comisiones bilaterales con diversas comunidades autónomas, es un elemento fundamental de corresponsabilización y de impulso del acuerdo frente a la conflictividad y la reclamación que han marcado tradicionalmente el modelo autonómico, especialmente cuando se dota de las garantías de institucionalización que introduce este mismo decreto-ley.

Como acabo de exponerles, el contenido fundamental del decreto-ley es, así, la previsión de una serie de normas de regulación e intervención en la actividad económica, en aspectos fundamentales para la economía y los servicios esenciales en la Comunidad balear. Resulta primordial que la reforma evite la generación de una fase de inseguridad del marco vigente y su estabilidad, que incidiría, desde nuestro punto de vista, negativamente en las actuaciones de los agentes económicos y, en consecuencia, en los derechos de los ciudadanos que a ellos se vinculan. En cambio, la aprobación mediante decreto-ley ha permitido el mantenimiento de la certeza y estabilidad del marco regulador, lo que constituye el factor de extraordinaria y urgente necesidad que exige el recurso al decreto-ley.

En resumen, el nuevo régimen especial presenta un contenido plenamente adecuado a su vinculación con el hecho insular y orientado por completo a garantizar en el archipiélago balear los derechos que ya corresponden al resto de ciudadanos y ciudadanas españoles en las comunidades peninsulares. En este sentido, el nuevo régimen especial supone un antes y un después que, con su efectividad y extensión al ámbito de la inversión estatal, ha venido a resolver una demanda y unos trabajos que duraban ya demasiados años y no alcanzaban su finalidad. Parte muy relevante de este éxito es atribuible al impulso del Gobierno balear, y muy particularmente de la presidenta Armengol, pero sobre todo al consenso existente en la sociedad balear, sus instituciones y los partidos políticos en torno a la necesidad y concreción de este régimen especial. La construcción de un consenso integrador en el ámbito autonómico resulta siempre un elemento fundamental de estímulo para la aceptación de las propuestas realizadas y su asunción en el Estado y en las Cortes Generales. Esto también forma parte de la lealtad constitucional que todos reclamamos. Por ello, me parece que es un día de enhorabuena para los ciudadanos y ciudadanas de Baleares.

Presidenta, termino diciendo que ha sido un honor formar parte de esta Cámara, del Poder Legislativo y poderme dirigir a todos ustedes hoy en calidad de miembro del Poder Ejecutivo, siempre en defensa del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Doy la bienvenida a la señora presidenta del Gobierno de las Illes Balears. No se me había comunicado su presencia. Usted y su delegación sean muy bienvenidas a esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos).

En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, Coalición Canaria no se va a oponer a la tramitación de este decreto, pero no vamos a ser cómplices de un engaño al pueblo balear. Desde luego, nosotros coincidimos -y para ello trabajaron la señora Armengol y el presidente Clavijo- en que los Gobiernos de este país compensen el hecho insular, para que el Estado, en dos comunidades como la canaria y la balear, donde no hay ni AVE ni carreteras nacionales, tenga la obligación de invertir en conectividad. Pero creo que se ha entrado en una expectativa falsa. Canarias es una región ultraperiférica, como se reconoce en el Tratado Europeo, y eso implica lejanía e insularidad, y cada ayuda de Estado, cada medida fiscal ha tenido que negociarse durante más de ocho años, una a una, con Bruselas. No se pudo tramitar el REF hasta que lo autorizó Bruselas. No es lo mismo que las ayudas de Estado y los temas fiscales y, de hecho, así ocurrió en el caso vasco, porque no se tuvo en cuenta esto.


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Y de pronto un Gobierno intenta solucionarlo por un decreto, no por una ley orgánica, que está por encima de los presupuestos, no por un tema constitucional. Canarias está en el Tratado Europeo, el REF -el Régimen Económico y Fiscal- está en la Constitución y es una ley orgánica que implica los presupuestos. Por cierto, el Gobierno del señor Sánchez, a la primera de cambio, al mes del nuevo REF, se lo ha pasado por donde se lo pasado, lo ha vulnerado y ha eliminado las cosas que eran de obligado cumplimiento. Por eso le digo a la señora Armengol y a la gente de Baleares que cuidado. Un decreto no tiene valor, el presupuesto está por encima por una ley normal. Tienen que tramitar una ley orgánica y una modificación exacta en lo que significan las compensaciones a la insularidad. Para ser región ultraperiférica y para tener ayudas del Estado y sistema fiscal distinto se necesitan cuatro requisitos: lejanía, insularidad, que la renta de la comunidad esté por debajo de la media europea y, por último, el índice de paro. Baleares es de las comunidades más ricas, con menor índice de paro; Canarias tiene mayor paro y un índice de renta bajo. Ustedes están anunciando unas medidas fiscales en este anteproyecto de ley que van a incitar a pelear y hacer dumping a las empresas. Se acaban de cargar las ayudas a la industria del cine en Canarias y las aprueban para Baleares. ¿Qué van a hacer? No se trata de enfrentar a comunidades, se trata de trabajar juntos para que todos los ciudadanos y todas las comunidades de este país estemos en las mismas condiciones.

Nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que las ayudas a la insularidad son derechos del pueblo balear. Pero que no les engañen, esto es un canto al sol. Nosotros lo teníamos mucho más atado y lo acaban de vulnerar. Y segundo, a no ser que tengan pactado todo con Bruselas, esto es mentira.

Termino, señora presidenta. Vamos a seguir trabajando la Comunidad canaria con la balear para que los Gobiernos de España, sean socialistas o del PP, cumplan con Canarias y Baleares, pero desde luego no vamos a ser cómplices de un engaño en campaña electoral de este Gobierno socialista con el pueblo de Baleares.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Primer, saludar el president del Consell Insular de Mallorca. Benvingut.

La voz de Compromís se convierte hoy en la voz de nuestro partido amigo, Més per Mallorca, la voz de muchos ciudadanos de las illes. Este decreto pretende compensar la insularidad, facilitar la competitividad de la economía balear, asegurar el derecho de movilidad de los ciudadanos y una cosa que también estamos esperando los valencianos como agua de mayo, que aumenten las inversiones del Estado y que se mejore la financiación. Este decreto, pactado por el Govern del canvi con el impulso y la presencia de Més per Mallorca, es un primer paso, un punto de partida para compensar el aislamiento que comporta la insularidad. Llega tarde -aunque más vale tarde que nunca-, mal y con prisas, el último día antes de disolver el Congreso, y solo satisface una pequeña parte de los compromisos que los diversos Gobiernos han tenido con las Illes Balears. Los distintos Gobiernos del PP y del PSOE no han sabido entender a tiempo las necesidades de la ciudadanía de las illes. En todo caso, este decreto mejora el paupérrimo acuerdo que hicieron los presidentes Rajoy y Bauzá, y también es mejor que el anterior acuerdo que el último Gobierno del Partido Popular ofrecía al Govern del canvi de las Illes Balears.

Este real decreto recoge las principales exigencias de Més per Mallorca: bilateralidad entre los dos Gobiernos para decidir las inversiones, creación del fondo de insularidad que garantice las inversiones, declaración del servicio de transporte por carretera, servicio esencial para asegurar las inversiones y permitir el desarrollo de infraestructuras como el tren o el metro de Palma, la inversión en energías renovables y la consolidación del descuento residente del 75 % para transporte marítimo y aéreo de personas, que hasta ahora dependía de los Presupuestos Generales del Estado.

Para acabar, quiero decir que votaremos a favor. Ahora solo falta que los próximos Gobiernos, sean de este signo o de otro, sean quienes sean, cumplan; cumplan tanto este régimen especial de las Illes Balears como el Estatuto valenciano, que tardó siete años en aprobarse en esta Cámara en materia de inversiones. Las Illes Balears y la Comunidad autónoma Valenciana lo necesitan y es de absoluta justicia.

Moltes gràcies.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. Benvingut, president del Consell Insular de Mallorca.

Señorías, ustedes saben que los republicanos de los països catalans siempre hemos defendido, defendemos y aspiramos a construir las distintas repúblicas de nuestra nación, los països catalans. Hemos defendido siempre nuestra construcción sobre una base que parte de unos derechos que tenemos como pueblo y denunciando a la vez -quizá este es uno de los móviles de nuestra causa- el expolio que históricamente han sufrido las Illes Balears conjuntamente con el País Valencià y Catalunya. Un expolio que ha significado poner en duda la viabilidad de territorios que se han caracterizado a lo largo de la historia por su capacidad emprendedora y su resistencia a todo aquello que comportó un Estado que era incapaz de asimilar su plurinacionalidad. El caso de las Illes Balears, de igual manera que ocurre con el País Valencià y con Catalunya, es el reflejo de una realidad histórica; además de la opresión cultural, existe un verdadero expolio fiscal y financiero.

Ahora bien, nosotros somos personas que basamos nuestra actuación política en la realidad, y es evidente que después de tantos años de denuncia, ello no ha comportado que no seamos capaces de hacer compatible esta denuncia con todo aquello que pertenece al mundo de la colaboración, al mundo de la interlocución y de la capacidad de generar consensos y complicidades, a fin y efecto de ir haciendo cada vez más viable una realidad tozuda, que es la resistencia desde las Illes Balears a su realidad nacional y a la denuncia de su opresión económica, pero, a la vez, colaborar con aquellos Gobiernos progresistas españoles que manifiestan algún interés -sea táctico o no, sea electoralista o no- en solucionar los problemas de la ciudadanía, en este caso de las Illes Balears.

Por ello, nosotros vamos a votar afirmativamente este real decreto de régimen especial de las Illes Balears. Además, porque está apoyado, trabajado, por fuerzas políticas con las cuales el republicanismo de los països catalans mantiene relaciones de complicidad y de amistad, por ejemplo, con MÉS. Ahora bien, no nos llevamos a engaño, quedan temas fundamentales que no hemos sido capaces de hacer viables, al menos ante las resistencias de los distintos Gobiernos, al margen de su color político. Por ejemplo, todavía los Gobiernos españoles no aceptan hablar de la gestión de los puertos y de los aeropuertos; no se contemplan medidas fiscales que sí tiene, y con toda legitimidad, por ejemplo, Canarias, y todavía no se ha contemplado en nada cómo y de qué manera se regula la participación de los entes locales y autonómicos en los impuestos estatales, máxime teniendo en cuenta que es -creo- evidente el cul de sac al que ha llegado el sistema actual. Aun así, estamos de acuerdo en la bilateralidad; en entrar, como mínimo, en un escenario en el que la bilateralidad esté presente y no la imposición desde el Gobierno español a través de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, asumir este nuevo debate de la bilateralidad que ya se ha contemplado en la modificación del Estatuto de Autonomía del País Valencià. Estamos de acuerdo en que la creación de un fondo para garantizar las inversiones es un avance. Estamos de acuerdo en que, además, se alcance un cierto universo que afecta a las infraestructuras terrestres, a las inversiones en renovables y a la consolidación de los descuentos del 75 % en todo aquello que atañe al transporte aéreo y marítimo. Al margen del debate de si es electoralista o no -francamente eso es la anécdota y la categoría es que hay un cierto avance-, nosotros en todo aquello que podamos colaborar en beneficio de la ciudadanía de las Illes Balears, siempre estaremos en ello, aun cuando es evidente que las ramas no impedirán que sigamos denunciando la existencia de un bosque que es el bosque del expolio fiscal que sufren las Illes Balears por parte del Estado español.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.

Buenos días, señoras y señores diputados. Señora Batet, decía usted que hoy es un día de enhorabuena para Baleares. La verdad es que no doy crédito. No sé si estas hojas son un real decreto, son una PNL, pero lo que veo es humo, es munición para los nacionalistas, es urgencia burlando la democracia, es electoralismo, señora Batet. (Aplausos).

Me explico, señorías. Señora ministra, sabemos y estamos de acuerdo en que la insularidad genera costes en el transporte de personas y mercancías, incluso en la producción de energía. Es verdad que


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esos sobrecostes afectan directamente a la productividad y al coste de la vida y, además, así lo refleja el artículo 138 de la Constitución, que reconoce ese hecho insular como algo que tiene que tenerse en cuenta para garantizar ese equilibrio económico y para hacer efectivo ese principio de solidaridad. Así llegó el REB original, que es la Ley 30/1998. Pero quedó así, en una mera declaración de intenciones. Ese REB recogía textualmente: se potenciará, se elaborará un plan, se constituirá una comisión mixta... El problema es que estas declaraciones son intenciones; son vagas; actúan como un marco de principios generales e indefinidos. No se cumplen, generan frustración y, además, se convierten en combustible del discurso nacionalista; sí, nacionalista. Porque, ¿de qué sirve si no se concretan o no hay una dotación presupuestaria? Nosotros sí que lo hicimos; en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 habilitamos una partida para los descuentos para los residentes del 75 %. Por cierto, ustedes del PSOE votaron en contra, se lo recuerdo. ¿Qué es lo que nos traen aquí, realmente, después de veinte años? Nos vuelven a traer el REB del año 1998. De modo que, ¿qué hacemos?

Respecto del modelo de financiación autonómica, con esa reforma, Compromís estaba contentísimo con este REF. ¿Qué hacemos, nos olvidamos? Nos traen este REB el último día de sesiones, no sé, por si cuela esto. Da la sensación de que esto es una mercancía averiada, pero averiada porque en la exposición de motivos, primero, está fusilada de un informe de la universidad. No sé, si le pasan el Turnitin, igual incluso hasta le denuncian por plagio. (Aplausos).

Este real decreto-ley consta de tres títulos. El título I, sobre energía y el título II, sobre transporte pero es que, insistimos en los nuevos errores: El Gobierno promoverá, el Gobierno realizará, planificará, fomentará, podrá establecer..., pero es que no contiene ni una sola medida concreta y jurídicamente no es vinculante. El título III, además, lo hace con una reserva de inversión, pero de manera absolutamente vaga. Esto me está recordando a la misma modificación de otros estatutos de autonomía, que quieren obligar al Estado, al Gobierno a hacer esas inversiones, pero si es que ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional: no se puede obligar al Gobierno a través esa reforma de los estatutos, pues no sirve absolutamente para nada.

Termino, señora Batet. Creo que esto es una tomadura de pelo, desde luego, a esta querida comunidad de Baleares. Ustedes nos han traído aquí el viejo REB, ustedes saben que incluso, antes de Sánchez, estaban negociando algo mucho mejor que esto. Nosotros no podemos apoyar esta mercancía averiada y vamos a luchar por un verdadero REB, armonizando con Europa, y un régimen económico y fiscal que tenga medidas concretas que vengan reflejadas con partidas presupuestarias. Sinceramente, lo que nos piden es una auténtica chapuza, es vergonzoso. Nos traen munición para el nacionalismo; es otro gesto humillante, es otro relator; sí, otro relator. ¿Van ustedes a consentir otra cesión a los nacionalismos? Sinceramente, señora Batet, yo espero que el 28 abril nos volvamos a ver y Ciudadanos pueda arreglar esta auténtica chapuza. Esto es mercancía averiada.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, presidenta.

Molt honorable presidenta de les Illes Balears, molt honorable president del Consell Insular de Mallorca, honorable consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. En primer lugar, señoras y señores diputados, quiero felicitar la ciudadanía de Baleares porque mañana es el Día de la Comunidad, el 1 de marzo, por lo tanto, por anticipado. Quiero felicitar también a todos los andaluces y andaluzas que celebran hoy el Día de la Comunidad. Miles de ellos colaboraron a que las Islas Baleares sean la realidad que tenemos hoy. Venimos hoy aquí, señora ministra, a mejorar esa realidad. Venimos a mejorar esa realidad desarrollando la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears recogiendo, al fin y al cabo, los esfuerzos que durante décadas han hecho los agentes sociales y económicos de las illes y recogiendo también lo que es una demanda unánime de la sociedad civil de Baleares: que por fin se tenga en cuenta la importancia y se acabe con los perjuicios que provoca la insularidad. Además, venimos a cumplir también con lo que dispone el artículo 138.1 de la Constitución, que habla de solidaridad e igualdad entre territorios.

En Baleares hemos sido los más solidarios siempre y queremos seguir siendo solidarios, pero además queremos ser capaces de atender a nuestras propias necesidades y, por lo tanto, creemos que es enormemente importante que se desarrolle este artículo. La gente de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera han dado mucho y hoy lo que damos es el primer paso para consolidar esa situación. Por


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cierto, me sorprende que en la bancada de Ciudadanos no esté el diputado que representa a las Illes Balears; este es el respeto que ustedes tienen para la comunidad autónoma. (Aplausos).

El decreto-ley se vertebra en varias medidas relativas a modelo energético, transporte de personas y mercancías, a industrialización por medio del desarrollo del sector náutico de las Baleares y también en lo relativo a la financiación. En cuanto a la industrialización, diré brevemente que diversificar la economía es importante porque somos una economía demasiado dependiente del turismo y, por lo tanto, hay que hacer esta apuesta de futuro. En cuanto al modelo energético, el fomento de las energías renovables es una apuesta que ya se ha hecho con la Ley de cambio climático y transición energética en el Parlament de les Illes Balears y queremos seguir haciendo esa apuesta; además democratizando la energía mediante la participación directa de consumidores en generación, gestión y distribución. Queremos en Baleares menos coches contaminantes y más placas solares. Queremos proteger el territorio porque es un territorio frágil. En el transporte de personas y mercancías, vamos a empezar con el final de uno de los más evidentes agravios derivados de la insularidad. Es cierto que se acude a fórmulas que establecen la bonificación sobre el precio final, y fíjense, este fin de semana Baleares se ha convertido en una jaula para muchos de los que viven allí, que no han tenido oportunidad de salir para disfrutar de tres días de ocio fuera del territorio en el que habitualmente hacen su vida cotidiana. Es importante que esto también tenga vías de solución a través de lo que habrá que seguir negociando sobre este régimen especial de les Illes Balears. Creemos que es muy importante que este decreto-ley blinde el descuento en el transporte de personas y mercancías. Sin duda, es un paso que la sociedad balear estaba demandando hace mucho tiempo y que resulta muy importante. Finalmente, es cierto que con años de retraso, pero la inversión en valores se situará, como mínimo, en los valores medios del conjunto de las comunidades autónomas.

Insistimos, hemos aportado mucho, hemos recibido menos a cambio y, por lo tanto, es importante que tengamos esta posibilidad. Es cierto que en los objetivos de esta financiación o de este factor de insularidad echamos de menos un tema muy importante, el de la vivienda. Esta es una cuestión de máxima preocupación para la ciudadanía de les Illes Balears. Hoy mismo se daba la noticia de que el mercado hipotecario-inmobiliario balear se mueve gracias a los que tienen rentas medias y altas porque para acceder a una vivienda digna ahora mismo en Baleares hay que pertenecer a ese grupo de población, lo cual es terrible. Apostamos por el futuro; cosa que, como vemos, no hace el Grupo Parlamentario Ciudadanos que, por cierto, no ha manifestado cuál puede ser la intención de su voto. Nos hubiese interesado saber si van a votar en contra de este régimen especial de les Illes Balears.

Seguiremos negociando con todas nuestras energías tanto en Baleares, donde tenemos intención de gobernar en la comunidad autónoma como con el Gobierno que haya aquí en Madrid, aunque ese Gobierno esté formado por fuerzas que abominan el régimen de las comunidades autónomas y que, además, no tienen el más mínimo pudor en pactar con partidos para los que sería un enorme placer acabar con las comunidades autónomas. La apuesta es muy clara. Empezamos un trabajo para mantener la belleza de nuestra comunidad autónoma y la felicidad de quienes viven en ello; belleza y felicidad: dos hermosas palabras para acabar el trabajo parlamentario en el Congreso y, a partir de mañana, empezar el trabajo, y muy serio, en la comunidad autónoma, porque ahora el reto está en Baleares.

Moltes gràcies, señora presidenta, per tot en aquesta legislatura. Moltes gràcies a tutom y bon dia per tots. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernanz Costa.

La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señora presidenta.

Molt honorable presidenta de les Illes Balears, señora Armengold, consellera Cladera y resto de la delegación de Baleares que nos acompaña en la tribuna, sed bienvenidos. Permítanme, en primer lugar, que exprese el profundo honor para mí supone estar hoy en esta tribuna en representación del Partido Socialista pidiendo al resto de los miembros de la Cámara el apoyo para la ratificación de nuestro nuevo REB.

Quiero hacer una puntualización al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Hoy el diputado por Baleares de Ciudadanos no ha subido a esta tribuna y no está en esta Cámara, porque la postura que ha expresado su grupo es indefendible ante los ciudadanos de Baleares. Es por eso por lo que ha huido de este debate, de esta tribuna y de esta Cámara. (Aplausos). Tendrán que dar la cara en Baleares.

Si el día de hoy está ya para todos nosotros cargado de mucha significación porque es el último día de la legislatura, puedo asegurar que lo está mucho más para los diputados, las diputadas y los ciudadanos


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en general de Baleares, que mañana vamos a celebrar el Día de les Illes Balears; y lo vamos a hacer habiendo aprobado hoy nuestro nuevo régimen especial, que supone ni más ni menos que la consecución de un éxito colectivo de la sociedad balear. Es un éxito colectivo, porque es el resultado de un trabajo colectivo de la sociedad de nuestras islas, que ha sabido unirse y construir un consenso político y social en torno a la necesidad de contar con una serie de medidas que sirvan para solventar las desventajas que el hecho insular nos genera, e igualarnos así en derechos y oportunidades a las ciudadanas y los ciudadanos del resto del Estado. Pero hoy quiero también poner en valor lo que de éxito político tiene este acuerdo en la mejor acepción del término político, que es aquella acepción que nunca deberíamos olvidar los que nos dedicamos a representar a nuestros conciudadanos y que no es otra que la de trabajar para dar soluciones a problemas. Eso es esencialmente lo que significa este acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de las Illes Balears que se plasma hoy en la aprobación de este real decretoley. Como ciudadana de las Illes Balears celebro y quiero agradecer el intenso esfuerzo de trabajo, diálogo y negociación realizados tanto por el Gobierno de España como por el Govern de les Illes Balears encabezado por nuestra presidenta, la señora Armengol, pero tampoco quiero dejar de mencionar a la consellera Cladera, a la consellera Costa y a todo el equipo que ha estado trabajando intensísimamente para conseguir este acuerdo. Hoy cristaliza en este acuerdo que los baleares llevábamos dos décadas esperando y que no es otra cosa que el reconocimiento expreso de algo que nosotros ya sabemos: que como consecuencia de la insularidad, la vida en Baleares es más cara, producir es más caro, invertir es más difícil, crear empleo en nuestros nuevos sectores es más complicado y faltan recursos para mejorar nuestras infraestructuras esenciales. Además de reconocer expresamente la realidades que lastran nuestro desarrollo social y el avance competitivo de nuestra economía, este REB nos dota de las herramientas necesarias para combatir cada dificultad añadida por la insularidad con medidas concretas, aplicables y cuantificadas y lo hace sobre cuatro ejes fundamentales -inversiones, energía, transportes y medidas fiscales- en los que no me voy a detener porque lo ha hecho tanto la ministra como el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.

En cualquier caso, no hay duda alguna de que habrá un antes y un después para los ciudadanos de Baleares tras la aprobación de nuestro régimen especial. Se trata de un REB pensado para las personas, concebido para reducir el mayor coste de la vida en nuestras islas, para generar empleo en sectores tradicionales y emergentes, para facilitar a las empresas de todos los sectores su desarrollo y su modernización, para atraer inversiones productivas a las islas y para reforzar servicios esenciales que mejorarán la movilidad y protegerán nuestra calidad ambiental.

Señorías, hoy es un día histórico para Baleares. Avanzamos en todo aquello que hemos estado reivindicando en los últimos veinte años. También es un broche de oro para esta legislatura, la legislatura de las promesas cumplidas. Hoy el Gobierno de Pedro Sánchez cumple su compromiso con los ciudadanos de Baleares y lo ha hecho en un tiempo récord de ocho meses. Cumpliendo su compromiso con los ciudadanos de Baleares, el presidente Sánchez cumple también su compromiso en defensa de los derechos y de la igualdad de todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan. También es un broche de oro para la legislatura que acaba la presidenta Armengol, que culmina cuatro años de trabajo incansable y de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Baleares, luchando por nuestros intereses dentro y fuera de nuestra comunidad. Un gran tándem para Baleares, un gran día para nuestra comunidad y un día importante para todos nosotros. Ha sido un honor.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.

Senyora presidenta del Govern de les Illes Balears i membres del Govern, senyor president del Consell de Mallorca, señoras y señores diputados, en este frenesí tan democrático de los reales decretos-leyes en que se ha convertido el Gobierno del señor Sánchez debatimos ahora el colmo de los frenesís, el colmo de la legislación de la extraordinaria y urgente necesidad. Y es que, en efecto, señorías, el colmo de los reales decretos-leyes es que su contenido sea exclusivamente desiderátums y medidas que ya están en vigor, como ocurre con este Real Decreto-ley de Régimen Especial de las Islas Baleares. Hoy la señora Batet nos trae la obviedad hecha real decreto-ley, y solemnizar la obviedad no dice nada bueno de quien lo hace. Este real decreto-ley que solemniza obviedades y normas que ya están en vigor no dice nada bueno, ni mucho a favor de usted ni de la señora Armengol, presidenta de Baleares, que tras cuatro años


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de lamentos y fingir ser muy reivindicativa, ha aceptado todo lo que el Gobierno del Partido Popular ya había aprobado y está vigente; como única innovación se ha dejado colar algo en materia de inversiones que, fíjense bien, señorías, deja a los ciudadanos de Baleares en peor condición que lo dispuesto en la disposición transitoria novena del Estatut d'Autonomía.

Este real decreto-ley de las repeticiones repite y repite: repite la bonificación del 65 % en transporte de mercancías; el 75 % en transporte de pasajeros. Esto ya está vigente desde 2017 y 2018, porque ¿sabe quién lo aprobó, señora Batet? Lo aprobó el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Lo hizo el Partido Popular en el Gobierno, y todo ello, como rezan las leyes de presupuestos, con carácter permanente. Pero yo, que le tengo respeto intelectual, señora Batet, sé que usted esto ya lo sabe. Así que, si usted esto ya lo sabe, aunque haya engañado a la señora Armengol, no tendrá usted la osadía de pretender engañar a los ciudadanos de Baleares. Por tanto, solo se me ocurre que ustedes traigan un real decreto-ley con esto que ya está conseguido por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, por tanto, ya está vigente, porque ustedes tienen la mala conciencia de haber votado en contra de lo mismo en su momento y, ahora, antes de las elecciones, tienen la extraordinaria y urgente necesidad de votar a favor de cosas que ya están vigentes. Señorías, esto no lo dice el Grupo Popular, que también, lo dice la propia señora Batet en la memoria de impacto normativo cuando se refiere a las bonificaciones de mercancías y transportes, que no suponen ninguna variación, o respecto de toda la palabrería en materia de energía que contiene el real decreto-ley, medidas de naturaleza programática, una simple voluntad... Vamos, que le hace usted, señora Batet, a su compañera Armengol un traje de padre y muy señor mío. Pero en materia de inversiones aún es peor: no habla de la media de inversión anual de la inversión territorializada; se habla de un mecanismo corrector que se basará en la media de inversión anual, de los años que determinemos. Es decir, ni media anual ni media de la media ni media de nada. Además, eso solo es la base, porque podremos meter todas las magnitudes y variables que se nos ocurran. Esto es, ni inversión ni media anual de inversión ni media de la media. Además podrán ustedes computar y sumar todo lo que les dé la gana.

Señorías, este real decreto-ley es nada de nada, es insustancial, es intrascendente y tiene como contenido cosas que ya están en vigor, de tal manera que para el Grupo Popular, que aprobamos estas medidas en 2017 y 2018, no supone ningún esfuerzo y, sin embargo, es una vergüenza para los que con sectarismo se opusieron en su momento. (Aplausos). Señorías, estos ocho meses del Gobierno del señor Sánchez han sido baldíos para los españoles. Todo ha resultado hueco, sin resolver nada, como demuestra este real decreto-ley de lo ya vigente, este real decreto-ley de las repeticiones de lo ya aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y, sin embargo, hemos tenido que soportar que ustedes nos hablaran del diálogo y de la política. Diálogo, señorías, no es dedicarse a aprobar ni más ni menos que veintinueve reales decretos-leyes en ocho meses y los que vengan hasta el traspaso de poderes; y política, señorías, no es el regate en corto de este real decreto-ley del último minuto para quedar bien sin resolver nada. Política es ser ambicioso en la resolución de los problemas de los ciudadanos y comprometerse, es ser pragmático en lo posible y reconocer parte de razón en los otros porque ello beneficia a los ciudadanos. Política es tener el coraje de trascender los intereses partidistas y dar un paso hacia delante, cosa que ustedes no hicieron en 2015 cuando el Gobierno del Partido Popular aprobó por primera vez un régimen fiscal especial.

Nosotros, el Gobierno del Partido Popular, haciendo política de la buena, aprobamos en 1998 -acabo, señora presidenta- el primer régimen económico de Baleares y ustedes no lo apoyaron. Nosotros, haciendo política de la buena, de la que resuelve los problemas, en 2015 aprobamos un régimen fiscal especial para Baleares y ustedes lo devolvieron. Y hoy una vez más en el Grupo Parlamentario Popular nos comprometemos con los ciudadanos de Ibiza, Formentera, Menorca y Mallorca para ya en el Gobierno de la nación y en el Gobierno de las Islas Baleares mejorar este régimen especial.

Esto es política, señora Batet, y señores del Grupo Parlamentario Socialista, qué pena que ustedes no lo entiendan.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Muchas gracias a la señora presidenta de las Illes Balears por acompañarnos y a toda la delegación.


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EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- ACUERDOS DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO. (Número de expediente 122/000320).

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces de los grupos parlamentarios, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del punto 41 del orden del día, correspondiente al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la exclusión en el orden del día del punto de referencia.

DECAÍDO DEL ORDEN DEL DÍA:

- DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN LAS AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 18 DE JUNIO DE 2018. (Número de expediente 110/000101).

La señora PRESIDENTA: El punto del orden del día relativo a los debates de totalidad de convenios internacionales ha decaído al haber sido retirada la única propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE SEPTIEMBRE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000033).

La señora PRESIDENTA: Y ahora pasamos, señorías, al punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre.

Se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de dicha enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, debatimos hoy en Pleno una iniciativa presentada por mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de resolver un problema que se ha originado en fechas recientes y que afecta a muchos españoles. Y lo hacemos porque el Gobierno del doctor Sánchez, con su habitual estilo, con decisiones mediáticamente impactantes o salidas mágicas que provocan grandes expectativas, finalmente no acaba solucionando nunca nada. Trataré de explicarme y concretar cuál es el problema que nos trae hoy aquí porque, así descrito, uno podría pensar en muchas situaciones de estos últimos meses en los que este ha sido el escenario, un escenario en el que el fondo de las actuaciones y de la toma de decisiones no ha sido la solución de los problemas de los ciudadanos españoles sino el mantenimiento a toda costa de un Gobierno que llegó de la mano de independentistas, populistas y filoetarras, un Gobierno que no solo llegó de su mano sino que también quedó en sus manos por esa obsesión por seguir en el sillón, por aguantar. Y es que las cesiones a sus socios de moción de censura han sido continuas y en demasiadas ocasiones descaradas: el acercamiento a prisiones catalanas, la eliminación del delito de rebelión, la negociación de


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presupuestos con presuntos delincuentes en la cárcel, la no aceptación de la modificación de la Ley de indultos mientras distintos responsables políticos socialistas lanzaban mensajes de su posible concesión en caso de condena, el cese del jefe de la Abogacía del Estado o la reciente negación a votar a favor de tipificar penalmente la convocatoria de referéndums ilegales. Como ven, son múltiples, excesivos, los ejemplos de entregas al independentismo, si bien fue la última entrega la que colmó el vaso de la paciencia de muchos con la aceptación de la figura del mediador, o relator -según la vicepresidenta-, o secretario, o escribano, o como quieran llamarlo. Una demanda histórica del secesionismo a la que este Gobierno sucumbió, aunque luego quisiera enmascararlo. Una cesión, esta última, que provocó el más firme rechazo por parte de todos aquellos que creemos en la Constitución y que defendemos la unidad de España y la soberanía del pueblo español, valores que, créanme, también protegen muchos en el Partido Socialista, como ya quedó demostrado en las elecciones andaluzas y quedará otra vez demostrado el próximo 28 abril. (Aplausos). Un escenario, en definitiva, en el que primaba el mantenimiento del Gobierno. Recuerden la frase de la portavoz con aquella sorpresiva y delatora afirmación de que la obligación de cualquier Gobierno es mantenerse. Un escenario, decía, en el que primaba el mantenimiento del Gobierno en lugar de tomar decisiones que solucionaran problemas, como evitar el frenazo económico que estamos viviendo, por poner solo un ejemplo.

En fin, aunque, como ven sus señorías, podría dedicar mi intervención a destacar multitud de ocasiones en las que se producía un grave deterioro sin reacción del Gobierno para atenuarlo, hoy debo centrarme en un aspecto económico muy específico que ha preocupado enormemente a la sociedad española en los últimos meses, como es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados vinculado a la firma de una hipoteca. Dada la falta de claridad de la ley de 1993 con respecto al sujeto pasivo del tributo, el Tribunal Supremo en su doctrina tradicionalmente había mantenido que el sujeto pasivo era el adquirente del bien, lo que llevaba al prestatario, al cliente, a asumir los costes de los gastos tributarios aparejados a la firma de la hipoteca. Sin embargo, el pasado 16 de octubre la Sala tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de este tribunal modificó su jurisprudencia anterior y en su decisión concluyó que no es el prestatario, es decir el ciudadano, el sujeto pasivo del impuesto, sino el prestamista, la entidad que presta la suma correspondiente, es decir, la entidad financiera. Este fallo suponía así un giro radical de una jurisprudencia asentada en muchos años de práctica. De hecho, la inesperada situación llevó a la Sala tercera, de Lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo a una revisión de la mencionada sentencia, acordando, tras dos días de deliberación, volver al criterio inicial tradicional, según el cual el sujeto pasivo del impuesto en los préstamos hipotecarios es el prestatario, el ciudadano, y no el banco.

Esta polémica decisión nos situó en uno de esos escenarios que les comentaba anteriormente, uno en el que se toman decisiones muy grandilocuentes por parte del Gobierno Sánchez pero que finalmente no solucionan nada. Y todos recordamos al presidente en una de sus actuaciones estelares, cuando apareció en una rueda de prensa de urgencia en la que informaba a todos los españoles de que ellos corregirían tal injusticia y afirmaba aquello de que nunca más los españoles pagarán el impuesto de las hipotecas, lo harán los bancos. ¿Se acuerdan? Pues bien, en ese momento y aun ahora cuando lo recuerdo no puedo evitar que me venga a la mente aquella memorable escena de Lo que el viento se llevó en la que Scarlett O'Hara, con un puñado de tierra en sus manos, grita aquello de: ¡Juro que nunca más volveré a pasar hambre! ¿No les pasa? (Aplausos). ¡Qué quieren que les diga!, efectista sí que fue; en ese caso fue un punto para Iván Redondo aunque sea plagiando la escena de una película mítica, pero eficaz lo fue más bien poco, al menos en lo que se refiere a evitar, como pretendía el doctor Sánchez, que los ciudadanos españoles acabaran pagando ese impuesto. Punto, por tanto, para quienes creemos que Sánchez ha sido el presidente más nefasto de la democracia.

Y es que, señorías, cuando se anunció esta medida ya nadie se creyó que la banca iba a asumir ese coste, ya se sabía que lo acabaría pagando el cliente, pensar lo contrario solo se puede deber a dos cosas: una, a una enorme ingenuidad, que es malo, o dos, a tener una mala intención para engañar a los ciudadanos, que es peor. Y aquí les preguntaría, señores del PSOE: ¿por cuál de estas dos razones rechazan ustedes sistemáticamente nuestra propuesta? Es que ni el mismo presidente se creía lo que estaba diciendo, porque justo después del gran anuncio comentó eso de que esperaba y confiaba en la responsabilidad de los bancos para que el impuesto no recayera en los ciudadanos. También la propia ministra en su defensa del real decreto-ley aquí apeló a esa responsabilidad. Poca fe creo yo que tendrían en lo que estaban proponiendo. En definitiva, era evidente que las entidades financieras acabarían repercutiendo el impuesto encareciendo las hipotecas, y de hecho ha sido así. En los últimos doce meses


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la TAE, tasa media ponderada de todos los plazos de la banca española, ha sido superior a la de la eurozona, los últimos datos que ofrece el portal Cliente Bancario del Banco de España muestran que las operaciones hipotecarias españolas se pagan con un TAE del 2,21 respecto al 2,09 de la eurozona. Por otro lado, las estimaciones hechas por profesionales del sector decían que se producirían elevaciones de los tipos en un 5 %, lo que supondría encarecer el diferencial sobre el euribor en unos 10 puntos básicos. Casualidad, justo el diferencial del que habla el portal Cliente Bancario del Banco de España que les acabo de mencionar.

En suma, la realidad nos muestra que el resultado de la propuesta mágica del Gobierno Sánchez supone un encarecimiento de la hipoteca para el ciudadano mayor de lo que suponía pagar el tributo, porque además se pierden las bonificaciones que se establecían en las comunidades autónomas. Por tanto, en este caso volvemos a encontrarnos con una nueva mentira del Gobierno de Sánchez. Efectivamente, el señor Sánchez mintió cuando dijo que este impuesto no volverían a pagarlo los ciudadanos, lo pagan y lo hacen en mayor medida que antes. Es una nueva mentira, sí, y van más que ejemplares vendidos del libro cuyo autor dice ser Pedro Sánchez; y aquí no voy a entrar en un relato exhaustivo de todas las mentiras y engaños de los nueve meses que llevamos porque de verdad que no hay tiempo para ello.

Señorías, el Gobierno socialista afirma que la medida aprobada con relación al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados es para que no lo asuman los ciudadanos sino la banca, los ricos. Pero, señorías, la ministra Montero en su época de consejera de Hacienda en Andalucía subió este impuesto nada más y nada menos que un 50 %, y otros Gobiernos autonómicos socialistas como Valencia, con el beneplácito de Compromís, o Aragón, con el entusiasta apoyo de Podemos, lo incrementaron notablemente, sabiendo por cierto todos ellos que lo pagarían los ciudadanos. ¿Qué significa eso, que cuando lo hicieron pensaban que eran ricos los clientes de las hipotecas? ¿O que simplemente engañan y hacen trampas como hacen habitualmente? Señorías, la única medida que supone de hecho un cambio para el cliente y asegura que el ciudadano no asume el coste, sin trampas, es suprimir el impuesto, y por ello desde el Partido Popular hacemos esta propuesta, convencidos de que es la mejor solución para los ciudadanos españoles. Es una propuesta que ofrece una solución real y no artificios efectistas que no son más que engaños a la ciudadanía. En concreto, nuestro partido propone modificar el artículo 31 para establecer que, en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria correspondientes a la adquisición de un inmueble para primera vivienda, la cuota variable será cero. Quiero resaltar en este punto un detalle de la propuesta que acabo de describir: nos centramos en las operaciones que afectan a la adquisición de la primera vivienda, operación que esencialmente beneficia a las familias, a los jóvenes que, tras mucho esfuerzo y con ilusión, pueden por fin comprar su primera vivienda. (Aplausos). La supresión del impuesto, señorías, es para ellos, no lo olviden cuando voten hoy.

Finalmente, para concluir, quisiera señalar que esta propuesta de supresión del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de primera vivienda se enmarca en el conjunto de medidas de simplificación y reducción de impuestos a que nos hemos comprometido en el Partido Popular y que hemos acometido cada vez que hemos podido. Se enmarca en una revolución fiscal que incluye medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del IRPF por debajo del 40 % o la disminución del impuesto de sociedades. Y es que, señorías, nosotros seguimos empeñados en que esa es la dinámica que debemos practicar. Nosotros, de verdad, creemos que bajar impuestos es bueno y así lo hacemos en cuanto la situación nos lo permite. Ustedes, en cambio, siguen empeñados en subir impuestos siempre que pueden y en todo lugar, a los hechos me remito, creo que forma parte de su ADN.

En fin, señorías, si no votan a favor de esta enmienda, estarán aprobando un nuevo impuesto Sánchez que todos los jóvenes y familias, cuando la toman la decisión económica más importante de su vida, les van a recordar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Palmer Tous.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra en representación de dicho grupo el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, señorías.

Como saben ustedes, soy diputado cordobés, soy diputado andaluz y hoy es un día muy especial para Andalucía, hoy, 28 de febrero, se cumplen treinta y nueve años de un histórico referéndum, que fue el referéndum andaluz, en el que el pueblo andaluz puso de manifiesto que con su dignidad no se juega y,


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evidentemente, significó un enorme revulsivo para el bienestar de mi tierra. Por tanto, hoy quiero rendir un homenaje a mi tierra, a mi gente, a mi cultura; un homenaje después de treinta y nueve años, de un largo camino, pero un largo camino que vamos a seguir porque es necesario seguir mejorando Andalucía.

Quiero también lanzar un mensaje de esperanza al pueblo andaluz y de confianza a toda España e incluso a Europa porque en Andalucía ha pasado algo muy especial que nos preocupa a todos y es que en Andalucía ha despertado el fascismo (rumores) porque en Andalucía en estos momentos las dos derechas se han aliado con la ultraderecha xenófoba, homófoba, machista, fascista. (Aplausos). Y justamente es ese partido de ultraderecha el que sostiene los pilares de San Telmo en estos momentos. (Rumores.-Aplausos). Y si el PSOE, los socialistas, hemos sido decisivos en estos treinta y nueve años para transformar Andalucía, para hacerla un referente en igualdad, en bienestar, en respeto, en progreso, en investigación, en exportación, evidentemente también los socialistas vamos a ser especialmente beligerantes para que no se dé ni un paso atrás en Andalucía en derechos ni en libertades ni en bienestar. (Aplausos). Vamos a ser especialmente beligerantes. Por eso lanzo un mensaje de confianza y de esperanza porque desde luego ahí vamos a estar y vamos a estar como siempre hemos estado los socialistas, poniendo las cosas en su sitio y que desde luego ese aguilucho negro no levante el vuelo en Andalucía ni en el resto de España. Ese es nuestro principal objetivo en estos momentos. (Aplausos).

Y vamos a hablar claro a la señora portavoz del Partido Popular. (Rumores.) Menos mal que esto se acaba, porque estáis desvariando. Os lo digo de verdad, es un desvarío total (Risas.-Aplausos). La portavoz del Partido Popular viene aquí diciendo que van a hacer una revolución fiscal en España. ¿Una revolución fiscal? ¿Qué revolución fiscal? ¡Qué cosas se les ocurren a ustedes! ¿Qué revolución, qué es eso, cuando en Europa se habla de armonización fiscal, de unirnos toda Europa en el ámbito fiscal? (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.

El señor HURTADO ZURERA: ¿Qué es la revolución fiscal?, esa ocurrencia, porque es una auténtica ocurrencia. A la gente hay que hablarle claro. Lo que ustedes quieren es quitarle a la banca el único impuesto que paga (rumores), un impuesto que hemos puesto los socialistas desde el día 8 de noviembre y ustedes se lo quieren quitar, se lo quieren quitar al sistema bancario, que no paga impuestos, que tiene todas las deducciones del mundo. (El señor Martín-Toledano Suárez hace signos al orador de que baje el tono de voz).

No me va a decir usted cómo voy a hablar yo en esta tribuna. (Aplausos).

En este país, que todos contribuimos a un valor añadido, pagamos el impuesto o repercutimos el IVA, la única actividad que no repercute ningún tipo de impuesto es la actividad bancaria. Pues nosotros creemos que los bancos tienen que pagar impuestos y ese es un impuesto que tiene que pagar la banca porque lo han dicho tres sentencias del Tribunal Supremo, porque era ilegal el artículo 68.2 del Reglamento y, evidentemente, porque es de justicia. Por tanto, díganlo claro: queremos quitar el impuesto a la banca, el único que paga, y además se han negado a otro impuesto que hemos propuesto los socialistas, que es el de transacciones financieras. Díganlo claro, porque ustedes son los defensores de la banca, los grandes aliados de la banca con la derecha, con Ciudadanos y con el otro que pueda venir. Ustedes son los grandes aliados de la banca. Desenmascárense, díganlo claro, tengan dignidad para llamar a las cosas por su nombre y no vengan con eufemismos, con mentiras, con medias verdades.

Nosotros queremos que la banca pague impuestos, que pague un impuesto que venían pagando los ciudadanos, los clientes bancarios; un impuesto que recaudaba en torno a los 2000 millones de euros para pagar las políticas sociales de las comunidades autónomas. Ustedes quieren beneficiar a la banca para perjudicar a las comunidades autónomas, como tantas veces lo han hecho y lo reiteran permanente. Ustedes establecieron un sistema de información inmediata que ha significado quitarles 2500 millones a las comunidades autónomas. Ustedes se han negado a una senda de estabilidad que significaba más gasto público en políticas sociales, 2500 millones para las comunidades autónomas. Ustedes son capaces de mermar la capacidad normativa que tanto trabajo costó en este país darles a las comunidades autónomas. Pues bien, las comunidades autónomas ahora ya no tienen capacidad normativa en el impuesto por un proyecto de ley del Partido Popular que va a apoyar Ciudadanos. Por tanto, díganlo ustedes claro: van a beneficiar a la banca para perjudicar las políticas sociales y para perjudicar a las comunidades autónomas. Nosotros, los socialistas, no decimos lo que dicen ustedes: es que esto lo va a repercutir la banca en los clientes. No es cierto. (El señor De Olano Vela: ¡No, qué va!). No es cierto y se lo voy a explicar. La única forma de repercutir algo a los clientes es a través de los intereses o de las


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comisiones bancarias y desde el día 8 de noviembre acá los tipos de interés han bajado y las comisiones bancarias han bajado. No es cierto lo que están diciendo ustedes, es mentira. (Aplausos). ¿Con cargo a qué iría esa merma? ¿Con cargo a qué irían esos 2000 millones de euros? Irían con cargo a los beneficios, al enorme margen de beneficios que tiene la banca. El último dato que tenemos, 2017, es de 17 000 millones de euros de beneficio de la banca, luego tienen margen para cubrirlo. Además, estamos en un sistema bancario de mucha competitividad así que, por la cuenta que les trae, no pueden trasladárselo a los clientes. Y, para más inri, el PSOE, el Gobierno socialista se ha comprometido a crear una autoridad que vele por la protección del cliente bancario. Estamos poniendo los mimbres adecuados para que la banca contribuya como debe contribuir, y no como ustedes, defendiéndola siempre. Por cierto, ¿quiénes fueron los que dieron 69 000 millones al sistema bancario español con cargo al contribuyente? Evidentemente el Partido Popular, con un ministro, De Guindos, que decía que no le iba a costar ni un céntimo al contribuyente. Pues nada, cerca de 68 000 millones de euros, justamente los mismos que sacaron ustedes del Fondo de reserva de la Seguridad Social, justamente los mismos. Siempre con la misma política de beneficiar y beneficiar.

Y luego -lo que es un auténtico despropósito- cuando ustedes hablan de esa revolución fiscal están hablando de desmantelar el sistema fiscal de este país. ¿Ustedes saben lo que dicen? ¿Ustedes saben que estamos en un país que solamente tiene más presión fiscal que Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria e Irlanda? ¿Que tenemos una presión fiscal del 37,9 % cuando la media de la presión fiscal en Europa es del 44 %, siete puntos más? ¿Ustedes qué quieren, quitar? Y luego dan un argumento muy kafkiano y dicen: No, pero es que en otros países no existe este impuesto. ¿Dónde no existe? En Reino Unido, que tiene una presión fiscal del 39 %. ¿Dónde no existe? En Holanda, que tiene una presión fiscal del 42 %. ¿Dónde no existe? En Alemania, que tiene una presión fiscal del 45 %. Lo que no va en lágrimas va en suspiros. Evidentemente ellos tienen un IVA muy superior para poder sostener el Estado, para poder abrir las puertas de las administraciones públicas.

Nosotros estamos totalmente en contra y hacemos un llamamiento para que se conozca por los ciudadanos, porque todos estamos legitimados para presentar lo que nos parezca, pero hay una legitimidad formal y una legitimidad social. La legitimidad social significa la aceptación de los ciudadanos de propuestas que aquí hagamos. Ustedes están deslegitimados socialmente. Pregunten a sus votantes si están de acuerdo con que le quiten el impuesto a la banca. Seguro que les van a contestar que no, porque todos sabemos el comportamiento que ha tenido la banca en estos últimos años. Todos sabemos la enorme contribución que hemos tenido que hacer con cargo a nuestros bolsillos, y evidentemente tienen la obligación de contribuir para mantener este Estado social.

Concluyo diciendo: ¡Viva Andalucía libre! (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Hurtado Zurera.

Tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Gracias, presidenta.

Señor Hurtado, no por gritar más se tiene más razón, más bien al contrario. (Aplausos). La revolución fiscal, que veo que no le ha quedado claro, es bajar impuestos. (El señor Hurtado Zurera: Como en Andalucía). Entiendo que ustedes no lo entienden, porque no lo hacen, pero nosotros lo entendemos perfectamente y los ciudadanos también, y se reflejará el próximo 28 de abril, estoy convencida. (Aplausos).

Nosotros seguimos persuadidos de que esta propuesta que hacemos, la propuesta del Partido Popular, da una solución real al problema. Nosotros de verdad solucionamos el problema a los ciudadanos porque el tipo es cero en la adquisición de la primera vivienda. Como digo, esto afecta a jóvenes y familias, que cada vez que tengan que abonar ese impuesto se acordarán muchísimo de ustedes y de este día. Su solución, como he dicho antes, no sirve, no es una solución es un artificio efectista.

Y, señor Hurtado, no me ha contestado si son ingenuos o saben que engañan con este impuesto, porque la señora Montero lo subió y sabía perfectamente que no lo pagaba la banca, que lo pagaban los andaluces.

En cuanto a su opinión sobre la banca, ustedes decían que estábamos en la Champion League, ¿se acuerdan? Y luego tuvimos que afrontar nosotros, como siempre, la situación. Ustedes metieron 30 000 millones que no sirvieron de nada. Nosotros llegamos y tomamos todas las decisiones de reestructuración del sistema financiero que fueron imprescindibles para hacer que tuviéramos un sistema financiero saneado y que fue clave para el crecimiento económico español de estos últimos años. (Aplausos).


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Señorías, señor Hurtado, en nuestro grupo estamos convencidos de que bajar impuestos es bueno y que bajando impuestos se puede incrementar el gasto social, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, muchos años, en muchos presupuestos. De nuevo, a los hechos me remito. Se puede mantener el Estado del bienestar, e incluso mejorarlo, por el propio crecimiento económico que generamos. Bajar impuestos genera recursos y, por tanto, crecimiento económico. Pero, de verdad, para lo que nunca hay dinero suficiente es para pagar la campaña electoral en la que está instalado el presidente Sánchez desde junio del año pasado; para eso no habrá nunca dinero.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Palmer Tous.

Tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señora presidenta.

Señora portavoz del Partido Popular, ustedes dicen una cosa cuando están en el Gobierno y otra cuando ya no están en el Gobierno. Yo le voy a explicar sobre este impuesto. ¿Usted sabe quién gobierna en la Comunidad murciana? El Partido Popular, ¿no? ¿Usted sabe que la Comunidad murciana subió el tipo de gravamen máximo de este impuesto, que es del 1,5 %, pagándolo los clientes bancarios? ¿Lo sabe usted? ¿Usted sabe quién gobierna en Castilla y León? Pues en Castilla y León el Partido Popular subió al máximo esta cuota, al 1,5 %. (Aplausos). ¿Usted sabe que en Valencia, cuando tenían mayoría absoluta, el Gobierno del Partido Popular subió al 1,5 % este tipo de gravamen, al máximo? Le voy a refrescar más la memoria. ¿Usted recuerda cuando gobernaban, que subieron cincuenta impuestos en este país? ¿Usted lo recuerda? Ustedes ahora, en la revolución fiscal, dicen bajar los impuestos. ¡Pero si cuando gobernaban subieron cincuenta impuestos en este país! No ha habido ningún Gobierno que haya subido más los impuestos. (Aplausos). ¿Recuerda también que ustedes aprobaron una amnistía fiscal para que 30 000 defraudadores, gran parte de su partido, se aprovechasen de la amnistía fiscal y regularizasen mucho patrimonio y muchas rentas totalmente de origen desconocido, por no decir ilegal? ¿Usted recuerda eso? Esa es su memoria, la que yo le tengo que refrescar, porque parece ser que no tienen memoria.

Esto es otra ocurrencia del señor Casado, de este nuevo PP radicalizado. Al igual que otra ocurrencia: le vamos a poner un examen a los funcionarios. Una auténtica ocurrencia en vez de apoyar a los servicios públicos diciendo que tenemos que meter muchos más empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios públicos. Otra ocurrencia del señor Casado, decir que a aquellas autonomías que no cumplan se les va a hacer una moratoria en sus competencias. Eso va contra la propia Constitución. Otra ocurrencia del señor Casado o la última del señor Maroto: que la culpa de la llegada de inmigrantes es porque tienen muchas más facilidades de acceso a la asistencia social. ¿Pero qué barbaridades están diciendo ustedes en vez de poner de manifiesto que son fundamentales e indispensables para el índice de natalidad en este país y para la competitividad de sectores que sin ellos no serían productivos? ¿Por qué están ustedes desvariando de la forma en que lo están haciendo? Díganlo claramente, díganlo abiertamente, ustedes quieren quitar los impuestos a la banca porque son los grandes aliados de la banca. Esa es la única realidad que se puede decir.

Por el contrario, ¿qué ha hecho el PSOE? ¿Qué ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista? No solamente quitar ese gravamen a los clientes bancarios, sino que, además, ha aprobado la Ley de crédito inmobiliario, que significa que los gastos de formalización van a correr todos con cargo a las entidades bancarias, excepto la tasación. Eso lo ha hecho y promovido el Grupo Parlamentario Socialista, porque el Grupo Parlamentario Socialista es aliado no de las entidades bancarias, sino de los clientes bancarios y de la necesidad de protegerles. Esas son las dos posiciones totalmente opuestas. Ustedes están en la que están, pero quieren enmascararlo y quieren decir que menos impuestos es lo mejor, sin decir que menos impuestos significa, evidentemente, menos sostenibilidad del Estado del bienestar, menos recursos para las comunidades autónomas. Díganselo a las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan si están realmente dispuestas a asumir esa merma de recaudación y de ingresos. Por tanto, lo importante es que la ciudadanía lo sepa, porque estoy seguro de que no les legitiman socialmente para esta iniciativa porque es una iniciativa retrógrada, totalmente anti-Estado social, antibienestar y, sobre todo, es una iniciativa enormemente injusta. Los bancos tienen la obligación de contribuir, porque tienen unos márgenes de beneficios que les permiten poder contribuir como el resto de ciudadanos, como el resto de empresas de todos los sectores productivos.


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Esta es una ocurrencia más de este nuevo PP radicalizado, porque ustedes, cuando gobiernan, suben este impuesto al máximo y, cuando no gobiernan, cambian de opinión y dicen que hay que quitarlo. Eso no se lo cree nadie, ni ustedes, que lo defienden.

Gracias. (Aplausos.-El señor De Olano Vela pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Hurtado Zurera.

Señor Olano, diga por qué solicita la palabra.

El señor DE OLANO VELA: Señora presidenta, en virtud del artículo 71.1 quería pedir que retirara una afirmación el señor Hurtado porque ha faltado al decoro y al respeto a este grupo parlamentario.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Diga exactamente a qué se refiere.

El señor OLANO VELA: El señor Hurtado ha afirmado que gran parte de mi partido se ha beneficiado de la amnistía fiscal.

Le pido al señor Hurtado, que seguramente se ha equivocado en su afirmación, que la retire, porque, de no ser así, yo me vería obligado a afirmar que gran parte del Partido Socialista se ha beneficiado de los ERE en Andalucía. (Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Es lo mismo!).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señor Olano.

Señor Hurtado, ¿retira lo que acaba de pedir el señor Olano?

El señor HURTADO ZURERA: Matizo: algunos de los miembros del Partido Popular se han beneficiado de la amnistía fiscal. (Rumores.-El señor De Olano Vela pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Hurtado Zurera.

Señor Olano, me parece que ya está suficientemente debatido este tema, por favor.

Pasamos al turno de fijación de posiciones y tiene la palabra el señor Bel Accensi en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Hurtado, estoy de acuerdo con usted, ¡Viva Andalucía libre! (Aplausos). Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, ¡Visca Catalunya lliure! (Aplausos). Veo que esta no ha obtenido tantos aplausos como la anterior. Es curioso. (Rumores).

En todo caso, señora Palmer...

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.

El señor BEL ACCENSI: Señora Palmer, mientras hacía su intervención, he repasado toda su propuesta porque he pensado: A ver, a ver, relator, relator... ¿dónde sale relator aquí? A ver si convierten en sujeto pasivo de actos jurídicos documentados al relator y acaba pagando el notario el impuesto, porque, claro, no se entiende mucho. Nosotros vamos a votar en contra, y le voy a hacer una reflexión que quizá no tenga tiempo aquí de desarrollar, pero que usted debe transmitir a la ciudadanía, a todas estas personas que se quieren comprar la vivienda y que ustedes no quieren que paguen el impuesto. Fíjense en su argumentación. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que el impuesto ya no lo debe pagar el comprador, el que se hipoteca, sino que lo debe pagar el banco; asimismo, hay una contrasentencia o una contrarresolución del Tribunal Supremo que dice que sí que se debe mantener, pero llega el Gobierno y dice: No, esto que lo paguen los bancos. Y ustedes hacen el siguiente razonamiento: Oiga, como los bancos lo van a trasladar y va a acabar pagándolo el cliente, entonces que no lo pague nadie. Y mi pregunta es: ¿Pero es que antes no lo pagaba el cliente? En 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta mayo de 2018, ¿quién pagaba este impuesto? ¿Quién gobernaba en el Estado español? ¿Quién podía haber modificado lo que ustedes piden en estos momentos? Durante los años en que gobernaba el Partido Popular, ¿no lo estaban pagando los compradores de la primera vivienda, los jóvenes de la primera vivienda? No es que lo repercutieran los bancos, sino que lo pagaban directamente. ¿Por qué no se tomó esa medida? Aquí es donde está la incongruencia y, desde mi óptica, el electoralismo de la propuesta. Eso va por Ciudadanos porque, claro, no lo recuerdo, pero ¿quién aprobó el último presupuesto vigente? ¿Quién lo aprobó? El Partido Popular y Ciudadanos. ¿Quién pagaba el impuesto en aquel momento? Los clientes. ¿Y ustedes lo modificaron? Claro, no había elecciones en ese momento y ahora lo quieren modificar.


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Posteriormente, el Partido Popular introduce una disposición adicional que dice que no se preocupen las comunidades autónomas que ya se les compensará por parte del Estado de acuerdo con la media de recaudación de los últimos tres años. Pero, a nosotros, en Cataluña, no nos merece ningún tipo de credibilidad porque recuerdo la última cláusula que puso el ministro Montoro diciendo que nos iba a compensar por el impuesto sobre depósitos bancarios que establecía el mismo, también de forma urgente, que evitaba que lo pudiesen fijar las comunidades autónomas y que se compensaría. ¿Cuánto se ha compensado a Cataluña por este impuesto? Cero patatero. Por tanto, la credibilidad de la compensación a las comunidades autónomas por impuestos que debe realizarse por parte del Estado a nosotros no nos merece absolutamente ninguna confianza.

Por todo esto, porque entendemos que esta medida que ustedes proponen es tan electoralista como algunos de los reales decretos que quiere llevar a aprobación el Gobierno o como algunos o gran parte de los presupuestos que no fueron admitidos a trámite, nosotros vamos a votar en contra y entendemos que, si se debe hacer una reflexión sobre este impuesto, se deberá hacer una reflexión global... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

En todo caso, termino como el señor Hurtado: ¡Visca Catalunya lliure!

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.

Diputades, diputats, finalizamos la legislatura debatiendo sobre una enmienda a la totalidad del Grupo Popular que no nos sorprende en absoluto. De hecho, es una enmienda idéntica a una proposición de ley que ya presentaron el pasado mes de noviembre. Parece, pues, que al PP no le parece bien que los bancos deban pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados; un impuesto, recordemos, modificado vía real decreto por un Gobierno oportunista que decidió enmendar con este parche las vergüenzas del Tribunal Supremo. Dicho real decreto establece que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista, la banca, y no el prestatario, el cliente. Ustedes proponen ahora que para primeras viviendas la cuota variable del impuesto sea cero, pero, ojo al dato, antes, cuando eran los clientes -los de siempre- los que tenían que soportar este coste, parece ser que no les preocupaba tanto.

Más allá del debate sobre la profunda reforma, muy necesaria, del sistema financiero, que debe poner fin a los privilegios y abusos de la banca y a la vulneración de los derechos de los consumidores, hay que tener en cuenta lo siguiente. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Eso quiere decir que la capacidad normativa sobre el tipo de gravamen o las deducciones y bonificaciones de la cuota son competencia de las comunidades. En el caso de la Generalitat de Catalunya, ese tipo de gravamen está regulado en el artículo 7 de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives. Por tanto, no queda claro si el ámbito de aplicación de esta reforma afecta a todas las comunidades autónomas por igual, tanto a aquellas que han aprobado el tipo impositivo propio como a las que no. En tal caso, de nuevo, estamos ante una invasión de las competencias y una injerencia en el sistema de financiación autonómico y, por tanto, votaremos que no a su enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Margall Sastre.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el próximo martes se disuelven estas Cortes Generales, y es el momento, en primer término, de despedirnos y, teniendo el honor de realizar la penúltima intervención de mi grupo parlamentario, lo primero que quería hacer es agradecer el honor que hemos tenido estos treinta y dos diputados de defender y de representar a los españoles durante esta legislatura. (Aplausos).

En segundo término, mencionaré algunas cuestiones elementales. La primera de ellas es que en una venta da lo mismo económicamente dónde coloques al sujeto pasivo. Todos tenemos claro que pagamos el IVA y que si nos suben o nos bajan el IVA esto nos afecta directamente como consumidores y, sin


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embargo, todo el IVA lo pagan las empresas. Por tanto, buena parte de esta discusión que hemos traído aquí es un tanto absurda. También es absurdo que nos pongamos tan trascendentales hoy, porque todos sabemos que, como el martes se disuelven las Cortes Generales, este proyecto de ley se perderá como lágrimas en la lluvia y, por tanto, esta enmienda a la totalidad tiene un valor exclusivamente político. Sin embargo, el jueves pasado debatimos y votamos exactamente lo mismo, es decir, en primer término, el tipo cero para la adquisición de la primera vivienda en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, y ahí la votación sí era de verdad. ¿Y qué pasó? (Muestra un gráfico). Que nos quedamos solos votando la propuesta del Senado de dejar el tipo cero en la primera vivienda, dando una nueva redacción al artículo 29. Solos. El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de su propuesta de rebaja de impuestos. ¿Por qué votó en contra de su propia propuesta? Es importante, porque esto era de verdad. De haberse aprobado, ahora mismo -o, más exactamente, dentro de tres meses, que es cuando entrará en vigor la Ley de crédito inmobiliario- el tipo de actos jurídicos documentados sería el 0 %. ¿Por qué votó en contra? Porque, como en la votación del artículo 29.1 primero hubo un empate, pensó que igual salía. Claro, como era de verdad, no podía ser que las comunidades autónomas perdiesen dinero. (Muestra otro un gráfico). De hecho, este empate del artículo 29.1 lo deshizo el Grupo Parlamentario Vasco, porque pasó de decir que ellos no intervenían en cuestiones que eran de tributación común no forales a romper el empate, porque vieron que era posible que en el País Vasco los primeros adquirientes de la vivienda se viesen beneficiados y pagasen un 0 % de impuestos, y el artículo 29.1 -que era de otra cosa- no acabó saliendo.

Lo sorprendente es que el Partido Popular ha votado en contra de sus propias rebajas de impuestos cuando son de verdad; incluso nos trajeron -y esto se lo recordó mi compañero Rodrigo Gómez- una subida de impuestos. ¿Por qué? Porque al eliminar la palabra "subjetiva" las novaciones y las subrogaciones quedaban sometidas nuevamente al impuesto, cuando tenían una rebaja fiscal desde 1994. Es importante, porque esta rebaja fiscal de 1994 permite, por ejemplo, la refinanciación de las deudas sin pagar el impuesto. ¿Qué es lo que pasó? Les advertimos que ustedes llevaban una subida de impuestos -que, según su portavoz en el Senado, la señora Arenales Serrano, se hizo por error- y toda la Cámara votó en contra de su subida de impuestos del artículo 45, pero ustedes siguieron proponiendo una subida de impuestos. Votan a favor de subir impuestos.

El señor Casado, su líder, se pasa el día diciendo que va a bajar inmediatamente todos los impuestos, que es exactamente lo mismo que decían el señor Montoro y el señor Rajoy en 2011. Sin embargo, lo primero que hicieron en el primer Consejo de Ministros fue empezar a subir masivamente los impuestos. (Aplausos). Nosotros pensábamos que no iban a ser tan rápidos -porque, entre otras cosas, el próximo presidente del Gobierno no va a ser Pablo Casado, sino Albert Rivera-, pero nos equivocábamos. Incluso desde la oposición y a los dos días de haber prometido bajar todos los impuestos, decidieron subir los impuestos y votar a favor en las votaciones decisivas para subir los impuestos. Nosotros votaremos a favor de su enmienda a la totalidad, que no va a servir para nada porque es un puro posicionamiento político, pero nosotros, cuando es de verdad, votamos a favor de bajar los impuestos; y lo conseguimos, como hicimos en el presupuesto de 2018, porque los mileuristas no pagan el IRPF gracias a que nos empeñamos en Ciudadanos y condicionamos a eso nuestro voto. (Aplausos). Voy concluyendo. Por tanto, nosotros conseguimos que las zanahorias no fuesen al final de la legislatura.

El señor Casado, ¿qué es lo que ha estado haciendo todos estos años? Ha votado a favor de la subida del IRPF, del IVA, del IBI, del impuesto sobre sociedades, de los impuestos especiales. Ha votado que sí a decenas de votaciones de subidas de impuestos por valor de 23 000 millones de euros y también a alguna rebaja -ha salido ya por aquí-, como la de la amnistía fiscal. Es decir, rebajas solamente para los defraudadores, pero al común de los mortales una subida masiva de impuestos. ¿Ahora nos dicen que ustedes quieren bajar los impuestos, cuando lo primero que hacen cuando las votaciones son de verdad es intentar subirlos, incluso por la puerta de atrás, como hicieron la semana pasada?

Señorías del Partido Popular, como ustedes decían, es cierto que el Partido Socialista está intentando financiar con estas subidas de impuestos a tutiplén la campaña electoral más cara de la historia y que para el gasto sin control las subidas de impuestos son insuficientes, pero también es verdad que ustedes hacen promesas incumplibles y que nunca rebajan los impuestos, salvo cuando se lo exige Ciudadanos. En Ciudadanos creemos en las rebajas de impuestos que se pueden hacer, como ya conseguimos hacer en los presupuestos de 2018; en la lucha contra el fraude y no en las amnistías fiscales, y en eliminar gasto público improductivo.

Señorías, en esta última intervención me despido. Nos vemos en las urnas.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ramos Jordán.

La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, presidenta.

Señores del PP, sean sinceros. Esta enmienda responde a una cosa muy sencilla: a ustedes les han llamado sus amigos de la banca porque no quieren pagar impuestos y, como estamos en campaña y no pueden defender que lo pague la ciudadanía, que era la que lo estaba pagando hasta ahora, suprimen el impuesto. Así de llano y así de simple. Da igual si hay menos dinero para hospitales, para educación, para carreteras, con tal de que sus amigos de los bancos, que nos deben ya más de 60 000 millones de euros, estén contentos.

Me gustaría recordar un poco lo que pasó. Los señores que hoy están juzgando a activistas como Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, acusados de convocar una manifestación, son los mismos que hace menos de cuatro meses cambiaban, a gusto de la banca, una sentencia que, por una vez, favorecía a la ciudadanía. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Pero, como todo el mundo sabe, esto no es una excepción, señorías, ni en la regulación de viviendas ni en la cúpula judicial. Si hablamos de vivienda, este impuesto es solamente la punta del iceberg de un marco legislativo hecho a medida de los poderes financieros. Siempre pasa lo mismo: bajo el lema y la defensa de la libertad de mercado se legisla a favor de unos pocos. Y vamos a poner algunos ejemplos: tenemos una Ley de crédito hipotecario que no contempla la dación en pago; tuvimos cláusulas suelo; tuvimos las preferentes y un sinfín de cláusulas abusivas que han dado barra libre a los poderes financieros. Pero, si ponemos el foco en el Poder Judicial, la claudicación del Tribunal Supremo es solo el colofón de una larga trayectoria de descrédito, que pasa desde la sentencia de La Manada hasta las declaraciones del señor Cosidó en las que se jactaba de controlar el Poder Judicial. Déjenme decirles, señorías, que este Gobierno también se ha quedado bastante corto a la hora de limpiar la cúpula judicial de la herencia del Partido Popular, y eso no es un fracaso solo para la izquierda, es un fracaso que afecta al Estado de derecho y a la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones.

En este contexto, el Partido Socialista desarrolla un real decreto que, a todas luces, creemos que es insuficiente. Como ya expusimos en su momento, este decreto llegó tarde -recuerdo a la señora Calviño diciéndole a mi compañera Lucía Martín que había que esperar a la sentencia para poder actuar-, un decreto que, igualmente, seguía beneficiando a la banca, pues la eximía de pagar el impuesto en determinados casos, le permitía deducir el tributo en el impuesto sobre sociedades y no permitía la devolución a los contratos ya firmados en los últimos cuatro años. Este real decreto es, simplemente, un ejemplo de sus políticas de vivienda, políticas poco valientes, nada transformadoras, que no garantizan el derecho a una vivienda digna. Porque cuando hay que tocar y hacer cambios estructurales, amigas del PSOE, con el poder financiero hemos topado.

¿Y qué decir del Partido Popular, que viene con esta enmienda a la totalidad para dar lecciones de gestión cuando durante los últimos diez años de su Gobierno ustedes no hicieron absolutamente nada? Vale la pena hacer un breve repaso de su trayectoria. Se producían cientos de desahucios al día, señorías, que han destrozado la vida de cientos de personas y familias. ¿Y qué hicieron ustedes? Nada. Mientras ustedes gobernaban, miles de personas perdían su dinero en una estafa bancaria tan evidente como la de las cláusulas suelo, y mientras los tribunales europeos declaraban la retroactividad de las cláusulas, ustedes no hacían absolutamente nada. Y ahora celebran el funcionamiento del sistema bancario hipotecario español. ¿En serio? El Partido Popular, con sus aliados de Ciudadanos -que un día se denominó a sí mismo el partido de la regeneración y que para lo único que ha servido es para recentralizar y empeorar la convivencia en Cataluña-, han bloqueado todas y cada una de las iniciativas sociales que se han presentado en esta Cámara y que eran leyes imprescindibles para toda la ciudadanía. Pues bien, ¿qué hace este partido? Este partido nos presenta una enmienda a la totalidad que no sirve para nada, sino para entorpecer el proceso legislativo, como ya habían hecho la semana pasada con la ley de la PAH y como llevan haciendo toda la legislatura. Si tan preocupados están de que la banca repercuta los costes en el cliente, pongan instrumentos, porque eliminar el impuesto no es la solución, y defiendan la creación, por ejemplo, de una banca pública competitiva.

Por esas razones vamos a votar en contra de esa enmienda a la totalidad, aunque seguimos considerando que las políticas del PSOE y este real decreto son insuficientes; ya sabemos que en lo que se refiere a tocar los poderes financieros, el PSOE no está de nuestro lado. Así que nosotras seguiremos


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trabajando por acabar con los desalojos sin alternativa habitacional, por limitar el poder de la banca, por la creación de un parque público de vivienda y por limitar los precios del alquiler; leyes sociales, señorías, para mejorar la vida de la gente.

Quisiera aprovechar también para despedirme de todos ustedes en esta legislatura y dar las gracias a mi grupo parlamentario, también a todos los técnicos y técnicas que nos han apoyado. Me despido con mucho orgullo, señorías, por el trabajo que hemos desarrollado en esta legislatura, pero, sobre todo, por cómo lo hemos hecho, sin olvidar de dónde venimos y a quién defendemos. Y, por supuesto, quiero agradecer a todas esas personas que salen a la calle a defender nuestros derechos y a recordarnos que sí se puede.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Ramos.

ACUERDOS DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000004).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): A continuación, continuamos con el punto del orden del día correspondiente al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este punto será sometido a votación con las restantes votaciones al final de la sesión.

DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 152/000002).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Pasamos a debatir el último punto del orden del día, correspondiente al dictamen de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el 22 de febrero de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó la creación de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Desde ese momento y hasta la aprobación de su dictamen, el pasado 29 de noviembre, la Comisión ha celebrado 48 sesiones con una duración de más de 214 horas. Ante la misma han comparecido 81 expertos y personas de la más diversa condición que han aportado sus puntos de vista sobre el objeto de los trabajos. De igual manera, conviene llamar la atención sobre el ingente volumen de documentación aportada a requerimiento de la Comisión por muy diversas instituciones y particulares, cuyo detalle se encuentra en el dictamen publicado en el boletín oficial y que suma más de 18 500 archivos que ocupan más de 45 gigas. Creo que los integrantes de la Comisión podemos decir en este momento que estamos satisfechos del deber cumplido, pero, acto seguido, debo añadir que esta satisfacción no es un sentimiento de autocomplacencia. Desde el primer momento fuimos conscientes de que el Parlamento español debía a su ciudadanía una explicación sería, rigurosa y creíble de lo que ha constituido una de las mayores tragedias para personas de toda índole y condición.

Señorías, por mucho que se haya afirmado lo contrario, de la gran crisis que comienza a manifestarse claramente en 2008 no hay un solo ganador. Ahora bien, debe quedar claro que los ciudadanos han sido sin ningún género de duda los principales perdedores. Hablaré de ello más tarde. Pero qué decir del prestigio de instituciones centenarias, como el Banco de España, o más reciente, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cómo olvidar las dificultades de funcionamiento que España ha tenido que soportar durante estos largos años, sin olvidar la profunda crisis de la reputación del sistema financiero español y de todas y cada una de sus entidades, las que existían al principio de la crisis y las que han terminado sobreviviendo al desastre. Igualmente la crisis dejó al descubierto la debilidad de la arquitectura institucional con la que la Unión Europea dotó al sistema del euro, y también -parece oportuno decirlo


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ahora- el Poder Judicial reaccionó tarde, demasiado tarde, ante la cruel aplicación de unos mecanismos jurídicos desprovistos de la más mínima consideración hacia las víctimas de la crisis. Por último, la proliferación de normas con las que las Cortes Generales tuvieron que hacer frente al mismo hablan del mal entramado legal con el que funcionábamos cuando creíamos que todo era un camino de vino y rosas. A esta tarea se puso la Comisión desde su constitución, y debo resaltar, en primer lugar, el importantísimo nivel de acuerdo con el que se ha trabajado en su seno. No creo que ninguno de los portavoces habituales o miembros de la Comisión me desmientan. El mejor reflejo de lo que digo es que el dictamen final que ahora tengo el honor de presentar solo ha sido votado negativamente por menos de la décima parte de la Cámara. Ustedes, como yo, saben perfectamente el valor de este dato en los tiempos que corren.

En segundo término es oportuno indicar que el dictamen que se somete a la consideración del Congreso va mucho más allá de las particulares opiniones de unos u otros diputados, de unos u otros grupos parlamentarios. El informe -lo podrán comprobar- se basa fundamentalmente en las aportaciones efectuadas ante la Comisión por los múltiples comparecientes que nos han ilustrado con su conocimiento y experiencia. Es obvio que entre ellos mismos ha habido posiciones discrepantes sobre cuestiones idénticas. Así queda recogido en el informe. De la misma manera es evidente que unas han parecido a la Comisión más sólidas y generalizadas que otras, y así queda reflejado. Frente a análisis y estudios de índole meramente doctrinal, tan llenos de datos y estadísticas como gélidos en muchas ocasiones, la Comisión ofrece un análisis coral de lo que aconteció durante la terrible crisis financiera, contada por sus propios protagonistas, en primera persona, incluido el testimonio de quienes cumplen condena en prisión por su nocivo e ilegal comportamiento durante la misma.

Señorías, creo importante destacar que, junto al esfuerzo por conseguir una cabal comprensión de lo que sucedió, lo realmente fundamental es el valor de las conclusiones, de las lecciones aprendidas de este periodo tan negro como convulso de la economía de nuestro país. No es fácil en tan corto espacio seleccionar qué batería de medidas se propone en el dictamen, pero creo que no me equivoco si subrayo brevemente algunos elementos. Eliminar el riesgo de una crisis como la sufrida exige imperiosamente una reforma y mejora de las instituciones públicas. Es evidente que ni reguladores ni supervisores estuvieron a la altura del reto que afrontaban. Aunque una mejor normativa hubiera evitado bastantes problemas, ni siquiera se llegaron a utilizar adecuadamente y sobre todo de manera temporal pertinente los recursos que se tenían a mano. Un país serio y responsable debe poder confiar de manera más plena en sus reguladores y supervisores. Para ello se proponen múltiples medidas en las conclusiones. En este apartado debo subrayar tres medidas esenciales: la urgente creación de un mecanismo de supervisión macroprudencial, imprescindible para advertir y avisar de las crisis antes de que sus efectos sean irremediables; la inexcusable articulación de una institución que permita proteger con la máxima eficacia a todos los usuarios del sistema financiero en todos sus ámbitos, e igualmente es básico reforzar la independencia de reguladores y supervisores, evitando toda tentación y posibilidad de proceder a su captura. Por idéntica razón es imprescindible que las entidades financieras y los operadores del mercado cambien sustancialmente los parámetros de su comportamiento. La incomparable erosión de su reputación -unánimemente aceptada por todos ellos- debe alejarles de la voluntad de maximizar los resultados sobre cualquier otra perspectiva, incluida la del sufrimiento de personas y colectivos por encima de niveles difícilmente soportables. Ello por no hablar de múltiples prácticas claramente incorrectas en su operativa habitual, que se encuentran relatadas minuciosamente en el dictamen.

También es imprescindible constatar -por más que sea una obviedad- que este tipo de crisis, si es que alguna vez sucedió así, ya no se dan nunca en una sola realidad nacional o país. Estamos hablando de una macrocrisis mundial que para España, como miembro de la misma, tuvo especial repercusión en el seno de la Unión Europea. Ha sido esta una conclusión unánime de comparecientes y parlamentarios. El sistema financiero europeo instaurado por la unión económica y monetaria ha resultado, en el mejor de los casos, insuficiente e imperfecto, y en el peor, enormemente dañino para un adecuado equilibrio entre las necesidades y las respuestas del sistema.

Sin quitarle ni un ápice de mérito a la actuación del señor Draghi al frente del Banco Central Europeo, por lo que supuso para encauzar y resolver la crisis, es evidente que la Unión Europea debe perfeccionar y completar su estructura financiera si quiere evitar repeticiones de estas crisis en el futuro, y esto debe hacerse no solo por razones de lógica económica y financiera, que también, sino por conseguir reflotar un orgullo del sentimiento europeo, últimamente muy deteriorado. En este sentido conviene destacar la muy mejorable actuación de la Junta Única de Resolución en el proceso de liquidación del Banco Popular; más allá de sus aciertos o errores la Comisión pudo constatar que su gestión estuvo presidida por un intolerable


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oscurantismo, absolutamente alejado de los parámetros de transparencia exigibles en una sociedad democrática, ocultación que afectó por supuesto a accionistas, bonistas y depositantes de la entidad, pero que alcanzó al propio Congreso de los Diputados.

Con ser importante todo lo anterior, a juicio de esta diputada lo más trascendente es que la Comisión, a través de su trabajo, pueda ser capaz de transmitir a esa Cámara el insoportable nivel de sufrimiento que esta crisis ha supuesto para millones de españoles, que han visto cómo su trabajo desaparecía, su salud empeoraba, su vivienda les era retirada, debían abandonar involuntariamente sus pueblos, sus ciudades o este país, en definitiva ellos eran los auténticos perdedores de la crisis. A varios de sus representantes hemos tenido la ocasión de escucharles en la Comisión, créanme que sus testimonios han sido conmovedores. Tampoco hay que olvidar a miles de accionistas grandes y pequeños de entidades como Bankia o Banco Popular, que vieron desaparecer sus ahorros de manera difícilmente justificable, y eso a pesar de que en muchos casos hayan podido recuperarlos, no sin un esfuerzo ímprobo. Pero siendo ellos los principales afectados creo que es correcto afirmar que de esta crisis todos, absolutamente todos hemos salido más pobres, económica o moralmente. Quien piense que la crisis no es una de las causas principales de tantos y tantos movimientos políticos de indiscutible raíz populista que han emergido en todo el mundo se equivoca, y ustedes, señorías, lo saben. Serán ahora los portavoces los que trasladen su opinión sobre el dictamen y yo debo parar aquí. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia).

Termino, señora presidenta. No quiere hacerlo sin agradecer a quienes han colaborado en los trabajos de la Comisión. En primer lugar, a las múltiples instituciones que no por el hecho de ser objeto prioritario de la investigación han dejado de ofrecer su máxima colaboración, señaladamente el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el FROB; a sus gobernadores y presidentes corresponde reconocerles su incondicional colaboración. Agradecimiento especial para el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que nos facilitó datos importantes del sumario del caso Bankia, situado bajo su jurisdicción. Reitero nuestra gratitud a las decenas de comparecientes que nos ilustraron con su conocimiento, sin ellos el trabajo hubiera sido imposible. También creo de justicia el agradecimiento, con nombres y apellidos, a los integrantes de la Secretaría General del Congreso, que trabajaron duro para que el trabajo llegara a buen puerto: los letrados de la Comisión, Manuel Alba y Luis Manuel Miranda; los miembros de la secretaría de la Comisión, Manuel García y Belén García Paesa; del departamento de Análisis Económico y Presupuestario, Carmen Gutiérrez del Castillo y Juan Manuel Andrés; del departamento de Documentación, Inmaculada Moreno y Rosa Grau, y del departamento de Archivo, Rosario Martínez-Cañavate. Por último, quiero agradecer personalmente a todos los miembros de la Comisión su colaboración y su contribución para facilitar a esta Presidencia su trabajo.

Señora presidenta, señoría, por nuestra parte: misión cumplida; un reto para las próximas Cortes y los próximos Gobiernos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Para defender los votos particulares presentados y fijar posición interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Buenos días.

He de reconocer que el dictamen no es el documento del Grupo Vasco, pero sí era el documento que se había acordado en la última reunión de la ponencia de la crisis financiera, y del que algunos grupos se descolgaron posteriormente. Digo posteriormente porque en aquella ponencia se acordó adoptar el informe, reservándose cada uno su voto particular; un informe realizado tomando como base el documento de Podemos, que recogía básicamente el relato de los distintos comparecientes, en lo que todos, vuelvo a repetir, estábamos de acuerdo. Hubiera sido mejor quizá que si se iban a descolgar lo hubieran manifestado en aquella reunión. Pero, a pesar de esto, creo que hay que poner en valor el consenso alcanzado en las propuestas de resolución, que en el caso del Grupo Vasco han sido todas.

En la Comisión han comparecido numerosas personas y no se ha tratado de exculpar a nadie, pero no se puede señalar o hablar de un único culpable. Hubo una nefasta gestión de los gestores de las entidades, el Ejecutivo a la mejor tardó en actuar, los organismos reguladores tampoco actuaron con valentía, y posteriormente con el caso del Banco Popular se ha puesto de manifiesto que la actuación y la transparencia de los organismos europeos también puede ser mejorable. El tema de señalar a los culpables ha estado en la mente de todos y todas los que hemos estado en esta Comisión, y en este


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intento la lista puede variar según las conclusiones e ideología de cada cual, pero, independientemente de la responsabilidad o no que se pudiese determinar, deberíamos respondernos a la siguiente pregunta una vez determinada o no la misma, la responsabilidad como decía: ¿hacia dónde nos dirigimos o qué nos proponemos? Y por eso creo que es más importante buscar o sentar las bases para que en el futuro lo que ha ocurrido no vuelva a suceder, y en definitiva entender por qué los reguladores no supieron ver la burbuja o por qué, cuando se vislumbró la misma, las medidas fueron insuficientes o incluso por qué el mercado no pudo autorregularse.

La crisis la han pagado y la están pagando aquellas personas que no la han originado, y esto nos debería hacer reflexionar para hacer autocrítica, fijar las pautas y hacer que las economías sean más resistentes a largo plazo, y en definitiva aprender de los errores, y por ello este grupo ha puesto el foco de su voto particular en los organismos reguladores, incluido el rol del auditor, sobre todo porque no supieron o no pudieron detectar o ver determinados hechos que luego han tenido una gran repercusión en las personas, es decir, un gran coste para la sociedad, y es que la crisis es también el resultado no solo de la toma de decisiones concretas, sino también de la no toma de decisiones.

Básicamente el voto particular de este grupo viene a decir que los organismos reguladores y supervisores fueron laxos en cuanto a la permisividad del crecimiento excesivo del crédito hipotecario, en cuanto a los créditos a promotores para comprar terrenos y construir viviendas, y en cuanto también a las valoraciones excesivas entre otras. En cuanto a la toma de decisiones es verdad que parece que, según se ha podido constatar en las comparecencias, tuvieron conocimiento de los problemas del sistema bancario, como he dicho, a través de las comparecencias.

Por otro lado, la supervisión del mercado también parece que fue laxa en la protección a unos inversores que estaban comprando productos tóxicos, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, y que han dado lugar a una gran problemática social y económica para aquellos que las suscribieron. La problemática no radica en si este tipo de productos son ilegales, que no lo son, sino en la forma en que las mismas se comercializaban. Los adquirentes fueron inversores minoristas, pequeños ahorradores que contrataban este producto bajo la creencia de estar depositando sus ahorros de una manera segura y con disponibilidad inmediata del capital, y además basándose en la relación de confianza que tenían con las entidades bancarias. Sin embargo, y dado el carácter perpetuo de estos productos y de una rentabilidad que al no estar garantizada puede generar, tanto beneficios como pérdidas, los inversores han tenido que asumir pérdidas que en muchos casos han significado perder los ahorros de una vida.

También el papel de los supervisores, tanto en la salida a bolsa de Bankia como en la resolución del Banco Popular, ha sido puesto en entredicho en esa Comisión. La supervisión además había de completarse con otras herramientas como las auditoras externas, trabajos de consultoría o pruebas de estrés que se realizan in situ. Estas auditorías debían aportar una opinión independiente, detallada y exhaustiva tras examinar las cuentas de las entidades, y por tanto contribuir a mejorar la eficiencia y los balances financieros, y esto tampoco fue así. Por tanto los informes de auditoría nos han demostrado que hay que abordar, por un lado, las deficiencias detectadas en los mismos, porque es una parte importante de la información financiera que se facilita al mercado, y por otro, también creemos que hay que abordar la excesiva concentración en pocas firmas de auditoría, que es consecuencia de la complejidad que conlleva la auditoría también a grandes corporaciones.

La exigencia de garantizar los intereses generales determina la función llevada a cabo por los reguladores, la complejidad estructural y corporativa no solo de los proveedores de servicios, sino también la desigual posición de determinados usuarios de estos servicios, la globalización y la internacionalización implican nuevos retos para la regulación, y es que a pesar de la existencia de mecanismos reguladores internacionales tampoco se han sabido prever algunas de las crisis de los últimos años.

A pesar de que después de la crisis el sistema financiero ha sido regulado con la intención de prevenir o contener crisis futuras, y por ello se han articulado diferentes medidas, nosotros al ver que la crisis económica y financiera ha provocado una crisis de confianza que era necesario recuperar debíamos poner el acento en la información al consumidor, una información clara de forma que comprenda los riesgos que asume al contratar.

La defensa de los consumidores y usuarios es uno de los principales rectores de la política social y económica, y por ello desde nuestro punto de vista son necesarios procedimientos eficaces para que esa protección sea real, logrando una regulación equilibrada para el buen comportamiento de las dos partes intervinientes en la relación crediticia, y en eso hemos buscado nuestras propuestas de resolución.


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Por último, me gustaría realizar también una aclaración por parte de este grupo. El relato del dictamen se ha basado exclusivamente en las manifestaciones de los comparecientes, y tengo que alabar en este sentido la rigurosidad de los letrados de la Comisión. La semana pasada tuvimos conocimiento por parte de los letrados de esta Comisión de la existencia de algunas redacciones un tanto problemáticas en las propuestas de resolución que podrían llevar a lo mejor a que alguien impugnarse este dictamen. Alguna propuesta de estas era de este grupo, y para salvaguardar las horas de trabajo y un dictamen hecho desde la rigurosidad mi grupo estuvo dispuesto a modificar esa redacción, atendiendo a las advertencias de los letrados. A pesar de todo esto, y de que otro grupo también ha estado en esta misma situación, y en su legítimo derecho no ha querido modificar su redacción, sí creemos que han primado sus intereses, no permitiendo a los demás, en este caso a este grupo, a realizar dicho cambio, ya que se requería unanimidad para ello. De haber estado en su caso mi actitud no hubiera sido la misma, yo al menos hubiera permitido a otros esta modificación.

Por último, quiero agradecer a todos los compañeros y a los portavoces de esta Comisión el trabajo realizado, y en especial a los letrados, Manuel Alba Navarro y Luis Manuel Miranda López, que han hecho un trabajo impresionante.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Intervendré muy brevemente. El Partit Demòcrata no ha participado como miembro de esta Comisión, dado que la composición del Grupo Parlamentario Mixto y el sistema de participación en las comisiones de investigación hicieron que no tuviésemos representación en la misma. Por tanto voy a hacer un posicionamiento general y breve con relación a las conclusiones, que ya avanzo que las vamos a apoyar, y también me voy a posicionar respecto a los votos particulares.

Aunque no hemos sido miembros de la Comisión hemos seguido los trabajos de la misma, por lo que, en primer lugar, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas miembros de la Comisión y a su presidenta -que forma parte también del Grupo Mixto- su trabajo, un trabajo extenso, laborioso, que nos consta que no ha sido siempre fácil, y por tanto manifiesto nuestro reconocimiento. Como no hemos participado también debo avanzarles que las conclusiones y las recomendaciones que vamos a apoyar no reflejan exactamente nuestra posición. En algunas de ellas discrepamos notablemente con su redactado, y en otras entendemos que se debería haber ampliado o mejorado. No obstante entendemos que el voto es al concepto y a las conclusiones y recomendaciones, y por tanto vamos a votar a favor.

El trabajo de una Comisión de investigación de estas características siempre es útil, es muy útil para saber qué ocurrió y por qué ocurrió. Pero sobre todo si debe ser útil para esta Cámara y para la sociedad a la que representamos es para tomar medidas en un futuro, y sacar las conclusiones que se puedan materializar en modificaciones legislativas que eviten lo que ocurrió en otros momentos. En este punto también tenemos algunas dudas. Entendemos que se debería haber avanzado mucho más, entendemos que ante un problema tan grave como el que supuso esa crisis financiera se debería haber intentado consensuar unas grandes medidas para atajar algunos de los problemas, y esto desde nuestra óptica en la actual legislatura no ha ocurrido. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Esperemos que estas conclusiones y recomendaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones, no sean un conjunto de buenas intenciones que, cuando finalice la legislatura, queden depositadas en alguna estantería, y que los nuevos legisladores no las utilicen. En todo caso consideramos que esto requeriría consenso.

Finalmente, si me permiten, como no hemos participado directamente de la Comisión, en relación con los votos particulares nosotros vamos a proceder... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor BEL ACCENSI: Si termina esto ya, si falta muy poquito, no vamos a quedar mal para lo poco que queda.

Decía que respecto a los votos particulares, con algunos de los cuales podemos estar de acuerdo en parte, vamos a abstenernos en todos ellos, no vamos a votar en contra de cada uno de estos, porque al no haber participado no nos sentimos obligados a ello. En todo caso vamos a abstenernos.


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Ayer ya me despedí, pero hoy quisiera hacer una referencia muy especial a mis compañeros -hoy no pueden estar todos en estos momentos en la Cámara, pero a los ocho compañeros, los siete actuales más Quico Homs- por el trabajo conjunto, por la experiencia y las vivencias a lo largo de esta legislatura. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias por su generosidad al regalarme medio minuto para recordar que hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Hoy es el día en que es deber de toda persona de bien recordar el deber que tenemos de acabar con la invisibilización y de apostar por la investigación sobre las enfermedades minoritarias. Hoy modestamente quien les habla intenta visibilizarlas. Mañana creo que tocará poner recursos por parte de todos. (Aplausos). Gracias.

Tengo el raro honor de cerrar esta legislatura con este debate acerca del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera. Empezamos y casi terminamos con la sección de agradecimientos. Ha sido tan completa la que ha hecho nuestra presidenta que me ahorra algunos párrafos. Solo quiero suscribir todo lo que ella ha dicho y complementarlo con el agradecimiento a la presidenta de la Comisión. En una Comisión en la que se pasaba muy mal ella nos ha ayudado en todo momento. Gracias, Ani. También es importante subrayar a los letrados, señores Alba y Miranda. Sin ellos yo no hubiese llegado a poder presentar mis conclusiones. También hay que recordar a los ujieres, a los asistentes de la Cámara, a taquígrafas y estenotipistas, de cuya paciencia hemos abusado. El agradecimiento también tiene que ser a algunos -subráyese- de los comparecientes. No debería ser necesario agradecerles que cumplan con una obligación, pero es que fueron pocos los que comparecieron y dijeron lo que realmente sabían y pensaban. También cabe recordar aquí, tal como recogemos en nuestro voto particular, que muchos de ellos se negaron a asistir a una comisión que constituyó el Parlament de Catalunya sobre la misma causa un par de años antes: Luis de Guindos, Elena Salgado, Fernando Jiménez Latorre, Pedro Solbes Mira, José Manuel Campa Fernández, Luis María de Linde Castro, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana Lacorte, Jerónimo Martínez Tello, Fernando Restoy Lozano y María Elvira Rodríguez Herrer. Que la vergüenza por su miedo a la democracia les persiga.

Y qué decir de que, además de ellos, tocaría repartir algunos antióscares, sobre todo en cuanto a protagonistas principales. También a efectos especiales, por el maquillaje contable excepcional que hemos visto y vivido estos últimos años. O los óscares a las grandes producciones por los gastos brutales realizados de forma especulativa por algunos directivos. Solo recordar que hemos visto pasar por delante de nosotros a personas que han llegado a malograr miles de millones en operaciones urbanísticas que aún hoy están paradas y sin vías de solución. Eso sí, los beneficios siguen en sus bolsillos. Pero preferimos también fijar nuestra atención en los verdaderos héroes de toda esta historia. Para empezar, los directivos de Caixa d'Enginyers, de Caixa de Pollença, de Caixa de Ontinyent, pequeñas cajas de ahorros que demostraron que todo se podía haber evitado con otra actitud. Ellos no tendrán que gastar dinero para salvar su prestigio reputacional. Otro modelo financiero es posible si la codicia no es la seña principal de identidad de tantos banqueros. Pero también debemos agradecer a aquellos que representaron ante nosotros las voces de afectados por las barbaridades bancarias; aquellos que sacan fuerzas de flaqueza no solo para dejar constancia de su denuncia, sino también para luchar para que no se repitan tales desmanes en otras personas. Se me acaba el tiempo, tengo toda una lista y no sé cómo hacer para que conste en el Diario de Sesiones tanta gente que debería ser mencionada.

La conclusión es hasta qué punto las leyes que instituyen el sistema financiero español han permitido la impunidad de las élites bancarias durante tantos años; hasta qué punto se ha puesto en evidencia la connivencia entre las más altas instituciones financieras del Estado y los grandes bancos; en cómo el Banco de España, la CNMV, los ministerios de Economía y de Hacienda, en lugar de estar vigilantes en nombre de la ciudadanía ante los atropellos y los abusos bancarios, han callado descaradamente y permitido que, por ejemplo, más de 60 000 millones de euros de dinero público fueran a parar a bolsillos privados. ¿Cómo quieren ustedes que los ciudadanos confíen en un Estado que juega en el bando de los que saquean?

En Cataluña hace tiempo que muchos catalanes -no todos- nos hemos dado cuenta, y por ello trabajamos para disponer de un Estado propio. Por todo ello la mejor forma que tenemos de agradecer a toda la gente que nos ha ayudado es conseguir (rumores) que se implementen las mejoras...


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ... que se proponen en las conclusiones y consigamos evitar que vuelva a producirse otro desastre.

Termino, señor presidente. Sin el concurso de tantas personas no hubiera sido posible nuestro trabajo, que ha llevado a elaborar treinta y cuatro propuestas al dictamen, de las que se votaron veintiocho (la señora presidenta ocupa la Presidencia), inapelablemente buenas, y que forman parte del dictamen, algo a destacar dado el carácter rebelde, sedicioso, que se nos suele atribuir; muchas de ellas votadas por PP, PSOE y -pásmense- por Ciudadanos. Por todo ello votaremos afirmativamente a nuestro voto particular -holgaría decirlo-, pero también al dictamen de la Comisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quería agradecer el trabajo extraordinario que han hecho los letrados. También agradecer a la presidenta y a mis compañeros en la Comisión de cajas que han hecho una gran parte del trabajo, un trabajo extraordinario, y a los demás portavoces de la Comisión que han trabajado mucho. Han sido muchas comparecencias, ha sido más de un año y medio de trabajo, aunque por desgracia este partido no comparte el dictamen final ni el acuerdo que PP y PSOE han alcanzado, para esencialmente quitar responsabilidad a los políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorros, que es el problema principal y diferencial de la crisis española.

Esta comisión se creó para dilucidar las responsabilidades políticas en la mayor crisis financiera que ha tenido España en el último siglo. Si nosotros, como políticos, nos pasamos mucho tiempo trabajando y llegamos a la conclusión -contra lo que dice toda investigación y lo que dicen todos los informes de todas las instituciones y todas las recomendaciones- de que la responsabilidad principal y el único dinero gastado en el rescate viene de las cajas de ahorros, entonces los 60 000 millones, los recortes, el sufrimiento social, todo eso es responsabilidad directa de las cajas de ahorros; es decir, si intentamos negar lo que es evidente, estaremos engañándonos a nosotros mismos y ayudando muy poco a la ciudadanía. Nuestra tesis es que hubo un sistema podrido de relaciones de poder entre el sistema financiero y el sistema político, a través del triángulo incestuoso de las cajas de ahorros, los presidentes y las comunidades autónomas y, después, los promotores. Era un círculo que funcionaba muy bien, era un win-win: daban crédito fácil para financiar proyectos faraónicos en todas partes que después volvía al partidito con mordidas millonarias. Eso llevó a que en España se construyeran dos terceras partes del total de viviendas que se construyeron en la Unión Europea entre 1999 y 2007, con el déficit exterior más grande que hemos tenido nunca, la tasa de paro más alta de toda Europa y los recortes más grandes que hemos sufrido en generaciones. Eso, como digo, es responsabilidad directa de las cajas de ahorros.

Pues bien, en el dictamen, que es -insisto-, en mi opinión, vergonzoso...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor ROLDÁN MONÉS: ..., que han aprobado el Partido Socialista y el Partido Popular -que tienden a encontrar acuerdos cuando consiste en tratar de taparse sus propias vergüenzas- no se incluyen una serie de cosas, por lo que vamos a votar en contra. Voy a nombrar algunas de ellas.

PP, PSOE y Podemos-Izquierda Unida, los tres con políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorros, votaron en contra del punto de Ciudadanos en las conclusiones donde se dice que la causa diferencial de la crisis financiera española son las cajas de ahorros y la politización de sus consejos. Es una vergüenza, es un insulto a la ciudadanía que esta Cámara, que tiene la obligación de sacar la verdad, trate de tapar las vergüenzas de sus políticos en vez de responder a la realidad. (Aplausos).

El PSOE no cree que tuviera ninguna responsabilidad Zapatero, que entró en 2004 y hasta 2009 decía que había brotes verdes y que todo iría bien, estupendo. Esencialmente, el Gobierno funcionó como un pirómano en vez de funcionar como un bombero, alimentando la construcción de vivienda en España. PP, PSOE y Podemos niegan el hecho acreditado de que el coste del rescate, los 60 000 millones, sea imputable a las cajas de ahorros... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.


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El señor ROLDÁN MONÉS: ... y tumban también la enmienda que presentamos desde C´s explicando ese punto. Los viejos partidos creen que... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento.

Señorías, les ruego, por favor, silencio. Las fotografías se harán al final de la sesión.

Muchas gracias.

Continúe.

El señor ROLDÁN MONÉS: Decía que los viejos partidos acuerdan votar en contra de que las comunidades autónomas tuvieran el control político de los consejos de administración, donde tenían enchufados esencialmente a los primos y a los amigos. Esos eran los que manejaban un riesgo extraordinario; prácticamente la mitad de sus balances estaban en la construcción y esa fue la razón principal del rescate de después.

En resumen, es un dictamen vergonzoso, un dictamen que trata de esconder la verdad a los ciudadanos y un dictamen que fracasa en su objetivo inicial, que era tratar de esclarecer y buscar responsabilidades políticas de la crisis. Nosotros hemos propuesto un dictamen alternativo, en el que proponemos algunas soluciones.

Quiero terminar, porque se me acaba el tiempo, diciendo que yo me metí en política para tratar de encontrar soluciones, para buscar evidencia empírica, para intentar destapar la verdad, para tratar de reconocer los errores del pasado, para aprender de ellos y para mejorar la política en el futuro, pero creo que esta Comisión no ha sido capaz de hacer ese trabajo y, por tanto, es una enorme desilusión para mí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Rumores).

Silencio.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Voy a ser telegráfico por el tiempo disponible. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han participado en la Comisión, como han hecho otros portavoces, y subrayar que en esta Comisión de investigación ha habido un clima de enorme cordialidad, a pesar de las diferencias que se mantienen. Creo que eso es algo que hay que pone en valor. Teniendo presente que hablamos de algo que verdaderamente rompe España, como es la crisis económica y, sobre todo, los 60 000 millones de euros que al menos ya hemos perdido desde lo público, ha habido un clima bastante razonable y cordial entre los diferentes portavoces, quizás a excepción de la última intervención del señor Roldán, que está muy cabreado, si bien no vino tanto a la Comisión como para estarlo. En cualquier caso, el resto de grupos hemos trabajado muy bien, también el portavoz De la Torre, de Ciudadanos, y el dictamen creo que es bueno a pesar de algunas cuestiones.

Por ejemplo, no podemos olvidar que esta Comisión de investigación nació amputada. Se pidieron una serie de comparecencias que fueron rechazadas desde el principio por el Partido Popular y por el Partido Socialista, como las de los... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor GARZÓN ESPINOSA: ... presidentes y presidentas, en su caso, de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, o las de los presidentes del Gobierno durante la época estudiada. Su ausencia está absolutamente injustificada en una Comisión de investigación de estas características y, por lo tanto, la Comisión ya nació amputada desde el principio. Aun así, como decía, el dictamen es positivo.

No engaño a nadie si, además, anuncio que gran parte del dictamen está basado en nuestro informe, que fue un informe muy trabajado. Por eso, desde aquí quiero hacer mención a nuestro grupo parlamentario, porque trabajó enormemente y con un resultado, yo creo, muy por encima de las expectativas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Creo importante decir esto porque gran parte de las ausencias en el dictamen están en nuestro voto particular; un voto particular que... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Garzón, un momento. Paro el tiempo.

Puede continuar.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Decía que es un dictamen que incluye todas aquellas ausencias que nuestro grupo detecta en el dictamen. Como ustedes saben, esta Comisión ha trabajado con un dictamen que es el mínimo común denominador de lo que opinan todos grupos y, en ese sentido, ningún grupo tiene desacuerdos con lo escrito, pero sí tiene ausencias destacadas.

Nos ha sorprendido que el Banco de España esté tan preocupado por este dictamen y por eso creemos que debería llevarse a la fiscalía, en caso de que la propia fiscalía entienda que hay indicios de delito que deben ser investigados más allá de esta Comisión. Para nosotros es muy importante que el trabajo de esta Comisión pueda servir de base para esclarecer consecuencias penales en otro ámbito, porque sí ha habido responsables. A pesar de lo que diga el Banco de España, ha habido muchos responsables y en nuestro voto apuntamos a ellos. Entidades reguladoras, Gobiernos, grandes bancos y cajas de ahorros y sus gestores son responsables de uno de los grandes saqueos de nuestro país, de una gran estafa. Esto es lo que aparece en nuestro voto particular, esto es lo que aparece en gran medida en el dictamen y por eso volvemos a subrayar que nuestro grupo en esta ocasión votará sí al dictamen y hará todas las gestiones necesarias para que pase a manos de la fiscalía y que ellos estimen lo que sea oportuno para esclarecer responsabilidades más allá de la Comisión que hoy termina.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Buenos días. Gracias, presidenta. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor MAYORAL PERALES: En primer lugar, quiero aprovechar la tribuna para felicitar al pueblo andaluz hoy, 28 febrero, y recordar que el 28 febrero y el 4 diciembre convierten a Andalucía en el símbolo de la fraternidad de España. Quiero agradecerles lo que ha significado su lucha por el derecho al autogobierno y su lucha en defensa de la soberanía popular.

En segundo lugar, quiero agradecer el trabajo en la Comisión, el apoyo técnico de los letrados y el trabajo del conjunto de nuestro grupo parlamentario. También quiero agradecer la labor realizada por la presidenta de la Comisión, que ha trabajado para acercar posiciones desde las visiones tan distantes que teníamos todos los grupos parlamentarios. Creo que ha sido una labor ímproba y hay que reconocerla.

En esta Comisión, hablando de crisis financiera, hay que hablar de los que faltan y que no quiero dejar de mencionar; no quiero dejar de mencionar a aquellos que han triunfado en la crisis; a aquellos que han salido fortalecidos de la crisis sobre la miseria, sobre el dolor y sobre las violaciones de derechos humanos de la población más vulnerable; a aquellos que son más fuertes y a aquellos que en estos momentos controlan el sistema financiero en nuestro país. Quiero decírselo a los intocables, a los que no se ha llamado a comparecer porque están por encima de la ley: a Ana Patricia Botín, a Francisco González, a Josep Oliu y a Isidre Fainé. (Aplausos). Quiero darles la enhorabuena, una vez más se han librado de comparecer en esta Cámara, pero nuestro grupo quiere decirles que si nosotros a partir del 28 de abril tenemos mayoría, tendrán que venir y rendir cuentas ante nuestro pueblo, que no les quepa ninguna duda.

Lo que hemos analizado ha sido el saqueo, la colocación de productos tóxicos como las preferentes y como las hipotecas basura, que no fueron más que herramientas para meterle la mano en el bolsillo a la gente trabajadora de nuestro país. Aquellos que hablan solo de cajas, siempre se olvidan de explicarnos algo que no es menor: por qué las cajas empezaron a emitir preferentes en las islas Caimán en los años noventa con la aquiescencia del Banco de España. ¿Qué hacían las cajas en las islas Caimán más que captar fondos en un paraíso fiscal para permitir la elusión fiscal y que unos pocos se enriqueciesen, para hinchar esa burbuja inmobiliaria, entre otras cosas, a través de la financiarización de las cajas?

Quiero aprovechar para denunciar que la burbuja continúa, que sigue habiendo hipotecas al 100 % y que la Ley de crédito inmobiliario ha vuelto a demostrar que no hemos aprendido nada; que a esta Cámara, aparte de emitir un informe crítico, cuando tiene que tomar decisiones y poner las instituciones al lado de la mayoría social, le tiemblan las piernas y no es capaz de mirar a los ojos a las entidades financieras y


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decirles que tienen que respetar a la población de nuestro país. Las entidades financieras -voy terminando- han vivido un rescate permanente con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROB 1, el FROB 2, la Sareb y el dinero gratis del Banco Central Europeo. Frente a eso, la respuesta a las clases populares que sufrían la crisis ha sido la utilización de la violencia del Estado, violando sistemáticamente los derechos humanos y condenando a la pobreza y la exclusión. Está pendiente el rescate social de todos aquellos que fueron condenados a la exclusión.

Cosas sencillas son necesarias para el futuro, además de reconocer el daño producido, además del restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Es necesaria una regulación para poner coto a los abusos y proteger a la población frente a las entidades financieras. Es necesaria una apuesta firme para que nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos se conviertan en realidad; es necesaria una banca pública y no estar en manos de los especuladores; un parque público de vivienda de alquiler suficiente, y frenar a los buitres, que son los nuevos actores, aquellos que inflan la burbuja del alquiler, aquellos que tienen sociedades de capital que son auténticos paraísos fiscales en nuestro país. Es necesario acabar con los privilegios de los especuladores. No puede ser que la gente trabajadora esté pagando impuestos y los buitres y los especuladores...

La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, tiene que terminar.

El señor MAYORAL PERALES: ... sean protegidos por una legislación fiscal injusta. Nosotros y nosotras, a partir del 28 de abril, tenemos muy claro lo que tiene que hacer esta Cámara: justicia fiscal, que paguen más los que más tienen y que acabe la impunidad de los buitres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné. (Rumores).

Silencio, señorías.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Debatimos ya el último punto del orden del día y quería decir que para mí es un gran orgullo y honor poder intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la última iniciativa a debate en esta legislatura. Es un debate que en principio tendría que ser positivo, ya que la Comisión de Investigación de la crisis financiera es una de las pocas que ha acabado sus trabajos y hoy votamos el dictamen de la misma, pero la satisfacción no puede ser completa porque, como hemos podido escuchar, el dictamen que hoy votaremos no contará con la unanimidad de todos los grupos. Si no podemos contar con ese consenso es porque el grupo que pone hoy el grito en el cielo no ha hecho bien su trabajo o no lo ha hecho todo lo bien que lo debería haber hecho; luego profundizaré en este asunto.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista que han participado en la Comisión de investigación: Margarita Pérez, Javier Lasarte y Antonio Hurtado. (Aplausos). Compañeros, habéis hecho un gran trabajo. No me puedo olvidar tampoco de Pedro Saura, que fue el que llevó la batuta en los inicios de la propia Comisión. Han sido muchas horas de trabajo, muchas reflexiones compartidas, muchos documentos analizados y nuestro trabajo está en el documento presentado, en las negociaciones mantenidas y en las propuestas incorporadas en el dictamen final. He de decir que el Grupo Parlamentario Socialista ha logrado incorporar todas las propuestas y conclusiones que presentó en su día, y lo conseguimos negociando y pactando con el resto de grupos, porque de esto, señorías, va la política.

En resumen, lo que podemos extraer de la Comisión de investigación es que en la gestión de la crisis financiera fallaron muchas cosas, falló prácticamente todo: en primer lugar, los gestores de las entidades, fueran políticos o no; en segundo lugar, los supervisores, incluso el Poder Ejecutivo, y, en tercer lugar, las propias instituciones financieras con las políticas de austeridad que nos impusieron. Nuestras propuestas van encaminadas a mejorar la gobernanza y la supervisión y a establecer mecanismos de previsión que permitan no repetir los errores del pasado y que una nueva crisis financiera no tenga el coste económico y social que tuvo la pasada. Son propuestas que también van en la línea de maximizar la recuperación de los recursos invertidos, ya sea a través de la desinversión en Bankia o incorporando medidas fiscales que ya se introducían en los presupuestos que fueron rechazados hace pocas semanas en esta Cámara. Se ha avanzado en los últimos meses. Se han aprobado trasposiciones que eran necesarias para mejorar la protección de los consumidores, la Ley de Crédito Inmobiliario fue aprobada en el Pleno de la semana


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pasada y estamos avanzando en la creación de la autoridad macroprudencial, lo que es positivo y ayudará a limitar el impacto económico ante futuras crisis.

Lo que no es entendible es que Ciudadanos hoy muestre su enfado y su pataleo y que, cuando le tocó negociar, no quisiera negociar nada para mejorar el texto o para intentar incorporar medidas de las que hoy han hecho gala. Incluso se nos indicó al resto de los grupos que el texto inicial ya les iba bien y que no era necesario añadir ni quitar nada. Algunos entendemos que nos han puesto aquí los ciudadanos para solucionar sus problemas y no para utilizarlos como arma arrojadiza, que es lo que viene haciendo Ciudadanos las últimas semanas. Por tanto, con su comportamiento y con su sobreactuación lo único que están haciendo es perder credibilidad. Quizá deberían haber invertido más tiempo en levantar el teléfono e intentar negociar para consensuar algunas de sus medidas del que emplean en hacer tuits o preparar intervenciones. Podrían haber negociado y avanzado más; de hecho, como ya han dicho otros portavoces, el clima era de predisposición para mejorar el texto, y los que lo hicimos lo hemos conseguido aprobando nuestras propuestas.

Huelga decir que votaremos a favor del dictamen. Aunque evidentemente no compartamos el cien por cien del mismo, creemos que es un buen texto. También quiero agradecer el trabajo de los letrados de la Comisión, Luis Miranda y Manuel Alba, que han hecho un gran trabajo, así como el del cuerpo técnico de la Cámara y el de las propias taquígrafas de la casa, que han aguantado muchas horas en Comisión. También quiero agradecer el clima y el trabajo al resto de los miembros de la Comisión y, en especial, a su presidenta, que nos ha facilitado muchísimo la tarea.

Para concluir, quisiera decir que ha sido un orgullo poder representar al Grupo Socialista en estos tres últimos años y a los millones de votantes que confiaron en nuestro proyecto. Ha sido un privilegio poder compartir muchos momentos, buenos y malos, con todos vosotros. Estoy seguro de que todos hemos aprendido muchísimo de ello. Quisiera decir a las personas que nos están viendo que el Grupo Socialista está para resolver problemas y no para crearlos, para defender los intereses de la mayoría y no intereses electoralistas. (Aplausos). Por eso, compañeras y compañeros, aunque no se quién o quiénes estaremos a partir del 28 abril aquí, estoy seguro de que seremos muchísimos más.

Solo me queda despedirme, darles los buenos días y desearles a todos ustedes muchísima suerte, y a vosotros, compañeros, muchísima fuerza.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez. (Rumores). Silencio.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Tengo muy poco tiempo para resumir las conclusiones de esta Comisión, o sea que les recomiendo a todos que se lean el dictamen -331 folios- y los votos particulares, especialmente el nuestro, que les aseguro que es el más fiable, pero sí que voy a comentar algunas cosas que se han dicho. En la mayoría de los votos particulares se habla de la burbuja inmobiliaria, pero, señores, nuestra crisis fue causada por una burbuja crediticia, ni inmobiliaria ni financiera. Ya habíamos tenido burbujas inmobiliarias que estallaron con unas consecuencias asumibles, pero los datos que ahora les ofrezco dejan claro el origen. Con una bancarización de este país cercana al cien por cien, llegamos a tener un endeudamiento privado del 210 % sobre el PIB cuando el límite de riesgo está en el 133, 700 000 millones más; límite, por cierto, superado en el año 2004. La necesidad de financiación del Estado llegó a superar el 9 % dos años seguidos cuando antes nunca habíamos cruzado la barrera del 3%, porque se forzaba una devaluación de nuestra moneda, el triple del límite, señorías; límite que, por cierto, volvimos a cruzar en el año 2004. El riesgo bancario en el sector de la construcción, promoción y de vivienda llegó al 60 % del total. ¿A ustedes les parece normal esta concentración? ¿No parece muy arriesgado? El crecimiento, por cierto, también a partir de 2004, fue realmente desproporcionado, superando los límites razonables.

En segundo lugar, algunos grupos critican el rescate a la banca. ¿Por qué se rescató a las entidades financieras? Actualmente, los activos del sector financiero, después del adelgazamiento de todos estos años, suponen tres veces el PIB español, el 300 % del PIB. ¿Ustedes creen que este país podría soportar la caída de un sector como el financiero? Al contrario. Muchos comparecientes nos han dicho que si se hubiera realizado el rescate mucho antes nos hubiera costado mucho menos. Otra ventaja adicional es que la crisis económica no hubiera sido tan profunda; los bancos habrían apoyado la recuperación desde el año 2009, como lo hicieron a partir de 2012, en vez de ayudar a empresas y familias a cerrar y quebrar, como hicieron, por su situación. Y no me digan que los beneficiados de esta crisis han sido los bancos,


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porque ahora mismo los bancos tienen las mismas oficinas y los mismos empleados que en el año 1985, hace treinta y cinco años, y han pasado de 30 000 millones ganados en el año 2007 a las pérdidas que tenían, por ejemplo, a cierre del año 2017. Los comparecientes europeos en esta Comisión también han puesto en valor lo que hicimos el año 2012. La reestructuración y la recuperación del sector y, por tanto de la economía española han puesto en valor, como siempre, el trabajo realizado por el Partido Popular en el Gobierno.

Después está el tema de la politización de las cajas. Tenemos claro que los principales responsables han sido, en primer lugar, los gestores de las entidades financieras; en segundo lugar, los organismos supervisores y reguladores, en especial el Banco de España y, en tercer lugar, el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que, por cierto, gobernó a partir de 2004. (Aplausos). Y a partir de la llegada de la crisis en el año 2007 los responsables de lo ocurrido siguen siendo los mismos. En primer lugar, los gestores de entidades, algunos por intentar extender las pérdidas por toda la sociedad a través de la emisión de preferentes y subordinadas y por ejecutar de forma desproporcionada las operaciones hipotecarias fallidas. ¿Para qué? ¿Para llenarse de inmuebles que no podían gestionar? Por cierto, estas son las razones principales del problema reputacional de las entidades financieras que mantienen a día de hoy. En segundo lugar, los organismos supervisores y reguladores no resolvieron la crisis de las entidades financieras y permitieron la venta masiva de preferentes a clientes minoristas. Y en tercer lugar, el Gobierno socialista no quiso resolver el problema, como nos reconoció aquí en la Comisión el señor Solbes; tenían medios y tenían dinero: medios, como se vio, con los decretos Guindos I y II en el año 2012, y dinero, les recuerdo que teníamos una deuda sobre el PIB del 36 % en esos años, es decir, tuvimos mucho margen para haber actuado.

Quiero hacer mías las palabras de agradecimiento de la presidenta de la Comisión y agradecer a tantas personas su colaboración y entrega, en especial a los letrados, a Luis Manuel, a mis compañeros de grupo que han participado en la Comisión, a la presidenta por su trabajo, así como al resto de grupos, que han trabajado de forma generosa y con mucho esfuerzo en esta Comisión, salvo el Grupo Ciudadanos. Por cierto, me alegra verle, señor Roldán, porque no le hemos visto casi en la Comisión, ni siquiera en la elaboración del dictamen. (Aplausos). Y yo le pregunto, señor Roldán, para qué solicitan la creación de esta Comisión si no han escuchado a los comparecientes; para qué, si el informe que han presentado lo tenían escrito antes de la Comisión. Mienten en sus argumentos; sus argumentos no han sido validados en esta Comisión, muy al contrario. Si fuera así, todas las cajas habrían quebrado, y si fuera así, no habría ningún banco que hubiera quebrado también. Es absolutamente cierto, absolutamente cierto, y la inmensa mayoría de los comparecientes han negado aquí sus argumentos. Todos nos hemos esforzado en llegar a acuerdos, todos menos ustedes, que hasta el último día han tenido un comportamiento desleal y utilizan en sus propuestas y conclusiones como siempre ese lenguaje barriobajero y chabacano al que nos tienen acostumbrados, esa mala educación habitual. (Rumores). Su forma de hablar y el contenido de lo que lanzan a la opinión pública lo único que hace es generar enfrentamiento, generar populismo y generar extremismo, y todo porque consideran que es su forma de crecer en política, porque les aporta rédito político y eso es suficiente para ustedes. Ustedes dijeron que venían a resolver los problemas de la política española, pero exclusivamente se dedican a criticar lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. (Rumores). Pero es que es contradictorio su mensaje, señor Roldán, porque si ustedes apoyan... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ... lo que ha hecho este país en los últimos cuarenta años, ¿cómo pueden criticar todo lo que hace el Partido Popular y el Partido Socialista si somos los que lo hemos construido? ¿Como puede ser?

La señora PRESIDENTA: Señor Paniagua, tiene que concluir.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Hasta que no den un paso adelante, no serán un partido de Gobierno.

Termino, señora presidenta. Finalizo dando las gracias a La Carroza y a mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, al que admiro profundamente. Como decía un palentino ilustre y que tanto hizo por España en un momento crucial, el profesor Fuentes Quintana, yo no creo en los valores que no se profesan, los valores hay que incorporarlos a la propia vida, y espero que esos valores de los que tanto


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hablamos aquí nos los apliquemos en nuestras actuaciones en la próxima legislatura, a España le irá mucho mejor.

Y termino, presidenta, rindiéndote un homenaje por tu comportamiento durante esta legislatura tan convulsa. Creo que la valoración es compartida por la mayoría de los grupos. Muchas gracias, esta vez con todo el sentido, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI Y DIVERSAS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE. (Número de expediente 140/000033).

La señora PRESIDENTA: Antes de proceder a las votaciones, la secretaria primera va a realizar una declaración institucional. Adelante, señoría.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señora presidenta.

Cada 19 de febrero se celebra el día contra la LGTBIfobia en el deporte. Este tributo existe gracias a Justin Fashanu, primer futbolista profesional de la historia en declararse abiertamente homosexual en 1990. Si bien es cierto que el colectivo de personas LGTBI ha avanzado en los últimos años en su lucha por la igualdad, la no discriminación y la defensa de la diversidad, el deporte sigue siendo un espacio que en muchas ocasiones se resiste a la aceptación y la promoción de la diversidad por orientación sexual o identidad de género. En España no hay datos sobre la situación personal de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en el deporte. Son muy pocas las personas deportistas de reconocido prestigio que hacen pública su orientación sexual por miedo a las consecuencias que ello pueda conllevar, a la vez que contadas entidades deportivas promueven el deporte entre el colectivo LGTBI.

En pleno siglo XXI lamentamos que se sigan dando situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género en cualquiera de las manifestaciones deportivas. Por ello, se hace necesario potenciar el deporte como instrumento de transformación y palanca para construir una sociedad más justa, más inclusiva y más respetuosa. Se hace necesario entender el deporte como un espacio amable que ofrezca a las personas LGTBI recursos para una práctica inclusiva, segura y libre de discriminación. Recientemente, señorías, se celebraba en Madrid el I Congreso Deporte y Diversidad, en el que las personas e instituciones participantes acordaron la siguiente declaración final: Primero, denunciar y penalizar socialmente los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno del deporte. Segundo, acabar con cualquier expresión de violencia, ya sea física o verbal, en los espacios deportivos, los campos de juego y las gradas, por cualquier causa y especialmente por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género. Tercero, equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a los masculinos, así como los premios que se otorguen en cualquier manifestación deportiva. Cuarto, garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales, de acuerdo a su sexo sentido, protegiendo sus derechos y su intimidad, y velando, especialmente en el deporte de élite, por una reglamentación que asegure las condiciones de igualdad. Quinto, reconocer y situar la diversidad sexoafectiva, la expresión e identidad de género y la orientación sexual como elementos enriquecedores. Sexto, utilizar un lenguaje inclusivo que evite las expresiones discriminatorias por razón de sexo, género, orientación sexual y expresión e identidad de género. Séptimo, hacer realidad el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito del deporte en España. Y octavo, incluir en la regulación de toda la actividad deportiva los valores de la diversidad, la igualdad de trato y la no discriminación.

Todas estas acciones buscan la consecución de un objetivo final: el acceso al deporte de las personas diferentes en igualdad de condiciones como actividad que nos empodera, mejora nuestra vida, nos enseña a relacionarnos y enriquece nuestra sociedad con sus valores. El Congreso de los Diputados, señorías, comparte estos objetivos y se compromete a impulsar las acciones anteriormente mencionadas y, con ello, promocionar políticas respetuosas con la diversidad y que fomenten un deporte inclusivo y tolerante.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


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- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE RECONOCIMIENTO PÚBLICO DEL DRAMA DEL ROBO DE BEBÉS Y LA DESAPARICIÓN FORZOSA DE MENORES. (Número de expediente 140/000034).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario segundo.

El señor SECRETARIO (Gordo Pérez): Gracias, presidenta.

Declaración institucional sobre el robo de bebés. (Rumores).

Según las denuncias presentadas, el robo de bebés y la desaparición forzosa de menores han tenido incidencia en distintas etapas mediante la separación de miles de menores de sus familias para darlos en adopción o para que los inscribieran como hijos biológicos. Unas ocurrieron bajo el régimen de la dictadura franquista y otras tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las leyes que surgen de la misma, que son las que conforman nuestro Estado de derecho.

Tras la aprobación de la Constitución, el mayor número de denuncias se concentra en torno a los años ochenta y se extienden en el tiempo, llegando hasta principios de los años 2000.

Tal y como constata entre sus recomendaciones el informe anual del Defensor del Pueblo en el primer semestre de 2017, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y a hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados, así como para darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica. Este problema ha merecido la atención de instancias internacionales como, por ejemplo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el relator de las Naciones Unidas Pablo de Greiff, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas y una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho a la reparación integral de los derechos vulnerados. Entre esos derechos, el principio de reparación integral establece el derecho al reconocimiento público de este drama.

Lamentamos no haber podido conseguir la aprobación de la ley en esta legislatura en la que, sin embargo, se ha avanzado en la consecución de consensos importantes que trabajaremos por mantener, sobre todo porque las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país, con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas.

El artículo 10.1 de la Constitución española proclama el derecho a la propia identidad personal y al libre desarrollo de dicha personalidad, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y democrático de nuestro país. Ante la persistente situación, recordamos los tratados y convenios que son parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de obligado cumplimiento, como son el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, que reconoce a todos esos padres y madres, hermanos y otros familiares afectados el derecho humano a la vida familiar, sin injerencias externas. Asimismo, el artículo 9 de la Convención sobre los derechos del niño o niña establece que los Estados partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen. Y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25, dedicado a la infancia, que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente.

Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 3/2019, DE 8 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD. (Número de expediente 130/000058).

La señora PRESIDENTA: A continuación, vamos a proceder a las votaciones y, finalmente, la presidenta dirigirá unas palabras a la Cámara.

Votamos, en primer lugar, el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 340 más 2 votos telemáticos, 342.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 149 más 1 voto telemático, 150; en contra, 125; abstenciones, 66 más 1 voto telemático, 67.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 4/2019, DE 22 DE FEBRERO, DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 130/000059).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del régimen especial de las Illes Balears.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 306; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 136; en contra, 197; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE SEPTIEMBRE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000033).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, presentado por el Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 163; en contra, 172 más 2 votos telemáticos, 174; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.


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ACUERDOS DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000004).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 307 más 2 votos telemáticos, 309; en contra, 32.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se aprueba el acuerdo de tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la citada proposición de ley.

DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 152/000002).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al dictamen de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Vamos a votar los votos particulares.

Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 6; en contra, 313; abstenciones, 21.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 16; en contra, 253; abstenciones, 71.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 33; en contra, 292; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 70; en contra, 254; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 82; en contra, 236; abstenciones, 22.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 136; en contra, 189; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.

Vamos a votar el dictamen. En primer lugar, votación de las conclusiones 2 y 4, formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el apartado IV, organismos reguladores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 185; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votación del resto del dictamen, con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 308; en contra, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Señorías, señoras y señores diputados, hoy concluye la última sesión plenaria de esta XII Legislatura. Con su permiso, me gustaría dirigirles unas palabras de sincero agradecimiento, en primer lugar, a todos los miembros de la Mesa, a don Ignacio Prendes, a doña Micaela Navarro, a doña Rosa Romero, a doña Gloria Elizo, a doña Alicia Sánchez-Camacho, a don Juan Luis Gordo, a don Marcelo Expósito y a doña Patricia Reyes. Ha sido un placer compartir con todos vosotros estos años de trabajo en la Mesa y os estoy muy agradecida, agradecimiento que extiendo a los señores portavoces, a los que son y los que lo han sido en esta legislatura. También quiero agradecer a todas sus señorías, a todos y cada uno de ustedes, en nombre de la Mesa y en el mío propio, toda la consideración y todo el apoyo que nos han brindado durante este periodo. Ha constituido un auténtico honor ocupar esta Presidencia, sabiendo que contaba con la confianza de sus señorías. A lo largo de este tiempo siempre he procurado ser la presidenta de todos. En el despacho de la Presidencia cuelga un cuadro de un pintor, Asterio Mañanós, de 1908, en el que se refleja una sesión de este Congreso. Las únicas mujeres allí presentes ocupaban asientos, pero era en la tribuna de invitados; hoy somos muchas las mujeres que nos sentamos, afortunadamente, en estos escaños y, personalmente, me enorgullece ser una de ellas. (Aplausos).

No me he puesto tiempo, pero voy a ser breve. Durante estos casi tres años hemos vivido momentos complicados y soy consciente de que todos hemos realizado un gran esfuerzo. Agradezco a todas sus señorías ese esfuerzo y todo el trabajo que han realizado. También quisiera tener un recuerdo especial hacia los diputados que lo han sido y que ya no ocupan sus escaños, a los que no pueden estar hoy aquí y a don Francisco Molinero, que estuvo a punto de perder la vida. (Aplausos).

Quisiera, igualmente, reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de todos los funcionarios de esta casa, empezando por su secretario general, sin cuya eficaz labor no hubiera sido posible acometer todos los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de esta legislatura. Muchísimas gracias. (Aplausos). Gratitud que hago extensiva a los periodistas, fotógrafos y a todo el personal que colabora con el Congreso de los Diputados. También a los que están ahora mismo en la cafetería. (Aplausos).

Estoy segura de que hay cosas que podríamos haber hecho mejor y les pido disculpas por los errores que haya podido cometer. El Parlamento, señorías, ocupa una posición central en nuestro sistema democrático y su vitalidad ha de servir para impulsar una acción política orientada a dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, porque nuestra principal misión no es otra que intentar mejorar la vida de los ciudadanos. La labor parlamentaria es fundamental para fortalecer la confianza de todos los españoles en sus instituciones y esta se afianzará aún más si nos esforzamos en mostrar el respeto que nos debemos unos a otros en cuanto representantes que somos todos de todos los ciudadanos de nuestro país; un respeto y afecto que hemos sabido mantener pese a la confrontación dialéctica propia del debate político.


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Y como no puedo despedirme sin dejar de referirme a la conmemoración del 40.º aniversario de la Constitución española, quiero recordar y hacer mías para esta ocasión y para este cierre de legislatura las palabras de uno de los padres constituyentes al rememorar el proceso de elaboración de nuestra Carta Magna. Decía: Pensando en aquellos días y en aquel trabajo de todos, con lo mejor que cada uno podía dar, se puede pensar sin temor a equivocarnos -a equivocarme- que valió la pena; valió la pena por ustedes, por España y por los españoles.

Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

Se levanta la sesión.

Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

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