DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 21/11/2018
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DSCD-12-PL-167
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 167
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 160
celebrada el miércoles,
21 de noviembre de 2018
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del
Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del
Poder Judicial. (Número de expediente 172/000163) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del
Gobierno en el empleo y la formación. (Número de expediente 172/000164)
... (Página42)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la
vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la
transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica.
(Número de expediente 172/000165) ... (Página48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de
Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a
condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios
técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus
funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el
ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia. (Número de
expediente 173/000123) ... (Página55)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas
cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas. (Número de expediente 173/000124) ... (Página61)
La Presidencia informa de que, de conformidad con lo acordado por la Junta
de Portavoces, la votación de los asuntos debatidos hoy tendrá lugar en
la sesión del jueves.
Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora
la situación política, económica y social de Andalucía? (Número de
expediente 180/000864) ... (Página6)
Del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia?
(Número de expediente 180/000875) ... (Página8)
Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las
principales medidas que piensa adoptar el Gobierno orientadas a
garantizar una estrategia de transición del sector del automóvil y de la
movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y
la sostenibilidad? (Número de expediente 180/000857) ... (Página9)
De la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad: ¿Defiende el Gobierno adecuadamente los valores
constitucionales? (Número de expediente 180/000865) ... (Página11)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad:
¿Considera que la coordinación interna del Gobierno repercute de manera
positiva en la situación política de España? (Número de expediente
180/000863) ... (Página12)
Del diputado don José Ramón García Hernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Cuál es su valoración sobre el
acuerdo para el Brexit? (Número de expediente 180/000871) ... (Página13)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, que formula al señor ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación: ¿Qué valoración hace el ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la gestión de su
ministerio? (Número de expediente 180/000856) ... (Página14)
Del diputado don Eloy Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Tiene distinto
criterio la Fiscal Delgado que la ministra Delgado? (Número de expediente
180/000867) ... (Página17)
Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia:
¿Cuándo va a asumir sus responsabilidades? (Número de expediente
180/000868) ... (Página18)
De la diputada doña Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la
señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Cuándo piensa el Gobierno traer
como proyecto de ley nuestra propuesta de ley por la protección integral
de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, tal y como
acordamos en el acuerdo presupuestario? (Número de expediente 180/000876)
... (Página20)
De la diputada doña M.ª Mar Blanco Garrido, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Se
siente capaz a estas alturas de su gestión como ministro del Interior de
mirar a la cara a las víctimas del terrorismo? (Número de expediente
180/000866) ... (Página21)
Del diputado don Félix Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno seguir la política del Partido Popular de
infrafinanciar, precarizando el trabajo en Correos, olvidándose del
Servicio Postal Universal? (Número de expediente 180/000873) ... (Página23)
Del diputado don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Fomento: ¿Por qué está
paralizada la tramitación del expediente de reforma del buque de ayuda
humanitaria "Aita Mari", con sede en Getaria, Gipuzkoa? (Número de
expediente 180/000858) ... (Página24)
De la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional: ¿Cómo valora la autoestima de su Gobierno? (Número de
expediente 180/000872) ... (Página26)
Del diputado don Antonio Pradas Torres, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social: ¿Está estudiando el Gobierno reducir el número de
peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en zonas afectadas
por inclemencias meteorológicas? (Número de expediente 180/000861) ... (Página27)
Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula a la señora ministra para la Transición
Ecológica: ¿Cómo considera el Gobierno que afectan sus anuncios al sector
del automóvil? (Número de expediente 180/000870) ... (Página28)
Del diputado don Javier Ruano García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula a la señora ministra de Economía y Empresa:
¿Cómo valora las dudas planteadas por la Comisión Europea respecto al
plan presupuestario enviado por su ministerio? (Número de expediente
180/000869) ... (Página30)
De la diputada doña Míriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social: ¿Qué proyectos tiene el Gobierno ante la preocupación
social que está generando la difusión y la utilización de pseudoterapias?
(Número de expediente 180/000859) ... (Página31)
Del diputado don Jesús María Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social: ¿Qué beneficios para la población aporta el disponer de
un calendario vacunal a lo largo de la vida? (Número de expediente
180/000860) ... (Página32)
De la diputada doña Noelia Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la
señora ministra de Hacienda: ¿Qué iniciativas tomará el Gobierno en la
lucha contra la ludopatía que generan las casas de apuestas y las
plataformas de apuestas online? (Número de expediente 180/000874) ... (Página33)
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Considera que
las comunidades autónomas pueden seguir eternamente con el actual sistema
de financiación? (Número de expediente 180/000862) ... (Página35)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la política del
Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del
Poder Judicial .... (Página36)
Formula la interpelación urgente la señora Ciuró i Buldó, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado
García).
Replica la señora Ciuró i Buldó y duplica la señora ministra de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas del
Gobierno en el empleo y la formación ... (Página42)
Formula la interpelación urgente la señora España Reina, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social (Valerio Cordero).
Replica la señora España Reina y duplica la señora ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la
vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la
transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica ... (Página48)
Formula la interpelación urgente el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra para la Transición
Ecológica (Ribera Rodríguez).
Replica el señor Vendrell Gardeñes y duplica la señora ministra para la
Transición Ecológica.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página55)
Página
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de
Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a
condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios
técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus
funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el
ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia ... (Página55)
Defiende la moción el señor Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Reyes Rivera, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; y los señores Santos Itoiz, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y
Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas
cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas ... (Página61)
Defiende la moción el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Clemente
Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y las señoras Rominguera
Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alonso Hernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mayoral Perales.
Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA
LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ANDALUCÍA? (Número de
expediente 180/000864).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, les recuerdo que, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Portavoces, la votación de los asuntos debatidos en el día de hoy tendrá
lugar en la sesión del jueves.
Continuamos ahora, señorías, con las preguntas dirigidas al Gobierno
conforme al orden remitido por el mismo. (Rumores).
Les ruego, señorías, silencio.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar,
pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, su partido lleva gobernando
Andalucía cuarenta años con un balance catastrófico: 25 % de paro, 23 %
de abandono escolar, 3 millones de andaluces en riesgo de pobreza, las
listas de espera quirúrgicas más largas de España y los casos de
corrupción más escandalosos de toda Europa, con dos expresidentes del
Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en el banquillo, por ahora.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
El señor CASADO BLANCO: Con razón le da a usted vergüenza bajar de
Despeñaperros y se inventa viajes a Marruecos para ofrecer mundiales
imaginarios, en vez de resolver el problema de la emigración o se va a
Bruselas a vender presupuestos ficticios, en vez de negociar la
cosoberanía de Gibraltar o se va usted mañana a Cuba a agasajar a
dictadores, en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela.
(Aplausos).
Señor Sánchez, ¿cómo explica la ruina que deja usted en Andalucía el 2 de
diciembre? (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez- Castejón): Gracias,
señora presidenta.
Señor Casado, ¿sabe cuánto cuesta una matrícula universitaria en la
Comunidad de Madrid? 1500 euros. ¿Sabe cuánto cuesta una matrícula
universitaria a los estudiantes y a sus familias en Andalucía? Siete
euros, el resto está financiado por la Junta de Andalucía. (Aplausos).
Pero le diré más, la respuesta a su pregunta se la van a dar los
andaluces y andaluzas el próximo día 2 de diciembre; y ya le adelanto,
señor Casado, que la respuesta que va a recibir no le va a gustar.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
Señor Casado, adelante.
El señor CASADO BLANCO: Usted no tiene credibilidad. (Rumores). Usa las
instituciones a su beneficio. Convoca usted un Consejo de Ministros en
Sevilla en pleno arranque de la campaña electoral;
la semana pasada anuncia inversiones millonarias en Andalucía, el mismo
día, o prácticamente, en el que dice que no va a tener presupuestos y que
va a gobernar por decreto, lo contrario que dijo aquí el miércoles
pasado. Por cierto, hoy Bruselas me da la razón -tanto que me llamaban
antipatriota-, y dice que sus presupuestos no cuelan. Y esa falta de
credibilidad y de respeto a las instituciones la ha vuelto a demostrar en
el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
(Rumores). Nosotros hemos sido responsables y hemos cumplido la ley
intentando renovar en plazo este órgano, pero su Gobierno ha malogrado
este proceso filtrando el nombre de un posible presidente, antes de que
estuvieran elegidos los vocales, proponiendo vocales para mero escarnio
de este grupo parlamentario e incluso cambiando sobre la marcha la
elección de otros. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
El señor CASADO BLANCO: Pero nosotros no vamos a contribuir a ese
desprestigio del Poder Judicial y a ese descrédito institucional.
(Rumores y risas).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
El señor CASADO BLANCO: Y para evitar que eso se repita... (Continúan los
rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, les ruego silencio!
El señor CASADO BLANCO: ... hemos presentado una enmienda a la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (rumores), para recuperar el modelo de
elección de los vocales que consagraba la Constitución y que el Partido
Socialista en 1985 cambió al grito de Montesquieu ha muerto.
Señor Sánchez, nuestro compromiso con la defensa de la separación de
poderes y de la independencia judicial es inequívoco. (Rumores). Ahora le
toca a usted estar a la altura de Estado, a la altura de lo que piden los
españoles y, si no lo hace, estará usted deslegitimado para seguir
gobernando, por cierto, rehén de los independentistas que atacan las
casas de los diputados, de los policías y de los jueces. (Continúan los
rumores).
Haga caso al señor Ábalos, convoque elecciones cuanto antes y vaya camino
de la oposición, como Susana Díaz, antes de arruinar a España y a
Andalucía. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
Ya veo que a usted Andalucía le importa nada, señor Casado, nada. El
problema que usted tiene cuando habla de Andalucía, como también muchos
de sus diputados y diputadas, es que siempre la desprecian, y no se puede
aspirar a gobernar Andalucía despreciando a Andalucía, señor Casado.
(Rumores.-Aplausos). Todas sus críticas y toda la campaña electoral que
están desplegando en Andalucía es una colección de tópicos. Empezaron
ustedes denigrando el sistema educativo en Andalucía -ahí está la señora
Tejerina para recordarlo-; han continuado con las fotitos, la foto del
dron con la bandera de España; el señor candidato a la Junta de Andalucía
del Partido Popular con un chaleco a lo Bolsonaro, haciéndose fotos. Mire
que hay buenos restaurantes en Andalucía... (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, ¡silencio!
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): ..., y han ido
ustedes a un restaurante de fastfood.
Señor Casado, ¿a usted quién le asesora electoralmente? ¿Quién dirige la
campaña electoral del Partido Popular en Andalucía? Dejen ustedes de
hacer el ridículo. Propongan algo para los andaluces y andaluzas.
(Aplausos). Dejen ustedes de insultar, de despreciar y de denigrar a
Andalucía.
Voy a decir una cosa que me resulta hasta curioso tener que explicarla.
Nunca pensé que lo iba a decir, señor Casado, pero a su lado el señor
Rajoy es un moderado. (Risas y rumores). Le voy a decir más: y más serio
que usted. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la
responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la
renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental
para nuestro sistema democrático.
Lo que le pido, señor Casado, es que haga una reflexión. La deriva del
Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla
con su pacto y permita la renovación de un órgano tan importante como el
Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON PABLO IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA BANKIA?
(Número de expediente 180/000875).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente del diputado
don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué planes tienen ustedes para Bankia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor Iglesias.
Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22 000 millones de
euros -repito, 22 000 millones de euros- que los españoles pusimos para
rescatar a la entidad, que todavía no se han devuelto. Esa es nuestra
prioridad. En ese sentido, hablemos claro: en este momento la cotización
no permite este objetivo, por tanto en estos momentos no se plantea por
el Gobierno vender la participación de Bankia. Creo que esto no puede
sorprender a nadie. Usted sabe muy bien qué es lo que siempre ha
defendido este Gobierno y el partido que lo sustenta: proteger los
intereses de todos los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tenía y
tiene sus depósitos en la entidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Iglesias.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias.
Señor presidente, ha dicho usted que van a trabajar para recuperar los 22
000 millones de euros que nos gastamos los ciudadanos en Bankia.
Permítame que le recuerde que nos gastamos 120 000 millones de euros más
en ayudas indirectas. Permítame que le recuerde una resolución del XXXIX
Congreso del Partido Socialista, en el que felizmente ganó usted a Susana
Díaz, en la que su secretario de Economía, Manuel Escudero, coordinador
de su proyecto económico, introduce una resolución en el Congreso, a mi
juicio, muy sensata. La resolución dice -cito literal-: Si no lo
remediamos, avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración
bancaria. Para ello es necesario revertir esa tendencia como garantía de
una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito
mediante la creación de un sector de banca pública. Tenía más razón que
un santo el señor Escudero. Los ciudadanos tuvieron que gastarse
muchísimo dinero en Bankia; el Gobierno del Partido Popular nacionalizó
Bankia. La pregunta es: ¿Ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear
Bankia y ya está nacionalizada -porque lo hizo el Partido Popular-, qué
sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Decía Eduardo
Galeano: Las bancarrotas se socializan y sin embargo las ganancias se
privatizan. Eso es esperable en un Gobierno de esta gente; en un Gobierno
progresista creo que lo sensato sería tener una banca pública.
¿Es una excentricidad tener una banca pública? Yo creo que no. Alemania,
Italia, Suiza o los Países Bajos tienen una banca pública. ¿Para qué
sirve una banca pública? Para varias cosas: La primera, para que la gente
trabajadora, la pequeña y la mediana empresa puedan tener líneas de
crédito garantizadas y aseguradas por el sector público. Hace poco decían
ustedes, con el famoso impuesto de las hipotecas, que los bancos al final
podían repercutir este impuesto a la gente. Si hay una banca pública que
compita con un mercado bancario crecientemente concentrado resulta que
ahora podemos competir y no lo tienen que repercutir en los clientes.
Además la banca pública es mucho más solvente que la privada. No lo digo
yo, lo dice la Autoridad Bancaria Europea, que después de hacer tests de
estrés a las cuarenta y ocho entidades financieras más importantes de
Europa dice que las dos mejores son públicas, una alemana y una
holandesa.
Le pido cierta coherencia; no volvamos a esa época en la que el Partido
Socialista dice una cosa en la oposición y hace otra en el Gobierno.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
Es verdad que la presencia del sector público en el funcionamiento del
sector financiero siempre ha sido uno de los debates de la izquierda. Le
diré una cosa sobre algo que ha dejado usted en el tintero de su
intervención y que tiene que ver con la regulación. Señoría, este
Gobierno está potenciando mucho la regulación. Hemos anunciado la
creación, por ejemplo, de una autoridad macroprudencial que llevara como
nombre la autoridad nacional de estabilidad financiera, que creo que es
fundamental para no repetir los errores que se produjeron en el pasado
como consecuencia de la crisis de 2008. En segundo lugar, estamos
acelerando la trasposición de directivas europeas que, a mi juicio, son
importantes. Ahí está la de crédito inmobiliario, que espero que esta
Cámara apruebe cuanto antes, pues vamos con cierto o con mucho retraso. Y
es verdad que las noticias que han aparecido hoy en los medios de
comunicación como consecuencia de los debates parlamentarios, a mi
juicio, son positivas. En tercer lugar, hemos anunciado también la
creación de la autoridad para la protección del cliente financiero, en
línea con lo que se reclama desde Europa, y que servirá para mejorar, sin
duda, el funcionamiento de nuestros mercados financieros y proteger mejor
a los usuarios.
En relación con la última de las cuestiones le diré, señor Iglesias, que
nosotros no estamos cerrados a que haya una banca pública. El debate que
siempre ha habido en el Partido Socialista y en la izquierda es si el
Estado debe tener o no una banca comercial o una banca de inversiones.
Nosotros creemos que tiene que haber una banca de inversiones; no puede
haber una banca comercial, pues no tiene ningún sentido que el Estado
tenga depósitos. Lo que estamos haciendo -ahí está la ministra de
Economía impulsándolo- es potenciar y mucho el ICO como esa banca de
inversión, precisamente, para el pequeño y mediano empresario en nuestro
país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ORIENTADAS A
GARANTIZAR UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Y DE LA
MOVILIDAD PARA QUE SEA MOTOR DE ACTIVIDAD PARA LA INDUSTRIA, EL EMPLEO Y
LA SOSTENIBILIDAD? (Número de expediente 180/000857).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente, del diputado
con Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante,
señoría.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, el sector del automóvil ha vivido con estupor y
preocupación el anuncio de su Gobierno de prohibir la venta y la
circulación de coches de combustión. La cuestión no es tanto el objetivo,
que lo podemos compartir, sino los términos en los que ha hecho ese
anuncio sin plantear un plan concertado y acordado con el sector de la
automoción para transitar hacia una movilidad sostenible basada en el
coche autónomo, conectado, bajo en emisiones y eléctrico. Señor
presidente, frente a este reto, ¿cuál es la política, cuál es el plan que
el Gobierno tiene previsto para hacer frente a esa regulación y
garantizar la competitividad y el empleo en el sector de la automoción?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
La verdad es que le agradezco mucho esta pregunta porque creo que es
importante que hablemos del sector de la automoción que representa y crea
en torno a 300 000 empleos directos en nuestro país y 2 millones de
empleos indirectos en nuestro país. Pero fíjese, y creo que esto es
importante, 8 de cada 10
coches que se fabrican se exportan. Si uno mira dónde están o cuáles son
los calendarios que se están planteando por parte de otros países
competidores o hacia dónde nosotros estamos vendiendo nuestros coches
-Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido-, la prohibición de los coches
de combustión está marcando periodos en torno a 2030 o 2040. Estamos
planteando al sector de la automoción 2040 en el medio plazo y 2050 en el
largo plazo. La pregunta sería: Si nosotros no hacemos una transición
ecológica ordenada del sector de la automoción, ¿quién va a comprar los
coches fuera de España? Le recuerdo que 8 de cada 10 vehículos se venden
fuera de nuestro país. Con lo cual, señoría, creo que lo importante es
trasladar primero certidumbre a los inversores, al sector de la
automoción, en el compromiso firme con la transición ecológica por parte
no solo del Gobierno, sino del conjunto de la instituciones públicas; y
en eso está el Gobierno, en la interlocución con el sector de la
automoción -ahí está el acuerdo estratégico que estamos preparando y
elaborando con ellos- y, sin duda alguna, dar certidumbres a este
importante sector para la economía de nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Campuzano, adelante.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, compartimos la importancia
del sector en términos de riqueza, de PIB, de empleo industrial, pero lo
que reprocho es que usted ha hecho ese anuncio precisamente sin ese plan
para hacer posible esa transición y esos objetivos de cambio climático,
de lucha contra la contaminación en las grandes ciudades y garantizar la
competitividad y ese empleo industrial.
Esos países han hecho planes con medidas en el terreno de las
infraestructuras, incentivos fiscales, investigación, innovación y
desarrollo, y además acordadas con el sector. La semana pasada los
fabricantes no fueron a la reunión que convocó su Gobierno y tampoco
fueron los representantes de los trabajadores. No nos consta que haya
ningún acuerdo con las comunidades autónomas, que tienen competencias
claves en esta materia. Además, señor presidente, los términos en los que
se ha anunciado esa prohibición generan incertidumbre en los consumidores
y en los inversores internacionales. ¡Ya lo creo, señor presidente! Y
usted sabe que en esa industria tan competitiva y globalizada en la que
en España los centros de decisión de los fabricantes no están ni en
Madrid ni en Barcelona, es imprescindible marcar una hoja de ruta
compartida. Además, a corto plazo hay un parque envejecido y necesitamos
un nuevo Plan Renove para los coches que contaminan y emiten CO2. Para
Cataluña esta política es imprescindible en términos de competitividad y
en términos de empleo.
Señor presidente, en estos meses que lleva usted gobernando las cuestiones
de la política económica y la competitividad de nuestra economía no han
sido su prioridad. En esta materia, se lo exigimos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez PérezCastejón): Gracias, señora
presidenta.
¡Apruébenos los presupuestos, señor Campuzano! (Aplausos).
No me ha quedado claro si está usted de acuerdo o no con el horizonte
20402050 que ha propuesto el Gobierno de España. Otra cosa no, pero
certidumbre a los inversores estamos dando, porque estamos planteando un
horizonte de más de veinte años para trabajar en esta transición
ecológica ordenada que estamos proclamando desde el Gobierno.
Yo soy consciente de que actualmente la demanda es escasa en cuanto a los
vehículos eléctricos y los vehículos autónomos. Por eso, estamos llevando
a cabo una serie de medidas para estimularla. La primera es un nuevo
programa de ayudas de apoyo a la movilidad basado en el uso de las
energías alternativas. En segundo lugar, hemos eliminado la figura del
gestor de carga con el Real Decretoley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores. En tercer lugar, mantendremos una tarifa eléctrica
específica con discriminación horaria para favorecer las recargas
producidas en las horas supervalle del sistema eléctrico. En cuarto
lugar, estamos realizando la trasposición de varias directivas relativas
a la eficiencia energética de los edificios para incorporar...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON
LAS CORTES E IGUALDAD: ¿DEFIENDE EL GOBIERNO ADECUADAMENTE LOS VALORES
CONSTITUCIONALES? (Número de expediente 180/000865).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora vicepresidenta
del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad. (Rumores). Pregunta de la diputada doña Dolors Montserrat
Montserrat del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.
Señorías, el próximo 6 de diciembre conmemoramos los cuarenta años de
nuestra Constitución y de la historia democrática de este país. En 1978
los españoles demostramos al mundo que éramos capaces de conseguir la
convivencia entre aquellos que pensaban diferente. Dimos una lección
increíble de generosidad, de reconciliación y de grandeza, y pusimos los
cimientos de la mejor España. El éxito de la transición nos ha dado esta
España y esta democracia de las más avanzadas y modernas del mundo, y
somos ejemplo para muchos países que sueñan y anhelan la libertad. De
este gran éxito compartido también fuimos protagonistas el Partido
Popular y el Partido Socialista. Por ello, vicepresidenta, le pregunto si
el Gobierno continúa defendiendo los valores constitucionales.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora
presidenta.
Señora Montserrat, todos y cada uno. Somos el Gobierno que nace de la
mayoría absoluta de esta Cámara, el Gobierno constitucional de España, y
no puede ser de otro modo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Montserrat. (Rumores).
Silencio.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.
Los españoles vemos con asombro, ante el golpe de Estado que hemos sufrido
en Cataluña, cómo el socialismo ha desaparecido para ser sustituido por
el sanchismo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Es un sanchismo que se ha convertido en
cooperador necesario de aquellos que quieren romper España. Tenemos un
Gobierno sanchista que cada día socava los principios constitucionales.
Les voy a poner unos ejemplos de esta última semana: anuncian una reforma
de la Constitución sin consenso y sin acuerdo, votan que no a la ley de
símbolos, minimizan los ataques que sufre el juez Llarena, permiten que a
la oposición nos tachen con la esvástica y ustedes pretendían que el
Ejército no fuera al salón de la enseñanza en Barcelona. Por todo ello,
no le sorprenderá a usted que yo le diga que los españoles vemos con
asombro la rendición de Sánchez ante los que atacan la Constitución, que
son los populistas y los independentistas.
Señora vicepresidenta, de verdad, España es una gran nación que
sobrevivirá al sanchismo, como ha sobrevivido a tantos desastres de
nuestra historia; pero, vicepresidenta, tengo una duda: dudo de que el
socialismo sobreviva a Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora
presidenta.
Señora Montserrat, los valores superiores de la Constitución son: la
libertad, la igualdad, la justicia sin wasaps y el pluralismo político,
el pluralismo político. (Aplausos). ¿Sabe usted en qué se sustancia el
pluralismo político como un valor superior de la Constitución? En
respetar a los otros, en respetar las ideas
y la pluralidad ideológica, que a usted no le entran en la cabeza, a
juicio de lo que aquí acaba de decir. Y existe como valor fundamental de
la democracia, porque en la democracia usted no puede tener el monopolio
desde sus ideas de cómo los demás asumimos la Constitución, el país y
nuestros símbolos. Usted hace un discurso excluyente, partidario,
impropio de un partido que tiene que estar en las instituciones con
responsabilidad. Llevan una semana dando un recital de no entender cuáles
son los valores constitucionales, empezando por la justicia, que les
debería avergonzar a estas horas. Pero me fijaré solo en el pluralismo
político. Ustedes tienen amordazada con su bloqueo a esta Cámara, donde
está el pluralismo de las ideas y la libertad ideológica de todos los
hombres y mujeres de este país (aplausos); eso sí que es la Constitución
y cuarenta años de democracia que nos han costado muchos y ustedes no lo
entienden. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD:
¿CONSIDERA QUE LA COORDINACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REPERCUTE DE MANERA
POSITIVA EN LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA? (Número de expediente
180/000863).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Adelante.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Hay motivos para que se sientan ustedes avergonzados hoy aquí, señora
vicepresidenta; y no solo ustedes, pero esta es una sesión de control al
Gobierno. Aquí se ha establecido un pacto a oscuras y a puerta cerrada
para repartirse el Poder Judicial, y hay quien ahora se está echando
atrás porque desde su Gobierno, mientras negociaban una ministra
reprobada con un exministro reprobado, se producían filtraciones a
ciertos medios de comunicación. Déjeme que le lea las palabras de un juez
que ha hecho estallar ese amaño, ese apaño: Mi trayectoria como
magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como
presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. Repito:
la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión
jurisdiccional, señora vicepresidenta, descartándose acto seguido como
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
-descartándose- justamente porque su independencia se vería comprometida
si aceptara que su nombre fuera ya dado como futuro presidente cuando los
propios vocales todavía no estaban escogidos. ¿En qué situación cree que
deja eso al resto de los jueces? ¿Qué juez puede ahora, si no se cambia
el sistema de elección, aceptar, admitir ese cargo sin quedar por debajo
de ese baremo de dignidad y de ese baremo de independencia? ¿Se dan
ustedes cuenta de que el cambalache que han organizado ha puesto a este
país contra las cuerdas en términos de calidad democrática, en términos
de independencia judicial, de división de poderes, y que aumenta la
presión sobre los jueces de este país? Es una presión que ya existe en la
medida en que no dejan ustedes de opinar sobre lo adecuado o inadecuado
de las prisiones preventivas, en la medida en que no dejan ustedes de
opinar sobre futuros indultos -por cierto, desde ayer ya sabemos que
piensan ustedes indultar a los golpistas-, y una presión que de forma
personal, en sus casas y con sus familias, practican sus socios.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora
presidenta.
Señor Girauta, hace usted una pregunta de mucha envergadura que me permite
a mí también interrogarle, aunque usted no tiene la obligación de
contestarme. ¿Ustedes qué entienden por separación de poderes y por
independencia del Poder Judicial? ¿Que ese poder del Estado no salga
también de este lugar, que es donde está la soberanía común de todos los
españoles? ¿Eso es lo que entienden ustedes por independencia judicial,
cuando la Constitución establece que todos los órganos constitucionales
del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí, que es donde
estamos todos los españoles? ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se
nombre a sí mismo? ¿Ustedes plantean eso, a contramano de cualquier
principio democrático de cualquier democracia parecida a la nuestra?
¡Díganlo! Digan a
todos los españoles que su concepto de la democracia consiste en que todos
los poderes del Estado, excepto uno, no rindan cuentas en esta Cámara,
que es donde estamos todos los españoles elegidos de manera directa en
las urnas. (Aplausos). Díganlo, porque es una vulneración grande del
principio democrático de que aquí estamos todos y de que aquí todos
rendimos cuentas.
Ustedes rebajan mucho con su vocabulario la solemnidad que requieren
algunas cuestiones al hablar del Consejo General del Poder Judicial como
una tarta que se reparte. ¿A usted le parece que la mayoría absoluta de
esta Cámara es un reparto? Ustedes faltan al respeto a los votantes de
los partidos representados en esta Cámara. Ustedes no han venido a
regenerar nada. ¿Ustedes han venido a regenerar teniendo bloqueado este
sitio, que es el único sitio solemne de la democracia española?
¡Piénselo, señor Girauta, ... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ..., piénselo!
(Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN SOBRE EL
ACUERDO PARA EL BREXIT? (Número de expediente 180/000871).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta, en primer lugar, del
diputado don José Ramón García Hernández, del Grupo Popular.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Buenos días, señora presidenta.
Señor ministro, a estas alturas ya ha rectificado ese ridículo sin
precedentes sobre el brexit gracias a la presión del Partido Popular,
pero me gustaría saber, de todas maneras, cómo valora usted ese acuerdo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Borrell
Fontelles): Muchas gracias.
Señoría, como sabe, el acuerdo sobre el brexit consta de un tratado de
retirada y de una declaración política sobre la relación futura.
Conocemos el primero, pero todavía no nos han entregado el texto de lo
segundo, y no daremos nuestro acuerdo hasta que no conozcamos los dos y
no estemos seguros a través de los dos de que la negociación entre el
Reino Unido y la Unión Europea no incluirá a Gibraltar, que será una
negociación aparte sobre la cual España tendrá que estar de acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor García Hernández, adelante.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Cuántos ministros de Asuntos Exteriores
hubieran deseado estar en su piel, teniendo una ventaja sobre el brexit,
para recuperar la soberanía de Gibraltar y mejorar la vida del Campo de
Gibraltar y la de tantos andaluces. La verdad es que usted no ha estado a
la altura, lleva mucho tiempo sin estarlo. Parece que solo juega bien
cuando tiene información privilegiada. Sé que nos va a responder, al
menos, con seis mentiras. La primera de ellas es que nos va a convencer
de que ha negociado duramente; lo acaba de intentar usted, y en el fondo
se ha enterado por la prensa de lo malo que es el acuerdo; por eso
Barnier no lo quiere cambiar, porque no han negociado; esa es la prueba.
La fuerza de este Gobierno bonito se desvanece tras el uso del Falcon
presidencial. La segunda es que nos va a querer decir que es la misma
negociación que hizo el Partido Popular. -Otra mentira más-. Esa
negociación empezaba por el uso compartido del aeropuerto, lo que abría
la puerta a la cosoberanía, y fue la primera que ustedes dejaron caer. La
tercera es que usted nos va a decir que es un buen acuerdo. Es un buen
acuerdo el que ha hecho Irlanda con Irlanda del Norte. -Aprendan ustedes
de ellos-. La cuarta es que usted ya hizo unas declaraciones renunciando
al derecho de veto, cuando dijo que no sería un
obstáculo en la negociación del brexit. Pero no es el único culpable; le
ayudó también el doctor Sánchez cuando dijo que si hay acuerdo, bien y,
si no, también. La verdad es que los dos son un dúo insuperable. Y la
quinta es que va a pedir usted esto que ha dicho, esa declaración
política, con las garantías dentro de la Unión Europea. Pues yo le pido
que me dé el nombre de la persona que ha proferido tal afirmación porque
es un aficionado; es desconocer la Declaración de Lisboa de 1980 y la de
Bruselas de 1984, que pedían lo mismo en el marco de Naciones Unidas. Y
fíjese dónde estamos. Vaya usted al Campo de Gibraltar y le cuenta los
cacahuates que ha conseguido usted en esta negociación. La sexta es que
usted nos dirá que defiende a España y a los españoles, pero vistas las
declaraciones de ayer que dijo que le importaba mucho más la unidad del
Reino Unido que la de España tiene usted que hacérselo mirar. Todavía es
capaz de volver a decir aquí que Cataluña es una nación.
Mire, ayer el presidente le cesó a usted por la vía de los hechos diciendo
que era una pésima negociación y que la iba a bloquear. Ya no tenemos
derecho a veto. Nosotros le volvemos a ofrecer la mano si quiere una
política de Estado, pero con esos socios en el barco que van a por el
botín, los podemitas y los independentistas, me temo que la única opción
es que convoquen elecciones ya. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): Gracias, señorías.
Muchas gracias por su apoyo en una cuestión de Estado como es esta, muchas
gracias. (Risas.-Aplausos). Le estamos muy agradecidos por mantener un
frente común en las negociaciones con el Reino Unido en una cuestión
vital como es esta. En segundo lugar, vaya batiburrillo que ha organizado
usted en su respuesta. Menuda confusión mental tiene usted con respecto a
las negociaciones del brexit y Gibraltar; lo ha mezclado usted todo,
todo, los memorándums, que por cierto... ¿Le suena? Los cinco memorándums
bilaterales que ayer, por cierto, cerramos en la negociación entre el
Reino Unido y España, que complementan el protocolo anexo al tratado de
retirada. Sí, ya comprendo que usted lo mezcle todo, pero distinga, por
favor.
El tratado de retirada tiene un protocolo adjunto sobre Gibraltar en el
que hay acuerdo. (El señor García Hernández hace gestos negativos). ¿Cómo
que no? Ayer cerramos los acuerdos bilaterales; con lo cual, completamos
la retirada. Donde hay desacuerdo es sobre la relación futura. Distinga
las dos cosas, por favor; y en esa relación futura nosotros queremos que
se siga diciendo lo que se ha dicho siempre, que quede claro y que no
haya ninguna duda jurídica. Las negociaciones sobre la relación futura,
señoría, entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar son
negociaciones aparte y tienen que contar con el acuerdo de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE SU
MINISTERIO? (Número de expediente 180/000856).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Adelante, señoría.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señor Borrell, la pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene
de la gestión de su ministerio? Y un matiz, como avisamos ayer, cada vez
que el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos llame [golpistas] 1, les
llamaremos [fascistas]1.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
1 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): No he entendido muy bien sobre quién es el racista
aquí. (Rumores). He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración
que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de
racista, que no he entendido si se refería a mí. (Varios señores
diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: También,
también).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): ¿Yo también? Vale, también soy un racista; bueno,
estupendo, señoría.
Señora presidenta, ¿podría usted pedir que se borre de la sesión la
acusación de racista?
La señora PRESIDENTA: Señor Borrell, continúe que luego intervendré.
(Aplausos).
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): La valoración de la gestión de mi ministerio me
parece razonablemente buena, aunque por supuesto mejorable. Como supongo
que a usted lo que le interesa son las relaciones con Flandes, le puedo
decir que la relación con el Reino de Bélgica también es muy buena.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
Señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señor Borrell, si viniera a los Plenos se
enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el Grupo Parlamentario
Ciudadanos nos llame [golpistas] 2, les recordaremos los tiros que hay en
este techo (señalando al techo del hemiciclo) y les diremos [fascistas]2.
(Rumores).
Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle
esto: Usted -y míreme bien- es el ministro más indigno...
(Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Hala!).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.
El señor RUFIÁN ROMERO: ... más indigno, de la historia de la democracia
española. (Rumores). Y los ha habido muy indignos. Usted, señor Borrell,
no es un ministro; usted es un hooligan, usted es un militante de
Sociedad Civil Catalana, una vergüenza para su grupo parlamentario
(protestas), más que nada porque es una...
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor RUFIÁN ROMERO: ... organización de extrema derecha.
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio! Señorías, les ruego silencio.
El señor RUFIÁN ROMERO: Cálmense.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rufián. (La señora Cantera de
Castro: Tranquilitos, que nos valemos solos. Tranquilitos). Silencio, por
favor. Les ruego silencio, a todos, señorías. (Rumores). Señora Álvarez,
silencio. Silencio. Silencio. (Un señor diputado: ¡Dejen de insultar a
todo el mundo!). Después hablaré yo de los insultos, pero, por favor, les
ruego silencio.
Adelante, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Calma al Grupo Parlamentario del PSOE porque
parecen de Ciudadanos.
Tres cosas. (Rumores). Calma, calma, calma. Tres cosas, señor Borrell. La
primera, vergüenza, vergüenza; le debería dar vergüenza decir que compite
con nosotros cuando maneja un presupuesto de 1500 millones de euros
respecto a 60. La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se
llama Raül Romeva. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Oriol
Junqueras mientras se pudría en una cárcel de Madrid, y usted se estaba
mofando en un mitin del PSC. Le pido que dimita.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).
2 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver páginas 14 y 16
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos
sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una
vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de
serrín y estiércol, que es lo único que usted es capaz de producir.
(Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie, y del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-El señor Rufián Romero se
pone de pie, con los brazos abiertos; después aplaude y más tarde señala
a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso diciendo:
¡Vergüenza, vergüenza!-Protestas).
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Rufián! ¡Señor Rufián, le llamo al orden!
Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en el uso
de la palabra no se pueden poner sus señorías de pie, y luego le diré
algo respecto a su intervención. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-El señor
Rufián Romero, sentado en su escaño: ¿A mí...?).
Continúe.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Rufián
Romero pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le
recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del
hemiciclo. (El señor Rufián Romero: ¡También a él!). ¡Señor Rufián!
¡Señor Rufián! ¡Señor Rufián! Señor Rufián, le pido... Señor Rufián,
habiéndole advertido conforme al Reglamento de que podía ser expulsado
después de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que
abandone el hemiciclo. (Aplausos.-El señor Rufián Romero hace un gesto de
saludo militar).
Continúe, señor ministro. (Rumores). Silencio, señorías. Silencio. (El
señor Rufián Romero abandona el hemiciclo, así como el resto de diputados
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-El señor ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Borrell Fontelles: ¡Eh,
eh!). Silencio.
Señor Borrell, adelante.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(Borrell Fontelles): Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde
se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados,
como acaba de ocurrir. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. El tiempo ha terminado. (El
señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Tengo
todavía ocho segundos. Solamente los voy a usar...).
Señor Borrell, el tiempo ha terminado. Muchas gracias.
Señorías, me quiero dirigir a todos ustedes. El ministro Borrell en su
última intervención ha dicho una frase que yo he repetido muchas veces en
esta legislatura. Esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se
puede utilizar por ninguno para insultar. Por tanto, la Presidencia va a
retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra
[fascista] 3 y la palabra [golpista]3 del Diario de Sesiones, y les voy a
decir por qué. (Aplausos). El Diario de Sesiones lo leerán no mañana,
sino dentro de cien años, y esta generación, que posiblemente tendríamos
que representar lo mejor de la historia de España después de estos
cuarenta años de democracia, estamos demostrando, especialmente en el
Pleno del miércoles, que no utilizamos bien la palabra que nos han dado
los españoles para representarles y tampoco utilizamos bien nuestro modo
de estar, porque no solo hay insultos verbales en este hemiciclo, hay
falta de respeto a la Presidencia, hay actitudes que son absolutamente
impresentables. He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando
me escuchan pedir silencio o me escuchan llamar a sus señorías por su
nombre, un insulto machista. Se dice: la institutriz. Quiero que sepan
que no hay honor mayor que presidir este
3 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver páginas 14 y 15.
Pleno (aplausos), pero también les digo una cosa. No voy a permitir que
cosas como las que han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el
hemiciclo.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ELOY SUÁREZ LAMATA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿TIENE
DISTINTO CRITERIO LA FISCAL DELGADO QUE LA MINISTRA DELGADO? (Número de
expediente 180/000867).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las preguntas, ahora dirigidas a la
señora ministra de Justicia. Pregunta del diputado don Eloy Suárez
Lamata, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Delgado, cuando usted era fiscal secundó la huelga del 22 de mayo.
Recientemente, en la del 19 de noviembre usted decidió viajar a París.
Cuando usted era fiscal defendía la independencia de las instituciones y
ahora da instrucciones a la Abogacía del Estado. Cuando usted era fiscal
trabajaba para que hubiera sentencias y ahora trabaja para que algunas de
ellas no se cumplan. Por eso le pregunto si tiene el mismo criterio la
fiscal Dolores que la ministra Delgado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
Señor Suárez, mi criterio y mi trabajo cuando era fiscal y cuando soy
ministra del Gobierno de España es exactamente el mismo, es decir,
trabajar por el servicio público, que es a lo que me debo, trabajar por y
para la justicia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Suárez, adelante.
El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.
Señora Delgado, es evidente que usted no tiene el mismo criterio. Usted
será consciente de que es una ministra doblemente reprobada, tristemente
es el primer caso; será consciente de que se la reprueba por mentir en
esta Cámara y me da la sensación de que vuelve a faltar a la verdad.
Usted participó el 22 de mayo en una huelga contra el Partido Popular y
ahora, por las mismas situaciones que usted es incapaz de resolver -a
usted le corresponde resolver los problemas que tiene la justicia-, lejos
de ayudar a sus compañeros, usted les amenaza -y son palabras de ellos,
que no mías- con actitudes pretéritas de otros tiempos que teníamos
olvidados.
Por otra parte, señoría, usted sabe que es público y notorio que se han
dado instrucciones a la Abogacía del Estado para rebajar la intensidad en
el procés de Cataluña e intentar rebajar las penas. Por cierto, señora
ministra, aprovecho para preguntarle: ¿ha dado usted instrucciones o
alguien de su departamento para que la Abogacía del Estado recurra la
sentencia que ha recaído en el Tribunal de Cuentas y que condena al pago
de 5 millones a Artur Mas y a algunos otros? Me gustaría que contestara
sí o no, es muy fácil la pregunta, no se enrede como habitualmente hace.
Le quiero decir algo más. Usted los miércoles aquí nos deleita con lo bien
que hace su programa, pero ha creado una comisión para el estudio del
indulto y yo le pregunto: ¿están ustedes pensando en indultar a los
imputados en el procés o realmente usted está pensando en indultar al
juez prevaricador Garzón?
Mi criterio en relación con las reivindicaciones de jueces y fiscales
desde luego no ha cambiado, el que ha cambiado es el de ustedes. Ahora se
ponen del lado de las asociaciones, echando en cara al Gobierno que no
cumplen las demandas con aquellos. Pues resulta que esas mismas demandas
son las que se tuvieron en cuenta cuando se hizo la huelga en mayo.
¿Podrían explicar a las asociaciones semejante desfachatez, que entonces
no cumplieran con ni una sola de las reivindicaciones de las
asociaciones? ¿Cómo es posible que ustedes desoyeran durante años las
peticiones de jueces y fiscales, que recortaran sus derechos laborales y
salariales, que no movieran un dedo para modernizar la justicia y ahora
vengan a hacer suyas las reivindicaciones? Pues mire, no. Cuando yo era
fiscal, apoyaba la recuperación de los días de permiso y como ministra he
impulsado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que devolverá
a esos jueces y fiscales esos permisos. Siendo fiscal pedía que se
convocase la Mesa de retribuciones y como ministra he convocado la Mesa
de retribuciones, que no se había convocado en quince años. Siendo fiscal
pedía poner fin a un sistema presidencialista de funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial y siendo ministra voy a poner fin a
esa situación, restableciendo el carácter colegiado del órgano,
estableciendo la dedicación exclusiva de los vocales y recuperando las
competencias que en el año 2013 fueron laminadas por el Gobierno del
Partido Popular. Siendo fiscal apoyaba la derogación del 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y lo sigo intentando. Y como fiscal, desde luego,
respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía del ministerio
fiscal, despreciada por ustedes, y eso lo demuestra el wasap del señor
Cosidó.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA:
¿CUÁNDO VA A ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES? (Número de expediente
180/000868).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora del diputado don Rafael Hernando
Fraile, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
El señor HERNANDO FRAILE: Señora ministra, usted no ha contestado a mi
compañero, se lo vuelvo a preguntar: ¿va a aprobar su Gobierno algún
indulto para aquellos que hoy cumplen prisión pendiente de las penas por
un golpe de Estado?
Señora ministra, ustedes tienen un problema de doble personalidad dicen
una cosa cuando no estaban aquí o cuando estaban en la oposición y ahora,
cuando está usted en el ministerio, incumple lo que reivindicaba, como
hemos visto en la huelga. Esto es normal cuando ustedes tienen un
presidente que unas veces hace de doctor Sánchez y otras de mister
ZPedro, esto es absolutamente normal, un proceso de doble personalidad.
Cuando el señor Sánchez accedió por una moción espuria a la Presidencia
del Gobierno necesitaba poner al frente del Ministerio de Justicia a
alguien como usted, alguien que hiciera todo tipo de enjuagues para dar
satisfacción a aquellos que permitieron que usted se sentara en el
Consejo de Ministros. Sí, señor Borrell, el señor Rufián, el señor Tardà
y todos los que se han ido y que hoy dice que le escupen son a los que
usted debe ser hoy ministro de Asuntos Exteriores y el señor Sánchez
presidente del Gobierno. (Aplausos). Más dignidad y más vergüenza en
otras ocasiones. Nadie mejor que usted para ser ministra de Justicia y
llevar adelante este enjuague porque usted -y lo ha demostrado con esas
obscenas conversaciones en homenajes a policías corruptos- se ha llenado
a lo largo de su vida como fiscal la toga de barro en el camino para
medrar políticamente y llegar donde hoy está. (Rumores). No voy a valorar
su gestión...
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor HERNANDO FRAILE: ... pero en muy poco tiempo usted ha sido capaz
de llegar y concluir a todos los fracasos posibles, ha sido reprobada por
el Congreso y por el Senado por mentir, ha avergonzado a todos los
abogados del Estado, ha traicionado a la jurisdicción española contra el
señor Llarena, ha arruinado el acuerdo para solventar y renovar el
Consejo General del Poder Judicial porque ha sido usted (rumores), sus
filtraciones y su comportamiento quienes han reventado este acuerdo.
Además, ya le han hecho hasta una huelga. Usted es un producto tóxico que
contamina todo lo que toca. Por eso tengo que decirle una cosa, solo por
decencia y por dignidad, lo mejor que puede hacer usted hoy es irse a su
casa y dimitir. Eso es éxito seguro para la democracia. (Aplausos.-Un
señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el señor Rufián se ha ido y quizás usted tendría que salir detrás
de él (aplausos), porque usted viene aquí a mentir, a calumniar, a
injuriar, amparado por la inviolabilidad. Pero esa no es una buena
técnica porque muestra simplemente el proceso de descomposición del
Partido Popular, que usted, además, viene ejerciendo de tiempo atrás.
La corrupción les impidió gobernar, la corrupción les impidió durante años
hacer su trabajo, no han trabajado por este país y por esta patria, por
España. Se han dedicado durante muchos años, señor Hernando, a tapar sus
vergüenzas. Usted pide responsabilidades, ¿a quién? (el señor Hernando
Fraile: A ti), cuando usted sale en los papeles de Bárcenas, cuando usted
sale cobrando sobres en los papeles de Bárcenas... (El señor Hernando
Fraile pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señor Hernando.
Silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): ... al tiempo que estaba
pidiendo subvenciones y becas para el pago de los libros de sus hijos y
estaba cobrando usted sobres. (El señor Hernando Fraile pronuncia
palabras que no se perciben). Pronunció una de las frases más abyectas,
señor Hernando...
La señora PRESIDENTA: Señor Hernando.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señor Hernando, usted
pronunció una de las frases más abyectas contra las víctimas del
franquismo, contra su dignidad y contra su memoria y esto las víctimas de
la Guerra Civil jamás se lo van a perdonar y, desde luego, esta ministra
tampoco. (Protestas). Ha insultado a jueces como cuando llamó pijo ácrata
a algún juez de la Audiencia Nacional porque no le gustaban las
sentencias que ponía. (Rumores). Usted, señor Hernando, ha creado un
estilo en esta Cámara, ese es su mérito, ese es exactamente su mérito,
como cuando insulta a los andaluces y dice que están en el pelotón de los
torpes o los compara con los países en vías de desarrollo. ¿Por qué ese
insultó a los andaluces, señor Hernando? ¿Por qué ese juego tan sucio?
Responsabilidades las deben asumir ustedes porque, desde luego,
desprecian a jueces, fiscales y magistrados con wasaps como el del señor
Cosidó. Son una vergüenza. Es una vergüenza para este país, exactamente.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunta de la diputada... (El señor Hernando Fraile pide la palabra).
Sí, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Me quedaban cuatro segundos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Pues utilice los cuatro segundos.
El señor HERNANDO FRAILE: Solo para reiterar que todas sus palabras son
deleznables, como usted misma. Váyase a su casa, dimita ya y no haga
sufrir más... (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías... (La señora ministra de Justicia, Delgado
García, pide la palabra).
Sí, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Me quedaban seis
segundos.
La señora PRESIDENTA: Adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Hernando, usted aquí está en descomposición y está descomponiendo a
esta Cámara. Más vale que se vayan ustedes ya, desde luego, a
reflexionar... (Aplausos.-Protestas).
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO TRAER
COMO PROYECTO DE LEY NUESTRA PROPUESTA DE LEY POR LA PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LA LIBERTAD SEXUAL Y CONTRA LAS VIOLENCIAS SEXUALES, TAL Y COMO
ACORDAMOS EN EL ACUERDO PRESUPUESTARIO? (Número de expediente
180/000876).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Sofía Fernández
Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.
Es la segunda vez que preguntamos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Es la segunda vez que preguntamos a la
vicepresidenta por cuestiones fundamentales para las mujeres, como son
nuestros derechos sexuales y reproductivos, o qué es lo que piensan hacer
para combatir las violencias sexuales, y es la segunda vez que la
vicepresidenta tiene cosas más importantes que hacer. (Aplausos). De
verdad que una se pregunta para qué está la cartera de Igualdad, además
de para pasarle la apisonadora por encima a Dolors Montserrat, como si
esto tuviera algún mérito. Lo vuelvo a decir, quizá las feministas no
estamos tan de enhorabuena si nuestros derechos y ciudadanía no son
asunto a efectos legislativos de la vicepresidenta del Gobierno.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Dicho esto, me dirijo a la ministra de
Justicia: ¿Cuándo piensa traer el Gobierno... (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, les ruego silencio, por favor!
Continúe.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: ¿Cuándo piensa traer el Gobierno como
proyecto de ley nuestra propuesta de ley para la protección integral de
la libertad sexual y contra las violencias sexuales, tal y como acordamos
en el acuerdo de Gobierno? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
Señora Fernández, el Gobierno está trabajando en ello. Estamos esperando
el informe de la Comisión General de Codificación, que fue requerido para
poder presentar el proyecto para combatir los delitos contra la libertad
sexual.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Formulo la pregunta porque pasa el tiempo,
se suceden las manifestaciones en la calle gritamos: Escucha, hermana,
aquí está tu manada, pero las mujeres sufren violencias sexuales y no
tienen ninguna respuesta por parte de las instituciones. Hace más de un
año esta Cámara se vanagloriaba con un pacto de Estado, a nuestro juicio
insuficiente, para combatir las violencias machistas, y una de sus
manifestaciones más continuada, en torno a la que más movilización
existe, sigue pareciendo algo inexistente para el Gobierno. ¿No es de
sentido común en 2018 saber que la violación de una mujer es violencia
machista? ¿No es de sentido común que debe juzgar el caso un tribunal con
formación de género? ¿No es de sentido común que una mujer debe tener al
alcance recursos y asistencia, tanto si quien le agrede es su pareja, un
familiar, un compañero de trabajo, un conocido o un desconocido?
Señora ministra, entiendo que aquí vamos a hablar de algo más que de las
necesarias reformas del Código Penal para blindar el sí es sí, que por
cierto fue una propuesta que dijo la propia vicepresidenta la misma
semana que nosotras presentamos la propuesta de ley. Blindar esto
entendemos que es algo que ya está hecho, aunque ahora mismo esté en
debate en la Comisión de Codificación y se haya ampliado el plazo hasta
diciembre, como usted ha dicho. Pero esta propuesta de ley que
presentamos es una ley que da la vuelta al paradigma del consentimiento
para plantear un mutuo acuerdo, para traducir nuestros derechos no tanto
en agresiones, sino en torno a nuestra libertad. Todo aquello que atenta
contra nuestra libertad es una agresión. Y esta es una ley que no sería
posible sin un 8 de marzo histórico, sin nuestras abuelas, madres y
hermanas. Así que, señora ministra... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señora Fernández, estamos completamente en línea. Este Gobierno ha dejado
claro desde el minuto uno, desde el primer momento que la lucha contra
todas las formas ejercida contra las mujeres son una prioridad absoluta.
No queremos meras palabras, no queremos gestos...
La señora PRESIDENTA: Tiene que acercarse al micrófono, señora ministra,
porque no la están escuchando.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Perdone.
Digo que no se trata de meras declaraciones ni de una declaración de
voluntades o intenciones, lo que queremos son hechos y demostrarlo con
hechos. En solo cinco meses el Gobierno ha hecho mucho más que el
Gobierno del Partido Popular en seis años y medio. Ejemplos de este
carácter prioritario que tiene para nosotros la lucha contra la violencia
de género es el impulso decidido que hemos dado al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, por otro lado, paralizado por el Partido Popular,
o a la reforma de la Ley orgánica en materia de formación de jueces y
operadores jurídicos. Actualmente, en el Ministerio de Justicia hay
seiscientos operadores jurídicos que están pasando por un curso de
formación continuada en materia de violencia de género.
Por lo que se refiere al Código Penal y a la reforma para la revisión de
los delitos sexuales, es muy importante que la Comisión General de
Codificación emita un informe. Como muy bien ha dicho usted, pidieron una
ampliación de plazo. Se ha dado, porque nos parece que es un debate en el
que necesitamos reflexionar y hacerlo jurídicamente perfecto, y se ha
hecho una ampliación del plazo hasta el día 13 de diciembre. La comisión
está trabajando desde el mismo momento en que recibió el mandato de
manera rigurosa y con total profesionalidad, atendiendo siempre al último
objetivo, que es el de la mayor tutela y protección a las víctimas de
delitos contra la libertad sexual.
Desde luego, coincidimos en la necesidad de abordar la reforma, señora
Fernández, absolutamente, pero la urgencia de la situación no puede
hacernos renunciar a hacer lo mejor y a hacer el mejor de los proyectos
posibles para defender a las mujeres de estos crímenes que no dejan de
ser crímenes machistas y contra la igualdad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA M.ª MAR BLANCO GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SE
SIENTE CAPAZ A ESTAS ALTURAS DE SU GESTIÓN COMO MINISTRO DEL INTERIOR DE
MIRAR A LA CARA A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? (Número de expediente
180/000866).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior.
Pregunta de la diputada doña María Mar Blanco Garrido del Grupo Popular.
La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿considera que su gestión al frente del Ministerio del
Interior dignifica la memoria de las víctimas del terrorismo?
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, ha modificado un poco su pregunta y le diré que creo que mi
gestión en el Ministerio del Interior dignifica la memoria de las
víctimas. Le diré que yo siempre miraré a la cara a las víctimas del
terrorismo, siempre la miraré a usted a la cara, porque yo no olvido la
historia de las víctimas del terrorismo, no olvido su historia, no olvido
esa memoria. Espero que usted no haya olvidado la mía. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Blanco Garrido.
La señora BLANCO GARRIDO: Señor ministro, yo le puedo asegurar que no
olvido su trayectoria, pero, lamentablemente, y lo digo con pena, usted
sí que la ha olvidado.
Señor ministro, le recuerdo que todos los que estamos aquí sentados lo
estamos porque nos han votado los españoles. Ustedes están sentados en la
bancada azul porque les han votado los independentistas, incluido un
partido llamado Bildu. (Aplausos). Ya sé que a ustedes no les gusta que
les recuerde -a usted especialmente- que están apoyados por un partido
llamado Bildu; los mismos que aplaudían cada vez que asesinaban a cargos
públicos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.
Usted, señor ministro, forma parte de un Gobierno que retiró el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno del Partido
Popular a la conocida como Ley de abusos policiales, una ley que tiene
como objetivo -y usted lo sabe- blanquear la historia de ETA, equiparar a
policías y guardias civiles con asesinos y verdugos y una ley que cuenta
con la oposición de las asociaciones y sindicatos de los cuerpos
policiales y también de las víctimas del terrorismo.
Usted forma parte de un Gobierno que trata de crispadores a los
constitucionalistas que se acercaron a Alsasua para defender a la Guardia
Civil y para reafirmar sus compromisos con las libertades que tanto dolor
y tanto sufrimiento nos ha costado alcanzar. Por ello, hoy le volvemos a
preguntar: ¿Qué lugar de España le parece a usted idóneo para que los
constitucionalistas nos manifestemos apoyando a la Guardia Civil sin que
por ello recibamos las frases de que incitamos al odio o que somos unos
crispadores? Espero que usted hoy nos pueda contestar.
Señor ministro, usted forma parte de un Gobierno que a día de hoy continúa
sin desautorizar a Zapatero por reunirse con Otegi, por reunirse con un
terrorista, y callan porque en el fondo están de acuerdo, porque,
lamentablemente, para ustedes todo vale con tal de mantener asegurado el
sillón de Moncloa. Mire, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Una de
estas líneas rojas es el respeto a las víctimas, y ustedes lo han hecho
porque, sinceramente, están más ocupados por quienes les llevaron al
poder -como le he dicho anteriormente, todos partidarios de la ruptura de
España- que por defender a las propias víctimas. No olvide que todas
ellas dieron su vida por defender precisamente la Constitución y por
defender la unidad de España. En política no todo vale y menos dejar de
lado a las víctimas. Le recuerdo que su memoria no se vende; se defiende
todos los días no solo con palabras, sino también con hechos. Hoy, por
ello, les volvemos a pedir, porque su Gobierno está en descomposición,
que convoquen elecciones y devuelvan la dignidad a España y a los
españoles. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, quiero recordarle que el Estado de derecho ha derrotado a ETA. En
esa derrota las víctimas del terrorismo tuvieron un papel fundamental,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron un papel
fundamental y la sociedad española en general tuvo un papel fundamental,
pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda por construir
un relato real de lo que sucedió, la memoria de la que usted habla. Nos
queda todavía por mantener la memoria de aquellos que dieron la vida por
todos nosotros para que el día de hoy podamos disfrutar la libertad.
¿Sabe cómo se consiguió? Solo se derrotó al terrorismo y se seguirá
derrotando al terrorismo mediante la ley; solo se derrotó al terrorismo y
se seguirá derrotando al terrorismo mediante el Estado de derecho; solo
se derrotó al terrorismo y se seguirá derrotando al terrorismo mediante
la unidad de todos los demócratas. Les pido que sigan manteniendo esa
unidad de todos los demócratas para que podamos articular y mantener la
memoria de las víctimas. Les recuerdo que nosotros, desde este punto de
vista,
estamos, dentro de la memoria, realizando labores para modificar la Ley
29/2011, de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, para
darles mayor protección.
Déjeme que le recuerde finalmente, a título de reflexión -reflexión suya,
que habla de la memoria-, que usted no es solo diputada del Partido
Popular, usted también es presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, en la que están muchas asociaciones, asociaciones que les
dijeron a ustedes al inicio de este Gobierno: No nos utilicen
políticamente, no nos utilicen. Ayer estuvimos presentando una unidad
didáctica que habla de memoria, de lo que realmente aconteció. ¿Sabe a
quién se echó de menos? A la presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo. Parece ser que quería seguir siendo diputada del Partido
Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON FÉLIX ALONSO CANTORNÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO SEGUIR LA POLÍTICA DEL PARTIDO POPULAR DE
INFRAFINANCIAR, PRECARIZANDO EL TRABAJO EN CORREOS, OLVIDÁNDOSE DEL
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL? (Número de expediente 180/000873).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
Pregunta del diputado don Félix Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, el próximo 30 de noviembre los sindicatos de Correos han
convocado una huelga que se repetirá el 21 y el 26 de diciembre si no hay
acuerdo. ¿Piensa el Gobierno seguir la política del Partido Popular de
infrafinanciación y precarizar el trabajo en Correos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.
Señor Alonso, puedo entender la preocupación de los trabajadores de
Correos, porque desde 2010 hasta hoy no se ha puesto remedio a una
situación transitoria, pero este Gobierno está firmemente comprometido
para que en España, con independencia del lugar de residencia, todos los
ciudadanos tengan un servicio de calidad que garantice adecuadamente las
comunicaciones por vía postal. Para poner fin a la larga situación de
interinidad que nos hemos encontrado, estamos impulsando el plan de
prestación del servicio postal universal y su correspondiente contrato
regulador para su aprobación por el Consejo de Ministros. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso Cantorné.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Los presupuestos de 2018 para el servicio postal
universal contienen una disminución de 60 millones de euros respecto al
año anterior, una infrafinanciación repetida en los últimos años, motivo
directo de un déficit acumulado de 277 millones. Hablamos de una empresa
de 51 000 trabajadores, que desde 2008 ha perdido 15 000 empleos, en la
que los trabajos cada vez son más precarios: sueldos mileuristas, si
llegan, contratos de ocho horas a la semana y temporalidad disparada.
España se encuentra a la cola de Europa en puntos de atención a la
ciudadanía y en empleos por habitante. En todo el mundo el sector postal
está creciendo gracias al comercio electrónico y a la paquetería. La
inacción ha impedido el impulso de Correos en ese segmento y ustedes
ahora tienen la oportunidad de adaptarlo a la realidad del siglo XXI.
España cuenta con menos actividad, menos ingresos y menos empleos que sus
competidores europeos. Con mayor inversión, Correos no únicamente estaría
saneada sino que daría beneficios, como sucede con las empresas postales
que representan el capital público de Francia o Alemania, nuestras
competidoras más directas. El servicio en el ámbito rural, imprescindible
herramienta para frenar la despoblación, se está suprimiendo. El anterior
Gobierno incumplió todos los compromisos; parecía que buscaba
descapitalizar para malvender.
En los últimos presupuestos, Correos, servicio postal universal, ha sido
sello de cambio en la negociación. Les acompañaremos si lo manifestado en
la reunión del 25 octubre con los sindicatos se concreta en empleo
estable, mejoras salariales y un plan de prestación de servicio postal
universal.
Más allá de las buenas intenciones, les volvemos a preguntar: ¿Tiene
previsto el Gobierno dar un giro a la política postal, dotar de
financiación y herramientas suficientes para que Correos sea una empresa
pública, competitiva y con trabajo de calidad? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Señoría, en este momento el
Plan de prestación del servicio postal universal está siendo estudiado
por la Comisión Europea para verificar su adecuación a la normativa
comunitaria. En breve esperamos un pronunciamiento de Bruselas para
iniciar la tramitación reglamentaria que nos lleve a aprobar ese plan.
Este plan lleva muchos años de retraso, en concreto más de siete años.
Esto, que no es casualidad, ha llevado al anterior Gobierno a aplicar
sobre la compañía los recortes presupuestarios que usted comentaba antes,
lo que ha generado muchas dudas sobre el futuro de la empresa, por su
dificultad en cuanto a viabilidad y a la propia prestación del servicio y
por la incertidumbre de los trabajadores, y esto ha afectado, además, de
forma importante al ámbito rural.
El Gobierno quiere solucionar todo esto de modo definitivo, pero es
evidente que necesitamos aprobar ese plan una vez que tengamos el visto
bueno de la Comisión Europa. Creemos que Correos debe seguir siendo una
empresa emblemática, que garantiza además la cohesión social, la cohesión
territorial y la igualdad de oportunidades, como hacen otros países con
empresas homólogas. Esa es la voluntad del Gobierno y, desde luego,
también lo estamos haciendo con los propios trabajadores con tal de
alcanzar un horizonte de estabilidad que, evidentemente, afronte la
precariedad que usted comentaba.
Por lo demás, le tengo que decir que comparto plenamente su discurso,
también la voluntad, y espero que compartamos los resultados, si puede
ser.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO BARANDIARAN BENITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUÉ ESTÁ
PARALIZADA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFORMA DEL BUQUE DE AYUDA
HUMANITARIA "AITA MARI", CON SEDE EN GETARIA, GIPUZKOA? (Número de
expediente 180/000858).
La señora PRESIDENTA: Pregunta, también al señor ministro, del diputado
don Íñigo Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco PNV.
Adelante.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias.
Señor ministro, estoy seguro de que usted también participa de los motivos
de nuestra pregunta, porque esta pregunta tiene como intención
presionarle para que se pueda finalmente dar cauce a una solicitud de
autorización, de acuerdo al Real Decreto 1837/2000, para las reformas en
un buque de pesca antiguo, de 38 metros de eslora, que se ha reconvertido
en sus características para actuaciones de salvamento, de ayuda
humanitaria, para que pueda salir a la mar y cumplir con su objetivo:
salvar vidas en el Mediterráneo.
Entendemos que es un procedimiento complejo, porque autorizar las
modificaciones de una embarcación cuando se deben tener en cuenta las
exigencias en materia de seguridad marítima y prevención de la
contaminación del ámbito marino lo es, pero también entendemos que no
tienen por qué agotar el plazo de seis meses que está contemplado en ese
procedimiento, que es el que en su caso agotaría dicho procedimiento. Esa
situación es un motivo más por el que nos parece descorazonador que
precisamente haya sido este viernes -el pasado día 16 de noviembre-
cuando, más de tres meses después de la presentación de la solicitud
inicial con toda la documentación para que se autorizara a este barco
para poder salir a la mar, la Dirección de Marina Mercante se ha dirigido
a los responsables de esta iniciativa no para comunicarles la
autorización sino para decirles que, por favor, traigan más papeles,
corrijan algunos pequeños defectos y sigan adelante. También es verdad que
esa notificación ha coincidido casualmente con la presentación de esta
pregunta.
Nos parece, con todo el respeto, que esa no es la actitud debida y que
posiblemente tampoco se corresponda con su propia sensibilidad, señor
ministro, al menos en esta materia. Por eso, quisiéramos obtener una
respuesta concreta a una pregunta concreta, que es la siguiente: ¿Para
cuándo se compromete, señor ministro, a conceder la autorización
correspondiente al expediente de reforma del buque de ayuda humanitaria
Aita Mari, con sede en Getaria, Gipuzkoa, permitiendo así que pueda
evitar la pérdida de vidas humanas en el mar?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, presidenta. Gracias,
señor Barandiaran.
Como ya le he indicado -en alguna ocasión lo he planteado-, la tramitación
de este expediente no está ni paralizada ni está retrasada. Es un
proyecto de un antiguo pesquero, como decía usted, que una vez ha llegado
al final de su vida ha solicitado su transformación en buque destinado a
tareas de salvamento. Estamos ante un proyecto de transformación de un
buque. De acuerdo a esto, se sigue un procedimiento reglado, de manera
que se sigue la normativa relativa a inspección y control de la
transformación, reforma y grandes reparaciones de buques de pabellón
español. Hay que solicitar autorización previa a la Dirección General de
Marina Mercante -como ha comentado-, tienen que mandar la documentación
técnica... Para todo este procedimiento tienen seis meses, que es el
plazo del que habla la normativa. Esto se presentó el 6 de agosto y, por
tanto, estamos plenamente en plazo. Estos plazos son habituales para este
tipo de procedimientos; es lo único que le puedo decir. Además,
lógicamente, este proyecto, por las tareas que va tener y dónde va a
actuar, -fuera y a distancia del territorio español- nos exige tener la
certeza de que cumple con la normativa. De todas formas, para no
aburrirle con los procedimientos, quiero decirle que he consultado este
expediente y me indican que el proceso de estudio está prácticamente
ultimado, de manera que confiamos en que la tramitación concluya
satisfactoriamente mucho antes del plazo previsto. Por lo tanto, creo que
en poco tiempo tendrán la autorización para llevar adelante el proyecto
de transformación. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señor ministro, 151 000 firmas ya en
Change.org piden que se deje zarpar nuestro barco de rescate. Ni una
muerte más en el Mediterráneo. Eso, esta mañana y en un entorno muy
inmediato. Además, se ha producido la incautación del barco Aquarius por
Italia, lo cual alimenta aún más nuestra pregunta. ¿Participa de los
valores de quienes pretenden retener barcos de ayuda humanitaria en los
puertos o prefiere que estén en la mar salvando vidas humanas? Esa es la
razón de nuestra pregunta. Yo estoy seguro de que su sensibilidad le
lleva...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Yo he querido tranquilizarle,
pero usted introduce otro elemento que nada tiene que ver con esto, sino
con el contexto, y ese es otro debate.
España tiene un servicio de salvamento marítimo eficaz y bien distribuido
que está haciendo su trabajo, y no hay ningún problema con esta
actuación. Estas otras misiones que usted me dice están fuera del
territorio español, se van a aguas internacionales de otros países que
nada tienen que ver con la política española de salvamento. No
confundamos tareas. Yo estoy de acuerdo con la labor humanitaria que
desarrollan, pero no es una labor que tenga que ver con las costas
españolas; van a otras misiones internacionales y eso, evidentemente, no
responde a la política española. Lo puedo elogiar, lo puedo loar, lo
puedo promover y apoyar, pero no... (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CÓMO VALORA LA AUTOESTIMA DE SU GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000872).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de
Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña Belén
Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señora Celaá, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde
necesitamos que los jóvenes sean muy competitivos. Sin embargo, ustedes,
en lugar de optar por una reforma que mejore la calidad de los
estudiantes, han optado por una reforma cangrejo que no mira hacia el
futuro, sino que mira hacia atrás. Han dinamitado en tan solo dos semanas
un año y medio de trabajo de la Comisión de Educación. Han dinamitado en
tan solo dos semanas el trabajo de la Comisión de Educación por la que
han pasado más de ochenta comparecientes. Señora Celaá, ustedes no
querían un pacto, lo que querían era imponer su modelo, el mismo modelo
que ya fracasó. Señora Celaá, su reforma cangrejo, además de atacar la
libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus
hijos -incluso estableciendo comisarios políticos en los colegios
concertados-, además de atacar la igualdad entre españoles, permitiendo
que comunidades como la catalana o la valenciana puedan arrinconar el
español, baja el listón. En lugar de apostar por la excelencia, apuestan
por una educación mediocre. Señora Celaá, ¿no es consciente de que cuando
se exige menos el nivel siempre baja? La justificación de que los alumnos
deben pasar de curso con asignaturas suspendidas para no dañar su
autoestima es ridícula. Usted suspende semana tras semana como portavoz
del Gobierno y también como ministra de Educación. ¿Cómo tiene su
autoestima? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Hoyo, en una gradación de cero a diez, en diez. Valoro su interés.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Hoyo, adelante.
La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, ya veo que su autoestima es tan alta
como su patrimonio. Supongo que han contratado el mejor coaching -Tezanos
a través del CIS les anima mes tras mes-, pero, desde luego, no son
conscientes de la realidad. Quizás tiene la autoestima alta, pero tiene
muy baja la ambición. No tienen ambición; no tienen ambición de país ni
ambición por mejorar la calidad de nuestra educación, lo único que les
importa es mantenerse, y no lo digo yo, lo dijo usted el pasado viernes.
Pero le matizaré algo: el objetivo de todo Gobierno no es mantenerse. Ese
será el objetivo de su Gobierno y, desde luego, es un objetivo deleznable
y vergonzoso.
Señora Celaá, los españoles... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Señora Hoyo, nada de lo que usted ha dicho hace la propuesta que presenta
el Gobierno, absolutamente nada. Evolucione, por favor. Haga usted como
Darwin: viaje; pero viaje a las escuelas, observe con paciencia y luego
reflexione con inteligencia. Toda la propuesta que nosotros planteamos
está perfectamente alineada con la OCDE y con todas las instrucciones y
directrices que sobre educación existen en nuestro mundo civilizado.
Le voy a leer algo, ya que usted parece desestimar lo que significa la
autoestima. La autoestima es un objetivo; construir la autoestima es un
objetivo principal de la escuela. La escuela ha de ser el andamiaje que
permita que los alumnos y las alumnas den un paso más para que cuando se
retire el andamiaje, que es cuando terminan su educación, salgan seguros,
dispuestos para enfrentar una vida con seguridad y
con confianza en sí mismos. Pero si usted se refiere al artículo 37 -al
que no ha viajado, es evidente, a pesar de tener el articulado-, que dice
que el Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las
condiciones y procedimientos para que el equipo docente pueda
excepcionalmente decidir la obtención del título de bachiller por el
alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre
que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a este título.
Pueda, señoría, pueda, igual que hace el BAC en Francia, igual que hace
la Abitur en Alemania, igual que hacen todos los sistemas europeos. De
veinte materias en bachillerato, una no suficientemente aprobada no puede
permitir de ninguna de las maneras que un alumno se quede un año más en
el centro educativo. Esto es lo que hace la propuesta, pero, si quiere,
podemos hablar de otros contenidos del procedimiento, de la propuesta, si
usted, obviamente, viaja a la ley. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO PRADAS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL: ¿ESTÁ ESTUDIANDO EL GOBIERNO REDUCIR EL NÚMERO DE
PEONADAS NECESARIAS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO AGRARIO EN ZONAS AFECTADAS
POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS? (Número de expediente 180/000861).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Pregunta del diputado don
Antonio Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante,
señoría.
El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidenta.
Señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista ha estado seis años
solicitando la reducción de las treinta y cinco jornadas reales
necesarias para acceder a las prestaciones por desempleo en el campo, en
este caso por motivo de la sequía. Hoy traemos esta pregunta porque las
inundaciones están provocando destrozos en cosechas y en infraestructuras
agrarias que harán imposible que trabajadores y trabajadoras puedan
reunir las peonadas en las zonas que están siendo afectadas. Así de dura
es la vida de los jornaleros y las jornaleras del campo.
Quiero aprovechar esta pregunta para explicarles de qué estamos hablando.
Estamos hablando de un sistema de cobertura que apenas beneficia a 190
000 trabajadores. A diferencia de lo que ha vendido el Partido Popular
para denigrar la imagen de Andalucía, como ha vuelto a hacer hoy aquí el
señor Casado (un señor diputado: No es verdad), supone un ingreso de 343
euros durante seis meses, es decir, poco más de 2000 euros al año. Quiero
denunciar las insidias que desde la derecha española se han vertido sobre
este sistema que apenas representa el 5 % del coste de las prestaciones
por desempleo en toda España, un sistema que a tan bajo coste ha
permitido, junto con las políticas de empleo y de desarrollo rural del
Gobierno de la Junta, que en Andalucía no se perdiera ni un solo pueblo,
mientras que en otras zonas de España se producía una sistemática
despoblación. Quiero denunciar el recorte progresivo de los fondos del
Programa de Fomento del Empleo Agrario por parte del Gobierno de Rajoy,
con la complicidad del Partido Popular de Andalucía -recortes y
congelación-, mientras la Junta ha aumentado en un 17 % durante estos
años sus aportaciones.
Queremos poner de manifiesto la necesidad de reformar definitivamente el
requisito de las treinta y cinco peonadas, porque, unos años por sequía,
otros años por inundaciones y siempre por el tema de la mecanización, es
imposible que, en especial, las mujeres puedan acceder a las
prestaciones. Se hace urgente, ministra, un gran acuerdo social y de las
administraciones implicadas para mejorar un sistema que es ahora más
necesario que nunca. Los trabajadores y las trabajadoras del campo
agradecerán ese esfuerzo. Y en lo inmediato, señora ministra, me gustaría
que nos dijera qué medidas piensa adoptar el Gobierno en esta materia en
las zonas afectadas por las inundaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio
Cordero): Gracias, señora presidenta.
La respuesta, señor Pradas, es sí. Este Gobierno es solidario con las
personas afectadas por las inclemencias meteorológicas que tan graves
daños personales y materiales están produciendo en nuestro territorio.
Nos sentimos obligados a atender a estas personas para tratar de paliar,
en la medida de
nuestras posibilidades, las pérdidas sufridas. Además, se está dando una
alternancia de sequías e inundaciones que va en aumento y que parece
evidenciar el cambio climático.
Por lo que se refiere a los graves daños ocasionados en Andalucía por las
lluvias torrenciales, estamos estudiando la reducción del número mínimo
de jornadas reales necesarias cotizadas para acceder al subsidio por
desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales
agrarios. Ya se ha hecho con anterioridad. El último antecedente es la
Ley 1/2018, de 6 de marzo, que estableció esta reducción por el descenso
de producción como consecuencia de la sequía del año anterior. De esta
ley se beneficiaron 31 210 personas a lo largo de los seis meses
siguientes a su entrada en vigor, hasta el 6 de septiembre de este año.
Somos conscientes de que estas inclemencias meteorológicas son
especialmente perjudiciales para zonas del territorio que viven
fundamentalmente de la agricultura, como es el caso de Andalucía y
Extremadura, pues provocan una caída de cosechas en cultivos básicos que
impide que los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo obtengan
las treinta y cinco peonadas mínimas necesarias para acceder al subsidio
de la renta agraria, una renta que les permite seguir viviendo hasta la
siguiente cosecha. Este sistema de protección, que se ha mostrado
fundamental para evitar la despoblación en estas zonas especialmente
castigadas por el desempleo, ha actuado también como mecanismo de
cohesión social, dada la dificultad cada vez mayor de acceder al mismo
por las inclemencias climatológicas y la alta mecanización de la
agricultura. Así que, como Gobierno, estamos obligados a estudiar las
medidas que permitan mejorarlo para evitar situaciones de desprotección,
y somos conscientes de que estas medidas, como usted decía, deben
desarrollarse con perspectiva de género, pues las grandes perjudicadas
ante estas situaciones de desprotección son en la mayoría de los casos
las mujeres, dada su mayor dificultad para conseguir este mínimo de
jornadas necesarias para acceder al subsidio o a la renta agraria en
momentos de escasez de trabajo. En ello estamos, señoría, y daremos una
solución en breve.
Gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA: ¿CÓMO CONSIDERA EL GOBIERNO QUE AFECTAN SUS
ANUNCIOS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL? (Número de expediente 180/000870).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Transición
Ecológica. Pregunta del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo
Popular.
Adelante, señoría.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidenta.
El 27 % de las emisiones de los gases de efecto invernadero provienen del
transporte. Por tanto, el camino hacia la movilidad sostenible nos parece
imparable y, con ello, la descarbonización de la economía. Pero también
creemos que las economías planificadas son un fracaso histórico, y
ustedes siguen profundizando en ellas. Plantean prohibir en 2040 la
matriculación y en 2050 la circulación de los vehículos que estén
impulsados por gas y petróleo o que sean híbridos. Es decir, son capaces
de anticiparse... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MARISCAL ANAYA: ... a cuáles serán las tecnologías dentro de
veintidós años. Abandonan la neutralidad tecnológica, una vez más, sin
consensos previos -no han hablado con nadie-, hacen anuncios
permanentemente y también un simulacro, pero es que en este caso ese
simulacro afecta al 9 % de los trabajadores de nuestro país, que están
ahora mismo en la indefinición y absolutamente despistados con este
Gobierno. Por tanto, le pregunto: ¿Cómo cree usted que afectan sus
anuncios al sector del automóvil? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez):
Gracias, presidenta.
Señoría, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy
pertinente sobre un tema absolutamente capital, tal y como ha contestado
el presidente del Gobierno. El mensaje más importante
de todos es entender que el peso de este sector industrial en nuestra
economía y en nuestro empleo es de tal magnitud que el Gobierno tiene que
asumir con total responsabilidad el acompañamiento en la transformación
de un sector que queremos que siga representando lo que hoy representa
para la sociedad y para la economía españolas. Por lo tanto, estamos en
condiciones de trabajar con el sector, de tal manera que en estos veinte
años que quedan hasta 2040 vayamos acordando con ellos un plan que ayude
a la innovación, la modernización de los procesos industriales, la
capacitación de los mercados laborales y profesionales para poder estar a
la altura de un desafío de algo que está cambiando ya, de una demanda
mundial que está evolucionando muy rápidamente y en la que el sector del
automóvil de España no puede perder el tren. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Mariscal, adelante.
El señor MARISCAL ANAYA: Por tanto, sin cálculo del impacto económico que
tiene la medida; no han hecho ningún estudio ni han hablado con nadie;
tampoco saben las consecuencias indeseadas. Lo que está claro es que
ustedes vuelven a querer ser los primeros de la clase en Europa, y ya
sabemos en España lo que ocurre en materia energética cuando el Partido
Socialista quiere ser el primero de la clase; lo sabemos porque hay una
subida creciente de la factura energética. Por eso lo sabemos; y, además,
lo sabemos por lo que ocurrió recientemente, en los años 2007 y 2008, con
la apuesta por tecnologías que claramente encarecieron la factura
eléctrica. Ustedes se han peleado y no han escuchado ni a las fábricas ni
a las estaciones de servicio ni a la industria auxiliar. ¿Creen ustedes
que alguien va a invertir en España y a fabricar vehículos sabiendo que
el vehículo que han fabricado puede estar prohibido aquí al día
siguiente? De verdad, creo que tienen que hacérselo mirar. El resto de
socios europeos no han prohibido en absoluto ninguna tecnología. Lo que
plantean son objetivos a medio y largo plazo con medidas concretas; unas
medidas concretas como la que usted tiene sobre la mesa, que están
aprobadas por los Presupuestos Generales del Estado; 66 millones de euros
que tiene a su disposición para impulsar el vehículo de energías
alternativas, para impulsar el vehículo eléctrico y para impulsar los
lugares de recarga. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque están
instalados en la radicalidad ideológica en política energética. Así no se
hace la transición energética en nuestro país. Hay que dialogar y hay que
permitir que las familias y las empresas se adapten a esa transición.
La señora MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Señor
Mariscal, me sorprende su demagogia, porque lo que estamos intentando
hacer es precisamente cumplir con esos compromisos internacionales que,
en seguimiento de lo que han sido las advertencias de la comunidad
científica en materia de salud y calidad del aire, han hecho la
Organización Mundial de la Salud, la organización en materia de cambio
climático de Naciones Unidas o la propia Comisión Europea; fijarnos un
objetivo que permita esa senda de reducción de emisiones, que permita esa
mejora de la calidad del aire, los cumplimientos con los compromisos con
la salud de los ciudadanos, fijando 2040 como ese hito en el que no hay
ningún tipo de planificación, más allá de decir que es una buena fecha
para poder limitar las matriculaciones de vehículos que no sean cero
emisiones, por otra parte, en la franja más prudente de los países de
nuestro entorno.
Recordaba el presidente esta mañana que el 85 % de los coches que se
producen en España van destinados a la exportación. El 65 % de los coches
que se producen en España van destinados a países que han introducido ya
limitaciones, prohibiciones y restricciones a los motores de combustión
que generan emisiones entre 2025 y 2030 o 2035. Países, como Noruega, han
adelantado ya que en 2025 no podrán circular; y Volvo se ha comprometido
ya a no producir más coches que no sean híbridos o puramente eléctricos a
partir de 2019. Por tanto, hemos de trabajar con la industria, con los
sindicatos, con los fabricantes, para hacer de esto una verdadera
oportunidad y evitar... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JAVIER RUANO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA:
¿CÓMO VALORA LAS DUDAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA RESPECTO AL
PLAN PRESUPUESTARIO ENVIADO POR SU MINISTERIO? (Número de expediente
180/000869).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Economía
y Empresa. Pregunta del diputado don Javier Ruano García, del Grupo
Parlamentario Popular.
Adelante, señoría.
El señor RUANO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Portada de ABC, señora ministra. (Muestra una portada del periódico ABC).
Señora ministra, como le he mostrado, un importante medio nacional ha
recogido en sus páginas que usted ocultó la constitución de una sociedad
instrumental a través de testaferros para evitar el pago de impuestos.
Además, Bruselas hoy les saca tarjeta roja por poner en riesgo la
estabilidad presupuestaria de España. En este contexto, ¿cómo valora las
dudas planteadas por la Comisión Europea respecto al plan presupuestario
enviado a Europa por su ministerio? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas
gracias, presidenta.
La Comisión Europea está valorando el plan presupuestario remitido por el
Reino de España en coherencia con su evaluación de otros países, con las
circunstancias específicas de nuestro país y con su evaluación en años
anteriores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Ruano, adelante.
El señor RUANO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, su respuesta tiene la misma credibilidad que su
declaración de bienes. Usted no aclara nada. Yo le voy a decir lo que
ocurrió con este asunto. Comunicó por carta a las autoridades de la
Comisión Europea que tenía un aval, un aval inexistente de la AIReF a su
plan presupuestario. Quería asegurarse la simpatía de Bruselas y se pasó
de rosca, y ni siquiera tuvo el coraje de firmar la carta personalmente.
Ustedes marearon a la Comisión y utilizaron al señor Escrivá para
blanquear su plan presupuestario y además aportó información errónea a la
AIReF para conseguir un informe positivo. Señora Calviño, así lo que ha
conseguido es dañar su credibilidad y, lo que es peor, la de España; es
más, le puedo decir que hoy su crédito ante España y ante Europa es cero.
Sinceramente, creo que vino aquí para hacer carrera en Bruselas y lo
siento mucho por usted; me parece que le va a salir el tiro por la
culata. ¿Cómo cree que puede volver a Bruselas con estas cuentas públicas
y además con este escándalo privado? Usted ha hecho con el plan
presupuestario lo mismo que con su sociedad instrumental: ha disparado
los ingresos y ha inflado los gastos para colársela a Hacienda entonces,
en aquellos años, y hoy a la Comisión. Sí, señora ministra, una auténtica
chapuza. Usted hoy entra a formar parte de la historia negra de los
ministros de Sánchez y se suma a la larga historia de ministros que
deberían de haber dimitido y aún no lo han hecho, porque usted ha
ocultado una información que hoy la hubiera incapacitado para desempeñar
las funciones que desempeña. Además, mintió cuando dijo que Bruselas le
había autorizado un objetivo de déficit del 1,8. Señora ministra, le
tengo que decir que cuando llegó al Gobierno de pasarela de Pedro Sánchez
muchos pensamos que usted era una persona rigurosa, seria y capaz. Hoy le
puedo decir que no tiene talla para estar en el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas
gracias, presidenta.
Con respecto al asunto personal que usted ha suscitado, me parece que está
mal informado. He venido aclarando reiteradamente -y espero que esta sea
la última vez que tenga que hacerlo- que no tengo ninguna sociedad, y el
resto de los asuntos, de las historias que inventa el medio que usted ha
enseñado, que supongo que es el único que usted lee, no son sino
tergiversaciones de hechos que son públicos e irreprochables.
Pasando al objeto de la pregunta que usted me ha hecho, de acuerdo con la
información que tenemos, las previsiones de la Comisión Europea, del
Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que se publican hoy y mañana,
están alineadas con las del Gobierno. Los diferentes organismos prevén un
crecimiento robusto en 2019 en nuestro país, una reducción del déficit y
de la deuda pública y también señalan que la prórroga de los presupuestos
arrastrando los gastos sin poder hacer el ajuste estructural de los
ingresos supondría un déficit público superior. Estos organismos también
recomiendan a España que aproveche para reducir la deuda pública en
nuestro país, lo que es incompatible con la reducción de los impuestos
que algunos grupos políticos propugnan. España saldrá el año próximo del
brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las normas que
se exigen en este pacto, en este grupo del pacto, en este tipo de
recomendaciones son más exigentes con lo que respecta al ajuste
estructural. En este sentido, la evaluación de la Comisión Europea de
nuestro país está en línea con la de otros países en una situación
comparable, como Francia, Portugal y Bélgica, y, de hecho, que la
Comisión Europea esté valorando en gran medida los elementos incluidos en
nuestro plan presupuestario es un signo muy positivo de confianza,
teniendo en cuenta que nuestro país, a diferencia de los otros, no ha
podido enviar todavía un proyecto de ley de presupuestos.
Las líneas incluidas en nuestro plan están alineadas con las exigencias
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la cooperación con la Comisión
Europea y la credibilidad son altísimas y creo que esto pone de relieve
la necesidad de que todos los grupos políticos traten de hacer lo mejor
por nuestro país, reducir la crispación y tratar de apoyar un presupuesto
que combine la disciplina presupuestaria con la política social que
reduzca la desigualdad, lo que quieren todos los ciudadanos. (El señor
vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MÍRIAM ALCONCHEL GONZAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL: ¿QUÉ PROYECTOS TIENE EL GOBIERNO ANTE LA PREOCUPACIÓN
SOCIAL QUE ESTÁ GENERANDO LA DIFUSIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE PSEUDOTERAPIAS?
(Número de expediente 180/000859).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Preguntas de la diputada
doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Señora ministra, cada día conocemos noticias
sobre estafas basadas en falsos remedios, en tratamientos milagrosos, en
cómo curar el autismo con lejía, en tratar el cáncer con imanes,
prescindiendo de la quimioterapia, o las lesiones medulares con productos
sin eficacia alguna. Detrás de estas historias siempre hay personas que
pierden dinero, la salud e incluso la vida. Nuestra sanidad pública se
sustenta en procedimientos y fármacos validados, basados en la eficiencia
clínica según los resultados y siempre basados en la evidencia
científica. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad del paciente
a través del control de todos los procedimientos y de todos los productos
que se ofrecen con fines terapéuticos, tanto en el ámbito público como
privado.
Este Gobierno ha anunciado un plan para intervenir ante las actividades
que no están validadas ni cuentan con métodos para demostrar su eficacia.
Es un ejercicio de responsabilidad del Gobierno para proteger la vida y
la salud de las personas, porque hasta en el caso de prácticas que en
principio pudieran parecer inocuas o coadyuvantes a otros tratamientos
contrastados científicamente, si realmente se ofrecen como única
alternativa y como sustitutivas de las indicaciones médicas adecuadas,
pueden producir unos daños en la salud y provocan una pérdida de
oportunidad en el tratamiento médico indicado. Por supuesto, el Estado
debe estar atento y atajar cualquier práctica que directamente sea
peligrosa para la salud o para la vida de las personas. Si en todas las
áreas del conocimiento prima la evidencia científica, el rigor y la
información adecuada, lo que no se puede permitir es que justamente en el
ámbito de la salud no se exijan esos principios. Por eso, deben
controlarse todas estas actividades que conducen a falsas creencias en
cuanto a los resultados que ofrecen. Es necesario lograr además una mayor
concienciación de la sociedad sobre estas actividades que no tienen
eficacia terapéutica alguna. Hay que regular la información, la formación
en las universidades y contar con la participación de las sociedades
científicas,
de los colegios profesionales, de las asociaciones de pacientes y de la
sociedad en general. Por eso, señora ministra, nos gustaría que nos
informase sobre ese plan anunciado por el Gobierno ante la preocupación
social que está generando la difusión y la utilización cada vez más de
las pseudoterapias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Alconchel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces):
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, la Constitución española impone a los poderes
públicos la obligación de proteger la salud de la ciudadanía y las leyes,
la Ley General de Sanidad y leyes consecuentes que han desarrollado esta
responsabilidad de las administraciones públicas, nos indican que debemos
velar por los productos que se registran, por los productos que se
anuncian, por las actividades en los centros sanitarios, que debemos
velar en definitiva por la seguridad de todas las actividades
relacionadas con la salud y por que supongan seguridad para los
pacientes. Pero con frecuencia estamos conociendo por los medios de
comunicación muchos casos, demasiados casos, que significan, bien
directamente por producir daños a la salud o bien indirectamente por el
abandono de productos y de tratamientos seguros y eficaces, lesiones para
la propia salud y también en algunas ocasiones riesgo de muerte. Por eso,
es necesario actuar desde las administraciones públicas, y eso es lo que
estamos haciendo.
En primer lugar, pretendemos mejorar la información a la ciudadanía
elaborando un real decreto que mejore la información y controle la
publicidad de determinados productos y, por otra parte, que los centros
sanitarios que ofrecen servicios a la ciudadanía sean acordes con la
seguridad y la eficacia y sobre todo lo hagan con el método científico.
También en la formación de profesionales, que sigan el método científico,
y que los centros se rijan por la evidencia científica. Finalmente,
estamos estableciendo un diálogo tanto con las comunidades científicas
como con las comunidades profesionales para compartir este plan, para
compartir esta estrategia, para combatir las pseudoterapias, para
combatir la publicidad equívoca y para asegurar que todos los centros
sanitarios que ejercen su actividad en nuestro país lo hagan acorde con
la evidencia científica y que los profesionales que la ejercen dispongan
de una formación acorde con el conocimiento científico. La devoción en
materia sanitaria es al conocimiento. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL: ¿QUÉ BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN APORTA EL DISPONER DE
UN CALENDARIO VACUNAL A LO LARGO DE LA VIDA? (Número de expediente
180/000860).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta del diputado don Jesús
María Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Las vacunas constituyen una
medida de salud pública altamente eficaz, con ellas evitamos miles de
muertes prematuras, mejora la salud de la población pero también reducen
la desigualdad social, porque contribuyen al mejor rendimiento escolar de
los niños y niñas y cuando llegan a personas adultas mejora su
empleabilidad y los ingresos económicos que pueden recibir. Por eso,
constituyen también una extraordinaria inversión social. España está a la
cabeza en cobertura de vacunación infantil, por encima de países como
Alemania, Francia o Reino Unido, por eso este año, en el mes de agosto,
ha vuelto a ser declarada España país libre de sarampión y de rubeola.
Comunidades autónomas como Andalucía han dejado atrás décadas de retraso
y hoy presentan tasas de vacunación infantil superiores a la media
española. Por ello y para poder mantener esos altos niveles de vacunación
en España, necesitamos garantizar un acceso universal a los servicios de
salud de todas las personas, incluso antes de caer enfermas, necesitamos
un sistema de salud capaz de llevar vacunas con calidad y seguridad hasta
el último rincón de España y unos profesionales sanitarios altamente
cualificados, necesitamos vacunas de calidad disponibles y un plan
coordinado vacunal, y necesitamos también unos medios de comunicación
comprometidos con la información veraz y que no den cobertura a estas
falsas teorías antivacunas sin ningún fundamento científico. El Gobierno
del Partido Socialista ha adoptado en
este sentido dos medidas importantes: un proyecto de ley de
universalización de la atención sanitaria y también un real decreto de
uso e indicación de medicamentos por parte de los profesionales de
enfermería, que aporta la seguridad jurídica que estos profesionales
reclamaban también en la administración de estos programas de vacunación,
dejando atrás aquel lamentable real decreto del año 2015 del Gobierno
Popular que ninguneó a la profesión de enfermería.
La semana pasada su ministerio llevó al consejo interterritorial un nuevo
calendario que incluye tanto la edad adulta como la edad infantil, yo le
pregunto qué beneficios puede esperar la sociedad española de este nuevo
calendario vacunal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Fernández.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces):
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría recordar los beneficios que han venido
aportando las vacunas a la humanidad. Después de los saneamientos, las
vacunas han sido las que más muertes han evitado, así como enfermedad y
sufrimiento; por tanto, tienen un valor ya de por sí intrínseco.
Efectivamente, la semana pasada en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobamos un calendario único que tiene unas
condiciones especiales, y es que es un calendario de vacunaciones a lo
largo de la vida; protege a la persona desde antes del nacimiento, porque
hay vacunas que también se administran en la etapa del embarazo para
proteger ya al recién nacido en el momento del nacimiento. Este
calendario único en el conjunto del territorio tiene un valor intrínseco,
porque es un mensaje homogéneo de las autoridades sanitarias sobre la
forma de proteger contra enfermedades evitables mediante inmunización.
Tiene un valor epidemiológico importante porque es una manera más
adecuada y más acertada de inmunizar contra las enfermedades de forma más
eficaz. Y tiene un valor estratégico indudable -conectando con la
pregunta anterior- porque es un arma muy eficaz para combatir las
tendencias que estamos viendo en otros países de negacionismo contra las
vacunas. Por tanto, es un potente mensaje del conjunto de la autoridad
sanitaria, de todas las administraciones públicas responsables de velar
por la salud de la ciudadanía. Es un calendario que protege contra
catorce enfermedades sobre las que existe plena evidencia de que la
inmunización es eficaz para prevenirlas, evitarlas, y también establece
un calendario específico para cada enfermedad, es decir, hasta qué
momento inmuniza contra cada enfermedad, para lograr esa inmunización
eficaz y combatir así estas enfermedades perfectamente evitables. Por
tanto, se trata de prevenir la enfermedad y, sobre todo, dar el mensaje a
la ciudadanía de que eso es lo eficaz y combatir ese peligrosísimo
negacionismo que está apareciendo y que... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA NOELIA VERA RUIZ-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿QUÉ INICIATIVAS TOMARÁ EL GOBIERNO EN LA
LUCHA CONTRA LA LUDOPATÍA QUE GENERAN LAS CASAS DE APUESTAS Y LAS
PLATAFORMAS DE APUESTAS ONLINE? (Número de expediente 180/000874).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora
ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Noelia Vera
Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Señora Vera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para luchar contra la
ludopatía que generan las casas de apuestas online y las casas de
apuestas físicas?
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias.
Señora Vera, recordará usted que el pasado 11 de octubre suscribimos un
acuerdo su formación política y el Partido Socialista para hacer posible
el proyecto de presupuestos, tras diferentes reuniones que hemos
mantenido. Una de ellas fue muy significativa, creo yo, en relación con
cuál es la política que vamos a desarrollar en materia de juego, y se
refiere a todo lo que tiene que ver con el control de la publicidad en
línea, que es la competencia más exclusiva del Gobierno de España, así
como a la posibilidad de armonizar a través de un real decreto la
distinta legislación que existe en diferentes comunidades autónomas para
regular de una forma más estricta las casas de apuestas presenciales, que
son competencia autonómica y que, como usted bien conoce, están
proliferando en nuestros pueblos y ciudades, muchas veces en una cercanía
peligrosa a los lugares en los que estudian las personas jóvenes. Por
tanto, nuestro objetivo es ser capaces de regular dentro de la legalidad
esa actividad para que podamos trasladar un mensaje de sensibilización al
conjunto de la sociedad para que las personas no caigan en la adicción,
en la ludopatía, con toda la carga emocional y económica que eso lleva a
las familias. Cumpliremos el acuerdo que habíamos suscrito. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
Señora Vera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias.
Señora ministra, el problema de ese acuerdo es que parece ser que el
Gobierno ha tirado un poquito la toalla, o al menos eso parece, para
sacar adelante esos Presupuestos Generales del Estado. Llevamos siete
años de retraso para que ese real decreto al final vea la luz, siete años
de retraso en un sector que, además, tiene un código de conducta
absolutamente voluntario y cuyo único organismo de control está formado
por gente supuestamente independiente pero que son las empresas, las
empresas publicitarias, las empresas anunciantes y los sectores de
comunicación que sacan tajada del juego. Mientras tanto, siete años en
los que la sociedad sigue empobreciéndose y sigue viciándose con este
asunto; normalmente, además, las clases que ya están empobrecidas de por
sí. Es verdad que tenemos una Ley de ordenación del juego pero hay que
parar la publicidad ya, y eso no supone mayor esfuerzo que querer acabar
con la publicidad ya, para dejar de ver situaciones bochornosas como las
que estamos viendo de presentadores conocidísimos y famosos de este país
o líderes del deporte de este país que, además, son referencia para
nuestros jóvenes y para los niños, que están beneficiándose y sacando
dinero incitando a que se vicien a este tipo de asuntos. Esto habría que
hacerlo ya. Durante estos siete años que hemos dejado pasar el Partido
Popular, además, ha sido el primero en beneficiarse. Lo veíamos con el
señor Montoro en los Presupuestos Generales de 2018, que decía que para
subir las pensiones no había dinero pero, desde luego, sí que bajó el
impuesto al juego del 25 al 20 %, demostrando que le importaba muy poco
la gente, como siempre. Este asunto es muy serio, lo comparto con usted.
La ludopatía ya no es una cuestión de señores mayores -que también es muy
grave- que se van a jugar a las tragaperras del bar de la esquina, es que
está afectando a nuestros jóvenes cada vez más. Además, los mensajes son
llamativos, son como esas luces de neón parpadeando con luces llamativas,
con colores llamativos, con un señor normalmente famoso, con una sonrisa
tan grande que le brilla algún diente y que te está diciendo: 'Ey, tú,
eres un joven en exclusión social, eres un joven que no tiene ninguna
expectativa de futuro, eres un joven precario que trabaja de sol a sol
por 700 euros, tus padres van a ser desahuciados porque no tienen dinero
para llegar a fin de mes, tú no te preocupes que tenemos la varita
mágica; entra aquí juégate lo poco que te queda, lo poquito que te queda,
que te vamos a asegurar un futuro bien avenido'. Eso es lo que están
diciendo las casas de apuestas y eso es lo que está avalando el Estado...
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, presidente.
Señoría, comparto el riesgo y, por tanto, la peligrosidad que determinan
conductas o actitudes que pueden propiciarse fundamentalmente en la
población vulnerable. Los jóvenes son una población vulnerable, las
personas con escasos recursos económicos son también una población
vulnerable a la permanente tentación de que con la apuesta encuentren una
forma de ganarse la vida o una forma de cambiar su suerte, cuando todos
los que estamos en este hemiciclo sabemos perfectamente lo que implica el
hecho de tener una adicción de cualquier tipo, pero sobre todo en materia
de ludopatía y cómo a veces
se aprovecha ese sistema de las personas que están en peores condiciones y
que incluso están rayando la desesperación. Por eso, es importante que
esta actividad tenga una regulación en cuanto a su publicidad, que no
anime a que esos colectivos acudan a estos centros, pero también le digo,
señorías, que esta es una actividad legal. Por tanto, por ser legal,
tiene que tener un marco donde desarrollarse y, a través del juego
responsable... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- DE DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿CONSIDERA QUE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PUEDEN SEGUIR ETERNAMENTE CON EL ACTUAL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN? (Número de expediente 180/000862).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta de la diputada doña
Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora ministra, ¿va a haber
presupuestos? Y le pregunto: ¿Cree que las comunidades autónomas van a
poder soportar eternamente el sistema obsoleto de financiación
autonómica?
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rodríguez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señor
presidente.
Señora Rodríguez, me gustaría devolverle la pregunta. ¿Está dispuesto el
Grupo Ciudadanos a sentarse para negociar los presupuestos? ¿Van a hablar
ustedes de las cuentas públicas? ¿Creen ustedes que este país se merece
un debate sobre la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas
sociales, las pensiones y el salario mínimo? ¿Consideran ustedes que es
bueno y es conveniente avanzar en esta materia? En la medida en que
ustedes vayan contestando estas preguntas, al igual que el resto de
grupos parlamentarios, podremos seguir avanzando en la negociación de
presupuestos. Pero es obvio que hay algunos que están más por el interés
táctico, puramente electoralista, que realmente por dar una respuestas a
las necesidades de la ciudadanía.
En relación con su pregunta, respecto al modelo de financiación
autonómica, creo que contesté ya en otra sesión que estamos trabajando a
través del grupo de decisión, donde están los directores generales de
comunidades autónomas representando a sus territorios. Espero que podamos
avanzar en cuanto a cuál es el coste estándar de los servicios públicos,
que es un buen punto de partida para luego hablar de las variables de
población y cómo se distribuyen esa cesta de recursos en función de la
idiosincrasia y de la peculiaridad de cada comunidad autónoma. Me llama
la atención, señorías, que ahora estén ustedes demandando en cinco meses
al Gobierno que hable de financiación autonómica, porque creo recordar
que no les escuché en ningún momento pedírselo al Partido Popular.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): No nos escuchó porque usted
estaba más ocupada en Andalucía pidiendo que se reformara la financiación
autonómica y, cuando llegó aquí, cambió de opinión.
Usted ha hablado de si vamos a negociar los presupuestos. Para eso tendría
que venir, dar la cara y explicarlos, porque los papeles que circulan por
Europa o que se pactan en la cárcel a nosotros no nos han llegado y nadie
nos los ha explicado, señora ministra. (Aplausos). Señora ministra, su
Gobierno se ha declarado en rebeldía ante el control parlamentario. Si no
les gusta la mayoría del Senado, se lo saltan. Si se les revelan sus
socios y las mayorías no les dan, funcionan a base de real decreto;
dieciocho van ya y de dudosa urgencia. Están prostituyendo el significado
del real decreto-ley de urgencia. ¿Va a venir esta tarde a la Comisión,
señora ministra? Es fácil, diga sí o no. ¿Va a dejar la silla vacía ante
las cámaras, ante todos los ciudadanos y ante los diputados que vamos a
estar allí sentado esta tarde, señora ministra? Diga sí o no. ¿Qué tiene
más importante que hacer esta tarde, señora ministra? Porque se supone
que lo importante es
obedecer y respetar esa obligación constitucional que tiene, que es la de
que el Gobierno tiene que ser controlado, que tiene la obligación de
comparecer ante las Cortes. Sinceramente, y se lo digo de corazón, espero
que esta tarde, señora ministra, no esté de campaña, porque desde el
pasado 6 de junio hasta hoy han cambiado muchísimas cosas. Hasta el
pasado 6 de junio usted era la adalid de la financiación autonómica;
cuando llega al Gobierno dice lo contrario. Deje de mentir a los
andaluces, deje de mentir a todos los ciudadanos de nuestro país.
Reconozca de una vez por todas que ha mentido todos estos años. Reconozca
también que esta tarde no quiere venir porque no le apetece en absoluto
dar la cara. Queremos que nos explique en Comisión esos presupuestos que
usted ahora dice que quiere negociar. Nosotros con los que quieren romper
este país no vamos a negociar ningún presupuesto, señora ministra.
Incluso con los que les escupen y ustedes luego les ponen la manita para
que negocien con ustedes. Si no quiere venir, explique por qué no va a
venir. Pero le digo una cosa, ayer un compañero suyo le preguntaba al
presidente de mi partido, y futuro presidente de España, qué hacía aquí
defendiendo una iniciativa y por qué no estaba en la campaña de
Andalucía. Lo que hacía el presidente de mi partido ayer aquí defendiendo
una iniciativa es lo que usted no va a hacer esta tarde: hacer su trabajo
y dar la cara ante los españoles. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rodríguez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
presidente.
Señora Rodríguez, me parece absolutamente lamentable que su grupo
parlamentario dé cobertura a una actitud unilateral de la Comisión de
Presupuestos de esta tarde, cuando esta tarde esta ministra participa en
la Cumbre con Portugal. (Aplausos).
No sé qué importancia le dan ustedes a eso, pero lo que sé es que es la
primera vez que en este Congreso de los Diputados, cuando se cita a un
ministro con cinco días de antelación, no se le da opción de cambiar la
fecha. ¡Es la primera vez! (Aplausos).
Espero, señoría, que tomen ustedes notas, ya que así no se puede hacer la
política, ya que hay unas determinadas normas que rigen las comisiones
que permite que se puedan conciliar las agendas del Gobierno. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): ¡Silencio, señorías!
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Por tanto acudiré a la
Cumbre con Portugal, como estaba previsto, y acudiré a la sesión
parlamentaria de la Comisión cuando podamos conciliar esa fecha, espero
que pronto, si el presidente de la Comisión tiene a bien hacerlo.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra. (La señora ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡Dándole
cobertura, vamos!).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CAMPUZANO), SOBRE LA POLÍTICA DEL
GOBIERNO DESTINADA A DOTAR DE INDEPENDENCIA A LAS MÁXIMAS INSTANCIAS DEL
PODER JUDICIAL. (Número de expediente 172/000163).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a tratar el siguiente
punto del orden del día: interpelaciones dirigidas al Gobierno.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre
la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas
instancias del Poder Judicial.
Para su defensa tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó. (Rumores).
Les ruego silencio, señorías.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Hoy no es que las altas instancias
judiciales no estén dotadas de independencia, tampoco es ya que la
separación de poderes no está ni se la espera, sino que el problema de
fondo hoy es que ya ni siquiera la Transición española reviste aquella
ejemplaridad que retóricamente se ha venido proclamando. Hoy constatamos
que las perversiones del sistema judicial español son estructurales, y
eso significa que esas perversiones radican en lo más hondo de una
arquitectura que no esta sabiendo dar respuesta solvente ni a los
numerosos casos de corrupción que han azotado la vida
política española ni tampoco a las legítimas, pacíficas y democráticas
aspiraciones de más del 80 % de los catalanes que piden votar y
determinar su futuro en referéndum.
El Estado, sus instituciones, desde la Corona al Poder Legislativo,
pasando por el Poder Judicial e incluso por alguna parte de la prensa,
consienten hoy escándalos como, por ejemplo, el protagonizado por el
anterior ministro del Interior del Gobierno Popular del que se descubrían
conversaciones en las que admitía que tiene fiscales de confianza que
afinan expedientes, y no se consiguió que esta Cámara abriera ni una sola
Comisión de investigación porque su grupo, el Grupo Popular, y la
comparsa de Ciudadanos, lo evitaron. Escándalos como las filtraciones de
informes apócrifos del Ministerio del Interior que acusaban impunemente
al entonces alcalde de Barcelona, don Xavier Trias, que se ha acreditado
que fueron mentiras y que le costaron las elecciones municipales, que por
cierto tampoco la señora Colau se ha disculpado por haber dado pábulo a
estas mentiras. Escándalos como la vulneración del derecho a la libertad
de expresión persiguiendo a artistas, titiriteros o raperos por el
contenido de las letras de unas canciones. Escándalos como las palabras
de un irresponsable Jiménez Losantos que instiga a poner bombas en bares
de Baviera y sean pocos, poquísimos los que denuncien tal enaltecimiento
de la violencia. Escándalo es la violencia que perpetraron las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado el día 1 de octubre atizando y viniendo a
pegar a ciudadanos indefensos en Cataluña, cuando lo único que querían
era votar. Es un escándalo, señora ministra, que se toleren e incluso se
vean con simpatía las expresiones de los fascismos más horribles, de
enaltecimiento del dictador, de enaltecimiento de símbolos
preconstitucionales, y que nadie actúe en defensa de los derechos
constitucionales que supuestamente están vigentes. Es un escándalo que se
considere patriótico que Felipe VI se permita un tono desafiante,
impropio de una monarquía europea, aplaudiendo la represión el día 1 de
octubre y con ello dé la espalda, como mínimo, a la mitad de la población
de Cataluña, que ve hoy la monarquía como una institución enquistada y
heredera directa del 'atado y bien atado'. Hoy España tiene presos
políticos, hoy España tiene personas en la cárcel, sin juicio y sin
sentencia, en prisión preventiva. Y resulta, señora ministra, que no han
traspuesto la Directiva 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 marzo 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados
aspectos de presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el
juicio. Si esa directiva estuviese traspuesta la vicepresidenta de su
Gobierno no hubiese podido hacer manifestaciones de la suerte de: están
en la cárcel por haber cometido delitos. Esto es una vulneración de la
presunción de inocencia, y aquí no pasa nada.
Dicho esto, señora ministra, quiero destacar que la convivencia con
naturalidad con todas estas manifestaciones tan impropias de una
democracia sin duda debe atribuirse a las deficiencias de diseño
democrático de las que adolece el Estado español, y una de estas
deficiencias la encarna sin duda la cúpula judicial. Hoy el Valle de los
Caídos se encuentra en la cúpula judicial española. Quiero aprovechar
ahora en este punto para excluir a todos los jueces y juezas, magistrados
y magistrados que día a día hacen sus funciones en los órganos de
instancia, de instrucción, de lo mercantil, de lo social, que se
enfrentan a dificultades como la falta de presupuesto o los recursos
antiguos. Evidentemente excluimos a todas estas personas que se esfuerzan
diariamente por hacer una justicia de proximidad al ciudadano.
Señora ministra, en las altas instancias judiciales debemos hablar de lo
que algunos han llamado un repóquer institucional en la degradación
judicial del Estado de derecho. Está conformado este repóquer por la
Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la
Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Incluso el Consejo de Europa ha destacado reiteradamente las deficiencias
del Poder Judicial español en relación con los criterios de independencia
e imparcialidad, y no es de extrañar. (La señora vicepresidenta, Navarro
Garzón, ocupa la Presidencia). Tenemos una Audiencia Nacional, señora
ministra, que es un tribunal continuador del tribunal de orden público, a
su vez continuador del tribunal especial para la represión de la
masonería y el comunismo. Esta Audiencia Nacional, un órgano
centralizador, un órgano que vulnera el derecho de los ciudadanos al juez
ordinario, un tribunal con una vis atractiva centralizadora, es
evidentemente un tribunal que hoy no tiene ningún sentido, por lo que se
impondría una reforma judicial en la que se aboliese, se cerrase la
Audiencia Nacional.
Tenemos un Tribunal Supremo de nuevo centralizador, porque es la última
instancia de los recursos que se presentan, un tribunal cuyos miembros
son nombrados a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, un
Consejo General del Poder Judicial nombrado por esta Cámara, que es un
auténtico brazo político. Y debería entenderse que cuando se nombra un
vocal del Consejo General del Poder Judicial por parte de esta Cámara la
inmisión política debería desaparecer y perder la connotación política
que hoy tiene ese vocal del Consejo General del Poder Judicial, que
debería ser nombrado con escrupuloso
seguimiento de mérito y capacidad y de entre toda la carrera, no solo de
entre la mitad de los jueces que hoy están asociados, evidentemente en
asociaciones con tintes ideológicos.
Es necesario, señorías, señora ministra, que se juzgue desde la proximidad
para acercar las altas instancias al territorio y al justiciable; cumplir
con las disposiciones estatutarias y constitucionales; desplegar los
consejos generales de justicia, porque los órganos centralizados y únicos
son contrarios a los principios de independencia judicial y al derecho a
un juicio con todas las garantías. Señora ministra, ¿qué reformas tiene
previstas para devolver la independencia perdida a la justicia española?
No es un tema menor. Hoy usted lidera este ministerio. Después hablaremos
del escándalo al que estamos asistiendo en la renovación del Consejo
General del Poder Judicial. Tiene un reto, usted es la notaria mayor del
Reino, evidentemente no pasa ese reto de solución para seguir el ejemplo
del Partido Popular. ¿Qué piensan hacer la ministra de Justicia y el
Partido Socialista Obrero Español para dar salida a esta falta absoluta
de independencia del Poder Judicial? Y soy consciente de que lo que estoy
diciendo desde esta tribuna es gravísimo, la escucharé con atención,
señora ministra, porque creo que es un debate interesante, necesario y
urgente de abordar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i
Buldó.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra
de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, señora Ciuró, en mi comparecencia ante esta Cámara
-concretamente ante la Comisión de Justicia- el pasado mes de julio, para
presentar lo que serían las líneas generales de mi departamento, dediqué
una buena parte de la intervención a detallar uno de los ejes que
conformaban mi labor al frente del Ministerio de Justicia, el de la
transparencia. Y la razón era muy clara, cuando hicimos el diagnóstico de
cómo estaba la situación de la justicia, y especialmente un diagnóstico
de cómo se encontraba el departamento que comencé a dirigir, nos dimos
cuenta de que uno de los mayores problemas es la falta de confianza de
los ciudadanos en la justicia. Hay una gran brecha entre la ciudadanía y
la justicia. Una de las preocupaciones era que se habían multiplicado las
injerencias del Gobierno del Partido Popular en la justicia. Asimismo
detectamos que la comunicación entre el Gobierno -en este caso el
Gobierno del Partido Popular- y el fiscal general del Estado se había
caracterizado por su opacidad absolutamente oscurantista. Se habían
multiplicado las descalificaciones a los profesionales de la justicia
cuando no se resolvían los asuntos conforme a los criterios políticos de
algunos grupos políticos. Prueba de ello la hemos encontrado en el
mensaje del señor Cosidó a su propio grupo parlamentario en el Senado. No
vamos a repetirlo, ya se ha conocido, es conocido por todos y es
absolutamente vergonzoso ese juego y ese desprecio.
Con este estado de cosas una de las principales obligaciones que asumí
como ministra de Justicia fue la de proteger la independencia de los
jueces, los magistrados y las magistradas y la autonomía del ministerio
fiscal. En ello hemos mantenido todo nuestro empeño. Una democracia que
se digne de tal nombre debe hacer todo lo posible por eliminar cualquier
duda que pueda hacer pensar que el Poder Judicial está sometido a
controles externos o a presiones que limiten su trabajo. Este Gobierno ha
asumido esta obligación con total convencimiento, y en los cinco meses
transcurridos desde nuestra llegada al Ejecutivo hemos dado pasos en esa
dirección. Un primer paso, señorías, ha sido el impulso a la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir medidas de refuerzo a
la independencia de los jueces y de las juezas. En esta reforma -con un
amplio acuerdo- se han introducido medidas como las que ponen fin al
sistema presidencialista de funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial. Se recupera así la condición de órgano colegiado del consejo,
formado además por vocales dedicados en exclusiva a su trabajo en el
órgano de gobierno de los jueces. También en esta reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial se han ampliado las competencias del pleno
del consejo, reduciéndose la lista de aquellas que correspondían antes
solo a la comisión permanente. Además se han establecido criterios
objetivos para tener en cuenta en el procedimiento de designación de los
magistrados del Tribunal Supremo, y se ha limitado el mandado para los
altos cargos orgánicos del Poder Judicial.
En lo que se refiere a la forma o al sistema de elección de los miembros
del Consejo General del Poder Judicial estamos en contra de la elección
corporativa; creemos que debe ser una elección parlamentaria como la
actual. Voy a dar algunas razones, porque esta es la postura que tenemos.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional mixto,
que ejerce multitud de funciones que van más allá de los temas
corporativos judiciales, y que afectan a la sociedad en general.
El modelo corporativo sería defendible si no estuviéramos ante el elenco
de competencias que tiene el actual Consejo General del Poder Judicial.
Son materias que no solo son meramente administrativas, sino que tienen
mucho que ver con el adecuado ejercicio de la función judicial en
relación con y al servicio de la ciudadanía, compartiendo muchísimas
funciones con el Ministerio de Justicia, con las comunidades autónomas y
con otras instituciones del Estado. Hablar de aproximación a la
ciudadanía, de la paridad, de la igualdad, de la lucha contra la
violencia de género y contra la corrupción; hablar de modernización de la
justicia y de cooperación internacional, especialmente contra el
terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, es hablar también
de política judicial y de política criminal. Y, señorías, para ejercer
estas facultades no basta una mera legitimidad corporativa; se requiere
una legitimidad democrática que hoy por hoy, tal como está el sistema,
solo la puede otorgar el Parlamento, la casa del pueblo, el pueblo.
Como bien sabe el artículo 117 de nuestra Constitución señala que la
justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y
magistrados. Y, por lo que decía anteriormente, entendemos que forma
parte de nuestro sistema democrático que los miembros del Poder Judicial
estén sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de sus
representantes, a través de los representantes del pueblo. El actual
sistema de elección cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y
combina de manera ajustada las aspiraciones profesionales de jueces y
magistrados con los intereses generales. En cualquier caso, como también
anuncié al iniciar mi mandato, tenemos intención de establecer mecanismos
de valoración efectiva de los méritos de los candidatos al Consejo
General del Poder Judicial. Además pretendemos implementar un sistema en
el que los candidatos puedan defender sus méritos, presentar su proyecto
de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz
por parte de otro poder del Estado. En este sentido, señorías, el
currículum y el proyecto de cada uno de los aspirantes deben ser públicos
para que puedan ser conocidos y valorados por la ciudadanía, con el fin
de asegurar el máximo grado de conexión entre el sistema judicial y la
sociedad. Pretendo poner en marcha un mecanismo que ofrezca a los
ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria
competente aquellas cuestiones que, debidamente sistematizadas y
calificadas por aquella, estén referidas a aspectos que deben exponer los
candidatos y las candidatas. Para ello serán convocados asociaciones y
colegios profesionales, sindicatos y organizaciones de consumidores y
usuarios, entre otros agentes sociales que están interesados -claro que
sí- en el funcionamiento de la justicia. En cualquier caso entendemos que
no basta con incrementar la transparencia en las relaciones entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Creemos que es fundamental reforzar
los mecanismos que garanticen la independencia judicial, tanto respecto a
otros poderes del Estado como frente a las presiones o injerencias de
cualquier tipo. Es importante mantener la independencia en la elección de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de las altas
instituciones de la justicia, pero también hay que preservar la
independencia judicial de las presiones que desde los grupos políticos se
pueden ejercer sobre la justicia. Por ello está en nuestra hoja de ruta
atender una de las reclamaciones que las diferentes asociaciones de
jueces y juezas vienen pidiendo desde hace tiempo, que es contar con un
mecanismo de amparo eficiente que proteja su independencia a la hora del
ejercicio jurisdiccional.
Este Gobierno es un firme defensor de la independencia judicial. Atrás
quedaron los tiempos en los que los jueces y los fiscales se veían
molestados en su función por parte del Ejecutivo. Se acabaron ya las
llamadas para interesarse por casos concretos. Se acabaron ya las
maniobras para apartar a determinados jueces o fiscales molestos para el
poder político. Por primera vez en muchos años las comunicaciones entre
el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado se hacen
conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: por escrito, con luz
y taquígrafos, siendo público el contenido de esas comunicaciones.
Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, señorías, pero tenemos una
determinación firme de ese respeto a la independencia y ese respeto a la
autonomía del ministerio fiscal. Estamos siendo exquisitos en el respeto
a la independencia de nuestros jueces y nuestros fiscales, y va a seguir
siendo así, no le quepa la menor duda. Vamos a seguir trabajando para que
efectivamente el próximo informe del Greco no sea un hecho del que nos
tengamos que avergonzar, como hasta ahora. Vamos a seguir trabajando para
que esas recomendaciones se plasmen cuanto antes. Son recomendaciones en
dos sentidos, para garantizar la independencia del Poder Judicial
efectivamente, y también para garantizar la inexistencia de corrupción en
ámbitos judiciales, y lo vamos a hacer porque estamos convencidos de la
fortaleza de nuestra democracia, y estamos convencidos de que esa
fortaleza reside en la salud de las instituciones y en la separación de
poderes, en un sistema de contrapesos. Desde luego
estamos convencidos de que situaciones como las provocadas por el indigno
mensaje emitido por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado no puede volver a repetirse. Aquí nadie en la trastienda debe
controlar la independencia judicial, debe manipular a la justicia
(aplausos), porque eso es dejar a magníficos profesionales que están
desarrollando el ejercicio jurisdiccional a los pies de los caballos,
generar un manto de dudas sobre ellos. Eso no se puede permitir, y no lo
puedo permitir como ministra de Justicia. (Aplausos).
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, ministra.
Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, como en aquella película Tú la letra, yo la música, usted
le ha puesto la letra y se puede leer bien, queda clara, queda diáfana e
incluso retrata una Arcadia feliz alejada de lo que es hoy en día el
drama de la justicia y de la cúpula judicial en España. Yo le voy a poner
la música, y para mí esta música desafina, porque mientras usted me habla
de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial quiero recordarle que
ha sido una reforma que se ha hecho por la puerta de atrás, que se ha
aprovechado que entró en el Congreso de los Diputados la ley orgánica
para la reforma de permisos y licencias de los funcionarios públicos de
justicia para, vía más de cincuenta enmiendas del Partido Popular,
modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial; una reforma que ha acabado
hoy en el Senado y que resulta que, a pesar de que se haya hecho esta
reforma como consecuencia de las enmiendas del Partido Popular, al final
también pactadas con el PSOE y con Podemos, y dice cuál es la composición
del Consejo General del Poder Judicial, hoy el Consejo General del Poder
Judicial está prorrogado porque no hay una reforma como consecuencia de
todo lo que ha sucedido con el escándalo del juez Marchena, al que me
quiero referir. Un escándalo supino cuando resulta que aparece el nombre
de quien va a presidir el órgano de gobierno de los jueces, salta a la
palestra el nombre de esta persona y no pasa nada, mientras resulta que
este nombramiento tenía que correr a cargo de los vocales del consejo
general, que tenían que haberse nombrado y que aún no estaban nombrados,
y no sucedió nada. El señor Marchena tarda una semana en dimitir después
de que el señor Cosidó, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, dice que controlan así al Supremo por la puerta de atrás. Es
decir, que todos tranquilos, que aunque el PSOE tenga mayoría en el
consejo, nosotros gobernaremos al TS por detrás, y además también la Sala
61, que es aquella que conoce de los aforamientos. Un escándalo
auténtico, y es entonces cuando el señor Marchena dimite.
Esta semana que el nombre del señor Marchena estaba en los periódicos,
¿esta persona debía conocer -no sé, pregunto-, estaba al tanto de las
idas y venidas de los nombres, de las tachas de personas que no tenían
que estar, de personas que sí tenían que estar? ¿Conocía el señor
Marchena todo esto, y por tanto en connivencia y durante una semana
consintió el manejo de nombres de unos y otros para que los veinte que
conformasen el consejo pudiesen votarle sin ningún problema? Ahora
sorprende que se erija en el paradigma de la imparcialidad, que no esté
de acuerdo con que haya salido su nombre, y que la mayoría de la opinión
pública y política aplauda tal imparcialidad. ¿No se dan cuenta de que
hay un problema endémico y estructural que no se soluciona si no se
abordan reformas de verdad? Usted ha hablado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, de la voluntad de transparencia, de restablecer la confianza,
de proteger la independencia, pero, ¿cómo, si estamos asistiendo cada día
a un escándalo tras otro, y hoy tenemos todo el riesgo de tener un
Consejo General del Poder Judicial prorrogado? Me parece que es de
extrema gravedad que usted, señora ministra, actúe aquí como si no pasase
nada.
No dudo de que usted tenga toda la voluntad de intentar hacer reformas,
pero, ¿qué perseguía usted cuando estuvo al mando de todas las
negociaciones para elegir a los vocales? Me gustaría que me explicase,
señora ministra, en qué se está pensando cuando se negocian los vocales
que van a ser miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ustedes
piensan que tienen que ser personas de reconocido prestigio, que tendrán
autonomía para hacer y deshacer con relación a sus atribuciones, y que
evidentemente nadie va a decirles a quién tienen que nombrar o a quién
tienen que no nombrar; que se hará lo posible para que los jueces que
esperan a promocionar en su carrera judicial legítimamente no se sientan
compelidos a actuar de determinada manera para ser del agrado de aquellos
que les tienen que nombrar para ocupar las altas instancias judiciales?
Me gustaría saber qué es lo que piensa una ministra de Justicia cuando
tiene la enorme responsabilidad de renovar el Consejo General del Poder
Judicial.
También me gustaría saber, señora ministra, si piensan trasponer esta
directiva, la directiva que protege la presunción de inocencia. Para
nosotros es importante que se dejen de verter algunas aseveraciones a las
que nos tienen acostumbrados muchos grupos parlamentarios, entre ellos
Ciudadanos, o determinada opinión pública.
Como le digo, señora ministra -y termino-, la letra suena bien, parece que
viviera usted en una Arcadia feliz y que la justicia sea el paradigma del
bien hacer, pero la música desafina, señora ministra, y hoy tenemos un
reto, el del Consejo General del Poder Judicial, que está siendo el
hazmerreír de Europa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i
Buldó.
Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
Señora Ciuró, no sé si mi letra y mi música sonarán bien, mal o regular,
pero a mí la letra de su proyecto de constitución de la república
catalana en lo que se refería, por ejemplo, al nombramiento del
presidente del Tribunal Supremo no me gustaba nada, porque era elegido,
ni más ni menos, que por el Ejecutivo. Realmente esa letra no cuadra muy
bien con unos criterios respetuosos con la independencia judicial. En
cualquier caso le voy a pedir que no nos meta a todos en el mismo saco,
porque no todos somos iguales cuando hablamos de independencia de
nuestros jueces y de nuestros magistrados. No podrá atribuir usted a
ningún miembro de este Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista una
frase tan vergonzante -lo vuelvo a repetir, porque me parece gravísimo-
como la de Cosidó en su grupo de wasap -no lo va a oír decir a este
Gobierno ni a este grupo parlamentario- en relación precisamente con la
Sala segunda del Tribunal Supremo, que es la que va a juzgar uno de los
casos más graves de nuestra democracia y que más afectan a la convivencia
de todos los españoles. Este Gobierno tiene muy clara la separación de
poderes, y ha sido, es y seguirá siendo escrupuloso con la independencia
-lo repito una y mil veces- de los jueces y los fiscales.
La segunda cosa que le quiero decir es que no nos pida que nosotros
actuemos como hacen aquellos a los que está criticando. No puede pedirle
a este Gobierno que haga ningún tipo de presión en sentido alguno para
condicionar la acción de nuestros jueces y de nuestros fiscales. Las
actuaciones de jueces y magistrados solo corresponden ser valoradas por
el Consejo General del Poder Judicial, y al Ejecutivo y al Legislativo
solo nos queda respetar y acatar las resoluciones de los órganos
judiciales. Una cosa distinta es que, dentro de las competencias
normativas que la Constitución nos atribuye, tratemos de cambiar las
cosas a futuro gracias a la actividad normativa del Gobierno y de las
Cortes, como, por ejemplo, el último caso del impuesto sobre actos
jurídicos documentados que tuvimos la urgente necesidad de modificar. No
pueden criticar que hagamos lo que otros hacen porque nada tenemos que
ver con ellos; nada tenemos que ver con ellos.
Ustedes tampoco pueden entrar a valorar la actuación de jueces y fiscales.
Tienen que dejar a la justicia seguir su camino y que ese camino se haga
sin el ruido de fondo, sin frases de descrédito a los integrantes del
Poder Judicial y sin acusaciones infundadas de parcialidad. La mejor
manera de respetar la independencia del Poder Judicial es dejar que
jueces y fiscales trabajen. Las querellas contra jueces instructores, las
declaraciones altisonantes contra los autos de los magistrados, las
descalificaciones contra los fiscales o las peticiones al Gobierno para
que intervenga en el curso de los procedimientos judiciales son, también,
una muestra de presión y de falta de respeto a la independencia del Poder
Judicial. España es un Estado de derecho con unas instituciones
democráticas consolidadas y las críticas a la calidad de la justicia
española siguen el ejemplo de quienes presionan a los jueces para el
logro de sus objetivos particulares.
Señorías, el Poder Judicial no está para dar satisfacción a los intereses
particulares. El Poder Judicial debe estar para dar satisfacción
exclusivamente a la justicia y a los ciudadanos. Ayer conocíamos que el
Partido Popular introducía una enmienda para cambiar el sistema de
elección de los vocales al Consejo General del Poder Judicial, como una
cortina de humo para tapar la vergüenza del mensaje del señor Cosidó; del
señor Cosidó y del señor Casado. Es una burla a la ciudadanía; han
introducido una enmienda de 1980, en la que ni siquiera han corregido los
anacronismos y la terminología; hablan de audiencias territoriales y de
jueces de distrito. Eso es una burla a la ciudadanía; eso es una burla a
la independencia judicial. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora
ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL
GOBIERNO EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN. (Número de expediente 172/000164).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las
políticas del Gobierno en el empleo y la formación. Para su defensa tiene
la palabra la señora España Reina.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, la última vez que gobernó el Partido Socialista España
nos dejó un panorama bastante desolador en materia de empleo; se cerraron
222 000 pequeñas y medianas empresas; 250 000 autónomos tuvieron que
cerrar sus negocios; 3 millones y medio de españoles perdiendo su empleo,
de los cuales 1 400 000 eran mujeres; el número de jóvenes parados se
incrementó más de un 50 %; las pensiones congeladas; la Seguridad Social
en déficit; recorte del 5 % del sueldo a los funcionarios; es decir, esa
es la herencia que dejó el Partido Socialista de Zapatero.
Frente a esto, el Partido Popular consiguió romper la inercia de
destrucción de empleo gracias, precisamente, a las profundas reformas que
se realizaron, y hasta mayo de este año 2,8 millones de españoles han
encontrado un empleo; 222 000 jóvenes han encontrado un empleo, con lo
cual ya hay un millón de jóvenes trabajando; hemos recuperado todo el
empleo femenino destruido durante la crisis; la brecha salarial está en
mínimos históricos; se ha reducido el déficit del 9,6 al 3,1 %; hemos
triplicado el número de empresas exportadoras y ahora somos el segundo
país exportador de la Unión Europea, tras Alemania; y tenemos unos
presupuestos aprobados que suben las pensiones, que bajan impuestos como
el IRPF, que suben el sueldo de los funcionarios, que apuestan por los
jóvenes como ese complemento salarial de 430 euros; que apuestan por la
equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil, y que
apuestan por los autónomos y por seguir creando 500 000 empleos al año.
Ese es el legado y la herencia del Partido Popular, señora ministra, pero
en junio llegaron ustedes con 84 diputados y una moción de censura
apoyada por los populistas de Podemos, por Bildu y por los
independentistas que quieren romper España. ¡Vaya compañeros de viaje!,
como hoy hemos comprobado en la sesión de control.
Los continuos anuncios y globos sonda del Gobierno nos hacen ser
pesimistas sobre la capacidad del PSOE en materia laboral, porque, señora
ministra, ustedes no gobiernan, ustedes desgobiernan: van dando palos de
ciego y solo aciertan cuando rectifican. Hay una frase célebre que dice
que errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios, pero,
claro, señoría, rectificar a diario es de ignorantes. Los datos de la EPA
demuestran que ha llegado el Partido Socialista. En el segundo trimestre
de la EPA, cuando gobernaba el Partido Popular: 469 000 empleos creados;
tercer trimestre de la EPA, con el Partido Socialista: 183 000 empleos
creados, menos de la mitad del empleo que se creaba con el Partido
Popular. Pero hablemos de precariedad. Segundo trimestre de la EPA, con
el Partido Popular: 50 % de contratos temporales; tercer trimestre, con
el Partido Socialista: 86 % del total son contratos temporales, se
incrementa la precariedad. Hablemos de contratos indefinidos. Segundo
trimestre, con el Partido Popular: 231 000 contratos indefinidos, empleos
indefinidos; tercer trimestre: 25 000, señora ministra, un 50 % de
indefinidos con el Partido Popular y un 14 % con el Partido Socialista.
Esa es la foto del PSOE: una drástica bajada en la creación de empleo y
una subida drástica en la temporalidad.
Estamos muy preocupados. En cinco meses ha subido el paro: hay más mujeres
paradas, hay más jóvenes parados y hay menos autónomos en España. Pero
hablemos de las políticas activas de empleo. Está claro que la formación
profesional es fundamental para la creación de empleo; es la clave para
la empleabilidad, para volver al mercado de trabajo, y hay que poner en
valor la ley que hizo el Partido Popular, la Ley de formación profesional
para el empleo, en la que hubo un amplio consenso parlamentario, del 90
%, que también estaba negociada con los sindicatos. Ahora parece, por lo
que hemos escuchado, que ustedes quieren cambiar la ley, quieren cambiar
la FP dual que impulsó el Partido Popular. Al final, señoría, eso es
dinamitar el diálogo social y el consenso parlamentario que tiene esta
ley.
Anuncios que han hecho ustedes: reducción del número de contratos a tres
-eso ya figura en el acuerdo de legislatura que tenían PP y Ciudadanos y
que además se presentó en la Mesa del Diálogo Social-; un plan de choque
por el empleo juvenil: lo que ya estaba firmado, un plan de choque por el
empleo juvenil con Comisiones, CEOE, Cepyme, UGT y el Gobierno de España,
solo que le añaden ahora que van a contratar a 3000 orientadores. Dijo el
presidente del Gobierno recientemente que era una prioridad la formación
profesional: había que mejorar la robótica, el big data, la
ciberseguridad. Es decir, a lo que se estaba refiriendo era al Plan de
formación en competencias digitales que aprobó la ministra
Báñez y que estaba acordado ya con los interlocutores sociales. Yo le
pregunto: ¿Qué pasa con el Plan Anual de las Políticas de Empleo? ¿Qué
pasa con el bono juvenil de los 430 euros que impulsó el ministerio?
¿Cómo va la garantía juvenil? ¿Qué pasa con la protección por desempleo?
Porque sabe usted que nosotros, el Partido Popular, aprobamos un subsidio
como enmienda en los presupuestos, pero, claro, teniendo ustedes seis
meses hasta enero y habiendo bajado la tasa de paro del 15 %, este
subsidio decaerá. ¿Y la renta mínima? Ya no le preocupan tanto los
españoles que están en situación de pobreza.
Como le decía, estamos muy preocupados porque uno de cada cuatro parados
es andaluz. Fíjese usted, en Andalucía, hay casi un 23 % de paro y casi
900 000 parados. Andalucía es la única comunidad autónoma donde no ha
habido alternancia de Gobierno, donde los socialistas gobiernan desde
hace ya cuarenta años y es la región con más paro de Europa y de España:
un 40 % de la población está en riesgo de exclusión social. Resulta que
ahora volvemos a ser de las más pobres de la Unión Europea; después de
cuarenta años, volvemos al vagón de cola. Usted decía ayer que era
necesario formarse en conocimiento y en aptitudes. ¿Qué le parece a usted
que con la tasa más alta de paro el dinero de los parados, el dinero de
la formación se haya gastado para reformar la sede del Partido
Socialista, que el dinero de los parados se haya gastado en pagar a
exalcaldes y enchufados del Partido Socialista, que el dinero de los
parados se haya gastado en juergas, en cocaína y en prostíbulos? ¿Qué
piensa usted de los cuarenta años del PSOE en Andalucía? ¿No piensa usted
como ministra de Trabajo que los andaluces se merecen otro Gobierno,
señoría? Esto no es insultar a Andalucía, ya salen ustedes con el
maltrato de que esto es insultar a Andalucía. No, insulta a Andalucía
quien la maltrata y quien le quite oportunidades. ¿Usted cree que es
justo que en mi tierra, en Andalucía, los parados no se puedan formar,
que el dinero de los parados se haya gastado en comilonas, en
prostíbulos, en yeguas alemanas? Durante cinco años no ha habido
formación, se han devuelto casi 1700 millones de euros al Ministerio de
Empleo de políticas activas de empleo y de formación profesional. ¿Esto
es defender a los trabajadores? ¿Esto es apostar por la formación? ¿Usted
cree que el PSOE lo ha hecho bien en materia de empleo en Andalucía, en
la comunidad autónoma con más paro? Es una vergüenza, es insoportable y
es indecente, señoría.
La política de empleo en Andalucía está judicializada y está acorralada
por el fraude. ¿Usted cree que esto se soluciona con un plan de empleo en
Andalucía? Por desgracia, hablar de empleo en Andalucía es hablar de
fraude y del Partido Socialista, el socialismo del enchufe, el socialismo
de los ERE, que lamentablemente tanto daño ha hecho a Andalucía. Ahí
están los ERE, 855 millones de euros, el mayor escándalo de la
democracia, un auténtico expolio de los fondos públicos de empleo, donde
se daban sin control y sin procedimiento, corrupción institucional con
dos expresidentes y veinte ex altos cargos sentados en el banquillo, un
sistema opaco y discrecional de reparto de subvenciones para comprar la
paz social, para comprar votos y ganar elecciones. O ahí está el
macrofraude de las subvenciones de formación, un chiringuito de ex altos
cargos públicos socialistas y amigos del PSOE. O la FAFE, fundación para
el empleo o para el enchufismo, un agujero negro por donde se ha escapado
el dinero que iba a destinarse al desempleo: tarjetas black, 80 000 euros
en clubes de alterne, en hoteles, etcétera. Y la UCO diciendo que llevan
dos años esperando el informe de la Consejería de Empleo. O ahí está lo
que ha salido recientemente, setenta localidades de Huelva con ayudas
falsas del Profea, el antiguo PER. Se daban ayudas a los pueblos en época
electoral para obras municipales que nunca se hicieron.
Señora ministra, no puede ser. No puede ser que el dinero de la formación,
el dinero de los parados en Andalucía, se haya ido por el camino corrupto
de los ERE. No puede ser que llevemos cinco años sin formación en
Andalucía y que los parados andaluces no se puedan formar porque la
gestión nefasta del Partido Socialista ha devuelto 1700 millones de euros
al ministerio, al Gobierno de España. No puede ser que seamos la
comunidad autónoma con más paro de Europa y de España. Señora ministra,
usted estará de acuerdo conmigo en que el fraude de los ERE y de la
formación en Andalucía es una vergüenza, es indecente, es un robo al
futuro de los andaluces, es la gran estafa de Andalucía, y digo yo que
algo tendrán que ver los cuarenta años de Gobierno socialista en
Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora España
Reina. (Rumores.-El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se
perciben). Señorías, guarden silencio, por favor.
En nombre del Gobierno, a continuación tiene la palabra la señora ministra
de Trabajo, Migraciones y Seguridad social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio
Cordero): Gracias, presidenta.
Señorías, señora España Reina, yo creí que venía usted aquí a interpelar
al Gobierno sobre políticas de empleo y de formación, pero he podido
comprobar que ha venido usted aquí a dar un mitin de campaña por las
elecciones andaluzas del 2 de diciembre. (Aplausos). Por cierto, si lo
han hecho ustedes tan bien, todo ese panegírico que ha ido desgranando de
bondades en el Gobierno del Partido Popular la verdad es que no se
explica bien cómo la mayoría de esta Cámara ha apoyado al presidente
Pedro Sánchez para liderar el Gobierno de España y a ustedes les ha
enviado a los bancos de la oposición. (Aplausos). No se entiende nada
bien.
Claro, a lo mejor es que quizá se le ha olvidado hablar del motivo de por
qué ustedes están en el banco de la oposición, y es por la corrupción que
les ha atenazado a lo largo de todos estos años de Gobierno, incluso de
los Gobiernos de José María Aznar. (Aplausos). Así que no tienen ustedes
mucha legitimidad para venir aquí a esta tribuna a hablar de corrupción.
Y mire, el Gobierno y el Partido Socialista nunca van a defender la
corrupción venga de donde venga, desde luego ni de nuestras filas ni de
las suyas, nos da exactamente igual que actúe la justicia y que dicte
sentencia. Por cierto, ustedes tienen ya unos cuantos de los suyos ya no
sentados en el banquillo de los acusados, los tienen ustedes entre rejas,
unos cuantos por cierto bastante conocidos, el último de ellos el señor
Rato, que era un prohombre del Partido Popular en su momento, y ahí está
la historia. (Aplausos).
Dentro de toda esa herencia estupenda que han dejado no han hablado de la
herencia que han dejado en la Seguridad Social de este país, por ejemplo,
que la han dejado ustedes en déficit creciente año tras año. Se
encontraron con 67 000 millones de euros en el Fondo de Reserva, en la
hucha de las pensiones, y lo dejaron ustedes con 8000. Pero vemos que
aquí se van tratando los temas según como interesa. Y por cierto, los
peores resultados del mercado de trabajo corresponden a su etapa de
Gobierno: el número más bajo de personas ocupadas: 16 950 600; la tasa de
paro más elevada: el 27 %; la cifra más alta de personas en desempleo: 6
278 200; acabaron su Gobierno con la cifra de población activa más baja:
22 670 millones de personas de población activa. Usted sabe que este
Gobierno ha emprendido de nuevo el diálogo social, que además está
fluyendo; que pronto vamos a presentar una propuesta para eliminar los
efectos más perniciosos de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del
Partido Popular, y es esta reforma la que hoy usted trata de poner en
valor desesperadamente. Me dice que durante los Gobiernos del Partido
Popular se ha creado empleo, sí, se ha creado empleo pero el empleo desde
luego ha sido de muy mala calidad, ha sido un empleo precario, porque
ustedes decidieron apostar por el modelo asiático de relaciones
laborales, que es ganar en competitividad devaluando los salarios y
devaluando las condiciones laborales en general.
En cuanto a la tasa de temporalidad, es cierto, tenemos una tasa de
temporalidad muy elevada, pero no solamente de su Gobierno y del actual,
por desgracia vamos acumulando una tasa de temporalidad bastante elevada
y estamos liderando el deshonroso primer puesto de la eurozona en materia
de temporalidad; es decir, queda mucho trabajo por hacer en esta materia
y desde luego no le quepa la menor duda de que estamos en ello. En el año
2007 la cifra de horas trabajadas cada semana fue inferior en más de 10
millones que las trabajadas en el año 2011, lo que indica también los
altos índices de parcialidad. La reforma laboral del año 2012 del Partido
Popular sirvió para destruir empleo indefinido y a tiempo completo, que
fue sustituido por trabajo temporal y a tiempo parcial, muchas veces
involuntario; y esa destrucción fue además acompañada por el desplome en
las políticas activas de empleo y de duros recortes en las prestaciones
por desempleo. La media de la tasa de cobertura del sistema de protección
por desempleo, que en el año 2011 era del 70,7 %, no paró de descender,
miles de pensionistas tuvieron que ayudar con sus pensiones a sus
familias.
Mire usted, llevamos algo más de cinco meses gobernando y una de nuestras
primeras medidas ha sido la puesta en marcha de un plan director por un
trabajo digno 2018-2020, un plan que contempla, entre otras acciones, dos
planes de choque: uno contra la contratación temporal fraudulenta y otro
contra el uso irregular de la contratación parcial; también conlleva la
persecución de la utilización abusiva de la figura del autónomo, lo que
se consideran como falsos autónomos, y falsas cooperativas. Sus
resultados por cierto están siendo muy esperanzadores. ¿Sabe usted lo que
estas medidas ponen de manifiesto? La necesidad de acción de gobierno.
¿Sabe usted qué significa esto? Adoptar decisiones desde el análisis real
de las distintas situaciones que precisan atención, apelando al diálogo,
al debate y al entendimiento. Diálogo es lo contrario de imposición, que
es lo que hicieron ustedes con sus reformas laborales y sus reformas de
Seguridad Social, que fueron impuestas una en el año 2012 y otra en el
año 2013. Que el empleo está
necesitado de atención prioritaria es obvio, pues detrás de todas estas
cifras negativas referidas al empleo evidentemente hay millones de
personas que están sufriendo, concretamente más de 3 200 000 personas. El
principal cometido del Gobierno es pensar en esas personas, en cómo
revertir su situación de precariedad, de los que están trabajando, y en
cómo evitar que otras estén en esa misma situación.
Para este Gobierno el diálogo social es el elemento vertebrador en el
ámbito de las relaciones laborales. Por tanto, una de las primeras cosas
que hicimos fue constituir las mesas de diálogo social que están
trabajando intensamente y que ya han empezado a obtener sus primeros
resultados. Por ejemplo, la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales acordó
la extensión del Programa de activación para el empleo, PAE, porque
ustedes se habían olvidado de cerca de 41 000 personas que habían
suspendido la percepción de su prestación o subsidio por desempleo porque
habían encontrado trabajo pero que, en caso de perderlo, se quedaban sin
ningún tipo de prestación. Se les olvidó pero, bueno, lo arreglamos con
un real decreto-ley, aunque a ustedes no les guste. El 30 de agosto en la
Mesa de diálogo social en el sector de la hostelería se alcanzaron tres
acuerdos en relación con las camareras de piso y el 4 de septiembre se
evaluó el sistema de garantía juvenil y sus posibles líneas de mejora,
líneas que se contendrán, entre otros extremos, en el Plan de Empleo
Joven que ya se está elaborando en mi departamento.
Como usted ve, esta Mesa de empleo y relaciones laborales tiene como
objetivo la mejora de la calidad del empleo y, por ende, de la calidad de
vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Desde luego,
tenemos claro que tenemos que recuperar el papel de la negociación
colectiva, que hay que volver a recuperar la prioridad aplicativa del
convenio sectorial frente al convenio de empresa, regulando los
descuelgues en caso de que la empresa tenga determinado tipo de
circunstancias pero velando por los derechos de los trabajadores. También
hay que establecer el registro obligatorio de los horarios de trabajo y
en eso estamos en estos momentos; de hecho este tema también se está
viendo en la Mesa de diálogo social. Desde luego, es necesario garantizar
el cumplimiento de los límites de jornada para que realmente la
inspección de trabajo pueda controlar las horas extraordinarias que se
están haciendo y no se están cobrando ni cotizando por ellas y también el
fraude en la contratación a tiempo parcial, que en muchas ocasiones está
enmascarando un contrato a tiempo completo. Es preciso también cambiar el
régimen de la subcontratación de obras y servicios sobre empresas, que
saben ustedes que está en debate en esta Cámara. Recuperar el principio
de causalidad y la esencia de la naturaleza del contrato de obra y
servicio. En definitiva, queremos evitar que se reduzca la segmentación
del mercado de trabajo y determinando también qué modalidades deben ser
indefinidas y cuáles temporales. Hay que analizar qué contratos merecen,
por su importancia y efectividad para crear empleo, ser objeto de
bonificaciones o reducciones de cuota. En definitiva, hay que arbitrar
también medidas dirigidas a las personas especialmente vulnerables,
facilitar su inserción y su mantenimiento estable en el mercado de
trabajo, entre otros: jóvenes, personas paradas de larga duración,
personas con discapacidad; y, por supuesto, velar por la igualdad laboral
y salarial entre hombres y mujeres. Este Plan de choque de Empleo Joven
que estamos elaborando en estos momentos está contando con la
participación de todos los agentes sociales y también con la
participación de organizaciones y, como no podía ser de otra manera, con
las comunidades autónomas. También estamos trabajando en un plan para
parados de larga duración y, por supuesto, en todas las medidas que
eliminen la brecha de género existente entre hombres y mujeres en el
mercado laboral. Subida del salario mínimo interprofesional, que se hará
y que va a venir muy bien para mejorar las condiciones laborales.
En cuanto a la formación, como ustedes saben, la formación y el empleo
están totalmente ligados. Ahora mismo más que nunca hay que coordinar el
mundo de la formación con el mundo del empleo, la formación reglada con
la formación para el empleo, porque tenemos que preparar a los
trabajadores y trabajadoras para un futuro de trabajo que ya se ha
convertido en presente. Un empleo de calidad necesita mejoras progresivas
y urgentes. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio. Hay
un murmullo con el que no sé cómo la señora ministra puede concentrarse.
Gracias.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio
Cordero): Gracias, presidenta.
En definitiva, como digo, es fundamental la mejora progresiva y constante
de la cualificación profesional. Dentro de la Mesa de diálogo social
también hay un grupo que se encarga de trabajar por la formación y
la cualificación y recualificación profesional. En esta mesa, además del
Ministerio de Trabajo y los agentes sociales y económicos, están también
representados el ministerio responsable de universidades y también el
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por cierto, la Ley
30/2015, del sistema de formación para el empleo y que usted tanto
defiende, no ha servido para los objetivos que decía perseguir. No están
conformes con ella las comunidades autónomas, ni siquiera las del mismo
color político que usted representa aquí, ni sirve a los agentes sociales
y económicos. Así que está provocando disfunciones y tendremos que
afrontar su revisión. Tampoco implementaron en su etapa de Gobierno los
mecanismos de funcionamiento ni la financiación de las estructuras
paritarias sectoriales, cosa que vamos a hacer porque es un eje
fundamental del sistema de formación en el empleo por su papel detector
de las necesidades de formación en los distintos sectores. A pesar de
tener 3 200 000 parados, ya se está dando el caso de que hay empresas que
están buscando trabajadores y trabajadoras y no encuentran personas
preparadas para esos perfiles profesionales, cosa que hay tener en cuenta
porque es muy grave. Por supuesto, ustedes pasaron olímpicamente de
convocar el Consejo General de Formación Profesional; nueve años sin
convocarlo. El pasado día 30 de octubre hubo una reunión de este consejo
general y nos hemos convocado para determinar estrategias conjuntas y
coordinadas que mejoren tanto la formación profesional reglada, como la
formación para el empleo, dando especial contenido -a ver si es verdad de
una vez por todas- a la formación dual en la empresa.
Este ministerio, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, está
trabajando también en la elaboración y tramitación de tres órdenes
ministeriales para modernizar los instrumentos de la gestión de la
formación profesional para el empleo, la flexibilización de determinados
criterios que permitan una mejor adaptación de la programación de las
ofertas formativas a las necesidades actuales de trabajadoras y
trabajadores y sectores productivos, y de manera muy especial a las
necesidades derivadas del proceso de digitalización y cambio tecnológico,
así como una simplificación y agilidad en los procedimientos y el acuerdo
para establecer marcos comunes en la gestión y financiación desde las
distintas iniciativas de formación por parte de las administraciones
competentes. También estamos revisando el contrato de formación y
aprendizaje.
Como ve, señoría, este Gobierno está ocupado en recuperar la calidad en el
empleo, la formación para facilitar la inserción y mejorar la
empleabilidad de las personas trabajadores y, lo que también es muy
importante, lo estamos haciendo de manera coordinada con los agentes
sociales y las comunidades autónomas. Esto es bastante más de lo que
ustedes hicieron en cerca de siete años de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra la señora España Reina.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, le recuerdo que el único partido que ha sido condenado
por financiación ilegal ha sido el Partido Socialista Obrero Español.
(Aplausos). Usted dice: es que yo no entiendo cómo...No, lo que ni yo ni
esta bancada entendemos es que un partido como el suyo, con tantos años
de historia, un partido de Gobierno esté gobernando con los votos de los
proetarras de Bildu, con los votos de los independentistas que quieren
romper España y con los votos de los populistas de Podemos. (Aplausos).
Eso es lo que no entiende esta bancada y tampoco entienden muchos
ciudadanos españoles. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
No quiere ver la realidad, pero ya le pasó también a Zapatero. Cuando
ustedes gobernaron destruyeron 3 800 000 empleos -ahí están las
hemerotecas- y el Partido Popular creó 2 800 000 empleos, gracias a la
reforma laboral, señoría, y por eso ustedes no derogan la reforma
laboral. No me hable de temporalidad. Ya se lo he dicho: la tasa de
temporalidad ha subido del 50 % al 86 %; los contratos indefinidos han
caído del 50 % al 14 %, y encima están creando la mitad del empleo que se
creaba con el Partido Popular. Por tanto, señoría, en nada de lo que ha
dicho tiene razón con relación a los número de la EPA.
Déficit en la Seguridad Social. Señoría, en el año 2011 nos encontramos la
Seguridad Social en déficit. Como siempre, cuando salen del Gobierno
dejan la Seguridad Social en déficit, lo hicieron cuando salió Felipe
González y lo hicieron cuando salió el señor Rodríguez Zapatero. Y
respecto al diálogo social, mucho diálogo social, pero con la boca chica.
Pregúnte usted a los autónomos a ver qué es lo que piensan. Por cierto,
señoría, controle su ministerio no vaya a ser que algo se le esté pegando
de los malos hábitos de Andalucía, porque su número dos, la secretaria de
Estado de Trabajo, ha colocado como
gerente de una fundación pública a alguien que está a favor de legalizar
la prostitución. Le recuerdo que la directora de Trabajo tuvo que dimitir
porque legalizó el sindicato de prostitutas. Se acuerda usted de lo del
gol por la escuadra y todo eso, ¿no?
Esto es como lo de los autónomos. La verdad es que me acuerdo de ellos
cada vez que ustedes hablan de subirles los impuestos a los ricos. Por
cierto, hablando de ricos, ¿cuántos miembros de su Consejo de Ministros
tienen sociedades instrumentales? ¿Hay alguien en ese Consejo de
Ministros que compre las casas como las personas normales, como las
compro yo o como las puede comprar cualquier persona, sin una sociedad
instrumental para ahorrarse los impuestos? (Aplausos). ¿Hay alguien
normal, o es que ustedes ya han despegado los pies del suelo y no son
normales? Porque no es normal que el presidente del Gobierno para ir a
Valladolid tenga que utilizar el Falcon, el helicóptero o no sé qué más y
que para ir a dar un mitin a Andalucía el partido le alquile a 9000 euros
la hora un avión privado con médico privado y diga que lo paga el
partido. Espero que no sea el PSOE de los ERE. Espero que no lo pague el
PSOE de los ERE. (Aplausos).
Insisto, señoría, usted no me ha contestado a lo que le he preguntado,
porque Andalucía es España y usted es ministra del Reino de España. Con
los fondos de los parados, con los recursos de los parados para la
formación se han pagado comilonas, se han pagado prostíbulos, se han
pagado juergas y se han pagado reformas de las sede del Partido
Socialista. ¡Cinco años sin formación en Andalucía! ¡1700 millones
devueltos al ministerio! ¡Los parados de Andalucía sin poder formarse! Es
decir, por culpa del Partido Socialista no hay formación en Andalucía. ¿Y
sabe usted cuál es la conclusión? Que después de haber recibido más de
100 000 millones de euros de fondos para Andalucía, Extremadura ha
avanzado 11 puntos en convergencia, Galicia ha avanzado 8 puntos y
Andalucía ha retrocedido 1,5 puntos. Esa es la realidad, señoría. En vez
de reducir el diferencial de paro que estaba en el año 1982 en el 4,5 %,
ahora estamos por encima de 8 puntos con respecto a la media de España.
Hay ocho comunidades autónomas que tienen una tasa de paro que es la
mitad de la de Andalucía. Al final, esa es la realidad. Pero ustedes no
han estado solos, han tenido socios porque Ciudadanos ha sido socio y
cómplice del partido de los ERE en Andalucía con un apoyo incondicional.
Ciudadanos dice en su programa que el PSOE ha robado a los andaluces y yo
les pregunto: ¿y ustedes por qué han sido cómplices?
Señora ministra, el PSOE está condenando a los andaluces a que sean los
parados con menor nivel de formación. Por tanto, en mi tierra, en
Andalucía, mientras no haya un cambio de Gobierno, seguiremos siempre a
la cola, seguiremos siendo la comunidad autónoma con más paro de Europa y
usted, que es ministra de Trabajo y además es socialista, estará de
acuerdo conmigo en que los andaluces nos merecemos un cambio a mejor, nos
merecemos más empleo y nos merecemos más formación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora
ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio
Cordero): Gracias, presidenta.
Señoría, está claro que usted no ha venido aquí a hablar de formación ni
de empleo. Le vuelvo a decir que ha vuelto otra vez a repetir el mitin de
su intervención inicial. Usted ha tenido el detalle de mencionar el gol
por la escuadra y me encanta. A mí me metieron un gol por toda la
escuadra, lo grave es que ustedes durante sus años de Gobierno se
dedicaron a meter goles por todas las escuadras a la ciudadanía española,
recorte de derechos tras recorte de derechos. Eso es más grave.
(Aplausos).
Por cierto, le voy a dar a usted una buena noticia que acaba de salir esta
mañana: la Audiencia Nacional acaba de declarar ilegales los estatutos
del supuesto Sindicato Otras, lo cual es para congratularnos. (Rumores).
En definitiva, está claro que a ustedes se les ha atragantado totalmente
la moción de censura, así que lo mismo tienen que prescribirles a ustedes
algún medicamento para que vayan digiriéndola poco a poco.
Uno de los goles que ustedes metieron por la escuadra a los españoles y
españolas es la reforma laboral del año 2012, y no le quepa a usted la
menor duda de que más pronto que tarde derogaremos los aspectos más
nocivos de esa reforma laboral. Me encantaría derogarla entera, pero soy
consciente del apoyo parlamentario que hay en esta Cámara al Gobierno del
que formo parte y entonces vamos a ir a los aspectos que consideramos más
lesivos.
Sinceramente, ustedes aprovecharon la crisis económica y financiera que
atravesaba nuestro país para instaurar un modelo de trabajo e imponer una
reforma profundamente ideológica, e introdujo en el ordenamiento jurídico
laboral una concepción totalmente economicista en contra de la tutela de
las personas trabajadoras. Es decir, se cargaron el equilibrio que hay
que intentar que haya entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras.
En definitiva, una reforma que se desvinculó de los preceptos de la
Constitución que reconocen los derechos de los trabajadores y las fuerzas
vinculantes de la negociación colectiva. Dañaron gravemente la
negociación colectiva, dañaron gravemente las condiciones de trabajo,
dañaron gravemente los salarios. Esa devaluación salarial implicó también
una devaluación de las cotizaciones. Eso implicó que también la Tesorería
General de la Seguridad Social sufriese, y así han dejado ustedes como
han dejado la Seguridad Social. Me dice usted que en el año 2011 había un
leve déficit....
Mire usted, había 67 000 millones de euros en la hucha de las pensiones,
han dejado ustedes 8000, sacaron 74 000 millones de la hucha de las
pensiones, casi 10 000 millones de los excedentes de las mutuas -o sea 84
000-, el crédito del año pasado y el crédito de este año, y además han
dejado ustedes el barco orientado hacia tal dirección que el Gobierno
actual -ya se lo digo- no va a poder dar un volantazo y reorientarlo de
golpe y porrazo. Espero que podamos hacerlo en cuatro o cinco años y
establecer un plan de saneamiento de la Seguridad Social que dé
expectativas de futuro no solamente a los pensionistas presentes sino
también a esos jóvenes, hombres y mujeres, y personas de mediana edad que
en algún momento de sus vidas van a querer jubilarse y van a tener
derecho a cobrar una pensión digna. Así que esto es lo que hicieron
ustedes, aparte de abaratar el despido y otras cuestiones al respecto.
Del año 2007 a 2011 la subida de los salarios, según la encuesta anual de
coste laboral, fue del 0,14 %. El IPC subió en el mismo periodo casi un 5
%. Así que los asalariados de este país sufrieron una pérdida de 4,8
puntos de su poder adquisitivo. Sin embargo, tan solo en 2017 las rentas
empresariales se incrementaron un 11,2 %. También en 2017 más de 2 650
000 personas trabajadoras ocupadas estaban en riesgo de pobreza, de
acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida. Así que tampoco
fue tan estupenda la herencia que ustedes dejaron. Y si la brecha de
género en salarios entre hombres y mujeres descendió un poquito se debe a
que ustedes empobrecieron al conjunto de las personas trabajadoras. En
fin, desde luego no es como para que usted se ponga tan defensora de lo
que hicieron en el Gobierno. Su reforma laboral ha traído temporalidad y
ha disparado los contratos de larga duración. El 26 % de los contratos el
año pasado duraron menos de una semana y eso tiene también graves
consecuencias en términos de productividad. Así que: empleo precario y
con bajos salarios, como reflejan las cuentas de la Seguridad Social; 109
000 millones recaudados por cuotas sociales a diciembre de 2017, frente a
los 110 249 millones de diciembre de 2011, actualizados con el IPC. Esto
es lo que hicieron ustedes.
Con el Plan Director por un Trabajo Digno, simplemente enviando una carta
a ochenta y tantas mil empresas, se ha conseguido que el 64 % de los
contratos que estaban en fraude de temporalidad se hayan convertido en
contratos indefinidos. Y no le voy a volver a repetir todas las
cuestiones que se están haciendo en materia de formación. No se preocupe
usted que vamos a seguir trabajando por que la formación y el empleo
vayan adelante en este país. A lo mejor tienen ustedes que pensar -y con
ello termino- por qué en Andalucía nunca han confiado en el Partido
Popular; es porque ven qué han hecho cuando han estado en el Gobierno de
España. Así que respete usted a los andaluces y espere al día 2 de
diciembre, que está cerca. Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, SOBRE LA REVERSIÓN DE LOS SALTOS HIDROELÉCTRICOS EN LÍNEA CON LA
VERTEBRACIÓN TERRITORIAL, EL INTERÉS GENERAL Y LA GESTIÓN PÚBLICA, LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.
(Número de expediente 172/000165).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la
vertebración territorial, el interés general y la gestión pública, la
transición energética, la justicia social y la seguridad jurídica. Para
su defensa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
Buenos días, ministra. Efectivamente, esta interpelación es sobre la
reversión de saltos hidroeléctricos. El aprovechamiento de los saltos
hidroeléctricos ha tenido y tiene una gran importancia en el sistema
eléctrico del país, supone aproximadamente el 20 % de la potencia
instalada y de enero a junio de este año -un periodo especialmente
favorable por las lluvias- ha supuesto el 16,9 % de la producción
peninsular. Somos uno de los principales países de Europa en
aprovechamientos hidroeléctricos, con una capacidad de embalse de 55 000
hectómetros cúbicos y 800 centrales de diferente tipo fluyentes que
aprovechan parte del caudal de los ríos y las llamadas a pie de presa que
reciben el agua de los embalses. Además -es preciso recordarlo porque es
muy importante-, su materia prima es gratuita, no es gas ni petróleo ni
carbón, es el agua de los ríos. La construcción de las centrales ha
tenido un fuerte impacto territorial, la mayoría se construyeron en los
años cuarenta, cincuenta y sesenta, aunque su planificación fue anterior.
En ese periodo, en los años del franquismo, precisamente no se escuchaba
ni a la ciudadanía ni eran tenidas en cuenta para nada las demandas de
los territorios donde se construían estas centrales ni el impacto
ambiental de estas centrales, con valles y pueblos desaparecidos, además
de una enorme riqueza producida que no se repercutía en los territorios
productores de energía, a pesar de las promesas realizadas en el momento
de presentar los proyectos. En algunos territorios el sentimiento fue
incluso de saqueo al tener que abandonar pueblos inundados y perder
terrenos agrícolas. Se trata de zonas de montaña con graves problemas de
despoblación y con muy pocas alternativas económicas.
En la actualidad, el trabajo en la central hidroeléctrica ya no es
alternativa porque se trata de centrales automatizadas. Y esto lo puedo
contar en primera persona porque es lo que ocurre en mi pueblo, donde hay
tres centrales hidroeléctricas. Estas centrales han sido gestionadas por
un modelo llamado de inversiónconcesión: a cambio de la inversión para
explotar los saltos hidráulicos, la Administración ofrecía a las empresas
constructoras un periodo mínimo de 75 años para explotar el agua; un
periodo extraordinariamente largo y de muy dudosa justificación jurídica,
además.
A pesar de que las empresas utilicen la expresión de central propiedad de
Iberdrola o central propiedad de Endesa y esto sea un concepto de uso
común, estos saltos hidroeléctricos explotan agua, que es un bien del
dominio público y es un bien común. No son las propietarias sino las
empresas las que están explotando ese recurso. La ley es clara en este
sentido, en el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico se dice literalmente: Al extinguirse el
derecho concesional, revertirán a la Administración competente
gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas
del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento.
Se trata de un tema en el que ha habido una enorme falta de transparencia.
A finales de 2016 mi compañero, Jorge Luis, pedía información al Gobierno
de ese momento sobre esta cuestión y la verdad es que fue casi un proceso
de investigación porque la información dada fue absolutamente parcial,
faltaban muchos datos, se remitían a otros registros, hubo que buscar en
el Registro de Aguas. Los ayuntamientos de los territorios afectados no
tienen ni siquiera la información de en qué fecha caducan esas
concesiones. Y las solicitudes de información sobre las fechas de
caducidad de las concesiones que han hecho determinados medios de
comunicación a las empresas explotadoras de estos saltos han obtenido
como respuesta que se trata de un tema confidencial, un tema del que hay
muy poca información. Además de falta de transparencia, ha habido
irregularidades. En muchas ocasiones se han alargado los periodos de las
concesiones. Recordemos, por ejemplo, el precedente de la central de Os
Peares, en Galicia, con una prórroga de 75 años que conduce a una
concesión de más de 149 años para la empresa, en este caso durante el
Gobierno de Rodríguez Zapatero. En algunos casos, se han dilatado durante
dieciocho meses los trámites de la caducidad de los expedientes de
reversión para luego dejar sin dictar la resolución final del
procedimiento; en algunos -y esto es ya escandaloso-, once años, como en
el caso del salto de LafortunadaCinqueta, en Huesca.
¿Quién se hace responsable de la situación legal en la que se encuentran
estas explotaciones? ¿Quién es el responsable político de lo que sucede
con estas concesiones? Estas serían las preguntas. Con esto la empresa
concesionaria sigue explotando el salto y obteniendo grandes beneficios
más allá de la fecha de concesión y la Administración tiene la
responsabilidad de gestionar estos expedientes sin retrasos ni
caducidades. Además, las empresas se han resistido a dar cumplimiento a
la obligación de ceder el 25 % de la producción de las centrales
hidroeléctricas o su valor monetario a las confederaciones hidrográficas
para la restitución del territorio afectado; una obligación que estaba
recogida de forma taxativa en las concesiones realizadas hace décadas. El
Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló contra Endesa y Acciona por
no cumplir con esa obligación. Es evidente que las empresas se resisten a
perder este chollo e incluso han llevado a los tribunales las reversiones
para conseguir prórrogas de las concesiones a pesar de haber superado los
75 años. Si fuera por las empresas, la concesión sería a perpetuidad.
Esto ha chocado con decisiones y resoluciones judiciales como la de la
Audiencia Nacional, que falló contra Acciona por la reversión al sector
público de la central de Campo, en Huesca. También hay que recordar que
durante el periodo de Rodríguez Zapatero se autorizó a Endesa la venta a
Acciona de esta central y no se declaró la caducidad de la concesión, a
pesar de que ya estaba vencida. En este sentido, la Audiencia Nacional
dejó claro que la fecha de caducidad y reversión al Estado de una
concesión no se puede prorrogar más allá de los 75 años y que esta no es
una cuestión negociable.
¿Por qué decía antes que es un chollo? Porque se trata de centrales que
están hiperamortizadas, que hemos pagado entre todos -con los precios
regulados antes y en el mercado libre ahora- y que explotan a coste cero
un bien común, como es el agua, del que obtienen enormes beneficios.
Puede ser admisible, si así lo deciden las confederaciones y las
administraciones públicas concernidas del territorio, que se vuelva a
sacar a concurso la gestión de las centrales, pero no sin que buena parte
de los beneficios reviertan en el territorio y no por un nuevo periodo de
75 años ni tampoco de 70 años, como ha ocurrido en algunos casos. Esta
sería una cuestión inadmisible y nosotros creemos que la reversión puede
ser perfectamente al sector público, a las confederaciones y con la
participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
¿Cuál es la situación en estos momentos? Según un informe del Observatorio
de la Sostenibilidad que se refiere a los grandes embalses, entre 2018 y
2030 caducarán el 8 % de las concesiones medidas en volumen de agua. La
Confederación Hidrográfica del Ebro menciona la caducidad en esa cuenca
de una decena de centrales. En Cataluña el 24 % de la producción
eléctrica de origen hidráulico ha finalizado el periodo concesional sin
que se haya producido un debate a fondo sobre esa cuestión y solo
recientemente se han publicado datos que señalan que diez centrales
hidroeléctricas ya tendrían vencida su caducidad. La beneficiaria de esta
situación evidentemente es la empresa que en Cataluña tiene casi una
condición de monopolio, que es Endesa. Ahora, afortunadamente, están
apareciendo plataformas y grupos en diferentes localidades afectadas que
piden que esa reversión vaya al sector público.
Creemos que es necesario -es una propuesta que le hacemos- realizar una
auditoría de las concesiones del dominio público hidráulico para
establecer los diferentes vencimientos y analizar si se han cumplido las
condiciones de la concesión y que los ayuntamientos y la ciudadanía tenga
información sobre esta cuestión.
Además, este debate tiene otras implicaciones que están relacionadas con
la crisis de precios que hemos tenido y con el impacto enorme en forma de
pobreza energética y de problemas de competitividad de las empresas
españolas, cuando la producción hidroeléctrica, como les decía, es
enormemente rentable. La gran mayoría de estas centrales de generación
fueron construidas en un periodo regulatorio anterior, están amortizadas
y reciben lo que se conoce como beneficios caídos del cielo. Están
sobrerretribuidas, reciben la retribución de la energía más barata que
entra en el pool. En este sentido, quiero recordarle que nuestro grupo y
el Gobierno tienen un acuerdo presupuestario cuyo objetivo es realizar
los cambios normativos necesarios para acabar con esa sobrerretribución,
con estos beneficios indebidos consecuencia de una mala regulación que
reciben las centrales hidroeléctricas.
Además de la incidencia que tiene sobre el precio esa mala regulación, esa
oferta que hacen los operadores de estas centrales, hay que recordar los
casos de manipulación de precios que se produjeron en 2001 y en 2013 y
que denunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la
especulación con el agua, con las ofertas de estas centrales
hidroeléctricas para encarecer los precios. De hecho, la CNMC concluyó en
2013 que la empresa Iberdrola Generación era responsable de una
infracción muy grave imponiendo una sanción de 25 millones de euros -hay
que decir que eso para esta empresa no es nada-, como así se resolvió en
el procedimiento sancionador. Y además de una crisis de precios vivimos
cada vez más una crisis climática. En este sentido, en la transición
energética el papel de las centrales hidroeléctricas puede ser clave,
puede ser fundamental. El almacenamiento de la energía no consumida es
clave para configurar una transición energética que permita reducir las
emisiones y combatir el cambio climático. Nosotros creemos que estas
centrales tendrían que estar a disposición, seguir las instrucciones del
operador del sistema de impulsar soluciones de bombeo que permitan
almacenar la energía y ajustar su producción a la demanda real. Estas son
las pilas, un sistema de almacenamiento que, bajo la supervisión del
operador del sistema, deberían permitir una mayor penetración de las
energías renovables.
Voy terminando esta primera intervención. Se ha demostrado ya en algunos
casos de centrales, como la de Pueyo de Jaca, revertidas al sector
público, que pueden ofrecer unos precios mucho más baratos y
además que esos ingresos pueden repercutir en los territorios, unos
territorios que, como le decía, sufren graves problemas de despoblación.
Es decir, pasar de un modelo centralizado dominado por las grandes
empresas a un modelo descentralizado democratizado quiere decir para
nosotros que el sector público, confederaciones hidrográficas,
ayuntamientos y comunidades, deben tener un papel en esa transición
energética y que la energía hidroeléctrica tiene que estar a disposición
de los territorios y de la ciudadanía y no solo en interés de las grandes
empresas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Transición Ecológica.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez):
Señorías, gracias por esta oportunidad para poder comentar el momento en
que estamos en torno a la reversión de los saltos hidroeléctricos y su
incidencia en la vertebración territorial, el interés general y la
gestión pública y en favor de la transición energética, la justicia
social y la seguridad jurídica.
He tomado nota de sus comentarios sobre la necesidad de mejorar la
información, el acceso a la información y la falta de transparencia con
respecto a las concesiones y su producción, y evidentemente velaremos por
que no haya ningún tipo de irregularidad en la gestión. Su interpelación
contiene distintas cuestiones, cada una de las cuales es importante y
estratégica en el tiempo por venir. Me pregunta por el estado de
reversión de las concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos a
fecha de hoy, su contribución a la transición energética, la gestión
pública de los mismos y aspectos de interés general muy variados.
Permítame que empiece con unas primeras pinceladas sobre la situación
actual de estas reversiones. Hoy contamos con 115 aprovechamientos
hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los cuales
aproximadamente 100 están abandonados y con poca rentabilidad económica
aparente. Del resto de los 15 aprovechamientos, un tercio están siendo
explotados aún por el antiguo titular, otro tercio está en fase de
concurso para nuevos aprovechamientos y el tercio restante está siendo
explotado en principio directamente por las confederaciones hidrográficas
de manera transitoria hasta tanto se resuelva qué hacer con ellos. Hasta
el año 2020 las estimaciones de la Dirección General del Agua es que se
extingan otros 25 aprovechamientos hidroeléctricos de distinto tamaño, 70
hasta el año 2030, y en el análisis sobre la viabilidad en términos de
explotación futura, la conclusión es dispar.
Es cierto que en nuestro país las inversiones realizadas en
aprovechamientos hidroeléctricos responden, con algunas particularidades,
a un modelo inversión-concesión, como usted indicaba, de tal forma que, a
cambio de las inversiones necesarias para la construcción de los
distintos saltos, se otorgaba a los promotores una concesión cuya
duración era de 75 años. Las concesiones estaban sujetas a la condición
de que, al finalizar el plazo, las instalaciones debían revertir al
Estado. Y el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Aguas establece
que el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el
título de su adquisición, se extingue, entre otros motivos, por el
término del plazo de su concesión. Por tanto, en una oportunidad única
para poder revisar y repensar el papel de estos aprovechamientos
hidroeléctricos en la gestión de las cuencas, en la mejora del estado
ecológico de las masas de agua y en la contribución de estos saltos a la
transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Esto supone que la segunda de las cuestiones implícitas en su
interpelación sea particularmente relevante desde el punto de vista
estratégico. Tenemos la oportunidad y la ocasión de plantearnos cuáles
podrían ser las distintas opciones que contribuyan, de la mejor manera
posible, a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental para
hacer viable la transición energética de manera justa, a precios
razonables y cumpliendo funciones que hasta ahora estaban poco tratadas.
Sabe que compartimos la convicción de que solo un sistema energético
eficiente y basado en soluciones renovables ofrece estabilidad,
predictividad y seguridad. Pero es verdad que en este proceso de cambio,
en el que habrá opciones para reforzar un componente competitivo en el
conjunto de las actividades económicas, las energías renovables juegan un
papel fundamental como elemento central de la transición y, en
particular, la hidroeléctrica de repente descubre un potencial muy
diferente al que tradicionalmente se le consideraba propio.
La integración masiva de renovables en el sistema energético tiene muchos
beneficios, principalmente desde el punto de vista ambiental, pero
también los puede tener como moderador de los precios del mercado, con su
consecuente reducción en la factura eléctrica para el consumidor final, y
esto forma parte de los objetivos que este Gobierno se ha marcado a la
hora de afrontar los grandes retos energéticos del
país. Consideramos que, para poder tratar la cuestión de los precios de la
electricidad, sabiendo que la electricidad es el gran vector de cambio,
debemos trabajar en la reforma del mercado mayorista y mejorar el marco
actual. Al respecto, hemos comentado con su grupo parlamentario algunas
cuestiones sobre las que habrá que seguir trabajando. Deberemos reforzar
la coherencia del sistema fiscal y, como apuntábamos, tendremos que
trabajar también en un enfoque nuevo a la hora de potenciar de manera
razonable la función del almacenamiento en un sistema eléctrico distinto.
Consideramos que el papel de la energía hidroeléctrica hasta hoy ha sido
importante, pero que también cuenta con nuevos horizontes inmediatos que
hay que activar. Según recuerda Red Eléctrica, la energía hidroeléctrica
representa en España alrededor del 20 % de la potencia instalada y en
cuencas intercomunitarias existen alrededor de 1100 aprovechamientos.
Este porcentaje todavía es bajo en relación con el total, pero es un
porcentaje interesante sobre el que podemos empezar a pensar de otra
manera desde la perspectiva de la gestión pública, la preservación del
interés general y la seguridad jurídica. Esto supone que esa función
fundamental de intentar contender o, por lo menos, hacer predecible y
llevadera la evolución del precio de la electricidad, así como de
mitigar, en la medida de lo posible, el impacto sobre la población más
vulnerable, nos lleve a plantearnos hasta qué punto ese interés público
que pretendemos proteger y tutelar de la mejor manera posible, la
volatilidad de precios y su impacto en la población vulnerable, puede
encontrar alguna respuesta en la hidroelectricidad, dado que es energía
acumulable y, por tanto, factor fundamental para la estabilidad del
mercado eléctrico.
En principio, queremos estudiar los aprovechamientos hidroeléctricos cuya
concesión está terminando en estos momentos, viendo distintas
alternativas y estudiando distintas opciones. Primero, aquellos con poca
viabilidad económica, pero que son fundamentales para la restauración de
la buena calidad de las masas de agua y la restauración hidromorfológica
de los tramos de ríos más afectados, más sensibles o con mayor potencial
de recuperación, en línea con la Directiva Marco del Agua. Segundo,
aquellos aprovechamientos de centrales fluyentes, que son viables, no
generan afecciones importantes a los regímenes de caudales circulantes, y
que podrían eventualmente contribuir a financiar los organismos de cuenca
o mejorar su capacidad de gestión, y la realización de actuaciones de
restauración ambiental. Tercero, centrales que son saltos reversibles o
de pie de presa, que pueden servir para regular la capacidad de
almacenamiento del sistema dando estabilidad al sistema eléctrico y, por
tanto, reforzando un interés público que va a ser capital durante la
época de transición. Todo ello nos hace pensar que se trata de un
instrumento útil en la ordenación del sistema eléctrico, evitando
volatilidad o minorando la volatilidad de precios y aportando beneficios
de interés público, más allá de los que, en todo caso, pudiera tener la
propia producción hidroeléctrica.
A partir de esa agrupación, consideramos que la Dirección General del Agua
y las confederaciones, la administración hidráulica, junto con las
aportaciones que puedan surgir de otros actores, han de ir evaluando, en
la medida en que se van extinguiendo los derechos concesionales, cuáles
son, dentro del marco comunitario, los potenciales destinos de esos
saltos y de esas centrales. La administración hidráulica, en primera
instancia, ha de considerar hasta qué punto un aprovechamiento puede o no
ser financieramente viable; hasta qué punto, si no es viable o si su
mantenimiento fuera contrario al interés público, debe exigir la
demolición de las infraestructuras que allí se ubiquen; o hasta qué punto
se puede sacar a concurso en un pliego de bases, quizá modulado o
cambiado atendiendo a una actualización del interés general, con
prescripciones distintas que nos permitan ensayar y facilitar este otro
tipo de opciones atendiendo a distintos aspectos de interés público, ya
sean de orden ambiental, económico o social.
Es obvio que esto debe incorporar una retribución al organismo de cuenca
por un canon concesional, pero también es obvio -como digo- que se pueden
actualizar las características, las concesiones o los elementos que se
incluyan en el pliego de prescripciones. Por ahora, consideramos que las
concesiones que se otorguen tienen que ir acompañadas de un plan de
inversiones, precedidas por una valoración del inmovilizado, un
inventario del mismo, y evidentemente una obligación de que la reversión
tenga lugar de manera gratuita y libre de cargas, y no teniendo que
trasladar a la administración hidráulica las cargas que se puedan derivar
del uso final que vaya a tener ese aprovechamiento.
Hasta tanto se evalúa y se decide sobre el tipo de utilidad pública que se
quiera reforzar, no es descartable -como venía diciendo- que el organismo
de cuenca explote, por lo menos de manera transitoria entre la efectiva
reversión y la adjudicación, en su caso, de cualquier otra finalidad, si
la confederación lo considera conveniente. En ese caso, los beneficios de
la explotación son considerados como ingresos propios del organismo, sin
que puedan en ningún caso cederse a terceros. Somos conscientes de que la
participación en un marco de estas características, incluso actualizado,
cuando se
invita a la participación a los actores privados debe ofrecer seguridad
jurídica, un marco regulador adecuado y una rentabilidad razonable. Por
lo tanto, conciliar todos estos aspectos forma parte de esa estrategia,
que para los próximos meses es fundamental tener ultimada. Pensamos que
las consideraciones de vertebración territorial y justicia social -como
usted aludía- son elementos merecedores de toda la atención por parte de
las administraciones.
Consideramos que la demanda social en algunas zonas enormemente difundidas
de revertir al interés público los beneficios de las instalaciones
hidroeléctricas debe ser atendida. Esta es una demanda que considera
importante la gestión del agua en las cabeceras fluviales, atendiendo a
los costes socioeconómicos sobre la población en ese territorio, y es una
demanda que encaja bien con algunas de las premisas más importantes de la
Directiva Marco del Agua; directiva que -como bien saben- reconoce que la
aplicación del principio de recuperación de costes es clave. Cualquiera
que sea la actividad que se incentive debe atender a las repercusiones
significativas que puedan llegar a suponer para el estado del ecosistema
acuático, generando unos costes ambientales de recurso que en ningún caso
se pueden abandonar, pues necesitan ser recuperados y tenidos en cuenta.
El instrumento más efectivo está en la Ley de medidas para la
sostenibilidad energética, modificando la Ley de aguas, pero debemos
actualizarlo. La presentación de una propuesta de estas características
que incorpore esa actualización de los intereses públicos a los que
atender creemos que es fundamental, clave, en línea con algunos de los
aspectos indicados en la interpelación, en el trabajo que deberá acometer
esta Cámara, la administración hidráulica y los interesados en los
próximos meses.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias por su respuesta, ministra.
Creo que coincidimos en que tenemos una oportunidad única, una oportunidad
histórica de hacer las cosas de manera distinta a como se han venido
haciendo; al servicio del derecho a la energía de la ciudadanía y también
de los territorios a ser partícipes de la riqueza que crean estas
centrales hidroeléctricas.
Hasta el momento las reversiones que se han producido han sido gestionadas
por las confederaciones hidrográficas. Han permanecido normalmente bajo
control de las empresas concesionarias y el objetivo declarado del
anterior Ministerio de Medio Ambiente era que estas centrales fueran
nuevamente sacadas a concurso público para una nueva concesión, es decir,
no estaba previsto ningún otro tipo de planteamiento de gestión pública.
Nosotros creemos que hay que cambiar esta política, que hay que cambiar
la perspectiva y, en este sentido, le hacemos diferentes propuestas
concretas que parten de un principio rector, que es que el nuevo modelo
pase por la preservación del medio ambiente y que la riqueza generada
pueda revertir en el territorio donde se origina.
En primer lugar, que se actúe con transparencia -se lo decía antes-,
informando a comunidades autónomas, ayuntamientos y a la ciudadanía de
cuál es la situación administrativa de cada salto y cuál es la fecha de
caducidad, sin que haya que ir investigando por registros diversos y sin
que los ayuntamientos afectados tengan ni idea de cuál es la situación de
estos saltos. En segundo lugar, que se facilite y promueva la gestión de
sociedades públicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias -las
que son de competencia estatal- para explotar instalaciones
hidroeléctricas con la participación de las confederaciones, cuando así
sea posible, de las comunidades autónomas y especialmente de los
ayuntamientos. Creemos que esta es una cuestión interesante. Somos, de
nuestro entorno, un país que no tiene sector público energético y, en esa
lógica de participación local y de descentralización, sería positivo que
se pudieran crear este tipo de sociedades que decidieran libremente
gestionar estos saltos. En tercer lugar, que cuando venza una concesión
el organismo competente -lo que le decía- pueda asumir directamente la
gestión mediante estas sociedades públicas u otorgar nuevas concesiones
mediante concurso público, pero a nuestro entender no pueden ser ni de
setenta y cinco ni de sesenta años, sino de un periodo mucho más corto
-podría ser de cuatro años-, y cuando se realicen obras, de veinte o
treinta.
En cuarto lugar, que se establezca en las concesiones la obligación de las
centrales de seguir las instrucciones, los mandatos del operador del
sistema para facilitar la integración de las renovables, y esto, como le
decía antes, es muy importante. Después, cuando la decisión sea realizar
un concurso y sean gestionadas por una empresa privada, los beneficios,
más allá de la retribución razonable, deben ser utilizados con criterios
de vertebración territorial, con la participación también de los entes
locales, y una
parte de estos recursos debe destinarse a la restitución económica y
social de los territorios donde se encuentran estas instalaciones que
durante décadas -en algún caso ya durante algún siglo- no han recibido
ningún tipo de beneficio directo por tener esas centrales. Y, como usted
mencionaba, que los saltos revertidos se adapten a los nuevos caudales
ecológicos que están en los planes hidrológicos.
Lo que ha pasado estos años es consecuencia de la falta de política por
parte del Gobierno del Estado sobre esta cuestión, una indiferencia, una
indolencia, una opacidad que ha servido a los intereses de las grandes
empresas hidroeléctricas. Es imprescindible una estrategia a medio plazo
en consonancia con la caducidad de las concesiones y que la explotación
de estos saltos hidroeléctricos esté al servicio de la ciudadanía, de los
territorios y de la transición energética. Esta debería ser una política
de Estado y la decisión que se tome debería ser una decisión objeto
también de debate público, de diálogo con los ayuntamientos, con los
territorios, porque eso forma parte de lo que nosotros entendemos una
transición ambiental y socialmente justa. Por tanto, creemos que la nueva
política en relación a los saltos hidroeléctricos debe formar parte de
esa nueva política energética en favor de la transición justa y del
derecho al acceso a la ciudadanía. En definitiva, la ciudadanía es la
última beneficiaria de esta política. ¡Basta ya de que los saltos
hidroeléctricos solo estén al servicio de las grandes empresas!
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate y en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
señora ministra de Transición Ecológica.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Señora
presidenta, señorías, señor Vendrell, agradezco de nuevo esta
interpelación. Creo que es un momento oportuno para un debate pertinente
y una discusión estratégica innovadora que nos permita actualizar la
definición del interés público, y las mejores opciones de gestión de un
recurso, que es de todos, y que se debe regir por los principios de
delicadeza y de valor precioso que representa en nuestro territorio.
Decía antes que hay alrededor de 115 aprovechamientos cuya concesión ha
caducado y que para los próximos años todavía esperamos una cantidad
importante de concesiones que revertirán de nuevo a la administración
hidráulica. Apuntaba alguno de los aspectos que me parecen fundamentales
y que deben orientar el debate y las propuestas sobre qué hacer con estos
aprovechamientos en el tiempo por venir. Hablaba de transparencia,
preservación del valor ambiental, gestión de los recursos de conformidad
con las prioridades socioeconómicas de la zona, y añadíamos la necesidad
de que fuera un factor que acompañara y facilitara un proceso de
transición energética fundamental.
Sobre esos comentarios hechos en su primera introducción y en mi primera
respuesta, incorpora ahora algunos otros mensajes que me parece que
también son interesantes desde el punto de vista del análisis y estudio y
sobre los que tomo nota. Apuntaba la conveniencia de plantearnos una
posibilidad, como es la de constituir sociedades públicas de agua, es
decir, una gestión directa un poco más presente de lo que ha sido hasta
ahora, y completo yo con algunos otros elementos sobre aspectos que me
parece que pueden tener sentido en esta nueva fase. Como decía,
apuntábamos condiciones de explotación diferentes, en el supuesto de que
la conclusión final sea volver a sacar a concurso alguna de estas
concesiones, que permitieran explorar cuestiones como presentación de
contratos bilaterales a precio tasado u obligación de suministrar a
precio tasado la electricidad generada para facilitar el acceso a esa
electricidad a un precio estable y razonable a colectivos que lo
necesiten particularmente o al territorio circundante. Sobre esto me
parece que la cuestión del almacenamiento y la cuestión de la
consideración ambiental son algunas de las pistas que pueden ser clave en
lo que resulte como consecuencia del debate, de la conversación que hemos
mantenido usted y yo esta mañana y que espero pueda continuar en las
próximas semanas y meses.
Me gustaría aprovechar esta ocasión, estos comentarios finales, para
destacar, una vez más, que este Gobierno está enormemente comprometido
con la transición ecológica porque entendemos que es la manera de
actualizar nuestro sistema económico y hacerlo de una manera socialmente
justa, es decir, poniendo siempre a las personas, a los ciudadanos, en el
centro de su acción política, y la combinación del componente ambiental
con el componente social es la clave para nuestro éxito económico.
Creemos que la modificación de este tipo de actividades asociadas a la
explotación hidroeléctrica, cuando no, como digo, a la reversión total
del bien público agua para la correcta gestión y niveles de calidad de
las aguas y masas de agua, es fundamental, desde el punto de vista de la
incidencia socioeconómica del territorio, de la estructura y
oportunidades de empleo en las zonas afectadas. Por ello las estrategias
de impacto social
en las que estamos trabajando ya, la Estrategia nacional contra la pobreza
energética y la Estrategia de transición justa de acompañamiento al
proceso de transformación en el marco energético, tienen una segunda
derivada, un punto de conexión con la gestión hidráulica precisamente en
este ámbito que usted ha señalado esta mañana: ¿qué hacemos con esas
concesiones y qué hacemos con la actualización de los fines a los que
debe servir su explotación?
Muchísimas gracias y quedo enteramente a su disposición y a la del resto
de grupos para seguir mejorando en este campo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE LA MINISTRA DE
JUSTICIA EXPLIQUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS COMO MINISTRA DIRIGIDAS A
CONDICIONAR E INFLUIR EN LOS TRABAJOS Y ANÁLISIS, BASADOS EN CRITERIOS
TÉCNICOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES DE VELAR POR LA LEGALIDAD VIGENTE Y EL INTERÉS GENERAL EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de
expediente 173/000123).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones
emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los
trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios
de justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad
vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el
Ministerio de Justicia. Por el grupo autor de la iniciativa y para la
defensa de la moción, tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señora presidenta.
El Partido Popular presenta esta moción porque está francamente preocupado
con lo que pueda hacer el Partido Socialista al frente del Ministerio de
Justicia, y es que no sabemos los pactos secretos a los que llegó para
que el nacionalismo les apoyara en la moción de censura. Y es que las
relaciones del nacionalismo con la justicia siempre han sido turbias, ya
empezaron con la cuestión de la Banca Catalana y luego sus relaciones
turbias con jueces condenados por extorsión, por fraude, por
prevaricación, hasta llegar a liberar a condenados por corrupción a 48
meses en apenas 40 días. Pero lo peor, dentro del objetivo del
nacionalismo de eliminar todo lo que significa España de Cataluña, es el
incumplimiento de las sentencias que luchan contra la inmersión en
Cataluña. Ante todo esto, ¿qué ha hecho el PSC? Colarnos esa mentira de
lo equidistante, porque la distancia siempre es la misma, pero el PSC
cuanto más se acerca al nacionalismo más se aleja de los catalanes
demócratas. (Rumores). Y es que al final todos los consellers del PSC de
los tripartits...
La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.
El señor ROCA MAS: ... acabaron saliendo del armario del nacionalismo o
directamente convirtiéndose en procesistas de los más hiperventilados. ¿Y
qué ha hecho el PSOE al respecto? Liquidó la transición con una frase:
Aprobaré el estatut que salga del Parlament. Trajeron un estatut a esta
Cámara tan inconstitucional que lo tuvieron que cepillar entre el PSOE y
Convergència 62 veces, luego el Constitucional 13 veces. Y tuvieron
ustedes la cara de liderar las manifestaciones contra el PP y contra el
Tribunal Constitucional, aprovechando una polémica por cierto surgida
porque ustedes retiraron el recurso previo de inconstitucionalidad,
obviando evidentemente que en todas las democracias los tribunales
cambian leyes votadas por la ciudadanía.
Si todo eso es preocupante, el nacionalismo decidió traspasar todas las
líneas rojas. El procés nos ha dejado listas de jueces, desobediencia de
sentencias, burlas a requerimientos del Tribunal Constitucional. Hemos
visto a Puigdemont haciéndose una foto con las cinco notificaciones ¿?
riéndose, supongo que ya sabía que iba a poder aprovechar las rendijas de
la justicia internacional para escapar y dejar a sus compañeros de
Gobierno tirados aquí. Hemos visto que el procés nos ha dejado acoso a
jueces, todavía hay acoso a jueces, y, sobre todo, el golpe a la
democracia con el que los nacionalistas hace un año intentaron imponer
una república totalitaria sine die y en la que los jueces eran puestos a
dedo por Puigdemont.
Señorías, ¿es todo esto indultable? ¿Cómo explicamos al mundo que fue un
golpe a la democracia? Todo el mundo estuvo con España y con la
Constitución española, ¿les van a decir ustedes que se equivocaron?
Señores del Partido Socialista, de su injerencia en la justicia puede
resultar un desastre histórico para toda España y, en especial, para
Cataluña.
Ahora, ¿qué ofrecen? ¿Un nuevo estatuto otra vez? ¿Para poner la justicia
en manos de Quim Torra? Por cierto, si el anterior Pedro Sánchez decía
que Quim Torra era Jean-Marie Le Pen, ahora que están ustedes encamados,
¿es el nuevo Pedro Sánchez Marine Le Pen? Les voy a resumir siete años de
Zapatero en dos frases del propio ZP: Estamos en la Champions League de
la economía -sin comentarios- y Cataluña estará más unida que nunca. En
palabras de la ministra que no está aquí: Éxito garantizado. Ahora
ofrecen un nuevo estatuto de autonomía, ¿otra vez a repetir lo mismo?
¿Qué van a meter en el pack, a Zapatero de ministro de Economía? Si ya
han ido por ahí y fue un fracaso, un desastre.
¿Por qué todo el diálogo es siempre con el nacionalismo? ¿Para darles más
herramientas contra los catalanes demócratas? ¿No sienten ni un ápice de
empatía por los catalanes que queremos escoger el colegio de nuestros
hijos y no el que nos imponen los nacionalistas, y que no quieren ni para
sus hijos porque los llevan a otra educación? ¿No sienten empatía por los
catalanes que nos sentimos maltratados por la Generalitat de Catalunya,
por los catalanes que se han ido? Ya sé que vendrán aquí a negarme la
ruptura, pero es que es la única región de Europa de la que se han ido
decenas de jueces. ¿No les dice nada eso? Se van jueces y empresas, cómo
no se van a querer ir familias. ¿No sienten ni un ápice de empatía por
las familias que se quieren ir, pero no pueden? Y, sobre todo, ¿ni un
ápice de empatía por los que no nos queremos ir? No nos vamos a ir, por
mucho que nos presionen con sus lazos, con sus cortes de trenes y
carreteras, con sus amenazas, con su violencia; no nos vamos a ir.
(Aplausos).
Cuando les preguntamos sobre qué van a hacer nos dicen: o ayudan o es
mejor que se aparten. Pues miren, para destruir la democracia en Cataluña
no solo no les vamos a ayudar ni nos vamos a apartar, sino que nos vamos
a poner enfrente, acompañando a los funcionarios de justicia, a los
jueces, a los fiscales, a los policías y, sobre todo, a los catalanes que
durante demasiado tiempo nos hemos sentido demasiado solos, a los que
creemos en la justicia, en el imperio de la ley y en la democracia.
Señorías, lo mejor para Cataluña y para toda España es que disuelvan
ustedes la coalición de los resentimientos y convoquen elecciones; eso es
lo mejor para la democracia. (Aplausos). Sé que no lo van a hacer y, como
no hay mal que por bien no venga, les tengo que agradecer que cada día
que sigue este Gobierno nos dan una lección de lo que es un socialista.
Un socialista es alguien que se hace rico con la Administración pública,
que se pirra por clavarle impuestos al currante, pero que luego se
desvive por pagar los menos impuestos posibles. Eso es un socialista y es
una lección que este Gobierno y estos ministros nos dan cada día.
Señorías, por la democracia y hasta por ustedes mismos, disuelvan y
convoquen elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Al no haberse presentado enmiendas a esta
iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidenta.
Consejos vendo, pero para mí no tengo, que dice el refrán. ¿Cómo se atreve
el Partido Popular a presentar aquí semejante moción trufada de moralina,
con pretensión ejemplarizante y con la soberbia propia de los que revisan
la historia porque ellos no fueron a colonizar América, sino que fueron a
hacer grande España? ¿Me puede decir exactamente de qué son ustedes
ejemplo y en base a qué se sienten legitimados para venir aquí a dar
lecciones de nada? Por vergüenza torera, si les queda, les sugeriría que
retirasen esta moción, porque precisamente esta semana que ustedes pidan
que no se cometan injerencias con los funcionarios del Estado a mí me
daría vergüenza. Como estoy sufriendo vergüenza ajena, que es peor que la
propia, les sugeriría que retirasen esta moción. Pero veo que no, veo que
ustedes han salido a defenderla aquí con toda vehemencia y trufada de
falsedades. Yo llego a la conclusión de que usted, como catalán que es,
tiene que venir a Madrid que es más español que cualquiera de la meseta,
porque lo que usted suelta desde esta tribuna, ¿realmente usted se lo
cree? ¿Usted en qué realidad vive? ¿Qué Cataluña está retratando y qué
está contando a sus compañeros de Madrid sobre lo que pasa en Cataluña?
Pienso que está idealizando un discurso para que, como catalán, no lo
consideren sospechoso de no ser lo suficientemente contundente en la
defensa de España.
Hablando de ejemplaridad, ¿qué pueden contar de la Operación Kitchen? En
la que resulta que se interceptó documentación repleta de anotaciones
relativa a la caja B del Partido Popular y se ocultó a la justicia, si
tenemos que hacer caso a lo que sale en los medios. ¿O qué ejemplaridad
es -de lo que hace gala el señor Cosidó- ir presumiendo de que controlan
por detrás el Tribunal Supremo? ¿Qué legitimidad tiene el señor Cosidó
para aseverar semejante barbaridad, que no dimita y que hoy venga usted
aquí a exigir la dimisión de no sé qué ministra?
Hoy aquí no votaremos a favor de la dimisión de esta ministra, y menos en
una moción que ustedes han presentado, como ya le he dicho, con voluntad
de ser ejemplarizante. ¿Qué ejemplo dan ustedes del ministro que tiene
conversaciones con altos cargos para ordenar a fiscales que abran
expedientes? ¿O quizá viene a hablarnos de la ejemplaridad de su
exsecretaria general, que también tenía conversaciones secretas, incluso
ordenando investigaciones para perjudicar instrucciones judiciales con el
responsable y con el que tiene las llaves de las cloacas del Estado? ¿O
acaso es ejemplarizante toda la cuestión con relación a los másteres de
su actual secretario general? (El señor Roca Mas pronuncia palabras que
no se perciben). Sí, sí, los másteres del señor Casado, por si no lo ha
entendido bien. ¿Qué ejemplar actuación es esa con relación al contenido
de su moción, qué vienen a ejemplarizar? Por tanto, ¿se sienten ustedes
realmente legitimados para hablar de conductas nobles?
Como le digo, hoy viene usted aquí a pretender reprobar a una ministra con
semejantes credenciales. Le repito que respecto a su moción de
reprobación a una ministra, con su voluntad ejemplarizante, en la que
pide que se repruebe a la ministra de Justicia sin antes haber exigido la
dimisión del portavoz del Grupo Popular en el Senado, no son ustedes
creíbles. (El señor Roca Más pronuncia palabras que no se perciben). Por
tanto, votaremos en contra.
No le puedo escuchar porque no tiene el uso de la palabra, porque en este
caso la tengo yo. Por tanto, le digo que votaremos no a su moción.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresqui.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
La moción y la interpelación van cada una para una cosa. Ustedes presentan
una interpelación diciendo lo que dijeron, luego vienen con la moción y
en el fondo se ha demostrado de qué querían ustedes hablar, aunque
argumentaran otras cosas.
Debatimos, pues, una moción consecuencia de interpelación urgente a la
ministra de Justicia presentada por el Grupo Popular cuyo objetivo es la
reprobación de la ministra y por la posición de la Abogacía del Estado en
la causa especial que se sigue contra los políticos catalanes
independentistas en el Tribunal Supremo -en principio era eso- en defensa
de la Administración General del Estado como acusación particular que,
como sabemos, es la fiscalía a la que le corresponde la promoción de
acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público
tutelado por la ley. La anterior causa de reprobación se refuerza
volviendo a traer el caso Llarena y su defensa por el Estado ante los
tribunales belgas por unas declaraciones privadas en relación con
personas sobre las que estaban instruyendo un sumario y había enviado a
prisión de manera cautelar. Y también se trae como causa coadyuvante la
petición de reprobación, las famosas grabaciones del excomisario
Villarejo en una comida, etcétera.
La mezcla de estos asuntos da pie al Grupo Popular para sostener que la
ministra ha mentido y, además, se ha entrometido en los informes y
trabajos técnicos de los funcionarios de su ministerio, concluyendo por
ello la necesidad de que abandone el ministerio en calidad de máxima
responsable. Como hemos visto, eso es un Macguffin para lo que ustedes
pretendían.
Señorías del Grupo Popular, no votaremos favorablemente la reprobación de
la ministra porque no compartimos la valoración de los hechos que ustedes
realizan, ni siquiera los mismos hechos que ustedes dan por probados, y
no solo probados, sino juzgados y ya sentenciados por ustedes mismos.
Así, y ya lo hemos dicho más de una vez en esta Cámara, las
conversaciones en una comida con el señor Villarejo que grabó hace años
no ponen de manifiesto una actitud que afecta a la entonces fiscal de la
Audiencia Nacional a tal actividad ni que ahora le impida ser ministra.
Eso es lo de menos.
En cuanto a la defensa del señor Llarena por parte del Estado en los
tribunales belgas por haber vulnerado el derecho al honor de personas
respecto a las que se instruía un sumario y tenían prisión preventiva,
también nos pronunciamos en su día denunciando que en esta defensa a
ultranza no se pretendía defender en todo caso la soberanía de la
jurisdicción, sino una visión partidista de una idea de
España y que para ese fin se había instrumentalizado a la misma justicia,
viéndose en la obligación de defender al juez Llarena en una causa
privada para que no se pusiera en entredicho su aparente falta de
imparcialidad en el caso.
En cuanto a que en el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía
del Estado no se considera que los hechos que se imputan a los acusados
son subsumibles en el tipo de rebelión, simplemente creemos que se alinea
con la posición técnicamente más correcta y porque son legión los
profesionales del derecho que así lo consideran, entre ellos el
presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, como, por
cierto, tampoco consideramos el de sedición. La violencia requerida por
estos tipos penales no se vio en Cataluña, pero tampoco se vio en
Alemania ni en Bélgica ni en Escocia ni en Suiza.
Y respecto a eso que usted ha dicho de los resquicios de la justicia, vaya
usted con su docta sapiencia y explíqueles a los jueces belgas, alemanes,
etcétera, todo lo que ha dicho aquí porque no deben tener ni idea de
justicia todos ellos. Por eso no consideramos procedente hablar, como se
hace en la moción, de golpistas. Aquí el golpe de Estado lo dio un señor
que murió justo ayer hace cuarenta y tres años, y que a algunos tantos
problemas les cuesta condenar, y otro señor que vino aquí con un
tricornio y que intentó hacer eso. Esos son los golpes de Estado que se
han dado en este país, esos y no otros.
Además, no consideramos procedente acusar a la ahora ministra de hablar de
las cloacas policiales por aquella comida y menos que esa acusación venga
del Grupo Popular después de las conclusiones alcanzadas por esta Cámara
respecto al uso por parte del Ministerio del Interior cuando lo dirigía
el señor Fernández Díaz y el señor Cosidó, de la policía, para fines
partidistas y ahora sabemos también que para eludir la acción de la
justicia, tal y como se ha demostrado en cuanto a la financiación en B
del Partido Popular que hemos conocido a través de las idas y venidas con
cajas de documentación del señor Bárcenas, del señor Cosidó y de ciertos
policías nacionales.
Como ven, señorías del Grupo Popular, no podemos apoyar su moción porque
no tienen razón y, además, no han sabido tenerla. Le puedo leer cuál fue
el tono desabrido que se utilizó aquí en la presentación de la
interpelación. Le voy a leer cosas que aparecen en el Diario de Sesiones:
Pasará usted a la historia del ministerio como la más indigna. Por sus
manejos, no puede caer más bajo como ministra. Es usted indigna de estar
aquí y representar al Gobierno. No va a poder mirar a la cara a sus
compañeros porque los despreció. Todo lo que toca, lo contamina y
devalúa. Es usted la siniestra mano que ejecuta las órdenes de su amo,
etcétera. Por lo tanto, aquí vemos que el estiércol se reparte muchas
semanas, no solo hoy.
Señoras y señores diputados, tras esta larga lista de exabruptos, que no
vale la pena reproducir, no apoyaremos su moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la
señora Telechea i Lozano. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos
tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
Señorías del Partido Popular, de cemento armado la tienen. Nos traen aquí
una iniciativa pidiendo tres cosas. Primera, reprobar a la ministra ya
reprobada, la señora Delgado, la misma con la que hace unos días se
reunía el señor Catalá, los dos juntitos negociando bajo las órdenes del
señor Casado y del señor Sánchez. Ji ji, ja ja, este juez lo pones tú.
Este, que puede contentar a los independientes, para ti. Venga, a este le
hacemos presidente. Y dejamos un par de ellos para Podemos. Y ya. Jugada
redonda, así lo llamaban ustedes. Eso, señorías, estaba pasando hace solo
un par de semanas y hoy, sin ningún sonrojo, piden la reprobación de su
cómplice, la ministra de Justicia. La palabra cinismo, desde luego, se me
queda muy corta.
La segunda cosa que piden es el respeto hacia los trabajos de los
funcionarios de la Administración de Justicia, piden velar por su
independencia. Miren, Partido Popular e independencia judicial no casan,
oxímoron. Pregúntenle al señor Ruiz-Gallardón, que cambió la ley para
politizar la justicia. O -mucho más reciente- pregunten a su portavoz del
Senado, al señor Cosidó, pregúntenle por esa jugada estupenda que el
señor Sánchez, junto con el señor Casado, maquinaron: Controlar por
detrás a los jueces. Palabras textuales. Y además a los que tendrían que
juzgarles a ustedes, llegado el caso. El mensaje que reenvía el señor
Cosidó -bajo encargo de quién sabe quién- viene a decir: No habrá más
imputados investigados populares. Tranquilos, nos ocupamos. ¡Cuánto miedo
tienen ustedes,
señorías! Es una vergüenza lo que están haciendo con nuestra justicia a
costa de ese miedo. (Aplausos). Esta moción es una burla a los españoles,
no por lo que incluyen en ella, sino porque viene de ustedes.
Y la tercera y última cosa que piden es un funcionamiento transparente de
la Administración. ¿Transparencia vía wasap? Les ha faltado añadir: Si
nos pillan, lo borramos y lo negamos todo, que es lo que ha hecho el
señor Casado. Señorías, por favor, no hagan más el ridículo. Tengan al
menos un mínimo de dignidad. ¿No se dan cuenta de que ya no engañan a
nadie? Ya está bien, se ha descubierto el pastel. Lo que ocurrió es que
el señor Casado cedió la mayoría de los jueces al Partido Socialista y a
Podemos, a cambio de controlar esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y
todos tan contentos, juntitos además: Socialistas, Populares y Podemos.
En ese momento a ustedes no les preocupaba el juicio del 1 de octubre,
causa que tendría que abandonar el señor Marchena. No les preocupaba lo
más mínimo que la Abogacía del Estado viera comprometida su independencia
al ser dirigida por el señor Sánchez y compañía, que instruían ellos
mismos la causa desde los medios de comunicación diciendo que lo que
antes era rebelión ahora es sedición. No estaban preocupados entonces ni
lo están tampoco ahora. Sentido del Estado, ninguno, señorías; no lo
tienen. Disimulan porque el plan les salió mal, les falló. El señor
Marchena se negó a participar en eso que para ustedes era una jugada
maestra.
Algunos tenemos sentimientos contradictorios, por un lado, el de tristeza
al presenciar el vergonzoso espectáculo que están dando ustedes
(señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y
también ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) con este indecente reparto del control del Poder Judicial. Y
de Podemos, que también forma parte de él, poco tengo que decir porque no
creen en la separación de poderes. Los jueces tendrán que firmar un
documento comprometiéndose con el Gobierno, lo decían así sin ningún tipo
de pudor, así que a estas alturas quien tenga alguna esperanza puesta en
ellos, simplemente, se engaña a sí mismo. Por otro lado, esa tristeza de
la que hablaba viene acompañada de orgullo y esperanza. Siento orgullo
porque pertenezco a un partido como Ciudadanos que pudiendo haber entrado
en este indecente cambalache no lo ha hecho. (Aplausos). Y siento también
esperanza por los jueces como el señor Marchena, hay muchos; esperanza
porque creo que esta será la última vez, está siendo todo tan repugnante
que estoy segura de que los españoles van a tomar buena nota de ello.
Todo esto que están haciendo -señorías populares, señorías socialistas-
les va a pasar factura y les va a pasar factura en las urnas.
Desde aquí les digo a esos jueces, a esos fiscales, a esos juristas y a
todos los ciudadanos que mantengan también la esperanza porque nuestra
ley se aprobará y entonces los jueces no serán elegidos por los políticos
de turno para intentar tapar su corrupción o contentar a los que
desprecian nuestro país y se saltan la ley a cambio de un simple voto que
les mantenga en la Moncloa. Cuando Ciudadanos gobierne, el Consejo de
Europa, el Greco, no nos volverá a poner la cara colorada, los jueces
tendrán las manos libres para juzgar con independencia y queda muy poco
ya para eso, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Egun on. Mila ezker. Buenos días a todos y a todas.
El Grupo Popular nos trae una moción nuevamente de reprobación de la
ministra de Justicia, esta vez con la excusa de que hizo algo que,
supuestamente, no solo le es debido por su función sino que incluso está
obligada a ello, que es dar instrucciones a la Abogacía del Estado para
en uso de su criterio político defender los intereses del Estado en un
determinado caso concreto. Nada raro hay en ello, ya saben ustedes
nuestra opinión. Sencillamente, incluso pensamos que la posición
manifestada en este caso por la Abogacía del Estado es jurídicamente
bastante más sostenible que el delito de rebelión, en el que nadie cree.
Y hay un debate jurídico en esto que no pueden ustedes obviar en el
sentido de que no existió violencia en Cataluña y, por lo tanto, la
exposición judicial como la instrucción y las prisiones provisionalmente
que injustamente tienen en prisión a determinados líderes
independentistas catalanes no se sostienen desde un punto de vista
jurídico y mucho menos político, que es lo que a nosotros y nosotras nos
toca decir aquí. En ese sentido, denunciamos su actitud.
Su actitud es reprobar a una ministra, intentar saltar a una ministra del
Gobierno sencillamente porque ustedes no están de acuerdo con la forma de
proceder. Pero lo que ustedes están haciendo es banalizar la reprobación.
Ustedes la están banalizando porque debo recordarles que hace poquito
aquí se reprobaba a ministros de Justicia de su partido y se les
reprobaba por injerencias en el Poder Judicial; injerencias
que habían salido en el sentido de que le gustaba muchísimo el cojonudo
Moix, que era el fiscal que iba a hacer las cosas estupendamente, el otro
te lo afinaba, el otro funcionaba de determinada manera... Es decir, un
secreto a voces. Y si ustedes creen que no nos habíamos enterado de eso,
aquí hay cinco millones de votos que aparecieron porque teníamos claro,
clarísimo, desde el primer momento qué utilización estaban haciendo
ustedes de la justicia y de los elementos de gobierno de la justicia y
del Poder Judicial.
Si vamos a eso, lo que habrá que decirles claramente es que son un partido
antisistema. Ustedes están dando un espectáculo absolutamente lamentable.
Por cuestiones puramente internas ustedes no solo están poniendo en
riesgo las instituciones del Estado y el correcto gobierno y nombramiento
de los jueces, sino que también están poniendo en riesgo -y yo diría que
incluso en ridículo- el funcionamiento de esta Cámara con un escrito que
ustedes firmaron en el que proponían a una serie de personas -con acuerdo
o sin él, porque a nosotros nos da igual- y con una Comisión de
Nombramientos que se ha reunido con presencia de la presidenta del
Congreso. Han dicho claramente a la gente a la que han propuesto ustedes
nominalmente -y que son exdiputados suyos- que no vengan de cara a
manipular ese procedimiento y lo que ahora están intentando hacer es que
este Congreso no se pronuncie sobre una de sus atribuciones legítimas,
que es decidir o no con arreglo a la ley quiénes tienen que estar, entre
los propuestos por los jueces y las jueces, en el Consejo General del
Poder Judicial. Eso, señorías, no depende de ustedes, sino que depende de
esta Cámara.
Tampoco vamos a librar al Partido Socialista de todo esto. Entendemos que
han sido una parte importante en toda esta situación. Entendemos que
ustedes han caído en una corrupción de las costumbres a pesar de todas
aquellas advertencias que hacía el Tribunal Constitucional de que el
incorrecto manejo del sistema legítimo de nombramiento de los jueces por
parte del poder público, de los representantes populares que están aquí,
podía llevar a una desacreditación de las instituciones. Lo han hecho,
porque esto se debía negociar en esta Cámara. Esto se debía negociar con
luz y taquígrafos. Se debía introducir la pluralidad en ese consejo, que
es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional; y la pluralidad de
ese consejo es la pluralidad de sensibilidades que se encuentran en la
sociedad española. Eso es lo que hubiera hecho que ese consejo y este
sistema funcionaran y que no diéramos alas a lo que ha sucedido ahora,
porque vamos a sustituir el legítimo control popular de esa pluralidad y
esas sensibilidades por parte de las instituciones del Estado por
negociaciones absolutamente oscuras por parte de un corporativismo mal
entendido. Ya veremos si no estamos sustituyendo las supuestas
injerencias por una mafia judicial que ponga y quite en función de otros
intereses que no tengan absolutamente nada que ver con la ciudadanía.
Esto lo veremos con el tiempo y esa responsabilidad, que es compartida,
debe exigirse.
Por tanto, más allá de todo eso, deberíamos intentar entre todos y todas
devolverle algo de ilusión a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la
justicia. Entre todos y todas deberíamos tratar de solucionar los
problemas reales de la justicia, que son los miles de juicios y
sentencias que responden a los intereses de la ciudadanía y que en este
momento se están llevando a cabo en los juzgados y tribunales de todo el
Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo
Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, el portavoz del
Grupo Popular nos ha regalado hoy una intervención delirante, aunque debo
reconocer que sin llegar a las dosis de hilaridad y mal gusto de que hizo
gala su portavoz con motivo de la interpelación a la ministra. Ambas
intervenciones son perfectamente acordes con el estilo mesurado,
comedido, moderado y juicioso del señor Casado y, por supuesto, de su
mentor, el señor Aznar. La moción que hoy nos propone el Grupo Popular
eleva al paroxismo la impudicia de la que es capaz el Partido Popular.
Primera perla. La exposición de motivos, sin ningún tipo de pudor ni
recato, afirma lo siguiente -abro comillas-: "todos somos ejemplos para
los demás. Pero entre todos, deben ser especialmente ejemplares los
gobernantes, por la enorme influencia que ejercen -con sus acciones,
omisiones y actitudes- sobre la sociedad. Ejemplaridad exigible tanto
privada como públicamente...". Fin de la cita. Sin comentarios. Solo una
pregunta, no sé dónde estaba el portavoz del Grupo Popular ayer cuando
comparecieron el señor Matas y el señor Trillo en la Comisión de
investigación sobre su financiación ilegal. (El señor vicepresidente,
Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Segunda perla de esta moción
-abro comillas-: "Instar al Gobierno para que profundice en el
funcionamiento transparente de la Administración
General del Estado...". Mire, sin necesidad de su impulso, este Gobierno
está plenamente comprometido con la transparencia. De hecho, fíjese, el
28 de septiembre pasado el Boletín Oficial del Estado publicó las
declaraciones de bienes de más de mil altos cargos pendientes desde el
año 2014 porque el Gobierno del Partido Popular las había escondido en un
cajón incumpliendo la ley, pero es que no les queda ningún atisbo de
rubor, han perdido toda capacidad para sonrojarse al confrontar lo que
hoy dicen y lo que evidencian sus actos pasados más recientes. Tercera y
última perla. La Abogacía General del Estado ha sido la víctima principal
de la injerencia política del Gobierno -dice la moción-.
Reconozco que ustedes no tienen límite. Se atreven a poner esto negro
sobre blanco tras lo que les dijo la ministra de Justicia hace apenas una
semana. Porque la ministra les recordó, primero, que ustedes nombraron
abogada general del Estado a una sobrina de Álvaro Lapuerta. Supongo que
usted no debía estar aquí, porque todo le suena raro, pero la ministra se
lo dijo, que ustedes nombraron abogada general del Estado a una sobrina
de Álvaro Lapuerta. Como usted debería saber, Álvaro Lapuerta fue
tesorero del Partido Popular durante casi dos décadas, Álvaro Lapuerta
urdió lo que la Audiencia Nacional ha llamado un auténtico y eficaz
sistema de corrupción institucional para financiar al Partido Popular, y
fue la sobrina del señor Lapuerta quien negó la personación del Estado en
la causa de la caja B del Partido Popular a pesar del evidente perjuicio
para el Estado por los delitos fiscales cometidos. Repito, ustedes no
tienen límite en esta carrera desbocada hacia la política del absurdo,
porque existe un teatro del absurdo y existe también una política del
absurdo, la que ustedes hacen. Porque ustedes niegan lo evidente. Si
hasta en esta Cámara, por negar, han negado hasta la existencia de la
catedral de Burgos, y piensan ustedes seguir negándolo todo.
Ustedes necesitan negarlo todo porque ustedes quieren construir un nuevo
relato de la realidad que enmascare su pasado más reciente. Pero miren,
lo tienen imposible. ¿Saben por qué? Yo se lo diré, porque pasarán muchas
generaciones antes de que se borre de la memoria colectiva lo que ha
pasado, lo que ha ocurrido en este país, y aun así los libros de historia
seguirán haciéndose eco de ello, los manuales de la ESO recordarán a las
generaciones venideras que hubo un Gobierno del Partido Popular instalado
en la corrupción sistémica que acumuló más de mil años de cárcel, cuyo
hedor provocó tanta nausea y hastío entre los españoles que por primera y
única vez en cuarenta años fue censurado y cesado por este Parlamento.
Esto es lo que recogerán los libros de historia y no el ruido que ustedes
pretenden provocar con este tipo de iniciativas.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rallo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, SOBRE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DICTÁMENES Y MEDIDAS
CAUTELARES ESTABLECIDAS POR EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES DE NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 173/000124).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente
punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre
los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares
establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral
Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor vicepresidente.
La moción que nosotros hemos planteado es bastante sencilla. Tiene un
objetivo muy concreto, el cumplimiento del principio de legalidad. Hemos
estado analizando las enmiendas de los diferentes grupos y creemos que no
es momento de entrar en ningún mercadeo, de entrar en qué metemos, qué no
metemos o qué sacamos. La verdad es que hay algunas cuestiones
clarificadoras, que a mí, sinceramente, no me han dejado de sorprender,
como son las enmiendas que articula el grupo antipopular. Por una parte,
hablan del cumplimiento de nuestras obligaciones, pero, por otra parte,
hacen bandera de procedimientos judiciales que vulneran el derecho a la
defensa, derecho esencial en un Estado de derecho, el derecho a un juicio
justo, a la tutela judicial efectiva; hacen bandera de una ley un tanto
vergonzante que aprobamos en esta Cámara relativa a los desalojos exprés.
No deja de sorprender que, en esto, se haga bandera de una proposición
del PDeCAT. En estos momentos de la jornada ya no estamos en el monotema
y, por tanto, se pueden dar amplios acuerdos en ese sentido, aunque creo
que, finalmente, no los va a haber
porque tengo la esperanza de que hasta el PDeCAT esté de acuerdo con el
cumplimiento estricto de los dictámenes y de las cautelares dictadas por
el comité DESC de Naciones Unidas.
Desgraciadamente, el otro día me hubiera gustado poder debatir con la
ministra de Justicia -que ha creado en el mes de agosto una dirección
general- para encauzar las resoluciones judiciales de los órganos
internacionales a los que pertenecemos en materia de derechos humanos de
cara a los propios juzgados y tribunales. Nos hubiera gustado que nos
explicara por qué esas resoluciones no están llegando a los juzgados y la
gente está teniendo que llevar una fotocopia en una carpeta para
entregársela a un juez, y esto viola su derecho a un juicio con las
debidas garantías. Nuestro Estado forma parte de un sistema internacional
de protección de derechos humanos y, en este sentido, creemos que hay dos
cuestiones. Una es que no debería ser necesario que nadie tuviera que
acudir al comité DESC de Naciones Unidas. Deberíamos tener un
ordenamiento jurídico que cumpliese los preceptos contemplados en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que
nadie fuera desalojado sin alternativa habitacional en un país donde hay
más de 3 400 000 viviendas vacías. Es absolutamente inconcebible que,
habiendo recursos suficientes en el país, alguien se encuentre en una
situación tan grave. Asimismo, entendemos que ese sistema debe funcionar,
y debería ser para casos excepcionales.
La realidad es que formamos parte de ese sistema de protección de derechos
humanos, que firmamos el pacto internacional y firmamos el protocolo
facultativo en el que reconocemos al comité DESC la posibilidad de
desarrollar cautelares y dictámenes, pero, luego, en esta tribuna se oye
que se pone en duda que sean vinculantes. He de manifestar que decir esto
es violar la Constitución, y se lo digo a aquellos que les gusta hacer
bandera del constitucionalismo. No es constitucionalista quien no
entiende el artículo 96 de la Constitución española ni el artículo 10. El
artículo 96 dice no que haya que tender a cumplir las resoluciones del
comité DESC, sino que hay que cumplirlas de forma análoga a las
resoluciones judiciales, según vienen contemplando también las sentencias
de nuestro Tribunal Supremo, que dice claramente que, aunque no exista un
cauce preestablecido, las resoluciones de los comités internacionales de
los que somos parte, de los protocolos internacionales de los que somos
parte, son de obligado cumplimiento para el Estado.
Si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir con la señora Delgado, me
hubiera gustado preguntarle por qué el Ministerio de Justicia no remite
esas resoluciones judiciales a los respectivos juzgados y por qué la
Abogacía del Estado, en interés del Estado, no se persona en todos los
procedimientos judiciales en los que se ha requerido una cautelar del
comité DESC para la suspensión de un desalojo forzoso sin alternativa
habitacional. Lo que estarían haciendo los abogados del Estado es
defender los intereses del Estado, que es su obligación, pero los
intereses del Estado son los intereses de la población y no los intereses
de los especuladores.
Nosotros y nosotras creemos que los especuladores no pueden estar por
encima de la ley. Nosotros y nosotras creemos que participar de un
sistema internacional de protección de los derechos humanos no es,
simplemente, ir dando lecciones de derechos humanos por el mundo, sino de
cumplirlos. La gente de nuestro país tiene derecho a que se la respete,
máxime en un momento en que los fondos buitre aterrizan de forma salvaje
en nuestro país y disparan de forma artificial los precios de los
alquileres de las viviendas, ante la absoluta pasividad de los poderes
públicos. Nosotros y nosotras tenemos claro que hay que sentarle la mano
a los fondos buitre; que hay que sentarle la mano a los especuladores;
que, evidentemente, no es posible que las entidades financieras sigan
desarrollando actividades antisociales, como son los desalojos forzosos
sin alternativa habitacional; que hay que meterles en vereda, y eso
significa que se tiene que cumplir la ley. Fíjense ustedes qué cosa tan
radical. Pero quién sabe, en esta Cámara hemos oído que cualquier tipo de
intervención pública es cosa de comunistas. Cualquier día oiremos desde
esta Cámara que el señor De Gaulle también era un comunista.
Gracias y buenos días. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mayoral.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Clemente
Giménez.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Qué lástima que haya apenas un cuarto de la plaza para un tema tan
importante como el que nos ocupa, el de los desahucios.
En primer lugar, el inicio de la moción -me refiero a cómo empezaba
literalmente la parte expositiva- dice que el problema del acceso a la
vivienda en España está estrechamente relacionado con la crisis
hipotecaria; no directamente o quizás en una segunda derivada. Lo primero
que pensé es que las señorías de Podemos no saben o saben poco de
hipotecas. Luego, como arquitecto y perito tasador que soy, recordando la
negociación del crédito hipotecario del señor Iglesias y el valor medio
de mercado de su casoplón de Galapagar al lado del de sus vecinos, se me
despejaron todas todas las dudas: de hipoteca sí que saben, sí que saben.
(Aplausos). Estoy de acuerdo, además, con que la subida exponencial de
los precios de los alquileres en las grandes ciudades en España, por
ejemplo en Madrid, donde en los últimos cinco años han subido un 45 %, es
un tema que debemos tratar de manera urgente, pero escuchando la
exposición del señor Mayoral, que ahora nos abandona, cuando ha hablado
de especulación, no he podido dejar de acordarme del señor Ramón Espinar,
y he pensado que de este tema también saben por experiencia propia.
Pero hablemos de lo importante, que son los desahucios. El drama de los
desahucios ha sido un triste episodio en nuestra historia de sobra
conocida. Podría poner un ejemplo de mi etapa de concejal y de cómo
hicimos un plan de realojo habitacional que protegía sobre todo a los
niños. También me gustaría poner otro ejemplo de cómo, además de poner
soluciones, hay que dotarlas económicamente. La Junta de Andalucía apenas
ha dotado para el Plan de vivienda -que no todo va a realojo habitacional
de emergencia- 320 millones de euros, que respecto a los más de 32 000 de
presupuesto suponen un 0,01 %. En la época en la que yo fui concejal,
desde Ciudadanos impulsamos un plan de realojo de emergencia que dotamos
con más de 800 000 euros, un 1 % del presupuesto municipal; eso es cien
veces más que el Gobierno autonómico. Aún no hay consenso sobre la cifra
entre el INE y el Consejo General del Poder Judicial. La plataforma de
afectados afirma que entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo al menos 244
278 desalojos de familias de sus viviendas. Sin embargo, la propia
plataforma reconocía en su estadística que no distinguía entre desahucios
provocados por impago hipotecario o por impago en el alquiler, o entre
ejecuciones de una vivienda habitual o de una segunda residencia o local
comercial.
Me gustaría enseñarles un gráfico (muestra un gráfico), en donde podemos
ver una línea de color más oscuro, tirando a rojo, que muestra cómo en el
último trimestre del año 2018 los desahucios y los lanzamientos por
motivo del impago del alquiler se están incrementando en valores por
encima del 80 %. También me gustaría enseñarles otro gráfico (muestra
otro gráfico) que es muy significativo. En una distribución en todo el
territorio de la nación se ve cómo en las grandes capitales y en las
zonas de Levante y, especialmente, en Cataluña el desahucio por motivo
del alquiler es muy superior al hipotecario. Y sobre todo, quiero
mostrarles un gráfico claro (muestra otro gráfico) en el que se ve el
incremento brutal del alquiler en los últimos cinco años en ciudades como
Barcelona, Las Palmas o Madrid; el crecimiento es exponencial. Debemos
tomar medidas para ayudar a quienes lo han perdido todo y apoyar a esas
casi 500 000 familias que se han quedado sin nada por causa de la crisis,
la mayoría con viviendas compradas en los años del boom inmobiliario, con
precios inflados por culpa de la burbuja inmobiliaria alimentada por los
viejos partidos y no frenada por los organismos que, obscenamente,
estaban politizados y no supieron poner medidas para evitarlo.
¿Por qué presentamos una enmienda? Es obvio: porque lo consideramos
totalmente necesario. En cualquier caso, más allá de que se trate o no de
dictámenes vinculantes, que es lo que ha dicho antes el señor Mayoral
-que estas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales son vinculantes-, no lo son jurídicamente. No puedo
dejar de acordarme también de los famosos ayuntamientos del cambio.
(Muestra un gráfico). Vemos, por ejemplo, cómo Madrid, Barcelona e
incluso Valencia están a la cabeza en número de desahucios por impago del
alquiler, que es el verdadero reto al que nos enfrentamos. El quid de la
cuestión es hacerlo vinculante o no, y nosotros creemos que hay que
incorporar al derecho propio las medidas para salvar a estas familias.
¿Cuáles son nuestras propuestas? Sencillo: una ley de segunda oportunidad
que facilite la reestructuración, el perdón judicial de las deudas, la
dación en pago y el alquiler social. Nuestra prioridad son aquellas
familias que han sufrido o pueden sufrir un desahucio. Queremos que
puedan cancelar su deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda
en caso de ejecución y quedarse en su domicilio durante un plazo mínimo
de tres años, prorrogables hasta cinco, con un alquiler social que no
supere nunca el 30 % de sus ingresos, pudiendo solicitar la suspensión
del lanzamiento y el derecho a permanecer en la vivienda junto con los
demás miembros de su unidad familiar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Rominguera Salazar.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Buenas tardes ya. Gracias, señor presidente.
El pasado mes de marzo debatíamos en este hemiciclo el incumplimiento por
parte del Estado español de las recomendaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y hoy comprobamos
que algunos de los puntos que aquella moción contenía se vuelven a
incluir en la que debatimos ahora, siendo la posición de mi grupo,
evidentemente, la misma: nuestro más absoluto compromiso en defensa del
derecho a la vivienda, en la insistencia en poner de manifiesto el
impacto que tiene o puede tener la vulneración del derecho a la vivienda,
porque los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están
interrelacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una
vivienda adecuada puede afectar al disfrute de una amplia gama de otros
derechos humanos y viceversa.
Como decía, esta moción se presentó en marzo y salió adelante, si bien
para el grupo que entonces sustentaba al Gobierno este era un asunto
incómodo, porque su portavoz entonces manifestó que con ella se hacía
sangre. Miren, lo sangrante son noticias como una con la que se
despertaba Ceuta hace dos días, en la que se conocía que a un ciudadano
ceutí, Abdelmalik, en una situación de absoluta vulnerabilidad y con dos
hijas menores a su cargo, se le notificaba en el hospital donde está
ingresado para ser sometido a una intervención quirúrgica de gravedad,
que el próximo día 28, coincidiendo con la intervención, va a ser
desalojado de su vivienda junto a sus dos hijas, sin que se haya
promovido por parte de los servicios competentes de la ciudad autónoma
que gobierna el Partido Popular, en coordinación con las demás
administraciones, ninguna alternativa habitacional. Eso sí que es
sangrante. Lo es sobre todo porque estamos hablando de una situación de
especial vulnerabilidad, estamos hablando de una familia con escasos
recursos y con dos menores a su cargo; estamos hablando de esas familias
respecto a las cuales Naciones Unidas hace estos dictámenes. Además,
actualmente existen mecanismos para que las distintas administraciones se
coordinen y así puedan evitar situaciones como esta. Existen mecanismos y
el señor Mayoral lo sabe. Sabe que a propuesta de mi grupo se incluyó en
la Ley 5/2018, de 11 de junio, la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas.
Incluíamos una disposición adicional que, bajo la rúbrica coordinación y
cooperación entre administraciones públicas, dispone que las
administraciones públicas habrán de establecer medidas ágiles de
coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los
servicios sociales en el ámbito autonómico y local, para prevenir
situaciones de exclusión residencial y para dar una respuesta lo más
adecuada e inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se
detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de
viviendas. Fíjense si compartimos el fondo del asunto que nos trae,
siendo conscientes también de que hay mucho que hacer y de que hay que
afianzar -claro que hay que hacerlo- incluso esos protocolos de
coordinación entre las administraciones autonómicas y el Consejo General
del Poder Judicial que incluyen en el punto 2 de esta moción, que era el
punto 3 de la moción del pasado mes de marzo. Hace tiempo, en 2016, en
Andalucía, el Gobierno socialista de Susana Díaz firmó un convenio a tres
bandas: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y
Provincias y Consejo General del Poder Judicial. Ya ven, señorías del
Partido Popular, los socialistas andaluces ocupándose de las personas más
vulnerables, de sus derechos (aplausos), mientras que para ustedes eso
es, según me ha parecido escuchar al señor Casado, un gesto de soberbia.
Pues más que calificar con insultos lo que no les gusta, yo creo que
deberían tomar nota.
Pues bien, si en marzo de 2018 para el Gobierno esta moción era hacer
sangre, hoy, afortunadamente, el Gobierno trabaja sobre la base de un
principio fundamental, que es la defensa del interés general, y eso pasa
por la protección de los colectivos más vulnerables, en los que se
encuadran las víctimas de desahucios sin alternativa habitacional. De
hecho, el Ministerio de Fomento está actuando para proteger a quienes
sufren dificultades para acceder a una vivienda o directamente la han
perdido, comprometiéndose a incrementar progresivamente el presupuesto
anual de vivienda, a incrementar el parque de viviendas en alquiler
social en colaboración con las demás administraciones y a empoderar a los
ayuntamientos para que puedan intervenir en caso de que sea necesario. El
Ministerio de Justicia está trabajando para afianzar la coordinación de
sus actuaciones en este ámbito y las relaciones con los organismos
internacionales, así como para mejorar la coordinación tanto con los
órganos judiciales como con los servicios sociales autonómicos y locales
para evitar que se puedan producir desahucios de familias especialmente
vulnerables o sin alternativa habitacional, todo ello en línea, señor
Mayoral, con las últimas recomendaciones que nos ha hecho Naciones
Unidas. En este esfuerzo sí colabora la Abogacía General del Estado.
Además, este ministerio, el Ministerio de Justicia, está trabajando para
avanzar hacia procedimientos civiles rápidos, por los que, en
colaboración con los servicios sociales, se pueden identificar los casos
de personas
especialmente vulnerables para que el propio juzgado pueda arbitrar
medidas para su protección. Asimismo, hay que señalar que, tal y como
dice la moción, el Gobierno va a colaborar con las universidades y con la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para promover la
inclusión de créditos sobre derechos humanos y los tratados
internacionales que reconocen su existencia en los planes de estudios de
todas las universidades del país.
Por tanto, ya ven, el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y la
protección a los colectivos más vulnerables ya forma parte de la agenda
del Gobierno. Es una prioridad de nuestro grupo que sea una realidad, y
por ello compartimos el fondo del asunto de la moción. Lo que pasa es que
adolece de defectos, cuando menos formales, como ignorar que la
elaboración de los planes de estudios universitarios entra dentro del
derecho a la autonomía de la universidad o pretender, con el punto 8 de
la parte dispositiva, la vulneración -entendemos- del derecho a la
protección de datos sobre comunicación, ignorando la necesidad del previo
consentimiento informado y expreso de las personas afectadas y, lo que es
peor, ignorando el propio artículo 6 del protocolo facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige
confidencialidad en las comunicaciones. Además, se reiteran pidiendo lo
que existe, como son los cursos de formación para jueces. No tienen en
cuenta que en los planes de formación continua de 2018 y 2019 del Consejo
General del Poder Judicial ya se incluyen actividades de formación en
materia de protección de derechos humanos.
Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Creemos que son necesarias para
poder ajustar a derecho esta iniciativa, dotarla de una mayor coherencia
y, en definitiva, hacer posible su cumplimiento, que es de lo que se
trata.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rominguera.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora Alonso Hernández.
La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me alegra que estemos hoy hablando sobre los derechos
económicos, sociales y culturales y en especial que estemos hablando de
vivienda. El derecho a una vivienda digna es una preocupación que
compartimos todos los grupos políticos de esta Cámara y es algo en lo que
el Partido Popular lleva muchos años trabajando. No obstante, no deja de
resultar sorprendente la vehemencia con la que algunos grupos
parlamentarios defienden aquí, en España, los derechos económicos,
sociales y culturales y, mientras tanto, sin ningún tipo de pudor,
justifican la dictadura del señor Nicolás Maduro, en la que a diario se
pisotean los derechos de cientos de miles de venezolanos. Nos
decepcionan, señorías de Podemos, porque díganme: ¿Se respetan los
derechos sociales en Venezuela, donde el hambre se ha triplicado en los
últimos años según la FAO? Por favor, sean coherentes. Los derechos
sociales y los derechos económicos se respetan siempre, en todos los
sitios, y se defienden siempre. Y, señorías del Partido Socialista, en
este aspecto el silencio del presidente Pedro Sánchez en la Cumbre de
Iberoamérica fue igual de atronador que las palabras que muchas veces
dedican sus socios de Gobierno.
Pero hablando ya de la moción que nos ocupa, esta moción es como casi todo
lo que presenta Podemos: un montón de buenas intenciones sobre el papel y
luego nada más, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Además, manifiestan
un absoluto desconocimiento de su grupo hacia todas las políticas de
vivienda que se han llevado a cabo en este país. Ustedes -y esto también
es aplicable al Partido Socialista- vienen aquí a darnos lecciones de
vivienda, pero ¿saben lo que está pasando allí donde gobiernan el PSOE y
sus socios? Pasa que uno de cada cuatro desahucios se produce en
Cataluña, pasa que un 16 % de los desahucios se produce en Andalucía y un
13 % en la Comunidad Valenciana. Pasa que en Barcelona, además de existir
barrios atemorizados por los narcopisos y por las ocupaciones ilegales,
la lista de espera para obtener una vivienda de emergencia se ha
multiplicado por diez en dos años. Y en el Ayuntamiento de Madrid, la
señora Carmena tan solo ha ejecutado un 25 % del total del presupuesto de
2018 en materia de vivienda, un 25 % según sus propios datos del portal
de transparencia del Ayuntamiento.
El tema es muy serio, y nosotros, poderes públicos, tenemos que actuar,
así que dejémonos de palabrerías y pongámonos manos a la obra. Manos a la
obra como ya ha hecho y lleva haciendo muchos años el Partido Popular,
con políticas serias, comprometidas coherentes y eficaces; políticas que
garantizan los derechos fundamentales de las personas; políticas que
garantizan la propiedad privada, porque no vamos a permitir ninguna
medida que atente contra los esfuerzos ahorradores de millones de
españoles; políticas que buscan garantizar que ni una sola persona en
situación de vulnerabilidad se quede en la
calle; políticas de hechos y no de palabras. Y no lo digo yo, que al final
soy del Partido Popular y lo defiendo, es que la propia ministra de
Economía puso como buen ejemplo las políticas del Partido Popular en su
intervención de la semana pasada. Fue ella la que habló del proyecto de
ley de crédito inmobiliario presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy;
fue ella la que se refirió en su intervención al código de buenas
prácticas bancarias del año 2012, también del Gobierno de Mariano Rajoy,
que ha permitido que más de 46 000 familias hayan podido reestructurar su
deuda. A decir verdad, de las pocas medidas a las que se refirió la
ministra socialista una fue la modificación del impuesto de actos
jurídicos documentados y ni siquiera fue para eliminarlo, tal y como
pedíamos en el Partido Popular.
Pero, además, hemos impulsado otra serie de medidas especialmente
dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, y son medidas que
amablemente les voy a recordar porque parece que a muchos de ustedes se
les han olvidado. Hemos aprobado tres reales decretos que han paralizado
la mayor parte de lanzamientos hipotecarios hasta 2020. Se ha constituido
el Fondo social de vivienda, casi 10 000 viviendas destinadas en
exclusiva a personas que hayan sido desalojadas de sus hogares
habituales. El Plan de Vivienda 2018-2021 incorpora un programa
específico para personas en situación de desahucio. También he de hablar
de nuestro plan que buscaba llevar Internet de alta velocidad a todas
nuestras zonas rurales para garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades en todas las partes del territorio, y que ustedes, señorías
del Partido Socialista, han dinamitado cuando han rebajado la exigencia a
los operadores.
Hechos y no palabras, señorías, estas son las actuaciones del Partido
Popular, esto es lo que se espera de un Gobierno serio y coherente. Lo
que no se espera de un Gobierno es que diga una cosa y luego haga otra,
como por ejemplo, señora Rominguera, que vengan aquí a defender la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de su texto cuando
ustedes la votaron en contra, pues no es coherente ni es serio. Tampoco
es serio ni coherente que digan que defienden los derechos económicos,
sociales y culturales cuando mientras crean un infierno fiscal para los
españoles y buscan subirnos todos y cada uno de los impuestos, algunos
buscan cómo eludirlos mediante sociedades instrumentales. Seriedad y
coherencia, señorías, esto es lo que se espera de un Gobierno. Si no
saben, no pueden o no les dejan, convoquen elecciones y déjennos a los
españoles decidir qué Gobierno queremos, si el Gobierno de la seriedad y
la coherencia o el suyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alonso.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los portavoces han hablado de todo, de tasaciones de viviendas
de señores diputados, de Venezuela, del botafumeiro del PP y del PSOE
-más del PP- sobre sus políticas de vivienda y han pedido convocar
elecciones, pero pocos se han estudiado el caso concreto. Vayamos al caso
concreto. ¿España firmó en 2009 el protocolo facultativo del Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones
Unidas? ¿Sí o no? Respondan estos señores que hablan de todo menos del
caso. ¿La firma de este protocolo permite a los ciudadanos españoles
presentar denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales? ¿Sí o no? Ustedes han venido aquí a hacer un mitin, pero no
se han leído este protocolo ni el convenio ni tampoco creo que hayan
tomado en consideración una sentencia del Tribunal Supremo muy
importante, de 17 de julio de 2018, en la cual se determina la
responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de un dictamen
de 2012 del Comité de la Convención sobre la eliminación de toda las
formas de discriminación contra la mujer en un caso de violencia contra
la mujer. Esta sentencia del Tribunal Supremo dice que el dictamen emana
de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por
expresa previsión del artículo 96 de la Constitución española, forma
parte del ordenamiento jurídico interno tras su ratificación. Pues bien,
señorías, sin hablar de tasaciones de viviendas de diputados, sin hablar
de Venezuela y yendo a la cuestión, España ha firmado el convenio, España
ha firmado el protocolo y hay una dirección general del Ministerio de
Justicia ocupada de recepcionar las decisiones de este comité de Naciones
Unidas.
Lo que plantea el grupo proponente es muy sensato: esta dirección general
debe trasladar a la Abogacía del Estado, ya que los veintitantos
afectados del último año deben ser conocedores de sus derechos o no.
Estamos ante un caso de calidad de protección de derechos fundamentales y
de derechos humanos, y ustedes han subido a la tribuna a hablar de todo
menos del caso. Miren qué sencillo es
prepararse esta intervención, miren qué sencillo es mirar un protocolo
adicional y un convenio de Naciones Unidas. Miren qué sencillo es revisar
en diagonal una sentencia del Tribunal Supremo y encontrar algún párrafo
concreto que haga referencia a lo que pide el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tienen razón en este
caso, y ustedes han venido a todo menos a decir si estaban de acuerdo o
no con el fondo de la cuestión, un fondo que va muy estrechamente ligado
a la situación actual, a los datos actuales de la política de vivienda en
España. España acumula el 30 % de las viviendas vacías de toda Europa,
señorías. Ayer el ministro de Fomento, anunció medidas en la buena
dirección en materia de política de vivienda social en España. El número
de viviendas sociales en España es solo el 1,1 % del conjunto de las
viviendas en España, somos superados solo por Grecia y estamos muy lejos
de los países más avanzados en el marco de la Unión Europea, como
Holanda, con el 32 % de viviendas sociales, o Austria, con el 23 % de
vivienda social.
Señorías, de esto estamos hablando, y habría sido apropiado que los
señores portavoces también hubieran hablado de esto para todos los
ciudadanos. Como la portavoz del Partido Popular es una firme defensora
de los pequeños municipios de su comunidad, conocerá Santibáñez del Val.
Pues bien, el acceso a la vivienda es para los grandes municipios y
también para los pequeños, en Santibáñez del Val, en Málaga, en Girona y
en todas partes. Y señoría, de esto va este debate, del acceso a la
vivienda y de la protección del acceso a la misma de acuerdo con un
sistema internacional del que España, de acuerdo con el artículo 96 de la
Constitución, forma parte. A la cuestión. La votación será coherente con
esta cuestión y contará con el apoyo del Partit Demòcrata a esta
iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente. Buenos días,
señoras y señores diputados.
En principio, la moción hace referencia al cumplimiento de las
recomendaciones del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, pero se dirige también a una materia concreta, que
es la de la ejecución en ese ámbito, en materia de vivienda, y sobre las
consecuencias y determinadas propuestas que hace en dicho sentido.
Estas propuestas son un conjunto de ocho medidas con las que, en
principio, por lo que se refiere a su propósito o a su filosofía podemos
estar bastante de acuerdo. De hecho, algunas de estas medidas están ya
implantadas en Euskadi, por lo que esto es ya un principio de
discrepancia, en el sentido de que nos lleva a cuestionar su oportunidad
o su dimensión ya que exceden en algunas partes del marco de distribución
competencial entre Estado y comunidad autónoma e inciden ya en
experiencias positivas, ya contrastadas, existentes en Euskadi, como es
el caso de un convenio entre el Gobierno vasco, Consejo General del Poder
Judicial y Eudel, que es la asociación vasca de municipios, por el que se
encuentra implantado en Euskadi un sistema de alerta temprana que permite
detectar y reaccionar ante supuestos de desprotección habitacional.
Sinceramente, no queremos una intromisión ajena a ese acuerdo, que dio
pie a dicho sistema de actuación y a su posible desarrollo.
Sin embargo, no es solo esa la razón de nuestro punto de vista un tanto
crítico con esta moción. La razón más importante es la visión
absolutamente -lo creemos así- expansiva y desproporcionada con la que
valora el derecho al que se refiere el artículo 47 de la Constitución,
precisamente porque confunde de forma deliberada un derecho y su
correlativo deber para los poderes públicos que se inserta en el capítulo
tercero, del título I de la Constitución, como un principio rector de las
políticas sociales y económicas, para confundirlo, tanto en su naturaleza
como en su inserción en el ordenamiento jurídico y en su interpretación,
dentro del ámbito de los derechos fundamentales a que se refiere la
sección 1.ª, del capítulo segundo, del título I de la Constitución. Y eso
supone confundir lo que el ordenamiento caracteriza como un derecho
fundamental, indisponible y con un contenido necesario y reconocible en
virtud de la acepción que a esos derechos atribuyen los textos
internacionales, con lo que se califica como un derecho de configuración
legal en la Constitución, esto es, de aquellos que necesitan de una
traducción positiva en el ordenamiento jurídico para su exigibilidad.
Y vaya por delante que enmarco esta afirmación en una experiencia propia,
la de la Ley vasca de Vivienda, que configura dicho derecho a la vivienda
como un derecho subjetivo y, por lo tanto, exigible a la Administración.
Pero eso ya nos muestra cuál es el cauce adecuado para traducir este
derecho. Por esa misma razón no nos parece aceptable la asimilación que,
dicho con todo respeto, entendemos no es
acertada respecto a la aplicabilidad del supuesto de la doctrina de la
sentencia 2747/2018, del Tribunal Supremo, en cuanto al régimen de
traslación de las recomendaciones de este al supuesto, que entendemos que
es cuando menos discutible, ya que aquella sentencia se produce en el
marco de exigibilidad del derecho a la no discriminación y su vinculación
con el artículo 14 de la Constitución, esto es, lo que acabamos de
referir como un derecho fundamental de los de la sección 1.ª, del
capítulo segundo, del título I de la Constitución. Sin embargo, no es
solo esa la cuestión que nos merece una crítica, así él punto primero,
relativo al traslado a los órganos judiciales del contenido de estas
resoluciones, nos parece que puede incurrir en una cierta injerencia en
el ámbito de actuación del Poder Judicial. Juzgar es, según el aforismo
jurídico, o se dice así, da mihi factum, dabo tibi ius, que se pretenda
que sea el Ejecutivo quien facilite el derecho aplicable al juzgador
puede ser un exceso incompatible con la garantía de independencia del
órgano judicial. Estamos de acuerdo con el punto segundo con un apunte
que ya existe en Euskadi y, por tanto, por la misma razón, con el punto
quinto. Doy por contestado al punto tercero con lo que he dicho antes,
sin perjuicio de estar de acuerdo con que se debe de buscar una fórmula
de traslación de la recomendación de 20 junio de 2017. Lo mismo vale
también para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del punto
cuarto. El punto sexto también nos parece una intromisión ilegítima en el
ámbito de competencias del Consejo General del Poder Judicial, porque
vuelve a confundir el papel del Ejecutivo con el del órgano de Gobierno
del Poder Judicial. También así lo entendemos con el punto séptimo que
supone una flagrante vulneración del principio de autonomía universitaria
consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución como derecho
fundamental, por cierto, porque pretende determinar desde el Ejecutivo el
contenido de los planes de estudio de cualquier universidad en lo que
entendemos una clara intromisión ilegítima en dicho ámbito de autonomía
universitaria. El octavo, con algunas reservas, también puede ser
aceptable.
En conclusión, y aun entendiendo el propósito de la moción, lo que nos
lleva a no oponernos a ella porque participamos de ella también, pensamos
que incurre en muchos excesos derivados de impregnar el derecho a que se
refiere el artículo 47 de contenidos incongruentes con su naturaleza
jurídica y, si bien participamos en la necesidad de hacer efectivo ese
derecho, entendemos que las propuestas no son las vías adecuadas para
ello. Ello nos lleva a anunciar nuestra abstención en esta votación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la
señora Surra Espadea. (Pausa). No está.
Finalmente, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
le pregunto al señor Mayoral Perales si su grupo acepta alguna de las
enmiendas presentadas.
El señor MAYORAL PERALES: No.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.
Finalizado el debate de los puntos del orden del día de esta sesión, se
suspende la sesión.
Muchas gracias.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
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