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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 21/11/2018
cve: DSCD-12-PL-167
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 167
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 160
celebrada el miércoles,
21 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial. (Número de expediente 172/000163) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación. (Número de expediente 172/000164) ... (Página42)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica. (Número de expediente 172/000165) ... (Página48)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia. (Número de expediente 173/000123) ... (Página55)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. (Número de expediente 173/000124) ... (Página61)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La Presidencia informa de que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de los asuntos debatidos hoy tendrá lugar en la sesión del jueves.

Preguntas ... (Página6)

Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora la situación política, económica y social de Andalucía? (Número de expediente 180/000864) ... (Página6)

Del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia? (Número de expediente 180/000875) ... (Página8)

Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las principales medidas que piensa adoptar el Gobierno orientadas a garantizar una estrategia de transición del sector del automóvil y de la movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad? (Número de expediente 180/000857) ... (Página9)

De la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Defiende el Gobierno adecuadamente los valores constitucionales? (Número de expediente 180/000865) ... (Página11)

Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Considera que la coordinación interna del Gobierno repercute de manera positiva en la situación política de España? (Número de expediente 180/000863) ... (Página12)

Del diputado don José Ramón García Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Cuál es su valoración sobre el acuerdo para el Brexit? (Número de expediente 180/000871) ... (Página13)

Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Qué valoración hace el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la gestión de su ministerio? (Número de expediente 180/000856) ... (Página14)


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Del diputado don Eloy Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Tiene distinto criterio la Fiscal Delgado que la ministra Delgado? (Número de expediente 180/000867) ... (Página17)

Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Cuándo va a asumir sus responsabilidades? (Número de expediente 180/000868) ... (Página18)

De la diputada doña Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Cuándo piensa el Gobierno traer como proyecto de ley nuestra propuesta de ley por la protección integral de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, tal y como acordamos en el acuerdo presupuestario? (Número de expediente 180/000876) ... (Página20)

De la diputada doña M.ª Mar Blanco Garrido, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Se siente capaz a estas alturas de su gestión como ministro del Interior de mirar a la cara a las víctimas del terrorismo? (Número de expediente 180/000866) ... (Página21)

Del diputado don Félix Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno seguir la política del Partido Popular de infrafinanciar, precarizando el trabajo en Correos, olvidándose del Servicio Postal Universal? (Número de expediente 180/000873) ... (Página23)

Del diputado don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Fomento: ¿Por qué está paralizada la tramitación del expediente de reforma del buque de ayuda humanitaria "Aita Mari", con sede en Getaria, Gipuzkoa? (Número de expediente 180/000858) ... (Página24)

De la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Cómo valora la autoestima de su Gobierno? (Número de expediente 180/000872) ... (Página26)

Del diputado don Antonio Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: ¿Está estudiando el Gobierno reducir el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en zonas afectadas por inclemencias meteorológicas? (Número de expediente 180/000861) ... (Página27)


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Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra para la Transición Ecológica: ¿Cómo considera el Gobierno que afectan sus anuncios al sector del automóvil? (Número de expediente 180/000870) ... (Página28)

Del diputado don Javier Ruano García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Economía y Empresa: ¿Cómo valora las dudas planteadas por la Comisión Europea respecto al plan presupuestario enviado por su ministerio? (Número de expediente 180/000869) ... (Página30)

De la diputada doña Míriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: ¿Qué proyectos tiene el Gobierno ante la preocupación social que está generando la difusión y la utilización de pseudoterapias? (Número de expediente 180/000859) ... (Página31)

Del diputado don Jesús María Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: ¿Qué beneficios para la población aporta el disponer de un calendario vacunal a lo largo de la vida? (Número de expediente 180/000860) ... (Página32)

De la diputada doña Noelia Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Qué iniciativas tomará el Gobierno en la lucha contra la ludopatía que generan las casas de apuestas y las plataformas de apuestas online? (Número de expediente 180/000874) ... (Página33)

De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Considera que las comunidades autónomas pueden seguir eternamente con el actual sistema de financiación? (Número de expediente 180/000862) ... (Página35)

Interpelaciones urgentes ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial .... (Página36)

Formula la interpelación urgente la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado García).

Replica la señora Ciuró i Buldó y duplica la señora ministra de Justicia.


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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación ... (Página42)

Formula la interpelación urgente la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero).

Replica la señora España Reina y duplica la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica ... (Página48)

Formula la interpelación urgente el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez).

Replica el señor Vendrell Gardeñes y duplica la señora ministra para la Transición Ecológica.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página55)

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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia ... (Página55)

Defiende la moción el señor Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ... (Página61)

Defiende la moción el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y las señoras Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alonso Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mayoral Perales.

Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000864).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Señorías, les recuerdo que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de los asuntos debatidos en el día de hoy tendrá lugar en la sesión del jueves.

Continuamos ahora, señorías, con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. (Rumores).

Les ruego, señorías, silencio.

Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular.

El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, su partido lleva gobernando Andalucía cuarenta años con un balance catastrófico: 25 % de paro, 23 % de abandono escolar, 3 millones de andaluces en riesgo de pobreza, las listas de espera quirúrgicas más largas de España y los casos de corrupción más escandalosos de toda Europa, con dos expresidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en el banquillo, por ahora. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

El señor CASADO BLANCO: Con razón le da a usted vergüenza bajar de Despeñaperros y se inventa viajes a Marruecos para ofrecer mundiales imaginarios, en vez de resolver el problema de la emigración o se va a Bruselas a vender presupuestos ficticios, en vez de negociar la cosoberanía de Gibraltar o se va usted mañana a Cuba a agasajar a dictadores, en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela. (Aplausos).

Señor Sánchez, ¿cómo explica la ruina que deja usted en Andalucía el 2 de diciembre? (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez- Castejón): Gracias, señora presidenta.

Señor Casado, ¿sabe cuánto cuesta una matrícula universitaria en la Comunidad de Madrid? 1500 euros. ¿Sabe cuánto cuesta una matrícula universitaria a los estudiantes y a sus familias en Andalucía? Siete euros, el resto está financiado por la Junta de Andalucía. (Aplausos). Pero le diré más, la respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces y andaluzas el próximo día 2 de diciembre; y ya le adelanto, señor Casado, que la respuesta que va a recibir no le va a gustar. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

Señor Casado, adelante.

El señor CASADO BLANCO: Usted no tiene credibilidad. (Rumores). Usa las instituciones a su beneficio. Convoca usted un Consejo de Ministros en Sevilla en pleno arranque de la campaña electoral;


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la semana pasada anuncia inversiones millonarias en Andalucía, el mismo día, o prácticamente, en el que dice que no va a tener presupuestos y que va a gobernar por decreto, lo contrario que dijo aquí el miércoles pasado. Por cierto, hoy Bruselas me da la razón -tanto que me llamaban antipatriota-, y dice que sus presupuestos no cuelan. Y esa falta de credibilidad y de respeto a las instituciones la ha vuelto a demostrar en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. (Rumores). Nosotros hemos sido responsables y hemos cumplido la ley intentando renovar en plazo este órgano, pero su Gobierno ha malogrado este proceso filtrando el nombre de un posible presidente, antes de que estuvieran elegidos los vocales, proponiendo vocales para mero escarnio de este grupo parlamentario e incluso cambiando sobre la marcha la elección de otros. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

El señor CASADO BLANCO: Pero nosotros no vamos a contribuir a ese desprestigio del Poder Judicial y a ese descrédito institucional. (Rumores y risas).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

El señor CASADO BLANCO: Y para evitar que eso se repita... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, les ruego silencio!

El señor CASADO BLANCO: ... hemos presentado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (rumores), para recuperar el modelo de elección de los vocales que consagraba la Constitución y que el Partido Socialista en 1985 cambió al grito de Montesquieu ha muerto.

Señor Sánchez, nuestro compromiso con la defensa de la separación de poderes y de la independencia judicial es inequívoco. (Rumores). Ahora le toca a usted estar a la altura de Estado, a la altura de lo que piden los españoles y, si no lo hace, estará usted deslegitimado para seguir gobernando, por cierto, rehén de los independentistas que atacan las casas de los diputados, de los policías y de los jueces. (Continúan los rumores).

Haga caso al señor Ábalos, convoque elecciones cuanto antes y vaya camino de la oposición, como Susana Díaz, antes de arruinar a España y a Andalucía. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.

Ya veo que a usted Andalucía le importa nada, señor Casado, nada. El problema que usted tiene cuando habla de Andalucía, como también muchos de sus diputados y diputadas, es que siempre la desprecian, y no se puede aspirar a gobernar Andalucía despreciando a Andalucía, señor Casado. (Rumores.-Aplausos). Todas sus críticas y toda la campaña electoral que están desplegando en Andalucía es una colección de tópicos. Empezaron ustedes denigrando el sistema educativo en Andalucía -ahí está la señora Tejerina para recordarlo-; han continuado con las fotitos, la foto del dron con la bandera de España; el señor candidato a la Junta de Andalucía del Partido Popular con un chaleco a lo Bolsonaro, haciéndose fotos. Mire que hay buenos restaurantes en Andalucía... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, ¡silencio!

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): ..., y han ido ustedes a un restaurante de fastfood.

Señor Casado, ¿a usted quién le asesora electoralmente? ¿Quién dirige la campaña electoral del Partido Popular en Andalucía? Dejen ustedes de hacer el ridículo. Propongan algo para los andaluces y andaluzas. (Aplausos). Dejen ustedes de insultar, de despreciar y de denigrar a Andalucía.

Voy a decir una cosa que me resulta hasta curioso tener que explicarla. Nunca pensé que lo iba a decir, señor Casado, pero a su lado el señor Rajoy es un moderado. (Risas y rumores). Le voy a decir más: y más serio que usted. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental para nuestro sistema democrático.


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Lo que le pido, señor Casado, es que haga una reflexión. La deriva del Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla con su pacto y permita la renovación de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON PABLO IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA BANKIA? (Número de expediente 180/000875).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.

Señor presidente del Gobierno, ¿qué planes tienen ustedes para Bankia?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias.

Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22 000 millones de euros -repito, 22 000 millones de euros- que los españoles pusimos para rescatar a la entidad, que todavía no se han devuelto. Esa es nuestra prioridad. En ese sentido, hablemos claro: en este momento la cotización no permite este objetivo, por tanto en estos momentos no se plantea por el Gobierno vender la participación de Bankia. Creo que esto no puede sorprender a nadie. Usted sabe muy bien qué es lo que siempre ha defendido este Gobierno y el partido que lo sustenta: proteger los intereses de todos los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tenía y tiene sus depósitos en la entidad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Iglesias.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias.

Señor presidente, ha dicho usted que van a trabajar para recuperar los 22 000 millones de euros que nos gastamos los ciudadanos en Bankia. Permítame que le recuerde que nos gastamos 120 000 millones de euros más en ayudas indirectas. Permítame que le recuerde una resolución del XXXIX Congreso del Partido Socialista, en el que felizmente ganó usted a Susana Díaz, en la que su secretario de Economía, Manuel Escudero, coordinador de su proyecto económico, introduce una resolución en el Congreso, a mi juicio, muy sensata. La resolución dice -cito literal-: Si no lo remediamos, avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Para ello es necesario revertir esa tendencia como garantía de una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito mediante la creación de un sector de banca pública. Tenía más razón que un santo el señor Escudero. Los ciudadanos tuvieron que gastarse muchísimo dinero en Bankia; el Gobierno del Partido Popular nacionalizó Bankia. La pregunta es: ¿Ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada -porque lo hizo el Partido Popular-, qué sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Decía Eduardo Galeano: Las bancarrotas se socializan y sin embargo las ganancias se privatizan. Eso es esperable en un Gobierno de esta gente; en un Gobierno progresista creo que lo sensato sería tener una banca pública.

¿Es una excentricidad tener una banca pública? Yo creo que no. Alemania, Italia, Suiza o los Países Bajos tienen una banca pública. ¿Para qué sirve una banca pública? Para varias cosas: La primera, para que la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa puedan tener líneas de crédito garantizadas y aseguradas por el sector público. Hace poco decían ustedes, con el famoso impuesto de las hipotecas, que los bancos al final podían repercutir este impuesto a la gente. Si hay una banca pública que compita con un mercado bancario crecientemente concentrado resulta que ahora podemos competir y no lo tienen que repercutir en los clientes. Además la banca pública es mucho más solvente que la privada. No lo digo yo, lo dice la Autoridad Bancaria Europea, que después de hacer tests de estrés a las cuarenta y ocho entidades financieras más importantes de Europa dice que las dos mejores son públicas, una alemana y una holandesa.


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Le pido cierta coherencia; no volvamos a esa época en la que el Partido Socialista dice una cosa en la oposición y hace otra en el Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.

Es verdad que la presencia del sector público en el funcionamiento del sector financiero siempre ha sido uno de los debates de la izquierda. Le diré una cosa sobre algo que ha dejado usted en el tintero de su intervención y que tiene que ver con la regulación. Señoría, este Gobierno está potenciando mucho la regulación. Hemos anunciado la creación, por ejemplo, de una autoridad macroprudencial que llevara como nombre la autoridad nacional de estabilidad financiera, que creo que es fundamental para no repetir los errores que se produjeron en el pasado como consecuencia de la crisis de 2008. En segundo lugar, estamos acelerando la trasposición de directivas europeas que, a mi juicio, son importantes. Ahí está la de crédito inmobiliario, que espero que esta Cámara apruebe cuanto antes, pues vamos con cierto o con mucho retraso. Y es verdad que las noticias que han aparecido hoy en los medios de comunicación como consecuencia de los debates parlamentarios, a mi juicio, son positivas. En tercer lugar, hemos anunciado también la creación de la autoridad para la protección del cliente financiero, en línea con lo que se reclama desde Europa, y que servirá para mejorar, sin duda, el funcionamiento de nuestros mercados financieros y proteger mejor a los usuarios.

En relación con la última de las cuestiones le diré, señor Iglesias, que nosotros no estamos cerrados a que haya una banca pública. El debate que siempre ha habido en el Partido Socialista y en la izquierda es si el Estado debe tener o no una banca comercial o una banca de inversiones. Nosotros creemos que tiene que haber una banca de inversiones; no puede haber una banca comercial, pues no tiene ningún sentido que el Estado tenga depósitos. Lo que estamos haciendo -ahí está la ministra de Economía impulsándolo- es potenciar y mucho el ICO como esa banca de inversión, precisamente, para el pequeño y mediano empresario en nuestro país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ORIENTADAS A GARANTIZAR UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Y DE LA MOVILIDAD PARA QUE SEA MOTOR DE ACTIVIDAD PARA LA INDUSTRIA, EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD? (Número de expediente 180/000857).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente, del diputado con Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señoría.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señor presidente, el sector del automóvil ha vivido con estupor y preocupación el anuncio de su Gobierno de prohibir la venta y la circulación de coches de combustión. La cuestión no es tanto el objetivo, que lo podemos compartir, sino los términos en los que ha hecho ese anuncio sin plantear un plan concertado y acordado con el sector de la automoción para transitar hacia una movilidad sostenible basada en el coche autónomo, conectado, bajo en emisiones y eléctrico. Señor presidente, frente a este reto, ¿cuál es la política, cuál es el plan que el Gobierno tiene previsto para hacer frente a esa regulación y garantizar la competitividad y el empleo en el sector de la automoción?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.

La verdad es que le agradezco mucho esta pregunta porque creo que es importante que hablemos del sector de la automoción que representa y crea en torno a 300 000 empleos directos en nuestro país y 2 millones de empleos indirectos en nuestro país. Pero fíjese, y creo que esto es importante, 8 de cada 10


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coches que se fabrican se exportan. Si uno mira dónde están o cuáles son los calendarios que se están planteando por parte de otros países competidores o hacia dónde nosotros estamos vendiendo nuestros coches -Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido-, la prohibición de los coches de combustión está marcando periodos en torno a 2030 o 2040. Estamos planteando al sector de la automoción 2040 en el medio plazo y 2050 en el largo plazo. La pregunta sería: Si nosotros no hacemos una transición ecológica ordenada del sector de la automoción, ¿quién va a comprar los coches fuera de España? Le recuerdo que 8 de cada 10 vehículos se venden fuera de nuestro país. Con lo cual, señoría, creo que lo importante es trasladar primero certidumbre a los inversores, al sector de la automoción, en el compromiso firme con la transición ecológica por parte no solo del Gobierno, sino del conjunto de la instituciones públicas; y en eso está el Gobierno, en la interlocución con el sector de la automoción -ahí está el acuerdo estratégico que estamos preparando y elaborando con ellos- y, sin duda alguna, dar certidumbres a este importante sector para la economía de nuestro país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Campuzano, adelante.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, compartimos la importancia del sector en términos de riqueza, de PIB, de empleo industrial, pero lo que reprocho es que usted ha hecho ese anuncio precisamente sin ese plan para hacer posible esa transición y esos objetivos de cambio climático, de lucha contra la contaminación en las grandes ciudades y garantizar la competitividad y ese empleo industrial.

Esos países han hecho planes con medidas en el terreno de las infraestructuras, incentivos fiscales, investigación, innovación y desarrollo, y además acordadas con el sector. La semana pasada los fabricantes no fueron a la reunión que convocó su Gobierno y tampoco fueron los representantes de los trabajadores. No nos consta que haya ningún acuerdo con las comunidades autónomas, que tienen competencias claves en esta materia. Además, señor presidente, los términos en los que se ha anunciado esa prohibición generan incertidumbre en los consumidores y en los inversores internacionales. ¡Ya lo creo, señor presidente! Y usted sabe que en esa industria tan competitiva y globalizada en la que en España los centros de decisión de los fabricantes no están ni en Madrid ni en Barcelona, es imprescindible marcar una hoja de ruta compartida. Además, a corto plazo hay un parque envejecido y necesitamos un nuevo Plan Renove para los coches que contaminan y emiten CO2. Para Cataluña esta política es imprescindible en términos de competitividad y en términos de empleo.

Señor presidente, en estos meses que lleva usted gobernando las cuestiones de la política económica y la competitividad de nuestra economía no han sido su prioridad. En esta materia, se lo exigimos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez PérezCastejón): Gracias, señora presidenta.

¡Apruébenos los presupuestos, señor Campuzano! (Aplausos).

No me ha quedado claro si está usted de acuerdo o no con el horizonte 20402050 que ha propuesto el Gobierno de España. Otra cosa no, pero certidumbre a los inversores estamos dando, porque estamos planteando un horizonte de más de veinte años para trabajar en esta transición ecológica ordenada que estamos proclamando desde el Gobierno.

Yo soy consciente de que actualmente la demanda es escasa en cuanto a los vehículos eléctricos y los vehículos autónomos. Por eso, estamos llevando a cabo una serie de medidas para estimularla. La primera es un nuevo programa de ayudas de apoyo a la movilidad basado en el uso de las energías alternativas. En segundo lugar, hemos eliminado la figura del gestor de carga con el Real Decretoley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. En tercer lugar, mantendremos una tarifa eléctrica específica con discriminación horaria para favorecer las recargas producidas en las horas supervalle del sistema eléctrico. En cuarto lugar, estamos realizando la trasposición de varias directivas relativas a la eficiencia energética de los edificios para incorporar... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿DEFIENDE EL GOBIERNO ADECUADAMENTE LOS VALORES CONSTITUCIONALES? (Número de expediente 180/000865).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. (Rumores). Pregunta de la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.

Señorías, el próximo 6 de diciembre conmemoramos los cuarenta años de nuestra Constitución y de la historia democrática de este país. En 1978 los españoles demostramos al mundo que éramos capaces de conseguir la convivencia entre aquellos que pensaban diferente. Dimos una lección increíble de generosidad, de reconciliación y de grandeza, y pusimos los cimientos de la mejor España. El éxito de la transición nos ha dado esta España y esta democracia de las más avanzadas y modernas del mundo, y somos ejemplo para muchos países que sueñan y anhelan la libertad. De este gran éxito compartido también fuimos protagonistas el Partido Popular y el Partido Socialista. Por ello, vicepresidenta, le pregunto si el Gobierno continúa defendiendo los valores constitucionales. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora Montserrat, todos y cada uno. Somos el Gobierno que nace de la mayoría absoluta de esta Cámara, el Gobierno constitucional de España, y no puede ser de otro modo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Montserrat. (Rumores).

Silencio.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.

Los españoles vemos con asombro, ante el golpe de Estado que hemos sufrido en Cataluña, cómo el socialismo ha desaparecido para ser sustituido por el sanchismo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Es un sanchismo que se ha convertido en cooperador necesario de aquellos que quieren romper España. Tenemos un Gobierno sanchista que cada día socava los principios constitucionales. Les voy a poner unos ejemplos de esta última semana: anuncian una reforma de la Constitución sin consenso y sin acuerdo, votan que no a la ley de símbolos, minimizan los ataques que sufre el juez Llarena, permiten que a la oposición nos tachen con la esvástica y ustedes pretendían que el Ejército no fuera al salón de la enseñanza en Barcelona. Por todo ello, no le sorprenderá a usted que yo le diga que los españoles vemos con asombro la rendición de Sánchez ante los que atacan la Constitución, que son los populistas y los independentistas.

Señora vicepresidenta, de verdad, España es una gran nación que sobrevivirá al sanchismo, como ha sobrevivido a tantos desastres de nuestra historia; pero, vicepresidenta, tengo una duda: dudo de que el socialismo sobreviva a Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora Montserrat, los valores superiores de la Constitución son: la libertad, la igualdad, la justicia sin wasaps y el pluralismo político, el pluralismo político. (Aplausos). ¿Sabe usted en qué se sustancia el pluralismo político como un valor superior de la Constitución? En respetar a los otros, en respetar las ideas


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y la pluralidad ideológica, que a usted no le entran en la cabeza, a juicio de lo que aquí acaba de decir. Y existe como valor fundamental de la democracia, porque en la democracia usted no puede tener el monopolio desde sus ideas de cómo los demás asumimos la Constitución, el país y nuestros símbolos. Usted hace un discurso excluyente, partidario, impropio de un partido que tiene que estar en las instituciones con responsabilidad. Llevan una semana dando un recital de no entender cuáles son los valores constitucionales, empezando por la justicia, que les debería avergonzar a estas horas. Pero me fijaré solo en el pluralismo político. Ustedes tienen amordazada con su bloqueo a esta Cámara, donde está el pluralismo de las ideas y la libertad ideológica de todos los hombres y mujeres de este país (aplausos); eso sí que es la Constitución y cuarenta años de democracia que nos han costado muchos y ustedes no lo entienden. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA QUE LA COORDINACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REPERCUTE DE MANERA POSITIVA EN LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000863).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Adelante.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Hay motivos para que se sientan ustedes avergonzados hoy aquí, señora vicepresidenta; y no solo ustedes, pero esta es una sesión de control al Gobierno. Aquí se ha establecido un pacto a oscuras y a puerta cerrada para repartirse el Poder Judicial, y hay quien ahora se está echando atrás porque desde su Gobierno, mientras negociaban una ministra reprobada con un exministro reprobado, se producían filtraciones a ciertos medios de comunicación. Déjeme que le lea las palabras de un juez que ha hecho estallar ese amaño, ese apaño: Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. Repito: la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional, señora vicepresidenta, descartándose acto seguido como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -descartándose- justamente porque su independencia se vería comprometida si aceptara que su nombre fuera ya dado como futuro presidente cuando los propios vocales todavía no estaban escogidos. ¿En qué situación cree que deja eso al resto de los jueces? ¿Qué juez puede ahora, si no se cambia el sistema de elección, aceptar, admitir ese cargo sin quedar por debajo de ese baremo de dignidad y de ese baremo de independencia? ¿Se dan ustedes cuenta de que el cambalache que han organizado ha puesto a este país contra las cuerdas en términos de calidad democrática, en términos de independencia judicial, de división de poderes, y que aumenta la presión sobre los jueces de este país? Es una presión que ya existe en la medida en que no dejan ustedes de opinar sobre lo adecuado o inadecuado de las prisiones preventivas, en la medida en que no dejan ustedes de opinar sobre futuros indultos -por cierto, desde ayer ya sabemos que piensan ustedes indultar a los golpistas-, y una presión que de forma personal, en sus casas y con sus familias, practican sus socios. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señor Girauta, hace usted una pregunta de mucha envergadura que me permite a mí también interrogarle, aunque usted no tiene la obligación de contestarme. ¿Ustedes qué entienden por separación de poderes y por independencia del Poder Judicial? ¿Que ese poder del Estado no salga también de este lugar, que es donde está la soberanía común de todos los españoles? ¿Eso es lo que entienden ustedes por independencia judicial, cuando la Constitución establece que todos los órganos constitucionales del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí, que es donde estamos todos los españoles? ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo? ¿Ustedes plantean eso, a contramano de cualquier principio democrático de cualquier democracia parecida a la nuestra? ¡Díganlo! Digan a


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todos los españoles que su concepto de la democracia consiste en que todos los poderes del Estado, excepto uno, no rindan cuentas en esta Cámara, que es donde estamos todos los españoles elegidos de manera directa en las urnas. (Aplausos). Díganlo, porque es una vulneración grande del principio democrático de que aquí estamos todos y de que aquí todos rendimos cuentas.

Ustedes rebajan mucho con su vocabulario la solemnidad que requieren algunas cuestiones al hablar del Consejo General del Poder Judicial como una tarta que se reparte. ¿A usted le parece que la mayoría absoluta de esta Cámara es un reparto? Ustedes faltan al respeto a los votantes de los partidos representados en esta Cámara. Ustedes no han venido a regenerar nada. ¿Ustedes han venido a regenerar teniendo bloqueado este sitio, que es el único sitio solemne de la democracia española? ¡Piénselo, señor Girauta, ... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ..., piénselo! (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN SOBRE EL ACUERDO PARA EL BREXIT? (Número de expediente 180/000871).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta, en primer lugar, del diputado don José Ramón García Hernández, del Grupo Popular.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Buenos días, señora presidenta.

Señor ministro, a estas alturas ya ha rectificado ese ridículo sin precedentes sobre el brexit gracias a la presión del Partido Popular, pero me gustaría saber, de todas maneras, cómo valora usted ese acuerdo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): Muchas gracias.

Señoría, como sabe, el acuerdo sobre el brexit consta de un tratado de retirada y de una declaración política sobre la relación futura. Conocemos el primero, pero todavía no nos han entregado el texto de lo segundo, y no daremos nuestro acuerdo hasta que no conozcamos los dos y no estemos seguros a través de los dos de que la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea no incluirá a Gibraltar, que será una negociación aparte sobre la cual España tendrá que estar de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor García Hernández, adelante.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Cuántos ministros de Asuntos Exteriores hubieran deseado estar en su piel, teniendo una ventaja sobre el brexit, para recuperar la soberanía de Gibraltar y mejorar la vida del Campo de Gibraltar y la de tantos andaluces. La verdad es que usted no ha estado a la altura, lleva mucho tiempo sin estarlo. Parece que solo juega bien cuando tiene información privilegiada. Sé que nos va a responder, al menos, con seis mentiras. La primera de ellas es que nos va a convencer de que ha negociado duramente; lo acaba de intentar usted, y en el fondo se ha enterado por la prensa de lo malo que es el acuerdo; por eso Barnier no lo quiere cambiar, porque no han negociado; esa es la prueba. La fuerza de este Gobierno bonito se desvanece tras el uso del Falcon presidencial. La segunda es que nos va a querer decir que es la misma negociación que hizo el Partido Popular. -Otra mentira más-. Esa negociación empezaba por el uso compartido del aeropuerto, lo que abría la puerta a la cosoberanía, y fue la primera que ustedes dejaron caer. La tercera es que usted nos va a decir que es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo el que ha hecho Irlanda con Irlanda del Norte. -Aprendan ustedes de ellos-. La cuarta es que usted ya hizo unas declaraciones renunciando al derecho de veto, cuando dijo que no sería un


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obstáculo en la negociación del brexit. Pero no es el único culpable; le ayudó también el doctor Sánchez cuando dijo que si hay acuerdo, bien y, si no, también. La verdad es que los dos son un dúo insuperable. Y la quinta es que va a pedir usted esto que ha dicho, esa declaración política, con las garantías dentro de la Unión Europea. Pues yo le pido que me dé el nombre de la persona que ha proferido tal afirmación porque es un aficionado; es desconocer la Declaración de Lisboa de 1980 y la de Bruselas de 1984, que pedían lo mismo en el marco de Naciones Unidas. Y fíjese dónde estamos. Vaya usted al Campo de Gibraltar y le cuenta los cacahuates que ha conseguido usted en esta negociación. La sexta es que usted nos dirá que defiende a España y a los españoles, pero vistas las declaraciones de ayer que dijo que le importaba mucho más la unidad del Reino Unido que la de España tiene usted que hacérselo mirar. Todavía es capaz de volver a decir aquí que Cataluña es una nación.

Mire, ayer el presidente le cesó a usted por la vía de los hechos diciendo que era una pésima negociación y que la iba a bloquear. Ya no tenemos derecho a veto. Nosotros le volvemos a ofrecer la mano si quiere una política de Estado, pero con esos socios en el barco que van a por el botín, los podemitas y los independentistas, me temo que la única opción es que convoquen elecciones ya. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): Gracias, señorías.

Muchas gracias por su apoyo en una cuestión de Estado como es esta, muchas gracias. (Risas.-Aplausos). Le estamos muy agradecidos por mantener un frente común en las negociaciones con el Reino Unido en una cuestión vital como es esta. En segundo lugar, vaya batiburrillo que ha organizado usted en su respuesta. Menuda confusión mental tiene usted con respecto a las negociaciones del brexit y Gibraltar; lo ha mezclado usted todo, todo, los memorándums, que por cierto... ¿Le suena? Los cinco memorándums bilaterales que ayer, por cierto, cerramos en la negociación entre el Reino Unido y España, que complementan el protocolo anexo al tratado de retirada. Sí, ya comprendo que usted lo mezcle todo, pero distinga, por favor.

El tratado de retirada tiene un protocolo adjunto sobre Gibraltar en el que hay acuerdo. (El señor García Hernández hace gestos negativos). ¿Cómo que no? Ayer cerramos los acuerdos bilaterales; con lo cual, completamos la retirada. Donde hay desacuerdo es sobre la relación futura. Distinga las dos cosas, por favor; y en esa relación futura nosotros queremos que se siga diciendo lo que se ha dicho siempre, que quede claro y que no haya ninguna duda jurídica. Las negociaciones sobre la relación futura, señoría, entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar son negociaciones aparte y tienen que contar con el acuerdo de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE SU MINISTERIO? (Número de expediente 180/000856).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Adelante, señoría.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señor Borrell, la pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene de la gestión de su ministerio? Y un matiz, como avisamos ayer, cada vez que el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos llame [golpistas] 1, les llamaremos [fascistas]1.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

1 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.


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El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): No he entendido muy bien sobre quién es el racista aquí. (Rumores). He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista, que no he entendido si se refería a mí. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: También, también).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): ¿Yo también? Vale, también soy un racista; bueno, estupendo, señoría.

Señora presidenta, ¿podría usted pedir que se borre de la sesión la acusación de racista?

La señora PRESIDENTA: Señor Borrell, continúe que luego intervendré. (Aplausos).

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): La valoración de la gestión de mi ministerio me parece razonablemente buena, aunque por supuesto mejorable. Como supongo que a usted lo que le interesa son las relaciones con Flandes, le puedo decir que la relación con el Reino de Bélgica también es muy buena.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

Señor Rufián.

El señor RUFIÁN ROMERO: Señor Borrell, si viniera a los Plenos se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos llame [golpistas] 2, les recordaremos los tiros que hay en este techo (señalando al techo del hemiciclo) y les diremos [fascistas]2. (Rumores).

Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto: Usted -y míreme bien- es el ministro más indigno... (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Hala!).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.

El señor RUFIÁN ROMERO: ... más indigno, de la historia de la democracia española. (Rumores). Y los ha habido muy indignos. Usted, señor Borrell, no es un ministro; usted es un hooligan, usted es un militante de Sociedad Civil Catalana, una vergüenza para su grupo parlamentario (protestas), más que nada porque es una...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor RUFIÁN ROMERO: ... organización de extrema derecha.

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio! Señorías, les ruego silencio.

El señor RUFIÁN ROMERO: Cálmense.

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rufián. (La señora Cantera de Castro: Tranquilitos, que nos valemos solos. Tranquilitos). Silencio, por favor. Les ruego silencio, a todos, señorías. (Rumores). Señora Álvarez, silencio. Silencio. Silencio. (Un señor diputado: ¡Dejen de insultar a todo el mundo!). Después hablaré yo de los insultos, pero, por favor, les ruego silencio.

Adelante, señor Rufián.

El señor RUFIÁN ROMERO: Calma al Grupo Parlamentario del PSOE porque parecen de Ciudadanos.

Tres cosas. (Rumores). Calma, calma, calma. Tres cosas, señor Borrell. La primera, vergüenza, vergüenza; le debería dar vergüenza decir que compite con nosotros cuando maneja un presupuesto de 1500 millones de euros respecto a 60. La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se llama Raül Romeva. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Oriol Junqueras mientras se pudría en una cárcel de Madrid, y usted se estaba mofando en un mitin del PSC. Le pido que dimita.

Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).

2 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver páginas 14 y 16


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señora presidenta.

Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol, que es lo único que usted es capaz de producir. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie, y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-El señor Rufián Romero se pone de pie, con los brazos abiertos; después aplaude y más tarde señala a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso diciendo: ¡Vergüenza, vergüenza!-Protestas).

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Rufián! ¡Señor Rufián, le llamo al orden! Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en el uso de la palabra no se pueden poner sus señorías de pie, y luego le diré algo respecto a su intervención. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-El señor Rufián Romero, sentado en su escaño: ¿A mí...?).

Continúe.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Rufián Romero pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. (El señor Rufián Romero: ¡También a él!). ¡Señor Rufián! ¡Señor Rufián! ¡Señor Rufián! Señor Rufián, le pido... Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al Reglamento de que podía ser expulsado después de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. (Aplausos.-El señor Rufián Romero hace un gesto de saludo militar).

Continúe, señor ministro. (Rumores). Silencio, señorías. Silencio. (El señor Rufián Romero abandona el hemiciclo, así como el resto de diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-El señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Borrell Fontelles: ¡Eh, eh!). Silencio.

Señor Borrell, adelante.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Borrell Fontelles): Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. El tiempo ha terminado. (El señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Tengo todavía ocho segundos. Solamente los voy a usar...).

Señor Borrell, el tiempo ha terminado. Muchas gracias.

Señorías, me quiero dirigir a todos ustedes. El ministro Borrell en su última intervención ha dicho una frase que yo he repetido muchas veces en esta legislatura. Esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Por tanto, la Presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra [fascista] 3 y la palabra [golpista]3 del Diario de Sesiones, y les voy a decir por qué. (Aplausos). El Diario de Sesiones lo leerán no mañana, sino dentro de cien años, y esta generación, que posiblemente tendríamos que representar lo mejor de la historia de España después de estos cuarenta años de democracia, estamos demostrando, especialmente en el Pleno del miércoles, que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles y tampoco utilizamos bien nuestro modo de estar, porque no solo hay insultos verbales en este hemiciclo, hay falta de respeto a la Presidencia, hay actitudes que son absolutamente impresentables. He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan pedir silencio o me escuchan llamar a sus señorías por su nombre, un insulto machista. Se dice: la institutriz. Quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este

3 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver páginas 14 y 15.


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Pleno (aplausos), pero también les digo una cosa. No voy a permitir que cosas como las que han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON ELOY SUÁREZ LAMATA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿TIENE DISTINTO CRITERIO LA FISCAL DELGADO QUE LA MINISTRA DELGADO? (Número de expediente 180/000867).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las preguntas, ahora dirigidas a la señora ministra de Justicia. Pregunta del diputado don Eloy Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Delgado, cuando usted era fiscal secundó la huelga del 22 de mayo. Recientemente, en la del 19 de noviembre usted decidió viajar a París. Cuando usted era fiscal defendía la independencia de las instituciones y ahora da instrucciones a la Abogacía del Estado. Cuando usted era fiscal trabajaba para que hubiera sentencias y ahora trabaja para que algunas de ellas no se cumplan. Por eso le pregunto si tiene el mismo criterio la fiscal Dolores que la ministra Delgado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señor Suárez, mi criterio y mi trabajo cuando era fiscal y cuando soy ministra del Gobierno de España es exactamente el mismo, es decir, trabajar por el servicio público, que es a lo que me debo, trabajar por y para la justicia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Suárez, adelante.

El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.

Señora Delgado, es evidente que usted no tiene el mismo criterio. Usted será consciente de que es una ministra doblemente reprobada, tristemente es el primer caso; será consciente de que se la reprueba por mentir en esta Cámara y me da la sensación de que vuelve a faltar a la verdad. Usted participó el 22 de mayo en una huelga contra el Partido Popular y ahora, por las mismas situaciones que usted es incapaz de resolver -a usted le corresponde resolver los problemas que tiene la justicia-, lejos de ayudar a sus compañeros, usted les amenaza -y son palabras de ellos, que no mías- con actitudes pretéritas de otros tiempos que teníamos olvidados.

Por otra parte, señoría, usted sabe que es público y notorio que se han dado instrucciones a la Abogacía del Estado para rebajar la intensidad en el procés de Cataluña e intentar rebajar las penas. Por cierto, señora ministra, aprovecho para preguntarle: ¿ha dado usted instrucciones o alguien de su departamento para que la Abogacía del Estado recurra la sentencia que ha recaído en el Tribunal de Cuentas y que condena al pago de 5 millones a Artur Mas y a algunos otros? Me gustaría que contestara sí o no, es muy fácil la pregunta, no se enrede como habitualmente hace.

Le quiero decir algo más. Usted los miércoles aquí nos deleita con lo bien que hace su programa, pero ha creado una comisión para el estudio del indulto y yo le pregunto: ¿están ustedes pensando en indultar a los imputados en el procés o realmente usted está pensando en indultar al juez prevaricador Garzón?

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Por cierto, no viajé a París, estuve en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, trabajando precisamente por los intereses del Estado.


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Mi criterio en relación con las reivindicaciones de jueces y fiscales desde luego no ha cambiado, el que ha cambiado es el de ustedes. Ahora se ponen del lado de las asociaciones, echando en cara al Gobierno que no cumplen las demandas con aquellos. Pues resulta que esas mismas demandas son las que se tuvieron en cuenta cuando se hizo la huelga en mayo. ¿Podrían explicar a las asociaciones semejante desfachatez, que entonces no cumplieran con ni una sola de las reivindicaciones de las asociaciones? ¿Cómo es posible que ustedes desoyeran durante años las peticiones de jueces y fiscales, que recortaran sus derechos laborales y salariales, que no movieran un dedo para modernizar la justicia y ahora vengan a hacer suyas las reivindicaciones? Pues mire, no. Cuando yo era fiscal, apoyaba la recuperación de los días de permiso y como ministra he impulsado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que devolverá a esos jueces y fiscales esos permisos. Siendo fiscal pedía que se convocase la Mesa de retribuciones y como ministra he convocado la Mesa de retribuciones, que no se había convocado en quince años. Siendo fiscal pedía poner fin a un sistema presidencialista de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y siendo ministra voy a poner fin a esa situación, restableciendo el carácter colegiado del órgano, estableciendo la dedicación exclusiva de los vocales y recuperando las competencias que en el año 2013 fueron laminadas por el Gobierno del Partido Popular. Siendo fiscal apoyaba la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo sigo intentando. Y como fiscal, desde luego, respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía del ministerio fiscal, despreciada por ustedes, y eso lo demuestra el wasap del señor Cosidó.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO VA A ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES? (Número de expediente 180/000868).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora del diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.

El señor HERNANDO FRAILE: Señora ministra, usted no ha contestado a mi compañero, se lo vuelvo a preguntar: ¿va a aprobar su Gobierno algún indulto para aquellos que hoy cumplen prisión pendiente de las penas por un golpe de Estado?

Señora ministra, ustedes tienen un problema de doble personalidad dicen una cosa cuando no estaban aquí o cuando estaban en la oposición y ahora, cuando está usted en el ministerio, incumple lo que reivindicaba, como hemos visto en la huelga. Esto es normal cuando ustedes tienen un presidente que unas veces hace de doctor Sánchez y otras de mister ZPedro, esto es absolutamente normal, un proceso de doble personalidad.

Cuando el señor Sánchez accedió por una moción espuria a la Presidencia del Gobierno necesitaba poner al frente del Ministerio de Justicia a alguien como usted, alguien que hiciera todo tipo de enjuagues para dar satisfacción a aquellos que permitieron que usted se sentara en el Consejo de Ministros. Sí, señor Borrell, el señor Rufián, el señor Tardà y todos los que se han ido y que hoy dice que le escupen son a los que usted debe ser hoy ministro de Asuntos Exteriores y el señor Sánchez presidente del Gobierno. (Aplausos). Más dignidad y más vergüenza en otras ocasiones. Nadie mejor que usted para ser ministra de Justicia y llevar adelante este enjuague porque usted -y lo ha demostrado con esas obscenas conversaciones en homenajes a policías corruptos- se ha llenado a lo largo de su vida como fiscal la toga de barro en el camino para medrar políticamente y llegar donde hoy está. (Rumores). No voy a valorar su gestión...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor HERNANDO FRAILE: ... pero en muy poco tiempo usted ha sido capaz de llegar y concluir a todos los fracasos posibles, ha sido reprobada por el Congreso y por el Senado por mentir, ha avergonzado a todos los abogados del Estado, ha traicionado a la jurisdicción española contra el señor Llarena, ha arruinado el acuerdo para solventar y renovar el Consejo General del Poder Judicial porque ha sido usted (rumores), sus filtraciones y su comportamiento quienes han reventado este acuerdo. Además, ya le han hecho hasta una huelga. Usted es un producto tóxico que contamina todo lo que toca. Por eso tengo que decirle una cosa, solo por decencia y por dignidad, lo mejor que puede hacer usted hoy es irse a su casa y dimitir. Eso es éxito seguro para la democracia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


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La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señoría, el señor Rufián se ha ido y quizás usted tendría que salir detrás de él (aplausos), porque usted viene aquí a mentir, a calumniar, a injuriar, amparado por la inviolabilidad. Pero esa no es una buena técnica porque muestra simplemente el proceso de descomposición del Partido Popular, que usted, además, viene ejerciendo de tiempo atrás.

La corrupción les impidió gobernar, la corrupción les impidió durante años hacer su trabajo, no han trabajado por este país y por esta patria, por España. Se han dedicado durante muchos años, señor Hernando, a tapar sus vergüenzas. Usted pide responsabilidades, ¿a quién? (el señor Hernando Fraile: A ti), cuando usted sale en los papeles de Bárcenas, cuando usted sale cobrando sobres en los papeles de Bárcenas... (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señor Hernando.

Silencio.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): ... al tiempo que estaba pidiendo subvenciones y becas para el pago de los libros de sus hijos y estaba cobrando usted sobres. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Pronunció una de las frases más abyectas, señor Hernando...

La señora PRESIDENTA: Señor Hernando.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señor Hernando, usted pronunció una de las frases más abyectas contra las víctimas del franquismo, contra su dignidad y contra su memoria y esto las víctimas de la Guerra Civil jamás se lo van a perdonar y, desde luego, esta ministra tampoco. (Protestas). Ha insultado a jueces como cuando llamó pijo ácrata a algún juez de la Audiencia Nacional porque no le gustaban las sentencias que ponía. (Rumores). Usted, señor Hernando, ha creado un estilo en esta Cámara, ese es su mérito, ese es exactamente su mérito, como cuando insulta a los andaluces y dice que están en el pelotón de los torpes o los compara con los países en vías de desarrollo. ¿Por qué ese insultó a los andaluces, señor Hernando? ¿Por qué ese juego tan sucio? Responsabilidades las deben asumir ustedes porque, desde luego, desprecian a jueces, fiscales y magistrados con wasaps como el del señor Cosidó. Son una vergüenza. Es una vergüenza para este país, exactamente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunta de la diputada... (El señor Hernando Fraile pide la palabra).

Sí, señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Me quedaban cuatro segundos, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Pues utilice los cuatro segundos.

El señor HERNANDO FRAILE: Solo para reiterar que todas sus palabras son deleznables, como usted misma. Váyase a su casa, dimita ya y no haga sufrir más... (Protestas.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señorías... (La señora ministra de Justicia, Delgado García, pide la palabra).

Sí, señora ministra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Me quedaban seis segundos.

La señora PRESIDENTA: Adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Hernando, usted aquí está en descomposición y está descomponiendo a esta Cámara. Más vale que se vayan ustedes ya, desde luego, a reflexionar... (Aplausos.-Protestas).

La señora PRESIDENTA: Terminó su tiempo.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO TRAER COMO PROYECTO DE LEY NUESTRA PROPUESTA DE LEY POR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL Y CONTRA LAS VIOLENCIAS SEXUALES, TAL Y COMO ACORDAMOS EN EL ACUERDO PRESUPUESTARIO? (Número de expediente 180/000876).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.

Es la segunda vez que preguntamos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Es la segunda vez que preguntamos a la vicepresidenta por cuestiones fundamentales para las mujeres, como son nuestros derechos sexuales y reproductivos, o qué es lo que piensan hacer para combatir las violencias sexuales, y es la segunda vez que la vicepresidenta tiene cosas más importantes que hacer. (Aplausos). De verdad que una se pregunta para qué está la cartera de Igualdad, además de para pasarle la apisonadora por encima a Dolors Montserrat, como si esto tuviera algún mérito. Lo vuelvo a decir, quizá las feministas no estamos tan de enhorabuena si nuestros derechos y ciudadanía no son asunto a efectos legislativos de la vicepresidenta del Gobierno. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Dicho esto, me dirijo a la ministra de Justicia: ¿Cuándo piensa traer el Gobierno... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, les ruego silencio, por favor!

Continúe.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: ¿Cuándo piensa traer el Gobierno como proyecto de ley nuestra propuesta de ley para la protección integral de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, tal y como acordamos en el acuerdo de Gobierno? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Fernández, el Gobierno está trabajando en ello. Estamos esperando el informe de la Comisión General de Codificación, que fue requerido para poder presentar el proyecto para combatir los delitos contra la libertad sexual.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Formulo la pregunta porque pasa el tiempo, se suceden las manifestaciones en la calle gritamos: Escucha, hermana, aquí está tu manada, pero las mujeres sufren violencias sexuales y no tienen ninguna respuesta por parte de las instituciones. Hace más de un año esta Cámara se vanagloriaba con un pacto de Estado, a nuestro juicio insuficiente, para combatir las violencias machistas, y una de sus manifestaciones más continuada, en torno a la que más movilización existe, sigue pareciendo algo inexistente para el Gobierno. ¿No es de sentido común en 2018 saber que la violación de una mujer es violencia machista? ¿No es de sentido común que debe juzgar el caso un tribunal con formación de género? ¿No es de sentido común que una mujer debe tener al alcance recursos y asistencia, tanto si quien le agrede es su pareja, un familiar, un compañero de trabajo, un conocido o un desconocido?


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Señora ministra, entiendo que aquí vamos a hablar de algo más que de las necesarias reformas del Código Penal para blindar el sí es sí, que por cierto fue una propuesta que dijo la propia vicepresidenta la misma semana que nosotras presentamos la propuesta de ley. Blindar esto entendemos que es algo que ya está hecho, aunque ahora mismo esté en debate en la Comisión de Codificación y se haya ampliado el plazo hasta diciembre, como usted ha dicho. Pero esta propuesta de ley que presentamos es una ley que da la vuelta al paradigma del consentimiento para plantear un mutuo acuerdo, para traducir nuestros derechos no tanto en agresiones, sino en torno a nuestra libertad. Todo aquello que atenta contra nuestra libertad es una agresión. Y esta es una ley que no sería posible sin un 8 de marzo histórico, sin nuestras abuelas, madres y hermanas. Así que, señora ministra... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Adelante, señora ministra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Fernández, estamos completamente en línea. Este Gobierno ha dejado claro desde el minuto uno, desde el primer momento que la lucha contra todas las formas ejercida contra las mujeres son una prioridad absoluta. No queremos meras palabras, no queremos gestos...

La señora PRESIDENTA: Tiene que acercarse al micrófono, señora ministra, porque no la están escuchando.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Perdone.

Digo que no se trata de meras declaraciones ni de una declaración de voluntades o intenciones, lo que queremos son hechos y demostrarlo con hechos. En solo cinco meses el Gobierno ha hecho mucho más que el Gobierno del Partido Popular en seis años y medio. Ejemplos de este carácter prioritario que tiene para nosotros la lucha contra la violencia de género es el impulso decidido que hemos dado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por otro lado, paralizado por el Partido Popular, o a la reforma de la Ley orgánica en materia de formación de jueces y operadores jurídicos. Actualmente, en el Ministerio de Justicia hay seiscientos operadores jurídicos que están pasando por un curso de formación continuada en materia de violencia de género.

Por lo que se refiere al Código Penal y a la reforma para la revisión de los delitos sexuales, es muy importante que la Comisión General de Codificación emita un informe. Como muy bien ha dicho usted, pidieron una ampliación de plazo. Se ha dado, porque nos parece que es un debate en el que necesitamos reflexionar y hacerlo jurídicamente perfecto, y se ha hecho una ampliación del plazo hasta el día 13 de diciembre. La comisión está trabajando desde el mismo momento en que recibió el mandato de manera rigurosa y con total profesionalidad, atendiendo siempre al último objetivo, que es el de la mayor tutela y protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Desde luego, coincidimos en la necesidad de abordar la reforma, señora Fernández, absolutamente, pero la urgencia de la situación no puede hacernos renunciar a hacer lo mejor y a hacer el mejor de los proyectos posibles para defender a las mujeres de estos crímenes que no dejan de ser crímenes machistas y contra la igualdad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA M.ª MAR BLANCO GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SE SIENTE CAPAZ A ESTAS ALTURAS DE SU GESTIÓN COMO MINISTRO DEL INTERIOR DE MIRAR A LA CARA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? (Número de expediente 180/000866).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior.

Pregunta de la diputada doña María Mar Blanco Garrido del Grupo Popular.

La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿considera que su gestión al frente del Ministerio del Interior dignifica la memoria de las víctimas del terrorismo?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta.

Señoría, ha modificado un poco su pregunta y le diré que creo que mi gestión en el Ministerio del Interior dignifica la memoria de las víctimas. Le diré que yo siempre miraré a la cara a las víctimas del terrorismo, siempre la miraré a usted a la cara, porque yo no olvido la historia de las víctimas del terrorismo, no olvido su historia, no olvido esa memoria. Espero que usted no haya olvidado la mía. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Blanco Garrido.

La señora BLANCO GARRIDO: Señor ministro, yo le puedo asegurar que no olvido su trayectoria, pero, lamentablemente, y lo digo con pena, usted sí que la ha olvidado.

Señor ministro, le recuerdo que todos los que estamos aquí sentados lo estamos porque nos han votado los españoles. Ustedes están sentados en la bancada azul porque les han votado los independentistas, incluido un partido llamado Bildu. (Aplausos). Ya sé que a ustedes no les gusta que les recuerde -a usted especialmente- que están apoyados por un partido llamado Bildu; los mismos que aplaudían cada vez que asesinaban a cargos públicos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

Usted, señor ministro, forma parte de un Gobierno que retiró el recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno del Partido Popular a la conocida como Ley de abusos policiales, una ley que tiene como objetivo -y usted lo sabe- blanquear la historia de ETA, equiparar a policías y guardias civiles con asesinos y verdugos y una ley que cuenta con la oposición de las asociaciones y sindicatos de los cuerpos policiales y también de las víctimas del terrorismo.

Usted forma parte de un Gobierno que trata de crispadores a los constitucionalistas que se acercaron a Alsasua para defender a la Guardia Civil y para reafirmar sus compromisos con las libertades que tanto dolor y tanto sufrimiento nos ha costado alcanzar. Por ello, hoy le volvemos a preguntar: ¿Qué lugar de España le parece a usted idóneo para que los constitucionalistas nos manifestemos apoyando a la Guardia Civil sin que por ello recibamos las frases de que incitamos al odio o que somos unos crispadores? Espero que usted hoy nos pueda contestar.

Señor ministro, usted forma parte de un Gobierno que a día de hoy continúa sin desautorizar a Zapatero por reunirse con Otegi, por reunirse con un terrorista, y callan porque en el fondo están de acuerdo, porque, lamentablemente, para ustedes todo vale con tal de mantener asegurado el sillón de Moncloa. Mire, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Una de estas líneas rojas es el respeto a las víctimas, y ustedes lo han hecho porque, sinceramente, están más ocupados por quienes les llevaron al poder -como le he dicho anteriormente, todos partidarios de la ruptura de España- que por defender a las propias víctimas. No olvide que todas ellas dieron su vida por defender precisamente la Constitución y por defender la unidad de España. En política no todo vale y menos dejar de lado a las víctimas. Le recuerdo que su memoria no se vende; se defiende todos los días no solo con palabras, sino también con hechos. Hoy, por ello, les volvemos a pedir, porque su Gobierno está en descomposición, que convoquen elecciones y devuelvan la dignidad a España y a los españoles. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, quiero recordarle que el Estado de derecho ha derrotado a ETA. En esa derrota las víctimas del terrorismo tuvieron un papel fundamental, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron un papel fundamental y la sociedad española en general tuvo un papel fundamental, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda por construir un relato real de lo que sucedió, la memoria de la que usted habla. Nos queda todavía por mantener la memoria de aquellos que dieron la vida por todos nosotros para que el día de hoy podamos disfrutar la libertad.

¿Sabe cómo se consiguió? Solo se derrotó al terrorismo y se seguirá derrotando al terrorismo mediante la ley; solo se derrotó al terrorismo y se seguirá derrotando al terrorismo mediante el Estado de derecho; solo se derrotó al terrorismo y se seguirá derrotando al terrorismo mediante la unidad de todos los demócratas. Les pido que sigan manteniendo esa unidad de todos los demócratas para que podamos articular y mantener la memoria de las víctimas. Les recuerdo que nosotros, desde este punto de vista,


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estamos, dentro de la memoria, realizando labores para modificar la Ley 29/2011, de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, para darles mayor protección.

Déjeme que le recuerde finalmente, a título de reflexión -reflexión suya, que habla de la memoria-, que usted no es solo diputada del Partido Popular, usted también es presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en la que están muchas asociaciones, asociaciones que les dijeron a ustedes al inicio de este Gobierno: No nos utilicen políticamente, no nos utilicen. Ayer estuvimos presentando una unidad didáctica que habla de memoria, de lo que realmente aconteció. ¿Sabe a quién se echó de menos? A la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Parece ser que quería seguir siendo diputada del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON FÉLIX ALONSO CANTORNÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO SEGUIR LA POLÍTICA DEL PARTIDO POPULAR DE INFRAFINANCIAR, PRECARIZANDO EL TRABAJO EN CORREOS, OLVIDÁNDOSE DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL? (Número de expediente 180/000873).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta del diputado don Félix Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta.

Señor ministro, el próximo 30 de noviembre los sindicatos de Correos han convocado una huelga que se repetirá el 21 y el 26 de diciembre si no hay acuerdo. ¿Piensa el Gobierno seguir la política del Partido Popular de infrafinanciación y precarizar el trabajo en Correos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.

Señor Alonso, puedo entender la preocupación de los trabajadores de Correos, porque desde 2010 hasta hoy no se ha puesto remedio a una situación transitoria, pero este Gobierno está firmemente comprometido para que en España, con independencia del lugar de residencia, todos los ciudadanos tengan un servicio de calidad que garantice adecuadamente las comunicaciones por vía postal. Para poner fin a la larga situación de interinidad que nos hemos encontrado, estamos impulsando el plan de prestación del servicio postal universal y su correspondiente contrato regulador para su aprobación por el Consejo de Ministros. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Alonso Cantorné.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Los presupuestos de 2018 para el servicio postal universal contienen una disminución de 60 millones de euros respecto al año anterior, una infrafinanciación repetida en los últimos años, motivo directo de un déficit acumulado de 277 millones. Hablamos de una empresa de 51 000 trabajadores, que desde 2008 ha perdido 15 000 empleos, en la que los trabajos cada vez son más precarios: sueldos mileuristas, si llegan, contratos de ocho horas a la semana y temporalidad disparada.

España se encuentra a la cola de Europa en puntos de atención a la ciudadanía y en empleos por habitante. En todo el mundo el sector postal está creciendo gracias al comercio electrónico y a la paquetería. La inacción ha impedido el impulso de Correos en ese segmento y ustedes ahora tienen la oportunidad de adaptarlo a la realidad del siglo XXI. España cuenta con menos actividad, menos ingresos y menos empleos que sus competidores europeos. Con mayor inversión, Correos no únicamente estaría saneada sino que daría beneficios, como sucede con las empresas postales que representan el capital público de Francia o Alemania, nuestras competidoras más directas. El servicio en el ámbito rural, imprescindible herramienta para frenar la despoblación, se está suprimiendo. El anterior Gobierno incumplió todos los compromisos; parecía que buscaba descapitalizar para malvender.


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En los últimos presupuestos, Correos, servicio postal universal, ha sido sello de cambio en la negociación. Les acompañaremos si lo manifestado en la reunión del 25 octubre con los sindicatos se concreta en empleo estable, mejoras salariales y un plan de prestación de servicio postal universal.

Más allá de las buenas intenciones, les volvemos a preguntar: ¿Tiene previsto el Gobierno dar un giro a la política postal, dotar de financiación y herramientas suficientes para que Correos sea una empresa pública, competitiva y con trabajo de calidad? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Señoría, en este momento el Plan de prestación del servicio postal universal está siendo estudiado por la Comisión Europea para verificar su adecuación a la normativa comunitaria. En breve esperamos un pronunciamiento de Bruselas para iniciar la tramitación reglamentaria que nos lleve a aprobar ese plan. Este plan lleva muchos años de retraso, en concreto más de siete años. Esto, que no es casualidad, ha llevado al anterior Gobierno a aplicar sobre la compañía los recortes presupuestarios que usted comentaba antes, lo que ha generado muchas dudas sobre el futuro de la empresa, por su dificultad en cuanto a viabilidad y a la propia prestación del servicio y por la incertidumbre de los trabajadores, y esto ha afectado, además, de forma importante al ámbito rural.

El Gobierno quiere solucionar todo esto de modo definitivo, pero es evidente que necesitamos aprobar ese plan una vez que tengamos el visto bueno de la Comisión Europa. Creemos que Correos debe seguir siendo una empresa emblemática, que garantiza además la cohesión social, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, como hacen otros países con empresas homólogas. Esa es la voluntad del Gobierno y, desde luego, también lo estamos haciendo con los propios trabajadores con tal de alcanzar un horizonte de estabilidad que, evidentemente, afronte la precariedad que usted comentaba.

Por lo demás, le tengo que decir que comparto plenamente su discurso, también la voluntad, y espero que compartamos los resultados, si puede ser.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO BARANDIARAN BENITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUÉ ESTÁ PARALIZADA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFORMA DEL BUQUE DE AYUDA HUMANITARIA "AITA MARI", CON SEDE EN GETARIA, GIPUZKOA? (Número de expediente 180/000858).

La señora PRESIDENTA: Pregunta, también al señor ministro, del diputado don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Adelante.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias.

Señor ministro, estoy seguro de que usted también participa de los motivos de nuestra pregunta, porque esta pregunta tiene como intención presionarle para que se pueda finalmente dar cauce a una solicitud de autorización, de acuerdo al Real Decreto 1837/2000, para las reformas en un buque de pesca antiguo, de 38 metros de eslora, que se ha reconvertido en sus características para actuaciones de salvamento, de ayuda humanitaria, para que pueda salir a la mar y cumplir con su objetivo: salvar vidas en el Mediterráneo.

Entendemos que es un procedimiento complejo, porque autorizar las modificaciones de una embarcación cuando se deben tener en cuenta las exigencias en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación del ámbito marino lo es, pero también entendemos que no tienen por qué agotar el plazo de seis meses que está contemplado en ese procedimiento, que es el que en su caso agotaría dicho procedimiento. Esa situación es un motivo más por el que nos parece descorazonador que precisamente haya sido este viernes -el pasado día 16 de noviembre- cuando, más de tres meses después de la presentación de la solicitud inicial con toda la documentación para que se autorizara a este barco para poder salir a la mar, la Dirección de Marina Mercante se ha dirigido a los responsables de esta iniciativa no para comunicarles la autorización sino para decirles que, por favor, traigan más papeles,


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corrijan algunos pequeños defectos y sigan adelante. También es verdad que esa notificación ha coincidido casualmente con la presentación de esta pregunta.

Nos parece, con todo el respeto, que esa no es la actitud debida y que posiblemente tampoco se corresponda con su propia sensibilidad, señor ministro, al menos en esta materia. Por eso, quisiéramos obtener una respuesta concreta a una pregunta concreta, que es la siguiente: ¿Para cuándo se compromete, señor ministro, a conceder la autorización correspondiente al expediente de reforma del buque de ayuda humanitaria Aita Mari, con sede en Getaria, Gipuzkoa, permitiendo así que pueda evitar la pérdida de vidas humanas en el mar?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidenta. Gracias, señor Barandiaran.

Como ya le he indicado -en alguna ocasión lo he planteado-, la tramitación de este expediente no está ni paralizada ni está retrasada. Es un proyecto de un antiguo pesquero, como decía usted, que una vez ha llegado al final de su vida ha solicitado su transformación en buque destinado a tareas de salvamento. Estamos ante un proyecto de transformación de un buque. De acuerdo a esto, se sigue un procedimiento reglado, de manera que se sigue la normativa relativa a inspección y control de la transformación, reforma y grandes reparaciones de buques de pabellón español. Hay que solicitar autorización previa a la Dirección General de Marina Mercante -como ha comentado-, tienen que mandar la documentación técnica... Para todo este procedimiento tienen seis meses, que es el plazo del que habla la normativa. Esto se presentó el 6 de agosto y, por tanto, estamos plenamente en plazo. Estos plazos son habituales para este tipo de procedimientos; es lo único que le puedo decir. Además, lógicamente, este proyecto, por las tareas que va tener y dónde va a actuar, -fuera y a distancia del territorio español- nos exige tener la certeza de que cumple con la normativa. De todas formas, para no aburrirle con los procedimientos, quiero decirle que he consultado este expediente y me indican que el proceso de estudio está prácticamente ultimado, de manera que confiamos en que la tramitación concluya satisfactoriamente mucho antes del plazo previsto. Por lo tanto, creo que en poco tiempo tendrán la autorización para llevar adelante el proyecto de transformación. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señor ministro, 151 000 firmas ya en Change.org piden que se deje zarpar nuestro barco de rescate. Ni una muerte más en el Mediterráneo. Eso, esta mañana y en un entorno muy inmediato. Además, se ha producido la incautación del barco Aquarius por Italia, lo cual alimenta aún más nuestra pregunta. ¿Participa de los valores de quienes pretenden retener barcos de ayuda humanitaria en los puertos o prefiere que estén en la mar salvando vidas humanas? Esa es la razón de nuestra pregunta. Yo estoy seguro de que su sensibilidad le lleva...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Yo he querido tranquilizarle, pero usted introduce otro elemento que nada tiene que ver con esto, sino con el contexto, y ese es otro debate.

España tiene un servicio de salvamento marítimo eficaz y bien distribuido que está haciendo su trabajo, y no hay ningún problema con esta actuación. Estas otras misiones que usted me dice están fuera del territorio español, se van a aguas internacionales de otros países que nada tienen que ver con la política española de salvamento. No confundamos tareas. Yo estoy de acuerdo con la labor humanitaria que desarrollan, pero no es una labor que tenga que ver con las costas españolas; van a otras misiones internacionales y eso, evidentemente, no responde a la política española. Lo puedo elogiar, lo puedo loar, lo puedo promover y apoyar, pero no... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO VALORA LA AUTOESTIMA DE SU GOBIERNO? (Número de expediente 180/000872).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.

Señora Celaá, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde necesitamos que los jóvenes sean muy competitivos. Sin embargo, ustedes, en lugar de optar por una reforma que mejore la calidad de los estudiantes, han optado por una reforma cangrejo que no mira hacia el futuro, sino que mira hacia atrás. Han dinamitado en tan solo dos semanas un año y medio de trabajo de la Comisión de Educación. Han dinamitado en tan solo dos semanas el trabajo de la Comisión de Educación por la que han pasado más de ochenta comparecientes. Señora Celaá, ustedes no querían un pacto, lo que querían era imponer su modelo, el mismo modelo que ya fracasó. Señora Celaá, su reforma cangrejo, además de atacar la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos -incluso estableciendo comisarios políticos en los colegios concertados-, además de atacar la igualdad entre españoles, permitiendo que comunidades como la catalana o la valenciana puedan arrinconar el español, baja el listón. En lugar de apostar por la excelencia, apuestan por una educación mediocre. Señora Celaá, ¿no es consciente de que cuando se exige menos el nivel siempre baja? La justificación de que los alumnos deben pasar de curso con asignaturas suspendidas para no dañar su autoestima es ridícula. Usted suspende semana tras semana como portavoz del Gobierno y también como ministra de Educación. ¿Cómo tiene su autoestima? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Hoyo, en una gradación de cero a diez, en diez. Valoro su interés. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Hoyo, adelante.

La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, ya veo que su autoestima es tan alta como su patrimonio. Supongo que han contratado el mejor coaching -Tezanos a través del CIS les anima mes tras mes-, pero, desde luego, no son conscientes de la realidad. Quizás tiene la autoestima alta, pero tiene muy baja la ambición. No tienen ambición; no tienen ambición de país ni ambición por mejorar la calidad de nuestra educación, lo único que les importa es mantenerse, y no lo digo yo, lo dijo usted el pasado viernes. Pero le matizaré algo: el objetivo de todo Gobierno no es mantenerse. Ese será el objetivo de su Gobierno y, desde luego, es un objetivo deleznable y vergonzoso.

Señora Celaá, los españoles... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora Hoyo, nada de lo que usted ha dicho hace la propuesta que presenta el Gobierno, absolutamente nada. Evolucione, por favor. Haga usted como Darwin: viaje; pero viaje a las escuelas, observe con paciencia y luego reflexione con inteligencia. Toda la propuesta que nosotros planteamos está perfectamente alineada con la OCDE y con todas las instrucciones y directrices que sobre educación existen en nuestro mundo civilizado.

Le voy a leer algo, ya que usted parece desestimar lo que significa la autoestima. La autoestima es un objetivo; construir la autoestima es un objetivo principal de la escuela. La escuela ha de ser el andamiaje que permita que los alumnos y las alumnas den un paso más para que cuando se retire el andamiaje, que es cuando terminan su educación, salgan seguros, dispuestos para enfrentar una vida con seguridad y


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con confianza en sí mismos. Pero si usted se refiere al artículo 37 -al que no ha viajado, es evidente, a pesar de tener el articulado-, que dice que el Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que el equipo docente pueda excepcionalmente decidir la obtención del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a este título. Pueda, señoría, pueda, igual que hace el BAC en Francia, igual que hace la Abitur en Alemania, igual que hacen todos los sistemas europeos. De veinte materias en bachillerato, una no suficientemente aprobada no puede permitir de ninguna de las maneras que un alumno se quede un año más en el centro educativo. Esto es lo que hace la propuesta, pero, si quiere, podemos hablar de otros contenidos del procedimiento, de la propuesta, si usted, obviamente, viaja a la ley. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO PRADAS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿ESTÁ ESTUDIANDO EL GOBIERNO REDUCIR EL NÚMERO DE PEONADAS NECESARIAS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO AGRARIO EN ZONAS AFECTADAS POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS? (Número de expediente 180/000861).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Pregunta del diputado don Antonio Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.

El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidenta.

Señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista ha estado seis años solicitando la reducción de las treinta y cinco jornadas reales necesarias para acceder a las prestaciones por desempleo en el campo, en este caso por motivo de la sequía. Hoy traemos esta pregunta porque las inundaciones están provocando destrozos en cosechas y en infraestructuras agrarias que harán imposible que trabajadores y trabajadoras puedan reunir las peonadas en las zonas que están siendo afectadas. Así de dura es la vida de los jornaleros y las jornaleras del campo.

Quiero aprovechar esta pregunta para explicarles de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema de cobertura que apenas beneficia a 190 000 trabajadores. A diferencia de lo que ha vendido el Partido Popular para denigrar la imagen de Andalucía, como ha vuelto a hacer hoy aquí el señor Casado (un señor diputado: No es verdad), supone un ingreso de 343 euros durante seis meses, es decir, poco más de 2000 euros al año. Quiero denunciar las insidias que desde la derecha española se han vertido sobre este sistema que apenas representa el 5 % del coste de las prestaciones por desempleo en toda España, un sistema que a tan bajo coste ha permitido, junto con las políticas de empleo y de desarrollo rural del Gobierno de la Junta, que en Andalucía no se perdiera ni un solo pueblo, mientras que en otras zonas de España se producía una sistemática despoblación. Quiero denunciar el recorte progresivo de los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario por parte del Gobierno de Rajoy, con la complicidad del Partido Popular de Andalucía -recortes y congelación-, mientras la Junta ha aumentado en un 17 % durante estos años sus aportaciones.

Queremos poner de manifiesto la necesidad de reformar definitivamente el requisito de las treinta y cinco peonadas, porque, unos años por sequía, otros años por inundaciones y siempre por el tema de la mecanización, es imposible que, en especial, las mujeres puedan acceder a las prestaciones. Se hace urgente, ministra, un gran acuerdo social y de las administraciones implicadas para mejorar un sistema que es ahora más necesario que nunca. Los trabajadores y las trabajadoras del campo agradecerán ese esfuerzo. Y en lo inmediato, señora ministra, me gustaría que nos dijera qué medidas piensa adoptar el Gobierno en esta materia en las zonas afectadas por las inundaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señora presidenta.

La respuesta, señor Pradas, es sí. Este Gobierno es solidario con las personas afectadas por las inclemencias meteorológicas que tan graves daños personales y materiales están produciendo en nuestro territorio. Nos sentimos obligados a atender a estas personas para tratar de paliar, en la medida de


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nuestras posibilidades, las pérdidas sufridas. Además, se está dando una alternancia de sequías e inundaciones que va en aumento y que parece evidenciar el cambio climático.

Por lo que se refiere a los graves daños ocasionados en Andalucía por las lluvias torrenciales, estamos estudiando la reducción del número mínimo de jornadas reales necesarias cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios. Ya se ha hecho con anterioridad. El último antecedente es la Ley 1/2018, de 6 de marzo, que estableció esta reducción por el descenso de producción como consecuencia de la sequía del año anterior. De esta ley se beneficiaron 31 210 personas a lo largo de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, hasta el 6 de septiembre de este año. Somos conscientes de que estas inclemencias meteorológicas son especialmente perjudiciales para zonas del territorio que viven fundamentalmente de la agricultura, como es el caso de Andalucía y Extremadura, pues provocan una caída de cosechas en cultivos básicos que impide que los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo obtengan las treinta y cinco peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio de la renta agraria, una renta que les permite seguir viviendo hasta la siguiente cosecha. Este sistema de protección, que se ha mostrado fundamental para evitar la despoblación en estas zonas especialmente castigadas por el desempleo, ha actuado también como mecanismo de cohesión social, dada la dificultad cada vez mayor de acceder al mismo por las inclemencias climatológicas y la alta mecanización de la agricultura. Así que, como Gobierno, estamos obligados a estudiar las medidas que permitan mejorarlo para evitar situaciones de desprotección, y somos conscientes de que estas medidas, como usted decía, deben desarrollarse con perspectiva de género, pues las grandes perjudicadas ante estas situaciones de desprotección son en la mayoría de los casos las mujeres, dada su mayor dificultad para conseguir este mínimo de jornadas necesarias para acceder al subsidio o a la renta agraria en momentos de escasez de trabajo. En ello estamos, señoría, y daremos una solución en breve.

Gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: ¿CÓMO CONSIDERA EL GOBIERNO QUE AFECTAN SUS ANUNCIOS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL? (Número de expediente 180/000870).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Transición Ecológica. Pregunta del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Popular.

Adelante, señoría.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidenta.

El 27 % de las emisiones de los gases de efecto invernadero provienen del transporte. Por tanto, el camino hacia la movilidad sostenible nos parece imparable y, con ello, la descarbonización de la economía. Pero también creemos que las economías planificadas son un fracaso histórico, y ustedes siguen profundizando en ellas. Plantean prohibir en 2040 la matriculación y en 2050 la circulación de los vehículos que estén impulsados por gas y petróleo o que sean híbridos. Es decir, son capaces de anticiparse... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MARISCAL ANAYA: ... a cuáles serán las tecnologías dentro de veintidós años. Abandonan la neutralidad tecnológica, una vez más, sin consensos previos -no han hablado con nadie-, hacen anuncios permanentemente y también un simulacro, pero es que en este caso ese simulacro afecta al 9 % de los trabajadores de nuestro país, que están ahora mismo en la indefinición y absolutamente despistados con este Gobierno. Por tanto, le pregunto: ¿Cómo cree usted que afectan sus anuncios al sector del automóvil? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta.

Señoría, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy pertinente sobre un tema absolutamente capital, tal y como ha contestado el presidente del Gobierno. El mensaje más importante


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de todos es entender que el peso de este sector industrial en nuestra economía y en nuestro empleo es de tal magnitud que el Gobierno tiene que asumir con total responsabilidad el acompañamiento en la transformación de un sector que queremos que siga representando lo que hoy representa para la sociedad y para la economía españolas. Por lo tanto, estamos en condiciones de trabajar con el sector, de tal manera que en estos veinte años que quedan hasta 2040 vayamos acordando con ellos un plan que ayude a la innovación, la modernización de los procesos industriales, la capacitación de los mercados laborales y profesionales para poder estar a la altura de un desafío de algo que está cambiando ya, de una demanda mundial que está evolucionando muy rápidamente y en la que el sector del automóvil de España no puede perder el tren. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Mariscal, adelante.

El señor MARISCAL ANAYA: Por tanto, sin cálculo del impacto económico que tiene la medida; no han hecho ningún estudio ni han hablado con nadie; tampoco saben las consecuencias indeseadas. Lo que está claro es que ustedes vuelven a querer ser los primeros de la clase en Europa, y ya sabemos en España lo que ocurre en materia energética cuando el Partido Socialista quiere ser el primero de la clase; lo sabemos porque hay una subida creciente de la factura energética. Por eso lo sabemos; y, además, lo sabemos por lo que ocurrió recientemente, en los años 2007 y 2008, con la apuesta por tecnologías que claramente encarecieron la factura eléctrica. Ustedes se han peleado y no han escuchado ni a las fábricas ni a las estaciones de servicio ni a la industria auxiliar. ¿Creen ustedes que alguien va a invertir en España y a fabricar vehículos sabiendo que el vehículo que han fabricado puede estar prohibido aquí al día siguiente? De verdad, creo que tienen que hacérselo mirar. El resto de socios europeos no han prohibido en absoluto ninguna tecnología. Lo que plantean son objetivos a medio y largo plazo con medidas concretas; unas medidas concretas como la que usted tiene sobre la mesa, que están aprobadas por los Presupuestos Generales del Estado; 66 millones de euros que tiene a su disposición para impulsar el vehículo de energías alternativas, para impulsar el vehículo eléctrico y para impulsar los lugares de recarga. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque están instalados en la radicalidad ideológica en política energética. Así no se hace la transición energética en nuestro país. Hay que dialogar y hay que permitir que las familias y las empresas se adapten a esa transición.

Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Señor Mariscal, me sorprende su demagogia, porque lo que estamos intentando hacer es precisamente cumplir con esos compromisos internacionales que, en seguimiento de lo que han sido las advertencias de la comunidad científica en materia de salud y calidad del aire, han hecho la Organización Mundial de la Salud, la organización en materia de cambio climático de Naciones Unidas o la propia Comisión Europea; fijarnos un objetivo que permita esa senda de reducción de emisiones, que permita esa mejora de la calidad del aire, los cumplimientos con los compromisos con la salud de los ciudadanos, fijando 2040 como ese hito en el que no hay ningún tipo de planificación, más allá de decir que es una buena fecha para poder limitar las matriculaciones de vehículos que no sean cero emisiones, por otra parte, en la franja más prudente de los países de nuestro entorno.

Recordaba el presidente esta mañana que el 85 % de los coches que se producen en España van destinados a la exportación. El 65 % de los coches que se producen en España van destinados a países que han introducido ya limitaciones, prohibiciones y restricciones a los motores de combustión que generan emisiones entre 2025 y 2030 o 2035. Países, como Noruega, han adelantado ya que en 2025 no podrán circular; y Volvo se ha comprometido ya a no producir más coches que no sean híbridos o puramente eléctricos a partir de 2019. Por tanto, hemos de trabajar con la industria, con los sindicatos, con los fabricantes, para hacer de esto una verdadera oportunidad y evitar... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DEL DIPUTADO DON JAVIER RUANO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA: ¿CÓMO VALORA LAS DUDAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA RESPECTO AL PLAN PRESUPUESTARIO ENVIADO POR SU MINISTERIO? (Número de expediente 180/000869).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Economía y Empresa. Pregunta del diputado don Javier Ruano García, del Grupo Parlamentario Popular.

Adelante, señoría.

El señor RUANO GARCÍA: Gracias, presidenta.

Portada de ABC, señora ministra. (Muestra una portada del periódico ABC). Señora ministra, como le he mostrado, un importante medio nacional ha recogido en sus páginas que usted ocultó la constitución de una sociedad instrumental a través de testaferros para evitar el pago de impuestos. Además, Bruselas hoy les saca tarjeta roja por poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de España. En este contexto, ¿cómo valora las dudas planteadas por la Comisión Europea respecto al plan presupuestario enviado a Europa por su ministerio? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.

La Comisión Europea está valorando el plan presupuestario remitido por el Reino de España en coherencia con su evaluación de otros países, con las circunstancias específicas de nuestro país y con su evaluación en años anteriores.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Ruano, adelante.

El señor RUANO GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señora ministra, su respuesta tiene la misma credibilidad que su declaración de bienes. Usted no aclara nada. Yo le voy a decir lo que ocurrió con este asunto. Comunicó por carta a las autoridades de la Comisión Europea que tenía un aval, un aval inexistente de la AIReF a su plan presupuestario. Quería asegurarse la simpatía de Bruselas y se pasó de rosca, y ni siquiera tuvo el coraje de firmar la carta personalmente. Ustedes marearon a la Comisión y utilizaron al señor Escrivá para blanquear su plan presupuestario y además aportó información errónea a la AIReF para conseguir un informe positivo. Señora Calviño, así lo que ha conseguido es dañar su credibilidad y, lo que es peor, la de España; es más, le puedo decir que hoy su crédito ante España y ante Europa es cero. Sinceramente, creo que vino aquí para hacer carrera en Bruselas y lo siento mucho por usted; me parece que le va a salir el tiro por la culata. ¿Cómo cree que puede volver a Bruselas con estas cuentas públicas y además con este escándalo privado? Usted ha hecho con el plan presupuestario lo mismo que con su sociedad instrumental: ha disparado los ingresos y ha inflado los gastos para colársela a Hacienda entonces, en aquellos años, y hoy a la Comisión. Sí, señora ministra, una auténtica chapuza. Usted hoy entra a formar parte de la historia negra de los ministros de Sánchez y se suma a la larga historia de ministros que deberían de haber dimitido y aún no lo han hecho, porque usted ha ocultado una información que hoy la hubiera incapacitado para desempeñar las funciones que desempeña. Además, mintió cuando dijo que Bruselas le había autorizado un objetivo de déficit del 1,8. Señora ministra, le tengo que decir que cuando llegó al Gobierno de pasarela de Pedro Sánchez muchos pensamos que usted era una persona rigurosa, seria y capaz. Hoy le puedo decir que no tiene talla para estar en el Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.

Con respecto al asunto personal que usted ha suscitado, me parece que está mal informado. He venido aclarando reiteradamente -y espero que esta sea la última vez que tenga que hacerlo- que no tengo ninguna sociedad, y el resto de los asuntos, de las historias que inventa el medio que usted ha


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enseñado, que supongo que es el único que usted lee, no son sino tergiversaciones de hechos que son públicos e irreprochables.

Pasando al objeto de la pregunta que usted me ha hecho, de acuerdo con la información que tenemos, las previsiones de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que se publican hoy y mañana, están alineadas con las del Gobierno. Los diferentes organismos prevén un crecimiento robusto en 2019 en nuestro país, una reducción del déficit y de la deuda pública y también señalan que la prórroga de los presupuestos arrastrando los gastos sin poder hacer el ajuste estructural de los ingresos supondría un déficit público superior. Estos organismos también recomiendan a España que aproveche para reducir la deuda pública en nuestro país, lo que es incompatible con la reducción de los impuestos que algunos grupos políticos propugnan. España saldrá el año próximo del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las normas que se exigen en este pacto, en este grupo del pacto, en este tipo de recomendaciones son más exigentes con lo que respecta al ajuste estructural. En este sentido, la evaluación de la Comisión Europea de nuestro país está en línea con la de otros países en una situación comparable, como Francia, Portugal y Bélgica, y, de hecho, que la Comisión Europea esté valorando en gran medida los elementos incluidos en nuestro plan presupuestario es un signo muy positivo de confianza, teniendo en cuenta que nuestro país, a diferencia de los otros, no ha podido enviar todavía un proyecto de ley de presupuestos.

Las líneas incluidas en nuestro plan están alineadas con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la cooperación con la Comisión Europea y la credibilidad son altísimas y creo que esto pone de relieve la necesidad de que todos los grupos políticos traten de hacer lo mejor por nuestro país, reducir la crispación y tratar de apoyar un presupuesto que combine la disciplina presupuestaria con la política social que reduzca la desigualdad, lo que quieren todos los ciudadanos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MÍRIAM ALCONCHEL GONZAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL: ¿QUÉ PROYECTOS TIENE EL GOBIERNO ANTE LA PREOCUPACIÓN SOCIAL QUE ESTÁ GENERANDO LA DIFUSIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE PSEUDOTERAPIAS? (Número de expediente 180/000859).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Preguntas de la diputada doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Señora ministra, cada día conocemos noticias sobre estafas basadas en falsos remedios, en tratamientos milagrosos, en cómo curar el autismo con lejía, en tratar el cáncer con imanes, prescindiendo de la quimioterapia, o las lesiones medulares con productos sin eficacia alguna. Detrás de estas historias siempre hay personas que pierden dinero, la salud e incluso la vida. Nuestra sanidad pública se sustenta en procedimientos y fármacos validados, basados en la eficiencia clínica según los resultados y siempre basados en la evidencia científica. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad del paciente a través del control de todos los procedimientos y de todos los productos que se ofrecen con fines terapéuticos, tanto en el ámbito público como privado.

Este Gobierno ha anunciado un plan para intervenir ante las actividades que no están validadas ni cuentan con métodos para demostrar su eficacia. Es un ejercicio de responsabilidad del Gobierno para proteger la vida y la salud de las personas, porque hasta en el caso de prácticas que en principio pudieran parecer inocuas o coadyuvantes a otros tratamientos contrastados científicamente, si realmente se ofrecen como única alternativa y como sustitutivas de las indicaciones médicas adecuadas, pueden producir unos daños en la salud y provocan una pérdida de oportunidad en el tratamiento médico indicado. Por supuesto, el Estado debe estar atento y atajar cualquier práctica que directamente sea peligrosa para la salud o para la vida de las personas. Si en todas las áreas del conocimiento prima la evidencia científica, el rigor y la información adecuada, lo que no se puede permitir es que justamente en el ámbito de la salud no se exijan esos principios. Por eso, deben controlarse todas estas actividades que conducen a falsas creencias en cuanto a los resultados que ofrecen. Es necesario lograr además una mayor concienciación de la sociedad sobre estas actividades que no tienen eficacia terapéutica alguna. Hay que regular la información, la formación en las universidades y contar con la participación de las sociedades científicas,


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de los colegios profesionales, de las asociaciones de pacientes y de la sociedad en general. Por eso, señora ministra, nos gustaría que nos informase sobre ese plan anunciado por el Gobierno ante la preocupación social que está generando la difusión y la utilización cada vez más de las pseudoterapias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alconchel.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, señoría, la Constitución española impone a los poderes públicos la obligación de proteger la salud de la ciudadanía y las leyes, la Ley General de Sanidad y leyes consecuentes que han desarrollado esta responsabilidad de las administraciones públicas, nos indican que debemos velar por los productos que se registran, por los productos que se anuncian, por las actividades en los centros sanitarios, que debemos velar en definitiva por la seguridad de todas las actividades relacionadas con la salud y por que supongan seguridad para los pacientes. Pero con frecuencia estamos conociendo por los medios de comunicación muchos casos, demasiados casos, que significan, bien directamente por producir daños a la salud o bien indirectamente por el abandono de productos y de tratamientos seguros y eficaces, lesiones para la propia salud y también en algunas ocasiones riesgo de muerte. Por eso, es necesario actuar desde las administraciones públicas, y eso es lo que estamos haciendo.

En primer lugar, pretendemos mejorar la información a la ciudadanía elaborando un real decreto que mejore la información y controle la publicidad de determinados productos y, por otra parte, que los centros sanitarios que ofrecen servicios a la ciudadanía sean acordes con la seguridad y la eficacia y sobre todo lo hagan con el método científico. También en la formación de profesionales, que sigan el método científico, y que los centros se rijan por la evidencia científica. Finalmente, estamos estableciendo un diálogo tanto con las comunidades científicas como con las comunidades profesionales para compartir este plan, para compartir esta estrategia, para combatir las pseudoterapias, para combatir la publicidad equívoca y para asegurar que todos los centros sanitarios que ejercen su actividad en nuestro país lo hagan acorde con la evidencia científica y que los profesionales que la ejercen dispongan de una formación acorde con el conocimiento científico. La devoción en materia sanitaria es al conocimiento. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL: ¿QUÉ BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN APORTA EL DISPONER DE UN CALENDARIO VACUNAL A LO LARGO DE LA VIDA? (Número de expediente 180/000860).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta del diputado don Jesús María Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Las vacunas constituyen una medida de salud pública altamente eficaz, con ellas evitamos miles de muertes prematuras, mejora la salud de la población pero también reducen la desigualdad social, porque contribuyen al mejor rendimiento escolar de los niños y niñas y cuando llegan a personas adultas mejora su empleabilidad y los ingresos económicos que pueden recibir. Por eso, constituyen también una extraordinaria inversión social. España está a la cabeza en cobertura de vacunación infantil, por encima de países como Alemania, Francia o Reino Unido, por eso este año, en el mes de agosto, ha vuelto a ser declarada España país libre de sarampión y de rubeola. Comunidades autónomas como Andalucía han dejado atrás décadas de retraso y hoy presentan tasas de vacunación infantil superiores a la media española. Por ello y para poder mantener esos altos niveles de vacunación en España, necesitamos garantizar un acceso universal a los servicios de salud de todas las personas, incluso antes de caer enfermas, necesitamos un sistema de salud capaz de llevar vacunas con calidad y seguridad hasta el último rincón de España y unos profesionales sanitarios altamente cualificados, necesitamos vacunas de calidad disponibles y un plan coordinado vacunal, y necesitamos también unos medios de comunicación comprometidos con la información veraz y que no den cobertura a estas falsas teorías antivacunas sin ningún fundamento científico. El Gobierno del Partido Socialista ha adoptado en


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este sentido dos medidas importantes: un proyecto de ley de universalización de la atención sanitaria y también un real decreto de uso e indicación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería, que aporta la seguridad jurídica que estos profesionales reclamaban también en la administración de estos programas de vacunación, dejando atrás aquel lamentable real decreto del año 2015 del Gobierno Popular que ninguneó a la profesión de enfermería.

La semana pasada su ministerio llevó al consejo interterritorial un nuevo calendario que incluye tanto la edad adulta como la edad infantil, yo le pregunto qué beneficios puede esperar la sociedad española de este nuevo calendario vacunal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Fernández.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, me gustaría recordar los beneficios que han venido aportando las vacunas a la humanidad. Después de los saneamientos, las vacunas han sido las que más muertes han evitado, así como enfermedad y sufrimiento; por tanto, tienen un valor ya de por sí intrínseco. Efectivamente, la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobamos un calendario único que tiene unas condiciones especiales, y es que es un calendario de vacunaciones a lo largo de la vida; protege a la persona desde antes del nacimiento, porque hay vacunas que también se administran en la etapa del embarazo para proteger ya al recién nacido en el momento del nacimiento. Este calendario único en el conjunto del territorio tiene un valor intrínseco, porque es un mensaje homogéneo de las autoridades sanitarias sobre la forma de proteger contra enfermedades evitables mediante inmunización. Tiene un valor epidemiológico importante porque es una manera más adecuada y más acertada de inmunizar contra las enfermedades de forma más eficaz. Y tiene un valor estratégico indudable -conectando con la pregunta anterior- porque es un arma muy eficaz para combatir las tendencias que estamos viendo en otros países de negacionismo contra las vacunas. Por tanto, es un potente mensaje del conjunto de la autoridad sanitaria, de todas las administraciones públicas responsables de velar por la salud de la ciudadanía. Es un calendario que protege contra catorce enfermedades sobre las que existe plena evidencia de que la inmunización es eficaz para prevenirlas, evitarlas, y también establece un calendario específico para cada enfermedad, es decir, hasta qué momento inmuniza contra cada enfermedad, para lograr esa inmunización eficaz y combatir así estas enfermedades perfectamente evitables. Por tanto, se trata de prevenir la enfermedad y, sobre todo, dar el mensaje a la ciudadanía de que eso es lo eficaz y combatir ese peligrosísimo negacionismo que está apareciendo y que... (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA NOELIA VERA RUIZ-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿QUÉ INICIATIVAS TOMARÁ EL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA LUDOPATÍA QUE GENERAN LAS CASAS DE APUESTAS Y LAS PLATAFORMAS DE APUESTAS ONLINE? (Número de expediente 180/000874).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Noelia Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Señora Vera.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para luchar contra la ludopatía que generan las casas de apuestas online y las casas de apuestas físicas?

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias.

Señora Vera, recordará usted que el pasado 11 de octubre suscribimos un acuerdo su formación política y el Partido Socialista para hacer posible el proyecto de presupuestos, tras diferentes reuniones que hemos mantenido. Una de ellas fue muy significativa, creo yo, en relación con cuál es la política que vamos a desarrollar en materia de juego, y se refiere a todo lo que tiene que ver con el control de la publicidad en línea, que es la competencia más exclusiva del Gobierno de España, así como a la posibilidad de armonizar a través de un real decreto la distinta legislación que existe en diferentes comunidades autónomas para regular de una forma más estricta las casas de apuestas presenciales, que son competencia autonómica y que, como usted bien conoce, están proliferando en nuestros pueblos y ciudades, muchas veces en una cercanía peligrosa a los lugares en los que estudian las personas jóvenes. Por tanto, nuestro objetivo es ser capaces de regular dentro de la legalidad esa actividad para que podamos trasladar un mensaje de sensibilización al conjunto de la sociedad para que las personas no caigan en la adicción, en la ludopatía, con toda la carga emocional y económica que eso lleva a las familias. Cumpliremos el acuerdo que habíamos suscrito. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

Señora Vera.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias.

Señora ministra, el problema de ese acuerdo es que parece ser que el Gobierno ha tirado un poquito la toalla, o al menos eso parece, para sacar adelante esos Presupuestos Generales del Estado. Llevamos siete años de retraso para que ese real decreto al final vea la luz, siete años de retraso en un sector que, además, tiene un código de conducta absolutamente voluntario y cuyo único organismo de control está formado por gente supuestamente independiente pero que son las empresas, las empresas publicitarias, las empresas anunciantes y los sectores de comunicación que sacan tajada del juego. Mientras tanto, siete años en los que la sociedad sigue empobreciéndose y sigue viciándose con este asunto; normalmente, además, las clases que ya están empobrecidas de por sí. Es verdad que tenemos una Ley de ordenación del juego pero hay que parar la publicidad ya, y eso no supone mayor esfuerzo que querer acabar con la publicidad ya, para dejar de ver situaciones bochornosas como las que estamos viendo de presentadores conocidísimos y famosos de este país o líderes del deporte de este país que, además, son referencia para nuestros jóvenes y para los niños, que están beneficiándose y sacando dinero incitando a que se vicien a este tipo de asuntos. Esto habría que hacerlo ya. Durante estos siete años que hemos dejado pasar el Partido Popular, además, ha sido el primero en beneficiarse. Lo veíamos con el señor Montoro en los Presupuestos Generales de 2018, que decía que para subir las pensiones no había dinero pero, desde luego, sí que bajó el impuesto al juego del 25 al 20 %, demostrando que le importaba muy poco la gente, como siempre. Este asunto es muy serio, lo comparto con usted. La ludopatía ya no es una cuestión de señores mayores -que también es muy grave- que se van a jugar a las tragaperras del bar de la esquina, es que está afectando a nuestros jóvenes cada vez más. Además, los mensajes son llamativos, son como esas luces de neón parpadeando con luces llamativas, con colores llamativos, con un señor normalmente famoso, con una sonrisa tan grande que le brilla algún diente y que te está diciendo: 'Ey, tú, eres un joven en exclusión social, eres un joven que no tiene ninguna expectativa de futuro, eres un joven precario que trabaja de sol a sol por 700 euros, tus padres van a ser desahuciados porque no tienen dinero para llegar a fin de mes, tú no te preocupes que tenemos la varita mágica; entra aquí juégate lo poco que te queda, lo poquito que te queda, que te vamos a asegurar un futuro bien avenido'. Eso es lo que están diciendo las casas de apuestas y eso es lo que está avalando el Estado... (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vera.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, presidente.

Señoría, comparto el riesgo y, por tanto, la peligrosidad que determinan conductas o actitudes que pueden propiciarse fundamentalmente en la población vulnerable. Los jóvenes son una población vulnerable, las personas con escasos recursos económicos son también una población vulnerable a la permanente tentación de que con la apuesta encuentren una forma de ganarse la vida o una forma de cambiar su suerte, cuando todos los que estamos en este hemiciclo sabemos perfectamente lo que implica el hecho de tener una adicción de cualquier tipo, pero sobre todo en materia de ludopatía y cómo a veces


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se aprovecha ese sistema de las personas que están en peores condiciones y que incluso están rayando la desesperación. Por eso, es importante que esta actividad tenga una regulación en cuanto a su publicidad, que no anime a que esos colectivos acudan a estos centros, pero también le digo, señorías, que esta es una actividad legal. Por tanto, por ser legal, tiene que tener un marco donde desarrollarse y, a través del juego responsable... (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

- DE DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿CONSIDERA QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PUEDEN SEGUIR ETERNAMENTE CON EL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN? (Número de expediente 180/000862).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta de la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora ministra, ¿va a haber presupuestos? Y le pregunto: ¿Cree que las comunidades autónomas van a poder soportar eternamente el sistema obsoleto de financiación autonómica?

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, me gustaría devolverle la pregunta. ¿Está dispuesto el Grupo Ciudadanos a sentarse para negociar los presupuestos? ¿Van a hablar ustedes de las cuentas públicas? ¿Creen ustedes que este país se merece un debate sobre la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas sociales, las pensiones y el salario mínimo? ¿Consideran ustedes que es bueno y es conveniente avanzar en esta materia? En la medida en que ustedes vayan contestando estas preguntas, al igual que el resto de grupos parlamentarios, podremos seguir avanzando en la negociación de presupuestos. Pero es obvio que hay algunos que están más por el interés táctico, puramente electoralista, que realmente por dar una respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

En relación con su pregunta, respecto al modelo de financiación autonómica, creo que contesté ya en otra sesión que estamos trabajando a través del grupo de decisión, donde están los directores generales de comunidades autónomas representando a sus territorios. Espero que podamos avanzar en cuanto a cuál es el coste estándar de los servicios públicos, que es un buen punto de partida para luego hablar de las variables de población y cómo se distribuyen esa cesta de recursos en función de la idiosincrasia y de la peculiaridad de cada comunidad autónoma. Me llama la atención, señorías, que ahora estén ustedes demandando en cinco meses al Gobierno que hable de financiación autonómica, porque creo recordar que no les escuché en ningún momento pedírselo al Partido Popular. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): No nos escuchó porque usted estaba más ocupada en Andalucía pidiendo que se reformara la financiación autonómica y, cuando llegó aquí, cambió de opinión.

Usted ha hablado de si vamos a negociar los presupuestos. Para eso tendría que venir, dar la cara y explicarlos, porque los papeles que circulan por Europa o que se pactan en la cárcel a nosotros no nos han llegado y nadie nos los ha explicado, señora ministra. (Aplausos). Señora ministra, su Gobierno se ha declarado en rebeldía ante el control parlamentario. Si no les gusta la mayoría del Senado, se lo saltan. Si se les revelan sus socios y las mayorías no les dan, funcionan a base de real decreto; dieciocho van ya y de dudosa urgencia. Están prostituyendo el significado del real decreto-ley de urgencia. ¿Va a venir esta tarde a la Comisión, señora ministra? Es fácil, diga sí o no. ¿Va a dejar la silla vacía ante las cámaras, ante todos los ciudadanos y ante los diputados que vamos a estar allí sentado esta tarde, señora ministra? Diga sí o no. ¿Qué tiene más importante que hacer esta tarde, señora ministra? Porque se supone que lo importante es


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obedecer y respetar esa obligación constitucional que tiene, que es la de que el Gobierno tiene que ser controlado, que tiene la obligación de comparecer ante las Cortes. Sinceramente, y se lo digo de corazón, espero que esta tarde, señora ministra, no esté de campaña, porque desde el pasado 6 de junio hasta hoy han cambiado muchísimas cosas. Hasta el pasado 6 de junio usted era la adalid de la financiación autonómica; cuando llega al Gobierno dice lo contrario. Deje de mentir a los andaluces, deje de mentir a todos los ciudadanos de nuestro país. Reconozca de una vez por todas que ha mentido todos estos años. Reconozca también que esta tarde no quiere venir porque no le apetece en absoluto dar la cara. Queremos que nos explique en Comisión esos presupuestos que usted ahora dice que quiere negociar. Nosotros con los que quieren romper este país no vamos a negociar ningún presupuesto, señora ministra. Incluso con los que les escupen y ustedes luego les ponen la manita para que negocien con ustedes. Si no quiere venir, explique por qué no va a venir. Pero le digo una cosa, ayer un compañero suyo le preguntaba al presidente de mi partido, y futuro presidente de España, qué hacía aquí defendiendo una iniciativa y por qué no estaba en la campaña de Andalucía. Lo que hacía el presidente de mi partido ayer aquí defendiendo una iniciativa es lo que usted no va a hacer esta tarde: hacer su trabajo y dar la cara ante los españoles. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.

Señora Rodríguez, me parece absolutamente lamentable que su grupo parlamentario dé cobertura a una actitud unilateral de la Comisión de Presupuestos de esta tarde, cuando esta tarde esta ministra participa en la Cumbre con Portugal. (Aplausos).

No sé qué importancia le dan ustedes a eso, pero lo que sé es que es la primera vez que en este Congreso de los Diputados, cuando se cita a un ministro con cinco días de antelación, no se le da opción de cambiar la fecha. ¡Es la primera vez! (Aplausos).

Espero, señoría, que tomen ustedes notas, ya que así no se puede hacer la política, ya que hay unas determinadas normas que rigen las comisiones que permite que se puedan conciliar las agendas del Gobierno. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): ¡Silencio, señorías!

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Por tanto acudiré a la Cumbre con Portugal, como estaba previsto, y acudiré a la sesión parlamentaria de la Comisión cuando podamos conciliar esa fecha, espero que pronto, si el presidente de la Comisión tiene a bien hacerlo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra. (La señora ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡Dándole cobertura, vamos!).

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CAMPUZANO), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DESTINADA A DOTAR DE INDEPENDENCIA A LAS MÁXIMAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 172/000163).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a tratar el siguiente punto del orden del día: interpelaciones dirigidas al Gobierno.

En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.

Para su defensa tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó. (Rumores).

Les ruego silencio, señorías.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señora ministra. Hoy no es que las altas instancias judiciales no estén dotadas de independencia, tampoco es ya que la separación de poderes no está ni se la espera, sino que el problema de fondo hoy es que ya ni siquiera la Transición española reviste aquella ejemplaridad que retóricamente se ha venido proclamando. Hoy constatamos que las perversiones del sistema judicial español son estructurales, y eso significa que esas perversiones radican en lo más hondo de una arquitectura que no esta sabiendo dar respuesta solvente ni a los numerosos casos de corrupción que han azotado la vida


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política española ni tampoco a las legítimas, pacíficas y democráticas aspiraciones de más del 80 % de los catalanes que piden votar y determinar su futuro en referéndum.

El Estado, sus instituciones, desde la Corona al Poder Legislativo, pasando por el Poder Judicial e incluso por alguna parte de la prensa, consienten hoy escándalos como, por ejemplo, el protagonizado por el anterior ministro del Interior del Gobierno Popular del que se descubrían conversaciones en las que admitía que tiene fiscales de confianza que afinan expedientes, y no se consiguió que esta Cámara abriera ni una sola Comisión de investigación porque su grupo, el Grupo Popular, y la comparsa de Ciudadanos, lo evitaron. Escándalos como las filtraciones de informes apócrifos del Ministerio del Interior que acusaban impunemente al entonces alcalde de Barcelona, don Xavier Trias, que se ha acreditado que fueron mentiras y que le costaron las elecciones municipales, que por cierto tampoco la señora Colau se ha disculpado por haber dado pábulo a estas mentiras. Escándalos como la vulneración del derecho a la libertad de expresión persiguiendo a artistas, titiriteros o raperos por el contenido de las letras de unas canciones. Escándalos como las palabras de un irresponsable Jiménez Losantos que instiga a poner bombas en bares de Baviera y sean pocos, poquísimos los que denuncien tal enaltecimiento de la violencia. Escándalo es la violencia que perpetraron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el día 1 de octubre atizando y viniendo a pegar a ciudadanos indefensos en Cataluña, cuando lo único que querían era votar. Es un escándalo, señora ministra, que se toleren e incluso se vean con simpatía las expresiones de los fascismos más horribles, de enaltecimiento del dictador, de enaltecimiento de símbolos preconstitucionales, y que nadie actúe en defensa de los derechos constitucionales que supuestamente están vigentes. Es un escándalo que se considere patriótico que Felipe VI se permita un tono desafiante, impropio de una monarquía europea, aplaudiendo la represión el día 1 de octubre y con ello dé la espalda, como mínimo, a la mitad de la población de Cataluña, que ve hoy la monarquía como una institución enquistada y heredera directa del 'atado y bien atado'. Hoy España tiene presos políticos, hoy España tiene personas en la cárcel, sin juicio y sin sentencia, en prisión preventiva. Y resulta, señora ministra, que no han traspuesto la Directiva 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 marzo 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Si esa directiva estuviese traspuesta la vicepresidenta de su Gobierno no hubiese podido hacer manifestaciones de la suerte de: están en la cárcel por haber cometido delitos. Esto es una vulneración de la presunción de inocencia, y aquí no pasa nada.

Dicho esto, señora ministra, quiero destacar que la convivencia con naturalidad con todas estas manifestaciones tan impropias de una democracia sin duda debe atribuirse a las deficiencias de diseño democrático de las que adolece el Estado español, y una de estas deficiencias la encarna sin duda la cúpula judicial. Hoy el Valle de los Caídos se encuentra en la cúpula judicial española. Quiero aprovechar ahora en este punto para excluir a todos los jueces y juezas, magistrados y magistrados que día a día hacen sus funciones en los órganos de instancia, de instrucción, de lo mercantil, de lo social, que se enfrentan a dificultades como la falta de presupuesto o los recursos antiguos. Evidentemente excluimos a todas estas personas que se esfuerzan diariamente por hacer una justicia de proximidad al ciudadano.

Señora ministra, en las altas instancias judiciales debemos hablar de lo que algunos han llamado un repóquer institucional en la degradación judicial del Estado de derecho. Está conformado este repóquer por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Incluso el Consejo de Europa ha destacado reiteradamente las deficiencias del Poder Judicial español en relación con los criterios de independencia e imparcialidad, y no es de extrañar. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Tenemos una Audiencia Nacional, señora ministra, que es un tribunal continuador del tribunal de orden público, a su vez continuador del tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo. Esta Audiencia Nacional, un órgano centralizador, un órgano que vulnera el derecho de los ciudadanos al juez ordinario, un tribunal con una vis atractiva centralizadora, es evidentemente un tribunal que hoy no tiene ningún sentido, por lo que se impondría una reforma judicial en la que se aboliese, se cerrase la Audiencia Nacional.

Tenemos un Tribunal Supremo de nuevo centralizador, porque es la última instancia de los recursos que se presentan, un tribunal cuyos miembros son nombrados a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, un Consejo General del Poder Judicial nombrado por esta Cámara, que es un auténtico brazo político. Y debería entenderse que cuando se nombra un vocal del Consejo General del Poder Judicial por parte de esta Cámara la inmisión política debería desaparecer y perder la connotación política que hoy tiene ese vocal del Consejo General del Poder Judicial, que debería ser nombrado con escrupuloso


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seguimiento de mérito y capacidad y de entre toda la carrera, no solo de entre la mitad de los jueces que hoy están asociados, evidentemente en asociaciones con tintes ideológicos.

Es necesario, señorías, señora ministra, que se juzgue desde la proximidad para acercar las altas instancias al territorio y al justiciable; cumplir con las disposiciones estatutarias y constitucionales; desplegar los consejos generales de justicia, porque los órganos centralizados y únicos son contrarios a los principios de independencia judicial y al derecho a un juicio con todas las garantías. Señora ministra, ¿qué reformas tiene previstas para devolver la independencia perdida a la justicia española? No es un tema menor. Hoy usted lidera este ministerio. Después hablaremos del escándalo al que estamos asistiendo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tiene un reto, usted es la notaria mayor del Reino, evidentemente no pasa ese reto de solución para seguir el ejemplo del Partido Popular. ¿Qué piensan hacer la ministra de Justicia y el Partido Socialista Obrero Español para dar salida a esta falta absoluta de independencia del Poder Judicial? Y soy consciente de que lo que estoy diciendo desde esta tribuna es gravísimo, la escucharé con atención, señora ministra, porque creo que es un debate interesante, necesario y urgente de abordar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.

A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señora Ciuró, en mi comparecencia ante esta Cámara -concretamente ante la Comisión de Justicia- el pasado mes de julio, para presentar lo que serían las líneas generales de mi departamento, dediqué una buena parte de la intervención a detallar uno de los ejes que conformaban mi labor al frente del Ministerio de Justicia, el de la transparencia. Y la razón era muy clara, cuando hicimos el diagnóstico de cómo estaba la situación de la justicia, y especialmente un diagnóstico de cómo se encontraba el departamento que comencé a dirigir, nos dimos cuenta de que uno de los mayores problemas es la falta de confianza de los ciudadanos en la justicia. Hay una gran brecha entre la ciudadanía y la justicia. Una de las preocupaciones era que se habían multiplicado las injerencias del Gobierno del Partido Popular en la justicia. Asimismo detectamos que la comunicación entre el Gobierno -en este caso el Gobierno del Partido Popular- y el fiscal general del Estado se había caracterizado por su opacidad absolutamente oscurantista. Se habían multiplicado las descalificaciones a los profesionales de la justicia cuando no se resolvían los asuntos conforme a los criterios políticos de algunos grupos políticos. Prueba de ello la hemos encontrado en el mensaje del señor Cosidó a su propio grupo parlamentario en el Senado. No vamos a repetirlo, ya se ha conocido, es conocido por todos y es absolutamente vergonzoso ese juego y ese desprecio.

Con este estado de cosas una de las principales obligaciones que asumí como ministra de Justicia fue la de proteger la independencia de los jueces, los magistrados y las magistradas y la autonomía del ministerio fiscal. En ello hemos mantenido todo nuestro empeño. Una democracia que se digne de tal nombre debe hacer todo lo posible por eliminar cualquier duda que pueda hacer pensar que el Poder Judicial está sometido a controles externos o a presiones que limiten su trabajo. Este Gobierno ha asumido esta obligación con total convencimiento, y en los cinco meses transcurridos desde nuestra llegada al Ejecutivo hemos dado pasos en esa dirección. Un primer paso, señorías, ha sido el impulso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir medidas de refuerzo a la independencia de los jueces y de las juezas. En esta reforma -con un amplio acuerdo- se han introducido medidas como las que ponen fin al sistema presidencialista de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Se recupera así la condición de órgano colegiado del consejo, formado además por vocales dedicados en exclusiva a su trabajo en el órgano de gobierno de los jueces. También en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se han ampliado las competencias del pleno del consejo, reduciéndose la lista de aquellas que correspondían antes solo a la comisión permanente. Además se han establecido criterios objetivos para tener en cuenta en el procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal Supremo, y se ha limitado el mandado para los altos cargos orgánicos del Poder Judicial.

En lo que se refiere a la forma o al sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial estamos en contra de la elección corporativa; creemos que debe ser una elección parlamentaria como la actual. Voy a dar algunas razones, porque esta es la postura que tenemos. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional mixto, que ejerce multitud de funciones que van más allá de los temas corporativos judiciales, y que afectan a la sociedad en general.


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El modelo corporativo sería defendible si no estuviéramos ante el elenco de competencias que tiene el actual Consejo General del Poder Judicial. Son materias que no solo son meramente administrativas, sino que tienen mucho que ver con el adecuado ejercicio de la función judicial en relación con y al servicio de la ciudadanía, compartiendo muchísimas funciones con el Ministerio de Justicia, con las comunidades autónomas y con otras instituciones del Estado. Hablar de aproximación a la ciudadanía, de la paridad, de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género y contra la corrupción; hablar de modernización de la justicia y de cooperación internacional, especialmente contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, es hablar también de política judicial y de política criminal. Y, señorías, para ejercer estas facultades no basta una mera legitimidad corporativa; se requiere una legitimidad democrática que hoy por hoy, tal como está el sistema, solo la puede otorgar el Parlamento, la casa del pueblo, el pueblo.

Como bien sabe el artículo 117 de nuestra Constitución señala que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Y, por lo que decía anteriormente, entendemos que forma parte de nuestro sistema democrático que los miembros del Poder Judicial estén sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de sus representantes, a través de los representantes del pueblo. El actual sistema de elección cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y combina de manera ajustada las aspiraciones profesionales de jueces y magistrados con los intereses generales. En cualquier caso, como también anuncié al iniciar mi mandato, tenemos intención de establecer mecanismos de valoración efectiva de los méritos de los candidatos al Consejo General del Poder Judicial. Además pretendemos implementar un sistema en el que los candidatos puedan defender sus méritos, presentar su proyecto de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado. En este sentido, señorías, el currículum y el proyecto de cada uno de los aspirantes deben ser públicos para que puedan ser conocidos y valorados por la ciudadanía, con el fin de asegurar el máximo grado de conexión entre el sistema judicial y la sociedad. Pretendo poner en marcha un mecanismo que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas cuestiones que, debidamente sistematizadas y calificadas por aquella, estén referidas a aspectos que deben exponer los candidatos y las candidatas. Para ello serán convocados asociaciones y colegios profesionales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes sociales que están interesados -claro que sí- en el funcionamiento de la justicia. En cualquier caso entendemos que no basta con incrementar la transparencia en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Creemos que es fundamental reforzar los mecanismos que garanticen la independencia judicial, tanto respecto a otros poderes del Estado como frente a las presiones o injerencias de cualquier tipo. Es importante mantener la independencia en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de las altas instituciones de la justicia, pero también hay que preservar la independencia judicial de las presiones que desde los grupos políticos se pueden ejercer sobre la justicia. Por ello está en nuestra hoja de ruta atender una de las reclamaciones que las diferentes asociaciones de jueces y juezas vienen pidiendo desde hace tiempo, que es contar con un mecanismo de amparo eficiente que proteja su independencia a la hora del ejercicio jurisdiccional.

Este Gobierno es un firme defensor de la independencia judicial. Atrás quedaron los tiempos en los que los jueces y los fiscales se veían molestados en su función por parte del Ejecutivo. Se acabaron ya las llamadas para interesarse por casos concretos. Se acabaron ya las maniobras para apartar a determinados jueces o fiscales molestos para el poder político. Por primera vez en muchos años las comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado se hacen conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: por escrito, con luz y taquígrafos, siendo público el contenido de esas comunicaciones. Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, señorías, pero tenemos una determinación firme de ese respeto a la independencia y ese respeto a la autonomía del ministerio fiscal. Estamos siendo exquisitos en el respeto a la independencia de nuestros jueces y nuestros fiscales, y va a seguir siendo así, no le quepa la menor duda. Vamos a seguir trabajando para que efectivamente el próximo informe del Greco no sea un hecho del que nos tengamos que avergonzar, como hasta ahora. Vamos a seguir trabajando para que esas recomendaciones se plasmen cuanto antes. Son recomendaciones en dos sentidos, para garantizar la independencia del Poder Judicial efectivamente, y también para garantizar la inexistencia de corrupción en ámbitos judiciales, y lo vamos a hacer porque estamos convencidos de la fortaleza de nuestra democracia, y estamos convencidos de que esa fortaleza reside en la salud de las instituciones y en la separación de poderes, en un sistema de contrapesos. Desde luego


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estamos convencidos de que situaciones como las provocadas por el indigno mensaje emitido por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado no puede volver a repetirse. Aquí nadie en la trastienda debe controlar la independencia judicial, debe manipular a la justicia (aplausos), porque eso es dejar a magníficos profesionales que están desarrollando el ejercicio jurisdiccional a los pies de los caballos, generar un manto de dudas sobre ellos. Eso no se puede permitir, y no lo puedo permitir como ministra de Justicia. (Aplausos).

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, ministra.

Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, como en aquella película Tú la letra, yo la música, usted le ha puesto la letra y se puede leer bien, queda clara, queda diáfana e incluso retrata una Arcadia feliz alejada de lo que es hoy en día el drama de la justicia y de la cúpula judicial en España. Yo le voy a poner la música, y para mí esta música desafina, porque mientras usted me habla de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial quiero recordarle que ha sido una reforma que se ha hecho por la puerta de atrás, que se ha aprovechado que entró en el Congreso de los Diputados la ley orgánica para la reforma de permisos y licencias de los funcionarios públicos de justicia para, vía más de cincuenta enmiendas del Partido Popular, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial; una reforma que ha acabado hoy en el Senado y que resulta que, a pesar de que se haya hecho esta reforma como consecuencia de las enmiendas del Partido Popular, al final también pactadas con el PSOE y con Podemos, y dice cuál es la composición del Consejo General del Poder Judicial, hoy el Consejo General del Poder Judicial está prorrogado porque no hay una reforma como consecuencia de todo lo que ha sucedido con el escándalo del juez Marchena, al que me quiero referir. Un escándalo supino cuando resulta que aparece el nombre de quien va a presidir el órgano de gobierno de los jueces, salta a la palestra el nombre de esta persona y no pasa nada, mientras resulta que este nombramiento tenía que correr a cargo de los vocales del consejo general, que tenían que haberse nombrado y que aún no estaban nombrados, y no sucedió nada. El señor Marchena tarda una semana en dimitir después de que el señor Cosidó, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dice que controlan así al Supremo por la puerta de atrás. Es decir, que todos tranquilos, que aunque el PSOE tenga mayoría en el consejo, nosotros gobernaremos al TS por detrás, y además también la Sala 61, que es aquella que conoce de los aforamientos. Un escándalo auténtico, y es entonces cuando el señor Marchena dimite.

Esta semana que el nombre del señor Marchena estaba en los periódicos, ¿esta persona debía conocer -no sé, pregunto-, estaba al tanto de las idas y venidas de los nombres, de las tachas de personas que no tenían que estar, de personas que sí tenían que estar? ¿Conocía el señor Marchena todo esto, y por tanto en connivencia y durante una semana consintió el manejo de nombres de unos y otros para que los veinte que conformasen el consejo pudiesen votarle sin ningún problema? Ahora sorprende que se erija en el paradigma de la imparcialidad, que no esté de acuerdo con que haya salido su nombre, y que la mayoría de la opinión pública y política aplauda tal imparcialidad. ¿No se dan cuenta de que hay un problema endémico y estructural que no se soluciona si no se abordan reformas de verdad? Usted ha hablado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la voluntad de transparencia, de restablecer la confianza, de proteger la independencia, pero, ¿cómo, si estamos asistiendo cada día a un escándalo tras otro, y hoy tenemos todo el riesgo de tener un Consejo General del Poder Judicial prorrogado? Me parece que es de extrema gravedad que usted, señora ministra, actúe aquí como si no pasase nada.

No dudo de que usted tenga toda la voluntad de intentar hacer reformas, pero, ¿qué perseguía usted cuando estuvo al mando de todas las negociaciones para elegir a los vocales? Me gustaría que me explicase, señora ministra, en qué se está pensando cuando se negocian los vocales que van a ser miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ustedes piensan que tienen que ser personas de reconocido prestigio, que tendrán autonomía para hacer y deshacer con relación a sus atribuciones, y que evidentemente nadie va a decirles a quién tienen que nombrar o a quién tienen que no nombrar; que se hará lo posible para que los jueces que esperan a promocionar en su carrera judicial legítimamente no se sientan compelidos a actuar de determinada manera para ser del agrado de aquellos que les tienen que nombrar para ocupar las altas instancias judiciales? Me gustaría saber qué es lo que piensa una ministra de Justicia cuando tiene la enorme responsabilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.


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También me gustaría saber, señora ministra, si piensan trasponer esta directiva, la directiva que protege la presunción de inocencia. Para nosotros es importante que se dejen de verter algunas aseveraciones a las que nos tienen acostumbrados muchos grupos parlamentarios, entre ellos Ciudadanos, o determinada opinión pública.

Como le digo, señora ministra -y termino-, la letra suena bien, parece que viviera usted en una Arcadia feliz y que la justicia sea el paradigma del bien hacer, pero la música desafina, señora ministra, y hoy tenemos un reto, el del Consejo General del Poder Judicial, que está siendo el hazmerreír de Europa.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.

Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Ciuró, no sé si mi letra y mi música sonarán bien, mal o regular, pero a mí la letra de su proyecto de constitución de la república catalana en lo que se refería, por ejemplo, al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo no me gustaba nada, porque era elegido, ni más ni menos, que por el Ejecutivo. Realmente esa letra no cuadra muy bien con unos criterios respetuosos con la independencia judicial. En cualquier caso le voy a pedir que no nos meta a todos en el mismo saco, porque no todos somos iguales cuando hablamos de independencia de nuestros jueces y de nuestros magistrados. No podrá atribuir usted a ningún miembro de este Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista una frase tan vergonzante -lo vuelvo a repetir, porque me parece gravísimo- como la de Cosidó en su grupo de wasap -no lo va a oír decir a este Gobierno ni a este grupo parlamentario- en relación precisamente con la Sala segunda del Tribunal Supremo, que es la que va a juzgar uno de los casos más graves de nuestra democracia y que más afectan a la convivencia de todos los españoles. Este Gobierno tiene muy clara la separación de poderes, y ha sido, es y seguirá siendo escrupuloso con la independencia -lo repito una y mil veces- de los jueces y los fiscales.

La segunda cosa que le quiero decir es que no nos pida que nosotros actuemos como hacen aquellos a los que está criticando. No puede pedirle a este Gobierno que haga ningún tipo de presión en sentido alguno para condicionar la acción de nuestros jueces y de nuestros fiscales. Las actuaciones de jueces y magistrados solo corresponden ser valoradas por el Consejo General del Poder Judicial, y al Ejecutivo y al Legislativo solo nos queda respetar y acatar las resoluciones de los órganos judiciales. Una cosa distinta es que, dentro de las competencias normativas que la Constitución nos atribuye, tratemos de cambiar las cosas a futuro gracias a la actividad normativa del Gobierno y de las Cortes, como, por ejemplo, el último caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados que tuvimos la urgente necesidad de modificar. No pueden criticar que hagamos lo que otros hacen porque nada tenemos que ver con ellos; nada tenemos que ver con ellos.

Ustedes tampoco pueden entrar a valorar la actuación de jueces y fiscales. Tienen que dejar a la justicia seguir su camino y que ese camino se haga sin el ruido de fondo, sin frases de descrédito a los integrantes del Poder Judicial y sin acusaciones infundadas de parcialidad. La mejor manera de respetar la independencia del Poder Judicial es dejar que jueces y fiscales trabajen. Las querellas contra jueces instructores, las declaraciones altisonantes contra los autos de los magistrados, las descalificaciones contra los fiscales o las peticiones al Gobierno para que intervenga en el curso de los procedimientos judiciales son, también, una muestra de presión y de falta de respeto a la independencia del Poder Judicial. España es un Estado de derecho con unas instituciones democráticas consolidadas y las críticas a la calidad de la justicia española siguen el ejemplo de quienes presionan a los jueces para el logro de sus objetivos particulares.

Señorías, el Poder Judicial no está para dar satisfacción a los intereses particulares. El Poder Judicial debe estar para dar satisfacción exclusivamente a la justicia y a los ciudadanos. Ayer conocíamos que el Partido Popular introducía una enmienda para cambiar el sistema de elección de los vocales al Consejo General del Poder Judicial, como una cortina de humo para tapar la vergüenza del mensaje del señor Cosidó; del señor Cosidó y del señor Casado. Es una burla a la ciudadanía; han introducido una enmienda de 1980, en la que ni siquiera han corregido los anacronismos y la terminología; hablan de audiencias territoriales y de jueces de distrito. Eso es una burla a la ciudadanía; eso es una burla a la independencia judicial. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN. (Número de expediente 172/000164).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del Gobierno en el empleo y la formación. Para su defensa tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, la última vez que gobernó el Partido Socialista España nos dejó un panorama bastante desolador en materia de empleo; se cerraron 222 000 pequeñas y medianas empresas; 250 000 autónomos tuvieron que cerrar sus negocios; 3 millones y medio de españoles perdiendo su empleo, de los cuales 1 400 000 eran mujeres; el número de jóvenes parados se incrementó más de un 50 %; las pensiones congeladas; la Seguridad Social en déficit; recorte del 5 % del sueldo a los funcionarios; es decir, esa es la herencia que dejó el Partido Socialista de Zapatero.

Frente a esto, el Partido Popular consiguió romper la inercia de destrucción de empleo gracias, precisamente, a las profundas reformas que se realizaron, y hasta mayo de este año 2,8 millones de españoles han encontrado un empleo; 222 000 jóvenes han encontrado un empleo, con lo cual ya hay un millón de jóvenes trabajando; hemos recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis; la brecha salarial está en mínimos históricos; se ha reducido el déficit del 9,6 al 3,1 %; hemos triplicado el número de empresas exportadoras y ahora somos el segundo país exportador de la Unión Europea, tras Alemania; y tenemos unos presupuestos aprobados que suben las pensiones, que bajan impuestos como el IRPF, que suben el sueldo de los funcionarios, que apuestan por los jóvenes como ese complemento salarial de 430 euros; que apuestan por la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil, y que apuestan por los autónomos y por seguir creando 500 000 empleos al año.

Ese es el legado y la herencia del Partido Popular, señora ministra, pero en junio llegaron ustedes con 84 diputados y una moción de censura apoyada por los populistas de Podemos, por Bildu y por los independentistas que quieren romper España. ¡Vaya compañeros de viaje!, como hoy hemos comprobado en la sesión de control.

Los continuos anuncios y globos sonda del Gobierno nos hacen ser pesimistas sobre la capacidad del PSOE en materia laboral, porque, señora ministra, ustedes no gobiernan, ustedes desgobiernan: van dando palos de ciego y solo aciertan cuando rectifican. Hay una frase célebre que dice que errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios, pero, claro, señoría, rectificar a diario es de ignorantes. Los datos de la EPA demuestran que ha llegado el Partido Socialista. En el segundo trimestre de la EPA, cuando gobernaba el Partido Popular: 469 000 empleos creados; tercer trimestre de la EPA, con el Partido Socialista: 183 000 empleos creados, menos de la mitad del empleo que se creaba con el Partido Popular. Pero hablemos de precariedad. Segundo trimestre de la EPA, con el Partido Popular: 50 % de contratos temporales; tercer trimestre, con el Partido Socialista: 86 % del total son contratos temporales, se incrementa la precariedad. Hablemos de contratos indefinidos. Segundo trimestre, con el Partido Popular: 231 000 contratos indefinidos, empleos indefinidos; tercer trimestre: 25 000, señora ministra, un 50 % de indefinidos con el Partido Popular y un 14 % con el Partido Socialista. Esa es la foto del PSOE: una drástica bajada en la creación de empleo y una subida drástica en la temporalidad.

Estamos muy preocupados. En cinco meses ha subido el paro: hay más mujeres paradas, hay más jóvenes parados y hay menos autónomos en España. Pero hablemos de las políticas activas de empleo. Está claro que la formación profesional es fundamental para la creación de empleo; es la clave para la empleabilidad, para volver al mercado de trabajo, y hay que poner en valor la ley que hizo el Partido Popular, la Ley de formación profesional para el empleo, en la que hubo un amplio consenso parlamentario, del 90 %, que también estaba negociada con los sindicatos. Ahora parece, por lo que hemos escuchado, que ustedes quieren cambiar la ley, quieren cambiar la FP dual que impulsó el Partido Popular. Al final, señoría, eso es dinamitar el diálogo social y el consenso parlamentario que tiene esta ley.

Anuncios que han hecho ustedes: reducción del número de contratos a tres -eso ya figura en el acuerdo de legislatura que tenían PP y Ciudadanos y que además se presentó en la Mesa del Diálogo Social-; un plan de choque por el empleo juvenil: lo que ya estaba firmado, un plan de choque por el empleo juvenil con Comisiones, CEOE, Cepyme, UGT y el Gobierno de España, solo que le añaden ahora que van a contratar a 3000 orientadores. Dijo el presidente del Gobierno recientemente que era una prioridad la formación profesional: había que mejorar la robótica, el big data, la ciberseguridad. Es decir, a lo que se estaba refiriendo era al Plan de formación en competencias digitales que aprobó la ministra


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Báñez y que estaba acordado ya con los interlocutores sociales. Yo le pregunto: ¿Qué pasa con el Plan Anual de las Políticas de Empleo? ¿Qué pasa con el bono juvenil de los 430 euros que impulsó el ministerio? ¿Cómo va la garantía juvenil? ¿Qué pasa con la protección por desempleo? Porque sabe usted que nosotros, el Partido Popular, aprobamos un subsidio como enmienda en los presupuestos, pero, claro, teniendo ustedes seis meses hasta enero y habiendo bajado la tasa de paro del 15 %, este subsidio decaerá. ¿Y la renta mínima? Ya no le preocupan tanto los españoles que están en situación de pobreza.

Como le decía, estamos muy preocupados porque uno de cada cuatro parados es andaluz. Fíjese usted, en Andalucía, hay casi un 23 % de paro y casi 900 000 parados. Andalucía es la única comunidad autónoma donde no ha habido alternancia de Gobierno, donde los socialistas gobiernan desde hace ya cuarenta años y es la región con más paro de Europa y de España: un 40 % de la población está en riesgo de exclusión social. Resulta que ahora volvemos a ser de las más pobres de la Unión Europea; después de cuarenta años, volvemos al vagón de cola. Usted decía ayer que era necesario formarse en conocimiento y en aptitudes. ¿Qué le parece a usted que con la tasa más alta de paro el dinero de los parados, el dinero de la formación se haya gastado para reformar la sede del Partido Socialista, que el dinero de los parados se haya gastado en pagar a exalcaldes y enchufados del Partido Socialista, que el dinero de los parados se haya gastado en juergas, en cocaína y en prostíbulos? ¿Qué piensa usted de los cuarenta años del PSOE en Andalucía? ¿No piensa usted como ministra de Trabajo que los andaluces se merecen otro Gobierno, señoría? Esto no es insultar a Andalucía, ya salen ustedes con el maltrato de que esto es insultar a Andalucía. No, insulta a Andalucía quien la maltrata y quien le quite oportunidades. ¿Usted cree que es justo que en mi tierra, en Andalucía, los parados no se puedan formar, que el dinero de los parados se haya gastado en comilonas, en prostíbulos, en yeguas alemanas? Durante cinco años no ha habido formación, se han devuelto casi 1700 millones de euros al Ministerio de Empleo de políticas activas de empleo y de formación profesional. ¿Esto es defender a los trabajadores? ¿Esto es apostar por la formación? ¿Usted cree que el PSOE lo ha hecho bien en materia de empleo en Andalucía, en la comunidad autónoma con más paro? Es una vergüenza, es insoportable y es indecente, señoría.

La política de empleo en Andalucía está judicializada y está acorralada por el fraude. ¿Usted cree que esto se soluciona con un plan de empleo en Andalucía? Por desgracia, hablar de empleo en Andalucía es hablar de fraude y del Partido Socialista, el socialismo del enchufe, el socialismo de los ERE, que lamentablemente tanto daño ha hecho a Andalucía. Ahí están los ERE, 855 millones de euros, el mayor escándalo de la democracia, un auténtico expolio de los fondos públicos de empleo, donde se daban sin control y sin procedimiento, corrupción institucional con dos expresidentes y veinte ex altos cargos sentados en el banquillo, un sistema opaco y discrecional de reparto de subvenciones para comprar la paz social, para comprar votos y ganar elecciones. O ahí está el macrofraude de las subvenciones de formación, un chiringuito de ex altos cargos públicos socialistas y amigos del PSOE. O la FAFE, fundación para el empleo o para el enchufismo, un agujero negro por donde se ha escapado el dinero que iba a destinarse al desempleo: tarjetas black, 80 000 euros en clubes de alterne, en hoteles, etcétera. Y la UCO diciendo que llevan dos años esperando el informe de la Consejería de Empleo. O ahí está lo que ha salido recientemente, setenta localidades de Huelva con ayudas falsas del Profea, el antiguo PER. Se daban ayudas a los pueblos en época electoral para obras municipales que nunca se hicieron.

Señora ministra, no puede ser. No puede ser que el dinero de la formación, el dinero de los parados en Andalucía, se haya ido por el camino corrupto de los ERE. No puede ser que llevemos cinco años sin formación en Andalucía y que los parados andaluces no se puedan formar porque la gestión nefasta del Partido Socialista ha devuelto 1700 millones de euros al ministerio, al Gobierno de España. No puede ser que seamos la comunidad autónoma con más paro de Europa y de España. Señora ministra, usted estará de acuerdo conmigo en que el fraude de los ERE y de la formación en Andalucía es una vergüenza, es indecente, es un robo al futuro de los andaluces, es la gran estafa de Andalucía, y digo yo que algo tendrán que ver los cuarenta años de Gobierno socialista en Andalucía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora España Reina. (Rumores.-El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se perciben). Señorías, guarden silencio, por favor.

En nombre del Gobierno, a continuación tiene la palabra la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad social.


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La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta.

Señorías, señora España Reina, yo creí que venía usted aquí a interpelar al Gobierno sobre políticas de empleo y de formación, pero he podido comprobar que ha venido usted aquí a dar un mitin de campaña por las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. (Aplausos). Por cierto, si lo han hecho ustedes tan bien, todo ese panegírico que ha ido desgranando de bondades en el Gobierno del Partido Popular la verdad es que no se explica bien cómo la mayoría de esta Cámara ha apoyado al presidente Pedro Sánchez para liderar el Gobierno de España y a ustedes les ha enviado a los bancos de la oposición. (Aplausos). No se entiende nada bien.

Claro, a lo mejor es que quizá se le ha olvidado hablar del motivo de por qué ustedes están en el banco de la oposición, y es por la corrupción que les ha atenazado a lo largo de todos estos años de Gobierno, incluso de los Gobiernos de José María Aznar. (Aplausos). Así que no tienen ustedes mucha legitimidad para venir aquí a esta tribuna a hablar de corrupción. Y mire, el Gobierno y el Partido Socialista nunca van a defender la corrupción venga de donde venga, desde luego ni de nuestras filas ni de las suyas, nos da exactamente igual que actúe la justicia y que dicte sentencia. Por cierto, ustedes tienen ya unos cuantos de los suyos ya no sentados en el banquillo de los acusados, los tienen ustedes entre rejas, unos cuantos por cierto bastante conocidos, el último de ellos el señor Rato, que era un prohombre del Partido Popular en su momento, y ahí está la historia. (Aplausos).

Dentro de toda esa herencia estupenda que han dejado no han hablado de la herencia que han dejado en la Seguridad Social de este país, por ejemplo, que la han dejado ustedes en déficit creciente año tras año. Se encontraron con 67 000 millones de euros en el Fondo de Reserva, en la hucha de las pensiones, y lo dejaron ustedes con 8000. Pero vemos que aquí se van tratando los temas según como interesa. Y por cierto, los peores resultados del mercado de trabajo corresponden a su etapa de Gobierno: el número más bajo de personas ocupadas: 16 950 600; la tasa de paro más elevada: el 27 %; la cifra más alta de personas en desempleo: 6 278 200; acabaron su Gobierno con la cifra de población activa más baja: 22 670 millones de personas de población activa. Usted sabe que este Gobierno ha emprendido de nuevo el diálogo social, que además está fluyendo; que pronto vamos a presentar una propuesta para eliminar los efectos más perniciosos de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del Partido Popular, y es esta reforma la que hoy usted trata de poner en valor desesperadamente. Me dice que durante los Gobiernos del Partido Popular se ha creado empleo, sí, se ha creado empleo pero el empleo desde luego ha sido de muy mala calidad, ha sido un empleo precario, porque ustedes decidieron apostar por el modelo asiático de relaciones laborales, que es ganar en competitividad devaluando los salarios y devaluando las condiciones laborales en general.

En cuanto a la tasa de temporalidad, es cierto, tenemos una tasa de temporalidad muy elevada, pero no solamente de su Gobierno y del actual, por desgracia vamos acumulando una tasa de temporalidad bastante elevada y estamos liderando el deshonroso primer puesto de la eurozona en materia de temporalidad; es decir, queda mucho trabajo por hacer en esta materia y desde luego no le quepa la menor duda de que estamos en ello. En el año 2007 la cifra de horas trabajadas cada semana fue inferior en más de 10 millones que las trabajadas en el año 2011, lo que indica también los altos índices de parcialidad. La reforma laboral del año 2012 del Partido Popular sirvió para destruir empleo indefinido y a tiempo completo, que fue sustituido por trabajo temporal y a tiempo parcial, muchas veces involuntario; y esa destrucción fue además acompañada por el desplome en las políticas activas de empleo y de duros recortes en las prestaciones por desempleo. La media de la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo, que en el año 2011 era del 70,7 %, no paró de descender, miles de pensionistas tuvieron que ayudar con sus pensiones a sus familias.

Mire usted, llevamos algo más de cinco meses gobernando y una de nuestras primeras medidas ha sido la puesta en marcha de un plan director por un trabajo digno 2018-2020, un plan que contempla, entre otras acciones, dos planes de choque: uno contra la contratación temporal fraudulenta y otro contra el uso irregular de la contratación parcial; también conlleva la persecución de la utilización abusiva de la figura del autónomo, lo que se consideran como falsos autónomos, y falsas cooperativas. Sus resultados por cierto están siendo muy esperanzadores. ¿Sabe usted lo que estas medidas ponen de manifiesto? La necesidad de acción de gobierno. ¿Sabe usted qué significa esto? Adoptar decisiones desde el análisis real de las distintas situaciones que precisan atención, apelando al diálogo, al debate y al entendimiento. Diálogo es lo contrario de imposición, que es lo que hicieron ustedes con sus reformas laborales y sus reformas de Seguridad Social, que fueron impuestas una en el año 2012 y otra en el año 2013. Que el empleo está


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necesitado de atención prioritaria es obvio, pues detrás de todas estas cifras negativas referidas al empleo evidentemente hay millones de personas que están sufriendo, concretamente más de 3 200 000 personas. El principal cometido del Gobierno es pensar en esas personas, en cómo revertir su situación de precariedad, de los que están trabajando, y en cómo evitar que otras estén en esa misma situación.

Para este Gobierno el diálogo social es el elemento vertebrador en el ámbito de las relaciones laborales. Por tanto, una de las primeras cosas que hicimos fue constituir las mesas de diálogo social que están trabajando intensamente y que ya han empezado a obtener sus primeros resultados. Por ejemplo, la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales acordó la extensión del Programa de activación para el empleo, PAE, porque ustedes se habían olvidado de cerca de 41 000 personas que habían suspendido la percepción de su prestación o subsidio por desempleo porque habían encontrado trabajo pero que, en caso de perderlo, se quedaban sin ningún tipo de prestación. Se les olvidó pero, bueno, lo arreglamos con un real decreto-ley, aunque a ustedes no les guste. El 30 de agosto en la Mesa de diálogo social en el sector de la hostelería se alcanzaron tres acuerdos en relación con las camareras de piso y el 4 de septiembre se evaluó el sistema de garantía juvenil y sus posibles líneas de mejora, líneas que se contendrán, entre otros extremos, en el Plan de Empleo Joven que ya se está elaborando en mi departamento.

Como usted ve, esta Mesa de empleo y relaciones laborales tiene como objetivo la mejora de la calidad del empleo y, por ende, de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Desde luego, tenemos claro que tenemos que recuperar el papel de la negociación colectiva, que hay que volver a recuperar la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, regulando los descuelgues en caso de que la empresa tenga determinado tipo de circunstancias pero velando por los derechos de los trabajadores. También hay que establecer el registro obligatorio de los horarios de trabajo y en eso estamos en estos momentos; de hecho este tema también se está viendo en la Mesa de diálogo social. Desde luego, es necesario garantizar el cumplimiento de los límites de jornada para que realmente la inspección de trabajo pueda controlar las horas extraordinarias que se están haciendo y no se están cobrando ni cotizando por ellas y también el fraude en la contratación a tiempo parcial, que en muchas ocasiones está enmascarando un contrato a tiempo completo. Es preciso también cambiar el régimen de la subcontratación de obras y servicios sobre empresas, que saben ustedes que está en debate en esta Cámara. Recuperar el principio de causalidad y la esencia de la naturaleza del contrato de obra y servicio. En definitiva, queremos evitar que se reduzca la segmentación del mercado de trabajo y determinando también qué modalidades deben ser indefinidas y cuáles temporales. Hay que analizar qué contratos merecen, por su importancia y efectividad para crear empleo, ser objeto de bonificaciones o reducciones de cuota. En definitiva, hay que arbitrar también medidas dirigidas a las personas especialmente vulnerables, facilitar su inserción y su mantenimiento estable en el mercado de trabajo, entre otros: jóvenes, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad; y, por supuesto, velar por la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres. Este Plan de choque de Empleo Joven que estamos elaborando en estos momentos está contando con la participación de todos los agentes sociales y también con la participación de organizaciones y, como no podía ser de otra manera, con las comunidades autónomas. También estamos trabajando en un plan para parados de larga duración y, por supuesto, en todas las medidas que eliminen la brecha de género existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Subida del salario mínimo interprofesional, que se hará y que va a venir muy bien para mejorar las condiciones laborales.

En cuanto a la formación, como ustedes saben, la formación y el empleo están totalmente ligados. Ahora mismo más que nunca hay que coordinar el mundo de la formación con el mundo del empleo, la formación reglada con la formación para el empleo, porque tenemos que preparar a los trabajadores y trabajadoras para un futuro de trabajo que ya se ha convertido en presente. Un empleo de calidad necesita mejoras progresivas y urgentes. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio. Hay un murmullo con el que no sé cómo la señora ministra puede concentrarse.

Gracias.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta.

En definitiva, como digo, es fundamental la mejora progresiva y constante de la cualificación profesional. Dentro de la Mesa de diálogo social también hay un grupo que se encarga de trabajar por la formación y


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la cualificación y recualificación profesional. En esta mesa, además del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales y económicos, están también representados el ministerio responsable de universidades y también el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por cierto, la Ley 30/2015, del sistema de formación para el empleo y que usted tanto defiende, no ha servido para los objetivos que decía perseguir. No están conformes con ella las comunidades autónomas, ni siquiera las del mismo color político que usted representa aquí, ni sirve a los agentes sociales y económicos. Así que está provocando disfunciones y tendremos que afrontar su revisión. Tampoco implementaron en su etapa de Gobierno los mecanismos de funcionamiento ni la financiación de las estructuras paritarias sectoriales, cosa que vamos a hacer porque es un eje fundamental del sistema de formación en el empleo por su papel detector de las necesidades de formación en los distintos sectores. A pesar de tener 3 200 000 parados, ya se está dando el caso de que hay empresas que están buscando trabajadores y trabajadoras y no encuentran personas preparadas para esos perfiles profesionales, cosa que hay tener en cuenta porque es muy grave. Por supuesto, ustedes pasaron olímpicamente de convocar el Consejo General de Formación Profesional; nueve años sin convocarlo. El pasado día 30 de octubre hubo una reunión de este consejo general y nos hemos convocado para determinar estrategias conjuntas y coordinadas que mejoren tanto la formación profesional reglada, como la formación para el empleo, dando especial contenido -a ver si es verdad de una vez por todas- a la formación dual en la empresa.

Este ministerio, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, está trabajando también en la elaboración y tramitación de tres órdenes ministeriales para modernizar los instrumentos de la gestión de la formación profesional para el empleo, la flexibilización de determinados criterios que permitan una mejor adaptación de la programación de las ofertas formativas a las necesidades actuales de trabajadoras y trabajadores y sectores productivos, y de manera muy especial a las necesidades derivadas del proceso de digitalización y cambio tecnológico, así como una simplificación y agilidad en los procedimientos y el acuerdo para establecer marcos comunes en la gestión y financiación desde las distintas iniciativas de formación por parte de las administraciones competentes. También estamos revisando el contrato de formación y aprendizaje.

Como ve, señoría, este Gobierno está ocupado en recuperar la calidad en el empleo, la formación para facilitar la inserción y mejorar la empleabilidad de las personas trabajadores y, lo que también es muy importante, lo estamos haciendo de manera coordinada con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Esto es bastante más de lo que ustedes hicieron en cerca de siete años de Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidenta.

Señora ministra, le recuerdo que el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal ha sido el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Usted dice: es que yo no entiendo cómo...No, lo que ni yo ni esta bancada entendemos es que un partido como el suyo, con tantos años de historia, un partido de Gobierno esté gobernando con los votos de los proetarras de Bildu, con los votos de los independentistas que quieren romper España y con los votos de los populistas de Podemos. (Aplausos). Eso es lo que no entiende esta bancada y tampoco entienden muchos ciudadanos españoles. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

No quiere ver la realidad, pero ya le pasó también a Zapatero. Cuando ustedes gobernaron destruyeron 3 800 000 empleos -ahí están las hemerotecas- y el Partido Popular creó 2 800 000 empleos, gracias a la reforma laboral, señoría, y por eso ustedes no derogan la reforma laboral. No me hable de temporalidad. Ya se lo he dicho: la tasa de temporalidad ha subido del 50 % al 86 %; los contratos indefinidos han caído del 50 % al 14 %, y encima están creando la mitad del empleo que se creaba con el Partido Popular. Por tanto, señoría, en nada de lo que ha dicho tiene razón con relación a los número de la EPA.

Déficit en la Seguridad Social. Señoría, en el año 2011 nos encontramos la Seguridad Social en déficit. Como siempre, cuando salen del Gobierno dejan la Seguridad Social en déficit, lo hicieron cuando salió Felipe González y lo hicieron cuando salió el señor Rodríguez Zapatero. Y respecto al diálogo social, mucho diálogo social, pero con la boca chica. Pregúnte usted a los autónomos a ver qué es lo que piensan. Por cierto, señoría, controle su ministerio no vaya a ser que algo se le esté pegando de los malos hábitos de Andalucía, porque su número dos, la secretaria de Estado de Trabajo, ha colocado como


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gerente de una fundación pública a alguien que está a favor de legalizar la prostitución. Le recuerdo que la directora de Trabajo tuvo que dimitir porque legalizó el sindicato de prostitutas. Se acuerda usted de lo del gol por la escuadra y todo eso, ¿no?

Esto es como lo de los autónomos. La verdad es que me acuerdo de ellos cada vez que ustedes hablan de subirles los impuestos a los ricos. Por cierto, hablando de ricos, ¿cuántos miembros de su Consejo de Ministros tienen sociedades instrumentales? ¿Hay alguien en ese Consejo de Ministros que compre las casas como las personas normales, como las compro yo o como las puede comprar cualquier persona, sin una sociedad instrumental para ahorrarse los impuestos? (Aplausos). ¿Hay alguien normal, o es que ustedes ya han despegado los pies del suelo y no son normales? Porque no es normal que el presidente del Gobierno para ir a Valladolid tenga que utilizar el Falcon, el helicóptero o no sé qué más y que para ir a dar un mitin a Andalucía el partido le alquile a 9000 euros la hora un avión privado con médico privado y diga que lo paga el partido. Espero que no sea el PSOE de los ERE. Espero que no lo pague el PSOE de los ERE. (Aplausos).

Insisto, señoría, usted no me ha contestado a lo que le he preguntado, porque Andalucía es España y usted es ministra del Reino de España. Con los fondos de los parados, con los recursos de los parados para la formación se han pagado comilonas, se han pagado prostíbulos, se han pagado juergas y se han pagado reformas de las sede del Partido Socialista. ¡Cinco años sin formación en Andalucía! ¡1700 millones devueltos al ministerio! ¡Los parados de Andalucía sin poder formarse! Es decir, por culpa del Partido Socialista no hay formación en Andalucía. ¿Y sabe usted cuál es la conclusión? Que después de haber recibido más de 100 000 millones de euros de fondos para Andalucía, Extremadura ha avanzado 11 puntos en convergencia, Galicia ha avanzado 8 puntos y Andalucía ha retrocedido 1,5 puntos. Esa es la realidad, señoría. En vez de reducir el diferencial de paro que estaba en el año 1982 en el 4,5 %, ahora estamos por encima de 8 puntos con respecto a la media de España. Hay ocho comunidades autónomas que tienen una tasa de paro que es la mitad de la de Andalucía. Al final, esa es la realidad. Pero ustedes no han estado solos, han tenido socios porque Ciudadanos ha sido socio y cómplice del partido de los ERE en Andalucía con un apoyo incondicional. Ciudadanos dice en su programa que el PSOE ha robado a los andaluces y yo les pregunto: ¿y ustedes por qué han sido cómplices?

Señora ministra, el PSOE está condenando a los andaluces a que sean los parados con menor nivel de formación. Por tanto, en mi tierra, en Andalucía, mientras no haya un cambio de Gobierno, seguiremos siempre a la cola, seguiremos siendo la comunidad autónoma con más paro de Europa y usted, que es ministra de Trabajo y además es socialista, estará de acuerdo conmigo en que los andaluces nos merecemos un cambio a mejor, nos merecemos más empleo y nos merecemos más formación.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta.

Señoría, está claro que usted no ha venido aquí a hablar de formación ni de empleo. Le vuelvo a decir que ha vuelto otra vez a repetir el mitin de su intervención inicial. Usted ha tenido el detalle de mencionar el gol por la escuadra y me encanta. A mí me metieron un gol por toda la escuadra, lo grave es que ustedes durante sus años de Gobierno se dedicaron a meter goles por todas las escuadras a la ciudadanía española, recorte de derechos tras recorte de derechos. Eso es más grave. (Aplausos).

Por cierto, le voy a dar a usted una buena noticia que acaba de salir esta mañana: la Audiencia Nacional acaba de declarar ilegales los estatutos del supuesto Sindicato Otras, lo cual es para congratularnos. (Rumores).

En definitiva, está claro que a ustedes se les ha atragantado totalmente la moción de censura, así que lo mismo tienen que prescribirles a ustedes algún medicamento para que vayan digiriéndola poco a poco.

Uno de los goles que ustedes metieron por la escuadra a los españoles y españolas es la reforma laboral del año 2012, y no le quepa a usted la menor duda de que más pronto que tarde derogaremos los aspectos más nocivos de esa reforma laboral. Me encantaría derogarla entera, pero soy consciente del apoyo parlamentario que hay en esta Cámara al Gobierno del que formo parte y entonces vamos a ir a los aspectos que consideramos más lesivos.


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Sinceramente, ustedes aprovecharon la crisis económica y financiera que atravesaba nuestro país para instaurar un modelo de trabajo e imponer una reforma profundamente ideológica, e introdujo en el ordenamiento jurídico laboral una concepción totalmente economicista en contra de la tutela de las personas trabajadoras. Es decir, se cargaron el equilibrio que hay que intentar que haya entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, una reforma que se desvinculó de los preceptos de la Constitución que reconocen los derechos de los trabajadores y las fuerzas vinculantes de la negociación colectiva. Dañaron gravemente la negociación colectiva, dañaron gravemente las condiciones de trabajo, dañaron gravemente los salarios. Esa devaluación salarial implicó también una devaluación de las cotizaciones. Eso implicó que también la Tesorería General de la Seguridad Social sufriese, y así han dejado ustedes como han dejado la Seguridad Social. Me dice usted que en el año 2011 había un leve déficit....

Mire usted, había 67 000 millones de euros en la hucha de las pensiones, han dejado ustedes 8000, sacaron 74 000 millones de la hucha de las pensiones, casi 10 000 millones de los excedentes de las mutuas -o sea 84 000-, el crédito del año pasado y el crédito de este año, y además han dejado ustedes el barco orientado hacia tal dirección que el Gobierno actual -ya se lo digo- no va a poder dar un volantazo y reorientarlo de golpe y porrazo. Espero que podamos hacerlo en cuatro o cinco años y establecer un plan de saneamiento de la Seguridad Social que dé expectativas de futuro no solamente a los pensionistas presentes sino también a esos jóvenes, hombres y mujeres, y personas de mediana edad que en algún momento de sus vidas van a querer jubilarse y van a tener derecho a cobrar una pensión digna. Así que esto es lo que hicieron ustedes, aparte de abaratar el despido y otras cuestiones al respecto.

Del año 2007 a 2011 la subida de los salarios, según la encuesta anual de coste laboral, fue del 0,14 %. El IPC subió en el mismo periodo casi un 5 %. Así que los asalariados de este país sufrieron una pérdida de 4,8 puntos de su poder adquisitivo. Sin embargo, tan solo en 2017 las rentas empresariales se incrementaron un 11,2 %. También en 2017 más de 2 650 000 personas trabajadoras ocupadas estaban en riesgo de pobreza, de acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida. Así que tampoco fue tan estupenda la herencia que ustedes dejaron. Y si la brecha de género en salarios entre hombres y mujeres descendió un poquito se debe a que ustedes empobrecieron al conjunto de las personas trabajadoras. En fin, desde luego no es como para que usted se ponga tan defensora de lo que hicieron en el Gobierno. Su reforma laboral ha traído temporalidad y ha disparado los contratos de larga duración. El 26 % de los contratos el año pasado duraron menos de una semana y eso tiene también graves consecuencias en términos de productividad. Así que: empleo precario y con bajos salarios, como reflejan las cuentas de la Seguridad Social; 109 000 millones recaudados por cuotas sociales a diciembre de 2017, frente a los 110 249 millones de diciembre de 2011, actualizados con el IPC. Esto es lo que hicieron ustedes.

Con el Plan Director por un Trabajo Digno, simplemente enviando una carta a ochenta y tantas mil empresas, se ha conseguido que el 64 % de los contratos que estaban en fraude de temporalidad se hayan convertido en contratos indefinidos. Y no le voy a volver a repetir todas las cuestiones que se están haciendo en materia de formación. No se preocupe usted que vamos a seguir trabajando por que la formación y el empleo vayan adelante en este país. A lo mejor tienen ustedes que pensar -y con ello termino- por qué en Andalucía nunca han confiado en el Partido Popular; es porque ven qué han hecho cuando han estado en el Gobierno de España. Así que respete usted a los andaluces y espere al día 2 de diciembre, que está cerca. Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA REVERSIÓN DE LOS SALTOS HIDROELÉCTRICOS EN LÍNEA CON LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL, EL INTERÉS GENERAL Y LA GESTIÓN PÚBLICA, LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA. (Número de expediente 172/000165).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.


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El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.

Buenos días, ministra. Efectivamente, esta interpelación es sobre la reversión de saltos hidroeléctricos. El aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos ha tenido y tiene una gran importancia en el sistema eléctrico del país, supone aproximadamente el 20 % de la potencia instalada y de enero a junio de este año -un periodo especialmente favorable por las lluvias- ha supuesto el 16,9 % de la producción peninsular. Somos uno de los principales países de Europa en aprovechamientos hidroeléctricos, con una capacidad de embalse de 55 000 hectómetros cúbicos y 800 centrales de diferente tipo fluyentes que aprovechan parte del caudal de los ríos y las llamadas a pie de presa que reciben el agua de los embalses. Además -es preciso recordarlo porque es muy importante-, su materia prima es gratuita, no es gas ni petróleo ni carbón, es el agua de los ríos. La construcción de las centrales ha tenido un fuerte impacto territorial, la mayoría se construyeron en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, aunque su planificación fue anterior. En ese periodo, en los años del franquismo, precisamente no se escuchaba ni a la ciudadanía ni eran tenidas en cuenta para nada las demandas de los territorios donde se construían estas centrales ni el impacto ambiental de estas centrales, con valles y pueblos desaparecidos, además de una enorme riqueza producida que no se repercutía en los territorios productores de energía, a pesar de las promesas realizadas en el momento de presentar los proyectos. En algunos territorios el sentimiento fue incluso de saqueo al tener que abandonar pueblos inundados y perder terrenos agrícolas. Se trata de zonas de montaña con graves problemas de despoblación y con muy pocas alternativas económicas.

En la actualidad, el trabajo en la central hidroeléctrica ya no es alternativa porque se trata de centrales automatizadas. Y esto lo puedo contar en primera persona porque es lo que ocurre en mi pueblo, donde hay tres centrales hidroeléctricas. Estas centrales han sido gestionadas por un modelo llamado de inversiónconcesión: a cambio de la inversión para explotar los saltos hidráulicos, la Administración ofrecía a las empresas constructoras un periodo mínimo de 75 años para explotar el agua; un periodo extraordinariamente largo y de muy dudosa justificación jurídica, además.

A pesar de que las empresas utilicen la expresión de central propiedad de Iberdrola o central propiedad de Endesa y esto sea un concepto de uso común, estos saltos hidroeléctricos explotan agua, que es un bien del dominio público y es un bien común. No son las propietarias sino las empresas las que están explotando ese recurso. La ley es clara en este sentido, en el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se dice literalmente: Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.

Se trata de un tema en el que ha habido una enorme falta de transparencia. A finales de 2016 mi compañero, Jorge Luis, pedía información al Gobierno de ese momento sobre esta cuestión y la verdad es que fue casi un proceso de investigación porque la información dada fue absolutamente parcial, faltaban muchos datos, se remitían a otros registros, hubo que buscar en el Registro de Aguas. Los ayuntamientos de los territorios afectados no tienen ni siquiera la información de en qué fecha caducan esas concesiones. Y las solicitudes de información sobre las fechas de caducidad de las concesiones que han hecho determinados medios de comunicación a las empresas explotadoras de estos saltos han obtenido como respuesta que se trata de un tema confidencial, un tema del que hay muy poca información. Además de falta de transparencia, ha habido irregularidades. En muchas ocasiones se han alargado los periodos de las concesiones. Recordemos, por ejemplo, el precedente de la central de Os Peares, en Galicia, con una prórroga de 75 años que conduce a una concesión de más de 149 años para la empresa, en este caso durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En algunos casos, se han dilatado durante dieciocho meses los trámites de la caducidad de los expedientes de reversión para luego dejar sin dictar la resolución final del procedimiento; en algunos -y esto es ya escandaloso-, once años, como en el caso del salto de LafortunadaCinqueta, en Huesca.

¿Quién se hace responsable de la situación legal en la que se encuentran estas explotaciones? ¿Quién es el responsable político de lo que sucede con estas concesiones? Estas serían las preguntas. Con esto la empresa concesionaria sigue explotando el salto y obteniendo grandes beneficios más allá de la fecha de concesión y la Administración tiene la responsabilidad de gestionar estos expedientes sin retrasos ni caducidades. Además, las empresas se han resistido a dar cumplimiento a la obligación de ceder el 25 % de la producción de las centrales hidroeléctricas o su valor monetario a las confederaciones hidrográficas para la restitución del territorio afectado; una obligación que estaba recogida de forma taxativa en las concesiones realizadas hace décadas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló contra Endesa y Acciona por no cumplir con esa obligación. Es evidente que las empresas se resisten a


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perder este chollo e incluso han llevado a los tribunales las reversiones para conseguir prórrogas de las concesiones a pesar de haber superado los 75 años. Si fuera por las empresas, la concesión sería a perpetuidad. Esto ha chocado con decisiones y resoluciones judiciales como la de la Audiencia Nacional, que falló contra Acciona por la reversión al sector público de la central de Campo, en Huesca. También hay que recordar que durante el periodo de Rodríguez Zapatero se autorizó a Endesa la venta a Acciona de esta central y no se declaró la caducidad de la concesión, a pesar de que ya estaba vencida. En este sentido, la Audiencia Nacional dejó claro que la fecha de caducidad y reversión al Estado de una concesión no se puede prorrogar más allá de los 75 años y que esta no es una cuestión negociable.

¿Por qué decía antes que es un chollo? Porque se trata de centrales que están hiperamortizadas, que hemos pagado entre todos -con los precios regulados antes y en el mercado libre ahora- y que explotan a coste cero un bien común, como es el agua, del que obtienen enormes beneficios. Puede ser admisible, si así lo deciden las confederaciones y las administraciones públicas concernidas del territorio, que se vuelva a sacar a concurso la gestión de las centrales, pero no sin que buena parte de los beneficios reviertan en el territorio y no por un nuevo periodo de 75 años ni tampoco de 70 años, como ha ocurrido en algunos casos. Esta sería una cuestión inadmisible y nosotros creemos que la reversión puede ser perfectamente al sector público, a las confederaciones y con la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

¿Cuál es la situación en estos momentos? Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad que se refiere a los grandes embalses, entre 2018 y 2030 caducarán el 8 % de las concesiones medidas en volumen de agua. La Confederación Hidrográfica del Ebro menciona la caducidad en esa cuenca de una decena de centrales. En Cataluña el 24 % de la producción eléctrica de origen hidráulico ha finalizado el periodo concesional sin que se haya producido un debate a fondo sobre esa cuestión y solo recientemente se han publicado datos que señalan que diez centrales hidroeléctricas ya tendrían vencida su caducidad. La beneficiaria de esta situación evidentemente es la empresa que en Cataluña tiene casi una condición de monopolio, que es Endesa. Ahora, afortunadamente, están apareciendo plataformas y grupos en diferentes localidades afectadas que piden que esa reversión vaya al sector público.

Creemos que es necesario -es una propuesta que le hacemos- realizar una auditoría de las concesiones del dominio público hidráulico para establecer los diferentes vencimientos y analizar si se han cumplido las condiciones de la concesión y que los ayuntamientos y la ciudadanía tenga información sobre esta cuestión.

Además, este debate tiene otras implicaciones que están relacionadas con la crisis de precios que hemos tenido y con el impacto enorme en forma de pobreza energética y de problemas de competitividad de las empresas españolas, cuando la producción hidroeléctrica, como les decía, es enormemente rentable. La gran mayoría de estas centrales de generación fueron construidas en un periodo regulatorio anterior, están amortizadas y reciben lo que se conoce como beneficios caídos del cielo. Están sobrerretribuidas, reciben la retribución de la energía más barata que entra en el pool. En este sentido, quiero recordarle que nuestro grupo y el Gobierno tienen un acuerdo presupuestario cuyo objetivo es realizar los cambios normativos necesarios para acabar con esa sobrerretribución, con estos beneficios indebidos consecuencia de una mala regulación que reciben las centrales hidroeléctricas.

Además de la incidencia que tiene sobre el precio esa mala regulación, esa oferta que hacen los operadores de estas centrales, hay que recordar los casos de manipulación de precios que se produjeron en 2001 y en 2013 y que denunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la especulación con el agua, con las ofertas de estas centrales hidroeléctricas para encarecer los precios. De hecho, la CNMC concluyó en 2013 que la empresa Iberdrola Generación era responsable de una infracción muy grave imponiendo una sanción de 25 millones de euros -hay que decir que eso para esta empresa no es nada-, como así se resolvió en el procedimiento sancionador. Y además de una crisis de precios vivimos cada vez más una crisis climática. En este sentido, en la transición energética el papel de las centrales hidroeléctricas puede ser clave, puede ser fundamental. El almacenamiento de la energía no consumida es clave para configurar una transición energética que permita reducir las emisiones y combatir el cambio climático. Nosotros creemos que estas centrales tendrían que estar a disposición, seguir las instrucciones del operador del sistema de impulsar soluciones de bombeo que permitan almacenar la energía y ajustar su producción a la demanda real. Estas son las pilas, un sistema de almacenamiento que, bajo la supervisión del operador del sistema, deberían permitir una mayor penetración de las energías renovables.

Voy terminando esta primera intervención. Se ha demostrado ya en algunos casos de centrales, como la de Pueyo de Jaca, revertidas al sector público, que pueden ofrecer unos precios mucho más baratos y


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además que esos ingresos pueden repercutir en los territorios, unos territorios que, como le decía, sufren graves problemas de despoblación. Es decir, pasar de un modelo centralizado dominado por las grandes empresas a un modelo descentralizado democratizado quiere decir para nosotros que el sector público, confederaciones hidrográficas, ayuntamientos y comunidades, deben tener un papel en esa transición energética y que la energía hidroeléctrica tiene que estar a disposición de los territorios y de la ciudadanía y no solo en interés de las grandes empresas.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Transición Ecológica.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Señorías, gracias por esta oportunidad para poder comentar el momento en que estamos en torno a la reversión de los saltos hidroeléctricos y su incidencia en la vertebración territorial, el interés general y la gestión pública y en favor de la transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.

He tomado nota de sus comentarios sobre la necesidad de mejorar la información, el acceso a la información y la falta de transparencia con respecto a las concesiones y su producción, y evidentemente velaremos por que no haya ningún tipo de irregularidad en la gestión. Su interpelación contiene distintas cuestiones, cada una de las cuales es importante y estratégica en el tiempo por venir. Me pregunta por el estado de reversión de las concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos a fecha de hoy, su contribución a la transición energética, la gestión pública de los mismos y aspectos de interés general muy variados.

Permítame que empiece con unas primeras pinceladas sobre la situación actual de estas reversiones. Hoy contamos con 115 aprovechamientos hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los cuales aproximadamente 100 están abandonados y con poca rentabilidad económica aparente. Del resto de los 15 aprovechamientos, un tercio están siendo explotados aún por el antiguo titular, otro tercio está en fase de concurso para nuevos aprovechamientos y el tercio restante está siendo explotado en principio directamente por las confederaciones hidrográficas de manera transitoria hasta tanto se resuelva qué hacer con ellos. Hasta el año 2020 las estimaciones de la Dirección General del Agua es que se extingan otros 25 aprovechamientos hidroeléctricos de distinto tamaño, 70 hasta el año 2030, y en el análisis sobre la viabilidad en términos de explotación futura, la conclusión es dispar.

Es cierto que en nuestro país las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, con algunas particularidades, a un modelo inversión-concesión, como usted indicaba, de tal forma que, a cambio de las inversiones necesarias para la construcción de los distintos saltos, se otorgaba a los promotores una concesión cuya duración era de 75 años. Las concesiones estaban sujetas a la condición de que, al finalizar el plazo, las instalaciones debían revertir al Estado. Y el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Aguas establece que el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, se extingue, entre otros motivos, por el término del plazo de su concesión. Por tanto, en una oportunidad única para poder revisar y repensar el papel de estos aprovechamientos hidroeléctricos en la gestión de las cuencas, en la mejora del estado ecológico de las masas de agua y en la contribución de estos saltos a la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Esto supone que la segunda de las cuestiones implícitas en su interpelación sea particularmente relevante desde el punto de vista estratégico. Tenemos la oportunidad y la ocasión de plantearnos cuáles podrían ser las distintas opciones que contribuyan, de la mejor manera posible, a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental para hacer viable la transición energética de manera justa, a precios razonables y cumpliendo funciones que hasta ahora estaban poco tratadas. Sabe que compartimos la convicción de que solo un sistema energético eficiente y basado en soluciones renovables ofrece estabilidad, predictividad y seguridad. Pero es verdad que en este proceso de cambio, en el que habrá opciones para reforzar un componente competitivo en el conjunto de las actividades económicas, las energías renovables juegan un papel fundamental como elemento central de la transición y, en particular, la hidroeléctrica de repente descubre un potencial muy diferente al que tradicionalmente se le consideraba propio.

La integración masiva de renovables en el sistema energético tiene muchos beneficios, principalmente desde el punto de vista ambiental, pero también los puede tener como moderador de los precios del mercado, con su consecuente reducción en la factura eléctrica para el consumidor final, y esto forma parte de los objetivos que este Gobierno se ha marcado a la hora de afrontar los grandes retos energéticos del


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país. Consideramos que, para poder tratar la cuestión de los precios de la electricidad, sabiendo que la electricidad es el gran vector de cambio, debemos trabajar en la reforma del mercado mayorista y mejorar el marco actual. Al respecto, hemos comentado con su grupo parlamentario algunas cuestiones sobre las que habrá que seguir trabajando. Deberemos reforzar la coherencia del sistema fiscal y, como apuntábamos, tendremos que trabajar también en un enfoque nuevo a la hora de potenciar de manera razonable la función del almacenamiento en un sistema eléctrico distinto.

Consideramos que el papel de la energía hidroeléctrica hasta hoy ha sido importante, pero que también cuenta con nuevos horizontes inmediatos que hay que activar. Según recuerda Red Eléctrica, la energía hidroeléctrica representa en España alrededor del 20 % de la potencia instalada y en cuencas intercomunitarias existen alrededor de 1100 aprovechamientos. Este porcentaje todavía es bajo en relación con el total, pero es un porcentaje interesante sobre el que podemos empezar a pensar de otra manera desde la perspectiva de la gestión pública, la preservación del interés general y la seguridad jurídica. Esto supone que esa función fundamental de intentar contender o, por lo menos, hacer predecible y llevadera la evolución del precio de la electricidad, así como de mitigar, en la medida de lo posible, el impacto sobre la población más vulnerable, nos lleve a plantearnos hasta qué punto ese interés público que pretendemos proteger y tutelar de la mejor manera posible, la volatilidad de precios y su impacto en la población vulnerable, puede encontrar alguna respuesta en la hidroelectricidad, dado que es energía acumulable y, por tanto, factor fundamental para la estabilidad del mercado eléctrico.

En principio, queremos estudiar los aprovechamientos hidroeléctricos cuya concesión está terminando en estos momentos, viendo distintas alternativas y estudiando distintas opciones. Primero, aquellos con poca viabilidad económica, pero que son fundamentales para la restauración de la buena calidad de las masas de agua y la restauración hidromorfológica de los tramos de ríos más afectados, más sensibles o con mayor potencial de recuperación, en línea con la Directiva Marco del Agua. Segundo, aquellos aprovechamientos de centrales fluyentes, que son viables, no generan afecciones importantes a los regímenes de caudales circulantes, y que podrían eventualmente contribuir a financiar los organismos de cuenca o mejorar su capacidad de gestión, y la realización de actuaciones de restauración ambiental. Tercero, centrales que son saltos reversibles o de pie de presa, que pueden servir para regular la capacidad de almacenamiento del sistema dando estabilidad al sistema eléctrico y, por tanto, reforzando un interés público que va a ser capital durante la época de transición. Todo ello nos hace pensar que se trata de un instrumento útil en la ordenación del sistema eléctrico, evitando volatilidad o minorando la volatilidad de precios y aportando beneficios de interés público, más allá de los que, en todo caso, pudiera tener la propia producción hidroeléctrica.

A partir de esa agrupación, consideramos que la Dirección General del Agua y las confederaciones, la administración hidráulica, junto con las aportaciones que puedan surgir de otros actores, han de ir evaluando, en la medida en que se van extinguiendo los derechos concesionales, cuáles son, dentro del marco comunitario, los potenciales destinos de esos saltos y de esas centrales. La administración hidráulica, en primera instancia, ha de considerar hasta qué punto un aprovechamiento puede o no ser financieramente viable; hasta qué punto, si no es viable o si su mantenimiento fuera contrario al interés público, debe exigir la demolición de las infraestructuras que allí se ubiquen; o hasta qué punto se puede sacar a concurso en un pliego de bases, quizá modulado o cambiado atendiendo a una actualización del interés general, con prescripciones distintas que nos permitan ensayar y facilitar este otro tipo de opciones atendiendo a distintos aspectos de interés público, ya sean de orden ambiental, económico o social.

Es obvio que esto debe incorporar una retribución al organismo de cuenca por un canon concesional, pero también es obvio -como digo- que se pueden actualizar las características, las concesiones o los elementos que se incluyan en el pliego de prescripciones. Por ahora, consideramos que las concesiones que se otorguen tienen que ir acompañadas de un plan de inversiones, precedidas por una valoración del inmovilizado, un inventario del mismo, y evidentemente una obligación de que la reversión tenga lugar de manera gratuita y libre de cargas, y no teniendo que trasladar a la administración hidráulica las cargas que se puedan derivar del uso final que vaya a tener ese aprovechamiento.

Hasta tanto se evalúa y se decide sobre el tipo de utilidad pública que se quiera reforzar, no es descartable -como venía diciendo- que el organismo de cuenca explote, por lo menos de manera transitoria entre la efectiva reversión y la adjudicación, en su caso, de cualquier otra finalidad, si la confederación lo considera conveniente. En ese caso, los beneficios de la explotación son considerados como ingresos propios del organismo, sin que puedan en ningún caso cederse a terceros. Somos conscientes de que la participación en un marco de estas características, incluso actualizado, cuando se


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invita a la participación a los actores privados debe ofrecer seguridad jurídica, un marco regulador adecuado y una rentabilidad razonable. Por lo tanto, conciliar todos estos aspectos forma parte de esa estrategia, que para los próximos meses es fundamental tener ultimada. Pensamos que las consideraciones de vertebración territorial y justicia social -como usted aludía- son elementos merecedores de toda la atención por parte de las administraciones.

Consideramos que la demanda social en algunas zonas enormemente difundidas de revertir al interés público los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas debe ser atendida. Esta es una demanda que considera importante la gestión del agua en las cabeceras fluviales, atendiendo a los costes socioeconómicos sobre la población en ese territorio, y es una demanda que encaja bien con algunas de las premisas más importantes de la Directiva Marco del Agua; directiva que -como bien saben- reconoce que la aplicación del principio de recuperación de costes es clave. Cualquiera que sea la actividad que se incentive debe atender a las repercusiones significativas que puedan llegar a suponer para el estado del ecosistema acuático, generando unos costes ambientales de recurso que en ningún caso se pueden abandonar, pues necesitan ser recuperados y tenidos en cuenta. El instrumento más efectivo está en la Ley de medidas para la sostenibilidad energética, modificando la Ley de aguas, pero debemos actualizarlo. La presentación de una propuesta de estas características que incorpore esa actualización de los intereses públicos a los que atender creemos que es fundamental, clave, en línea con algunos de los aspectos indicados en la interpelación, en el trabajo que deberá acometer esta Cámara, la administración hidráulica y los interesados en los próximos meses.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias por su respuesta, ministra.

Creo que coincidimos en que tenemos una oportunidad única, una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta a como se han venido haciendo; al servicio del derecho a la energía de la ciudadanía y también de los territorios a ser partícipes de la riqueza que crean estas centrales hidroeléctricas.

Hasta el momento las reversiones que se han producido han sido gestionadas por las confederaciones hidrográficas. Han permanecido normalmente bajo control de las empresas concesionarias y el objetivo declarado del anterior Ministerio de Medio Ambiente era que estas centrales fueran nuevamente sacadas a concurso público para una nueva concesión, es decir, no estaba previsto ningún otro tipo de planteamiento de gestión pública. Nosotros creemos que hay que cambiar esta política, que hay que cambiar la perspectiva y, en este sentido, le hacemos diferentes propuestas concretas que parten de un principio rector, que es que el nuevo modelo pase por la preservación del medio ambiente y que la riqueza generada pueda revertir en el territorio donde se origina.

En primer lugar, que se actúe con transparencia -se lo decía antes-, informando a comunidades autónomas, ayuntamientos y a la ciudadanía de cuál es la situación administrativa de cada salto y cuál es la fecha de caducidad, sin que haya que ir investigando por registros diversos y sin que los ayuntamientos afectados tengan ni idea de cuál es la situación de estos saltos. En segundo lugar, que se facilite y promueva la gestión de sociedades públicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias -las que son de competencia estatal- para explotar instalaciones hidroeléctricas con la participación de las confederaciones, cuando así sea posible, de las comunidades autónomas y especialmente de los ayuntamientos. Creemos que esta es una cuestión interesante. Somos, de nuestro entorno, un país que no tiene sector público energético y, en esa lógica de participación local y de descentralización, sería positivo que se pudieran crear este tipo de sociedades que decidieran libremente gestionar estos saltos. En tercer lugar, que cuando venza una concesión el organismo competente -lo que le decía- pueda asumir directamente la gestión mediante estas sociedades públicas u otorgar nuevas concesiones mediante concurso público, pero a nuestro entender no pueden ser ni de setenta y cinco ni de sesenta años, sino de un periodo mucho más corto -podría ser de cuatro años-, y cuando se realicen obras, de veinte o treinta.

En cuarto lugar, que se establezca en las concesiones la obligación de las centrales de seguir las instrucciones, los mandatos del operador del sistema para facilitar la integración de las renovables, y esto, como le decía antes, es muy importante. Después, cuando la decisión sea realizar un concurso y sean gestionadas por una empresa privada, los beneficios, más allá de la retribución razonable, deben ser utilizados con criterios de vertebración territorial, con la participación también de los entes locales, y una


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parte de estos recursos debe destinarse a la restitución económica y social de los territorios donde se encuentran estas instalaciones que durante décadas -en algún caso ya durante algún siglo- no han recibido ningún tipo de beneficio directo por tener esas centrales. Y, como usted mencionaba, que los saltos revertidos se adapten a los nuevos caudales ecológicos que están en los planes hidrológicos.

Lo que ha pasado estos años es consecuencia de la falta de política por parte del Gobierno del Estado sobre esta cuestión, una indiferencia, una indolencia, una opacidad que ha servido a los intereses de las grandes empresas hidroeléctricas. Es imprescindible una estrategia a medio plazo en consonancia con la caducidad de las concesiones y que la explotación de estos saltos hidroeléctricos esté al servicio de la ciudadanía, de los territorios y de la transición energética. Esta debería ser una política de Estado y la decisión que se tome debería ser una decisión objeto también de debate público, de diálogo con los ayuntamientos, con los territorios, porque eso forma parte de lo que nosotros entendemos una transición ambiental y socialmente justa. Por tanto, creemos que la nueva política en relación a los saltos hidroeléctricos debe formar parte de esa nueva política energética en favor de la transición justa y del derecho al acceso a la ciudadanía. En definitiva, la ciudadanía es la última beneficiaria de esta política. ¡Basta ya de que los saltos hidroeléctricos solo estén al servicio de las grandes empresas!

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para concluir el debate y en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Transición Ecológica.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Señora presidenta, señorías, señor Vendrell, agradezco de nuevo esta interpelación. Creo que es un momento oportuno para un debate pertinente y una discusión estratégica innovadora que nos permita actualizar la definición del interés público, y las mejores opciones de gestión de un recurso, que es de todos, y que se debe regir por los principios de delicadeza y de valor precioso que representa en nuestro territorio. Decía antes que hay alrededor de 115 aprovechamientos cuya concesión ha caducado y que para los próximos años todavía esperamos una cantidad importante de concesiones que revertirán de nuevo a la administración hidráulica. Apuntaba alguno de los aspectos que me parecen fundamentales y que deben orientar el debate y las propuestas sobre qué hacer con estos aprovechamientos en el tiempo por venir. Hablaba de transparencia, preservación del valor ambiental, gestión de los recursos de conformidad con las prioridades socioeconómicas de la zona, y añadíamos la necesidad de que fuera un factor que acompañara y facilitara un proceso de transición energética fundamental.

Sobre esos comentarios hechos en su primera introducción y en mi primera respuesta, incorpora ahora algunos otros mensajes que me parece que también son interesantes desde el punto de vista del análisis y estudio y sobre los que tomo nota. Apuntaba la conveniencia de plantearnos una posibilidad, como es la de constituir sociedades públicas de agua, es decir, una gestión directa un poco más presente de lo que ha sido hasta ahora, y completo yo con algunos otros elementos sobre aspectos que me parece que pueden tener sentido en esta nueva fase. Como decía, apuntábamos condiciones de explotación diferentes, en el supuesto de que la conclusión final sea volver a sacar a concurso alguna de estas concesiones, que permitieran explorar cuestiones como presentación de contratos bilaterales a precio tasado u obligación de suministrar a precio tasado la electricidad generada para facilitar el acceso a esa electricidad a un precio estable y razonable a colectivos que lo necesiten particularmente o al territorio circundante. Sobre esto me parece que la cuestión del almacenamiento y la cuestión de la consideración ambiental son algunas de las pistas que pueden ser clave en lo que resulte como consecuencia del debate, de la conversación que hemos mantenido usted y yo esta mañana y que espero pueda continuar en las próximas semanas y meses.

Me gustaría aprovechar esta ocasión, estos comentarios finales, para destacar, una vez más, que este Gobierno está enormemente comprometido con la transición ecológica porque entendemos que es la manera de actualizar nuestro sistema económico y hacerlo de una manera socialmente justa, es decir, poniendo siempre a las personas, a los ciudadanos, en el centro de su acción política, y la combinación del componente ambiental con el componente social es la clave para nuestro éxito económico. Creemos que la modificación de este tipo de actividades asociadas a la explotación hidroeléctrica, cuando no, como digo, a la reversión total del bien público agua para la correcta gestión y niveles de calidad de las aguas y masas de agua, es fundamental, desde el punto de vista de la incidencia socioeconómica del territorio, de la estructura y oportunidades de empleo en las zonas afectadas. Por ello las estrategias de impacto social


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en las que estamos trabajando ya, la Estrategia nacional contra la pobreza energética y la Estrategia de transición justa de acompañamiento al proceso de transformación en el marco energético, tienen una segunda derivada, un punto de conexión con la gestión hidráulica precisamente en este ámbito que usted ha señalado esta mañana: ¿qué hacemos con esas concesiones y qué hacemos con la actualización de los fines a los que debe servir su explotación?

Muchísimas gracias y quedo enteramente a su disposición y a la del resto de grupos para seguir mejorando en este campo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE LA MINISTRA DE JUSTICIA EXPLIQUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS COMO MINISTRA DIRIGIDAS A CONDICIONAR E INFLUIR EN LOS TRABAJOS Y ANÁLISIS, BASADOS EN CRITERIOS TÉCNICOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE VELAR POR LA LEGALIDAD VIGENTE Y EL INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 173/000123).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Roca Mas.

El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Popular presenta esta moción porque está francamente preocupado con lo que pueda hacer el Partido Socialista al frente del Ministerio de Justicia, y es que no sabemos los pactos secretos a los que llegó para que el nacionalismo les apoyara en la moción de censura. Y es que las relaciones del nacionalismo con la justicia siempre han sido turbias, ya empezaron con la cuestión de la Banca Catalana y luego sus relaciones turbias con jueces condenados por extorsión, por fraude, por prevaricación, hasta llegar a liberar a condenados por corrupción a 48 meses en apenas 40 días. Pero lo peor, dentro del objetivo del nacionalismo de eliminar todo lo que significa España de Cataluña, es el incumplimiento de las sentencias que luchan contra la inmersión en Cataluña. Ante todo esto, ¿qué ha hecho el PSC? Colarnos esa mentira de lo equidistante, porque la distancia siempre es la misma, pero el PSC cuanto más se acerca al nacionalismo más se aleja de los catalanes demócratas. (Rumores). Y es que al final todos los consellers del PSC de los tripartits...

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.

El señor ROCA MAS: ... acabaron saliendo del armario del nacionalismo o directamente convirtiéndose en procesistas de los más hiperventilados. ¿Y qué ha hecho el PSOE al respecto? Liquidó la transición con una frase: Aprobaré el estatut que salga del Parlament. Trajeron un estatut a esta Cámara tan inconstitucional que lo tuvieron que cepillar entre el PSOE y Convergència 62 veces, luego el Constitucional 13 veces. Y tuvieron ustedes la cara de liderar las manifestaciones contra el PP y contra el Tribunal Constitucional, aprovechando una polémica por cierto surgida porque ustedes retiraron el recurso previo de inconstitucionalidad, obviando evidentemente que en todas las democracias los tribunales cambian leyes votadas por la ciudadanía.

Si todo eso es preocupante, el nacionalismo decidió traspasar todas las líneas rojas. El procés nos ha dejado listas de jueces, desobediencia de sentencias, burlas a requerimientos del Tribunal Constitucional. Hemos visto a Puigdemont haciéndose una foto con las cinco notificaciones ¿? riéndose, supongo que ya sabía que iba a poder aprovechar las rendijas de la justicia internacional para escapar y dejar a sus compañeros de Gobierno tirados aquí. Hemos visto que el procés nos ha dejado acoso a jueces, todavía hay acoso a jueces, y, sobre todo, el golpe a la democracia con el que los nacionalistas hace un año intentaron imponer una república totalitaria sine die y en la que los jueces eran puestos a dedo por Puigdemont.


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Señorías, ¿es todo esto indultable? ¿Cómo explicamos al mundo que fue un golpe a la democracia? Todo el mundo estuvo con España y con la Constitución española, ¿les van a decir ustedes que se equivocaron? Señores del Partido Socialista, de su injerencia en la justicia puede resultar un desastre histórico para toda España y, en especial, para Cataluña.

Ahora, ¿qué ofrecen? ¿Un nuevo estatuto otra vez? ¿Para poner la justicia en manos de Quim Torra? Por cierto, si el anterior Pedro Sánchez decía que Quim Torra era Jean-Marie Le Pen, ahora que están ustedes encamados, ¿es el nuevo Pedro Sánchez Marine Le Pen? Les voy a resumir siete años de Zapatero en dos frases del propio ZP: Estamos en la Champions League de la economía -sin comentarios- y Cataluña estará más unida que nunca. En palabras de la ministra que no está aquí: Éxito garantizado. Ahora ofrecen un nuevo estatuto de autonomía, ¿otra vez a repetir lo mismo? ¿Qué van a meter en el pack, a Zapatero de ministro de Economía? Si ya han ido por ahí y fue un fracaso, un desastre.

¿Por qué todo el diálogo es siempre con el nacionalismo? ¿Para darles más herramientas contra los catalanes demócratas? ¿No sienten ni un ápice de empatía por los catalanes que queremos escoger el colegio de nuestros hijos y no el que nos imponen los nacionalistas, y que no quieren ni para sus hijos porque los llevan a otra educación? ¿No sienten empatía por los catalanes que nos sentimos maltratados por la Generalitat de Catalunya, por los catalanes que se han ido? Ya sé que vendrán aquí a negarme la ruptura, pero es que es la única región de Europa de la que se han ido decenas de jueces. ¿No les dice nada eso? Se van jueces y empresas, cómo no se van a querer ir familias. ¿No sienten ni un ápice de empatía por las familias que se quieren ir, pero no pueden? Y, sobre todo, ¿ni un ápice de empatía por los que no nos queremos ir? No nos vamos a ir, por mucho que nos presionen con sus lazos, con sus cortes de trenes y carreteras, con sus amenazas, con su violencia; no nos vamos a ir. (Aplausos).

Cuando les preguntamos sobre qué van a hacer nos dicen: o ayudan o es mejor que se aparten. Pues miren, para destruir la democracia en Cataluña no solo no les vamos a ayudar ni nos vamos a apartar, sino que nos vamos a poner enfrente, acompañando a los funcionarios de justicia, a los jueces, a los fiscales, a los policías y, sobre todo, a los catalanes que durante demasiado tiempo nos hemos sentido demasiado solos, a los que creemos en la justicia, en el imperio de la ley y en la democracia.

Señorías, lo mejor para Cataluña y para toda España es que disuelvan ustedes la coalición de los resentimientos y convoquen elecciones; eso es lo mejor para la democracia. (Aplausos). Sé que no lo van a hacer y, como no hay mal que por bien no venga, les tengo que agradecer que cada día que sigue este Gobierno nos dan una lección de lo que es un socialista. Un socialista es alguien que se hace rico con la Administración pública, que se pirra por clavarle impuestos al currante, pero que luego se desvive por pagar los menos impuestos posibles. Eso es un socialista y es una lección que este Gobierno y estos ministros nos dan cada día. Señorías, por la democracia y hasta por ustedes mismos, disuelvan y convoquen elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidenta.

Consejos vendo, pero para mí no tengo, que dice el refrán. ¿Cómo se atreve el Partido Popular a presentar aquí semejante moción trufada de moralina, con pretensión ejemplarizante y con la soberbia propia de los que revisan la historia porque ellos no fueron a colonizar América, sino que fueron a hacer grande España? ¿Me puede decir exactamente de qué son ustedes ejemplo y en base a qué se sienten legitimados para venir aquí a dar lecciones de nada? Por vergüenza torera, si les queda, les sugeriría que retirasen esta moción, porque precisamente esta semana que ustedes pidan que no se cometan injerencias con los funcionarios del Estado a mí me daría vergüenza. Como estoy sufriendo vergüenza ajena, que es peor que la propia, les sugeriría que retirasen esta moción. Pero veo que no, veo que ustedes han salido a defenderla aquí con toda vehemencia y trufada de falsedades. Yo llego a la conclusión de que usted, como catalán que es, tiene que venir a Madrid que es más español que cualquiera de la meseta, porque lo que usted suelta desde esta tribuna, ¿realmente usted se lo cree? ¿Usted en qué realidad vive? ¿Qué Cataluña está retratando y qué está contando a sus compañeros de Madrid sobre lo que pasa en Cataluña? Pienso que está idealizando un discurso para que, como catalán, no lo consideren sospechoso de no ser lo suficientemente contundente en la defensa de España.


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Hablando de ejemplaridad, ¿qué pueden contar de la Operación Kitchen? En la que resulta que se interceptó documentación repleta de anotaciones relativa a la caja B del Partido Popular y se ocultó a la justicia, si tenemos que hacer caso a lo que sale en los medios. ¿O qué ejemplaridad es -de lo que hace gala el señor Cosidó- ir presumiendo de que controlan por detrás el Tribunal Supremo? ¿Qué legitimidad tiene el señor Cosidó para aseverar semejante barbaridad, que no dimita y que hoy venga usted aquí a exigir la dimisión de no sé qué ministra?

Hoy aquí no votaremos a favor de la dimisión de esta ministra, y menos en una moción que ustedes han presentado, como ya le he dicho, con voluntad de ser ejemplarizante. ¿Qué ejemplo dan ustedes del ministro que tiene conversaciones con altos cargos para ordenar a fiscales que abran expedientes? ¿O quizá viene a hablarnos de la ejemplaridad de su exsecretaria general, que también tenía conversaciones secretas, incluso ordenando investigaciones para perjudicar instrucciones judiciales con el responsable y con el que tiene las llaves de las cloacas del Estado? ¿O acaso es ejemplarizante toda la cuestión con relación a los másteres de su actual secretario general? (El señor Roca Mas pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, los másteres del señor Casado, por si no lo ha entendido bien. ¿Qué ejemplar actuación es esa con relación al contenido de su moción, qué vienen a ejemplarizar? Por tanto, ¿se sienten ustedes realmente legitimados para hablar de conductas nobles?

Como le digo, hoy viene usted aquí a pretender reprobar a una ministra con semejantes credenciales. Le repito que respecto a su moción de reprobación a una ministra, con su voluntad ejemplarizante, en la que pide que se repruebe a la ministra de Justicia sin antes haber exigido la dimisión del portavoz del Grupo Popular en el Senado, no son ustedes creíbles. (El señor Roca Más pronuncia palabras que no se perciben). Por tanto, votaremos en contra.

No le puedo escuchar porque no tiene el uso de la palabra, porque en este caso la tengo yo. Por tanto, le digo que votaremos no a su moción.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresqui.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

La moción y la interpelación van cada una para una cosa. Ustedes presentan una interpelación diciendo lo que dijeron, luego vienen con la moción y en el fondo se ha demostrado de qué querían ustedes hablar, aunque argumentaran otras cosas.

Debatimos, pues, una moción consecuencia de interpelación urgente a la ministra de Justicia presentada por el Grupo Popular cuyo objetivo es la reprobación de la ministra y por la posición de la Abogacía del Estado en la causa especial que se sigue contra los políticos catalanes independentistas en el Tribunal Supremo -en principio era eso- en defensa de la Administración General del Estado como acusación particular que, como sabemos, es la fiscalía a la que le corresponde la promoción de acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley. La anterior causa de reprobación se refuerza volviendo a traer el caso Llarena y su defensa por el Estado ante los tribunales belgas por unas declaraciones privadas en relación con personas sobre las que estaban instruyendo un sumario y había enviado a prisión de manera cautelar. Y también se trae como causa coadyuvante la petición de reprobación, las famosas grabaciones del excomisario Villarejo en una comida, etcétera.

La mezcla de estos asuntos da pie al Grupo Popular para sostener que la ministra ha mentido y, además, se ha entrometido en los informes y trabajos técnicos de los funcionarios de su ministerio, concluyendo por ello la necesidad de que abandone el ministerio en calidad de máxima responsable. Como hemos visto, eso es un Macguffin para lo que ustedes pretendían.

Señorías del Grupo Popular, no votaremos favorablemente la reprobación de la ministra porque no compartimos la valoración de los hechos que ustedes realizan, ni siquiera los mismos hechos que ustedes dan por probados, y no solo probados, sino juzgados y ya sentenciados por ustedes mismos. Así, y ya lo hemos dicho más de una vez en esta Cámara, las conversaciones en una comida con el señor Villarejo que grabó hace años no ponen de manifiesto una actitud que afecta a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional a tal actividad ni que ahora le impida ser ministra. Eso es lo de menos.

En cuanto a la defensa del señor Llarena por parte del Estado en los tribunales belgas por haber vulnerado el derecho al honor de personas respecto a las que se instruía un sumario y tenían prisión preventiva, también nos pronunciamos en su día denunciando que en esta defensa a ultranza no se pretendía defender en todo caso la soberanía de la jurisdicción, sino una visión partidista de una idea de


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España y que para ese fin se había instrumentalizado a la misma justicia, viéndose en la obligación de defender al juez Llarena en una causa privada para que no se pusiera en entredicho su aparente falta de imparcialidad en el caso.

En cuanto a que en el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía del Estado no se considera que los hechos que se imputan a los acusados son subsumibles en el tipo de rebelión, simplemente creemos que se alinea con la posición técnicamente más correcta y porque son legión los profesionales del derecho que así lo consideran, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, como, por cierto, tampoco consideramos el de sedición. La violencia requerida por estos tipos penales no se vio en Cataluña, pero tampoco se vio en Alemania ni en Bélgica ni en Escocia ni en Suiza.

Y respecto a eso que usted ha dicho de los resquicios de la justicia, vaya usted con su docta sapiencia y explíqueles a los jueces belgas, alemanes, etcétera, todo lo que ha dicho aquí porque no deben tener ni idea de justicia todos ellos. Por eso no consideramos procedente hablar, como se hace en la moción, de golpistas. Aquí el golpe de Estado lo dio un señor que murió justo ayer hace cuarenta y tres años, y que a algunos tantos problemas les cuesta condenar, y otro señor que vino aquí con un tricornio y que intentó hacer eso. Esos son los golpes de Estado que se han dado en este país, esos y no otros.

Además, no consideramos procedente acusar a la ahora ministra de hablar de las cloacas policiales por aquella comida y menos que esa acusación venga del Grupo Popular después de las conclusiones alcanzadas por esta Cámara respecto al uso por parte del Ministerio del Interior cuando lo dirigía el señor Fernández Díaz y el señor Cosidó, de la policía, para fines partidistas y ahora sabemos también que para eludir la acción de la justicia, tal y como se ha demostrado en cuanto a la financiación en B del Partido Popular que hemos conocido a través de las idas y venidas con cajas de documentación del señor Bárcenas, del señor Cosidó y de ciertos policías nacionales.

Como ven, señorías del Grupo Popular, no podemos apoyar su moción porque no tienen razón y, además, no han sabido tenerla. Le puedo leer cuál fue el tono desabrido que se utilizó aquí en la presentación de la interpelación. Le voy a leer cosas que aparecen en el Diario de Sesiones: Pasará usted a la historia del ministerio como la más indigna. Por sus manejos, no puede caer más bajo como ministra. Es usted indigna de estar aquí y representar al Gobierno. No va a poder mirar a la cara a sus compañeros porque los despreció. Todo lo que toca, lo contamina y devalúa. Es usted la siniestra mano que ejecuta las órdenes de su amo, etcétera. Por lo tanto, aquí vemos que el estiércol se reparte muchas semanas, no solo hoy.

Señoras y señores diputados, tras esta larga lista de exabruptos, que no vale la pena reproducir, no apoyaremos su moción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea i Lozano. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Señorías del Partido Popular, de cemento armado la tienen. Nos traen aquí una iniciativa pidiendo tres cosas. Primera, reprobar a la ministra ya reprobada, la señora Delgado, la misma con la que hace unos días se reunía el señor Catalá, los dos juntitos negociando bajo las órdenes del señor Casado y del señor Sánchez. Ji ji, ja ja, este juez lo pones tú. Este, que puede contentar a los independientes, para ti. Venga, a este le hacemos presidente. Y dejamos un par de ellos para Podemos. Y ya. Jugada redonda, así lo llamaban ustedes. Eso, señorías, estaba pasando hace solo un par de semanas y hoy, sin ningún sonrojo, piden la reprobación de su cómplice, la ministra de Justicia. La palabra cinismo, desde luego, se me queda muy corta.

La segunda cosa que piden es el respeto hacia los trabajos de los funcionarios de la Administración de Justicia, piden velar por su independencia. Miren, Partido Popular e independencia judicial no casan, oxímoron. Pregúntenle al señor Ruiz-Gallardón, que cambió la ley para politizar la justicia. O -mucho más reciente- pregunten a su portavoz del Senado, al señor Cosidó, pregúntenle por esa jugada estupenda que el señor Sánchez, junto con el señor Casado, maquinaron: Controlar por detrás a los jueces. Palabras textuales. Y además a los que tendrían que juzgarles a ustedes, llegado el caso. El mensaje que reenvía el señor Cosidó -bajo encargo de quién sabe quién- viene a decir: No habrá más imputados investigados populares. Tranquilos, nos ocupamos. ¡Cuánto miedo tienen ustedes,


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señorías! Es una vergüenza lo que están haciendo con nuestra justicia a costa de ese miedo. (Aplausos). Esta moción es una burla a los españoles, no por lo que incluyen en ella, sino porque viene de ustedes.

Y la tercera y última cosa que piden es un funcionamiento transparente de la Administración. ¿Transparencia vía wasap? Les ha faltado añadir: Si nos pillan, lo borramos y lo negamos todo, que es lo que ha hecho el señor Casado. Señorías, por favor, no hagan más el ridículo. Tengan al menos un mínimo de dignidad. ¿No se dan cuenta de que ya no engañan a nadie? Ya está bien, se ha descubierto el pastel. Lo que ocurrió es que el señor Casado cedió la mayoría de los jueces al Partido Socialista y a Podemos, a cambio de controlar esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y todos tan contentos, juntitos además: Socialistas, Populares y Podemos. En ese momento a ustedes no les preocupaba el juicio del 1 de octubre, causa que tendría que abandonar el señor Marchena. No les preocupaba lo más mínimo que la Abogacía del Estado viera comprometida su independencia al ser dirigida por el señor Sánchez y compañía, que instruían ellos mismos la causa desde los medios de comunicación diciendo que lo que antes era rebelión ahora es sedición. No estaban preocupados entonces ni lo están tampoco ahora. Sentido del Estado, ninguno, señorías; no lo tienen. Disimulan porque el plan les salió mal, les falló. El señor Marchena se negó a participar en eso que para ustedes era una jugada maestra.

Algunos tenemos sentimientos contradictorios, por un lado, el de tristeza al presenciar el vergonzoso espectáculo que están dando ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y también ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) con este indecente reparto del control del Poder Judicial. Y de Podemos, que también forma parte de él, poco tengo que decir porque no creen en la separación de poderes. Los jueces tendrán que firmar un documento comprometiéndose con el Gobierno, lo decían así sin ningún tipo de pudor, así que a estas alturas quien tenga alguna esperanza puesta en ellos, simplemente, se engaña a sí mismo. Por otro lado, esa tristeza de la que hablaba viene acompañada de orgullo y esperanza. Siento orgullo porque pertenezco a un partido como Ciudadanos que pudiendo haber entrado en este indecente cambalache no lo ha hecho. (Aplausos). Y siento también esperanza por los jueces como el señor Marchena, hay muchos; esperanza porque creo que esta será la última vez, está siendo todo tan repugnante que estoy segura de que los españoles van a tomar buena nota de ello. Todo esto que están haciendo -señorías populares, señorías socialistas- les va a pasar factura y les va a pasar factura en las urnas.

Desde aquí les digo a esos jueces, a esos fiscales, a esos juristas y a todos los ciudadanos que mantengan también la esperanza porque nuestra ley se aprobará y entonces los jueces no serán elegidos por los políticos de turno para intentar tapar su corrupción o contentar a los que desprecian nuestro país y se saltan la ley a cambio de un simple voto que les mantenga en la Moncloa. Cuando Ciudadanos gobierne, el Consejo de Europa, el Greco, no nos volverá a poner la cara colorada, los jueces tendrán las manos libres para juzgar con independencia y queda muy poco ya para eso, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Egun on. Mila ezker. Buenos días a todos y a todas.

El Grupo Popular nos trae una moción nuevamente de reprobación de la ministra de Justicia, esta vez con la excusa de que hizo algo que, supuestamente, no solo le es debido por su función sino que incluso está obligada a ello, que es dar instrucciones a la Abogacía del Estado para en uso de su criterio político defender los intereses del Estado en un determinado caso concreto. Nada raro hay en ello, ya saben ustedes nuestra opinión. Sencillamente, incluso pensamos que la posición manifestada en este caso por la Abogacía del Estado es jurídicamente bastante más sostenible que el delito de rebelión, en el que nadie cree. Y hay un debate jurídico en esto que no pueden ustedes obviar en el sentido de que no existió violencia en Cataluña y, por lo tanto, la exposición judicial como la instrucción y las prisiones provisionalmente que injustamente tienen en prisión a determinados líderes independentistas catalanes no se sostienen desde un punto de vista jurídico y mucho menos político, que es lo que a nosotros y nosotras nos toca decir aquí. En ese sentido, denunciamos su actitud.

Su actitud es reprobar a una ministra, intentar saltar a una ministra del Gobierno sencillamente porque ustedes no están de acuerdo con la forma de proceder. Pero lo que ustedes están haciendo es banalizar la reprobación. Ustedes la están banalizando porque debo recordarles que hace poquito aquí se reprobaba a ministros de Justicia de su partido y se les reprobaba por injerencias en el Poder Judicial; injerencias


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que habían salido en el sentido de que le gustaba muchísimo el cojonudo Moix, que era el fiscal que iba a hacer las cosas estupendamente, el otro te lo afinaba, el otro funcionaba de determinada manera... Es decir, un secreto a voces. Y si ustedes creen que no nos habíamos enterado de eso, aquí hay cinco millones de votos que aparecieron porque teníamos claro, clarísimo, desde el primer momento qué utilización estaban haciendo ustedes de la justicia y de los elementos de gobierno de la justicia y del Poder Judicial.

Si vamos a eso, lo que habrá que decirles claramente es que son un partido antisistema. Ustedes están dando un espectáculo absolutamente lamentable. Por cuestiones puramente internas ustedes no solo están poniendo en riesgo las instituciones del Estado y el correcto gobierno y nombramiento de los jueces, sino que también están poniendo en riesgo -y yo diría que incluso en ridículo- el funcionamiento de esta Cámara con un escrito que ustedes firmaron en el que proponían a una serie de personas -con acuerdo o sin él, porque a nosotros nos da igual- y con una Comisión de Nombramientos que se ha reunido con presencia de la presidenta del Congreso. Han dicho claramente a la gente a la que han propuesto ustedes nominalmente -y que son exdiputados suyos- que no vengan de cara a manipular ese procedimiento y lo que ahora están intentando hacer es que este Congreso no se pronuncie sobre una de sus atribuciones legítimas, que es decidir o no con arreglo a la ley quiénes tienen que estar, entre los propuestos por los jueces y las jueces, en el Consejo General del Poder Judicial. Eso, señorías, no depende de ustedes, sino que depende de esta Cámara.

Tampoco vamos a librar al Partido Socialista de todo esto. Entendemos que han sido una parte importante en toda esta situación. Entendemos que ustedes han caído en una corrupción de las costumbres a pesar de todas aquellas advertencias que hacía el Tribunal Constitucional de que el incorrecto manejo del sistema legítimo de nombramiento de los jueces por parte del poder público, de los representantes populares que están aquí, podía llevar a una desacreditación de las instituciones. Lo han hecho, porque esto se debía negociar en esta Cámara. Esto se debía negociar con luz y taquígrafos. Se debía introducir la pluralidad en ese consejo, que es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional; y la pluralidad de ese consejo es la pluralidad de sensibilidades que se encuentran en la sociedad española. Eso es lo que hubiera hecho que ese consejo y este sistema funcionaran y que no diéramos alas a lo que ha sucedido ahora, porque vamos a sustituir el legítimo control popular de esa pluralidad y esas sensibilidades por parte de las instituciones del Estado por negociaciones absolutamente oscuras por parte de un corporativismo mal entendido. Ya veremos si no estamos sustituyendo las supuestas injerencias por una mafia judicial que ponga y quite en función de otros intereses que no tengan absolutamente nada que ver con la ciudadanía. Esto lo veremos con el tiempo y esa responsabilidad, que es compartida, debe exigirse.

Por tanto, más allá de todo eso, deberíamos intentar entre todos y todas devolverle algo de ilusión a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia. Entre todos y todas deberíamos tratar de solucionar los problemas reales de la justicia, que son los miles de juicios y sentencias que responden a los intereses de la ciudadanía y que en este momento se están llevando a cabo en los juzgados y tribunales de todo el Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, el portavoz del Grupo Popular nos ha regalado hoy una intervención delirante, aunque debo reconocer que sin llegar a las dosis de hilaridad y mal gusto de que hizo gala su portavoz con motivo de la interpelación a la ministra. Ambas intervenciones son perfectamente acordes con el estilo mesurado, comedido, moderado y juicioso del señor Casado y, por supuesto, de su mentor, el señor Aznar. La moción que hoy nos propone el Grupo Popular eleva al paroxismo la impudicia de la que es capaz el Partido Popular.

Primera perla. La exposición de motivos, sin ningún tipo de pudor ni recato, afirma lo siguiente -abro comillas-: "todos somos ejemplos para los demás. Pero entre todos, deben ser especialmente ejemplares los gobernantes, por la enorme influencia que ejercen -con sus acciones, omisiones y actitudes- sobre la sociedad. Ejemplaridad exigible tanto privada como públicamente...". Fin de la cita. Sin comentarios. Solo una pregunta, no sé dónde estaba el portavoz del Grupo Popular ayer cuando comparecieron el señor Matas y el señor Trillo en la Comisión de investigación sobre su financiación ilegal. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Segunda perla de esta moción -abro comillas-: "Instar al Gobierno para que profundice en el funcionamiento transparente de la Administración


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General del Estado...". Mire, sin necesidad de su impulso, este Gobierno está plenamente comprometido con la transparencia. De hecho, fíjese, el 28 de septiembre pasado el Boletín Oficial del Estado publicó las declaraciones de bienes de más de mil altos cargos pendientes desde el año 2014 porque el Gobierno del Partido Popular las había escondido en un cajón incumpliendo la ley, pero es que no les queda ningún atisbo de rubor, han perdido toda capacidad para sonrojarse al confrontar lo que hoy dicen y lo que evidencian sus actos pasados más recientes. Tercera y última perla. La Abogacía General del Estado ha sido la víctima principal de la injerencia política del Gobierno -dice la moción-.

Reconozco que ustedes no tienen límite. Se atreven a poner esto negro sobre blanco tras lo que les dijo la ministra de Justicia hace apenas una semana. Porque la ministra les recordó, primero, que ustedes nombraron abogada general del Estado a una sobrina de Álvaro Lapuerta. Supongo que usted no debía estar aquí, porque todo le suena raro, pero la ministra se lo dijo, que ustedes nombraron abogada general del Estado a una sobrina de Álvaro Lapuerta. Como usted debería saber, Álvaro Lapuerta fue tesorero del Partido Popular durante casi dos décadas, Álvaro Lapuerta urdió lo que la Audiencia Nacional ha llamado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional para financiar al Partido Popular, y fue la sobrina del señor Lapuerta quien negó la personación del Estado en la causa de la caja B del Partido Popular a pesar del evidente perjuicio para el Estado por los delitos fiscales cometidos. Repito, ustedes no tienen límite en esta carrera desbocada hacia la política del absurdo, porque existe un teatro del absurdo y existe también una política del absurdo, la que ustedes hacen. Porque ustedes niegan lo evidente. Si hasta en esta Cámara, por negar, han negado hasta la existencia de la catedral de Burgos, y piensan ustedes seguir negándolo todo.

Ustedes necesitan negarlo todo porque ustedes quieren construir un nuevo relato de la realidad que enmascare su pasado más reciente. Pero miren, lo tienen imposible. ¿Saben por qué? Yo se lo diré, porque pasarán muchas generaciones antes de que se borre de la memoria colectiva lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en este país, y aun así los libros de historia seguirán haciéndose eco de ello, los manuales de la ESO recordarán a las generaciones venideras que hubo un Gobierno del Partido Popular instalado en la corrupción sistémica que acumuló más de mil años de cárcel, cuyo hedor provocó tanta nausea y hastío entre los españoles que por primera y única vez en cuarenta años fue censurado y cesado por este Parlamento. Esto es lo que recogerán los libros de historia y no el ruido que ustedes pretenden provocar con este tipo de iniciativas.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rallo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DICTÁMENES Y MEDIDAS CAUTELARES ESTABLECIDAS POR EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 173/000124).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor vicepresidente.

La moción que nosotros hemos planteado es bastante sencilla. Tiene un objetivo muy concreto, el cumplimiento del principio de legalidad. Hemos estado analizando las enmiendas de los diferentes grupos y creemos que no es momento de entrar en ningún mercadeo, de entrar en qué metemos, qué no metemos o qué sacamos. La verdad es que hay algunas cuestiones clarificadoras, que a mí, sinceramente, no me han dejado de sorprender, como son las enmiendas que articula el grupo antipopular. Por una parte, hablan del cumplimiento de nuestras obligaciones, pero, por otra parte, hacen bandera de procedimientos judiciales que vulneran el derecho a la defensa, derecho esencial en un Estado de derecho, el derecho a un juicio justo, a la tutela judicial efectiva; hacen bandera de una ley un tanto vergonzante que aprobamos en esta Cámara relativa a los desalojos exprés. No deja de sorprender que, en esto, se haga bandera de una proposición del PDeCAT. En estos momentos de la jornada ya no estamos en el monotema y, por tanto, se pueden dar amplios acuerdos en ese sentido, aunque creo que, finalmente, no los va a haber


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porque tengo la esperanza de que hasta el PDeCAT esté de acuerdo con el cumplimiento estricto de los dictámenes y de las cautelares dictadas por el comité DESC de Naciones Unidas.

Desgraciadamente, el otro día me hubiera gustado poder debatir con la ministra de Justicia -que ha creado en el mes de agosto una dirección general- para encauzar las resoluciones judiciales de los órganos internacionales a los que pertenecemos en materia de derechos humanos de cara a los propios juzgados y tribunales. Nos hubiera gustado que nos explicara por qué esas resoluciones no están llegando a los juzgados y la gente está teniendo que llevar una fotocopia en una carpeta para entregársela a un juez, y esto viola su derecho a un juicio con las debidas garantías. Nuestro Estado forma parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos y, en este sentido, creemos que hay dos cuestiones. Una es que no debería ser necesario que nadie tuviera que acudir al comité DESC de Naciones Unidas. Deberíamos tener un ordenamiento jurídico que cumpliese los preceptos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que nadie fuera desalojado sin alternativa habitacional en un país donde hay más de 3 400 000 viviendas vacías. Es absolutamente inconcebible que, habiendo recursos suficientes en el país, alguien se encuentre en una situación tan grave. Asimismo, entendemos que ese sistema debe funcionar, y debería ser para casos excepcionales.

La realidad es que formamos parte de ese sistema de protección de derechos humanos, que firmamos el pacto internacional y firmamos el protocolo facultativo en el que reconocemos al comité DESC la posibilidad de desarrollar cautelares y dictámenes, pero, luego, en esta tribuna se oye que se pone en duda que sean vinculantes. He de manifestar que decir esto es violar la Constitución, y se lo digo a aquellos que les gusta hacer bandera del constitucionalismo. No es constitucionalista quien no entiende el artículo 96 de la Constitución española ni el artículo 10. El artículo 96 dice no que haya que tender a cumplir las resoluciones del comité DESC, sino que hay que cumplirlas de forma análoga a las resoluciones judiciales, según vienen contemplando también las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, que dice claramente que, aunque no exista un cauce preestablecido, las resoluciones de los comités internacionales de los que somos parte, de los protocolos internacionales de los que somos parte, son de obligado cumplimiento para el Estado.

Si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir con la señora Delgado, me hubiera gustado preguntarle por qué el Ministerio de Justicia no remite esas resoluciones judiciales a los respectivos juzgados y por qué la Abogacía del Estado, en interés del Estado, no se persona en todos los procedimientos judiciales en los que se ha requerido una cautelar del comité DESC para la suspensión de un desalojo forzoso sin alternativa habitacional. Lo que estarían haciendo los abogados del Estado es defender los intereses del Estado, que es su obligación, pero los intereses del Estado son los intereses de la población y no los intereses de los especuladores.

Nosotros y nosotras creemos que los especuladores no pueden estar por encima de la ley. Nosotros y nosotras creemos que participar de un sistema internacional de protección de los derechos humanos no es, simplemente, ir dando lecciones de derechos humanos por el mundo, sino de cumplirlos. La gente de nuestro país tiene derecho a que se la respete, máxime en un momento en que los fondos buitre aterrizan de forma salvaje en nuestro país y disparan de forma artificial los precios de los alquileres de las viviendas, ante la absoluta pasividad de los poderes públicos. Nosotros y nosotras tenemos claro que hay que sentarle la mano a los fondos buitre; que hay que sentarle la mano a los especuladores; que, evidentemente, no es posible que las entidades financieras sigan desarrollando actividades antisociales, como son los desalojos forzosos sin alternativa habitacional; que hay que meterles en vereda, y eso significa que se tiene que cumplir la ley. Fíjense ustedes qué cosa tan radical. Pero quién sabe, en esta Cámara hemos oído que cualquier tipo de intervención pública es cosa de comunistas. Cualquier día oiremos desde esta Cámara que el señor De Gaulle también era un comunista.

Gracias y buenos días. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mayoral.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Qué lástima que haya apenas un cuarto de la plaza para un tema tan importante como el que nos ocupa, el de los desahucios.

En primer lugar, el inicio de la moción -me refiero a cómo empezaba literalmente la parte expositiva- dice que el problema del acceso a la vivienda en España está estrechamente relacionado con la crisis


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hipotecaria; no directamente o quizás en una segunda derivada. Lo primero que pensé es que las señorías de Podemos no saben o saben poco de hipotecas. Luego, como arquitecto y perito tasador que soy, recordando la negociación del crédito hipotecario del señor Iglesias y el valor medio de mercado de su casoplón de Galapagar al lado del de sus vecinos, se me despejaron todas todas las dudas: de hipoteca sí que saben, sí que saben. (Aplausos). Estoy de acuerdo, además, con que la subida exponencial de los precios de los alquileres en las grandes ciudades en España, por ejemplo en Madrid, donde en los últimos cinco años han subido un 45 %, es un tema que debemos tratar de manera urgente, pero escuchando la exposición del señor Mayoral, que ahora nos abandona, cuando ha hablado de especulación, no he podido dejar de acordarme del señor Ramón Espinar, y he pensado que de este tema también saben por experiencia propia.

Pero hablemos de lo importante, que son los desahucios. El drama de los desahucios ha sido un triste episodio en nuestra historia de sobra conocida. Podría poner un ejemplo de mi etapa de concejal y de cómo hicimos un plan de realojo habitacional que protegía sobre todo a los niños. También me gustaría poner otro ejemplo de cómo, además de poner soluciones, hay que dotarlas económicamente. La Junta de Andalucía apenas ha dotado para el Plan de vivienda -que no todo va a realojo habitacional de emergencia- 320 millones de euros, que respecto a los más de 32 000 de presupuesto suponen un 0,01 %. En la época en la que yo fui concejal, desde Ciudadanos impulsamos un plan de realojo de emergencia que dotamos con más de 800 000 euros, un 1 % del presupuesto municipal; eso es cien veces más que el Gobierno autonómico. Aún no hay consenso sobre la cifra entre el INE y el Consejo General del Poder Judicial. La plataforma de afectados afirma que entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo al menos 244 278 desalojos de familias de sus viviendas. Sin embargo, la propia plataforma reconocía en su estadística que no distinguía entre desahucios provocados por impago hipotecario o por impago en el alquiler, o entre ejecuciones de una vivienda habitual o de una segunda residencia o local comercial.

Me gustaría enseñarles un gráfico (muestra un gráfico), en donde podemos ver una línea de color más oscuro, tirando a rojo, que muestra cómo en el último trimestre del año 2018 los desahucios y los lanzamientos por motivo del impago del alquiler se están incrementando en valores por encima del 80 %. También me gustaría enseñarles otro gráfico (muestra otro gráfico) que es muy significativo. En una distribución en todo el territorio de la nación se ve cómo en las grandes capitales y en las zonas de Levante y, especialmente, en Cataluña el desahucio por motivo del alquiler es muy superior al hipotecario. Y sobre todo, quiero mostrarles un gráfico claro (muestra otro gráfico) en el que se ve el incremento brutal del alquiler en los últimos cinco años en ciudades como Barcelona, Las Palmas o Madrid; el crecimiento es exponencial. Debemos tomar medidas para ayudar a quienes lo han perdido todo y apoyar a esas casi 500 000 familias que se han quedado sin nada por causa de la crisis, la mayoría con viviendas compradas en los años del boom inmobiliario, con precios inflados por culpa de la burbuja inmobiliaria alimentada por los viejos partidos y no frenada por los organismos que, obscenamente, estaban politizados y no supieron poner medidas para evitarlo.

¿Por qué presentamos una enmienda? Es obvio: porque lo consideramos totalmente necesario. En cualquier caso, más allá de que se trate o no de dictámenes vinculantes, que es lo que ha dicho antes el señor Mayoral -que estas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son vinculantes-, no lo son jurídicamente. No puedo dejar de acordarme también de los famosos ayuntamientos del cambio. (Muestra un gráfico). Vemos, por ejemplo, cómo Madrid, Barcelona e incluso Valencia están a la cabeza en número de desahucios por impago del alquiler, que es el verdadero reto al que nos enfrentamos. El quid de la cuestión es hacerlo vinculante o no, y nosotros creemos que hay que incorporar al derecho propio las medidas para salvar a estas familias.

¿Cuáles son nuestras propuestas? Sencillo: una ley de segunda oportunidad que facilite la reestructuración, el perdón judicial de las deudas, la dación en pago y el alquiler social. Nuestra prioridad son aquellas familias que han sufrido o pueden sufrir un desahucio. Queremos que puedan cancelar su deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda en caso de ejecución y quedarse en su domicilio durante un plazo mínimo de tres años, prorrogables hasta cinco, con un alquiler social que no supere nunca el 30 % de sus ingresos, pudiendo solicitar la suspensión del lanzamiento y el derecho a permanecer en la vivienda junto con los demás miembros de su unidad familiar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.


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La señora ROMINGUERA SALAZAR: Buenas tardes ya. Gracias, señor presidente.

El pasado mes de marzo debatíamos en este hemiciclo el incumplimiento por parte del Estado español de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y hoy comprobamos que algunos de los puntos que aquella moción contenía se vuelven a incluir en la que debatimos ahora, siendo la posición de mi grupo, evidentemente, la misma: nuestro más absoluto compromiso en defensa del derecho a la vivienda, en la insistencia en poner de manifiesto el impacto que tiene o puede tener la vulneración del derecho a la vivienda, porque los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están interrelacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar al disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos y viceversa.

Como decía, esta moción se presentó en marzo y salió adelante, si bien para el grupo que entonces sustentaba al Gobierno este era un asunto incómodo, porque su portavoz entonces manifestó que con ella se hacía sangre. Miren, lo sangrante son noticias como una con la que se despertaba Ceuta hace dos días, en la que se conocía que a un ciudadano ceutí, Abdelmalik, en una situación de absoluta vulnerabilidad y con dos hijas menores a su cargo, se le notificaba en el hospital donde está ingresado para ser sometido a una intervención quirúrgica de gravedad, que el próximo día 28, coincidiendo con la intervención, va a ser desalojado de su vivienda junto a sus dos hijas, sin que se haya promovido por parte de los servicios competentes de la ciudad autónoma que gobierna el Partido Popular, en coordinación con las demás administraciones, ninguna alternativa habitacional. Eso sí que es sangrante. Lo es sobre todo porque estamos hablando de una situación de especial vulnerabilidad, estamos hablando de una familia con escasos recursos y con dos menores a su cargo; estamos hablando de esas familias respecto a las cuales Naciones Unidas hace estos dictámenes. Además, actualmente existen mecanismos para que las distintas administraciones se coordinen y así puedan evitar situaciones como esta. Existen mecanismos y el señor Mayoral lo sabe. Sabe que a propuesta de mi grupo se incluyó en la Ley 5/2018, de 11 de junio, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Incluíamos una disposición adicional que, bajo la rúbrica coordinación y cooperación entre administraciones públicas, dispone que las administraciones públicas habrán de establecer medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, para prevenir situaciones de exclusión residencial y para dar una respuesta lo más adecuada e inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas. Fíjense si compartimos el fondo del asunto que nos trae, siendo conscientes también de que hay mucho que hacer y de que hay que afianzar -claro que hay que hacerlo- incluso esos protocolos de coordinación entre las administraciones autonómicas y el Consejo General del Poder Judicial que incluyen en el punto 2 de esta moción, que era el punto 3 de la moción del pasado mes de marzo. Hace tiempo, en 2016, en Andalucía, el Gobierno socialista de Susana Díaz firmó un convenio a tres bandas: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Consejo General del Poder Judicial. Ya ven, señorías del Partido Popular, los socialistas andaluces ocupándose de las personas más vulnerables, de sus derechos (aplausos), mientras que para ustedes eso es, según me ha parecido escuchar al señor Casado, un gesto de soberbia. Pues más que calificar con insultos lo que no les gusta, yo creo que deberían tomar nota.

Pues bien, si en marzo de 2018 para el Gobierno esta moción era hacer sangre, hoy, afortunadamente, el Gobierno trabaja sobre la base de un principio fundamental, que es la defensa del interés general, y eso pasa por la protección de los colectivos más vulnerables, en los que se encuadran las víctimas de desahucios sin alternativa habitacional. De hecho, el Ministerio de Fomento está actuando para proteger a quienes sufren dificultades para acceder a una vivienda o directamente la han perdido, comprometiéndose a incrementar progresivamente el presupuesto anual de vivienda, a incrementar el parque de viviendas en alquiler social en colaboración con las demás administraciones y a empoderar a los ayuntamientos para que puedan intervenir en caso de que sea necesario. El Ministerio de Justicia está trabajando para afianzar la coordinación de sus actuaciones en este ámbito y las relaciones con los organismos internacionales, así como para mejorar la coordinación tanto con los órganos judiciales como con los servicios sociales autonómicos y locales para evitar que se puedan producir desahucios de familias especialmente vulnerables o sin alternativa habitacional, todo ello en línea, señor Mayoral, con las últimas recomendaciones que nos ha hecho Naciones Unidas. En este esfuerzo sí colabora la Abogacía General del Estado. Además, este ministerio, el Ministerio de Justicia, está trabajando para avanzar hacia procedimientos civiles rápidos, por los que, en colaboración con los servicios sociales, se pueden identificar los casos de personas


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especialmente vulnerables para que el propio juzgado pueda arbitrar medidas para su protección. Asimismo, hay que señalar que, tal y como dice la moción, el Gobierno va a colaborar con las universidades y con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para promover la inclusión de créditos sobre derechos humanos y los tratados internacionales que reconocen su existencia en los planes de estudios de todas las universidades del país.

Por tanto, ya ven, el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y la protección a los colectivos más vulnerables ya forma parte de la agenda del Gobierno. Es una prioridad de nuestro grupo que sea una realidad, y por ello compartimos el fondo del asunto de la moción. Lo que pasa es que adolece de defectos, cuando menos formales, como ignorar que la elaboración de los planes de estudios universitarios entra dentro del derecho a la autonomía de la universidad o pretender, con el punto 8 de la parte dispositiva, la vulneración -entendemos- del derecho a la protección de datos sobre comunicación, ignorando la necesidad del previo consentimiento informado y expreso de las personas afectadas y, lo que es peor, ignorando el propio artículo 6 del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige confidencialidad en las comunicaciones. Además, se reiteran pidiendo lo que existe, como son los cursos de formación para jueces. No tienen en cuenta que en los planes de formación continua de 2018 y 2019 del Consejo General del Poder Judicial ya se incluyen actividades de formación en materia de protección de derechos humanos.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Creemos que son necesarias para poder ajustar a derecho esta iniciativa, dotarla de una mayor coherencia y, en definitiva, hacer posible su cumplimiento, que es de lo que se trata.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rominguera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Alonso Hernández.

La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me alegra que estemos hoy hablando sobre los derechos económicos, sociales y culturales y en especial que estemos hablando de vivienda. El derecho a una vivienda digna es una preocupación que compartimos todos los grupos políticos de esta Cámara y es algo en lo que el Partido Popular lleva muchos años trabajando. No obstante, no deja de resultar sorprendente la vehemencia con la que algunos grupos parlamentarios defienden aquí, en España, los derechos económicos, sociales y culturales y, mientras tanto, sin ningún tipo de pudor, justifican la dictadura del señor Nicolás Maduro, en la que a diario se pisotean los derechos de cientos de miles de venezolanos. Nos decepcionan, señorías de Podemos, porque díganme: ¿Se respetan los derechos sociales en Venezuela, donde el hambre se ha triplicado en los últimos años según la FAO? Por favor, sean coherentes. Los derechos sociales y los derechos económicos se respetan siempre, en todos los sitios, y se defienden siempre. Y, señorías del Partido Socialista, en este aspecto el silencio del presidente Pedro Sánchez en la Cumbre de Iberoamérica fue igual de atronador que las palabras que muchas veces dedican sus socios de Gobierno.

Pero hablando ya de la moción que nos ocupa, esta moción es como casi todo lo que presenta Podemos: un montón de buenas intenciones sobre el papel y luego nada más, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Además, manifiestan un absoluto desconocimiento de su grupo hacia todas las políticas de vivienda que se han llevado a cabo en este país. Ustedes -y esto también es aplicable al Partido Socialista- vienen aquí a darnos lecciones de vivienda, pero ¿saben lo que está pasando allí donde gobiernan el PSOE y sus socios? Pasa que uno de cada cuatro desahucios se produce en Cataluña, pasa que un 16 % de los desahucios se produce en Andalucía y un 13 % en la Comunidad Valenciana. Pasa que en Barcelona, además de existir barrios atemorizados por los narcopisos y por las ocupaciones ilegales, la lista de espera para obtener una vivienda de emergencia se ha multiplicado por diez en dos años. Y en el Ayuntamiento de Madrid, la señora Carmena tan solo ha ejecutado un 25 % del total del presupuesto de 2018 en materia de vivienda, un 25 % según sus propios datos del portal de transparencia del Ayuntamiento.

El tema es muy serio, y nosotros, poderes públicos, tenemos que actuar, así que dejémonos de palabrerías y pongámonos manos a la obra. Manos a la obra como ya ha hecho y lleva haciendo muchos años el Partido Popular, con políticas serias, comprometidas coherentes y eficaces; políticas que garantizan los derechos fundamentales de las personas; políticas que garantizan la propiedad privada, porque no vamos a permitir ninguna medida que atente contra los esfuerzos ahorradores de millones de españoles; políticas que buscan garantizar que ni una sola persona en situación de vulnerabilidad se quede en la


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calle; políticas de hechos y no de palabras. Y no lo digo yo, que al final soy del Partido Popular y lo defiendo, es que la propia ministra de Economía puso como buen ejemplo las políticas del Partido Popular en su intervención de la semana pasada. Fue ella la que habló del proyecto de ley de crédito inmobiliario presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy; fue ella la que se refirió en su intervención al código de buenas prácticas bancarias del año 2012, también del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha permitido que más de 46 000 familias hayan podido reestructurar su deuda. A decir verdad, de las pocas medidas a las que se refirió la ministra socialista una fue la modificación del impuesto de actos jurídicos documentados y ni siquiera fue para eliminarlo, tal y como pedíamos en el Partido Popular.

Pero, además, hemos impulsado otra serie de medidas especialmente dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, y son medidas que amablemente les voy a recordar porque parece que a muchos de ustedes se les han olvidado. Hemos aprobado tres reales decretos que han paralizado la mayor parte de lanzamientos hipotecarios hasta 2020. Se ha constituido el Fondo social de vivienda, casi 10 000 viviendas destinadas en exclusiva a personas que hayan sido desalojadas de sus hogares habituales. El Plan de Vivienda 2018-2021 incorpora un programa específico para personas en situación de desahucio. También he de hablar de nuestro plan que buscaba llevar Internet de alta velocidad a todas nuestras zonas rurales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en todas las partes del territorio, y que ustedes, señorías del Partido Socialista, han dinamitado cuando han rebajado la exigencia a los operadores.

Hechos y no palabras, señorías, estas son las actuaciones del Partido Popular, esto es lo que se espera de un Gobierno serio y coherente. Lo que no se espera de un Gobierno es que diga una cosa y luego haga otra, como por ejemplo, señora Rominguera, que vengan aquí a defender la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de su texto cuando ustedes la votaron en contra, pues no es coherente ni es serio. Tampoco es serio ni coherente que digan que defienden los derechos económicos, sociales y culturales cuando mientras crean un infierno fiscal para los españoles y buscan subirnos todos y cada uno de los impuestos, algunos buscan cómo eludirlos mediante sociedades instrumentales. Seriedad y coherencia, señorías, esto es lo que se espera de un Gobierno. Si no saben, no pueden o no les dejan, convoquen elecciones y déjennos a los españoles decidir qué Gobierno queremos, si el Gobierno de la seriedad y la coherencia o el suyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alonso.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los portavoces han hablado de todo, de tasaciones de viviendas de señores diputados, de Venezuela, del botafumeiro del PP y del PSOE -más del PP- sobre sus políticas de vivienda y han pedido convocar elecciones, pero pocos se han estudiado el caso concreto. Vayamos al caso concreto. ¿España firmó en 2009 el protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas? ¿Sí o no? Respondan estos señores que hablan de todo menos del caso. ¿La firma de este protocolo permite a los ciudadanos españoles presentar denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? ¿Sí o no? Ustedes han venido aquí a hacer un mitin, pero no se han leído este protocolo ni el convenio ni tampoco creo que hayan tomado en consideración una sentencia del Tribunal Supremo muy importante, de 17 de julio de 2018, en la cual se determina la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de un dictamen de 2012 del Comité de la Convención sobre la eliminación de toda las formas de discriminación contra la mujer en un caso de violencia contra la mujer. Esta sentencia del Tribunal Supremo dice que el dictamen emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por expresa previsión del artículo 96 de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico interno tras su ratificación. Pues bien, señorías, sin hablar de tasaciones de viviendas de diputados, sin hablar de Venezuela y yendo a la cuestión, España ha firmado el convenio, España ha firmado el protocolo y hay una dirección general del Ministerio de Justicia ocupada de recepcionar las decisiones de este comité de Naciones Unidas.

Lo que plantea el grupo proponente es muy sensato: esta dirección general debe trasladar a la Abogacía del Estado, ya que los veintitantos afectados del último año deben ser conocedores de sus derechos o no. Estamos ante un caso de calidad de protección de derechos fundamentales y de derechos humanos, y ustedes han subido a la tribuna a hablar de todo menos del caso. Miren qué sencillo es


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prepararse esta intervención, miren qué sencillo es mirar un protocolo adicional y un convenio de Naciones Unidas. Miren qué sencillo es revisar en diagonal una sentencia del Tribunal Supremo y encontrar algún párrafo concreto que haga referencia a lo que pide el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tienen razón en este caso, y ustedes han venido a todo menos a decir si estaban de acuerdo o no con el fondo de la cuestión, un fondo que va muy estrechamente ligado a la situación actual, a los datos actuales de la política de vivienda en España. España acumula el 30 % de las viviendas vacías de toda Europa, señorías. Ayer el ministro de Fomento, anunció medidas en la buena dirección en materia de política de vivienda social en España. El número de viviendas sociales en España es solo el 1,1 % del conjunto de las viviendas en España, somos superados solo por Grecia y estamos muy lejos de los países más avanzados en el marco de la Unión Europea, como Holanda, con el 32 % de viviendas sociales, o Austria, con el 23 % de vivienda social.

Señorías, de esto estamos hablando, y habría sido apropiado que los señores portavoces también hubieran hablado de esto para todos los ciudadanos. Como la portavoz del Partido Popular es una firme defensora de los pequeños municipios de su comunidad, conocerá Santibáñez del Val. Pues bien, el acceso a la vivienda es para los grandes municipios y también para los pequeños, en Santibáñez del Val, en Málaga, en Girona y en todas partes. Y señoría, de esto va este debate, del acceso a la vivienda y de la protección del acceso a la misma de acuerdo con un sistema internacional del que España, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, forma parte. A la cuestión. La votación será coherente con esta cuestión y contará con el apoyo del Partit Demòcrata a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.

En principio, la moción hace referencia al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero se dirige también a una materia concreta, que es la de la ejecución en ese ámbito, en materia de vivienda, y sobre las consecuencias y determinadas propuestas que hace en dicho sentido.

Estas propuestas son un conjunto de ocho medidas con las que, en principio, por lo que se refiere a su propósito o a su filosofía podemos estar bastante de acuerdo. De hecho, algunas de estas medidas están ya implantadas en Euskadi, por lo que esto es ya un principio de discrepancia, en el sentido de que nos lleva a cuestionar su oportunidad o su dimensión ya que exceden en algunas partes del marco de distribución competencial entre Estado y comunidad autónoma e inciden ya en experiencias positivas, ya contrastadas, existentes en Euskadi, como es el caso de un convenio entre el Gobierno vasco, Consejo General del Poder Judicial y Eudel, que es la asociación vasca de municipios, por el que se encuentra implantado en Euskadi un sistema de alerta temprana que permite detectar y reaccionar ante supuestos de desprotección habitacional. Sinceramente, no queremos una intromisión ajena a ese acuerdo, que dio pie a dicho sistema de actuación y a su posible desarrollo.

Sin embargo, no es solo esa la razón de nuestro punto de vista un tanto crítico con esta moción. La razón más importante es la visión absolutamente -lo creemos así- expansiva y desproporcionada con la que valora el derecho al que se refiere el artículo 47 de la Constitución, precisamente porque confunde de forma deliberada un derecho y su correlativo deber para los poderes públicos que se inserta en el capítulo tercero, del título I de la Constitución, como un principio rector de las políticas sociales y económicas, para confundirlo, tanto en su naturaleza como en su inserción en el ordenamiento jurídico y en su interpretación, dentro del ámbito de los derechos fundamentales a que se refiere la sección 1.ª, del capítulo segundo, del título I de la Constitución. Y eso supone confundir lo que el ordenamiento caracteriza como un derecho fundamental, indisponible y con un contenido necesario y reconocible en virtud de la acepción que a esos derechos atribuyen los textos internacionales, con lo que se califica como un derecho de configuración legal en la Constitución, esto es, de aquellos que necesitan de una traducción positiva en el ordenamiento jurídico para su exigibilidad.

Y vaya por delante que enmarco esta afirmación en una experiencia propia, la de la Ley vasca de Vivienda, que configura dicho derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y, por lo tanto, exigible a la Administración. Pero eso ya nos muestra cuál es el cauce adecuado para traducir este derecho. Por esa misma razón no nos parece aceptable la asimilación que, dicho con todo respeto, entendemos no es


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acertada respecto a la aplicabilidad del supuesto de la doctrina de la sentencia 2747/2018, del Tribunal Supremo, en cuanto al régimen de traslación de las recomendaciones de este al supuesto, que entendemos que es cuando menos discutible, ya que aquella sentencia se produce en el marco de exigibilidad del derecho a la no discriminación y su vinculación con el artículo 14 de la Constitución, esto es, lo que acabamos de referir como un derecho fundamental de los de la sección 1.ª, del capítulo segundo, del título I de la Constitución. Sin embargo, no es solo esa la cuestión que nos merece una crítica, así él punto primero, relativo al traslado a los órganos judiciales del contenido de estas resoluciones, nos parece que puede incurrir en una cierta injerencia en el ámbito de actuación del Poder Judicial. Juzgar es, según el aforismo jurídico, o se dice así, da mihi factum, dabo tibi ius, que se pretenda que sea el Ejecutivo quien facilite el derecho aplicable al juzgador puede ser un exceso incompatible con la garantía de independencia del órgano judicial. Estamos de acuerdo con el punto segundo con un apunte que ya existe en Euskadi y, por tanto, por la misma razón, con el punto quinto. Doy por contestado al punto tercero con lo que he dicho antes, sin perjuicio de estar de acuerdo con que se debe de buscar una fórmula de traslación de la recomendación de 20 junio de 2017. Lo mismo vale también para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del punto cuarto. El punto sexto también nos parece una intromisión ilegítima en el ámbito de competencias del Consejo General del Poder Judicial, porque vuelve a confundir el papel del Ejecutivo con el del órgano de Gobierno del Poder Judicial. También así lo entendemos con el punto séptimo que supone una flagrante vulneración del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución como derecho fundamental, por cierto, porque pretende determinar desde el Ejecutivo el contenido de los planes de estudio de cualquier universidad en lo que entendemos una clara intromisión ilegítima en dicho ámbito de autonomía universitaria. El octavo, con algunas reservas, también puede ser aceptable.

En conclusión, y aun entendiendo el propósito de la moción, lo que nos lleva a no oponernos a ella porque participamos de ella también, pensamos que incurre en muchos excesos derivados de impregnar el derecho a que se refiere el artículo 47 de contenidos incongruentes con su naturaleza jurídica y, si bien participamos en la necesidad de hacer efectivo ese derecho, entendemos que las propuestas no son las vías adecuadas para ello. Ello nos lleva a anunciar nuestra abstención en esta votación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Espadea. (Pausa). No está.

Finalmente, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Mayoral Perales si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor MAYORAL PERALES: No.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

Finalizado el debate de los puntos del orden del día de esta sesión, se suspende la sesión.

Muchas gracias.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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