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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 26/09/2018
cve: DSCD-12-PL-152
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 152
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 145
celebrada el miércoles,
26 de septiembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres. (Número de expediente 172/000141) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad sobre las medidas que piensa llevar a cabo para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público. (Número de expediente 172/000142) ... (Página37)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata. (Número de expediente 172/000143) ... (Página42)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página5)

De la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Cree el Gobierno que está respetando las reglas del juego del sistema democrático? (Número de expediente 180/000738) ... (Página5)

De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Considera el Gobierno que los cambios constitucionales que necesita nuestro país se agotan con la eliminación de algunos aforamientos? (Número de expediente 180/000728) ... (Página6)

Del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Cómo valora la situación política de España? (Número de expediente 180/000733) ... (Página8)

De la diputada doña María José García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Sabe las consecuencias de sus actos como ministra? (Número de expediente 180/000740) ... (Página9)

Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿En qué situación se encuentra el anteproyecto de ley orgánica para prohibir las conocidas como narcolanchas? (Número de expediente 180/000736) ... (Página11)

De la diputada doña Raquel Alonso Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué piensa de los derechos de los propietarios de vivienda en España? (Número de expediente 180/000741) ... (Página12)

De la diputada doña María del Carmen González Guinda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno la igualdad de oportunidades en el sistema educativo español? (Número de expediente 180/000742) ... (Página14)


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Del diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Cómo prevé el Ministerio de Educación y Formación Profesional mejorar la competencia social y cívica del alumnado no universitario? (Número de expediente 180/000737) ... (Página15)

De la diputada doña Carolina España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: ¿Va el Gobierno a continuar la tramitación para la jubilación anticipada de la policía local que inició el Partido Popular? (Número de expediente 180/000743) ... (Página16)

Del diputado don Jordi Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Considera democrático mantenerse en el poder gracias a quienes tienen cerrado el Parlamento catalán? (Número de expediente 180/000744) ... (Página17)

Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Cómo valora la situación política actual de Cataluña? (Número de expediente 180/000734) ... (Página19)

Del diputado don Enric Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Piensa el Gobierno aprovechar su anunciada reforma de la Constitución, relativa a los aforamientos, para dar solución al problema del Derecho Civil Valenciano? (Número de expediente 180/000727) ... (Página20)

De la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra para la Transición Ecológica: ¿Cuál es la previsión temporal que maneja el Gobierno respecto de la aprobación del real decreto concerniente a los puntos de conexión resultante del desarrollo del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico? (Número de expediente 180/000735) ... (Página21)

Del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Economía y Empresa: ¿Sigue pensando la ministra que es el momento de subir los impuestos a los españoles? (Número de expediente 180/000745) ... (Página23)

Del diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades: ¿Cuál es el beneficio para los españoles de la creación de su ministerio? (Número de expediente 180/000746) ... (Página24)


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Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Va a ceder el Gobierno a las presiones de sus socios y ordenar a la fiscalía que cambie su postura sobre el 1 de octubre? (Número de expediente 180/000739) ... (Página26)

Del diputado don Eduardo Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Tiene la ministra previsto hacer uso de su capacidad de iniciativa legislativa para promover una legislación que garantice que los nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial se adecuen a los criterios de mérito y capacidad? (Número de expediente 180/000729) ... (Página27)

De la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para esclarecer y reparar la represión entorno al 1-O a la luz de las últimas informaciones que evidencian una clara parcialidad en la justicia? (Número de expediente 180/000731) ... (Página28)

Del diputado don Antonio Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Piensa el Gobierno mantener los privilegios de la familia Franco? (Número de expediente 180/000732) ... (Página29)

De la diputada doña Carolina Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la alarma social generada a raíz de las últimas noticias dentro del mundo judicial? (Número de expediente 180/000730) ... (Página30)

Interpelaciones urgentes ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres ... (Página32)

Formula la interpelación urgente la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado García).

Replica la señora Fernández Castañón y duplica la señora ministra de Justicia.


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Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad sobre las medidas que piensa llevar a cabo para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público ... (Página37)

Formula la interpelación urgente el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña).

Replica el señor Roldán Monés y duplica la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata ... (Página42)

Formula la interpelación urgente la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado García).

Replica la señora Bonilla Domínguez y duplica la señora ministra de Justicia.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CREE EL GOBIERNO QUE ESTÁ RESPETANDO LAS REGLAS DEL JUEGO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO? (Número de expediente 180/000738).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Continuamos, señorías, con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.

En primer lugar, preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Pregunta de la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular.

Adelante, señoría.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.

Señoría, ¿cree el Gobierno que está respetando las reglas del juego del sistema democrático?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Siempre. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Silencio, por favor.

Señora Montserrat.


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La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.

Vicepresidenta, se lo digo sin acritud. (Risas). Ustedes llegaron al Gobierno diciendo que eran el Gobierno de la dignidad y hoy son el Gobierno de la vergüenza. Es una vergüenza que quieran gobernar España con 84 diputados, habiendo perdido las elecciones y con su peor resultado. Es una vergüenza que lleguen a Moncloa con los votos de quienes odian España y quieren terminar con ella. Y es una vergüenza que después de cien días lleven ya tres dimisiones: dos despachadas y una en camino. Señora vicepresidenta, es una vergüenza que usted siendo la ministra de Igualdad haya querido mancillar el Pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con una enmienda mordaza para silenciar esta Cámara. Es bochornoso oír al señor Sánchez en una entrevista televisiva decir que él haría lo que quisiera en esta Cámara. No, señora vicepresidenta, en esta Cámara quien gobierna es la Mesa del Congreso (varios señores diputados: ¡Ah!-Rumores y protestas) con el respeto al Reglamento, la Constitución y las leyes. (Varios señores diputados: ¡Sí!). Sí, sí, sí. Y no quieran matar otra vez a Montesquieu. (Rumores). Le digo de verdad, sin acritud, pero como catalana y española, que siento profunda vergüenza de las palabras del señor Borrell y la señora Batet pidiendo la libertad de los presos, de la señora Cunillera pidiendo indultos y de usted diciendo que se tenía que poner fin a la prisión preventiva. Señoría, es una vergüenza que este Gobierno sea y ejerza como abogado defensor de los golpistas y que Pedro Sánchez no desautorice a todos los ministros, que no diga públicamente que defiende la separación de los poderes, que defiende la independencia de los jueces y de los fiscales y que se ponga al lado de los que defendemos la ley.

Mire, desistan. Desistan en su empeño de querer silenciar las instituciones que no controlan. Desistan en su empeño de querer silenciar e influir en los jueces y los fiscales. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas, porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños ni la tramontana del procés. (Rumores). Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante. ¡Silencio!

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Acepto el cambio de pregunta. Usted preguntaba si cumplimos las reglas del juego; ha cambiado la pregunta, y yo voy a volver a la pregunta y sin acritud. (Rumores). Señora Montserrat, no necesito casi ni el tiempo del que dispongo. Le propongo un acuerdo ahora mismo, usted es una mujer con suficiente peso en su partido como para que me lo acepte aquí y ahora, sin consultas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ¿Quiere usted que cumplamos las mismas reglas del día 21 de mayo de 2013, cuando una ley relativa a rehabilitación, regeneración y renovación urbana fue enmendada con algo que no tenía absolutamente nada que ver de seguridad aérea (rumores) en la Comisión, en una ley de Fomento, y presidiendo el diputado Posada, que tiene toda mi estima, contestó: ni el artículo 31 del Reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la Mesa de la Cámara la competencia de revisar la decisión adoptada de la Comisión respecto a la calificación de las citadas enmiendas. (Aplausos). ¿Quiere usted? Se lo ofrezco, sus reglas del juego que sean las mismas para nosotros; se llama seguridad jurídica, se llama democracia. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Silencio, por favor, señorías.

- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES QUE NECESITA NUESTRO PAÍS SE AGOTAN CON LA ELIMINACIÓN DE ALGUNOS AFORAMIENTOS? (Número de expediente 180/000728).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula también a la señora vicepresidenta del Gobierno.

Adelante, señoría, y ruego silencio.


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La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.

Señora vicepresidenta, ¿considera el Gobierno que los cambios constitucionales que necesita nuestro país se agotan únicamente con la eliminación de algunos aforamientos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

No, señora Belarra, y además usted y su grupo lo saben; llevamos tiempo hablando de la necesidad de una reforma constitucional y, por cierto, parece que una mayoría bastante alta de españoles también lo piensan. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Belarra, adelante.

La señora BELARRA URTEAGA: Señora vicepresidenta, sabe usted bien que la única vez que se ha reformado la Constitución española de manera sustancial ha sido cuando ustedes se pusieron de acuerdo con el Partido Popular para anteponer el pago de la deuda pública y los intereses de los buitres financieros a los intereses de los españoles y las españolas, a nuestra educación y sanidad públicas. Fue la reforma del artículo 135 de la Constitución. Le garantizo que eso no va a volver a pasar en nuestro país porque Unidos Podemos hará valer siempre sus votos para que cualquier reforma constitucional la voten y la decidan los españoles y las españolas, que son quienes la tienen que decidir. Pero no le puedo negar que estamos de acuerdo, evidentemente, en que hay que eliminar los privilegios de una clase política, que básicamente los ha utilizado para enriquecerse, para robar a los españoles y a las españolas, como han hecho el Partido Popular y el señor Casado (rumores), pero también es cierto que en democracia no puede existir ningún espacio de impunidad. (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora BELARRA URTEAGA: No se pongan nerviosos.

Y precisamente porque no puede existir, lo han utilizado ustedes para enriquecerse y para robar a los españoles y a las españolas, es así. Pero en democracia no puede existir ningún espacio de impunidad. Y como creo que eso lo compartimos, es inexplicable que un Gobierno salido de una moción de censura por corrupción no apoye la eliminación de la inviolabilidad del rey (aplausos), sobre todo porque la Jefatura del Estado no puede utilizarse para recibir mordidas de Arabia Saudí. Eso es un consenso en nuestro país. Creo además que no hay que tenerle miedo a la reforma de la Constitución, otros países de nuestro entorno, como Portugal, la han reformado hasta siete veces desde 1978. Es inexplicable que ustedes no quieran meter mano a la inviolabilidad del rey y que abran este debate sin abrir también otros que son muy relevantes. Desde 1978 nuestro país ha cambiado y ahora hay nuevos consensos, nuevos acuerdos sociales que se tienen que ver reflejados en nuestra Constitución. Tenemos que tener una Constitución feminista que garantice que las mujeres vivamos libres de violencias machistas. Tenemos que garantizar que se cierren las puertas giratorias para que esa corrupción legal no vuelva a mostrarnos expresidentes sentados en consejos de administración. Tenemos que tener una reforma electoral que garantice que todos los votos de ciudadanos y ciudadanas valen lo mismo. Un Gobierno como el suyo tiene que ser valiente, porque la España de ahí fuera ya ha cambiado y nos está esperando.

Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.

Señora Belarra, la Constitución española se ha cambiado más de esa vez del 135, pero, como usted bien sabe, la Constitución española tiene una parte hiperprotegida en su mecanismo de reforma que requiere unas Cortes constituyentes y un referéndum posterior y otra parte que no. En esto hemos de ser absolutamente precisos; no conviene enredar ni trasladar a los ciudadanos elementos de confusión. Las reformas que se han hecho sobre la Constitución española se han realizado de manera absolutamente


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impecable, con arreglo a los procedimientos y a las obligaciones que la Constitución establece. Punto uno. Este Gobierno, en lo que queda de legislatura, como usted se puede imaginar, puede abrir espacios de reforma en aquellos elementos en los que se puede hacer por la vía ordinaria, que es lo que puede afectar a los aforamientos. Compartimos con ustedes que no pueden existir privilegios de ningún tipo, tratamientos mejores o peores, sobre todo en aquellas cuestiones que no están afectas a las funciones del cargo, para unos ciudadanos respecto a otros que se han quedado en peores condiciones. Absolutamente de acuerdo. Eso es factible. El resto de las reformas que debamos acometer, estoy de acuerdo con usted, van a tener que ver con un mayor blindaje de derechos sociales, en algún caso incluso considerándolos fundamentales. Nosotros hemos venido hablando de la estructura territorial del Estado, del título VIII, creando en esta Cámara una Comisión para hacer un diagnóstico del Estado de las autonomías. Hubo una promesa del presidente del Gobierno anterior para hablar de reforma de la Constitución, que luego incumplió literalmente. Nosotros somos conscientes, porque en la calle ha calado absolutamente, de que los españoles del siglo XXI, de 2018, quieren que su Constitución responda a todas las novedades, a todo lo que este país ha evolucionado y que nos ofrezca mayor espacio de garantía. Absolutamente de acuerdo. Pero empecemos por los aforamientos, en un procedimiento ordinario, que es factible, por lo pronto, y todo lo demás será un debate público, primero de los ciudadanos, luego de los políticos y, finalmente, en esta Cámara, para cerrar el broche. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL VILLEGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000733).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora vicepresidenta del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Adelante, señoría.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, España vive una situación complicada, con un golpe separatista en mi tierra, Cataluña, con nubes negras cerniéndose sobre nuestra economía y con una crisis de confianza de los ciudadanos en los políticos y, por tanto, también en sus instituciones. Es una triple crisis, crisis económica, crisis de confianza y crisis territorial, que afrontamos en las peores condiciones, con un Gobierno débil. Y la debilidad de su Gobierno tiene consecuencias: la primera consecuencia, la política económica en manos de los populistas, en manos de su ministro de Hacienda in pectore, el señor Iglesias; la política territorial en manos del señor Torra y del señor Rufián; respecto a la recuperación de confianza, su Gobierno, en vez de recuperar la confianza de los españoles, les miente reiteradamente. Señora vicepresidenta, ¿cree que los españoles merecen seguir aguantando por más tiempo esta situación? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señor Villegas, de momento le diré algo, los españoles tienen un Gobierno sin casos de corrupción (risas y rumores) y no paralizado por su propia corrupción como tenían antes y usted apoyaba. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, por favor.

Señor Villegas, adelante.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señora vicepresidenta, para hablar en esta Cámara y para hablar a los españoles, además de frases redonditas como las que usted hace hay que tener credibilidad, y ustedes han dinamitado toda su credibilidad engañando reiteradamente a los españoles. El señor Sánchez engañó a los españoles diciéndoles que su moción era para convocar elecciones y ahora se atrinchera y dice en Nueva York que va a aguantar en La Moncloa hasta 2020. El señor Sánchez dijo que en su moción no había pactos con


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separatistas y populistas y ahora vemos las consecuencias y cómo afloran esos pactos. El señor Sánchez mintió a los españoles desde ese escaño diciendo que su tesis doctoral, su famosa tesis doctoral, estaba publicada en Internet y tuvo que publicarla dos veces después porque no estaba. Y la misma semana pasada el señor Sánchez volvió a mentirles a los españoles diciendo el lunes que en sesenta días acabaría con los aforamientos y el viernes nos dimos cuenta de que nada de nada, de que otra vez había mentido a los españoles. Señora vicepresidenta, su Gobierno es un fraude; señora vicepresidenta, el señor Sánchez es un fraude. No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Seguro que ustedes pueden aguantar atrincherados en La Moncloa. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en La Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial, pero los españoles no les aguantan ni un día más. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.

Le presento a la ministra de Hacienda, que está ahí, y a la de Política Territorial, que está allí, señor Villegas. (Señala con el dedo hacia los escaños que ocupan las respectivas ministras).

Solo un 14 y pico por ciento de los españoles piensan, según los sondeos... (Risas.-Rumores.-Varios señores diputados: El CIS.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Silencio, silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): ... que aquí en esta Cámara hablamos de cosas que a ellos les importan, que aquí en esta Cámara resolvemos cuestiones que les preocupan. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Solo el 14 por ciento, gracias a su inestimable colaboración. Ustedes, que son el cuarto grupo en la Cámara, tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la van a pintar en negro. Esa es la contribución que usted va a hacer a la estabilidad de este país y a las respuestas que los españoles esperan ahí fuera para resolver los problemas que han ido acumulando después de siete años de crisis y de recortes. Muy bien. Pues este Gobierno -legal y legítimo- de este país, con los apoyos correspondientes -que se lo dije el otro día y se lo vuelvo a repetir- legales y legítimos de los 350 escaños, que usted los clasifica, no ha parado una sola semana de sacar medidas sociales de restitución de derechos, ni una sola (aplausos), y a ustedes no les gusta porque los coloca justo en ese sitio de las frases estupendas pero de hechos ninguno. ¿Y sabe usted por qué? Porque ustedes constantemente apelan a esas realidades rápidas donde la política no consiste en encontrar respuestas. Apenas el 14 % de hombres y mujeres de este país piensan que esta mañana aquí estamos haciendo algo útil, gracias a la manera que usted tiene de hacer política y gracias a la manera que usted tiene de encarar estos problemas. Este Gobierno va a seguir trabajando cada semana hasta que el presidente del Gobierno, como todos, con su competencia constitucional, considere lo que dijo el primer día: 350 escaños, debate de una moción de censura, gobernar España, normalizarla, recuperar... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, por favor.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿SABE LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS COMO MINISTRA? (Número de expediente 180/000740).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa. Pregunta de la diputada doña María José García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular.

Adelante, señoría.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Señora Robles, ¿conoce usted las consecuencias que provocan sus decisiones como ministra?


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.

Señora García-Pelayo, yo lo que conozco es lo que me he encontrado en el Ministerio de Defensa, una ministra a la fuga, la señora De Cospedal (aplausos), que estaba más preocupada por la campaña contra el señor Casado; me encontré programas paralizados, 1800 millones de euros más que han tenido que pagar los ciudadanos de este país; contratos que no salían, como ocurre por ejemplo en Ferrol; incumplimiento de contratos con otros países, como Estados Unidos, y ahora parece ser que también había acuerdos secretos para apoyar guerras en algunos países. Explíquenme ustedes qué es lo que hay. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora García-Pelayo, adelante.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Lo que sí es verdad, señora Robles, es que el señor Mariano Rajoy, el auténtico presidente del Gobierno de España... (Risas.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: ... nunca tuvo que decir de su predecesora, de la señora De Cospedal... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: ... que no sabía de las consecuencias que provocaban sus actos ni sus decisiones. Nunca dejó a la señora De Cospedal en evidencia, porque la señora De Cospedal fue una gran ministra. (Varios señores diputados: ¡Oh!).

Usted, señora Robles, en muy poquito tiempo ha sido desautorizada no por el Partido Popular sino por el propio señor Sánchez, que ha dicho en público -sin cortarse un pelo- que de las decisiones que usted toma ni usted misma conoce las consecuencias. No solamente la ha dejado como una ministra boba, políticamente hablando... (Rumores y protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: No solamente la ha dejado como una auténtica irresponsable, sino que la ha dejado en evidencia. Hoy lo que todos los españoles sabemos es que -fíjese en la incoherencia- nuestra ministra de Defensa es un auténtico peligro para los españoles. Usted puede rectificar lo que quiera, de verdad se lo digo, estamos acostumbrados a sus rectificaciones, no pasa nada, si me apura, nos acostumbramos; lo que sí le voy a pedir como diputada gaditana, como diputada por la provincia de Cádiz es que no juegue con el pan de los gaditanos, que no ponga en peligro 6000 empleos, como ha hecho, en la Bahía de Cádiz, porque los gaditanos no nos lo merecemos. Y si hoy hay un contrato que va a permitir que 6000 gaditanas y gaditanos trabajen en la Bahía de Cádiz es precisamente gracias a la señora De Cospedal, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, que durante cuatro años estuvieron trabajando para que hoy usted tire todo ese trabajo a la basura.

Señora Robles, usted ha quedado desprestigiada como ministra, pero lo que me duele enormemente no es ya que haya contaminado de ese desprestigio a su Gobierno, sino que haya contaminado el desprestigio a nuestro país y sobre todo a una gran empresa pública como es Navantia. Los gaditanos no se lo merecen, pida disculpas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.

Señoría, usted no se preocupe por mí, porque yo, a diferencia de otros ministros de Defensa, tengo mi carrera profesional. Otros estuvieron ahí para hacer carreras, empresariales y políticas. Yo siento que a la señora De Cospedal no le haya salido bien. (Aplausos.-Protestas.-La señora Hernández Bento: Eso no se puede consentir).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Pero mire lo que le voy a decir, si alguien ha puesto en riesgo los puestos de trabajo en Navantia, en Cartagena y en Ferrol, han sido ustedes. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Lo hicieron con el submarino S-80, por el que todos los ciudadanos de este país hemos tenido que pagar 1800 millones de euros. Ya le dije la semana pasada que tuve que ir yo a Cartagena a garantizar que habría puestos de trabajo, los que ustedes no cumplieron; y ahora este Gobierno tiene que garantizar lo que ustedes no han cumplido con Navantia en Ferrol. Estaban ustedes muy perdidos en las fragatas 110 -si ponían un misil, si ponían otro misil, qué intereses empresariales había, qué intereses empresariales no había- y ¿sabe usted? El Gobierno de Estados Unidos ha tenido que decir que ustedes no cumplían los contratos relativos a los Cherokee (rumores), los Chinook más exactamente. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Pero para ser más exactos, le voy a decir que lo que me preocupa... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): ... lo que pone en riesgo a España y su credibilidad internacional es que ustedes a espaldas de este Parlamento hayan podido dar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas. (Rumores). Señor Casado, haga usted oposición seria, elévese, deje el vuelo gallináceo, porque España, como consecuencia de lo que hizo el Gobierno del PP, está muy comprometida, y para mal, internacionalmente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA PROHIBIR LAS CONOCIDAS COMO NARCOLANCHAS? (Número de expediente 180/000736).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Hacienda. Pregunta del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria- luchan en las aguas marítimas españolas, especialmente en el estrecho de Gibraltar, contra el uso de embarcaciones especiales de alta velocidad, rígidas o semirígidas, conocidas popularmente como narcolanchas, que se utilizan para la rápida introducción de género de contrabando, especialmente hachís, tabaco y cocaína, mediante el sistema de trasbordo o de alijo en la playa.

Por hacer un poco de historia, tenemos que recordar que en los años noventa, cuando se empiezan a fabricar este tipo de embarcaciones, se utilizaban de manera legal para uso recreativo, para salvamento, para rescate en la mar, pero desde hace unos años la mayoría de ellas se dedican especialmente a actividades ilícitas que hacen mucho daño, especialmente en la zona de donde procedo, el Campo de Gibraltar. Señora García-Pelayo, eso sí que es dejar caer a la provincia de Cádiz, el abandono que se ha tenido durante estos años ante este fenómeno, con imágenes que hemos podido ver todos los días en televisión sin que hubiera una respuesta del Gobierno. Nos consta que el actual Gobierno se ha tomado muy en serio este problema y que para combatir en primera instancia esta situación aprobó el pasado día 13 de julio un plan especial de lucha contra el contrabando y los tráficos ilícitos en el Campo de Gibraltar, dotado con más de 7 millones, que está dando ya sus resultados, pero todavía nos consta también, en el día a día que vemos allí, que es insuficiente. Hay que dar un paso más, hay que atacar el


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contrabando no solo desde el ámbito policial sino también desde el ámbito administrativo, y para ello, a pesar de las promesas múltiples que hizo el señor ministro del Interior Zoido en su etapa anterior, nunca se llevó a cabo la modificación normativa del anteproyecto de ley de represión del contrabando. Este Gobierno el pasado día 24 de julio lo llevó ya al Consejo de Ministros. Se ha dado un paso muy importante, pero ahora hay que desarrollarlo. Por eso, señora ministra de Hacienda, le pregunto: ¿En qué situación se encuentra dicho anteproyecto de lucha contra los narcotraficantes que utilizan las narcolanchas?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta.

Efectivamente, señor De la Encina, el problema de las embarcaciones de alta velocidad que usted ha descrito bien requiere de una intervención especial por parte del Gobierno en una zona con especial incidencia de algunas desigualdades sociales, que usted conoce perfectamente, porque sabe que este tipo de embarcaciones se han utilizado para propiciar la entrada en nuestro país -usted lo comentaba- de sustancias prohibidas, la introducción de género de contrabando, como la cocaína, el hachís o el tabaco. Para que se hagan una idea de la dimensión de este problema, solo en cuatro años, de 2012 a 2016, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, y solo en el Campo de Gibraltar, interceptaron 93 embarcaciones de este tipo, deteniendo a 326 personas y existiendo constancia de que se había actuado en 141 intentos de alijo por el que se introdujeron más de 110 toneladas de hachís en nuestro país. Además, señoría, por distintas noticias e informaciones, saben que en los últimos tiempos incluso se han utilizado las embarcaciones para el tráfico de personas y se da la circunstancia de que la seguridad que rodea a estas embarcaciones propició, como recordarán, imágenes de llegada a la playa en donde se producían accidentes con las personas que estaban allí bañándose, como ocurrió con el pequeño que falleció concretamente en Getares. Por tanto, señoría, es obligado y urgente que el Gobierno de España tome medidas respecto a estas embarcaciones, y por ello se aprobó, como usted decía, a finales del mes de julio la calificación como género prohibido de determinadas embarcaciones que pretenden de alguna manera incorporar elementos ilegítimos dentro de nuestro país. Lo que queremos es poner fin, acotar el uso de estas embarcaciones para que se puedan declarar género prohibido y puedan ser incautadas en caso de que la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad las detecten.

La tramitación del anteproyecto de ley ha seguido su cauce, se ha remitido para su envío a la Oficina de Calidad Normativa, tenemos que notificarlo a la Comisión Europea, porque está trabajando sobre un reglamento comunitario, y recientemente lo hemos puesto a información pública para que cualquier persona pueda hacer sus aportaciones. Espero que con esta medida, y si no hay ninguna parálisis en la tramitación en la Cámara, podamos poner fin a un problema grave.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ PIENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000741).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida al señor ministro de Fomento. Pregunta de la diputada doña Raquel Alonso Hernández, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, cuando ustedes llegaron al Gobierno afirmaron que la vivienda iba a ser uno de los ejes de su política. Pues bien, lo que vemos día a día es que están ustedes pagando la hipoteca de La Moncloa a populistas y nacionalistas a costa de todos los ciudadanos. Por eso semana tras semana lanzan globos sonda con subir impuestos, penalizar viviendas vacías, gravar segundas residencias, intervenir el mercado del alquiler... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora ALONSO HERNÁNDEZ: En vista de todo esto, ¿qué opina de los derechos de los propietarios de vivienda? (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora Alonso. Este Gobierno y yo mismo pensamos exactamente igual que lo que dice la Constitución en su artículo 33, donde se reconoce el derecho de propiedad, y también el artículo 47, que recoge el derecho a la vivienda digna y adecuada, y ambos principios constitucionales alumbran nuestra acción de Gobierno. Espero que usted también coincida con ello. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Alonso, adelante.

La señora ALONSO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, lo cierto es que a día de hoy lo único que han hecho ha sido plagiar literalmente y poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda del Partido Popular. Pero no se preocupe, que aquí no hace falta que utilicen comillas. Es más, cópienlo y utilícenlo porque entendemos que es un buen plan de vivienda y que además vendrá a solucionar muchas de las necesidades de los ciudadanos. Pero hasta ahí lo bueno, porque luego, con el único objeto de mantener a toda costa un Gobierno que no se sostiene, están ustedes aplicando todas y cada una de las directrices de Podemos, que no son precisamente casas de 600 000 euros para todos o irnos todos a vivir a un barrio lujoso de Madrid, no. Son más bien directrices como sondear con freír a impuestos a propietarios de viviendas vacías, haber votado a favor de la toma en consideración de la ley de emergencia habitacional que directamente avala la ocupación de viviendas o, la última noticia, que ustedes amenazan con que los propietarios que alquilen caro van a perder los beneficios fiscales. Dígame, señor ministro, ¿qué es caro o qué es barato lo va a determinar usted? ¿Está diciendo que el Gobierno del Partido Socialista va a intervenir el mercado del alquiler? ¿Es el Gobierno del Partido Socialista el que va a imponer a los propietarios por cuánto pueden alquilar su propia vivienda?

Sus políticas de vivienda están generando gran alarma social y aquí únicamente vemos dos opciones: o bien usted no se ha leído todo lo que proponen o sí que lo ha hecho y está de acuerdo con, día a día, atentar contra la propiedad privada y contra los esfuerzos de cientos de miles de españoles. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Gracias, señora presidenta.

La veo confundida. Se ve que las informaciones que han salido le han permitido esta consideración. No digo que usted no lo vea bien, sino que es verdad que salen muchos mensajes y se prestan a confusión. Yo no sé si la puedo tranquilizar a usted, pero sí quiero tranquilizar al conjunto de los españoles y españolas en el sentido de que no tienen que temer nada. Nosotros vamos a respetar el derecho a la propiedad, como no puede ser de otro modo, y además lo que vamos a hacer en todo caso es incentivar un mercado de alquiler que hace mucha falta en España, y lo haremos de modo positivo, dando incentivos. Eso sí, combatiremos la especulación por la especulación; combatiremos experiencias como la de la Comunidad de Madrid, que no tuvo ningún escrúpulo en dilapidar el esfuerzo de los españoles y de las españolas en crear un parque social y vendió tres mil viviendas a un fondo especulativo. (Aplausos). Justo para eso, lo que queremos es garantizar la función constitucional que establece la vivienda con su función social, lo queremos restituir. Esa es la dirección en la que vamos a trabajar, pero lo queremos hacer con todos y por eso hemos ofrecido un pacto -a ustedes también, a ustedes también- y lo queremos discutir con ustedes y con el resto de grupos de la Cámara; hemos planteado un pacto de Estado sobre la vivienda, sin excluir a nadie y escuchando a todos. Y es muy posible que escuchando a todos oigamos mensajes muy contradictorios. Pero yo le quiero tranquilizar, queremos estimular el alquiler, dando incentivos y, sobre todo, no nos preocupa para nada aquel que tenga dos, tres casas; no nos preocupa. Estamos pensando en los que especulan, no estamos pensando en eso, y queremos acotar muy bien eso que llamamos vivienda vacía. Así que, mucha tranquilidad, señoría; siga pensando en la España que se rompe pero no juegue con la vivienda para eso.

Gracias. (Aplausos).


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- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GUINDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO PIENSA GARANTIZAR EL GOBIERNO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000742).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña María del Carmen González Guinda, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, coincidirá conmigo en que un sistema educativo de calidad, para serlo, ha de ir unido a la equidad y, por supuesto, también a la igualdad; igualdad en el acceso e igualdad en las oportunidades. ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno la igualdad de oportunidades en el sistema educativo español?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora presidenta, señoría, coincido plenamente con su primera formulación. La calidad de la educación se juega en el terreno de la equidad que, ni más ni menos, consiste en dar a cada uno lo suyo, tal y como decía Aristóteles. Pero la calidad de la educación también se juega en el terreno de la excelencia. Saben ustedes que tenemos un sistema educativo muy equitativo, pero que ha reducido su equidad desde el año 2011 al 2015, tal y como dice el informe de la OCDE. La tenemos que recuperar, porque sin equidad no hay igualdad; equidad supone trabajar por los más vulnerables, exactamente el foco de atención de este Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora González Guinda, adelante.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hablando de excelencia, voy a nombrarle yo la comunidad autónoma de la que provengo. Precisamente hace unos días su presidente ha reclamado una vuelta al pacto por la educación, justamente con la idea de que en España no haya una educación de dos o tres velocidades. Quiero nombrarle precisamente esta comunidad porque es una de las comunidades que ha salido mejor parada en los últimos informes PISA, pero no solo por sus altos rendimientos en asignaturas instrumentales, en ciencias, sino también por la equidad. Le recuerdo que en esta comunidad tienen una brecha mínima educativa entre clases sociales, con unos resultados de la educación pública y privada similares y con apenas diferencias entre la educación rural y la urbana. Esta es una cuestión trascendental en una comunidad que, como usted muy bien sabe, tiene una alta dispersión rural, lo que representa un sobreesfuerzo económico.

Señora ministra, no hay calidad sin equidad, en eso estamos de acuerdo, pero también en igualdad y tenemos serias desigualdades. Desigualdades a la hora de enfrentarse nuestros alumnos a la prueba de la EBAU en los distintos territorios y recuerde las últimas protestas de los estudiantes por el distinto número de temas en la asignatura de Historia y por distintos grados de dificultad según el territorio en dichas pruebas. Todo ello merma la igualdad de oportunidades de los alumnos que estudian en unas comunidades respecto a otras porque ellos se juegan su futuro en la nota de corte de las distintas facultades. Por otro lado, también es importante hablar de cómo articular un modelo de acceso a la Función pública que garantice la igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes que quieran dar el paso a la docencia. El Partido Popular llevaba estos serios e importantes asuntos para ser tratados en la subcomisión del pacto por la educación que el Partido Socialista abandonó. Por tanto, señora ministra, permítame que de nuevo le reitere la pregunta: ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo español? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra. Adelante.(Rumores). ¡Silencio!


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta.

El gran problema que tiene el sistema educativo español es el hecho de que precisamente el índice socioeconómico todavía es el gran predictor de los resultados escolares. El hecho de que el 55 % de personas en España reproduzcan las desigualdades que heredaron de sus padres es un problema para el sistema educativo español. Por otro lado, si comparamos nuestro sistema con el resto de sistemas educativos de Estados federales de nuestro entorno -y el sistema autonómico es, de alguna manera, un sistema federal de resultado- hemos de decir que tenemos elementos de cohesión tan importantes como una estructura del sistema única consagrada en la ley orgánica, un núcleo curricular básico, títulos estatales, cuerpos docentes de configuración estatal y gestión autonómica, programas de cooperación territorial impulsados por el Partido Socialista y existen órganos institucionales de coordinación. Trabajamos fundamentalmente para que el índice de abandono escolar temprano que está situado en el 18,5 % en España no sea un predictor de fracaso en la vida y esto supone trabajar en complicidad con todas sus señorías y también con los agentes sociales de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO PREVÉ EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL MEJORAR LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO? (Número de expediente 180/000737).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Adelante, señoría.

El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidenta.

Señora ministra, si cabe más que antaño, en los procelosos tiempos en los que vivimos es difícil no concordar con la necesidad, la absoluta necesidad me atrevo a decir, de que los sistemas educativos potencien los valores cívicos, éticos, democráticos y constitucionales de forma que podamos abordar la formación de una ciudadanía activa, con sentido crítico, tolerante, que entienda la diversidad como riqueza y la inclusión, la justicia y la igualdad como metas inexcusables y defensoras de los derechos humanos. Algo que debe fluir en todas y cada una de las áreas y de la vida en las aulas pero que se ha demostrado que necesita un espacio educativo propio, un currículum específico para cada una de las etapas educativas.

En el año 2013 se aprobaba la Lomce, ley educativa que contó únicamente con los votos de su promotor, el Partido Popular, el que utilizando su mayoría absoluta, sumada a los graves recortes en educación, imponía una contrarreforma ideológica en toda regla a la comunidad educativa y a la sociedad. Una de sus consecuencias fue la desaparición de la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que, hasta esa fecha, se impartía a todo -y lo subrayo- el conjunto del alumnado. Como era demasiado evidente ante Europa y el mundo la barbaridad de su supresión, se sustituía por una materia, Valores culturales y sociales, descafeinada en cuanto a sus contenidos, que se introducía como específica pero que, en el colmo de los dislates, como alternativa para quien no cursara la materia de religión. Esto provocaba, como bien señaló el Consejo de Estado, que -y cito- a lo largo de toda su formación obligatoria y postobligatoria los alumnos pueden no haber cursado nunca esta asignatura.

Señora ministra, usted ha manifestado la intención del Gobierno de proceder a la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y el análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista entienda pertinente y necesaria la formulación de esta pregunta que permita concretar mejor la postura de su ministerio. ¿Cómo prevé, señora ministra, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional mejorar la competencia social y cívica del alumnado no universitario de nuestro país?

Moitas grazas, señora ministra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señor Meijón, por su pregunta.

Efectivamente, todos los organismos internacionales y europeos están a favor de la educación cívica, de los valores cívicos y de los valores éticos. Apenas puede concebirse una sociedad en 2018, una sociedad globalizada y multicultural, sin que estos valores cívicos y éticos se den como sustento en la educación primaria y secundaria y como materia obligatoria. Tanto es así como que, efectivamente, tras la Lomce en 2013, nos hemos encontrado con lo que usted ha descrito ahora mismo detalladamente: unos valores éticos y culturales que se ofrecían como alternativa la religión. Es una cuestión no vista en ningún lugar de Europa, no vista; es decir, teníamos o alumnos religiosos o alumnos éticos y esto es, efectivamente, lo que tenemos que cambiar.

Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es educar ciudadanos críticos, libres, tan críticos que sean capaces de instalarse conscientemente en el tiempo y en el espacio, unos ciudadanos jóvenes que sean capaces de estar eventualmente en el Gobierno y en la oposición y capaces de resistir totalitarismos y de no abuchear, no boicotear sino sencillamente hacer políticas alternativas. Esto es lo que nosotros tratamos de trabajar en la escuela y efectivamente lo vamos a hacer modificando la Lomce y dejando la religión como lo que era, es decir, una oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, pero los valores cívicos irán como materia obligatoria tanto en primaria como en secundaria porque lo que necesitamos son jóvenes críticos, libres y solidarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA CAROLINA ESPAÑA REINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿VA EL GOBIERNO A CONTINUAR LA TRAMITACIÓN PARA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LA POLICÍA LOCAL QUE INICIÓ EL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/000743).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina, del Grupo Parlamentario Popular.

Adelante, señoría.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidenta.

Señora ministra, ¿para cuándo la jubilación anticipada de la Policía local que inició y casi culminó el Partido Popular? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señoría, me sorprende mucho su pregunta porque el Gobierno anterior, el de su partido, inició en mayo del año 2015, hace ya más de tres años, la tramitación administrativa para la jubilación anticipada de la Policía local y lo que puedo decirle es que dejaron el asunto empantanado, al igual que puedo afirmarle que este Gobierno ha retomado desde el primer día la tramitación administrativa para conseguir que esta jubilación anticipada sea una realidad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora España, adelante.

La señora ESPAÑA REINA: Señora ministra, efectivamente, desde el Partido Popular llevamos años trabajando con la plataforma de las policías locales mientras que desde el Partido Socialista nunca se ha hecho nada a favor de la jubilación anticipada de la Policía local. Nosotros, en mayo, presentamos una enmienda a los presupuestos para regular la sobrecotización y la tasa de reposición. Es decir, prácticamente estaba todo el trabajo terminado. ¿Qué es lo que está pasando con este expediente y con el informe de Hacienda? Yo le pido que terminen algo que es muy justo para la Policía local de nuestro país porque, además, no tiene coste, es decir, esto no es como el helicóptero que les lleva a las bodas a un coste de 5000 euros la hora sino que se autofinancia con la tasa de la que hemos hablado anteriormente. Además, el mismo presidente de la FEMP, que es de su partido, está indignado con la parálisis del Gobierno socialista en esta reivindicación que es tan justa y que además apoyan los Gobiernos locales. Por lo tanto, pónganse a trabajar porque llevan tres meses sin hacer nada. Es verdad, mucha mano


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tendida para los independentistas y, ahora, mucha lluvia de millones, pero tiéndanle también la mano a los que tantos servicios nos prestan, que es nuestra Policía local. Yo les veo muy coordinados para hablar de los indultos, coordínense también con la ministra de Hacienda y culmine el expediente. A lo mejor, señoría, es que están ustedes muy entretenidos con tantas grabaciones y con tantos insultos -¡desde luego, vaya vergüenza de Gobierno!- y están también muy entretenidos con tanta rectificación porque, señorías, antes ustedes pedían el IPC para los pensionistas, ya no; antes criticaban el uso del Fondo de reserva, ya no. ¿Qué credibilidad tiene usted con lo que nos diga hoy si mañana puede cambiar de criterio? Yo espero que su ministerio sea más serio que el de justicia porque, aunque ustedes dijeron que se iba a culminar el expediente a finales de verano, estamos en otoño y seguimos igual que en primavera. Yo sé que ustedes no hubiesen iniciado este expediente nunca, pero lo único que le pido es que lo terminen, es decir, la jubilación anticipada de la Policía local, ya. Estamos con ellos desde el principio, estaremos hasta el final y lo conseguiremos; si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señora España Reina, como por suerte recibí una buena educación en colegios públicos de muchos pueblos, no le voy a responder a usted a las provocaciones.

Desde el día 13 de junio para acá hemos mantenido multitud de reuniones con el colectivo de policías municipales para tener en cuenta su opinión e informarles. Por ejemplo, tuvimos que informarles de que el día 17 de mayo se celebró una reunión entre diversos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que se decidió introducir una disposición transitoria que modificaba el texto del real decreto que fue publicado en la web del ministerio y que había sido sometido a información pública, por cierto para introducir limitaciones a la jubilación anticipada de los policías locales, con total oscurantismo, sin decir nada a los interesados y escudándose en unas supuestas y luego inexistentes objeciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esto lo hizo su Gobierno del Partido Popular. Justo cinco días después ustedes redactaron una transaccional, utilizando una enmienda de becas Soledad Cazorla, del PSOE, para regular los coeficientes reductores y la sobrecotización. ¿No sabían ustedes nada de lo que había hecho su Gobierno? Me da la impresión de que no, porque si no, entiendo menos aún su pregunta.

En el traspaso de asuntos pendientes no nos dijeron absolutamente nada. Tras una reunión con los interesados el día 7 de agosto, se decidió continuar con la tramitación del texto inicial. Hay informe ya del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la FEMP. Estamos a la espera -ya es inminente- del informe de Hacienda (Rumores)...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): ... y, por suerte, gracias a que en tres meses vamos a hacer más que ustedes en tres años (rumores), la jubilación anticipada de la Policía local va a ser una realidad inminente, porque inmediatamente se llevará al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros.

Sí, señora España Reina, esto va a ser así. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON JORDI ROCA MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA DEMOCRÁTICO MANTENERSE EN EL PODER GRACIAS A QUIENES TIENEN CERRADO EL PARLAMENTO CATALÁN? (Número de expediente 180/000744).

La señora PRESIDENTA: Preguntas ahora dirigidas a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. En primer lugar, pregunta del diputado don Jordi Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.

El señor ROCA MAS: ¿Piensan ustedes seguir ocupando La Moncloa con los que tienen cerrado el Parlament? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.


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La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Roca, haría bien en defender la Constitución, también el artículo 113. ¿O usted también piensa que el verdadero presidente del Gobierno es el señor Rajoy, como su compañera de escaño? Alcanzar la mayoría absoluta en esta Cámara no es fácil, y ustedes lo saben bien porque el señor Rajoy no la tuvo y el presidente Sánchez sí. En todo caso, no se quiten ustedes mérito porque ayudaron muchísimo a conseguir esa mayoría absoluta. De hecho, sin su ayuda no hubiese sido posible. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Roca, adelante.

El señor ROCA MAS: Hace quince años Zapatero renunció al legado de Felipe González y se entregó al adanismo. La concordia de la Transición le incordiaba. (Una señora diputada: ¡Qué dice!). Impulsado por el pacto de Tinell, se lanzó a cabalgar el tigre del populismo, el nacionalismo y la ruptura, pero el tigre les está devorando. Pudo recuperar el espíritu del PSOE de 1982, pero prefirió hacer desmemoria histórica y exhumar el PSOE de 1934. En vez de concordia y Transición, Frente Popular, cordones, escraches y un `necesitamos tensión´ confesado a un micrófono indiscreto. El Nuevo Orden Mundial lo sabe y por eso les arrojó lo de la cal viva, porque quieren destruir el alma democrática del Partido Socialista como paso previo para destruir la democracia en España.

¿Qué piensan ustedes de que no llegan ustedes al Gobierno generando ilusión desde 1982? El 11-M y una moción de censura con totalitarios: ¡Vaya siglo XXI llevan ustedes! ¿A cuándo piensan mirar para gobernar, a 1934 con los totalitarios, o al futuro con nosotros para crear una España democrática, moderna y madura? Tienen la mano tendida del PP y, si no, lo haremos nosotros solos mientras somos testigos de cómo el tigre acaba con ustedes. ¿Van a dialogar ustedes con los que nos llaman bestias infrahumanas con un bache en el ADN o escucharán a los catalanes que creemos en la indisoluble unidad de las ideas democracia, Constitución, separación de poderes y convivencia? ¿Contamos con ustedes para derrotar al populismo y al nacionalismo? ¿Contamos con ustedes para que la libertad y la ley reinen en toda España y, en especial en Cataluña, o seguirán ustedes pagando las deudas de la moción de vergüenza del Gobierno Frankenstein? ¿Están ustedes dispuestos a pagar con la moneda de la traición a la nación? ¿Están ustedes dispuestos a sacrificar nuestra justicia? ¿Están ustedes dispuestos a sacrificar el imperio de la ley? Este humilde imputado desde la Tarraco Imperial les pregunta -y que se pregunten-: ¿Quo vadis Partido Socialista Obrero Español? ¿Quo vadis? (Protestas.-El señor Zaragoza Alonso: '¡Olé, olé!' '¡Bravo!'-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

Silencio.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Roca, el Partido Socialista lleva cuarenta años construyendo democracia, cuarenta años construyendo este país a pesar de ustedes. (Aplausos). Los escrúpulos con los votos de los independentistas se les acaban a ustedes cuando apoyan reformas laborales para recortar derechos de los trabajadores o cuando aprueban leyes de estabilidad presupuestaria. Entonces no hay ningún escrúpulo ni hay ningún precio a pagar ni son unos vendidos y lo reciben encantados. Ustedes, también en esto, aplican una doble vara de medir y, también en esto, señor Roca, pierden ustedes toda credibilidad.

Señor Roca, hay más de dos millones de ciudadanos en Cataluña que han votado a esas fuerzas independentistas. Convendrá conmigo en que tener el Parlament de Catalunya cerrado no es muy democrático, pero deslegitimar o considerar que esos dos millones de votos no sirven absolutamente para nada o que no son legítimos tampoco es muy democrático. Yo le voy a preguntar, señor Roca, ¿contamos con ustedes para generar concordia? ¿Contamos con ustedes para hacer política de Estado? ¿Contamos con ustedes para afrontar una de las mayores crisis políticas que está viviendo nuestro país, o van a seguir poniendo palos en las ruedas, o van a seguir echando por la borda todos los esfuerzos que este Gobierno está haciendo? Ustedes tienen que decidir si quieren ser responsables desde la oposición, esa responsabilidad que reclamaban cuando estaban en el Gobierno o si por el contrario van a seguir instalados en generar más crispación. Este país y, sobre todo, la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española no se lo merecen, señor Roca. Así es que, si no están dispuestos a echar una mano, por favor, apártense. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/000734).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Adelante, señoría.

El señor GIRAUTA VIDAL: Señora ministra, la supongo al corriente del mantenimiento en Cataluña de una situación de exclusión de la mayoría social por parte de medios públicos, actuación del Gobierno, etcétera. La supongo al corriente del grave desacato de ayer en el Parlament de Catalunya y la supongo al corriente de lo que se prepara para el día 1 de octubre; y subrayo esto porque si no está al corriente podría ser muy preocupante. Queda para el Diario de Sesiones lo que se prepara para el 1 de octubre. Es mi opinión que todo esto es resultado, entre otras cosas pero en este momento muy especialmente, de su política de apaciguamiento. Me gustaría conocer su punto de vista. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señor Girauta.

Supongo que compartimos que en Cataluña hay una crisis política que ha generado tensión social, que hay un bloqueo de las instituciones democráticas de ese país que no pueden ejercer con libertad, por ejemplo el control por parte de las minorías a la mayoría de la Cámara, al Gobierno de la Generalitat, pero es verdad también que en Cataluña, no en Madrid sino en Cataluña, hay un Gobierno del Estado, un Gobierno de España que está intentando introducir racionalidad política y, sobre todo y principalmente porque es nuestro principal objetivo, trabajar para cubrir las necesidades y los servicios de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Girauta, adelante.

El señor GIRAUTA VIDAL: Lamento discrepar de usted, señora ministra. El Estado ha dejado de existir en Cataluña; ni siquiera durante la aplicación del 155 fue posible mantener la neutralidad de las administraciones públicas; ni siquiera entonces; mucho menos ahora. Mire, la delegada del Gobierno en Cataluña se viene abajo cuando la entrevistan en Catalunya Ràdio y pide el indulto para los golpistas. Dentro de su Gobierno -y esto ya es una pauta- y siguiendo la estela del líder del Partido Socialista de Cataluña lo han visto así, lo han visto conveniente, deseable la vicepresidenta del Gobierno, usted, y el señor Ábalos por razones humanitarias. Parece que las razones humanitarias solo aparecen cuando están por medio aquellos con los que ustedes en el fondo -y este es el verdadero problema- comparten planteamientos y visión del mundo. El PSC -y tengo que felicitarla porque usted es del PSC- ha conseguido imponer la visión de España en el Partido Socialista Obrero Español. No ha sido a base de persuasión, ha sido porque da la coincidencia de que todo aquello en lo que ustedes creen, que es lo mismo en lo que cree el nacionalismo catalán, coincide hoy en día con los intereses de un Gobierno que no se mantendría sin los apoyos del nacional-populismo. Esta es la triste situación. Por favor, la petición de indulto diaria para aquellos que ni siquiera han sido todavía juzgados es antidemocrática y es una presión intolerable al Poder Judicial. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Girauta, estoy segura de que en estos momentos hay muchísimos votantes catalanes, votantes suyos, que están convencidos de que votarles no ha servido absolutamente de nada, que ha sido absolutamente inútil. Estoy convencida de que hay muchísimos catalanes y catalanas, también votantes suyos, que están esperando soluciones y no contribuir a la crispación, a la ruptura, a la confrontación.


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(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Cantó García del Moral señala a los escaños del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana). Señor Girauta, ¿le tengo que recordar que su partido ganó las elecciones en Cataluña? ¿Le tengo que recordar que son la primera fuerza en Cataluña en las elecciones autonómicas? (Rumores). Han ganado las elecciones y en las instituciones no se nota, pero en la calle lo que hacen es tener un comportamiento antisistema, de generación de tensión y haciendo política espectáculo (protestas)...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): ... política espectáculo la primera fuerza política de Cataluña. (Aplausos). ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad, señor Girauta, que son la primera fuerza política? ¿Cuándo van a actuar como la primera fuerza política de Cataluña aportando soluciones? (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). El Gobierno de España va a seguir trabajando: ley y diálogo. Y le digo lo mismo que al señor Roca: Si quieren echar una mano, bienvenidos, y si no, apártense.

Gracias. (Aplausos.-Protestas).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ENRIC BATALLER I RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿PIENSA EL GOBIERNO APROVECHAR SU ANUNCIADA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, RELATIVA A LOS AFORAMIENTOS, PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO? (Número de expediente 180/000727).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora ministra del Diputado don Enric Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señoría.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora ministra, ¿piensa el Gobierno aprovechar su anunciada reforma de la Constitución con respecto a los aforamientos para solucionar el problema del derecho civil valenciano?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Bataller, el Partido Socialista coincide con su grupo en que convendría una reforma de la Constitución. Además, el Gobierno de la Generalitat Valenciana -en el que nuestras dos formaciones coinciden- emitió un informe, una propuesta de reforma de la Constitución que incluía, entre muchas otras cuestiones, la ampliación competencial por parte de la Comunidad Valenciana en materia de derecho civil. Las coincidencias van más allá; también Compromís y el Grupo Parlamentario Socialista están trabajando activamente en la Comisión que se abrió en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Desde todas esas coincidencias, señor Bataller, le tengo que decir que me parece que la reforma propuesta para los aforamientos no es el lugar adecuado para tratar esta cuestión. Llevemos cada cuestión a su ámbito, trabajemos y ampliemos consensos, que es imprescindible, y solo así podremos avanzar. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora ministra, le agradezco el reconocimiento que hace del problema, pero evidentemente no podemos esperar más. Vamos a ver, el derecho civil es el derecho de la vida cotidiana, es un derecho de proximidad que debe estar regulado por las asambleas más próximas al pueblo, por los parlamentos autonómicos. La Constitución así lo contempla en su artículo 149. También se recoge así en nuestro estatuto de autonomía, y lo que no se entiende es por qué se permite por parte del Gobierno, como hizo el anterior Gobierno del Partido Popular, que estemos en una situación que ha dado pie a que por parte del Tribunal Constitucional se haya llegado a interpretaciones que en la práctica


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reducen a cero la capacidad legislativa de la Generalitat Valenciana. Esto no puede continuar así, y por eso la sociedad valenciana está movilizada en una iniciativa sin precedentes, que ha recogido ya el apoyo de más de trecientos ayuntamientos, que representan a cerca del 90 % de nuestra población, las universidades, el consell, las diputaciones, sindicatos y asociaciones de todo tipo, para exigir ya una solución, para defender nuestras competencias y para que se reforme la Constitución. No podemos esperar más. El pueblo valenciano está cansado de estar siempre en el furgón de cola, cansado de que sus intereses sean siempre los últimos, de que haya siempre otras cuestiones más importantes que atender.

Señora ministra, estamos en 2018. La situación social es muy diferente a la que se dio en 1978, cuando se redactó la Constitución. Es imprescindible que se produzca ya una adaptación, porque, desde luego, no podemos seguir soportando que haya tribunales que continúen invocando viejas batallas, viejas historias de vencedores y vencidos para, en el presente, negarnos el derecho a desarrollar un cuerpo jurídico que nos hace falta. Por eso yo la emplazo aquí, señora ministra, agradeciéndole su buena disposición, a que esto lo emprendan ya, porque no podemos esperar más tiempo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señora presidenta.

Señor Bataller, más allá de la cuestión de fondo, usted me pregunta por el vehículo de modificación, y yo quiero recordarle que en materia de aforamientos existe un consenso de partida en esta Cámara. Yo no sé si este consenso va a ser suficiente para sacar adelante esa reforma, pero en todo caso existe ese consenso de partida, que es en lo que tenemos que trabajar para llevar a cabo otras modificaciones y otras reformas que queramos abordar.

Señoría, frustrar iniciativas de otros no lleva adelante las propias, máxime cuando esas otras también ustedes las comparten. Por tanto, yo creo que lo que más conviene al país, lo que más conviene a esta Cámara en estos momentos es que discutamos la propuesta de aforamientos, cuando llegue, de la manera más adecuada posible, dándole la relevancia que tiene esa modificación, y que sigamos trabajando para conseguir los consensos necesarios y poder abordar de manera eficaz y adecuada los temas pendientes de esa reforma de la Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA IDOIA SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: ¿CUÁL ES LA PREVISIÓN TEMPORAL QUE MANEJA EL GOBIERNO RESPECTO DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO CONCERNIENTE A LOS PUNTOS DE CONEXIÓN RESULTANTE DEL DESARROLLO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO? (Número de expediente 180/000735).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra para la Transición Ecológica. Pregunta de la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

Adelante, señoría.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on, buenos días, ministra.

El artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico regula con carácter general el acceso y la conexión a redes, definiendo claramente los conceptos de derecho a acceso, derecho a conexión, permiso de acceso y permiso de conexión. Asimismo, este artículo establece los principios que deberán regir el procedimiento y requisitos para su concesión y los sujetos también encargados de concederlos al amparo de una serie de criterios técnicos y económicos que establecerá el propio Gobierno. No obstante, la disposición transitoria 11.ª de esta ley establece que lo regulado en el artículo 33 será de aplicación una vez que entre en vigor el real decreto por el que se aprueban los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión.


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A raíz de las últimas subastas, las empresas debían tener una autorización de construcción de sus plantas para junio de 2018, una autorización que exige tener otra serie de permisos, entre los que se encuentra el punto de conexión, pero es que este a su vez depende de la publicación de ese real decreto. El próximo mes de diciembre, además, caducan parte de los puntos de conexión de un número importante de instalaciones renovables en el Estado. El Ministerio de Energía, con el anterior Gobierno, publicó el real decreto de acceso y conexión a la red eléctrica, y se procedió a realizar los trámites de participación pública, más concretamente, los trámites de consulta pública, audiencia e información pública. Este último culminó el 25 de junio, ya con el nuevo equipo ministerial derivado de la llegada del nuevo Gobierno. Nos encontramos pues con los plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos.

Somos conscientes de que la llegada de un nuevo equipo ministerial exige una generosidad, desde luego, con los tiempos políticos y normativos, pero la realidad es que se hace necesario aprobar este real decreto con la mayor celeridad posible por diversos motivos: por la necesidad de dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico; porque existe un conjunto de parques eólicos derivados de la últimas subastas, cuya puesta en funcionamiento e incluso cuya construcción se encuentra condicionada a que el referido desarrollo reglamentario se encuentre en vigor con anterioridad al 28 de diciembre de 2018, si pretendemos que estén en funcionamiento en 2019, porque de no aprobarse este real decreto antes de diciembre la mayoría de los puntos de conexión permitidos se pierden y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus planes y, por tanto, estarían abocadas a la pérdida de esos avales emitidos. La promoción de las energías renovables exige no solo voluntad política y empresarial, sino también normas técnicas que la amparen y que se encuentren en vigor en tiempo adecuado. Por ello, este grupo plantea al Gobierno la siguiente pregunta: ¿Cuál es la previsión temporal que maneja este Gobierno respecto a la aprobación del real decreto concerniente a los puntos de conexión resultantes del desarrollo del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría.

Bajo esa pregunta, aparentemente muy técnica, se esconde, como usted muy bien ha dicho, una cuestión de gran trascendencia económica y, también, política. Las subastas de renovables del último Gobierno adjudicaron 9000 megavatios de potencia que están pendientes de poder ser instalados -solo se han instalado 80- para poder cumplir con los objetivos en 2020; de hecho, ya hay mucha gente que piensa que será difícil llegar a instalar el 70 % de esa potencia subastada, y uno de los cuellos de botella más importante es el desarrollo de ese artículo 33 de la ley.

Curiosamente, a pesar de que la ley tiene ya unos cuantos años a sus espaldas, hasta 2018 no se empezó a tramitar por parte del ministerio esta norma crítica, clave, fundamental para poder facilitar el acceso y la conexión. Curiosamente también -cosa de la que nos alegramos enormemente, porque por lo menos estaba avanzado-, el anterior ministro, el señor Nadal, remitió, ya en funciones, el lunes 4 de junio, ese borrador a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde se ha ido tramitando, se ha sometido a información pública y, hasta donde sabemos, es más que probable que en estos días recibamos el informe. Esto nos permitirá retomar nuestra tarea, nuestra función, porque -como muy bien dije- además de palabras es fundamental poder articular toda la viabilidad técnica y operatividad que permita culminar ese proceso. Nosotros solicitamos a la CNMC que acelerara al máximo la tramitación, que facilitara la información pública, como está obligada. Creo que, a la vista de lo que nos remitan a nosotros, estaremos en condiciones de poder ultimar todo el procedimiento, incluida la remisión al Consejo de Estado, que, como usted sabe, tiene todavía algunos trámites pendientes. Nuestra intención es tener esto aprobado con la máxima celeridad posible, evidentemente, antes de fin de año, apurando todos los plazos e intentando acortar todas estas fases pendientes por la vía de los procedimientos o por tramitación de urgencia. Como usted también sabe, frente a esta subasta y la potencia adjudicada de aquí a 2020, el gran desafío es cumplir con los objetivos ambientales y los objetivos energéticos del Acuerdo de París. Y para modernizar todo nuestro sistema económico y energético, debemos facilitar la inclusión en el sistema eléctrico de alrededor de 6000 o 7000 megas


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de potencia renovable al año de aquí a 2030. Es decir, este es un primer paso crítico para poder... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON TEODORO GARCÍA EGEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA: ¿SIGUE PENSANDO LA MINISTRA QUE ES EL MOMENTO DE SUBIR LOS IMPUESTOS A LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000745).

La señora PRESIDENTA: Preguntas ahora dirigidas a la señora ministra de Economía y Empresa. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

El señor GARCÍA EGEA: Señora ministra, ¿cree que es el momento de subir los impuestos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.

Señoría, subir los impuestos es siempre impopular y a ningún Gobierno le gusta tener que tomar este tipo de medidas. Como ministra, me hubiera gustado heredar una situación diferente, en la que existieran más margen de actuación y alternativas. (Rumores y protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Creo que estamos de acuerdo en que es necesario seguir reduciendo el déficit público y garantizar la sostenibilidad de nuestra deuda. También creo que estamos de acuerdo en que, dada la moderación del crecimiento, no podemos contar con que, en el futuro, el déficit público se siga corrigiendo solo por la buena marcha de la economía. Para reducir el déficit no hay mil opciones, o se reduce el gasto o se aumentan los ingresos, y en este contexto creo que es indispensable revisar el sistema tributario español, para hacerlo más moderno y más justo, y aumentar su capacidad de recaudación, para acercarla a la media europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Señora ministra, usted ha desarrollado su hasta ahora exitosa carrera profesional en Bruselas, donde se paga un máximo de un 18 % de impuestos. Quizás por eso pueda hablar tan alegremente de subir impuestos en un país donde se paga, en muchos casos, casi el 50 %.

Dudaba si hacerle esta pregunta porque no sabía si la respuesta adecuada iba a ser la de esta mañana, la del mediodía o si desde el otro lado del Atlántico la iban a usted a rectificar. No sé si es capaz, además, de darse cuenta -ha hablado de herencia- de que el pasado año se redujeron los impuestos en España y se recaudaron 22 000 millones de euros más. Dudaba si hacerle la pregunta, porque si no es capaz de darse cuenta de que bajando los impuestos se aumenta la recaudación, es bastante preocupante, pero si es capaz de darse cuenta de esto, es peligroso. Es peligroso porque entonces usted quiere masacrar a las familias a impuestos, porque usted no se da cuenta o se da cuenta de forma voluntaria de que subir el diesel va a lastrar la economía y no se da cuenta de lo que están haciendo los países de nuestro entorno.

Mire a nuestro entorno, ya que tanto habla de reducir el déficit y de crear empleo. Reino Unido ha bajado los impuestos y ha recaudado un 12 % más; Estados Unidos está eliminando las trabas a la inversión y bajando impuestos y ha recaudado 300 000 millones de euros. Mire a Portugal, que no es sospechoso de tener un peligroso Gobierno de derechas. Mire a Grecia, donde gobiernan sus socios de Podemos, que le prestan el apoyo al Gobierno de aquel país. Mire a Francia, mire a Luxemburgo, mire a Irlanda, mire a Holanda. Todos los países han bajado impuestos y han creado empleo. Mire a nuestro entorno y, si no quiere mirar a nuestro entorno, mire a nuestra bancada. Plagie nuestras medidas -que eso sí lo saben hacer bien-, plágienos sin piedad, 500 palabras, 600 palabras, las que ustedes consideren; no pongan comillas, no nos citen, pero plágiennos, por favor. Plagie nuestra bajada del


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impuesto de sucesiones y donaciones y del de patrimonio, plagie la reducción del impuesto de sociedades, plagie sin piedad, porque a nosotros no nos importa ser citados, nos importa el bien de España y de los españoles.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.

Déjeme decirle, señoría, por si no lo sabe, que en los últimos años se han revisado algunos de los presupuestos que sirvieron en su momento para defender las políticas de austeridad extrema. Por ejemplo, los presuntos efectos no convencionales de la política fiscal, según los cuales reducir el gasto genera crecimiento, o la idea de que bajar impuestos aumenta la recaudación. Por el contrario, la experiencia española es testaruda y es muy clara. La bajada de 2015 supuso una pérdida de más de 12 000 millones de euros de recaudación y supuso un aumento del déficit y de la deuda pública. De hecho, en 2014 nuestro déficit estructural estaba en el 1,5 % y ahora lo tenemos en el 3 %.

Reducir el gasto sin más no es una opción creíble, francamente, ni tampoco es sostenible, puesto que, como usted sabe muy bien, la gran mayoría del gasto público es gasto social y reducir ese gasto supone recortar los derechos de los ciudadanos aún más. En nuestra opinión no resulta apropiado ni socialmente aceptable seguir en esta línea, porque España ya está a la cola de Europa en gasto social, por ejemplo, o cuando hablamos del gasto en educación -la ministra acaba de irse pero lo sabe muy bien- o en inversión pública, en gasto en familias y en niños, en lo que somos los segundos por el final.

Desde este punto de vista y en este contexto, la única opción que queda es mejorar la recaudación fiscal revisando nuestro sistema tributario, y me parece interesante que me mencione ejemplos de países que tienen un ingreso público sobre el PIB muy superior al español. Como sabe, el nuestro está varios puntos porcentuales por debajo de la media europea, de la Unión y de la zona euro. Y todos los análisis coinciden en recomendarnos que modifiquemos los sistemas fiscales para hacerlos más adecuados a la realidad económica del siglo XXI. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JUAN BRAVO BAENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES: ¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA LOS ESPAÑOLES DE LA CREACIÓN DE SU MINISTERIO? (Número de expediente 180/000746).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pregunta del diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señor Duque, ni siquiera con la creación de un Ministerio de Ciencia el señor Sánchez ha sido original. Como usted sabe, el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología lo creó el Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, y fue después el señor Zapatero el que demostró que para el PSOE de nada sirve tener un Ministerio de Ciencia si no conocemos las políticas que más interesan a nuestro país. Son cien días de su Gobierno, son cien días de su política de Ciencia; no auguran nada nuevo ni nada bueno. Por eso le pregunto, señor ministro, desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de tener un Ministerio de Ciencia? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Gracias, presidenta. Gracias, señor Bravo.

La creación de este ministerio tiene como objetivo dar unidad de dirección al esfuerzo de potenciar un cambio de modelo productivo. Esto solo será posible si fomentamos y facilitamos el conocimiento que se genera tanto en universidades como en centros de investigación y lo transferimos a la sociedad. Para poder avanzar en este cambio de modelo productivo, el presidente del Gobierno optó por darle el mayor


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peso político a este objetivo de país, dotándolo de las competencias administrativas de Universidades, Ciencia e Innovación.

Ciertamente, los duros años de crisis económica han afectado muy seriamente al ámbito universitario y científico y es nuestra intención tratar de revertir esta situación. En estos tres meses ya hemos tomado una serie de medidas inmediatas y definido un plan a medio plazo que presenté el pasado viernes en el Consejo de Ministros, donde se pudieron ver las líneas en las que estamos trabajando. Trabajamos para mejorar las condiciones de los investigadores con la próxima aprobación del estatuto del personal investigador en formación y un paquete de medidas para reducir las trabas administrativas que creemos que entrará en vigor en poco tiempo.

No quiero acabar sin mencionar que estamos ilusionados con poder consensuar una nueva ley de universidades, de modernización e internacionalización, con la participación de todos los actores y, por supuesto, con la de los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Bravo, adelante.

El señor BRAVO BAENA: Señor ministro, con el máximo respeto, no permita que lo utilicen como una cortina de humo para tapar a un Gobierno del señor Sánchez que se cae a trozos, un Gobierno del señor Sánchez que solamente acierta cuando rectifica y que rectifica cuando le insta a ello el Partido Popular, y usted es un ejemplo más. No había comparecido en rueda de prensa en Consejo de Ministros hasta la fecha. A raíz de nuestra pregunta, usted comparece, y de manera rápida le preparan una intervención, un informe para un país de ciencia e innovación. Señores, ese informe es una presentación de PowerPoint de apenas diez folios (muestra un documento), de los cuales tres son fotos. Pero sí deja una cosa clara, señor ministro, el compromiso del Partido Socialista con Canarias, Ceuta y Melilla. Este es el mapa que ustedes presentan (muestra un mapa), donde no aparecen ni Ceuta ni Melilla ni Canarias. Señores del Gobierno socialista, Canarias, Ceuta y Melilla son España, y lo que no se conoce ni se quiere ni se defiende, señor ministro. (Un señor diputado: ¡Bien!-Aplausos).

En segundo lugar, en su rueda de prensa usted afirmaba que iban a sacar una convocatoria antes que la del Partido Popular, que era para diciembre. Pues bien, o usted falta a la verdad o su equipo le engaña. Cualquiera de las dos opciones, ministro, son malas. Aquí vemos (muestra un documento) que más de la mitad de las plazas fueron publicadas en el BOE el 16 de septiembre y el inicio de la presentación de solicitudes es el 3 de octubre. Le instamos a que haga lo mismo.

Ministro, usted marcaba seis líneas estratégicas, pero hasta ahora no hemos empezado ninguna, solamente anuncios. Le instamos a que lleve a cabo dos: en primer lugar, estabilización del empleo, como recogían los Presupuestos Generales del Estado que aprobamos siete formaciones políticas, y en segundo lugar, reducción de trabas administrativas y burocráticas, como hicimos con la intervención previa los siete partidos políticos que apoyamos los presupuestos.

Por último, ¿sabe cuántos decretos-leyes ha aprobado su Gobierno? Siete. ¿Sabe cuántos son de ciencia? Cero; como la política de ciencia de su Gobierno: ninguna hasta la fecha.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (Duque Duque): Convengo con usted en que quedan muchos retos pendientes. Las universidades, la ciencia y la innovación han pasado unos tiempos en los cuales se han dejado de lado muchas de las medidas que podían haber fomentado su actividad y, realmente, en los cien días que llevamos, con agosto por medio, nos ha dado tiempo a lo que nos ha dado tiempo. El PowerPoint lo he hecho yo en mi propio ordenador (risas) y recoge la gráfica que proporciona la Unión Europea. No veo dónde está lo crítico de esto.

Usted me hace la pregunta hoy, pero dentro de pocos meses podrá hacer otra y verá usted cómo de verdad estamos trabajando por la ciencia, las universidades y la innovación. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.


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- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿VA A CEDER EL GOBIERNO A LAS PRESIONES DE SUS SOCIOS Y ORDENAR A LA FISCALÍA QUE CAMBIE SU POSTURA SOBRE EL 1 DE OCTUBRE? (Número de expediente 180/000739).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Justicia. En primer lugar, del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores). Silencio, señorías.

Adelante, señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Señora Delgado, mentir no es de justicia, por eso su presencia hoy no solo es una vergüenza sino que además mancilla esta Cámara. (Protestas). No obstante, le voy a pedir que conteste la pregunta tal como está hecha, en sus propios términos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señor Hernando, en su misma pregunta va la contestación a lo que hizo su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular. Preguntar a este Gobierno si va a ordenar a la fiscalía es olvidarse de los más elementales principios del Estado de derecho. Primero, el Gobierno, este Gobierno socialista, nunca, jamás ordena a la fiscalía, porque respeta su autonomía (aplausos); segundo, este Gobierno respeta la autonomía judicial. Así que, respondiendo a su pregunta, que es sobre si va a ordenar este Gobierno, tengo que decirle que eso lo hacía el Partido Popular, eso lo hacía su Gobierno, señor Hernando. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, adelante.

El señor HERNANDO FRAILE: Señora Delgado, la ministra de Justicia, además de serlo, es la notaria mayor del reino y, por lo tanto, se le tienen que exigir mayores dosis de compromiso con la verdad y con la transparencia, cosa que usted no ha tenido ni tiene. Usted se ha convertido, señora ministra, en el paradigma de la mentira. Usted no dice la verdad ni cuando rectifica. Usted se ha autorrectificado en cinco ocasiones y cada comunicado que ha emitido desde su ministerio ha sido una nueva mentira. Hoy vuelve a mentir, ahora ha vuelto a mentir diciendo que usted no da instrucciones a la fiscalía. No, lo que hizo usted en el minuto uno fue nombrar una nueva fiscal dócil para hacerle a usted el trabajo sucio. No hace falta que le dé usted instrucciones, ya sabe lo que tiene que hacer, como ha demostrado recientemente y como también le han demostrado esos fiscales que desde Cataluña le han dicho que no están dispuestos a renunciar a la defensa del Estado de derecho, de la Constitución y de nuestras leyes frente al golpe de Estado de los independentistas.

El problema, señora ministra, es que España necesita un Gobierno decente y ni usted ni el doctor Sánchez están a la altura de ese Gobierno decente que necesita este país: uno, porque, además de hacer viajes, ha decidido sencillamente mantenerse en el poder con el apoyo de los comunistas, de los filoetarras y de los independentistas, y usted, señora ministra, porque es rehén de sus peligrosas amistades y de sus relaciones con las cloacas. Usted es un zombi en un Gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Usted, como le he dicho, cambió al fiscal general del Estado para que le hiciera este trabajo a favor de los independentistas. A usted le hubiera ido mucho mejor si, en vez de dedicarse a defender y a franquiciar su ministerio con exjueces prevaricadores, hubiera defendido a los jueces que de verdad están defendiendo nuestra Constitución, como el señor Llarena.

Usted es una rémora para cualquier Gobierno. No es una víctima, es culpable. La opinión pública ya la ha condenado y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia. Váyase. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señoría, comprendo que le cueste entender lo que es la autonomía del ministerio fiscal, lo que es la independencia judicial, lo que es el Estado de derecho. Los jueces y fiscales en Cataluña, así como todos los operadores jurídicos, tienen el apoyo de este Gobierno y de esta ministra; esta ministra que se ha


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reunido con todos los operadores para arrancar algo que estaba parado, que era el Ministerio de Justicia, desde donde no se hacía nada, pero no voy a entrar en eso.

Ha acabado el tiempo negro en el que se daban instrucciones y recomendaciones a los fiscales, como las presiones que sufrió el señor Torres-Dulce cuando solicitó la prisión para el extesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas (aplausos); la no renovación de la señora Madrigal porque se opuso a nombrar al fiscal Anticorrupción que ustedes querían, al fiscal de la Audiencia Nacional que ustedes querían (aplausos) o las presiones para no perseguir al expresidente de la Región de Murcia. Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando, se ha acabado porque... (Rumores.-Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO SANTOS ITOIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿TIENE LA MINISTRA PREVISTO HACER USO DE SU CAPACIDAD DE INICIATIVA LEGISLATIVA PARA PROMOVER UNA LEGISLACIÓN QUE GARANTICE QUE LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SE ADECUEN A LOS CRITERIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD? (Número de expediente 180/000729).

La señora PRESIDENTA: Pregunta, también a la señora ministra de Justicia, del diputado don Eduardo Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.

El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señora ministra. Le confieso -hace tiempo que lo sabe- que este grupo asiste con extraordinaria preocupación desde hace tiempo al funcionamiento autocrático del Consejo General del Poder Judicial en varias materias, como nombramientos, composición de tribunales, acción disciplinaria, veto a candidaturas del consejo o procedimiento de acceso a carreras judiciales y fiscales. Por eso le preguntamos al Gobierno si va a hacer uso de su capacidad legislativa para garantizar que los nombramientos efectuados de aquí en adelante sean por mérito y capacidad.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señor Santos, estoy con usted. Estoy con usted en que debemos mejorar los mecanismos de transparencia en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que también la ciudadanía tenga la garantía de que quienes sean finalmente elegidos sean realmente quienes lo merecen y los mejores para el gobierno de los jueces. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Santos Itoiz, adelante.

El señor SANTOS ITOIZ: Señora ministra, usted sabe que en los últimos tiempos ha habido noticias preocupantes. Por ejemplo, el pasado 21 de diciembre de 2017, a petición de la entonces directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa de Pablo Llarena, compañero de Manuel Marchena, se pidió al consejo que emitiera un informe sobre si Sofía Marchena, hija del anterior, podía o no podía ser incorporada a la carrera fiscal cuando había pedido la carrera judicial y en un supuesto que estaba perfectamente regulado por el articulo 309 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual, si no superaba el año de la Escuela Judicial, podía ir al año siguiente. En lugar de eso, se involucró la comisión de selección de su ministerio y acabó creando una nueva plaza de fiscal, alterando además la nota, posiblemente en perjuicio de otros aspirantes.

Pero este no es el único tema que nos preocupa. Nos han preocupado otros temas, como el hecho de que haya escándalos -así son percibidos dentro de la carrera judicial- en relación con los nombramientos, cuya falta de mérito y capacidad a veces es evidente. Podemos hablar, porque se comenta así en la carrera, del propio Pablo Llarena, de los magistrados Vicente Magro o Carmen Lamela, recientemente nombrada. Esto provoca un desaliento en la carrera, como también el ejercicio de la acción disciplinaria en el consejo, y no hay más que ver la diferencia de trato entre Vicky Rosell y Alba, y también el apartamiento


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de ciertos vocales incómodos del Consejo General del Poder Judicial, como Concha Sáez. Por todo ello, le instamos a que recupere esta acción... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señor Santos, en mi comparecencia de 11 de julio del pasado verano expuse una de las líneas fundamentales que este Gobierno y el Ministerio de Justicia se proponen, que es dotar de transparencia a todas las elecciones, no solamente en cuanto a vocales del consejo, sino también en cuanto a los cargos de libre designación. Creemos que es necesario que haya una publicidad de los currículums, que haya incluso una participación ciudadana en las preguntas y en los proyectos que puedan presentar los distintos candidatos, porque tiene que ser así, y participación de otros operadores jurídicos a través de comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Estamos en la línea de hacer absolutamente todo aquello que pueda clarificar, mejorar y dar transparencia para que sean cargos de elección por méritos y no por intereses inconfesables, como ha ocurrido hasta ahora en muchos casos. Como usted sabe, el proceso de selección ya está en marcha, ha arrancado ya con la convocatoria de la renovación del Consejo General del Poder Judicial; los jueces y magistrados de extracción judicial, cincuenta, ya han presentado sus candidaturas y, por tanto, a esta renovación no llegamos, pero confío en que para la próxima podamos incorporar esa publicidad de los currículums, incluir una entrevista ante una Comisión de Justicia en el Congreso, participación de la ciudadanía y defensa pública del proyecto. Estoy de acuerdo con usted en que la Justicia necesita abrir ventanas, puertas y transparencia porque no se puede permitir su manipulación, como ha ocurrido hasta ahora en los últimos seis años. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCÍA MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER Y REPARAR LA REPRESIÓN EN TORNO AL 1-O A LA LUZ DE LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES QUE EVIDENCIAN UNA CLARA PARCIALIDAD EN LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/000731).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta.

¿Qué medidas va a tomar para esclarecer y reparar la represión en torno al 1 de octubre?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Martín, no compete a este Ministerio de Justicia hacer valoración alguna. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Sí, de hecho es una pena que no responda el ministro del Interior, pero en fin.

Nosotras creemos que la politización de la Justicia que Rajoy impulsó en Cataluña, precisamente para tapar su total incapacidad política, tiene en los correos electrónicos que hemos visto estos días una prueba más de la violencia institucional que sufre la ciudadanía, en particular la catalana. De hecho, le recuerdo que todavía hoy varios representantes sociales y políticos están en prisión provisional acusados de unos cargos que incluso tribunales europeos han venido a decir que son inventados y que no se sostienen. Y se lo recuerdo también porque hace apenas un año en Cataluña miles de personas que se movilizaban de forma pacífica, que se autoorganizaban para ejercer sus derechos civiles, fueron objeto de brutales cargas policiales que dejaron a más de novecientas personas heridas. Una represión y una violencia ordenada por el Ministerio del Interior que hizo que el mundo entero se llevara las manos a la


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cabeza. Pues bien, en todo este tiempo ni el Gobierno del Estado ni la Administración de Justicia han atendido a ninguna de esas personas. El Gobierno anterior no solo no inició ninguna investigación sobre la violencia policial sino que hasta el último momento ha estado boicoteando activamente las investigaciones judiciales abiertas, ya sea negando los registros de comunicaciones, ya sea dificultando la identificación de los agentes que no iban debidamente identificados. De hecho, hasta el día de hoy solo el Ayuntamiento de Barcelona ha estado apoyando esas denuncias y se está personando como acusación popular en el procedimiento que se sigue en el Juzgado Número 7 de Barcelona, en el que hay veintidós agentes imputados, cuatro de los cuales son mandos policiales. Así que, señora ministra, si quieren seguir apostando por la distensión con Cataluña su Gobierno debe colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, desde la judicatura hasta los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y esto se lo decimos como grupo parlamentario pero, más importante aún, creemos que es una demanda compartida por una mayoría de la población que, independentista o no independentista, espera que las instituciones se posicionen al lado de la gente que aquel 1 de octubre sufrió una violencia policial que no puede tolerarse en un Estado democrático.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Martín, varias cosas. Lo primero, en relación a valoraciones que se han hecho en redes sociales en determinados foros el Ministerio de Justicia no tiene nada que decir; compete, en su caso, al Consejo General del Poder Judicial, que valorará y que tiene competencia en esa materia. Por lo tanto, no vamos a entrar. Y en cuanto a los procedimientos judiciales que se están desarrollando volvemos a decir lo mismo, el Ministerio de Justicia simplemente tiene que dar los medios para que se desarrolle correctamente el trabajo de jueces, fiscales y operadores jurídicos. Evidentemente no se puede interferir; el Ministerio de Justicia y el Gobierno no pueden inmiscuirse ni buscar acciones que no son de nuestra competencia, como usted entenderá, porque estamos hablando -vuelvo a decirlo- de la independencia de los jueces. Señora Martín, estamos hablando de la autonomía de los fiscales, estamos hablando del Estado de derecho. Lo digo por un lado y lo digo por otro; exactamente es así. Tenemos que dejar que la justicia trabaje, es así.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿PIENSA EL GOBIERNO MANTENER LOS PRIVILEGIOS DE LA FAMILIA FRANCO? (Número de expediente 180/000732).

La señora PRESIDENTA: Pregunta, también a la señora ministra de Justicia, del diputado don Antonio Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, presidenta.

¿Piensa el Gobierno mantener los privilegios de la familia Franco?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora Presidenta.

El pasado 24 de agosto se aprobó un real decreto que después fue convalidado aquí y que se va a tratar como proyecto de ley relativo a la Ley de Memoria Histórica. Estoy convencida de que entre todos conseguiremos que esta ley mejore, en cualquier caso, la situación de las víctimas y las consecuencias de la dictadura franquista. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Gómez-Reino, adelante.


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El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Duquesa de Franco, marqués de Arias Navarro, duque de Mola, duque de Primo de Rivera, duque de Carrero Blanco, marqués de Quiepo de Llano -del asesino Queipo de Llano-, ilustrísimo señor de Meirás. Sí, estamos hablando de España, del año 2018 y de títulos nobiliarios en vigor. Todos los herederos de estos títulos son grandes de España y su único mérito es ser descendientes de criminales de guerra. Lo grave, señora ministra, es que estos títulos esperpénticos han sido renovados e incluso concedidos en democracia y en algunos casos por Gobiernos socialistas. ¡Qué burla es esta, señora ministra! El franquismo fue un régimen golpista, sanguinario y corrupto, y el caudillo, además de asesino, un ladrón miserable: desviando fondos públicos para sus cuentas particulares, vendiendo al Estado donaciones hechas a la ciudadanía, construyendo su patrimonio a base de suscripciones patrióticas -ya se sabe, apoyabas o podías acabar en una cuneta-. Montaron un régimen corrupto que continúa vigente hoy en día. ¿Saben qué empresa participó en la construcción del Valle de los Caídos? Pues la empresa originaria de la constructora OHL. Muchas de las empresas que cotizan en el IBEX 35 hicieron fortuna con el régimen. Y ya nos gustaría que esto fuera pasado, pero no, los herederos de Franco se están beneficiando de lo robado en el pasado y se burlan de todos nosotros. Finca de Arroyomolinos; palacio del Canto del Pico; casa Cornide, chalets en Guadalajara, en Marbella, en Miami y en la moraleja y los terrenos de Valdefuentes. Muchas de estas fincas, además, recalificadas en democracia por el PP para beneficio de los Franco. ¿Y qué pasa, señora ministra, finalmente con el pazo de Meirás? Queremos plazos y respuestas. Galicia necesita y exige cerrar la página de la vergüenza.

Señora ministra, acabo con tres propuestas para las que tendría nuestro apoyo. Abran una investigación sobre el patrimonio ilegal de la familia Franco. Erradiquen los privilegios y los títulos contrarios a la ley, a la dignidad y a la memoria democrática. Y devuelvan, de una vez por todas, el pazo de Meirás al pueblo de Galicia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora presidenta, señoría, estamos, repito, en línea con las cosas que hay que hacer y en las que hay que avanzar en relación con esa memoria histórica que no puede ser solo memoria del pasado, sino una memoria para el futuro, precisamente para las acciones que hay que acometer en relación con las consecuencias de la dictadura franquista. Estamos absolutamente en línea para la reforma de la Ley 52/2007, para incorporar aquellas medidas que nos permitan avanzar en la recuperación no solamente material, de bienes, sino también de verdad, de justicia y reparación para las víctimas. Es cierto que se ha creado por este ministerio de Justicia la Dirección General de la Memoria Histórica, una dirección con muchísimo contenido e importante porque está analizando exactamente todas las acciones que se pueden hacer, acciones que tienen que contar desde luego con apoyo legislativo y normativo; hay que cambiar normas, hay que derogar normas y hay que avanzar en las normas. Pero, no le quepa la menor duda, hay una dirección en el Ministerio de Justicia que está trabajando en esto, y está trabajando, repito, no por esa memoria histórica del pasado sino por una memoria histórica del futuro, en esa línea estamos. No se lo puedo decir de otra manera, no se lo puedo decir más claro ni más alto: nosotros estamos por la recuperación de la memoria y la reparación de todos los efectos perniciosos que generó en esta sociedad y que todavía estamos sufriendo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA CAROLINA TELECHEA I LOZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO SOBRE LA ALARMA SOCIAL GENERADA A RAÍZ DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DENTRO DEL MUNDO JUDICIAL? (Número de expediente 180/000730).

La señora PRESIDENTA: Pregunta, también dirigida a la señora ministra de Justicia, de la diputada doña Carolina Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Adelante.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, ¿qué opinión tiene el Gobierno sobre las últimas noticias dentro del mundo judicial y la alarma social que se ha generado?


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora Telechea, no compete a este ministerio hacer una valoración sobre esas noticias, esos comentarios, esos foros judiciales que han aparecido. Repito, no es el Ministerio de Justicia el que tiene que determinar qué consecuencias hay o no hay, si es que las hay, sino al Consejo General del Poder Judicial. No se lo puedo decir de otra manera. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Telechea, adelante.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, lo que ocurre en España en relación con nuestro sistema judicial no ocurre en ningún país democrático del mundo. Aquí, en España, tenemos al cantante Nahuel, que ha sido absuelto por la Audiencia Nacional después de pasar dieciséis meses en prisión preventiva; veremos que ocurre con Valtònyc, en el exilio, y con Hasél; tenemos también la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los reyes en 2007, en Girona, en pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el Tribunal Supremo, en 2018, ha tenido que fijar doctrina para que el tocamiento sin consentimiento se considere abuso sexual porque lo que se estaba aplicando hasta ahora en los juzgados era un delito leve de lesiones, en pleno siglo XXI. Hay sentencias que han creado una gran alarma social, como el caso de Alsasua, por excesiva, y la de La Manada, por pasiva. Las justicias belga, alemana, suiza y escocesa rechazan las órdenes de extradición de nuestras exiliadas. Tenemos también la falsificación del acta en la que se propuso a Pablo Llarena como magistrado del Tribunal Supremo, la concesión de amparo al juez Llarena fuera de plazo por presión del señor Lesmes y a la mujer del señor Llarena bajo sospecha de delito de soborno. Tampoco podemos olvidarnos, como han dicho otros compañeros, de los famosos correos electrónicos de algunos jueces y magistrados y que a día de hoy varias asociaciones de jueces han hecho un comunicado quitando hierro al asunto, que no sé si es más grave el contenido de estos correos o que realmente no se consideren un problema en esta sociedad, cuando además se sanciona a un juez con 600 euros de multa por opinar totalmente lo contrario. Por último, quiero aludir a la noticia que ha salido hoy en los medios sobre los jueces que usted vio acompañados por menores de edad en un viaje; el hecho en sí es grave, pero que no se denunciara en su momento también lo es. En definitiva, ponemos en evidencia la situación del sistema judicial español y, por tanto, es de justicia la libertad de nuestras presas y presos políticos, que queden libres de manera inmediata. ¿Cree usted que van a tener un juicio justo? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra, adelante.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Telechea, distintas cuestiones. En primer lugar, ha hecho referencia nuevamente a foros, a comportamientos de jueces, etcétera, y esto corresponde al Consejo General del Poder Judicial y no voy a entrar en ello.

Segundo, en cuanto a reformas legales, estoy con usted. Sí competen al Ministerio de Justicia y estamos en la línea de determinar exactamente qué reformas -y así lo estamos haciendo en algunos delitos- son las más convenientes y mejor se ajustan a nuestra realidad social, como los delitos de odio, por ejemplo, o determinados enaltecimientos. Hay que empezar a hablar en términos de justicia restaurativa más que de justicia retributiva, efectivamente.

Respecto de las acciones de tribunales extranjeros -qué hacen o qué no hacen-, vuelvo a decir lo mismo: si no opinamos en relación con lo que hacen los tribunales españoles, al menos desde el Gobierno, no lo vamos a hacer respecto de los tribunales extranjeros. En cualquier caso, en todo lo que se refiere a derechos humanos en el Ministerio de Justicia se siguen muy atentamente -se lo puedo asegurar- tanto las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos como las sentencias y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Por ello se ha creado un órgano en el Ministerio de Justicia para determinar la afectación de organismos internacionales referidos a derechos humanos que puedan tener las instituciones españolas y facilitar a la


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ciudadanía el acceso a la justicia a partir de esas resoluciones. El Ministerio de Justicia tiene las competencias que tiene y no otras, pero estamos en línea. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A GARANTIZAR EL DERECHO A UN ABORTO SEGURO, LIBRE Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES. (Número de expediente 172/000141).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.

En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres. Para su defensa, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenos días. Gracias, presidenta.

Señora ministra, hoy no tendría que estar dirigiéndome a usted, y no solo porque esa interpelación la hubiésemos dirigido a la ministra de Sanidad, que entendemos que no pueda estar, sino porque lo lógico sería que fuera la vicepresidenta del Gobierno quien estuviera respondiendo hoy, y de hecho así lo pedimos. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Señora ministra, nosotras nos alegramos honestamente cuando vimos que la cartera de Igualdad iba para la única Vicepresidencia del Gobierno. Nos alegramos porque nos parecía que era estar colocando los derechos de las mujeres de una manera prioritaria, en uno de los principales objetivos del Gobierno, pero si lo que va a ocurrir es que esa Vicepresidencia supone muchas obligaciones y, por lo tanto, como se nos ha dicho, la vicepresidenta no puede estar tanto tiempo en la Cámara de representación de la ciudadanía para hablar de algo tan central en la lucha feminista y los derechos de las mujeres como el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito, entonces me parece que ni las mujeres de este país tenemos tantos motivos para estar esperanzadas ni este Gobierno tanta lucha feminista como dice. (Aplausos).

Llevo este pañuelo al cuello en solidaridad con las mujeres argentinas, porque el pasado 8 de agosto el pueblo argentino avanzó lo que de momento no ha avanzado su Parlamento -pero bueno, ya llegará- y también porque esta lucha la están dando las mujeres chilenas y las mujeres brasileñas y porque esta lucha la ha ganado ya la sociedad irlandesa y la sociedad polaca, dando los derechos a las mujeres y, por lo tanto, la garantía de unas vidas mejores y más libres para el conjunto de sus países, y además lo han hecho de una manera histórica. Y le hablo de esto porque los derechos, señora ministra -y usted, siendo ministra de Justicia lo sabrá bien-, o son para todas o no son derechos. La escritora Gabriela Wiener dice que "la revolución de las pibas es imparable". Las mujeres están saliendo a la calle por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y en España estamos saliendo a la calle por nuestro derecho a unas vidas libres de violencia machista y por la protección de nuestra libertad sexual, en contra de las agresiones sexuales. Salimos para decir: Hermana, yo sí te creo. Cómo no vamos a creernos si -ya lo ha demostrado el movimiento Cuéntalo, impulsado por la también escritora Cristina Fallarás- es raro encontrar una mujer que, como mínimo, no haya sentido amenazada su libertad sexual.

Salimos a la calle ahora, pero recordará usted, señora ministra, que también se salió a la calle hace cuatro años, y se acordará bien, así como toda su bancada, porque se salió con el tren de la libertad para decirle a un ministro que en nuestro cuerpo decidimos nosotras, que en mi cuerpo decido yo. De hecho, el movimiento feminista tumbó a ese ministro; no lo tumbó la corrupción, sino una ciudadanía fuerte que no quería políticas reaccionarias, regresivas, que restaban de manera demoledora los derechos de las mujeres, nuestra ciudadanía. Recordarán las imágenes, además, porque no solo salieron en los medios, sino que la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, a la cual yo pertenezco, hizo una película de cómo un movimiento incidía en una institución y sacaba del Gobierno a un ministro retrógrado. Dado el compromiso de su partido, entendemos que se volcarán en garantizar el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito en nuestro país. Porque ya hemos visto que estamos de acuerdo en que hay que ampliar los casos; estuvimos de acuerdo en la subcomisión del pacto de Estado, donde sacamos adelante -su grupo y el nuestro- un voto particular para que las mujeres de dieciséis y diecisiete años pudieran interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del permiso de quienes tienen su patria potestad en casos de violencia machista, porque ese, el de la violencia machista, era el contexto. Pero que ahora mismo mujeres de este país de dieciséis y diecisiete años necesiten el permiso paterno para poder abortar en sí, eso, es


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violencia institucional. Estará de acuerdo conmigo en que estas mujeres han de tener ese derecho garantizado. El derecho a poder abortar de manera libre, segura y gratuita debemos tenerlo garantizado todas las mujeres y ahora mismo esto no es así; no es así en la práctica, señora ministra. No hay un establecimiento garantista y le voy a explicar por qué. Me voy a permitir detenerme porque es verdaderamente complicado seguir. (La señora ministra de Justicia, Delgado García, está hablando con un señor diputado). Entiendo que también usted tiene muchas cosas que hacer, pero ya que no responde la ministra de Sanidad ni la vicepresidenta, le pediría a usted, señora ministra de Justicia, que me escuchara; me cuesta mucho hablar con alguien que no me está escuchando, una se traba todo el rato y parece que lo que dice no lo dice con seguridad. (Aplausos).

Según los datos del propio Ministerio de Sanidad, el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo ahora mismo se hacen en centros y clínicas privadas -el 80 %-, y no creo que sea porque las mujeres de este país prefieran y tengan los recursos suficientes para acudir a la sanidad privada, es porque la pública no está dando respuesta. No se puede entender a estas alturas que una prestación, como es la interrupción voluntaria del embarazo, no esté recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con todos los efectos que eso supone; por ejemplo, no solo garantizar una cobertura del servicio en las redes de hospitales públicos de todo el país, sino también garantizar el derecho de elección informada del mejor método para efectuar la misma. Es ejercer violencia contra las mujeres, contra sus derechos sexuales y reproductivos, negarles la información y elección del modo en que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Es ejercer violencia contra las mujeres que tengan que realizar su aborto sin poder elegirlo, de manera farmacológica, expulsando en un cuarto solas, como sabemos que está pasando en muchos hospitales públicos. Pero además es ejercer violencia contra las mujeres que por defecto les digan que tendrán que hacer un aborto instrumental, porque quizá sí quieren hacer un aborto con un fármaco, pero, eso sí, en condiciones dignas y seguras para su salud, claro. Esto ocurre porque a pesar de que la propia Ley orgánica 2/2010 -que conocerán bien porque es una ley de un Gobierno socialista-, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoja ya en sus primeras líneas que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están vinculadas a la dignidad de la persona, que son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales y que los poderes públicos no deben interceder en estas decisiones, en muchos lugares de nuestro país es difícil encontrar profesionales del Sistema Nacional de Salud que estén dispuestos a dar cobertura a todo lo recogido en esta ley. Principalmente, y en relación con esto, la cifra de objetores de conciencia en nuestro país es verdaderamente alarmante, para estar garantizando algo que, por otra parte, decimos que es un derecho. Y menos mal que están las clínicas privadas -menos mal, viendo cómo está la cosa-, clínicas y centros que sufren el acoso constante ejercido por grupos, por organizaciones antiderechos de las mujeres y antiaborto. Diferentes organizaciones nos están avisando y están denunciando que estos grupos se manifiestan frente a las instalaciones amenazando, coaccionando e incluso agrediendo tanto a las mujeres que acuden allí para realizar la interrupción voluntaria del embarazo -en muchos casos, en ese 80 %, porque no han podido hacerlo en la sanidad pública- como a los profesionales que realizan estas interrupciones voluntarias del embarazo, causando daños materiales y morales, así como poniendo en riesgo la seguridad de las personas trabajadoras y también de las pacientes. Si decimos que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho recogido en nuestro ordenamiento jurídico y amparado por organismos y leyes internacionales que velan por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que haya impunidad en estos casos, señora ministra, es absolutamente inaceptable.

Queremos saber por último de qué manera van a mirar por el cumplimiento de una ley -la del año 2010- que es de un Gobierno socialista que nos hizo avanzar en derechos, y que como viene ocurriendo con las leyes en las que las mujeres avanzamos en derechos -la 1/2004, la 3/2007- resulta que son un poco derecho blando, y que cuando vienen los recortes son las primeras que se recortan, y que cuando hay que ponerlas en práctica son las últimas que se ponen en práctica, en desarrollo y en funcionamiento, y que se están incumpliendo. Porque las políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos tienen que ir más allá de la interrupción libre en sí del embarazo, tienen que ver con formación, tienen que ver con educación sexual, tienen que ver con un montón de políticas públicas que ahora mismo no se están llevando a cabo.

Queremos saber qué van a hacer por la salud sexual y reproductiva de las mujeres de este país. Porque lo que quiere hacer el PP del señor Casado ya lo sabemos y ya lo saben ustedes también. Porque supongo que no tienen problema en decir sin pudor que el derecho al aborto resulta que no es un derecho, y supongo que esto lo dicen porque han ignorado décadas de avance, progreso y pensamiento,


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y probablemente porque el señor Casado y su partido no creen que las mujeres seamos sujetos de pleno derecho. Olvida que negar el derecho al aborto es lo que mandó a Gallardón fuera de La Moncloa, fuera del Gobierno, y no sé si ignora en qué año vive y que 2018 es el año de la revolución de las mujeres, o que precisamente lo tiene muy claro y esto se trata de una ofensiva con la que mermar profundamente nuestros derechos y contentar a la derecha más ultraconservadora y reaccionaria. Así que, señora ministra, la OMS en su informe de 2016 sobre esta materia establece que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad en las muertes maternas, y que el aborto seguro es inferior a uno por cada cien mil intervenciones.

Señora ministra, las mujeres de este país queremos saber qué piensan hacer para asegurar nuestros derechos sexuales y reproductivos, así que infórmenos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señor presidente, señorías, señora Fernández Castañón, comparto su pañuelo; consígame uno. (La señora Fernández Castañón hace gestos afirmativos). Hay gobiernos con los que los derechos de las mujeres avanzan y hay otros con los que estos derechos retroceden. Precisamente, señora Fernández Castañón, han sido los Gobiernos socialistas los que han reunido los mayores consensos para lograr la aprobación de las leyes fundamentales que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que nos han hecho avanzar, los Gobiernos socialistas, los Gobiernos progresistas. Fue primero un Gobierno socialista, el presidido por Felipe González, el que impulsó la primera Ley del Aborto aprobada por las Cortes Generales. Veinticinco años después otro Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó una ley que nos permitió a las mujeres decidir con libertad sobre nuestra maternidad. Esta cuestión dejó de estar supeditada a la interpretación de terceros para convertirse en un derecho. Nos alineamos así con las leyes de la mayoría de los países de nuestro entorno, y seguimos recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo que instan a los Estados miembros a que realicen políticas destinadas a promover un alto nivel de salud sexual y reproductiva, a facilitar el acceso a un aborto seguro, y a que se adopten las medidas en todos los niveles con un enfoque integral basado en los derechos humanos.

Señora Fernández Castañón, la Ley Orgánica 2/2010 -a la que ha hecho referencia-, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, fue una ley necesaria, trabajada, consultada y debatida durante casi un año. Concitó uno de los mayores consensos en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de siete grupos parlamentarios, prácticamente todos, y adivine quién se opuso: el Partido Popular. Esta es una ley que garantiza la debida protección prenatal sin interferir en la autonomía de las mujeres en su decisión, es una ley que da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales, que proporciona garantías y equidad sanitaria. El consenso parlamentario mayoritario optó por las ventajas de un sistema de plazos combinado con indicaciones, señorías, en sintonía con los países europeos de nuestro entorno. Es una ley que se aplica con normalidad, que está funcionando y que tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, como se demostró en el año 2014, cuando la ciudadanía, encabezada por las asociaciones y movimientos feministas, salió de forma abrumadora a la calle para intentar parar la contrarreforma que preparó el Gobierno del Partido Popular; una contrarreforma que limitaba los derechos de las mujeres, una contrarreforma que ponía en riesgo su salud y su vida, y que eliminaba la seguridad jurídica con la que los profesionales llevaban a cabo la prestación. Esa contrarreforma fue una revancha ideológica contra las mujeres, y de no ser por la contestación feminista en las calles, como ustedes bien saben, ahora estaríamos hablando de abortos inseguros, estaríamos hablando de abortos clandestinos.

La ley actual garantiza además el derecho a la educación y a la salud sexual, porque solo una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos puede prevenir de una manera más efectiva, y especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, así como disminuir el número de interrupciones voluntarias del embarazo. De hecho desde que entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2010 la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres se ha reducido en más de un punto. El Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ya está trabajando para desarrollar las medidas de salud sexual y reproductiva que incorpora la ley, y que el anterior Gobierno dejó sin efecto durante más de seis años. Estas medidas, cuya implementación requiere la necesaria colaboración de las


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comunidades autónomas, se refieren a la promoción del uso de anticonceptivos, a informar a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos, a establecer las condiciones que permitan que todas las mujeres tengan acceso a los servicios, así como el desarrollo de la educación afectivo-sexual de toda la población.

Las políticas deben permitir proteger y hacer satisfactorios los derechos humanos y lograr buenos resultados en salud, garantizar información y servicios adecuados de contracepción y atender a las necesidades específicas de las mujeres. El reconocimiento de la salud sexual y reproductiva supone sin lugar a dudas uno de los cambios y avances más profundos que las sociedades han realizado para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Para que los derechos de salud sexual y reproductiva sean una realidad en la vida de las personas se necesita de una articulación real en todos los sectores que estén implicados en su implementación y defensa. El derecho al acceso universal a la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, está recogido en nuestra cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Con la recuperación de la universalidad de atención sanitaria, aprobada por el Gobierno, el acceso a la prestación se realiza en las mismas condiciones de gratuidad en todos los territorios. La ley vigente garantiza que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza con la máxima calidad y seguridad para la salud de la mujer, como se refleja en el capítulo 2 de la norma, y en concreto en el artículo 7, que hace referencia a los servicios públicos, y en el 8, sobre la formación de los profesionales de salud. Así también se contempla en los reales decretos de desarrollo posteriores, que se aprobaron para garantizar la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.

La norma también recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de esa objeción de conciencia. En ese sentido la ley garantiza a todas las mujeres el acceso a la prestación en todos los supuestos, y cuando la red pública de forma excepcional, ya sea por razón de conciencia u otra razón, no ofrezca a tiempo sus servicios, las administraciones sanitarias están obligadas a asumir el coste directamente. Parece adecuado crear un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para consensuar entre todas las comunidades autónomas los criterios de calidad y protocolos de atención sobre la interrupción voluntaria del embarazo, a la luz de los avances científicos para la práctica del mismo, y otros aspectos que las comunidades autónomas consideren convenientes. La prioridad de la constitución de dicho grupo es una decisión que se ha de tomar juntamente con las comunidades autónomas.

Señorías, no es el Gobierno quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino el Partido Popular, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para recortar los derechos y las libertades de las mujeres. Es el Partido Popular quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando, desde el Gobierno, trató de aprobar una contrarreforma. Es el Partido Popular quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de toda la población en general cuando eliminó de raíz, al llegar al Gobierno, la asignatura Educación para la Ciudadanía y sus contenidos en educación sexual. Es el Partido Popular quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando llegó al Gobierno y dejó sin efecto durante seis años todas las medidas incluidas en la ley encaminadas a la prevención de embarazos no deseados, a la promoción de los métodos anticonceptivos y a garantizar una educación afectivo-sexual informada y formada.

Termino. El compromiso del Gobierno, siempre en colaboración con las comunidades autónomas y con una gran voluntad de búsqueda de soluciones conjuntas y diálogo compartido, es garantizar la plena aplicación de la ley que garantiza la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad, sus derechos sexuales y reproductivos, y de toda la población en general.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Señora ministra, ¡claro que tengo un pañuelo para usted, aunque me lo haya dicho así! (Lo muestra). Realmente hemos hecho un montón de pañuelos para todas las diputadas del grupo parlamentario y para todas las trabajadoras de nuestro grupo parlamentario. Los hemos hecho nosotras, porque es tan fácil como coger unas telas verdes e imprimir aquello que están diciendo las mujeres argentinas. Luego le daré el suyo.


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Claro que este Gobierno no es quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; de hecho es lo que le dejaba claro al inicio de mi intervención, y por eso decía que era importante que lo estuviera usted escuchando. Pensamos que la responsabilidad que tiene este Gobierno, cuya voluntad es la de garantizar estos derechos, es hacer frente a la ofensiva del señor Casado y del PP para la vulneración absoluta de nuestros derechos y de nuestra ciudadanía. Precisamente por eso les preguntamos qué piensan hacer, porque entendemos que son poco más de cien días de gobierno, pero nos parece que lo que hemos visto siempre en la bancada del Grupo Socialista es una completa intención de hacer también modificaciones legislativas, y además de llevar a pleno rendimiento una ley que hace mucho que no lo está. No tenemos que adivinar -me decía- quiénes no apoyaron esa ley en 2010, una ley que nos ayudaba a avanzar en la ciudadanía de las mujeres. No hace falta adivinarlo -que no sería difícil-, porque además tenemos hemerotecas y diarios de sesiones del Congreso que se pueden leer y en las que -es lo que tiene la Cámara del Legislativo- continuamente nos retratamos, y esto también es bastante interesante, porque además de decir unas cosas en la Cámara, tenemos que llevarlas luego a cabo y cumplirlas.

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir. Estas tres ideas son sencillas, pero tiene que garantizarlas un Estado que entienda que las mujeres son sujeto de pleno derecho, y nos parece que, además de poner a pleno rendimiento la ley actual de 2010, habría que echarle también una pequeña ojeada y revisarla, porque desde 2010 han pasado un 15-M y un 8-M y quizá tenemos que empezar a diferenciar un tanto lo que implican los derechos sexuales y lo que implican los derechos reproductivos; tendríamos que profundizar más en ambas cosas porque todavía podemos seguir avanzando. Igual que las hermanas argentinas nos miran ahora, nosotras estamos mirando también cómo son sus luchas, porque todas las mujeres del mundo podemos estar avanzando en nuestros derechos de plena ciudadanía, precisamente porque ahora mismo no disponemos de ellos. Por eso estamos hablando de cuatro asesinadas en el día de ayer, porque las mujeres no tenemos una plena ciudadanía en este país y tampoco en el mundo. (Aplausos).

Quiero hacerle una pregunta más, señora ministra: ¿usted conoce cuál es el itinerario de una mujer que acude a la sanidad pública para realizar una interrupción voluntaria del embarazo? Porque, si lo conoce, me gustaría que nos dijera qué es lo que piensa hacer el Gobierno, más allá de la aplicación de la ley para garantizar, por ejemplo, que no se den situaciones en las que se infantiliza a las mujeres, en las que no se las hace caso, en las que no se las informa, en las que no se las deja decidir libremente. ¿Qué es lo que piensa hacer el Gobierno en concreto respeto a esto? Porque pensamos que este Gobierno, que se dice feminista, pretende de verdad tomar esto como una bandera, porque forma parte central de las luchas feministas.

Señora ministra, antes hablaba de la revolución de las pibas -y con esto ya acabo-, también llamada la revolución de las hijas. Las hijas han salido a la calle en Argentina, las hijas han salido a la calle en este país contra La Manada, contra los agresores sexuales, contra un sistema judicial que hace que padres maltratadores tengan la custodia de sus hijos, que hasta les quita la custodia a las madres que están peleando, y así luego nos sorprenden noticias como la de ayer. Porque la mujer cuyas dos hijas ayer fueron asesinadas por su expareja, por su padre, había pedido que se la reforzase en seguridad -protección para ella y para sus hijas-, pero la noticia de ayer es que hay dos asesinatos de dos niñas y dos asesinatos de dos mujeres. Así que, señora ministra, las mujeres, las hijas en todo el mundo estamos saliendo a la calle, pero no lo podríamos hacer si antes no hubieran salido nuestras madres y nuestras abuelas. Este grupo confederal es muy consciente de las luchas que le preceden, de la genealogía, y creo que en materia de igualdad hemos sido siempre respetuosas y agradecidas con las leyes, siempre de Gobiernos socialistas, que nos permiten hoy estar hablando en esta tribuna por ejemplo, y estar hablando de un avance en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Si este Gobierno se va a tomar esto en serio nos va a tener con la mano tendida y con el grito en las calles para pelear lo que pensamos que es de justicia -y esto sí es su competencia-, que son los derechos de todas.

Muchas gracias. (Aplausos.-Al pasar junto a los escaños del Gobierno, hace entrega del pañuelo verde a la señora ministra de Justicia).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señor presidente.

Señorías, estoy completamente de acuerdo en que la calle empuja y cuando las mujeres hablamos se nos acaba escuchando. En ocasiones llegamos tarde, en otras no llegamos tarde. Pero si hay un Gobierno


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que ha escuchado siempre la voz de las mujeres de fuera y de dentro es el Gobierno socialista, la ha escuchado a lo largo de su historia siempre que ha estado al frente de este país. Por ello el Gobierno se compromete a desarrollar al máximo la ley en todos sus aspectos, y que esta se cumpla además en todos los territorios. Entiende el Gobierno que solo con una educación sexual adecuada y la mejora en el acceso, por ejemplo, a los anticonceptivos podremos prevenir mejor situaciones indeseables de infecciones de transmisión sexual o de embarazos no deseados. El Gobierno está trabajando para desarrollar las medidas sobre salud sexual y reproductiva que incorpora la ley, y que el anterior Gobierno en seis años no desarrolló. Fue el consenso político conseguido por el Gobierno socialista el que permitió extender en la ley hoy vigente la capacidad a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años a decidir sobre su propia maternidad, siempre y cuando uno de los progenitores o tutores estuviera informado de ello, y así lo hacía la gran mayoría de las jóvenes que decidían interrumpir de manera voluntaria su embarazo. La gran mayoría busca siempre esta situación de apoyo y acompañamiento de sus familias, como explican los profesionales que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, pero es verdad que hay una minoría de chicas que no tienen relaciones normalizadas con sus padres, madres, tutores o progenitores y que viven situaciones de riesgo. En estos casos el consenso parlamentario decidió que era peor informar que no hacerlo. Pero el anterior Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular, que lo apoyaba, y pasando por alto el consenso político reunido alrededor de la ley y de las recomendaciones de los organismos internacionales, incluyó en la Ley Orgánica 11/2015 la supresión a que las jóvenes dieran su consentimiento por sí solas, y exigió la autorización expresa de los titulares de la patria potestad. Lo justificó por la reforma en las obligaciones de protección y cuidado de los menores, pero lo único que ha hecho esta ley ha sido eliminar el derecho de las jóvenes a decidir sobre su propia maternidad y dejar indefensas a las más vulnerables, situándolas en situaciones de desarraigo, desamparo y riesgo de maltrato. El anterior Gobierno trató de confundir de forma premeditada a la opinión pública, ocultando una realidad objetiva, y es que la gran mayoría de las chicas de dieciséis y diecisiete años que interrumpen de forma voluntaria su embarazo lo hacen acompañadas por sus progenitores y apoyadas; solo a una minoría les resulta imposible, cuando no peligroso, estar acompañadas por estos padres y estas madres.

Con esta restricción el anterior Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoyaba despreciaron todos los informes internacionales que advierten sobre cómo las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, sino que, todo lo contrario, empujan a las mujeres a poner, como usted bien decía, en riesgo su vida. Repito, este Gobierno va a fomentar todas las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO PARA DESPOLITIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA GARANTIZAR LA PROFESIONALIDAD Y LA IMPARCIALIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 172/000142).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, sobre las medidas que piensa llevar a cabo para despolitizar la Administración pública, y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el sector público. Para su defensa tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.

Señorías, señora ministra, una de las conclusiones más importantes de la investigación económica y en ciencias sociales es la de la importancia central de las instituciones en el desarrollo económico de los países y en la lucha contra la corrupción; supone el eje central, junto con el capital humano, del éxito de las naciones. En España durante los años del boom el bipartidismo -el Partido Socialista y el Partido Popular- colonizó de manera sistemática todos los órganos de contrapoder. Lo vimos con los consejos de administración de las cajas de ahorros, lo vimos con los órganos reguladores, lo vimos con los fiscalizadores de los partidos políticos, como el Tribunal de Cuentas, lo vimos con el sistema judicial, lo vimos también en los ayuntamientos cuando se nombraba a los secretarios e interventores que tenían que


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decidir a quién investigar y cómo controlar las recalificaciones y las trampas que hacían muchos ayuntamientos, que después han resultado en terribles casos de corrupción. ¿Qué pasa cuando esos contrapesos, esos checks and balances desaparecen? Si el presidente del regulador financiero, el señor que preside el Banco de España, es un amigo tuyo, probablemente pondrá pocos palos en las ruedas a tus planes como Gobierno y limitará poco los excesos del sector financiero; si los consejos de administración de las cajas están impregnados de políticos, muchos de ellos sin ningún conocimiento de finanzas, simplemente porque han formado parte de un partido político, entonces lo más probable es que se den créditos a amigos y que lógicamente no haya control interno sobre los excesos que se tienen en un balance de una caja de ahorros, por ejemplo; si los que tienen que fiscalizar el funcionamiento del Gobierno también son tus amigos, lo más probable es que las trampas y la corrupción emerjan como hicieron de forma masiva en España durante los años del boom; si los que están en los ayuntamientos tienen que controlar qué pasa con los contratos y son también tus amigos, entonces no se fiscaliza, y ustedes hacen trampas y se repiten y multiplican los casos de corrupción hasta que se van deteriorando y pudriendo las instituciones.

España -he sacado un gráfico que salía el otro día en Cinco días- (lo muestra) es el tercer país del mundo donde más altos cargos cambian cuando llega un nuevo Gobierno, el tercero solo por detrás de Chile y Turquía. Llega el partidito de turno y todos los que mandan -los secretarios de Estado y los que vienen después, los directores generales- son todos nuevos y todos del partidito. Explica Víctor Lapuente, un amigo común que es investigador en el instituto de Göteborg sobre buen gobierno, que es imprescindible que haya un equilibrio entre la Administración y los políticos. La Administración se preocupa por el buen hacer, por el quehacer a largo plazo de la Administración, y los políticos tienen unos incentivos normalmente más cortoplacistas. Por eso ese equilibrio debe mantenerse, para que se controlen mutuamente. Si los políticos y los partiditos invaden y colonizan las instituciones y la Administración, ese contrapoder desaparece y entonces se deterioran las instituciones y la calidad democrática.

Eso mismo es lo que dicen los funcionarios. La semana pasada salió un informe muy importante de Fedeca, de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en el que se quejan precisamente de que el 95 % de los cargos en España cambia cuando llega un nuevo Gobierno, exactamente lo que ha pasado ahora -cuando se suponía que venía el Gobierno del cambio- cuando ustedes han llegado al Gobierno. Sacamos el turnismo del bipartidismo: sacamos a los tuyos y ponemos a los míos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Eso afecta al personal asesor de confianza del ministro, a los secretarios y subsecretarios de Estado, como decía, y a la mitad de directores generales. Es una excepción, una anomalía en Europa y es parte del problema gravísimo que tenemos con las instituciones, y del desprestigio brutal que hemos sufrido estos años los políticos en este país. Los funcionarios -no ciudadanos- están pidiendo a gritos que se regule el acceso meritocrático, competitivo, con concurrencia, abierto, moderno para acceder a altos cargos con una responsabilidad enorme. Nosotros hemos propuesto varias iniciativas que luego abordaré a este respecto.

¿Saben qué decía el señor Sánchez unos meses antes de entrar en el Gobierno, bueno, de hacer esta moción de censura, en una conferencia en Orihuela? Decía: Yo quiero que el nuevo Partido Socialista premie realmente la meritocracia y no el enchufismo. Eso decía el señor Sánchez cuando todavía era candidato. Pues bien, hoy el 44 % de los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista están enchufados en cargos públicos. (Aplausos). Déjeme que le dé algunos ejemplos de cómo el Partido Socialista, exactamente igual que hizo el Partido Popular en el pasado, se ha dedicado en menos de cien días a colocar a todos los amiguetes en lugares donde puedan estar bien remunerados. El señor Berlanga, que no tiene nada que ver con el director de cine, ex vicesecretario general del PSOE en la Comunidad Valenciana, ahora gana 210 000 euros como presidente de Enusa, que es la Empresa Nacional del Uranio. En su currículum dice que fue gerente de la Fundación Deportiva Municipal en el Ayuntamiento de Valencia y es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Hasta aquí está bien. Pero el problema es que Enusa gestiona el suministro de uranio enriquecido a las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas, los servicios de conversión, de enriquecimiento y la logística de los movimientos de uranio desde su lugar de origen hasta la entrega del uranio enriquecido a las fábricas de combustible. Lo lógico, señora Batet, es que en un país avanzado el señor que preside una empresa tan importante, de un tema tan delicado como son las cuestiones nucleares y el uranio enriquecido, sepa algo de energía o de gestión. (Aplausos). ¿Se imagina usted que tuviéramos una crisis? ¿Se imagina que por una desgracia tuviéramos una crisis en un accidente con el uranio enriquecido? ¿Usted querría tener al frente de eso a este señor, que lo único que conoce


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es el Partido Socialista y las federaciones de municipios deportivas? ¿Esa es la regeneración que veníamos buscando, señora Batet?

Déjeme que le ponga otro ejemplo. Juan Manuel Serrano, el ex jefe de gabinete del señor Sánchez -todo muy respetable-, ahora es presidente de Correos. Su carrera la ha desarrollado en su mayor parte en la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora dirige una empresa en un sector enormemente disruptivo, con una competencia brutal, entre otras cosas por la emergencia de macroempresas multinacionales como Amazon. Es la empresa que tiene más trabajadores de toda España, 50 000 trabajadores en manos del señor Serrano. Ha tenido pérdidas enormes en los últimos años. Es dinero público. ¿No podría tener el Gobierno español a una persona competente, con una competencia abierta para poder acceder con mérito y tener al mejor preparado para dirigir Correos en la transformación necesaria que tiene que hacer? ¿Es esa la regeneración que viene a traer el Partido Socialista, señora Batet?

Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista. No voy a decir su sueldo como presidente de Paradores Nacionales de Turismo. Actualmente Paradores Nacionales tiene una plantilla de 4400 personas, otro sector enormemente competitivo con gigantes globales que están lógicamente mejorando cada día. Toda la experiencia del señor López, con todo el respeto, es en los pasillos de Ferraz. ¿Es la persona más adecuada, según usted, señora Batet, para dirigir una empresa pública, para poder competir y renovar en los mercados? ¿O preferiríamos tener a una persona realmente preparada para dirigir la empresa importantísima de Paradores?

Con esto voy terminando. El señor Tezanos, señora Batet, cuarenta y cinco años en el Partido Socialista, el señor que le hacía las encuestitas al señor Sánchez. (Aplausos). Le ponen de presidente del CIS y sorprendentemente tenemos un cambio en la metodología del CIS y caen ustedes en intención de voto directa y suben ustedes de pronto en la estimación. (Aplausos). Ciudadanos sube en intención directa de voto y baja en la estimación. ¿En que siglo se creen ustedes que están? Vivimos en el mundo de Internet, la gente sabe de estas cosas. Ustedes no pueden colocar a los amiguetes al frente de las instituciones. ¿Sabe lo que consiguen, señora Batet? Desprestigiarlas, hundir el prestigio ganado durante años por trabajadores de verdad, por sociólogos que realmente se preocupan por el conocimiento público y ofrecen un servicio público que es el de las encuestas neutrales y de calidad, no el señor Tezanos. Si quieren ustedes encuestas para que les digan lo que quieren oír, lo que tienen que hacer es pagárselas ustedes. Yo no tengo por qué pagarles a ustedes las encuestas, señora Batet. (Aplausos).

Termino con un repaso de las iniciativas que hemos hecho para cambiar estas cuestiones en España. Ciudadanos tiene una ley bloqueada por el bipartidismo para despolitizar los nombramientos de los organismos reguladores. Llevamos un año y medio con eso -la CNMC, etcétera-. ¿No le parece suficientemente importante tener unos reguladores neutrales para que haya igualdad de oportunidades en el mercado, para que funcione la competencia y para que no haya abusos de mercado? Eso le debería preocupar al Partido Socialista, señora Batet. Hemos presentado también una ley para la independencia y profesionalidad de la Radiotelevisión Española. ¿Por qué ustedes no quieren hacer un concurso abierto y competitivo? Yo no quiero telePSOE ni TelePP; yo lo que quiero es una buena televisión pública para todos, señora Batet. (Aplausos). Hace dos meses, antes del verano, presentamos una ley para despolitizar el CIS. Creo que ya he hecho suficientes comentarios al respecto. Y este 19 de septiembre, hace solo una semana, presentamos una proposición no de ley para despolitizar la Administración pública y la necesidad de crear un estatuto del directivo público para asegurar la independencia y la meritocracia en el sector público. ¿Qué más tenemos que hacer, señora Batet, para que ustedes se tomen en serio la regeneración en este país?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Roldán, señorías, descalificar es gratuito, pero sus consecuencias para el sistema público son muy graves; al menos hay que ser consciente de ello cuando se sube a esta tribuna y se dice lo que se ha dicho esta mañana. Me habla de regeneración democrática, siendo usted del partido que vino aquí a regenerar la vida política y que mantuvo hasta el último segundo el Gobierno más corrupto que ha tenido


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este país. (Aplausos). ¿Usted me habla de regeneración? (Aplausos). Señor Roldán, creo que es bueno respetar a las personas, es bueno que nos respetemos entre nosotros y creo que citar con nombres y apellidos a determinadas personas simplemente para mancillar su reputación, su prestigio, su mérito o su capacidad no es un buen camino para mostrar ese respeto que todos nos debemos. (Una señora diputada: ¡Ahora!-Rumores). Y no se preocupe, ya hemos recuperado Radiotelevisión Española para los ciudadanos y ciudadanas de este país, señor Roldán; ya hemos recuperado Radiotelevisión Española. (Aplausos).

En su interpelación -y leo textualmente- se refieren a que un cambio de Gobierno conlleva, naturalmente -lo dice la propia interpelación-, nuevos nombramientos para dirigir la acción de Gobierno: ministros, secretarios de Estado y subsecretarios. En efecto, dirigir la acción de Gobierno, que es lo que tiene que hacer el Gobierno, reclama ministros, secretarios de Estado y subsecretarios. Y si a esos cargos les sumamos los directores generales -a los que me referiré luego en detalle-, terminamos por completo con los cambios en la Administración, señor Roldán. No hay más, no hay más cambios. Por debajo estamos hablando de funcionarios que en su más amplia mayoría se mantienen en todo cambio de Gobierno por el simple hecho de que no son puestos de libre designación; se mantienen con todo Gobierno, cambie de color o se mantenga el mismo color político. Podrían cambiar los subdirectores generales, que sí son de libre designación, pero no lo hacen normalmente. Los cambios en subdirectores derivados de un nuevo Gobierno son muy limitados, por no decir ínfimos, casi nunca relacionados con una opción política sino con vacantes y, desde luego, lo han sido con este Gobierno, con el Gobierno del presidente Sánchez. Señorías, cuando entra un nuevo alto cargo, un ministro o un secretario de Estado, no cesa a nadie del personal del gabinete, porque lo que se encuentra son puestos vacantes. Cambia, por tanto, no porque lo decida el Gobierno de turno sino porque simplemente así lo establece la ley y porque es lógico, porque son el equipo de confianza que asesora al alto cargo, que no toma por sí decisión alguna, sino que le ayuda a contrastar las propuestas que le llegan de la Administración y a asumir su función de dirección política. Los gabinetes de subsecretarios y directores generales también cambian, pero no mediante el cese y nombramiento de nuevos empleados públicos, sino con el retorno de quienes ocupaban el puesto o plaza de funcionario y el acceso de otros funcionarios a esos gabinetes. No hay nuevos sueldos públicos ni nuevos empleados, hay exclusivamente cambios de destino.

La Administración General del Estado no cambia, señor Roldán, no se ocupa, en ella no se cesa masivamente, sino que se mantiene y, además, con una alta profesionalidad. Hace mucho que superamos la figura del cesante o el cambio completo en la Administración a cada cambio de Gobierno. Cambia exclusivamente el alto cargo -ese que ustedes llaman natural en su misma interpelación- y sus asesores más directos por el efecto automático que le indicaba. Los directores generales cambian también pero ya no en su totalidad, sino en porcentajes elevados. Esto sucede en España y en la mayor parte de países, por otro lado. No es un cambio libre, el nuevo designado debe ser, salvo especiales excepciones, funcionario, debe hacer público su currículum, debe cumplir con las obligaciones de declaración de bienes y actividades y está sometido a control político. Esto supone que todo el personal que tiene la condición de alto cargo es, en su mayoría, funcionario de carrera y, en todo caso, son seleccionados por su profesionalidad y su experiencia. Los nombramientos de los responsables de empresas públicas se han llevado a cabo siguiendo escrupulosamente la normativa pública y la legislación mercantil. El consejo de administración ha tomado las decisiones pertinentes, sobre todo la de la autorización, y en todos los casos se han mantenido las condiciones contractuales que tenían los predecesores en el cargo. Por último, se han publicado los correspondientes currículums en la web corporativa de cada sociedad.

Con respecto a la interpretación de los datos ofrecidos por la OCDE, extraídos del informe Government at a glance, del año 2017, que usted conoce bien, de los mismos se desprende que únicamente son los puestos de confianza y asesoramiento de los ministros así como los altos cargos de la Administración, de acuerdo con la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los puestos que cambian en mayor porcentaje; lo cual encaja con la necesidad de realizar nuevos nombramientos para dirigir la acción del Gobierno. Insisto, es una función constitucional del Gobierno dirigir la acción política.

Tomando en consideración los mandos intermedios, subdirectores generales y subdirectores generales adjuntos, de carácter más técnico, se puede observar que los porcentajes caen drásticamente. En este último caso, España se sitúa cómodamente en la media de los países de la OCDE, alejándose de esas comparaciones que a ustedes les escandalizan con Turquía y Chile, comparaciones que usted sabe muy


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bien que no se corresponden con la realidad. Señor Roldán, usted es un economista riguroso y de prestigio y sabe que solo se pueden comparar cosas homogéneas, no se pueden comparar cosas distintas.

Señorías, la situación en España respecto al relevo de cargos en la Administración pública no puede considerarse fuera de las prácticas de nuestro entorno más inmediato ni alejada de las actuaciones de los países de la OCDE. Nada de lo que ha hecho en esta materia este Gobierno es distinto, como se dice, a lo que han realizado los Gobiernos anteriores y se debe única y exclusivamente al lógico y necesario relevo en la dirección de los diferentes departamentos para llevar a cabo políticas distintas, señor Roldán, porque dirigir la acción política de un Gobierno requiere esa dirección en nuevos nombramientos para hacer precisamente políticas distintas. Todo ello, por supuesto, con pleno cumplimiento de los requisitos que establece el ordenamiento jurídico y bajo el control jurisdiccional de los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

En resumen, señorías, si lo que quieren es plantear la necesidad de reconsiderar la política de empleo general en la Administración y ver cómo modernizamos nuestras administraciones públicas, les doy la bienvenida y les anuncio que el secretario de Estado de Función Pública ha iniciado ya los trabajos para ello. Si lo que creen es que tenemos una Administración politizada y llena de nombramientos hasta los niveles más bajos, afirmo que se equivocan rotundamente. Si lo que quieren es sumarse a una descalificación genérica e injustificada de la Administración española, no me encontrarán en ese camino, primero, porque tiene difícil explicación; segundo, porque sus consecuencias son muy negativas para todos, y en tercer lugar, porque es absolutamente falso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.

Señora ministra, el problema es que no lo digo yo, señora Batet, no es que Ciudadanos piense que España y el bipartidismo han colonizado las instituciones de manera sistemática durante los últimos cuarenta años; el problema es que, como reacción a la colonización última y a la invasión que han hecho ustedes en los últimos cien días, con más de quinientos -repito, con más de quinientos- enchufados, ha tenido que salir Fedeca, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado a decir que es urgente el desarrollo -cito literalmente- y regulación de la figura del directivo público como garantía de profesionalidad, imparcialidad e independencia del poder político. Para Fedeca, que es el representante de los cuerpos superiores de la Administración, disponer de un marco regulador de la figura del directivo público permitiría fortalecer la neutralidad política de los altos funcionarios, delimitaría las fronteras entre la política y la Administración y favorecería la rendición de cuentas en los puestos de alta dirección.

No se engañe, señora ministra, tenemos un problema muy grave con la politización. La razón de que ustedes lo hayan hecho toda la vida no es suficiente para justificar que eso sea normal, y le acabo de enseñar el gráfico en relación con el resto de países de la OCDE. Hay un abuso sistemático para enchufar a políticos en altos cargos de la Administración; pasa en la Administración General del Estado a nivel de Gobierno y pasa en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay ayuntamientos, señora ministra, en los que hasta el jardinero depende de la voluntad política y el nombramiento del politiquillo de turno. Tenemos que ser serios y respetar lo público si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo confío, señora Batet, en que usted tiene genuinas intenciones de hacer cosas buenas por este país, pero para eso hay que imitar las buenas experiencias de otros países, hay que garantizar que se respete un equilibrio entre la Administración y los políticos, que juegan su labor y es muy importante, pero tienen que jugar su labor, no la de la Administración. Tiene que haber un contrapeso que ustedes se han saltado a la torera, señora Batet.

Insisto, hemos presentado muchas iniciativas en este sentido. Tenemos y tienen ustedes bloqueada una ley para la despolitización de los organismos reguladores; esperemos que no venga otra crisis antes de que eso haya sucedido. Quiero tener al mejor -al mejor- al frente del Banco de España, quiero tener al mejor al frente de los organismos reguladores para poder asegurarme de que identificamos los riesgos a tiempo y no volvemos a taparnos las vergüenzas, como hicimos en la última crisis. Quiero que el sistema judicial sea realmente independiente y pueda juzgar casos de corrupción cuando toque. Quiero que las instituciones, señora Batet, hagan su función y dejen de servir a los privilegios de los políticos y dejen de servir a los privilegios del Partido Socialista, del PP y del turnismo tradicional. En este país necesitamos


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un nuevo periodo para tomarnos en serio que las instituciones son de todos, señora Batet, no son de los partidos de turno que gobiernan.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, presidenta.

Señor Roldán, el Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla el estatuto del directivo público o la evaluación del desempeño, fueron aprobados precisamente por un Gobierno socialista. Celebro que usted loe y ponga en valor precisamente las normas que aprueban Gobiernos socialistas. Usted no ha venido a defender ni a los funcionarios públicos ni la profesionalización de la Administración pública ni los servicios públicos. No hay purgas de funcionarios en nuestra Administración. La Administración General del Estado -se lo he dicho antes- no se ocupa por empleados públicos distintos cuando cambia un Gobierno; se gobierna con los mismos funcionarios, con los mismos empleados públicos, señor Roldán. Toda su intervención se desliza hacia un ataque a lo público en general, a empequeñecer el Estado y a proponernos, como todos los neoliberales, modelos gerenciales. Se lo voy a decir claramente: la Administración General del Estado no está politizada. (Aplausos).

Yo sí que he venido a defender a los empleados públicos y el papel de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas son una auténtica máquina de producir igualdad, y los socialistas siempre cuidaremos los instrumentos que nos permitan hacer eso, política de equidad. Porque una Administración pública fuerte lo que hace es garantizar los derechos de los ciudadanos, una Administración pública fuerte lo que hace es garantizar el desarrollo de los servicios públicos y, sobre todo, una Administración pública fuerte lo que hace es generar confianza entre los ciudadanos en sus instituciones públicas. La Administración que ustedes pintan y la Administración real no tienen nada que ver, y en este Gobierno, señor Roldán, ni los fiscales reciben instrucciones ni los funcionarios son cesantes ni los directores generales son los compañeros de pupitre de nadie. La Administración General del Estado, insisto, no se ocupa, es profesional.

Ahora bien, si usted me dice que la Administración pública tiene necesidades y problemas y la política de personal también, yo estoy de acuerdo y estoy a su disposición para afrontar problemas reales y buscar soluciones reales. No me esperen para denigrar a quien no lo merece y echar piedras sobre nuestro propio tejado, sobre el tejado del Gobierno, del Gobierno de España. No me esperen para dañar y desprestigiar las instituciones públicas.

Le voy a decir una cosa, y con esto termino. Señor Roldán, no hay oposiciones a ministro. Para ser ministro hay que llegar al Gobierno (aplausos), y a ustedes cada día los veo más lejos de eso. En cualquier caso, si algún día llegan, yo le recomendaré que se quede con los altos cargos que yo he nombrado porque son excelentes profesionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER CUÁNDO VA A DIMITIR LA MINISTRA DE JUSTICIA Y EN CASO DE NO HACERLO, QUE SE ACUERDE SU CESE DE FORMA INMEDIATA. (Número de expediente 172/000143).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata. Para su defensa, tiene la palabra la señora Bonilla Domínguez.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

Señora Delgado, la verdad es que no pensé que usted hoy estuviera todavía manteniéndose en el puesto de ministra del Gobierno de España. Sinceramente, con todo lo que está ocurriendo, no puedo entender cómo usted sigue manteniéndose en un puesto en el que está haciendo un enorme daño a la justicia española y un enorme daño a nuestro país. (Aplausos).


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Desde que nosotros registramos la solicitud de esta interpelación para pedir una vez más su dimisión hasta hoy han ocurrido muchos hechos y graves, y le pregunto a usted, señora Delgado, por dignidad, cómo es capaz de no dimitir. Mire, yo creo sinceramente -y se lo digo con respeto-, que a usted la están utilizando, la están intentando mantener para sujetar a un Gobierno que nació mal porque no nació de la voluntad de los ciudadanos españoles, su presidente no fue elegido por los ciudadanos españoles. (Rumores.-El señor Zaragoza Alonso: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?). Pero, además, señora ministra, usted está haciendo un daño enorme y la están manteniendo para sujetar a este Gobierno que, repito, es inviable. Pero ya veo que ni por dignidad ni por respeto ni escucha ni actúa en consecuencia por el interés general de España.

Mire, la verdad es que hoy resulta difícil reconducir un tema por los últimos acontecimientos, pero es necesario que todos sepamos por qué el Grupo Parlamentario Popular, desde la responsabilidad, tiene que pedir y vuelve a reiterar la dimisión de la ministra de Justicia. Por un lado, los hechos comienzan con la interposición de una demanda civil en un juzgado belga contra el magistrado del Tribunal Supremo Llarena, el magistrado que instruye un proceso penal contra los políticos independentistas prófugos de la justicia española. Ante esos hechos, que suponían de una manera clara una demanda instrumental para poner en cuestión o en tela de juicio la jurisdicción española y el respeto de los derechos en nuestro país, ante esa actitud tan grave, el Gobierno de España y, de manera concreta, la ministra de Justicia, no hizo absolutamente nada. Desde el 10 de julio, que tiene conocimiento de la interposición de la demanda, hasta el 30 de agosto no hace absolutamente nada ni en defensa de la soberanía ni en defensa de la jurisdicción de nuestros tribunales ni en defensa del magistrado Llarena; y eso es conocido por todos.

Señora Delgado, el día 11 de septiembre, en comparecencia en la Comisión de Justicia en el Congreso, usted dijo, hablando sobre esta demanda civil, que era compleja, y que lo era porque tenía tres elementos: un elemento que había que analizar, un elemento técnico y de estrategia del Estado, un elemento político y un elemento de comunicación. Y ahí ya su subconsciente le traicionó. Mire, señora ministra, en este asunto no hay ningún conflicto ni ninguna cuestión política. Nosotros estamos ante una demanda civil que interponen unos señores que se han querido saltar la ley en España, que han intentado dar un golpe de Estado y que han intentado ir contra nuestro Estado de derecho y contra la Constitución. Frente a eso, lo que se requiere es la actuación de la justicia porque además hubo también un ataque directo a la jurisdicción española ya que esa demanda se interpone en un tribunal extranjero, en este caso belga. Y ante eso, usted no hizo nada. Y eso no es una cuestión política, es una cuestión de legalidad, de defensa del Estado de derecho, de defensa de nuestra Constitución y de defensa de nuestros magistrados, del servidor público que estaba defendiendo la integridad y la unidad España. Pues bien, que los señores que se saltaron o intentaron saltarse la ley fueran políticos independentistas no añade ni quita nada a la calificación delictiva de ese hecho y, por tanto, no debería de añadir nada a las dudas del Ministerio de Justicia a la hora de actuar.

El segundo elemento es el de la comunicación. Es verdad, señora ministra, que usted ya ha cesado a dos jefes de comunicación, directores de comunicación. No se puede escudar en todo para eludir su responsabilidad. Por mucho que usted expulsara o cesara a su jefe de comunicación, en el comunicado del día 23 quedaba muy claro que ustedes, en todo caso, defenderían la jurisdicción española y que de ninguna manera asumirían la defensa del magistrado Llarena. De eso no le puede usted hacer responsable a ningún periodista ni a ningún jefe de comunicación; la responsabilidad es íntegramente suya. Tampoco puede hacer responsable con el segundo cese de que ante los acontecimientos con el comisario Villarejo y con las noticias que han aparecido usted rectifique cuatro o cinco veces sobre si le conoce, sobre si no, sobre la calidad o la condición de esa amistad. Señora ministra, tampoco es una cuestión de comunicación.

Luego dice que es una cuestión de estrategia de Estado y también técnica. Mire, con la Constitución en la mano, en nuestro Estado de derecho la única estrategia que cabe es el cumplimiento de la ley. Ahí no tiene que tener usted ninguna duda; cumplir la ley, esa era la estrategia que tenía que haber tenido usted. Y con respecto a la cuestión técnica, no puede alegar -que lo alegó en la Comisión- que usted, en un exceso de celo y de profesionalidad, intentó ver qué era lo más conveniente para el interés de España, porque usted tiene el escrito del Presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial desde el día 10 de julio en el que le comunica los hechos, pasando por los informes de la Abogacía del Estado de 31 de julio y 17 de agosto y pasando también por el informe del 17 de agosto, en el que se comunica el amparo al magistrado Llarena, y en todos ellos la unanimidad es clara: se debe defender la jurisdicción española y se debe defender al magistrado Llarena. Pero usted tampoco actúo. Por tanto, escudo ninguno. El resultado es que usted como ministra de Justicia no defendió


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como debería haber defendido a nuestra jurisdicción, no defendió la soberanía y no defendió a nuestro magistrado del Tribunal Supremo. -Ni ustedes tampoco-. Y lo que es importantísimo y gravísimo: usted mintió en sede parlamentaria al decir que había estado defendiendo desde el minuto uno la soberanía, la inmunidad jurisdiccional y a nuestro magistrado. Eso no es cierto y usted faltó a la verdad.

A la vez de esto, tenemos conocimiento por los medios de comunicación de que en una causa que se está instruyendo en la Audiencia Nacional aparece su nombre en una anotación del comisario Villarejo, un señor que está en prisión preventiva, sobre una supuesta reunión suya -en una causa que se está investigando en la Audiencia Nacional- con el también exmagistrado Baltasar Garzón -que también está inhabilitado como juez-. En esas anotaciones pone que la audiencia está investigando esos hechos. Ante una situación tan grave que afecta a la ministra de Justicia del Gobierno de España, los ciudadanos esperábamos una explicación rápida de cuál había sido su intervención -entonces usted era fiscal de la Audiencia Nacional-, dando explicaciones de cómo estaba implicada en ese asunto investigado por la Audiencia Nacional. Lo que nos encontramos a raíz de esas noticias es, primero, un comunicado del Ministerio de Justicia en el que dice que la ministra -entonces fiscal- no ha tenido relación ninguna con este señor ni cerró reunión y que no le conocía de nada. Una hora y media más tarde, la señora Delgado en un acto rectifica y dice que no ha tenido ninguna relación profesional sobre algún asunto del excomisario Villarejo que estuviera bajo su dirección, mientras ella era fiscal de la Audiencia Nacional. A las veinticuatro horas en otro comunicado se dijo que no había relación, pero que pudieron coincidir en algún acto. Y este lunes todos podíamos escuchar unas grabaciones que se habían filtrado en las que quedaba demostrado de manera clara que usted, el señor Villarejo y el señor Garzón tienen una relación fluida y de amistad, porque eso lo hemos escuchado todos. Lo que demuestra de manera clara y rotunda que usted mintió. El día que se filtraron las grabaciones se emite un nuevo comunicado en el que dice que han tenido reuniones mientras era fiscal en tres ocasiones. Eso demuestra su mentira absoluta sobre todas esas rectificaciones.

Señora Delgado, no voy a hacer ninguna valoración sobre lo que hemos escuchado todos los españoles porque eso pertenece a unas grabaciones en una comida privada y no voy a entrar. Pero, es verdad que usted misma ha hecho comentarios públicos sobre esas grabaciones intentando también rectificar, comentarios que afectan a un compañero que se sienta en el Consejo de Ministros con usted. Son unas grabaciones aludo a ellas no porque salga en las grabaciones, sino porque las ha mencionado usted- que la dejan a usted en muy mal lugar como persona pero también como ministra. (Aplausos). Señorías, sinceramente, me parece que ha quedado claro que usted ha mentido. Ha quedado claro que usted pertenece a un Gobierno en el que hasta ahora está valiendo todo, lo último era lo de la enmienda fraudulenta para saltarse la soberanía del Estado, los viajes del presidente, la tesis del presidente Sánchez. (Rumores). Quiero decir una cosa y es que cuando se demuestre si ha habido plagio, el plagio es engaño y el plagio es fraude. (Protestas y rumores). Comprendo que usted está en ese Gobierno, pero le voy a decir una cosa: usted, señora ministra, es servidora pública. Lo del ministerio al final es una cosa circunstancial, pero usted es fiscal, y por tanto es servidora pública. Los ciudadanos de España no se merecen alguien que genere esas dudas y esa falta de credibilidad porque de la justicia dependen muchas vidas, muchas circunstancias personales y económicas de muchos ciudadanos.

Usted con su actitud no solo está poniendo en tela de juicio al Gobierno, que desde luego pertenece a un Gobierno que ya está puesto en tela de juicio, sino también al propio mundo de la justicia. Por eso yo le decía al principio que por dignidad usted tiene que dimitir (aplausos), usted tiene que emitir de manera contundente.

Le voy a decir una cosa, cuando usted se vaya, recomiéndele al señor Sánchez -o lo hago yo desde aquí- y recomiéndele a su sucesor que en España con la Constitución ni inmunidad ni impunidad ni desde luego ningún trato de favor, y menos indulto para los golpistas.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora Bonilla, le repito y ya se lo adelanto, no voy a dimitir. (Aplausos). No voy a dimitir por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de seis años de parálisis política (rumores) este Gobierno está trabajando por la ciudadanía. Usted ha manifestado que soy servidora pública por ser fiscal. No, no se equivoque, soy servidora pública porque soy ministra del Gobierno de España. (Aplausos). Porque este Gobierno tiene la decencia de trabajar por los ciudadanos, porque este Gobierno no ha


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quedado paralizado por causas de corrupción y por una corrupción sistémica y constante. (La señora Blanco Garrido: ¡Andalucía!-Rumores.-Aplausos). Señoría Bonilla, le voy a contar algo que le importa a la gente porque quiere oír qué estamos haciendo por la ciudadanía. (Rumores.-La señora Vázquez Blanco: ¡Garzón!).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

Señora Vázquez, por favor. Silencio.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): No sé qué gritan.

En menos de cien días el Gobierno de España ha puesto en funcionamiento un Ministerio de Justicia que estaba paralizado, donde había una sordera a las asociaciones judiciales, fiscales, abogados, procuradores, registradores y notarios; los operadores jurídicos no tenían interlocutores en el Ministerio de Justicia. En menos de cien días nos hemos reunido con todos los operadores jurídicos, con todas las asociaciones, hemos reiniciado las negociaciones, hemos puesto en marcha todos los grupos posibles de trabajo para mejorar la justicia, hemos arrancado un plan de calidad, que supone que nuestros funcionarios, nuestro equipo se está recorriendo España entera para alcanzar esa justicia del siglo XXI que ustedes en modo alguno han pensado siquiera, porque la gente quiere que el Gobierno trabaje y que deje de tener problemas con la corrupción. Hemos puesto en marcha la mesa de retribuciones, que se reúne mañana; mañana se reúne la mesa de retribuciones que desde el año 2003 tenía que haberse reunido y que mi antecesor no convocó.

Nosotros hemos arrancado algo que es fundamental, que es un plan de transparencia de la justicia, y le voy a decir en que consiste. Consiste en que aquellos puestos de libre designación no sean digitales, señora Bonilla, que no se coloque al que más interese o convenga por una determinada adscripción ideológica o política o porque nos vaya bien para el siguiente problema de corrupción que pueda surgir. No, señora Bonilla. Vamos a nombrar a los que más y mejor puedan representar a España, porque España tiene un serio problema de imagen en Europa en cuanto a la justicia que nos está trayendo muchísimas consecuencias, y ustedes lo saben. Ahí fuera tiene que estar nuestra mejor gente, que defienda a España y que defienda a la patria como merecemos. Por eso, ya tenemos elaborada la orden ministerial de selección de los candidatos a la Fiscalía Europea. ¿Se lo explico, señoría? La Fiscalía Europea, la que va a investigar casos de corrupción, por ejemplo. Tenemos ya preparado el censo de inmatriculaciones sobre los bienes de la Iglesia católica para su publicación en la forma y en la manera que proceda. (Protestas.-Aplausos). Tenemos preparado ya un real decreto para mejorar la imagen de la justicia española con, por ejemplo, los magistrados de enlace, estos que tienen que actuar en Francia, en el Reino Unido, también en Bélgica y, seguramente, en otros países, en aquellos espacios donde nosotros tenemos que actuar como y a la altura que merecemos.

Cuando llegamos no existía un plan de modernización ni de desarrollo tecnológico adecuado. Los operadores jurídicos se estaban quejando de la falta absoluta de previsión tecnológica en justicia. Pues esta ministra, el Gobierno socialista, ha creado la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico. Esta dirección general es la que pretende poner a la justicia en el lugar que nos corresponde, en esa justicia del siglo XXI. Estamos elaborando, como le decía anteriormente, el plan de calidad. Estamos convocando a grupos de trabajo para afianzar el proceso de implantación del expediente digital, porque ¿usted sabe lo que ha pasado con esto?, que lo hemos tenido que parar, ya que era una locura desarrollar una justicia digital sin contar con los jueces, con los fiscales, con los operadores jurídicos. Es así de triste. No se ha desarrollado la oficina judicial; no se ha desarrollado la oficina fiscal; no se ha desarrollado una oficina realmente adaptada a las necesidades de la ciudadanía; no se ha contado con los letrados de la Administración de Justicia. Eso lo estamos haciendo día a día en el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, estamos convocando a grupos de trabajo con las asociaciones sindicales, porque no solamente los jueces, los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, sino los funcionarios de tramitación, los funcionarios públicos, deben tener un hueco importante en el Ministerio de Justicia. Y ahí estamos, señora Bonilla, haciendo justicia; y eso también está dentro del Ministerio de Justicia. Hemos desarrollado relaciones con abogados, con procuradores, como decía anteriormente, con los registradores, con los notarios. Estamos creando comisiones mixtas con las comunidades autónomas.

Estamos haciendo algo que es fundamental y que ustedes, además, impidieron: la posibilidad del desarrollo legislativo. Estuvieron poniendo palos en las ruedas de reformas tan importantes como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que era y es fundamental para jueces, para magistrados y para fiscales. ¿Por qué? Porque el anterior ministro Gallardón hizo una serie de modificaciones que perjudicaron


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considerablemente, por un trato desigual, a jueces, magistrados y fiscales, y ahora nos toca arreglar ese error, por llamarlo de alguna manera, esa equivocación. Pero ustedes no nos lo han permitido. Esta ministra ha tenido que ir reuniéndose aquí, en el Congreso, en el Parlamento, con todos y cada uno de los miembros de los distintos grupos para avanzar en el desarrollo legislativo y devolver, por ejemplo, a los jueces y los magistrados las licencias, los permisos que habían sido barridos y, además, de una manera completamente injusta. Estamos intentando desbloquear la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial pueda funcionar nuevamente en un sistema colegiado, transparente y esperamos también que con dedicación exclusiva de los vocales. Estamos convocando las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Señora Bonilla, estaba todo parado, había una parálisis en el Ministerio de Justicia, que estamos poniendo en marcha, avanzando y acelerando casi a una velocidad de tren de alta velocidad, en ese tren en marcha al que nos hemos subido. Hemos creado algo que venía siendo una reivindicación histórica para el ministerio fiscal: la cabecera en el Boletín Oficial del Estado. Ha puesto cara rara, no sé si sabe lo que es la cabecera en el Boletín Oficial del Estado. Pues yo se lo explico: el ministerio fiscal tiene la posibilidad de consultar todo aquello que afecta a los fiscales en el Boletín Oficial del Estado. Le aseguro que era solamente cuestión de trabajo, cuestión de ponerse a trabajar con el equipo y con la gente adecuada. Hemos convocado ya la segunda prueba este año 2018 de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogados. Tenemos desarrollados los trabajos -ya hay acuerdos- con el Consejo General de la Abogacía Española para la revisión de los baremos de asistencia jurídica gratuita. Hemos desbloqueado el pago de la deuda de salarios de tramitación, reduciendo la misma al 50 % al final del ejercicio 2018. Estamos en trámites de derogar el pernicioso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ustedes creían que podían aprovechar para esas terribles causas de corrupción que tienen. (Aplausos). Estamos trabajando, señora Bonilla, en perspectiva de género, creando consejos asesores de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estamos revisando delitos sexuales y estamos ampliando los trabajos para la adaptación al Convenio de Estambul. Estamos desarrollando medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos creado un observatorio para que las mujeres, desde dentro, nos digan cuáles son los problemas para alcanzar esta cúpula donde no nos encontramos las mujeres -cosas que a lo mejor a ustedes no les importan pero que a nosotros, a este Gobierno, sí le importan-. (Aplausos). Estamos revisando nuestra memoria histórica. Estamos teniendo una política en derechos humanos, creando secciones. Estamos trabajando, señorías, por España, por la ciudadanía y no para salvar causas como las que ustedes tienen, causas inconfesables.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Bonilla Domínguez.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora Delgado, mi gesto de sorpresa no era por desconocimiento, sino porque es inaudito que usted no haya sido capaz de contestar ni una sola de las cuestiones gravísimas que yo le he planteado aquí, pero ya estamos acostumbrados. (Aplausos). Esa es su otra parte de la estrategia: O miente o rectifica o no contesta. Esa es su estrategia.

Cuando quiera discutimos de lo que están haciendo ustedes por la justicia y de lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, y aquí tenemos a un gran ministro de justicia. (Aplausos.-Rumores). Sí, sí, cuando quiera discutimos, pero hoy no desvíe el tema. Usted habla de transparencia, habla de trabajar por los españoles...

No, señoría, ustedes lo que han demostrado desde que han llegado ha sido que están trabajando para sus intereses, empezando por el presidente Sánchez, y usted también para sus amigos. Lo que tiene que hacer usted aquí es dar, de manera muy clara y rotunda, las explicaciones que debe a este Parlamento, porque lo que usted hace supone una falta de respeto absoluta a este Parlamento. Usted tiene que dar explicaciones de lo que aquí se le requiere y no ha dicho nada sobre el magistrado Llarena y tampoco ha dicho nada sobre el señor Villarejo.

Además, curiosamente, como está hablando mientras yo estoy interviniendo, no se entera muy bien de lo que digo. Yo le dije que era cargo público y servidor público como ministro que era circunstancial y también como fiscal. Como ella no escucha, les voy a recordar a sus señorías lo que la señora ministra prometió el día 7 de junio ante la Constitución. Ella prometió por su conciencia y honor, con lealtad al rey


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y ante la Constitución, ser fiel a su obligación como ministra de Justicia y guardar y hacer guardar la Constitución, y se ha saltado la promesa.

Usted se ha saltado su obligación como ministra desde el momento en que no defiende la jurisdicción española, no defiende la soberanía y no defiende a nuestro magistrado del Tribunal Supremo. Usted ha faltado a la promesa del día 7 de junio desde el momento en que permite impasible que la vicepresidenta del Gobierno diga que tienen que salir de la cárcel los presos del procés que están en prisión preventiva, lo cual supone una intromisión intolerable en la independencia judicial. Usted está incumpliendo con su obligación como ministra desde el momento en que asiste impasible a cómo la delegada del Gobierno en Cataluña pide los indultos para los imputados por el procés si es que se produce la condena. Usted incumple su obligación cuando no defiende de manera clara a nuestros magistrados ni en el extranjero ni tampoco aquí.

Por cierto, decía que tienen el apoyo de todos los magistrados. Me gustaría saber si usted sabe lo que piensa el mundo judicial y lo que piensan los ciudadanos españoles del episodio que estamos viendo, pero sigo con los incumplimientos. Usted incumple la Constitución, porque en primer lugar no ha garantizado ni ha defendido la soberanía. Usted no defiende la división de poderes consagrada en nuestra Constitución, porque no está defendiendo la independencia judicial, y usted está faltando a su obligación de defender la Constitución cuando no defiende los intereses de los españoles y la unidad de España. Por tanto, lecciones sobre su condición de ministra no debería usted dar ninguna.

Además de todo eso, cuando surgen serias y turbias dudas sobre su persona y sobre su comportamiento como fiscal y como ministra, usted se permite decir que eso es un ataque al Estado; que primero fue hacia una persona y ahora es hacia su persona. No, señora ministra, el ataque al Estado es el que están llevando a cabo ustedes no defendiendo la unidad, no defendiendo la soberanía y, desde luego, no defendiendo la justicia y su credibilidad; credibilidad que usted ha empañado. (Aplausos).

Señora ministra, no sé cuánto servicio ha hecho usted a la justicia durante tantos años, pero sí sé el poco servicio que ha hecho a España. En cualquier caso, yo le voy a pedir honestamente aquí que haga un último servicio a la justicia, que haga un último servicio a los españoles y que haga un último servicio a España y dimita.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Dimisión, dimisión!-La señora Cantera de Castro, la señora González Veracruz, el señor Pradas Torres pronuncian palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.

Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia.

La SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Señora Bonilla, voy a arrancar por el final de su intervención. Usted ha hecho referencia al servicio... (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben). ¿Perdón?

La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos (protestas.-El señor Zaragoza Alonso: Pero bueno, ¡ya está bien!), silencio; silencio. (Continúan las protestas).

¡Silencio! ¡He dicho silencio, señorías! (Rumores). ¡He dicho silencio! (Varios señores diputados: ¿Ahora?-El señor Zaragoza Alonso: Silencio aquí y allí).

He dicho silencio. Repito, silencio para todas sus señorías, incluida la señora Villalobos.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.

Estaba diciendo, antes de que alguien gritara desde la bancada Popular, que hago referencia al final de la intervención de la señora Bonilla. Usted ha hablado de servicio público y lo ha hecho en referencia a mi condición de fiscal. Se lo agradezco. Soy fiscal, pero si ahora presto un servicio público es desde el Ministerio de Justicia porque soy ministra de este Gobierno, y eso sí que es un orgullo enorme. (Un señor diputado: De momento.-Aplausos).

Como servidora pública en mi anterior etapa, he sido fiscal durante treinta años, y le aseguro que no me he achantado con narcotraficantes ni con terroristas ni con corruptos ni desde luego con violadores de derechos humanos. Me he mantenido firme. Como ministra de Justicia, voy a defender el servicio público, la justicia y a la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias, y les digo una cosa: ni este Gobierno socialista ni esta ministra van a aceptar el chantaje de nadie. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


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Comparecí a petición propia en la Comisión de Justicia para explicar la actuación de esta ministra y del Gobierno de España en defensa de algo que es fundamental como cuestión de Estado: la inmunidad de jurisdicción y la soberanía de jurisdicción. Y dije al tiempo -no sé si usted estaba o no ni si se enteró o no sé entero- que ello conllevaba la defensa del juez Llarena en cuanto órgano que ejercía la jurisdicción. Y mire por dónde, señora Bonilla, el desarrollo de la vista que ayer se produjo en Bruselas va justamente en la línea que había adelantado la ministra de Justicia. ¿Y sabe por qué, señora Bonilla? (Varios señores diputados: ¡No!). Porque mi servicio público como fiscal y como experta jurídica me lleva a adelantarme exactamente a lo que usted ha dicho. (Aplausos).

Señorías, fíjense, he solicitado también una comparecencia para explicar otras cuestiones que pueden tener más que ver con aspectos de comunicación que con otros temas, pero la he solicitado y compareceré, y hablaremos y hablaré. Pero desde luego, repito -de esta manera finalizo esta intervención-, a este Gobierno que trabaja por la ciudadanía y a esta ministra que presta servicio público desde este ministerio donde defendemos la justicia, nadie, nadie nos va a chantajear. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las doce y treinta minutos del mediodía.

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