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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 151, de 25/09/2018
cve: DSCD-12-PL-151
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 151
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 144
celebrada el martes,
25 de septiembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de Garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 211-1, de 23 de febrero de 2018. (Número de expediente 122/000179) ... (Página9)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 233-1, de 16 de marzo de 2018. (Número de expediente 122/000205) ... (Página23)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.º y 131, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 58, de 25 de noviembre de 2016. (Número de expediente 162/000239) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa al diseño de una Transición Energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 407, de 7 de septiembre de 2018. (Número de expediente 162/000754) ... (Página38)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción. (Número de expediente 173/000104) ... (Página46)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), relativa al compromiso y acciones concretas del Gobierno con el futuro y el desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, sobre la base de los acuerdos contemplados en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 173/000105) ... (Página54)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado. (Número de expediente 173/000106) ... (Página61)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, y Declaraciones que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 197, de 27 de abril de 2018. (Número de expediente 110/000081) ... (Página69)

- Denuncia del Convenio europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente en partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 198, de 27 de abril de 2018. (Número de expediente 110/000082) ... (Página69)

- Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 200, de 8 de mayo de 2018. (Número de expediente 110/000083) ... (Página69)

- Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012, y Declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 201, de 8 de mayo de 2018. (Número de expediente 110/000084) ... (Página69)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho "ad referendum" en Túnez el 26 de febrero de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 206, de 1 de junio de 2018. (Número de expediente 110/000085) ... (Página69)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 207, de 1 de junio de 2018. (Número de expediente 110/000086) ... (Página69)

- Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre cooperación en materia de seguridad ciudadana, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 210, de 11 de junio de 2018. (Número de expediente 110/000087) ... (Página69)


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Declaración sobre la Cuenta General del Estado:

- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. (Número de expediente 250/000007) ... (Página71)

Solicitudes de creación de comisiones de investigación:

- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. (Número de expediente 156/000019) ... (Página78)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página85)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página86)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página87)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página88)

Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página89)

Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página89)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página9)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas ... (Página9)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno en contra y, en su caso, para fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de réplica intervienen los señores Cantó García del Moral y Miquel i Valentí.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página23)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Alli Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, e Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Botejara Sanz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.º y 131, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Telechea i Lozano.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa al diseño de una Transición Energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica ... (Página38)

Defiende la proposición no de ley el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Urquizu Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y García Cañal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Oblanca.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página46)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción ... (Página46)

Defiende la moción el señor López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posiciones el señor Campuzano i Canadés, del mismo grupo; Martínez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista, y Viso Diéguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor López de Uralde Garmendia.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), relativa al compromiso y acciones concretas del Gobierno con el futuro y el desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, sobre la base de los acuerdos contemplados en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ... (Página54)

Defiende la moción el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista; así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Salvador Armendáriz.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado ... (Página61)

Defiende la moción el señor Pérez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sorlí Fresquet y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Página

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página69)

Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, y Declaraciones que España desea formular ... (Página69)

Denuncia del Convenio europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente en partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985 ... (Página69)

Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018 ... (Página69)

Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, hecho en Ciudad del Cabo el 11 de octubre de 2012, y Declaración que España desea formular ... (Página69)

Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho "ad referendum" en Túnez el 26 de febrero de 2018 ... (Página69)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018 ... (Página69)

Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre cooperación en materia de seguridad ciudadana, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015 ... (Página69)

Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Maura Barandiaran, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Pons Sampietro, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Reynés Calvache, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página71)

Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... (Página71)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página78)

Solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor ... (Página78)

En turno a favor de la solicitud intervienen la señora Ballester Muñoz y el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Bel Accensi, en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página85)

Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas, se rechaza por 167 votos a favor más 1 voto telemático, 168, y 172 en contra más 4 votos telemáticos, 176.

Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se rechaza por 72 votos a favor más 4 votos telemáticos, 76; 137 en contra y 130 abstenciones más 1 voto telemático, 131.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página86)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.º y 131, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores, con la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se aprueba por 339 votos a favor.


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Sometida a votación por puntos la proposición no de ley Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa al diseño de una Transición Energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica, se aprueban los puntos 1, 2 y 3, y se rechaza el punto 4.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página87)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción, se aprueba por 202 votos a favor, 1 en contra y 135 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), relativa al compromiso y acciones concretas del Gobierno con el futuro y el desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, sobre la base de los acuerdos contemplados en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se aprueba por 251 votos a favor, 64 en contra y 15 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado, se rechaza por 166 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página88)

Sometido a votación el Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho "ad referendum" en Túnez el 26 de febrero de 2018, se aprueba por 297 votos a favor y 42 abstenciones.

Sometido a votación el Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre cooperación en materia de seguridad ciudadana, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio de 2015, se aprueba por 295 votos a favor y 43 abstenciones.

Sometidos a votación conjunta el resto de convenios que figuran en el orden del día, se aprueban por 326 votos a favor y 13 abstenciones.

Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página89)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión, se aprueba por 328 votos a favor más 5 votos telemáticos, 333 y 11 abstenciones.

Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página89)

Sometida a votación la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre las posibles


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responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor, se aprueba por 336 votos a favor y 3 abstenciones.

Se suspende la sesión a las diez y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE GARANTÍA DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES LINGÜÍSTICAS. (Número de expediente 122/000179).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cantó García del Moral.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, vamos a comenzar la tarde hablando de libertad y de igualdad. La igualdad es uno de esos valores superiores por los que mi partido ha peleado a menudo en esta Cámara. No estamos hablando de uniformidad, ya me adelanto a la respuesta que algunos de ustedes me darán. Pero desde aquí hemos tenido que repetir a menudo que la igualdad se había quebrado en algunas ocasiones y en algunos lugares de España. Lo hacíamos al hablar de financiación autonómica. Hay que recordar que, por ejemplo, hay diferencias enormes entre los recursos que pueden tener algunos ciudadanos en sanidad, educación o independencia dependiendo únicamente de cuál sea lugar de España donde residen. Lo hacíamos también cuando denunciamos la opacidad del cuponazo vasco. Por cierto, estamos especialmente contentos de que la justicia obligue a que, por fin, se haga la luz y podamos conocer todos (aplausos) cuáles son esos acuerdos a los que llegó el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista con el PNV. Gracias a que la justicia, repito, les ha obligado, no es una transparencia voluntaria, es obligada. Lo hacíamos también al hablar de justicia cuando, por ejemplo, denunciábamos los aforamientos, que convierten a los políticos en gente distinta, diferente y desigual respecto al resto de los ciudadanos. Cuando hablo de aforamientos, por favor, entiendan aforamientos como los defiende Ciudadanos, no como los defiende el doctor Sánchez, que hizo una especie de broma y unos aforamientos que no servían para lo fundamental, para la corrupción política. (Aplausos). Lo hacíamos también cuando hablábamos de indultos, por la eliminación de los indultos, no, como parece que está pasando ahora, por esa preparación que está haciendo el Gobierno del doctor Sánchez para sus socios golpistas. Lo hacíamos también cuando denunciábamos tantas veces desde aquí la imposibilidad de utilizar el castellano o el español en algunos lugares de España; el castellano, el español, la lengua oficial de nuestro país.

La libertad y la igualdad de los españoles no es que estén amenazadas, es que directamente no existen en algunos lugares y en algunas determinadas cuestiones en nuestro país. En circunstancias como esas, como las actuales, creemos que hemos de recuperar la normalidad de ese artículo 3 de la Constitución. El artículo 3, por un lado, sanciona que el castellano es la lengua oficial del Estado y que, por lo tanto, todos tenemos el deber de conocerlo y el derecho de usarlo, pero también reconoce la cooficialidad de otras lenguas; unas lenguas que se hablan en las comunidades autónomas y que son cooficiales, de acuerdo con lo que dicen sus estatutos. La protección de esas lenguas nos preocupa también, como patrimonio cultural, y es obligación de todos nosotros velar por su protección, pero esa convivencia, señorías, de vez en cuando no es respetuosa. En esa convivencia se han ido produciendo algunos abusos de los que hoy queremos hablar. Abusos que, por ejemplo, han producido que en el ámbito educativo en algunos lugares de nuestro país no se pueda utilizar alguna de estas lenguas, no se pueda utilizar el castellano o el español. Es un hecho -yo creo que nadie lo puede negar aquí- que el castellano, el español ha desaparecido en lugares como Cataluña, como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como el País Vasco o como Galicia. (Rumores.-Un señor diputado: ¿Desaparecido?). Yo entiendo que les moleste. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Entiendo que le moleste al PSOE. (Aplausos). Ya hemos visto cómo históricamente han cedido ustedes la competencia de la cartera de Educación en Cataluña -ya vemos cuáles son los resultados-, en la Comunidad Valenciana o en otros lugares, y así estamos como estamos. No nos cansaremos nunca de denunciar estos abusos que se han producido por los nacionalistas, pero nos parece importante recordar que se han producido porque el PSOE o el PP han contribuido a ello, porque el Partido Socialista ha cedido en todas estas comunidades autónomas la cartera de Educación o los medios públicos a Esquerra, a Compromís, etcétera, y porque el Partido Popular -permítanme decirlo- miraba para otro lado y desistía de forma desacomplejada a la defensa de nuestra lengua y, lo que es peor, ustedes dos han desistido en la defensa de la igualdad de todos los españoles. (Aplausos).

La ley que nosotros presentamos hoy incide en otro de los problemas que se ha creado en España, de nuevo por el empuje nacionalista, pero de nuevo también por la colaboración necesaria del bipartidismo. Desde Ciudadanos, porque creemos en una España de libres e iguales, queremos garantizar -de eso va lo que presentamos hoy- que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público. Mientras -por lo menos algunos- intentamos derribar fronteras hacia fuera, mirando a Europa, parece que otros, a nuestras espaldas, las están levantando dentro de España. En el Estatuto Básico del Empleado Público se contempla la necesidad de cuidar de las lenguas cooficiales en relación con la selección de los empleados; con nuestra ley, señorías, lo que pretendemos es completar dicho estatuto, precisar cuál es la naturaleza de esa exigencia y en qué proporción se puede establecer. Lo que pretendemos, en definitiva, es que el conocimiento de esas lenguas cooficiales sea un mérito -señorías, un mérito- y deje de ser un requisito, y que ese mérito se establezca, además, de manera transparente y en función del puesto o del empleo que se trate. Lo hacemos por dos razones: por igualdad -eso es lo que decía al principio-, pero también para garantizar la calidad de nuestros servicios, señorías, porque creemos que un trabajador español debe tener las mismas facilidades para desarrollar su carrera en cualquier parte de España y eso, gracias a las políticas de los nacionalistas, y gracias al PSOE y gracias al PP, por desgracia, ya no es así en nuestro país. (Aplausos).

Creemos que ese problema, esa quiebra del principio de igualdad que impide, por ejemplo, que un trabajador de, pongamos, Albacete pueda presentarse a una plaza en Cataluña o en Baleares, debe acabarse de una vez por todas, porque cuando eso sucede, hay muchos profesionales -está pasando, está pasando en Baleares, está pasando en Cataluña- que abandonan esos lugares al no poder presentarse, consolidar una plaza o promocionar para conseguir un mejor puesto y también porque cuando eso sucede, esos profesionales a quienes queremos proteger, sufren, pero también sufren los ciudadanos a los que dejan de atender. Para explicarnos: defendemos la libertad de movimientos de los trabajadores españoles en todo el territorio. (Aplausos). ¿De verdad hay alguien en esta Cámara que se pueda negar a esto? Señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, ¿alguien de ustedes se va a negar a este principio básico de libertad y de igualdad? No queremos que los mejores puedan dejar de venir, pongamos otro ejemplo, a la Comunidad Valenciana; nosotros queremos que vengan los mejores a la Comunidad Valenciana, a Cataluña o a Baleares y luego les facilitaremos las cosas para que aprendan esa lengua cooficial. Me gustaría poner varios ejemplos de lo que ha provocado la actuación del nacionalismo y de lo que ha provocado la complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista en nuestro país. Voy a empezar por algo que viene muy de lejos. Fíjense, voy a hablar de 1985 -¡1985!-, y de un telegrama que recibieron 12 000 maestros castellanoparlantes en Cataluña, dándoles un plazo de cinco días, señorías -¡cinco días!-, para pedir destino fuera de Cataluña; cinco días, un plazo nimio, un plazo cruel, un plazo en el que también los nacionalistas falsificaron, hicieron falsas instancias renunciando a que estas personas se quedaran en Cataluña, echando fuera a los que se negaban a una catalanización forzosa. Estas son las artes que utilizó el nacionalismo, la limpieza lingüística que se llevó a cabo. Y miren a dónde nos ha llevado todo esto, señores del PSOE, señores del PP, porque todo esto, no lo duden, está conectado. El PSOE estaba en el Gobierno de la comunidad, el PSOE estaba en el Gobierno nacional. Señores socialistas, no movieron un dedo para evitarlo. ¡Vergüenza, vergüenza! (Aplausos).

Hoy hay médicos que están teniendo que abandonar Mallorca por el tema de la inmersión lingüística. ¿Quiénes acaban perdiendo? Los profesionales, por supuesto, pero también los pacientes. La imposición del catalán deja a Ibiza sin su única neuropediatra. ¿Quién pierde? Pierde ella, pero también pierden los niños de la isla. En mi comunidad autónoma, Compromís, con la complicidad del PSOE de nuevo, con la


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complicidad de Podemos -que, como siempre, se pone al lado de los nacionalistas-, copia la fórmula balear, y pronto empezará la diáspora. Pronto los mejores del resto de España se verán excluidos de trabajar en nuestra tierra. (El señor Baldoví Roda pronuncia palabras que no se perciben). No se ría, señor Baldoví, no tiene ninguna gracia; se está riendo de ellos en este caso. (Aplausos). Profesores con años de experiencia, profesores que llevan años enseñando a nuestros hijos van a acabar siendo despedidos. Ya veo que se ríe de ellos. (El señor Baldoví Roda: ¡Eres un impresentable!). Pierden ellos, pero sobre todo pierden los niños valencianos.

Sé lo que me viene encima en el turno de réplica, especialmente me espero el derroche victimista del nacionalismo, de los ofendiditos profesionales. No espero nada distinto de ellos, pero sí espero que por una vez el PSOE nos escuche y el Partido Popular también. Les pido que sean valientes, que dejen de actuar al dictado de los nacionalistas, que piensen detenidamente en esos médicos funcionarios, votantes suyos, afiliados suyos, andaluces, extremeños, manchegos, de cualquier otro lugar de España a los que ustedes están permitiendo que se les impida trabajar en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Baleares. ¿Cómo les van a mirar a la cara si votan hoy en contra de esto? (Aplausos). Les pido que piensen en lo que eso significa y en lo que pierden. Le pido al PSOE, en definitiva, que reflexione y rectifique, que piense en lo que significa la O de obrero a la hora de defender a todos estos trabajadores (aplausos), en la E de España al defender la libertad y la igualdad de todos los españoles independientemente de dónde vivan. En fin, lo único que les pedimos a ambos es valentía. No se molesten, señores de Podemos, cuando ataco al PSOE; luego tendré para ustedes también. (Rumores.-El señor Mayoral Perales: ¡Sinvergüenza!).

Miren, bajo el Gobierno del Partido Popular acabó el castellano en las escuelas de Valencia. En muchos pueblos, en ciudades de la Comunidad Valenciana no se puede estudiar prácticamente ninguna asignatura en castellano gracias a ustedes, gobernando ustedes. Les pido valentía, les pido que rectifiquen, que apoyen lo que hoy traemos aquí. Miren, no quiero victimismos. Hoy en día las lenguas cooficiales gozan de una salud excelente. Nunca en la historia de este país tantas personas habían hablado valenciano, catalán, euskera o gallego en nuestras calles; debemos estar orgullosos de ello. Por eso, no nos van a asustar con su victimismo.

Quiero acabar con un ejemplo gráfico que explica bien lo que nosotros pretendemos y lo que ustedes quieren. Verán, recuerdo a un ciudadano vasco que hace ya bastantes años decidió posponer una colonoscopia porque quería que el médico que se la hiciera hablara euskera. A pesar de que este señor hablaba perfectamente castellano, decidió voluntariamente poner en riesgo su salud para que el médico que le practicara esa colonoscopia hablara euskera. No se preocupen ustedes, señores del PNV, señores de Esquerra, señores de Convergència i Unió, PDeCAT -o como se llame ahora la banda del tres per cent-, señores de Bildu o señores de Compromís, pueden ustedes esperar diez meses para que les practiquen esa colonoscopia; lo único que esperamos es que no nos obliguen al resto.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Mixto. Para hacer uso de ese turno o, en su caso, para fijar posición, tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, efectivamente, somos un grupo muy heterogéneo y, aunque utilizaremos el turno en contra, yo no lo haré.

Cuando el sentimiento nacionalista no encuentra un corpus histórico o una base nacional... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

He aclarado a sus señorías que ha pedido el Grupo Mixto el turno en contra y que hablará el Grupo Mixto con ese turno en contra en los minutos que tiene o fijando posición. Que quede claramente transcrito en el Diario de Sesiones. Creo que es lo que he dicho y lo que vuelvo a decir.

Continúe.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Así es, señora presidenta. Muchas gracias.

Decía que cuando el sentimiento nacionalista no encuentra corpus histórico o base nacional a los que acudir para reivindicar la diferencia, al menos en España, acude siempre a la lengua como elemento de


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diferenciación. En algunos casos, como en Navarra, los esfuerzos por extender el uso del vascuence ni siquiera se explican o justifican por razones estrictas de comunicación: desde luego, cuando la lengua pretende imponerse en lugares donde nunca se habló, cuando se excluye a quienes no la hablan o cuando se privilegia a quienes sí lo hacen en perjuicio de otros, aunque estos sean una inmensa mayoría. En todas partes, señorías, el mecanismo opera igual: se define una lengua como propia y, por oposición, se determina que el castellano es una lengua ajena; se elabora un argumentario persecutorio ficticio, se apela a la necesidad de normalización de la lengua propia y, finalmente, se impone a quien lo quiere y a quien no. Así, señorías, la sana intención de algunos de conservar y promover el uso de una lengua minoritaria se convierte, de la mano de políticas y políticos radicales, en un ventajismo permanente injustificado solo para sus hablantes. Así, la capacitación lingüística de algunos termina por limitar otros derechos de ciudadanía y consolida una desigualdad a favor de una minoría que no tiene ninguna razón de ser.

Para nosotros, señora presidenta, todas las lenguas son importantes pero su conocimiento no debería servir ni como barrera de acceso laboral o funcionarial, ni para consagrar desigualdades, ni como seña excluyente de identidad, ni mucho menos aún como un muro sentimental que separa a los míos -los puros, los que hablan la lengua propia- y los demás -los que no la hablan, los impuros-. En todo caso, señorías, señora presidenta, lo cierto es que hoy la brecha laboral más importante entre quien puede aspirar a un trabajo en cualquier parte del mundo y quien no puede no está en estas capacidades lingüísticas, está en el dominio y conocimiento del inglés. Ese es, señorías, el gran reto de nuestra sociedad en el que todos deberíamos pensar, colaborar y actuar, incluidos los medios de comunicación públicos.

No nos parece mal la iniciativa, es una toma en consideración, pero, obviamente, presentaremos las enmiendas que adapten sus objetivos al respeto escrupuloso del marco competencial navarro.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidenta andrea.

Decía el señor Cantó que no hay que utilizar las lenguas, los idiomas como armas arrojadizas. No sé si se ha escuchado usted mismo, si es que tiene la capacidad de escucharse, porque ha dedicado insultos por doquier a todas las lenguas, también al euskera. No voy a caer en el mismo juego de provocaciones que usted propone para el debate con el castellano. Puedo tener respeto al castellano y amar al euskera, y usted parece que no sabe amar una lengua que no sea la suya, aunque esté orgulloso de ser monolingüe. (Aplausos). Usted nos hablaba de colonoscopias, de algún amigo o de alguien que le dijo... Y permítame que le diga que yo, cuando le oía, no podía pensar en otra cosa que en lobotomías, en la lobotomía que tiene que tener su cerebro para pensar como piensa y decir lo que dice. (Aplausos). Porque hay quien dice que la lengua nos hace personas, nos socializa y nos hace progresar. El que solo tiene una tiene un mundo, pero el que tiene dos o más lenguas conoce tantos mundos como lenguas. Nadie que tenga conciencia quiere perder una sola lengua de las que sabe o conoce, nadie en su sano juicio; nadie en su sano juicio intentaría imponer el monolingüismo que es lo que usted ha pretendido. Pero ya sé que quizá deba excluirle del sano juicio. Quizá por eso en las últimas décadas se han dedicado esfuerzos al reconocimiento y protección de la pluralidad lingüística mediante la acción política de diferentes instituciones públicas con medidas como la acción positiva a favor de las minorizadas. Tenía muchos ejemplos y le voy a citar solo uno, el de la Carta europea de las lenguas regionales o minorizadas, firmada por el Estado español en el 2001. No sé a qué Gobierno o a qué partido de los que usted señala tiene que echarle la culpa. Decía lo siguiente: La adopción de medidas especiales a favor de las lenguas regionales o minoritarias destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas. ¿Entiende que esto determina que la acción positiva, eso que mal llaman ustedes discriminación, es una realidad que se puede y se permite para que las lenguas oficiales compitan en pie de igualdad, se desarrollen en pie de igualdad? ¿Ustedes creen en un Estado plurilingüe? ¿Ustedes creen en un Estado plural? No, es absolutamente mentira.

Siendo esto así, Ciudadanos nos presenta una proposición de ley que va en sentido contrario, y bajo el paraguas de la falsa igualdad pretende llevarnos o por lo menos nos evoca a épocas de persecución y arrinconamiento de las lenguas diferentes al castellano. Esto es pura involución democrática


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y recentralización, señor Cantó. Y decimos que enarbola la bandera de la falsa igualdad porque usted antepone el derecho de las personas a optar por un puesto de trabajo en la Administración que no lo tienen ganado por derecho y nacimiento, a optar a tener la posibilidad de conseguirlo, al derecho de los hablantes a expresarse en su lengua natural. (Aplausos).

Usted lo que hace con esta iniciativa es perseguir, como antaño hizo el dictador fascista, el aragonés, el asturiano, el gallego, el catalán o el euskera. Tal vez su próxima iniciativa ya vaya lanzada y las denomine directamente dialectos o lenguas vernáculas. Es más, ese tufo a edicto o a bando franquista que tiene su iniciativa puede adquirir, si cabe, más realce con esto que digo.

Para finalizar, como decía un lingüista ruso, Max Weinreich, para muchos la diferencia entre una lengua y un dialecto es que la primera tiene ejército y marina, y el dialecto, por el contrario, es una lengua desarmada. Si no quieren en su Estado, en su monarquía ningún idioma distinto al castellano en pie de igualdad con este, no hacen sino darnos más motivos para crear repúblicas multilingües donde se pueda vivir en euskera, en gallego, en catalán, en asturiano o en aragonés. Decía Joseba Sarrionandia, un escritor muy célebre, que Euskara da gure territorio libre bakarra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señor Cantó, está usted enfermo, enfermo de odio y por eso no voy a entrar en sus provocaciones. (Aplausos).

Cuando era un niño me enviaron con una beca a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Allí, un día que estaba hablando con otro chaval de mi tierra, otro chaval, un compañero de clase, me dijo: deja de hablar esa mierda de lengua. Yo no podía entender que dijera que esa mierda de lengua era la lengua que me había enseñado la persona que más me quería: mi madre. Ese día aprendí, y hoy lo he vuelto a ver, que algunos consideraban que había lenguas de primera -la suya- y lenguas de segunda -la mía-. Ese día aprendí, aprendí pero no entendí, que lo que le habían enseñado a ese chaval era más importante que lo que me había enseñado mi madre. No entendía por qué su lengua era más española que mi lengua. ¿Por qué su lengua es más española que la mía? ¿O acaso no lo es, señor Cantó? ¿O acaso no lo es? ¿No hay igualdad de las lenguas? ¿Ciudadanos no quiere la igualdad en todo? ¿Por qué no quiere la igualdad en las lenguas? ¿Por qué quiere que haya una lengua por encima de otra? He aquí el quid de la cuestión. Su propuesta, señor Cantó, tiene un tufo insoportable a centralismo rancio, su propuesta de ley se inspira directamente en el Decreto de Nueva Planta, en el que por justo derecho de conquista, nos arrebataron a valencianos y aragoneses los fueros y nuestra lengua. ¿Sabe cuántos casos de discriminación de lengua hemos sufrido las valencianas y los valencianos por parte de algunos -insisto, algunos- funcionarios públicos? Funcionarios que no solo no sabían nuestra lengua, sino que no nos permitían expresarnos en nuestra lengua, que no nos atendían si no hablábamos castellano. Le citaré solo uno o dos ejemplos. Centro de especialidades Joan Llorenç, informe de la consulta por el facultativo que atendió a una paciente: La paciente se niega a hablar en castellano. No la entiendo. Se comporta de manera prepotente. ¡Se comporta de manera prepotente por querer hablar la lengua que la Constitución le ampara para poder expresarse delante de un funcionario público! Como esas, muchísimas, en sanidad, en justicia y en fuerzas de seguridad.

Señor Cantó, usted y su partido actúan de mala fe, mienten como bellacos. Para ganar un puñado de votos no dudan en provocar incendios y en generar problemas donde no los hay. Son especialistas en el juego sucio y marrullero, en la política ramplona. Venían a regenerar la política y han acabado siendo una mala caricatura del Partido Popular.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes; buenas por decir algo.

Señor Cantó, cuando vi este tema fijado en el orden del día me hice un juego a mí mismo y pensé: ¿Quién lo va a defender? ¿Quién de Ciudadanos va a defender esta iniciativa? Aposté todo a una carta porque estaba seguro de que lo haría usted. Iba a preguntarle una cosa y es cómo ha podido usted pasar de ser presidente de la Comisión de Cultura a defender los temas macarras de su grupo nacionalista español. (Aplausos). Es una cosa que no puedo entender. ¡No la puedo entender!


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Le he escuchado a usted defender iniciativas sobre el Instituto Cervantes donde ha hablado de todo, de la independencia de Cataluña, del uso del catalán y de lo malo que somos los independentistas, pero no ha hablado ni una sola palabra del Instituto Cervantes. Le he escuchado defender iniciativas sobre temas educativos donde no hablaba de nada de temas educativos, solo del uso de la lengua, de la independencia y de lo malo que somos nosotros. Por eso, me gustaría, ya que parece que usted tiene controlado lo que pasa en Cataluña, saber dónde hay, señor Cantó, imposibilidad de usar el español en Cataluña. (Rumores). ¿Dónde? Dígamelo. (El señor Cantó García del Moral: Ahora se lo digo). Dígame dónde hay imposibilidad de usar el español en Cataluña. Señor Cantó, el español es la lengua materna del 55 % de los catalanes. ¡Cómo van a tener el 55 % de los catalanes negado el derecho de usar su lengua en Cataluña! ¡Y cómo han podido ser tan tontos que han tenido que esperar a que llegara usted para salvarlos! (Aplausos). ¿Cómo es eso posible? Señor Cantó, el castellano no está discriminado en Cataluña. Usted y yo nunca nos pondremos de acuerdo en estos temas porque usted cree que el catalán es una lengua de segunda y que está bien que se use si está después de la primera, que es el español. Y nosotros decimos que está bien que se usen las dos, que se puedan defender las dos y que se puedan hablar las dos sin ningún problema.

Este fin de semana usted estaba en Valencia dando una charla con la portavoz de su formación política, la señora Arrimadas, quien dijo algo así como que los ciudadanos tenemos el derecho lingüístico de poder ser atendidos en nuestra lengua materna. Señor Cantó, mi lengua materna es el catalán. Si su proposición tira adelante, ¿voy a tener yo ese derecho garantizado si el médico que tengo enfrente no habla catalán? (El señor Cantó García del Moral hace gestos afirmativos). ¡Cómo voy a tener garantizado ese derecho si no habla catalán el médico que tengo delante!

Señor Cantó, el problema es que les puede la rabia y le cito otra vez a su portavoz. La señora Arrimadas dijo: las lenguas tienen dos enemigos, los que las quieren prohibir y los que las quieren imponer, y lo que hace el nacionalismo -se refiere al catalán, pero yo le cito al español- es imponer una lengua. Dígame usted si lo que ustedes presentan aquí no es una imposición del castellano frente al catalán. Dígame eso. (El señor Cantó García del Moral hace gestos negativos). Y si no es eso, dígame lo que es.

El catalán ha superado durante siglos a gente con mucho más poder que usted y yo juntos y ha sobrevivido porque no es una lengua artificial, no es una construcción artificial, sino que está arraigada a un territorio, a una gente y a unas personas que la quieren, la hablan y la defienden cuando sea y donde sea. Me hablaban ustedes, señor Cantó y señor Salvador, de relatos victimistas falsos. En 1924 Antonio Gaudí fue detenido por hablar catalán. No nos hace falta construir relatos ficticios falsos, porque el catalán ha sido perseguido por sus amigos. Ese es su problema.

Presidenta, me guardo lo que falta para el turno de réplica.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cantó García del Moral en el turno de réplica.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy a tener que repetir algunos conceptos, porque es obvio que la inmersión lingüística debe ser la responsable de que ustedes tengan cierta dificultad en la comprensión oral. (Protestas.-Aplausos). Y también en la capacidad que tienen de expresarse. Es algo que vemos a menudo cuando su consellera de Educación intenta hablar en español y no lo consigue o también cuando el presidente del Parlament balear explica que ciertas meteduras de patas se deben a que no es capaz de expresarse en español. Eso quiere decir que existe un problema real en la enseñanza del español y que, por lo tanto, las tesis que yo he defendido aquí son reales y no las suyas. (Aplausos).

¡No me hablen de Gaudí y de 1924! Le he puesto un ejemplo de 1985. (Los señores Miquel i Valentí y Baldoví Roda pronuncian palabras que no se perciben.-Protestas).

La señora PRESIDENTA: Ruego silencio. (Protestas). Silencio.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No me hablen de eso. ¡Quítense a Franco de la cabeza, que lo tienen todo el día implantado ustedes! (Aplausos.-Protestas). No me hablen de eso. Hablemos de 2018. Hablemos de la gente que se está yendo de Baleares. Hablemos de la neuropediatra que se ha ido de Ibiza. Hablemos de esa gente que no va a poder ser atendida en español, pero que no tiene ningún problema real hoy en día para ser atendida en catalán. No es lo mismo el requisito o el mérito que le vamos a pedir a una persona que esté manejando el bisturí -y es lo que pedimos en esta proposición de


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ley- que a otra persona que esté en atención al cliente. Eso es lo que he dicho aquí desde el principio, pero ustedes no quieren entenderlo y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar o peor ciego que el que no quiere ver. (Aplausos.-Rumores).

Señor Baldoví, lo de hablar de enfermedades para criticar a alguien me parece un insulto a aquellos que sí sufren enfermedades de algún tipo y, especialmente, enfermedades mentales. Me parece muy sucio por su parte -usted que habla aquí y da lecciones de limpieza- utilizar una palabra como esa para intentar descalificar a un rival político. ¡No me hable de cuando era usted chiquitito! Por cierto, ¿de chiquitito ya estaba en la universidad en Alcalá de Henares? Debe ser usted un auténtico prodigio, señor Baldoví, porque en mi época se llegaba después. (El señor Baldoví Roda: Laboral.-Rumores.-Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.

Un momento, señoría. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No me hablen...

La señora PRESIDENTA: Un segundo, ahora le daré la palabra.

Saben que solamente puede hacer uso de la palabra el que está en uso de ella y el resto de sus señorías cuando tienen su intervención.

Continué, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Nos hablan de imposición los que están imponiendo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en el País Vasco. Esos son los que suben aquí y nos hablan y nos dicen que nosotros queremos imponer algo, cuando solo estamos defendiendo la igualdad y la libertad de elección entre dos lenguas cooficiales que deben respetarse la una a la otra. Podría poner ejemplos personales. Podría explicar como rodando una serie en Barcelona tuvimos que despedir a una chica catalana porque era incapaz de improvisar en español. La tuvimos que despedir. Nosotros estamos defendiendo que todos aquellos que quieran sean capaces de estudiar en español o de manejarse en español, pero ¿sabe qué? En el fondo también estamos defendiendo que todos aquellos estudiantes catalanes no dejen de trabajar en el resto de España, como puede pasar pronto, porque no manejen o no sepan hablar español, como le pasa a su consellera de Educación o al presidente del Parlament balear. (Aplausos).

¿De verdad me hablan de uniformidad ustedes? Yo he tenido que soportar en TV3 a un comisario lingüístico que no me ha dejado doblarme a mí al catalán en una serie en la que yo trabajaba en español porque me decía que tenía acento valenciano. ¿Usted me va a hablar a mí de uniformidad? ¿Usted se imagina lo que pasaría si en la Televisión Española se le dijera a alguien que debe limpiar su acento andaluz o su acento vasco? ¿Usted se imagina la que se montaría? Bueno, pues, señores de Compromís, al poco tiempo en Canal Nou, en telecompromís ahora -con todo Compromís ocupando todos los puestos de esa televisión-, me pusieron también a no sé cuántos comisarios lingüísticos, porque después de ese año de vivir en Cataluña y de hacer un esfuerzo para doblarme al catalán, me decían que tenía acento catalán, y que, claro, en Valencia tampoco podía currar. ¡Y yo estaba deseando que me tocara currar en Tarragona, en la mitad, para que todos ustedes me dejaran en paz, trabajar en libertad! (Aplausos). Los uniformes son ustedes; los que imponen son ustedes.

Y voy acabando, porque me queda poco tiempo, pero, de verdad, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que, en cualquier caso, niego la mayor; esto no lobotomiza a nadie, esto es libertad de elección; esto es libertad y esto es igualdad; pero, desde luego, si hay alguien responsable en este país de lobotomizar con tiros en la nuca son los etarras y sus defensores de Bildu. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Señor Cantó, se le ha olvidado contestarme. ¿Dónde hay discriminación del español en Cataluña? (Rumores). No, parecía superviviente cuando estaba usted aquí, pero desde aquí se le ha olvidado contestarme. ¿Dónde? ¿Dónde? (El señor Cantó García del Moral: En los colegios de Cataluña).

La señora PRESIDENTA: Señor Cantó.


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El señor MIQUEL I VALENTÍ: En los colegios de Cataluña; ha pisado usted muchos colegios en Cataluña, se le nota, se le nota, de ahí su acento catalán o valenciano. (Aplausos).

Señor Cantó, en Cataluña no hay consellera d'educació. No sé el problema que tiene usted al ver la televisión; igual es que mira los programas de televisión que no son oportunos, pero no hay consellera d'educació. No sé quién habla mal español en Cataluña, pero tenemos un conseller d'Ensenyament, d'educació, que es el señor Bargalló y no tenemos consellera d'educació. Lo digo porque igual era su vecina la que hablaba mal español y la ha confundido usted con la consellera d'educació de Cataluña. (Aplausos).

Señor Cantó, es que no me respondió, entonces es como volver a repetir lo que le he dicho antes porque no me ha respondido. Le voy hacer algunos apuntes. Dicen: Sáquense a Franco de la cabeza. Yo, a Franco lo saco del Valle de los Caídos y usted no. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo a Franco no lo he vivido, a Franco no lo he defendido. Igual quien se lo debería sacar es usted, que lo debe de tener tatuado en el culo. Si no, señor Cantó, no entiendo su forma de hacer política, su forma de defender la pluralidad y la riqueza lingüística que tiene España. Porque hay riqueza política en España y lingüística como para ponerla en valor, y usted no lo ha hecho. Su iniciativa aquí se carga cualquier tipo de riqueza política y lingüística en España, porque es lo que vienen a defender. Usted forma parte, usted está en la cúspide de un engranaje del nacionalismo español que ha llegado aquí a destruir, a crear confrontación donde no la había, porque no hay confrontación lingüística en Cataluña, no había confrontación lingüística en Cataluña hasta que ustedes se la han inventado; no había confrontación en Cataluña con los lazos amarillos hasta que ustedes se la inventaron, porque ustedes han llegado aquí a generar crispación, de eso es de lo que beben y eso es lo que han venido a hacer. (Aplausos). Porque cuando se les pregunta sobre casos concretos, me saca una colonoscopia de su amiga; y cuando le pido un caso concreto, me dice que en 1985 no sé qué pasó; y yo le digo, ¿dónde hay discriminación lingüística en Cataluña en 2018? ¡Vamos, no, dígalo! (Protestas.-El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben). ¡Vamos, dígalo, dígalo!

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Dígalo, porque no hay discriminación lingüística en Cataluña, y si la hay, salga aquí y denúncielo. (El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben). ¡No, no, pues imagínese yo que vivo en Cataluña y no hay discriminación lingüística cómo flipo con usted! ¡Es que flipo! ¿Dónde hay discriminación lingüística en Cataluña? Dígalo, dígalo. (Rumores.-Protestas). ¿Dónde la hay? ¿Dónde hay discriminación lingüística en Cataluña? ¡Dígalo! (El señor Cantó García del Moral: La libertad de poder hablar español).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. (Rumores). Le ruego, señoría, un segundo.

Señoras y señores diputados, les ruego a todos, a todos, a todos y cada uno que mantengamos unas mínimas formas y un control también de lo que decimos, preservando sobre todo el hecho de que quien está en uso de la palabra es el que tiene la palabra. Cuando ustedes suben a esta tribuna, tienen el uso de la palabra, todos y cada uno de ustedes, y yo les ruego que el lenguaje que utilizamos en la Cámara sea el lenguaje que corresponde a sus señorías. Se lo ruego encarecidamente a todos y cada uno de ustedes.

Continúe, señoría.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.

Voy a hacer una cosa inédita -no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer hoy-, que es poner en valor la Constitución española -fíjese cómo está el tema-, que en su artículo 3 -porque usted ha citado el artículo 3 de la Constitución sin profundizar demasiado- dice algo así como que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y ahora voy a hacer algo que usted dice que hace a menudo pero que no hace nunca, que es defender el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en el punto 4 del artículo 33 dice: Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña ha de acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales que lo hagan apto para cumplir sus funciones laborales.

Mi pregunta otra vez es: En una proposición de ley como la suya, por la que no es necesario conocer el catalán para trabajar en Cataluña, ¿cómo garantiza usted eso? (El señor Cantó García del Moral hace


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gestos negativos). ¿Cómo que no? ¿Pero usted se ha leído lo que ha presentado? ¿Usted se lo ha leído? (El señor Cantó García del Moral: Tú no te la has leído. No tienes comprensión lectora).

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Cantó!, ¡señor Cantó! Señor Cantó, le llamo al orden. (El señor Cantó García del Moral: Me ha interpelado). Señor Cantó, le llamo al orden por segunda vez y le anuncio que le puedo expulsar del hemiciclo. (Aplausos).

Continúe, señoría.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Podemos discutirlo fuera si terminan echándole. (El señor Girauta Vidal pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Señor portavoz, no tiene el uso de la palabra.

Señor Miquel i Valentí, le quedan diecinueve segundos.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta, en eso estamos.

No se ponga nervioso, señor Girauta, que yo no he insultado a nadie ni he llamado enfermo a nadie. No se preocupe.

Señor Cantó, tengo ganas de que me cuente usted dónde hay esa discriminación; que me cuente usted cómo encaja su proposición de ley con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española, sobre todo para entender qué es lo que ha venido a defender aquí y si de verdad usted ha venido a defender un proyecto de riqueza lingüística estatal maravilloso como nos ha planteado.

Muchas gracias, presidenta, por su paciencia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Respecto a la proposición de ley que hoy ha defendido el señor Cantó, la verdad es que nunca hubiera pensado que a esta tribuna subiría alguien que priorizase la ignorancia al conocimiento, que es lo que hace esta proposición de ley, decir que tiene que tener más valor el que menos sabe ante el que más sabe. (Aplausos).

El problema con el de la colonoscopia ya le digo yo que es otro, es que hay gente que además de hacer igual de bien la colonoscopia que aquel doctor sabe euskera o sabe catalán. Por tanto, el problema lo tiene el que en lugar de saber el idioma que debe saber solo sabe hacer la colonoscopia. Aquí parece que la dicotomía siempre es el que técnicamente está formado ante el que además está formado lingüísticamente, y afortunadamente tenemos fantásticos médicos, fantásticos maestros, fantásticos profesionales que, además de saber lo suyo, saben el idioma que tienen que hablar en el país o en la nación donde están: en Euskadi, en Cataluña, en Galicia o en cualquier otro lugar. Ese es el asunto, porque lo que les preocupa es que haya gente que sepa otros idiomas. Sí, lo que ustedes plantean al final es eso. Tienen la perversión de que quien habla ciertos idiomas además piensa de otra manera. Sí, ese es el problema, señor Cantó, la forma de pensar que tienen ustedes. Lo voy a decir con toda claridad -porque me he leído lo que decía-: José Antonio Primo de Rivera estaría encantado de ver reencarnado su proyecto político con cosas como las que se han dicho hoy aquí. (Aplausos). Y, si no, lean lo que dijo.

Este es un caso estrafalario pero real de la exaltación de la ignorancia: por una parte, es una ignorancia relacionada con lo cultural porque loa, como decíamos, el desconocimiento, pero además es ignorancia por desconocimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales, porque parece que han hecho caso omiso no solamente de lo que dicen las leyes del País Vasco o de Cataluña, sino también la propia Constitución o las sentencias que el Tribunal Constitucional tiene en materias relacionadas con las que usted ha dicho. ¿O usted cree que viene aquí ex novo y que esto no ha ocurrido nunca? Le puedo citar la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, la sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, la Ley 39/2015 o la Ley del euskera que, en el caso de Euskadi, por ejemplo, dice precisamente eso que usted está diciendo que ocurre pero a la inversa.

La defensa de los derechos lingüísticos -y esto lo hemos detallado aquí más de una vez- ¿de quién es? Si yo voy a la oficina del DNI y el policía nacional que me atiende no sabe euskera, ¿quién habla en otro idioma? Yo. ¿Quién habla en castellano? Yo. Por lo tanto, los derechos lingüísticos de una persona obligan a la Administración a que a esa persona se la atienda en su lengua, así pues la Administración tiene la obligación de poner sus recursos para que los derechos lingüísticos de quien demanda en lengua


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cooficial puedan ser atendidos. Esa es la realidad que ustedes quieren obviar. Parece ser que los derechos solo los tiene el castellano o los castellanoparlantes y los demás, no. ¿Cómo no va a ser un requisito para ciertas profesiones en Euskadi o en Cataluña el conocimiento del catalán, el euskera o el gallego? Por supuesto que sí. Además, ¿desde aquí vamos a decir si un pediatra en Azpeitia tiene que saber el euskera o no? ¿O un profesor en Barakaldo? ¿Quiénes somos nosotros para decirlo? Existe el ámbito competencial, existen las leyes, existen los órganos que son capaces de legislar sobre esa materia. Ustedes vienen aquí con su fobia uniformizadora a presentar esta proposición de ley con una clara finalidad incendiaria, en lo cual usted es verdaderamente muy profesional. Esta es una situación que además ha sido pacíficamente regulada y resuelta por diversas instancias europeas incluso, porque ustedes se quieren saltar también a quienes ya se lo han dicho, al propio Consejo de Europa, con su Carta Europea de las Lenguas Regionales; les da igual, ustedes ya saben el objetivo que tienen. Además, consideran que electoralmente eso les va a dar valor.

Me queda muy poco tiempo, pero tendría muchas más cosas que decir, y no solamente desde una perspectiva ideológica: le puedo reiterar sentencias que dicen que ese tipo de requerimientos no van en contra ni de la Constitución ni de los derechos lingüísticos que están otorgados; y, si no, léase las sentencias que le he dicho y seguramente se dará cuenta de que lo que le estoy diciendo es así. La ignorancia es atrevida y el planteamiento que hacen desde la discriminación en el punto cuarto es algo impensable, es impensable cómo se quiere priorizar, como decía, que algo no se sepa. Se saltan todo: el ámbito competencial, la capacidad que las comunidades autónomas tienen de legislar sobre sus materias, etcétera. Y no se olvide de que el asunto está en quien no sabe, no en quien sabe.

Para acabar, le voy a citar un poema de Gabriel Aresti dedicado a Tomás Meabe. Tomás Meabe fue el fundador de las Juventudes Socialistas. Y decía al final Aresti: Cierra los ojos muy suave, Meabe, pestaña contra pestaña, que solo es español quien sabe las cuatro lenguas de España.

Yo, como solo sé dos, por algo no lo soy, pero parece que en esto se confundió Aresti. Solo es español quien sabe una lengua de España. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

(Comienza su intervención en catalán).

La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, un segundo. Ya sabe que vengo de una comunidad autónoma también histórica y que soy la primera en defender el valor de las lenguas cooficiales, pero esta es la Cámara de representantes de todos los españoles y creo que es nuestro deber expresarnos en la lengua en la que nos entiendan todos los españoles porque es verdad que es bueno conocer todas las lenguas cooficiales de nuestro país, pero es bueno expresarnos en el español, que es la lengua de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor TARDÀ I COMA: Señor Cantó, ¿dónde está la igualdad? Los miembros de su partido en las Cortes Valencianas pueden hablar castellano y nadie se lo impide. Es más, sería una aberración que alguien les impusiera en las Cortes Valencianas el uso del valenciano. En cambio, aquí hoy, en el año 2018, en el corazón de la democracia, en el palacio de las libertades, se ha vuelto a demostrar que no es posible (aplausos), lo cual significa que la democracia española adolece en este ámbito, también en otros, de modernidad. Fíjese que yo le hablo de modernidad. De hecho, he intentado explicarles en lengua catalana que Bélgica es sinónimo de modernidad, puesto que incluso en los consejos de ministros los ministros valones y los flamencos utilizan traducción simultánea, no porque desconozcan muchos de ellos la lengua del otro, sino para que quede fijado ante la ciudadanía que existe por encima de todo la necesidad de visualizar el respeto a todas las lenguas. En Suiza la lengua romanche, con 35 000 hablantes, tiene el mismo estatus que las grandes lenguas oficiales de la Confederación Helvética. Canadá es libertad, cultura y modernidad. Canadá es un territorio inmenso. Pues en tierras muy lejanas de Quebec la lengua francesa es tan oficial como la lengua inglesa. Algo parecido sería si en Sevilla fuese oficial también la lengua gallega. Fíjese si estamos a años luz de este ejemplo de modernidad, de respeto y de libertad.

Algo ocurre. ¿Quizá será porque existe un peso histórico? Es verdad, existe una supremacía lingüística de la cual no son responsables los ciudadanos españoles actuales, por supuesto que no son responsables.


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Es cierto que ustedes intentan avivar este fuego. Es el peso de la historia, que lo que hace es consagrar una gran mentira. Recuerden aquellas palabras del jefe del Estado, Juan Carlos I, que dijo: El castellano nunca fue lengua de imposición. Y luego algún académico castellano le recordó la historia. Y como los Borbones de cultura nunca han ido sobrados (risas.-Aplausos), el mismo Juan Carlos se vio obligado a matizar, puesto que es evidente que la lengua castellana ha sido utilizada históricamente, incluso pervirtiendo los anhelos de libertad del pueblo castellano, como lengua de imposición.

De manera que nosotros nos apuntamos al concepto de modernidad, de cultura, de respeto y de libertad. Y España hoy por hoy todavía es diferente. Hay una única lengua en la Administración General del Estado, una única lengua en los órganos constitucionales; por cierto, órganos constitucionales también pagados por aquellos ciudadanos del actual Estado español que utilizamos lenguas subalternas, minoradas y despreciadas. ¿Saben por qué digo despreciadas? Porque la lengua euskara, la lengua catalana, la lengua gallega son lenguas que, aun cuando el Estado español modificara profundamente su posición a través de una ley de lenguas que garantizara la igualdad, a pesar de todo, son tres lenguas que lo tienen muy difícil para encarar los retos del siglo XXI. Efectivamente, la lengua catalana, la lengua gallega y la lengua euskara tienen un reto ante sí muy difícil, que es cómo estas lenguas minoradas siguen siendo competitivas -puesto que es el término que hoy en día se utiliza en el ámbito de la sociolingüística- en el siglo XXI.

Así pues, les recuerdo lo siguiente. Si no pudieron durante cuarenta años los fascistas, no lo van a conseguir ustedes en democracia. Primero, porque ustedes no son fascistas, con lo cual desde posiciones democráticas lo tienen muy mal para poder acabar con las lenguas minoradas, aun cuando su posición nos hará sufrir, ciertamente. Y, en segundo lugar, ¿cómo es posible que habiendo tantos catalanes que votan, legítimamente, a Ciudadanos, cómo es posible que los ciudadanos que votan a su partido político, no estén permanentemente movilizados a fin y efecto de acabar con el yugo que, según usted, es la inmersión lingüística? ¿Sabe cuál es la respuesta? Se la digo yo, que también tengo amigos que votan a Ciudadanos: Porque están orgullosos del sistema educativo catalán. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Señor Cantó, España es desde hace muchos años el territorio más plural en el ámbito lingüístico de Europa. Siempre hemos sido un país culturalmente rico, una tierra de acogida y un cruce de civilizaciones que ha resistido los envites uniformadores históricos de los que ustedes son los herederos. Este es el país de Gloria Fuertes y de Miguel Hernández, de Martí i Pol y de Mercè Rodoreda, de Rosalía de Castro y Curros Enríquez, de Leizarraga y Etxepare, de Vanesa Gutiérrez y Berta Piñán. Y es también, señores de Ciudadanos, el país donde mis tíos, que llegaron de Andalucía para vivir en las casas-cuevas de Sant Oleguer de Sabadell, defienden hoy el plurilingüismo del Estado. (Aplausos). Esa es, señor Cantó, la riqueza de nuestro país que ustedes no entienden. Ustedes, con esta propuesta, lo que quieren es convertir a España en la Vetusta de La Regenta, esa heroica ciudad que duerme la siesta y que hace la digestión del cocido y de la olla podrida. Y es que hasta que ustedes nacieron no existía conflicto lingüístico y ahora, después de incendiar y tensionar la situación política en Cataluña, se dedican a exportar esa división a todo el Estado. No les importa la política de tierra quemada siempre que para ustedes suponga un rédito político o electoral. Han traído a esta tribuna la educación, el adoctrinamiento, los símbolos, los himnos, las fuerzas de seguridad del Estado, y les faltaba la lengua. Eso sí, siempre sacan ustedes a su diputado fake, al que viene aquí a lanzar bulos, al que no tiene escrúpulos para decir mentiras desde esta tribuna. Hace pocos días se ha ido usted con la señora Arrimadas a Baleares, a malmeter contra la lengua de las Illes. Me recordaban ustedes a los Claire y Frank Underwood de House of Cards, que hacen como los tiburones: atacan cuando huelen la sangre. Como en este caso no había una herida, han ido ustedes a crearla para luego poder oler la sangre que les permitiera atacar. Lo de bomberos pirómanos a ustedes se les queda corto. ¿Sabe usted, señor Cantó, lo que está echando a los médicos de Balears? El precio de la vivienda, la precariedad laboral y el libre mercado, no la lengua. (Aplausos). No vengan ustedes a decir mentiras. Esta proposición de ley de Ciudadanos pretende que lo que lleva funcionando en Cataluña desde hace más de treinta años deje de funcionar, rebajando así los derechos de la ciudadanía y atentando, todo sea dicho, contra el sentido común. Porque ustedes equivocan intencionadamente el enfoque. Miren, el derecho no es el derecho de la Administración a expresarse en el idioma que la Administración quiera; el derecho es el del ciudadano a decidir en qué lengua se dirige a la Administración. (Aplausos). Y para


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que el ciudadano pueda decidir eso, el funcionariado tiene que conocer las dos lenguas como requisito, no como mérito.

En mi opinión, todo esto a ustedes no les importa demasiado; lo que pretenden es aumentar el clima de tensión creando conflictos que no existen. Lo único que buscan es el titular, por eso nos traen una proposición de ley, permítame que le diga, mal hecha: invade competencias, no respeta la Constitución, se salta los estatutos de autonomía. Parece que quien le ha hecho esta ley es el mismo que hace el currículum del señor Rivera, que va perdiendo doctorados y másteres (aplausos) al estilo... (Rumores). Sí, porque el señor Rivera en su currículum va perdiendo doctorados y másteres al estilo de El curioso caso de Benjamin Button, va para atrás. (Risas). Dicen ustedes defender la igualdad pero su balanza siempre acaba cayendo del mismo lado, el lado de la aniquilación de la realidad plurilingüística del Estado. Ustedes ya no nos engañan más. Nacieron en Cataluña -por cierto, de la mano del señor Arcadi Espada, ese señor que utiliza los medios de comunicación para lanzar de forma zafia insultos homófobos a diputados electos democráticamente- (aplausos) y nacieron para acabar con la pluralidad lingüística del Estado, pero no lo han conseguido. Señor Cantó, de verdad me creeré que ustedes luchan por los derechos lingüísticos de los hablantes cuando defiendan, por ejemplo, que el catalán se pueda hablar desde esta tribuna (aplausos), cuando defiendan, por ejemplo, que el gallego recupere su uso entre la población más joven (aplausos), cuando defiendan que se promueva el euskera en los medios de comunicación (aplausos) o cuando nos acompañen pidiendo que el asturiano sea una llingua oficial en Asturias. (Aplausos). Entonces yo empezaré a creérmelos. Como ustedes, señor Cantó, no lo hacen ni lo van a hacer nunca, lo único que nos queda es denunciar su cinismo político y su voluntad irresponsable de utilizar la lengua como un instrumento de confrontación política. Déjenlo ya, de verdad, señor Cantó, déjenlo ya.

Hay dos maneras de hacer política: solucionando los problemas de la gente, que es una, o utilizando esos mismos problemas para generar conflicto, confrontación y tensión, y ustedes están instalados en la segunda. Les voy a decir una cosa, y se lo digo sinceramente: si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, entonces no sirve para nada, y ustedes empiezan a no servir para nada. (Aplausos). Ustedes tienen muchas ganas y muchas ansias de gobernar España y yo le digo, señor Cantó, que no se puede gobernar España teniendo fobia al catalán, no se puede gobernar España teniendo fobia a la pluralidad lingüística de España. (Aplausos). Señor Cantó -y acabo-, dejen de ser ustedes la Santa Inquisición de las lenguas, dejen de comportarse como unos hooligans del odio y empiecen a hacer política para mejorar la vida de la gente; dejen de prohibir, prohibir y prohibir. Decía -acabo, presidenta- Ovidi Montllor: Hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán; es la misma gente a la que no le gusta que se hable, se escriba o se piense. (Aplausos). Pues eso, dejen ustedes de prohibir, señor Cantó; dejen de prohibir y permitan que la gente hable, escriba y piense en la lengua que le dé la gana. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Esta iniciativa pretende cambiar las reglas de juego, señor Cantó. Señores de Ciudadanos, pretenden atentar contra la Constitución y es que un titular no lo vale todo; léanse el artículo 3 de su iniciativa. Miren, esta proposición de ley altera no solo el artículo 3 de la Constitución sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y además altera el normal funcionamiento de las administraciones públicas respecto de la ciudadanía, respecto de los ciudadanos. Por ello, este grupo no la va a apoyar, primero, porque desconoce intencionadamente no solo el ordenamiento jurídico constitucional en materia de lenguas cooficiales, sino que desconoce la realidad de este país. Pero escuchando al señor Cantó tengo que añadir que no solo no conoce la Constitución ni el ordenamiento jurídico ni las sentencias del constitucional, es que no conoce ni su propia iniciativa. (Aplausos). Señor Cantó, léaselo, léaselo. Ustedes construyen artificiosamente una realidad, su realidad, haciendo creer que se están produciendo discriminaciones en el acceso al empleo público cuando esto no es así, y para ello están la Constitución y el Tribunal Constitucional. Señor Cantó, lea un poco más.

Señores de Ciudadanos, les negamos la mayor. Como les decía, la Constitución, la normativa, el Tribunal Constitucional, el desarrollo de las normas, todo son garantías. La Constitución reconoce la obligación de conocer y el derecho de usar el castellano por parte de los ciudadanos, así como también


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el resto de lenguas cooficiales, tal y como establece el artículo 3.2. Señor Cantó, le voy a señalar una sola sentencia -no le digo tanto como el portavoz del PNV-, la sentencia 165/2013 que recoge toda esta doctrina. Y dice así -un pequeño paréntesis-: La exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y las capacidades requeridas. Así lo dice la Constitución. Señor Cantó, usted ha dicho que la lengua es un mérito, según su iniciativa. No es verdad, no mienta. Es que además pretenden obviarlo. ¿Se ha leído los artículos 3 y 4 de su iniciativa? Yo creo que ni eso. Señores de Ciudadanos, ¿de verdad que entienden la realidad de este país así como lo expresa hoy su portavoz? Creo que no. El señor Cantó no conoce la realidad de este país ni pretende conocerla. Ustedes buscan la imposición de una lengua sobre la otra. La realidad de nuestro país no es una competición entre comunidades autónomas o entre lenguas; es, en todo caso, un país en el que se tiene que permitir que puedan compartir; es más, se tienen que fortalecer aquellas que son más débiles, pero no por siglas partidistas, sino en pro de la ciudadanía. Y lo que ustedes están haciendo es un error deliberadamente oportunista. Señores de Ciudadanos, igualdad no es uniformidad, lo dicen en su iniciativa. Lo curioso es que luego, en la siguiente frase, se contradicen; ya estamos acostumbrados a ello. Demuestran un gran desconocimiento de nuestra realidad. Su iniciativa va en contra de la propia esencia de la configuración del Estado autonómico español y va en contra de las relaciones entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. Insisto, lean la sentencia 165/2013. Y les pregunto, ¿de verdad buscan imponer una lengua sobre la otra?, ¿buscan coartar la libertad de la ciudadanía en su relación con la Administración pública? (El señor Cantó García del Moral hace gestos negativos). Señores de Ciudadanos, el Tribunal Constitucional lo ha dicho claro y a él me remito. Por tanto, aprobar la toma en consideración de esta iniciativa supondría el quebrantamiento del acceso de la ciudadanía a las administraciones públicas en igualdad de condiciones, eso que usted dice que nos cargamos. No; se la carga su iniciativa; su iniciativa se carga la igualdad de condiciones y la libertad de la ciudadanía.

Señorías, esta iniciativa conculca e ignora deliberadamente las competencias de la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional así lo ha declarado al indicar que incluir como capacidad la lengua debe ser gestionado y legislado por la comunidad autónoma. Y es verdad que el artículo 149.1.1ª de la Constitución dice que el Estado puede regular de forma generalista, pero en ningún caso lo habilita para regular con carácter general la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano. Ustedes se llaman constitucionalistas, ¡pero si se están petando la Constitución por la puerta de atrás! ¡Qué me están contando! Señor Cantó, léase el artículo 3. Configurar el conocimiento de la lengua oficial como mérito o como requisito corresponde en todo caso a las comunidades autónomas. Ustedes crean un problema donde no lo hay. Lo normal es la coexistencia y la convivencia de ambas lenguas sin problema, también en las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas. En mi casa hablamos catalán y castellano indistintamente. Con mis padres hablábamos castellano. Disculpe, señor Cantó, si le explico algo anecdótico, pero es mi realidad personal y la de muchísimos catalanes y españoles, y ustedes lo ignoran. Nuestro país es plurilingüe y para los socialistas el reconocimiento de la existencia de normativa autonómica que específicamente regule el uso de la lengua tiene que ser garantizado, así como el refuerzo del uso de las lenguas por parte de la ciudadanía. Esto es básico. Resulta constitucionalmente lícito exigir un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, vasca o gallega, dado el carácter cooficial de estos idiomas.

Con esta iniciativa, señores de Ciudadanos, ustedes no pretenden garantizar la igualdad, ustedes lo que pretenden es confrontar, y lo ha dicho más de un portavoz en esta tribuna. Pero ya llega a su cenit -y yo le recomiendo que vuelva a leer ese artículo 3, señor Cantó, que yo creo que no lo ha leído- cuando dicen que lo que tienen que hacer las administraciones públicas es soslayar la garantía que constitucionalmente se establece. ¡Se están petando la Constitución!, ¿no lo ha visto? (Aplausos). Léaselo, léaselo.

Señor Cantó, a usted, que hablaba de anécdotas y experiencias personales, le diré que soy abogada de profesión y hace unos años estuve en un juicio actuando de oficio. ¿Sabe cuándo me di cuenta yo de cómo se mejoraba la calidad de la prestación del servicio público? Cuando de forma natural, con total normalidad, empecé a hablarle al testigo víctima en catalán. En aquel momento me di cuenta de que el ciudadano podía expresarse como quería, yo era capaz de ejercer con mejor eficacia mi profesión y el tribunal era capaz de conocer exactamente lo que estaba pasando en aquel juicio. Esa es la realidad de España, esa es la realidad de Cataluña y, evidentemente, del País Vasco y de Galicia.

Voy terminando. Señorías, señores de Ciudadanos, yo retiraría esta iniciativa porque atenta contra la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las normas básicas de convivencia, señor


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Cantó. Miren -y acabo, presidenta-, España es todo lo contrario a un país monolingüe, es en realidad un mosaico de lenguas y variantes dialectales, que no modalidades lingüísticas, como insultan ustedes en esta iniciativa. Es un país plurilingüe, la realidad sociolingüística lo atestigua, la ciencia lo certifica y el ordenamiento jurídico lo recoge. El plurilingüismo español es a la vez un patrimonio cultural a preservar y una fuente de oportunidades individuales y colectivas a desarrollar, evidentemente por la ciudadanía. Señor Cantó, la diversidad lingüística y el multilingüismo nos hace más libres, más cultos y más iguales a todos, aunque a usted le pese.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrachina Ros.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Cantó, mi grupo viene con el ánimo de votar afirmativamente esta iniciativa, aunque usted no nos lo ha puesto en absoluto fácil. (Risas). En ese acaloramiento ha llegado a decir que el castellano ha desaparecido de Galicia. (Rumores). No, lo que ha desaparecido de Galicia es Ciudadanos. (Risas y aplausos). Por tanto, le pido, señor Cantó, la humildad -repito, la humildad- que necesitamos todos para alcanzar acuerdos con todos.

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor BARRACHINA ROS: En ese discurso en el que parece haber inaugurado usted la defensa de los derechos lingüísticos en España ha defendido una iniciativa, esta (muestra un documento), que se fundamenta en una sentencia, razonada y razonable, del Tribunal Constitucional a la que ha hecho referencia todo el mundo. Esta que muestro es su iniciativa, la suya, señor Cantó. La sentencia es de 26 de septiembre de 2013 ante un acuerdo del Parlamento de Baleares aprobado por el Partido Popular en solitario por el cual derogábamos el decreto lingüístico que impuso el Partido Socialista y los nacionalistas cuando gobernaban con Antich en Baleares. Lo suprimimos. Quiero decirle esto, señor Cantó, porque nosotros ya defendíamos la libertad de educación y la supresión de las barreras lingüísticas cuando ustedes tenían cero diputados en esta Cámara, y seguiremos haciéndolo si ustedes vuelven a tener cero diputados en esta Cámara. (Aplausos). Por tanto, su iniciativa, que es esta (vuelve a mostrar el documento), se nutre, se asienta, sobre los hechos en solitario de gobiernos populares. Le recuerdo: suprimimos el decreto lingüístico que establecía barreras de entrada a la Función pública en Baleares; se recurrió por cincuenta senadores del Partido Socialista y ganamos. Y es sobre eso sobre lo que se está debatiendo. Ahora de nuevo se ha vuelto a imponer. Pero le pido humildad en sus intervenciones porque le he llegado a escuchar también -lo he tomado literalmente-: Se acabó el castellano en la Comunidad Valenciana. Yo duermo allí. (El señor Cantó García del Moral: En Castellón, en su provincia). Sí, mi provincia. ¿Me permite hablar a mí? El que duerme en Castellón soy yo, señor Cantó; usted no. (Risas y aplausos). Esta mañana me he levantado en Segorbe, mis hijos han ido al colegio. En mi pueblo, en Segorbe, hay tres colegios, los tres tienen sus líneas, como hemos elegido los padres, todas en castellano, pero las tienen por dos motivos: primero, porque el Partido Popular permitió que en los 142 municipios monolingües en castellano siguiésemos educandos a nuestros hijos en castellano y, segundo, porque cuando los que gobiernan el Consell impusieron un decreto lingüístico por el que a mi hijo, que tiene quince años, para mantener las siete horas en inglés le imponían dieciséis en valenciano, nosotros en solitario, el Partido Popular, lo recurrió y ganó. Se lo digo porque le he escuchado decir que el PSOE y el PP miraban hacia otro lado. No, no, en mi comunidad, donde vivo, donde duermo, esa imposición educativa ha sido ya en última instancia, en el Supremo, anulada por los recursos del Partido Popular mientras Ciudadanos, efectivamente, miraba hacia otro lado. (Aplausos). Lo hicimos y lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana con el decreto de chantaje lingüístico por el cual a mi hijo, por elegir castellano, se le retiraba el título de inglés y ganamos esa batalla judicial.

También hemos ganado la batalla judicial del decreto de uso de las lenguas en la Administración, que imponía una lengua única también para las comunicaciones, para las notificaciones, incluso para las conversaciones verbales entre funcionarios. Hemos ganado esa batalla. Y estamos dando la batalla judicial, porque Isabel Bonig así lo quiere, para evitar que la policía lingüística en la Comunidad Valenciana pueda sancionar conversaciones incluso privadas. Y toda esa docena de acciones judiciales las ha llevado a cabo el Partido Popular en la Comunidad Valenciana en solitario, mientras ustedes se peleaban y


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dividían su grupo. Por tanto, les pido humildad. Es decir, con ustedes no nació esto y con ustedes, estén o no estén en el futuro, tampoco se terminará.

A mi grupo le duele haber leído este verano, como citaban otros casos más, cómo aquella niña autista de cuatro años, Carla, se quedaba sin su médico por la imposición de requisitos lingüísticos en catalán a los médicos, a los sanitarios, a los enfermeros, en Baleares. Es una imposición errónea del Partido Socialista y de los nacionalistas que nosotros en su día eliminamos y que han vuelto a restituir. Por tanto, me parece bien, cómo nos va a parecer mal que se evite que 1100 sanitarios hayan sido excluidos no por ser malos médicos o malos enfermeros sino por no acreditar un nivel suficiente de catalán, claro que sí. Por eso cuando lo hicimos, cuando derogamos aquella norma, hubo quienes nos llevaron a los tribunales y felizmente ganamos. Es absolutamente injusto que el 89 % de aquellos sanitarios para radioterapia hayan sido excluidos -el 89 %-, no porque no sepan de radioterapia, sino porque no acreditan un perfil lingüístico suficiente.

Nosotros estamos a favor de que, como dice la Constitución, se proteja, se promocione el uso de todas las lenguas, y estamos dispuestos a debatir y vamos a votar que sí a esta iniciativa, aterrizándola, teniendo en cuenta que también tienen derecho a hablar sus lenguas autónomas, sus lenguas propias todo el mundo y, por tanto, hemos de ser capaces de conciliar. No es lo mismo un puesto de cirujano que uno de atención al público y, por tanto, en ese aterrizaje, en esa conciliación, en esa convivencia de Constitución y estatutos de autonomía es donde, con la humildad que -permítanme- les ha faltado, debemos ponernos de acuerdo para que en España se sigan suprimiendo barreras comerciales, lingüísticas y de todo tipo, y que con normas como esta los españoles puedan salir más unidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000205).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados aquí presentes, muy buenas tardes.

Seguro que el debate de esta ley que propone hoy Unión del Pueblo Navarro no va a tener el tono que hemos tenido en la proposición anterior. Además, es una ley que hoy viene muy bien a debate en este Congreso por dos motivos: uno, porque hoy es precisamente el Día Mundial del Farmacéutico y, dos, porque se acaba de publicar que se ha descubierto en la Universidad Autónoma de Barcelona una molécula entre 14 000 que revierte los efectos de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer y otras demencias. Por tanto, hoy es un buen día para traer esta proposición de ley que quiere modificar el Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

Señorías, ¿cuál es el objetivo de esta proposición de ley de Unión del Pueblo Navarro? Es muy sencillo: abrir un debate en profundidad sobre la conveniencia y el necesario equilibrio entre, por un lado, los medicamentos de marca, los medicamentos de referencia, y, por otro lado, los medicamentos genéricos y especialmente circunscritos al Sistema Nacional Sanitario. Yo animo a todas las fuerzas políticas y a todos los grupos parlamentarios en esta Cámara a que tomen en consideración esta ley y a que en el proceso parlamentario escuchemos abiertamente a los profesionales de las oficinas de farmacia, escuchemos abiertamente a los pacientes -pongamos el foco en los pacientes-, escuchemos la opinión de los profesionales de la medicina, médicos, enfermeras y auxiliares, y, cómo no, escuchemos a la industria farmacéutica de marca, los innovadores, y también, sin duda, a la industria farmacéutica de los genéricos.


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¿Qué queremos con esta proposición de ley? En primer lugar, lo que buscamos es algo que está descontado, pero lo quiero remarcar: garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos farmacéuticos. ¡Faltaría más! En segundo lugar, dar estabilidad y buscar el necesario equilibrio, y que nadie entienda esta proposición de ley, señorías, como beneficiar a unos en contra de otros o viceversa, en absoluto, todos son necesarios y todos deben convivir. Además, señorías, también queremos lograr la continua innovación y la continua investigación en este sector farmacéutico para curar enfermedades a través de la búsqueda, en este caso, de nuevos principios activos. Y que nadie entienda que esto va en contra, como algún grupo parlamentario ha dicho, de los biosimilares, absolutamente nada que ver. Y sobre todo, como políticos, como representantes públicos que somos y con cierta visión a futuro, queremos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. Y quiero recordarles, señorías, que el gasto farmacéutico público alcanza el 15 % de la totalidad del gasto sanitario en nuestro país.

¿Por qué traemos esta proposición de ley antes de escuchar sus intervenciones? Señorías, por dos motivos: en primer lugar, porque está cayendo la venta de genéricos en España cuando en países homólogos de la Unión Europea, de nuestro entorno más cercano, similares en características a nuestro país, precisamente van al alza y, en segundo lugar -y también relacionado con esa caída-, cómo no decirlo, señorías, porque en países como Inglaterra, Francia, Alemania o Italia de cada 100 medicamentos dispensados el 65 % pertenecen a la familia de los genéricos cuando en España ni siquiera se alcanza el 40 %. Eso en cuanto a unidades, pero en cuanto a porcentaje de valores, hablamos del 25 % en la Unión Europea y en España no llegamos al 20 %. ¿Cuáles podrían ser las causas? Permítanme que yo avance algunas de ellas. Una de ellas podría ser perfectamente una mala intención en cuanto a poner en duda la bioequivalencia de los genéricos frente a los medicamentos de marca y la otra, y aquí tenemos mucho que decir, señorías, son las sucesivas modificaciones normativas que se han hecho en esta Cámara, como ahora citaré. En cualquier caso, lo que sí me gustaría es que los grupos políticos, especialmente aquellos que sustentaron en el pasado a los Ejecutivos centrales, sientan que esta proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015 no es ninguna enmienda a la totalidad a la decisión que se tomó y que se convalidó en esta Cámara. Si bien es cierto que el sector farmacéutico debe estar altamente regulado, no podemos convertir nuestras iniciativas legislativas en un riesgo para el sector. Señorías, en apenas cinco años, de 2010 a 2015, se legislaron cuatro reales decretos-leyes que modificaron las circunstancias y la situación de los medicamentos en nuestro país, especialmente de los medicamentos genéricos: en primer lugar, el Real Decretoley 4/2010, que redujo un 25 % el precio de los genéricos; en segundo lugar, el Real Decretoley 9/2011, que aprobó la prescripción por principio activo -a ver si la conseguimos definitivamente- y la dispensación del de menor precio y eliminó la discriminación positiva de los EFG, los medicamentos genéricos; en tercer lugar, en el año 2012, el Real Decretoley 16/2012, con el que se volvió a la discriminación positiva; y, por último, el Real Decreto Legislativo 1/2015 que elimina esa discriminación. Señorías, en esencia esta iniciativa quiere remediar esa caída cuando, como decía antes, en Europa van al alza.

Me van a permitir que ponga en valor con algunas cifras lo que supone el sector farmacéutico del genérico en nuestro país. En apenas veinte años, desde 1997, cuando se puso en marcha el primer genérico en el mercado, el Sistema Nacional de Salud se ha ahorrado 21 000 millones de euros; eso sin contar el ahorro para los pacientes. Además, en cuanto a la contribución al producto interior bruto, el sector farmacéutico de los genéricos está aportando en este momento más de 9000 empleos directos y 25 000 indirectos. Son cifras que provienen de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, Aeseg, a la cual quiero agradecer su presencia hoy aquí y también a otros miembros de esta industria del genérico.

Señorías, de cada diez genéricos consumidos en España, siete se producen en nuestro país, y este sector también contribuye tremendamente al mercado de la exportación internacional. Les voy a poner un ejemplo para que seamos conscientes del efecto regulador que tiene en los precios el medicamento genérico. Insisto en que esto no va en contra de la marca -en absoluto, deben convivir-, pero quiero poner un ejemplo para que lo entiendan. En el año 2002 el coste del tratamiento por día con Omeprazol era de 1,1 euros; hoy es de 9 céntimos de euro. Por lo tanto, hace dieciséis años se trataba a una persona y hoy se trata a doce personas con el mismo coste por día.

Para finalizar, quisiera poner el énfasis en que los medicamentos genéricos poseen la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica y su bioequivalencia con el medicamento de referencia ha sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad, tal como recoge el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2015. Su bioequivalencia se


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ha demostrado, de manera que, una vez administrado, alcanza las mismas concentraciones y tiene el mismo perfil de eficiencia que los medicamentos de marca, los medicamentos innovadores o de referencia. Por ese motivo, proponemos dos grandes cambios. Insisto en que posiblemente no sean los mejores, pero queremos abrir el debate, que ustedes enmienden y que consensuemos. Queremos abrir el debate por el bien del sector farmacéutico, por el bien del Sistema Nacional de Salud y, al fin y al cabo, por el bien de los pacientes.

En primer lugar, proponemos cambiar tres artículos -el 87, el 89 y el 98- del Real Decreto Legislativo 1/2015 que mencionaba, porque queremos establecer que la prescripción se realice efectivamente por principio activo, para que el farmacéutico deba dispensar el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea, y en caso de igualdad de precio, el medicamento genérico; una prioridad del genérico ante el de marca en igualdad de precios que también se aplicaría a la potestad del farmacéutico de sustituir el fármaco prescrito a un paciente si este tiene un precio superior al de su agrupación homogénea, cambiándolo en este caso por otro más barato por el bien de la economía -también la de los pacientes- y cuando haya problemas de desabastecimiento del fármaco prescrito y este pueda ser sustituido.

En segundo lugar, la propuesta de Unión del Pueblo Navarro establece que los medicamentos autorizados no se incluirán en los conjuntos ya existentes en el sistema de referencia, ni podrán formar conjuntos nuevos hasta transcurrido un año -doce meses- de su inclusión en el Sistema Nacional de Salud, salvo que sus titulares decidieran voluntariamente rebajar su precio hasta igualar el de referencia.

En definitiva, señorías, pretendemos que se tome en consideración esta proposición de ley, que se abra un debate, que se enmiende el texto y que busquemos -como decía- amplios consensos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Espero que este debate sea mucho más calmado. Ya que estamos hablando de medicamentos, espero que no tengamos que tomar ningún tranquilizante para poder sosegarnos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Hoy, la propuesta que hace Unión del Pueblo Navarro con esta modificación, por medio de proposición de ley, busca -tal y como lo ha expresado su propio portavoz- de alguna manera implantar, implementar y garantizar el uso de los medicamentos genéricos casi, casi como una especie de norma general. Evidentemente, mi grupo -y así lo demostró tanto aquí como en Euskadi y en su Gobierno también- ha hecho una apuesta clarísima por el uso del genérico y por el principio activo, digamos por la indicación, por la prescripción. En ese sentido, nosotros compartimos el criterio básico que se plantea en esta proposición de ley. Les pongo un ejemplo de ello. Hay un acuerdo del Gobierno vasco que dice: en materia de medicamentos genéricos, sustituciones y precios de referencia, así como un nuevo impulso a la dispensación por principio activo en un contexto caracterizado por la necesidad de implantar medidas de ahorro en el gasto farmacéutico a cargo del sistema sanitario público, todo ello sin merma de la calidad en la atención sanitaria que se dispensa a los ciudadanos.

La prescripción por principio activo y la dispensación de genéricos son dos ejes fundamentales del sistema sanitario de Euskadi de cara a propiciar políticas de ahorro en el sistema sanitario público que las partes firmantes del concierto farmacéutico están decididas a impulsar y desarrollar: departamento de Sanidad, colegios oficiales de farmacéuticos y asociaciones empresariales de farmacéuticos. También es verdad que nosotros, como grupo parlamentario y como partido político, en nuestro programa electoral establecíamos claramente nuestra apuesta por ello, cuando decíamos que teníamos que desarrollar las estrategias de uso racional del medicamento y de prescripción por principio activo, manteniendo el consumo de genéricos a niveles europeos y potenciando el uso de medicamentos biosimilares, garantizando de esta forma los tratamientos farmacéuticos de todos los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Todo ello deja clara nuestra posición.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es: ¿Es este el mejor modo para que abordemos el tema de los genéricos en esta sede? ¿No nos parece, quizá, que hemos empezado por el tejado, modificando una serie de cuestiones concretas en una ley ya existente para después desarrollar un debate, tal y como ha planteado el portavoz de Unión del Pueblo Navarro? ¿No sería mejor que previamente hiciéramos un debate amplio con todos los prescriptores que pudieran opinar sobre el tema, una ponencia, una apertura


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de puertas con todas las partes implicadas? Porque, no cerremos los ojos, aquí hay muchas partes implicadas; están las comunidades autónomas -que son las que tienen la capacidad en materia sanitaria de gestionar-, están los usuarios, estamos los grupos parlamentarios, pero también está la industria farmacéutica, tanto la que fabrica genéricos como las que fabrica marcas concretas. Creo que esto requiere un debate sosegado y amplio, y aun pudiendo estar con las modificaciones que el partido de UPN presenta, creo que no es la mejor forma de atajar el asunto. Sin duda alguna, creemos que el debate de los genéricos, por muy importante que sea, tal y como ha planteado el propio proponente, requiere de otra serie de cuestiones. Además, no todas las modificaciones que plantea la iniciativa nos convencen del todo. Hay alguna que otra que creo que debería estudiarse por las partes que más van a apechugar con el asunto. Por ejemplo, el planteamiento que se hace en el punto 4 tiene un coste económico importante y son las comunidades autónomas las que tienen que apechugar con esta modificación y, por tanto, tendrán que ser oídas mínimamente.

En consecuencia, creemos que esta es una cosa necesaria, fundamental. No cabe duda de que el impulso de los medicamentos genéricos es y debe ser algo que mantengamos no solo desde el punto de vista filosófico sino también político, pero quizá la mejor manera de plantearlo no sea a través de las modificaciones que recoge esta proposición de ley. Por tanto, mi grupo no se va a oponer, pero tampoco va a votar a favor.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, president, esta proposición de ley se circunscribe al uso y promoción del medicamento genérico y pone el acento, además de en la prescripción, en fomentar su venta en oficinas de distribución. También pretende garantizar las ventas de la industria de los laboratorios genéricos.

El genérico, sin duda, es eficaz, tiene una calidad que nos ha permitido reducir el gasto y ha sido un elemento importante en estos últimos años, pero según los últimos datos que tenemos en Cataluña, la cuota de mercado de medicamentos genéricos es del 53,6 %; es decir, se acerca más a los datos europeos que a lo que se nos ha dicho aquí de menos del 40 %. Es posible hacer más, pero a nuestro parecer no es lo más importante que tenemos pendiente en temas de farmacia, y me explicaré.

Hoy por hoy, el crecimiento en gasto más importante que estamos teniendo en la sanidad pública corresponde a los medicamentos no genéricos, a los medicamentos innovadores que son dispensados en hospitales. Por los datos que tenemos, si observamos el gasto farmacéutico hospitalario, de 2013 a 2017 se ha pasado de poco más de 5000 millones a 6448 millones. Es cierto que los medicamentos para la hepatitis C han supuesto un elemento importante en este crecimiento, pero si los sacamos de aquí, el crecimiento va hasta los 6190 millones; más de 1000 millones de crecimiento en gasto sanitario en los hospitales. Se trata de un crecimiento alcista que llega a una cuarta parte en pocos años. El gasto en fármacos hospitalarios es, pues, la partida que más crece, y lo más seguro es que en el futuro continúe creciendo, cuestión que no se contempla en esta proposición de ley.

Creemos que hay que revisar a fondo la normativa del medicamento, y en estos momentos la pelota no estaría en el tejado de UPN, sino en el tejado del Gobierno, que esperamos que juegue esta carta tan importante. Necesitamos un análisis más profundo, una propuesta legislativa más amplia, que contemple este tema del alza de precios en los medicamentos hospitalarios, como ya hemos indicado, pero también uno de los grandes problemas que tratamos con el Gobierno anterior, que es la opacidad en la fijación de precios; incluso hay contratos de confidencialidad, cosa que no entendemos, y los diputados no podemos tener acceso a eso. Aquí hay mucho por hacer, y pensamos que este inmenso trabajo permitirá que las empresas de genéricos, las empresas que no lo son y sobre todo los ciudadanos salgan ganando. Otra cuestión es la inversión pública que hacemos en biomedicina y las dificultades que a veces tenemos para que las empresas farmacéuticas nos devuelvan buena parte de la inversión siguiendo este modelo. Por tanto, en este camino que tenemos por delante nos encontrarán.

Finalmente, agotando los últimos minutos que tengo, si hay que modificar algo de una vez por todas y de forma muy urgente es el reconocimiento de la capacidad de la enfermería para indicar, usar y recomendar la dispensación de medicamentos. Es una práctica habitual en Cataluña, pero desconocemos en qué limbo está el decreto-ley que se tenía que implementar. Una vez más, devuelvan esta pelota del tejado, porque este país es exportador de enfermeras y enfermeros, por la gran calidad de los grados que


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se cursan en nuestras universidades, pero después no los reconoce en el marco normativo. Este es el gran salto adelante que esperamos. El real decreto-ley de 2015 supuso un enorme paso atrás. Hay que reconocer de una vez por todas la importancia de nuestra enfermería, lo que hacen día a día en el marco de equipos multidisciplinares. Esto es factible y lo queremos ya. Ahora más que nunca lo necesitamos. Más que una PL, esperamos un proyecto del ministerio con toda su complejidad pero lo más rápidamente posible.

Gracias, señor presidente. Infermeria, endavant. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Buenas tardes.

Se ha hablado mucho a lo largo de esta sesión de colonoscopias e idiomas, y uno, que es un profesional de esto, tiene que informarles de que en ese momento lo más interesante no es la conversación que te da el médico ni en qué idioma te la da, sino que te la haga bien y tenga pocas complicaciones. De eso se trata en esta proposición. (Aplausos).

Dicho esto, agradezco al señor Alli que nos haya traído por fin una proposición de ley de un tema serio y preocupante de sanidad y que no tengamos que ver, como hemos visto últimamente, cómo se inaugura una vez tras otra el acueducto de Segovia en política sanitaria. El problema de los genéricos es un problema real. (Muestra una gráfica). Este es el consumo de genéricos en la OCDE, y nosotros estamos por debajo de la media. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un problema con el sostenimiento, ligado a un mercado con múltiples actores que consiga mantener una competencia y una política de precio bajo. Para eso sirven los genéricos, para generar un mercado de competencia y tener un precio bajo. Si los genéricos no penetran y no hay suficientes industrias dedicadas al genérico, no conseguiremos a futuro mantener una política de precios razonable. Por eso es un problema, un problema de libre mercado y de competencia.

¿Qué han hecho ustedes para mantener esto? Cuando digo ustedes me refiero a los dos socialdemócratas de este Congreso, a los de la izquierda y a los de la derecha. Regular, regular, regular y regular, hasta conseguir tener una política de precio único, sin competencia y sin incentivo. Y cuando uno regula, regula y quita los incentivos ocurre esto otro (muestra una gráfica), es decir, que las gráficas de crecimiento de los genéricos se aplanan y se disminuye la penetración de otras compañías. Por eso tenemos un problema, porque hemos sido gobernados por una sucesión de socialdemócratas en política sanitaria.

Pero esto, dirán ustedes, al menos ha conseguido controlar el gasto. Bueno, pues como se acaba de explicar, no es cierto. Por una vez voy a estar de acuerdo con mi compañero de Esquerra Republicana. De 2011 a 2017 el gasto en recetas bajó 1000 millones; sin embargo, el gasto en farmacia hospitalaria subió 2000 millones. Resultado: no solo no hemos controlado el gasto, sino que tenemos el gasto disparado, porque hemos sido incapaces de hacer una política de transparencia también en los precios de la farmacia hospitalaria. Por eso, es importante y, como es importante, tendríamos que intentar llevar a cabo medidas en política de genéricos que copien lo que se hace en Europa, porque en el resto de Europa hay incentivos, hay diferencia de precio, hay política de mercado y política liberal. Esto no lo digo yo, lo dice Pepe Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad con el Gobierno del PSOE, que dice que es necesario un plan estratégico, que ha fracasado el Gobierno y que el diferencial de precio es una opción. Quizá, como es un peligroso liberal, no ha conseguido entrar en estos equipos del Ministerio de Sanidad. Por tanto, nosotros apostamos por revisar seriamente la política de farmacia, la política de genéricos, pero también la política de fijación de precios y la política de transparencia.

En resumen, este sistema nacional de salud necesita ser sostenible y de calidad y para ello necesita una cosa: necesita un Gobierno estable, necesita un ministro que dure más de cien días si ello es posible y, sobre todo, un ministro y un Gobierno que sepan adónde quieren ir, cómo quieren ir y con quién quieren ir. Necesitamos incluso un Gobierno que plagie, que plagie lo mejor de las políticas de Europa si no sabe hacer otra cosa. En definitiva, necesitamos un Gobierno que tenga en la cabeza los problemas de los españoles y no los problemas de los ministros del Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz.


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La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos tratando el coste de los medicamentos. Para enmarcar la cuestión, me van a permitir que les lea tres citas que han sido publicadas por los medios de comunicación durante esta última semana. Primero: "Las grandes farmacéuticas eluden al fisco unos 3250 millones de euros". Otra publicación de esta semana: "Una farmacéutica cuadruplica el precio de un antibiótico esencial"; un antibiótico de toda la vida. Y, tercera: "El famoso oncólogo español José Baselga dimite del Instituto Oncológico de Nueva York tras conocerse que ocultó millones de ingresos de las farmacéuticas". En ocasiones interesa saber que los intereses comerciales están muy bien insertados en la comunidad científica. No podemos analizar los precios de los medicamentos sin tener en cuenta el marco donde nos encontramos. La variabilidad de los precios de los medicamentos se puso más en evidencia con el consabido caso de los tratamientos de la hepatitis C, como cuando en Egipto teníamos un precio de 900 euros y en Estados Unidos el tratamiento costaba 84 000 dólares. A esta disparidad de precios y al beneficio de Gilead, que era la propietaria del fármaco -que, por cierto, cuadruplicó sus beneficios en el primer ejercicio siguiente a la promoción del fármaco-, hay que añadir un capítulo más, y es que hace dos o tres semanas colectivos de diecisiete países solicitaron a la Oficina Europea de Patentes, perfectamente argumentado, que liberara este fármaco, cosa que no les fue concedida. Teniendo en cuenta que el 66 % de las patentes son propiedad de Estados Unidos, que lidera el mercado con los cincuenta fármacos más vendidos en la lista, y ese contexto en el que nos movemos, en un principio de mercado según el cual hay que vender sacando la mayor rentabilidad posible, llegamos a la situación actual, y es que tenemos fármacos -ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión- como el Spinraza, que se ha comercializado en España con un precio de 400 000 euros. Y no es de los más caros, los hay más, porque Farmaindustria lleva a los Estados al límite de lo que pueden pagar por los fármacos. Es la política que tenemos actualmente. Cuando se pregunta por qué sucede esto, la industria contesta que es el gasto que le ha generado la fabricación de ese producto, pero cada día hay más voces en contra de este argumento que solicitan que haya una trazabilidad desde la molécula hasta que se comercializa el producto, ya que hay evidencias de los importantes negocios de Farmaindustria.

Enmarcado esto, nuestro grupo político está de acuerdo con aumentar el consumo de genéricos en nuestro país. Es cierto que en los últimos años ha disminuido, tanto en unidades como en valor, respecto a los países de nuestro entorno. Nosotros coincidimos en que el ascenso de los genéricos es bueno. Intuimos la motivación de UPN para la modificación de esta ley, pero, aparte de sus motivaciones, estamos de acuerdo totalmente con que los genéricos tienen que estar más presentes en el mercado y, por supuesto, en nuestras instituciones sanitarias. Recuerdo cuando el señor Montoro, que estaba por aquí, llegó a un acuerdo sobre el plan para promocionar las innovaciones terapéuticas que presentó en el Senado, donde hubo un debate importante. Yo quería comentar que, indudablemente, son importantísimas las innovaciones terapéuticas, las innovaciones en los tratamientos, en los fármacos, pero el mejor fármaco es el que mejor se conoce, que no es el último. Ahora no hay tiempo, pero en otra ocasión sería interesante también ver las aportaciones del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios de 2014 y 2015 en cuanto a la comercialización de los fármacos.

Insistiremos al Gobierno para que legisle en torno a este tema y para que el proceso de fijación sea transparente, como ha dicho antes alguno de los compañeros que ha hablado, porque es totalmente opaco. Se necesita transparencia y un uso responsable de su comercialización. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Estamos en un punto de inflexión en el que o aumentamos el negocio de Farmaindustria o protegemos la salud de la población.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Alconchel Gonzaga.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con el debate que nos ocupa quisiera destacar, en primer lugar, los compromisos de mi grupo parlamentario y del Gobierno socialista con el gasto farmacéutico dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, y más ante la necesidad de revertir la nefasta política farmacéutica del Gobierno anterior. Por cierto, ahora nos hemos enterado de que era el único partido socialdemócrata porque Ciudadanos ha cambiado su ideología y ya no se denomina así. Creíamos que sí, que lo eran ustedes también, señor Igea. (Aplausos).


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Nuestras prioridades son, desde luego, la mejora de la calidad de la prestación, la optimización del uso de medicamentos, garantizar algo tan básico como es el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesitan sin que se encuentren con barreras económicas o de cualquier otro tipo, facilitar la introducción de nuevos medicamentos coste-efectivo, hacer compatible el coste de los medicamentos con el equilibrio financiero del presupuesto sanitario sin que haya que mermar otras partidas que también son necesarias e importantes y, al mismo tiempo, retribuir de manera justa la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas eficaces. Sin duda, estos son objetivos muy ambiciosos de política farmacéutica que requieren amplias intervenciones en distintos aspectos, sobre la oferta y la demanda de medicamentos; sobre la prescripción, dispensación y política de precios; sobre el consumo y el propio paciente; así como sobre la política industrial de este sector y los incentivos a la I+D. En esta materia hay muchos aspectos en los que hay que incidir: la fijación de precios, los precios de referencia, evaluación de las tecnologías, selección pública de medicamentos, las políticas de copago y el impulso de los medicamentos genéricos y biosimilares, entre otros. Durante el Gobierno del Partido Popular las políticas de gasto farmacéutico han supuesto para las familias 1600 millones de euros más de gasto de su bolsillo, tal y como dice la encuesta de presupuestos familiares. Incluso hemos visto que las personas más vulnerables han tenido hasta que renunciar a sus tratamientos. Por tanto, esta es la importancia del debate que estamos hoy teniendo en cuanto a la sostenibilidad de nuestro sistema de sanidad pública y en cuanto al coste de la política farmacia.

Mi grupo parlamentario defiende, ¡faltaría más!, una política de medicamentos que impulse el uso de genéricos en España, pero comprenderán que no nos podemos conformar con modificaciones parciales como la que hoy estamos debatiendo. La evolución de la penetración en España de los medicamentos genéricos ha pasado por distintas etapas relacionadas, sobre todo, con los cambios normativos en materia de prescripción, dispensación y precio de los mismos. Es en 2012 cuando, por última vez, en la regulación española se introduce una discriminación positiva a favor de la dispensación de medicamentos genéricos a igualdad de precios. Es entonces cuando el mercado de genéricos en España tiene un fuerte impulso y se llega al punto más alto de la serie histórica del mercado. Sin duda, hay un punto de inflexión a partir de la modificación de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios introducida en la Ley de Presupuestos Generales de 2016 en la que se elimina la dispensación a favor del medicamento genérico, cuando la prescripción se hacía por principio activo. A partir de esa fecha asistimos a una involución y a un descenso del consumo de los medicamentos genéricos. Podríamos hablar de otros condicionantes que han influido en este estancamiento del mercado como la regulación en los descuentos, los precios de referencia, la tasa de expiración de patentes, provocando, todos ellos, que actualmente del total de medicamentos consumidos que no están protegidos por patentes dos tercios corresponden a las marcas originales y un tercio a los medicamentos genéricos. De hecho, a día de hoy el mercado de genéricos en España está muy lejos de las cifras europeas. Sin embargo, apreciamos que existe un amplio margen de mejora que requiere redefinir las medidas de impulso de la disponibilidad y prestación en el mercado farmacéutico de los medicamentos genéricos. Creemos que es necesario porque los medicamentos genéricos han aportado y tienen que seguir aportando mucho a la prestación farmacéutica de este país por su apoyo a la sostenibilidad en el Sistema Nacional de Salud dado que en el momento en el que se financia su precio es un 40 % inferior al medicamento original; por su capacidad de regular el mercado dado que su mera existencia produce una reducción de precio tanto en los medicamentos de referencia como en las alternativas terapéuticas de esto, de modo que el efecto se produce tanto a corto como a largo plazo; además, se favorece la competencia para obtener el mejor precio y el menor coste, y porque contribuyen a la identificación inequívoca del principio activo que contiene. La denominación de los principios activos, como ustedes saben, es universal, aporta al paciente información para la mejor utilización del medicamento debido a la mejor comprensión tanto en el momento en el que se le dispensa el medicamento en la oficina de farmacia como en cada una de las tomas que realiza. Por tanto, favorece la seguridad del paciente pero también la adherencia al tratamiento.

Respecto de la prescripción por principios activos, sí me gustaría destacar que Andalucía, mi comunidad, es la que antes ha alcanzado los máximos de implantación de prescripción por principio activo, manteniéndose por cuarto año consecutivo en el 93 %. Por ello es importante trabajar en que se mejore la formación e información de los profesionales y de los pacientes en cuanto a las ventajas que aportan los genéricos desde el punto de vista económico, clínico y científico. Pero, señorías, dicho todo esto, mi grupo no puede conformarse con un mero retoque en esta materia porque lo que se requiere son medidas bien articuladas dentro de una planificación general de la política farmacéutica que contribuya a


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la fortaleza de nuestro sistema sanitario con la intervención de las administraciones sanitarias -estatal y autonómicas-, contando con la sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y consumidores y la industria; así se lo reclamamos en el Senado al anterior Gobierno y así volvemos a reiterarlo ahora. Por eso consideramos que el texto que debatimos hoy es poco ambicioso, toca de una manera muy parcial este tema, está falto de estrategia y ni siquiera cuenta con una correcta valoración del impacto económico. Para finalizar, quiero decir que mide tan mal el impacto económico que incluso propone una modificación del artículo 98, que supondría un coste para nuestro Sistema Nacional de Salud.

Por todo lo expuesto, nos vamos a abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley pero, en caso de que prospere, no duden de que vamos a hacer todas las aportaciones necesarias en el trámite de ponencia para corregir todos los aspectos con los que no estamos de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moreno Palanques.

El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Para analizar esta proposición de ley hay que tener claros cuatro conceptos básicamente. El primero, una empresa innovadora desarrolla una molécula, llámese amoxicilina, y la bautiza y pone el nombre de Clamoxil. Cuando acaban los diez años de patente llegan otras empresas, la copian y hacen los genéricos y entra en el sistema de financiación.

A finales de los años noventa, a mí se me ocurrió un sistema que provocó un gran enfado en la industria farmacéutica porque sabía lo que se le venía encima -el señor Alli lo cuantificó en 21 000 millones, probablemente sea más- e incluso a mi propio Gobierno, del Partido Popular, que estaba aquí en el ministerio a nivel central, pero no hubo más remedio que extender ese sistema, que es el sistema de precios de referencia. ¿En qué consiste? Consiste, a grandes rasgos, en que esa molécula innovadora que ha perdido su patente y las copias, que son los genéricos, se agrupen en un conjunto que por ley valen lo mismo. Cada vez que uno de ellos baja el precio, todos tienen que bajar el precio. En 2011, el Partido Socialista hizo algo que estuvo bien, que fue introducir la prescripción por principio activo, de modo que el médico ya no recetaba el Clamoxil sino que recetaba la amoxicilina. ¿Quién decide a partir de ese momento? El farmacéutico al que llevan la recta. El farmacéutico da lo que quiere, da el genérico o da la marca sin patente, pero hoy el paciente puede elegir la marca o puede elegir el genérico, aunque casi nunca interviene en ese proceso.

Dicho eso, quedará claro que en esta proposición de ley lo que se plantea es estrictamente excluir la marca que ha perdido su patente, porque solo se puede dar el genérico, dado que todos tienen el mismo precio. Eso en un país que se supone que respeta las normas del derecho de la competencia de competencia de la Unión Europea. Ya hubiera sido una barbaridad cuando se aplicó. Lo introdujo la ministra Elena Salgado y lo sacó Trinidad Jiménez. Lo volvió a introducir Ana Mato y lo volvió a sacar Alfonso Alonso. Ya hubiera sido una barbaridad si lo hubieran cumplido los farmacéuticos, pero no lo cumplían ni se podía hacer el seguimiento. Claro, hoy con la receta electrónica se tiene que aplicar, si la ley saliera adelante, con toda su rotundidad, es decir, no es una discriminación positiva; es una exclusión de facto de la marca que ha perdido su patente. No beneficia esta medida al Sistema Nacional de Salud, tampoco beneficia, por lo tanto, al paciente. En todo caso, es un tema que queda entre la industria farmacéutica innovadora que tiene marca sin patente y genéricos.

Los datos que se han dado en la proposición no son correctos. No es un 40 %. Esos son datos IMS -no me da tiempo a explicar eso-; los verdaderos datos son los del Ministerio de Sanidad, que lo cuantifica en función del número de recetas, y no es un 40 % la cuota de mercado, es un 47,59 %. Tampoco la penetración ni el crecimiento corresponden con las cifras que se dan. Ha bajado en 2017 porque el número de moléculas que han perdido su patente ha bajado, pero ha subido en 2018 porque ese número de moléculas que han perdido su patente ha ascendido. De hecho han crecido más los genéricos en los últimos doce meses acumulados, un 7,1% más que el resto. Nosotros hicimos una modificación en 2016, en la Ley de Presupuestos que fue aprobada aquí y a la que han hecho referencia varios de ustedes. El Gobierno retiró esa discriminación porque no era sostenible, y la industria farmacéutica innovadora se comprometió con un convenio de colaboración a devolver todo aquello que superara el PIB en general a medio plazo. Por tanto, si no gastábamos más tenía que devolverse al Estado. Lo intentamos con la industria de genéricos; no fue posible y a día de hoy eso no se ha firmado. Pero a los genéricos sí que les


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dimos una ventaja para competir, porque yo creo que las empresas de genéricos son buenas, pero hay que hacer las cosas con racionalidad. Les quitamos un tope que les había puesto el Partido Socialista al descuento en las farmacias, que era de un 10 %. Podían hacer cualquier tipo de descuento, y en eso competían con la industria innovadora. De hecho, hoy se hacen descuentos de un 40 y un 50 % en las farmacias. Hicimos otra cosa, limitamos la denominación EFG, especialidad farmacéutica genérica, para las marcas que habían perdido la patente y lo limitamos a los genéricos dándoles más ventajas también a estos. Eso es lo que hicimos. Claro, no puede ser que hiciéramos aquello y ahora volvamos a recuperar una medida que creíamos que no era lógica y que va contra la competencia para tener el triplete, las dos medidas que se aprobaron y esta que se retiró.

Sinceramente, creo que el sistema de referencia que tenemos es bueno, la prescripción por medicamento es buena, las empresas que se dedican a fabricar genéricos son un mercado que está consolidado, que está maduro, que funcionan en sana competencia entre ellos y con las marcas y que hay que seguir manteniéndolo. Pero, claro, lo que no puede ser es que esa discriminación positiva, que en realidad es una exclusión de las marcas que han perdido las patentes, se vuelva a establecer una vez más. No puede ser, simplemente porque va contra el sentido común, porque todos los médicos prescriben por principio activo, porque todos los medicamentos valen exactamente igual, porque los pacientes hoy pueden elegir esa marca al mismo precio y porque va contra las normas de la competencia.

Estoy de acuerdo con algunos de los grupos. ¿Se puede hacer más por los genéricos? Creo que hicimos bastante en 2016, francamente, pero si hay que hacerlo, podrá ser un paquete más integral con muchas otras medidas y no esta. Esta, sinceramente, creo que no es aceptable. Por corregir alguna cifra más: no es un 40 % la cuota de mercado de los genéricos, insisto en que es un 48 %, pero hay que tener presente que si en otros países de la OCDE hay algo más, que es el 52 %, es porque hay diferencia de precios y cuando uno va con su receta de amoxicilina a la farmacia en Francia o Alemaniay le dicen: Yo le voy a pagar el precio más bajo, ¿quiere usted el Clamoxyl? Pues tiene usted que pagarlo. ¿Qué cree usted que el paciente va a hacer? Pues coger lo que el farmacéutico le da que es el genérico, como es lógico. En España los genéricos y las marcas sin patente que equivalen a genéricos representan el 81 % del mercado farmacéutico.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132.1 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 130.1.6.º Y 131, DE LA LEY ORGÁNICA 19/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO Y/O AGRESIÓN SEXUAL A MENORES. (Número de expediente 162/000239).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.

Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1, en relación con los artículos 130.1.6.º y 131 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta.

Bona tarda, diputats i diputades. Esquerra Republicana trae hoy ante esta Cámara una proposición no de ley destinada a modificar el sistema de prescripción de los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores. En mayo de 2017 presentamos esta misma propuesta a la Comisión de derechos de la infancia y la adolescencia, que se acabó aprobando con algunas modificaciones. Sin embargo, ante la inacción el Gobierno español, nos vemos obligados a volver a presentarla.

La pederastia es uno de los grupos de delitos que suscitan mayor alarma social por la gravedad intrínseca de los hechos, la especial vulnerabilidad de la víctima y, muy particularmente, la sensación de impunidad que genera este tipo de delitos como consecuencia del elevado índice de prescripción y archivo que presentan. El abuso sexual infantil tiene graves consecuencias para el desarrollo de sus víctimas y la experiencia de este abuso se caracteriza por el secretismo que rodea la relación entre la víctima y el agresor y el silencio que la acompaña. Entre los motivos para no revelar esta experiencia se han identificado


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barreras de carácter personal relacionadas con la propia víctima y la dinámica establecida con el agresor y factores vinculados también a la reacción social ante el abuso y la agresión. Como consecuencia de lo anterior, la víctima acostumbra a denunciar los hechos muchos años después de su consumación y muy a menudo cuando ya es demasiado tarde y el delito ha prescrito y, por tanto, se ha extinguido la responsabilidad penal del autor.

Por todo ello, tanto la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya como Esquerra Republicana creemos que para resolver la situación descrita es necesario reformar el cómputo de la prescripción previsto en el Código Penal para este tipo de delitos, que puede ir entre diez, quince y veinte años. En concreto, los objetivos principales de esta proposición no de ley son dos: el primero, se propone que en los delitos de abuso y agresión sexual contra menores el periodo de tiempo durante el cual se suspende el cómputo de los plazos de prescripción se amplíe hasta que la víctima cumpla los treinta años de edad, tal como recoge el Código Penal alemán y en otros países, como Suiza. Esta modificación garantiza el derecho a perseguir este tipo de delitos cuando se adquiere conciencia y también la madurez necesaria de lo sucedido y, al mismo tiempo, respeta la institución de la prescripción del delito como elemento esencial de un derecho penal garantista que defiende la función preventiva de la pena y su finalidad resocializadora. El segundo objetivo es la creación de una partida presupuestaria para atender a las personas que han sufrido casos de abuso o agresión sexual siendo menores de edad e impulsar todas aquellas medidas necesarias para acabar con el abuso sexual a nuestros hijos e hijas y el encubrimiento de sus agresores. Es necesario y urgente garantizar de una vez por todas el derecho de las víctimas a poder denunciar estos delitos y acabar con la impunidad de los agresores. Cualquier acto de violencia o abuso a las personas, y especialmente sobre los menores, es absolutamente repugnante y genera el rechazo unánime de toda la sociedad. Por eso, es nuestra obligación hacer propuestas para dar respuesta y asegurar que los tribunales puedan garantizar los derechos de las víctimas. Por todo ello, les pedimos el voto favorable a esta iniciativa.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, en primer lugar, interviene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, es un asunto el que nos trae aquí que nos preocupa realmente; nos preocupa por la enorme alarma y sensibilidad social que generan este tipo de delitos, unos delitos que se cometen -como ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana- en un ámbito la mayoría de las veces de privacidad, un ámbito oculto a la luz y un ámbito, además, en el que las víctimas suelen ser especialmente vulnerables y, por lo tanto, son delitos en los cuales la perseguibilidad suele tener enormes dificultades. Es cierto -y todas las estadísticas así lo marcan- que hay un índice muy alto de prescripción de estos delitos.

Para nosotros, en esta proposición no de ley la clave es combatir una palabra: impunidad. Estamos de acuerdo con ustedes en que hay que estudiar las vías para que, en la medida de lo posible, estos delitos contra la libertad sexual, con víctimas menores en la mayoría de los casos, en ninguna circunstancia estén afectados por esa impunidad. Este proceso de revisión de la figura de la prescripción de estos delitos no se aborda solo en España. Usted ha citado algún caso, por ejemplo el caso de Suiza, pero es un proceso de revisión que se está abordando en el conjunto de los países de Europa o de ámbito occidental, y se han adoptado distintas soluciones; no solo la solución a la que usted hace referencia de Suiza. Por ejemplo, en Alemania, tanto el plazo de cómputo de inicio de la prescripción de los dieciocho años se ha ampliado a los veintiuno en un primer momento, y posteriormente es verdad que también se ha ampliado hasta los treinta años. En Austria, por ejemplo, se ha elevado la edad del cómputo de dies a quo, de cuándo empieza a contar ese plazo de la prescripción a la edad de la víctima, los veintiocho años. En Suiza, como usted decía, a los veinticinco para aquellos delitos cometidos por menores de dieciséis. Es decir, hay una pluralidad de soluciones. Yo creo que todos compartimos el objetivo y lo que tenemos que encontrar es la mejor de las soluciones.

Por eso, quiero referirme a la enmienda que hemos planteado; una enmienda que en buena medida es muy similar a la otra que ha presentado el Grupo Podemos; una enmienda que lo que viene a decir es que como compartimos el objetivo, como queremos acabar con esas sombras de impunidad en las que viven estos delitos, como queremos dar herramientas suficientes a esas víctimas tan vulnerables para que pueda perseguirse el delito, vamos a ver qué fórmula encontramos. Nosotros lo que decimos en el


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punto 1.º es que se cree una comisión de expertos que, a la luz de todas las modificaciones que se están abordando en el ámbito de la Unión Europea, a la luz de lo que vamos conociendo sobre este delito desde el ámbito de la psicología, de la sociología y también de la técnica penal, que se nos proponga una solución. No decimos que se haga de forma genérica, creando una comisión para que el problema no se aborde sino, como le decía, creando una comisión de expertos con un plazo tasado y que, a partir de ahí, el Gobierno nos traiga a esta Cámara esa reforma del Código penal que aborde la ampliación de esos plazos de prescripción. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos esa comisión de expertos se residencia en el área procesal de la Comisión General de Codificación, y nos parece bien, quiero decir que nos parece que ahí se reúnen personas con esa especial cualificación. Por tanto, también nos serviría la aceptación de la enmienda de Podemos.

Pido al grupo que presenta la proposición no de ley que, dado que compartimos la mayor parte del objetivo de esta iniciativa, sea generoso en el tratamiento de estas enmiendas y que las acepte porque lo que no parece lógico es que cuando en el ámbito de Europa se están adoptando distintas decisiones, aquí en una proposición no de ley, en este debate breve y conciso en el que seguramente no podemos abordar profundamente un asunto de este calado social, se defina ya claramente cuál es la técnica, elevando a los treinta años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Por eso le pido esa generosidad y le pido que podamos alcanzar un acuerdo y que entre todos pongamos en marcha a la mayor brevedad esa comisión de expertos que nos ofrezca luz sobre un asunto que a nosotros nos ofende absolutamente y cuando estamos seguros de que podremos encontrar ese acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Gracias, presidenta.

Molt bona tarda.

No puedo empezar mi intervención sin recordar los casos de violencia machista que hemos sufrido en el día de hoy. Hoy hemos sabido que dos niñas de dos y seis años han sido asesinadas por su padre sobre el que pesaban denuncias de malos tratos y una mujer en Bilbao y otra en Granada han sido también asesinadas. Rogamos las mujeres, los niños y las niñas que el Gobierno haga de la lucha contra la violencia machista una prioridad y que dejen de asesinarnos ya, por favor. (Aplausos).

Pasando ya a la PNL que nos ocupa, y que como ha dicho la representante del Grupo de Esquerra ya fue tratada y aprobada en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, quiero decir que hubiéramos agradecido que el grupo proponente presentara esta PNL con los acuerdos a los que ya habíamos llegado en dicha Comisión.

Cuando supe que de nuevo íbamos a tratar este tema en sesión plenaria, lo primero que hice fue llamar a Manuel Barbero, con quien mi grupo se ha reunido en diversas ocasiones. Manuel Barbero es el padre del primer niño que denunció los abusos sexuales sufridos por parte de un profesor en el colegio de maristas de Sants-Les Corts de Barcelona. Imagino que sus señorías recordarán el caso que conmocionó a toda la ciudad de Barcelona y a toda la comunidad educativa del país. A raíz de esta primera denuncia surgieron un total de cuarenta y tres denuncias contra trece profesores por abusos y agresiones sexuales en dicha escuela a principios de los años ochenta. Manuel Barbero ha luchado y sigue luchando para que se haga justicia y ha puesto en marcha una asociación llamada Mans Petites que busca sensibilizar acerca de este tipo de abusos y trabajar en su prevención. Lo primero que me dice Manuel Barbero es que sin duda hay un problema con la prescripción y me pone de ejemplo precisamente el caso que ha sufrido su familia. En el caso Maristas, del total de cuarenta y tres denuncias contra trece profesores, solo uno de estos profesores irá a juicio, y de las diecisiete denuncias que ha recibido solo por cuatro. Esto es, que de las cuarenta y tres denuncias totales, treinta y nueve están prescritas. Así que, por supuesto, estamos de acuerdo en que trabajemos el tema de la prescripción y es justo que así se haga, siempre obviamente siendo muy rigurosos y teniendo en cuenta que cualquier modificación en el Código Penal repercute en otros elementos. Por tanto, mi grupo estaría de acuerdo en que esta modificación del Código Penal se hiciera después de un estudio muy completo, riguroso y detallado donde se tuvieran en cuenta todos los pormenores. En esta dirección va una de las enmiendas que hemos preparado.

Además, otra cosa que me dice Manuel Barbero, quien demuestra una serenidad admirable viniendo de una víctima, es que la prescripción no va a resolver el problema de fondo. Manuel Barbero me pide que


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reclamemos un trabajo real por parte de las administraciones en la prevención, la detección temprana y la sensibilización. Esta es una vía totalmente ineludible para nuestro grupo parlamentario que ya manifestamos cuando se debatió esta PNL en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Por ello hemos propuesto una enmienda que haga constar un compromiso real por parte del Gobierno para destinar más recursos a la lucha contra los abusos y las agresiones sexuales infantiles y para garantizar más medios a asociaciones y fundaciones que realizan este trabajo de sensibilización, prevención, formación y tratamiento.

Quiero destacar también que para una lucha efectiva contra este tipo de abusos es necesaria una ley integral de protección a la infancia. Así lo reclaman las asociaciones y plataformas que trabajan en los derechos de la infancia. Le pido al Gobierno que presente cuanto antes ese proyecto de ley, en el que ya estaba trabajando el Gobierno anterior, que trabajemos en él todos los grupos sin más dilación y que este trabajo esté abierto a las propuestas que llegan de la sociedad civil, que son absolutamente imprescindibles. En esta legislatura tenemos las mayorías suficientes para sacar adelante muchas leyes capaces de cambiar la vida de la gente y mejorar radicalmente la situación de los derechos de la infancia en nuestro país. La ley de protección a la infancia ha de ser sin duda una de las leyes que aprobemos, con la que cumplamos la esperanza de la gente y con la que demostremos que la alternativa puede ser una realidad. Pensamos que esta ley tiene que ser ambiciosa y tiene que tratar de frente y de raíz todo el tema de los abusos y agresiones sexuales en la infancia y debe recoger también las propuestas planteadas en esta PNL.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, estamos hablando de la protección de los menores y por ello quiero empezar mi intervención haciendo un dedicatorio a las dos niñas que han sido asesinadas hoy por su padre en Castellón, en un episodio que parece ser nuevamente de violencia machista, y también a las dos mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas en Bilbao y en Granada. Esto es algo lamentable y nos demuestra que no debemos ahorrar esfuerzos para conseguir que esta lacra se acabe de una vez. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

La prescripción no es una garantía que pueda ser considerada como un derecho subjetivo del justiciable, sino que es simplemente un instrumento de seguridad jurídica que impide que el ius puniendi del Estado vaya más allá de lo razonable; más allá de lo razonable, pero no menos. En los delitos que afectan a los menores, como los abusos, estamos viendo claramente que la conciencia de estos delitos necesita mucho tiempo para manifestarse; la conciencia individual y también, por qué no decirlo, la conciencia pública, la conciencia de la sociedad que tiene que ir asumiendo cada vez más que una serie de comportamientos que hace no mucho tiempo eran tolerados y de alguna manera consentidos ahora se ven como plenamente inadmisibles. Por tanto, es importante que se haga esta reforma.

El artículo 132 del Código Penal viene configurado en regla y excepción. Para la regla de la prescripción se toma en cuenta el día de comisión del delito, pero para la excepción en hechos especialmente repugnantes se toma en cuenta desde el momento de la mayoría de edad. Pues bien, atrasemos este momento y llevémoslo hasta los treinta años para que así se pueda asegurar que la persona que finalmente denuncia tenga una madurez que le haga ser conocedora y evaluar los hechos que sufrió y le permita tener un conocimiento de que la acción del Estado en defensa de su derecho en reparación de las lesiones que sufrió ha sido verdaderamente efectiva. Por ese motivo, apoyaremos este texto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller i Ruiz.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora Telechea, por la presentación de esta proposición no de ley. De hecho, el Partit Demòcrata, siguiendo el sentir del Govern de Catalunya en la época del conseller de Justicia Carles Mundó, presentó una iniciativa idéntica. Queríamos paliar el hecho de que este tipo de delitos execrables, y que son de los que generan más alarma social, sean archivados por el plazo de prescripción. La causa


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no es otra que la dificultad que tiene la víctima de asumir estos hechos que sufrió, porque generalmente se suceden en los ámbitos más íntimos, más cercanos de la persona, normalmente un menor de edad, probablemente del ámbito de la familia, la escuela o los monitores. Esto dificulta la toma de conciencia por parte de la persona que ha sido víctima del abuso de que es denunciable. Y cuando supera esta barrera, nos encontramos con que el plazo de prescripción deja a la persona indefensa, sin que pueda actuar la justicia. Hay una percepción de impunidad por este tipo de delitos causada, como decimos, por la prescripción.

Estábamos de acuerdo y no habíamos presentado enmiendas, puesto que -reitero- así se promulgó por parte del Govern de Catalunya, pero, a la vista de las enmiendas que han ofrecido, si los proponentes aceptasen la enmienda en la que se propone constituir una comisión, yo les emplazaría in voce a que fijasen un plazo para la constitución de esta comisión que no fuese más allá del próximo periodo de sesiones. Es una reforma urgente y dar una respuesta por parte de los servicios de la Cámara a una necesidad como esta sería una muy buena señal de que estamos velando por las víctimas. No entraría tanto en la cuestión competencial como en algunos de los puntos que me ha parecido que ha defendido el Grupo Podemos, pero sobre todo en lo que se refiere a la modificación del Código Penal. Si atienden la constitución de esta comisión les sugeriríamos desde el Partit Demòcrata que la incluyesen dentro del próximo periodo de sesiones.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Debatimos una proposición que básicamente propone cambiar el inicio del cómputo de los términos de la prescripción para los delitos de agresión y abuso sexual contra menores de edad. A esta propuesta se acompaña una reclamación genérica para prevenir estos delitos y, en su caso, evitar su encubrimiento y para atender a personas que han sido víctimas de estos delitos durante su minoría de edad.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco siempre ofrecerá su consenso parlamentario en todo lo relativo a la protección de la infancia y juventud, y en este caso no será menos. No obstante, la iniciativa que debatimos nos sugiere alguna cuestión que expondremos. Como se ha dicho, se propone el cambio de inicio del cómputo de la prescripción de estos delitos para pasar del inicio actual, cuando el menor alcanza la mayoría de edad, a otro cuyo cómputo se retrasa hasta que el menor, la víctima, cumpla los treinta años. Sin embargo, en el actual Código Penal y desde 1999 el cómputo especial del inicio de los términos de la prescripción para el caso de víctimas menores se refiere a distintos bienes jurídicos protegidos y no solo al de libertad e indemnidad sexuales, que se corresponden con distintos títulos del Libro II del Código Penal. Así, se nos cita en el artículo 132.1, segundo párrafo, la tentativa de homicidio, el aborto no consentido, las lesiones, la trata, los delitos contra la libertad, las torturas, contra la integridad moral, la intimidad, los derechos a la propia imagen y la inviolabilidad del propio domicilio. Por su parte, el título VIII del Libro II, cuyo bien jurídico protegido es la libertad e indemnidad sexuales, no solo se refiere a las agresiones y abusos, sino que también abarca el acoso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual, la prostitución, la explotación sexual y la corrupción. Todos estos delitos, cuando la víctima es menor, tienen también un cómputo especial de prescripción distinto al general que, como ustedes saben, es desde el día que se comete la infracción punible.

Pues bien, la iniciativa que debatimos a favor de los menores entendemos que puede quedar coja, pues olvida gran parte de estos delitos contra su libertad e indemnidad sexuales, que se contienen -como decía- en el título VIII del Libro II. Además, también se olvidan, como ya he referido, otros muchos bienes jurídicos protegidos cuando la víctima es menor.

Una segunda reflexión que se nos sugiere al hilo de la proposición debatida se refiere a la ampliación de hecho del plazo de prescripción de dos delitos a través del retraso del inicio de su cómputo, que no comience este cómputo hasta que la víctima haya cumplido los treinta años. Esta es una cuestión altamente debatida en nuestro entorno y en el derecho comparado. Ciertamente, el tratamiento penal actual, introducido, como decía, en el año 1999, es francamente insuficiente para la persecución de estos delitos y bienes jurídicos protegidos. El tiempo, como ya se ha dicho, para la toma de conciencia de la víctima y para la decisión de denunciar es casi siempre largo y desgraciadamente en muchos casos no llega nunca. Un quinto de estas víctimas nunca llegan a denunciar por razón de que las secuelas psicológicas que se arrastran son graves e impeditivas, pues han sido víctimas de aquello en lo que los


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menores más conocen, confían y dependen: su entorno. No olvidemos que estos delitos contra menores se producen fundamentalmente dentro de sus entornos familiar y de convivencia. Por eso, incluso se habla de que estos delitos no debieran prescribir nunca, aunque esto ciertamente repercutiría en su viabilidad probatoria, o a los cincuenta años. Por tanto, creemos que esta no es una cuestión cerrada y que debería estudiarse por los expertos en la materia de manera detenida, como se ha propuesto en algunas enmiendas y creo que también en alguna autoenmienda.

Por último, señora presidenta -y voy finalizando-, como sociedad vamos afortunadamente mejorando y progresando a pesar de notables tropezones en la defensa de los más frágiles y vulnerables. Sin embargo, y respecto a la infancia, el Grupo Parlamentario Vasco considera que nos urge a todos como sociedad y que ha llegado el momento de dotarnos de una ley integral contra la violencia contra los menores, y con una visión integral y no solo penal -quizá con un título específico en el que el bien jurídico protegido sean los menores como categoría y su interior superior-, sino también procesal, tan importante para evitar una segunda victimización, así como con una visión existencial preventiva, educativa, etcétera, al modo de las que ya contamos contra el maltrato y violencia de género contra la mujer y sus hijos menores. Finalizo manifestando que, sin perjuicio de las cuestiones apuntadas, votaremos a favor de la iniciativa.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.

La señora FERRER TESORO: Presidenta, señorías, buenas tardes.

Quiero saludar a los representantes de la organización no gubernamental Save the Children, que nos acompañan desde la tribuna, y agradecer como siempre su esfuerzo en la lucha constante en defensa de los menores.

La violación es como una mancha que está siempre presente. Quien dice esto hoy es un gran pianista, James Rhodes, que desgraciadamente pasó por este horrible episodio violento cuando era menor de edad. Los abusos sexuales a menores constituyen uno de los delitos más execrables y más repugnantes que puedan existir. Tan solo imaginar este hecho violento provoca en la mayoría de los ciudadanos impotencia, frustración y desgarro, pero los problemas no se acaban cuando terminan los abusos. Hoy hablamos en el Congreso de lo que pasa después, de la prescripción de los delitos de agresión y abusos sexuales, donde coincidimos con el grupo proponente. Algo falla en nuestras leyes cuando, por ejemplo, Joaquín Benitez -aquí se ha nombrado ya-, un profesor de gimnasia que durante treinta y cinco años -treinta y cinco años- dio clases en un centro religioso, acumuló multitud de denuncias, la mayoría de las cuales prescribieron, el cual decía a los periodistas: Sí, lo hice y pensé que vendrían antes a por mí. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que durante más de treinta años un profesor abuse de sus alumnos y nadie lo denunciara? Y lo que nos trae hoy aquí: ¿cómo es posible que habiendo confesado Benítez muchos de los delitos no vayan a juzgarse porque han prescrito? Y si alguno de ustedes piensa que pueden ser casos esporádicos o poco frecuentes, nada más lejos de la realidad. No son casos aislados. Basta con leer hoy mismo los periódicos. Una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Es un delito que se produce de una forma abrumadora en el entorno familiar, en el entorno de más confianza. Según el informe de Save the Children Ojos que no quieren ver, el abuso dura de media cuatro años. Apenas un 15 % -solo un 15 %- de los casos son denunciados, y de los que entran en el sistema legal, siete de cada diez nunca llegan a juicio oral. La realidad es que los niños no verbalizan los hechos de forma espontánea, ni siquiera cuando llegan a la mayoría de edad. En muchas ocasiones la víctima no quiere recordar porque lo que intenta es sobrevivir. Una persona que sufre abusos o agresiones sexuales puede tardar años en estar psicológicamente preparada para asumir el horror vivido y para poder reunir la fuerza suficiente para denunciar a su agresor. Que además suceda en el ámbito más cercano, como en la familia, los colegios o los centros religiosos, es un factor de revictimización: los que deberían protegerlos los agreden, rompiendo el sistema de apego a las relaciones cercanas y la confianza en ellos y en el mundo.

Es absolutamente necesario poner en la agenda política de manera urgente la violencia contra los menores. No debemos tener miedo de sacarlo a la luz, se trata de un problema de gran envergadura y así nos lo dicen los datos. Al igual que la Ley de violencia de género supuso un antes y un después en la percepción de la sociedad sobre esta lacra machista, la ley para erradicar la violencia en la infancia debe provocar lo mismo: la toma de conciencia en la sociedad de este grave problema. De ahí el compromiso


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firme y tajante de este Gobierno con una ley de protección integral frente a la violencia en la infancia que en breves fechas será una realidad. Una ley vanguardista de carácter integral que abarcará a todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y las niñas menores: familias, educación sexual, afectiva, entorno sociosanitario, redes sociales, medios de comunicación, ocio, tiempo libre, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etcétera. A las víctimas les decimos que ni este Gobierno ni nadie les podrá resarcir del dolor. El dolor no prescribe, pero sí podemos y debemos poner todos los medios necesarios, primero, para que no queden impunes y, segundo, para prevenir que otros niños pasen por ese horror. Este es el compromiso del Gobierno socialista.

Termino. Es nuestra obligación, como representantes de los ciudadanos pero también como sociedad, hacer de este país, como decía el señor Rose, un lugar seguro para los niños.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ferrer Tesoro.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero empezar como algunos de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, con un recuerdo doliente de mi grupo parlamentario de esas dos niñas que hoy han muerto a manos de su padre y de esas dos mujeres que también han perdido la vida. No nos conformamos, no vamos a resignarnos. Estar aquí hoy hablando otra vez de una proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana significa también que no nos resignamos, que seguimos pensando, trabajando y queriendo solucionar algunos problemas que se plantean a la hora de proteger a los niños. Hay pocas cosas que más nos conmocionen como sociedad que sentirnos incapaces de proteger a nuestros hijos.

No me voy a referir, por lo tanto, a otras cuestiones que se plantean en esta proposición no de ley, que tienen un gran interés y que yo creo que además concitan el acuerdo unánime de todos o casi todos los grupos parlamentarios. Son cuestiones importantes pero creo que no requieren especiales matices una vez que el pacto contra la violencia de género que nos dimos en este Congreso hace un poco más de un año nos permite establecer ya recursos económicos para abordar este y otros problemas, recursos que ya se encuentran en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 que hizo el Gobierno del Partido Popular y que esperamos que en todo caso el Gobierno socialista sea capaz de concretar a futuro, si es que es capaz de traer a esta Cámara unos Presupuestos Generales del Estado.

Lo que es importante y a mi grupo le interesa destacar de esta proposición no de ley -y a eso voy a dedicar mi intervención- es que hablamos de determinados delitos, especialmente delitos sexuales. Las estadísticas nos dicen que esos delitos se cometen, en el caso de personas menores, especialmente en el entorno familiar, afectivo o de amistad, o bien por parte de aquellas personas que tienen encomendado el cuidado y la protección de esos niños, esas personas que deben protegerlos y que se convierten en los monstruos que realmente les acechan y les dañan. Por tanto, la necesidad de extender el plazo de prescripción nos parece que es razonable, tan razonable que en el año 1999 fue un Gobierno del Partido Popular, apenas cuatro años después de aprobar el llamado Código Penal de la democracia, el que introdujo precisamente ese plazo especial de prescripción, y han sido sucesivos Gobiernos del Partido Popular, con una ulterior reforma en 1999 también, otra en 2003 que lo que hace es refundir las reformas anteriores y la última en el año 2015, los que van ampliando el ámbito de protección a los niños respecto de esas conductas.

Lo que se nos pide ahora es que repensemos cuál debe ser ese plazo de suspensión que se estableció, de una manera por otra parte lógica, en los dieciocho años. En ese paraguas de protección que se estableció en el año 1999 y que se ha ido ampliando a través de las sucesivas reformas lo que estamos haciendo es seguir el mismo camino, el mismo íter que han recorrido otros países buscando esa protección. Tenemos que recordar que no todos los países tienen plazos especiales de protección en relación con estos delitos u otros, pero hay algunos que sí, y la inmensa mayoría está precisamente en la mayoría de edad: países como Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá o, con algunas peculiaridades, Argentina. Es la mayoría de edad la que determina que empiece a computar el plazo de prescripción. En otros hay un modelo de imprescriptibilidad: en Nicaragua, en algunos Estados de México como Oaxaca, en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. También en Suiza, que combina una protección del plazo de prescripción a partir de los veinticinco años con la imprescriptibilidad para determinados delitos, o en Austria, que son


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veintiocho. ¿Por qué entonces el plazo de treinta años de Alemania? No deja de ser un plazo aleatorio, arbitrario, en el mejor sentido de la palabra, pero que en todo caso merece una mayor reflexión.

Como también creemos que merece una mayor reflexión el hecho de que no se limite la propuesta a los delitos de abuso y de agresión sexual, porque hay otros muchos delitos que creemos que también deben estar incluidos. ¿Por qué no hablamos de la ablación genital, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos de los delitos de trata? ¿Por qué no hablamos de los delitos relativos a la prostitución? Otros muchos delitos de los que también pueden ser víctimas menores, además víctimas que sufran un enorme daño psicológico que les impida denunciar esos delitos. ¿Por qué no partimos, por tanto, de lo que ya tenemos y a través de un estudio serio y riguroso? ¿Y por qué no lo pensamos también de otras posibles víctimas, no solamente los menores? Porque lo mismo que sucede con los menores sucede con personas con discapacidad o personas mayores. Por tanto, elevemos a una solución integral las cuestiones que se refieren a las víctimas especialmente vulnerables, teniendo presente que son los menores los que padecen en mayor medida esa situación.

Por último, una propuesta más dentro de esta enmienda in voce que mi grupo parlamentario quiere plantear. ¿Por qué no, ya que nos ponemos a pensar, pensamos también en la imprescriptibilidad en algunas cuestiones muy concretas? Por ejemplo, aquellas que van asociadas a la prisión permanente revisable, al asesinato de menores de dieciséis años, al asesinato que ha venido precedido de una violación. Creo que son cuestiones que deben pensarse. Por tanto, el Grupo Popular tiende la mano para que todos en esta Cámara hoy seamos capaces de llegar a un acuerdo, de alcanzar un pacto que nos dé un instrumento inicial que nos permita que este punto de partida sea el punto del consenso. Pondré el texto a disposición de los letrados y del grupo proponente para que tengan conocimiento de cuál es exactamente la enmienda in voce que propone el Grupo Popular. Si no tiene inconveniente la Presidencia, puedo leerlo; si no, se lo traslado directamente. Se refiere básicamente al punto primero: Promover, en el seno de la Comisión general de codificación, la constitución de un grupo de trabajo para estudiar las modificaciones que, en su caso, sean necesarias en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la prescripción de la acción penal en los delitos de abuso y agresión sexual y otros delitos graves cometidos contra menores, tanto en lo que se refiere a los plazos establecidos como a su cómputo, así como estudiar la posibilidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos castigados con la pena de prisión permanente revisable para los supuestos tipificados en el artículo 140.1, primero y segundo, del Código Penal. Esta sería nuestra propuesta. Las manos tendidas las tienen.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Valmaña. Pásele ahora la enmienda por escrito a la diputada autora de la iniciativa, señora Telechea i Lozano, y yo ahora le doy también la palabra a los efectos de que manifieste si acepta o no las enmiendas presentadas.

Tiene la palabra.

La señora TELECHEA I LOZANO: Mantenemos nuestro texto en todos sus términos, a excepción de la enmienda de adición que ha propuesto el Grupo Parlamentario de Podemos como punto número cuatro.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), RELATIVA AL DISEÑO DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL QUE SE FIJE LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DEL CARBÓN COMO FUENTE PROPIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE RECURSOS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES EN LAS CENTRALES TÉRMICAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. (Número de expediente 162/000754).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa al diseño de una transición energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recueros energéticos, así como la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Los efectos de la transición ecológica anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con medidas tomadas antes incluso de estar constituido el Consejo de Ministros, han hecho resonar con fuerza las alarmas en Asturias y en la industria española, cuya competitividad impulsa económica y socialmente a grandes comarcas de población y proporciona decenas de miles de puestos de trabajo estables y cualificados que ahora se mantienen a duras penas por estar compitiendo con países que producen con costes energéticos muy inferiores a los españoles. La desertización y la deslocalización amenazan peligrosamente la continuidad de importantes sectores y se suma a la ausencia en España de una política reindustrializadora. Lo demuestra la continuada caída de la participación industrial en el producto interior bruto nacional, que desde el año 2000 ha pasado de un 18,73 % al 16,40 % en el año 2017; es decir, 2,33 puntos, que en el caso específico de Asturias baja hasta menos 3,29 puntos.

A la falta de objetivos y de medidas de apoyo a la reindustrialización en España hay que sumar el despropósito anunciado por el Gobierno a través de la ministra para la Transición Ecológica para cerrar las centrales térmicas de generación de electricidad que en Asturias alimentan a las grandes industrias de consumo electrointensivo y exportan energía. El cierre de estas centrales alentado por el Gobierno supondrá el encarecimiento del recibo de la luz, con impacto sobre la factura final de un consumidor medio de entre un 5 % y un 10 %. En España ya estamos a la cabeza europea en la carestía de la electricidad, y más aún con los máximos históricos alcanzados en días pasados que ya nos advierten que serán superados. La renuncia al carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, equivale también a sacrificar nuestra soberanía energética porque es una fuente nacional imprescindible de recursos energéticos autóctonos de la que disponemos en abundancia. El pasado año 2017 el carbón supuso el 17,4 % de toda la electricidad generada en España, la tercera fuente de energía en el mix energético, detrás de la nuclear y la eólica. Con el pretexto de cumplir los acuerdos de París, el Gobierno de España se desmarca de la política energética que, sin embargo, mantienen y desarrollan otros países de la Unión Europea, caso de Alemania o Polonia donde ante de disfrazarse de verde sus dirigentes piensan en otras alternativas para proteger el interés general de sus ciudadanos, para crecer económicamente y para crear empleo y bienestar.

¿De dónde copia Pedro Sánchez su política desertizadora? De los manuales ecologistas más rancios. ¿De dónde calca su política de cierres camuflados con declaraciones equívocas sobre los efectos perversos para el medio ambiente y la salud? De un ministro francés ya dimitido. ¿Cómo afrontará el Gobierno el daño económico y social de la destrucción irreversible de miles de puestos de trabajo? Yo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, soy el campeón del progresismo verde y como buen socialista el que venga detrás que arregle la desfeita, que solucione el colosal descalabro laboral, económico y social.

Señorías, hay otras alternativas sensatas y el Gobierno las tiene a su alcance. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que el hoy presidente se comprometió a ejecutar en el debate de la moción de censura, se incorporaron a instancias de Foro importantes dotaciones para avanzar en el control e investigación de emisiones medioambientales. Es el caso de los 20 millones de euros para reducción de emisiones en las centrales térmicas y de los 150 millones de euros en ayudas a las industrias de consumo electrointensivo para costes indirectos del CO2. Sin embargo, en lugar de aplicarse desde el minuto uno a la ejecución presupuestaria para la que disponía escasamente de medio año, el Gobierno se lanzó a pintar de color verde la política energética y, con ello, solo va a conseguir inquietar y desertizar a las comunidades autónomas, comarcas y sectores que ven amenazada su supervivencia económica y social como producto de las medidas frívolas e irresponsables que pretende imponer el Gobierno.

Para corregir tales medidas propongo, en nombre de Foro, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno con los votos de sus señorías, además de sus palabras, y así ser coherentes con lo que sus partidos y compañeros manifiestan en aquellas comunidades en las que este asunto es capital para su futuro. En primer lugar, tomar como referencia en la planificación energética que desarrolla el proceso de transición la salvaguarda de los intereses generales de España, concretados en la preservación de su soberanía energética y en las garantías de suministro de calidad para todos los ciudadanos. En segundo lugar, en el marco de la normativa europea y en línea con otros países europeos de recursos energéticos fósiles semejantes a España, el Gobierno estudiará el diseño de un plan a medio y largo plazo para la transición energética, que someterá al trámite de presentación, debate y aprobación del Congreso de los Diputados y en el que se fije la participación equilibrada del papel del carbón como fuente propia de


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recursos energéticos. En el marco de la política industrial de innovación, el Gobierno dotará, en tercer lugar, anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y en cuantía suficiente las inversiones en I+D+i que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas. En cuarto y último lugar, en el marco de la legislación del sector eléctrico el Gobierno promoverá las modificaciones legislativas oportunas que le permitan en casos extremos autorizar el cierre de instalaciones de generación térmica, siempre que hayan quedado garantizadas la seguridad del suministro eléctrico de calidad, la incidencia a la baja en el precio de la electricidad, la repercusión positiva en el empleo, la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias.

Señora presidenta, permítame que aproveche el escaso tiempo que me queda para referirme a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Ciudadanos. Entre otros aspectos, ambas enmiendas coinciden en eliminar del texto toda referencia expresa al carbón y a las centrales térmicas. Al eliminar toda mención a estos términos fulminan una parte muy sustancial del objetivo de esta proposición no de ley, que es un asunto irrenunciable para el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo y para la economía de grandes comarcas de población. Aceptar sus enmiendas sería desentenderse del futuro de todas ellas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, en primer lugar tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señorías, le pido desde aquí al señor García Oblanca, al señor Oblanca, perdón, Martínez Oblanca -discúlpame, Isidro- que nos dé votación por puntos sobre esta iniciativa debido a la no admisión de las enmiendas. -Bueno, por lo menos he puesto el punto de risa en la tarde. Eso está bien-.

Cuando hablamos de política energética tenemos que hablar de política a nivel nacional. ¿Por qué lo digo? Porque hacer política energética de las comunidades autónomas es no entender ni el proyecto de país ni que la energía es clave para el desarrollo estratégico de cualquier país que se precie. En este caso, hay que hablar de estrategia, de geolocalización, hay que hablar de la importancia de la posición de España en el desarrollo energético no solo a nivel nacional, sino también europeo y, sobre todo, hay que hablar de estrategia de país. Cuando hablan de soberanía energética, yo prefiero entenderla desde otro punto de vista, porque si hablamos de materias primas, quizá en un futuro se pueda hablar de esa soberanía energética. Al contrario que el señor Martínez Oblanca, yo veo el sol, veo el mar, veo el viento, veo distintos elementos que también son materias primas que en un futuro quizá nos podrían llevar a esa idea romántica que parece en el día de hoy, pero que si nos planificamos bien puede ser una realidad.

Europa ya se ha manifestado y ha dicho que se van a acabar de manera inminente las subvenciones a la quema del carbón. Europa ya ha marcado la senda pero, lamentablemente, no se han hecho los deberes y por eso hoy seguimos debatiendo este tema. No se puede permitir que se traigan iniciativas que lo único que buscan en este caso es un fin, o tienen un fin electoralista porque -repito- no hablan ni de estrategia ni de posición de país, pero lo que no se puede permitir de ninguna manera es que se dicte, como ya he dicho, la política energética desde las comunidades autónomas. Por ejemplo, estos días hemos visto la condena de tres años por apropiación indebida del dinero de todos los mineros de este país al señor Villa -que era el líder político-sindical del Partido Socialista-, quien ha dictado la política en materia energética y, en concreto, en materia de carbón en este país, que no ha ayudado a reconvertir el sector y que ahora mismo ha sido condenado precisamente por meterse el dinero en los bolsillos, dinero que -repito- era de todos los mineros. (Aplausos). Por tanto, cuando hablamos de política energética no podemos hablar de los intereses de unos pocos -repito- de unos pocos compañeros del Partido Socialista en este caso y, sobre todo, vuelvo a poner sobre la mesa -el señor Martínez Oblanca seguro que estará de acuerdo conmigo- la petición de la creación de una comisión de investigación sobre qué ha pasado con los fondos mineros, con los fondos destinados a todo el sector minero para reconvertirlo, con esos fondos destinados a que no hoy no tuviésemos este debate y que, sin embargo, se han quedado en rotonda en los bolsillos de alguien y no donde tendrían que quedarse, que sería en las cuencas y también, como digo, en los mineros. No hay reconversión, así que no ha habido una inversión eficiente de los recursos públicos.

Se ha hablado de industria y nosotros apostamos, por supuesto que sí, por fomentar el I+D+i, por fomentar la eficiencia en el consumo de nuestra industria, pero no se nos puede hacer la trampa ligar el


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futuro de la industria está directamente vinculado al futuro de las térmicas porque una cosa son las térmicas y otra cosa es la industria. Si trabajamos en un modelo energético alternativo, si trabajamos en desarrollar más I+D+i en nuestras industrias y en hacerlas más eficientes, seguramente ahí podremos ponernos de acuerdo, pero no podemos utilizar a la industria como una trampa para defender a un sector concreto de la política energética.

Se ha hablado de los precios y, como ya dije el otro día, los precios en este momento se están viendo incrementados por el precio del CO2, que se ha multiplicado por cinco en el último año. Si tenemos la fuente más contaminante con un papel predominante en nuestro mix, obviamente, si sube el mercado del CO2, subirá el precio de la luz. Así pues, no hagamos trampas y vayamos adonde toca, que es a la fiscalidad, pero no como maquillaje sino a la fiscalidad de verdad, y dejar de utilizar la energía como una herramienta recaudatoria y empezar a utilizarla como un vehículo que pueda transformar nuestra economía y también nuestro medio ambiente.

El punto cuatro es, básicamente, lo que se votó el otro día. Ciudadanos por supuesto no está de acuerdo con que ninguna empresa pueda poner en jaque al Gobierno, a ninguno de los Gobiernos, pero hay que buscar la herramienta adecuada y no hacerlo de esta manera. Este no es el camino porque ni hay planificación ni hay estructura ni hay una senda hacia dónde queramos ir y, sobre todo, no se hace desde el consenso. Transición energética sí, pero no con la improvisación. Luego debatiremos el caso Castor, que es fruto también de la improvisación. No podemos seguir asumiendo parches que ahora mismo pagan nuestros ciudadanos en la factura de la luz. Yo entiendo que cada uno defienda su parcela. Lo entiendo y por eso debatimos en esta tribuna, pero hay que defender la parcela de todos, que es la del proyecto energético de este país, la del futuro de este país, la del cambio del modelo económico de este país y también la de qué futuro próximo queremos dejar a todos los que vengan detrás de nosotros.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

Para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.

El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de condena a los asesinatos machistas que han sucedido hoy en nuestro país, esas dos niñas y esas dos mujeres en Maracena y en Bilbao. Es seguramente uno de los elementos más graves que tenemos en España ahora mismo, y no podía dejar pasar que mis primeras palabras fueran de recuerdo para esas mujeres asesinadas hoy en España. (Aplausos).

Señor Martínez Oblanca, le voy a explicar por qué a mi grupo no le gusta esta proposición no de ley que han traído hoy a la Cámara. En primer lugar, es una proposición no de ley para enredar, para enredar políticamente. Hace escasas semanas vino aquí también una del Grupo Popular. Ahora la traen ustedes, y la traen en un momento en el cual se ha iniciado el diálogo social con los agentes sociales para un tema importante, y a nosotros no nos han elegido aquí para recrearnos en los problemas, nos han elegido para solucionarlos. Traer aquí esta proposición no de ley, con esa exposición de motivos, que en algunos aspectos no solo falta a la verdad, sino que llega a ser insultante, no es propio de alguien que quiere abordar este problema con seriedad. Así que la primera cuestión es que a nosotros no nos gusta enredar con los problemas, nos gusta poner soluciones sobre la mesa, y hoy usted ha venido a eso. En segundo lugar, si realmente usted quiere saber qué está pasando con él carbón, le doy una recomendación: comience por buscar al responsable, y ¿sabe quién es el responsable? Tiene nombre y apellidos, se llama Partido Popular. (Aplausos). Ellos son los responsables de lo que está pasando en las cuencas mineras, y son los responsables porque el 7 de febrero del año 2012, con el Gobierno del señor Mariano Rajoy, mandaron un documento a Bruselas solicitando el cierre de las minas de carbón. En el año 2016 mandaron este segundo documento (mostrando un escrito), donde se reafirman en lo que decían en el año 2012. Por lo tanto, si hay alguien que ha trabajado en este país para que las cuencas mineras no tengan futuro es el Partido Popular, solo ellos, y lo hicieron porque además el año 2013 establecieron un plan del carbón que han incumplido sistemáticamente. En ese plan del carbón se decía que iban a invertir 250 millones en infraestructuras en las cuencas mineras, se decía que se iban a invertir 150 millones de euros en proyectos empresariales. ¿Sabe cuántos se han invertido? Cero euros; eso es lo que ha hecho el Partido Popular: llevar a las cuencas mineras a una situación terrible. Por eso no entendemos que ustedes vengan hoy aquí, porque si esto tiene un responsable, no entendemos que ustedes no digan nada de ellos, de los que ha generado este problema y nos han traído esta situación que estamos viviendo.


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Tercer elemento que no nos gusta de esta proposición no de ley. Si hay alguien que entiende a las cuencas mineras es el Partido Socialista, ¿y sabe por qué? Porque lo que hay detrás de este debate no es solo un modelo energético, es un modelo de sociedad: una sociedad con sindicatos fuertes, con empleos dignos, con gente que pelea por lo que quiere, por eso. ¿No se ha preguntado usted por qué el Partido Socialista gobierna en Laviana, en Ariño o en La Robla? ¿Sabe por qué? Porque nos conocen; saben cómo son ustedes y cómo somos nosotros desde hace muchísimo tiempo; por lo tanto, a nosotros no nos tienen que explicar nada de las cuencas mineras, las conocemos perfectamente, trabajamos en ellas todos los días y saben quién siempre ha estado ahí y quién las utiliza de forma oportunista y electoralista, como hacen hoy ustedes aquí. (Aplausos). Así que, por explicarles brevemente nuestra enmienda, nosotros estamos apelando al diálogo, al diálogo social entre los agentes sociales y el Gobierno, que es lo que está comenzando ahora, y por eso hablamos mucho de diálogo en nuestra enmienda. ¿Sabe de qué hablamos también? De algo de lo que no están hablando ustedes, de la transición energética justa, justa. Es de justicia que estas cuencas que han contribuido al desarrollo del país en las últimas décadas, generando la energía que hacía falta para industrializarse, tengan un futuro, y es en lo que estamos trabajando, en que lo tengan, con desarrollos empresariales, como digo, con infraestructuras y con un tiempo razonable; así es, vamos a necesitar tiempo para hacerlo y por eso decimos que se trata de una transición energética justa y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, como le decía, y no a enredar. Además, es bastante injusta su proposición no de ley porque se dejan de lado proyectos que nosotros habíamos iniciado en el I+D como Ciden en León, que no mencionan porque seguramente no les gustará lo que hizo el Partido Popular mientras gobernaba: vaciar de contenido todas estas iniciativas que iniciaron gobiernos socialistas.

Así que, señor diputado de Foro Asturias, permítame que le diga que la próxima vez que hable del carbón se lo tome mucho más en serio, que aborde este problema con seriedad porque las cuencas mineras se lo merecen y, si quiere saber algo más sobre ello, mi grupo y toda la gente que está en las cuencas mineras trabajando día a día sobre ello le podemos explicar qué es esto de la transición energética justa, cómo se trabaja por el derecho de la gente y cómo se trabaja por sus salarios y empleos dignos. No tengan ninguna duda en las cuencas mineras de que el Partido Socialista va a estar ahí, como ha estado siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Urquizu.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Arratsalde on. Buenas tardes. Hoy Foro Asturias nos presenta una proposición no de ley para fijar la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación de recursos económicos para la reducción de emisiones contaminantes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las plantas de carbón, que creo que es a lo que hoy nos vamos a referir básicamente, son las instalaciones industriales más contaminantes de Europa y que más afectan al cambio climático, ya que emiten un porcentaje de emisiones de CO2 muy alto. Europa, en el Acuerdo de París ha apostado por descarbonizar el modelo energético y para ello, entre otras medidas, apuesta por el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, en unos plazos además establecidos por la propia Comisión Europea: el año 2019 para el cierre de las minas de carbón dependientes de ayudas públicas y 2020 para las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones. El sector energético es clave y es un sector sobre el que hay que actuar para cumplir con el Acuerdo de París y también, por tanto, con los compromisos en él establecidos y llegar al cese de emisiones de CO2, así como a un parque cien por cien renovable. Pero también estamos de acuerdo en que esta transición, este proceso de descarbonización que conlleva el cierre de este tipo de centrales ha de realizarse de forma gradual y garantizando la reconversión, por supuesto, de las zonas afectadas. Por otro lado, hay que reconocer que la retirada del carbón del mix eléctrico afectará principalmente al carbón importado, ya que un porcentaje muy alto, alrededor del 70 % del carbón que se consume en las centrales térmicas, es de importación. Además hay que decir que hasta ahora se han venido aplicando políticas para favorecer este carbón de importación y no el nacional.

El cierre, además -tenemos que decirlo-, no es ninguna sorpresa, primero porque la Directiva de emisiones ya lo venía anunciando y también con los pactos de la minería que ya preveían este proceso o


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esta realidad. Lo cierto es que tampoco se han aplicado de manera eficaz ni eficiente los fondos públicos para la reindustrialización de estas comarcas y, en definitiva, paliar los efectos adversos. No se han utilizado estos fondos para los fines previstos. En este sentido hay que decir también que Foro, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, consiguió que se aprobara una enmienda por importe de 21,5 millones de euros para los convenios que estaban pendientes de liquidación de los planes de la minería de 1998-2005 y 2006-2012. Unos fondos que también entendemos necesarios para reorientar sobre todo el tejido productivo de aquellas comarcas afectadas por los cierres; si bien también entendemos que al ser dinero público han de asegurarse unos resultados y que ese dinero se destine a la reconversión del sector y no a otros menesteres, como parece ha debido de ocurrir.

Respecto a la proposición no de ley, estamos de acuerdo con alguno de sus puntos y, por tanto, votaríamos a favor de algunos. Pero no así con el punto 4, que establece nuevamente la regulación de las autorizaciones de cierre que ya fue debatida hace una semana, en contra de la que votamos la mayoría de grupos, para evitar sobre todo otorgar un excesivo margen de discrecionalidad a la Administración, y por la inseguridad jurídica que podría acarrear para nuevas inversiones.

Por todo ello, y entendiendo que hay que favorecer una transición justa que minimice el impacto que pueda suponer el cierre de estas centrales con consenso y también con diálogo con todos los agentes y las administraciones implicadas, fijaremos nuestra posición en la votación por puntos, y creo que el parlamentario de Foro Asturias va a aceptar que sea así.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagstizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes, señor Martínez Oblanca.

Me permitirá que ponga en entredicho que esta propuesta proteja el interés general real de los ciudadanos. Y si me permite, con todo el respeto, invierte usted el dicho ecologista de: piensa globalmente, actúa localmente. Pretendemos, sobre todo, en temas tan relevantes como este, optar por un discurso constructivo pero, lamentándolo de nuevo, su propuesta no la vemos realista y no lo es por varias razones. Verá, no le descubro ninguna novedad al decir que hace escasamente dos semanas el precio de la electricidad en el mercado mayorista llegó a uno de sus máximos, se ha repetido hoy aquí. En cambio, sí me parece relevante analizar qué tecnologías aportaron electricidad en el momento de mayor demanda. Fíjese, fueron: la energía nuclear, 19,5; el carbón, con un 18,8; el resto, las energías renovables, hidráulicas, supusieron el 33,3. Es decir, el 38,3 contra el 33,3. Por lo tanto, estos precios altos están -pásmese usted- relacionados con las energías fósiles. Así ha venido ocurriendo y así volverá a ocurrir en el futuro. Estos precios están relacionados con las energías fósiles, esas energías que además dependen de subvenciones e internalizan el coste del precio del CO2, un coste que se incrementa y que se repercute en los precios -pura lógica del mercado marginalista de la formación de precios en la que estamos instalados-, y de esto para nada tiene la culpa Asturias ni los mineros. Encontramos un factor clave: que el precio del CO2 -que seguro que usted tiene presente- no ha dejado de escalar -usted sabe que en los últimos tiempos no ha dejado de escalar, como le ha mostrado ya la compañera de Ciudadanos-, y las previsiones de futuro es que siga creciendo. Entonces entenderá su señoría lógico preguntarse qué sentido tiene subvencionar una energía que cada vez más verá incrementado aún más su precio. Y esto solo si nos fijamos en la lógica puramente económica. Porque también existe, y no menos importante, otro ámbito de análisis que es el medioambiental; el impacto que supone el uso de esa fuente de energía. Es cierto que en su propuesta contempla una dotación económica para la reducción de emisiones de las centrales térmicas, pero invertir recursos públicos en perpetuar un modelo contaminante y encima caro entendemos que no tiene mucho sentido. Por ello insistimos en que claro que nos importa la creación de empleo, pero no a costa de perpetuar un modelo donde las subvenciones sean la base, ya que así solo conseguiremos perpetuar las desigualdades.

Es necesaria -en ese sentido nuestro voto será afirmativo excepcionalmente para el punto 3 de su proposición- una apuesta en inversiones en I+D+i para desarrollar y potenciar nuevas fuentes de energía que sean competitivas y que garanticen por sí solas un futuro libre de emisiones contaminantes.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.

Buenas tardes. Querría comenzar recordando que las comarcas mineras del norte de España, particularmente las asturianas y las leonesas, han alimentado con carbón el motor del desarrollo industrial español a lo largo de los últimos dos siglos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Esto ha conllevado un alto coste para estas comarcas y no hablo solo de los costes en términos laborales. Ustedes saben que en estos dos últimos siglos han sido cientos los mineros que han muerto en los pozos españoles, pero también hay que hablar de las cientos de miles de familias mineras que han visto degradada su salud por el trabajo tan duro, tan explotador y tan bestial que ha supuesto que las personas hayan tenido que bajar a un pozo para alimentar esos motores. Pero vamos a hablar también de los costes socioambientales y de salud pública que han sufrido también esas comarcas y que muy a menudo se olvidan. Quizá el señor Martínez Oblanca haya cometido en ese sentido una omisión que voy a tratar yo ahora de salvar.

Señor Martínez Oblanca, sabrá usted que, según los datos científicos de los que se disponen, en Asturias las muertes asociadas al cambio climático, es decir, a las partículas en suspensión que provienen de las térmicas, específicamente hace que el índice de mortalidad sea seis veces superior al que existe, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que precisamente no es una de las ciudades más verdes, pese a todo, que tenemos en Europa. En el caso de León esos índices de mortalidad son hasta tres veces superiores a los de una provincia de la misma comunidad autónoma como es Ávila. Es decir, ya están pagando esas comarcas un altísimo coste por el modelo energético en el que nos estamos instalando. Ahí metemos, señor Martínez Oblanca, a todas esas familias asturianas que olvida usted.

Llegado ya a este punto, creo que es de consenso general que el ciclo histórico del carbón va llegando a su término; en primer lugar, porque hay una evidencia científica y absoluta, lo cual ya hace mucho tiempo que no se discute, sobre el cambio climático y sobre sus consecuencias. También voy a hablar de que la ciencia ha proporcionado nuevas fuentes de energías renovables que son ya a día de hoy no solo más limpias, sino además más eficientes y más baratas. -Señor Martínez Oblanca, esto ya es así desde hace año-. Por tanto, todos sabemos que ha llegado la hora de ese cambio y cuando ya hemos llegado a esa hora del cambio caben solo dos posiciones: la primera es la de ocultar la situación y mentir a la gente, y nosotras no vamos a mentir a la gente. Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay porque la Unión Europea lo ha dicho así, porque los Gobiernos lo han dicho así, porque hay acuerdos internacionales que lo han dicho así y porque hay una comunidad científica que clama para cambiar las cosas. Podríamos mentir además proponiendo una alternativa como la que ustedes proponen: las tecnologías de almacenamiento y captura de emisiones en las térmicas. Debería usted saber, señor Martínez Oblanca, que esto ha sido ya descartado por la comunidad científica y me remito, por ejemplo, al informe del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático que lleva trabajando sobre el asunto desde el año 1998, pero hay otros informes que llegan a las mismas conclusiones. De hecho, parece ser que la única persona que no llega a estas conclusiones es parece ser el primo de Rajoy y ahora usted mismo.

En definitiva, podemos optar por el modelo de reconversión industrial que ya padeció este país en los años ochenta, el mal llamado modelo de reconversión industrial. Yo pertenezco a la generación de españoles que fue testigo de cómo esa mal llamada reconversión en los años ochenta provocó que se enquistaran en las comarcas de Euskadi, de Cantabria y de Asturias el paro y la heroína -yo tuve que asistir a eso-, fruto de la desesperanza y de la inacción del Gobierno de entonces. Eso no puede volver a ocurrir. Señorías, eso no puede volver a ocurrir, porque, además, hay una alternativa y ese es el segundo camino que les proponemos hoy aquí. La alternativa está en prepararse y aprovechar la oportunidad para hacer de esas comarcas una potencia económica a base de energías renovables que permita seguir alimentando las industrias electrointensivas de aluminio, de zinc y otras a precios energéticamente competitivos. Por cierto, leía esta mañana una entrevista al presidente de Iberdrola en la que reconocía ya hoy que la forma de garantizar un abaratamiento de los precios de la energía es la inversión en renovables -no lo está diciendo ningún ecologista, lo está diciendo el presidente de Iberdrola-, que asegure además la creación de puestos de trabajo de calidad y que nos permita retomar la senda para volver a ser una potencia en renovables. Ya comenzamos a serlo en el año 2008, pero dejamos de serlo


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porque un día el Gobierno del PP, en connivencia con las eléctricas, decidió abortar de golpe ese camino. Ello implica la acción decidida del Estado, cosa que no ha ocurrido hasta ahora y que debe ocurrir. Nosotros reclamamos al Estado que se inicie cuanto antes ese camino.

No voy a entrar en el tema del precio actual de la energía, señor Martínez Oblanca, porque me parece sencillamente incomprensible que usted vincule los altos precios de la energía en España a una transición energética que todavía no se ha producido y se olvide del oligopolio que tenemos y de la connivencia que ha habido aquí durante décadas por parte de los políticos. (Aplausos). Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora va a resultar que la culpa no la tiene ese oligopolio, sino que la tienen el sol, el aire y las nubes. Eso va ocurrir, ¿verdad? Voy a terminar diciéndole sencillamente una cosa con todo respeto, Señor Martínez Oblanca. ¿Cuándo van ustedes a dejar de esconder la cabeza y a empezar a pensar de verdad en el futuro? Sí, podemos retrasar el carbón dos, tres, cuatro o cinco años. ¿Y después qué? Usted no tiene una respuesta para eso. ¿Cuándo se sumarán ustedes a nuestras reivindicaciones para que sea el Estado el que se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre en vez de ser una oportunidad? El día en que ustedes decidan dejar de hacer demagogia, Señor Martínez Oblanca, quizá nos encontremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Cañal.

El señor GARCÍA CAÑAL: Señor presidente, señorías, anuncio el voto favorable de mi grupo a esta proposición no de ley de Foro, que coincide con la política que han seguido el Partido Popular y su Gobierno a lo largo de los últimos años. Una política que, desde el sentido común, ha estado orientada a la lucha contra el cambio climático, pero a través de una transición energética justa y equilibrada que, cumpliendo los compromisos asumidos por el Reino de España en materia de cambio climático, sea la más beneficiosa para nuestras familias y para nuestras empresas. Por cierto, la misma política que defendíamos cuando estábamos en el Gobierno, que defendemos cuando estamos en la oposición y que defendemos aquí en Madrid, en Asturias, en CastillaLeón, en Aragón o en cualquier comunidad donde se encuentren centrales generadoras de energía y debamos defender los intereses generales de los españoles.

Señor Urquizu, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la seriedad la necesita usted. El único oportunista es usted, porque ha falseado torticeramente la verdad. Quien acordó el cierre de la minería de carbón en España fue el Gobierno socialista del señor Zapatero en el año 2010, con el señor Almunia como comisario de Competencia en la Unión Europea. (Aplausos). Ahí se firmó el cierre de la minería del carbón. Parece mentira que usted no lo sepa o quiera echarle la culpa ahora al Partido Popular. Esta Cámara alcanzó en 2016 un acuerdo unánime para designar una comisión de expertos que elaborase un informe sobre las alternativas a seguir para realizar una transición energética equilibrada y justa, y cumplir con los compromisos de descarbonización con la Unión Europea; recuérdenlo ustedes, en el año 2016. ¿A qué conclusiones ha llegado esta comisión de expertos? El documento lo tienen sus señorías y deberían estudiárselo. No mantener una parte de nuestras térmicas de carbón supondría una elevación del precio de la electricidad entre un 14 y un 30 %; no prorrogar el uso de las centrales nucleares incrementaría adicionalmente el precio entre el 15 y el 25 %; y lo que es peor, la sustitución de la energía nuclear y del carbón por gas no disminuye las emisiones de CO2, sino que incluso puede llegar a incrementarlas.

¿Está teniendo en cuenta este Gobierno de la ocurrencia y la rectificación las propuestas elaboradas por los expertos, entregadas hace unos meses? Por la demostrada verborrea de la ministra Ribera, experta en meterse en charcos, está claro que este Gobierno no tiene en cuenta la comisión de expertos. ¿Lo están teniendo los grupos de esta Cámara que lo solicitaron? El ecologismo rojiverde y el neoecologismo anaranjado parece que tampoco quieren asumir el informe de los expertos porque no coincide con sus dogmas preconcebidos. No solo se hace caso omiso a este informe de los expertos, sino que los rojiverdes han ocultado las conclusiones del estudio de Greenpeace, supongo que nada sospechoso por ser encargado por ellos, al Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, que también llega a conclusiones similares a la de los expertos; es decir, la subida de los precios eliminando las centrales de carbón y la nuclear. Como buenos ecologistas de moqueta, estos grupos no quieren ni oír hablar del estudio de los expertos que esta Cámara solicitó, ni de consensos, ni de las advertencias que les hacen los Gobiernos de las comunidades autónomas, alcaldes, empresarios y sindicatos. No quieren


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permitir que la realidad les estropee su titular: Somos vanguardia del ecologismo europeo. No importa el precio que se pague. Por cierto, también recuerdo que algunos quisieron ser la vanguardia de las renovables en su día y lo seguimos pagando los españoles todos los meses en los recibos de la luz.

Por último, esta proposición no de ley insiste en promover la regulación del cierre de cualquier central de generación y no podemos estar más de acuerdo con la propuesta. Hace apenas dos semanas, el Grupo Parlamentario Popular defendió esta regulación ordenada a través de una proposición de ley, que fue rechazada por esta Cámara para asombro de propios y extraños, y para la alegría de quienes podrán cerrar sus centrales solo en función de sus intereses empresariales, que muchas veces no coinciden o no tienen que coincidir con los intereses generales de los españoles.

Señorías, votaremos a favor porque somos coherentes con lo que defendemos cuando estamos en el Gobierno y en la oposición. Lo hacemos conocedores de las demandas de los Gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales de distinto signo, de asociaciones empresariales y de sindicatos, que ven la deriva que ha entrado en este Gobierno. Lo decimos aquí y lo seguiremos diciendo en cualquier rincón de España sin engaños y sin el doble lenguaje que utilizan algunos de ustedes, que desde luego no contribuye a dignificar la política.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor García Cañal.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Martínez Oblanca si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pues tal y como manifesté en la tribuna, señor presidente, no acepto ninguna de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LOS RESIDUOS PLÁSTICOS Y LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AFRONTAR SU REDUCCIÓN. (Número de expediente 173/000104).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción. Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar esta intervención condenando rotundamente los asesinatos machistas que se han producido en España en el día de hoy e instando al Gobierno a que luche prioritariamente contra esta lacra que tenemos que erradicar de forma urgente en nuestro país. (Aplausos).

La semana pasada planteábamos aquí mismo la necesidad de hacer frente a un problema que preocupa cada vez más a la ciudadanía, a la opinión pública, a la gente, como son las consecuencias de la contaminación por plásticos en el medio ambiente y en especial en el medio marino. Decíamos en nuestra interpelación al Gobierno que la contaminación del mar tiene un nombre, el plástico. No voy a volver a repasar todos y cada uno de los impactos sobre los que hablamos el otro día, pero sí quiero recordar algunos datos puntuales que nos hablan de la gravedad del problema al que estamos haciendo frente.

Cada año entran en los océanos y en los mares del mundo 8 millones de toneladas de residuos plásticos. Para que nos hagamos una idea, esto supone que cada minuto la humanidad está tirando un camión de basuras plásticas en el mar. Así que a este paso, para el año 2050 va a haber en el mar más plásticos que peces. Creo que esta afirmación es bastante grave por las consecuencias que tiene; consecuencias, por cierto, que no son solo ambientales, que no son solo ecológicas, sino que también son económicas. ¿O acaso no sabemos cuánto nos cuesta la limpieza de nuestras playas cada día de todos los plásticos que arriban a sus orillas?


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Recuerdo que en el año 2015 un estudio de Greenpeace encontró que por cada 100 metros de playa había 320 objetos. De esos 320 objetos que se recogían en las playas, el 80 % eran plásticos. Esa es la magnitud del problema. Y esto no se produce solo en Asia, no son solo las cinco islas de plásticos que hay en el Pacífico sur, en el Pacífico norte o en el Atlántico; el problema lo tenemos aquí, muy cerca: nuestro mar Mediterráneo está gravemente contaminado por plásticos. Aunque solo alberga un 1 % de las aguas mundiales, sin embargo tenemos el 7 % de los microplásticos que contaminan los mares. Por tanto, el problema está aquí y nuestro país es también responsable de esta contaminación. De hecho, según datos de la organización ecologista WWF, España es el segundo país del Mediterráneo en cuanto a la cantidad de vertidos plásticos al mar. Creo que esto nos debería hacer reflexionar sobre que no estamos hablando de un problema que solo afecta a Asia o que solo afecta a otros mares; nos está afectando mucho aquí y tiene un impacto, en primer lugar, sobre la fauna. De hecho, se calcula que ya tres de cada cien cetáceos, de cada cien ballenas que arriban a nuestras playas lo hacen ahogadas por haber ingerido residuos plásticos. No hay ni una sola especie de tortuga que no haya estado en contacto con el plástico. Las tortugas se alimentan fundamentalmente de medusas y confunden las bolsas de plástico con medusas; por tanto, ingieren plásticos de forma continua, lo cual les lleva a la muerte. Las playas de desove de tortugas en muchos casos están contaminadas hasta el punto de que estos seres no pueden llegar a sus zonas de desove porque están obstaculizadas por los plásticos.

Esta es la magnitud del problema, un problema que esta misma semana hemos sabido que también tiene consecuencias sobre la salud. Hemos conocido un estudio que nos habla de que las larvas de los mosquitos que se crían en esos plásticos flotantes ingieren microplásticos que luego pueden transmitir a la cadena trófica y, por tanto, contaminarnos con esos microplásticos. Afortunadamente, hay mucha gente que está trabajando para poner freno a esta situación; hay mucha gente en España y en todo el mundo que se moviliza para luchar contra la contaminación plástica. Nosotros hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, tenemos la oportunidad de dar un mensaje claro a la ciudadanía y al resto de las instituciones de que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, de que podemos tomar medidas y de que las vamos a tomar, y vamos a instar al Gobierno de la nación a tomarlas.

Por eso, nosotros hemos presentado esta moción que fundamentalmente tiene cinco puntos. El primero es el más importante para nosotros porque habla de la prevención. Siempre que se habla de residuos y de basuras hablamos mucho de reciclaje y de tratamiento, pero no podemos olvidar que el residuo que menos contamina es el que no se produce y, por lo tanto, instamos a que se tomen medidas -en línea, por cierto, con lo que ya está haciendo la Comisión Europea- para prevenir, para evitar esa contaminación por residuos, por plásticos de usar y tirar, de un solo uso y que no necesitamos porque tenemos alternativas y, por lo tanto, podemos prescindir de ellos. Para prescindir de ellos hace falta tomar medidas legislativas concretas que vayan a la raíz del problema y que eliminen su producción y comercialización. Por supuesto, instamos a llegar a niveles mucho más altos de reciclaje hasta alcanzar el cien por cien o, si no, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la economía circular? Estamos permitiendo que nuestros residuos, una vez recogidos, se vayan a China, hasta que China ha dicho basta y ha cerrado las fronteras, porque no se estaban reciclando, sino exportando al exterior.

El segundo punto que abordamos es la necesidad de que las administraciones públicas -todas las administraciones- se comprometan en esta lucha. Algunas comunidades autónomas, como Navarra o las Islas Baleares, ya han dado un paso adelante y están legislando en contra de todos estos residuos. Pero nosotros creemos que también los municipios, los ayuntamientos y otras comunidades -todas- deberían involucrarse. Recuerdo, tengo muy grabada en mi retina la imagen de aquellas playas que hace solamente unas semanas, después de las fiestas de celebración del día de San Juan, de las hogueras de San Juan, parecían auténticos vertederos de plásticos. Tenemos que evitar eso.

El tercer aspecto es el cambio en los sistemas de gestión o por lo menos su modernización, su ampliación. Es inaceptable que en esta cuestión del tratamiento de los residuos, especialmente de envases y embalajes, haya en España un monopolio por parte de Ecoembes. Creemos que debe abrirse el espacio, creemos que debe abrirse al mercado a otras propuestas. Nosotros hablamos de una en concreto, pero seguro que hay más, que es el sistema de devolución y retorno; nosotros creemos que debe abordarse y que el camino debe abrirse hacia él.

En cuarto lugar, lógicamente, necesitamos la complicidad ciudadana y por eso hablamos de campañas de educación, de concienciación y de sensibilización para que la ciudadanía nos acompañe en este esfuerzo de lucha contra la contaminación.


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Nuestro último punto aboga por un acuerdo global, en el marco de Naciones Unidas, para que este problema global tenga una respuesta por igual en todos los países. Es verdad que necesitamos soluciones concretas en nuestro país, en todos los países, pero también necesitamos que esto se aborde de forma internacional y global.

Señorías, hoy tenemos la oportunidad de poner en marcha una estrategia para dar solución a un tema que preocupa, que nos preocupa, que nos causa daños ambientales, daños económicos, daños sobre la salud. Podemos hacerlo. Espero que aprovechemos esta oportunidad y que el Congreso de los Diputados dé un paso adelante en contra de la contaminación por plásticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor López de Uralde.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posiciones, en primer lugar, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, el exagerado uso del plástico en el mundo ha creado una isla en el Pacífico que equivale en superficie a España, Francia y Alemania juntas; una isla vertedero de desechos plásticos, que es el ejemplo más elocuente del grave problema al que nos enfrentamos como humanidad y que evidencia la insostenibilidad de nuestro modo de vida. Ejemplos de la vida cotidiana nos muestran el excesivo e innecesario uso del plástico, desde el envasado de la carne a las piezas de fruta en un supermercado, a las bolsitas individuales de galletas o a los cafés monodosis; plástico que acaba muchas veces en el mar y, como ya se ha apuntado, supone 85 % del total de la basura marina mundial. Esto es preocupante y urgente. Es necesario, por tanto, desarrollar una estrategia de ámbito estatal para reducir los plásticos de un solo uso, así como para reducir, en general, la producción de objetos plásticos.

En algunas comunidades autónomas ya hemos hecho los deberes y se han puesto en marcha planes específicos, como el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que trata la prohibición de la comercialización de plásticos de un solo uso que puedan remplazarse por otros materiales, como cápsulas de café, bastoncillos para los oídos, cubiertos, platos... Así la estrategia valenciana establece como fecha tope el año 2020 de manera similar a la estrategia desarrollada también por el Govern balear, siguiendo igualmente las directrices de la Estrategia de la Comisión Europea para reducir la producción del plástico y la prohibición de los microplásticos.

Nuestro grupo votará a favor de esta moción. Además, agradecemos al proponente que nos haya aceptado enmiendas relativas a la necesaria trasposición de directivas europeas que están enmarcadas en la Estrategia Europea sobre el Plástico que contiene la Directiva 2018/852, relativa a envases y residuos de envases. Creemos también que es fundamental incidir en la determinación de aquellos productos que deberán llevar una etiqueta clara y normalizada que informe sobre el modo de eliminación de los residuos, su impacto ambiental negativo y la presencia de plásticos en ellos, como por ejemplo las toallitas húmedas o los pañales de bebé. Desde Compromís libramos una ardua batalla precisamente desde los ayuntamientos, que gastan mucho dinero en el mantenimiento y limpieza de las playas y de su alcantarillado, que se ve embozado por ingentes cantidades de estos productos. Es necesario informar, concienciar y reducir el uso del plástico excesivo e innecesario en nuestra sociedad, y aquí las administraciones públicas tienen un papel imprescindible. Por esto, como nos jugamos mucho, es importante que nos pongamos ya manos a la obra. Como digo, Compromís aprobará esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante que apoyaremos esta iniciativa. Vamos a ver finalmente el texto que se nos pone a votación, pero en cualquier caso contará con nuestro apoyo. Compartimos buena parte de su diagnóstico: el plástico como problema ambiental, pero también como problema económico, la necesidad de abordar medidas tanto de carácter global como de carácter local, y ahí necesariamente como Partit Demòcrata hemos de poner en valor la política que distintos Gobiernos de Cataluña han hecho en esta materia y recordar como hitos importantes el Pacto de la bolsa de 2009, que comprometió a todos los sectores económicos de Cataluña en esa reducción del plástico, y finalmente la legislación que se aprobó hace


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unos pocos años de prohibición de las bolsas de un solo uso. Por tanto, desde esa legitimidad que supone la política que en Cataluña hemos desarrollado, vamos a apoyar esta iniciativa.

Hacía referencia el portavoz de Unidos Podemos, y también de Equo, a la dimensión global del problema. En la moción se habla de un acuerdo internacional para garantizar esa no presencia de los plásticos en los océanos. Coincidimos, y ahí se nos plantea un reto de primera dimensión a los países pobres, a los países en vías de desarrollo, que no cuentan con los medios materiales para desarrollar las políticas de gestión de los residuos que podemos implementar los países avanzados, un reto enorme para la cooperación internacional al desarrollo que también debe implicar al Gobierno del Estado, y además una política que desarrollamos en el marco de una política europea, desarrollando algunas de las directivas. Por tanto, coincidencia.

Finalmente, en la moción se hace referencia al sistema de depósitos. Mi grupo entiende que el consenso en esta materia está en volver a la Ley de residuos que aprobamos en la legislatura del Gobierno socialista. Allí se abría un espacio para que este sistema pudiese empezar a analizar su implementación. Volvamos a ese consenso que el PP en solitario rompió. Creo, señor López de Uralde, que en esta moción podemos encontrar un amplio consenso en un elemento de preocupación ciudadana, local y global. Va a contar con nuestro apoyo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Está claro que el plástico esconde entre sus muchas virtudes las características que lo hacen peligroso para el medio ambiente: es extremadamente barato de producir, es moldeable y de fácil transporte y fabricación. El plástico, desde su invención en el siglo XIX, ha supuesto una auténtica revolución y sin su contribución hubiera sido impensable que hubiéramos llegado a la luna. Ha sido fundamental en la agricultura intensiva y la revolución que ha supuesto, o en los notables avances que ha tenido la medicina. Actualmente, la producción anual de plástico está en torno a 335 millones de toneladas, pero de todo este volumen de plástico introducido en el mercado tan solo un 6 % es elaborado a partir de plástico reciclado. Estamos utilizando de forma masiva un material que puede tardar en descomponerse entre cien y mil años, en función de su composición y, lo que es más grave, lo estamos utilizando para fabricar productos desechables. Los políticos deberíamos poner soluciones a esto y no problemas ni inventar distracciones. Me sorprende las declaraciones del señor Campuzano en referencia al Pacto de las bolsas, al que ha hecho mención, y también la actitud de Podemos que si bien demuestran sensibilidad con este asunto, no la muestran cuando se inundan las calles, las plazas y las playas con lazos de plástico amarillo. (Muestra una fotografía.-Aplausos). Las brigadas de limpieza recogieron en una sola noche una tonelada de plástico amarillo. Me hubiera gustado que los señores de Podemos alguna vez se hubieran manifestado también al respecto.

La forma en que los plásticos se producen, se utilizan y se eliminan tiene en la actualidad efectos enormemente perjudiciales para el medio ambiente y la economía, y consecuencias nocivas para la salud tanto de los seres humanos como de los animales. Los costos de la huella ecológica global se han vuelto insostenibles. El principal reto radica, por tanto, en cambiar los hábitos de producción y de consumo, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo suficiente? En opinión de mi grupo, claramente no; vamos con retraso hasta con las más elementales reformas. En España, señorías, los Gobiernos del PSOE y del PP han puesto a nuestro país a la cabeza de apercibimientos medioambientales. Somos el país que acumula mayor número de infracciones medioambientales de toda la Unión Europea; cerramos 2017 con treinta procedimientos abiertos y triplicamos la media europea. Tenemos incumplimientos que van desde la depuración de aguas, pasando por vertederos, la calidad de aire en las ciudades o la relajación de la protección de los espacios naturales.

Quiero hacer también una llamada a la cuestión de las aguas residuales porque recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado 24 de julio, multó al Reino de España con 12 millones de euros y, además, tenemos que pagar 11 millones de euros cada semestre si no ponemos solución a este asunto. Desde la Comisión de Transición Ecológica hemos hecho reiteradas peticiones de que comparezca la ministra para dar cuenta de esta cuestión y a fecha de hoy seguimos sin tener una clara respuesta por parte del ministerio. Además de todo esto, tenemos los nacionalismos, que se esfuerzan en


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dividir y enfrentar sociedades cuando los grandes retos que tenemos ante nosotros nos recuerdan que actuar unidos representa nuestra mejor oportunidad de éxito.

El PP ha tardado tres años en trasponer una directiva de 2015 y no ha sido hasta el pasado 1 de julio cuando se empezaron a cobrar las bolsas de plástico de un solo uso. Ciudadanos ya presentó una iniciativa en el año 2016 para avanzar más rápido, pero vamos tarde y los avances son insuficientes. El PP y el PSOE no están abordando los temas importantes. Están demasiado ocupados en defender sus intereses y los de sus amiguetes, se dedican a poner parches y medidas que llegan tarde y son claramente insuficientes. La transición hacia una economía sostenible no es un coste, sino una inversión en un futuro más próspero para todos los ciudadanos. Debemos hacerla con reformas para fomentar el talento y las inversiones, pero también desde la transparencia, la información y el rigor científico. Debemos avanzar en la transición a una economía circular, cien por cien sostenible, que supere el modelo de usar y tirar, es decir, debemos producir y consumir con la máxima eficiencia hasta eliminar todo residuo.

Señorías, atiendan, los españoles tiramos a vertederos cada año residuos plásticos por valor de 1500 millones de euros. Con esa cantidad se podría pagar la factura energética de 1,5 millones de hogares en este país. Por ello, Ciudadanos reclama una ley integral de transición a una economía circular, cien por cien sostenible, que supere el modelo de usar y tirar, y así lo hemos hecho constar en nuestras enmiendas que vamos a transaccionar con el grupo proponente. Necesitamos un Gobierno con decisión y liderazgo, fuerte, que no sea rehén de los nacionalistas que quieren romper España y que no esté más preocupado en sobrevivir a base de anuncios y globos sonda que en sacar adelante los grandes retos que este país tiene planteados, y ese no es este Gobierno. Señores del PSOE, pónganse manos a la obra y empiecen por que las instituciones cumplan su obligación: limpiar las calles, plazas y playas de Cataluña de las toneladas de lazos de plástico amarillo antes de que acaben en el mar. (Aplausos). Qué duda cabe de que sería un buen comienzo y, además, cumplirían las sentencias judiciales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna para anunciar nuestro voto favorable. Tengo que empezar de una manera que no quería, porque aquí los compañeros de Ciudadanos están todo el día quejándose de que los grupos catalanes vienen a hablar del monotema y resulta que los únicos que meten el monotema en un debate sobre plásticos son los del Grupo Ciudadanos. (Aplausos). Son ustedes los únicos que lo ponen.

Es evidente, tras las comparecencias que ha tenido hasta ahora la ministra Ribera, que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere liderar sin ambages la hoja de ruta referida a los plásticos que deberá enmarcarse, evidentemente, en la futura estrategia española de economía circular para, entre otras cosas, abordar la reducción del consumo de plásticos de un solo uso y para tratar temas como la problemática en cuanto al sobreenvasado. En el marco de esta misma estrategia, seguro que es donde se prevé llevar a cabo un estudio de viabilidad del SDR u otros métodos, que se deberán someter a confrontación y al escrutinio de expertos de prestigio e independientes que lleven a cabo una labor de análisis, con el objetivo de tener las consecuencias específicas para abordar con garantías el tomar uno u otro método como el definitivo. Por todo ello, es evidente que hablamos de una transición constante y persistente, pero con todas las garantías necesarias y la seriedad que se espera del Estado.

Es evidente también que con transición nos referimos a un proceso de mejora e implementación razonada, un proceso que debe andar de la mano de todas las instituciones, en este caso, particularmente de las municipales, que son, en definitiva, las instituciones últimas que deberán llevar a cabo la implementación de estos modelos de reciclaje. La implicación del grueso de la ciudadanía en el empeño por establecer las bases de una economía circular sólida y de provecho es sin duda -y lo sabe el señor proponente- uno de los pilares que formará parte del primer Plan de acción 2018-2020 de la Estrategia Española de Economía Circular y, por lo tanto, es imprescindible para poder avanzar en la jerarquía de residuos priorizando así la prevención, por lo que, evidentemente, debe contar con la información adecuada a tal fin.

Hoy podría haber un amplio consenso en esta moción, podría haber incluso unanimidad, pero hace poco más de cien días todos sabemos por donde se habría empezado a romper este consenso: se habría empezado a romper por el ministerio de la señora Tejerina, y por eso debemos apuntar a esa sustancial diferencia del pasado reciente. En su primera comparecencia, la ministra Ribera expuso como uno de los


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elementos esenciales a trabajar en el presente precisamente el elaborar una hoja de ruta clara y clarificada para los plásticos en España. Y eso es de agradecer porque no hace mucho los distintos grupos de la Cámara teníamos que traer iniciativa tras iniciativa para obligar a un pataleante ministerio a que no hiciera oídos sordos ante la situación de los plásticos; eso ha cambiado y esto tenemos que reseñarlo aquí. Como pasaba de manera reiterada bajo el mando de Tejerina en materias medioambientales, en materia de lucha contra el cambio climático, España estaba anclada en los vagones de cola de la Unión Europea, muy lejos de poder ser locomotora, y eso también ha cambiado a día de hoy con la ministra Ribera.

Ahora, a pesar de lo que puedan hoy votar en esta moción, no debemos olvidar que aunque los grupos de Albert Rivera y Pablo Casado, los Hernández y Fernández de la radicalizada derecha en España, intenten parecer lo que no son con unas votaciones que bien pueden ser más por miedo a quedar retratados que no por convicción, tenemos que recordar que son los que acaban apoyando a Orbán en la Unión Europea, son los que acaban poniéndole ojitos a Steve Bannon y a su The Movement y son los que acaban pareciéndoles bien lo que opina Salvini en Italia; en definitiva, son los que acaban de parte de Trump cuando duda del cambio climático. (Aplausos). Son, en resumen -y ya acabo-, la derecha global que siempre sacrificará nuestro planeta poniendo por delante sus intereses de parte. A pesar de ello, hoy, señor proponente, esperemos que pueda haber si no unanimidad, si el máximo consenso y el que se desbanque de esa unanimidad que quede retratado votando en contra de los intereses de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Lamuà.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Viso Diéguez.

El señor VISO DIÉGUEZ: Buenas tardes, presidente, señorías.

Señor López de Uralde, escuchamos con atención su intervención y tenemos que comenzar por aclarar que desde el Grupo Parlamentario Popular mostramos hoy, como siempre hemos hecho, nuestro total compromiso con la necesidad de avanzar en la implantación de políticas que contribuyan a preservar nuestro medio ambiente y en que el cumplimiento de la normativa europea y española de residuos facilite la transición hacia la economía circular. Coincidimos en que es el momento de actuar, pero, sobre todo, es el momento de acertar. Compartimos el compromiso de construir un modelo productivo limpio y sostenible y sabemos que en esa materia debemos actuar de forma conjunta. Señorías, el medio ambiente no puede ser también objeto de la fragmentación que en ocasiones propugnan algunos grupos de esta Cámara y, señor López de Uralde, usted no puede ir siempre como el que capitanea el medio ambiente en esta Cámara.

Señores de Ciudadanos, voy a contarles algo de lo que ustedes llaman parches. Defendemos en nuestro Grupo Parlamentario Popular lo que antes demostrábamos como Gobierno, un Gobierno que trabajó en el desarrollo de una estrategia española de economía circular. Ese es uno de los parches del Grupo Popular. Por cierto, señores del PSOE, es importante que la ministra aclare en qué trámite se encuentra en estos momentos. También podríamos hablar de otro de los parches, las tareas que dejamos hechas, como el Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020 o el Plan estatal marco de gestión de residuos 2016-2022, con el que se pretendía reducir la generación de residuos en un 10 % para el año 2022.

Sin ir más lejos -y seguimos hablando de parches-, conviene recordar la aprobación hace cuatro meses del real decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico o la creación del registro de productores. Por tanto, señorías, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos del Partido Popular. Son todas ellas iniciativas en la línea de planteamientos de la Unión Europea porque compartimos la apuesta de la Comisión Europea encaminada a que todos los envases plásticos en 2030 sean reutilizables o fácilmente reciclables. Además, compartimos el objetivo de combatir la basuraleza, poniendo el énfasis en conocer mejor el origen del problema, prevenirlo y mitigarlo. Es muy importante actuar en este orden y para hacerlo son claves dos puntos: la educación y la participación ciudadana. Esto es lo que defiende este grupo, señorías, actuar de forma coordinada con la sociedad española, con el conjunto de administraciones y con nuestro entorno europeo. Actuar con orden y concierto, y también con rigor.

Por eso quisiera señalar que los datos manejados en algunos momentos por los portavoces de Unidos Podemos respecto al reciclado se alejan de ese rigor, porque están basados en interpretaciones parciales sobre distintas tipologías de residuos. En algunos puntos se contradicen con los datos aportados por el mismo ministerio, compañero de viaje, y Eurostat. Por citar un ejemplo, en 2015 INE y Eurostat coinciden


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en situar la tasa de reciclado de envases en España en el 68,41 %. No quiero con ello, señorías, desmerecer la relevancia del problema, pero sí llamar la atención sobre la importancia de ser serios ante este tema. Es preciso atender, por tanto, la incorporación de medidas derivadas de la Estrategia europea del plástico y es preciso que el Gobierno aclare cuanto antes por dónde va a discurrir la hoja de ruta de plástico en España, de la que nos hablaron hoy aquí y nos habló la ministra. Por cierto, señor portavoz del Grupo Socialista, al hablar de cambio climático tenemos que hablar del Partido Popular. No nos desviemos de la situación, porque usted sabe perfectamente que fue el Partido Popular el que lo mantuvo en una comisión estricta de cambio climático, mientras que ahora cambio climático está dentro de Transición Ecológica.

Señorías, para ir terminando, estamos de acuerdo en que se estudien todos los cambios planteados. Estamos de acuerdo, señor López de Uralde, en que analicemos sobre todo el punto 3, donde se habla de los SDDR. Hay que tener cuidado, ustedes ahí hablan de estudio, pero hay estudios que dan por sentada su viabilidad. Me llama la atención que el resto de los grupos no se diera cuenta de esa anotación. Tenemos que hablar también de lo que funciona, los SDDR junto con los SIG funcionan y cumplen objetivos. Señor López de Uralde, recordemos también que la norma de residuos ya permite implantar los SDDR.

Termino ya. El Grupo Popular ha propuesto una enmienda a esta moción con el objetivo de hacerla más ambiciosa y acercarla al propósito de la realidad social, medioambiental, técnica y económica. La estrategia de reducción de plásticos es un reto y es un esfuerzo de todos. Es un problema global porque el medio ambiente es de todos, su protección es cosa de todos y las soluciones deben contar con todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Viso.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Seré breve. Creemos que la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos la ha planteado con un claro conocimiento de la problemática que se genera con los residuos plásticos y, además, creo que todos los que han intervenido también lo han hecho. Creo que hay un elemento importante y es que es una moción que por lo menos ha hecho que coincidamos en el diagnóstico y que haya poquísimas diferencias en torno a lo que genera esta cuestión y en atajar esta problemática. Después están las cuestiones de: yo hice más, tú harás menos, cuando estaba yo era mejor, tú ahora lo haces peor, pero desgraciadamente en política estamos acostumbrados a esa serie de dimes y diretes. Es importante que una cuestión como esta concite por lo menos ciertas unanimidades o ciertos criterios en común.

Ha quedado plasmada, tanto por parte del proponente en su interpelación en su día, la semana pasada, como en la moción, la catastrófica situación que se genera a raíz de los residuos plásticos no reciclados o no incinerados, es decir, los perdidos llamaría yo, los plásticos perdidos. Podemos dar datos escalofriantes sobre los millones de toneladas de residuos plásticos que generamos, que usamos y que tiramos, sobre todo los de uso único. Esta moción plantea medidas de diferentes alcances: por una parte, están las medidas preventivas, que creo que son las importantes y que se han citado en el punto 1, que es la parte que plantea más un criterio de prevención político; hay medidas paliativas porque ya el daño está causado y hay que plantearse qué hacemos con lo que ya tenemos; y hay otras de reorientación de diferentes soluciones como, por ejemplo, estudiar la posible instauración de sistemas de devolución, como antaño se hacía con las botellas en los bares o en las vinaterías. Es un planteamiento nuevo, diferente; se hace en Francia y en Alemania de diferentes maneras y tiene sus problemas, evidentemente, y creo que habría que ser además generoso con los pequeños comercios a la hora de hacer eso, si es que en su caso se planteara. Además, debe ser un elemento -eso me parece importante- de estudio y que no sea sustitutivo sino complementario, porque otros sistemas integrados funcionan bien y creo que una cosa no quita la otra porque todo aquello que sea generar sistemas que nos permitan tener cada vez menos residuos siempre será mejor.

Cuando digo que otros sistemas funcionan bien, me refiero a lo siguiente: en Euskadi por lo menos se lidera el reciclaje de plástico con 12 kilogramos por habitante; el 63 % de los envases depositados en el contenedor amarillo fueron de plástico y los vascos, en el 2016, fueron los que más plástico reciclaron en el hogar en el conjunto del Estado español, con 12,6 kilogramos por habitante de media, según un informe anual de Cicloplast. En cuanto al reciclaje del vidrio, sucede algo parecido, porque se ha evitado la emisión


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de toneladas de CO2 equivalentes a plantar 39 000 árboles y preservarlos cien años. La población de Euskadi recicló a lo largo del 2016 en el contenedor verde un total de 57 978 toneladas de envases, lo que supone un incremento del 1,1 % respecto del 2015. Por tanto, podemos decir que en Euskadi reciclamos y que lo hacemos cada vez más, aunque el objetivo ha de ser que vayamos a más y estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos que se hacen en esta moción en cuanto a dónde tiene que estar el horizonte en el que nos tenemos que poner, independientemente de que ahora lo estemos haciendo bien; independientemente de que cada vez tengamos una sociedad más concienciada, debemos llegar donde tenemos que llegar.

El plástico es fundamental en nuestras vidas, no lo vamos a negar, y ha sido un gran avance tecnológico que nos ha permitido desarrollar infinidad de productos, componentes y materiales, pero no cabe duda de que después, el uso cómodo y el descontrol a la hora de deshacernos del mismo es un auténtico problema. Todos vemos en los grandes documentales esos mares, esos continentes de plástico que tanto nos deberían preocupar y parece que hemos empezado a plantearlo.

Se han planteado diferentes enmiendas, algunas el proponente ha dicho que las ha incorporado y nos parece correcto, porque eso va a generar una especie de criterio común por parte de todos. Yo también coincido en que tenemos que ir hacia una sociedad en la que la economía circular sea el objetivo, sea el horizonte final de esta forma de consumo que tenemos, de esta forma de producir que tenemos, de la que durante tantos años nos hemos estado olvidando y que ahora es la situación que tenemos y que debemos atajar si queremos dejar una sociedad y un mundo mejor a nuestros descendientes. Vamos a votar a favor de esta moción y espero que las enmiendas que han incluido los demás grupos acaben conformando un texto válido para todos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente.

Señorías, ante todo quería referirme al portavoz de Ciudadanos. Me conmueve la sensibilidad ambiental de las brigadas de limpieza, y en ese sentido considero que es un modelo. Lo que no entiendo es cómo no han incluido ustedes en la enmienda transaccional una proposición diciendo esto, que incluían las brigadas de limpieza como un método más de previsión y de prevención del plástico en las playas.

Por otro lado, no voy a extenderme en repetir de nuevo los efectos nocivos que generan los residuos plásticos sobre la salud, el medio ambiente o incluso la actividad económica, tal como ya ha expuesto muy claramente el diputado López de Uralde en su intervención. En todo caso, sí creemos necesario plantear algunas reflexiones que complementarán lo que se ha ido diciendo, con lo que en gran manera estamos de acuerdo. En primer lugar, me gustaría resaltar que esta propuesta se ha traído al Congreso en el marco de una campaña internacional sobre los residuos plásticos y sus efectos nocivos sobre el mar. Por lo tanto, está claro que dicha campaña responde a una demanda social que pide un mayor esfuerzo y coordinación internacional para su reducción. Ya no se trata solo de un problema de sensibilización de la sociedad, sino que el efecto acumulativo de los residuos de plástico ha adquirido una dimensión territorial y temporal tan grande que supera con creces el propio marco local. Eso es importante tenerlo en cuenta.

Existe, en todo caso, un marco legislativo que deberíamos aprovechar y que permitiría incidir en la gestión de los residuos plásticos. Tenemos legislación y regulación de las comunidades autónomas y los municipios sobre gestión de residuos, y la última modificación del 16 de mayo de 2016 de la Ley estatal 22/2011 de residuos y suelos contaminados resultó de la trasposición de la Directiva marco de residuos. En ese sentido tenemos todo un cuerpo legislativo que creo que es importante acabar de explotar. Por ello compartimos la propuesta de adaptar la legislación estatal a la Estrategia europea sobre el plástico que contiene la Directiva 2018/852 relativa a los envases y residuos de envases. De hecho, y como ya apuntaba el diputado López de Uralde en su interpelación a la ministra, no es suficiente lo que se está haciendo en materia de residuos, hay que ir al origen del problema y apostar decididamente por la reducción en el origen y la prevención, es importante la reducción en origen y la prevención. Yo diría más, por la reducción incluso de los depósitos de residuos plásticos acumulados ya existentes, que es realmente un gran problema.

¿Por qué? Porque el residuo plástico presenta unas características específicas que dificultan su gestión como residuo. Por un lado, es un residuo móvil que puede desplazarse a grandes distancias. Por ejemplo, para evitar los vertidos al mar hace falta -incluso se ha apuntado- una mayor gestión del


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control de los vertidos en las riberas de los ríos interiores, eso quiere decir una gestión integral de lo que serían las cuencas fluviales. Por otro lado, el plástico es omnipresente, barato y fácil de producir, pero deshacernos de él es un quebradero de cabeza, pues no se degrada con facilidad. Y es que no existe en la naturaleza ningún mecanismo que resulte lo suficientemente eficaz para asimilarlo al ritmo de uso que le damos. Se calcula que hasta que los polímeros que lo componen empiezan a desintegrarse a nivel molecular pueden pasar un mínimo de 450 años; 450 años es un gran problema de gestión. De ahí la urgencia de encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

Déjenme compartir una noticia para ver que no todo está perdido. En 2016 un equipo de científicos japoneses descubrió una bacteria capaz de descomponer la molécula del tereftalato de polietileno, un tipo de plástico muy usado en la fabricación de envases. Ahora, basándose en este descubrimiento, investigadores de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, y del departamento de energía de Estados Unidos han modificado la enzima producida por la bacteria, resultando de ello una nueva molécula capaz de descomponer el plástico, incluso mejor de lo que hacía el organismo unicelular. No todo está perdido, en todo caso van apareciendo opciones, pero estas opciones van apareciendo a medida que la sensibilidad o la sensibilización sobre este problema va adquiriendo su espacio. Por tanto, las soluciones existen y no debemos descartar ninguna, aunque en este caso, y debido a la magnitud de la tragedia, requiere de grandes consensos, de financiación y de voluntad política, sobre todo de voluntad política.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Eritja.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor López de Uralde si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Estamos trabajando en una transaccional que en un ratito pasaré a la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES ALLI Y SALVADOR), RELATIVA AL COMPROMISO Y ACCIONES CONCRETAS DEL GOBIERNO CON EL FUTURO Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, SOBRE LA BASE DE LOS ACUERDOS CONTEMPLADOS EN LA VIGENTE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 173/000105).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señores Alli y Salvador, relativa al compromiso y acciones concretas del Gobierno con el futuro y el desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra sobre la base de los acuerdos contemplados en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, con aciertos y con errores la trayectoria política de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, ha sido siempre dentro y fuera de esta casa muy clara y comprensible. Como saben, somos un partido que nació con la democracia hace treinta y nueve años y que tiene su origen y su centro de decisión en Navarra. Somos un partido cuya razón de ser es la defensa de la singularidad foral de Navarra, que es tanto como decir su personalidad histórica y política y desde esa foralidad nuestro objetivo es garantizar el progreso y bienestar de su gente con lealtad al resto de España, igualdad, que no uniformidad, y solidaridad.

Es verdad que en estas pasadas décadas en las que una banda terrorista atacó a la sociedad española, pero con más virulencia a la vasca y a la navarra, nos hemos caracterizado por defender la libertad y oponernos en Navarra a su proyecto totalitario de raíz fascista, xenófobo, excluyente y empobrecedor.

Nuestro centro, señorías, siempre es Navarra, una comunidad madura políticamente que sabe lo que es gestionar eficientemente los intereses propios y que quiere compartir los beneficios y también las cargas de compartir un proyecto sugestivo de vida en común. Navarra, señorías, forma parte fundacional de España como muestran en este hemiciclo todos los escudos de Navarra que así lo recuerdan.

Señorías, esta es una moción muy comprensible en su enunciado, en su contenido y también en la filosofía que la inspira. No queremos desapoderar al Estado de funciones básicas y servicios comunes, no


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queremos generar conflictos con los que obtener beneficios que no nos corresponden, no queremos que la deslealtad institucional deba ser premiada y no creemos que la debilidad del Gobierno o del Estado sea buena para las partes que formamos el conjunto.

En su primer punto insistimos en algo que no es nuevo, obviamente viniendo de UPN, que es el respeto institucional de Navarra como comunidad foral. Y en el segundo instamos al Gobierno a cumplir aquellos compromisos que se han recogido en la Ley de Presupuestos de 2018, dando continuidad a los que requieren una ejecución plurianual. Por tanto, pedimos algo sencillo, cumplir lo que se ha dicho que se va a cumplir y hacer honor a la palabra dada.

Para nosotros, señorías, tan importante como los compromisos de inversión que recoge la ley de presupuestos lo son el compromiso y el respeto al estatus de la comunidad foral. Es más, creemos que la foralidad constituye el mejor instrumento jurídico-político para hacer compatible, como digo, la gestión responsable de los asuntos de la comunidad, la integración y colaboración leal y solidaria con los deberes nacionales y objetivos generales como país y, por supuesto, la rendición de cuentas ante los ciudadanos de forma transparente. Por ello en el primer punto hemos reproducido el artículo 1 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento. Les pedimos su posicionamiento político. Quien esté de acuerdo con él, es sencillo, no tendría que tener problema en votarlo ni tampoco debería buscar excusas para no votarlo. El segundo punto, que tiene tres apartados, insta al Gobierno, primero, a ejecutar los acuerdos presupuestarios dirigidos al desarrollo de la comunidad foral contenidos en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por tanto, en él se incluyen aquellas disposiciones adicionales que fueron aprobadas y que atañen a docentes navarros, a policías forales y al aumento de examinadores de tráfico. Recuerdo que esas inversiones, esas disposiciones, fueron pactadas por UPN y PP y fueron incluidas en los presupuestos y aprobadas por Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias y, finalmente, en la medida en que los presupuestos los ha adoptado como suyos el PSOE, entendemos que también por el PSOE.

En el segundo punto instamos a mantener el impulso y dar continuidad a todas las inversiones concretadas y referidas en la Ley de presupuestos, en especial las que afectan a las infraestructuras relativas a la línea de alta velocidad, Canal de Navarra, gratuidad de la AP15, modernización de la N121, así como la referida a la actuación del cauce del río Ebro a su paso por La Ribera, actuaciones cuya ejecución deberá financiarse de forma suficiente hasta su finalización; es decir, no solo comprometer lo que hay para este año, sino en el futuro. En la medida en que las inversiones estratégicas requieren una ejecución plurianual, lo que deseamos de alguna manera es comprometer en especial al Gobierno para que las pueda asumir como propias.

En tercer lugar, instamos al Gobierno a mantener contactos con todos los agentes institucionales, políticos y sociales de Navarra que desde el respeto a la Constitución y a la Ley de Amejoramiento apuestan por la colaboración institucional, el impulso de las infraestructuras estratégicas y la innovación constante en un marco de leal cooperación y entendimiento. Para nosotros, señorías, cuantas más personas e instituciones piensen y trabajen en cómo hacer progresar a Navarra, mejor. Somos conscientes de la responsabilidad institucional que tenemos -y que ahora no tenemos- y por eso nuestro deber con Navarra aquí y ahora consiste sobre todo en recordar a las administraciones central y foral la necesidad de cumplir los compromisos y también en insistir en que nosotros estamos dispuestos a acompañarlas y a ayudar, si así lo disponen, en aquellas cuestiones -otras que no están recogidas en nuestra iniciativa- de su competencia que puedan mejorar la calidad de vida de los navarros, como no podía ser de otra forma.

Agradezco al Partido Nacionalista Vasco que nos haya presentado una enmienda que en su parte final -porque en la inicial obviamente preferimos nuestro texto- introduce alguna novedad interesante. La agradecemos y, como imaginan, le estamos haciendo un seguimiento específico, pero constatamos que no viene precedida de un acuerdo político previo y su ejecutividad real -la posibilidad de ser monetizable, si me permiten la expresión- no está lo suficientemente madura como lo están los compromisos que sí contiene esta moción. Como dice el refrán, si me lo permiten, más vale pájaro en mano.

Señorías, voy terminando. Supongo que hoy se producirá un amplio consenso sobre las exigencias de esta moción. ¿Por qué? Porque hay inversiones muy avanzadas, porque fueron aprobadas por muchos grupos, tenemos la palabra de la ministra, el compromiso del Gobierno y del grupo que lo apoya y, como digo, financiación aprobada por la mayoría de los grupos. Por tanto, creo que este es un momento político especial; no sé si atreverme a llamarlo dulce. Ha habido unos presupuestos aprobados por una mayoría que han sido adoptados por otra mayoría distinta y, por tanto, hay muchos grupos que podrían aceptar


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esto. Además, quisiera insistir en que estas exigencias, estas peticiones -el contenido de esta moción- conectan con las esperanzas de miles de navarros que desean que todas ellas se cumplan. Por tanto, creo que esta podría ser hoy una buena razón práctica para pedirles a los grupos que se unan a esta apuesta por un mejor futuro para todos los navarros.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on.

Hoy UPN nos presenta una moción consecuencia de interpelación relativa al compromiso del Gobierno en torno a los acuerdos contemplados en los presupuestos generales de 2018. Hasta aquí todo debería ser correcto. El problema surge en los antecedentes, en la aprobación de los presupuestos generales de 2018.

Hoy ustedes plantean que se garantice la ejecución de las partidas de los presupuestos generales de 2018 a favor de Navarra, si bien -y permítanme decírselo- tienen la desfachatez de plantear en su exposición de motivos que esos acuerdos son fruto de la colaboración entre el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro; y de refilón nos dicen que contó, entre otros, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Pero a su vez dejan vislumbrar que este grupo, el Grupo Vasco, ni tan siquiera hizo intento alguno de interponer o registrar enmiendas a favor de Navarra, cosa que no es cierta. Oiga, como dirían los jóvenes ¿ustedes de qué van? No confundan a la ciudadanía; nosotros siempre hemos presentado y apoyado todas aquellas enmiendas beneficiosas para Navarra y no hemos prohibido a nadie que lo hiciera, a diferencia de ustedes que sí impidieron que el Grupo Vasco incorporase enmienda alguna en beneficio de Navarra. Ustedes, que durante la tramitación de los presupuestos no han sabido o, mejor dicho, no han querido distinguir entre la lucha partidista y los intereses de los navarros y navarras, y ahora no solo quieren convertirse en adalides de esos acuerdos, sino también en garantes de su ejecución, velar por su ejecución. Claro, es que ustedes creen que Navarra es solo UPN y no reconocen que lo vasco, y el PNV también, es Navarra, y que también defiende los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Lo único que hacen ustedes es hablar siempre en pasado. Ustedes vetaron las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco que estaba negociando con Navarra y condicionaron ese veto a su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, ¿dónde queda esa defensa férrea de los intereses de todos y todas las navarras que dicen ustedes hacer y que ahora intentan vender a través de la presentación esta moción, cuando allá por abril, cuando negociábamos los presupuestos, estaban dispuestos a no respaldar o, mejor dicho, a votar en contra de unos presupuestos con partidas beneficiosas para toda Navarra si estas eran presentadas por el Gobierno vasco? Que quede claro que su grupo vetó enmiendas para infraestructuras, por ejemplo en el embalse de Itoiz, en el dique de cola de Oroz, y también para la rehabilitación del casco de Tudela simplemente porque las presentaba este Grupo Vasco. Sus iniciativas, sintiéndolo mucho, son tan sectarias que hasta les da igual desdibujar competencias propias de Navarra, de su núcleo de foralidad, solo para aparentar. Y es que, miren ustedes, pactaron inversiones para Navarra, sí, pero básicamente desde un prisma partidista; inversiones que en su mayoría eran para aquellos ayuntamientos de la Ribera en los que gobierna casualmente UPN. ¿Dónde queda el resto del territorio? Y además, ¿para qué? Básicamente para instalaciones deportivas, partidas relativas a competencias que o bien son municipales o bien de impulso foral. Por tanto, ustedes que tanto nos hablan de foralidad, ¿dónde queda para ustedes esa foralidad o qué es para ustedes la foralidad? Ustedes dicen escuchar al pueblo navarro. Yo les diría que solo a una parte del pueblo navarro. Les importa muy poco la defensa de Navarra y, desde luego, sus fueros.

Quiero decirles también que no es cierta su afirmación de que estas inversiones son necesarias para que Navarra pueda continuar con su nivel de bienestar. Son importantes, sí, pero el nivel de bienestar de los navarros y navarras no depende de unas inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, sino de la gestión de su propio autogobierno, de sus competencias, tal y como lo viene realizando. Y es que ya se está demostrando en Navarra que hay otra forma mucho mejor de hacer las cosas y de hacer otras cosas. Una vez más, y a diferencia de ustedes, nosotros no vamos a poner ninguna pega; es más, seremos proactivos para que se ejecuten los acuerdos de los Presupuestos Generales del Estado para Navarra porque implican inversiones para la comunidad foral, porque implican un beneficio para Navarra.


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Y para ello este grupo -tengo que decirle- no necesita moción alguna, porque la defensa de Navarra va en nuestro propio ADN. No necesitamos demagogia como la que tienen ustedes.

Además, ustedes vienen solicitando al Gobierno la ejecución de las enmiendas. Es un tanto contradictorio ¿no? Porque, por otro lado, votan una y otra vez en contra de ese Gobierno. Con la enmienda que ha presentado el Grupo Nacionalista Vasco tienen la oportunidad de demostrar que defienden la foralidad de Navarra, que están a favor de que este Congreso inste al Gobierno a reafirmar su compromiso con el estatus jurídico y político de Navarra, de conformidad con lo que las navarras y los navarros decidan libre y democráticamente en cada momento. Usted nos ha mencionado la Lorafna, sí, pero hay que decir que esa ley no ha sido sometida al refrendo ciudadano. Y también nos habla de solicitar al Gobierno que garantice que se puedan materializar las inversiones financieramente sostenibles que las instituciones navarras propongan en ejecución del superávit de 2017, todo ello con el consenso y el acuerdo de todos los agentes políticos, sociales e institucionales de Navarra que resulten afectados por las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado. Desde luego, no entendemos que no acepten la enmienda propuesta, sobre todo en su último punto, si lo que dicen es defender los intereses de los navarros y navarras y de su foralidad. Por tanto, de ser así, como va a ser, no vamos a poder votar a favor de esa moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.

Señor Salvador, yo creo que en la sede de su partido, en la plaza del Príncipe de Viana, deberían cambiar el lema y poner algo así como: Hormigón y fueros, que es más o menos lo que a ustedes les lleva definiendo durante un montón de tiempo. Y digo lo de los fueros porque yo le agradezco muchísimo la clase de Derecho Constitucional con la que nos ha ido deleitando al principio de su intervención, pero corresponde a un intento de solemnizar lo obvio, y lo obvio es que hay un estatus jurídico y que ese estatus jurídico existe, se cumple y va funcionando de una u otra manera. Lo peligroso de todo su planteamiento no es lo que dice, es lo que no dice. Ustedes lo único que pretenden es fosilizar ese estatus jurídico y lo que usted nos está diciendo en realidad es que no le parece bien cualquier otro estatus jurídico que pudiera plantearse, en este caso por Navarra. Porque quiero recordarle una cosa, y es que cuando ustedes aceptan la Constitución -Constitución que ustedes no votaron- se entiende que aceptan la Constitución en todos sus términos -como se dice últimamente, no se puede aceptar por partes-, y eso supongo que incluye la disposición adicional primera y la disposición transitoria cuarta. La primera dice -y ustedes lo defienden- que los derechos son preexistentes a la propia Constitución y la cuarta establece el derecho de la ciudadanía de Navarra a cambiar mediante votación libre y democrática su estatus jurídico. Si esto es así, ¿por qué pide que el Congreso se posicione respecto a algo sobre lo que ustedes defienden que no debe posicionarse? ¿Me lo puede explicar? Porque esto supone la incoherencia máxima de lo que ustedes plantean.

En esos términos, ustedes piden que se cumpla la Ley de presupuestos -muy bien-, pero tienen un problema y es que lo que ustedes pactaron lo hicieron a espaldas absolutamente de la mayoría política y social de Navarra en el territorio. Lo han hecho sin contar con nadie, y no digo ya con los partidos del ámbito navarro, sino muchas veces en contra manifiestamente de resoluciones del Parlamento de Navarra y de resoluciones del propio Gobierno de Navarra. En ese sentido, lo que ustedes han hecho y llevan haciendo mucho tiempo es intentar aprovechar su situación de privilegio con el extinto Gobierno del Partido Popular para obtener una relevancia que ya no tienen.

Evidentemente, hay algunas partidas con las que podríamos haber estado de acuerdo, pero me detendré en algunos puntos. Tiene... me voy a callar. Tiene relevancia que ustedes ahora hablen de la gratuidad de la AP-15. ¿Sabe usted qué es esto, señor Salvador? (Muestra unos documentos). Estas son todas las actas del Parlamento de Navarra, donde se ha discutido sobre ese tema, y ustedes, aparte de tener sucesivos presidentes de Audenasa de su partido, han defendido que esa gratuidad no era una prioridad, ni lo pedía la gente de la Ribera, ni desde luego era sostenible económica y financieramente. ¿Sabe cuándo cambian ustedes de criterio? Cuando pierden el Gobierno; cuando pierden el Gobierno de repente esto resulta un horror y hay que solucionarlo porque no puede ser que la gente de la Ribera esté discriminada. Léaselo, porque yo me lo he leído atentamente y la verdad es que el nivel de demagogia y


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de hipocresía que ustedes han manifestado con este tema -como con otros- es de una altura considerable. (Aplausos).

Y no solo eso, sino que esto lo podemos plantear también con el tren de alta velocidad, un tren que en Navarra se conoce como el tramo que va de ningún sitio a ninguna parte, que no está conectado con Europa, no está conectado con el corredor mediterráneo y además supone simplemente tirar dinero en un proyecto del año 2004 que la propia Comisión Europea ya dice que es ineficaz, porque aunque ustedes lo llamen de una u otra manera sigue siendo una línea de alta velocidad que no va a mover mercancías y que es dudosamente rentable para la sociedad Navarra. Por ello, y en conclusión, yo le aconsejo que hable con los entes que representan realmente al pueblo de Navarra. El último ejemplo es el polideportivo nuevo que ustedes plantean para Tudela y que está sin definir: no tiene proyecto ni lugar ni nada por el estilo y ustedes lo plantean en contra del propio ayuntamiento, cuya mayoría lo que quiere de una manera sensata es reformar el polideportivo actual, polideportivo que ustedes no mantuvieron durante sus largos años de Gobierno en el ayuntamiento desde que se construyó, hace más de treinta años. Por lo tanto, no planteen ustedes cosas imposibles. Dialoguen con la mayoría política y social; si es así, podremos tener una mínima oportunidad de construir juntos una Navarra que realmente responda a los objetivos de progreso que reclama la ciudadanía.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Santos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes, señorías.

Buenas tardes, señor Salvador. Permítame comenzar diciéndole que nos podíamos haber ahorrado perfectamente la interpelación de la semana pasada y esta moción, porque ustedes reiteran el respeto al estatus jurídico-político de Navarra y el cumplimiento de las leyes -en este caso, de la Ley de presupuestos de 2018- y, sinceramente, no tenía necesidad de haber traído estas iniciativas para decir esto, que son puras obviedades. No sé si no tenían más ideas ni ninguna otra cosa que ofrecer a Navarra para rellenar su cupo de interpelaciones al Gobierno que traer estas reiteraciones. El presidente Pedro Sánchez ya se comprometió tanto con el respeto a la situación jurídica de Navarra como con el cumplimiento de los presupuestos de 2018 en su intervención como candidato en la moción de censura, y la ministra Montero le volvió a reiterar la semana pasada que no son los presupuestos del Gobierno socialista pero que los asumimos y que los vamos a ejecutar, como Gobierno responsable con las leyes que aprueba este Parlamento.

Pero le tengo que señalar algunas de las numerosas incoherencias en las cuales incurre su grupo político, señor Salvador. La primera es que vienen a exigir a este Gobierno, que lleva escasamente tres meses funcionando, la ejecución de inversiones, pero ustedes han estado gobernando en Navarra de una manera prácticamente ininterrumpida en los últimos veinticinco años y no han hecho absolutamente nada, sabiendo que eran competencias que correspondían al Gobierno de Navarra. La N-121, una carretera que es competencia de la Comunidad Autónoma de Navarra, necesita modernizarse y mejorar su seguridad desde hace muchísimos años. Y respecto de la mal llamada gratuidad de la AP-15, le quiero reiterar que fueron ustedes los que, tras veinte años de concesión de esta autopista, la prorrogaron por otros treinta años más. La solución a la AP-15 es la reversión de su concesión y no una subvención a los peajes de una manera puntual durante un año, que es lo que plantea su enmienda presupuestaria. Yo le pregunto dónde han estado ustedes, señores de UPN, durante estos veinticinco años y dónde ha estado el Partido Popular durante estos últimos seis años para no haber hecho estas infraestructuras que ahora ustedes exigen al Gobierno del Partido Socialista.

Segunda incoherencia. Decía el señor Alli la semana pasada que ustedes han planteado enmiendas en beneficio de todos los navarros. Yo le recuerdo que las subvenciones a instalaciones deportivas son para dieciocho ayuntamientos -¡qué casualidad!- presididos por un alcalde de UPN. Yo le pregunto: ¿el resto de municipios de Navarra no tienen también derecho a unas instalaciones deportivas dignas o ustedes se mueven solo por intereses electorales? (El señor Alli Martínez hace gestos negativos). Ustedes plantean una enmienda de 2 millones para un proyecto respetable de la universidad privada de Navarra, pero se olvidan de los proyectos y las necesidades de los alumnos de la universidad pública o de la UNED. ¿Para quiénes gobiernan ustedes y en quiénes piensan? ¿En una parte de los navarros o en todos los navarros? No son nuestros presupuestos, pero los vamos a ejecutar.


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En tercer lugar, tercera gran incoherencia, su compañero de filas, el señor Alli, en la moción de censura que se debatió en esta Cámara insistió en que quería elecciones ya, y ustedes ahora vienen aquí a pedir al Gobierno socialista la ejecución del presupuesto de 2018. El miércoles y el jueves de la semana pasada su secretario de organización puso un tuit pidiendo elecciones ya. ¿Dónde está UPN? ¿Está en apoyar la continuidad de este Gobierno para que ejecute los presupuestos o está en pedir elecciones ya? Porque sinceramente soplar y sorber al mismo tiempo saben que es imposible. (Aplausos).

Cuarta incoherencia -hay más, pero la limitación de tiempo hace que no pueda continuar-, ustedes han votado dos veces contra la nueva senda de objetivos, de estabilidad de este Gobierno y piden al mismo tiempo continuidad en los presupuestos de los próximos años para estas infraestructuras en Navarra. Ustedes saben que los presupuestos de 2018 vinieron a esta Cámara viciados porque no eran creíbles. No lo digo yo, todas las autoridades financieras nacionales e internacionales dicen que el déficit va a ser sensiblemente mayor que el que planteaba el anterior Gobierno de España. Por tanto, si ustedes, como nosotros, quieren que continúen el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad o el desdoblamiento de la A-15, ayúdennos a resolver la nueva senda de estabilidad y dejen de sumarse al Partido Popular y a Ciudadanos en poner trabas.

Señora Sagastizabal, respecto de la enmienda del PNV yo le quiero decir que este Gobierno va a poner de su parte todo lo que sea posible para buscar una salida a las inversiones financieramente sostenibles que ha planteado el Gobierno de Navarra y lo que instamos es un diálogo leal, abierto y permanente entre ambos Gobiernos -el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra- para buscar soluciones para la viabilidad de estas inversiones.

Por último, señores de UPN, ustedes saben que por más que la voluntad del Gobierno sea cumplir con los presupuestos, hay dos problemas. Uno, que estamos a seis meses de finalizar el año. Ustedes sabrán por qué sus socios del Partido Popular tardaron seis meses, teniendo una mayoría presupuestaria suficiente, en traer aquí los presupuestos de 2018. Y hace falta también colaboración institucional. Yo les pregunto dónde están los convenios de ocho ayuntamientos presididos por alcaldes de UPN que dos meses después de haber recibido la carta del Ministerio de Cultura y Deporte todavía no han respondido con sus propuestas de convenios. Yo les pediría que, en lugar de reiterar aquí con estas intervenciones el cumplimiento de los presupuestos, muevan a sus alcaldes de UPN de estos pueblos y aporten los convenios que no han aportado hasta ahora.

Señores de UPN, si ustedes -finalizo- quieren estas obras estratégicas, lo tienen muy fácil: den continuidad con sus votos al Gobierno del Partido Socialista en esta Cámara y faciliten también un Gobierno socialista a partir de mayo de 2019 en Navarra, porque cuando haya un Gobierno socialista en España y un Gobierno socialista en Navarra será cuando tengamos la seguridad de que estas inversiones van adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción presentada por los diputados de UPN en la que exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Navarra en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, sencillamente por la razón de que los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno del Partido Popular son buenos para España y, como en el Partido Popular tenemos una idea muy clara de España, pensamos que lo que es bueno para Navarra es bueno también para España.

Estos Presupuestos Generales del Estado fueron aprobados con el consenso, señorías, de siete grupos políticos de diferente signo. Fruto del diálogo, de la negociación, se consiguió sacar adelante unos presupuestos por un Gobierno del Partido Popular, repito, con capacidad para dialogar, un Gobierno que fue elegido en las urnas y respaldado por los españoles, y con una mayoría parlamentaria suficiente para poder gobernar sin ser rehén de intereses de independentistas y populistas. Un Gobierno, por tanto, al servicio del interés general de los españoles y de España, y no al revés, no al servicio de intereses partidistas, como tristemente estamos contemplando con el Gobierno socialista del señor Sánchez. (Aplausos).

Señorías, hoy hablamos de Navarra pero lo mismo podríamos hablar de mi tierra, de Cantabria, o de cualquiera de los territorios de España, porque los Presupuestos Generales del Estado que aprobó


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el Gobierno del Partido Popular son buenos para el conjunto de sus territorios y por eso el Grupo Parlamentario Popular va a exigir, claro que sí, su cumplimiento. Sin embargo, repasando la intervención de la señora ministra mucho nos tememos que no hay mucha voluntad política de cumplir esos compromisos recogidos en los presupuestos. Es más, la ministra justificó su voto contrario a estos presupuestos con el argumento de que gran parte de las medidas que contienen estos presupuestos son antisociales. Señorías, el Partido Popular ha aprobado unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 que son los más sociales de la historia. Por eso, no entendemos esa afirmación. Es sorprendente además esta declaración cuando viene del propio Gobierno socialista que ha intentado engañar a los ciudadanos haciendo pasar como propias medidas que se aprobaron en este presupuesto y que tienen un gran calado social. (Aplausos). Parece que los socialistas le han cogido el gusto a esto de copiar, pero mientras copien lo bueno, mientras copien las recetas del Partido Popular, las políticas del Partido Popular, todo irá bien. Porque, ¿se puede llamar antisocial, como hizo la ministra, a una subida de las pensiones mínimas del 3 %, por ejemplo? ¿Se puede llamar antisocial a incrementar el permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas? ¿O se puede llamar antisocial a bajar el IRPF a las rentas del trabajo por debajo de los 18 000 euros? ¿Puede ser antisocial beneficiar con menos impuestos a los trabajadores de rentas más bajas, beneficiando a más de tres millones y medio de contribuyentes? ¿O es que es más social, según el Gobierno socialista, subir el impuesto al diésel, que pagan más de 17 millones de usuarios españoles, muchos de ellos con rentas medias y bajas y no precisamente ricos?

Señores socialistas, desde luego tenemos conceptos muy distintos de lo que es social y lo que no lo es, pero nosotros trabajamos para mejorar el bienestar de la mayoría de los españoles y no para achicharrarlos con impuestos, como parece que se disponen a hacer ustedes desde el Gobierno. Explíquenles también a los funcionarios, a los que les bajaron el sueldo un 5 %, que ahora en estos presupuestos se recoge una subida mínima en tres años, y además consensuada con los sindicatos de la Función pública, del 6,9 %. O a esos padres que van a recibir un cheque guardería de 1000 euros para poder conciliar su vida laboral y familiar les explican ustedes que esa medida no es social. Podemos añadir muchas más medidas que a ustedes también les gustan y se apuntan a ellas, como la bajada del IVA del cine, la mayor partida presupuestaria para becas, más presupuestos para políticas de dependencia y, sobre todo, más dinero para comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir, más dinero para el bienestar social de todos los españoles.

Sí, señorías, tengo que decir desde el Grupo Parlamentario Popular que estamos satisfechos de todo lo que hemos conseguido juntos, porque con la política económica y fiscal acertada y el esfuerzo de todos los españoles hemos conseguido generar crecimiento económico y empleo y tenemos, por tanto, más recursos procedentes de los ingresos tributarios que nos permiten aprobar estos presupuestos para 2018, los presupuestos más sociales de la historia, que se traducen en medidas concretas que benefician a millones de familias españolas. Y lo conseguimos, como he dicho antes, con diálogo, negociando con otros grupos representados en esta Cámara, entre ellos UPN. Porque estos presupuestos son buenos para los navarros, para los cántabros, para los madrileños, para los catalanes y para todos los españoles.

Señorías, voy concluyendo. El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta moción porque las partidas recogidas en los presupuestos para Navarra, como he dicho, son buenas para Navarra y, en consecuencia, son buenas también para España. Son dos caras de la misma moneda, lo mismo que yo me siento profundamente española porque soy profundamente cántabra. Señores del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular les va a exigir el cumplimiento de estos Presupuestos Generales del Estado, claro que sí, porque lo mejor que puede hacer el Gobierno socialista es copiar también nuestros presupuestos. Sigan copiando o convoquen elecciones ya. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Madrazo.

En turno de aceptación de enmiendas, le pregunto al señor Salvador Armendáriz si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Votaremos el texto original.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y PROFESIONAL DEL PROFESORADO. (Número de expediente 173/000106).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pérez López.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, durante las sesiones celebradas en el malogrado pacto social y político por la educación, boicoteado por el Partido Socialista y sus socios de Gobierno, se puso de manifiesto la necesidad de mejorar sustancialmente la profesión docente y su reconocimiento social, económico y profesional. Todos y cada uno de los expertos, salvo alguna opinión -extravagante, por cierto-, hicieron hincapié en esta cuestión, avanzando ideas, propuestas y sugerencias muy acertadas. Recordemos, por ejemplo, la intervención del señor Tiana, hoy secretario de Estado de Educación, y lo que él denominó dar forma a la profesión docente; del señor Fernández Enguita, sobre reforzamiento y revalorización de la profesión; lo que opinaban el colectivo Atlántida o la Fundación Cotec; lo expuesto por comparecientes como López Rupérez, Moreno García, Loranca Irueste o García Suárez. Por eso, nos extraña el escaso interés del Grupo Socialista y del Gobierno para acometer cambios y mejoras en lo que está todo el mundo de acuerdo. Esta inacción resulta aún más extraña cuando muchas de las propuestas que hoy presenta nuestro grupo también se planteaban en el programa electoral con el que acudió a estas últimas elecciones el Partido Socialista. Por ejemplo, en la página 8 del mismo, planteaba la aprobación de un estatuto del personal docente, las mejoras de sus condiciones de trabajo, la formación permanente e incluso hablaban de un sistema de acceso a la docencia similar al mir sanitario. Como pueden ustedes comprobar, la melodía sonaba bien, pero parece ser que sus socios han metido mano en la partitura y han introducido notas discordantes.

Los cambios en educación, como ustedes saben, deben abordarse mediante la planificación, siendo conscientes de que sus resultados no podrán evaluarse hasta pasada al menos una década. Por eso es tan importante el papel del profesor en una España que afronta sus desafíos educativos, sociales y económicos. Para cambiar las cosas y dotar al sistema educativo de calidad hay que tener voluntad de cambiarlas y nos parece que el Gobierno, bien porque no quiere, no puede o no le dejan, no está dispuesto a tomar las medidas que a nuestro sistema educativo y a nuestro profesorado les hacen falta y demandan con insistencia.

La semana pasada la ministra de Educación y Formación Profesional reconoció la necesidad de abordar la calidad de la profesión docente, pero en vez de aprovechar y hacer suyas las reflexiones de los expertos en el pacto educativo, optó por plantear un foro de reflexión y debate. Como decía Napoleón, si quieres que el problema perdure, crea una comisión. Esto demuestra el escaso interés del Gobierno por el profesorado y su aversión a dotarlo de medios e instrumentos adecuados. Además, en este ejercicio de filibusterismo político al que nos tienen acostumbrados, el Partido Socialista nos han vendido con gran solemnidad la reversión de derechos del profesorado, unos derechos ya revertidos casi en su totalidad por el Gobierno del Partido Popular. Señorías, hay que tener memoria, no se ha producido en España un ataque más brutal al profesorado que el Real decreto del 20 de mayo de 2010, decreto Zapatero, con el que ustedes redujeron un 5 % los salarios de los profesores, congelaron sus nóminas para 2011, redujeron la tasa de reposición al 10 % para ofertas de empleo posteriores y suprimieron el régimen transitorio de jubilación parcial. Eso sí que fue atentar contra la dignidad del profesorado, haciéndole pagar la fiesta del despilfarro a la que nunca fue invitado. Por cierto, la ministra, en esta almoneda de ocurrencias en las que se ha convertido el Gobierno, anunció también un plan estratégico destinado a la formación específica del personal docente para reducir el fracaso y el abandono escolar. Parece que no se ha enterado de que con el Gobierno del Partido Popular el fracaso y el abandono han experimentado una reducción histórica, pasando del 30,3 % al 18,3, y en los últimos cuatro años, 6,5 puntos.

Decía anteriormente que los cambios en educación necesitan un largo periodo de gestación, y desde el año 2000, todas las publicaciones científicas relativas al profesorado coinciden en señalar el papel relevante que tiene en la calidad de los resultados de los alumnos y, por extensión, en el sistema educativo en su conjunto. En Finlandia, las medidas adoptadas en la década de los setenta dieron sus frutos en el PISA del año 2000 y en el de 2004. Según la OCDE, los buenos resultados de Portugal se deben a la gran


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preparación del profesorado y a su formación, una de las más exigentes de la Unión Europea. Andreas Schleicher, en su libro World Class, publicado por la OCDE recientemente, recuerda que los mejores sistemas educativos tienen en común dar prioridad a la calidad de los profesores. La literatura científica disponible, como ustedes pueden apreciar, es bastante extensa en este sentido. Baste por último recordar el informe Eurydice, titulado La carrera docente en Europa: Acceso, progresión y apoyo, en donde se pone de manifiesto la gran preocupación que tienen los países de nuestro entorno a la hora de elaborar políticas destinadas a prestar un apoyo efectivo al profesorado, incrementar su profesionalidad y mejorar su estatus.

Los países que decidieron acometer reformas en profundidad de sus sistemas educativos y, en especial, de la mejora de la calidad del profesorado han visto cómo se han situado entre los diez mejores sistemas educativos del mundo. Por eso es tan importante articular una carrera profesional basada en principios de mérito, igualdad y capacidad, donde la evaluación, la formación, los incentivos y la promoción tengan cabida dentro de un modelo integrado y que constituya una prioridad en la política educativa del Gobierno. Consideramos imprescindible la elaboración de un proyecto de ley de ordenación general de la profesión docente, que contemple ese nuevo sistema de acceso a la profesión, y un diseño básico de la carrera profesional, que considere la evaluación, la formación, los incentivos, la promoción y el desarrollo profesional como elementos fundamentales.

España necesita poner en marcha un nuevo modelo de selección y formación de ámbito nacional para el acceso a la función docente similar al mir educativo. Hoy, la sanidad española es la tercera del mundo y sus profesionales están reconocidos y valorados. El mir sanitario adoptado en su día ha sido determinante para conseguir estas cotas y España recoge hoy los frutos de aquella iniciativa. ¿Por qué no se puede hacer algo similar en educación? Comencemos a sembrar. En educación, los cambios no se aprecian a corto sino a medio y largo plazo y por eso es tan importante que se adopten cuanto antes decisiones en este sentido. Y, señorías, el Gobierno puede ir de la mano de la demagogia, apostando por el resentimiento, el revisionismo o el ataque a la libertad de enseñanza, pero hay otra alternativa. La alternativa es la de emprender un camino centrado en mejorar la calidad de nuestros docentes a través de este proyecto de ley de ordenación general de la profesión docente como el que hoy presenta y les ofrece el Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Pérez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidente, señorías, mañana hará exactamente medio año y veinte días desde que Pedro Sánchez dinamitó el pacto educativo con una excusa peregrina que ni siquiera el PSOE cumple en aquellos lugares donde gobierna y generando por segunda vez una enorme frustración en la opinión pública y en la ciudadanía española. Y digo por segunda vez porque la primera vez había sido el Partido Popular quien no había firmado el intento de pacto educativo de Ángel Gabilondo; dos oportunidades perdidas que la ciudadanía ni debe ni puede olvidar, porque, miren ustedes, en educación cuando no avanzamos estamos retrocediendo.

La degradación del sistema educativo es endémica, y sirvan como ejemplo las cosas que hemos visto últimamente en las portadas de los periódicos en este país. Podría mencionar muchas cuestiones, pero el inmovilismo de años ha hecho que tengamos un currículum obsoleto que no se ajusta a las necesidades educativas de los niños y niñas. La falta de generosidad y la falta de proyecto han hecho que tengamos un sistema con unas terribles desigualdades territoriales. La relegación de determinadas herramientas, como la Alta Inspección Educativa, ha hecho que nuestros niños en estos momentos se vean indefensos ante posverdades, falta de rigurosidad o incluso desacatos o vulneraciones constitucionales. Desde hace años el sistema educativo, queramos verlo o no, está tomando una deriva peligrosa, y digo una deriva peligrosa, en primer lugar, porque hay un debate partidista en el que a determinadas fuerzas les gusta sacar de vez en cuando las cortinas de humo de la concertada y la religión, la concertada y la religión, trufadas con concesiones a los nacionalismos, pero además con una política de parcheado donde se regodean en la mediocridad. Señores, en educación no basta con que no retrocedamos en los indicadores, porque el tiempo corre en contra de nosotros. (Aplausos).

En Ciudadanos llevamos diciendo desde hace tiempo que se necesita hacer cambios fundamentales. Uno de estos cambios fundamentales que hay que hacer es en el profesorado, efectivamente. El profesorado es, junto con el alumnado, el alma del sistema educativo. En este país tenemos profesores


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encomiables que han hecho que el sistema haya sobrevivido a muchos envites incluso provocados por los políticos y que, sin embargo, no se han visto atendidos como se merecían durante años por el bipartidismo. Hoy hay titulares e interinos que se sienten poco reconocidos y que tampoco tienen facilidades para ejercer su labor. Doscientos mil profesores se van a jubilar en esta década y tenemos una oportunidad de oro, porque el recambio generacional da una oportunidad maravillosa para hacer cambios. Nosotros lo tenemos claro; fíjense si lo tenemos claro que fuimos nosotros quienes presentamos la propuesta para el cambio en la selección del profesorado, pero también negociamos el cambio en la carrera. Tampoco estamos de acuerdo con el sistema de oposiciones que hay en la actualidad.

Señores del PP, me sorprende la propuesta que hacen ustedes hoy, porque choca con la insultante inacción que ha tenido su Gobierno con respecto a las cuestiones educativas (aplausos); insultante inacción no solamente porque no cumplieron con el acuerdo de investidura, donde se habían comprometido a desarrollar el DIR educativo, sino porque también han hecho una terrible dejación de funciones que creo que puede tener hasta un sentido doloso.

Voy a aprovechar aquí y voy a contestar a algunos de los compañeros que han hecho alusiones antes, cuando hemos expuesto la proposición de ley, y voy a explicar por qué es necesario. En mayo de este año, el molt honorable conseller d´Ensenyament, el señor Méndez de Vigo, sacó una convocatoria con el 155 para contratar a tres mil profesores en Cataluña que no cumplían con el requisito del máster del profesorado. Eso sí, tenían el C1 de catalán. Es una convocatoria que no estoy haciendo pública yo, sino que está denunciada ante el Contencioso-Administrativo por el CSIF y que considero que, además, vulnera gravemente los principios de calidad y de igualdad que ustedes proponen en estos momentos. He preguntado a la actual ministra de Educación qué va a hacer con esta convocatoria, que es presumiblemente irregular, y no me ha contestado. Supongo que estará buscando la respuesta, como está buscando otras cosas.

Miren, señores del Partido Popular, nosotros creemos en la mejora de la calidad del sistema del profesorado y vamos a transaccionar con ustedes y a apoyar esta propuesta, pero lo creemos con dichos y con hechos, en la oposición y si alguna vez fuéramos Gobierno, y queremos que salga adelante. Todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad del profesorado, con mejorar sus garantías laborales, va a tener nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque eso supone garantizar la calidad del sistema educativo y la calidad del sistema educativo nunca va a ser superior a la calidad de sus profesores y de los alumnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.

De nuevo el nivel de poca vergüenza del Partido Popular nos trae aquí una iniciativa que, además, contradice la actuación de cuando estaba en el Gobierno. Es una iniciativa que en su título dice que pretende buscar medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado. ¿Reconocimiento del profesorado, el Partido Popular? ¿En serio? El Partido Popular de los recortes, el que cerraba aulas públicas, el que daba dinero a la concertada mientras se lo quitaba a la pública, el de la tasa de reposición; el Partido Popular que congeló las pagas extras de los profesores; el Partido Popular que quiere hacer listas de profesores buenos y profesores malos dependiendo de si nos gusta o no lo que cuentan en las clases; el Partido Popular que aumentó los ratios de alumnado en los colegios; el Partido Popular que persigue la libertad de cátedra; el Partido Popular que, además, acusa al profesorado de adoctrinar. Ustedes no quieren reconocer nada, ustedes lo que quieren es dificultar el acceso del profesorado a la Función pública. Mi pregunta es: ¿Van a hacer lo mismo con las escuelas concertadas y privadas? ¿O las privadas que hagan lo que quieran para así poder seguir colocando a sus amiguitos? ¿Van a hacer lo mismo? ¿También van a dificultar el acceso en la privada o ahí podrán hacer lo que quieran?

Ustedes no quieren reconocer absolutamente nada. Además, supongo que esta supuesta nueva formación que propone el Partido Popular querrán que la impartan algunos organismos conocidos también por ustedes, como la Universidad Rey Juan Carlos, porque ahí también podrán meter mano para decidir qué es lo que se les da y lo que no a los profesores. Señorías del PP, si quieren reconocer social, económica y profesionalmente al profesorado, lo mejor que pueden hacer es mantenerse una temporadita


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en la oposición, al menos durante unos cuantos años, los necesarios para recuperar el servicio educativo público, gratuito y de calidad que ustedes destrozaron.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Señoría, intentaré explicarle por qué vamos a votar en contra de su iniciativa. Lo vamos a hacer básicamente por tres motivos. En primer lugar, el competencial. No podemos presentar una iniciativa aquí que no haga referencia a una cosa tan, tan importante como que es la Generalitat de Catalunya, quien tiene competencias exclusivas en la gestión del tema que se aborda en esta iniciativa. No se menciona a aquellas instituciones competentes al respecto y eso nos sorprende y además nos huele raro. En segundo lugar, porque es un parche. Esta Cámara intentó abordar una reforma del sistema educativo estatal en profundidad y fracasó en el intento por intereses políticos que conocen ustedes perfectamente. Incluso nosotros, los que veníamos aquí a destruir España, pusimos mejores intenciones que algunos de los grandes salvapatrias que están en esta Cámara. No fue por nosotros por quienes se fue al carajo el pacto de Estado por la educación. Y en tercer lugar, porque no resuelve ninguno de los problemas que se vienen planteando desde hace tiempo. Plantear una microrreforma cuando el problema es de dimensiones tales que necesita una macrorreforma no nos lleva a ninguna parte.

Por eso no podemos sino rechazar esta iniciativa e invitarles una vez más -no es fruto ni mérito de la Generalitat de Catalunya ni de mi partido político, por eso no me canso de repetírselo- a echar un vistazo al documento Ara és demà, fruto del debate, que el Consell Escolar de Catalunya publicó hace ya un tiempo y que ustedes conocen, porque en la subcomisión del pacto de Estado por la educación se les presentó; pidieron que se tradujera al castellano y se les facilitara y lo tienen sus señorías para poder echar un vistazo cuando lo consideren oportuno. Insisto, no es mérito nuestro, con lo cual me parece que es bueno recordar que el trabajo está hecho y que si quieren echar un vistazo y coger alguna idea de ese documento va a ser una buena idea.

Señora Martín, supongo que no me comentaba a mí lo del ministro, porque si el molt honorable conseller se llamaba Méndez de Vigo, igual lo debería preguntar usted a esa bancada. En todo caso, yo no pido que el nivel de C1 pase por encima de todas las cosas, lo que pido es que sea compatible demostrar y acreditar un nivel de catalán con tener el máster si hace falta tenerlo. Eso se lo dice al señor Méndez de Vigo, no a nosotros.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intentaré ser breve. Hemos iniciado la tarde de hoy con un despropósito y creo que vamos a acabar con otro, pero bueno. En cualquier caso, en esta carrera que tienen ustedes uno con el otro para ver quién es más español, quién es más nacional, quién es más unificador, quién es más uniformizador, quién es más centralizador y quién pone dos huevos duros más -allá ustedes- lo único que están haciendo es utilizar la educación para sus intereses, para sus objetivos -no solo electorales, también otros que a veces son peores- y las que salen damnificadas son precisamente aquellas personas a las que ustedes dicen que se dirigen y a las que dicen que intentan beneficiar.

En este caso no sé si dirigirme al Partido Popular o a los dos, porque ha sido una especie de unísono, y la música que está sonando es tan igual que me da lo mismo hacia uno que hacia el otro. Evidentemente, no conformes con los despropósitos que ha planteado el Partido Popular, la representante de Ciudadanos dice: y no nos olvidemos de más cosas que todavía están cuestionándose, como la Alta Inspección, etcétera. Lo que se dice vulgarmente, y ya lo he citado antes: dos huevos duros más.

Lo que esta moción que ha presentado el Partido Popular obvia desde el inicio, aunque la señora Moneo antes decía que no con la cabeza -no está ahora- al representante del PDeCAT, es una cosa que se llama ámbito competencial. Y no me refiero solamente a lo que el Partido Popular, con no voy a decir subterfugios, pero sí con una interpretación de la ley muy ayudada por ciertos tribunales, hace de sí mismo como competente al Estado, es que muchas cuestiones en torno a cómo debe formarse el


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profesorado son competencia de las comunidades autónomas, y claro, como a ustedes no les gusta que eso sea competencia de las comunidades autónomas, se inventan esta historia del mir educativo, como si la sanidad, el acceso a la medicina y el acceso a la educación fueran algo parecido, cuando no tienen nada que ver. Porque en ese mir educativo que ustedes plantean, ¿cómo quedan ciertas comunidades autónomas, ciertas sociedades, comunidades, pueblos y naciones que tienen cultura y lengua propias? Con el criterio que ya en el primer punto de la mañana han defendido los de Ciudadanos y con el que ustedes están de acuerdo, ¿cómo no va a ser consecuencia lógica esta moción que han traído? Evidentemente, si aceptan aquello, automáticamente esto y mucho más. Por tanto, se saltan ese ámbito, se saltan las singularidades y las diferencias que existen -porque existen diferencias- y se saltan también lo que pacíficamente hasta ahora se ha desarrollado, sin que haya habido ninguna necesidad de alterar el gallinero, cuando pacíficamente -vuelvo a reiterar- han funcionado sistemas educativos a la par en el Estado español, como el catalán, el vasco, etcétera. Por tanto, tengo que entender que aquí hay otros objetivos. El objetivo es: Se hizo un Estado autonómico en el cual la educación fue competencia de las comunidades autónomas y no nos gusta que algunas comunidades autónomas tengan esa herramienta en su mano. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no nos gusta cómo se lleva la educación, aunque las sociedades como la catalana o la vasca estén encantadas con su sistema educativo.

Además, esta moción es una sucesión de inventos, improvisaciones y contradicciones, incluso en algunas materias que ustedes mismos plantean, que revoluciona en el sentido más bajo de la palabra ciertas cuestiones que ya están establecidas en el ámbito educativo. La Lomce está ahí todavía y lo que se inició ahí sigue. Nosotros, como ustedes bien saben, nos levantamos de aquella mesa porque vimos que era una mesa que quería trabajar sobre un despropósito, y el despropósito era no respetar lo que, por ejemplo, nosotros en Euskadi tenemos como competencia en materia de enseñanza, que no solo lo dice el estatuto, sino que también lo dice la propia Constitución. Por tanto, ante este despropósito de homogeneización, ante esos criterios que no toman en cuenta para nada las competencias que tienen las comunidades autónomas, ante lo que quieren hacer del profesorado con esa famosa prueba nacional -les pone a cien el tema de la prueba nacional-, ante estas cuestiones, evidentemente, no tenemos otro remedio y, coherente y conscientemente, votaremos en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra. (Rumores).

Les rogaría silencio, señorías.

El señor OLÒRIZ SERRA: Buenas noches.

Es un objetivo imposible conciliar, pero vamos a lo que nos toca, a trabajar, y parece ser que a trabajar para la educación. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Olòriz.

Señorías, les rogaría silencio. Cuantas más interrupciones haya más tardaremos en acabar el Pleno. Es un Pleno largo y, por favor, les rogaría que nos concentráramos en el debate.

Muchas gracias, señor Olòriz. Continúe.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias.

Desde hace más de treinta años, todo aquel que me pregunta a qué me dedico recibe una respuesta invariable: Soy profesor. Además, encantado de serlo, porque considero que el mundo académico me ha proporcionado unos grados de libertad que no me ofrecería prácticamente otra dedicación que conozca. Pero no todo es fácil. Ser profesor significa a veces no tener los medios necesarios y significa muchas veces ser cuestionado. ¿Qué quieren los profesores? Lo mismo que este orador: respeto. No sé si se dan cuenta ustedes de que están en una pecera, que los miran y que lo que hacen o dejan de hacer -esas magníficas espaldas que veo hablando en el pasillo- es también una manera de educar o una manera de deseducar. Los profesores quieren respeto, quieren medios, quieren que se les deje trabajar y quieren confianza; también los profesores catalanes, que son igual de buenos que los de otro sitio del Estado y no por eso han de ser sospechosos habituales. Queremos que nos dejen trabajar. Queremos que las leyes tengan que ver con los objetivos que tenemos: una educación para el siglo XXI, pero hechos con los mimbres que hay en la educación. Podemos hacer un nuevo cesto, pero los mimbres los tenemos, o eso pensaba. Sin embargo, hoy no hablamos de educación. Hoy no hablamos de profesores. Hoy hablamos de un pretexto para tirarse los trastos a la cabeza la oposición al Gobierno y el Gobierno a la oposición.


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Estamos cansados de que se use la educación como pretexto y por eso, a pesar de lo que hoy salga aquí, mañana por la mañana se abrirán las escuelas y se dará la mejor calidad posible a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es cierto que algunos de ustedes puede que lleven a sus hijos a Suiza, a Gran Bretaña o a otro sitio y, por tanto, su preocupación esté en otro modelo educativo, pero la gran mayoría de nosotros -y supongo también que de ustedes- nos preocupamos por el modelo educativo que tenemos.

¿Qué queremos? Queremos que Wert no cabalgue de nuevo. Es cierto, aquí se decía, que ha habido momentos en que se ha roto el consenso. El 29 de noviembre de 2013 se aprobó la Lomce. Yo pensaba que Wert no cabalgaría de nuevo, pero me temo que estos dos últimos años no se fue a París, sino que estuvo también presente aquí porque, mientras discutíamos de futuro, el presente ha sido el mismo sin los cambios adecuados y necesarios. Nosotros creemos que el cambio es posible. Creemos que estas dos páginas de propuestas se pueden resumir en una frase: la centralización no es la solución. La solución pasaría por inversión, por consenso, por autonomía y por confianza. Sin inversión no hay solución, sin consenso no hay renovación, sin autonomía no hay creatividad y sin confianza lo único que hay es autoritarismo. Pasará la moción de hoy y la escuela continuará trabajando.

Acabaré hablando de un profesor que hace ocho años murió y que nos dejó en este Congreso una experiencia inolvidable: José Antonio Labordeta. Él decía que era un hombre sin más: "Recuérdame, / como un árbol batido, / como un pájaro herido, / como un hombre sin más". Dejen a los profesores tranquilos, denles los medios, hagamos un pacto educativo de verdad y empecemos por la base, que son las autonomías. Los pactos son posibles. La politiquería no llega a la escuela porque la escuela es algo mucho más importante que la politiquería de unos pocos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.

Señorías, el Partido Popular nos presenta una moción para el reconocimiento social y profesional del profesorado. Supongo que lo hacen porque el papel lo aguanta todo, pero aun así resulta sorprendente que ustedes suban a esta tribuna como adalides de la educación, cuando son los responsables de haber expulsado de nuestras aulas a 25 000 docentes y de haber truncado muchas vidas y muchas carreras de profesores jóvenes.

Lejos de asumir alguna responsabilidad o de revisar posiciones, el Partido Popular vuelve a señalar al profesorado como el origen de todos los males. Así, el problema de nuestro sistema educativo no es la baja inversión, casi 2 puntos por debajo de la media europea; el problema tampoco es la política de recortes, que aumentó la ratio de estudiantes por aula mientras se reducían las plantillas; el problema para ustedes siempre son los trabajadores, y en este caso un profesorado al que se le considera poco formado o poco motivado, y al que siempre hay que aplicar una vuelta de tuerca más. (Aplausos). Por eso, vuelven ustedes a la carga con el denominado mir educativo, que no tiene nada que ver con atraer a los mejores expedientes y sí con implantar una nueva carrera de obstáculos para precarizar más los primeros años de la docencia y, sobre todo, para quitarse de enmedio al profesorado interino. Porque lo que se está planteando con esta moción, en el fondo, es introducir una figura laboral precaria en la Función pública que permita sustituir docentes interinos por profesorado low cost.

Señores del Partido Popular, ¿saben por qué esta moción no es creíble? Pues porque si se tratara de reconocer la labor que realizan nuestros docentes habrían hecho algo para reducir la interinidad, que afecta a uno de cada cuatro profesores y profesoras. Si de verdad quisieran cuidar a nuestros docentes no los habrían estado despidiendo en junio para contratarlos en septiembre y ahorrarse los meses de verano. A estas alturas ya no pueden engañar a nadie. Han sido ustedes, junto con sus colegas de Ciudadanos, los que más han contribuido al descrédito y al hostigamiento de los profesores de este país. Han llegado a decir -y es muy grave- que en la escuela pública se adoctrinaba, y mientras lo decían tenían la desfachatez de multiplicar los conciertos y las subvenciones para colegios privados de ideario ultraconservador. (Aplausos).

Pero volviendo al tema que nos proponen, ¿estamos diciendo que el sistema de acceso a la función docente sea perfecto o que no se pueda mejorar? No, se pueden reformar muchas cosas. Por ejemplo, se tendrían que publicar los criterios de corrección de los tribunales de oposiciones; se deberían renovar los temarios de las especialidades, que son de los años noventa y que, en muchos casos, no contienen


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contenidos actuales; se podría poner en marcha un plan de apoyo a los nuevos docentes que permita una práctica guiada de los docentes interinos durante el primer año de ejercicio. Como digo, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer es reírse de la gente. Antes de venir aquí a pedir el reconocimiento social y profesional para los docentes, ustedes deberían aclararnos qué pasó en las últimas oposiciones a profesorado de secundaria para que más del 10 % de las plazas ofertadas quedasen vacías. ¿Quieren ustedes mejorar el sistema de acceso a la profesión docente? Pueden comenzar por sus comunidades autónomas respetando el esfuerzo de los opositores y garantizando que ninguna plaza docente ofertada quede desierta.

Por otra parte, plantean en su moción reforzar los sistemas de formación permanente del profesorado y dicen: como estrategia privilegiada para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, podemos estar de acuerdo, puede ser algo sensato; de hecho, los países con mayor calidad en la enseñanza facilitan abundante formación teórica y práctica a los profesores desde el primer hasta el último día de su profesión. Pero claro, todo esto requiere inversión y requiere blindar la educación pública de los recortes, que es justo lo que no hicieron ustedes. Ahora pueden aquí reivindicar la formación del profesorado, pero lo cierto es que durante sus años de Gobierno han rebajado esa partida, ese programa, un 90 %. Es que no hace ni seis meses que tuvimos el debate de presupuestos, en el que ustedes rechazaron la enmienda de Unidos Podemos para invertir más en formación del profesorado.

Por todo ello -y como les decíamos-, esta moción no resulta verosímil y no podemos apoyarla. En todo caso, les recomendaría a las señorías del Partido Popular que, si de verdad buscan el reconocimiento social y profesional del profesorado, comiencen apoyando, por ejemplo, la derogación del Real Decreto 14/2012, que cargó la crisis sobre las espaldas de los docentes y que sigue teniendo, a día de hoy, efectos muy negativos sobre la calidad de la educación.

Por último, yo les pediría que dejen de poner en la diana a los docentes de este país, porque el problema no son los profesores ni las profesoras; el problema han sido unos legisladores que nunca han creído en la educación pública y no les ha importado recortarla ni maltratarla.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.

Señores del Partido Popular, la verdad es que no dejan de sorprendernos en materia educativa y no es precisamente esta una sorpresa grata. Después de años de hacer política contra el profesorado, hoy nos traen esta moción sobre la carrera docente que repite un debate sobre el DIR educativo, cuestión que por cierto ya nos trajo recientemente el Grupo Ciudadanos. Yo les voy a recomendar que no entren en competición con el Grupo Ciudadanos en educación, porque la verdad es que no favorece a nadie y mucho menos al sistema educativo.

Esta moción no tiene nada de nuevo, porque aborda la carrera docente pero con medidas que ya existen, así que el único objetivo novedoso que hemos encontrado es su intención de quitar las competencias educativas a las comunidades autónomas, lo que supone un insulto a las comunidades autónomas, a su gestión y al Estado autonómico en general. (Aplausos). Empecemos con un repaso de las actuaciones del Partido Popular sobre el profesorado en estos últimos años.

El exministro Wert en el año 2012 puso un plan en marcha demoledor contra el profesorado que contemplaba desde la reducción de más de 20 000 profesores, aumento de horas lectivas, incremento de la ratio en las aulas y también de los días para cubrir sustituciones, una excesiva fiscalización y penalización de las bajas médicas, reducción de desdobles, de atención a la diversidad, de aulas de convivencia para luchar contra la conflictividad hasta un largo etcétera. Por cierto, las medidas para combatir el fracaso y el abandono escolar a las que ustedes han hecho referencia, como bien ha dicho usted, señor Pérez, tardan más de diez años en hacerse efectivas, por tanto, no se cuelguen una medalla porque son el efecto de las políticas socialistas en nuestros años de Gobierno. (Aplausos.-La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Señorías, todos estos años han sido verdaderamente dañinos para el profesorado, para sus condiciones laborales, y no ha habido ni un solo gesto por parte del Partido Popular para revertir esos recortes; no ha habido ni un solo gesto para prestigiar o para dignificar la función docente. Por cierto, este Gobierno en tan solo cien días ya ha empezado a revertir esos recortes, por eso


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les vamos a pedir que voten a favor del anteproyecto de ley para la reversión de los recortes del decreto de 2012.

Nos dicen que el Grupo Socialista dio la espantada del pacto educativo. Señorías, no se puede romper lo que nunca existió. Dejen ya de decir que el Partido Socialista rompió un pacto, porque nunca hubo un pacto. Los que sí dieron la espantada fueron los cinco consejeros del Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Educación en el debate sobre la reversión de los recortes que afectaban directamente al profesorado, y creo que lo primero que deben hacer es apoyar el anteproyecto al que me he referido.

No voy a repetir el debate ni los argumentos sobre el DIR educativo que tuvimos hace escasos meses, porque seguimos defendiendo lo mismo: un modelo integral para los docentes, una reforma de la formación inicial del profesorado, seleccionar a los futuros mejores profesores y contar con una mejor estructura del prácticum, garantizar la formación permanente -esa que, por cierto, los señores del Partido Popular se han cargado en estos últimos años-, lo que en realidad es un proceso de la carrera docente. Señorías, creemos que es mucho más lógico mejorar y reforzar el prácticum ya existente con los mejores tutores, en vez de repetir más prácticas y más formación. Además, el sistema de selección ya garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso. Por cierto, ninguna comunidad está vulnerando esos principios.

Ustedes están abordando la carrera docente sin un debate contrastado con los principales agentes afectados, con los que no han tenido ningún tipo de interlocución en estos últimos siete años, que es precisamente lo que este Gobierno sí quiere hacer. Queremos hablar con los docentes, con los sindicatos, con las facultades de educación, con los colegios profesionales y con las comunidades autónomas, en las que nosotros sí confiamos.

Hablan de la formación permanente del profesorado, esa a la que ustedes han dejado sin recursos y han ido damnificando allí donde gobiernan. Les recuerdo cómo poco a poco han ido cerrando los centros de profesores en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, como ha sido el caso de Castilla y León, la Comunidad de Madrid o donde Cospedal cerró todos los centros de profesores, y ahora resulta que siguen reivindicando y demandando la formación permanente, pero ya existe. Igual que existen también esos incentivos de los que ustedes están hablando. ¿Conocen los sexenios que ya existen? También piden formación en el ámbito nacional y curiosamente eliminaron un programa de cooperación territorial, el Programa Arce, que dejaron sin presupuesto, cuestión que ahora también quieren reforzar. ¿Itinerarios de movilidad docente? También existen, como también existen numerosos programas de movilidad nacional e internacional. Curiosamente, donde menos se dan es en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Es decir, lo que ustedes pretenden con esta moción es el comienzo de una recentralización para enmascarar su desinversión y recortes excesivos allí donde gobiernan. No creen nuevos conflictos donde no existen y mucho menos a costa del profesorado. La carrera docente, como otras cuestiones en educación, son mejorables, pero se necesita un foro de debate y de reflexión, que es lo que ha anunciado la ministra de Educación la semana pasada. El sistema actual funciona en la selección y formación de profesorado, que es competente y está ilusionado, no lo duden; no siembren la duda entre la comunidad educativa y la sociedad.

Vamos a votar en contra de esta moción y de su prueba nacional porque no compartimos su modelo de mir y porque el resto de las medidas que ustedes proponen ya existen. Pretender la recentralización de competencias no solo va contra la Constitución sino también contra el sentido pedagógico de responder desde la diversidad a las peculiaridades de la comunidad educativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martínez Seijo.

A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas, el señor Pérez López tiene la palabra.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Estamos negociando una transaccional con el Grupo Ciudadanos. Se le pasará a continuación.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señor Pérez.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE UN PLANTEAMIENTO INTEGRADO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y ATENCIÓN EN LOS PARTIDOS DE FÚTBOL Y OTROS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS, HECHO EN SAINT-DENIS EL 3 DE JULIO DE 2016, Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000081).

- DENUNCIA DEL CONVENIO EUROPEO SOBRE LA VIOLENCIA E IRRUPCIONES DE ESPECTADORES CON MOTIVO DE MANIFESTACIONES DEPORTIVAS Y ESPECIALMENTE EN PARTIDOS DE FÚTBOL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 19 DE AGOSTO DE 1985. (Número de expediente 110/000082).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN SARAJEVO EL 7 DE MARZO DE 2018. (Número de expediente 110/000083).

- ACUERDO DE CIUDAD DEL CABO DE 2012 SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977, HECHO EN CIUDAD DEL CABO EL 11 DE OCTUBRE DE 2012, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000084).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TÚNEZ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO "AD REFERENDUM" EN TÚNEZ EL 26 DE FEBRERO DE 2018. (Número de expediente 110/000085).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COSTA DE MARFIL SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 2018. (Número de expediente 110/000086).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 9 DE JUNIO DE 2015. (Número de expediente 110/000087).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expedientes 110/000081 a 110/000087. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Maura Barandiaran. Tiene tres minutos, señoría.

El señor MAURA BARANDIARAN: Gracias, señora presidenta.

Si me lo permite, intervendré desde el escaño porque voy a ser breve, dado que voy a anunciar la posición de mi grupo respecto de dos de los convenios que se van a someter a la aprobación de este Pleno: se trata del convenio de España con Túnez y del convenio de España con Paraguay. Nosotros creemos que la política internacional no debe basarse solo en los intereses nacionales sino también en los valores. Una parte de la política internacional son los convenios que establece España con terceros países y entendemos que en la observación de dichos convenios, donde sea pertinente o posible, deben plantearse cuestiones relativas a la incorporación de los derechos humanos. Nosotros creemos que tanto en el convenio de Túnez, en el que se hace una breve mención a la situación de la protección de datos, como en el de Paraguay, donde nada se habla de derechos, convendría haber realizado por parte del Gobierno un esfuerzo para introducir esta cuestión. Nosotros también queremos decir que no hacemos una crítica específica a los países que son objeto de estos convenios; no criticamos a Túnez, que está haciendo, y nos consta -lo valoramos positivamente-, un esfuerzo en materia derechos humanos y de libertades democráticas. Quizá la podríamos hacer más en el caso de Paraguay, donde un informe de Amnistía Internacional señalaba recientemente que se han producido agresiones contra defensores de derechos humanos y también contra periodistas; hablaba de tratos degradantes por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de ese país. Nosotros creemos más bien que hay que pedir, exigir al Gobierno de


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España, y eso es lo que justifica nuestro voto, que haga un esfuerzo para que en los convenios internacionales, donde sea pertinente o posible, se incorporen este tipo de cláusulas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Maura; también por ajustarse al tiempo.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Bustinduy Amador. (Denegaciones del señor Bustinduy Amador hace gestos negativos). ¿No va a tomar la palabra? ¡Ay!, muchísimas gracias. (Risas.-Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pons Sampietro.

El señor PONS SAMPIETRO: Presidenta, si no le molesto sí que voy a tomar la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Disculpe. Me ha salido del alma, señor Bustinduy, discúlpeme, no me molesta nadie, en absoluto, todo lo contrario, por favor, pero entiendo que a esta hora es un alivio. Muchas gracias. (Aplausos).

Señor Pons Sampietro, tiene la palabra.

El señor PONS SAMPIETRO: Señora presidenta, gracias.

Señor Maura, cuestionan usted y su grupo dos convenios que se enmarcan en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional precisamente en una semana en la que este es uno de los retos que se van a debatir en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, crimen organizado que niega en muchos casos la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales, como la trata de personas, el tráfico de migrantes o los casos más sangrantes, una delincuencia que al mismo tiempo influye en las condiciones económicas y sociales por las que el Estado debe velar.

Al entender de este grupo, el convenio con Paraguay aborda estas cuestiones estableciendo un marco de cooperación en la lucha contra la delincuencia precisamente en sus formas organizadas. En todo caso, este marco puede ser desarrollado más adelante por otros instrumentos no normativos si es necesario. El Grupo Socialista, por tanto, respecto al convenio de Paraguay va a valorarlo positivamente.

Respecto a Túnez, el acuerdo busca fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial entre ambos países y prevenir la actuación del terrorismo y delincuencia organizada. Va en el mismo sentido, una cooperación que se prestará con respeto a las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales asumidos por ambas partes y guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua. Yo querría destacar que esta cooperación no es únicamente bilateral sino también en el ámbito de la Unión Europea. La cooperación policial con Túnez es intensa, fluida y satisfactoria. Se plasma sobre todo en el apoyo español al fortalecimiento institucional de los servicios policiales tunecinos en su proceso de reforma, modernización y capacitación y también en la lucha contra el terrorismo por ser un país estratégico para la estabilidad y seguridad en toda la región. Creo que vale la pena recordar que los Veintiocho dieron luz verde a la propuesta de la Comisión Europea el pasado mes de junio para aumentar... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor PONS SAMPIETRO: ... la colaboración de Europol con terceros países para luchar contra el terrorismo y los crímenes transnacionales de la manera más efectiva posible. Les recuerdo que el mandato de negociación aprobado por los Estados miembros permite a Bruselas abrir diálogos en representación de la Unión con ocho países: con Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.

Querría terminar además recordándole que el presidente Sánchez y la canciller Merkel han apostado por una Unión Europea que intensifique la cooperación con los países de África para hacer frente a la crisis migratoria y hay un esfuerzo sobre todo con Túnez y con Marruecos. Por tanto, nosotros no vemos ninguna objeción a estos convenios y les vamos a dar nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Pons Sampietro.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Reynés Calvache.


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La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Popular no puede más que votar a favor de estos convenios, que han sido firmados por el Gobierno del Partido Popular, por don Jorge Fernández Díaz y por don Juan Ignacio Zoido respectivamente, y que responden a la preocupación que nos suscita -también a las otras partes, Túnez y Paraguay- el alcance de fenómenos delictivos como son la trata de seres humanos, la piratería, el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración ilegal, el blanqueo de capitales y las nuevas manifestaciones de la delincuencia transnacional organizada en general. La diversidad de los delitos a los que se extiende la cooperación plasmada en estos dos convenios es amplia y creemos que es importante profundizar y desarrollar la colaboración en estas materias porque plantean un gran reto a nuestras sociedades actuales.

Tras el debate de estos convenios en Comisión de Asuntos Exteriores volvemos a repetir nuestro posicionamiento hoy aquí en el Pleno: Fomentar la seguridad y el respeto a la ley y a los derechos. Es imprescindible para el desarrollo democrático y los dos convenios que tratamos hoy refuerzan estos aspectos. Me voy a referir muy brevemente a la importancia que tienen para nosotros estas relaciones con ambos países, que se ven reflejadas en las prioridades de la política exterior que siempre ha defendido el Partido Popular. Por un lado, la región de América Latina siempre ha sido un eje fundamental para nosotros. Este convenio profundiza la cooperación entre España y Paraguay, reafirmada por otros acuerdos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, de 15 de noviembre del año 2000. Por otro lado, Túnez, con el que España ya firmó un tratado de amistad y cooperación en 1995, es uno de los países más avanzados democráticamente dentro del grupo de países árabes y debe ser un aliado de España en la lucha contra la delincuencia y el fomento de la seguridad. Para nosotros, el continente africano ha sido y es otro de los ejes fundamentales de la política exterior de España. (Rumores). En definitiva,...

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Un momento, señora Reynés. Por favor, guarden silencio. (Pausa). Adelante.

La señora REYNÉS CALVACHE: En definitiva, como decía, en un mundo globalizado es necesaria la cooperación internacional y solo así, sin demagogia y trabajando por los intereses comunes, podremos hacer frente a los retos trasnacionales que afectan a todos los países.

Para terminar ya, solo quería hacer alusión a la importancia que tienen para nosotros estos acuerdos internacionales. Solo recordar que también fue el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura el que sacó adelante la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales, que permitió adaptar una regulación obsoleta y preconstitucional de 1972 al propio desarrollo del derecho internacional en estos cuarenta años. Con esta ley se puso fin a una normativa dispersa y se reguló de manera sistemática y actualizada la actividad del Estado en materia de tratados y otros acuerdos internacionales. Por lo tanto, presidenta, señorías, el voto del Grupo Parlamentario Popular, como ya he dicho al principio de mi intervención, será favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Reynés Calvache.

DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000007).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día referido al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2016, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.

En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Dos cuestiones previas a la cuenta general, breves. Una semana más les debo recordar que hay nueve personas presos políticos que son la vergüenza de todos (aplausos) y desde aquí lo denunciamos.


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Una segunda cuestión, para que quede constancia en el Diario de Sesiones de esta Cámara. Es una indecencia, es una irresponsabilidad...

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Bel Accensi, por favor, vuelva a la cuestión. Por favor.

El señor BEL ACCENSI: Estoy interviniendo, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Sí, pero no sobre la cuestión que nos atañe. Por favor.

El señor BEL ACCENSI: Si todavía no he empezado. (Rumores).

Quería decir una segunda cuestión que no tenía nada que ver con la primera y es que es una indecencia, es una irresponsabilidad y es, desde mi humilde perspectiva, una repugnancia que alguien hable de pistolas encima de la mesa en Cataluña. Le inhabilita políticamente para asumir ninguna responsabilidad en un Estado democrático. (Aplausos).

Dicho esto, cuenta general. Debemos reconocer que la cuenta general de 2016 ha sido presentada por parte tanto de la Intervención General del Estado como por parte del Tribunal de Cuentas con mayor celeridad, no estrictamente la que desearíamos pero se ha mejorado en relación con ejercicios anteriores y no nos duele reconocerlo.

Más que discutir el trabajo de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas en la elaboración de la cuenta general del Estado -que no lo vamos a hacer y vamos a votar a favor-, presentar la cuenta general del Estado en esta Cámara también tiene que servir para hacer un balance de la ejecución presupuestaria del año en cuestión. Les quiero recordar que nosotros -está en las actas- no apoyamos el presupuesto que presentó el Gobierno al Partido Popular para el año 2016. No lo apoyamos por varias razones y hoy vamos a constatar que estábamos en lo cierto. Primero, no apoyamos los presupuestos de 2016 porque entendíamos que los ingresos estaban sobrevalorados y la recaudación del IRPF sumada a la del impuesto sobre sociedades fue de 9000 millones menos de lo presupuestado. Tal y como pronosticamos. En el IRPF recaudan solo el 86 % de lo presupuestado y en el impuesto sobre sociedades recaudan solo el 84 % de lo que estaba presupuestado. Por tanto, están presupuestando por encima de lo que van a recaudar realmente. Si miramos el estado de ejecución de los gastos comprobamos que sucede también lo que advertimos y lo que se viene constatando año tras año. Ministerio de Defensa, ¿les suenan a ustedes las modificaciones presupuestarias del Ministerio de Defensa? ¿Les suena una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 169/2016? ¿Saben que decía que no son constitucionales las modificaciones presupuestarias en dotación para armamento? Sí que se acuerdan. ¿Saben cuál ha sido la modificación presupuestaria del Ministerio de Defensa en 2016? 1395 millones de euros, el 24 % de lo presupuestado. Cuando subí a esta tribuna y les dije que el Ministerio de Defensa estaba infrapresupuestado efectivamente tenía razón. En el año 2015 fue el 40 % y este solo ha sido el 25 %. Algo es algo, pensarán, pero hay que tener en cuenta que 1 de cada 4 euros gastados en defensa no lo tenían presupuestado.

Aparte de cómo se elabora el presupuesto, hay que ver cómo se ejecuta el presupuesto. Repasen el estado de ejecución del presupuesto. ¿Se acuerdan del programa 43? Les hago memoria, programa 43, comercio, turismo y pymes. ¿Saben cuál es el estado de ejecución del programa 43? El 41 %, solo ejecutaron 4 euros de cada 10 presupuestados para turismo, comercio y pymes. ¿Y el programa de investigación, el programa 46? Se lo recuerdo, solo ejecutaron el 53 %, apenas la mitad de lo presupuestado. En programas que afectan directamente a la economía productiva ustedes solo ejecutaron el 50 %. Eso sí, en programas como defensa, el programa número 12, con modificaciones presupuestarias del 24 %, ahí sí, consiguen un grado de ejecución del 97 %. Por tanto, un mal presupuesto, mal elaborado y peor ejecutado. Pueden constatar que el voto en contra del Partit Demòcrata a los presupuestos de 2016 tenía todo su fundamento.

Me he dejado para el final una de las partidas estrella, que es el programa de infraestructuras. El programa de infraestructuras tuvo una ejecución de solo el 80 %, algo muy grave porque es el programa inversor. Pero si miran las partidas presupuestarias territorializadas podrán apreciar que el grado de ejecución de los programas de infraestructuras en Cataluña es sustancialmente inferior al del conjunto del Estado. Por tanto, todos los pronósticos que hicimos sobre el presupuesto de 2016 hoy se constata que eran realidad. No obstante, ahora estamos votando simplemente un documento técnico, documento que nosotros vamos a apoyar.


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Para finalizar, señora presidenta, nos felicitamos y agradecemos el voto favorable de los grupos parlamentarios que lo hicieron posible porque entre las propuestas de resolución que hoy vamos a aprobar junto con la cuenta general hay una, la doce, que presentó el Partit Demòcrata, que ha sido aprobada e incorporada al dictamen y a la que damos mucho valor. Es aquella que insta al Gobierno -y les pido que tomen nota por si quieren presentar el presupuesto- a condonar definitivamente la deuda que mantenían algunas instituciones públicas, municipales esencialmente, del ámbito sanitario y algunas instituciones sin ánimo de lucro también del ámbito sanitario con la Seguridad Social. Se había establecido una moratoria en el presupuesto de 1995 que se ha ido alargando, y evidentemente no se va a pagar esta cantidad, y por eso la Cámara le pide al Gobierno que proceda a la condonación de esta deuda con la Seguridad Social. Estoy seguro de que ustedes, que respetan a esta Cámara, lo van a incorporar a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.

Señorías, muy buenas tardes. Estamos ante el broche final del proceso presupuestario, donde la cuenta general del Estado nos permite hacer un balance del resultado económico-patrimonial de la gestión del Gobierno. Sin embargo, antes de entrar en detalle, quisiera poner en valor dos de las propuestas de resolución de mi Grupo Parlamentario Ciudadanos, que mejoran desde luego el procedimiento. A saber, por un lado, la reducción de los plazos de tramitación, que fue además aprobada por consenso, dándonos la posibilidad de verla mucho antes mejorando el interés de sus conclusiones de forma coordinada con la Intervención General de la Administración del Estado y siguiendo la recomendación del propio Tribunal de Cuentas, además del informe inter pares que nos realizó en 2015 el Tribunal de Cuentas europeo y el Contas, el tribunal homólogo portugués. Por otro lado, y sobre la base también de dicho informe, reformar el Tribunal de Cuentas mejorando su independencia y eficacia. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Un momento, señor Ten. (Pausa). Adelante.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.

Por otro lado, como decía, sobre la base de ese informe, reformar el Tribunal de Cuentas mejorando la independencia y la eficacia. Por cierto, propuesta rechazada por ese inmovilismo del bipartidismo a pesar de ser pieza clave de una democracia, pues la salud de esta depende del ejemplo de la transparencia y del cumplimiento escrupuloso de la normativa y, por tanto, cualquier muestra al ciudadano de que los políticos estén por encima de la ley o cualquier mensaje de impunidad como las amnistías, los indultos, los aforamientos, los tratos de favor en las universidades públicas, en definitiva, señorías del PSOE especialmente, cualquier premio que haga su Gobierno a quien no cumple hace un terrible daño a nuestras instituciones.

Pues bien, entrando en detalle en la cuenta general del Estado, desde Ciudadanos quisiera resaltar tres cuestiones. La primera, el incumplimiento de las obligaciones de información y rendición de cuentas de determinadas entidades públicas que se reiteran en el tiempo, como algunos fondos públicos y en especial la Confederación Hidrográfica del Segura. Y yo me pregunto, si tienen deficiencias de gestión, ¿por qué se empeñan en politizar este bien tan escaso y tan necesario como es el agua? ¿Existe responsabilidad por ello? ¿Se ha cesado a sus presidentes? Vaya, casualmente aquí y en el resto de empresas públicas solo se cesa cuando hay un cambio de Gobierno. Y al PSOE no le tiembla el pulso en hacer uso de esa potestad discrecional de nombramientos, pero siempre que sean del color de su partido, lo que nosotros llamamos los dedazos de Sánchez. (Aplausos). Y es que, señorías, no todos somos iguales. Efectivamente, deberíamos poder serlo, pero se empeñan en no respetar los principios de mérito y capacidad.

En segundo lugar, otro problema que arrastra de forma reiterada es la nefasta gestión de la deuda del Estado. Son deudas procedentes de liquidaciones, son deudas que no se han podido recaudar y que el bipartidismo tiene aparcadas. Estoy hablando de 500 millones de euros por pagos indebidos en prestaciones sociales, estoy hablando de 3832 millones de euros en inmuebles transferidos a las comunidades autónomas y estoy hablando de más de 24 200 millones de euros de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria. Y, eso sí, ahora precisamente Podemos, el socio del doctor Sánchez, lo quiere


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tapar con subidón de impuestos, nada menos que 10 500 millones de euros. Vamos, que veo que quieren superar el récord que tenía el Partido Popular con el señor Montoro en 2012.

Por último, deseo subrayar los otros efectos perversos que reflejan estas cuentas de 2016: reducción de la hucha de pensiones y del gasto social, incumplimiento del déficit y récord en deuda pública o el cierre presupuestario con indisponibilidad del crédito por esa pésima previsión de ingresos que hizo el Partido Popular mermando la inversión pública y, por tanto, esa falta de ejecución presupuestaria. Por cierto, estas deficiencias a las que hago referencia se corrigieron cuando nosotros pactamos los presupuestos en 2017 y 2018 con el Partido Popular. Sinceramente, en Ciudadanos estamos seguros de que aquí hay margen para gestionar mejor los recursos públicos y eliminar duplicidades, gastos superfluos y sin tener que meter la mano alegremente en el bolsillo de la clase media y trabajadora.

Voy terminando, señora presidenta. Deseo manifestar mi agradecimiento al trabajo que ha realizado el personal del Tribunal de Cuentas, mi agradecimiento a los letrados, a los ponentes de este informe de la cuenta general del Estado de 2016. Aunque desde Ciudadanos echamos en falta que los informes sean más accesibles a su lectura, mayor respeto al principio de anualidad con información relativa a pasivos contingentes, especialmente los sangrantes, a los que corresponden las autopistas. Sobre todo, señorías, tenemos que avanzar en la fiscalización de la gestión, es decir, evaluar el gasto público porque, insisto, el Tribunal de Cuentas nos debería aportar control e información de la salud de nuestras instituciones. Recuerden, señorías del PSOE, insisto, cualquier premio que haga su Gobierno a quien no cumple hace un terrible daño a las instituciones, a la convivencia y a nuestro Estado del bienestar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señor Ten Oliver.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy tratamos la cuenta general del Estado del año 2016, solo un año y medio después de que se ejecutara el presupuesto, lo cual nos da idea de cuál es el nivel de rendición de cuentas de la Administración pública ante la ciudadanía. Esa cuenta general presenta una serie de elementos llamativos que nos gustaría resaltar, alguno de los cuales ya han sido citados anteriormente. De entrada, en este informe de la cuenta general hay trece entidades que no rinden ningún tipo de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, un dato que además agrava el de 2015, cuando solo había once. Es decir, que hay trece administraciones del Estado de las cuales no sabemos absolutamente nada. Hay otras tantas que presentan las cuentas fuera de plazo o, en lugar de presentar las cuentas aprobadas, presentan las cuentas formuladas, es decir, que presentan como un dato lo que previeron y no lo que ejecutaron. Y hay una entidad que no sabemos muy bien por qué lleva toda su historia sin presentar cuentas, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que no ha presentado cuentas ante el Tribunal de Cuentas ninguno de los años de su existencia. No sabemos si las estará presentando en Portugal. Señorías, es absolutamente incomprensible que haya entidades de la Administración del Estado que no rindan cuentas ante el Tribunal de Cuentas y se encuentren fuera de control público.

Además, el informe presenta eso que podríamos llamar trucos de ejecución presupuestaria creativa -en los cuales el señor Montoro era un magnífico especialista-, por dos vías fundamentales: una, la de las modificaciones de crédito en sentido positivo y en sentido negativo, y otra, las sobreestimaciones de ingresos. Sobre las modificaciones de crédito, es decir, modificar partidas presupuestarias entre distintos grupos presupuestarios, nos encontramos de forma llamativa con la del Ministerio de Defensa. Sistemáticamente se ha presentado un presupuesto para el Ministerio de Defensa en un rango entre el 20 % y el 40 % inferior a lo que finalmente ejecutaba. Es decir, para el año 2016 el Ministerio de Defensa recibió modificaciones presupuestarias a lo largo del año presupuestario por valor de 1395 millones de euros, casi el 25 % del total del presupuesto. A lo largo de todo el periodo de gobierno del Partido Popular el conjunto de las modificaciones de crédito que acrecieron el gasto presupuestario del Ministerio de Defensa fue de 10 200 millones de euros; es decir, mientras no había dinero o se recortaba en otras partidas presupuestarias, siempre había dinero para incrementar los ingresos presupuestados para el Ministerio de Defensa. Luego están las modificaciones presupuestarias en sentido contrario, en el sentido de tratar de mostrar que se le estaba dando relevancia política pero no presupuestos a determinadas partidas presupuestarias, y ahí el caso prototípico es el de las políticas de investigación, desarrollo e innovación. Imagino al ministro De Guindos llamando al ministro Montoro y diciéndole: Cristóbal, que tiene


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que parecer que la investigación y el desarrollo nos importa mucho. Y el señor Montoro respondería: No pasa nada, infla la partida presupuestaria, luego, en lugar de gastártelo en forma de inversión directa la distribuyes en forma de préstamos y créditos de imposible cumplimiento por parte de los investigadores y así parece que hemos gastado mucho y, sin embargo, hemos gastado poquito. Entre 2012 y 2016, el monto que no se gastó en partidas de I+D+i y que se había presupuestado inicialmente fue de 12 000 millones de euros que no recibió la investigación y el desarrollo de este país. Y ahí no acaba todo. Ese año, en 2016, también se inventaron una cosa, una novedad, que fue el acuerdo de no disponibilidad de crédito para que las administraciones públicas no pudieran gastar a partir del 1 de julio de 2016. Ese acuerdo de no disponibilidad de crédito ascendió a 2000 millones de euros que tuvieron que ser recortados también de los distintos gastos ministeriales.

Luego tenemos la pata de la sobreestimación de ingresos. Si en el lado de las modificaciones de crédito el señor Montoro era un maestro, en el de la sobreestimación de ingresos y la cuadratura de los presupuestos a martillazos ya era nivel master del universo. La desviación negativa de las previsiones de ingresos desde el año 2012 al año 2016 fue de más de 30 000 millones de euros, es decir, que esperaban ingresar 30 000 millones de euros que nunca llegaron a las arcas públicas a pesar de que se presupuestaron. Fundamentalmente, las dos desviaciones mayores fueron los ingresos a la Seguridad Social por valor de 13 000 millones de euros que no se recaudaron -más del 70 % del presupuesto- y los impuestos recaudados por la Administración General del Estado por valor de más de 6175 millones de euros.

En conclusión, estas modificaciones presupuestarias y esta sobreestimación de ingresos daban lugar a una burla y a una falta de compromiso con lo aquí aprobado. ¿Por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular que aprobaba los presupuestos estaba obligado a ejecutarlos y no a reinterpretarlos. El mismo rigor presupuestario que exigía al resto de fuerzas políticas cuando estaba en el Gobierno no se lo aplicaba a sí mismo.

Al nuevo Gobierno, por mirar hacia el futuro, creo que habría que pedirle precisamente eso: mayor claridad y eficacia en la ejecución presupuestaria. Pero antes me permito recordarles algo básico: primero hay que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que puede traer un grupo parlamentario o un Gobierno que tiene 84 diputados seguro que no son los mismos que podría traer un Gobierno con 176 diputados. Les encomendamos, les animamos a que se sienten a negociar, que sean flexibles en la negociación con nosotros y con otras fuerzas de progreso que están dispuestas a aprobar unos presupuestos generales que pongan fin al proceso de daño social que ha experimentado la población de este país durante los años de crisis y los que han continuado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Montero Soler.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta. Buenas noches ya, señorías. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Hoy celebramos la sesión de control que le corresponde al Congreso de los Diputados de la cuenta general de 2016. Previamente ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha informado al respecto. Tenemos que tener claro qué significado tiene la cuenta general. La cuenta general refleja, por una parte, la situación patrimonial del Estado, refleja la actividad económico-financiera que se desarrolla durante el ejercicio y da los datos y resultados de la liquidación presupuestaria, y se incluyen las cuentas de todos los entes públicos. Por tanto, digamos que corresponde hacer un balance de esa gestión patrimonial financiera, económica y presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy. Si tuviésemos que sacar algunas conclusiones, yo evidentemente manifestaría falta de rigor. Siempre lo hemos denunciado, los presupuestos no eran creíbles, los ingresos estaban inflados, la gestión de los gastos generaba no disponibilidad... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor HURTADO ZURERA: ... generaba no disponibilidad acorde con la política de recortes permanentes, sobre todo en determinadas materias como la innovación y el desarrollo. En definitiva, creaba una situación difícil.

El Tribunal de Cuentas lo ha cifrado, estas críticas las ha cifrado y dice que el señor Montoro tenía inflados los ingresos en 2016 en 19 400 millones, es decir, ingresos previstos no recaudados; y dice que el 70 % era de las cotizaciones y el 30 % de los impuestos directos. Por tanto, confirma lo que nosotros


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criticamos: ingresos inflados. Los gastos también han puesto de manifiesto la política de austeridad contenida durante estos últimos años desde el año 2012. Las obligaciones reconocidas son de 408 000 millones de euros cuando en 2015 fueron de 432 000, 25 000 millones de euros no ejecutados. Por otra parte, también pone de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas que no se ha abordado el déficit estructural de la Seguridad Social, que durante este ejercicio se ha dispuesto de 20 000 millones de euros, que solamente queda ya un remanente en el fondo de 15 000 millones de euros y que se ha tenido que abordar un préstamo de más de 10 000 millones para cubrir ese déficit estructural. Y el Tribunal de Cuentas concluye con el grave problema que ha creado este Gobierno con la gestión financiera, un nivel de endeudamiento desconocido en este país. En 2016 alcanza los 948 000 millones de euros, un 4,35 % más y casi 40 000 millones de endeudamiento más. Esa es la gestión financiera durante el ejercicio 2016. Por tanto, reivindico mayor rigor en los presupuestos. Estoy seguro de que el proyecto de presupuestos que presente el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va a ser riguroso, pero va a ser riguroso en sus planteamientos y va a ser riguroso en su ejecución, lo que no han sido los siete últimos presupuestos del Estado. (Aplausos). Y reivindico que tenemos derecho a que esos presupuestos incorporen una nueva senda de estabilidad que va a significar 6000 millones de euros más para gastos y políticas sociales a través de las comunidades autónomas, a través del Estado, a través de los ayuntamientos y para pagar pensiones. (Aplausos). Es una auténtica barbaridad inadmisible que se estén poniendo los obstáculos que se están poniendo a la incorporación de más recursos públicos para abordar políticas necesarias en el Estado. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

El señor HURTADO ZURERA: Reivindicamos que se haga justicia y que se quiten todas esas contenciones injustas que se están llevando a cabo.

Por otra parte, la cuenta general pone también de manifiesto que existen una serie de contingentes que no están valorados en la memoria de la propia cuenta general, contingentes muy cuantiosos y que pueden significar una merma importante en el patrimonio del Estado. Habla de lo que son los litigios con las concesionarias de autopistas de peaje y cifra esta contingencia en más de 3700 millones de euros. También define como cuentas no creíbles las que ha presentado AcuaMed. A todos nos sonará la gestión de AcuaMed, cuestionada por el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, se incluye también la Autoridad Portuaria de Gijón, con más de 250 millones de recursos no admitidos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, un segundo, por favor.

Señorías, queda todavía una parte importante del Pleno. Les ruego silencio o, si no, abandonen el hemiciclo.

Señor Hurtado, adelante.

El señor HURTADO ZURERA: Y por otra parte también otra gran contingencia es el saneamiento bancario en este país, un saneamiento que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se dijo que no iba a costar ni un céntimo al bolsillo del contribuyente. Pues bien, los datos que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas es que al final del año la estimación es un coste de más de 60 000 millones de euros, 60 300 millones de euros para ser exactos. Ese es el coste del saneamiento, ese que el señor De Guindos dijo que no iba a significar nada, ninguna contribución añadida al bolsillo del contribuyente. Pues sí, y de mucho calado.

Por otra parte, también pone de manifiesto que existe todavía mucha incertidumbre porque el aumento de este coste puede ser más que significativo con los litigios de los dos grandes bancos que tienen participación pública, que en este caso eran Bankia y BMN. También pone de manifiesto que hay cierta incertidumbre con respecto a la Sareb, a la que ser han aportado 2179 millones, pero que tiene un aval en deuda senior de más de 41 000 millones de euros y que puede significar un desfalco y una pérdida de patrimonio sustancial a las arcas públicas.

Quiero concluir manifestando que, desde luego, la gestión es claramente mejorable y que la formulación ha sido la correcta. De hecho, el ministerio fiscal y la abogacía del Estado no aprecian ningún tipo de defectos. Los defectos son meramente contables. En ese sentido, también ha sido el propio Tribunal de Cuentas el que pone de manifiesto que no se han seguido las recomendaciones de los últimos ejercicios y que es aconsejable que tengan acogida para mejorar sustancialmente las cuentas del Estado, formulándose en términos de contabilidad nacional y definiendo en la propia cuenta el nivel de cumplimiento


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del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por tanto, una gestión que se plasma en esta cuenta general nefasta, falta de rigor e inconsistente; pero desde luego la formulación la tenemos que aprobar con las recomendaciones que se incluyen por parte del Tribunal de Cuentas.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señores y señoras diputadas, muy buenas tardes a todos.

Estamos nuevamente aquí para hacer el trámite correspondiente a las cuentas de 2016. Hay factores que se vienen repitiendo año tras año en los que voy a intentar no profundizar porque, a mi entender, deberían estar suficientemente aclarados en ejercicios anteriores, pero veo que se sigue insistiendo en ellos. Cuando se habla, por ejemplo, de las entidades integradas, lo que falta no es significativo. (Rumores). No es significativo a criterio del propio tribunal. Indudablemente hay que aspirar al 100 % y a que todas las entidades del Estado rindan cuentas, pero vuelvo a insistir en que el propio informe del tribunal lo considera no significativo. En cuanto a las modificaciones de crédito, insisten ustedes de nuevo y ponen el ejemplo de defensa. Precisamente los planes especiales de armamento son un tema anterior al Partido Popular, al que con la crisis no se pudo hacer frente, pero había unos compromisos que obligaron a unas modificaciones para hacer frente a ellos y que esos proyectos pudieran salir adelante.

Hablan de ingresos inflados y tampoco estoy de acuerdo con ustedes. Los presupuestos no se pueden considerar como una fotografía inamovible; y eso merece un análisis. (Continúan los rumores). Yo entiendo que los presupuestos son dinámicos. Son una fotografía de lo que se pretende, pero la realidad es cambiante y, por tanto, un Gobierno responsable tiene que tomar medidas a lo largo del ejercicio en función de los resultados. En 2016 hubo una serie de factores que llevaron, entre otras cosas, a una bajada de impuestos, que favoreció a los contribuyentes y mermó los ingresos finales, pero lo que hay que preguntarse es cuál es la buena política o cuál es el resultado final. El resultado final es que durante 2016 se controló el déficit y no solamente se controló, sino que se redujo con relación al año anterior. Por lo tanto, todas las variables de ingresos presupuestados no ejecutados o de gastos presupuestados tampoco ejecutados responden a que el Gobierno tuvo que hacer ese ajuste; y el resultado final -la prueba del algodón- es el déficit; y el déficit en 2016 se redujo a la cantidad que estaba prevista con los consiguientes beneficios para la economía española en general.

Con respecto a los plazos, solamente quiero hacer una reflexión. En el modelo que estamos hay una doble fiscalización, como pone de relieve el Tribunal de Cuentas en su informe, por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, y por parte del tribunal. Hay otros ejemplos en Europa, como Finlandia. (Rumores). Se pone de ejemplo y se dice que se hace en seis meses tras la finalización del ejercicio, pero no va acompañada de esa fiscalización de la cuenta general. Voy a dar solamente un dato: la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas se realizó el 25 de junio de 2018, un mes después de haberlo aprobado el propio tribunal; lo aprobamos hoy, 25 de septiembre. Bueno, pues han pasado tres meses, que a lo mejor lo podríamos reducir nosotros también, pero bueno, es un dato que dejo ahí.

La opinión del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta de 2016 lo que dice taxativamente es que presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica, patrimonial y financiera del Estado; de 394 entidades se han integrado 381. Es decir, no son significativas y tiene la relevancia de que expresa fielmente la situación patrimonial.

En cuanto al tema de inventarios, se está trabajando en el Programa Sorolla en distintos ministerios. En lo que se refiere a las responsabilidades patrimoniales, también lo comentaba el señor Hurtado; hombre, señor Hurtado, en la memoria general no consta ese riesgo por responsabilidades patrimoniales, como es el caso de Autopistas. Pero si usted se mira la orden del Ministerio de Hacienda correspondiente de confección de la cuenta general, las responsabilidades patrimoniales figuran en las entidades que generan ese riesgo; es decir, estará en el correspondiente ministerio que le afecte esta situación.

Voy finalizando. Como les decía, hay que tener una visión dinámica del presupuesto, no estática cuando a ustedes les conviene y dinámica cuando también les conviene, sino que hay que tenerla en todo momento. Todas las modificaciones de créditos se ajustaron a la normativa existente. En resumen, 2016 fue un buen año: se creció, se creó empleo, se controló el déficit y se bajaron los impuestos al ciudadano. Como dice un refrán: otro vendrá que bueno me hará. A ver qué hacen ustedes el año que viene, 2019,


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porque yo me temo que con los anuncios que ha hecho el doctor Sánchez, su líder, nos vamos a encontrar con que se va a incrementar la deuda, va a haber más déficit, va a haber más impuestos, va a haber menos ingresos; ya ha anunciado, el 'dieselazo'; también barrunto, dada la posición de la ministra competente del ramo, otro agujero en el sector eléctrico por las actitudes que toma la misma; y hoy mismo el Banco de España ha constatado que ya se está produciendo una desaceleración de la economía. Tampoco controlan muy bien, por decir algo pero no controlan nada, el tema del procés, con lo cual la estabilidad política del país también se resiente y se resiente toda la economía y toda situación.

Por eso, como les decía antes, a mí me gustaría equivocarme, porque indudablemente no me gusta que mi país, que mi patria, vaya mal, pero con los antecedentes que tienen ustedes, que son expertos en hacerlo de una forma especial cuando gobiernan, anticipo que ustedes, el Partido Socialista, van a batir el récord de la deuda que tanto les preocupa, y que a nosotros también nos preocupaba y nos sigue preocupando. ¡Cómo no! Pero es una simple operación matemática, el déficit de este ejercicio es la deuda del ejercicio siguiente; y ustedes ya han anunciado que quieren dejar la senda del déficit marcada por el Partido Popular, que iba progresivamente disminuyendo, para anunciar que quieren más déficit, que quieren, en definitiva, gastar más y endeudarse más.

Nada más, presidenta, y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL ALMACÉN DE GAS CASTOR. (Número de expediente 156/000019).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a tratar el punto del orden del día correspondiente a la solicitud de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto de creación de una comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. Para la defensa de la solicitud presentada por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Ballester Muñoz. (Rumores).

Silencio, señorías, por favor; silencio.

La señora BALLESTER MUÑOZ: Gracias, presidenta.

Señorías, debatimos hoy nuestra propuesta para crear una comisión de investigación sobre un proceso plagado de irregularidades: el de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. Hablar de Castor es hablar de muchos millones, hablar de Castor es hablar de Castellón y hablar hoy de Castellón es hablar del horror. Dos niñas han sido asesinadas por su padre, denunciado por violencia machista, y dos mujeres más han muerto hoy en nuestro país. Desde aquí quiero mostrar nuestra repulsa y quiero hacer una reflexión y una pregunta: ¿Qué hubiese pasado con esas mujeres y esas niñas si en vez de malgastar el dinero en Castor los hubiésemos destinado a violencia machista? (Aplausos).

Quiero saludar desde aquí al alcalde de Vinaròs, que nos acompaña desde la tribuna, y a los colectivos que llevan años denunciando este proyecto. A pesar de los obstáculos nunca se han rendido, así que tenemos que darles las gracias. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora BALLESTER MUÑOZ: Estoy segura de que a algunos les hubiese gustado que este pufo se quedase en el fondo de un cajón, pero no ha podido ser. ¿Por qué? Porque la sociedad está harta de corrupción y porque esto, señorías (muestra una fotografía de Castor), no cabe en un cajón. Esto está todavía frente a las costas de Vinaròs y nos recuerda que el proyecto Castor fue un proyecto innecesario e inviable, una operación de riesgo que afectó a nuestros bolsillos y a las poblaciones de Castelló y Tarragona, que tuvieron que sufrir más de mil terremotos y un impacto ambiental y económico todavía por determinar.


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Señorías, según las organizaciones de consumidores este proyecto nos va a costar más de 4700 millones de euros. Castor es sinónimo hoy de una forma de gobernar, de una forma de poner los recursos de todos al servicio de unos pocos, de una forma de hacer pagar a la ciudadanía el rescate de grandes empresas, ya sean autopistas, bancos o en este caso la constructora Escal UGS, propiedad del señor Florentino Pérez. (Aplausos).

Esta comisión de investigación es necesaria porque tenemos que explicarle a la gente por qué en este país hay algunos que juegan con ventaja, por qué el señor Florentino no asume ningún riesgo cuando miles de personas y empresas han tenido que cerrar la persiana de sus negocios. Ellos y ellas, los que se esfuerzan, los que están levantando este país, deberían ser la prioridad para cualquier Gobierno. No lo fueron y les debemos por lo menos una explicación. Esta comisión de investigación es necesaria también porque hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué este proyecto empezó en 2007 con 481 millones y acabó en 2010 con 1272 millones? ¿Se ocultaron los informes que advertían del riesgo sísmico en la zona? ¿Por qué se blindó la inversión en el real decreto, que vino a decir: Tranquilo, Florentino, adelante con la operación, que si te sale mal ya lo pagarán los ciudadanos? Y claro que lo pagaron. El ministro Soria indemnizó a Florentino con 1350 millones de euros, pagados además de forma exprés. Esta comisión de investigación es necesaria porque la mejor vacuna contra la corrupción y los privilegios es la transparencia. Queremos saber qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables del desastre Castor para que no vuelva a suceder. Y, si se demuestra que hubo negligencia, queremos poder exigir la devolución de la indemnización.

Señorías, hoy tenemos la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que entre la luz en una de las mayores estafas de nuestra historia, y tenemos la oportunidad también de poner fin a una vergonzosa partida de tenis. ¿Sus dos jugadores? El Partido Socialista, que puso en marcha el proyecto, y el Partido Popular, que lo liquidó e indemnizó a Florentino Pérez. Estos jugadores se van pasando la pelota de un lado a otro, y mientras tanto la ciudadanía es espectadora de una especie de Copa Davis en la que nunca ganó España. Porque cuando gobiernas para los millonarios y en contra del interés general, el que pierde es el país; cuando indemnizas a Florentino con el dinero de las empresas y las familias, el que pierde es el país, y cuando gobiernas contra tu país lo que haces es ser un traidor a tu gente. Basta de traiciones, esta Cámara no puede seguir siendo espectadora de esta traición, así que, señorías, fin de la partida. El proyecto Castor nunca debió existir. No podemos echar el tiempo atrás, pero podemos esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. Hagámoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes. (Rumores).

Silencio, señorías, por favor. Silencio.

El señor VENDRELL GARDEÑES: El proyecto Castor es uno de los máximos ejemplos de capitalismo extractivo, dependiente de los combustibles fósiles y del capitalismo de amiguetes, en el que las grandes empresas con una llamada han podido decidir qué se publica en el BOE.

Hace dos semanas la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella presentada por el Observatori del Deute, Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya contra distintos exministros y contra Florentino Pérez, propietario de la empresa que impulsó el proyecto Castor. A pesar de ello, el caso Castor no es un caso cerrado ni judicial ni políticamente. Nadie, absolutamente nadie, ha asumido responsabilidades políticas por este fiasco, por este nuevo fraude: ni los ministros implicados ni la empresa promotora. No es un caso cerrado, y hoy celebramos este debate gracias a las entidades que, como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, no se han rendido en su exigencia de responsabilidades; gracias a las organizaciones antes mencionadas que impulsaron el juicio popular por el Castor; gracias a alcaldes, como el de Vinaròs, que hoy nos acompaña (dirigiéndose a la tribuna pública.-Aplausos); gracias a una ciudadanía que hoy ya no consiente la impunidad ante cualquier tipo de fraude, de corrupción o nepotismo, y también gracias a los buenos periodistas que han continuado investigando y no han permitido que este escándalo se olvidara.

Esto no va solo de política energética; esto va de democracia, esto va de defender el interés general. Se trata de saber quién dirigió la política de infraestructuras y la planificación energética en este país, si el Castor se decidió en el ministerio o en el palco del Bernabéu. Queremos saber por qué el riesgo de un proyecto empresarial siempre lo termina asumiendo la ciudadanía, en este caso pagando a través de la factura del gas, y los beneficios son siempre privados. ¿Cómo es posible que mientras se hacían recortes sociales se abonara a los inversores más de 1350 millones de euros en un tiempo récord de treinta y cinco


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días, mediante un real decreto-ley suspendido hace unos meses por el Tribunal Constitucional? Nuevamente deuda privada que se convierte en deuda pública. ¿Quiénes son los responsables de que se aprobara que en cualquier circunstancia, aunque hubiera dolo o negligencia, la empresa sería indemnizada? ¿Cómo es posible que, a pesar de las distintas advertencias del Observatori de l'Ebre, se inyectara gas en el almacén, provocando más de mil seísmos con la consiguiente alarma entre la población?

La responsabilidad del Castor es compartida por diferentes Gobiernos, del PSOE y del PP. Unos tienen la responsabilidad de la planificación y ejecución y de pagar la indemnización en un tiempo récord; otros, de aprobar un almacén de gas absolutamente innecesario y de diseñar un proyecto hecho a medida de una empresa concreta y plagado de irregularidades. A nosotros no nos interesa el "y tú más", nos interesa establecer con seriedad y rigor las responsabilidades políticas de este desastre y que, como ocurre en otros países, esta sea una Comisión útil que impida que se vuelvan a repetir otros Castor. Se trata del derecho que tiene la ciudadanía a saber, del derecho a la verdad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.

(Comienza su intervención en catalán dirigiéndose a la tribuna del público). Han pasado cinco años, cinco años de aquella pesadilla, y hoy por fin hablamos en este Congreso de Castor, debatimos sobre el caso Castor, debatimos sobre la necesidad de investigar qué pasó con esa concesión, por qué se le puso a Florentino Pérez la alfombra roja para que viniera al Maestrat a provocar terremotos. Hoy, cinco años después de todos esos terremotos en Vinaròs, le vamos a poner una alfombra roja a Florentino Pérez, pero esta vez para que venga aquí al Congreso a explicar qué pasó, qué hizo y por qué vino a provocar terremotos al Maestrat con el Castor. Hemos propuesto, junto a Unidos Podemos, una comisión de investigación porque queremos saber por qué tantos beneficios, por qué tantas facilidades. Queremos saber qué sacaban el PSOE y el PP de todo esto. Tenemos claro qué sacaba Florentino Pérez, tenemos claro que sacaba 2400 millones de euros asegurados, tanto si el Castor funcionaba como si no, tanto si su empresa lo hacía bien como si era negligente. Pero nos hace falta saber qué sacaban de todo esto el Partido Popular y el Partido Socialista para permitir que el Maestrat temblara con el único objetivo de beneficiar a ACS. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora SORLÍ FRESQUET: El Castor es el ejemplo más claro de los chanchullos entre amiguetes del PP y del PSOE. Fue un traje a medida, se redactó un concurso público para adjudicar expresamente la concesión del proyecto a su empresa, sin los informes medioambientales y de riesgo necesarios. Se puso en peligro a la población para el beneficio de ACS y después la chapuza nos ha costado miles de millones de euros. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias.

El Castor fue una estafa que necesitamos conocer. Necesitamos saber todas las irregularidades que empezó el PSOE y que acabó el PP. Necesitamos destapar el chanchullo del Castor. Les voy a dar diez razones, -solo diez, podría darles más- para votar sí a investigar el caso Castor en esta Cámara: fue un traje a medida hecho para Florentino Pérez, sin previsión de accidentes graves, sin planes de emergencia interior, sin informe de seguridad, sin estudio de afecciones económicas, sin estudio de impacto arqueológico, sin estudio de impacto sísmico, que provocó trescientos terremotos en el Maestrat, su construcción se licitó por 700 millones de euros y costó 1200 millones de euros; además se le pagó una indemnización de 1300 millones de euros, pagada de urgencia a través de Gas Natural, a quien se la tenemos que devolver casi doblada, y además ha sido declarada inconstitucional. Voten sí a esta comisión por cualquiera de estos motivos o por todos juntos. Voten sí a esta comisión porque esto es poner luz sobre la opacidad del caso Castor, porque sobre todo la gente del Maestrat necesitamos respuestas, merecemos saber qué precio se le puso a nuestro bienestar. Hagamos de una vez por todas justicia y digamos desde el Congreso que el Maestrat no está en venta. Investiguemos de una vez por todas el chanchullo del caso Castor.

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

(Comienza su intervención en catalán dirigiéndose a la tribuna pública). Nosotros vamos a apoyar obviamente esta iniciativa y les pido sinceramente a unos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y a otros (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) que la apoyen, y me consta que va a haber grupos que la van a apoyar. El Parlament de Catalunya ya ha constituido una comisión de investigación al respecto. No sería de recibo que en esta Cámara no se intentase generar -yo creo que lo han dicho los proponentes- transparencia. Porque ahora hemos visto que este fue un proyecto que se gestó por un Gobierno socialista, que después se materializó y se enterró por un Gobierno del Partido popular y hasta el momento solo hemos visto reproches entre unos y otros, pero los vecinos de Terres de l'Ebre, los vecinos del Maestrat y todos los usuarios del sistema gasista, que son los que están pagando este verdadero despropósito en estos momentos, quieren que se diriman responsabilidades políticas, que son las que nos corresponden en esta Cámara, más allá de las judiciales que con más o menos fortuna se van a dirimir. No puede ser que políticamente no quede ningún responsable respecto a este verdadero despropósito. También lo deben hacer por otro motivo más, por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat, a todos los vecinos de Terres de l'Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar, vieron lo que pasó, lo sufrieron en sus propias carnes y en sus propiedades y ahora, después de muchos años de lucha, no puede ser que el Parlamento del Estado español les decepcione. Es necesaria esta comisión y es necesario que se depuren responsabilidades políticas para que al menos no vuelva a pasar en ninguna ocasión más.

Por tanto, el Partit Demòcrata va a apoyar esta comisión de investigación y espera que, al igual que el Parlament de Catalunya la aprobó, el Parlamento del Estado español también la apruebe.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona nits a tothom. (Pronuncia palabras en catalán dirigiéndose a la tribuna del público). Más de 4500 millones de euros deberán pagar por imperativo legal todos los consumidores en su factura del gas; pagar por un proyecto inacabado, que causó más de mil terremotos, algunos de intensidad 4 en la escala de Richter y que podían llegar a casi 7 si se hubiera roto la falla tectónica de Amposta. Es un proyecto repleto de irregularidades técnicas, económicas, administrativas y políticas; un proyecto que nunca llegó a entrar en funcionamiento y sobre el cual los diferentes Gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, no han querido asumir hasta hoy ninguna responsabilidad ni tampoco han querido investigar responsabilidades. Tenemos muchas preguntas: ¿Cuándo se supo que había un error en el diseño del almacén de gas submarino Castor y en base a qué estudios científicos? ¿Por qué no se han hecho públicos esos estudios? ¿Quién asumirá las responsabilidades por haber realizado la construcción de Castor, a pesar de existir un error de diseño? ¿Por qué y quién autorizó la construcción del almacén de gas submarino en una zona de fallas activas, sin exigir un estudio previo de riesgo sísmico? -Más escándalos-. ¿Por qué la empresa concesionaria Escal UGS hizo caso omiso a las demandas del Observatorio de l'Ebre y al Instituto Geológico de Cataluña de realizar un estudio de riesgo sísmico? ¿Por qué, ante la oposición mostrada por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno español modificó las fronteras marítimas para que la superficie de la concesión Castor recayera exclusivamente en aguas administrativas valencianas? ¿Quién y por qué blindó un negocio sobre el que había muchas dudas técnicas y económicas? ¿Por qué la concesionaria Escal UGS podía recibir una indemnización, aunque hubiera actuado de forma negligente o dolosa, incluso cuando la planta marina solo estuviera en fase de pruebas y nunca hubiera estado operativa? ¿Por qué todavía ningún Gobierno ha realizado una auditoría técnica sobre Castor? ¿Por qué se pagaron 600 000 euros al Instituto Tecnológico de Massachusetts por un estudio que corroboró lo mismo que ya apuntaba el Instituto Geológico Marino y también el Instituto Geográfico Nacional? Es decir, que el millar de terremotos fueron provocados por la inyección de gas en el almacén submarino. ¿Cómo fue posible que la empresa ACS de Florentino Pérez ganara el concurso mediante un procedimiento sin concurrencia y que, además, pudiera subcontratar a sus propias empresas aumentando el margen de beneficio industrial del 5 % fijado en el contrato hasta el 17 % y sin ninguna justificación? Estas y muchas otras preguntas esperan respuestas por parte de


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todos. Por ello, Esquerra Republicana está satisfecha de que por fin se pueda crear una comisión de investigación sobre Castor, uno de los mayores escándalos políticos y económicos de la reciente historia del Reino de España. Esquerra Republicana, a pesar de las mentiras de algún diputado en Comisión, desde el mismo día del año 2007 en el que el Ministerio de Industria publicó el proyecto en el BOE mostró su oposición al Castor presentando alegaciones. Esquerra fue el primer partido que registró la demanda de creación de una subcomisión de investigación del Castor en la Comisión de Industria, ya en el mes de noviembre de 2013. Proposición que también presentamos en las siguientes legislaturas sin ningún éxito. Después, y hasta hoy día, han sido decenas de mociones, iniciativas, preguntas a los diferentes ministros de los Gobiernos y decenas de actuaciones parlamentarias que hemos presentado en ayuntamientos y parlamentos para exigir el cierre y desmantelamiento y responsabilidades. Llevamos años exigiendo responsabilidades por todo el caso Castor ante las reiteradas negativas de PSOE y Partido Popular. Pues bien, el pasado mes de junio Esquerra Republicana impulsó en el Parlamento de Cataluña la creación, por fin, de una Comisión de investigación sobre Castor que fue aprobada, esta vez sí, con los votos del Partido Popular y PSOE, entre otros grupos. Esperemos que hoy el Partido Popular y PSOE sean coherentes con lo que votaron en el Parlamento de Cataluña. El caso Castor es el mejor ejemplo de los negocios que ciertas constructoras y empresas hacen desde el palco del Bernabeu.

Denunciamos el capitalismo ligado al BOE, tan característico del Reino de España. Les pondré un ejemplo. Sirva como ejemplo el caso del señor Carlos Ocaña Orbis -atención a lo que voy a decir- que, más allá de participar en la tesis doctoral del señor Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria, Miguel Sebastián, entre 2006 y 2011. El mismo señor Carlos Ocaña aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y que provocaban terremotos. Pues bien, Florentino Pérez, solo seis meses después de que Carlos Ocaña dejará el cargo en el ministerio en el año 2012, lo incorporó al Real Madrid como miembro de los comités ejecutivo, económico, compras y dirección y project manager. De hecho, aún sigue como director de productos corporativos y regulación. Todo un ejemplo de generosidad del señor Florentino con sus amiguetes. Desde Esquerra Republicana volvemos a pedir que sean los responsables del fracaso del Castor y su amigo Florentino quienes asuman los costes del fiasco y no la ciudadanía. Pedimos que se retire la orden de pago y se revierta la indemnización ilegal e ilegítima recibida indebidamente por las empresas concesionarias del Castor. Desde Esquerra Republicana exigimos el sellado de los pozos del Castor y el desmantelamiento de todas sus instalaciones. Ha llegado el momento de acabar con la impunidad de los responsables del Castor. Queremos saber toda la verdad sobre la operación Castor, caiga quien caiga y sean de quien sean las responsabilidades.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. (Rumores).

Silencio, por favor. Silencio, no lo diré una vez más. Les ruego, señorías, silencio.

Señora Rodríguez, adelante.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, señora presidenta.

Desde ya avanzamos que este grupo parlamentario va a votar que sí para que se investigue otro de los parches que se han cometido en este país en materia de política energética y que pagan los ciudadanos. Estamos debatiendo sobre un proyecto frustrado, aprobado en 2008 por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con el señor Sebastián como ministro y con la autorización de impacto medioambiental firmada por aquella secretaría de Estado que hoy es nuestra ministra de Transición Ecológica. Este proyecto comenzó sus operaciones en 2012 y tras casi mil movimientos sísmicos, iniciados desde la primera inyección de gas, se paralizó en 2013 para acabar liquidándose dicho proyecto en 2014. El Gobierno del Partido Popular, por su parte, participó en una indemnización exprés de casi 1400 millones de euros, cantidad que finalmente ha ascendido con los intereses a más de 2500 millones de euros.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y declaró nulos e inconstitucionales los artículos del real decreto que establecían la indemnización por suspensión de operaciones. Además, estableció que no concurría ninguna situación extraordinaria ni de urgente necesidad; es decir, que la motivación que se utilizó para justificar ese real decreto, que se trajo aquí precisamente para que se apoyase, al final lo único que hacía era hablar de la necesidad de suministro, de la falta de seguridad de suministro y de la dependencia que tiene el sistema energético español para respaldar un real decreto que, como digo, ha sido un ejemplo más de los parches en materia de política energética.


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Como ven, estamos hablando de un pago público millonario que ha sometido a todo nuestro sistema gasista a una deuda de más de 4700 millones de euros, que no paga el señor Sebastián ni la señora Ribera ni tampoco el anterior ministro del Partido Popular, que fue quien corriendo dio esa indemnización, es decir, mi paisano, el señor Soria; la paga cada uno de los ciudadanos de este país en el recibo del gas. No sé si les suena esto de los parches porque cuando nos referimos a la factura de la luz, hablamos de que la mayor parte de esta factura son parches por ineptitud o falta de planificación en materia energética, pero es que, además, si nos vamos a la factura del gas, nuestros ciudadanos también pagan los parches en materia de política gasista.

Entendemos que durante muchos años se haya hecho una política de improvisación, pero lo que no entendemos es por qué no se le ha pedido disculpas a toda la ciudadanía de esta zona que se vio afectada, como digo, por más de mil movimientos sísmicos. No hay que ser un geólogo de prestigio para entender que si ya había distintos informes que decían que era una zona con riesgo sísmico, hacer un almacén e inyectar gas a presión quizá no era la situación más favorable. Como digo, distintos informes técnicos ya habían dicho y ya habían determinado la posibilidad de esos riesgos, incluso distintas asociaciones solicitaron que se hiciese un estudio de actividad sísmica o de riesgo sísmico para que se incluyese en ese informe de impacto medioambiental, algo que no se incluyó y es obvio que no se incluyera porque no se hizo. Podríamos decir que este proyecto es muestra de la opacidad de los intereses cruzados; ha sido una macrooperación económica que se pretendía justificar solamente en la dependencia energética de nuestro país, pero sin una planificación, sin un antes, sin un después, sin una previsión a largo plazo o, lo que es lo mismo, han decidido unilateralmente distintas macrooperaciones económicas sin fundamento técnico que ahora han hipotecado los recibos del gas y de la electricidad de nuestros ciudadanos. Las ideas felices del Partido Popular y del Partido Socialista nos han llevado hoy a tener cargas y cargas y cargas en los recibos que pagan nuestros ciudadanos, pero luego suben a la tribuna y con una demagogia absoluta y sin ponerse colorados defienden todo lo contrario hoy, mientras que ayer firmaban otra cosa.

Lo que está claro es que toda comisión que ayude a poner luz en este proyecto, que no estaba ni dentro de una estrategia de planificación y desarrollo energético ni tampoco velaba por el interés de ninguno de los ciudadanos, será aprobada por este partido, al igual que antes comenté que también queríamos hacer una comisión de investigación para ver qué ha pasado con los fondos mineros que no han ido a parar al sector minero. (Aplausos). Esperemos que esta tenga mucho más éxito porque las barbaridades que se han acometido en materia de política energética no solo se tienen que dilucidar, no solo tienen que salir a la luz, sino que, sobre todo, tenemos que empezar a ser responsables de nuestros actos. Así que esperamos que esta comisión salga adelante por el bien de todos los afectados, de todos los que han vivido tanto en la zona de Tarragona como en la de Castellón y que siguen residiendo ahí, por el bien de ellos y por el bien y la transparencia de todo nuestro sistema no solamente político sino también en materia energética. Por tanto, reafirmo nuestro voto positivo a la creación de esta comisión. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para manifestar el apoyo del Grupo Socialista a la creación de esta comisión de investigación sobre el proyecto Castor. Aunque ya lo han hecho los grupos que han intervenido con anterioridad, conviene recordar, aunque sea brevemente, algunos hechos claves sobre este asunto. En primer lugar, el almacenamiento de gas natural proyectado frente a las costas de Castellón pretendía en origen atender la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. En 1996 fue el ministro Josep Piqué quien otorgó el primer permiso para el proyecto Castor mediante real decreto firmado el 6 de septiembre de 1996. El proyecto Castor fue aprobado definitivamente en 2008, por real decreto de 16 de mayo, y contó con las licencias municipales de actividad requeridas. Inició sus operaciones en mayo de 2012 y las primeras inyecciones de gas natural se produjeron el 10 de abril de ese año. El proyecto, como ya se ha reseñado, era propiedad de la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS.

El proyecto fue paralizado al generar movimientos sísmicos que provocaron una enorme alarma social en las provincias de Castellón y Tarragona, y aunque el ministro Soria anunció inicialmente que no se pagaría la indemnización, alegando que se trataba de un error de improvisación de la empresa, el Consejo de Ministros anunció sorpresivamente que sí pagaría esos 1350 millones de euros a Escal. El 3 de octubre de 2014 el Gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa -repito, participada mayoritariamente por ACS- con 1350 millones de euros. La indemnización sería abonada durante treinta años por los ciudadanos a través del recibo del


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gas; a pagar, por lo tanto, por 7 millones de usuarios españoles. El pago a plazos del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, haría que la cantidad se multiplicase hasta los 4700 millones de euros a los que ya se ha hecho referencia.

Derivado del recurso interpuesto en su día por los diputados socialistas, encabezados en aquel momento por el hoy presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y por las instituciones catalanas, el 24 de diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto-ley por el que se aprobaba la indemnización, negando la urgencia de una decisión que se había adoptado en treinta y cinco días. El tribunal consideró que no se dieron las razones de urgencia y necesidad que justificaban un decreto-ley. El fallo del Tribunal Constitucional evidenció que el Gobierno de Rajoy prefirió defender intereses particulares, dejando de lado los intereses generales. Es necesario esclarecer cuáles fueron los motivos que llevaron al Gobierno a pagar de forma tan veloz una indemnización de 1350 millones de euros, ni más ni menos, cuando lo que se imponía más bien era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en que se produjeron los movimientos sísmicos para tomar una decisión serena que se ajustara a derecho.

Señorías, todo lo anterior creemos que ilustra la necesidad de crear la comisión de investigación que hoy se propone, una comisión de investigación sobre las irregularidades que pudieran haber concurrido en el proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. Compartimos ese objetivo, sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia pública y la defensa del interés general, porque los ciudadanos tienen derecho a saber si faltó transparencia en el proceso de adjudicación, si existieron irregularidades en la financiación del proyecto, si estaban justificados los sobrecostes, si eran lícitas las cláusulas contractuales que blindaba la inversión, si se respetó la legislación medioambiental, si se atendieron los informes técnicos, si la indemnización aprobada se ajustó a derecho, si las consecuencias económicas en este caso repercutirán en los usuarios y, finalmente, aunque no sea objeto de la investigación, cuál será el destino de la infraestructura que hoy todavía existe. Repito, señorías, sin prejuicios ni reservas, como mandata nuestra Constitución, una comisión de investigación para esclarecer un asunto de interés público necesitado de luz y taquígrafos.

Nada más y muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.

Con esta comisión de investigación, el Partido Socialista tiene la oportunidad de autoenmendarse y, además, los dirigentes socialistas que impulsaron este proyecto podrán responder a las diversas preguntas que los diferentes grupos han formulado en el día de hoy. Porque esta comisión de investigación, ¿servirá para que no lo vuelvan a hacer, señorías? Y me dirijo al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Servirá para que gestionen adecuadamente el bien público? ¿Servirá para que no estén dirigidos continuamente por la imprudencia? El decreto que tengo en mi mano, el 855/2008, generó un perjuicio económico que hoy, una vez más, estamos escuchando; generó, además, un alto riesgo para las personas y para el medio ambiente. Un real decreto que está firmado por el señor Miguel Sebastián. Un real decreto que dice lo que les voy a leer ahora mismo: que la empresa concesionaria tendrá el derecho a la indemnización si hay caducidad o extinción -hasta ahí todo parece bastante razonable-. Pero a continuación dice: incluso si esta se produce por una negligencia de la empresa. Esto está firmado por un ministro del Partido Socialista. (Aplausos). El Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de lesividad porque a todas luces este texto resulta lesivo para el interés general, pero el Tribunal Supremo decidió que no era lesivo, motivo por el cual hubo que pagar 1300 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones. Porque, señorías -hay gente en esta casa que quizá no lo sepa-, a la constructora le había pagado ya el Gobierno socialista. (Aplausos). Un Gobierno socialista que modificó la planificación de gas y energía eléctrica 2002-2011 en el año 2006 para incluir este proyecto. Un proyecto al que denominó categoría A, es decir, que podía abreviar, y sin condiciones, el procedimiento de adjudicación y de construcción; que contó, además, con una declaración de impacto ambiental firmada por la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, cuya directora general de Evaluación Ambiental se encuentra en estos momentos imputada. (Varios señores diputados: ¡Vaya!-Rumores).


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¿Y qué hizo el Partido Popular? Aunque no me hayan preguntado, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular? El 25 de septiembre del año 2013 se produjeron una serie de sismos superiores al número 3 en la escala Richter, motivo por el cual al día siguiente, el 26 de septiembre, el Gobierno suspendió la actividad de ese almacenamiento, reclamó un informe al MIT y al Instituto Geológico Minero, que, efectivamente, establecieron que había relación entre las inyecciones de gas y los sismos. Ha hibernado la instalación para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Ha reducido los costes financieros, señorías. Nos encontramos con unos costes financieros de una rentabilidad del 8 %, que suponían 200 millones de euros al año y lo redujimos a una rentabilidad del 4 %, con menos de 100 millones de euros al año. Modificamos la Ley de Evaluación Ambiental para que en las próximas declaraciones de impacto ambiental se incluyesen estudios de sismicidad. Y, por último, además, una cláusula de futuras responsabilidades por vicios que pudieran surgir en la construcción o acciones u omisiones en el funcionamiento de la concesión.

Por tanto, señorías, no todos somos iguales y en esta comisión, además de responder a las preguntas que se han ido formulando por parte de los diferentes grupos, podremos saber si, efectivamente, el Grupo Socialista asume que cuando uno gobierna ha de ser responsable y vigilante del dinero público y abandona una situación como la que hemos vivido con este proyecto de Castor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE GARANTÍA DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZONES LINGÜÍSTICAS. (Número de expediente 122/000179).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con las votaciones. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 5 votos telemáticos, 344; a favor, 167 más 1 voto telemático, 168; en contra, 172 más 4 votos telemáticos, 176.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000205).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 5 votos telemáticos, 344; a favor, 72 más 4 votos telemáticos, 76; en contra, 137; abstenciones, 130 más 1 voto telemático, 131.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132.1 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 130.1.6.º Y 131, DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO Y/O AGRESIÓN SEXUAL A MENORES. (Número de expediente 162/000239).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar, señorías, el texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.º y 131 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), RELATIVA AL DISEÑO DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL QUE SE FIJE LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DEL CARBÓN COMO FUENTE PROPIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE RECURSOS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES EN LAS CENTRALES TÉRMICAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. (Número de expediente 162/000754).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, relativa al diseño de una transición energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica. Se va a votar por puntos. Comenzamos votando el punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 321; en contra, 9; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 137; en contra, 46; abstenciones, 156.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 151; en contra, 68; abstenciones, 120.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 136; en contra, 199; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LOS RESIDUOS PLÁSTICOS Y LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AFRONTAR SU REDUCCIÓN. (Número de expediente 173/000104).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelación urgente. En primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 202; en contra, 1; abstenciones, 135.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES ALLI Y SALVADOR), RELATIVA AL COMPROMISO Y ACCIONES CONCRETAS DEL GOBIERNO CON EL FUTURO Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, SOBRE LA BASE DE LOS ACUERDOS CONTEMPLADOS EN LA VIGENTE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 173/000105).

La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señores Alli y Salvador), relativa al compromiso y acciones concretas del Gobierno con el futuro y el desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, sobre la base de los acuerdos contemplados en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La vamos a votar, señorías, en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 251; en contra, 64; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y PROFESIONAL DEL PROFESORADO. (Número de expediente 173/000106).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 166; en contra, 172; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TÚNEZ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO "AD REFERENDUM" EN TÚNEZ EL 26 DE FEBRERO DE 2018. (Número de expediente 110/000085).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se va a proceder a la votación electrónica de los dictámenes, al haber pedido la votación separada de los mismos. En primer lugar, convenio número 110/85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 297; abstenciones, 42.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 9 DE JUNIO DE 2015. (Número de expediente 110/000087).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el convenio número 110/87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 295; abstenciones, 43.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE UN PLANTEAMIENTO INTEGRADO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y ATENCIÓN EN LOS PARTIDOS DE FÚTBOL Y OTROS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS, HECHO EN SAINT-DENIS EL 3 DE JULIO DE 2016, Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000081).

- DENUNCIA DEL CONVENIO EUROPEO SOBRE LA VIOLENCIA E IRRUPCIONES DE ESPECTADORES CON MOTIVO DE MANIFESTACIONES DEPORTIVAS Y ESPECIALMENTE EN PARTIDOS DE FÚTBOL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 19 DE AGOSTO DE 1985. (Número de expediente 110/000082).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN SARAJEVO EL 7 DE MARZO DE 2018. (Número de expediente 110/000083).

- ACUERDO DE CIUDAD DEL CABO DE 2012 SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977, HECHO EN CIUDAD DEL CABO EL 11 DE OCTUBRE DE 2012, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000084).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COSTA DE MARFIL SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO "AD REFERENDUM" EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 2018. (Número de expediente 110/000086).

La señora PRESIDENTA: Resto de convenios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 326; abstenciones, 13.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


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DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000007).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 5 votos telemáticos, 344; a favor, 328 más 5 votos telemáticos, 333; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen y la propuesta de la Comisión Mixta.

SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL ALMACÉN DE GAS CASTOR. (Número de expediente 156/000019).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos ahora a votar la solicitud de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto de creación de una comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 336; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Muchas gracias.

Eran las diez y cuarenta minutos de la noche.

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