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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 169, de 11/12/2018
cve: DSCD-12-PL-169
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 169
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 162
celebrada el martes,
11 de diciembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

- Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:

- Comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, solicitada por la señora Montserrat Montserrat y otros 103 diputados, para que explique los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y el Reino Unido en el reciente Consejo Europeo extraordinario del brexit de 25/11/2018. (Número de expediente 210/000064) ... (Página5)

- Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar del consejo europeo extraordinario celebrado el 25 de noviembre para tratar el asunto del brexit para informar con carácter previo del Consejo Europeo que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre de 2018. (Número de expediente 210/000065)... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde al número de expediente 125/000004/0000 de la XI Legislatura). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 7-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 125/000004) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 325-1, de 19 de octubre de 2018. (Número de expediente 122/000285) ... (Página17)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 309, de 2 de marzo de 2018. (Número de expediente 162/000612) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 304, de 23 de febrero de 2018. (Número de expediente 162/000595) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial. (Número de expediente 173/000126) ... (Página42)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página51)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

La Presidencia, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete a la Cámara la inclusión de las comparecencias del presidente del Gobierno, para que explique los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y el Reino Unido en el reciente Consejo Europeo extraordinario del brexit del 25 de noviembre de 2018, y para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 25 de noviembre para tratar el asunto del brexit para informar con carácter previo del Consejo Europeo que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre de 2018, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)

Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde al número de expediente 125/000004/0000 de la XI Legislatura) ... (Página6)

En turno a favor intervienen los señores Fernández Prado, del Grupo Parlamentario Popular de Galicia; Sánchez García, del Grupo Parlamentario de En Marea, y Álvarez Martínez, del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, representantes del Parlamento de Galicia.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra interviene el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de réplica intervienen la señora Romero Rodríguez y el señor Hurtado Zurera.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como la enmienda presentada por dicho grupo.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Nogueras i Camero, del mismo grupo; y los señores Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Quintanilla Barba.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Nogueras i Camero, del mismo grupo; el señor Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Bolarín Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como la señora Marcello Santos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial ... (Página42)

Defiende la moción la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista; así como la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ciuró i Buldó.

Intervienen de nuevo la señora Ciuró i Buldó y el señor Prendes Prendes.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde al número de expediente 125/000004/0000 de la XI Legislatura), se aprueba por 305 votos a favor más 2 votos telemáticos, 307, y 32 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA, se aprueba por 171 votos a favor, 88 en contra más 1 voto telemático, 89, y 80 abstenciones más 1 voto telemático, 81.


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica, se aprueba por 332 votos a favor y 7 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores, se aprueba por 332 votos a favor y 7 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial, se aprueba por 166 votos a favor, 163 en contra y 10 abstenciones.

Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO.

- COMPARECENCIA URGENTE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, SOLICITADA POR LA SEÑORA MONTSERRAT MONTSERRAT Y OTROS 103 DIPUTADOS, PARA QUE EXPLIQUE LOS ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO EN EL RECIENTE CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO DEL BREXIT DE 25/11/2018. (Número de expediente 210/000064).

- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR DEL CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE PARA TRATAR EL ASUNTO DEL BREXIT PARA INFORMAR CON CARÁCTER PREVIO DEL CONSEJO EUROPEO QUE SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente 210/000065).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como nuevos puntos 8 y 9 las comparecencias del presidente del Gobierno para que explique los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y el Reino Unido en el reciente Consejo Europeo extraordinario del brexit del 25 de noviembre de 2018 y para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 25 de noviembre para tratar el asunto del brexit para informar con carácter previo del Consejo Europeo que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre de 2018, que se debatirán acumuladamente con los puntos 6 y 7.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 125/000004/0000 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 125/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, al debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Por ello, nos acompañan tres representantes del Parlamento de Galicia que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes damos, junto con la delegación que viene del Parlamento de Galicia, la bienvenida en nombre de la Cámara. (Aplausos).

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, don Martín Fernández Prado.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Fernández Prado): Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Es para mí un honor poder defender en el Congreso de los Diputados este proyecto de ley, una proposición unánime del Parlamento gallego apoyada por el Gobierno del presidente Núñez Feijóo, y además es un doble honor al hacerlo representando al Grupo Popular, mayoritario del Parlamento, el único con mayoría absoluta en los parlamentos españoles, y por tanto imprescindible para que este proyecto se haya aprobado.

Como ya saben ustedes, la tramitación de ley de esta transferencia de la AP-9 es una demanda unánime del Parlamento de Galicia, que aprobó hasta en tres ocasiones, todas ellas por unanimidad, lo que refleja el sentimiento generalizado de los gallegos. Esta demanda se hace dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, haciendo un ejercicio de normalidad constitucional. Estamos, por tanto, ante una demanda que encaja perfectamente en la Constitución y el Estatuto de Galicia, y lo hacemos siguiendo los trámites y el cauce que establece la propia Constitución. El Parlamento gallego lo plantea aplicando el principio de subsidiariedad administrativa propia de la tradición y la doctrina europea, uno de los principios generales organizativos de la Unión, y así, en base a esta subsidiariedad, aproximar la gestión al ciudadano para seguir mejorando los servicios que se le prestan.

Con este modelo autonómico, con un autogobierno leal y responsable y aplicando este principio hemos hecho una Galicia mejor, una España mejor, como demuestran los avances sociales y los índices económicos de convergencia con España y Europa. Esto lo presenta una comunidad autónoma que ha ejercido su autogobierno con lealtad para que las competencias que se atribuyen a Galicia se ejerciten con lealtad a un proyecto político común, que es España. Galicia no reclama esta transferencia como un instrumento para reafirmar ningún sentimiento identitario. Nuestro sentimiento identitario lo tenemos al margen de una u otra transferencia y es un sentimiento identitario integrador. Pedimos la transferencia no para separar sino para unir, no para atacar al Gobierno de España sino para colaborar lealmente con el Gobierno en una gestión más racional y más eficaz de nuestras infraestructuras. (Aplausos). Desde el aval que da a Galicia haber ejercido su autogobierno de forma leal durante todos estos años, creemos que admitir a trámite esta proposición de ley puede ser útil precisamente para demostrar cómo se debe gestionar nuestro Estado de las autonomías y atender los problemas diarios de nuestra ciudadanía.

La Xunta de Galicia tiene los medios para gestionar esta autopista con mayor eficacia al estar más próxima a las necesidades y realidades de los usuarios y, por ello, lo solicitamos por los cauces reglamentarios, estatutarios y constitucionales. Estamos defendiendo el traspaso de una infraestructura que no es una infraestructura más. Es una autovía vital para Galicia, su principal infraestructura y motor de competitividad. Es una vía que vertebra cinco de las siete principales ciudades gallegas, en cuyo entorno se asienta más del 70 % de la población gallega y el 80 % de la actividad económica y sobre la que se articulan las principales carreteras de la red viaria autonómica. Es también una autopista que podemos entender como autonómica, ya que discurre en su totalidad por el territorio gallego y no tiene continuidad hacia otras comunidades autónomas. No sirve de acceso a pasos fronterizos, ya que las conexiones con Portugal se hacen a través de otras carreteras de titularidad estatal. No conecta directamente con ningún aeropuerto o puerto general del Estado. Además, la titularidad autonómica de la AP9 facilitaría la ejecución de muchas obras de la red viaria de la comunidad autónoma que tienen su entronque en dicha infraestructura. (Rumores).


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El actual Gobierno gallego ha venido reclamando y defendiendo desde el año 2009 -y su presidente Núñez Feijóo incluso antes de serlo- la transferencia de la titularidad y la competencia de la AP9 para Galicia por considerarla conforme a la legislación vigente y beneficiosa para los usuarios, como se ha demostrado con precedentes de otras comunidades autónomas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Fernández Prado): El Parlamento de Galicia considera que esta transferencia es jurídicamente viable y conveniente para velar con más eficacia por la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, dado que en Galicia existen polémicas habituales por la gestión de los atascos que se producen en esta vía, por la ausencia en ella de descuentos que sí existen en otras de similares características o por la cuantía de los peajes, absolutamente exorbitantes y desmesurados. Hoy mismo leíamos en la prensa que la AP9 subirá en enero el doble que el resto de las autopistas estatales. La titularidad autonómica de la AP9 le permitiría al Gobierno gallego realizar una gestión de la autopista más próxima al territorio y ofrecer una respuesta ágil y directa a las necesidades de los usuarios.

Señorías -y ya termino-, teniendo en cuenta los antecedentes existentes, la viabilidad legal y técnica de la demanda, su perfecto encaje en el marco constitucional y estatutario y el sentimiento global de Galicia reflejado en la aprobación unánime de esta proposición de ley en el Parlamento gallego, desde el Grupo Popular del Parlamento gallego solicitamos su voto favorable a la admisión a trámite de esta proposición de ley. Quiero agradecer de antemano el voto favorable de las señorías que ya lo han anunciado y quiero aprovechar también para instar al Gobierno de España a convocar en paralelo a esta tramitación en el Congreso la comisión de transferencias necesaria para avanzar en este objetivo común y sus detalles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Antón Sánchez García.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez García): Boas tardes.

Hoy decidirán si se tramita una proposición de ley que llega a esta Cámara avalada por una mayoría absoluta, unanimidad, en el Parlamento de Galicia. Se trata de una proposición de ley bloqueada reiterada y antidemocráticamente por el Gobierno popular del señor M. Rajoy, que siempre tuvo claro su prioridad a la hora de defender negocios amigos. Su bloqueo de la transferencia, señoras y señores del Partido Popular, fue un auténtico desprecio al Parlamento de Galicia y a toda la ciudadanía gallega y una demostración de su escasa calidad y convicción democráticas. Pedimos, sencillamente, que gallegos y gallegas podamos decidir sobre una de las principales vías de comunicación de nuestro país que une las principales ciudades del eje atlántico, desde Ferrol a Vigo, pasando por A Coruña, Santiago o Pontevedra.

Es una infraestructura en manos de una empresa que, gracias a generosos favores políticos, tiene un control absoluto sobre la autopista, cuya gestión le produce unos beneficios antes de impuestos grandiosos, de casi uno de cada dos euros del total que factura. Le permite embolsar, después de pagar impuestos al Estado español, limpios de polvo y paja uno de cada tres euros de los 145 millones de euros que anualmente viene facturando. Es un escándalo que se incrementa con las constantes subidas de peajes, que lo hacen en Galicia al doble de la media estatal. Esta autopista encabeza el ranking estatal de incidencias y de beneficios, pero que aparece a la cola si hablamos de personal contratado. Es un grandioso ejemplo de capitalismo voraz. Mientras que en Galicia vemos como en el resto del Estado se van acabando las concesiones, se liberan peajes o se rescatan con dinero público las radiales madrileñas, los gallegos y las gallegas tenemos que soportar y tendremos que soportar esta estafa diaria hasta el año 2048, si antes no le ponemos remedio. Es un ejemplo indignante de capitalismo de amiguetes, practicado por sucesivos Gobiernos españoles con el silencio estruendoso y la complicidad del Partido Popular en Galicia para socializar pérdidas y privatizar beneficios. Todo esto, conviene recordarlo, comenzó cuando, después de ser rescatada con dinero público la AP-9, se privatizó con el Gobierno del señor Aznar a precio de amigo. (Aplausos).

Entre Gobiernos populares, principalmente, pero socialistas también, en menor medida, Audasa consiguió consolidar una posición de monopolio y privilegio absoluto y legalizó el robo diario que sufrimos. Es un abuso que la empresa ni siquiera disimula, le sobra prepotencia y goza de plena impunidad. Los días que hay atascos kilométricos Audasa cobra peajes de igual modo, no levanta barreras y desprecia a


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los usuarios, protegida por el derecho de pernada que le brindaron Gobiernos que en teoría deberían vigilar por el interés general y que, lamentablemente, son cómplices de una corrupción institucionalizada al servicio de grandes corporaciones. Estos abusos no son fantasías inventadas por En Marea, están descritos con detalle en la reciente denuncia de la fiscalía que compone un relato demoledor de los privilegios, prepotencia y soberbia empresarial autorizados de Audasa.

La transferencia a la Xunta de Galicia puede mejorar la gestión al acercar el poder de decisión a quien usa la AP-9 diariamente, pero sabemos que no es ninguna solución milagrosa ni definitiva. Por eso, defendemos que durante su tramitación no se mutile la posibilidad incluida en la proposición de ley de que Galicia pueda decidir, si es su voluntad, la reversión, el rescate y la gestión pública. (Aplausos). La privatización indecente y los indecentes acuerdos posteriores para engordar los beneficios de los amigos es un mal que solo se puede corregir democráticamente devolviendo la gestión a lo público. Solo hay reparación de los males contemplando el rescate de la AP-9.

Comprendan, en definitiva -y voy acabando-, lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Galicia siente frente al abuso que representa la gestión de Audasa de la AP-9. Es indignación, una indignación compartida por los gallegos y gallegas voten a quien voten casi por igual. Puedo asegurarles que será difícil encontrar mayor unanimidad en Galicia que ante la gestión prepotente, abusiva e insultante de Audasa, que ha sido permitida por los sucesivos Gobiernos. Señorías, dijo uno de nuestros poetas que Galicia es un país donde todo es por vir e non chega, donde todo está por llegar y no llega. Hoy está en sus manos que este acto de justicia llegue.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra don Luis Manuel Álvarez Martínez.

El señor REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA (Álvarez Martínez): Moitas grazas, señora presidenta. Boa tarde, señorías.

Para empezar, me gustaría decir que esta discusión debería haber tenido lugar hace ya tiempo. Deberíamos estar discutiendo por cuestión de plazos las condiciones financieras de esa cesión de competencias o, desde la Xunta de Galicia, cómo se gestiona la AP-9 una vez transferida. Pero no, estamos debatiendo esta proposición de ley que en el Parlamento de Galicia ya fue debatida y aprobada por unanimidad en tres ocasiones. Como ya se ha dicho, debatimos hoy la proposición de ley de transferencia de la gestión de la autopista AP-9 a Galicia, que lleva bloqueada dos años en la Mesa del Congreso. ¿Por qué la debatimos hoy? Porque el señor Iñigo de la Serna, como ministro de Fomento y en representación del señor Mariano Rajoy, decidió vetar esta proposición de ley que el Parlamento de Galicia unánimemente envió a esta Cámara. Es algo que no conseguimos entender. ¿Cómo es posible que el Partido Popular vote a favor de la transferencia, pero vote en contra de su debate? Es algo inexplicable, aunque hoy parece que coincidiremos en el apoyo positivo ya que, tal como anunció el señor Alberto Núñez Feijóo la semana pasada, el Partido Popular parece que votará a favor de esta transferencia.

En su momento ya manifestamos que ese veto no tenía fundamento jurídico ya que desde el Parlamento de Galicia introdujimos modificaciones para que las consecuencias financieras en todo caso no tuvieran ninguna carga sobre el presupuesto en curso. Además, nos preocupamos de que esas consecuencias financieras hubieran tenido un primer paso, que era la discusión en la Comisión Mixta de Transferencias. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, el veto era improcedente, parecía más una maniobra de filibusterismo parlamentario que otra cosa. Además, hoy sabemos que el Tribunal Constitucional dice que esa actuación del Gobierno era improcedente y que se estaba extralimitando en sus competencias. Pero, al fin, estamos aquí para debatir y defender el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia.

Tenemos la convicción de que la transferencia se producirá, de que la demanda unánime del Parlamento de Galicia va a ser tenida en cuenta y respetada en esta Cámara. Tenemos esa convicción, en primer lugar, porque la gestión en estos últimos tiempos de la AP-9 en relación con los peajes, que se modulan con criterios no siempre estrictamente técnicos, da lugar a soluciones distintas, a situaciones parecidas en el territorio provocando así una situación insostenible. Como saben, los gallegos y las gallegas vamos a tener que seguir pagando la autopista hasta el año 2048 debido a que bajo el Gobierno del señor Aznar se amplió su plazo concesional veinticinco años. En segundo lugar, se va a producir


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porque hay una mayoría política y social clara en Galicia y en el conjunto de España y al final, como sabemos, las mayorías sociales y políticas acaban imponiéndose.

Los argumentos son contundentes y sobradamente conocidos. Permítanme recordar algunos solamente. Ustedes ya conocen, y se ha expuesto aquí, que la autopista AP-9 conecta a cerca de las tres cuartas partes de la población y es el eje vertebrador de nuestra fachada atlántica, siendo utilizada a diario por miles de gallegos y gallegas. La gestión desde la proximidad, desde Galicia, aplicando el principio de subsidiariedad nos permitiría utilizar las herramientas a nuestro alcance para tratar de acabar con una situación que la ciudadanía gallega siente como injusta. Además, fíjense que siendo aproximadamente el 5,8 % del territorio estatal, así como también de la población, Galicia representa cerca del doble de kilómetros de autopistas de peaje del total nacional en relación con nuestra superficie y población. Sin embargo, esta reivindicación no es nueva; el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño ya solicitó en su momento un paquete de cuarenta y nueve transferencias entre las que estaba incluida la AP-9 y fue refrendado por el Parlamento gallego. Hasta esas fechas se remonta la reivindicación de esta transferencia.

Por ello, basándonos en el diálogo, el entendimiento, la cooperación y la lealtad institucional, confiamos en que el traspaso de esta autopista ayude a reforzar el autogobierno gallego que tanto tiempo lleva estancado y poder ejercer así un mayor control sobre la concesionaria de esta infraestructura vial. Además, como ustedes ya saben, este tipo de transferencias no es descabellado ni está fuera de lugar. Se llevaron a cabo en Cataluña con la A-17 o la A-19 hace años, y recientemente hemos conocido el acuerdo sobre la transferencia a Euskadi de 6 kilómetros de la autopista AP-1.

Por todo ello, señorías, solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios aquí presentes en la toma en consideración de esta iniciativa. Les solicito el voto a todas y todos, para que creemos así un espacio unánime donde todas las fuerzas podamos coincidir, donde se vea que -aquí también- la unidad ya demostrada en el Parlamento de Galicia es una unidad demostrada en el Congreso de los Diputados.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. En nombre de Foro, permítanme saludar a los representantes y a la delegación del Parlamento de Galicia que nos acompañan esta tarde y, a través de ellos, a todo el pueblo gallego con el que tantos y tan estrechos vínculos, comenzando por el de buena vecindad, tenemos los asturianos. Me agrada recordar que, gracias al Plan de Infraestructuras de Transporte que en el año 2000 aprobó el Gobierno de Aznar con Álvarez-Cascos como gran impulsor, hoy estamos infinitamente mejor comunicados a través de la autovía del Cantábrico -sin peaje-, que en 2014 puso en servicio un presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y una ministra de Fomento, la señora Pastor -hoy presidenta del Congreso-, ambos gallegos, tras concluir las obras y superar la paralización y los sobrecostes del Gobierno del señor Zapatero. Recalco esto porque, en la materia que nos ocupa, a gallegos y asturianos -primos hermanos, según el dicho popular- también nos une, muy a nuestro pesar, la condición de haber sido relegados por los Gobiernos socialistas de las políticas de infraestructuras que son responsabilidad del Estado. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Esta tarde promueve el Parlamento de Galicia el debate sobre la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a su comunidad autónoma. Pero, sin salirnos de las infraestructuras, hay materias harto sobradas para reivindicar prioritariamente la modernización de las comunicaciones gallegas o, lo que es lo mismo, la incorporación urgente del noroeste español al siglo XXI. Y ahí, en ese espacio pertinazmente olvidado, repito, por los Gobiernos socialistas, también está Asturias, que, como Galicia, no se conforma con el ferrocarril de antaño y el ancho ibérico decimonónico, ni se resigna a ver discriminados sus grandes puertos, mientras el Ministerio de Fomento condona de una tacada 350 millones de euros a otro espacio portuario mediterráneo, ni depone la reclamación de unas mejores comunicaciones por carretera, claves para la competitividad y de extraordinaria trascendencia económico-social. Ya se ha dicho que no es la primera vez que se habla en el Congreso de la transferencia


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de la titularidad y competencias de la AP-9 a la comunidad, pero esta tarde tenemos la oportunidad que Foro respalda con su voto de iniciar un trámite legislativo que haga posible el traspaso de la gestión, tal y como ha venido reclamando unánimemente el Parlamento sito en el Pazo del Hórreo.

Aminoradas las grandes dificultades económicas producto de la crisis y superadas, asimismo, las limitaciones administrativas derivadas de la legislación de carreteras, por tratarse la autopista del Atlántico de una infraestructura de interés general del Estado, esta iniciativa también viene precedida de la creación de una comisión bilateral Gobierno de España-Xunta que desde su creación está allanando el camino para la transferencia de la AP-9. Al hablar de autopistas, aprovecho para reclamar el cese de la discriminación territorial que también sufre Asturias en la política de liberación de peajes que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, caso reciente de la AP-1 y otros que están en el horizonte de 2019. Es imposible la competitividad de nuestro transporte de viajeros y mercancías por carretera mientras el trayecto Madrid-Oviedo esté penalizado con el mayor porcentaje de peaje de todos los corredores radiales de España y, por si fuera poco, el ministro de Fomento acaba de anunciar hace unas horas la subida del peaje de un 1,67 %.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, diputados representantes del Parlamento galego presentes en el hemiciclo, otros diputados del Parlamento galego presentes en la Cámara, señoras y señores, en primer lugar, les debo recordar que, en el marco del cuarenta aniversario de la Constitución y del setenta aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, en el Estado español existen presos políticos y exiliados políticos. (Rumores.-El señor Cantó García del Moral: Es mentira). Sí, sí, yo se lo recuerdo. (Aplausos). Además, para su vergüenza, les debo recordar también que cuatro de estos presos políticos están en huelga de hambre para denunciar... (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor BEL ACCENSI: Sí, sí, señores, están en huelga de hambre para denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional que admite a trámite sus recursos pero no los resuelve, alguno durante más de un año, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las mismas resoluciones del Tribunal Constitucional señalan que cuando hay un preso preventivo estos recursos son prioritarios. Y eso les impide -y es lo que tanto asusta al Tribunal Constitucional y a la mayoría de ustedes- que se acceda a la justicia europea.

Dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. Desde el Partit Demòcrata vamos a apoyar, obviamente, esta propuesta. Más allá del trámite, que ha sido tortuoso, nosotros tenemos por norma apoyar cualquier iniciativa de un parlamento que llega a esta Cámara y, cuando esta iniciativa viene avalada por la unanimidad del Parlamento galego, obviamente desde nuestro grupo simplemente queremos decirles que la vamos a apoyar, que, si se puede, vamos a facilitar su tramitación por urgencia y que nos comprometemos a no enmendarla para respetar la voluntad del pueblo galego.

Sin intentar inmiscuirme en la propia dinámica del Parlamento galego, nos consta que esta iniciativa se ha aprobado por unanimidad, pero que alguna formación política, como el Bloque Nacionalista Galego, que fue uno de los impulsores, hoy no ha tenido la oportunidad de poder defender su propuesta desde esta tribuna. En todo caso, enhorabuena. Esperemos que el trámite sea lo más rápido posible y que esta infraestructura importante para Galicia se pueda gestionar desde Galicia. En Cataluña también quisiéramos una situación similar.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, en primer lugar, señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados; buenas tardes también, señores representantes del Parlamento de Galicia. Bienvenidos sean porque nos traen una iniciativa que sin duda es sorprendente y chocante. Vaya por delante que, al margen de otras consideraciones, va a contar con el apoyo del Grupo Vasco. Pero permítanme también que les explique que nos parece una iniciativa sorprendente porque no conocemos


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hasta hoy ninguna iniciativa legislativa de comunidades autónomas que tenga por objeto impulsar la transferencia de competencias que figuren ya en su propio estatuto de autonomía, y eso suscita un debate que nos parece, como decía antes, elemental por una parte pero chocante por otra.

Una pregunta: ¿hace falta que las comunidades autónomas acudan al Congreso para reclamar el cumplimiento de su estatuto de autonomía? Porque de eso parece que está tratando este debate, esta iniciativa legislativa. Y vaya por delante que entendemos perfectamente la raíz de la iniciativa. Esta iniciativa estuvo impulsada en su día por un partido amigo, el BNG, y es consecuencia lógica de la pretensión -lógica también- de una nación, que es el pueblo gallego, de querer decidir su futuro en cuanto a la gestión de sus infraestructuras, y también porque materializada esa pretensión política en un ámbito competencial determinado, el previsto en el artículo 27 de su estatuto de autonomía, resulta inaceptable que tantos años después de su aprobación aún no haya sido transferida a dicha comunidad una carretera que discurre de forma íntegra dentro de su territorio.

En nuestra casa, en Euskadi, las competencias en materia de carreteras son de una clara raíz foral, histórica. El diseño, la construcción, la gestión de las carreteras y su mantenimiento son competencia de los territorios históricos y son gestionadas por las diputaciones forales, lo que nos lleva no solo a entender esta reclamación atendiendo a una clara voluntad de autogobierno, sino que en esta ocasión nos sirve también para reclamar nuevamente la transferencia de infraestructuras que, debiendo haber sido ya transferidas a Euskadi, son gestionadas por el Estado y no son gestionadas por nuestras instituciones por las mismas razones que entendemos ilegítimas de retener en manos del Estado competencias que ya hubieran debido ser trasladadas al ámbito de una comunidad autónoma. Recientemente en nuestro caso se ha llegado -y lo acaban de recordar- a la transferencia de la AP-1, pero nos queda aún por transferir la AP-68 y esa es una reivindicación que queremos hacer presente en este debate.

Sin embargo, y volviendo otra vez al caso concreto que nos ocupa, decimos que nos ha llamado la atención la iniciativa porque, como preguntaba antes: ¿hace falta venir al Congreso, hace falta que las comunidades autónomas vengan al Congreso para que se cumpla de forma efectiva su estatuto de autonomía? Dicho sea con todo respeto, no parece esta la vía indicada por la Constitución para la instrumentación de ese efecto, sin perjuicio de que al amparo del artículo 152 sí procedería juridificar o habilitar la transferencia de competencias o facultades de titularidad estatal a través de normas con rango de ley orgánica, si bien dicha previsión constitucional parece estar prevista en apariencia respecto de aquellas que no figuran en los estatutos de autonomía. Pero ¿y con las competencias que ya figuran en los estatutos de autonomía qué pasa? La iniciativa recuerda que la competencia reclamada figura ya en el artículo 27.8 del Estatuto de Autonomía de Galicia, y consta que a su vez la disposición transitoria cuarta del mismo Estatuto de Autonomía contempla la creación de una comisión mixta para materializar dicho tipo de traspasos, que se efectuaría además por decreto. Entonces, y si como parece todos los partidos de la Cámara gallega y los partidos que sustentan este y el anterior Gobierno están de acuerdo, ¿por qué se ha tenido que llegar a esta iniciativa, a esta situación? Por ello reiteramos nuestra perplejidad al leer esta iniciativa.

Reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa, que es discutible en algunos aspectos, como el relativo al coste del rescate y alguna otra cuestión que seguramente podremos debatir, pero no por ello vamos a dejar de apoyarla. Eso sí, reiterando que nos parece que se sienta un precedente absolutamente llamativo, inexistente hasta el momento, y que de alguna manera pone en evidencia la desigualdad que existe en el ámbito de la construcción del Estado autonómico respecto del ejercicio de los derechos o de la completación de los derechos cuando se habla del Estado y se habla de las comunidades autónomas, a pesar de que la ordenación territorial del Estado se entiende que está formada por todas las instituciones, por todas ellas, y por todos los territorios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.

Boa tarde, bona tarda. Lo primero de todo, un saludo a los representantes del Parlamento gallego que nos acompañan hoy. Nos hubiera gustado que en la toma en consideración de esta proposición de ley de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 de Galicia los compañeros y compañeras del BNG, como impulsores y redactores de esta ley, hubieran podido intervenir. Nos parece injusto que no lo puedan hacer, les mandamos un saludo fraternal y les decimos que nuestra voz es su voz.


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Nos llega de Galicia la demanda de transferencia -a la que lógicamente vamos a dar apoyo- de una infraestructura básica para la movilidad interna, como es la AP-9 de Galicia, y la problemática derivada de los altos precios de los peajes de la misma, unos precios que son un auténtico escándalo. Una demanda que fue paralizada reiteradamente por el Gobierno del PP, un Partido Popular que paradójicamente ahora la apoya; la oposición, señoras y señores, hace auténticos milagros. En Cataluña sabemos perfectamente qué implica este modelo de autopistas, puesto que, por ejemplo, en el año 2014 las autopistas con peaje explícito, es decir, de barrera, recaudaron 1722 millones de euros en todo el Estado español, de los cuales 967, es decir el 56 %, se recaudó en Cataluña. Más de la mitad del dinero recaudado en todas las autopistas de peaje del Estado fue recaudado en Cataluña. En la mayoría de los casos se trata de autopistas que ya han sido ampliamente pagadas por sus usuarios y que ahora forman parte del enorme engranaje de ingresos de las empresas concesionarias. Empresas como Abertis, que cerró el año pasado con beneficios de 735 millones de euros. Abertis es una de esas empresas que devuelve los favores políticos mediante puertas giratorias para aquellos políticos que se portan bien. Lo diremos siempre que haga falta: la concesionaria siempre gana y la ciudadanía siempre paga; privatizan beneficios y socializan las pérdidas.

Las autopistas de peaje han afectado no solo a la calidad y nivel de vida de los usuarios, sino también a la competitividad de la economía. El Parlament de Catalunya aprobó una proposición de ley para la creación de un fondo de rescate de nuestros peajes. Esta iniciativa fue tomada en consideración por el Congreso en el año 2008. No obstante, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo una vez más para alargar los plazos de enmiendas a la proposición de ley, de manera que la iniciativa decayó con el fin de la legislatura y las catalanas y los catalanes hemos seguido pagando. La oposición a los peajes ha ido creciendo en los últimos años, siendo conscientes de que ya hemos pagado sobradamente. Es necesario avanzar y evolucionar hacia un modelo de peajes que sea homogéneo, armónico, que fomente el equilibrio territorial, que incentive el desarrollo económico, que escape de la concepción radial y centralista de un Estado que está centrifugando todo su potencial en desarrollo y evidentemente que sea sostenible. Galicia tiene todo el derecho a gestionar sus propias infraestructuras, por supuesto que sí. Y no quiero dejar pasar la ocasión de recordar que mientras se nos chantajea para aprobar unos presupuestos que no hemos visto se siguen incumpliendo reiteradamente los compromisos de ejecución de inversiones presupuestarias. En la última reunión bilateral Estado-Generalitat, el Gobierno se comprometió a hacer efectivo el pago de 750 000 millones de euros comprometidos por el Ministerio de Hacienda para inversiones pendientes del Estado en infraestructuras. Pues bien, han pasado meses y nada se sabe de lo prometido. Mientras tanto, siguen los accidentes en las líneas de tren de media distancia ante el abandono y la desinversión en el mantenimiento de la infraestructura. Si no hay voluntad ni compromiso político para cumplir con los acuerdos, no puede haber confianza, y sin confianza ¿qué nos queda? Pueden pensar que haciendo como la derecha de PP y Ciudadanos conseguirán perpetuarse en el poder, pero se equivocan. Cuando se den cuenta, tal vez será tarde.

Termino, presidenta. Toda la solidaridad con el pueblo galego y un Pleno más para recordar que en la España del siglo XXI hay presas y presos políticos, algunos de los cuales están en huelga de hambre. Esto, señorías, debería darles vergüenza.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta, y quiero dar la bienvenida en nombre de mi grupo a los diputados del Parlamento gallego y a los que están presentes en la tribuna.

Señorías, como en esta legislatura se ha producido un cambio de Gobierno sin pasar por elecciones y, por tanto, sin solución de continuidad, hemos tenido la ocasión de asistir a un espectáculo sorprendente, que creo que se ha dado con especial claridad en la Comisión de Fomento. Consiste en que Gobierno y oposición se han intercambiado los papeles con total naturalidad. Cuando antes el PSOE exigía inversiones, criticaba las ejecuciones de las obras, criticaba los plazos y el PP decía que nuestras infraestructuras eran estupendas, que el PSOE hacía electoralismo, etcétera, con el cambio de Gobierno se invierten las parejas y el mismo baile continúa. La posición del PP ahora la ocupa el PSOE, y viceversa, todo, insisto, con una naturalidad asombrosa, al menos para los que somos recién llegados. Esto ha producido una cierta sensación de farsa y un cierto desencanto. Decía que este fenómeno se ha dado especialmente en la Comisión de Fomento, porque las inversiones de este ministerio son la bolsa de caramelos con la que el político quiere conseguir votos, lo que explica el despilfarro, las infraestructuras infrautilizadas e incluso


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en parte la crisis de las cajas. La política más fácil consiste en intentar captar voluntades con dádivas; es el caciquismo de toda la vida, solo que el cacique del siglo XIX se lo pagaba con su dinero y el cacique 2.0 lo hace con el dinero de todos. (Aplausos).

Les voy a decir los motivos de Ciudadanos para no apoyar esta iniciativa. El primero es que dicen en la exposición de motivos que la AP-9 circula íntegramente por Galicia, y es cierto, pero lo que no dicen es que sirve de conexión con Portugal, lo que la hace una vía estratégica, una vía de interés general. Ustedes lo dicen implícitamente cuando dicen que la competencia en fronteras seguirá siendo del Estado -¡faltaría más!-; no parece lógico que la infraestructura que conecta con otro país sea competencia de una comunidad autónoma. El segundo motivo es la corresponsabilidad. El artículo 1.2 del proyecto enumera las funciones que corresponderían a la Comunidad gallega tras el traspaso de la titularidad, y en el punto d), régimen económico-financiero de la concesión, figura que todas las facultades corresponderían a la Comunidad gallega, en particular en lo relativo al establecimiento, actualización y supresión de tarifas y peajes. Y punto e) La redacción y aprobación de convenios [...] para eventuales reducciones de la concesión. Es decir, para el rescate de la concesión. Pero es que, luego, el artículo 1.3 dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración General del Estado conserva a su cargo las obligaciones con repercusiones económicas y financieras. Es decir, se transfiere la titularidad de las competencias de la AP-9 a la Comunidad, que luego puede decidir si quita o no los peajes, si las rescata o no, pero paga el Estado. Esto es glorioso. Y hemos oído como argumento de autoridad que todo el Parlamento de Galicia votó a favor. No es extraño porque ¿quién votaría en contra de que le regalen una infraestructura sin coste? Pero es que hay coste. Esa propuesta electoralista de regalar graciosamente una infraestructura la estarán haciendo políticos en todas las comunidades y los vecinos se creerán que es, con muchas comillas, sin coste, pero a cada uno de ellos le estará cayendo inadvertidamente el "sin coste" de los demás. Pero, además, la ausencia de corresponsabilidad, eso de que uno decida y el otro pague, provoca lo que en economía se llama riesgo moral, que es incurrir en costes mayores al difuminar u ocultar quién va a soportarlos. Y este es el efecto perverso de la compartimentación.

Miren, todos tenemos aquí una doble naturaleza; todos somos representantes de nuestras respectivas circunscripciones y, por otro lado, representamos a todos los españoles, y cómo articulemos esta doble naturaleza demostrará si somos políticos o charlatanes. Estamos acostumbrados a ver a los diputados nacionalistas, a los que obviamente les trae sin cuidado el interés general, bien porque no tienen representación nacional o porque no tienen interés nacional, pero un partido nacional debería comportarse de distinta manera. Señores del PP, (muestra una fotocopia del diario Faro de Vigo) esta es una noticia del Faro de Vigo, de 31 de julio de 2017, con el ministro De la Serna y el presidente Feijóo. El ministro De la Serna se oponía a la propuesta que ahora se trae a esta Cámara argumentando que es una vía de interés general, con lo que estamos de acuerdo; dijo que la transferencia daría lugar a una batería de transferencias y a cierto desmantelamiento de las infraestructuras del Estado, con lo que también estamos de acuerdo, y que preveía un coste para las arcas públicas de al menos 554 millones. De la Serna no estaba de acuerdo en asumirlo y nosotros tampoco. Pero, entonces, el señor Feijóo mantuvo su reivindicación de la transferencia, aunque -dijo- por lealtad aceptó aparcarla en un momento como el de entonces. El momento se refería a que estaba a punto de producirse toda esa orgía de transgresiones contra la legalidad y atropellos contra la democracia que iban a protagonizar los nacionalistas. Pero ¿es que entiende ahora el señor Feijóo que el escenario actual, con el molt irresponsable president Torra pidiendo una guerra con poquitos muertos es mejor que el de entonces? Pues no lo parece. Díganos entonces, si el PP ha cambiado de opinión, por qué lo hace. Uno, porque ya no es Gobierno y entonces ha cambiado su posición en el baile. Dos, por la cercanía de elecciones; ¿pretenden que el presidente Feijóo libere graciosamente la AP-9 o la rescate cuando se acerque la campaña electoral? Pues, oigan, no nos pidan a nosotros que paguemos su campaña.

Señorías, nosotros seguimos creyendo que la AP-9 es una vía de interés general; seguimos estando a favor de la corresponsabilidad en la planificación y en el coste de las infraestructuras; seguimos en contra de usar 500 millones para pagar una campaña electoral encubierta, y, en general, seguimos en contra de hacer electoralismo con las inversiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.


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El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, presidenta.

Boa tarde, señorías, boa tarde y benvidos diputados y diputadas del Parlamento de Galicia, y boa tarde a la ciudadanía gallega que estará siguiendo este debate. Estamos aquí para debatir un tema que recoge la absoluta unanimidad de todos los gallegos y las gallegas, pero no solo de los partidos políticos, sino del conjunto de la ciudadanía gallega. Algo simple y que cualquiera puede entender es que el eje principal de comunicación de Galicia, que conecta al 70 % de la población de nuestro país cada día, no puede estar gestionado por multinacionales; una demanda unánime de un país que exige gestionar por sí mismo y de forma completamente pública su principal vía de comunicación. Y es que es necesario recordar hoy aquí que estamos hablando de una anomalía y de un agravio, un agravio comparativo hacia Galicia, ilógico, innecesario e inexplicable y, por lo tanto, un agravio con el que hay que acabar de una vez por todas. Y es que es absolutamente intolerable el trato que le ha dado el Estado a Galicia en esta cuestión y en esta materia. Mejor dicho, es intolerable el trato que le han dado el Estado y las fuerzas del bipartidismo a Galicia en esta cuestión, Partido Popular pero también Partido Socialista; si gobernaban en Galicia lo bloqueaban en Madrid; si gobernaban en Madrid lo bloqueaban en Galicia. Ustedes, señores del Partido Popular y del PSOE, solo han utilizado este tema y otras transferencias de forma irresponsable, para la confrontación partidaria; en ningún caso para el interés general de la ciudadanía gallega. Porque hay que recordar que fue precisamente el Gobierno del Partido Popular, bajo el mandato desde Galicia del señor Feijóo, quien secuestró no solo el traspaso, sino el debate en esta Cámara de esta iniciativa. Ante esta situación, nuestro grupo se ha movido para frenar este atropello, primero, formulando numerosas iniciativas; después, formulando una reconsideración ante la Mesa del Congreso, donde nos encontrábamos con el bloqueo sistemático a esta iniciativa por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, y, ante la negativa, trasladando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y no es casualidad que esta iniciativa se vaya a aprobar precisamente cuando el bipartidismo está en horas bajas y En Marea está en esta casa. En todo caso, celebramos que el Gobierno salido de la moción de censura haya levantado -o se haya visto obligado a levantar- el veto. No podía ser de otra forma, así que vamos con el debate y con su contexto en la actualidad.

En primer lugar, las autopistas de peaje son una anomalía en el Estado español y hay que recordarlo. ¿Saben quiénes fueron los dos gobernantes que permitieron que se abriera esta puerta y que instigaron este modelo? Pues sí, Franco y Aznar fueron los dos que permitieron este negocio que abre la puerta a la gestión y al beneficio privado. (Aplausos). ¿En qué se traduce este modelo en la AP-9? Se traduce en millones de usuarios, ciudadanos y ciudadanas, dando enormes beneficios cada año a fondos de inversión privados. ¿Saben cuáles son los escandalosos números de Audasa? El año pasado consiguió una ratio de beneficio del 81 %, 81 euros de cada 100. En síntesis, de cada 100 euros que Audasa recauda en peajes a los gallegos y a las gallegas dedica simplemente 8 a pagar al personal, 11 a gastos de explotación y de mantenimiento, y el resto ya se sabe: beneficio, beneficio y beneficio que reparte entre sus accionistas. ¿Y saben con lo que nos hemos encontrado además los gallegos y las gallegas esta semana bajo el mandato, por cierto, del Partido Socialista? Con una subida del peaje del 3,47 %. Señores del Partido Socialista, es hora de tomar cartas en este asunto. La vía estratégica de comunicación de Galicia y el dinero que los gallegos y las gallegas pagamos en la construcción de esta infraestructura se va a Luxemburgo, a Alemania, a bancos y a fondos de inversión. Por tanto, y en primer lugar, por su papel clave como instrumento de desarrollo, de dinamización económica, de inclusión social y de vertebración de Galicia hay que garantizar el carácter público de esta infraestructura estratégica. En segundo lugar, hay que acabar de una vez por todas con este agravio a Galicia. La AP-9 fue licitada en 1973, al mismo tiempo que la AP-1, la autopista del norte. Hoy la AP-1 está libre de peaje mientras que, gracias al Partido Popular, la autopista del Atlántico se ha prorrogado hasta 2048 y tiene uno de los peajes más altos de toda Europa. Quieren que la concesión de Franco por veinticinco años la paguemos durante treinta años más. Y en tercer y último lugar, estamos hablando de un rescate accesible y necesario; estamos hablando de la concesionaria con más reclamaciones en todo el Estado español; de hecho, la semana pasada la fiscalía presentó una demanda contra Audasa por el cobro abusivo de peajes. Así que es hora de acabar con los sangrientos peajes, con el chantaje de Audasa y con el monopolio de una infraestructura, por cierto, sobradamente amortizada.

Hoy esta cuestión inicia el camino en esta Cámara. Esperemos que sea un camino sin excusas y que esta iniciativa se tramite con toda la urgencia que necesita. En todo caso, desde En Marea y desde Galicia estaremos vigilantes y exigimos tramitar la transferencia de la AP-9 inmediatamente y asumir su rescate para que lo público deje de beneficiar a lo privado. Como les decimos y les exigimos siempre desde En Marea, cumplan con Galicia. En este caso es muy fácil: autopista del Atlántico pública, gallega y gratuita. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.

Señorías, hoy vamos a dar cumplimiento a uno de los principios básicos de la democracia: poder hablar, debatir, discrepar y también poder acordar. Hoy en la casa de la palabra, y gracias al actual Gobierno, podemos traer a debate esta proposición de ley impulsada por unanimidad desde el Parlamento de Galicia pero que hasta ahora había sufrido un bochornoso veto por parte del Gobierno del Partido Popular y, eso sí -no nos olvidemos-, con la complacencia de aquellos que en la Mesa del Congreso apoyaron dicha acción, y me refiero, claro está, a Ciudadanos, no sé si versión 2.0 o 4.0. (Aplausos). Esta proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Galicia llega, pues, a esta Cámara y nos alegramos de ello, aunque también nos sonroja, y no poco, que quienes hace escasos días imponían su veto a este debate pretendan ahora presentarse como sus máximos valedores. Aprovecho la ocasión, cómo no, para saludar a los membros do Parlamento de Galicia e a aqueles que os acompañan e, no seu nome, á cidadanía galega. Esta tamén é a súa casa.

El Grupo Socialista apoya la celebración de este debate y la toma en consideración de esta proposición básicamente por las siguientes razones. Primero, porque esta proposición tiene relación con la sostenibilidad, mantenimiento y mejora de la red viaria española, cuyo debate el Gobierno quiere promover, pues el modelo actual es inconsistente y desequilibrado territorialmente y precisa modificarse y evolucionar hacia un modelo mejor; el caso de la AP-9 es paradigmático. Segundo, porque la comunidad gallega se ve especialmente afectada por las inconsistencias del modelo viario español de alta capacidad. Esto es así tanto por la proporción de la red de alta capacidad de Galicia, que es de peaje, como por la proporción de tráfico que circula sobre ella, presentando en ambos casos cifras superiores a la media nacional, y porque entendemos que al haber sido aprobada la proposición de ley por unanimidad del Parlamento de Galicia su toma en consideración beneficia la calidad democrática y el diálogo, sin perjuicio de las competencias de cada Administración y sin prejuzgar el resultado final.

Señorías, la AP-9 para una gran mayoría de gallegas y gallegos no es una autovía cualquiera. La autopista del Atlántico viene a ser nuestra calle mayor, una vía de uso cotidiano, frecuente y multitudinario que enlaza las zonas más pobladas de Galicia, y ello es así en tanto en cuanto es una vía que afecta a nuestra movilidad de cada día al no tener en muchos tramos una posibilidad real de vía alternativa razonable, bien por el estado de las carreteras secundarias, bien por los amplios rodeos, en algún caso verdaderamente amplios, que habría que dar y los tiempos que ello significa. No la usamos para irnos de puente, para uso vacacional, para viajes largos y de poca frecuencia; al contrario, es la vía que se usa para acudir cotidianamente al trabajo y con la que se interrelacionan nuestras ciudades en todos los ámbitos del día a día. Por ello, más que el énfasis en la titularidad de la vía, que también, nos preocupa sobremanera el objetivo de la movilidad de las personas, movilidad que no pretendemos que se contemple desde la óptica del privilegio sino desde la óptica del equilibrio, la justicia y la sostenibilidad de nuestro sistema viario, criterios de equilibrio y de justicia que se vieron abruptamente destrozados en cuanto se aprobaba en el año 2000 por el Gobierno de Aznar la ampliación de la concesión hasta el año 2048, con un alto nivel de peajes, que son sin duda, como recordaban mis compañeros en el Parlamento de Galicia, una carga insufrible para familias y empresas. Y todo ello cuando se había prometido -y la frase de Rajoy aún resuena por la red- la supresión de los peajes en aquella campaña electoral en la que ganó Aznar. Permítanme la licencia de recurrir a Machado y decirles -así me explico mejor- que sus versos en Galicia dirían: Caminante no hay camino, se hace camino al pagar. Y mucho, créanme. De no haber sido así, estaríamos hablando de un escenario bien distinto, con una concesión que finalizaría en el año 2023, lo que redundaría sin duda en una posición mucho más ventajosa a la hora de tomar decisiones sobre Audasa.

Por otra parte, la gestión de Audasa -la empresa concesionaria-, que llevamos padeciendo durante ya demasiados años, siempre ha tenido connotaciones negativas y reiteradas para los usuarios. Última prueba de ello -se acaba de decir aquí- es la demanda presentada contra esta concesionaria por la fiscalía de Pontevedra, en la que se reclama la devolución de los cobros indebidos durante las obras en Rande, ya que -y cito palabras del fiscal- todos los usuarios se vieron afectados en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad; una actuación, la de la fiscalía, que nos satisface pero que sabe a poco y no elimina los sinsabores cotidianos de las actuaciones con las que con más frecuencia de la debida nos obsequia Audasa. Hoy viene a la toma en consideración un texto que el propio Parlamento de Galicia ha autoenmendado, también por unanimidad y en un asunto


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nada menor. Nos referimos obviamente al tema del rescate de la concesión, un cambio sustancial que, de resultar aprobada, como esperamos, esta toma en consideración, debe ser tenido en cuenta en los trámites posteriores, esto es, en el debate en ponencia. Podríamos esperar y traer al Pleno el último texto presentado, pero ello dilataría todavía más un proceso que, de no ser por los continuos vetos, debiera haber sido tratado ya hace bastante tiempo. Esta cuestión refleja aún más, si cabe, la decisión del actual Gobierno y de este grupo a favor de tratar en el menor tiempo posible el tema de la transferencia de la AP-9. No debemos olvidar que es en el propio Parlamento de Galicia desde donde se produce este cambio de texto y que, aunque hoy se proceda a debatir el primero de ellos, no sería de recibo ignorar los remitidos posteriormente, que reúnen además el mismo grado de unanimidad de todas las fuerzas políticas de dicha Cámara y por tanto la misma fortaleza.

Tampoco queremos ignorar el hecho de que los trabajos acerca de la autopista del Atlántico y de su transferencia van a coincidir en el tiempo con los debates que en esta misma Cámara se van a producir acerca del futuro del modelo viario que pretendemos instaurar en nuestro país, un modelo que desde el Gobierno y desde este grupo se pretende extender al conjunto de España y que pretende superar una política de pactos coyunturales sin sentido, un modelo de movilidad basado en criterios de equidad y justicia, homogéneo en toda la red social y territorialmente equilibrado, así como financiera y ambientalmente sostenible. (Aplausos).

Esperamos que, al igual que aconteció en Galicia -ya finalizo-, el acuerdo y el consenso imperen y podamos aprobar para el conjunto de España y para el caso que nos ocupa, concretamente para Galicia, un modelo justo y equilibrado que responda a los intereses de la ciudadanía. Finalizo reiterando que el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, va a votar favorablemente esta toma en consideración.

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado Arce.

El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señores deputados que integran a delegación do Parlamento de Galicia, benvidos; señores deputados y deputadas do Parlamento galego, que tamén están na tribuna, do Partido Socialista, do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego, tamén benvidos ao Congreso dos Deputados.

Señorías, anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia, y lo va hacer fundamentalmente por varias razones que enumeraré en el tiempo del que dispongo. En primer lugar, por respaldar una petición unánime del Parlamento gallego y por respaldar también la posición del Partido Popular de Galicia. Esta solicitud de transferencia fue aprobada ya, como se ha dicho, por unanimidad en los años 2016, 2017 y 2018, porque todos estábamos de acuerdo en que esta es una autopista fundamental para la vertebración económica, para la movilidad de Galicia, y porque estábamos y estamos convencidos de que administrada y gestionada desde la comunidad autónoma se prestará un servicio de mayor calidad a los usuarios, un Parlamento de Galicia en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta por voluntad de los gallegos y que está liderado por Alberto Núñez Feijóo, que fue el principal impulsor de esta iniciativa en la oposición, cuando estábamos en la leal oposición en el Parlamento de Galicia, y que lo mantuvo antes y lo mantiene ahora. De ahí que traigamos una iniciativa con un fuerte respaldo. Si el Partido Popular de Galicia no hubiera querido, esta iniciativa no hubiese llegado al Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Se ha dicho ya -no voy a reiterarlo- que es una autopista fundamental que vertebra la economía de Galicia, que vertebra la franja atlántica, la zona más poblada de nuestra comunidad autónoma, pero hay un nivel de insatisfacción muy alto en los usuarios que tiene que ver con los desorbitados y desmedidos precios de sus peajes, con la inexistencia de bonificaciones para usuarios habituales y descuentos como hay en otras autopistas, y porque además hay infraestructuras que se han acometido que deberían haberse ejecutado de otra manera, desde nuestro punto de vista. Por eso creemos que es positivo actuar mediante esta iniciativa.

También vamos a votar sí porque tiene pleno amparo en la legalidad vigente. Estamos trayendo al Congreso de los Diputados una iniciativa que cuenta con el respaldo del Estatuto de Autonomía de Galicia, pero también con el respaldo de la Constitución española. Señor Navarro y señor Barandiaran, sí tiene amparo en el estatuto de la autonomía y en la Constitución, porque es posible este tipo de transferencias mediante ley orgánica; incluso se dice y se recomienda en los propios textos constitucional y autonómico.


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Y vamos a votar también a favor por las nuevas circunstancias que se han dado en los últimos meses. Se ha dicho aquí por el señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista que en septiembre de 2018 se ha producido la entrada en esta Cámara de una nueva iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia que establece algunas modificaciones en aspectos que van a ser esenciales para favorecer que en la fase de tramitación de esta iniciativa podamos alcanzar un mayor nivel de consenso. Eso es positivo y por eso es un hecho nuevo. También es un hecho nuevo que el 5 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicara la transferencia de una carretera de titularidad estatal en el País Vasco y que queda descatalogada de la red general como consecuencia de una transferencia negociada al amparo del estatuto de autonomía de esa comunidad y de la Constitución española. Nosotros pedimos exactamente lo mismo. Esta transferencia se pide para ser negociada en el marco de una comisión mixta de transferencias y, como decía mi compañero Martín Prado, venimos a solicitar ya desde el primer momento que empiece a trabajar. La transferencia no ha de significar pérdida para ninguna de las partes, sino que ha de basarse en el pleno acuerdo. Nosotros queremos una transferencia pero después de haber hablado de la supresión del peaje de Redondela comprometida por el Gobierno y que tiene que materializarse y después de resolver las cuestiones que afectan a los enlaces de Vigo y de A Coruña, al enlace orbital de Santiago y a otras actuaciones, como las que hay que hacer en Chapela, que es imprescindible acometer si queremos realmente prestar un servicio público a los ciudadanos.

Señora presidenta, he de referirme necesariamente a alguna de las cuestiones que han sido aludidas en esta sesión. Preferiría centrarme en el fondo del asunto, pero no puedo pasar por alto el hecho de que se haya hablado de una petición formulada al amparo de los intereses económicos de una empresa. El representante de Esquerra Republicana cita a Abertis. Abertis es una empresa con origen netamente catalán, promotora de las primeras autopistas del Estado, extendida a toda la red del territorio y con accionariado de empresas catalanas. No venga usted a darnos lecciones, sino a explicarnos esa situación. (Aplausos). Me gustaría decirle también al Grupo Parlamentario Ciudadanos que no hablen de cambios de opinión. Usted mismo el día 30 de noviembre de 2016, en el debate de una proposición no de ley defendida por una diputada de En Marea que hoy no ha intervenido, hablaba de una eventual recuperación de la concesión y la posterior cesión de su titularidad y competencias a la Xunta de Galicia; hablaba justamente de la AP9, de esta autopista. Creo que ustedes están fuera de juego y por eso no están en el Parlamento de Galicia, porque no sintonizan ni con sus aspiraciones ni con las necesidades de nuestra comunidad autónoma. (Aplausos).

Finalmente, queridos amigos del Grupo Parlamentario Socialista, ¿cuántas veces el Partido Socialista se ha opuesto a debatir este tema en el Congreso de los Diputados? ¿Cuántos informes de los Gobiernos de doña Magdalena Álvarez y de don José Blanco han venido para plantear un criterio contrario a esta toma en consideración y para oponerse a que este tema fuera debatido? Este es un hecho innegable; como es evidente hablar de unos peajes desorbitados. Nosotros también lo compartimos, pero no se puede dejar de recordar que precisamente fue en el año 2011, cuando estaba produciéndose un cambio de Gobierno, cuando se aprobó un real decreto que estableció nada menos que una operación ruinosa para los usuarios de la autopista gallega. Se establecieron subidas acumulativas del 1 % durante veinte años para Audasa, además de que el Estado abonaría un interés fijo anual del 8 % por el coste de las obras. Creo que este fue un mal negocio y lo están pagando los usuarios de las autopistas gallegas.

Finalizo, señorías. Tenemos la aspiración de que esto no se quede simplemente en una toma en consideración. Para sacar esto adelante necesitamos el consenso de todas las fuerzas políticas. Lo hemos alcanzado en el Parlamento de Galicia. Hagamos una tramitación sosegada, sin aspavientos y sin demagogias, basándonos en criterios de sensatez y de buena administración y pensando en los usuarios.

Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA CORREGIR EL EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA (SII) EN LA GESTIÓN DEL IVA. (Número de expediente 122/000285).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para corregir el efecto de la


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implantación del sistema de información inmediata (SII) en la gestión del IVA. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular contra el fraude y para la modernización del IVA mediante la puesta en marcha de un sistema de suministro inmediato de información supusieron beneficios tanto para la propia Administración tributaria como para los contribuyentes. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

El sistema de información consiste básicamente en el suministro electrónico de los registros de facturación integrantes en los libros registro de IVA, de forma que la comunicación es inmediata, prácticamente en tiempo real, entre la Administración y el contribuyente. El sistema supuso importantes beneficios para los contribuyentes, como reducir obligaciones formales suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390, así como la elaboración de los libros registro; recibir información de datos fiscales, lo que les supone una gran ayuda a la hora de contrastar datos; simplificar la declaración y evitar errores que suponían, a la postre, nuevas cargas tributarias; disminuir la burocracia, ya que muchos requerimientos anteriores a la implantación del sistema tenían por objeto solicitar facturas o datos de las mismas para comprobar operaciones; ampliar en diez días el plazo para la presentación de autoliquidaciones periódicas; aceleración y rapidez en las devoluciones del IVA a los contribuyentes acogidos que no presentaban incidencias. El sistema, que era obligatorio para 73 000 contribuyentes, según los últimos datos del Gobierno de febrero del presente año, era ya utilizado con éxito por 54 315 y no solo beneficia a grandes empresas o grupos de IVA, sino también a pymes y autónomos inscritos en el registro de devolución mensual del IVA y los que voluntariamente decidan acogerse al mismo. Señorías, para que nos hagamos una idea, estamos hablando del 80 % del tejido productivo español. Para la Administración tributaria ha supuesto una mejora sustancial de su relación y comunicación con el contribuyente, bidireccional, automática e instantánea, una mejora de la asistencia del servicio público y, en definitiva, una mejora y eficiencia del control tributario. Es una medida muy eficaz en la lucha contra el fraude fiscal que ha sido copiada por muchos países de la OCDE.

El balance de algo más de un año desde la entrada en vigor del sistema no puede ser más positivo. Los ingresos por IVA de grandes empresas han aumentado un 4,8 %, por encima del crecimiento nominal de la economía. En 2017 se mantuvieron los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en máximos históricos, con casi 15 000 millones de euros. El impacto económico desde el inicio del funcionamiento del sistema se calcula que es de 700 millones. Sin embargo, como todo nuevo sistema, se producen efectos inicialmente imprevisibles que su puesta en marcha ha manifestado y que con esta proposición de ley pretendemos corregir. En concreto y como recoge la propia Agencia Tributaria en su informe de diciembre de 2017, la entrada en vigor de esta nueva forma de gestión vino acompañada de un retraso en la fecha límite de presentación de las declaraciones del 20 al 30 del mes posterior al mes de devengo. La consecuencia fue que las declaraciones de un mes pasaron en su mayor parte a contabilizarse dos meses más tarde. Por lo tanto, en el conjunto del año solo se contabilizaron para las empresas acogidas al nuevo sistema once meses de ingresos. En el propio informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se cuantifica este efecto en 4150 millones de euros. Para la Administración central esto no tiene ninguna importancia porque el desajuste se corrige en enero de 2018, pero para las comunidades autónomas sí que es esencial porque es un impuesto cedido al 50 % y en el avance de financiación para 2019, que tiene en cuenta la liquidación definitiva de 2017, podrían perder 2075 millones de euros, a lo que habría que añadir unos 300 millones que afectan a las corporaciones locales de toda España.

La ministra de Hacienda, que como consejera de la Junta de Andalucía ya conocía el problema y reclamaba una solución, desde Madrid intenta presionar a las comunidades autónomas para que apoyen sus presupuestos, unos presupuestos que les tumban desde Bruselas y que saben que no cuentan con los apoyos suficientes; de hecho, no han sido ni capaces de sacar la senda de déficit y los objetivos de deuda, algo habitual porque, como hemos sabido por la AIReF, aunque en un momento electoral interesante, la misma incumplió la regla de gasto desde 2015 como consejera en mi tierra. Nada nuevo en el horizonte, el Partido Socialista hace lo de siempre: con una mano ofrece que las comunidades autónomas se puedan endeudar en 2800 millones más si aprueban sus presupuestos -dinero que van a devolver con sus correspondientes intereses- y con la otra les quitan a las comunidades autónomas y ayuntamientos la posibilidad de tener 2375 millones de euros, dinero que les corresponde. Con todo en rojo hacen de prestamistas del dinero propio de las comunidades autónomas y ayuntamientos, un dinero que en un 70 %


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se destina a educación, sanidad y dependencia, que son competencia directa de las comunidades autónomas, pues lo que realmente intentan es engañar a los españoles que reciben estos servicios.

Como les decía, señorías, nada nuevo; ya hemos visto mutar a la ministra de Hacienda de consejera del ramo a ministra; también ha mutado en sus planteamientos de apoyar el sistema de financiación del Gobierno socialista de Zapatero, como decían sus expresidentes Chaves y Griñan, porque teníamos 1000 millones de razones en Andalucía para aprobarlo, a exigir al Gobierno del PP que lo cambiara porque era malísimo y porque cada año perdíamos 1000 millones con el sistema, pese a que habían dejado un agujero en las arcas para la financiación de 70 000 millones en ingresos tributarios. Muta, señora ministra, pasando de pedir su inmediata modificación a decir ahora, cuando gobierna y con las arcas tributarias repletas, que no es el momento y que si quieren dinero las comunidades autónomas que les da el suyo pero con intereses.

Como llevan demostrando durante toda la legislatura, el Gobierno de Sánchez solo acierta cuando rectifica, por eso pedimos una vez más que muten y que rectifiquen para bien, para el de todos. Llevamos seis meses denunciando esta situación y si no se opera esta medida que lleva esta proposición de ley, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no podrán recibir cuantiosos incrementos de financiación. Señorías, son 2375 millones de euros que podemos aprobar hoy sin intereses todos aquí. Aquí está la devolución para todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los importes correspondientes a cada uno de ellos. (Muestra una gráfica). En sus votos está. Señores del Partido Socialista, ¿van a negarle 400 millones de financiación a Andalucía solo porque los andaluces queremos un cambio de Gobierno? ¿Es que es conmigo o contra mi? Señores de Compromís, ¿van a permitir que el Gobierno que les apoya les quite 270 millones de euros para mejorar la sanidad, la educación y la dependencia en Valencia? Señores de Podemos, ¿no creen que Aragón debe recibir los 78 millones que en justicia es de todos los aragoneses? Y a nivel municipal, ¿van a permitir que los ayuntamientos no dispongan de esos 300 millones que necesitan para prestar sus servicios?

Señorías, todos sabemos que esta legislatura no da más de sí, que el Gobierno es incapaz de sacar ni aprobar ninguna iniciativa relevante, pero esta Cámara tiene la palabra para dar esos 2375 millones a quienes pertenecen. Pido a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que dejen a un lado los colores porque en comunidades autónomas y ayuntamientos los hay de todos y los vecinos y sus necesidades no tienen color. Apoyen esta iniciativa que revertirá en mejores servicios públicos directos, en sanidad, educación y servicios sociales, para los vecinos a quienes representamos y en el conjunto de españoles. Olviden el tactismo político a la hora de votar y decidan por el bienestar porque es una responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros.

Nasa más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Romero Rodríguez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la utilización del turno en contra. Tiene la palabra en su representación el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Buenas tardes.

Señora Romero, qué chapuceros son ustedes; son unos auténticos chapuceros, y lo digo con total convencimiento. Esta es una proposición inútil e infructuosa, por muchas palabras que usted haya dicho mintiendo y faltando a la verdad. Porque la primera cuestión que hay que aclarar a los que nos escuchan y a todos los parlamentarios es quién ha creado este problema. Dígame quién ha creado este problema. Este problema lo han creado ustedes, lo creó el señor Montoro cuando en 2017 montó el Sistema de Información Inmediata que le da una ventaja a las grandes y medianas empresas, que son esas 54 000 que se acogen al sistema, y les dice: ustedes van a poder declarar no el día 20, sino diez días después, el día 30. Y no se dio cuenta el señor Montoro de que esto significaba que entonces el mes de noviembre de 2017 se contabilizaría en 2018. Tuvieron que salir los consejeros de las comunidades autónomas diciendo: oiga, que se le han olvidado a usted las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por sus chapuzas, porque, evidentemente, no contaban con algo que es clarísimo y es que se contabilizaría un año después, con lo cual en 2017 solamente se computaron por el señor Montoro y por el Gobierno del Partido Popular trece mensualidades en el IVA. Ustedes han creado el problema por una chapuza. Y lo peor es que ahora quieren ustedes enmendarlo con otra chapuza, y dicen: esto es muy fácil; hago lo que tenía que haber hecho y jamás he hecho en siete años que es modificar el sistema de financiación autonómica, la Ley 22; es muy fácil, ahora modifico el artículo 13. Pero lo hacen sin tener en cuenta que es una ley orgánica, que esto requiere de una mayoría absoluta que no le van a dar, porque le anuncio que si esto sale adelante va a decaer de


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forma inmediata porque no es una solución. Como les he dicho, es inútil la iniciativa pues pretende modificar el artículo 13 y computar a efectos de liquidación del año 2017 una mensualidad contabilizada en 2018, como si fuese así de fácil. Es un artificio contable, una chapuza contable. ¿Cree usted que así se da la imagen fiel de la contabilidad? ¿Cree usted que eso está acorde con el Sistema Europeo de Cuentas? Se lo digo yo: no. Es una auténtica barrabasada, técnicamente hablando, que requeriría, si se aplicase, primero, la autorización del sistema europeo -que no lo va a autorizar-, pero es que, segundo, tendría un efecto sobre el ajuste del déficit público de 2017. Señora Romero, entérese usted, por favor, es una auténtica chapuza lo que plantea. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Le voy a decir cuál es la solución, que va a estar en el mes de enero. La solución más fácil todavía pero rigurosa, cierta y que manifiesta la imagen fiel que requieren las cuentas públicas es cambiar el SII, el Sistema de Información Inmediata, y decir que todos los meses se va a declarar el día 30, excepto el mes de noviembre, que volverá a declararse a 20 de diciembre. ¿Qué significa eso? Que, evidentemente, vamos a volver a regularizar la situación. (El señor De Olano Vela, de pie, habla con la señora Romero Rodríguez). Señor Olano, déjeme usted dirigirme a la señora Romero, por favor. (Aplausos). Eso significa que en 2019 vamos a contabilizar trece meses de recaudación, y eso significa, para que se enteren ustedes, que las entregas a cuenta de 2019 van a suponer una transferencia mayor de 2500 millones de euros a las comunidades autónomas y de 300 millones de euros a los ayuntamientos. (Aplausos). Mire usted qué solución más simple y más sencilla, sin artificios, sin marrullerías y aplicando las cosas como se tienen que aplicar, corrigiendo el error. Ustedes no corrigen el error, pero tenían que reconocer que cometieron un error y así venir aquí reconociendo humildemente el error cometido y planteando que creen necesario que se rectifique. En lugar de eso, vienen ustedes sacando pecho. Hay que corregir el error y el error se corrige de la forma que yo le he dicho: volviendo a declarar noviembre el día 20 de diciembre y, evidentemente, en 2019 todo estará solucionado, tanto los 2500 millones de las comunidades autónomas como los 300 millones de los ayuntamientos. Por tanto, esa es la solución, señora Romero. Es una solución sencilla, rigurosa, correcta y beneficiosa para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que desde el día 1 de enero van a recibir las compensaciones por la liquidación de 2017. Así de sencillo, no hacen falta, insisto, ni argucias ni artificios; hace falta humildad, reconocimiento de los errores, corrección exacta de esos errores, que es lo que vamos a hacer nosotros, corregir vuestro error. Y le digo más, lo vamos a incluir en el proyecto de presupuestos de 2019, que se van a aprobar, ténganlo ustedes claro; se van a aprobar, van a salir adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y se va a incluir como una medida más.

Me dirijo ahora al Grupo Parlamentario de Podemos, a su portavoz segundo, al que tengo un gran reconocimiento y con el que me une gran amistad. Le digo que tengan en consideración algo que es muy importante y es que la admisión a trámite -independientemente de que va a decaer, porque esto es absurdo, no tiene sentido y la corrección va a venir de inmediato en el mes de enero-, ¿saben lo que significa? Pues significa, ni más ni menos, que los 2000 millones de euros que se quedó el señor Montoro los vamos a tener que pagar a pulmón en 2019. En 2019, si no modificamos el Sistema de Información Inmediata, tendríamos que pagar con cargo a los presupuestos del Estado 2500 millones de euros más y 300 para los ayuntamientos, y eso iría con cargo al presupuesto del Estado, con cargo al pulmón, porque lo que quieren ellos es asfixiar al Gobierno, no darle posibilidad de acabar de una vez por todas con esa austeridad, con esas restricciones presupuestarias que han asfixiado los servicios públicos y las instituciones públicas. Por tanto, me dirijo a Podemos y les pido que no apoyen, ni con el voto positivo ni con la abstención, la admisión a trámite de esta chapuza, porque creo que hay que dejarles claro que es un error que ellos han cometido, que es un error que hay que corregir y que, desde luego, la forma que ellos quieren utilizar es una forma chapucera que no se puede admitir. Por tanto, hay que tumbar esta iniciativa.

Me dirijo ahora al resto de los grupos parlamentarios manifestando que está claro que se va a resolver y además hay que acometer lo que ellos no fueron capaces de abordar y es un nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Qué hizo el Partido Popular durante siete años con la financiación autonómica? Convocar una comisión de expertos, una comisión en la que hubo más votos particulares que acuerdos; va a pasar a la historia por eso, porque la gran mayoría eran votos particulares. No se ponían de acuerdo porque era difícil ponerse de acuerdo con la tesitura y con los planteamientos que hacía el Gobierno. Exclusivamente va a servir -y es muy importante, hay que ponerlo en valor también- como diagnóstico; es un diagnóstico de la situación, del déficit de financiación que tienen las comunidades autónomas. Pero este Gobierno en los cinco meses que lleva gobernando ya ha puesto en marcha una comisión ejecutiva, una comisión con representantes de las comunidades autónomas en la que se ha puesto de manifiesto


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que aquí hace falta un mejor reparto, pero que también hacen falta muchos más fondos públicos, porque hay una insuficiencia del sistema. El principio de suficiencia financiera no está garantizado para las comunidades autónomas, y tenemos que partir de reconocer esa situación a través de ese diagnóstico que ha hecho ese comité de expertos. Nos hemos comprometido -y ya está en marcha- a constituir esa comisión ejecutiva y ya está dando pasos. Se constituyó en el mes de agosto y está dando pasos importantes, y los distintos representantes de las comunidades autónomas se están pasando información para completar ese modelo.

Por tanto -con ello concluyo- no dejemos que nos asfixien más con las propuestas del Partido Popular. No están dispuestos a apoyar un nuevo plan de estabilidad, una nueva senda de estabilidad que significaría una inyección de 2500 millones de euros para las comunidades autónomas y pasar de un déficit del 0,1 al 0,3, dos puntos más, que significaría una inyección de 2500 millones de euros más. ¿Cómo viene ahora el Partido Popular diciendo que vamos a aportar 2500 millones de euros más? Es mentira. De los presupuestos de 2019 vamos a tener que sacar 2000 millones de euros, pero además no quieren que sean 2500 más, es decir, estamos hablando de casi 5000 millones de euros que el Partido Popular quiere quitar a las comunidades autónomas. Por tanto, nuestra propuesta es rigurosa, correcta, inmediata y, desde luego, la más favorable para las comunidades autónomas para corregir un error, un error del señor Montoro y del Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Hurtado.

En el turno de réplica, tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Hurtado, un poco de respeto, porque soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Le he estado escuchando y yo jamás interpelo a una persona a la que me dirijo de esa manera. Se lo pido por favor, por el tiempo que nos conocemos. Siempre he sido respetuosa.

Lo que yo sé es que la señora ministra Montero dijo a los medios, por un lado, que iba a dar un préstamo de 2500 millones por este tema -eso es lo que sale en los medios- y, por otro lado, que quería dar 2800 millones de préstamo a las comunidades autónomas para financiación. En el Parlamento andaluz, el 30 de mayo, decía que había que convocar, en la Comisión de Hacienda, para ya, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que si ella estuviera en el Gobierno lo haría, y ahora crea otro comité; decía que a ella no le hacía falta nada más que el sistema de financiación que salió del Parlamento andaluz, y ahora, ¿por qué no lo hace?; ahora, ¿por qué no lo trae?; ahora, ¿por qué no liquida este dinero de las comunidades autónomas? Porque le interesa para enjuagar el déficit, un déficit que no va a enjuagar (aplausos), porque el de las comunidades autónomas también computa en el déficit del Estado. No lo va a enjuagar, y a las muestras me remito. La AIReF ha dicho que desde 2015 el déficit que ha presentado el Gobierno andaluz no es real. ¿Ahora va a venir y lo va a cambiar? ¿Van a cambiar ustedes el déficit? Nos encontramos 70 000 millones de déficit presupuestario y les hemos dejado las cuentas saneadas y con récord de ingresos tributarios. ¿Me dice usted que esta medida es mala y que así no se puede cambiar? Haberla cambiado. Han tenido seis meses y no han pretendido cambiarla. Han estado jugando con el dinero de las comunidades autónomas para enjuagar el déficit de los ayuntamientos, déjense de historias. Si ustedes querían ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos haberlo hecho ya. Podían haber adoptado esa medida que usted dice que es tan buena y tiene en el cajón la señora Montero para hacerla ya y no hubiera hecho falta traer esto. Si tan mal lo hemos hecho y tan bien lo hacen ustedes ¿por qué no lo han solucionado? No lo han solucionado porque no tienen interés. Les interesa que ese dinero compute en los presupuestos del Estado y tener asfixiadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ver si les aprueban esos presupuestos, que no son creíbles en Europa ni en ningún sitio.

Y señor Hurtado, menos creíble es su grupo. El 27 de junio de 2018 -aquí lo tengo-, en el Parlamento andaluz, el portavoz socialista, don Mario Jiménez, insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a convocar de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Que yo sepa estamos en diciembre. La urgencia no sé quién la tiene; la urgencia la tienen en no dar ese dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. No se dejen engañar, porque nos falta dinero. Ahora son 2500 que van a dar con un préstamo. ¿El préstamo va a ser gratis? No. Ya dijo la señora Montero que en 2020, con ese mes trece que ha contado el señor Hurtado, lo iban a devolver las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y aparte 2800 más de préstamos cobrando intereses. Llevan treinta años


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haciéndolo en Andalucía, cobrando los anticipos a cuenta a las corporaciones locales de su propio dinero local, ¿por qué no lo iban a hacer aquí? Señorías, credibilidad tienen ustedes poca. Es verdad que este sistema ha dado solución, ha aflorado fraude fiscal, supone 700 millones de euros más de ingresos en las arcas del Estado, que son de todos, de las administraciones públicas, de la Agencia estatal, de la Administración Tributaria, que pueden ir a los vecinos revertidos en servicios sociales. En su mano está votar favorablemente a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Romero.

Tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Señora Romero, usted sabe que lo último en mi forma de ser es faltarle al respeto a nadie. No le he faltado al respeto en absoluto, lo único que he pedido, porque me gusta mirar a la gente a la cara, es que el señor Olano, que estaba de espaldas y me impedía verla y mirarla a los ojos, me permitiera dirigirme a usted. Es lo único que yo he dicho. Desde luego, sabe que le tengo aprecio y que en absoluto está en mi intención faltarle al respeto ni a usted ni a nadie, sabe usted que no son mis maneras.

Volviendo al tema en cuestión, señora Romero, no me ha contestado usted. ¿Quién creó este problema? Me tenía usted que haber respondido, con toda la humildad del mundo: este problema lo creó el señor Montoro y esto fue una chapuza -así lo he llamado yo, usted no iba a decir chapuza-, fue un error que cometió el Ministerio de Hacienda a la hora de definir el Sistema de Información Inmediata. Eso me lo tiene usted que contestar. Partiendo de ahí, es más fácil todo, porque ¿a qué venimos aquí? A corregir un error. Nosotros estamos con el objetivo, estamos perfectamente con el objetivo. La señora Montero, siendo consejera de Hacienda, fue la primera que preguntó desde Andalucía: Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta de lo que significa esto para nosotros? Y dijo: Requerimos la convocatoria de una comisión inmediata para poder compensar, aclarar y corregir el error. Por tanto, partiendo de que hay un error, coincidimos todos en que el objeto es corregirlo. Ahora bien, los planteamientos son muy distintos, señora Romero, y yo califico la propuesta de corrección por parte del Partido Popular como una chapuza. ¿Por qué? Porque no cumple con el Sistema europeo de cuentas públicas. Usted se da cuenta, yo lo sé. Si usted nos lo dice, nos tendremos que defender, pero usted no está convencida, no puede estarlo, señora Romero. Vamos a ver, si yo tengo contabilizado un ingreso en el año 2018, ¿cómo voy a tener en cuenta en el año 2017 los efectos de de un ingreso que no está recaudado? Eso es romper con los principios de imagen fiel del sistema contable y de las cuentas públicas. Eso se cae por su propio peso. La modificación del artículo 13 es una auténtica barbaridad técnica y políticamente. Si el objetivo es enmendarlo, hagámoslo. Nosotros le decimos que tenemos la fórmula inmediata, rigurosa, correcta y que no complica para nada el déficit público de 2017. Y la fórmula es muy simple: modifiquemos el Sistema de Información Inmediata. Los beneficios que les hemos dado a las empresas durante once meses se los mantenemos, pero en el mes de noviembre les decimos: adelanten la declaración a los veinte días del mes de diciembre. No les estamos pidiendo tanto; lo que hacemos es poner las cosas en su sitio, corregir el error, compensar a las comunidades autónomas, que tienen derecho a ser compensadas, y compensar a los ayuntamientos, que tienen derecho a ser compensados. No estamos diciendo una barbaridad. Y eso tiene carácter inmediato, porque la modificación del Sistema de Información Inmediata es una orden ministerial, no requiere ninguna modificación de una ley orgánica. Señora Romero, usted sabe lo que significa modificar una ley orgánica; una ley orgánica necesita una mayoría absoluta. Aquí unos han dicho que la van a enmendar y otros han dicho que la van a apoyar, pero sabemos que va a decaer. Ese es el apoyo. Por eso, yo la estoy calificando de infructuosa e inútil. Lo que no puedo admitir, y es lo que me duele, es que ustedes lo traten de maquillar diciendo que vienen a salvar la patria, que son los más autonomistas del mundo, los más defensores de los entes locales y de los ayuntamientos. No, señora. Si ustedes han cometido un error, reconózcanlo. Ustedes han provocado que las comunidades autónomas se vean perjudicadas en 2500 millones. No vengan ustedes con esa solución. Si no se modifica el Sistema de Información Inmediata, en el presupuesto de 2019 tendremos que sacar a pulmón 2000 millones de euros más, y si se suman a los 2500 que ustedes no quieren aprobar en la senda de estabilidad, vamos a tener que sacar dinero de debajo de las piedras, pero desde luego nunca van a llegar a las comunidades autónomas si queremos compensarlas. Por tanto, sentido común y sensibilidad. No falten a la verdad, es lo único que les pido.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Hurtado.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La implantación el pasado ejercicio 2017 -Gobierno del Partido Popular- del Sistema de Información Inmediata abrió las puertas a la aplicación de un novedoso modelo de gestión en tiempo real del impuesto sobre el valor añadido, del IVA, pero generó aprietos a las empresas para su adaptación inicial. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). También para la propia Administración pública se han derivado problemas como secuela de imprevistos en este nuevo control tributario y, como señaló la señora Romero, portavoz del Grupo Popular, han aparecido efectos que inciden significativamente en el cálculo de la liquidación final de los recursos del sistema de financiación autonómica correspondientes al pasado año 2017 respecto de la recaudación por IVA en ese ejercicio. Es decir, si no se corrigen los daños colaterales producto del cambio normativo en la gestión del IVA habrá comunidades autónomas, concretamente las de régimen común, que verán reducida la liquidación de su IVA en 2019 y perderán una de las doce mensualidades que les corresponden, lo que en el caso de Asturias supondrá una merma en sus ingresos de en torno a los 75 millones de euros, merma de ingresos que también afectará a los ayuntamientos. La propia titular de Hacienda asumió desde el pasado mes de agosto la búsqueda de fórmulas para corregir este importante perjuicio para las comunidades autónomas con régimen común, que son partícipes de diferentes tributos, entre otros el 50 % de la declaración líquida del IVA sin capacidad normativa.

No creo que sea, señor Hurtado, una proposición de ley absurda... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... porque ya estamos en la recta final de 2018 y el ministerio aún no ha concretado ni acordado con las comunidades autónomas la solución a este problema. De ahí que a Foro le parezca oportuna y necesaria la toma en consideración de esta proposición de ley, ya que proporciona respaldo legislativo para corregir la pérdida de unos recursos económicos que tienen especial destino en los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

Celebro, señor Hurtado, su optimismo militante a la hora de vaticinar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el año 2019, pero al hablar del sistema de financiación autonómica no está de más recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ya eludió expresamente abordar su reforma. Va camino de una década la vigencia del actual sistema de financiación autonómica, elaborado en 2009 por el entonces Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a la medida del entonces tripartito catalán. Para la mayoría de las comunidades autónomas afectadas -desde luego es el caso de Asturias- el actual sistema quiebra el principio de solidaridad que, según nuestra Constitución, debe informar las relaciones entre los distintos territorios de España, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha renunciado expresamente a ello.

Votaré a favor de esta toma en consideración, señora presidenta.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, centremos el problema: 11 de diciembre de 2018, ¿quién creó el problema? El señor Montoro. ¿Quién no ha solucionado el problema? La señora Montero. Esta es la realidad, la triste realidad. Lo digo, señor Hurtado, porque lo van a arreglar, pero de momento no lo han hecho. Seguro que no habrán tenido tiempo, pero ¿sabe cuáles son las consecuencias? Ustedes, desde el ministerio, en julio, enviaron una notificación de entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Teóricamente, las comunidades autónomas tienen que hacer su presupuesto sobre la base de esa notificación, pero hoy, en diciembre, esto no está resuelto. Ustedes nos dicen: lo vamos a resolver con los presupuestos. ¡Hombre! Ya no le hablo de la posibilidad de prosperar o no de los presupuestos, pero si no los traen a esta Cámara seguro que no prosperan. Por tanto, como no los han traído, esto no lo van a resolver con los presupuestos, lo van a resolver mediante un real decreto-ley. Y no me parece mal la solución que aporta, pero, claro, este real decreto-ley tendría que estar ya aprobado, porque hay que recordar que el señor Sánchez, cuando le ha convenido, ha aprobado un real decreto-ley en veinticuatro horas. A las comunidades autónomas y


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también a los ayuntamientos les interesa que se solucione esto en veinticuatro horas, no para recibir su entrega a cuenta, que también, sino para que puedan hacer sus presupuestos de acuerdo con los ingresos reales que el Gobierno les está prometiendo pero que sus interventores evitan incluir en el presupuesto. Esta es la situación dramática a fecha de hoy.

Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de la propuesta del Partido Popular. Yo no digo que sea una chapuza, pero digo que requiere mucho trabajo, entre otras cosas porque su portavoz ha nombrado aquí a los ayuntamientos, pero yo me he leído toda su propuesta y en ella no solventan el problema de los ayuntamientos, ni los nombran. Modifican la Lofca, pero no solventan los 300 millones de los ayuntamientos. Por lo tanto, si continúa el trámite, nosotros vamos a enmendar este aspecto como otros. El Sistema de Información Inmediata ha generado problemas. Algunos, como este, se podían prever y no se previeron; otros entendemos que se podrían pulir, pero eso no genera ninguna duda sobre la bondad del sistema en sí mismo. Nuestra posición es clara: vamos a tomar en consideración esta propuesta. Señor Hurtado, si presentan un real decreto-ley para modificar y solventar esta situación, nosotros apoyaríamos su convalidación y seguramente entonces no tendría sentido continuar con el trámite de esta modificación de la ley orgánica, pero queremos ver su propuesta, porque entendemos que también puede generar algún problema. Puede generar algún problema para las empresas, y no tenemos que hacer pagar a las empresas nuestra incapacidad de solventar la cuestión. En todo caso, lo que no se puede hacer es esperar más tiempo. Se lo digo de verdad, porque más allá de que todavía no se hayan meritado los anticipos que deberían recibir las comunidades autónomas, estas sí han recibido su comunicación y están obligadas a hacer el presupuesto con esta comunicación del ministerio. En todo caso, insto al Gobierno a que notifique a las comunidades autónomas con carácter inmediato cuáles van a ser sus ingresos de acuerdo con estas nuevas previsiones, ya que con arreglo a esto podrán hacer sus presupuestos de forma más acertada y, por supuesto, más holgada.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on, buenas tardes.

Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular para la devolución a las comunidades autónomas de régimen común del IVA de noviembre de 2017, pendiente de liquidación, como bien han dicho aquí todos, por el desfase que supuso la implantación del Sistema inmediato de información de dicho impuesto en el año 2017.

Con la introducción de este Sistema de Información Inmediata se modificó la fecha en la que las empresas liquidan dicho impuesto, del día 20 al 30 del mes siguiente, por lo que la recaudación del mes de noviembre de 2017 pasó de recaudarse dentro del mismo año a registrarse en enero del año siguiente, 2018. Esto supuso que solo se contabilizaran los ingresos del IVA de once meses, a pesar de que la Administración General del Estado recibió en el año 2017 los ingresos correspondientes a doce meses; un cierre, el de 2017, por tanto incompleto. Este desfase se produjo por la normativa implantada en el año 2017 por el anterior Gobierno, por lo que parece un tanto sorprendente que sea este grupo el que se dé cuenta ahora del problema y solicite su resolución, cuando lo podría haber realizado antes o cuando menos haberlo previsto, porque esto supone menos recursos para las comunidades autónomas de régimen común. La cuestión es que nuevamente asistimos a un cruce de acusaciones, por un lado, el Grupo Popular pidiendo soluciones y, por otro, el Grupo Socialista atribuyendo el desfase al anterior Gobierno. Lo que está claro es que hay un problema y que se debería resolver.

Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda ya anunció que, para compensar este desfase en el cobro del IVA, el Gobierno incluiría en los presupuestos de 2019 un préstamo sin intereses a las comunidades autónomas por valor de la recaudación pendiente de devolución, que estas devolverían en el momento de la compensación, ya que entonces recibirían trece mensualidades de IVA, e incluso la posibilidad de una reforma para que la liquidación del IVA, como hoy nos han comentado, fuese antes del día 30, pero lo cierto es que a día de hoy este problema sigue sin solución.

Hoy nos llega por parte del Grupo Popular una propuesta de modificación legal pensada para que se incluya la recaudación del IVA, que por motivos de la implantación de dicho sistema se contabiliza en enero de 2018 y no en diciembre de 2017, en el cálculo de la liquidación definitiva de los recursos del sistema de


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financiación autonómica correspondiente al año 2017 respecto de la recaudación por IVA en ese ejercicio, lo cual supondría, por tanto, una modificación de la Ley de financiación de las comunidades autónomas.

Este grupo se suele abstener en temas fiscales que afectan exclusivamente a las comunidades autónomas de régimen común, ya que no afectan ni a Euskadi ni a Navarra, pero hoy, dado que la solución propuesta por el Grupo Popular supondría un mayor gasto que podría afectar al déficit, desconociendo además lo que podría decir Europa y dado que el Gobierno está trabajando al parecer en una mejor solución, que pretende llevar a cabo bien a través del proyecto de presupuestos generales de 2019 o bien mediante un real decreto-ley, no sé si a través del referido préstamo o de la modificación del sistema -lo cual no tendría consecuencias para el déficit-, y a pesar de ser, como digo, un tema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, excepcionalmente votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, entendiendo -eso sí- que este sistema ha sido bueno para el control tributario y para la lucha contra el fraude fiscal.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, en primer término, disculpen la voz.

El tema no es sencillo y parece ser que aquí nadie se ha molestado en explicarlo. El Sistema inmediato de información consiste en que, para la mayor parte de la recaudación de la liquidación del IVA que hacen las empresas que facturan más de 6 millones de euros -es decir, empresas medianas y grandes, más las empresas que voluntariamente se acogen al sistema, más nuestros exportadores-, se envíen con un desfase de solamente cuatro días los datos de las facturas emitidas y recibidas. Esto supone para los contribuyentes españoles honestos, para las empresas, un esfuerzo, una burocracia, y esto hay que compensarlo. ¿Y cómo se ha compensado? Entre otras cuestiones, dándoles diez días más de plazo para que ingresen el dinero, pero todo él lo ingresan dentro del año natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos, de acuerdo con el convenio -cosa de la cual aquí nadie se ha acordado-, lo ingresan diez días más tarde. Por tanto, en régimen de devengo, que es el que computa a efectos de contabilidad nacional, el que computa a efectos de déficit, no hay ninguna alteración con el Sistema inmediato de información, lo que sí hay, el día 31 de diciembre, es una recaudación menor en la caja, porque no ha llegado el pago de noviembre de las grandes empresas. ¿Cuánto dinero es esto? Son 4500 millones de euros. ¿Esto quién lo dice? El informe de recaudación de diciembre de 2017, que se hace público en enero de 2018.

En primer lugar, no es cierto lo que dice la señora Romero en cuanto a que esto era imprevisible. Cualquiera que sepa cómo es el sistema sabe que si ingresas más tarde y si la caja llega más tarde, como las comunidades autónomas se llevan el 50 % del IVA en función de la recaudación líquida, es decir, de lo que esté ingresado en caja, aquí va a haber un desfase porque van a cobrar más tarde. Tampoco es cierto que esto lo pusiesen de manifiesto las comunidades autónomas; esto se pone de manifiesto en el informe mensual de recaudación de diciembre de 2017 de la Agencia Tributaria, si no es antes. Una vez que tenemos este problema, que afecta exclusivamente no al déficit de 2017, sino a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, se puede modificar excepcionalmente la liquidación de 2017, para lo cual hay que modificar los artículos 13 y 20 de la Ley 22/2009, que es la propuesta que trae el Partido Popular, que, por cierto, tampoco es correcta, para empezar porque la redacción es discutible, pero en segundo término porque esto entrará en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente, lo cual al final implicará que entre en vigor en 2020. Esa disposición transitoria no es correcta.

Dicho todo esto, nosotros vamos a votar a favor de su toma en consideración -por tanto, será tomada en consideración- porque esto hay que arreglarlo, y la forma de arreglarlo no consiste en crear más problemas a los contribuyentes honestos para que adelanten el pago de impuestos, que es la propuesta que siempre nos trae el Partido Socialista. Es decir, si solamente hay un problema de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que hay que hacer es arreglar ese reparto, no modificar el Sistema inmediato de información creando más obligaciones formales y obligando, por errores e imprevisiones de los diversos Gobiernos, a que sean los contribuyentes los que paguen el pato. Por tanto, no nos convence el sistema, pero, además, si ese sistema entra en vigor, como propone el Partido Socialista, en 2019, la única forma de que las comunidades autónomas perciban esto a través de las entregas a cuenta sería en la actualización de entregas a cuenta que tiene lugar en los Presupuestos Generales del Estado, y a día de hoy no hay Presupuestos Generales del Estado, no hay senda de déficit; los Presupuestos Generales del Estado que nos propone el Partido Socialista son un subidón de impuestos y no cuentan con apoyo parlamentario.


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A todo esto, la propuesta que dice la señora Montero que nos va a traer no está en ninguna parte; de hecho, la señora Montero ni se molesta en comparecer en el Congreso de los Diputados. (Aplausos). ¿Y quieren que fiemos 2400 millones de euros, que financian a las comunidades autónomas, que son la financiación de los servicios públicos de educación, de sanidad, de servicios sociales, exclusivamente a la palabra delegada de la señora Montero que ni se atreve a comparecer aquí? Además, ¿este ajuste tiene que caer en manos de las empresas y hay que continuar mareándolo...? Esto no puede ser. En consecuencia, vamos a aprobar la toma en consideración.

Sorprendentemente, el Partido Nacionalista Vasco, que dice que siempre se abstiene en temas de financiación autonómica, vota en contra, no se sabe muy bien por qué, no lo he entendido; sorprendentemente también, una cosa que el Partido Popular nunca ha traído a esta Cámara es el ajuste del impuesto sobre el valor añadido que está previsto para los territorios forales, que solamente en el País Vasco supone 1600 millones de euros en el último ejercicio, de los cuales 800 millones son de las comunidades autónomas. Pero de eso, señores del Partido Popular, ustedes se olvidan siempre, igual que se han olvidado todo este tiempo de intentar actualizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuando hay territorios que están claramente infrafinanciados y cuando el sistema es tan complejo que no lo entiende ninguno de los Gobiernos y genera estos líos que ahora tenemos.

Dicho todo esto, nosotros apoyaremos la toma en consideración porque, efectivamente, hay un problema agravado de infrafinanciación creado por el Gobierno del Partido Popular que el Gobierno del Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada por resolver. Frente a todo esto, lo único que se ha puesto encima de la mesa, sin ser perfecto, por lo menos intenta dar una solución, y eso se merece que este grupo parlamentario y este Congreso de los Diputados lo estudie y lo debata.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Hoy el Partido Popular nos trae aquí una ley que llama la atención porque busca deshacer una de las últimas chapuzas que dejó el señor Montoro, la chapuza del sistema de información inmediata del IVA, que ha ocasionando un agujero de 2100 millones de euros en la recaudación del IVA cedido a las comunidades autónomas y de otros 300 millones de euros a los ayuntamientos. Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando el ministerio de Montoro implementó el nuevo sistema de información inmediata del IVA con el fin de mejorar la digitalización del sistema tributario, un cambio necesario de un sistema de gestión del IVA que estaba obsoleto. Ese cambio implicaba un tránsito a un sistema de llevanza libre de registro del IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante un suministro cuasi inmediato de los registros de facturación, lo que a priori sonaba bien, lo que a priori parecía una buena idea; pero, claro, una buena idea en manos del señor Montoro se podía convertir en la mayor de las chapuzas, y así fue. La aplicación de este cambio provocó, en términos de caja, un retraso de diez días en la liquidación del IVA, lo que supuso que pasaran al siguiente ejercicio, afectando directamente a las comunidades autónomas e indirectamente a los ayuntamientos a través de los ingresos totales del Estado y de su participación en ellos. Mientras las comunidades autónomas habían cobrado once meses, la contabilidad nacional les imputaba doce meses de IVA, habiendo un desfase de caja de nada menos que 4150 millones de euros en total. Además, esto afecta a los ayuntamientos, como decía, por su participación en los ingresos totales del Estado por un total de 300 millones de euros.

Es urgente corregir este agujero generado por el Partido Popular, que cargó un error de la Administración central, un error del ministro Montoro sobre las ya maltrechas cuentas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Hay que recordar que las comunidades autónomas tienen pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica desde el año 2014 que el PP no quiso afrontar y que el PSOE, desgraciadamente, también rehuye. No puede ser que un error de la Administración central en la gestión de un cambio tributario conlleve una merma de recursos para las comunidades autónomas, aunque ese fuera el planteamiento del señor Montoro en su momento. En total, sin tener en cuenta estos 2100 millones del sistema de información del IVA, las comunidades autónomas tienen una infrafinanciación estimada de 23 000 millones de euros para proveer los servicios públicos fundamentales que ellas gestionan. Quizás la mejor forma de frenar a aquellos partidos que quieren acabar con el Estado de las autonomías es financiando suficientemente a las comunidades autónomas para que puedan ejercer correctamente


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sus competencias y proveer unos servicios públicos fundamentales de calidad. Creemos que esa es la solución y por eso creemos que hay que abordar esa reforma de la financiación autonómica.

Como decía, el Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno, provocó este agujero en las comunidades autónomas y luego tampoco se dio ninguna prisa en solucionarlo. Sorprende, por tanto, que ahora venga aquí con una proposición de ley para intentar resolverlo, lo cual supone un comportamiento bastante hipócrita por su parte. Además, la ley llega tarde porque, con los plazos actuales que se están dando en esta Cámara para la tramitación de leyes, esta ley no se tramitaría como pronto hasta dentro de cinco meses, lo cual no sirve para resolver el problema que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por este motivo, no vamos a apoyar esta proposición de ley. Creemos que las comunidades autónomas no pueden esperar y que esto tiene que resolverse inmediatamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno debería haber presentado ya, a través de un real decreto, de una orden ministerial o de la herramienta de la que se disponga, pero algo que sirva para solucionar un problema que afecta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y que ha de ser resuelto inmediatamente para que los entes locales y las comunidades autónomas puedan diseñar un presupuesto con seguridad jurídica. Pero, señor Hurtado, para eso el Gobierno tiene que ponerse a funcionar. No nos pueden pedir fe ciega en el Gobierno. Ustedes tienen que ponerse en marcha y plantear las medidas oportunas para que nosotros podamos confiar en lo que plantean. (Aplausos).

No obstante, quería decir que valoramos positivamente esta nueva línea de trabajo del Partido Popular que consiste en enmendar los errores de su anterior Gobierno y les animo a que sigan así. Creemos que ese es el camino adecuado. Voy a aprovechar estos últimos minutos para darles algunas ideas de por dónde pueden ir las proposiciones de ley que traigan en las próximas semanas. Pueden traer, por ejemplo, una proposición de ley para derogar la reforma laboral que precarizó el trabajo en nuestro país y que es responsable de que los salarios aún no se hayan recuperado de la crisis. Si quieren, pueden presentar también una iniciativa para recuperar los 60 000 millones de euros que regalaron a la banca sin contrapartida. También se me ocurre que podrían presentar otra proposición de ley para recaudar los 2800 millones de euros que condonaron con la amnistía fiscal de Montoro. También pueden presentar otra para devolver a los ayuntamientos la autonomía municipal que les arrebató Montoro y los recortes que obligaron a hacer a las comunidades autónomas. Por último, se me ocurre que podrían también presentar una proposición de ley para derogar la reforma de las pensiones, que incrementó la edad de jubilación y condenó a la pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas de nuestro país. Creemos que esta nueva línea, la de buscar el perdón de los españoles y revertir el legado fastuoso del anterior Gobierno, es la adecuada. Sigan así. Nosotros también estamos en ello y esperamos que este Gobierno del Partido Socialista nos corresponda, pero dennos motivos para confiar en ello y tener esperanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor González.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS PARA COMBATIR LA SOLEDAD CRÓNICA. (Número de expediente 162/000612).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Quintanilla Barba.

La señora QUINTANILLA BARBA: Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.

Hoy tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y no van a escuchar en ningún caso debates sobre presupuestos, debates sobre fiscalidad o debates sobre el IVA. Esta tarde mi grupo parlamentario quiere hablarles de nuestros mayores. Quiere hablarles de nuestro objetivo primordial, que es la calidad de vida de las personas mayores. Son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Soportan gran parte de las economías familiares, ejercen como cuidadores -¿quién no ha oído hablar del abuelo o de la abuela canguro?- y siguen siendo en la sociedad española un motor de valores y de capacidades que en muchas ocasiones tendemos a obviar, olvidando que gracias a ellos cada uno de nosotros y de nosotras hemos podido construir lo que ahora tenemos, hemos podido construir un futuro en igualdad. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).


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Sin embargo, lejos de reconocer su indiscutible aportación, nos encontramos ante una problemática de primer orden como es la vida en soledad de nuestros mayores que afecta a millones de personas en todo el mundo -como así lo han hecho saber los grandes informes de Naciones Unidas- y ante la que no cabe otra posibilidad que la de tomar medidas de carácter urgente que vengan a asegurar la calidad de vida y la seguridad de este importante segmento de la población como son nuestros mayores. No podemos seguir dando la espalda a personas que necesitan de nuestro compromiso político y de nuestra concienciación social, que necesitan que les escuchemos, que necesitan que hagamos una política intergeneracional entre mayores y jóvenes, que necesitan que hoy por hoy contemos con ellos, porque son abrumadores los datos de los servicios sociales y sanitarios de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que en el verano del año 2017 hubo un repunte del 13 % de ancianos abandonados a su suerte? ¿Saben ustedes que entre julio y agosto del año 2017, 1358 personas mayores, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, fueron abandonados sin tener en cuenta lo que les pudiera pasar? Ahora, en estos momentos, en el año 2018 se han abandonado 104 mayores más que en el año 2017, lo que hace que 1462 personas mayores hayan sido abandonadas a su suerte. ¿Ustedes creen que esto es justo en la sociedad de la información? ¿Ustedes creen que es justo en la sociedad de la comunicación? Realmente, nuestros mayores viven en soledad, más solos que nunca, en pleno siglo XXI. Ya nos hemos olvidado de que cinco generaciones vivían bajo un mismo techo y hoy ni siquiera una generación es capaz de soportar a las personas mayores, cuando tienen tanto que aportarnos, cuando tienen tanta sabiduría que darnos, cuando tienen tanto que decirnos para seguir construyendo la sociedad de las oportunidades del futuro.

Es verdad, señorías -no puedo obviarlo-, que estamos viviendo una gran transformación social. Además, afortunadamente para nuestra calidad de vida, hemos aumentado la esperanza de vida de cada uno de nosotros. En el año 2050 seremos, junto con Japón, uno de los países más envejecidos del mundo. Envejecer significa vivir, envejecer significa estar, envejecer significa que tenemos calidad de vida, pero ese envejecimiento tiene que ir acompañado de calidad, tiene que ir acompañado de vivir en una sociedad que haga posible que nuestros mayores estén presentes en la sociedad del siglo XXI. Además, señorías, hoy estamos en una sociedad en la que nos hemos olvidado de que cada una de esas personas mayores, hombres y mujeres, han dado lo mejor de sí mismos y, sin embargo, hoy viven solos. Porque no es lo mismo vivir solo que vivir en soledad. Hoy, desgraciadamente, en nuestro país contamos con casi un millón y medio de mujeres mayores que viven aisladas en su soledad. No lo dice esta parlamentaria, lo dicen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que de las 4 800 000 personas que vivían solas en España en el año 2017, 2 millones tenían más de sesenta y cinco años, y de estas, 1 410 000 eran mujeres, con un mayor impacto y exposición a la exclusión social. Además, la mayoría son mujeres que viven en la España vacía, que viven en la sociedad rural, donde las personas mayores ven cómo sus posibilidades de inclusión social e interacción con el entorno se reducen, revirtiendo todo ello en una peor salud física, mental y emocional.

Por ello, señorías, hoy voy a pedir a los distintos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, y también a los que no lo han hecho, que aprueben esta iniciativa porque esta iniciativa es de hombres y mujeres mayores de sesenta y cinco años, porque esta iniciativa es de hombres y mujeres que quieren ser escuchados, porque esta iniciativa tiene que mirar hacia los países de nuestro entorno comunitario y ver cómo los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido ya, sin ser sociedades más envejecidas que la nuestra, han puesto en marcha medidas para paliar la soledad de las personas mayores. Precisamente, el Gobierno neerlandés ha puesto en marcha el Plan de acción Uno contra la soledad, un plan importantísimo dotado con 28 millones de euros donde hace un mandato claro a los funcionarios para que protejan, para que asistan, para que vigilen, para que ni un solo mayor muera en soledad, para esos mayores de setenta y cinco años pertenecientes al país de los Países Bajos, valga la redundancia. Pero el Reino Unido también ha hecho un llamamiento a toda la sociedad y ha puesto en marcha la Secretaría de Estado para la Soledad, esa secretaría de Estado que va a trabajar también codo a codo con las personas mayores. Estos ejemplos nos deben concienciar, estos ejemplos nos han de obligar a hacer un llamamiento a todos nosotros pero también a la sociedad en general, para que actuemos con premura, para que demos cobijo y protección a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Los niños son vulnerables, pero cuando tienes sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco u ochenta años y vives en soledad, la vulnerabilidad es mucho mayor. Por eso tenemos que seguir trabajando por las personas mayores, por eso el Grupo Parlamentario Popular trae esta iniciativa, que está dentro del contexto de otras iniciativas que mi grupo parlamentario, como la última en la Comisión de Igualdad, ha presentado para hablar de las personas mayores.


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Termino, señor presidente, diciendo que nacemos solos y morimos solos, señorías, pero en el paréntesis la soledad es tan grande que necesitamos compartir la vida para olvidarla.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Quintanilla.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará también posición, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Las dos proposiciones no de ley que debatimos esta tarde en el Pleno del Congreso tienen como nexo común la política referida a nuestros mayores. La que con convincente entusiasmo acaba de defender la señora Quintanilla, del Grupo Popular, trata de impulsar acciones políticas ante la soledad crónica, asunto que en otros países es considerado de primer orden y, de hecho, alguno, caso de Gran Bretaña, ha creado una especie de ministerio contra la soledad, como se acaba de señalar.

El envejecimiento de la población, que en el caso concreto de Asturias ha alcanzado una categoría demográfica crítica agudizada aún más por una bajísima natalidad que, de no corregirse, profundizará en los problemas de aislamiento, y los problemas anejos, entre los que la soledad es uno de los más importantes, exige medidas muy amplias. En Foro nos parece que esta iniciativa planteada a principios de año se queda cortísima en comparación con la que se aprobó por amplia mayoría en la Comisión de Igualdad a finales de septiembre, y cuyo contenido de veinticinco puntos ponemos en valor y revalorizamos mediante una enmienda a la que hemos incorporado una llamada al Gobierno para que acometa la Estrategia nacional de personas mayores para un envejecimiento activo y para su buen trato 2018-2021, que fue aprobada hace un año por el pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores, órgano del que forma parte una amplísima representación de las administraciones, así como organizaciones, confederaciones, asociaciones y consejos autonómicos de las personas mayores.

En el examen realizado para elaborar esta estrategia nacional, al hablar de soledad se señala que el número de hogares unipersonales tiende a incrementarse en España, pero esta tendencia es mucho más pronunciada en el grupo de edad que mayores de sesenta y cinco años y, principalmente, las mujeres mayores. El dato ha sido refrendado por el Instituto Nacional de Estadística, que en abril publicó que en España una de cada diez personas vive sola y, de ellas, el 45 % son mayores de sesenta y cinco años, principalmente mujeres. Tan es así que el número de hogares unipersonales en esta franja de edad creció un 1,4 %, una cifra 0,3 puntos por encima de la media global.

La señora Quintanilla está elaborando un texto transaccional al que se incorporarán algunas de mis enmiendas, por lo que mi voto será favorable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.

Hoy el Grupo Popular nos presenta una iniciativa que nos insta a impulsar actuaciones dirigidas a concienciar a la sociedad sobre la soledad crónica. En Cataluña estamos muy concienciados; de hecho, estamos tan concienciados que asumimos el 80 % del gasto en dependencia, cuando en teoría el Gobierno del Estado español debería asumir el 50, y tan solo asume el 20 %. Así que a nosotros no nos hace falta concienciarnos; lo que hace falta son más recursos. Ojalá pudiera creer a la señora Quintanilla, pero con los antecedentes de su partido me es complicado. De hecho, cuando vi esta proposición del Grupo Popular me pareció una tomadura de pelo, porque mientras nos piden a nosotros que nos concienciemos, ustedes han despilfarrado mucho dinero público, y les voy a poner un ejemplo. Cuando su partido gobernaba se gastó 87 millones de euros para enviar piolines a Cataluña porque, cuidado, los ciudadanos de Cataluña querían votar. ¿Por qué no nos sentamos a hablar, señora Quintanilla? En vez de sentarnos a hablar, su partido optó por despilfarrar dinero público y, ya de paso, zurrar a aquellos ciudadanos de Cataluña que querían ejercer su derecho a voto. Insisto en que me gustaría creerla, pero, desafortunadamente, ustedes han despilfarrado para llenar el decorado del circo que se han montado.

Muchísimas gracias. Llibertat presos polítics i exiliats. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Nogueras.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente Giménez.


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El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

La soledad es un problema real que afecta a millones de personas en todo el mundo y que tiene un especial impacto por la cantidad de ciudadanos que lo sufren y por el desconocimiento de su situación en las democracias occidentales. Sin embargo, no existen aún datos concretos que señalen la incidencia real y las consecuencias del tema que nos trae hoy aquí el Grupo Popular, que habla de la soledad crónica en nuestro país. No tenemos aún datos ni de la tipología de las personas que están solas ni del rango de edad de los afectados, y sin estos indicadores no podremos abordar ni las medidas de choque ni destinar los recursos necesarios para abordar esta situación que es muy importante. Organizaciones del sector como Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, el Teléfono de la Esperanza, y Fundación Desarrollo y Asistencia avisan de que este problema no afecta solamente a las personas mayores, sino a toda la sociedad. Cada día más personas y de mayor rango de edad sufren la soledad. Este mal se hace común en las zonas rurales, siendo especialmente relevante en las zonas despobladas de la llamada España vacía, por motivos evidentes.

Las organizaciones que antes citaba señalan que el 60 % de las personas mayores de sesenta y cinco años que atendemos viven solas y muchas de ellas viven en un sentimiento profundo de soledad. España es el segundo país con más esperanza de vida tras Japón. El 1 de enero de 2018 en España residían casi 9 millones de personas con más de sesenta y cinco años, esto es, el 20 % de la población. Hoy mismo salía una noticia en un medio de comunicación en el sentido de que en este semestre de 2018 el número de nacidos era el menor de la serie histórica desde el año 1941, lo cual no ayuda para resolver el problema. En el año 1950 este porcentaje era solo del 7 % y en el año 2050, como ha dicho la compañera diputada Quintanilla, España será el país más envejecido del mundo. El porcentaje de hombres mayores que viven solos es del 20 %, mientras que en las mujeres se eleva al 33 %. Estas organizaciones han advertido también que el problema de la soledad crónica ya está suponiendo un importante reto, hasta el punto de que Gobiernos nacionales de nuestro entorno más próximo han creado estructuras dedicadas específicamente al asunto. También se ha comentado por varios ponentes anteriores el caso del Reino Unido, que ha creado un ministerio llamado de la soledad, y un dato -si no ponemos solución en España llegaremos a lo mismo que en Inglaterra-: el 75 % de sus ancianos viven solos, 200 000 de ellos llegan a pasar un mes sin tener ninguna conversación con un amigo o familiar o sin ningún tipo de interacción social. La soledad, además -creo que no se ha dicho hasta ahora-, posee importante repercusión en el plano médico. Expertos en la materia señalan que la soledad en personas afecta al plano físico y psicológico: depresión, inmunodepresión, demencia o presión arterial.

Para concluir, hemos presentado una enmienda que creemos que complementa de manera positiva esta iniciativa. Consideramos que se queda un poco corta en ambición y por eso esperamos que sea incluida en esta transaccional que han anunciado que están redactando. Voy a citar algunos ejemplos de lo que proponemos para luchar contra esta soledad crónica: llevar a cabo acciones de apoyo a las personas mayores en sus hogares mediante el impulso de la teleasistencia permanente y monitorización remota de los hogares para la detección de riesgo en las personas mayores más vulnerables o desarrollar, por ejemplo, nuevos modelos de alojamiento alternativo, fomentando -creo que sí se ha dicho anteriormente- una convivencia intergeneracional, por ejemplo, el modelo del cohousing. De esta forma, concluimos que las políticas sociales para prevenir y paliar la soledad crónica son mucho más que necesarias a través de la participación ciudadana, pero también a través de las administraciones. Política y voluntariado han de complementarse en la lucha contra esta nueva epidemia. El mayor reto de la sociedad española en el siglo XXI será afrontar su envejecimiento para que este sea activo, digno, carente de soledad y sostenible económicamente. Señorías, aún estamos a tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: El grupo proponente nos brinda la oportunidad con esta iniciativa de poner el foco en un fenómeno como este, el cual va en aumento y además ya forma parte de la agenda política de muchos países de nuestro entorno. La soledad no deseada se caracteriza porque las personas que la padecen presentan una falta o déficit de relaciones interpersonales y siente la soledad como algo obligado que les produce un sufrimiento profundo. Se trata tanto de un fenómeno social como de una experiencia fundamentalmente personal, por lo que su abordaje se vuelve muy complejo. En España casi 5 millones de personas viven solas y, de ellas, aproximadamente 1,5 millones sufren soledad no deseada.


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Por consiguiente, es una cuestión que debemos abordar cuanto antes y para los socialistas hacer frente a esta realidad es una prioridad. De ahí la iniciativa que presentamos el pasado 29 de octubre, que aborda esta problemática poniendo el acento en nuestras personas mayores. La soledad aumenta con la edad y depende de las expectativas de vida. Por tanto, son las personas mayores las que representan los porcentajes más elevados de soledad y también son las que manifiestan esta dolencia como una de las principales preocupaciones. Asimismo, muchas de estas personas son dependientes o tienen algún tipo de discapacidad, casi un 40 %, y no olvidemos que la soledad en personas mayores es, además, fundamentalmente femenina, casi un 72 % de mujeres.

Entendemos que el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud y del desarrollo económico. Además nuestro partido ha sido siempre impulsor y garante de políticas que mejoren la vida de nuestros mayores. El Gobierno de España trabaja en ello mediante la recuperación del Sistema de la dependencia, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la supresión de los copagos farmacéuticos o la recuperación de unas pensiones dignas. A modo de ejemplo: el aumento de la pensión media un 3,4 % con respecto al pasado año, las pensiones de viudedad casi un 5 %, y las pensiones no contributivas han crecido un 4, 9 %.

La soledad, señorías, es un nuevo desafío que tiene la sociedad moderna y que hay que prevenir, y por ello necesitamos una acción concertada. No solo hay que apoyar las iniciativas que están surgiendo en muchos ayuntamientos o comunidades autónomas desde la puesta en marcha de proyectos intergeneracionales comunitarios sino que debemos entender el fenómeno de la soledad no deseada como un problema social, político y económico cuyo abordaje debe ser integral. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, comprobando que su iniciativa se había quedado corta cuando la registraron, de hecho ustedes mismos lo reconocen porque se han autoenmendado, entendemos que no tendrán ningún problema en aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que pretende mejorar su enfoque e ir más allá. En ella planteamos que, con las comunidades autónomas de forma acordada, se elabore una estrategia estatal de lucha contra la soledad para conocer y afrontar este problema de una manera integral, que incluya, entre otras medidas, la mejora del conocimiento y de la información del fenómeno o el desarrollo de campañas para sensibilizar, concienciar e implicar a toda la sociedad sobre este fenómeno, poniendo siempre especial atención en la situación de las mujeres mayores. Con esta estrategia nacional queremos combatir este tipo de soledad que muchas personas ancianas están sufriendo en los pueblos. La despoblación, señorías, lo agudiza mucho más y así lo refleja el trabajo del Comisionado para el reto demográfico, que recientemente su comisionada Isaura Leal ha puesto sobre la mesa. Y también en las grandes ciudades, sin posibilidad de encuentro social y de intercambio generacional, bien sea en sus casas o en los centros residenciales en los que viven.

Hay que ponerse manos a la obra, así nos lo reclaman multitud de asociaciones de mayores e incluso el Defensor del Pueblo, porque es una realidad susceptible de empeorar. Como dijo la malograda diputada laborista Cox: No podemos estar dispuestos a vivir en un país donde miles de personas viven vidas solitarias olvidadas por el resto de nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sahuquillo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, buenas tardes a todos. El Partido Popular ha presentado una iniciativa que, a nuestro entender, tiene dos cosas: una, constata una realidad sin duda alguna, y, dos, no propone nada. Me explicaré.

Puede estar muy bien que pasemos la tarde hablando de las cosas, hablando incluso de los problemas, pero para lo que estamos aquí es para solucionar problemas, no para hablar y de alguna manera para hacer constataciones de realidades que lo único que hacen es que vengamos, hablemos y después veamos la parte dispositiva, que es de lo que nos tenemos que encargar nosotros aquí y ver que las soluciones propuestas son parecidas a la nada. Y tenemos que solucionar problemas siempre que seamos competentes para ello, porque a veces nos da por solucionar lo que no nos compete también.

En cualquier caso, lo que no se puede hacer es ser el adalid en la defensa de y no traer ninguna herramienta para, porque evidentemente después ha habido enmiendas que para evitar el sonrojo de alguna manera han querido atajar porque lo que se proponía era que fuéramos conscientes de este


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problema y concienciáramos a la sociedad. Yo creo que aquí estamos para algo más que eso. ¿Eso cuestiona que el problema que hemos traído aquí no existe? Por supuesto que no. ¿Es un problema grave? Por supuesto que sí. ¿Debemos atajarlo? Por supuesto. La realidad es muy dura en esta materia. Yo no soy muy de Bécquer, pero Bécquer en una de sus frases decía que la soledad es maravillosa cuando tienes a quién contársela, y creo que resume bastante bien lo que venimos a tratar hoy aquí. Tal y como se ha dicho -y no voy a repetir cuestiones que todos compartimos porque son constataciones de la realidad-, vivimos cada vez en una sociedad más globalizada, vivimos en una sociedad cada vez más individualizada, vivimos en una sociedad en la que cada vez aportamos más años a la vida aunque no sé si aportamos vida a los años en la manera de que cada vez tenemos más dependencia, y cuanta más dependencia tenemos, más necesitamos de otras personas, más invalidados podemos estar y es cuando más solos nos encontramos más de una vez.

Sin duda alguna los motivos pueden ser muchos, y ahora podemos hacer un largo análisis sociológico de la realidad, pero la sociedad ha cambiado, el modelo de familia ha desaparecido, la forma de entender los cuidados familiares ha desaparecido, todo eso ha cambiado. Podemos pasarnos horas llorando por aquello que fue y ya no es o podemos asumir que la realidad es otra y lo que hay que hacer es frente a la nueva realidad, nos guste más o nos guste menos. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Inventemos nuevos métodos sustitutivos, porque si los modelos han cambiado, las soluciones también tendrán que cambiar, igual a peor, pero es lo que hay. Algunos afortunadamente ya nos dimos cuenta de esta realidad hace ya muchos años y no hemos esperado a que vengamos aquí con una proposición no de ley diciendo que concienciemos a la sociedad porque si hubiéramos esperado a esto para empezar a hacer algo, estaríamos bastante peor de lo que estamos. En Euskadi hace ya tiempo que se tomaron medidas en esta materia, Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos juntos llevaron a cabo varios programas de detección en los que se incluyeron planteamientos como visitas a las personas mayores de ochenta años que viven solas, ayudas domiciliarias, mañanas en centros, un programa que se llama Lagunkoia, que en euskera quiere decir amigable, una sociedad amigable para que hagamos una comunidad cuidadora, que seguramente es lo más bonito que puede existir, que además de lo que la Administración haga, la comunidad se convierta en una comunidad cuidadora, colaboradora, que de alguna manera complemente a lo que no llega la Administración. Eso no es óbice para que no exijamos a la Administración, sea la que fuere la competente, que cumpla con lo que debe hacer. Mayores que ayudan a mayores son realidades que se están dando en Euskadi con gente como Nagusilan, que es una iniciativa fantástica, porque todavía hay mucha gente mayor con mucha capacidad y desgraciadamente otra mucha gente mayor no puede y es gente que colabora con otras personas.

Por lo tanto, sin duda debemos crear una comunidad que se preocupa por sus mayores y por sus no mayores, porque la soledad no solo atañe a las personas mayores. Hay mucha gente no tan mayor que vive en soledad, y no solamente en soledad, sino que olvidada. El cuidado mutuo hace que una sociedad sea integrada y avanzada. Las sociedades que se olvidan de los que no se ven tienen un alcance muy corto además de tener un alcance muy poco solidario. Señoras y señores, nos parece que este es un problema y lo tiene que atajar quien le corresponde atajarlo y creo que hay que tener un poco más de arreo y traer medidas que verdaderamente sirvan para solucionar este tipo de problemas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidente.

Soledad no es sinónimo de vivir solo, ¿eh? Vivir solo es una opción que te puede durar toda la vida. Y puedes vivir solo sin tener soledad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La soledad es un problema, incluso puede ser un elemento de enfermedad. Importante el paradigma, porque si no sabemos esto nos equivocaremos y usaremos unas estadísticas que no corresponden; no corresponden las estadísticas de vivir solo con las de la soledad. Hay asociaciones no gubernamentales que están trabajando en el tema de la soledad y que comentan que cuentan con pocos medios. La teleasistencia o el trabajo familiar no tienen que ver con la soledad o, fundamentalmente, no es esto. ¿Qué han hecho los británicos? Los británicos han hecho estudios sobre la soledad, mayoritariamente con gente mayor, sí, pero se da en todas las edades, y han llegado a una conclusión peligrosa, y es que la soledad se relaciona con problemas de salud, que la soledad tiene consecuencias graves, como el estrés o el tabaquismo, y que muchas de estas personas pueden estar en soledad viviendo con gente; tener soledad no significa solamente estar solo. Han llegado a la conclusión de


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que nueve millones de británicos están sufriendo soledad, y que no son solo los que viven solos, que son más. Un estudio exhaustivo ha llegado a la conclusión de que nueve millones de británicos sufren soledad. Por eso, han hecho un ministerio, porque ven que este es un tema específico en el que hay que trabajar.

El Partido Popular se ha dado cuenta ahora de que hay un problema pero, analizando mal el problema, da malas soluciones. Hace muy poco se aprobó una estrategia nacional para personas mayores y no había ni un solo capítulo sobre la soledad. O han visto la luz, que viene de Gran Bretaña, o, si no, no se entiende.

En el Estado español, que sepamos -he estado trabajado en esto-, no existe ningún estudio realizado a nivel estatal que muestre la prevalencia no de personas que viven solas sino de la soledad no deseada, del aislamiento social, que es otra cosa. No tenemos un mapa que muestre la soledad en España, especialmente de las personas mayores. Algunos ayuntamientos están trabajando en ello, como Madrid o Barcelona, esta última con el Projecte Radars, un excelente proyecto para empezar a trabajar, para tener conocimiento, porque si no aciertas en el diagnóstico te equivocas en las soluciones. ¡Pobrecitos abuelitos! ¡Por favor!, hay abuelitos que no son pobrecitos, que han trabajado toda su vida, que están en plenas condiciones, que quieren vivir solos, a lo mejor para no hacer de canguros -y está bien hacer de canguro, ¿eh?- y que quieren su soledad, que no es un problema de enfermedad sino de relación social: salen con sus amigos, van al cine y van a la biblioteca. Pero hay muchos otros que no, y con ellos debemos trabajar, y trabajar bien, con nuevos procedimientos. Los servicios sociales nos dicen que los programas tendrían que estar adaptados culturalmente, que tendrían que hacer que las personas trabajen en estos programas, que tengan en cuenta su individualidad -fundamental-, que los programas más adecuados son los que promocionan una vida activa y saludable y, por último, que los programas más adecuados son los que se realizan en grupo, dado que permiten compartir experiencias con otros asistentes, mejoran las habilidades de comunicación y establecen nuevas relaciones. En eso hemos de estar. Los servicios sociales nos indican que no es suficiente acudir al domicilio de la persona, como ya he dicho. Hay que involucrar a este ciudadano en el grupo; hay que darle autoestima; hay que hacerlo de muchas maneras, pero con los medios que tenemos no se hace. Hemos de ir a acciones integradas; en el propio barrio a ser posible. A lo mejor, tendremos que esperar a otra legislatura, pero yo espero que los Gobiernos que salgan de las próximas elecciones municipales sean, como han sido hasta ahora, un faro de alternativa y esperanza. En eso estaremos. Y permítanme que les diga que esto me ha sabido a poco; incluso con la autoenmienda, a muy poco.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.

Verán, no deja de resultar curioso que aquellos a quienes debemos la Ley mordaza, la segunda reforma laboral y los recortes en nuestro sistema del bienestar, y además a quienes vemos cada día intentar llegar con sus posiciones de ultraderecha a una mayor tristeza en nuestro país, ahora les preocupe la soledad crónica. Casi les diría aquello que les cantaba Nacho Vegas: Nos quieren en soledad y nos tendrán en común. Pero por responsabilidad parlamentaria habrá que dar una explicación más larga que la propia parte propositiva de esta proposición no de ley; en fin, esto no es muy serio.

Verán, no sé muy bien a qué consideran ustedes que se debe esta situación de la soledad crónica, ya que no plantean ni causas ni propuestas, pero para nosotros está claro; hay dos factores fundamentales que tienen que ver con los estereotipos de género y de edad, y con el modelo productivo; y ambos no es que nazcan en las sociedades de una manera espontánea y casual en las instituciones, sino que tienen que ver, y son producto directo, con nuestras leyes y con nuestras políticas. Han insistido muchísimo en la presentación de esta proposición no de ley en la idea de que esto afecta más a las personas mayores, pero lo resuelven haciendo así (da dos palmadas sacudiéndose las manos) diciendo que esto ocurre con independencia de la edad o del género. ¿De verdad les ha pasado por alto que es preciso que esto se aborde desde una perspectiva de género? Citan al INE, dejan muy claro que ahora mismo la feminización de la población mayor es un hecho y, sin embargo, no pasan por la perspectiva de género, que implica romper los estereotipos y no pensar solo en las mujeres mayores como cuidadoras o solas porque ha fallecido la persona a la que estaban cuidando o que se ha quedado viudas; pasa por romper esos estereotipos abordando la división sexual del trabajo; esa misma cosa por la que cuando registraron esta PNL dijeron que en eso no se iban a meter.

Si enfatizan en las personas mayores, no me queda muy claro qué análisis hacen, porque además de una mirada paternalista sobre unas generaciones que nos dan mil vueltas en experiencia de vida, lo que


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vemos también es que hay estereotipos sociológicos que han incidido mucho en nuestra sociedad, como la inutilidad, el aislamiento, la improductividad, toda esa retórica que tiene que ver con el sistema productivo, y que en el momento en el que dejan de servir en ese sistema productivo quieren que se conviertan en inútiles a nuestros ojos. Así, no es raro que haya estudios que digan que quienes tienen una mirada más negativa hacia las personas de mayor edad son, precisamente, las personas más jóvenes.

Por cierto, ¿se han preguntado sobre la soledad entre las personas más jóvenes? ¿Se han preguntado siquiera que la soledad, quizá, no tiene que ver con el hecho de vivir solo o sola en una casa? (Aplausos). Yo me quedo con la España que retrata Icíar Bollaín en El olivo, esa España del 15-M que miró a la generación de sus abuelas y abuelos y que no ha dejado de hacerlo desde entonces, porque estamos necesitadas de memoria, de conocimiento de las luchas que nos trajeron derechos y que se han borrado; se han borrado los nombres de quienes lograron todos esos derechos. La España, en la que el personaje que interpreta Ana Castillo intenta mantener vivo el recuerdo y además el proyecto de su abuelo, que tiene que ver con el arraigo de un olivo, sí, pero también de un pueblo.

Así, aprovecho para hablar de los pueblos, porque asumen que, sobre todo, esto se debe a la zona rural. Hoy le preguntaba a la escritora María Sánchez si a ella le parecía esto así, y me decía: ¡Hombre!, sí, puede ser que una persona que vive sola en un pueblo, además se sienta sola. Pero pensar que esto ocurre más en el mundo rural no deja de ser una mirada muy urbanita, que no tiene nada que ver con cómo se tejen los lazos de relaciones dentro del rural, y además sería un detalle que dejásemos de hablar de la España vaciada o vacía y empezásemos a decir por qué, o a poner sobre la mesa las experiencias de los pueblos que sí están vivos, más que nada porque si quitamos escuelas y hospitales se vacía cualquier parte de España, y eso tiene que ver con hacer políticas públicas que coloquen las vidas en el centro. (Aplausos).

En el tiempo que me queda me van a permitir que cuente una pequeña historia personal. Mi güela -mi abuela- vive en la cuenca minera y hace unos cuantos años decidió hacer un curso de Internet para gente mayor, en Mieres, y un día me contó que no sabía si hacer ese curso porque había puesto las manos encima del teclado del ordenador y las había visto tan feas -esas manos, que cuidaron tres generaciones, que trabajaron la tierra; manos productivas y reproductivas y también invisibilizadas, como las de tantísimas mujeres- que le dio vergüenza. Pero, eses manes guapes y esa güela vencieron ese miedo e hicieron el curso, un taller para personas mayores público y gratuito en Mieres, porque no se trata de que tengamos abuelas valientes, con mucho arrojo, echadas para delante y dispuestas a vencer estereotipos sociales; se trata de que tengamos políticas públicas que aseguren el acceso a la participación económica y social, a la plena dignidad, al bienestar físico, mental, emocional, a alojamientos que no generen situaciones de dependencia sino de autonomía.

Vamos, que podían cogerse ustedes a lo que dice la Organización de Naciones Unidas en su Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y enriquecer así su propuesta, que es únicamente una línea. Y podrían además darle una vueltita a lo que podemos hacer con nuestros medios de comunicación y con nuestra idea sociocultural para favorecer el diálogo intergeneracional, que sí existe, pero también hay que darle visibilidad y espacio. Y, sobre todo, dos cosas: esto no va de concienciar para que saquemos tiempo de nuestras precarias vidas para cuidar a los nuestros. Esto no va de responsabilizar ahora a los jóvenes porque no tienen tiempo en esos trabajos de modelo liberal que les obliga a trabajar por cuenta propia de manera esclava, porque no podemos cuidar a nuestros abuelos y abuelas. Esto no va de que lo asuman las familias, porque además ya sabemos sobre qué hombros cae siempre y qué precio tiene para la salud y para la vida. Y tampoco pretendan confundir a la población llamando soledad a lo que es precariedad, a lo que es pobreza energética o directamente una ausencia completa de proyecto de país. Intentaron hacernos creer que su estafa, la crisis, era culpa nuestra. No intenten responsabilizarnos ahora de nuestra tristeza por un país que ustedes han saqueado a manos llenas. Ni nos van a seguir robando la alegría ni vamos a dejar que nos carguen con la culpa de lo que le están haciendo a nuestra democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Quintanilla Barba si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señora presidenta. Estamos trabajando en una transaccional que, cuando lleguemos a un acuerdo, le haré llegar a la Mesa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PLAN DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES. (Número de expediente 162/000595).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Buenas tardes.

Ayer celebramos el 70.º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una fecha que nos permite poner en valor lo conseguido, pero que nos recuerda a los poderes públicos y a la ciudadanía el camino que nos queda por recorrer en el cumplimiento y en el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.

El maltrato de las personas mayores es un problema social que supone una flagrante violación de los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. En 2002 la Organización Mundial de la Salud consideró el maltrato a las personas mayores como una violación de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, de enfermedades, de aislamiento y desesperación, y planteaba que enfrentarse a ese maltrato requería de un enfoque multisectorial y multidisciplinar. Podemos, por tanto, afirmar que los malos tratos a personas mayores constituyen un problema importante de salud pública que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono y el menoscabo grave de la dignidad y falta de respeto.

Actualmente en nuestro país más de la sexta parte de la población ha superado la edad de jubilación y como consecuencia del progresivo envejecimiento más de una cuarta parte de la misma la habrá alcanzado en los próximos veinte años. Una de cada cinco personas en España es mayor de sesenta y cinco años, el 19 % de la población total. La mayor esperanza de vida de la población nos reta a trabajar para que las personas mayores no solo vivan más sino que lo hagan en mejores condiciones. El maltrato a las personas mayores es un problema que nos afecta a todos y a todas y de esta manera debemos sentirnos interpelados. Así nos lo están exigiendo los organismos internacionales, el Defensor del Pueblo y las principales asociaciones de mayores de nuestro país. Ya en 2002 fue aprobada en Madrid, en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de la ONU, una declaración política y su plan de acción internacional en el que se recogía como primer objetivo la eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia contra las personas de edad.

A pesar de que este tipo de maltrato ha sido un tema tabú tanto en el ámbito doméstico como en el institucional, comienza a ganar visibilidad como problema social en nuestro país y en todo el mundo. Aun así, sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios y de los que menos información manejamos. Se calcula que una de cada diez personas mayores ha sufrido maltrato en el último mes, y el riesgo se multiplica por diez en el caso de las personas mayores dependientes o con algún tipo de discapacidad. Sabemos que esta cifra queda muy por debajo de la realidad, puesto que se estima que solo es denunciado uno de cada veinticuatro casos. Como recuerda nuestra iniciativa, los que sufren este tipo de maltrato no llegan a ser conscientes de ser víctimas o no saben o no tienen los recursos a su alcance para denunciarlo. Aun así, en el año 2017 se incrementaron un 6,8 % los casos de las personas mayores de sesenta y cinco años víctimas de agresiones en el ámbito familiar. Entendemos que este aumento se debe también a que comienzan a incrementarse las denuncias por parte de las víctimas y de sus familias.

Nuestro grupo parlamentario registró esta iniciativa en febrero de este año, después de que nos alertasen de situaciones graves de maltrato en la Comunidad de Madrid que fueron denunciadas por familiares de personas mayores alojadas en residencias públicas tanto de gestión privada como de gestión pública. Para los socialistas luchar contra el maltrato y el abandono de nuestras personas mayores es una prioridad y trabajamos para su erradicación definitiva. Por ello, tanto nuestro grupo parlamentario como nuestro Gobierno estamos convencidos de la necesidad de abordar este problema social desde un enfoque transversal que nos permita hacer frente a todos los tipos de maltrato existente, siempre teniendo muy en cuenta la situación de nuestras mujeres. Por eso, la ministra de Sanidad anunció, entre las líneas de su ministerio, el impulso de una estrategia nacional para mujeres mayores vulnerables. Esta medida responde a las peculiaridades que sufre este colectivo porque, por ejemplo, las mujeres que viven solas son casi el 75 % de los mayores; son también mayoritariamente las perceptoras de pensiones no contributivas, además de otras circunstancias que sufren las mujeres mayores y que son causa de especial


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vulnerabilidad, caracterizadas además por presentar multipatologías y concretar el mayor riesgo de pobreza.

Por ello, resulta necesaria la adopción de un enfoque transversal de todas las políticas públicas que tenga en cuenta las relaciones de género en la vejez y que muestren la heterogeneidad del proceso de envejecimiento entre mujeres y hombres a fin de romper definitivamente con el modelo patriarcal y unívoco que no ha hecho visible el de las mujeres mayores. En sentido similar, conviene además aplicar un enfoque desde el punto de vista poblacional, en el sentido de que este problema resulta aún más grave en el ámbito rural, donde el acceso a los servicios básicos y a los recursos resulta más complicado y donde también existe una mayor presión social. Por eso, solicitamos la elaboración de un plan que no solo se centre en el abordaje sino también en la prevención a través de la adopción de medidas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad y el desarrollo de un mejor conocimiento científico y estadístico que mejore su tratamiento.

A esta proposición no de ley que hemos planteado desde el Grupo Socialista se han presentado varias enmiendas por el Partido Popular, Ciudadanos y Foro y estamos trabajando en una propuesta transaccional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Esta proposición no de ley, que al igual que la anterior gira en torno a las personas mayores, nos plantea un asunto que también resulta de especial importancia. De hecho, a principios de marzo ya tuvimos un debate en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el que se alcanzó un acuerdo cuyo contenido considero que es muchísimo más amplio que el planteado inicialmente por el Grupo Socialista. Por tanto, para que en la defensa de los derechos de las personas mayores y el combate contra los malos tratos no rebajemos el énfasis que conseguimos y alcanzamos en aquella Comisión, mi enmienda va en la línea de poner en valor aquel acuerdo ampliamente respaldado y no quedarnos solamente en la elaboración de un plan en una materia en la que ya existe precisamente abundante planificación. De ahí que resulte imprescindible que esta iniciativa haga referencia expresa a la amplísima y detallada línea de actuación específica para evitar el maltrato y los abusos que se contiene en la Estrategia de personas mayores para un envejecimiento activo y para su buen trato 2018-2021, aprobada hace poco más de un año y que contiene del orden de medio centenar de medidas para responder a la sensibilización de la población, toma de conciencia y formación de los profesionales, a la generación e implantación de recursos, a la investigación y generación de conocimiento y también a la actualización de la legislación en esta materia, objetivo que también nos convoca a los legisladores mediante un buen número de medidas.

En definitiva, señorías, ante un asunto trascendente en el que España no puede ponerse de perfil, y de hecho en este siglo hemos sido anfitriones de varios acontecimientos mundiales en los que se alcanzaron importantes acuerdos políticos en favor de las personas mayores y singularmente contra los malos tratos, hoy y para siempre toda la sociedad española está convocada para afrontar la protección de nuestros mayores, y desde Foro creemos en la necesidad ineludible de desarrollar una actuación integral contra el maltrato a los mayores en prevención, protección y asistencia a las víctimas.

La señora Ramón Utrabo acaba de comunicar que va a tomar en consideración alguna de las enmiendas presentadas, pero en todo caso, ante un asunto de tanta trascendencia, mi voto será favorable.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.

Proponer planes estatales uniformes a nosotros nos parece más un síntoma de la incapacidad de aprovechar los activos que tenemos, y tenemos muchos. Lo que realmente hace falta es hacer difusión de las buenas prácticas, que también hay muchas. No se trata, como plantean ustedes, de acertar todos o de equivocarnos todos, se trata de ser capaces de poner encima de la mesa todos aquellos casos de éxito y también ayudar a replicarlos, y para fomentar casos de éxito lo que nos hace falta, insisto, son más recursos. Pero parece que este


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Gobierno, como el anterior, también prioriza gastarse el dinero público en otras cosas, como por ejemplo pagando medio millón de euros para la defensa de un solo juez, además desacreditado internacionalmente; también enviando cuatrocientos efectivos a Cataluña cuando en Cataluña lo que hay es un conflicto político, no un conflicto violento, y ustedes lo saben, y como ustedes lo saben son aún más irresponsables.

Cumplan con sus responsabilidades; y sus responsabilidades no son amenazar a consellers que hacen sus funciones. Tampoco es alimentar un relato que ustedes saben que es falso. Dejen de callar ante la dejadez de funciones -esto sí- del Tribunal Constitucional, porque hoy la vergüenza del país es que hay cuatro presos políticos en huelga de hambre porque denuncian el bloqueo del Tribunal Constitucional a la justicia internacional. Y ustedes callan y, además, participan del peligroso juego de homologar a la ultraderecha.

Termino. Sean ustedes responsables. Expliquen a los ciudadanos españoles que aquellos que queremos ejercer nuestro derecho a decidir el futuro político de nuestro país votando no somos terroristas. Sean responsables y expliquen ustedes a los ciudadanos españoles que los fascistas y machistas de Vox y compañía no representan el país que ustedes quieren dejar a sus hijos e hijas. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Señorías, quisiera primero precisar a la señora Nogueras que doscientos señores encapuchados tirando vallas... Veo que se va. Me lo voy a ahorrar.

Señorías, hoy venimos aquí a tratar en esta sesión de tarde un poquito especial otro tema sobre nuestros mayores. Es un momento siempre bonito para ponerse espléndido y hablar del bien y de que todos somos partidarios del bien y del buen trato, pero me van a permitir que haga una reflexión en primera persona del plural en nombre de todos los diputados que estamos hoy aquí. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros mayores? Pues no hay que remontarse muy lejos en este sitio en que tanto se habla de la memoria histórica. Hace seis días se celebró en este Congreso de los Diputados una sesión para honrar a nuestros mayores, a aquellos que habían hecho política cuando era difícil, a aquellos que se habían dejado la vida en unas situaciones muy peculiares. Sentamos en primera fila -eso es verdad- al rey emérito y a los ponentes, pero ¿qué hicimos con los diputados mayores? ¿Qué hicimos con aquellos supervivientes de la Transición? Los llevamos al gallinero para que no nos quitaran plano. Así es como tratamos a nuestros mayores. (Aplausos).

Les voy a decir una cosa que es aún peor. A veces se habla aquí del maltrato como una cosa que hacen terceras personas, pero me gustaría hablarles del maltrato institucional, del maltrato que hacen nuestras administraciones. Miren. (Muestra una fotografía con una persona atada a una cama). La he puesto en blanco y negro porque en color es muy crudo. Así es como tratamos a nuestros mayores en las administraciones públicas de este país. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza porque entre el 10 % y el 20 % de los mayores que viven en residencias viven con sujeciones, casi un 40 % en los centros geriátricos y entre el 60 % y el 80 % de los pacientes con demencia senil. Viven atados a una cama o a una silla. Eso es maltrato y es una vergüenza. Además, ¿saben lo que pasa? Que esta práctica no mejora las fracturas; hay más fracturas. Produce más atrofia y más deterioro cognitivo y, sobre todo, produce mucha más indignidad. Es así como estamos tratando nosotros a nuestros mayores. Por esa razón muchas asociaciones fundaron la Plataforma Sin Sujeciones en este país hace ya un año. Por esa razón más de seiscientos centros han conseguido demostrar que se puede abandonar la práctica de las sujeciones. Y por esa razón Ciudadanos presentó en este Congreso de los Diputados hace ya casi dos años una proposición no de ley para retirar las sujeciones en nuestro país; y después otra en la Comisión de Sanidad y después otra en cada una de las comunidades autónomas en las que tenemos representación. ¿Y saben lo que hicieron ustedes, señores del PSOE, que han comentado lo preocupados que estaban por el maltrato en Madrid? En la Comunidad de Madrid presentamos esta proposición no de ley y ustedes se abstuvieron. ¿Saben por qué? Porque, probablemente, estos señores no votan y como no votan -pero sí que votan los cuidadores y sí que votan los enfermeros, pero estos señores no votan- ustedes se abstuvieron, y también se abstuvieron en Santander. Eso es una indignidad. Por eso nosotros hoy, aprovechando esta proposición no de ley, queremos volver a traer el asunto al debate, porque queremos acabar con el maltrato institucional que esta práctica supone.

Hoy es un día un poco especial para mí, hoy se ha muerto Alberto, un paciente de ochenta y tantos años, que es el padre de una de mis mejores amigas. Llevaba con demencia senil varios años en su casa,


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con las únicas ataduras del cariño y el amor de sus hijos. Espero, señores del PSOE, que ustedes acepten nuestra enmienda, pero, sobre todo, espero que traigan de una vez a esta Cámara algo que no sea una declaración de buenas intenciones, que no sea una PNL, que no sea un simple deseo. Ustedes son ahora el Gobierno y son ustedes los que tienen que traer un decreto para acabar de una vez con esta práctica. Entonces sí, señores del PSOE, les diré yo mismo que son ustedes el Gobierno de la dignidad. Hasta entonces, ustedes son solo un Gobierno de PNL, un Gobierno cuyo única urgencia social es que no les desahucien de la Moncloa, que no les bajen del avión.

Señores del Partido Socialista, libérense de sus ataduras, de esas ataduras que les atan a soñadores de pesadillas eslovenas y liberen a todos los españoles de estas ataduras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Bolarín Sánchez.

La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Señorías, buenas tardes.

Si bien es cierto que esta tarde estamos aquí discutiendo sobre una realidad social y oculta, no lo es que el debate sea nuevo, ya que esta Cámara, a iniciativa de mi grupo parlamentario, ha puesto el foco de atención sobre el maltrato a las personas mayores ya desde pasadas legislaturas; una preocupación que ha tenido continuidad también en la duodécima. Señorías, les recuerdo que en marzo de este año se trató una proposición no de ley para establecer la lucha contra los malos tratos a las personas mayores como objetivo prioritario en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y hace dos meses y medio se volvió a traer a la ahora llamada Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social una proposición no de ley sobre el maltrato a las personas mayores en España, ambas aprobadas, y que pretendían revelar la situación que viven muchos mayores en nuestro país y solucionar la misma.

Señorías, ¿qué ha hecho el actual Gobierno con el mandato parlamentario? Permítanme que les responda: nada y nada es nada. A día de hoy no ha dado cumplimiento a lo acordado mientras que uno de los grupos parlamentarios que lo sostiene tampoco ha hecho mucho, porque en lugar de exigir la ejecución de las citadas proposiciones no de ley, lo que hace es insuflar oxígeno al Gobierno proponiendo cosas en las que deberían estar trabajando.

Una vez dicho esto, en un ejercicio de coherencia y responsabilidad política, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa. Eso sí, esperando que tengan en cuenta nuestras aportaciones, que no son otras que las aprobadas junto a ustedes el 26 de septiembre. Más allá de las diferencias que nos separan debe estar lo que nos une, como lo es en esta ocasión el bienestar de nuestros mayores. En estos días, en que celebramos el 40.º aniversario de la Constitución, quiero poner de relieve el lugar que ocuparon en nuestra Transición, en nuestra historia más reciente las personas que ahora son mayores; ellos desempeñaron un papel esencial en la construcción de nuestra historia, de nuestra España democrática, acción que los encumbra como uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Por tanto, los poderes públicos estamos en deuda con ellos y, como deuda reconocida, es nuestra obligación pagarla adoptando todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar su bienestar.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que nuestra sociedad se enfrenta a uno de los mayores desafíos mundiales, como es el envejecimiento de la población. Por primera vez nos encontramos ante un escenario en que la población anciana es mayor que la población joven. Reconocer ambas premisas y garantizar la calidad de vida de todos los mayores ha sido una prioridad para mi partido desde siempre por convicción y compromiso, así como dar respuesta a sus necesidades y asegurar los medios necesarios para fomentar un envejecimiento activo y de calidad. Sin embargo, y por desgracia, todavía existen actitudes intolerables hacia esas personas como son los malos tratos, que muchas veces ocurren ante un desesperante e injusto silencio a los que hay que poner remedio. Las cifras de las que disponemos hasta 2017 nos indican que un 7 % de los mayores de sesenta y cinco años residentes en España sufren o han padecido algún tipo de abuso, pero estos datos pueden ser más elevados ya que, como ocurre con otros tipos de maltrato, en la mayoría de las ocasiones nunca se denuncia. Por lo tanto, esta tarde estamos arrojando luz sobre un colectivo muy frágil y muy vulnerable y por ese motivo, es de máxima importancia prestarles y proporcionarles la máxima atención y protección en todos los ámbitos, más aún cuando hablamos de mujeres o personas con discapacidad o en situación de dependencia ya que en esos casos nos podemos encontrar ante situaciones en las que se produciría una doble o triple vejación.

En consecuencia, solicitamos que el Congreso inste al Gobierno a poner en marcha, en el ámbito de sus competencias y con la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas


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mayores, un plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores que aborde todos los tipos de malos tratos en los diferentes entornos en que se producen, teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia. Además, considerando las medidas que proponemos a través de nuestra enmienda, es un gran paso en la buena dirección ya marcada por mi grupo parlamentario, pero, como dije al comienzo de mi intervención y todos sabemos de buenas intenciones, por ese motivo es imprescindible que el Gobierno dé cumplimiento a lo acordado esta tarde y no lo ignore, tal y como ha hecho con las proposiciones de mi grupo parlamentario.

Termino, señora presidenta. Señorías, el maltrato a las personas mayores es un gran drama que ha preocupado y ocupado de manera permanente a mi grupo parlamentario a lo largo de todas las legislaturas. Por ese motivo reitero nuestro sí a la iniciativa que debatimos esta tarde esperando que la misma no caiga en saco roto.

Buenas tardes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista nos trae una proposición no de ley que parece que es un continuum de la anterior, no lo digo con ánimo de crítica, sino que parece que hemos hecho una especie de monográfico sobre situaciones problemáticas de las personas mayores. En cualquier caso, el Grupo Socialista nos propone una PNL a la que hacemos una lectura bastante parecida a la que hacíamos a la proposición no de ley anterior del Grupo Popular. Esta proposición no de ley constata unos hechos, sin duda alguna reales, y plantea una solución bastante inocua, bastante estéril.

Oído antes al señor Sahuquillo y visto lo que han dicho ahora, parece que ustedes todo lo solucionan con planes nacionales; donde hay un plan nacional, ya está, solución. Me da bastante pena ver que los anteriores intervinientes -he escuchado a muchos, no a todos- lo que han hecho es repetir constataciones de la realidad que todos conocemos, pero soluciones a la problemática tan grave de la que se está hablando -y que lo es-, pocas. O no somos capaces o quizás no es este el lugar -yo comparto que en muchas cuestiones no es este el lugar para ello, porque el ámbito competencial donde corresponde solucionarlo es otro-, pero, en cualquier caso, no me parece que sea ese el ánimo de quienes me han precedido. Por tanto, soluciones pocas se han dado aquí.

Podemos hablar largo y tendido de la situación de las personas mayores y del maltrato que padecen muchos de ellos. Es una constatación, sin duda alguna, pero creemos -vuelvo a reiterarlo- que la solución que propone el Grupo Socialista no es la más eficaz. No digo que no sea bienintencionada, pero no es la más eficaz. ¿Por qué? Porque deposita en el consejo interterritorial unos quehaceres que no le corresponden. El consejo interterritorial -en este caso el de Servicios Sociales, pero lo mismo podríamos hablar del de Educación o el de Sanidad- no es una asamblea en la que se decida qué hacemos y, según las mayorías que salgan, las comunidades autónomas aplican lo que el consejo interterritorial decida; el consejo interterritorial no tiene ninguna capacidad jurídica superior a la de los estatutos de autonomía. Por lo tanto, los consejos hablarán, plantearan temas, pero cada comunidad autónoma hará lo que estime oportuno y lo que es competente en su materia, y en este caso lo es. Por tanto, el consejo interterritorial será un elemento para escuchar y para plantear. Así pues, es un error lo que ustedes plantean, que sea el consejo interterritorial el que solucione esto.

Además de que digo que no puede mandar lo que deben hacer las comunidades autónomas, gracias a Dios, afortunadamente, algunas comunidades no están esperando a que el consejo interterritorial haga ese famoso plan nacional para actuar. En Euskadi, por ejemplo, esto no nos ha pillado mirando para otro lado. Afortunadamente, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, incluido el Partido Socialista, que ha contribuido haciendo cosas en materia de servicios sociales y en materia de prevenir y combatir el maltrato a las personas mayores. Hace tiempo ya que el Gobierno vasco -en realidad, más que el Gobierno vasco las instituciones vascas en común- creó este procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos en personas mayores en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Todo este trabajo interinstitucional no solo constata una realidad; no, plantea criterios para prevenir, para detectar y para intervenir, porque creo que es bastante importante que se sigan los tres pasos. En su preámbulo se dice en un momento dado que el maltrato a las personas mayores ocurre muchas veces incluso no intencionadamente. Hay personas que padecen cierto tipo de maltrato y los maltratadores no lo han hecho


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conscientemente. Por tanto, es importante saber que esas personas mayores incluso no saben que son maltratadas. Deben saber qué tipo de maltrato sufren, porque no solo hay maltratos físicos; hay también maltratos emocionales, económicos, de gestión de sus recursos, etcétera, que afecta a muchas personas mayores que, de buena voluntad, depositan su confianza en otras y después acaban padeciendo maltrato.

Esta realidad y otras más son detectables, han de prevenirse y hay que actuar sobre ellas, porque, si no actuamos, lo único que hacemos es hablar. Parece que hoy estamos para hablar de cosas maravillosas, pero de solucionar, poquita cosa en lo que se refiere a esto. A las medidas para atajar deben contribuir los servicios sociales de base, debe actuar la comunidad. Esto lo uno con lo que decía anteriormente: la capacidad de detección no puede estar solo en manos de la Administración, debemos crear comunidad que sea capaz de atajar estos problemas, que sea capaz de detectar y que sea capaz de prevenir. Por tanto, dejemos trabajar a quien corresponda en esta materia. En el caso de Euskadi, las diputaciones, los ayuntamientos y el Gobierno vasco creo que han hecho una labor fantástica con la colaboración de muchísimos profesionales. Dejemos que sigan trabajando y en las comunidades autónomas que son competentes que lo sigan haciendo también. Parece que son mucho más eficaces que los planes nacionales en el consejo interterritorial que, por ahora, no sé si valen para algo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Presidenta, diputats i diputades, hay que decirlo claro: hasta que no hemos entrado en el siglo XXI el maltrato a la gente mayor no existía, parecía que no existía. La Organización Mundial de la Salud trata el tema en el 2002, en la Declaración de Toronto, antes no existía este tema, y aún hoy la existencia de malos tratos a las personas mayores no ha sido todavía suficientemente reconocida. Si no, hoy no hablaríamos de este tema aquí, ya lo tendríamos trabajado y solucionado en muchos ámbitos, pero sí hablamos, nadie puede negar que hablamos de este tema y de temas que no tienen nada que ver con este tema, por unos u otros, que nada tienen que ver con este tema. Miren, en la misma Declaración de Toronto se recogen diferentes formas de maltrato: el físico, el psicológico, el emocional, el sexual, el financiero o simplemente reflejar la negligencia intencionada o no intencionada, como aquí se hablaba. Pero a estas formas de maltrato en estos últimos años se ha añadido el maltrato institucional. Sí, señor Igea, tiene razón, hay maltrato institucional y hay prácticas deleznables que tendríamos que erradicar. Pero, habrá que ponerse en el tema, como también en el abandono y vulneración de derechos de la gente mayor o como la propia autonegligencia, que también existe.

En el mundo aumenta el número de personas mayores y este es un buen síntoma, el mal síntoma es que aumenta la desigualdad y esto afecta a los más vulnerables, porque cuando hablamos de gente mayor hemos de hablar de gente mayor vulnerable, que es la que está sufriendo, porque hay gente mayor en direcciones de banco que no los sacas ni con lejía, ¿me explico? Hay gente mayor que no solo no recibe maltrato, sino que maltrata a mucha otra gente y no pasa nada. (Aplausos). Para ello es preciso conocer, describir, definir los malos tratos que sufre este colectivo vulnerable al objeto de prevenirlos y evitarlos. Nos encontramos ante un fenómeno de dimensiones, decía, aún poco conocidas. Usamos estadísticas que sirven para un tema y también para otro, pero negamos a las universidades los medios de investigación para darnos los medios necesarios y los trabajos para hacer buenos diagnósticos. (Rumores). El problema requiere adoptar medidas sociosanitarias, policiales, de carácter transversal para erradicarlo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor OLÒRIZ SERRA: En los últimos doce años en Cataluña -no es por presumir, simplemente es la comunidad que conozco, nada más que esto, seguro que en otras partes también se han hecho cosas importantes- empezamos con protocolos, protocolos de carácter provincial reuniendo a magistrados, fiscales, policías de los diferentes tipos de policía que tenemos, servicios sociales y administraciones, porque protocolizar significa trabajar transversalmente. En Girona lo hicimos en 2007, hace once años; formé parte de ello y estoy muy orgulloso. Pero también esto nos permitió un protocolo a nivel de Generalitat en el 2012. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.


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El señor OLÒRIZ SERRA: Y esta situación nos ha permitido que hace muy poco el Ayuntamiento de Barcelona, liderando el conjunto de administraciones, haya hecho un procedimiento específico de actuación sobre maltrato a las personas mayores, el Consorcio Sanitario de Barcelona. (Rumores). Este es el camino. No se trata de grandes discusiones en este Congreso, significa facilitar los medios de información, de trabajo transversal, sin suspicacias entre administraciones, para que este objetivo que es la prevención del maltrato de personas mayores sea realmente competencia de todos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor OLÒRIZ SERRA: En eso estamos algunos porque podemos andar y comer chicle, porque podemos ser independentistas y tener un profundo sentimiento por la mejora social, y porque no hacemos de los temas pretexto para otros. En eso estamos y estaremos. No diremos que no a la propuesta del Partido Socialista, pero, como decía antes, sumar y seguir, este es el camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Marcello Santos.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Hoy el Partido Socialista nos propone que acordemos iniciar un plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. El mero hecho de que hoy estemos hablando de esta realidad ya es en sí mismo muestra del fracaso que somos como sociedad, no porque estemos debatiendo sobre ello sino por la existencia de esta realidad en sí misma. Las personas a lo largo de la historia de la civilización se unieron por dos motivos: uno, para protegerse y defenderse de los animales de manera colectiva y, dos, para cuidar a los más débiles de las comunidades. Si partimos de esta tesis, de que los más débiles de una sociedad son las personas de avanzada edad, podemos afirmar que es una auténtica aberración como sociedad avanzada -que es como nos hacemos llamar- que hoy estemos viendo cómo nos enfrentamos a esta realidad tan dura como es la violencia hacia nuestros mayores. Y nos guste o no, esta realidad sigue siendo un tabú tanto en la sociedad como en el ámbito profesional; se sigue considerando un problema interfamiliar, pero no solo no se habla en el ámbito familiar, sino que tampoco se habla en el ámbito profesional y hasta hace muy pocos años no se le ha dedicado la atención y la investigación que precisa. Este desconocimiento hace que sea difícil hacer estimaciones precisas sobre la prevalencia de los malos tratos o la negligencia hacia las personas mayores. Pero, a pesar de esos escasos estudios, existen estadísticas que cifran que en nuestra sociedad, de cada seis personas mayores, una sufre algún tipo de maltrato, y la propia Organización Mundial de la Salud afirma que, según las previsiones, esta cifra irá en aumento debido al envejecimiento de la población. Por tanto, nos parece bien esta iniciativa y la apoyaremos, pero estamos empezando a dar pasos, empezando a reconocer que esta realidad existe y por eso es necesario legislar, y el título de su proposición no de ley suena bien: prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. La música también suena bien porque habla de que hay que hacerlo desde un enfoque de género y atendiendo y valorando las situaciones de dependencia, pero vayamos un poco más allá, profundicemos sobre la letra, concretemos qué es eso del maltrato a nuestros mayores. Y lo vamos a hacer además atendiendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que plantea y considera que los malos tratos a las personas mayores constituyen un problema importante de salud pública que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico y emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de la dignidad y la falta de respeto.

Partiendo de ese análisis, ¿de qué nos va a servir un simple plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores como un ente paralelo al resto de las políticas que se están ejerciendo? ¿Qué utilidad le vamos a dar si este mismo viernes en la calle Argumosa 11 una mujer de 65 años -persona mayor- tiene una orden de desahucio a pesar de tener una resolución de la ONU que dice que hay que paralizar el desahucio si no se tiene una alternativa habitacional? ¿Eso no es un maltrato institucional? (Aplausos). ¿De qué va a servir este plan si seguimos viendo cómo más de 2,4 millones de personas manifiestan tener dificultades económicas para hacer frente a sus tratamientos médicos? Esta realidad afecta y está vinculada directamente a la capacidad financiera de nuestros mayores, y afecta más directamente a las pensiones más bajas, y casualmente una vez más siguen siendo las mujeres las más afectadas. ¿De qué nos sirve un plan, un simple plan, que es lo que ustedes nos proponen, si no tenemos


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un sistema público que garantice el derecho a la atención y al cuidado? ¿Para qué un plan si seguimos sin ser capaces de atender a todas las personas en situación de dependencia? Porque, señorías, partido que gobierna, en este país cada quince minutos sigue falleciendo una persona en situación de dependencia, sobre todo personas mayores, y aquí no sirve un simple plan. ¿Acaso esto no sigue siendo un maltrato institucional a nuestros mayores? Toda esta realidad en parte es consecuencia directa, y lo sabemos, de los recortes del Partido Popular y del desmantelamiento del conocido como Estado del bienestar social, y por eso no nos vamos a oponer a este mismo plan, pero no como algo extra, no como una simple proposición no de ley, sino que esta es una tarea que debe ser transversal a todas las políticas sociales. Ustedes no deben centrar su tarea legislativa en una mera política de maquillaje de dramas por sectores. Sean valientes, legislen desde una lógica del buen trato, y eso pasa por implementar políticas educativas en las que la figura de nuestros mayores no sea vista desde una lógica propia del puro capitalismo, del vales tanto como produzcas; que la vejez no sea vista con una perspectiva mercantilista, un nicho de mercado para buitres que quieren gestionar nuestros derechos. Pasa por implementar políticas feministas, transversales a todas las políticas sociales. Si hablamos de la lacra que son las violencias machistas, esta se agudiza más cuando hablamos de personas mayores y sobre todo de las mujeres. Pasa también por reorganizar el sistema de cuidados; hay que dar garantía legal de que todas las personas tienen derecho a ser atendidas y al cuidado, no en un simple plan, sino en una verdadera política de cuidado y de igualdad. Pasa por profundizar en los procesos y en la cultura del cuidado; algo se está haciendo mal si seguimos viendo que en los centros residenciales se sigue maltratando a nuestros mayores, centros residenciales donde el personal cada vez es más escaso y la precariedad es tanto del personal que atiende como del personal al que se atiende. Eso pasa por luchar contra todos los tipos de violencia y pasa por poner nuestras vidas en el centro de todo. Por eso ustedes, Gobierno de Pedro Sánchez, de momento están en una posición en la que tienen la capacidad de determinar las condiciones de vida de la gente, y desde esa posición no valen políticas de retoques por sectores, no valen parches, se necesitan políticas integrales en defensa del sistema de protección social fuerte y estable. Háganlo ya. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Ramón Utrabo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, estamos precisamente negociando una transaccional que enviaremos a la Mesa en cuanto esté.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Simancas.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CAMPUZANO), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DESTINADA A DOTAR DE INDEPENDENCIA A LAS MÁXIMAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 173/000126).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señorías.

Presentamos en el último Pleno una interpelación para dotar de independencia al Poder Judicial, sin más. De hecho, la señora ministra reconoció que el Poder Judicial adolecía de falta de independencia cuando aseguró -y cito textualmente- que uno de los mayores problemas es la falta de confianza de los ciudadanos en la justicia (rumores) y además reconoció la injerencia en aquel momento del Gobierno popular en la justicia.

La señora PRESIDENTA: Silencio, les ruego silencio.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Por tanto, la propia ministra reconoció que es posible que existan injerencias en el Poder Judicial. De hecho, no solo es posible por parte del Ejecutivo, sino que también lo es por parte de otros agentes, de presiones externas. Seguro que todos ustedes tienen muy presente


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la rectificación que hizo el Tribunal Supremo de una sentencia ya dictada -un caso insólito-, sentencia que reconocía que la banca pagaba. Y después de presiones, posiblemente de afectados, acabó por cambiar el criterio a que la banca gana. Esto sembró desazón en millones de personas. En Sabadell, mi ciudad, fueron muchísimas las personas que me dijeron que se sentían impotentes, frustradas, desamparadas. Habían visto un poco de luz cuando el Tribunal Supremo reconoció la existencia de cláusulas abusivas, pero el cambio de criterio -inaudito, como decíamos- les retrotraía al momento anterior, al momento de tener que seguir pagando. Hoy, señorías, con esta moción, pretendemos precisamente empezar a poner los cimientos para construir una nueva imparcialidad de la justicia. Es urgente que continuemos, pues, con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque no podemos seguir permitiendo que el Estado español, de forma reiterada, conculque las recomendaciones de organismos europeos, como, por ejemplo, el Greco. Hoy, señorías, como dice la señora ministra, a los ciudadanos les falta confianza en la justicia, algo que se evidencia cuando los tribunales españoles están al servicio de una única y concreta idea del Estado y persiguen al disidente incluso con la cárcel, incluso vulnerando sus derechos fundamentales. Quiero hacer notar desde esta tribuna que hoy en el Estado español -se ha dicho varias veces- hay presos políticos, hay exiliados y hay presos políticos en huelga de hambre. ¿Y saben por qué están haciendo huelga de hambre? Lo están haciendo para exigir que el Tribunal Constitucional resuelva, y no en un sentido o en otro, sino que resuelva para que de esa manera puedan tener abierta la vía para ejercer su derecho legítimo de defensa, en este caso ante tribunales europeos, concretamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque es cierto que en España se vulneran derechos humanos. Lo dijo Bélgica, que dio amparo a un ciudadano español, Valtònyc concretamente, quien recurrió ante la justicia europea porque se encuentra perseguido por la justicia española por las letras de unas canciones. La percepción de falta de independencia judicial, que carcome los propios fundamentos del sistema, conviene revertirla. Es necesario que sigamos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

La señora CIURÓ I BULDÓ: ... con la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es inaudita la ceremonia de presiones y contrapresiones a la que asistimos para poder colocar al frente a un presidente del agrado de los dos grupos mayoritarios, presidente que al final acabó renunciando. Se pactó un nombre a espaldas de la Constitución que tanto enarbolan, incluso a espaldas de los propios vocales que tenían que ser del Consejo y en quienes recaía la competencia para nombrarlo.

Señorías, si no seguimos abordando la reforma del Consejo General del Poder Judicial a la mayor brevedad y, por tanto, siguiendo el tenor de nuestra enmienda, en el plazo más breve posible, no avanzaremos en conseguir dotar de independencia a la justicia española, concretamente a los altos cargos de la justicia española. Hemos preparado un texto pretendidamente corto y pretendidamente abierto para que todo el mundo pueda sentirse cómodo y pueda votarlo a favor y así seguir con los trabajos de renovación del Consejo. No vamos a aceptar ninguna enmienda porque el texto es suficientemente corto como para que todo el mundo se sienta cómodo y la propia Cámara dé señales de que va a avanzar en el buen sentido. Por tanto, vamos a mantener este texto para seguir con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es necesario que terminemos esta renovación. Hoy en día tenemos un Consejo General del Poder Judicial caducado, que va a seguir haciendo nombramientos a su antojo aunque este caducado y, por tanto, siguiendo con la injerencia y poniendo ideologías afines, percepciones afines o concepciones afines a la única forma entender el Estado; conviene revertirlo a la mayor brevedad. Además, es un Consejo General del Poder Judicial caducado, con una ley orgánica en tramitación en el Senado que está, concretamente, cambiando el modelo del órgano. Conviene pues no parar el proceso de renovación del consejo, abordarlo desde esta Cámara a la mayor brevedad y, por tanto, rogamos a sus señorías que den apoyo al texto de esta moción, pretendidamente abierto, para que todo el mundo que desee que la independencia judicial empiece iluminar las altas instancias del Consejo General del Poder Judicial vote a favor.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Telechea i Lozano.


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La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.

A lo largo de estos últimos años hemos sido testigos de los escándalos más polémicos que han ocurrido en el mundo de la justicia, que ha ido cayendo en un descrédito sin precedentes. En primer lugar, quiero agradecer inmensamente el trabajo diario que realizan las juezas y magistradas de los juzgados de primera instancia e instrucción de toda España. Cada día imparten justicia a pesar de todas las adversidades y falta de recursos personales y materiales. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora TELECHEA I LOZANO: Debemos afrontar un cambio urgente en la cúpula judicial. La sociedad lo pide a gritos y no nos debe dar miedo abrir el debate. Hay tanto que decir y corregir en este tema que he tenido que hacer un verdadero esfuerzo para resumir lo más escandaloso. Empiezo con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes. Este señor se va a mantener en el cargo de manera interina seguramente hasta las próximas elecciones generales si no hacemos algo todos para evitar esto. (Rumores).

Ya sé que hay una falta de interés, pero un poco de respeto ¿no?

El señor Lesmes está aprovechando estos momentos para acabar del todo con el sistema judicial, y un integrante del mismo Consejo General del Poder Judicial -palabras textuales- dice: Está aprovechando lo que le queda para nombrar a los más intensos, a los más rabiosos del PP. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Señorías, les ruego, por favor, silencio.

Continúe señora Telechea.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

¿Dónde está la independencia judicial cuando el señor Lesmes ha nombrado al señor Juan Pablo González presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, un juez apartado del caso Gürtel por su afinidad con el Partido Popular y la Fundación FAES, frente a una candidata que superaba a Juan Pablo González en todos los baremos de la convocatoria? ¿Dónde está la independencia judicial cuando un alto cargo de la judicatura, con plaza en el Tribunal Supremo, asegura que el bloqueo que hemos vivido recientemente en esta Cámara con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está afectando a las sentencias que se dictan, como por ejemplo la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los actos jurídicos documentados, en la que el propio señor Lesmes tuvo que salir a pedir perdón? ¿Dónde está la independencia judicial cuando el señor Marchena dimite del cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando aún no ha sido nombrado? Por cierto, nombramiento y votación que corresponde a los vocales. ¿Dónde está la independencia judicial cuando se falsifica el acta en la que se propone al juez Pablo Llarena como magistrado del Tribunal Supremo? ¿Dónde está la independencia judicial cuando se otorga amparo al señor Llarena fuera de plazo por presiones de señor Lesmes? ¿Dónde está la independencia judicial cuando la esposa del juez Llarena está bajo sospecha de delito de soborno? ¿Dónde está la independencia judicial cuando las propias asociaciones de jueces y magistrados piden un cambio de modelo y se ignora por completo? ¿Dónde está la independencia judicial cuando se tiene a nueve dirigentes políticos del Govern de Catalunya, dos mujeres -Dolors Bassa y Carme Forcadell- y siete hombres, más de un año en prisión provisional sin juicio, sin motivo y sin argumentos legales y cuya liberación inmediata ha pedido Amnistía Internacional?

Señorías, la mano dura con la que en los últimos cinco años el señor Lesmes ha gestionado el Consejo General del Poder Judicial ha provocado grandes tensiones y fuertes críticas, críticas que le han acompañado desde su nombramiento. No podemos dejar que el todopoderoso señor Lesmes se mantenga en el cargo como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Si a un mes de dejar el cargo hizo lo que hizo con la sentencia de las hipotecas, qué no hará a partir de ahora. Nuestro grupo ha solicitado cuatro veces la comparecencia del señor Lesmes en la Comisión, solicitudes que nos han sido denegadas -gran y grave muestra del Gobierno y de los partidos mayoritarios respecto a su poca voluntad de solventar esta situación-, y reitera su dimisión ya.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario del PDeCAT, enmienda por la que entendemos que, a pesar de las limitaciones para cambiar de manera radical el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, estos deberían ser elegidos por los propios jueces y magistrados. El sistema que proponemos es el más


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plural y refleja mejor nuestra sociedad. Señorías, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es nuestra responsabilidad actuar y hacerlo ya.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, la moción que nos trae el Grupo del PDeCAT se refiere a un principio constitucional, el de la independencia del Poder Judicial, muy querido para nuestro partido. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor PRENDES PRENDES: La señora Ciuró se ha mostrado tanto en la interpelación como en esta moción muy preocupada por la falta de independencia del Poder Judicial, muy preocupada por la separación de poderes, de la que dice que ni está ni se la espera, e incluso hace referencia a que la Transición española no reviste la ejemplaridad que retóricamente se ha venido proclamando.

Sus señorías saben que para nosotros la calidad de nuestras instituciones forma parte absolutamente necesaria de la imprescindible regeneración democrática. Diría que la defensa de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes son, más que nuestras preocupaciones, nuestras obsesiones, lo que nos sorprende es que esas mismas obsesiones sean ahora las del Partit Demòcrata Català. Señoría, lo primero que le tengo que decir es que discrepo absolutamente de usted respecto a que en este país se vulneran los derechos humanos. En absoluto. Tenemos un sistema de protección de los derechos fundamentales absolutamente homologable con el de los países más punteros de Europa. No tengo ninguna duda al respecto, de la misma manera que tampoco tengo ninguna duda del trabajo de todos y cada uno de los jueces y magistrados, de los fiscales, de los funcionarios de la Administración de Justicia, que desarrollan su trabajo de forma irreprochable en nuestro país, especialmente en sitios donde tienen dificultad para hacerlo por el acoso que están sufriendo, como ocurre precisamente en Cataluña.

Señora Ciuró, es muy llamativo su repentino interés por la independencia del Poder Judicial, porque todos recordamos cómo en el otoño pasado ustedes, que presidían la Generalitat y contaban con mayoría en el Parlament de Catalunya, aprobaron, violando la Constitución y el propio Estatut, unas presuntas leyes que establecían que en esa nueva república catalana la potestad de designación de los jueces recaía en el president de la Generalitat. Ustedes, tan concernidos hoy por la separación de poderes, se habían reservado unos poderes más que excepcionales, excepcionalísimos, para que el presidente de ese nuevo Estado, según una ley que llamaron de transitoriedad jurídica y fundacional de la república de Cataluña, fuese el que en esa labor de guía de dicha transición nombrara a los jueces en Cataluña. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.

El señor PRENDES PRENDES: No sé con qué legitimidad viene usted aquí ahora a cuestionar nuestro sistema judicial. (Aplausos).

Y ya que usted se ha permitido criticar la Transición, que dice que carece de ejemplaridad, déjeme que mire nuestra Transición a la luz de esa otra transición regresiva que ustedes plantearon hace escasamente un año, déjeme que mire nuestra Transición a la luz de estos cuarenta años de democracia constitucional, déjeme que compare esas leyes mías, suyas, nuestras, con las que ustedes perpetraron hace escasamente un año y con las que ustedes pretendían violentar los derechos de todos los catalanes, déjeme que haga las comparaciones y déjeme que saque pecho; déjeme que saque pecho por esta Constitución nuestra que cumple cuarenta años y que desde luego tiene un sistema mucho más preciso de defensa de los derechos de todos que el que ustedes pretendían imponer hace escasamente un año. Por eso, déjeme que me muestre también con escepticismo por su repentina preocupación por la independencia de los jueces en España. Ustedes, que han hostigado dentro y fuera de nuestro país al señor Llarena; ustedes, que han exigido a su socio el señor Pedro Sánchez que el Ejecutivo interfiera en el proceso judicial que investiga los hechos delictivos gravísimos que culminaron en un golpe contra nuestra democracia en Cataluña; ustedes, señora Ciuró, carecen de cualquier tipo de credibilidad para hablar de separación de poderes y respeto a la independencia de los jueces. (Aplausos).

A la luz de su trayectoria en lo que hace referencia a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, voy a citarle dos nombres, señora Ciuró: Luis Pascual Estevill -seguramente que a usted le suena-, que en el año 1994 fue designado por ustedes para formar parte del Consejo General del


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Poder Judicial y escasamente dos años después imputado por los delitos más graves que puede cometer un juez, por prevaricación y por detención ilegal, nada menos. Y más cerca todavía voy a citarle otro nombre, Mercè Pigem. ¿Recuerda? Exdiputada de Convergència, nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial, que tuvo que dimitir avergonzada por haber sido pillada -ella y su hermana- con dinero ilegal en la frontera con Andorra. (Aplausos).

Señoría, su trayectoria no es nada ejemplar como para venir ahora aquí a dar lecciones de defensa de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes, pero es verdad que necesitamos modificar el sistema de elección de vocales del consejo, es verdad que tenemos que acabar con el perverso sistema de reparto partidista de las sillas del consejo, es verdad que esto es un clamor, es verdad que, a la luz de lo que ha sucedido, de los últimos acontecimientos, del wasap del señor Cosidó, que desvelaba cuáles eran las ocultas intenciones detrás de ese sistema, tenemos una oportunidad magnífica en este momento para cambiar el sistema, para abordar esa reforma ineludible ya, inseparable de la mejora de nuestras instituciones, que es la reforma del sistema de elección del consejo para recuperar el verdadero espíritu de la Constitución, para recuperar el espíritu que se pervirtió a partir del año 1985, que no hablaba en ningún caso de llevar el reparto partidista al interior del consejo. Tenemos una magnífica oportunidad y por eso quiero dirigirme hoy a los diputados del Partido Popular y a los diputados del Partido Socialista. Tenemos una oportunidad para rectificar esos errores, tenemos una oportunidad para dar satisfacción a lo que es un clamor popular, que es volver a la elección directa de los vocales del consejo por parte de jueces y magistrados. Aprovechemos esa oportunidad porque, si no lo hacemos, en realidad estaremos dando munición a aquellos, como la señora Ciuró, que desde luego no quieren hablar de independencia del Poder Judicial, que desde luego no quieren hablar de separación de poderes, que lo que quieren en realidad es atacar nuestro sistema constitucional. Hagamos las reformas necesarias y vaciémosles de argumentos, de esos argumentos que no tienen ninguna credibilidad pero que necesitan que actuemos con celeridad en pos de esa regeneración democrática.

Señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular, tenemos una oportunidad histórica. Aprovéchenla. Para nosotros, para Ciudadanos, que ha defendido siempre lo mismo y que va a seguir defendiendo ese cambio en el sistema -ahí está nuestra ley, la ley de Ciudadanos, que se está debatiendo ahora mismo en el Senado-, esta es una magnífica oportunidad, vuelvo a decir, para avanzar en esa reforma y en ese reforzamiento de la independencia del Poder Judicial en la que nosotros desde luego sí creemos, hemos creído siempre y seguiremos defendiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial es urgente, pero es importante reconfigurar el sistema de elección de sus miembros. Por ello, conociendo la urgencia de la renovación del consejo, votaremos a favor de la moción presentada por el PDeCAT, pero también somos conscientes en esa misma línea de la necesidad de imponer plazos. Centrándonos también en el sistema de funcionamiento y selección de sus miembros, entendemos que cualquier planteamiento que tenga que ver con ello tiene que basarse forzosamente en el artículo 117.1 de la Constitución, que establece que la justicia emana del pueblo. Eso determina decisivamente la legitimación popular y democrática de cualquier sistema de justicia en España o que sea administrada por jueces y tribunales. La justicia emana del pueblo y, por tanto, es necesaria sin ninguna duda la legitimación democrática del órgano de gobierno de los jueces, pero sin duda es necesario y obligatorio en estos momentos perfeccionar ese sistema para no caer en la lógica del reparto de puestos entre los dos grandes partidos, olvidando que la mayoría no significa pluralidad.

Han negociado no solo el reparto de vocales, sino incluso la presidencia del órgano fuera de la sede parlamentaria, lo que constituye un escándalo social que debe avergonzar a sus protagonistas. Tal actuación irresponsable pone indudablemente en peligro el sistema constitucional frente a la opinión pública y deja el campo abierto a soluciones innegablemente simplistas y populistas que pretenden asegurar la independencia judicial por el mero hecho de que sean juezas o magistrados quienes elijan directamente a los vocales, olvidándose de los vocales de procedencia no judicial y como si solo ese hecho fuese suficiente para garantizar la pluralidad y la imparcialidad de los cometidos que tiene el consejo, especialmente en el nombramiento de altos cargos de la judicatura.


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Es también especialmente preocupante en este sentido la deriva del Partido Popular, que ha dado un giro espectacular en el sentido de pasar de defender el sistema existente a deslegitimarlo con su actuación en la negociación partidista de un consejo y de manera unilateral y sorpresiva mediante una enmienda de última hora en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. No menos preocupante ha sido la actuación del Gobierno socialista, que ha asumido nada menos que por medio de la ministra de Justicia una negociación no pública con resultados desastrosos, en la que se ha obviado absolutamente el papel constitucional y legal de las Cámaras en la participación de la composición del órgano. Quienes sostienen únicamente que son las juezas y magistrados quienes deben elegirse entre ellas mismas asimismo lo argumentan erróneamente, como si fuera un mandato del Grupo de Estados contra la Corrupción. Tales argumentos no tienen en cuenta que en el año 2001 el Greco, en un informe especialmente dirigido a la independencia judicial y del ministerio fiscal, no dijo nada sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en España. Greco no está imponiendo a España ningún sistema de elección concreto más allá de constatar los déficits de funcionamiento del sistema.

Muchas de estas cuestiones han sido objeto de la reforma de la ley aprobada por el Congreso con amplia mayoría el 30 de octubre y puesta en riesgo ahora de manera irresponsable por el Partido Popular. Procede, por tanto, hacer un pronunciamiento por parte de esta Cámara en pro del reforzamiento del sistema a fin de asegurar la pluralidad e independencia del órgano gubernativo. La participación del Parlamento en la selección del gobierno del Poder Judicial no quebranta la separación de poderes, siempre que se garantice que el Consejo General del Poder Judicial no interfiere en la función jurisdiccional.

Un elemento constitucional esencial del consejo es la colegialidad y la representación de la pluralidad social. Esa es su auténtica legitimidad. El problema no es la participación, sino la partitocracia y la perversión del sistema del bipartidismo. El problema es que el sistema de selección del PP y del PSOE ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos. El problema es la falta de cultura democrática y de independencia, no solo en el bipartidismo, sino en los propios miembros de la cúpula judicial. El problema es también la falta de calidad democrática de la mayor parte de los jueces que han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial, que en muchas ocasiones han sido correa de transmisión de sumisión y maniobras del poder político y económico. El problema es que la cúpula del Poder Judicial, el Tribunal Supremo fundamentalmente, está en manos de personas que han decidido atrincherarse en la mística de servidores de un Estado sin ciudadanos y sin valores constitucionales y bajo el rito de paso de una oposición que les legitimaría únicamente a ellos para vestir la túnica sagrada de la verdad aparente, con independencia de los intereses a los que realmente sirve. Cada vez más sus resoluciones se explican por ese entramado de relaciones, intereses, prebendas, canonjías, puestos, ambiciones y motivaciones políticas y religiosas con las que han debido imponer el ritmo de la vida a quienes consideran súbditos de un derecho revelado. El Consejo General del Poder Judicial no es el comité de empresa de los jueces y juezas, no es el consejo de administración de una empresa, no es la junta directiva de una asociación; es el gobierno de un poder del Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Intervendré desde el escaño y lo haré de manera breve para manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se abstendrá en la votación de la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto, el PDeCAT, básicamente por dos motivos. En primer lugar porque, por su contenido, la moción no es tal, no se insta a nada al Gobierno, sino que más bien es una declaración de esta Cámara respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una autodeclaración o un autocompromiso y para esto no hace falta moción alguna, sino simplemente que nos pongamos de acuerdo en el momento procesal oportuno. Siempre nos hemos opuesto a mociones que no instan a nada al Gobierno. (Rumores).

En segundo lugar, también nos abstendremos porque se adelanta a un debate que hemos de tener en esta Cámara la semana que viene cuando tomemos en consideración -o no- las enmiendas introducidas en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular -si es que finalmente se aprueban- y que trastocan el actual modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial que esta Cámara aprobó el día 30 del mes pasado.

Muchas gracias, presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno. (Rumores). Señorías, les ruego silencio, por favor. (Continúan los rumores). Señorías, insisto en que les ruego silencio.

Adelante, señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. Como nos hemos enterado algunos de los que estamos aquí, esta tarde estamos debatiendo una moción consecuencia de una interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y, dentro de este, por el PDeCAT, en orden a buscar un amplio consenso para proceder de una manera urgente -da igual la fecha de la que hablaban en su moción- a la renovación del Consejo General del Poder Judicial; en concreto, de los diez vocales propuestos por esta Cámara.

Señorías, necesitaríamos más tiempo del que el Reglamento de la Cámara nos da o la generosidad de la Presidencia nos concede para hablar de lo que subyace en esta moción. La propia lectura de la misma y el grupo que la firma nos dejan siempre algo dubitativos, pero si lo que quieren es proceder de una manera rápida, siguiendo las pautas constitucionales y siguiendo los dictados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahí encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que no es la primera vez que el PDeCAT trae temas de justicia a esta Cámara. Otra moción consecuencia de una interpelación urgente, la 173/000066, que se debatió hace poco más de un año, en noviembre, hablaba sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia y la perdieron en votación.

Señorías del PDeCAT, cuando ustedes hablan de la justicia no suelen hacerlo en los términos constitucionales del artículo 149.1.5.ª y ni siquiera de la justicia que asumió la Generalitat de Catalunya en virtud de las cláusulas subrogatorias de los estatutos de autonomía. Fundamentalmente, solo hablan de la justicia en lo relativo al procés. Por eso le decía, señora Ciuró, que es difícil entender exactamente cuáles son sus palabras. Si la moción es clara y lo es esa exaltación al mandato constitucional del artículo 122 en orden a los cinco años y a la renovación, fantástico; ahí nos encontrarán. Pero permítame que exteriorice parcialmente mi duda de que sea esa loa constitucional lo que sale de su grupo. Sobre todo me deja perplejo -y por eso decía que no es fácil entenderla- la lectura del Diario de Sesiones número 167, páginas 36 y 37 fundamentalmente, y lo que dijeron en la interpelación urgente hace escasamente dos semanas. Hablaban de la degradación del sistema judicial y su carácter estructural. Hablaban de la depravación del sistema judicial invocando un juego de cartas, el póker, y hablaban del repóker que contribuye a esa degradación: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial. Hablaban de que en España hay presos políticos y que hay personas en la cárcel sin juicio, sin tener sentencia condenatoria.

El sistema judicial español no está depravado, lo que está es carente de presupuestos y de reformas normativas, organizativas y tecnológicas. No está depravado en absoluto y creo que las altas instituciones de la judicatura ennoblecen en términos generales el Estado social y democrático de derecho. En España no hay presos políticos, lo que hay son políticos privados de libertad, como tantos y tantos españoles todavía sin juicio y sin sentencia condenatoria, lo que se llama la situación de prisión provisional, admitida en todos los convenios internacionales.

Señorías, no solo hace falta invocar eso, basta haberse leído las preguntas que piensan formularle mañana al presidente del Gobierno sobre el papel denostado y torticero del Tribunal Constitucional en orden a la mala interpretación que hace del texto constitucional. Por eso les decía que cuando leo las intervenciones del PDeCAT me recuerdan siempre al dios Jano y no sé qué cara mirar, porque si clara es la moción, in claris non fit interpretatio lo que estuvieron invocando en la interpelación urgente.

Por eso, claro que es necesaria la renovación del Consejo General del Poder Judicial, claro que lo es con esa doble legitimación que establecieron ya hace cerca de veinte años las Cámaras. Los jueces eligen a los doce vocales y las Cámaras intervienen y toman su decisión final sobre esos doce vocales. Podemos hablar todo lo que queramos sobre ello, sin duda, hablaremos y tendremos muchas oportunidades, pero es un sistema constitucional y bendecido por el Tribunal Constitucional, ese que ustedes denostan. Por eso les digo -y con esto concluyo- que votaremos afirmativamente la claridad de los textos de la moción y no los textos de la interpelación urgente. Si quieren la renovación del Consejo General del Poder Judicial conforme establece el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo desarrolla, ahí nos encontrarán.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

No sé si perplejidad es la palabra -se ha expresado aquí-, no sé cuál es la calificación, señora Ciuró, pero no solo ha sido usted, sino que muchos portavoces han escenificado una especie de diálogo de sordera de conveniencia. La interpelación urgente que usted planteó al Gobierno no tiene en absoluto relación con esta moción, se ha dicho ya. Hay una total incongruencia. Es una moción dirigida a nosotros mismos que, además, se contradice con muchas de las cuestiones que usted le planteó a la señora ministra. La interpelación que usted realizó a la ministra es un tesoro del parlamentarismo porque usted se contradecía a cada paso, pero la ministra de Justicia se arrogaba el impulso de la modificación de una ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la modificación del consejo, la modificación de principios básicos que han sido fruto exclusivamente de la iniciativa de este grupo parlamentario y del trabajo de quienes durante un año creyeron que el Parlamento es algo más que venir y votar lo que nos dicen. (Aplausos).

Señora Ciuró, no confunda en absoluto independencia judicial con todas esas cosas que ha dicho hoy aquí, las que viene diciendo cada vez que habla de los jueces y de la justicia y lo que dijo en su interpelación. La independencia judicial no es acosar a los jueces en Cataluña; la independencia judicial no es solo alabar a los jueces con los que les va bien; la independencia judicial no es señalar las puertas de sus familias; la independencia judicial no es ir en contra de todo el personal de la Administración de Justicia en Cataluña. Eso no es independencia judicial. No confunda usted a los ciudadanos con esa moción; no nos diga, por un lado, que a usted le parece un desastre la justicia, que le parece un desastre que se alcancen acuerdos para renovar el consejo y ahora nos diga que estemos todas las Navidades aquí para llegar a un acuerdo transversal sobre algo con lo que antes estuvo en desacuerdo.

Señorías, otros grupos, por ejemplo, el Grupo Podemos, ha señalado que hay que cambiar las cosas, pero que por el momento debe avanzarse. Pero, señorías, si hace muy pocas fechas su portavoz en funciones señalaba -y también lo ha dejado caer hoy la interviniente- que deben ser los jueces los que han de elegir a los jueces. ¿En qué quedamos? Un diálogo de sordera de conveniencia, señorías.

Nosotros hemos defendido que teníamos que llegar a un modelo de consenso, y lo hemos defendido en una subcomisión sobre estrategia nacional de justicia, que fue dinamitada, con un largo debate sobre este tema, lo hemos defendido a lo largo de la tramitación de una proposición de ley orgánica que ahora está en el Senado y que volverá a esta Cámara. No entendemos por qué hoy precisamente debe hacerse una moción incongruente, una moción de supuesta... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Moro. (Pausa).

¿Cómo es posible que escuche mejor alguna conversación de sus señorías que la palabra del orador? He llegado a pensar que tengo poderes. (Risas). Es imposible, esto es imposible. De verdad, señorías, tengan un poco de respeto al orador.

Continúe, señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta.

No es esta una cuestión de independencia, usted lo sabe. Usted está siendo un instrumento de no se sabe qué. En la interpelación decía algo que yo apoyo, y es que usted dejaba a salvo a una serie de jueces de instrucción, de instancia, etcétera. Bueno, yo dejo a la carrera judicial y luego puede haber excepciones, como en el colectivo político, que debieran dedicarse a otra cosa, pero damos nuestro apoyo absoluto a todo el colectivo de jueces y magistrados en todos los estamentos. Por tanto, escuche usted a los jueces y magistrados, escuche usted a las asociaciones, a las cuatro asociaciones que esta misma tarde nos han pedido lo que nos pide la sociedad a gritos. En esa tramitación legislativa, que es donde corresponde, hemos incorporado una enmienda para que de una vez por todas, con ese consenso, se escuche a la sociedad, y aunque anteriormente hemos buscado el consenso y no ha sido posible, queremos continuar buscándolo.

Señorías, nosotros no estamos aquí para satisfacer nuestros planteamientos, no estamos aquí para satisfacer nuestro capricho personal, pero si tenemos que rectificar, rectificamos porque estamos para defender los intereses generales, y lo que pide la sociedad, lo que pide la carrera judicial es sentirse cómoda integrándose en este Consejo del Poder Judicial. Hay una modificación incorporada


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por el Partido Popular y también por Ciudadanos en las enmiendas del Senado que mañana se votarán en el Senado y luego vendrán aquí. Ese es el lugar oportuno. Y el lugar oportuno significa que el Partido Socialista tendrá que pronunciarse sobre con quién está porque en el Senado se abstuvo. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a escuchar a las asociaciones judiciales. El ministerio debe abstenerse de seguir diciendo lo que dice sobre que hay que debatir, sobre que hay que reflexionar. No, señorías, no hay que reflexionar más, hay que tener voluntad política y esa voluntad política no está aceptando hoy esta moción, no está aceptando enmiendas que usted ha rechazado. Por tanto, no tenemos nada que decir desde nuestro grupo, que tiene la voluntad política de defender de verdad ese modelo en el que toda la sociedad y la carrera judicial se van a sentir más cómodos. Elijamos a los juristas en las Cámaras y elijan los jueces con los mecanismos que garanticen los principios de proporcionalidad, de acercamiento a la paridad, de presencia de la carrera judicial por los más votados. Garanticemos eso y hagámoslo en lo que ha llamado la oportunidad que tenemos, y hoy estamos plenamente de acuerdo en ese punto, señor Prendes. Nosotros estamos dispuestos, lo hemos puesto encima de la mesa y Ciudadanos parece que está dispuesto. Le pedimos al Partido Socialista que estemos juntos en esto y le pedimos a Podemos que cumpla con lo que dijo cuando se preocupaba por la verdadera alarma social de la no aceptación de la renovación del consejo tal y como se estaba produciendo. Parémonos. Nos hemos parado. Tenemos la oportunidad de cambiar ese modelo, de cambiarlo a satisfacción de los intereses generales para confiar más en la justicia. Por tanto, esta moción sobra; nosotros vamos a votar que no porque sobra, pero les pedimos que mañana voten que sí en el Senado y que la próxima semana faciliten de una vez por todas que el modelo del Consejo General del Poder Judicial recupere de verdad esa confianza que algunos han perdido en la independencia de nuestra justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Ciuró i Buldó si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Ahora haremos llegar a la Mesa una acotación en cuanto al plazo de renovación de este Consejo. Sería la única. Deseo agradecer a los grupos las enmiendas presentadas, que antes lo he olvidado en mi intervención.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (La señora Ciuró i Buldó pide la palabra).

Adelante, señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Invoco el artículo 71 del Reglamento en relación con las manifestaciones del señor Prendes que afectan a la exdiputada señora Pigem, para hacer constar lo siguiente. Lesmes reconoció que la conducta de Pigem no era delictiva y ni siquiera suponía una falta administrativa. Quiero dejar constancia del reconocimiento a la señora Pigem y pido al señor Prendes que retire esta grave acusación, porque ya quisieran tener muchos el nivel intelectual y la talla moral de la señora Pigem.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Prendes, tiene un minuto.

El señor PRENDES PRENDES: Sí, señora presidenta.

No retiro ninguna de las manifestaciones que lo único que han hecho es constatar hechos objetivos que se produjeron y que provocaron la dimisión de la señora Pigem. Desde luego yo no he entrado en calificar a la señora Pigem, pero sí hechos objetivos que provocaron su dimisión del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no tengo nada que retirar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En cinco minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 125/000004/0000 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 125/000004).

La señora PRESIDENTA: Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 2 votos telemáticos, 339; a favor, 305 más 2 votos telemáticos, 307; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA CORREGIR EL EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA (SII) EN LA GESTIÓN DEL IVA. (Número de expediente 122/000285).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para corregir el efecto de la implantación del sistema de información inmediata (SII) en la gestión del IVA.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 171; en contra, 88 más 1 voto telemático, 89; abstenciones, 80 más 1 voto telemático, 81.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS PARA COMBATIR LA SOLEDAD CRÓNICA. (Número de expediente 162/000612).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, el texto de proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la promoción de medidas para combatir la soledad crónica. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 332; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PLAN DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES. (Número de expediente 162/000595).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de prevención y erradicación del maltrato a personas mayores. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 332; abstenciones, 7.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CAMPUZANO), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DESTINADA A DOTAR DE INDEPENDENCIA A LAS MÁXIMAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 173/000126).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelación urgente. Vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 166; en contra, 163; abstenciones, 10.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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