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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 20/11/2018
cve: DSCD-12-PL-166
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 166
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 159
celebrada el martes,
20 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 263-1, de 7 de mayo de 2018. (Número de expediente 122/000232) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia (Grupo Mixto), sobre bebés robados en el Estado español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 314-1, de 5 de octubre de 2018. (Número de expediente 122/000275) ... (Página14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 440, de 26 de octubre de 2018. (Número de expediente 162/000826) ... (Página23)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 99, de 3 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000308) ... (Página31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. (Número de expediente 173/000122) ... (Página40)


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página49)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

El señor don Francisco Vañó Ferre adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, y Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia (Grupo Mixto), sobre bebés robados en el Estado español ... (Página14)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Bataller i Ruiz y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Carracedo Verde, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley la señora Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Matute García de Jalón, del mismo grupo; Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Palmer Tous.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley la señora García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Bel Accensi, del mismo grupo; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora García Sempere.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas ... (Página40)

Defiende la moción el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito, se rechaza por 79 votos a favor más 1 voto telemático, 80; 180 en contra más 1 voto telemático, 181, y 84 abstenciones.


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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia (Grupo Mixto), sobre bebés robados en el Estado español, se aprueba por 344 votos a favor más 2 votos telemáticos, 346.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página49)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel, se rechaza por 168 votos a favor, 175 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Mixto (señor Candela), se rechaza por 79 votos a favor, 172 en contra y 93 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas, se rechaza por 168 votos a favor, 176 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña María Dolores de Cospedal García, pregunto a don Francisco Vañó Ferre si jura o promete acatar la Constitución.

El señor VAÑÓ FERRE: Sí, juro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Don Francisco Vañó Ferre ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RECARGO DE SOLIDARIDAD A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 122/000232).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, ¿tiene sentido que los bancos paguen impuestos? Permítanme que les lea el artículo 31 de la Constitución española: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad...". El mencionado artículo de la Constitución dice "todos", también los bancos. Para


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nosotros el que existiera este recargo especial era una cuestión muy importante en la negociación que mantuvimos con el Gobierno para sacar adelante un acuerdo de presupuestos. Tuvimos que ceder y tuvimos que aceptar que se legislara sobre este recargo a posteriori, y creo que hoy tenemos una buena oportunidad, una buena oportunidad de acercarnos a Europa, no estamos pidiendo nada más. Nuestro país está a 8 puntos de distancia, 8 puntos por debajo de la media europea en ingresos del Estado, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que los bancos no paguen impuestos. Repito, los bancos no pagan impuestos. En los últimos diez años, pese a haber ganado 84 000 millones de euros, los bancos no solamente no han pagado impuestos, sino que les hemos tenido que devolver 164 millones por devoluciones del impuesto de sociedades. No estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos pidiendo nada que no recoja la propia Constitución española si pedimos que en este país no solamente paguen impuestos la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa, sino que también los paguen los bancos.

Fíjense, este tipo de impuesto no es algo que nos hayamos inventado nosotros ni que proceda del programa del partido bolchevique, esto ya existe en países tan poco sospechosos de radicalismo como Noruega, Alemania, Austria, Portugal, Reino Unido o Bélgica. Cabe preguntarse, entonces, si este impuesto es posible. Algunos dirán que no es posible. ¿Pueden los bancos devolver el dinero del rescate, el dinero que nos gastamos todos los ciudadanos españoles en rescatar a la banca, 60 000 millones de euros? Creo que sí, que lo pueden devolver perfectamente; lo pueden devolver de una manera muy sencilla, en una situación en la que los bancos tienen beneficios, devolver el rescate no implica ni muchísimo menos poner en riesgo la estabilidad necesaria del sistema financiero. Pero es que, además, lo tienen que devolver por una cuestión de justicia. ¿Acaso los bancos perdonan las deudas? Cuando uno tiene una hipoteca, ¿le perdonan la deuda? ¿Han perdonado los bancos en este país la deuda a las familias que después fueron desahuciadas a pesar de que todos hemos visto, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, que la gente tenía que pagar impuestos que no tenían que pagar? ¡Claro que los bancos pueden devolver el dinero!, los 60 000 millones de euros. ¿Saben lo que significa eso? Es más que el presupuesto educativo del Estado y de todas las comunidades autónomas juntas.

La pregunta es: si los bancos no quieren devolver este dinero, ¿puede el Estado recuperarlo? Claro que sí, basta con tomar como ejemplo lo que han hecho en otros países. Por ejemplo, Reino Unido ha recuperado ya el 80 % del rescate bancario, 110 000 millones de libras recuperados por las arcas públicas de un rescate de 137 000 millones. Holanda rescató entre 2008 y 2009 al banco ING con 10 000 millones de euros; hoy en día ha recuperado esos 10 000 millones de euros y además ha recuperado 3500 más en intereses. Estados Unidos -un país con un Gobierno claramente bolchevique- en 2015 publicaba un documento en el que reconocían que habían recuperado todas las ayudas públicas concedidas a la banca, tanto las inyecciones de capital como en el programa de compra de activos tóxicos, y además reconocían que habían cobrado intereses; 30 000 millones devueltos por la banca de lo que le habían prestado, con los intereses. Entonces, la pregunta es ¿por qué no?, ¿por qué aquí no podemos hacer lo que se hizo en Reino Unido, lo que se hizo en Holanda o lo que se ha hecho en Estados Unidos? Creo que falta voluntad política, pero permítanme que me adelante a algunos de los argumentos que creo que se van a exponer desde esta tribuna. Hay uno muy clásico; dirán: No, es que cobrar un impuesto a la banca no tiene sentido porque al final la banca lo va a repercutir en sus clientes. ¿Cómo? ¿Que la banca va a repercutir en sus clientes un impuesto decidido en el Congreso de los Diputados? Pues que no se preocupen los ciudadanos, que para eso estamos nosotros aquí. Si la banca impone cláusulas abusivas para repercutir en los clientes el impuesto, para eso está el Congreso de los Diputados, para establecer la ley, y quien se salta la ley paga; a cualquier ciudadano que nos esté oyendo, si se salta un semáforo, le ponen una multa y le quitan puntos, ¿por qué a los bancos no? Pues exactamente igual. Por cierto, señores del Partido Socialista, tengo entendido que ustedes proponían crear un organismo supervisor de la banca para el pago del impuesto de las hipotecas en la propuesta que trajeron el otro día. Aquí hay una clave fundamental para que esto funcione y es que ese organismo regulador tiene que tener capacidad sancionadora porque, si no, es como si fuera un árbitro que no puede sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja, no vale absolutamente para nada. Si los órganos reguladores no pueden sancionar, esos órganos reguladores no sirven para nada.

Pero sospecho que lo que hay detrás de estos argumentos es algo más profundo, es el argumento que dice: cualquier cosa que hagamos en contra de los poderosos al final va a ir en contra de la ciudadanía. Es un argumento clásico. No puede haber indemnización por despido porque, si hay indemnización por despido, al final se contratará a menos gente; no podemos obligar a las eléctricas a que terminen con su


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oligopolio y a que bajen la tarifa de la luz porque entonces nadie tendrá luz y nadie tendrá calefacción y nadie tendrá agua corriente. ¿Cómo vamos a hacer que los bancos cumplan la ley? Si hacemos que los bancos cumplan la ley, entonces se irán del país y llegarán las siete plagas y todo será terrible. Los que hacen este planteamiento en realidad no han entendido bien cómo funciona la democracia. La democracia básicamente es un movimiento histórico de redistribución del poder. El Partido Popular tenía una fundación de pensamiento que se llamaba FAES y que previamente se llamaba Antonio Cánovas del Castillo, que era un señor muy inteligente, el artífice intelectual de la Restauración, pero que era básicamente un señor contrario a la democracia, era favorable al sufragio censitario, siempre estuvo en contra de que en este país pudieran votar los pobres y, no digamos ya, de que pudieran votar las mujeres. La realidad de la democracia es que la democracia se abre paso contra los poderosos, la democracia es un movimiento de redistribución del poder, es un movimiento de redistribución de la riqueza; lo que diferencia a la democracia de las dictaduras es que en la democracia el poder está un poquito más repartido -todo el poder no lo tienen los poderosos- y la riqueza está un poquito más repartida. Lo que estamos pidiendo a los bancos es que asuman el movimiento democrático que dice: hombre, por Dios, en España no puede pagar solamente impuestos la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa, ustedes tienen que pagar impuestos también, y además los tienen que pagar porque esto es bueno para el país y es bueno para ustedes. Es bueno para la banca -aunque algunos no lo entiendan- pagar impuestos, porque si la banca paga impuestos tendremos mejores servicios públicos, tendremos mejor sanidad, tendremos mejor educación, tendremos mejores carreteras. (Aplausos). Y eso en última instancia será bueno también para los bancos, que de lo que viven es de los depositantes. Porque los bancos no viven del miedo que generan en algunas élites políticas, los bancos no viven abstractamente del mercado financiero, viven de que hay familias normales que depositan sus ahorros en los bancos. Por lo tanto, que le vaya bien a la gente también terminará haciendo que les vaya bien a los bancos.

Y me van a permitir que haga un llamamiento a los principales grupos parlamentarios para que apoyen la propuesta que hoy traemos aquí. A los señores del Partido Popular les pido que cumplan su promesa. Ustedes prometieron a los españoles que el rescate bancario no les iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Ustedes mintieron, les costó 60 000 millones de euros a los ciudadanos. Hoy tienen aquí la oportunidad de restituir la promesa que hicieron a la ciudadanía y que a la gente no le tenga que costar dinero. (Aplausos). Y creo que a los señores de Ciudadanos tampoco les vendría mal quitarse ese sambenito de que son el partido de los bancos y del IBEX 35, y hoy podrían demostrar aquí que sirven para algo más que para quitar lazos amarillos apoyando una propuesta que va en beneficio de los ciudadanos en España. (Aplausos). Al Partido Socialista me voy a limitar a leerles una frase: La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su sistema de Seguridad Social. La frase es de Pedro Sánchez en enero de este año, ¿qué ha pasado desde enero? (Aplausos). ¿Qué es lo que ha pasado, señoría? Quiero pensar que lo que ha pasado no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el Tribunal Supremo: que cuando de repente hay una sentencia o una declaración que afecta a ciertos señores muy poderosos, empiezan a sonar los teléfonos y donde dije digo, digo Diego. Fíjense, casi les voy a pedir que apoyen esto pero no por cumplir su promesa, no por ser coherentes con lo que dijeron en el mes de enero, no por dejar de parecer el partido del IBEX 35, sino por algo que es mucho más importante que todo eso: por España. Háganlo por España, señorías. (Aplausos). Porque España no se defiende presumiendo de quién tiene más grande la bandera, España se defiende protegiendo a su gente, y para proteger a su gente hay que decir de vez en cuando a los de arriba que también paguen impuestos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Aplausos del señor Iglesias Turrión dirigidos su grupo parlamentario).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El seor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Bajo el señuelo de recargo de solidaridad, los socios preferentes del Gobierno traen de nuevo al Congreso de los Diputados uno de los artilugios habituales de su demagogia contante y sonante: la manivela de la fiscalidad. En este caso, promueven un mecanismo recaudatorio que es novedoso, ni siquiera cabe calificarlo de original, porque le madrugaron ustedes la iniciativa al PSOE en el registro. Es


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además un mecanismo complementario y añadido a la retahíla impositiva pactada y acordada hace mes y medio en la Moncloa por el señor Sánchez y por usted, señor Iglesias, y que de aprobarse en forma de ley presupuestaria -que parece ser que no- abocaría a los españoles a una mucho mayor carga fiscal a tenor de las modificaciones e incrementos acordados.

Señorías, el sistema tributario está plagado de distorsiones, comenzando por las territoriales, y para Foro la suficiencia financiera del Estado y el incremento de la recaudación no dependen de los tipos de gravamen ni de la creación de nuevas figuras impositivas, sino del incremento de la actividad económica. Esta es una cuestión esencial para cuantos defendemos que el sistema tributario se debe configurar necesariamente dentro del marco delimitado por la Constitución española y sus principios inspiradores de igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria. Sin embargo, como ya vimos en el reciente debate de una proposición de ley para la eliminación del impuesto sobre sucesiones, para algunos priman sobre todo los criterios y las ansias confiscatorias. Precisamente por España en Foro defendemos el libre desarrollo de la iniciativa privada empresarial, creemos en el control del gasto y en el cumplimiento de las leyes y aspiramos a un sistema impositivo sencillo, claro y transparente, que favorezca la actividad económica para lograr mayores ingresos sin necesidad de elevar los tipos impositivos o hacer uso de la recurrente manivela de la fiscalidad, que siempre siempre repercute sobre los mismos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señora presidenta.

Quiero anunciar, como no puede ser de otra manera, el voto favorable de Compromís a esta PL que nos han traído hoy las compañeras y compañeros de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No obstante, hay un aspecto de esta PL que no nos termina de gustar, el título con el que se presenta: recargo de solidaridad; no nos termina de cuadrar. Y no nos cuadra porque entendemos que no se trata de solidaridad, sino de justicia. Y sabemos que sin justicia social no hay democracia; sabemos que sin recursos económicos no hay democracia, y sabemos que sin bienestar material no hay democracia. ¿De qué sirve la democracia si no es capaz de asegurar un bienestar material? Por eso entendemos que no se trata de solidaridad, sino de tener recursos suficientes para atender la sanidad, la educación, el cambio de modelo productivo, etcétera. La democracia se pone en peligro con demagogia fiscal, como hacen el Partido Popular y Ciudadanos, que solo pretenden vaciar de recursos económicos nuestra democracia. Espero y deseo que el presidente del Gobierno sea valiente, porque recuperar el dinero del rescate bancario no es otra cosa que rescatar la democracia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, una semana más les debo recordar que en estos momentos hay presos políticos en prisión preventiva mantenida por un Tribunal Supremo absolutamente desprestigiado y que es la vergüenza del conjunto del Estado. (Aplausos).

Dicho esto, señor Iglesias, no vamos a apoyar su iniciativa. Usted sube aquí con mucho ánimo diciendo que vamos a recuperar el dinero de la banca, que vamos a hacer pagar a los bancos. Hombre, ustedes nos tendrían que explicar cuál es la iniciativa para recuperar el dinero de la banca, el que han recibido concretamente las entidades financieras en el acuerdo presupuestario con el Partido Socialista, antes de venir con propuestas aquí. Fíjese, hoy nos propone que los bancos paguen el 40 % de su base imponible, pero nos dice también que con el 30 % los bancos no pagan, y la prueba es que usted llega a un acuerdo con el Partido Socialista en presupuestos para que haya un tipo mínimo del 18 %. Pues este tipo mínimo es el que van a pagar, no van a pagar el 40 %; no engañe a la gente. Esta es una iniciativa de cara a la galería, porque van a continuar compensando bases imponibles negativas, van a continuar beneficiándose de las bonificaciones, de las deducciones, con lo cual este 40 % no va a ser efectivo. Si ustedes quieren hacer una reforma fiscal en serio en este país -no de cara a la galería, sino que sea efectiva-, podemos hablar, nos podemos encontrar; habrá momentos de coincidencia y habrá momentos de divergencia, pero estas propuestas solo van bien para arengar a las bases y decir: nosotros somos los que vamos a hacer


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pagar a la banca. Ustedes tienen el Gobierno en su mano, tienen los presupuestos, ¿qué medidas han incluido en los presupuestos para recuperar el dinero que las entidades financieras han recibido durante esta última crisis? ¿Así es cómo van a hacer pagar a la banca o van a hacer pagar a otras entidades?

En todo caso, no vamos a apoyar esta iniciativa. Estamos abiertos -lo sabe también el grupo del Gobierno- a hablar en serio de reformas fiscales solventes, con perspectiva y quizá no de mucha galería pero sí de mucha repercusión directa.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

Hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para establecer un recargo de solidaridad a las entidades de crédito. La verdad es que nos sorprende un tanto esta iniciativa, dado que este grupo dentro de la negociación presupuestaria con el Gobierno ha llegado a un acuerdo por el que se establece una tributación mínima del 18 % sobre la base imponible del impuesto sobre sociedades para las entidades de crédito y del 15 % para el resto, que exigirían a los grupos que tributan en régimen de atribución de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de cifra de negocio sea igual o superior a 20 millones de euros. Ahora, en esta proposición, solicitan que el tipo de gravamen previsto en el artículo 29.6 del impuesto sobre sociedades para las entidades de crédito se incremente en 10 puntos porcentuales, es decir, pase del actual 30 al 40 %. Mi grupo no entiende cómo casa esta medida con la anunciada en el acuerdo del tipo efectivo del 18 %. No sabemos cómo lo van a hacer, si va a ser complementario o si va a ser algo más. Es más, cuando esta portavoz preguntó a alguna persona del grupo proponente, tampoco me supo trasladar si esto era algo complementario o sustitutivo de lo acordado por su grupo y el Gobierno, por lo que da la sensación de que ese acuerdo o no es definitivo o no es todo lo sólido que debería ser cuando ahora se plantean nuevas medidas. (Rumores).

Una revisión tributaria requiere seriedad y seguridad jurídica para aquellos a quienes afecta. No se trata de aplicar hoy una cosa y mañana otra. Cualquier reforma del sistema tributario debe partir de un análisis de las figuras que se vienen aplicando para conocer su eficiencia y eficacia y, en caso de prever su reforma, esta debería ser integral, progresiva, que opere a largo plazo y que tenga como prioridad la incentivación de la actividad económica y, eso sí, la suficiencia de ingresos para mantener el gasto y la cohesión social. Y, desde luego, esta propuesta no obedece a lo que acabo de mencionar, porque parece que plantean cosas diferentes en el acuerdo y en esta proposición. (Rumores).

Es cierto que la crisis económica ha puesto en entredicho el sistema financiero no solo por las ayudas otorgadas al sector por un importe de 70 000 millones de euros, sino también por todas las malas prácticas realizadas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: En eso estamos de acuerdo, pero también hay que decir que el grueso de las ayudas fue para el sector de las cajas y que no todas las cajas y bancos se comportaron del mismo modo. Por tanto, también entendemos que no se debería generalizar.

Por otro lado, no debemos olvidarnos de que la función de este sector es también una función social, impulsar la economía y dar acceso a las pymes al crédito para consolidar la senda del crecimiento y el empleo, y todo ello de forma más regulada y supervisada -solvencia, idoneidad, liquidez, gestión de riesgos-, en el marco de Basilea. Por tanto, también hay que dar seguridad a este sector mediante una propuesta seria y única. Además, este grupo nuevamente olvida que en el Estado hay dos haciendas más -la de Navarra y la de Euskadi- cuando plantean el carácter básico de su proposición de ley, por lo que una vez más se olvidan de esa reserva foral. Nuestro grupo es partidario de colaborar en cuantos debates y decisiones de reforma del sistema tributario se produzcan, pero desde luego siempre desde el principio básico del respeto al marco competencial y, señores de Podemos, en esta PL eso ustedes lo obvian.

Finalmente, quiero decirles que el título de la proposición de ley, recargo de solidaridad, es un buen eslogan para vender la necesidad de un recargo a un sector que está en entredicho por todo lo acontecido


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hasta ahora, pero tampoco creemos que se pueda confundir a la sociedad y al sector cuando se supone que han llegado a un acuerdo en un sentido con el Gobierno en torno al incremento del impuesto sobre sociedades a la banca. Ahora nos vienen con otra propuesta que fue registrada además en mayo de 2018, con el anterior Gobierno del PP, y que, como he dicho, desconocemos si es complementaria o sustitutiva de lo que han acordado recientemente con el Gobierno.

Por todo lo mencionado, dado que Euskadi tiene competencias en el impuesto sobre sociedades porque es un impuesto concertado de normativa autónoma y que además tenemos un impuesto sobre sociedades mayor para la banca, este grupo va a votar en contra de la proposición de ley y, por tanto, va a esperar para posicionarse a la reforma tributaria definitiva que planteará, en su caso, el Gobierno.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señora presidenta; bona tarda, señoras y señores diputados.

En primer lugar, quiero transmitir mi pésame a los familiares de la persona fallecida hoy en un accidente en Vacarisses, y nuestra cercanía, nuestra tristeza por la situación de las personas accidentadas y hospitalizadas, y con dificultad contener la rabia por las causas de tantos accidentes en rodalíes, la principal de las cuales es la dejadez del Estado español en su mantenimiento.

Evidentemente, Esquerra Republicana se posiciona a favor de esta proposición de ley, aunque solo sea por una simple razón: porque es de justicia. Es de justicia que los bancos, sino directamente, indirectamente, devuelvan todo aquello que han afanado a los ciudadanos. Ya está bien de tomaduras de pelo, que devuelvan lo que deben a quien se lo deben.

Hace escasos días veíamos en prensa que la banca ya ha ganado más dinero de lo que costó el rescate. Los beneficios acumulados en las principales entidades bancarias desde enero de 2012 hasta septiembre de este año se sitúan en 63 690 millones de euros, 936 por encima del coste del rescate. Ellos siguen enriqueciéndose mientras las clases trabajadoras, las clases medias, siguen pagando las consecuencias de la crisis económica en un sistema que se encamina cada vez más hacia una situación de mayor desigualdad y concentración del capital. Una crisis -recordemos- de la cual el sector financiero y sus dirigentes fueron en parte también responsables. Su avariciosa y cobarde negligencia profesional fueron factores indudables en la formación de la burbuja inmobiliaria junto con la complicidad de los irresponsables políticos que confiaron en ellos y creyeron en la famosa -entre comillas- "mano invisible" del mercado y en su supuesta capacidad de autorregulación. La burbuja explotó, las cuentas que se sustentaban en informes de diversos organismos reguladores y supervisores se desmoronaron y el Estado salió en su rescate justificado por el too big to fail, demasiado grande para caer. Las empresas financieras habían alcanzado tales magnitudes y estaban insertadas de manera tan profunda en la economía que se consideraban demasiado grandes para dejarlas caer -y eran un poquito menos grandes de lo que son ahora-, privatizando una vez más los beneficios y socializando las pérdidas. La gran pregunta es si el sector financiero ha asumido esta responsabilidad. Creemos que más bien al contrario, puesto que no solo han obtenido mayores beneficios, sino que además se han deshecho de la competencia y podrán seguir ganando aún más en el futuro. Porque esta es la perspectiva de futuro de este sector y es bien conocido que la competencia oligopolística, como la actual del sector bancario, puede resultar y resulta en menos empleo, en mayores precios para el cliente y sobre todo en mayores márgenes de beneficio -paréntesis- (y muy superiores salarios de sus mánager). Por todo ello, Esquerra Republicana se posiciona a favor de aquellas medidas emprendidas con tal de revertir esta situación de oligopolio y que las entidades bancarias contribuyan de forma acorde con el riesgo que asume el Estado.

Solo un par de cuestiones para terminar. Una es sobre la banca pública y ante el panorama que les dibujaba. Banca pública, sí, por favor, que venga pronto, porque la privada ya nos ha demostrado lo que puede dar de sí. Y quisiera manifestar que los catalanes, además, nos sentimos particularmente liberados en este sentido. Porque liquidadas las cajas y el sistema de cajas catalanas, con la desubicación a través del decreto Fainé de los bancos con sede en Cataluña, la verdad es que no nos sentimos huérfanos de banca.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Iglesias, no doy crédito. No doy crédito a que se suba usted aquí y el mismo día en que se le derrumba el acuerdo infamante que tenía para repartirse el Poder Judicial con el Partido Popular y el Partido Socialista, diga que tenemos que apoyar esto por España (aplausos), sobre todo que tenemos que apoyar esto para quitarnos el sambenito de partido del IBEX 35. Será porque usted lo diga y porque quiere que apoyemos una chapuza de este calibre.

El crédito es la sangre de la economía. Ustedes están compitiendo duramente con el Partido Socialista para poner impuestos a todo lo que se mueve, pero cuando uno amenaza con poner impuestos y luego los acaba poniendo a todo lo que se mueve lo que ocurre es que las cosas se dejan de mover, y cuando esto ocurre con el sector del crédito literalmente uno se carga la economía. Ustedes, señorías de Podemos, son unos irresponsables. En primer término, usted dice que la banca debe ser castigada. No, los que tendrían que ser castigados son los directivos bancarios, fundamentalmente los de cajas de ahorros. Me refiero a los políticos, como el de Izquierda Unida, el señor Moral Santín (aplausos), quien, por cierto, después de habernos hecho esperar horas en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, ahora está cumpliendo prisión por una condena del Tribunal Supremo -sí hay gente que cumple sus penas-, y a otros directivos del Partido Popular y del Partido Socialista que gobernaron unas cajas y son los que, fundamentalmente, se han caído del sistema financiero. El sistema financiero, nos guste o no, es imprescindible y lo que hay que perseguir son las malas prácticas.

Le he oído muchas historias sobre recargos, pero no ha explicado en qué consiste el famoso recargo, que es subir diez puntos en el impuesto de sociedades a las entidades financieras. Seré suave si digo que ustedes no han hecho los números. Como decía también el Partido Socialista, con esto esperan recaudación de 1000 millones de euros al año y pagar así un déficit de pensiones, que no baja de 17 000 millones. Esperan con una recaudación de 1000 millones de euros al año obtener así la devolución de un rescate de 60 000 millones de euros. Efectivamente, no los han hecho, y no solo eso sino que ni siquiera han pensado mínimamente en ese impuesto, como el de otros países que usted ha citado, con el fin de reconstruir, por ejemplo, un fondo de garantía de depósitos para garantizar la estabilidad financiera. Eso lo podríamos discutir, pero lo que ustedes traen es una chapuza consistente en solo subir, a secas, 10 puntos el tipo del impuesto de sociedades. Y esto tiene unos cuantos efectos. En primer lugar, fomenta el fraude. Si las demás sociedades pagan el 25 % y la banca paga el 40, la banca desviará sus beneficios a cualquiera de esas entidades sometidas a un tipo del 25 %. En segundo lugar, los bancos internacionales harán negocio en el extranjero; concederán créditos en el extranjero, porque en ninguna parte, señor Iglesias, la banca está pagando un 40 % sobre sus beneficios. Más grave aún, la banca perdió dinero en la crisis. Cuando alguien presta dinero -la banca y todas las cajas, por eso quebraron- y tiene reconocido un régimen -habría que saberse lo de los activos fiscales diferidos-, ¿eso qué significa? Que la banca tiene garantizados por todos nosotros 30 000 millones de euros de sus pérdidas; 100 000 millones de euros de pérdidas al 30 % vigente: 30 000 millones. El efecto directo de poner esto encima de la mesa, señor Iglesias, consiste en que pasaremos a garantizar a toda la banca 10 000 millones de euros más, 100 000 millones al 40 %. Es decir, todos los españoles garantizaremos 10 000 millones de euros más de capital a la banca, y esto es un pequeño problema. En realidad, son varios problemas: en primer lugar, esto es una ayuda de Estado como la copa de un pino porque rompe nuestros acuerdos con la Comisión Europea -los firmó De Guindos, pero los tenemos que respetar- y eso significaría que tendríamos un expediente de ayuda al Estado, lo que significaría que aquí no se le concederían más créditos sino que se concederían en el extranjero y que el resto de la banca de Europa nos denunciaría ante la Dirección General de Competencia, y también significaría que el día en que se pida una devolución de este aval de los 30 000 -que ahora serían 40 000 millones gracias a su genial idea-, se incrementará en un 33 %. Ejemplo, el Banco Santander pidió en 2016, para 2017, 400 millones de euros; al año siguiente pidió 1000 millones de euros. Con su propuesta, serían 1330 millones de euros, es decir, nos acabaría costando dinero.

Por cierto, nosotros intentamos hacer cosas prácticas y no disparates. ¿Esto en qué se traduce? (Muestra la noticia de un periódico). Como pueden observar en esta noticia: "Montero ordena fiscalizar la absorción del Popular", esta devolución de 1000 millones de euros se está comprobando gracias a una disposición que introdujimos desde Ciudadanos en los presupuestos (aplausos): la devolución más


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grande de la historia de España, porque nosotros -y le habla un inspector que ha inspeccionado bancos- estábamos hartos de que se comprobase a cualquiera que pide 3000 euros de devolución en el IRPF -y está bien comprobado- y no se comprobasen las devoluciones más grandes de la historia de España. Lo que no podíamos esperar -por eso no doy crédito- es que usted las incrementase de un día para otro en un 33 %. Entre los disparates que lleva esta broma -por cierto, por eso lo vetó en su momento el Gobierno del Partido Popular, aunque haciendo mal los números-, se decía que esto depreciaba la participación del Estado en Bankia porque los dividendos vendrían restados en su nuevo impuesto. Decía el anterior ministro de Economía que esto era más dinero que lo que se recaudaba por todo el impuesto. Yo creo que no, pero en cualquier caso lo que está claro es que depreciaremos nuestra participación en banca, la venderemos más barata y, por tanto, recuperaremos menos dinero del rescate. Esto, naturalmente, es la idea que tenemos algunos: que Bankia debe volver a medio plazo al sector privado; a otros, que consideran que tenemos que tener una banca pública dada la gran experiencia que hemos tenido con las cajas y sustituir a gestores profesionales como el señor Goirigolzarri por su jefe presupuestario, el señor Echenique -eso sí, imagínese dónde iban a estar los depósitos-, no les importa porque no quieren reprivatizar los bancos intervenidos y esta es la única forma de recuperar un euro del dinero del rescate.

Voy concluyendo, señora presidenta. Por último, efectivamente, los bancos repercuten sus costes a los clientes; lo hacen todas las empresas. Eso también es una ley de la economía de mercado, y es una lástima que no lo hayan explicado, pero esto no es una cuestión de decir si somos poderosos o no, sino de estudiarse los artículos, y hay uno en la Review of Finance de 2017 que dice que el 90 % de este impuesto fue repercutido a los clientes en el caso de la tasa húngara. Por todas estas razones, no solamente con respecto a esta proposición de ley sino a muchas otras, para nosotros no tiene crédito, señor Iglesias, y votaremos en contra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, buenas tardes a todos. Debatimos hoy la proposición de ley de Unidos Podemos para la aplicación de un recargo de solidaridad en las entidades de crédito que, como ya han explicado tanto el proponente como el resto de portavoces, se traduce en modificar la Ley del Impuesto de Sociedades para gravar en diez puntos más a las entidades financieras durante un plazo de cuatro años prorrogables. Esta es una iniciativa que a simple vista podemos compartir, pero creo que es necesario entrar en el detalle para fijar la posición de mi grupo.

Hace pocas semanas se han cumplido los diez años desde el inicio de la crisis financiera y se ha escrito y debatido mucho también en esta Cámara, pero la realidad es la siguiente: los niveles macroeconómicos se han recuperado e incluso están en niveles por encima de los previos a la crisis; el sector financiero se ha reestructurado con todo lo que eso conlleva, menos entidades en el sector, cierres de oficinas, pérdidas de empleo y, en teoría -y digo en teoría-, el sector es más solvente que al inicio de la crisis. También los supervisores tienen más elementos para anticiparse a futuras crisis, pero la realidad de muchas personas es peor ahora que al inicio de la crisis. Este es para el Grupo Socialista y el actual Gobierno el principal problema y donde estamos poniendo al foco.

En la exposición de motivos hablan del coste del rescate en nuestro país. Podemos estar de acuerdo con los 60 000 millones de euros, qué cantidades de recursos aportados son ya irrecuperables, es una cifra en torno al 5 % del producto interior bruto, cifra por encima de la media de la Unión Europea, que está en torno al 2 %, que no incluye lo que ahora está aportando Italia, pero por debajo del coste de países como Irlanda, Grecia o Portugal. Es un coste que fue asumido por el Estado, por el conjunto de los ciudadanos de nuestro país, por un modelo y por unas herramientas que nos dimos en esos años y que ahora, con los dos mecanismos europeos de resolución, será complicado que vuelva a pasar lo que ha sucedido hasta la fecha.

Cuando nuevas entidades estén en dificultades serán primero los accionistas y, posteriormente, los tenedores de deuda los que asuman, en primer lugar, el coste y, por tanto, no serán los ciudadanos en su conjunto. Esto es lo que ha sucedido con el Banco Popular, y no entraré a esgrimir las causas porque eso ya lo estamos debatiendo en la Comisión de Crisis Financiera, donde se aplicaron por primera vez los mecanismos de resolución y donde se han detectado también fallos de la propia arquitectura resolutoria que nos hemos dado, y donde en principio ese rescate no iba a tener ningún coste para el Estado, pero hemos visto que son 2000 millones de euros en activos fiscales diferidos. Sin embargo, lo que realmente


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es sangrante en el caso del rescate a la banca de nuestro país es la situación que, debido al rescate de estas entidades, el Estado estaba aportando hasta 60 000 millones de euros a las entidades financieras en problemas, mientras la ciudadanía, que estaba sufriendo como nadie las consecuencias de la crisis económica, veía cómo se recortaban sus derechos y libertades, muchos de los cuales todavía no se han recuperado.

Podemos afirmar que mientras las consecuencias de la crisis financiera las hemos asumido entre todos, los beneficios de la recuperación económica no están llegando a la mayoría, sobre todo a los ciudadanos que más ha sufrido durante los años de crisis. Debe ser la política fiscal del Estado y la política tributaria las que permitan definir a qué tipo de sociedad aspiramos, cuáles son nuestras prioridades colectivas y cómo estamos dispuestos a financiarlas. El sistema fiscal es, por tanto, la base del Estado del bienestar, el Estado social en mayúsculas. Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado social robusto que garantice la igualdad de oportunidades. Y para conseguir estos objetivos, la fiscalidad debe ser justa y con capacidad recaudatoria suficiente para mantener estos servicios.

Estos dos principios se han ido diluyendo durante los más de seis años de Gobierno del Partido Popular, donde se ha reducido la progresividad del sistema y ha mermado el potencial recaudatorio. El anterior Ejecutivo, olvidando la obligación constitucional que usted mismo ha comentado en su intervención, olvidó la obligación de tener un sistema que garantizara y velara por el interés general y puso en marcha medidas de política fiscal de carácter regresivo, favoreciendo la imposición directa y promoviendo bajadas del tipo de interés nominal en el impuesto de sociedades.

No hablaré tampoco de la injusta y anticonstitucional amnistía fiscal. La progresividad, la justicia y la suficiencia recaudatoria del sistema se rompieron. Y esa también es la situación que se está dando estos últimos días cuando unos hablan del sistema fiscal como algo que mete la mano en los bolsillos de los ciudadanos. Hay personas, muchas todavía, que lamentablemente en nuestro país no tienen nada en el bolsillo para que ustedes o nadie les pueda meter la mano; y por eso es por lo que necesitamos un sistema recaudatorio suficiente y progresivo.

España también se ha caracterizado por mantener un nivel de ingresos públicos inferior a la media de la Unión Europea y la OCDE, siete puntos básicos. Por tanto, también nuestro volumen de gasto público es seis puntos por debajo. Las estadísticas evidencian que España no tiene un problema de gasto, sino un problema de ingresos. Por eso ustedes y nosotros firmamos hace pocas semanas un acuerdo presupuestario donde se incluían varias medidas fiscales para recuperar esa progresividad y esa suficiencia financiera. En ese acuerdo optamos por fijar unos tipos mínimos al impuesto sobre sociedades porque cuando ya todos las figuras recaudatorias han recuperado los niveles de ingresos previos a la crisis el impuesto sobre sociedades sigue un 50 % por debajo de lo recaudado antes del inicio de la crisis. Esto es en gran parte por el uso de deducciones y bonificaciones fiscales, que también firmamos un acuerdo para reducirlas un 5 %, y que hace que la cotización o la tributación nominal esté muy por encima de lo que es la efectiva.

Señorías de Unidos Podemos, señor Pablo Iglesias, usted fue uno de los dos firmantes de ese acuerdo. En el propio acuerdo únicamente se mencionaba este impuesto a la banca como que, viendo el resto de medidas que sí conocemos y que van a ser más efectivas, y a finales de 2019, podríamos estudiar la aplicación de dicho impuesto. Esto no ha sido en enero de 2018 ni en mayo de 2018, esto ha sido hace poco más de mes y medio. Por eso entendemos -los socialistas siempre cumplimos los acuerdos que firmamos- que eran preceptivas, más interesantes y más efectivas otras medidas incluidas en el propio proyecto firmado que la que hoy usted nos trae, primero, porque los bancos, sobre todo los más internacionales, tienen una elevada capacidad para aplicar técnicas de optimización fiscal, y lo estamos viendo, no solo con los grandes bancos, con todas las empresas que tributan y que cotizan en el IBEX 35; segundo, porque ya ha salido cómo afectarían los impuestos fiscales diferidos solo con la medida que usted nos trae hoy aquí, y tercero, porque consideramos -yo creo que usted también, porque así firmó el acuerdo- que son más efectivas las otras medidas que llevábamos en nuestro plan presupuestario.

Por eso lamento decirle que desde mi grupo no podemos votar a favor de esta iniciativa porque, como he dicho, nos centramos en las que consideramos más interesantes y en las que usted y nuestro presidente firmaron hace mes y medio en este acuerdo presupuestario.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Señor Iglesias, ¿sabe usted cuánto ganaban los bancos antes de impuestos en el año 2007? Todas las entidades, incluidos los establecimientos financieros de crédito, ganaban 30 000 millones. ¿Sabe cuánto ganan ahora, en el año 2017? Todas las entidades, incluidos los establecimientos financieros de crédito, menos 647 millones de euros. Es decir, han perdido 647 millones de euros. ¿De verdad quiere vendernos que los han bancos son los grandes beneficiados de esta crisis? ¿A quién quiere usted engañar? A este Parlamento, por lo que veo, no lo van a engañar, aunque yo creo que no les importa, porque su objetivo de engaños no somos nosotros, sino la gente, y debo reconocerles que a veces lo consiguen, es cierto. Luego volveré sobre la estrategia de un partido populista como el suyo, que divide el mundo entre nosotros y el resto, los buenos y los malos, la gente y las élites, y en esa categoría meten a los ricos, los bancos, las eléctricas, las grandes superficies y a aquellos que llamaban casta hasta que se compraron un casoplón en Galapagar. (Aplausos).

Nos plantean una proposición de ley llamada eufemísticamente recargo de solidaridad a las entidades de crédito, aunque más bien deberían llamarla sablazo a las entidades de crédito, y básicamente siguen la línea del plan presupuestario planteado por el Gobierno y acordado con ustedes, una suma continua de sablazos: sablazos a los autónomos, sablazos a las empresas, sablazos a los propietarios de vehículos diésel, sablazos a las rentas medias, a las rentas altas y también sablazos a los ricos, aunque esta es la parte pequeña, la mayor parte de los sablazos es el resto de la población.

Como esta proposición de ley es solo un artículo tenemos tiempo para analizarlo con un poco de calma. Vamos a empezar por el título. Recargo. Según la RAE, "nuevo cargo que se hace a alguien". Esta yo creo que es la única verdad de esta proposición de ley. Así es, se les quiere cargar de nuevo a las entidades financieras que ya aportaron unos 30 000 millones para reestructurar y salvar el sistema financiero español. Hay que sumar las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, las aportaciones a la Sareb y lo aportado en la parte de las ayudas recuperada por el Estado. Porque hay que recordar que se pretende poner este recargo a aquellas entidades que lo hicieron bien, que han sobrevivido a esta crisis tan brutal que hemos sufrido, que contribuyeron a reestructurar el sistema financiero y a recuperar la economía de este país, y que no han recibido ayudas, salvo alguna excepción. A esos es a los que ustedes pretenden castigar, no a los culpables. Solidaridad. Según la RAE, "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros". Ni siquiera está bien utilizado porque no es una causa ajena a los bancos el bienestar del país. ¿Qué creen que prefieren los bancos? ¿Que le vaya bien a España o que seamos un país como, por ejemplo, Venezuela? Es cierto, a los bancos, a todas las empresas, les interesa que a España le vaya bien, es de cajón. Por tanto, no es un recargo de solidaridad porque no es una causa ajena. Y como utilizan un eufemismo, vamos a ver qué dice la RAE. "Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante". Por tanto, le pregunto, señor Iglesias, si no utilizara este eufemismo, ¿cómo llamarían a esta proposición de ley? Sean claros y sinceros. Y valientes, que no lo han sido.

Después del título vamos a analizar el contenido, el artículo, el único. Aquí sí que son honestos, debo reconocérselo, porque no se van por las ramas, directos al sablazo. Proponen una subida de diez puntos porcentuales en el Impuesto sobre Sociedades. ¿Por qué un diez? ¿Por redondear? ¿Han tenido en cuenta algo más? ¿Los activos fiscales diferidos, por ejemplo? ¿Han pensado que pasará con los créditos si se reduce la solvencia bancaria bruscamente? No han valorado nada, les da igual. Esto es un producto que tiene muy buena venta y no necesita ni embalaje. No hay ningún mínimo análisis en esta propuesta, ni sobre el porcentaje ni sobre el resto de las características del impuesto ni sobre las consecuencias. Nada, solo pura publicidad aprovechando la hoguera contra la banca, hoguera que ustedes mismo encendieron y en la que se cuidan de mantener vivo el fuego.

Ahora quiero preguntarle al grupo proponente, pero también al Grupo Socialista, ¿por qué poner un impuesto a un sector económico? Debe haber alguna razón, alguna justificación o al menos alguna consecuencia positiva. Pues no he oído ninguna. En este caso, además, no es así, no está justificado porque, por ejemplo, no hay externalidades negativas, como podría ser la contaminación, ni beneficios extraordinarios que corregir con impuestos específicos, como ya hemos visto. Además, genera discriminación frente a otros sectores económicos y frente a los competidores del mismo sector de otros países o, incluso, podría incentivar la deslocalización de alguna entidad. Pero también tendrá implicaciones


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para los clientes. Del repaso de la evidencia internacional disponible se deduce que estos impuestos terminan afectando negativamente al volumen de préstamos y/o de depósitos y aumentan los tipos de interés de los préstamos y las comisiones bancarias.

Pero sí que hay cosas que debemos exigir a las entidades financieras y en eso debemos centrarnos, no en que paguen más impuestos, que ya hemos visto que no pueden actualmente y que no tiene efectos positivos. Debemos exigirles responsabilidad en los riesgos que asumen; transparencia, independencia y responsabilidad social en su gestión; solvencia y rentabilidad en sus balances; contribución al crecimiento de nuestra economía y a la creación de empleo. Eso, señorías, debemos exigirles y en eso debemos ayudarles porque es en beneficio de todos los españoles que consigan estos objetivos, y no poner piedras en el camino como hacen ustedes.

Otro asunto recurrente que quiero analizar con ustedes. ¿De verdad creen que se puso dinero público para ayudar a las entidades financieras, como si el Estado tuviera una obligación o incluso un deseo de salvarlas? No, señores, el dinero público fue invertido para salvar el país, para rescatar a millones de ahorradores y para evitar quiebras más costosas para la sociedad. (Aplausos). Y esta restructuración se hizo con otro objetivo: recuperar la capacidad para financiar el crecimiento y poder crecer como lo hemos hecho desde mediados de 2013 -este es el quinto año consecutivo-, aunque entre ustedes y el Partido Socialista están haciendo todo lo posible para que este crecimiento se acabe.

Termino, presidenta. Tengo una duda sobre la razón por la que ustedes traen esta proposición de ley. No sé si será ponerse a la cabeza contra los bancos porque les ha adelantado el Partido Socialista con el real decreto sobre los actos jurídicos documentados, no sé si será buscar trascendencia pública eligiendo a uno de sus enemigos preferidos o no sé si será buscar olvidar su situación interna, donde los afiliados no acuden a los actos que organizan (risas), donde sus propios cargos electos denuncian que se publican los nombres de los candidatos antes de las votaciones, donde cambian su propio código ético para que sus imputados no tengan que dimitir o donde las dimisiones, renuncias o fugas hacen que incluso hasta una de las alcaldesas del cambio, la señora Carmena, diga que no tiene que hablar con usted. ¿Cuál es de todas, señor Iglesias? Usted hablaba de miedo a los poderosos, yo, en cambio, veo el miedo en usted.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DE LOS SEÑORES GUILLAUMES Y BATALLER Y LA SEÑORA BEITIALARRANGOITIA (GRUPO MIXTO), SOBRE BEBÉS ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 122/000275).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia, del Grupo Mixto, sobre bebés robados en el Estado español. Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.

¡Qué buen día para celebrar en este Congreso el Día Mundial de la Infancia! ¡Qué buena ocasión trayendo esta iniciativa y esta proposición legislativa! Quiero comenzar mi intervención con mi agradecimiento a quienes lo habéis hecho posible. Por una parte, a la asociación que fue la promotora Todos los niños robados son también mis niños y, cómo no, a quien la ha materializado, la Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina. También se lo quiero agradecer a los grupos firmantes y, cómo no, a las asociaciones en defensa de los derechos humanos a nivel internacional que la han avalado, como es Amnistía Internacional o como lo ha hecho también Pro Derechos Humanos de España y a las diecisiete asociaciones de bebés robados que habéis apoyado esta iniciativa. Gracias, porque hoy celebramos el Día Mundial de la Infancia con un avance fundamental. Gracias también a la cordobesa Soledad Luque y a todas las mujeres, y también hombres, que habéis luchado contra el silencio, contra el olvido (aplausos), defendiendo lo que es vuestro, defendiendo a vuestros hijos, defendiendo a vuestros hermanos, defendiendo vuestra identidad. Gracias a todas vosotras y vosotros, que lo habéis hecho posible y, cómo no, también luchando contra la pasividad de las instituciones públicas. La democracia española tiene una enorme deuda con vosotras y con vosotros. Ni tan siquiera la Constitución española ha valido para abordar y solucionar el problema, el crimen que se ha cometido en este país. La Constitución establece que el Estado debe de garantizar el ejercicio de los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos españoles en igualdad, y vosotros y vosotras no lo habéis podido hacer; también reconoce la


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Constitución el derecho a la identidad, al desarrollo personal, a la dignidad del ser humano, y tampoco se ha respetado en vuestro caso. Por tanto, las palabras son claramente insuficientes.

Los hechos los conocemos a pesar del silencio -atronador-, los conocemos a partir de julio de 1936, cuando a las presas políticas les quitaban a sus hijos en las cárceles. Posteriormente, la represión franquista se llevaba a los hijos y las hijas de las mujeres más pobres, que tenían familia numerosa y eran madres solteras -en definitiva, las más débiles de la sociedad- para dárselas a las del régimen. Pero es que la impunidad hizo que en democracia continuasen, y también se han producido robos de bebés en democracia, lo que es más alarmante todavía. Cuando ya teníamos una norma que nos amparaba a todos por igual, también se ha producido.

Por tanto, el hecho es un crimen de lesa humanidad, así lo califica nuestra proposición. Y en esta proposición se abordan cuestiones fundamentales, se estudia el problema desde una perspectiva integral y reparadora. Se pretende en la proposición no solamente tener herramientas suficientes para abordar el problema, sino también instrumentos normativos y, sobre todo, recursos. No ha sido suficiente lo que se ha hecho, tampoco esos acuerdos interministeriales de hace escasos años cuando vemos que realmente de más de 2000 diligencias judiciales, 1700 son archivadas y el resto lo serán también porque no se investiga.

Lo que pide esta proposición es lo que pedís vosotras y vosotros (dirigiéndose a la tribuna pública), lo que lleváis reclamando a la sociedad española, a la democracia y a las instituciones públicas. En primer lugar, saber la verdad. Tenemos derecho a conocer la verdad y para saber la verdad hay que investigar, hay que poner los medios materiales y humanos para investigar. Hay que exigirles a quienes pueden que aporten la información, porque en muchos casos ha habido una negativa total y absoluta, como es el caso de la Iglesia católica, que se ha negado en muchos casos a suministrar información crucial para saber la verdad acaecida en orfanatos, en hospitales, en registros de parroquias e iglesias y cuya labor tenía que haber sido de colaboración, de contribución para aclarar y no tratar de tapar y ocultar, poner aún más silencio y considerar en algunos casos, como se os ha considerado por la sociedad, que era una cuestión de locas que no tenían credibilidad. Eso es lo primero que se pretende, saber la verdad.

En segundo lugar, justicia, y justicia significa, una vez que conozcamos la verdad, saber quién ha cometido ese crimen, quién ha cometido ese delito y que caiga la ley sobre él, que no se vaya de rositas y que ese sufrimiento que jamás se tenía que haber producido y que ha sido a causa de su actuación de alguna forma se resarza, aunque es imposible porque el daño moral y la interrupción de las vidas humanas son imposibles de resarcir.

En tercer lugar, la reparación. También hacen falta medios humanos y materiales para reparar, para hacer una investigación, para hacer exámenes de ADN y, en definitiva, para poder reparar, que significa reagrupar o, por lo menos, que cada cual conozca su identidad y luego cada cual decida, que es el derecho a la identidad. Por tanto, la reparación es fundamental, al igual que dedicar los medios materiales y humanos necesarios.

En cuarto lugar, proporcionar también recursos y normas que garanticen que este crimen de lesa humanidad no se va a volver a producir y para que no haya necesidad en el futuro de esas recomendaciones que han venido de Naciones Unidas, del Parlamento Europeo, del Relator de Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo, sobre que son los poderes públicos, en concreto el Estado español el que tiene que proteger e investigar y reparar. Esa garantía es importante y en esta ley se incluye.

Es una ley, como le decía yo a Soledad, prudente, a pesar de lo grave del problema. No habéis pedido lo imposible, habéis pedido algo factible, razonable, necesario. Habéis pedido herramientas. ¿Qué herramienta habéis pedido? Una base de datos de víctimas, cómo no. La propia ley dice a quién se considera víctima en este caso: se considera víctimas a todos aquellos niños y niñas que fueron sustraídos, pero también a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Es necesario eso: por una parte, conocer a las víctimas a través de esa base de datos, es necesario también tener una base de datos nacional de ADN. Habéis hecho una labor increíble con las propias bases de datos que habéis creado con acuerdos con algunas empresas de análisis para tener esa información, aunque claramente insuficiente, al igual que han hecho también algunas comunidades autónomas, intentando, como en el caso de Andalucía, de Navarra o de la Comunidad Valenciana, paliar el problema. Pero es claramente insuficiente, tiene que ser un ámbito muy superior y, como mínimo, un ámbito estatal. Habéis pedido, pedís y pedimos en este caso una base de datos de ADN. Estamos pidiendo cambios normativos y órganos que se ocupen, una fiscalía especializada en el caso de personas desaparecidas, de bebés robados; una policía judicial que dependa de esa fiscalía para poder investigar con detalle. Luego habéis pedido algo que considero


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muy importante que es una comisión estatal de derechos de identidad. Esta comisión estatal es importantísima porque se trata de que esté integrada por personas cualificadas de distintas disciplinas, pero también por aquellas asociaciones que, por la implicación en el problema, defendéis el caso de los bebés robados en este país. Es muy importante porque esta comisión es la encargada de calificar quién es víctima. Muchas víctimas, la gran mayoría, no pueden aportar pruebas, solamente un relato que sea creíble y eso lo tiene que valorar la propia comisión, al igual que la comisión tiene que hacer un plan de actuación integral y anual conforme a lo establecido en esta ley y utilizando los recursos que tiene que posibilitar esta ley. La propia comisión también tiene que hacer una valoración permanente y anual de los avances que se dan. Por último, algo muy importante, la asistencia que habéis necesitado, que habéis echado en falta en vuestra orfandad; una asistencia que tiene que escucharos, tratar de comprenderos y tratar de colaborar con vosotros y vosotras.

Por tanto, hoy pido a todos los grupos parlamentarios, el Día Mundial de la Infancia, que el primer paso para resarcir el daño moral causado a todas estas personas sea que esta proposición legislativa salga por unanimidad y que todos los grupos políticos, los grupos parlamentarios, pongamos de manifiesto la unidad, el compromiso de abordar soluciones a este grave problema, a este crimen de lesa humanidad, un crimen perpetrado contra la humanidad. Por consiguiente, espero esa respuesta de todos vosotros y espero el consenso y la unanimidad en torno a esta proposición.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on.

No nos cansaremos de decirlo: todas las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sin excepciones, las del franquismo y las posteriores a este periodo negro de la historia. Hoy quiero recordar especialmente a Josu Muguruza en el aniversario de su asesinato aquí en Madrid, con motivo de su designación como diputado de esta Cámara, al que, a diferencia de otras víctimas, este Congreso le niega incluso el recuerdo. Agurre taore, Josu.

Son notorias e inaceptables las diferencias que se hacen entre víctimas, absoluta la impunidad de los crímenes del franquismo, pese a que España debe hacer cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, todas ellas obligaciones contraídas y ratificadas por España pero sobre las que no actúa. Aunque un paso importante para empezar a hacerlo hubiera sido la reforma de la Ley de Amnistía y el PSOE votó en contra, parece que en el tema de bebés robados sí está dispuesto a actuar, y nos parece un paso positivo.

Nosotros firmamos esta proposición de ley por considerar que las víctimas del franquismo, los bebés robados y sus familias tienen derecho a conocer la verdad, a ser reparados, a acceder a la documentación existente sobre lo ocurrido y no encontrarse con la negativa de la Iglesia o la Administración en el intento por saber lo ocurrido. Tienen derecho a la tutela judicial, a que la fiscalía actúe por el esclarecimiento de esta actividad criminal y se depuren responsabilidades. Pretende ofrecer instrumentos normativos y recursos necesarios para hacer efectivos los derechos que asisten a estas personas y que llevan años encontrándose con obstáculos derivados del afán por cubrir con un manto de impunidad todo lo que rodea al franquismo. Esta ley apunta medidas para ello, para que se refuerce la labor a realizar para buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, garantizando un banco de ADN que integre muestras genéticas de los casos denunciados, procediendo a las exhumaciones que sean precisas para ello. El paso de los años dificulta la tarea; no se puede, por tanto, perder más tiempo, las víctimas tienen todo el derecho a demandárnoslo, no podemos seguir condenándolas al olvido y, por tanto, creo que es de recibo pedir que todos apoyen esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías.

En medio del fragor de la confrontación política olvidamos a menudo responder a una pregunta muy elemental: ¿para qué sirven las leyes que hacemos? En la proposición de ley sobre bebés robados que


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ahora nos ocupa la respuesta es muy clara: esta ley debe servir para cerrar definitivamente una de las páginas más negras del franquismo, una de las páginas más negras que nos dejó y que hoy, cuarenta años después de acabado ese régimen, sigue sin abordarse. Así nos lo exige un gran movimiento cívico, muchos de cuyos representantes nos acompañan hoy aquí en la tribuna, a los cuales les quiero dar las gracias porque su empuje ha sido decisivo para que lleguemos al punto de hoy.

Cuanto más tiempo permanezcamos sin averiguar la verdad, sin dar respuestas a las madres cuyos hijos les fueron arrebatados, sin promover sistemáticamente la acción de la justicia, sin reparar integralmente los daños producidos, sin establecer garantías claras de no repetición, cuanto más tiempo sigamos así, más persistiremos en ese inmenso delito de omisión en que toda nuestra colectividad se halla instalada hasta ahora, insensible a las miles y miles de personas que se han tenido que lamentar en silencio. Ahora vamos a hablar aquí con nuestro voto, para que por fin tengan voz y justicia quienes no la han tenido durante décadas.

En 2007 reformamos el Código Civil para reconocer a las personas adoptadas su derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, obligando a las entidades públicas a prestarles el asesoramiento y la ayuda que necesitasen. Sigamos ahora por este camino, siendo conscientes además de que vamos a poner fin a un inmenso drama que empezó como parte de un abominable proyecto de castigo y reeducación a todo un país y derivó, como siempre en el franquismo, en un simple negocio inmoral: el negocio de robar recién nacidos, simular su fallecimiento en el parto y entregarlos a familias diferentes a cambio de dinero.

Compromís tiene el honor de ser uno de los impulsores de esta proposición de ley, que será evidentemente susceptible de mejoras técnicas en fase de enmiendas. Esperamos trabajar pronto esas enmiendas, si la Mesa nos permite una tramitación rápida, que lleve la esperanza a las miles y miles de personas que desean que por fin el Legislativo empiece a remediar su angustia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías.

Permítanme que comience con una alusión personal. Yo soy padre adoptante. Es una situación diferente porque se trata de una adopción internacional, pero me acuerdo de que cuando mi mujer y yo decidimos dar ese paso sucedía una situación muy similar a la que hoy estamos describiendo cuando se denunció que en determinados países de África -que no voy a mencionar por respeto- se daban casos de robo y venta de bebés. Recuerdo la obsesión con la que intentamos encontrar un país donde estuviéramos seguros de que no hubiera sucedido esto, más que nada porque lo que tiene que ser una historia de amor entre padres e hijos que dure toda la vida no puede empezar con un acto monstruoso.

De eso estamos hablando, señores, de un acto monstruoso que empezó con la Guerra Civil, porque seguramente querían rescatar bebés de manos de rojos, más bien de rojas, como también sucedió en las dictaduras argentina y chilena. Más tarde se alargó con situaciones no tan controladas ya por el Estado -aunque todo este tema fue secreto-, sino en hospitales, en centros dependientes de la iglesia, otras veces no, y ha acabado ya en plena democracia, en plenos años ochenta como una simple mafia de robo de bebés, engañando a los padres para luego venderlos.

Señores, por dignidad, hay gente que tiene derecho a saber de dónde viene. Por justicia, hay gente que tiene derecho a saber si sus hijos aún están vivos. Por equidad, todo el mundo tiene derecho a la seguridad en la asistencia cuando va a un hospital, sea un centro público o privado. Por todo eso, nosotros hemos firmado y apoyado la proposición de ley y les pedimos que voten a favor.

Gràcies, presidenta, per la seva tolerància. Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Como dijo en esta Cámara una de sus víctimas, el drama de los bebés robados es uno de esos sucesos que debe avergonzarnos a todos. Porque este es un drama que no se debe a unos hechos aislados, sino que ha tenido una dimensión histórica, que data desde los años cuarenta a los noventa, ya


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entrada la democracia, en el siglo pasado, tal y como han puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo, la propia Audiencia Nacional y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

Drama de proporciones descomunales, pues la misma Audiencia Nacional en 2018 hablaba de indicios racionales de 30 000 bebés desaparecidos, cifra que, según las asociaciones, se eleva a 300 000. Y drama también porque por falta de medios suficientes para la investigación no tenemos conocimiento exacto de la dimensión de lo que estamos hablando, a pesar de la escalofriante cifra de la que habla la Audiencia Nacional y que, por cierto, es la más baja de todas.

Drama porque de todos los casos denunciados solo uno ha llegado a vista oral y en este ha sido declarada la prescripción de los delitos, aunque se dieron por probados los hechos. Drama también porque el resto de los casos denunciados se han archivado por falta de medios de prueba ante el paso del tiempo y la dificultad de las víctimas para acceder a archivos e historias clínicas donde encontrar documentos que avalen los robos e identifiquen a los testigos.

Drama por el uso que se hace por los tribunales de la prescripción para decretar el archivo de las denuncias sin comprender que el cómputo de la prescripción de la detención ilegal no comienza con la mayoría de edad del afectado, sino en el momento en que la víctima no solo tiene conocimiento de lo que sucedió con ella, sino que además es capaz de superar la barrera de dolor que le causa denunciar a sus padres no biológicos; tribunales que tampoco comprenden que los delitos de simulación de parto y falsedad en documento oficial siguen desplegando sus efectos y que, por ello, la conducta delictiva se mantiene. Confiemos en que el Tribunal Supremo resuelva la situación de la prescripción en los casos de bebés robados más pronto que tarde para la unificación de la doctrina a través del recurso de casación interpuesto por la fiscalía a tal efecto.

Drama también porque las víctimas lo eran de entre las más vulnerables de la sociedad: madres solteras estigmatizadas socialmente y sin apoyo social, a las que se engañaba con la muerte de sus recién nacidos, que eran vendidos o dados en adopción a lo que se llamaban familias oportunas; y niños y niñas recién nacidos que vuelven a ser víctimas cuando conocen su situación y sus vidas se derrumban al sufrir una crisis de identidad.

Drama también porque los autores de esta atrocidad del robo de niños se servían de instituciones públicas y privadas que no solo no evitaban la situación, sino que, cuando comenzaron y arreciaron las denuncias, no han dado una respuesta eficaz para su esclarecimiento. Las víctimas nos han pedido insistentemente, con respuesta institucional no plenamente eficaz, que se les posibilite reconstruir documentalmente sus vidas, en qué condiciones se las separaba de sus madres y qué sucedió; y las madres quieren que sus hijos robados con engaño sepan que no se les dejó.

El mismo Defensor del Pueblo, en sus informes de 2017 y 2018, haciéndose eco de las demandas y denuncias de las víctimas ante la -a su juicio- deficiente respuesta de la Administración respecto a estas investigaciones, ha concretado las medidas que habrían de adoptarse para superar los problemas con que se encuentran para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que son precisamente buena parte de las que aparecen en la proposición de ley que ahora debatimos para su toma en consideración y que suponen un paso hacia delante respecto a los ya tomados hasta el momento no solo para dar respuesta así a las demandas de las víctimas, sino también para dar un mejor cumplimiento a los marcos jurídicos propios e internacionales en que los poderes públicos desenvolvemos nuestra acción respecto al derecho a la propia identidad y al libre desarrollo de la personalidad como manifestaciones de la dignidad de la persona. Así lo reconoce la misma Constitución en su artículo 10.1; el Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989, cuando habla del derecho a conocer la propia filiación e identidad; el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, o la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que mandata a los Estados contra la apropiación de niños sometidos a separación forzosa y contra la manipulación documental que oculte su verdadera identidad. Son marcos jurídicos internacionales cuyo seguimiento en España ha motivado diversos informes en los que se insta a esclarecer los robos y secuestros de niños ocurridos en las salas de maternidad hospitalaria, entregados en adopción ilegalmente a cambio de dinero con posterioridad a la Guerra Civil e incluso hasta después del retorno de la democracia y, en ocasiones, con conocimiento de autoridades y empleados públicos. Cierro la cita.

La proposición de ley que tomamos en consideración viene a dar respuesta integral a la inquietud de las víctimas, que nos piden ayuda, que nos piden que luchemos con ellos y con ellas para que se haga justicia, que nos piden que les acompañemos en el camino hacia la verdad y la reparación.


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Voy finalizando, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley porque la frontera de nuestra dignidad como sociedad está en la justicia, verdad y reparación de unas víctimas que nos piden nuestra ayuda. No se la podemos negar.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, intervendré brevemente porque, como no puede ser de otra manera, este grupo parlamentario apoyará la iniciativa que de hecho presentamos ya en el año 2011.

Pagaron por mí más que por un piso. Mis padres me confesaron que me habían comprado. Un cura daba a elegir entre niño o niña. Me compraron por 150 000 pesetas. Me quitaron a mi hija por ser madre soltera. Me dijeron que la niña se había muerto, no me dejaron verla; ahora sé que está viva, que vive en Valencia, que tiene cincuenta y un años y que me está buscando. Cuando abrimos el nicho donde debería estar mi hija, solo había algodón y una caja con piedras. Durante tres días nos estuvieron enseñando a una niña en la incubadora que yo sabía que no era mi hija. Al final nos dijeron que había muerto. Entonces un médico era como un dios, jamás imaginé que me estaban robando a mi hija. Los niños robados no morimos en una incubadora, estamos vivos y somos miles. A los cinco años me contaron que me habían adoptado; a los doce me contaron la verdad, que me habían robado; ahora tengo cincuenta y cuatro años y sigo buscando a mi madre. Yo no era vendible, había estado enferma y era sietemesina. Los compradores querían niños sanos, blancos y guapos, eso me salvó; a mi hermana, no. Se llevaban a las oficinas del hospital dos libros, uno para los datos del ingreso oficial, el otro con los datos de la compra de los nuevos padres. Todo eso desapareció. Queremos saber quién lo hizo. Cuando entrabas en maternidad te hacían otra partida de bautismo, te inscribían de nuevo. Los niños robados tenemos dos partidas de bautismo, esa quizás es la clave. Soy una niña robada y ahora sé que dejaron a una mujer huérfana de hija que cargó con una pena que ahora compartimos las dos. Hemos salido del armario de la vergüenza de que te compren y de compararte con unos padres con los cuales no te reconoces ni en sus ojos ni en sus manos ni en sus gestos. No quiero morirme sin decirle a mi hijo que no le di el respeto que merecía, sin decirle que me lo robaron; no pararé. Parí mellizos. Me dormí. Cuando desperté, la enfermera me dijo que solamente había tenido a una niña. Cuando protesté, me dijo que, quizá, también me quitaba a mi otro hijo. Yo ya soy mayor, ya no sé si mi madre está viva o está muerta y, seguramente, nunca lo sepa, pero estoy aquí para ayudar al resto, aunque solo sea a uno de ellos, a que recupere a su familia.

Estos son casos, son testimonios. Son trescientos mil -en este país es posible que haya habido más robos de niños que adopciones-, durante sesenta años, de Algeciras a Girona, de Valencia a Cáceres, de 50 000 pesetas a 1 millón, una red organizada de médicos, de comadronas, de monjas, de curas, de funcionarios y de políticos, franquistas y no tan franquistas, de los años treinta hasta los años noventa. ¿Qué hay peor que robarle el hijo a alguien? ¿Qué hay peor?

Yo hoy les pido, señorías, por favor, por favor, por favor, que dejemos de lado nuestras siglas y hagamos que recuperen su identidad. Si no, no merecemos estar aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Les confieso que yo también les iba a leer algún testimonio, pero creo que ya se han leído más que suficientes para que sus señorías se hagan una composición de lugar. Solo voy a llamar su atención sobre una de las frases que más se repite en esos testimonios: no se preocupen, nosotros nos encargamos de todo. Ellos siempre se encargaban de todo. Esa era la última frase que estos desalmados les decían a sus víctimas. Cada testimonio que han oído, como dice Consuelo García en el prólogo de este libro Camino de la justicia, es una cornada directa al corazón que nada ni nadie puede ignorar, pero también supone una lección de amor, una lección de honor por esa lucha inquebrantable que todavía continúa. Gracias a todas las personas que habéis dado testimonio, que habéis sacado a la luz vuestros casos, vuestra intimidad personal y familiar, con el único objetivo de conocer la verdad y alcanzar la justicia. (Aplausos). Gracias también por vuestra constancia, con la que os habéis enfrentado siempre


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a la complejidad de la burocracia o a los procesos, a esa falta de pruebas que tantas veces os ha llevado a callejones sin salida; constancia también contra la opacidad de las administraciones públicas, contra su falta de colaboración, o cuando habéis padecido el deficiente funcionamiento de esa oficina de atención o la falta de colaboración de los hospitales y clínicas donde se cometían estas sustracciones. Los casos de bebés robados en España siguen siendo asuntos pendientes de resolver. En su mayoría, son archivados provisionalmente por falta de pruebas o de autores conocidos. Pero son esa constancia, ese empeño, unido a la llegada de nuevas sensibilidades a la política, de nuevas sensibilidades a esta Cámara, los que están consiguiendo vencer las dificultades y superar tantos y tantos años de olvido y de silencio por parte de las instituciones.

No obstante, no es mi intención provocar hoy una confrontación, por respeto a las víctimas. Tampoco quiero criticar ninguna sentencia, porque a Ciudadanos no nos gusta criticar las sentencias, por mucho que algunas no nos gusten. Tampoco me voy a detener en analizar el origen y el devenir de estas tramas organizadas porque las víctimas lo conocen muy bien. Saben muy bien que no se limitaron a la dictadura franquista, que continuaron durante la democracia; y saben también que tampoco son excepcionales del Estado español, que también ha sucedido en otros lugares del mundo. Prefiero centrarme en poner en valor el compromiso y el tesón de las víctimas para impulsar todas las reuniones que hemos venido manteniendo durante este tiempo, para impulsar la mesa redonda que celebramos aquí en el Congreso, las asociaciones y las formaciones políticas, en la que se puso de relieve la necesidad de abordar una iniciativa como esta que trabaje y que aborde este problema de manera integral, así como el consenso en torno a dicha iniciativa. Tampoco me olvido de que fueron ustedes, las asociaciones de víctimas, las que contactando con las instituciones europeas motivaron la visita de una delegación de la Unión Europea, tras aquella denuncia y posterior requerimiento del Parlamento Europeo a nuestro Gobierno para garantizar el acceso de la familia a los archivos pertinentes.

También quiero reconocer el trabajo y el compromiso personal que nos ha implicado a un grupo de parlamentarios, que nos ha hecho aliados por encima de las siglas. David, María Jesús Moro, Ana, Feliu-Joan, Enric, Antonio y Ester Capella, entre otros, para todos nosotros, para todo el trabajo que queda por hacer, este texto supone un buen punto de partida. Existen elementos que seguramente se puedan mejorar. Esta iniciativa que, como saben, proviene de la asociación Todos los niños robados son también mis niños -gracias, Soledad- ahora ha de abrirse y ha de enriquecerse con la participación de las demás asociaciones con las iniciativas ya aprobadas en parlamentos autonómicos o en comisiones de este mismo Congreso, con la recomendaciones del Defensor del Pueblo y con comparecencias y enmiendas que enriquezcan el texto y que sean constructivas.

Cuenten con la buena disposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la tramitación de esta ley; una ley que reconozca el derecho a la verdad, y que contemple los instrumentos y mecanismos necesarios para dotar de contenido ese derecho; una ley que permita sentar en los banquillos a los responsables, a esas mafias organizadas, delincuentes sin escrúpulos que hasta hoy no se han atrevido a dar la cara, a contar la verdad y ayudar a reparar el daño que ha causado; pero, sobre todo, una ley que sirva para ayudar a todas esas personas que están buscando a sus hijos, a todas esas personas que están buscando a sus padres, su identidad y sus raíces. Miren, si con las medidas que contempla esta ley tan solo una madre se reencontrara con su hijo, ya valdrían la pena todos los esfuerzos que hagamos con esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Carracedo Verde.

El señor CARRACEDO VERDE: Presidenta, señorías, amigas, por fin lo hemos traído, aquí está.

Dentro del féretro en el que supuestamente tendría que estar mi hijo estaba el brazo de un adulto; 1980, Laura Perales estuvo dos días con su bebé antes de que le dijeran que había muerto. Treinta y un años después un juez autoriza la exhumación del cuerpo y encuentra el brazo de un adulto. El auto de archivo alega imposibilidad de investigar por falta de recursos económicos. Ayer me decía Laura que cuando va a los juzgados y pregunta le dicen: si no hay niño, no hay delito, no hay caso.

Año 2001, Huelva, Lourdes Rodríguez tiene un parto gemelar; le dicen que uno ha muerto. Cuando años después descubre que no hay ningún registro de que ella haya dado a luz en el hospital empiezan las sospechas, la comprobación de papeles y, finalmente, la denuncia, que es automáticamente archivada.


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Es decir, a día de hoy hay un menor, objeto de trata, que camina por las calles de este país, pero la fiscalía de menores no investiga su paradero porque ha prescrito.

Esta es una muestra de los miles de casos que han sido denunciados y archivados en este país. Todos tienen en común incongruencias en los papeles oficiales. Todos estos casos también tienen en común el dolor; el dolor cuando les dijeron que sus hijos habían muerto, el dolor cuando empezaron a sospechar que había algo raro, el dolor cada vez que ven a un bebé, a un niño, a una niña o a un adolescente y sienten que les robaron la paternidad y la maternidad, y es un dolor que no pasa; es un dolor que ha llegado para estar y para quedarse. (Aplausos). En este año y medio he escuchado cientos de relatos, se me han saltado las lágrimas y he llegado incluso a vomitar por el sufrimiento de las personas que están buscando a un familiar al que nunca conocieron por la frustración de que las tomen por locas conforme al mandato de género que atraviesa este tema de arriba abajo o, lo que es peor, no porque las tomen por locas, sino porque las crean y que de buena voluntad les digan: Déjalo pasar, que no vas a conseguir nada. (Aplausos). Son palabras dichas probablemente con muy buena voluntad, pero que hablan muy mal de este país y de la confianza de los propios servidores públicos en las instituciones y en la justicia que aquí se imparte. Esto tiene un nombre y se llama impunidad y, si hay impunidad, no hay democracia.

Si todavía hay alguno que no entiende porque gritábamos que le llaman democracia y no lo es, les traigo varios periódicos, y comienzo por leerles el titular del ABC en 1977: "Extrema indignación en Mallorca por la venta de recién nacidos. Media docena de personas ya han prestado declaración". Nos vamos al año 1981 y en la Clínica San Ramón, donde se hace un reportaje, se encuentra un bebé congelado, se publican los relatos de las personas afectadas y aun así no pasa absolutamente nada: el doctor Vela cierra la clínica, se va con el chiringuito a otro lado y que siga la fiesta. En la década de los noventa, en Granada, las investigaciones de la fiscalía descubrieron la venta de cinco niños en menos de un año. Esto es una muestra, pero si no se fían de mis recortes de prensa les traigo un documento a sus señorías del bipartidismo que ha gobernado este país en las últimas décadas, que quizá les pueda sonar. Es la Ley 21/1987, que se vino a llamar la Ley de adopciones de la democracia, en cuyo preámbulo -y no me lo invento yo, lo pone el preámbulo, aprobado en esta Cámara- se acusa a la legislación anterior de una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños como plantean los medios de comunicación. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que hace veinte años en esta Cámara se reconociera que en este país existiera el odioso tráfico de niños y veintiún años después tengamos que traer una ley aquí para que se cree una unidad policial que lo investigue? (Aplausos). ¿Alguien me puede explicar por qué veintiún años después la Fiscalía General del Estado todavía no ha creado una fiscalía especializada para investigar estas redes de odioso tráfico de niños y tengamos que hacerlo hoy de nuevo por ley? ¿O por qué veintiún años después las personas afectadas siguen sin asistencia psicológica, sin asistencia jurídica, sin que se les permita consultar los archivos donde está la información que les permitiría encontrar a sus seres queridos?

Quizá el problema viene de antes, de mucho antes. En la película que se estrenó el pasado viernes El silencio de otros, se habla del pacto del olvido que posibilitó la Ley de Amnistía, y me impactaron las palabras de Xabier Arzalluz en aquel debate que planteó: Es simplemente un olvido, una amnistía para todos, un olvido de todos para todos. Es una ley de punto final que, por cierto, según los parámetros internacionales, es ilegal, y su pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo se ha extendido también a los casos de bebés ocurridos tras la Constitución, porque los criminales a cargo de esas redes durante el franquismo eran los mismos antes y después de la Constitución: son las mismas personas, los mismos hospitales; los criminales, que eran los que las manejaban, fueron responsables durante el franquismo y después. Así pues, el silencio ha sido la respuesta que mayoritariamente han dado jueces, fiscales, políticos y responsables de administraciones. Hoy ponemos aquí un ladrillo más en la tarea de romper ese pacto de silencio. No por casualidad el principal valedor de esta ley que cuenta con el apoyo del resto de asociaciones de bebés robados es CeAQUA, un colectivo que trabaja por construir memoria democrática en este país usando la justicia universal.

Quería honrar aquí a los periodistas que llevan años rompiendo ese silencio: a Ana María Pascual, a María José Esteso Poves, compañera del Diagonal, a Alejandro Torrús y especialmente a Luis Gordillo, fallecido en 2016. También le doy las gracias a Elena Martínez, que se ha comido la coordinación de las reuniones del intergrupo para trabajar esta ley. (Aplausos). Igualmente, quería mostrar mi agradecimiento a dos diputados cuyos grupos no registraron esta ley, a Marcial Gómez, del Grupo Ciudadanos, y en especial a María Jesús Moro, del PP, por su disposición a escuchar, por su disposición a empatizar con el


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dolor y por su participación en reuniones y foros donde fuimos poco a poco construyendo un consenso. Gracias, María Jesús, por aceptar las dos enmiendas a Presupuestos Generales del Estado que permitieron que este tema siguiera figurando en la agenda mediática. Gracias a los dos por apoyar las jornadas de "Bebés robados, toda una vida buscándose" el pasado día 25 de junio, en la que compartimos reflexiones junto a las asociaciones y sellamos nuestro compromiso conjunto de los grupos políticos aquí presentes para poner medidas eficaces encima de la mesa.

Por fin, hoy en este Parlamento empezamos a escuchar, muchos años después de 1977, las recomendaciones de la comunidad internacional, del relator especial de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas y del Parlamento Europeo, porque los tratados y convenciones que ha firmado España sobre derechos humanos comprometen al Estado español, porque según establece el derecho internacional de los derechos humanos los tratados no son supletorios ni complementan la legislación de cada país, están por encima, son de obligado cumplimiento, y estos tratados tipifican que el robo de bebés es un crimen de lesa humanidad y no prescribe. Que alguien nos explique entonces qué está pasando para que el doctor Vela haya sido absuelto por prescripción del delito si España, este Parlamento, ha ratificado esos tratados que dicen que no prescribe. (Aplausos). Por si alguien no ha entendido todavía cuál es el papel que aquí jugamos, los derechos humanos están para cumplirse, y nosotros no vamos a parar hasta conseguirlo plenamente.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, vueltos la tribuna pública).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Clavell López.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.

No quisiera iniciar mi intervención sin saludar y abrazar -ya lo hemos hecho desde arriba y ahora lo hacemos desde aquí abajo- desde el Grupo Parlamentario Popular a todas las asociaciones de bebés robados, de niños robados, que nos honran con su presencia desde la tribuna de invitados. Sean ustedes bienvenidos, porque sin lugar a dudas son el motor de esta iniciativa. (Aplausos).

Bien saben los proponentes de esta proposición de ley que hemos estudiado, y con mucho detenimiento, la propuesta que nos hacen llegar al Pleno del Congreso. Estudiándola, digo, detenidamente quisiera hacer hincapié en que en efecto quedan muchas cosas por hacer sobre este asunto, por supuesto, y hay que reconocerlo. Pero tampoco es justo no reconocer que ya se hicieron cosas con el último Gobierno del Partido Popular, y una de ellas es que los mecanismos de coordinación con la fiscalía existentes desde entonces funcionan de forma adecuada, y a estos efectos el Ministerio de Justicia cuenta con la colaboración de varios miembros de la carrera fiscal que realizan labores de asesoramiento y apoyo en esta materia. La Fiscalía General del Estado cuenta con representación en el marco del convenio de colaboración suscrito a fecha 26 de febrero de 2013 por los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la mencionada Fiscalía General, y los indicados representantes deben rendir cuentas de la actividad realizada en el ámbito que les es propio. El citado acuerdo establece la creación de una comisión de seguimiento, así como la creación, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, de la oficina de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos. Desde entonces las administraciones públicas asumen el compromiso de respaldar institucionalmente a los posibles afectados y facilitarles el proceso de búsqueda y recopilación de la información y documentación relativas a su filiación natural.

Por otro lado, en cuanto a las pruebas de ADN, ya fue abordada en aquellos supuestos en los que se ha procedido a la judicialización del procedimiento y en el marco del mismo sea solicitado por la autoridad judicial o fiscal. Del mismo modo, los afectados que se han realizado las pruebas de ADN en laboratorios privados pueden incorporar los mismos de forma gratuita y pasan a formar parte de la base de datos única de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Por tanto, en dicha base de datos se recopilan los perfiles que han sido judicializados, como estos aportados a los efectos y realizados en laboratorios privados, produciéndose cruces de información de todos ellos. La pretensión del Gobierno del Partido Popular siempre fue, entre otras, ayudar a las víctimas en la búsqueda de información y crear y poner a su disposición un servicio de información que sea compaña de la base de datos de perfiles genéticos. Además del Gobierno, también la Fiscalía General actuó con su circular en 2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos. Buscó un camino


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jurídico para mantener vivos estos casos, calificando el robo de bebés como un delito de detención ilegal con carácter permanente, de manera que el plazo de prescripción no empiece a correr mientras la víctima sea mantenida en el desconocimiento de su origen biológico.

Señorías, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a quitar a una madre lo que más quiere en esta vida, que es a un hijo. Por ello, ante este asunto que nos parece muy grave y al que se debe dar solución definitiva y real ya, de manera inmediata, el Grupo Parlamentario Popular se suma a esta iniciativa votándola favorablemente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SUBIDA DEL IMPUESTO AL DIÉSEL. (Número de expediente 162/000826).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al punto del orden del día relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la subida del impuesto al diésel.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Gracias, presidenta.

Señorías, todo en el actual Gobierno Sánchez es un gran timo. Primero, dijeron que nunca se aliarían con populistas e independentistas, que no irían ni a la esquina con ellos, ¡por Dios! Y ya vemos, ya. Segundo, dijeron que la moción de censura era instrumental, que su objetivo era desalojar al PP y darle la voz al pueblo, convocando elecciones inmediatamente. Ya lo vemos, ya. Tercero, dijo el señor Sánchez -no el presidente, ya lo sabemos, señora Calvo- que cualquiera que montara sociedades instrumentales para pagar menos al fisco nunca formaría parte de su Gobierno, o se iría rápidamente cuando se descubriera. También lo vemos, ya lo vemos. Cuarto, que en los sucesos de Cataluña se daban, sin duda, todos los requisitos para tipificar el delito como de rebelión. También lo hemos visto. Quinto, que nadie puede gobernar sin presupuestos, porque es el principal instrumento de política económica, el instrumento que identifica la filosofía de cualquier Gobierno, en el que uno deja su impronta. Por tanto, no se puede gobernar sin presupuestos o, en cualquier caso, con los de otro. También ya lo vemos, ya. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos; muchos timos, créanme.

Pero quizá lo más chocante para los ciudadanos españoles -mejor dicho, para el bolsillo de los ciudadanos españoles- es el timo de los impuestos; ese timo que dice que los impuestos que se van a crear o modificar los van a pagar solo los ricos. Ahí se han superado. Engañan a la gente diciendo que son impuestos que van a pagar los ricos o privilegiados de este país, y saben perfectamente que no es así. Hablamos de impuestos como el de actos jurídicos documentados, que nunca más van a pagar los ciudadanos y a partir de ahora va a pagar la banca. ¿Pero de verdad se lo creen? O el impuesto sobre tecnológicas. Claro, son multinacionales y no van a trasladar el impuesto a los usuarios. También, seguro. Pero el mejor es la subida del impuesto al diésel, un impuesto que afecta a 18 millones de usuarios, todos ellos, según ustedes, ricos, claro, seguro; sin olvidar los miles de hogares, muchos situados en zonas rurales y aisladas, que tienen sistemas de calefacción que se nutren de gasóleo, también deben ser todos ellos hogares muy potentados, seguro, ¿no? Este gravamen sobre el diésel no sabemos a quién va a dejar fuera y a quién no, pero nos tememos que si nosotros no lo impedimos va acabar afectando a 500 000 autónomos de este país, a 500 000 trabajadores, transportistas con vehículos de menos de siete toneladas y media, taxistas, repartidores, agentes de seguros, comerciales, etcétera. Es decir, profesionales que requieren del uso del vehículo como herramienta imprescindible para llevar a cabo su trabajo.

Estamos ante un impuesto que tiene consecuencias directas muy graves sobre los consumidores, pero tampoco debemos minusvalorar el efecto que puede tener sobre el sector imprescindible para el caso español, que es el sector del automóvil. Nuestro país es el segundo fabricante europeo de automóviles y el octavo del mundo, con un impacto económico enorme porque representa casi el 9 % del PIB, con un impacto también enorme sobre la balanza comercial porque exportamos ocho de cada diez vehículos, por tanto, somos una potencia exportadora, al igual que tiene un gran impacto sobre el empleo, puesto que representa en términos directos e indirectos en torno al 9 % de la población ocupada. En definitiva, la subida de este impuesto tiene, me temo, muchas consecuencias, pero ninguna de ellas es positiva; bueno,


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sí, perdonen, existe una consecuencia positiva, según el Gobierno, dado que, como ha defendido la ministra, esta subida se enmarca en un contexto de cambios fiscales favorables al medio ambiente y, señorías, les aseguro que si fuera así, que ese argumento fuera real, lo compartiríamos, si esa fuera su verdadera motivación. Pero, lamentablemente, no lo es, se mire por donde se mire.

Les voy hacer una reflexión. Si ese fuera el objetivo real, el que de verdad empuja al Gobierno a subir la carga impositiva, uno de los puntales claves de la medida sería favorecer la renovación del anticuado parque móvil español, que supera los doce años. Todos sabemos que son los vehículos de más de diez años los más contaminantes, muy por encima de los diésel de reciente fabricación. Cualquiera que conozca mínimamente el sector sabe este dato, sabe que toda política de reducción de emisiones pasa necesariamente por esa renovación; es más, como complemento de esa medida imprescindible, la renovación del parque debería ir encaminada a la sustitución de vehículos, digamos, tradicionales, por nuevos vehículos eléctricos, evidentemente, más limpios. Es decir, la recaudación obtenida debería ir destinada a la renovación posibilitando, además, un incremento de la adquisición de vehículos eléctricos a través de un sistema potente de ayudas e incentivos. De hecho, eso es justamente lo que ha hecho el Gobierno para justificar la subida, pero, de nuevo, este Gobierno engaña a los ciudadanos. La cruda realidad es que el Gobierno pospone este sistema de incentivos, esas ayudas, al año 2020 y en ese año solo destinará el 30 % de lo recaudado a esos incentivos. Por lo tanto, aquí hallamos un nuevo timo. Si ese dinero recaudado no se utiliza para lo que dijeron, ¿para qué se va a utilizar? Puesto que es evidente que no lo destinarán a cuestiones que favorecen el medio ambiente, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo utilizarán para mantener el tren de vida del presidente Sánchez o, mejor dicho, el avión de vida? ¿Lo utilizarán para que vaya en avión a Valladolid o en Falcon a Toledo? (Aplausos).

Señorías, la realidad descubre de nuevo los engaños de este Gobierno. Este impuesto es puramente recaudatorio; estimado por ellos mismos, unos 670 millones, es decir, más que la subida conjunta del impuesto de patrimonio y de renta sobre los que ellos denominan ricos. Se trata de un impuesto para obtener nuevos ingresos para financiar caprichos presidenciales o las ocurrencias de los socios de censura. Es así de evidente. En suma, señorías, porque estamos en contra de timar al ciudadano español y porque el impacto es enormemente grave sobre los colectivos más vulnerables, sobre aquellos que han impulsado la recuperación económica en este país y sobre el empleo, hallamos motivos sobrados para reclamar a este Gobierno que frene su ansia recaudatoria. Señores del Gobierno, dediquen sus esfuerzos a ofrecer de verdad alternativas más limpias sin demonizar al diésel y no hagan pagar su incompetencia a los ciudadanos españoles.

Finalmente, si de verdad quieren aumentar la recaudación, como parece que es su objetivo, pueden hacerlo sin incrementar la imposición, sin incrementar los impuestos; de verdad, señorías de la izquierda, aunque no se lo crean, tenemos experiencia, lo hemos hecho. Es posible porque si favorecen la actividad económica, se amplían las bases imponibles por el crecimiento. Es pura matemática. En eso creemos en el Partido Popular, en favorecer la actividad económica, no en freír a impuestos a los ciudadanos. Señorías, la voracidad fiscal que tiene la izquierda es una manía que de verdad es muy difícil de entender.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

La verdad es que es curiosa esta propuesta. Nosotros hemos presentado una enmienda que no es nada dogmática; establecer que no se va a tocar el impuesto sobre el diésel de forma dogmática no nos parece bien, como tampoco nos lo parece que se tenga que tocar de forma no dogmática. En su momento el Partido Popular incrementó los impuestos especiales sobre los hidrocarburos. Entonces el Partido Socialista se oponía; ahora, cuando el Partido Socialista lo anuncia -no digo que lo compartamos al cien por cien-, el Partido Popular presenta una PNL para decir que no se deben subir los impuestos especiales en este ámbito. En todo caso, nuestra propuesta era para intentar buscar una estrategia común, una estrategia pactada en el ámbito de la fiscalidad medioambiental. Creo que eso sería lo más razonable; sería razonable para unos y para otros; sería razonable no subir el impuesto sobre el diésel, aunque quizás se deba subir si lo enmarcamos dentro de una estrategia global y mandamos un mensaje claro a la sociedad. Quizá no se debe actuar simplemente de cara a la galería o generando incertidumbre en un sector al cual últimamente -no digo que con legislación específica, sino con muchas declaraciones- se


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le está perjudicando de forma absolutamente injustificada. Este pacto debería ser no solo entre los que estamos aquí, sino también entre los afectados, como el sector del automóvil o los sindicatos, y también deberían tenerse en cuenta otros agentes económicos.

Nuestra enmienda va en esa dirección. En caso de que no prosperase, votaríamos en contra de la propuesta del Grupo Popular, sin que esto signifique que se estén avalando las propuestas del Partido Socialista o del Gobierno, de las que, al menos en nuestro grupo nos vamos enterando por la prensa.

Como han nombrado a los nacionalistas, a los independentistas, etcétera, les diré que ustedes están en campaña en Andalucía; les doy un consejo: hablen más de Andalucía y menos de Cataluña; se lo van a agradecer los andaluces y se lo van a agradecer los catalanes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Arratsalde on.

Debo reconocer que me esperaba la intervención, quizás porque había visto con anterioridad la de su compañera del Partido Popular en el Parlamento vasco; es una intervención más catastrofista, más alarmista, más dramática, casi con aires de Mad Max. La ha llevado por la otra parte de su libro de estilo, que es el de los impuestos y de lo malos que son los rojos, que solo quieren subir impuestos porque son poco menos que vampiros de lo público. Yo creo que hace un flaco favor al debate que se está planteando aquí, porque el debate que se está planteando aquí es un debate de mucho más fondo que lo que usted ha trasladado. Yo le podría hacer aquí dos o tres preguntas muy sencillas. Ustedes no están en contra del diésel, entonces ¿cómo explican que en los años en los que ustedes han gobernado la ratio de diésel haya bajado del 70 al 30 %? No han hecho ninguna acción contra el diésel pero ha bajado del 70 al 30 %. Ustedes no están en contra del diésel y, de hecho, le aplicaron un porcentaje de bonificación del 28 % respecto a otros combustibles. ¿De qué ha servido esa bonificación? Ni siquiera para parar el descenso de la ratio del diésel, ¿por qué?, porque hay un problema estructural. ¿De dónde viene ese problema estructural? De su falta de competitividad. ¿Cómo intentan evitar esa falta de competitividad? Pues de dos maneras: de una manera más o menos legal, que sería la de las bonificaciones, y de otra manera directamente ilegal, que es la del dieselgate, la de la mentira y la falsificación en la expedición de gases medioambientales. Ese es el verdadero debate que habría que tener aquí. Si sabemos que las energías fósiles son finitas y sabemos que tarde o temprano tendremos que abordar una reordenación del sector energético para llevarnos hacia energías limpias -ojalá más pronto que tarde-, cada día que perdamos es un día que pierde el conjunto, porque supongo que todos y todas, incluso usted y yo, podríamos estar de acuerdo en que lo más importante, si no ya por nosotros sí por las generaciones venideras, será la sostenibilidad de la vida; y para que la vida sea sostenible tendrá que existir el planeta y, si siguen apostando por energías contaminantes y devastadoras, probablemente no haya nada. Pero nada de eso aparece en su enmienda porque realmente de esto han hecho, como de todo, un nuevo fuego de artificio para arrear al Gobierno de Sánchez y, de paso, mezclarlo todo y hablar de los independentistas y de todo lo que se pueda. Pero, bueno, es su estilo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.

Es difícil que el Gobierno pueda hacerlo peor de lo que lo ha hecho con este tema, y todo por tomar una decisión sin pensar en las consecuencias; por tomar una decisión por sectarismo ideológico o por tomar una decisión pensando únicamente en ver cómo sacar dinero para contentar así a sus socios populistas independentistas. Cualquiera de las dos razones es mala, pero no sé cuál es peor de las dos. El desgobierno de este Gobierno es tal que hemos visto cómo la ministra de Transición Ecológica decía una cosa, a las dos horas la ministra de Industria decía otra y, a las cuatro horas, la ministra de Hacienda decía otra diferente. Pero, como digo, las consecuencias de la subida del diésel serán para millones de conductores que utilizan este tipo de vehículos. No se ha pensado en que los autónomos todos los días tienen que levantar la persiana y que de esta manera les pondremos un poco más difícil llegar a fin de mes; no se ha pensado en esas personas que tienen que ir a trabajar todos los días y que no tienen otro medio de transporte para ir a trabajar; no se ha pensado en la gente que vive en los pueblos y que


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tampoco tiene otro medio de transporte que no sea su coche diésel. Pero, claro, no se ha pensado porque a este Gobierno esto no le afecta. Este Gobierno está tan, tan preocupado por el cambio climático que se moviliza con un helicóptero Super Puma, un Falcon y un Airbus para ir a Valladolid, un trayecto que se puede hacer en AVE en cincuenta y cinco minutos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Este Gobierno moviliza toda esa tropa aeronáutica, pero, eso sí, les dice a los españoles que son ellos los que contaminan. (Aplausos).

A este Gobierno los impuestos tampoco le afectan porque montan sociedades instrumentales como Màxim Huerta, como Pedro Duque, como Calviño y como la secretaria de Estado para el Deporte, y listo. Pero tampoco ha pensado este Gobierno en las consecuencias que tendría sobre la primera industria de este país, que es la industria de la automoción; es una industria que emplea, directa o indirectamente, a cerca de 2 millones de familias, que representa el 18 % de las exportaciones de este país, un 10 % del PIB y, como se ha dicho, España es el segundo productor europeo de vehículos y el octavo mundial. Es una medida, la subida del diésel, que ya está teniendo sus consecuencias sobre la producción: en septiembre la producción cayó con respecto al mismo mes del año anterior un 23 %, y las ventas en el mes de octubre han caído un 6,6 % respecto al mismo mes del año anterior. Pero no teniendo suficiente con toda esta cantidad de despropósitos con los anuncios del diésel, el Gobierno ha tenido un nuevo anuncio que es que en 2040 no se podrán vender más coches de combustión en España y en 2050 no podrán circular. Este Gobierno aún no sabe si va a traer las cuentas del año 2019, pero piensa ya en legislar para 2050. Creo que el Gobierno debería dejar de hacer el ridículo. Porque esta medida, aun estando de acuerdo en que hay que ir hacia una descarbonización de nuestro país, que hay que ir hacia el vehículo eléctrico, se ha hecho sin ningún criterio, sin ninguna planificación y sin ningún consenso. Tanto es así -que no se ha hecho con consenso- que la semana pasada la patronal y los sindicatos plantaron a la ministra en una convocatoria que hizo.

Como digo, esta descarbonización se tiene que hacer con planificación para no cargarnos la primera industria de este país, porque, señorías, ¿qué pasaría en Valladolid si cerrase Renault?, ¿qué pasaría en Zaragoza se cerrase Opel?, ¿qué pasaría en Valencia si cerrase la Ford?, ¿qué pasaría en Vigo si cerrase la Peugeot? Como digo, también se ha hecho sin dotación ninguna. Reino Unido ha aprobado un plan de 1500 millones de libras para ir hacia el vehículo eléctrico, Alemania de 1000 millones de euros y España, en cinco años, apenas ha gastado poco más de 70 millones de euros. Este año en los presupuestos de 2018 había más de 60 millones de euros y aún no se han ejecutado.

Señorías del Partido Popular, tampoco están ustedes para sacar mucho pecho porque la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia de España la hizo el Partido Popular con Casado como portavoz del Partido Popular. Y tampoco pueden sacar mucho pecho porque en todos estos años no han adoptado ninguna medida para favorecer el vehículo eléctrico como se debería hacer, pese a que se aprobó una agenda sectorial con veinte medidas; pero ustedes no han hecho nada.

En definitiva, señorías, trabajaremos sin sectarismo ideológico, con todos los agentes implicados en el sector, para trazar una estrategia nacional que permita que nuestra industria de la automoción se adapte a los retos importantes y fundamentales a los que se enfrenta, y le permita seguir siendo líder y tractor de la economía española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.

Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El Señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Que el PP se presente ahora a cuenta del diésel como el defensor de los vulnerables, de las clases medias, como dice la PNL, es el colmo del cinismo. Que el partido de la reforma laboral, de la pobreza laboral, del mayor incremento de las desigualdades, de la precariedad, de la mayor subida de impuestos a la clase media y de las amnistías fiscales a los ricos ahora diga defender a la clase media nos parece vergonzoso. El partido de los precios más caros de la electricidad y de la pobreza energética ahora nos habla de los vulnerables, y eso es tener mucha cara. El debate sobre la transición energética requiere de rigor, porque está en juego la salud de las personas y del medio ambiente; de seriedad, porque efectivamente en España el sector del automóvil es muy importante y genera muchos empleos y, sobre todo, de honestidad: hay que decir la verdad a la gente, y hay que explicar qué país queremos. En España y en toda Europa tenemos un problema con los hidrocarburos, con la gasolina y con el diésel porque son


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responsables casi del 30 % de las emisiones de CO2, que provocan el cambio climático, entre otras emisiones contaminantes. Durante años se promovió la venta de este tipo de vehículos porque se creía que emitían menos gases de efecto invernadero y que no eran especialmente nocivos.

¿Cuál es la evidencia científica hoy? Pues que se lanzó un mensaje equivocado a la ciudadanía. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente la contaminación atmosférica es el mayor peligro individual para la salud: hubo 487 000 muertes prematuras, en 2014, en Europa, muchas más que en accidentes de tráfico. Según la Escuela Nacional de Salud, en los últimos diez años se han producido 93 000 muertes prematuras como consecuencia del dióxido de carbono, del ozono troposférico y de partículas en el aire que salen de los tubos de escape, además del agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. ¿A qué clase social creen ustedes que pertenecen las personas afectadas por la contaminación? Pues es gente trabajadora y de las clases medias que viven en las grandes ciudades. De hecho, la Comisión Europea ha estado a punto de multar a España si no llega a ser por los planes que presentaron Madrid y Barcelona.

Ustedes siempre hablan de neutralidad tecnológica, pero ante lo que no podemos ser neutrales ni indiferentes es ante la evidencia científica. Hay que decir también que el Gobierno está gestionando mal la cuestión del diésel. La medida que ha planteado no puede ser ni la primera ni la única ni tan siquiera es la más importante. Nos sorprende mucho que en el apartado correspondiente de la ley de cambio climático, del borrador que se ha presentado públicamente, no haya medidas de fiscalidad ambiental. Mucho nos tememos que subir el impuesto al diésel tenga un envoltorio ambiental, pero un objetivo recaudatorio. Medidas de este tipo deben ir acompañadas de otras medidas para impulsar el cambio a vehículos que no sean contaminantes. Y no se pueden anunciar unas medidas sin las otras, no se puede ir a golpe de titular. Lo que no puede ser es que la gente trabajadora sea la más perjudicada por el viejo modelo sucio y contaminante, y se vea perjudicada también por el proceso de transición. Eso no puede ser, la transición ecológica, que tiene que ser, será socialmente justa o no será. Hay que evitar que los autónomos, la gente que trabaja duramente con sus vehículos para ganarse la vida sean los perjudicados por esta cuestión. Porque el tema no es gasolina o diésel; el tema es electrificar la movilidad, avanzar hacia un horizonte de emisiones cero, y eso solo se hace con el vehículo eléctrico y con el transporte público. Cuando el Gobierno plantea prohibir la matriculación de vehículos de combustión interna en 2040, debe planificar qué va a ocurrir a partir de ahora: cuáles son los objetivos intermedios, qué tipos de ayudas van a recibir, con qué criterios, con qué promoción del transporte público; no solo es el anuncio de una determinada medida. La transición ecológica requiere también, como están haciendo otros países, de una nueva política industrial de cambio en el sector del automóvil que garantice los puestos de trabajo, un programa para fomentar los vehículos no contaminantes que favorezcan a las rentas más bajas y evidentemente promover el transporte público.

Señoras y señores del PP, este debate no es nuevo; la equiparación de la fiscalidad sobre gasolina y diésel es una recomendación, es una de las recomendaciones, del informe Lagares, que el Gobierno del PP encargó en 2014, y el ministro de Hacienda, señor Montoro, planteó ese objetivo de igualar la fiscalidad. No sé de qué se sorprenden ustedes ahora, si ustedes ya estaban hablando de esa cuestión. Pero además, ¿qué hizo el Partido Popular cuando gobernó ante los retos de la movilidad del transporte en España? Obstaculizaron el coche eléctrico, mantuvieron la figura del gestor de carga, que era un problema para desarrollar el vehículo eléctrico. Durante su periodo las ayudas al vehículo eléctrico han sido escasas y se agotaban en veinticuatro horas, y además ustedes se oponen a medidas anticontaminación como el proyecto Madrid Centro del Ayuntamiento de Madrid, que tiene por objetivo reducir el 40 % de las emisiones. No hacer nada ante la contaminación es una irresponsabilidad que enferma y mata, y continuar sosteniendo el actual modelo energético dependiente de los combustibles fósiles es otra irresponsabilidad.

Señores del Partido Socialista, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con diálogo y hay que hacerlo bien.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Vendrell.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.

Señoría, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy revela claramente su condición de partido sin proyecto, sin argumentos y sin alternativas. Es un partido que pretende paralizar la vida política y, por tanto, la vida social de España, basándose en la permanente descalificación con tal de desacreditar al Gobierno legítimo de esta nación e incluso desdiciéndose de ustedes mismos. Ahora


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les explico: el pasado 9 de octubre su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, defendió en esta tribuna su proposición de ley de cambio climático y transición energética, en la que explicaba sus propuestas de fiscalidad ambiental. Decían ustedes, resumiendo, que había que impulsar un sistema tributario facilitador de la consecución de una economía baja en carbono y resiliente al clima, que mejorase el principio de que quien contamina paga y que crease nuevas cargas fiscales para actividades que incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo que proponían ustedes hace unos días -ustedes, aunque, por cierto, no hay aquí prácticamente nadie-, y se dedican a criticarlo porque creen más importante generar confusión para desgastar al Gobierno que apoyarlo en aquello en lo que incluso ustedes están de acuerdo. Señorías, ustedes serán quienes gestionen sus incongruencias; nosotros nos proponemos hoy rebatir aquí sus afirmaciones y mentiras.

En primer lugar, debo aclarar que la medida anunciada por el Gobierno sobre la futura equiparación del impuesto sobre hidrocarburos para la gasolina y el diésel es una medida para dar cumplimiento a las exigencias que desde distintos organismos europeos se vienen pidiendo al Estado español por incumplir la fiscalidad ambiental. La Comunidad Europea y la OCDE vienen avisando desde 2011 sobre este asunto, hasta tal punto que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda del Partido Popular, aseveró públicamente que no había más remedio que cumplir con lo que nos llevaban pidiendo hace años. Ya lo tenían planificado y lo iban a hacer.

Por otro lado, debemos destacar que esta medida, al contrario de lo que el PP afirma en su iniciativa, no es una medida recaudatoria, aunque sí es una medida disuasoria a largo plazo, pues pretende equiparar los impuestos que se pagan por las emisiones contaminantes de la gasolina y del diésel. Se lo explico. Actualmente la gasolina tiene un gravamen superior al del diésel; para que se entienda: contaminar con gasolina es más caro que contaminar con diésel. En el Grupo Socialista entendemos que este desequilibrio fiscal no se justifica en un escenario de progresiva descarbonización de la economía con el que parece ser que toda la Cámara está de acuerdo, excepto a la hora de poner medidas concretas sobre la mesa. Además, no se justifica teniendo en cuenta que la comunidad científica ya ha demostrado que es el diésel el carburante responsable de las emisiones de dióxido de nitrógeno, de ozono y de partículas.

Señorías, la cuestión se agrava después de siete años sin hacer nada. Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las muertes prematuras asociadas a la polución atmosférica en España se sitúan en 32 000 vidas anuales -repito, 32 000 vidas anuales-: son 1800 por el ozono, 5900 por el dióxido de nitrógeno y 25 500 por las micropartículas. ¿Cree el PP que es imprescindible actuar, como pensaba hace un mes, a través de la Ley de Cambio Climático o, como pensaba su anterior presidente, Rajoy, que ya anunció que aumentaría el impuesto al diésel en la financiación autonómica en marzo del año en curso? No sabemos qué es lo que ellos dicen. Díganlo ustedes, por favor. Díganselo a la población de las grandes ciudades. Díganselo también a los andaluces, castellanomanchegos, murcianos o extremeños y extremeñas que, por ejemplo, a pesar de ser excedentes en producción de energía limpia, nos vemos directamente afectados por las emisiones contaminantes producidas por las grandes ciudades. Afecta a las poblaciones de las grandes ciudades, pero también afecta a todo el sur de España, que es el que fabrica las energías limpias.

Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, sin paliativos. Además quisiera aclarar, debido a las acusaciones de distintos grupos que han hablado hoy aquí, en esta tribuna, que todas las medidas que se están anunciando se harán de forma progresiva; que hay objetivos para el año 2020, 2030, 2040 y 2050, y que serán medidas consensuadas con la sociedad y con los sectores afectados. El 5 de octubre se creó una mesa de impulso para la movilidad sostenible con el sector automovilístico, con los sindicatos y con la patronal. También la ley de cambio climático está siendo sometida a debate público. Asimismo, se harán las medidas protegiendo a transportistas, agricultores, a todas aquellas personas que se van a ver afectadas por esa subida de impuestos a través de nuestro plan de transición justa. Señorías, anticipación es lo contrario de improvisación y eso es lo que este Gobierno está haciendo, anticiparse, dar señales claras, planificar y ser firme en los objetivos globales a los que se ha comprometido. Ustedes, señores del Partido Popular, ya propusieron tomar esa medida en su momento, y es a ustedes y solo a ustedes a quienes les corresponde explicar por qué ahora están en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco-EAJ-PNV, tiene la palabra Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Hoy debatimos aquí una proposición no de ley acerca del asunto del diésel, presentada por el Grupo Popular. Un asunto del que tanto el PP como Ciudadanos han hecho su bandera utilizándolo como arma arrojadiza y para sacar ventaja de situaciones que puedan ser perjudiciales para algunos o algunas; de ahí que con este debate intenten que todos los grupos nos posicionemos en una cuestión que ha calado tanto en la sociedad como en la industria. Sin embargo, lo que verdaderamente se necesita en este tema es un análisis serio y riguroso por todos los grupos políticos, y es que de no hacerlo así podría ocasionar daños relevantes en términos sociales, económicos y medioambientales, por lo que los distintos agentes públicos y privados hemos de actuar con responsabilidad para evitar efectos negativos sobre la industria y el empleo.

Ya en el informe de expertos en el que se muestran diferentes escenarios se habla de la necesidad de revisar la fiscalidad verde bajo el prisma de que quien contamina paga; y en este contexto el nuevo Gobierno ha manifestado su voluntad de revisar, entre otras, la fiscalidad del diésel, aunque desde luego, según este grupo, no de manera muy acertada por la forma y por las contradicciones que han existido entre los distintos ministerios que, de algún modo, estaban relacionados con esta medida.

Para nosotros cualquier medida fiscal que se vaya a tomar a nivel energético ha de realizarse pensando en las consecuencias que se puedan producir tanto en el ámbito público como en el privado, y adoptar por tanto las medidas accesorias para que el impacto sea el menor posible. Por otro lado, la Comisión Europea ha venido señalando a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales, y en especial sobre el diésel. Los impuestos medioambientales están aún por debajo de la Unión Europea y, en este sentido, señores del Grupo Popular, que ahora vienen enarbolando la bandera de no al diésel, decían -o por lo menos salía en prensa- que ese tema estaba también en la agenda del señor Rajoy, así como que Rajoy también aumentaría el impuesto del diésel en la financiación autonómica.

Déjenme recordarles también que mientras ustedes han estado en el Gobierno se solicitó un informe sobre la reforma fiscal, que ya ha sido mencionado aquí, el informe Lagares, en el año 2014, que venía a decir que era el Gobierno el que debía incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles equivalentes a los del litro de gasolina. Es verdad que la tecnología del diésel ha trabajado para bajar su nivel de emisiones, a pesar de que algunos mintieron también para evitar los límites de emisiones, y por ello la normativa es más rigurosa en este sentido. A pesar de que los motores diésel han emitido históricamente más NOx que los motores de gasolina, hoy se puede decir que un coche diésel y uno de gasolina emiten prácticamente lo mismo en estos términos y en partículas. El problema no son tanto los coches diésel, sino los diésel antiguos y, por tanto, habría que realizar esa reflexión también para tomar decisiones, ya que España es el segundo fabricante europeo de coches, genera empleo directo y además con una gran inversión en I+D+i que genera también colaboraciones y empleos en universidades, centros tecnológicos, etcétera.

Por otro lado, es necesario reducir los niveles de CO2. En este sentido, hay que decir que los coches de gasolina son menos eficientes en su combustión y emiten más CO2, por lo que con todos los mensajes negativos que se están dando en torno al diésel por unos y por otros y también porque la Comisión Europea viene a restringir este combustible tras el dieselgate, parece que está llevando a crear una alarma en la sociedad y, por tanto, un incremento de las ventas en los coches de gasolina y a un posible incremento de las emisiones de CO2. Pero esto, señores del Grupo Popular, no es de ahora, ya que las ventas de diésel, como se ha dicho hoy aquí, han pasado de un 70 % a prácticamente un 30 % o 35 % desde el año 2012 hasta ahora, en el segundo trimestre de este año. Por tanto, no solo se debe a este anuncio del posible aumento de la fiscalidad. Por eso, creemos que no hay que hacer demagogia en este tema. Como he dicho, ustedes lo que quieren es que nos posicionemos en un sentido o en otro sobre una reforma que aún no se ha dado, que desconocemos si se va a hacer de forma escalonada o si va a ir acompañada de otras medidas; además, parece ser que el Gobierno ya lo está hablando también con el sector.

Por tanto, mi grupo no va a apoyar esta propuesta, ya que no nos parece razonable ni serio posicionarnos ante un futurible. Adoptará la decisión que estime conveniente cuando el Gobierno traiga esa posible reforma, que analizará rigurosamente, porque entendemos que hay que utilizar la fiscalidad medioambiental, incluidos los impuestos a los hidrocarburos, como una herramienta estratégica para abordar el cambio climático, la contaminación del aire, la transición energética y la movilidad sostenible, y que las medidas que en ese sentido se adopten garanticen una armonización europea para evitar la


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generación de desigualdades y ayuden a evolucionar al sector de la automoción y al mantenimiento del empleo, a través de planes de renovación y otras medidas para acelerar la introducción de vehículos con combustibles alternativos, y todo ello para vencer las barreras y las reticencias al cambio.

Eskerrik asko. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias. Buenas tardes.

Señora diputada, ¿no se da cuenta de que la presentación de esta iniciativa de renuncia al incremento del impuesto sobre el diésel les deja a ustedes, de nuevo, en evidencia? Siempre les pillamos con el paso cambiado. Fíjense, durante el periodo en el que ustedes han gobernado no solo se han dedicado a desmantelar leyes de protección ambiental para favorecer la privatización, sino que todavía hoy estamos esperando la ley de cambio climático y unas políticas de transición energética efectivas. Esos son los resultados reales. En lugar de apostar por un modelo energético basado en renovables, sus acciones solo se han limitado a perpetuar el modelo energético basado en hidrocarburos. Han seguido concediendo nuevas licencias para prospección de hidrocarburos, y si no recuerden el reciente veto a la propuesta de ley del Govern balear pidiendo la prohibición de los sondeos y explotación de hidrocarburos por afectar al corredor de cetáceos. En cambio, han obstaculizado la implantación de energías renovables a través, por ejemplo, del impuesto al sol o con el recorte de primas a las energías renovables, que afectan a las plantas de cogeneración a partir de purines. Son muchos ejemplos que muestran realmente cuál es el modelo por el que ustedes apuestan. Su objetivo ha sido otro, el de consolidar la oposición dominante de los intereses de los grandes oligopolios energéticos, perpetuando el modelo energético basado en hidrocarburos. El resultado es que hoy el Estado español importa casi la totalidad de su consumo energético de gas y petróleo, y que su dependencia energética en hidrocarburos es de las más altas de Europa, casi 20 puntos por encima de la media europea. Según las estimaciones publicadas por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, en su estudio sobre el impacto macroeconómico de las energías renovables en España 2017, la dependencia energética llegó al 76,1 %. Ahora ustedes piden un aplazamiento del incremento del impuesto sobre el diésel hasta que se produzca una transición ordenada de tecnologías. ¿En qué fecha va a ser esto, en qué momento? ¿Y qué quieren decir con esto, que para avanzar en la descarbonización vamos a depender de los intereses privados de la industria automovilística? ¿Es esto lo que están diciendo realmente? Lo siento pero han perdido ustedes toda credibilidad en ese sentido.

Señores del Grupo Popular y del Grupo Socialista, cualquier voluntad que retrase la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos en el acuerdo del clima de París supone perder el tren hacia un nuevo paradigma de cambio de modelo energético y productivo más sostenible, lo que nos aleja de las grandes sociedades desarrolladas. Simplemente es esto. Ya estamos llegando tarde. Sepan ustedes que, sea cual sea el partido que estuviera gobernado, nuestro grupo siempre hubiera votado a favor de cualquier propuesta valiente de eliminación de los combustibles fósiles. Tengan muy presente esto. De hecho, ¿no se trata de descarbonizar, no es por esto por lo que apostamos? Pues, ¿a qué estamos esperando? Como se ha puesto de manifiesto en la conferencia del clima de París, uno de los principales problemas actuales que se va a agravar en los próximos años si no se toman medidas urgentes es el deterioro del medio ambiente y, en especial, la contaminación atmosférica. Tendrá unas consecuencias que afectan a escala diferente: por un lado, a escala mundial, con el calentamiento del plantea a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2 y óxidos de nitrógeno; y por otro, a escala local, fundamentalmente a las grandes ciudades o áreas metropolitanas, a causa de la concentración de partículas sólidas en suspensión, óxido de nitrógeno y otros gases, que provocan grandes problemas de salud a los ciudadanos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año se producen en Europa 430 000 muertes prematuras por culpa de la contaminación atmosférica. En el área metropolitana de Barcelona se calcula que son 3500 muertos y en España 33 200 muertos; 25 500 por partículas en suspensión, 5900 por dióxido de nitrógeno, y 1800 por el ozono. Realmente, es una causa importantísima para empezar a dar un paso adelante. La mayor parte de esa contaminación atmosférica proviene de los vehículos.

De entre el conjunto de medidas que se han puesto sobre la mesa, deberíamos destacar uno de los instrumentos de los que disponen los Gobiernos para incidir directamente sobre el comportamiento de los ciudadanos, que es la política fiscal verde, una herramienta indispensable. En ese sentido, el Estado


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español es uno de los Estados europeos con menor fiscalidad ambiental, como se ha reconocido aquí. Quisiera recordar que el vicepresidente y conseller de Economía del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy en la cárcel enviado desde atrás, es el responsable de la aplicación de distintos instrumentos de política fiscal verde, algunos de ellos paralizados, en función de las posibilidades más que limitadas que nos daba un estatuto de autonomía y de un Tribunal Constitucional dedicado a evitar cualquier avance en el modelo fiscal. Es necesario impulsar una reforma fiscal verde que en el caso de los vehículos contemple tres impuestos diferentes: el de matriculación, el de circulación y el impuesto sobre hidrocarburos. Entendemos que es ahora cuando realmente debemos penalizar la energía fósil e impulsar las energías renovables en el marco, precisamente, de ese cambio de paradigma energético; aunque también somos conscientes de que estamos en un momento de transición energética y que, por lo tanto, en esa transición hacia las energías renovables los ritmos y niveles de adaptación no son uniformes y varían según el sector económico. El Gobierno debe ir modulando y acompañando los tempos sin olvidar cuál es el objetivo final, que sería la plena descarbonización del modelo energético. Esta es la causa principal, este es el objetivo principal.

En todo caso, y para ir terminando, deberíamos tener en cuenta propuestas de otros Estados, como Francia: veto a los vehículos de gasolina y diésel 2040; el ministro de Ecología incluye la medida en un plan para cumplir con el acuerdo del clima de París; el Gobierno francés dará una prima a las rentas más bajas para facilitar el cambio a vehículo eléctrico, y equiparación impositiva entre gasolina y diésel. Estas son propuestas que deberíamos tener presentes. En nuestro caso, el Gobierno no solo debería garantizar un plan Renove para las rentas más bajas, sino que debería poder acompañar a aquellos sectores donde el uso del vehículo es fundamentalmente en su actividad productiva, como son los transportistas de vehículos pesados, el trasporte público, los vehículos agrarios, o incluso la propia industria automovilística.

Voy terminando. En todo caso, modular esa transición por parte del Estado requiere de grandes consensos, requiere del compromiso de todos para cambiar de paradigma y, sobre todo, requiere de mucha generosidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Eritja.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Palmer Tous si su grupo acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.

La señora PALMER TOUS: No, finalmente presentaremos la PNL en sus términos iniciales.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, lo tendremos en cuenta.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A POTENCIAR LA INDUSTRIA Y EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO. (Número de expediente 162/000308).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora García Sempere.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.

Traemos hoy una proposición no de ley sobre potenciación de la industria porque las cifras están ahí. En España la industria representa alrededor del 16 % del PIB, un par de décimas menos que en 2007, pero casi 4 puntos menos que en 1997, lo que significa que hemos recuperado la participación industrial en el PIB que teníamos en 2007 pero que, desde luego, estamos muy lejos del objetivo que aspira a alcanzar la Unión Europea en 2020, que nos plantea un peso del 20 %.

La actividad industrial tiene importantes repercusiones en el resto de sectores de la economía y significa una parte muy importante de la innovación y de los aumentos de productividad. Es el sector económico fundamental y puede ser la mayor garantía de desarrollo económico equilibrado y sostenible. Permite generar y dar estabilidad al empleo e invierte en mayor medida en la formación de los trabajadores. Con todo esto estamos todos de acuerdo, pero la realidad es que la industria española traduce las debilidades estructurales de nuestra economía. Las políticas de austeridad fiscal y de evaluación salarial, practicadas con intensidad en los últimos años, en ningún caso han servido para transitar hacia un nuevo


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modelo productivo. Lo que sí han provocado estas políticas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es mayor precariedad laboral y mayor desigualdad social. Por otro lado, la apuesta por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas se ha demostrado claramente fallida. Las industrias más competitivas se caracterizan precisamente por el empleo de calidad y por los salarios dignos. Además, el consumo de bienes industriales -no lo decimos nosotros- necesita una demanda interna sólida, y la austeridad fiscal, la devaluación salarial y los recortes sociales a los que nos han sometido en este país son los mayores enemigos de la demanda interna y, por tanto, los mayores enemigos de un desarrollo económico equilibrado.

¿Qué habría que hacer? Seleccionar aquellos sectores económicos con potencial para cambiar el modelo y establecer medidas sectoriales para potenciarlos, es decir, actividades productivas que deberían contribuir a mejorar la eficiencia económica y la productividad, asegurando la sostenibilidad ambiental y garantizando también la social y ya, de paso, reduciendo la lacra de la desigualdad que azota a este país. Mi grupo entiende que es el sector público el que mejor puede liderar inversiones para conseguir estos objetivos, dado que es quien puede garantizar la necesaria investigación y desarrollo, herramientas que nosotros, desde nuestro grupo confederal, entendemos imprescindibles para posibilitar la transición hacia un modelo productivo que resulte menos intensivo en consumo de materiales y en generación de residuos, pero también ese sector público es quien puede romper la dependencia de sectores estratégicos, como Navantia o Airbus, de la industria armamentística. En este país, además, ese sector público es quien podría garantizar que saliéramos de una situación devastadora. No nos faltan ejemplos de cómo una crisis económica, sumada a una crisis industrial y al abandono de la apuesta de inversiones de industria, tiene consecuencias de profundo carácter económico pero sobre todo de profundo carácter social. Tenemos una sociedad que se rompe, y no se rompe por las banderas. Pensamos en Puertollano, donde el cierre de grandes empresas, como Elcogas, llevó a la pérdida de 1800 puestos de trabajo y esto condujo en cinco años a que el comercio tradicional también cayera el 40 % y en algunos sectores el 70 %. Pensemos en lo que representaría el cierre de Alcoa en A Coruña y en Avilés: la pérdida de 1500 empleos directos, muchos más indirectos; su cierre es directamente la muerte de las comarcas. Es difícil pensar que sin la acción de lo público esto se podría solucionar, este conflicto se podría resolver; una acción que entendemos que debe ir mucho más allá de lo que dijo la ministra Valerio sobre estudiar con profundidad el ERE de Alcoa. Ministra Valerio, debería usted estudiar mejor la Constitución española, su artículo 128.2, e intervenir el sector estratégico antes de que sea tarde. Pero seguimos. La realidad en Andalucía nos golpea muy duro: no bajamos del millón de parados, solo el 8 % de las contrataciones realizadas fueron en el sector industrial y, por supuesto, estamos lejísimos de alcanzar el 20 %. En la Bahía de Cádiz, Granada y Sevilla la aeronáutica tiene en riesgo 45 000 empleos. Dos ejemplos recientes: la comarca del Guadiato, en Córdoba, que vuelve a quedar excluida del Plan Miner y aún se le adeudan 23 millones del plan anterior, y el corredor industrial de Jaén, que resume perfectamente el drama de la deslocalización. Hace siete años del famoso Plan Linares Futuro y podemos resumir qué ha pasado en esos años en tres titulares: cinco proyectos que no se sabe dónde están, cero euros invertidos y 81 000 personas que han salido de la provincia de Jaén a buscarse la vida porque allí no la podían mantener. En resumen, la política industrial de este país ha consistido en una serie de partidas presupuestarias que no se ejecutan, que se presentan, que pasan al año siguiente y se vuelven a presentar; eso, en el mejor de los casos, cuando no es un coladero de dinero sin control ni auditorías posteriores, como bien hemos visto con el ejemplo de los fondos Miner.

¿Qué plantea mi grupo parlamentario? Plantea una serie de medidas necesarias y fundamentales para tener un plan global de reindustrialización, pero para ello hacen falta dos puntos fundamentales: una profunda planificación energética, además basada en tecnología renovable que nos permita, por una parte, eliminar la dependencia del exterior mientras cumplimos los compromisos de lucha contra el cambio climático y, por otra parte, considerar el suministro eléctrico como un servicio público esencial, introduciendo la transparencia en la formación del proceso en el mercado de energía. Pero, por otra parte -y este es el motivo fundamental por el que no podremos aceptar la enmienda del Partido Socialista-, una banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial; una banca pública que conceda créditos destinados a la financiación del tejido empresarial y a la creación de empresas, financiación ligada a condiciones de creación de empleo estable y digno. En resumen, que actúe como palanca financiera del Estado de cara al cambio de modelo productivo. Las mejores experiencias europeas nos dicen que la banca pública coopera con los agentes productivos, facilitándoles el crédito. En España es justo al contrario, tenemos una banca profundamente parasitaria que se queda


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con las rentas del sector productivo y no apoya en los momentos más importantes; una banca pública que consideramos tan imprescindible que, ya digo, no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista.

Nosotros entendemos que esta banca pública es necesaria por un motivo más, porque rechazamos profundamente, porque se ha visto ineficaz, el modelo económico de fiarlo todo a subvenciones a empresas extranjeras que luego se van a otro país. Es una suerte de Bienvenido, mister Marshall, donde el inversor llega, pone la mano, se lleva el dinero y luego se va a otros países donde sea más rentable producir. Este no es el único problema, es que nos deja aquí la rémora de que las empresas entiendan que tienen que bajar todavía más los salarios y precarizar más el empleo para que se queden unas empresas que luego se vuelven a ir. En definitiva, queremos, con carácter urgente, extraordinario y con visión de futuro, un plan global de reactivación industrial, que sobre todo frene el declive de nuestras comarcas, que se mueren porque se van las empresas, pero entendemos que sin planificación energética, sin banca pública, no será posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García Sempere.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Desde el año 2000 la aportación de la industria al PIB nacional cayó nada más y nada menos que un 2,33 %, y España ha pasado paulatinamente del 18,73 % al 16,4 %, como secuela de no tener una política industrial especifica. Hoy, a la vista de las arremetidas energéticas de la ministra para la Transición Ecológica, las esperanzas de recuperación no solo se esfuman, sino que ha crecido la gravísima amenaza para la continuidad de sectores industriales que mantienen empleo estable, cualificado y productivo. Véanse, por citar ejemplos de absoluta vigencia, las decisiones energéticas del Gobierno y los efectos nocivos de su ecologismo radical sobre las electrointensivas como Alcoa, el sector de la automoción o las cuencas mineras del carbón, abocadas a una desertización letal.

Esta iniciativa de Unidos Podemos, socios preferentes y preferidos del Gobierno Sánchez, no resuelve los problemas de nuestra industria, y encima los empeora promoviendo un intervencionismo estatal, es decir, las subvenciones como fórmula para perpetuar un modelo de economía subsidiada en la que se dejan de lado los incentivos ligados a la productividad y a la competitividad, con merma del crecimiento económico, la creación de riqueza para todos y la creación de empleo, nuestra gran prioridad. Por genéricos, en alguno de los seis puntos es imposible no estar de acuerdo, pero una gran parte de esta proposición está desfasada en el tiempo y difiere de la estrategia renovada de política industrial de la Unión Europea, aprobada hace poco más de un año, aunque ya es sabido que ustedes no creen en Europa.

Señorías, Foro ha presentado una amplia enmienda de sustitución porque son prioritarias medidas que transformen y modernicen la industria nacional para impulsar la economía y generar puestos de trabajo y que nos permitan competir en igualdad de condiciones con los demás países. En materia energética, señora García Sempere, ustedes han votado aquí lo contrario de lo que dicen en Asturias y hoy proponen medidas para que España se haga ni más ni menos que el harakiri industrial. No podemos estar de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.

Compartimos un diagnóstico con el Grupo de Unidos Podemos, y es la necesidad de un cambio de modelo productivo como condición necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Eso implica también alterar la división europea de trabajo que existe, pero también reconocer y poner encima de la mesa que hay una división española del trabajo. Esta división está trayendo consigo una creciente agravación de las desigualdades territoriales. Eso es así; se puede ver en flujos de capital, se puede ver en flujos de población, se puede ver en términos de PIB per cápita que esa es la realidad. Se está configurando un centro y una periferia que está concentrando la riqueza en algunas zonas y en otras, lo contrario. Entendemos que las medidas que plantean -y estamos de acuerdo con ellas- tienen que


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tener una visión que no sea centralista o, dicho de otra manera, que complementen el eje tradicional de concentración de riqueza que ha habido en este país, que se ha concentrado fundamentalmente en tres zonas: Madrid, Barcelona y Bilbao. En definitiva, necesitamos una visión integral, integradora, para que las periferias tengan también su sitio y estén representadas. De lo contrario, las desigualdades seguirán siendo lacerantes y seguiremos padeciéndolas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Esta PNL es una proposición ómnibus, quiere tocar muchas cuestiones de forma a veces un tanto inconexa. Nosotros queríamos presentar enmiendas. Por un problema técnico no ha sido posible y, a expensas de que haya una transaccional que subsane todos estos defectos, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta.

Yo creo que lo suyo, para abordar toda la complejidad, requeriría lo que se ha hecho en Cataluña -pero no porque se haya hecho en Cataluña-, que es un pacto nacional por la industria. Lo hizo este Gobierno independentista, que solo pensaba en el procés. Este Gobierno fue capaz, con todos los agentes sociales, con el Parlament de Catalunya, de materializar un pacto nacional por la industria que el actual Gobierno está desarrollando. Por tanto, en todo caso, nosotros instaríamos esto.

Tenemos una cierta discrepancia de fondo. La reactivación del sector industrial, desde nuestra óptica, no pasa exclusiva ni principalmente por el impulso del sector público, tiene que ser el sector privado. El sector público tendrá que actuar en un ámbito muy concreto, pero no podemos hacer descansar toda la reactivación del sector industrial en el sector público, como parece que se desprende de su propuesta. Nosotros no estamos de acuerdo con el pool bancario público, se lo hemos dicho reiteradamente. Creemos que no es necesario. En todo caso, en el Estado español hay elementos suficientes en estos momentos para solucionar los problemas de financiación. Y en Cataluña también se ha resuelto en este ámbito. Por tanto, sin ser nada pretencioso, les aconsejaría tomar como ejemplo lo que se ha hecho en Cataluña con el pacto nacional por la industria y sus seis ejes de trabajo. Es un buen punto de partida y con cierta racionalidad.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILLA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Bona tarda, diputades i diputats.

Señora García Sempere, debatimos esta proposición no de ley sobre potenciar la industria y el cambio de modelo productivo y ya ha visto usted la que ha levantado. Ha escrito usted la madre de todas las PNL y nos hemos pasado el fin de semana enmendándola, creo que prácticamente todos los grupos. Habla de modelo productivo sobre muchos ámbitos -y solo me quedan cuatro minutos y cuarenta y siete segundos-: financiación, energía, infraestructuras, inversión, educación, empleo e investigación y desarrollo. Para nosotros en todas ellas existe un mínimo común múltiplo, que es el papel del Estado o del sector público y nosotros entendemos que el Estado debe velar para que se creen las condiciones idóneas para qué sector privado y las industrias se desarrollen.

En cuanto a la creación de banca pública, somos partidarios de la banca pública porque puede colaborar a la libre competencia frente a los oligopolios. El sector público puede ser un buen garante de la libre competencia frente a los oligopolios; de hecho -y tómelo como un síntoma-, es la oposición de los oligopolios a la intervención pública precisamente lo que nos indica que quieren impedir la libre competencia. Por ello, entendemos que el Estado participe en los sectores estratégicos porque es positivo, considerando sector de interés estratégico el de las finanzas, la educación, la energía o la inversión, y a eso se refiere mi segunda enmienda.

Dicho esto, y refiriéndome por el orden de sus propuestas a su PNL -con el debido respeto y la admiración que su señoría sabe que le profeso-, entendemos que el sector público no puede liderar planes de reactivación industrial sin recurrir a los planteamientos paleomarxistas de célebres planificaciones y planes quinquenales. Los que deben liderar el plan son sus propios actores, principalmente las asociaciones de pymes, los autónomos locales y sectoriales apoyados por las patronales, y por los


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sindicatos del sector público, que deben analizar y decidir qué instrumentos de políticas de oferta o demanda va a usar, pero no puede liderar algo que desconoce; zapatero a tus zapatos, como se suele decir en las grandes escuelas de negocio, o quizá debería usarse un neologismo o un anglicismo para que no suene tan pedestre. ¿Quién va a financiar las startups? ¿Me cuenta cómo? Los bancos públicos, ¿en serio? ¿Los bancos públicos? Quizá se necesiten entidades más especializadas, las llaman business angels, que hay en todo el mundo occidental, también en España, aunque menos, pero sólidamente representadas. Es a estos a quienes hay que escuchar.

No vayamos a reinventar la pólvora; quizá necesiten nuevos instrumentos fiscales. Podemos hablar nuevamente con los interlocutores sociales y sectoriales, y para esto tenemos consejerías especializadas en cada comunidad. Hablemos primero con los interesados y concretemos después cómo vamos a ayudar o esto nos puede quedar en otro bonito brindis al sol.

En cuanto al tercer punto, mi primera respuesta, la que me sale del alma es: ¿en serio?, ¿de verdad? ¡Qué gran idea! Ayúdennos y convenzan a sus amigos los socialistas y luego volvemos a hablar, porque entiendo que prefieran no hablar con el Santander, la Caixa, el BBVA y ver cómo lo ven ellos, o estudien con la Comisión Europea si esto será aceptado en sus presupuestos porque para hacer un banco público hacen falta recursos propios que hay que comprometer. Mírenselo, por favor, con calma, porque la idea es buena. Voy a discrepar con mi admirado compañero el señor Bel, porque no está del todo cerrado el tema. Pronto discutiremos sobre banca pública en Comisión y en Pleno, y entiendo que a partir de su discurso cuento con su apoyo para que de una vez se conceda ficha bancaria al Institut Català de Finances, que es nuestro proyecto de banca pública.

Concluyendo, y en defensa de las enmiendas presentadas por Esquerra a esta iniciativa, en primer lugar, tenemos la clásica enmienda competencial de Esquerra. No sé otros, pero incluso nuestro parco estatuto de autonomía, ley orgánica por demás, contempla amplias competencias, algunas de ellas exclusivas, en esta materia que se deben respetar. En segundo lugar, deslocalización. Los poderes públicos -qué le voy a contar a su señoría de Alcoa- deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que las inversiones que realizan y las subvenciones que otorgan se ajusten a la finalidad pretendida, exigiendo la devolución de estas en caso de que no sea así y, en todo caso, vincular a cualquier subvención planes concretos de modernización de la industria. Creemos que el matiz que le señalaba de la coordinación con las asociaciones de pymes es fundamental, es importante. En Esquerra estamos propiciando medidas como la introducción de un sistema empresarial progresivo, medidas de lucha contra la morosidad o que eviten que las pymes paguen mayores precios por la energía que las grandes corporaciones; introducir todas aquellas medidas para paliar que la mortalidad de estas empresas sea mucho mayor que la de las grandes corporaciones. Por tanto -y termino-, en la línea de fomentar el cambio en el modelo productivo creemos imprescindible poner el foco en el crecimiento de las pymes que, al fin y al cabo, suponen el tejido productivo real del país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy una propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, según reza la rúbrica, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno estudia con detenimiento la propuesta de la señora García y de su grupo, firmada por el señor Garzón -realmente pensaba que iba a salir a defenderla el señor Garzón, más que nada porque las teorías que incluyen en el petitum de su proposición básicamente son de corte marxista, son comunistas- ve que es un trampantojo. (Rumores.-Aplausos).

Señora García, le prometo que fui con avidez a estudiar con detenimiento cuáles eran esas medidas para relanzar el sector industrial y cambiar el modelo productivo. La verdad es que estaba extrañado; pensé que habíamos conseguido que los señores de Podemos volvieran a la cordura, entraran en el sentido común y realmente tuvieran una propuesta para el sector industrial en este país. Pero cuando leemos el petitum con detenimiento lo que nos encontramos es un trampantojo. Usted sabe perfectamente que es un trampantojo que, como usted sabe y según reza la RAE, es una trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es. ¿Y por qué decimos esto? Muy sencillo, cuando uno empieza a valorar el petitum de la propuesta se lleva la sorpresa de que hay una serie de medidas abstractas, llenas de lugares comunes, como dice el señor Montero cuando hablamos de este tipo de


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medidas, que carecen de concreción y más propias de un programa electoral. Uno lee, por ejemplo, el punto 4: Articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos. Planes sectoriales. En esa determinación cabe cualquier cosa. Podríamos hablar del sector agrícola, de la pesca o de cualquier elemento. Queda muy bonito en un programa político, pero como medida concreta de cara a instar a un Gobierno, la verdad es que es muy poca concreción. Pero le voy a decir más, en el punto 5 leemos: Fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre pequeña y mediana empresa para acometer proyectos industriales de cierta dimensión, la internacionalización para exportación y la apertura de nuevos mercados. Tengo que decirle que, lógicamente, lo está diciendo sin conocer realmente cuál es la situación de nuestra estructura económica, donde el 95 % de nuestras empresas son -como usted sabe o debería saber- pymes y que, por lo tanto, lo poco que se ha hecho a nivel de investigación, desarrollo e innovación es con el esfuerzo de las mismas. ¿Sabe cuál es el número de empresas pequeñas y medianas que invierten en investigación, desarrollo e innovación en este país? Menos de diez mil. No creo que no lo hagan porque no quieran, porque saben que es fundamental para la sostenibilidad y la competitividad, lo que ocurre es que cuando uno habla de los beneficios de las empresas se olvida de que una parte importante de ellos van precisamente a esa inversión. De todas formas, entiendo que conoce cuáles son las cifras de exportación y cuál ha sido la recuperación del sector exterior, que son precisamente los que han sustentado parte de la recuperación -liviana, eso sí- que estamos teniendo en este país. Por tanto, el punto 5 en parte ya se está realizando y no con la apuesta del sector público.

Desde mi punto de vista, la sostenibilidad es la capacidad de tener valor para la sociedad. La competitividad de nuestro sector industrial debe y se puede conseguir a través de la innovación y el valor añadido, incluso en la calidad, nunca en el precio. Para ello debemos hacer una política basada en la investigación, desarrollo e innovación, y le voy a poner un ejemplo. Carlos Barrabés, que es un gurú tecnológico, habla de que este país no puede permitirse perder la cuarta revolución industrial. Tenemos que establecer un fondo de inversión en startups, en emprendedores, en el sector tecnológico, pero no como lo plantean aquí, sin concreción.

Esto era, desde mi punto de vista, el trampantojo que escondía las medidas en las que podíamos estar de acuerdo, el filete y las patatas, pero cuando vamos a mirar un poquito por debajo vemos cuál es realmente el sentido de su propuesta, que es el punto tres: crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero. Esta es la cuarta vez que lo traen, señora García. Le voy a citar las palabras de mi compañero Rodrigo Gómez en esta tribuna: parece que el hombre es el único animal que quiere tropezar dos veces en la misma piedra. No es que pueda, puede y ustedes quieren tropezar dos veces en la misma piedra. (Aplausos).

Decía el señor Capdevila que no tienen banca en Cataluña. ¿Le suena el Banco Sabadell o la Caixa, señor Capdevila? Entiendo que se refería a que no tienen banca independentista, pero banca catalana hay, importante, poderosa, de las más reconocidas en este país. Por tanto, decir que no hay banca en Cataluña la verdad es que es un insulto para la Caixa y para el Banco de Sabadell.

En cualquier caso, creo que lo que esconde esta propuesta no legislativa es recuperar la banca pública. Se lo digo de verdad, no sé si saben cuáles han sido los casos que hemos vivido aquí con las cajas de ahorro, porque ustedes hablan de que se ha recuperado la banca, pero no es verdad, se rescató a las cajas de ahorros, y si quiere le digo cuáles son exactamente las personas que han estado implicadas. Porque todo el mundo conoce el caso del señor Rato, pero creo que ya se ha nombrado aquí a José Antonio Moral Santín, miembro de Izquierda Unida, y no le voy a decir nada de Francisco Baquero Noriega, Comisiones Obreras (aplausos), Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca, Antonio Romero Lázaro, de la UGT; Jorge Gómez Moreno, del PSOE; José María de la Riva, del PSOE, y así podríamos seguir hasta sesenta y cuatro que han sido condenados por el Tribunal Supremo precisamente por el uso fraudulento de las tarjetas black. Eso es lo que ustedes realmente quieren. Señora García, le voy a decir la verdad: si quieren apostar por el sector industrial acepten nuestra enmienda, hágame caso; si realmente les interesa que tengamos un sector industrial competitivo basado en valor añadido, sostenible y mirando al siglo XXI, nuestras enmiendas son la hoja de ruta que deben aprobar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campos Arteseros.


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El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero destacar la importancia de que hoy estemos hablando de industria en este Pleno porque el Partido Socialista cree que es la garantía de que haya más empleo de calidad, de que haya más crecimiento en PIB, de que las balanzas comerciales sean mejores para el conjunto de España y también es un foco de innovación, de desarrollo y de investigación. Hay precedentes. En este Pleno ya hemos hablado de forma amplia de la industria fruto de una moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Socialista en la que precisamente denunciábamos que no existía una estrategia ni un desarrollo pleno de las políticas industriales. Compartimos la propuesta. Muchos han criticado, creo que ferozmente, la iniciativa. Nosotros hemos preferido tenerla como punto de partida. Hemos planteado a Podemos una serie de enmiendas para completarla, para destacar precisamente que es necesario ese marco estratégico 2030 que en breve el Gobierno aprobará y una serie de medidas que ustedes incluían y que nosotros, como digo, completamos. Ciertamente, teníamos una diferencia sobre cómo se puede hacer mejor lo de generar, garantizar, incrementar la financiación de nuestras industrias y en general de nuestras pymes. Creo que usted ha comprobado que no hay un sentir mayoritario en esta Cámara en torno a la propuesta que ustedes realizaban y creo que esa medida, por el calado que pudiera tener, requeriría una mayoría amplia para que no fuera una medida coyuntural de un momento concreto sino que en materia de industria intentemos sentar las bases para acciones y medidas que tengan prolongación en el tiempo. Por tanto, nosotros hemos creído -y de ahí nuestra enmienda- que el ICO, siempre con mejoras, podría ser un buen instrumento y sabe que incluso lo hemos planteado como opción a aquello que planteaban los diferentes sectores y sindicatos en cuanto a medidas para mejorar la financiación. Aun así, si usted somete a votación esta proposición no de ley por puntos, nosotros votaremos a favor de todos los puntos, excepto del punto tres, referente a la banca pública.

He de decir que el nuevo Gobierno sí cree en la industria, que ha habido un cambio. Esta iniciativa se presentó cuando gobernaba el Partido Popular y ahora hay un ministerio que hace política industrial; otros decían que no hacía falta hacer política industrial y luego vinieron otros Gobiernos del PP que hablaban de política industrial pero no la ejecutaban. Este Gobierno tiene claro cuál es su hoja de ruta y ha introducido ya cambios en las formas y también en el fondo. En las formas es curioso que la Conferencia Sectorial de Industria y PYME llevaba años sin reunirse cuando precisamente algunas comunidades autónomas tienen competencias plenas en industria. Ha habido reuniones con los diferentes sectores, el Gobierno se ha reunido con los sindicatos, se está coordinando a los diferentes organismos que dan cumplimiento a gran parte de lo que pedía esta proposición no de ley, y sobre todo se trabaja en pro de conseguir una unidad con carácter general y cuando surgen emergencias que requieren una respuesta fuerte y contundente de todas las administraciones. Ahí está la reacción que ha habido con Alcoa, Vestas y cualquier otra que surgiera en la agenda.

Cambios en el fondo. Y es que ahora hay una ministra que se ocupa de la política industrial, ahora hay objetivos claros en cuanto a transición energética, Energía 4.0, incrementar el peso y tamaño de nuestras pymes en la I+D+i y en la internacionalización. Hay una estrategia, como digo, general y también acciones concretas. En materia de transición energética creo que el mensaje tiene que ser claro al conjunto de la industria, y especialmente al sector del automóvil. Ya se ha puesto en marcha el acuerdo estratégico del automóvil y la movilidad sostenible precisamente porque queremos hacer la transición energética, porque creemos que es lo mejor, pero tenemos que hacer esa transición de forma justa, ayudando a la financiación, haciendo pacto y marcando agendas compartidas. En definitiva, además de acciones concretas hemos promovido también -y vamos a promover en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 si ustedes dejan de bloquearlos, especialmente Ciudadanos y Partido Popular, porque Ciudadanos ha aparecido hoy aquí como si no hubiera aprobado unos cuantos presupuestos del PP que, por cierto, recortaban en 1000 millones la política industrial de este país; sí, lo hicieron ustedes apoyando los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular y votando en contra de las enmiendas socialistas- la perspectiva de género, tanto en lo que se refiere al talento y las directivas como también a las condiciones de trabajo de las mujeres, que en gran parte y en muchos sectores son las protagonistas de esta industria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias señor Campos.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.


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La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidente, señorías, buenas tardes a todos.

Hoy estamos aquí debatiendo una proposición no de ley relativa a potenciar la industria de nuestro país, pero, señoría de Podemos, llega tarde, pero muy tarde, porque esto ya se hizo con el anterior Gobierno del Partido Popular. Nuestra política industrial ha ido encaminada única y exclusivamente a potenciar nuestra industria. Se ha subrayado la importancia que tiene que nuestra industria sea competitiva y que sea fuerte, y para alcanzar ese objetivo se han articulado unas líneas de actuación estratégicas que han de mantenerse en el tiempo y que los sucesivos Gobiernos deberían mantener, pero para eso hace falta la coordinación y la colaboración de todas las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, y también de todos los grupos parlamentarios que estamos representados aquí, en el Congreso. Ahí hace falta ese apoyo. (Aplausos). Se ha denominado la cuarta revolución industrial, que nos va a traer bastantes oportunidades para nuestra industria del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que nuestro sector industrial es el sector que tiene los salarios más altos, el personal más cualificado y una mayor productividad. Pero ahora, el Gobierno del señor Sánchez -que ha llegado a la Moncloa y se creía que iba a vivir una vida de vino y rosas con su mujer en la Moncloa- lo que ha hecho es apostillar, cual matador, una banderilla al toro, en este caso a todos y cada de los sectores. Nosotros cada semana vemos cómo cae una planta: vimos Alcoa, A Coruña y Avilés; vimos Cemex, Almería y Baleares; vimos Vestas, en León. ¿Qué más tiene que suceder? El sector del automóvil está temblando porque tenemos una política errática. Hoy un ministro dice a y mañana el otro ministro dice be, y el presidente desdice al ministro que dijo a. (Aplausos). Entonces, ¿subimos el diesel, no lo subimos? ¿Qué hacemos con los coches eléctricos? ¿Qué hacemos con los coches diésel, gasolina, híbridos, hasta el año 2040? ¿Vamos a dejar de producir en este país ese tipo de coches? ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos sentarnos a hablar.

Estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista. Esto se trata de unidad, pero ¿dónde estaban ustedes, señorías de Podemos, cuando el Partido Popular presentó ese pacto por la industria que a ustedes se les dio a conocer? ¿Dónde estaban ustedes? Ya me acuerdo, era a finales de mayo, estaban ustedes intentando apoyar al Partido Socialista en una moción de censura. Ahí es donde estaban ustedes, la política industrial les importaba bien poco, solo les importa cuando hay que ponerse en las manifestaciones detrás de las pancartas. A mí también, pero hay que hacerlo detrás de todos y cada uno de los trabajadores de este país, no solo cuando a ustedes les interesa. (Aplausos). ¿Por qué no están con los trabajadores de Meirama igual que estuvieron con los de Alcoa? ¿Por qué ahora el Partido Socialista sí está con los trabajadores de As Pontes, pero no con las familias de Meirama? Son dos centrales térmicas que se van a cerrar, ¿verdad? Pero, claro, el presidente de la Diputación de A Coruña, del Partido Socialista, es alcalde de As Pontes, pero debería ser presidente de la Diputación de toda la provincia de A Coruña, no solo de su alcaldía. (Aplausos).

Señores del partido Ciudadanos, ¿dónde estaban ustedes también cuando se presentó este pacto por la industria? Yo es que ahora, leyendo todas las enmiendas que se han presentado aquí, veo que todos ustedes ya conocían este pacto y ninguno quiso apoyarlo. ¿Por qué? Porque era del Partido Popular. El partido Ciudadanos en aquel momento también estaba instigando esa moción de censura. Ah, estiba sí, estiba no. Cerramos pueblos, ahora comandancias de la Guardia Civil, pero ¿adónde vamos a llegar, señorías? Hoja de ruta fiable y hoja de ruta clara para todos los partidos de esta Cámara y así podremos apoyar a la industria de nuestro país como se merece, con un pacto nacional por la industria, que ya tiene el consenso de todos los sindicatos más representativos: Alianza por la Industria, el Instituto de Ingeniería de España, CEOE, Colegio de Ingenieros, Colegio de Economistas, Cepyme. ¿Qué más consenso quieren? Lo único que hace falta es que venga aquí, a este Parlamento, y que todos ustedes lo apoyen. Eso es lo que se necesita.

Y, señoría de Bildu, catastrofismo es lo que han hecho usted y los suyos con el País Vasco. Eso es catastrofismo y no lo que dice y lo que trae aquí el Partido Popular.

Muchísimas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moraleja.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Hoy Podemos nos presenta una proposición no de ley para fomentar la industria con numerosos puntos. La verdad es que con algunos podemos estar de acuerdo porque son meros principios, sin


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acciones concretas, pero con otros no tanto. Por tanto, vamos a esperar a posicionarnos en este tema hasta ver la transaccional a la que se llega.

Para este grupo el apoyo de las administraciones pero también la aportación privada son fundamentales en el desarrollo industrial de un territorio para crear las condiciones adecuadas para que las empresas inviertan, compitan en el mercado y generen riqueza y empleo. Por tanto, habría que definir una visión de desarrollo industrial y fomentar un ecosistema industrial competitivo en todas sus dimensiones -infraestructuras, ciencia, tecnología, financiación, relaciones laborales, capacidades de las personas y espacios de colaboración-, pero no creemos que solo en el ámbito público y con los sindicatos. Además, Podemos nuevamente habla desde la centralidad, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que tienen competencia en este sentido.

En el marco de una política de desarrollo económico más amplia, la industria desde luego merece y requiere un impulso específico por su alto impacto en el empleo, en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de otros sectores, y también por sus necesidades particulares respecto a otras actividades, en cuanto a globalización, inversión en bienes intangibles, tecnología, suelo, cualificaciones profesionales, pero, como hemos dicho, desde esa colaboración públicoprivada. Creemos que el modelo por el que ha optado España impulsado por la estrategia de consolidación fiscal desde la Unión Europea, deteriorando su modelo de relaciones laborales y con políticas de devaluación laboral derivadas sobre todo de la reforma laboral que han vinculado la mejora de la competitividad de forma casi exclusiva a la reducción de salarios, no ha sido adecuado ni correcto y precisa desde luego un cambio de rumbo. La baja productividad de la economía española sigue siendo un serio problema de cara a lograr un crecimiento sostenido y se debe sobre todo a la insuficiente acumulación de capital y al escaso progreso tecnológico. Por eso, es necesaria una política industrial seria, ya que esta solo es útil cuando promueve actividades en las que el país tiene ventaja competitiva, por lo que entendemos que las políticas horizontales que ayudan a muchas empresas de muchos y diversos actores con factores que sirven para todos poco ayudan a avanzar en productividad y competitividad. Empresas de pequeño tamaño, sectores de baja calificación, universidades o centros tecnológicos alejados o con insuficiente conexión con la actividad empresarial y una gran dificultad para lograr la financiación de proyectos basados en conocimientos intangibles desde luego dificultan la mejora en I+D+i. Por ello, hay que crear las condiciones que permitan mejorar el sistema de ciencia e innovación y, como dice la PNL, converger con Europa en inversión pública. Pero para eso nuevamente se requiere una colaboración públicoprivada y acciones mucho más concretas. También estamos de acuerdo en que se puedan articular planes para hacer frente a procesos de reestructuración, así como fomentar el diseño industrial. En este sentido, déjenme recordarles que en la Comisión de Economía ya se presentó una PNL que obtuvo el respaldo de todos los grupos políticos, porque el diseño también es un factor que impulsa la innovación, la competencia y el desarrollo.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el coste de la energía se ha convertido en un lastre para la industria con unos precios nada competitivos comparados con los europeos y con una regulación que flaco favor hace a las futuras inversiones, sería necesario también trabajar en una planificación energética coherente y segura. Desde luego, con lo que nuevamente no estamos de acuerdo es con la creación de un polo público bancario al que por lo menos en dos ocasiones en esta Cámara nos hemos opuesto. Ya existe banca pública. El ICO tiene carácter de banco público de inversión, el Fonpyme sirve para financiar inversiones en el exterior y también hay fondos de capitalriesgo públicos. A todo ello hay que añadir el Banco Europeo de Inversiones y los fondos Feder.

En definitiva, se establecen muchos principios, pero no hay propuestas concretas y vamos a ver cómo queda la transacción para posicionarnos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, pregunto a la señora García Sempere si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora GARCÍA SEMPERE: Sí, aceptamos la de Compromís y las de Esquerra Republicana.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CONCESIÓN DE INDULTOS A LOS LÍDERES SEPARATISTAS. (Número de expediente 173/000122).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rivera Díaz.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidente.

Hoy subimos a defender esta moción después de la interpelación que hizo el señor Ignacio Prendes, diputado de nuestro partido, a la señora Delgado. ¿Y por qué subimos a esta tribuna y presentamos esta moción? Básicamente, porque no nos fiamos ni un pelo del Partido Socialista y del señor Sánchez. (Aplausos). Y dirán ustedes: Señor Rivera, ¡cómo son los de Ciudadanos!, no se fían del señor Sánchez, con lo fiable que es, si cumple su palabra y es una persona comprometida con lo que dice siempre -siempre que no esté en el Gobierno, claro-. Me subo a esta tribuna porque el señor Iceta -les sonará- del Partido Socialista defendió en la campaña electoral de Cataluña conceder indultos si eran condenados los líderes golpistas. Lo dijo el señor Iceta, que es del Partido Socialista. Pero es que la señora Teresa Cunillera -¿les suena?-, delegada del Gobierno en Cataluña nombrada por el señor Sánchez, también ha dicho que hay que conceder indultos a los partidos separatistas. El señor Sánchez, que tuvo la oportunidad en esta Cámara de desmentir que iban a conceder indultos ante una pregunta que le formulé yo mismo por parte de mi grupo parlamentario, hasta cuatro veces no contestó a la pregunta del millón, ¿sí o no van a conceder ustedes indultos a los que han intentado liquidar nuestra democracia? El señor Sánchez no contestó, y no lo hizo porque no puede ni quiere contestar, ya sabemos la respuesta, la respuesta es que quieren ustedes indultar, como propone Iceta, como propone la señora Cunillera. La señora Calvo dijo que era perfectamente legítimo conceder indultos a los que quieren liquidar nuestra democracia. Pues miren, hoy nos subimos aquí porque es importante que los españoles sepan si el Gobierno de España va a respetar a la justicia española o va a adulterar lo que decida la justicia española; eso es lo que tenemos hoy que saber aquí. (Aplausos).

Es verdad que los indultos no son nuevos; el Partido Popular y el Partido Socialista han concedido muchos indultos a corruptos, que tampoco nos gustan. Pero es que aquí no solo es que sean indultos a corruptos, como los que el PSOE y el PP han concedido históricamente, y nuestro grupo claramente dice no a los indultos y sí a la justicia. En días como estos, que ustedes manipulan, pastelean, adulteran, denigran a la justicia, es importante que se vote en una Cámara legislativa para que ni el Gobierno ni grupos de la Cámara se dediquen a manosear a los jueces ni lo que decidan los jueces. Pero hoy hablamos aquí también de moralidad, claro que sí, porque consideramos inmoral el mensaje que ustedes quieren lanzar a la democracia española. Para el Partido Socialista y el señor Sánchez que intenten liquidar nuestra democracia no es un problema, cree que se puede indultar. Yo creo que alguien no puede ser presidente del Gobierno si piensa así.

¿Saben la diferencia entre un estadista y un oportunista? La diferencia es que un estadista respeta una sentencia judicial; incluso si le parece poco, la recurre. Y en cambio un oportunista, como el señor Sánchez, solo cuenta escaños y si le van a apoyar los líderes separatistas a cambio de indultarles, lo hará. (Aplausos). Les voy a poner un ejemplo de la diferencia entre un estadista y un oportunista, la diferencia entre Calvo Sotelo y el señor Sánchez. El señor Calvo Sotelo cuando salió la sentencia de los golpistas de febrero de 1981 en esta Cámara la recurrió porque le parecía poco, no les indultó. Y yo les pregunto a los señores del Partido Socialista, a los de Podemos y al resto de diputados, ¿ustedes hubieran indultado a Tejero, sí o no? Yo les respondo: nosotros nunca, porque a los golpistas no se les indulta; si se les condena, se cumple la sentencia. (Aplausos). La democracia española sufrió dos golpes de Estado; uno de ellos el golpe de febrero de 1981, el 23-F, un golpe militar que intentó liquidar nuestra Constitución, y el golpe de octubre de 2017, que también intentó liquidar nuestra Constitución, en este caso desde un parlamento autonómico, declarando ni más ni menos que la secesión de una parte de un territorio español y europeo. ¿Ustedes piensan que un país decente puede permitir que haya impunidad ante quien intenta liquidar un país? ¿Ustedes piensan que la ruptura de la convivencia en Cataluña que han provocado los separatistas tiene que salir gratis? ¿Ustedes de verdad tienen las narices de decir a los catalanes que han respetado la ley, a las empresas que se han tenido que ir, a los catalanes que sufren acoso y derribo y a los señores de la CUP tirándoles pintura en su casa, a los jueces que defienden la democracia, como dice


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la señora Lastra, que son ustedes muy serios y que van poder indultar a los golpistas? ¿Eso es lo que usted dice, señora Lastra, que son ustedes un partido serio y que no pueden votar esto a favor? Sean valientes. Hagan lo mismo que habríamos hecho con Tejero, no indultarle, pedir justicia. Yo pido al Partido Socialista que rectifique, que no cambien indultos por escaños. Si el señor Sánchez quiere ganar las elecciones y tener mayoría, que convoque elecciones y que se gane los escaños, no que regale en este caso o tenga los escaños de Esquerra Republicana y del PDeCAT a cambio de indultos. ¿Qué se creen que ha ido a negociar el señor Iglesias a la cárcel con el señor Junqueras, las cuotas de autónomos, el IRPF? ¿Pero se piensan que somos tontos o qué? El señor Junqueras, el señor Iglesias y ustedes están negociando indultos por escaños, y eso es inmoral. (Aplausos).

Yo me quiero comprometer aquí a una cosa en nombre de mi grupo parlamentario y en primera persona. Si nosotros llegamos al Gobierno de España, si está encima de la mesa una condena, en este caso a los golpistas separatistas, respetaremos las sentencias judiciales; si absuelven, las respetaremos, pero si les condenan, cumplirán hasta el último de sus días, claro que sí. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que el señor Sánchez no puede decir, eso es lo que el Partido Socialista hoy va a votar en contra; espero que rectifique. Ustedes, con el botón rojo o el verde, hoy le van a decir a España si siguen siendo un partido constitucionalista o si el sanchismo, definitivamente, crea un antes y un después. (Aplausos). Señores del Partido Socialista, hoy puede ser un antes y un después en la historia de su partido. (Rumores). Sí, sí. Los españoles van a saber hoy si ustedes no tienen vergüenza y son capaces de indultar a los golpistas o si ustedes tienen vergüenza y decencia y siguen del lado de los demócratas y de los constitucionalistas. Eso es lo que votamos hoy.

Hay que tener muy poca vergüenza para anunciar indultos, como han hecho el señor Iceta o la señora Cunillera, de su partido; es tener muy poca vergüenza cuando hay jueces trabajando; es tener muy poca vergüenza cuando están acosando a los jueces en Cataluña. Es tener muy poca vergüenza cuando ustedes manosean la justicia. ¿No respetan nada ya? ¿La relatividad moral es absoluta en el sanchismo? Les pido a ustedes que rectifiquen, que vuelvan al constitucionalismo y, si no, los españoles sabrán que hoy hay un antes y un después y que el señor Sánchez, si se presenta a las elecciones, va a indultar a los golpistas. De esa pregunta, de la que quiere escapar el señor Sánchez, no se puede escapar nadie. No puede haber un candidato a la presidencia del Gobierno de España que no responda a esa pregunta. Yo la he respondido aquí. No, no indultaré, respetaré las sentencias. Al señor Sánchez le va a acompañar esta pregunta hasta el último día que deje de ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Basta de privilegios, de indultar, en este caso a políticos con una ley que viene de 1870, anacrónica, un privilegio absurdo. ¿Saben ustedes los tres motivos por los que se suele indultar a alguien? Porque se es amigo del presidente, que es uno de los motivos habituales, si ustedes repasan los indultos. El segundo motivo por el que te indultan es por saber algo o algún marrón del presidente. El tercer motivo es por ser socio del presidente y necesita tus escaños, que es el caso actual. Esos son los tres motivos por los que se suele indultar en España. (Aplausos).

Acabo, presidente. Ni queremos indultos por ser colegas del presidente, ni queremos indultos por saber marrones del presidente, ni queremos indultos por ser socios del presidente. Queremos que no se indulte a nadie y que se cumplan las sentencias. A los autónomos no les indultan cuando no pueden pagar las cuotas. A los ciudadanos que tienen que pagar el IBI no les indultan cuando no llegan a final de mes, ni cuando pagan la renta, el IRPF. ¿Por qué ustedes indultan a sus socios políticos y los ciudadanos tienen que cumplir siempre la ley? Ya basta. Se va a cumplir la ley. Si nosotros gobernamos en España se cumplirán las sentencias judiciales. Hoy, ustedes, señores del Partido Socialista, tienen que escoger entre ser constitucionalistas y mantener la decencia o no volver a mirarse en el espejo de la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rivera.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señor Rivera, coincidimos con usted en la gravedad de los hechos que ocurrieron en septiembre del año pasado 2017. Lo que entonces se produjo, señorías, fue un deliberado quebrantamiento del orden constitucional con la intención de instituir una república, rompiendo para ello los lazos que unen a la nación española. Frente a este desafío, señorías, nosotros creemos que deberíamos, al menos, hacer lo siguiente. Primero, no acompañar los intentos de deslegitimar la justicia española. Segundo, garantizar


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la independencia de los jueces juzgadores y su protección, incluso la personal. Tercero, reforzar una cierta unidad frente a los desafiantes, poniendo siempre en valor lo mucho que nos une frente a lo que nos divide. Cuarto, denunciar aquellas tácticas batasunas importadas por los independentistas más radicales, que incorporan en estos días más dianas, más intimidación, más mentiras y nuevos frentes de conflicto.

Por último, no debemos premiar el quebrantamiento abierto del orden constitucional ni del Estado de derecho. Quienes lideraron el golpe al Estado, señorías, no deben obtener ningún premio, ningún beneficio y, desde luego, ningún trato de favor por ello. Y todo ello, señorías, debemos exigírselo al Gobierno con firmeza y con claridad. Por eso, para ayudar de alguna manera a todo ello, hemos presentado una batería de enmiendas a la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la Ley de Gracia e Indulto, para que junto con los condenados por delitos de corrupción política o violencia de género, como propone el PSOE, no se pueda indultar también a los condenados por delitos de rebelión, de sedición, de terrorismo, de genocidio y de lesa humanidad, y que, desde luego, a nuestro juicio, consideramos que al menos tienen la misma gravedad o una gravedad similar a la que ustedes, miembros del Partido Socialista, entienden que tienen los delitos de corrupción política y de violencia de género.

Por tanto, señorías, en coherencia con lo que hemos presentado en esa proposición, que esperamos tenga una tramitación rápida, votaremos a favor de esta moción.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rivera, hoy ha venido usted aquí no a hablar de la Ley del indulto, porque exactamente le importa un comino la Ley del indulto. Usted ha venido hoy aquí a aprovechar la tribuna para hacer campaña electoral en Andalucía. Usted sabe positivamente que atizar a Cataluña, al catalán, a los catalanes, a ustedes les da rédito electoral, y ha venido aquí a aprovechar sus minutos de gloria para, despreciando a esta Cámara, destinar sus mensajes a un eventual electorado en Andalucía.

Además, habla usted de falta de fiabilidad y viene aquí a denunciar, por una parte, la falta de independencia judicial -lo dice en su moción- o la politización de la justicia, y al mismo tiempo vulnera, por ejemplo, la presunción de inocencia de los líderes independentistas, hoy presos políticos, o atenta directamente y sin ningún ambage contra la separación de poderes. Ustedes se erigen en tribunal sentenciador y además de una sentencia condenatoria, pero esto a ustedes no les importa, porque ustedes han venido hoy aquí a hacer campaña electoral porque saben positivamente... Si les interesase lo más mínimo la ley de reforma del indulto... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Ciuró, un momento. Señorías, les ruego silencio, por favor. (Pausa).

Continúe.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Seguro que usted conoce que estamos en trámite parlamentario en esta Cámara, en trámite de comparecientes, para ver si el menú de delitos se puede digerir en relación con aquellos que se pueden o no se pueden indultar. Seguro que usted lo sabe, pero le importa poco la tramitación de esta proposición de ley, porque -como le digo- ha venido a hacer campaña electoral.

Hoy ustedes, señores de Ciudadanos, hacen de Ciudadanos, emponzoñan un trámite parlamentario de reforma de la Ley del indulto, atentan contra la ya frágil separación de poderes que puede quedar hoy en un estado decrépito, pretendiendo influir y condicionar al tribunal que está conociendo del asunto, además de faltar al respeto y vulnerar la presunción de inocencia, que sobre todo se exige a los representantes electos y cargos públicos, tal y como resulta del reglamento del Consejo de 2016. Pero nada nuevo bajo la capa del sol. Ustedes hoy hacen de Ciudadanos y, por lo tanto, esta moción no tiene como objetivo más que hacer campaña electoral en Andalucía. Lo lamentamos muchísimo.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos una moción instando al Gobierno a que no se conceda indulto a los que eventualmente resulten condenados en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra líderes políticos independentistas catalanes, y ya adelanto desde este momento inicial que el Grupo Parlamentario Vasco no le dará su apoyo.

Su moción, señorías de Ciudadanos, es solo un ejercicio de ficción, como les señalaba la ministra durante la interpelación de la semana pasada, ya que están dando por sentado unos hechos que ni siquiera se han producido y lo único que tratan de hacer es desgastar al Gobierno en un asunto que ustedes inflaman sobreactuando a diario en su lucha con el Partido Popular y Vox, sin importarles la convivencia ni reducir la tensión. Pero, ya que insisten, el Grupo Parlamentario Vasco también insistirá, coincidiendo con juristas de reconocido prestigio y con el mismo expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, señor Pascual Sala, en que en el comportamiento de los encausados no hay comisión del delito de rebelión ni del de sedición y que no estamos juzgando un golpe de Estado ni los encausados son golpistas, como ustedes proclaman a diario (aplausos), sino que nos encontramos ante una crisis constitucional en torno a una cuestión nacional: la reclamación no atendida del reconocimiento del ser nacional de Cataluña, respondida desde los poderes del Estado con el uso de medidas de excepción, desde la fuerza pública y desde los tribunales, y no desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, y de esos polvos, estos lodos, en los que ustedes, a través de esta moción y otras iniciativas, chapotean a discreción sin importarles que se rompa el resto de la vajilla.

Respecto de la institución del indulto, señores de Ciudadanos, déjenme que les diga que no es una medida de privilegio sino un instrumento de la política criminal y de la misma política, que todas las constituciones contemporáneas lo reconocen y que también se encuentra en todas las constituciones españolas habidas desde 1812 hasta la actual, en las siete en total. Su razón de ser en la Constitución, como ya ha señalado la doctrina y el mismo Tribunal Supremo, responde a interés público constitucional de arbitrar mecanismos en función de una decisión de política criminal de eximir el cumplimiento de las penas de sentencias firmes, atemperando el rigor del ius puniendi en atención a circunstancias humanitarias de justicia material, de equidad -que se inspira en la prudencia-, de utilidad pública, de conveniencia social y de reinserción, siendo también el indulto en ocasiones un instrumento de la política, como también se reconoce en todos los países de nuestro entorno, a fin, como se señala, de suavizar conflictos internacionales y para resolver graves problemas públicos que pueden afectar a la misma convivencia interna, no pudiendo desconocerse que la vigente Ley de indulto data de 1870, época en torno a la cual fueron sucediéndose graves conflictos internos de convivencia; institución del indulto a la que en modo alguno tampoco puede referirse, como ustedes lo hacen, como una ruptura de la separación de poderes, y no solo por las razones expuestas, sino también porque es un instrumento que el juez, habilitado por el mismo Código Penal de la democracia, el vigente de 1995, puede solicitar al Gobierno cuando la concreta aplicación de la Ley penal produzca un castigo que a todas luces se considera desproporcionado, permitiendo así una excepción singular a la misma función jurisdiccional y al principio de generalidad de la Ley penal.

Voy finalizando, presidente. Señorías de Ciudadanos, no contarán, como les dije, con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco, y no solo porque ustedes se adelantan a acontecimientos en contra de la presunción de inocencia de los acusados sino porque tratan también de impedir cautelarmente el ejercicio de la reserva constitucional que, en favor del Gobierno, dispone la Constitución respecto al derecho de gracia y de su núcleo esencial y ratio essendi, que es su carácter discrecional en cuanto a la valoración de los requisitos sustantivos que fundamentan la concesión singularizada, pues si bien la justicia debe ser ciega, los intereses de una sociedad nunca.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Señor Rivera, he intentado no tener que cruzar el Rubicón, pero ya no podemos aguantar más. En nombre de miles y miles de militantes de Esquerra Republicana fusilados y torturados (rumores) -sí, fusilados y torturados- por criminales golpistas; en nombre de miles de demócratas catalanes y españoles fusilados y torturados por golpistas -y le aseguro que hemos intentado no cruzar el Rubicón-, cada vez que nos llame a nosotros golpistas le diremos ¡fascista! (Aplausos.-Rumores). Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y


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torturados por golpistas, cada vez que lo haga, nosotros le llamaremos fascista, y empezaremos hoy, hoy, que se cumplen cuarenta y tres años que murió la bestia. Hoy hace cuarenta y tres años murió la bestia, decrépita, vieja, pero semanas antes todavía tuvo fuerza para hacer fusilar a cinco demócratas, de manera que usted es una vergüenza. Es una vergüenza que base todo su espíritu, su anhelo, y estoy convencidísimo -se lo he dicho más de una vez- de que no está compartido su criterio por miles y miles y miles de ciudadanos demócratas que votan a su partido. Usted es un fascista, sí, lo es. (Aplausos). Sus votantes, no, y posiblemente el mayor número de diputados y diputadas de su grupo tampoco, pero usted no tiene ningún derecho a decirnos golpistas a nosotros. (El señor Rivera Díaz y otros diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos: ¡Golpistas!-Varios señores diputados: ¡Fascistas!). ¡Fascista! (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: ¡Fascista!

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Tardà, un momento.

Les ruego, señorías, que no entren en diálogo ni en descalificaciones, más allá de la dureza de este debate, que soy consciente de lo duro que puede ser. Pero por favor, respetémonos mutuamente, como corresponde a representantes de todos los ciudadanos españoles, que nos están mirando y a los que creo que debemos un respeto. Por favor, le ruego, señor Tardà, también, que baje el tono en sus calificativos. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No, no!). Y al resto de diputados les solicito que respeten el turno del orador.

Muchas gracias. Continúe.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, he pronunciado estas palabras con una profunda tristeza, porque es cierto que en una sociedad avanzada como la nuestra estas palabras no deberían tener cabida. No somos golpistas y evidentemente he dejado claro que la inmensa mayoría de los ciudadanos que votan al señor Rivera estoy convencido de que son demócratas, pero no puede ser que aquí se nos denomine golpistas, y ahora estamos haciendo un ejercicio de autodefensa democrática.

Señor Rivera, es evidente que los presos políticos, al igual que los ciudadanos vascos encarcelados de Altsasu, serán condenados y las penas serán duras, porque ahora están en manos de la ultraderecha. Es evidente que la ultraderecha controla el vértice, la cúspide del Poder Judicial. Y usted ya da por hecho que se va a demostrar que hubo violencia, que además se utilizó la fuerza, razón por la cual serán condenados, porque sabe perfectamente que ahora están en manos de la ultraderecha. Bien, esta debería ser su preocupación, dar por hecho que serán condenados. Nosotros hablaremos de amnistía, nunca de indulto; hablaremos de absolución, nunca de condena, y seguiremos hablando de autodeterminación. Y repito, para nosotros ha sido muy triste tener que salir aquí a cruzar el Rubicón, muy triste.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Ciudadanos nos trae hoy a la Cámara una moción que, bajo el disfraz de una verdadera chapuza jurídica, esconde una nueva muestra de su autoritarismo. Desde la moción de censura viven ustedes aferrados a la crispación como única actividad política, no saben hacer nada más. Antes eran la muleta del Gobierno de Rajoy y ahora, que ni tan solo pueden ser eso, solo buscan reventar la posibilidad de tener un clima de distensión y de diálogo en Cataluña. En esa misma línea, hoy van un paso más allá; ya no solo quieren echar más leña al fuego durante el proceso judicial sino que también quieren hacerlo una vez haya sido dictada sentencia. Ustedes dicen querer garantizar la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y, precisamente, con su moción lo que hacen es todo lo contrario y es sencillo de entender. El indulto es una medida excepcional que compete al Gobierno y que todas las personas tenemos derecho a demandar. Una vez existe una condena, señorías de Ciudadanos, todo el mundo debe tener los mismos derechos, y se indulta o no según el caso particular de cada persona, no según el delito cometido, precisamente porque la gravedad del delito y la condena no la decide ni el Gobierno ni mucho menos ustedes, aunque eso sea lo que proponen. De esa cuestión se ocupan las juezas y los jueces. Y si quieren hablar de la ley de indultos, hablemos; hablemos de qué circunstancias, de qué motivos deben tenerse en cuenta para su concesión o no; hablemos de eso. Ahí


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nosotras también entraremos a modificar muchas de las cuestiones que han permitido que en este país se haya indultado a corruptos o a torturadores sin, a nuestro entender, razones que lo justifiquen.

Y si les decía antes que esta moción es una chapuza jurídica, permítanme decirles ahora que su gestión de este asunto ha sido también una verdadera chapuza política. Con toda sinceridad, ¿no les da vergüenza citar de puro relleno, en una mísera línea de su texto, la violencia machista cuando precisamente tuvieron que cambiar la fecha de su manifestación contra los indultos porque se olvidaron de que el día 25 de noviembre es precisamente el Día de la lucha contra las violencias machistas? (Aplausos). ¿No se les cae la cara de vergüenza? Albert Rivera, el autoproclamado líder del feminismo que ni sabía en qué consistía la manifestación del 8 de marzo, lo ha vuelto a hacer. (Aplausos). Quizá, señor Rivera, en lugar de ponerse medallas que no le tocan debería empezar a respetar al movimiento feminista y dejar de usarlo para esconder detrás de él sus políticas incendiarias. Y, por otro lado, les digo que si tan preocupados estuvieran de verdad por los indultos a los condenados por violencia machista, lo suyo sería preocuparse por el paso previo, que ese sí es objeto de esta Cámara, la legislación. ¿Para cuándo dejar de bloquear la ley de igualdad retributiva, por ejemplo? (Aplausos). ¿Para cuándo su apoyo a nuestra ley de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles? (Aplausos). ¿O para cuándo su apoyo a nuestras exigencias de dotar ya del máximo presupuesto posible a los ayuntamientos para luchar contra la violencia machista? Si dedicaran una décima parte de su tiempo a combatir el machismo en lugar de dedicarse a crispar, al menos podrían decir que contribuyen a que las instituciones estén a la altura de una ciudadanía que va muy por delante y que demuestra que el feminismo y su lucha contra las desigualdades no solo es el presente sino que también es el futuro. (Aplausos). Ojalá un día tengan altura de miras suficiente y se den cuenta de que hacer política requiere escuchar a la ciudadanía, a la que les aplaude y a la que no, porque si ustedes solo escuchan los susurros de Vox, en lugar del clamor de una sociedad que quiere acabar con la crispación y que quiere poner fin a la judicialización de un problema que exige soluciones políticas, pueden acabar marginados y fuera de juego, como ya están hoy en el Parlament de Catalunya. Ojalá algún día se den cuenta de que el ensañamiento con adversarios políticos que llevan ya un año en prisión preventiva, solo denota su sectarismo y su cerrazón. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Les ruego silencio.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Así, ocho de cada diez personas en Cataluña piensan que los y las representantes políticas y líderes sociales catalanes que están hoy en prisión preventiva deberían estar en libertad y ocho de cada diez somos casi seis millones de catalanes y catalanas, señorías de Ciudadanos, casi seis millones. Somos casi seis millones de personas que, obviamente, no tenemos las mismas ideas políticas ni compartimos las mismas estrategias, pero que tenemos muy claro que estamos frente a una absoluta anomalía democrática y ante una flagrante vulneración de derechos que hay que denunciar. (Aplausos). Si ustedes consideran que las opiniones de esos seis millones de catalanes y catalanas están fuera del marco democrático y del Estado de derecho, me parece a mí que los que tienen un problema con la democracia y la convivencia son ustedes; ustedes y no la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, que lo que quiere es que ustedes dejen de fomentar la crispación y que demos de una vez por todas una solución política a este conflicto.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.

Debatimos una moción consecuencia de una interpelación urgente donde el Grupo Parlamentario Ciudadanos pretende extraer del principio de igualdad ante la ley la consecuencia de que no puede haber zonas de impunidad para ningún responsable político, pero bajo ese primer punto del silogismo, el punto segundo es el verdaderamente esencial. Nos dicen que en caso de dictarse una sentencia condenatoria no se otorgue ningún indulto ni ningún otro privilegio -ya nos explicará el señor Rivera qué es eso- para aquellos que puedan resultar condenados por el golpe separatista ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017.

Señorías de Ciudadanos, tuvieron que utilizar el registro de esta Cámara dos veces porque no les quedó muy fino el primero y el segundo empezaba bien porque era respetuoso; hablaban de 'caso de dictarse sentencia condenatoria', pero se les acabó la buena intención y el subconsciente les traicionó.


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Rápidamente dictan la sentencia, hablan de hechos -septiembre y octubre de 2017-, lo califican de golpe separatista, ponen la sentencia y quieren impedir el indulto. Señorías, señor Rivera, escuche porque le he visto flojo en algunas materias jurídicas. (Aplausos). Le voy a decir que con lo que están diciendo hacen un flaco favor a la justicia y a la independencia del Poder Judicial, a ese sobre el que se les llena tanto la boca. (Rumores). Señorías...(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Les ruego silencio.

El señor CAMPO MORENO: Les voy a decir una cosa: son los reyes del juicio paralelo. ¿Saben ustedes lo que pueden estar pensando los 5500 jueces de este país o los siete que van a enjuiciar el procès? (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Sí!).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor CAMPO MORENO: ¿Qué pensarán esos fiscales? Dirán: la que nos puede caer como, por lo que ocurra en el juicio, tengamos que cambiar las calificaciones de provisionales a definitivas; se nos va a caer el pelo. Le digo una cosa -y no hablo más que en representación de mi grupo parlamentario pero tampoco puede evitar hablarle como juez-: ¡dejen a la justicia en paz, dejen a la justicia en paz! (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos: ¡Ustedes, ustedes!).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, silencio.

El señor CAMPO MORENO: Y le voy a recordar una cosa que debió estudiar en primero de Derecho: que no puede haber una sentencia condenatoria sin actividad probatoria de cargo razonable y suficiente, advenida correctamente al juicio oral. Ustedes se lo han saltado todo, y ¿saben por qué? Porque hacen un silogismo de alpargata, empiezan con el principio de igualdad ante la ley y acaban haciendo una especie de silogismo de cuatro patas. Le explico, empiezan hablando del principio de igualdad y me da igual por dónde lo enfoquen, no sé por dónde lo habrán enfocado, si por el artículo 9 o por el artículo 14 de la Constitución, pero veo que por los dos lados fallan. La doctrina del Tribunal Constitucional, en todas sus sentencias, cuarenta en 2008, nos dice que el principio de igualdad significa que, ante dos hechos iguales, consecuencias iguales, y yo les pregunto y me pregunto, ¿con quién estarán comparando lo acaecido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 para decir que se quiebra el principio de igualdad? Porque yo no lo veo. Pero, bueno, seguimos. Utilizan esos mecanismos porque todo les da igual, porque en el fondo ustedes lo único que quieren -y hoy me ha extrañado no verle en Andalucía, porque pensé que iba a estar allí, donde está empleándose con fuerza (rumores)- es expresar a la ciudadanía que son la solución a todos los problemas, a los del procés y a todos. No les importa debilitar las instituciones: el consejo sobra, el consejo falta, ahora castigamos a la fiscalía y como no ha cambiado las calificaciones, ahora cargamos contra la Abogacía del Estado.

Le digo una cosa: no saben ni lo que es el indulto. Insulta usted al sistema judicial español cuando dice que el indulto vulnera lo que dice la justicia. No, el indulto, con consagración constitucional y con una ley de 1870 -por cierto, ahora en revisión-, lo que nos dice es que es una medida individual de carácter discrecional, está sometida a procedimientos y la Sala Tercera interviene y alguna vez lo declara nulo porque tiene un procedimiento, ese que ustedes se saltan. Y se saltan también el procedimiento de esta propia Cámara. Mire, tenemos una ley que presentó mi grupo y cuya toma en consideración fue un día muy señalado, el 14 de febrero de 2017. En ella decimos que no cabrán indultos para aquellos que hayan sido condenados por delitos de corrupción, entre ellos la malversación, y que no cabe un indulto total si no se cuenta con el parecer favorable del tribunal. Le pregunto, señor Rivera -no mire al cielo, que ahí no están las preguntas; están en los papeles-, por qué no trabajan en esa ponencia. El otro día les decía a sus compañeros de pupitre que son los reyes del escapismo, y en esa configuración que tienen ustedes del nuevo Reglamento y del funcionamiento de esta Cámara estoy por proponerle a la dirección de mi grupo que interpongamos una iniciativa, una proposición no de ley, para que esta Cámara respalde y pida que el Grupo Ciudadanos intervenga en las ponencias (aplausos), porque, desde luego, las cosas no se hacen aquí, se hacen en las ponencias trabajando, discutiendo, con las enmiendas. Por eso vamos a votarle un no como una casa a su proposición.

Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García-Tizón López.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías.

El Grupo Popular va a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo Ciudadanos. Es verdad que esta iniciativa se anticipa a hechos que todavía no se han producido, tales como que los procesados por el golpe de Estado celebrado en Cataluña sean enjuiciados y condenados por el Tribunal Supremo, que se pida el indulto de las penas por las que eventualmente podrían ser condenados o que se emitan los informes preceptivos a su concesión. También es cierto que el grupo proponente, a diferencia de lo hecho por el partido y por el Grupo Popular de intentar conseguir un efecto legal vinculante con lo pretendido por esta moción, podría haber enmendado la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista de modificación de la Ley del indulto, en el sentido de haber excluido del derecho de gracia a quienes resultaren condenados por los delitos de rebelión y sedición. Pero no lo hizo así, limitándose a presentar tres enmiendas de corrección de estilo, y esta moción y su anterior interpelación son, señor Rivera, un mero lavado de cara a su anterior falta de propuestas vinculantes. (Aplausos).

Frente a ello, el Grupo Popular sí ha presentado veintiuna enmiendas a esta proposición de ley del Grupo Socialista, en las que, entre otras modificaciones, propone excluir del derecho de gracia a los condenados por los delitos de rebelión y sedición; enmiendas cuya presentación había sido ya anunciada por el Grupo Popular en el debate de admisión de dicha iniciativa.

Señor Rivera, no es lo mismo pedir al Gobierno, rogar al Gobierno, implorar al Gobierno que no indulte, que es lo que hacen ustedes en su moción, que prohibir por ley el indulto en estos delitos de rebelión y sedición, que es lo que ha hecho el Partido Popular con sus enmiendas a la proposición de ley. (Aplausos). Hay, por tanto, alguna diferencia entre lo hecho por el Grupo Popular y el poco trabajo hecho por el grupo proponente de la moción y que con una cierta sobreactuación en la materia es coincidente con el periodo electoral que estamos viviendo en Andalucía.

No obstante todo lo anterior, y como ya he indicado al comienzo de esta intervención, el Grupo Popular va a votar favorablemente esta iniciativa porque, a nuestro juicio, existen en el comportamiento del Partido Socialista y del Gobierno indicios más que suficientes para presumir que el señor Sánchez ha pactado con los autores del golpe de Estado llevado a cabo en Cataluña el pasado otoño su absoluta impunidad, caso de resultar condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión o sedición.

La pasada moción de censura que convirtió en jefe del Ejecutivo al señor Sánchez, no obstante su precaria representación parlamentaria, fue algo más que un acuerdo para desalojar del Gobierno al Partido Popular tras la sentencia de Gürtel. La sentencia fue la excusa, con la promesa añadida de formar un Gobierno provisional para convocar en el menor tiempo posible unas nuevas elecciones, pero la verdadera razón fue la de hacer reverdecer en España, a cambio de nombrar al señor Sánchez presidente del Gobierno, el viejo pacto de socialistas, comunistas y separatistas que permitiera dar al traste con la Constitución de 1978, propiciar el viejo sueño de los radicales de izquierdas de la vuelta a la tortilla y progresar firmemente en la independencia de Euskadi y de Cataluña. (Rumores). Merced a este pacto, los nuevos/viejos comunistas de Podemos avanzarían en su anhelo de instaurar la tercera república y extender en España su hoy soñado modelo bolivariano y los separatistas harían posible su derecho a decidir en orden a la autodeterminación de Cataluña y de Euskadi. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor García-Tizón. Les ruego silencio.

Continúe.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Para empezar este proceso de dislocación de España ya se ha acordado despenalizar las ofensas a los principales símbolos del Estado, empezando por la Corona, la bandera y los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles. En este camino se anuncia un nuevo estatuto para Cataluña que recupere los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y la celebración de un referéndum para mejorar su autogobierno. Se permite a la Generalitat de Catalunya la reapertura de las denominadas embajadas como altavoces internacionales de las tesis soberanistas y lo último es la actitud seguida por el Ejecutivo con los autores del procés: se les ha trasladado a los establecimientos penitenciarios de Cataluña, bajo dependencia de la Generalitat, donde disfrutan de un régimen privilegiado. Son varias ya las declaraciones de destacados dirigentes socialistas en pro de la concesión del indulto. Existe una inacción permanente del Gobierno del señor Sánchez ante los continuos desafíos y desplantes de los dirigentes separatistas catalanes. La Abogacía del Estado, en


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línea con la rectificación de su anterior posición del presidente del Gobierno y contrariamente a lo mantenido por el fiscal y el juez instructor, presenta su escrito de acusación por el delito de sedición y no de rebelión. La misma paralización en la tramitación de su proposición de ley de modificación de la Ley del indulto es causa más que suficiente para ver la intención del Grupo Socialista de no debatir las excepciones propuestas por el Grupo Popular y el Grupo Mixto (señor Salvador) a la concesión del derecho de gracia en el caso de condena por los delitos de rebelión y sedición, pretextando en la última reunión de la ponencia la necesidad de abrir irregularmente un periodo de comparecencias para ilustrar a la Comisión sobre la idoneidad y posibilidad de estas enmiendas. Siendo así que ello tiene lugar cuando ya ha terminado este periodo, el Grupo Popular había advertido de las mismas en el debate de totalidad y el tiempo transcurrido desde entonces ha sido más que suficiente para haber propuesto y llevado a cabo estas comparecencias de última hora.

El señor Sánchez, por continuar en la Moncloa, está traicionando los ideales que alumbraron nuestro primer texto legal, por ese nuevo plato de lentejas está dando la espalda a los millones de españoles que desean mantener nuestro marco constitucional sin cesiones a los separatistas ni a los nuevos comunistas. Su ego personal no puede dar de lado a los miles de catalanes que han clamado contra una minoría de soberanistas pues su deseo es seguir siendo españoles. La gran mayoría de los españoles quieren que la ley se cumpla y si los autores del procés son condenados, que cumplan la pena impuesta sin indulto e impunidad ninguna.

Este cambio que está llevando el señor Sánchez a cambio de mantenerse en la Presidencia del Gobierno está causando estragos en los antiguos militantes socialistas, que con la Constitución de 1978 conformaron un auténtico partido socialdemócrata a nivel de la mejor socialdemocracia europea y con el que hoy encuentran mucha dificultad en reconocerse, y temen, con razón, que termine diluyéndose en los nuevos postulados filocomunistas de Podemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor García-Tizón.

Finalizado el debate de todos los puntos de esta sesión, pasaremos a votar en tres minutos. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RECARGO DE SOLIDARIDAD A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 122/000232).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.

Votamos en primer lugar, señorías, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para el establecimiento de un recargo de solidaridad a las entidades de crédito.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 2 votos telemáticos, 345; a favor, 79 más 1 voto telemático, 80; en contra, 180 más 1 voto telemático, 181; abstenciones, 84.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y DE LOS SEÑORES GUILLAUMES Y BATALLER Y LA SEÑORA BEITIALARRANGOITIA (GRUPO MIXTO), SOBRE BEBÉS ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 122/000275).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de los señores Guillaumes y Bataller y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Mixto, sobre bebés robados en el Estado español.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos; a favor, 344 más 2 votos emitidos telemáticamente, 346.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SUBIDA DEL IMPUESTO AL DIÉSEL. (Número de expediente 162/000826).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar ahora el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida del impuesto al diésel. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 168; en contra, 175; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio, por favor.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A POTENCIAR LA INDUSTRIA Y EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO. (Número de expediente 162/000308).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y Mixto (señor Candela).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 79; en contra, 172; abstenciones, 93.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CONCESIÓN DE INDULTOS A LOS LÍDERES SEPARATISTAS. (Número de expediente 173/000122).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a líderes separatistas. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 168; en contra, 176; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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