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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 113, de 10/04/2018
cve: DSCD-12-PL-113
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 113
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 108
celebrada el martes,
10 de abril de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página5)

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación a las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. (Número de expediente 172/000116) ... (Página5)

Modificación del orden del día ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 235-1, de 16 de marzo de 2018. (Número de expediente 122/000207) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 97-1, de 10 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000077) ... (Página13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 324, de 23 de marzo de 2018. (Número de expediente 162/000632) ... (Página24)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 309, de 2 de marzo de 2018. (Número de expediente 162/000606) ... (Página32)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela. (Número de expediente 173/000084) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social. (Número de expediente 173/000085) ... (Página48)

Declaración institucional:

- Declaración institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. (Número de expediente 140/000022) ... (Página57)

SUMARIO

Exclusión del orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, lo que se aprueba por asentimiento.

Modificación del orden del día ... (Página5)

La Presidencia somete al Pleno permutar el debate de las mociones consecuencia de interpelación urgente incluidas en la sesión del jueves, de modo que se tramite en primer lugar la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda de alquiler, y en segundo lugar la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular, lo que se aprueba por asentimiento.

La Presidencia informa de que todas las votaciones se realizarán en la sesión del próximo jueves.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Socialista, Integral para la igualdad de trato y la no discriminación ... (Página13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, y las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley la señora Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Bel Accensi, del mismo grupo; y el señor Cano Fuster, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Palmer Tous.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Alli Martínez y la señora Nogueras i Camero, del mismo grupo; y la señora Marcello Santos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ramón Utrabo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela ... (Página40)

Defiende la moción el señor Maura Barandiarán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Oramas González-Moro y los señores Salvador Armendáriz y Matute García de Jalón, del mismo grupo; y los señores Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y García Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Maura Barandiarán.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social ... (Página48)

Defiende la moción la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alli Martínez, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Perea i Conillas.

Declaración institucional ... (Página57)

La señora Sánchez-Camacho Pérez da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.

Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL REFERENTES AL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO Y LA DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 172/000116).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 23 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora PRESIDENTA: Asimismo, se va a permutar entre sí el debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes incluidas como puntos 27 y 28 de la sesión del jueves. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones del orden del día.

Por otra parte, les informo de que en la sesión del día de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, por lo que las mismas tendrán lugar en la sesión del jueves.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2014, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, DE 23 DE OCTUBRE. (Número de expediente 122/000207).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Vengo a traer la proposición de ley del Grupo Popular de modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Se trata de una proposición que favorece las denuncias y la investigación de las infracciones, se adapta a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y traspone dos directivas europeas. La normativa financiera tiene dos ejes fundamentales, que confluyen en un interés...

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría. Ruego a los servicios de la Cámara que comprueben la megafonía, porque no se está escuchando. Un segundo, señor Paniagua. Continuamos.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Como les decía, la normativa financiera tiene dos ejes fundamentales, que confluyen en un interés único, que es la defensa de los intereses de los ciudadanos. Por un lado, se persigue la protección directa de los consumidores, estableciendo normas de conducta de las entidades financieras y otorgándoles derechos irrenunciables y ejercitables frente a estas. Por otro, el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero, lo que redunda indirectamente en la protección de los intereses de los ciudadanos, que de esta forma evitan o al menos reducen los costes que las crisis financieras pueden llegar a suponer y permite el crecimiento económico. Lo hemos visto en la salida de esta crisis, en la primera época con unas entidades financieras débiles se profundizó en la crisis económica; en cuanto


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se tomaron medidas para reestructurar el sector, la economía empezó a recuperarse y a crecer de forma continua y ya sabemos las consecuencias en nuestro país de ambas situaciones.

Pues bien, en esta proposición de ley incidimos en los dos aspectos. En concreto, en cuanto a la protección directa al consumidor financiero. Por un lado, habilita a un canal adecuado para que toda persona que disponga de conocimiento o sospecha fundada de incumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión prudencial de entidades de crédito previstas en dicha ley y su normativa de desarrollo, tenga la posibilidad y el derecho a comunicarlo al Banco de España con las debidas garantías, el también conocido como whistleblowing. En segundo lugar, se establece un régimen específico para que toda persona que conozca la comisión de posibles infracciones o infracciones reales previstas en el Reglamento de la Unión Europea número 596/2014, de 16 de abril, sobre abuso de mercado o en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, tenga la posibilidad y el derecho a comunicarlo a la CNMV en la forma y con las garantías debidas.

Por otro lado, medidas para mantener la estabilidad del sistema financiero. Primero, realiza ajustes en materia de supervisión de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión para garantizar la mejor trasposición de la Directiva 2013/36/UE. ¿Y cómo lo hace? De dos formas. En primer lugar, concreta que todos los centros de actividad establecidos en territorio español por entidades de crédito europeas cuya administración central se encuentre en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal. En segundo lugar, asegura el adecuado intercambio de información entre el Banco de España y otras autoridades competentes de la Unión Europea en el caso de entidades españolas controladas por una entidad matriz de la Unión Europea.

Por último, también se adapta el texto a la previsible modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, según la cual se refuerzan las facultades supervisoras de la CNMV. En particular, para darle acceso a los registros telefónicos y tráfico de datos que obren en poder de un operador de telecomunicaciones cuando existan sospechas fundadas de infracción y cuando tales registros puedan ser pertinentes para una investigación de infracciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, así como los registros existentes de conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas u otros registros de tráfico de datos que obren en poder de la institución de inversión colectiva, la sociedad gestora de esta, la sociedad de inversión, el depositario o cualesquiera otras entidades reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

Hemos visto los dos aspectos que mejora. Ahora quiero presentarles las normas que se modifican. En primer lugar, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En segundo lugar, el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

En cuanto a la Ley 10/2014 se añade el capítulo V al título IV, que regula la comunicación de infracciones y se modifica el apartado 1 del artículo 12 y se añade un tercer apartado al artículo 61, ambos para garantizar una mejor trasposición de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión por las que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

En cuanto al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en primer lugar, modifica los apartados 1 y 2 del artículo 234 sobre la base de la posible modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y parcialmente también la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009. Se añaden dos apartados al artículo 244 para la mejor adaptación de la directiva anterior ya comentada y se añade un nuevo capítulo IV bis al título VIII sobre las infracciones, adaptando la Directiva de ejecución de la UE 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015.

Todas estas medidas además forman parte de los compromisos del Partido Popular y figuran en nuestro programa electoral: transparencia y conveniencia para los usuarios de los productos financieros; mantener una regulación financiera adaptada a los mejores estándares internacionales; avanzar en la mejora de la transparencia bancaria y reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente como prioridad en los cambios normativos, así como en los 150 compromisos firmados por el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura del presidente del Gobierno. En primer lugar, reforzar los servicios de reclamaciones y protección de los tres supervisores financieros. En segundo lugar, reforzar los derechos de los consumidores y usuarios y avanzar en la mejora de la transparencia bancaria.

Debemos ser conscientes del retraso acumulado en el proceso de trasposición por el año que el Gobierno pasó en funciones y que no permitió avanzar en estos trabajos, pero también debemos ser


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conscientes del elevado número de directivas que se están aprobando en el ámbito financiero. En esta Cámara ya hemos aprobado ocho reales decretos-leyes con amplio acuerdo y están en tramitación cuatro proyectos de ley. Además, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos PNL, una para establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España, que fue aprobada el pasado 14 de noviembre, y otra para instar al Gobierno a acelerar el proceso para la creación de una autoridad administrativa independiente de protección del consumidor e inversor financiero, que fue presentada el pasado mes de marzo y está pendiente de tramitación, así como la ingente batería legislativa que presentó el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura en aras de conseguir los mismos objetivos.

El compromiso del Grupo Parlamentario Popular está claro. Esta proposición acompaña y contribuye en positivo al interés que entendemos ha de ser compartido por todos los grupos parlamentarios de culminar la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de las diferentes directivas europeas. Queremos contribuir a ese esfuerzo para que seamos capaces de aprobar toda esta importante normativa y para eso apelo y deseo contar con su colaboración. Mejor dicho, queremos seguir contando, como hasta ahora, con la colaboración de los grupos para continuar en esta misma senda. Por las conversaciones que he mantenido con los portavoces de distintos grupos, quiero agradecer desde aquí la disposición del Grupo Ciudadanos, del Partido Nacionalista Vasco y de los miembros del Grupo Mixto del PDeCAT, de Unión del Pueblo Navarro, de Foro Asturias y de Coalición Canaria principalmente, pero también del resto de grupos que me han trasmitido su abstención y que permitirá sacar adelante esta proposición. Por último, quiero comentarles que solicitaremos la tramitación por la vía de urgencia, dado que no es un texto demasiado amplio, para intentar trasponer cuanto antes las directivas pendientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

La iniciativa que acaba de explicar y defender el diputado señor Paniagua Núñez promueve ampliar la protección de los consumidores en su relación con las entidades financieras. Para ello trata de introducir una serie de medidas que adaptan y refuerzan los mecanismos que ya se están aplicando en España, a la par que acomodamos la legislación y las normativas de nuestro país a las directivas y mandatos de la Unión Europea. Uno de esos mecanismos de protección se refiere al amparo para aquellos informantes que revelan o desvelan prácticas contra el interés público en el seno de la propia organización o empresa para la que trabajan o con la que han mantenido una relación laboral. Es un asunto de gran complejidad, en el que la propia Unión Europea ya tomó cartas a raíz del caso Luxleaks, por el que en 2014 se conocieron prácticas de ingeniería fiscal y de ventajismo multinacional a gran escala gracias a las denuncias de dos empleados de una empresa auditora radicada en Luxemburgo, que finalmente fueron condenados por la justicia. Además de responder ante los tribunales conforme a las leyes vigentes, un problema añadido viene derivado del riesgo de estigma perpetuo que pesa sobre los denunciantes. De ahí la necesidad de aplicar estrictos mecanismos de confidencialidad, con el objeto de evitar que sufran represalias, despidos, desprestigio social o se les haga el vacío en su trayectoria laboral.

Señorías, a Foro le parece bien que en España se promueva una ley que establezca el mayor amparo posible a los informantes de prácticas contrarias al interés público. Hace poco más de un año voté a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ponía el acento en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las administraciones, y hoy votaré a favor de la presentada por el Grupo Popular, que incide en la lucha contra la corrupción en el ámbito privado, con efectos y daños sobre el interés público. Es indispensable que España, al igual que ya han hecho otros países de la Unión Europea, y también atendiendo a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se dote de más herramientas para combatir a aquellos defraudadores e infractores que, enmascarados en poderosas estructuras de ingeniería fiscal, eluden sus obligaciones, enmascaran sus ganancias, perjudican a los ciudadanos y además con su ventajismo sin fronteras causan un perjuicio letal a nuestro tejido empresarial, singularmente a pequeñas y medianas empresas, que es donde se genera el mayor volumen de puestos de trabajo y que no pueden competir en condiciones de igualdad con los poderosos promotores y beneficiarios de los tejemanejes.


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En consecuencia, mi voto será favorable para disponer de una ley para regular la comunicación e infracciones y la protección al informante, así como para dotar a nuestras entidades supervisoras de mayores y mejores facultades de inspección. Nuestro voto será favorable igualmente para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las directivas comunitarias que tratan de atajar una de las grandes preocupaciones de los europeos: la evasión fiscal, acentuada al ritmo de la tecnología y cobijada en los resquicios de una autoridad pública que va siempre por detrás de los avances digitales y que se aprovecha de las carencias de nuestra legislación y de la lentitud para reformar las leyes. Es necesario que establezcamos más mecanismos de protección de los intereses públicos. No está de más recordar que la amplia consulta pública sobre protección de los denunciantes -whistleblowers, como se les conoce en el argot internacional-, realizada el pasado año a instancias de la Comisión Europea, ha sido determinante para impulsar nuevas normativas legislativas a favor de los alertadores.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna una semana más y debo recordarles que, desgraciadamente, continúa habiendo presos políticos. En estos momentos la presidenta del Parlament, el vicepresidente del Govern, junto con varios consellers i conselleras y Jordi Sanchez y Jordi Cuixart continúan siendo presos con carácter preventivo. (Aplausos). Mucho más doloroso resulta ver cuál ha sido el trato que se le ha dado al resto de compañeros en diferentes países y democracias desarrolladas como Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza.

En todo caso, avanzaba ayer al señor Paniagua cuál iba a ser nuestra posición respecto a su proposición de ley. Vamos a apoyar la tramitación de la modificación de estas dos leyes, la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y la Ley del Mercado de Valores. Aún así, ya le avanzo que vamos a intentar mejorarla en el trámite. Su grupo está predispuesto y, por tanto, seguro que va a ser fácil que nos entendamos.

No obstante, me va a permitir que le diga, señor Paniagua, que cada uno debe justificar sus posiciones. Nos sorprende que para acabar de adaptar y trasponer alguna directiva al ordenamiento jurídico español se utilice a los grupos parlamentarios y no sea el Gobierno quien inste esta trasposición. Lo que tampoco nos deja de sorprender es la justificación que utiliza el Grupo Parlamentario Popular diciendo que el Gobierno estuvo un año con carácter interino. Señor Paniagua, algunas de estas directivas son de 2013. Hace cinco años que se aprobaron. Ha tenido cuatro años el Gobierno para trasponerlas. Uno ha estado en funciones, pero los otros cuatro no. Tenemos cierto retraso y, si se tienen que utilizar los grupos parlamentarios para intentar recuperar este retraso, tomamos nota. Quizá nosotros también traigamos alguna iniciativa legislativa a efectos de trasponer alguna de las directivas. En todo caso, ya le digo que vamos a votar a favor y a presentar alguna enmienda para poder mejorarla.

Antes de finalizar, señorías, diré -veo a algunas diputadas y a algunos diputados catalanes y ellos lo saben perfectamente, pero, por si hay algún despistado en la sala o alguien que nos esté escuchando- que en Cataluña están pasando muchas cosas.

La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya a la cuestión, porque ya la Presidencia ha permitido que parte de su intervención esté fuera de la cuestión.

Continúe, señoría.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Había nombrado a Cataluña. No había dicho si era sobre la Ley del Mercado de Valores en Cataluña. En todo caso, en Cataluña están pasando muchas cosas, pero les aseguro que si una cosa no está pasando es que haya terrorismo. En Cataluña no hay terrorismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados.


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Avanzo que desde el Grupo Vasco vamos a votar favorablemente la toma en consideración de este proyecto de ley para reforzar la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades financieras, entre otras. La regulación prudencial de las entidades de crédito ha de seguir jugando un papel primordial para asegurar que estas entidades operen con recursos propios suficientes para poder asumir los riesgos que se derivan de su actividad financiera, contribuyendo así, por lo tanto, a la estabilidad del sistema financiero, máxime si tenemos en cuenta la experiencia que hemos vivido en los últimos años en este sector y la necesidad de seguir adoptando aquellas medidas que contribuyan, por tanto, a su refuerzo y transparencia para poder evitar aquellos problemas del pasado reciente.

Ya con el proyecto de ley en el que se traspuso la Directiva 2013/36, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y supervisión prudencial de las entidades financieras, estuvimos de acuerdo, porque la crisis de una entidad de crédito extiende sus efectos más allá del ámbito de la misma y puede afectar también al propio sistema financiero y por extensión producir impactos negativos en la economía en general, tal y como hemos visto a lo largo de la crisis económica que hemos padecido, por lo que a nuestro entender esto justifica nuevamente regular de modo, si cabe, más preciso algunos aspectos que se habían quedado en el aire y que se refieren básicamente a la regulación de la comunicación de las posibles infracciones, habilitando canales para su comunicación y confidencialidad, así como al reforzamiento de la facultad supervisora de la CNMC, adaptando el texto a la Ley Orgánica de Protección de Datos; aspectos regulados, entre otros, en el Considerando 40 de la directiva, que establece la conveniencia de que las autoridades competentes posean facultades de investigación necesarias y establezcan mecanismos eficaces que favorezcan la notificación de cualesquiera infracciones reales o potenciales.

A pesar de nuestro voto favorable, sí creemos que debemos hacer una pequeña crítica al Gobierno, ya que parece que la regulación siempre va por detrás de la realidad. Ya lo vimos con la aprobación de la ley y hoy nuevamente, ya que estamos tratando de cuestiones que debieran haber sido incorporadas en aquella ley en la que se trasladaban los requisitos de Basilea III, desaprovechando, por tanto, una vez más las lecciones que se debieran haber sacado a raíz de la crisis económica y financiera, aspecto este que ya ha salido también en la Comisión de crisis financiera en este Congreso de los Diputados.

También hay que recordarles que ha sido la propia Comisión Europea quien ha pedido a España que aplique plenamente la Directiva 36/2013, ya que se había hecho parcialmente, faltando algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Estas disposiciones, como ya he dicho, se refieren principalmente a las facultades de las autoridades competentes, a las sanciones administrativas, a las medidas de aplicación de las entidades responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales y al mecanismo de denuncia e infracciones. De no trasponer estas normas, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Aunque hay cierta justificación, como ha dicho el señor Paniagua, por haber estado en funciones el Gobierno, la verdad es que esto no es suficiente. A pesar de la crítica realizada y dado que entendemos que hay que trasponer los aspectos que faltan, cuya finalidad no es más que reforzar la supervisión prudencial de las entidades así como la protección de los clientes y la transparencia, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley.

Gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño. En primer lugar, pongo de manifiesto la incomodidad de mi grupo con la aparente contradicción a la que se nos quiere llevar, que supone estar hablando aquí de la trasposición de legislación europea mientras que en Cataluña se están produciendo detenciones de personas inocentes y pacíficas, detenciones que en ningún país europeo civilizado y democrático se producirían.

En cuanto al punto que discutimos, aparte de los consabidos y ya defendidos argumentos de poco, mal y tarde, queremos manifestar una incoherencia concreta entre la directiva -en su apartado 1, artículo 12- y la trasposición que el señor Paniagua defenderá. Bajo la apariencia de una simplificación estadística, entendemos que se oculta una voluntad centralizadora, a la que naturalmente nos opondremos enmendando. En ese sentido, presentaremos enmienda y, en coherencia con todo lo dicho nos abstendremos en la toma en consideración.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.

Señorías, esta proposición de ley que nos trae el Grupo Popular tiene un objetivo correcto, mejorar la defensa de los ciudadanos en nuestro sistema financiero, fundamentalmente a través de dos modificaciones. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). En primer lugar, la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, trasponiendo correctamente, ahora sí, la Directiva 2013/36/UE, con un adecuado intercambio de información a los supervisores y habilitando un canal de denuncia al Banco de España. Y, en segundo lugar, la modificación de la Ley del Mercado de Valores reforzando esas facultades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y estableciendo un régimen específico para la denuncia, ante esta Comisión, de posibles infracciones y abusos.

Pero, señorías, esta proposición de ley es una nueva demostración de que su Gobierno hace las cosas tarde y mal, sin convicción, sin ambición. Lo hemos comentado antes; la Directiva 2013/36/UE de hace cinco años debería haber estado traspuesta el 31 de diciembre de 2013; y no me vale la excusa de que su Gobierno estaba en funciones, señor Paniagua. Además, hace unos meses la Comisión Europea nos advertía de que nos podía demandar al Tribunal de Justicia y, además, con el agravante, con el perjuicio, del inicio de un procedimiento sancionador porque aún no se ha traspuesto plenamente.

Señorías, insisto, la iniciativa del Grupo Popular llega tarde y mal, con falta de contenido, porque, aunque el objetivo es correcto, que compartimos por supuesto desde Ciudadanos, no cumple con el punto 15 del pacto de investidura: crear una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero a partir de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que unifique y refuerce los servicios de reclamaciones para recuperar la confianza, evitar los fraudes, evitar esos abusos de la llamada letra pequeña en los contratos, o de la supervisión de las auditorías. Y es que, señorías del Partido Popular, en su grupo les cuesta cumplir los acuerdos. Bueno, los acuerdos, los compromisos y, cómo no, las comisiones de investigación; vamos, todo aquello relacionado con los derechos de los consumidores, con la regeneración, con la lucha contra la corrupción; vamos, la ética política. Y es que literalmente arrastran los pies. Y aunque no les guste son sus lentejas. Y para muestra un botón, el caso Cifuentes. (Aplausos).

Señor Paniagua, usted mismo lo ha dicho, el Grupo Popular registró en Pleno una proposición no de ley que instaba al Gobierno a acelerar el proceso para la creación de esa autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero y está firmado por su portavoz, el señor Hernando. Es más, se ratificó y se comprometió su exministro de Economía, el señor Luis De Guindos, para reforzar y despolitizar esos organismos reguladores. Es decir, se animan, se instan a la aceleración, se comprometen consigo mismos, y luego, cuando traen aquí la proposición de ley, no materializan legislativamente y se les cae del texto. Vamos, que están en una situación de decaimiento continuo, o más bien de caída libre, como dicen algunos. Les recuerdo que los 150 compromisos de investidura firmados por ustedes son para cumplirlos. Entonces, ¿a qué viene este nuevo parche, esta enésima reforma parcial, esta nueva iniciativa sin ambición y sin visión global?

Los datos son abrumadores, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; ellos, en 2016, nos dicen que más de 25 800 reclamaciones de consumidores financieros estaban por atender. Señorías, esto toca directamente al bolsillo de los españoles. El propio Defensor del Pueblo, en el año 2014, así lo advirtió. Señaló que el sistema vigente de protección al cliente no es suficientemente garantista, y recomendaba, además, arbitrar un sistema de reclamación extrajudicial. Por cierto, si bien nos alegra ver recogida por ustedes en esta proposición de ley la necesidad de la protección a los denunciantes, aunque luego se les ocurra perseguir al mensajero o al periodista, no deben quedarse solo en el ámbito financiero. Nuestro partido, Ciudadanos, ya trajo este tema al Congreso con nuestra proposición de ley de lucha contra la corrupción y protección al denunciante, que sigue tramitándose. Han pasado ya ocho meses y estamos esperando que se constituya la ponencia. Sinceramente, señorías, nos asaltan muchísimas dudas sobre si de verdad les interesa la protección del denunciante, si de verdad les interesa la regeneración y si de verdad les interesa la lucha contra la corrupción.

Termino, señor presidente. Nosotros votaremos a favor de la toma en consideración y, en el proceso de enmiendas parciales, trataremos de mejorar este texto mediante esa necesaria autoridad independiente a la que hacía referencia, mediante un sistema extrajudicial vinculante de resolución entre partes que


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descargue de trabajo a los juzgados saturados y un seguimiento público de los informes desfavorables. Señorías, no arrastren los pies ante los derechos de los consumidores, ni ante la regeneración ni ante la corrupción, porque ustedes saben que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilita la democracia y nuestra economía. Hagan su trabajo, señorías, o dejen paso, por favor.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular presenta una proposición de ley para facilitar esencialmente dos cosas: una, para que se articulen canales de comunicación para que la ciudadanía ponga en conocimiento de las instituciones aquellas sospechas de incumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión prudencial, bien al Banco de España o bien a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y otra, destinada al intercambio de información entre el Banco de España y otras instituciones supervisoras, cuando se trate de actividades realizadas por entidades de crédito europeas que operen en nuestro territorio pero cuya administración central esté fuera de España, así como a facilitar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda recabar información de los operadores de telecomunicaciones en términos de correos electrónicos y llamadas cuando sospeche que se haya producido alguna infracción.

Hasta ahí, en principio, parece que todo está bien. Es difícil negar la necesidad de articular mecanismos de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones supervisoras, sobre todo en un país en el que la estafa por parte de las principales instituciones bancarias y financieras ha sido sistemática y generalizada durante los últimos años, con contadas y honrosas excepciones. Si además se tiene en cuenta que la iniciativa traspone parcialmente dos directivas, la 2009/65 y la 2013/36, habría poco que aducir en contra. El problema viene cuando bajamos la iniciativa a lo concreto y al país concreto en el que vivimos, España, y cuando vemos la relación que ha existido entre nuestras instituciones de supervisión y las prácticas realizadas por las empresas supervisadas, esencialmente órganos de inversión colectiva, entidades de crédito y empresas de inversión, y las relaciones que unos y otros han tenido a lo largo de todo este proceso de estafa financiera que dio lugar a la crisis en la que nos encontramos. ¿A qué me refiero? Creo que es bastante evidente, pero trataré de explicarme con mayor detenimiento.

En primer lugar, en el capítulo 5, que se añade a la Ley 10/2004 a través de la proposición de ley del Partido Popular, se establece un procedimiento de denuncia de infracciones que no garantiza la protección de los denunciantes, es decir, está lejos de esa doctrina de los whistleblowers de la que se habla en el prólogo y que exige entre otras cosas la condición de anonimato. Cuando toda la doctrina comparada a nivel internacional habla de la necesidad de favorecer el anonimato en la denuncia, obligando a que la autoridad receptora sea la que valore la consistencia del aviso sin perjuicio de que se haya identificado o no al denunciante, aquí solo se habla de confidencialidad. Dicho de otra forma, el hecho de que se reclame fehacientemente la identidad del denunciante priva al mecanismo de cualquier tipo de utilidad, porque cualquier persona sospechará de la posibilidad de que se filtren su nombre y sus datos personales. Lo diré sintéticamente: la confidencialidad no supone ningún refuerzo de la indemnidad, y en este tipo de mecanismos es esencial preservar la indemnidad de los denunciantes. De hecho, eso es lo que en principio debería resolver el artículo 121, que se incorpora en el nuevo texto, pero que es pura apariencia desde el momento en que el compromiso de confidencialidad se hace recaer sobre una institución tan cuestionada en esta última crisis como el propio Banco de España. El Banco de España, según aparece en el texto, informará a la persona denunciante sobre las posibles vías de protección frente a los potenciales perjuicios que puedan derivarse de la comunicación. Es decir, deja en entredicho la confidencialidad de la denuncia que se le hace y pone el parche antes de que aparezca la herida. Esos artículos 121 y 122 se quedan en una supuesta declaración de intenciones que no garantiza la protección. Por otro lado, está en proceso de trámite la creación de una autoridad independiente que sí ofrezca una verdadera denuncia y anonimato a los denunciantes y creo que esto no aparece convenientemente casado con el resto de la proposición de ley.

Hay una cuestión de fondo a la que aludía hace un momento, la cuestión del papel del Banco de España y el riesgo que supone para cualquier persona hacer una denuncia ante el mismo, aludiendo a la preservación de la confidencialidad que haga la institución. Lo diré de otra forma. ¿Ustedes creen que una institución que mantiene un conflicto abierto en sede parlamentaria incluso, en la Comisión de investigación


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del rescate financiero, entre el propio personal más cualificado del Banco de España, que son los inspectores, y la dirección del banco, es fiable de cara a transferirle cualquier tipo de información? ¿Una institución que desoye las denuncias de su propio personal es fiable de cara a hacer una denuncia y esperar la confidencialidad de la misma? Les pondré un caso que ha salido hoy mismo en prensa. ¿Creen que una institución que durante un año ha mantenido en el cajón un informe sobre la posibilidad de blanqueo de capitales en el caso de la venta de la Torre Foster, en Madrid, por parte de Bankia, que fue denunciado por los inspectores, que además se vieron obligados a poner en conocimiento de la institución, de Bankia, los hechos que estaban investigando antes que ante la fiscalía y ante la autoridad que nos protege del blanqueo de capitales, es una institución que merece esa confianza que le otorgamos?

Hay otra cosa que no sé si es torpeza o que ustedes hacen adrede. Traen a Pleno esta iniciativa la semana después de que la fiscalía de este país pidiera orden de detención incondicional contra Hervé Falciani, (aplausos), sabiendo como sabía la fiscalía que la extradición solicitada por las autoridades suizas, alegando vulneración del secreto bancario suizo -¡Oh!-, ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace cinco años. Se permiten traer al Pleno una iniciativa para fomentar la colaboración ciudadana la misma semana que ponen en riesgo a una de las personas que más ha hecho por desvelar las tramas de corrupción bancaria de toda Europa.

Señoría, para que estos canales fueran efectivos España no debería aparecer -voy terminando, presidente- entre los siete países de la Unión Europea que menos defienden a quienes denuncian a los presuntos corruptos, evasores y delincuentes fiscales, según recoge la ONG Blueprint for Free Speech. España debe blindar la protección jurídica, profesional -termino, presidente-, económica, social y personal de los confidentes de delitos fiscales y de todas aquellas personas que colaboren activamente en la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Señorías, vivimos en un país en el que no hay ningún tipo de garantías para quienes denuncian y mucha impunidad para quienes delinquen. Mientras que eso siga ocurriendo nos tendrán enfrente. De momento, nos mantendremos en la abstención a la espera de que las enmiendas sean sensibles a este tipo de problemática que les hemos trasladado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Montero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Popular nos trae hoy a debate una proposición de ley para incorporar al ordenamiento jurídico español normativa europea, en concreto dos directivas, además de las modificaciones legislativas pertinentes. No voy a extenderme en el contenido recogido en la proposición de ley -ya lo ha pormenorizado el portavoz del Grupo Popular, el señor Paniagua-, un contenido que, por otro lado, podemos compartir en gran parte -creemos que es favorable y que su aplicación al ordenamiento jurídico de nuestro país es necesaria-, pero sí quiero centrarme en nombrar los aspectos que consideramos más importantes.

Encontramos positiva la incorporación a nuestro ordenamiento del whistleblowing, un canal de comunicación para posibles infracciones que garantice en gran parte la protección del informante y garantice también, en teoría, la calidad de la información recibida. También encontramos positivas las nuevas facultades que se dan a los supervisores del sector. Como hemos podido comprobar tras la crisis financiera -el señor Paniagua también, porque es portavoz en la Comisión de investigación de la crisis financiera-, es necesario incrementar las facultades de estos organismos regulatorios, como también es necesario dotarles de mayores recursos. Son medidas que van en la línea del Real Decreto-Ley 21/2017, que debatimos el pasado 6 de febrero y que traspone también al ordenamiento jurídico español un aspecto fundamental, que es la nueva regulación de los centros de negociación, así como un régimen sancionador asimilado al de la Unión Europea.

Como he dicho, mi grupo comparte el contenido de estas reformas a nivel europeo, porque suponen mayor integración en la Unión Europea y, sobre todo, mayor protección y transparencia para los clientes y usuarios finales del sector financiero. El Grupo Socialista está dispuesto a debatir sobre estos asuntos en la tramitación parlamentaria de esta iniciativa para mejorar y enriquecer el texto presentado. Pero, ya lo he dicho, si bien compartimos el fondo y podemos compartir el contenido, no podemos compartir bajo ningún concepto las formas del Partido Popular para traernos esta iniciativa hoy aquí.

En el tiempo que llevo en esta Cámara cada vez son más frecuentes las muestras de contorsionismo parlamentario por parte del Grupo Parlamentario Popular y esta es una muestra más. (La señora


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presidenta ocupa la Presidencia). Despachan en una proposición de ley la trasposición de varias directivas europeas, actuando como subcontrata del Gobierno del señor Rajoy, que gobierna y funciona únicamente por inercia. Esta es otra muestra más de la debilidad del Gobierno del señor Rajoy, un Gobierno que no toma la iniciativa, que no está acometiendo las reformas legislativas que nuestro país necesita. Esta falta de reformas es más evidente en materia económica. Existe una falta evidente de impulso legislativo. En materia económica las únicas reformas que se están acometiendo son trasposición tras trasposición de normativa europea; eso sí, trasponemos, pero lo hacemos tarde y lo hacemos arrastrando los pies. No estamos orientando la economía para afrontar un crecimiento inclusivo y sostenible y seguimos basando todo a la inercia de los vientos de cola, que parece que van a cambiar.

En materia de mercado de capitales, ¿qué puedo decir? Este es un parche más en el camino, y no sirven las excusas de haber estado un año en funciones, porque algunas de las directivas que estamos trasponiendo llevaban esperando tres, cuatro o cinco años a ser traspuestas. En el ámbito del mercado de valores, además de esta iniciativa, se están tramitando dos más, una que ya he comentado y otra que pasaré a comentar. La que he comentado es el proyecto de medidas urgentes para la adaptación a la normativa de nuestro país en materia de mercado de valores, que procede del Real Decreto-Ley 21/2017, y el otro es el proyecto de ley por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de auditoría de cuentas en materia de información no financiera. El anterior está todavía en periodo de enmiendas, pero este ya se ha cerrado, y su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda cuyo contenido nada tiene que ver con ese proyecto. Esta enmienda que han presentado a este proyecto es para trasponer también directiva europea; una técnica legislativa que desprecia el debate en las Cortes Generales y el propio procedimiento de adaptación europea a nuestra normativa. Por lo tanto, podemos afirmar sin llegar equivocarnos que en la materia que hoy nos ocupa, la de regulación del mercado de valores o sociedades de inversión y protección de los usuarios, se está legislando a base de parches, parche tras parche, gobernando a base de improvisación, ya lo hemos dicho en más de una ocasión en esta Cámara. Todo esto lo están haciendo mientras desde hace meses nos están anunciando la presentación de una nueva Ley del Mercado de Valores, ley que nunca acaba de concretarse ni de llegar a esta Cámara.

En resumen, señorías -y ya voy concluyendo-, compartimos el fondo de esta proposición de ley, pero no podemos, como he dicho, compartir las formas del Grupo Popular. Esta manera de gobernar improvisando que tiene el Gobierno no puede ser nunca compartida por el Grupo Socialista. Si ustedes, si el Gobierno hubiera hecho el trabajo, el señor De Guindos hubiera traído aquí la modificación de la Ley del Mercado de Valores o la nueva Ley del Mercado de Valores, como él decía, y todo lo que estamos debatiendo y hemos debatido en las últimas semanas, relativo al mercado de valores, ya estaría incorporado y no tendríamos que ir parche tras parche como estamos haciendo hoy. Desde de mi grupo lo único que podemos decir es que tomen la iniciativa por una vez y que, aunque sea tarde, traspongan lo que se tiene que trasponer a tiempo y, sobre todo, traigan un texto compensado que incluya todo y traigan de una vez la Ley del Mercado de Valores, que es lo que todos estamos esperando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000077).

La señora PRESIDENTA: Corresponde debatir a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.

Debatimos esta tarde una proposición de ley que lo que busca es garantizar la dignidad de todos los miembros de la sociedad española. Las directivas europeas en materia de igualdad de trato se hicieron en 2003 desde un perfil muy bajo. Si a esto le sumamos el escaso impulso dado en estos años a la lucha contra la discriminación, podemos decir que corremos el riesgo de quedar fuera del grupo de cabeza de los países avanzados en materia de derechos civiles. Europa ya nos está recriminando que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, creado por los socialistas en el año 2009, se haya


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quedado prácticamente sin actividad o que a fecha de hoy, en el año 2018, y desde 2014 estemos sin estrategia de integración de los extranjeros en España.

La base de este texto normativo que traemos hoy para su toma en consideración viene -y quiero remarcarlo- por tercera vez a esta Cámara. La primera no se admitió el trámite de urgencia, cuando los socialistas aún estábamos en el Gobierno y a escasos meses del anticipo electoral en el año 2011. También fue inadmitida en el año 2012, pero nosotros no vamos a cejar, porque esta ley se enmarca en nuestra visión y nuestro compromiso de legislar de manera integral a favor de la igualdad. Hablamos de una ley que alberga las garantías básicas y que busca ser el mínimo común normativo sobre derecho antidiscriminatorio. Esta Cámara no debe frustrar de nuevo las expectativas de las organizaciones comprometidas con la igualdad y la antidiscriminación. Quienes hoy están en la tribuna de invitados nos están dando cada día una lección de compromiso con los derechos humanos y nos demandan que pongamos en marcha esta ley que es de todos y que es para todos y para todas.

La discriminación, señorías, humilla a las personas, anula y pisotea sus derechos, sojuzga a quien la padece y envilece a las sociedades que la toleran. (Aplausos). Hoy tenemos la oportunidad de dotar a este país de un instrumento valiosísimo para prevenir la discriminación, sancionarla cuando corresponda y reparar el daño causado. Traemos esta ley porque España no se ha comprometido aún de una manera decidida con un corpus normativo de protección integral frente a la discriminación. No se trata ya de que seamos capaces de identificar y de reconocer el problema; estamos en el momento de ser activos en la protección real y efectiva de las víctimas. Estamos ante una ley que es necesaria para garantizar la convivencia, la cohesión y también el disfrute de los derechos que ya tenemos reconocidos en las leyes, porque esta ley no viene a reconocer derechos nuevos, pero viene a garantizar que podemos ejercer los que ya tenemos reconocidos. Estamos ante un texto que busca efectividad y, por eso, no solo establece procedimientos para la prevención, sino que propone también, de manera -lo quiero remarcar- proporcionada y razonable, la catalogación de las infracciones y sus correspondientes sanciones. Sé que ha habido y hay mucho debate con este aspecto. Por eso me parece muy importante que hagamos juntos alguna reflexión.

Señorías, el régimen de infracciones y de sanciones está en los límites fijados de conformidad con el artículo 25 de la Constitución. Es una exigencia, además, de las trasposiciones de las directivas antidiscriminatorias, que en el caso de España actualmente solo han sido trasladadas al ámbito laboral y al ámbito de la discapacidad. Pero la ampliación de las sanciones a otras discriminaciones es fundamental, porque no solo es necesario tipificar las conductas ilícitas; hay que regular las sanciones correspondientes con el fin de respetar y, sobre todo, de hacer respetar las garantías de la ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho. De hecho, ya tenemos leyes que sancionan la discriminación, por ejemplo, la Ley 49/2007, relacionada con la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que es una ley específica de sanciones. Ahora ha llegado el momento de hacerlo extensivo a la discriminación, pero también al acoso por origen étnico o social, sexo, raza, color, lengua, religión o convicciones, opinión, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Y quiero remarcar aquí que esta ley, señorías, introduce la modificación de tres artículos del Código Penal que no habían recogido las cuestiones discriminatorias relacionadas con la identidad sexual como motivo de discriminación en el ámbito laboral.

A pesar de que las sanciones son importantes, la auténtica vocación de esta ley es que sea un instrumento para el cambio de actitudes y, por eso, consideramos que lo principal es que tenga un carácter pedagógico. Así, a lo que damos prioridad es a las políticas preventivas y, una vez ocurrida la discriminación, a la mediación y a la conciliación por encima del carácter sancionador. Desde esta perspectiva, las sanciones se convierten en un elemento cuya existencia viene a fortalecer las funciones de mediación y de conciliación que la ley deposita en la figura de la autoridad para la igualdad de trato. Señorías, la creación de esta figura va a evitar la proliferación de organismos y dará una visión de conjunto en materia antidiscriminatoria, sin perjuicio de que existan indicadores específicos para cada colectivo.

Quiero decirles a las organizaciones que nos acompañan esta tarde que esta ley también les reconoce, y lo hace porque reconoce una legitimación colectiva a entidades y organizaciones implicadas en la defensa y protección de los derechos humanos. Con esta ley las empresas no podrán utilizar criterios discriminatorios, como, por ejemplo, excluir a los mayores de cuarenta y cinco o de cincuenta años o a aquellos que padezcan o sean portadores de una enfermedad. Con esta ley se podrá sancionar la publicidad discriminatoria e impedir la discriminación en los establecimientos públicos. Se impedirá que los centros sanitarios discriminen pacientes por ser de una comunidad autónoma diferente o por ser


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extranjeros. En educación, se pondrá coto a la inadmisión de niños y niñas en los centros en función de sus características, y esto es vital, por ejemplo, para acabar con el antigitanismo o la exclusión de los que tienen necesidades educativas especiales o de los hijos de inmigrantes. Esta ley es un instrumento clave contra el acoso escolar racista u homofóbico, es una ley que defiende la coeducación. En resumen, esta es una ley que, junto a la Ley de Igualdad, a las futuras leyes LGTBI, la ley de transexualidad y la ley contra los delitos de odio, conformará el paquete normativo para combatir la discriminación en este país. (Aplausos).

Termino parafraseando un manual didáctico del Movimiento contra la Intolerancia; les recomiendo a todas sus señorías que, si tienen ocasión, se lo lleven este fin de semana como lectura. Señorías, esta ley es un arma contra los aliados de la intolerancia. Votando a favor de esta ley lo que hacemos es facilitar al Estado instrumentos contra la anomia moral, la no responsabilidad y la ausencia de compromiso, contra la indiferencia, contra el miedo, contra la impunidad y el olvido de las víctimas. Ese es el voto que les estamos pidiendo. Tenemos la oportunidad de dotar al Estado de un instrumento útil, muy útil para combatir la discriminación y fomentar la igualdad de trato. Esperamos que todas y cada una de sus señorías se comprometa hoy con este objetivo que es vital para la democracia y para la convivencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La toma en consideración de esta proposición de ley defendida por la portavoz del Grupo Socialista, señora Álvarez Álvarez, se suma a las diversas iniciativas que se han venido promoviendo en esta XII Legislatura en materia de igualdad y no discriminación. Si las cuentas no me fallan, con esta ya se han planteado ocho proposiciones de ley desde diferentes grupos parlamentarios que inciden en el desarrollo legislativo del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que, dado su carácter relacional y no autónomo, no puede ser objeto de regulación o de desarrollo normativo con carácter general.

Entre otros aspectos, esta iniciativa promueve una actualización de la lucha en pos de la desaparición de las desigualdades, a la par que recoge la trasposición de directivas europeas y por eso voy a votarla favorablemente. Consideramos, además, que abre un camino para dar continuidad al permanente desafío de construir una sociedad donde no haya resquicios discriminatorios o excluyentes, con instituciones democráticas del siglo XXI que proporcionen respuestas a los desafíos para eliminar desigualdades y finalmente para disponer de nuevos instrumentos legales eficaces y efectivos que complementen las diferentes regulaciones sectoriales que ya tenemos en vigor, varias de ellas con rango de ley orgánica.

Para Foro, el compromiso con la igualdad es fundamental e innegociable y con mayor énfasis en la lucha contra la violencia de género, que es la manifestación más extrema de la desigualdad, de ahí que resulte especialmente valiosa la oportunidad de avanzar legislativamente y reforzar más aún los mecanismos preventivos contra la discriminación, así como la promoción de medidas para proteger a las víctimas de las desigualdades, forma muy especial para perseverar en la lucha contra toda forma de violencia ejercida sobre las mujeres.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Quería, en primer lugar, agradecer al PSOE esta propuesta que, sin duda, servirá para corregir algunos de los excesos de la proposición de ley sobre no discriminación e igualdad de trato LGTBI que estamos tramitando en esta Cámara. Ya lo he dicho en debates anteriores, nosotros estamos en contra de la desigualdad y en contra de la discriminación, por tanto, reafirmamos, como dice la exposición de motivos, la vigencia de los artículos 9, 10 y 14 de la Constitución y defendemos también su carácter ejecutivo. Apoyamos aquellas medidas que sirvan para prevenir y erradicar actos de discriminación por un lado y también para proteger y reparar los daños ocasionados a las víctimas. Cosa distinta es que creamos que esta regulación o la que ya estamos tramitando de Podemos sean hoy estrictamente necesarias; tenemos


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ciertas dudas. En todo caso, bienvenida sea si es efectivamente para corregir esos excesos. Es verdad que en la tramitación de la proposición de Podemos ya hay presentadas 287 enmiendas -ustedes han presentado creo que 100- y creo que en el fondo ese es el objetivo. En fin, tampoco sabemos cómo vamos a poder tramitar en paralelo dos propuestas sucesivas casi simultáneas, cuyos contenidos a veces se superponen, se contradicen y otras se subsumen, pero supongo que el trabajo eficaz de los letrados podrá resolver ese pequeño problema sistemático.

Término. Nosotros mantenemos en esta tramitación algunos de los principios que inspiraban la crítica que hacíamos a la proposición de Podemos y, por tanto, denunciaremos que bajo la defensa del principio de no discriminación se consagren situaciones de desigualdad si se producen, defenderemos la neutralidad de la Administración respecto a las ideologías que promueven algunos lobbies, defenderemos la libertad de expresión y la presunción de inocencia, defenderemos un escrupuloso respeto al reparto de las competencias de cada Administración y mantendremos, como lo hemos hecho en la tramitación de la propuesta de Podemos, hasta qué punto es necesaria la creación de una agencia estatal o de una autoridad específica existiendo la figura del Defensor del Pueblo, que perfectamente podría hacer el trabajo que se pide que haga esa autoridad. En todo caso, le agradezco la cortesía parlamentaria de haber hablado sobre este tema, de haber querido saber el sentido de nuestro voto y haber explicado las razones, las suyas y las otras, para votar a favor en este caso, como haremos en esta proposición.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, presidenta.

Sin duda, estamos en la legislatura de la igualdad. Por suerte ya estamos debatiendo, después de tantos años, sobre temas fundamentales, en este caso sobre la no discriminación. Bienvenida sea cualquier iniciativa que vaya en pro de la igualdad de trato y la no discriminación, por supuesto. En la sacrosanta Constitución de la que aquí tanto se alardea y tanto se quiere utilizar como bandera, el artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero esto no vale solo para ponerlo en la Constitución, sino que hay que llevarlo a cabo. Sin embargo, parece que este Gobierno no tiene tiempo porque nos hace dudar mucho que crea en los derechos humanos. Este Parlamento ha mandatado al Gobierno hacer una ley integral de prevención de delitos de odio y protección de las víctimas, cosa que todavía no ha hecho. El partido del Gobierno se abstuvo en la integración en los currículums escolares de la prevención de delitos de odio y educación en derechos humanos, ha intentado paralizar la Ley LGTBI, torpedearla y alargar su tramitación en el tiempo, y esto lo vemos cada día porque tenemos clarísimo que no tienen tiempo para los derechos humanos porque no se los creen.

Quiero decir al Partido Socialista que vamos a votar a favor de su iniciativa, por supuesto, y al Gobierno que acepten que esta sociedad avanza, que acepten que la Constitución tiene más artículos que el 155 y que acepten que los tratados internacionales sirven para algo más que para hacerse una foto. Dejen que esta Cámara legisle en pro de los derechos humanos, legisle para garantizar los derechos de todas las personas y asegure y desde aquí deje claro que va a aceptar el mandato que se le dé desde esta Cámara.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Hoy votaremos a favor de la admisión a trámite de esta ley que defiende la igualdad de trato y la no discriminación, porque ello implica no perseguir ni penalizar por razones de sexo, de raza o de origen y también no perseguir ni penalizar distinto a nadie por sus ideas políticas, y hoy, en 2018, el Estado español persigue y penaliza de manera distinta según se sea o no independentista. Como muestra, silencio de la maquinaria del Estado ante hiperventilados que instan a tomar rehenes en las Islas Baleares o a dinamitar cervecerías bávaras. En cambio, detenciones e imputaciones por terrorismo y rebelión a miembros del CDR a instancias del tribunal de orden público, es decir de la Audiencia Nacional, por cortes de carreteras reivindicativos, cuando jamás antes se había actuado así en


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otras reivindicaciones similares laborales o sectoriales donde se habían producido incidentes. Ergo, el Estado persigue a la carta y según le conviene, discriminando a colectivos en este caso también por sus ideas políticas. Sonroja que la ONU denuncie que España no respeta derechos fundamentales y le insta, por ejemplo, a no presentar cargos de rebelión, ya que dice que ello plantea serios riesgos de limitar el derecho fundamental de la libertad de expresión y añade que confía en que España encuentre la vía del diálogo para solucionar el conflicto catalán.

Señorías, he de constatar desde esta tribuna que toda Europa hoy conoce la vulneración de derechos fundamentales en España, así como la existencia de represión y de presos políticos. Además, han constatado que la persecución judicial por delito de rebelión no ha superado el control de calidad de cuatro autoridades judiciales europeas. Por tanto, se constata el éxito de la estratègia del president Puigdemont.

Finalizo, señorías, no hay otra solución para la cuestión catalana que el diálogo. Dejen de discriminar. Dejen de vulnerar derechos fundamentales. Se lo reiteramos nosotros, se lo dice la ONU y se lo recuerda Europa. Abran el diálogo; solo así podremos hablar sin cinismo desde esta tribuna de igualdad de trato, de no discriminación y de respeto a los derechos fundamentales. Votaremos sí a esta proposición de ley. A este Estado le conviene una ley que no discrimine y que trate igualmente a todas las personas y que tampoco discrimine por cuestiones políticas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señoras y señores diputados y diputadas. El Grupo Parlamentario Socialista presentó esta proposición de ley en febrero de 2007, aunque la ha mantenido escondida o guardada en la nevera con la pretensión de convertir este texto en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español mediante el establecimiento de sus garantías básicas tendentes a la protección real y efectiva de las víctimas, materializando la completa trasposición de las directivas que ya se han citado antes, la 2043, la 2078 y la trasposición parcial realizada por la Ley 62/2003, tal y como se recoge en el preámbulo del texto. Esta proposición de ley tiene su historia -la diputada socialista ha contado parte de ella-; los que llevamos alguna que otra legislatura por estos lares conocemos su génesis e incluso su tramitación y negociación con Leire Pajín y Ramón Jáuregui, a la par ministros de Igualdad y de Presidencia respectivamente, pero se acabó la legislatura y se fue a dormir el sueño de los justos -la proposición de ley, no la señora Pajín y el señor Jáuregui- hasta que ustedes han vuelto a recuperarla y la han traído aquí. La han recuperado con las modificaciones pertinentes que el paso del tiempo exige y no nos parece mal, a pesar de haber sido presentada dos meses antes que la del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Fue registrada previamente, pero se ha tramitado posteriormente.

Creo que esta proposición de ley, la que traen hoy los socialistas, tiene más sentido. Es decir, debía haber sido previa porque tiene más sentido -no digo que la otra no lo tenga-, es más completa, más global. Engloba algo que la otra especifica y creo que en eso coincidimos todos. Con esta proposición de ley que, según sus palabras, impulsa la aplicación transversal de la igualdad de trato, se pretende crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir cualquier persona y que aborde todos los ámbitos desde los que esta se pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos y estableciendo una serie de procedimientos cuya efectividad permita la tutela y reparación en toda su integridad de este derecho. Plantea el desarrollo del principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución y plasma el ejercicio de la no discriminación como un complemento del derecho a la igualdad y como garantía de disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas, ejercitando la denominada acción remotriz del artículo 9.2 de la Constitución. Por otra parte, a los motivos descritos de discriminación, contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, se incorporan expresamente como motivos también de discriminación la enfermedad y la orientación o identidad sexual. Coincidiendo con la compañera Lourdes Ciuró, diría que tampoco estaría mal que en lo que ya está planteado como


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derecho a tener opiniones políticas se incluya el derecho a poder ejercitarlas, a poder llevar a cabo aquellas ideas políticas que tiene cada uno y a no ser discriminado por ello.

El ámbito competencial suele ser un espacio al que mi grupo le da mucha importancia a la hora de tramitar proposiciones de ley en esta Cámara y en este caso no vamos a ser indiferentes al mismo. A diferencia de la proposición presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ya hemos debatido y que aceptamos a trámite pero de la que discrepamos por su capacidad centralizadora y porque considerábamos que en muchos de los aspectos invadía competencias, creemos que esta proposición no de ley ha sido bastante escrupulosa en ese aspecto. Compartimos toda la parte que, desde el punto de vista competencial, desarrolla tanto el artículo 14 como el artículo 9.2 de la Constitución, en principio, respetando las competencias autonómicas, tal y como se dice en esta proposición de ley. Hay una disposición final que dice cuál es su ámbito competencial y señala títulos competenciales específicos que amparan la regulación concreta de ciertos preceptos, como la legislación laboral, normas básicas para el desarrollo del derecho fundamental a la educación, legislación mercantil, civil, penal, etcétera. En ese sentido, ha sido bastante escrupulosa a la hora de respetar el ámbito que le corresponde.

Entre las cuestiones relacionadas con este aspecto competencial que quizá pudieran resultar problemáticas, tanto por su reciente reconocimiento jurisprudencial como por la deficiente determinación de su alcance, como es el contenido del artículo 31, relativo a la estrategia estatal para la igualdad de trato, comprenderá que no compartamos del todo el criterio que ustedes mantienen en torno a este tema. También en materia de no discriminación el desarrollo corresponde a las comunidades autónomas, si bien el apartado b) salva esta cuestión al referirse a su desarrollo señalando que sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

Ustedes tienen un título entero dedicado a las infracciones y a las sanciones. Permítanme discrepar en cierta medida en este apartado, porque es controvertido el establecimiento en esta ley -concretamente, como decía, en el título IV- de un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. La creación de un sistema de infracciones administrativas en esta materia puede ser controvertida en sí misma por añadir una potestad administrativa sobre ciertas actuaciones de los ciudadanos cuya sanción social quizá debería dirimirse en los tribunales de justicia y no en las administraciones públicas. El texto de la proposición establece también unos tipos de infracción, clasificándolas como leves, graves, etcétera. Esta es una cuestión que espero que, si se tramita, podamos discutir, enmendar y tratar. Así como en la anterior proposición de ley de no discriminación que presentó Podemos teníamos enmiendas, dudas y criterio propio en esta materia, en esta también las seguiremos manteniendo. Es decir, aquellas enmiendas que hemos presentado como grupo y que ya se están tramitando consideramos que pueden ser válidas para esta también.

Para terminar, si se toma en consideración esta proposición de ley -mi grupo votará a favor de la misma-, considero que debemos hacer una reflexión sobre qué hacemos con dos proposiciones de ley que no digo que digan lo mismo, porque no es así, pero sí que una puede ser una parte de la otra. Cuando decimos coloquialmente que deberíamos ordenar el tráfico, tendríamos que ser capaces de confluir en un criterio de forma que, si estamos todos de acuerdo en que la no discriminación debe de plasmarse en una legislación concreta, lo haga en una legislación que contemple todos los tipos de discriminación y no vayamos haciendo pequeños retazos que nos pueden llevar a confusión. Aquí no se trata de quién pone la banderita primero, sino de que el tema de la discriminación quede zanjado en la legislación del Estado español.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots. (Continúa su intervención en catalán.-Aplausos).

No sé si para ustedes hablar de su sacromagna Constitución es hablar de aquel espíritu conciliador que cristalizó hace cuatro décadas en forma de un gran pacto, pero les aseguro que para muchos hablar de esta Constitución es hablar de un auténtico búnker; es hablar, en definitiva, de este régimen de 1978. Una Constitución que contiene multitud de derechos reconocidos, derechos de vital trascendencia e importancia tales como el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno. Una ley de leyes que a la vez proclama, entre muchos otros, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cualquier


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circunstancia social o personal. Incluso -hago memoria- en el apartado 2 del artículo 9 se establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva.

Señorías, a pesar de lo que reza el texto constitucional, en el Estado español hay discriminación. En el Reino de España existen multitud de actuaciones o tratos distintos; tratos arbitrarios o injustos que una persona, un colectivo, una institución o un organismo realizan contra otro individuo o contra un grupo social. Todas y todos convivimos y conocemos la existencia de personas que sufren discriminación o que son víctimas de actitudes delictivas ya sea por razón de género, de etnia, de orientación o identidad sexual, de origen nacional, de discapacidad o de situación de exclusión social, entre otros muchos motivos. Es, en definitiva, una realidad de la que no podemos ni debemos sustraernos.

Esta cruda realidad hunde sus raíces en una secular y generalizada desigualdad entre personas y entre colectivos. A medida que los derechos humanos y las libertades fundamentales han ido adquiriendo preeminencia en los órdenes jurídico, constitucional o internacional, es verdad que su visibilidad ha aumentado tanto para los poderes públicos como para los ciudadanos, quienes terminan por llegar a la convicción de que las conductas discriminatorias constituyen, evidentemente, comportamientos inaceptables e incompatibles con tales derechos y libertades fundamentales. Es evidente que el principio de igualdad de trato y no discriminación constituye un elemento esencial de cualquier Estado democrático y de cualquier Estado de derecho. Es, por tanto, un principio ineludible desde el punto de vista de la justicia y de los derechos fundamentales que, además, si se articula de una forma adecuada, redunda en la cohesión social, como ya se ha dicho, y en el desarrollo económico sostenible, incrementando la legitimidad de la actuación pública. Bienvenida, pues, esta proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación.

Debo decir que en Cataluña el Gobierno aprobó un proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación, una ley que equiparaba a Cataluña con los Estados más avanzados en la lucha contra la lacra de la discriminación, un proyecto de ley pionero y de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación, desde el acoso hasta las represalias; una iniciativa legislativa que dotaba a los y a las catalanas de un marco legal que reforzaba derechos y que permitía a la vez hacer frente con contundencia a situaciones de discriminación en cualquier ámbito. De hecho, estaba prevista también la creación de un plan nacional para la igualdad de trato y la no discriminación, pero ¿saben por qué no acabó aprobándose? Porque ustedes, señorías del PSOE -me sabe mal decirlo-, conjuntamente con el Partido Popular y evidentemente con los compañeros de Ciudadanos, aprobaron la aplicación del famoso 155, dieron un golpe de Estado a la democracia y disolvieron el Parlament. También aprobamos una ley que suplía la Ley de igualdad efectiva, que el TC también suspendió. De hecho, en Cataluña ya estamos acostumbrados no solo a que nos tumben leyes, sino a que se carguen leyes con un alto contenido social, leyes que garantizan principios fundamentales e incluso principios constitucionales. Les pongo algún ejemplo: Decreto-ley contra la pobreza energética, Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, Ley de emergencia habitacional o contra los desahucios, Ley de los impuestos a las viviendas vacías... ¿Les suenan todos estos reales decretos o estas leyes? ¿Les suenan algunos de estos derechos que también están escritos en su Constitución?

No sé lo que hoy va a votar el Partido Popular, pero lo que sí sé es que es justamente este partido -ustedes, los señores y las señoras del Partido Popular, sus señorías- quien sigue sin revocar la declaración de utilidad pública de la entidad HazteOir, una entidad que fomenta a diario el odio, por ejemplo, hacia las personas LGTBI. No revocar esa entidad como entidad pública es no defender el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y no se les ocurra decirme que esto es diferente porque en este caso hablamos de menores, ya que se trata precisamente de esto, señorías, de garantizar los derechos de los menores, independientemente de que sus padres quieran que dejen de ser quienes son, porque por encima del derecho de los padres a educar a su hijos según sus valores está el derecho de todos los individuos al libre desarrollo de la personalidad, y ello incluye también la orientación sexual y la identidad o expresión de género.

Esquerra Republicana va a dar luz verde a la toma en consideración de esta ley, pero les adelanto que Esquerra Republicana no va a permitir que la tramitación de esta proposición de ley sirva de excusa para paralizar o para descafeinar la proposición de ley LGTBI que ya estamos tramitando. Esta proposición de ley es complementaria de la proposición de ley para garantizar los derechos de las personas LGTBI y en ningún caso puede ser excluyente.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, este es un debate parlamentario tan amplio que, como han visto aquí, cada grupo parlamentario ha hablado de su libro, hasta del 155. Pues yo haré lo propio. Justo este fin de semana he tenido la oportunidad de participar en un acto en el que compartí mesa y debate con dos personas con TEA, trastorno del espectro del autismo, Ignacio y Cristina. Quiero comenzar refiriéndome a ellos al hablar hoy de esta ley por la igualdad de trato y no discriminación por una cuestión que nos trasmitieron, y es que echan de menos que en los debates de igualdad que tienen lugar aquí en el Congreso se hable de ellos, que se hable de autismo y, en general, de cualquier discapacidad del desarrollo o diversidad funcional, como en este caso ellos preferían llamarlo. Se les debe dar visibilidad si queremos quitarnos de encima prejuicios que son fruto de la falta de información. La igualdad debe ir unida necesariamente al reconocimiento de la diversidad en toda su amplitud.

Como tengo poco tiempo, voy a poner un ejemplo muy concreto -quiero que ellos lo escuchen- de la discriminación que sufren las niñas con TEA para relacionarlo con la ley que ahora debatimos. Estas niñas están sufriendo una doble discriminación en todas las etapas de su vida, que comienza con el diagnóstico. Resulta curioso que se diagnostiquen cuatro veces más casos de TEA en niños que en niñas. Todos podríamos pensar que es así porque simplemente lo sufren más los niños que las niñas; de hecho, eso es lo que se ha pensado hasta ahora, pero parece ser que no. Si se diagnostican menos casos en niñas es debido a que la manera que tiene de manifestarse este trastorno es muy diferente en uno y en otro sexo, y resulta que los instrumentos medidores con los que cuentan los profesionales sanitarios están básicamente centrados en los síntomas que tienen los niños. Por ello, no se da fácilmente con el diagnóstico cuando se trata de niñas, confundiéndolo con otros trastornos. Cristina no fue diagnosticada hasta los dieciocho años; este retraso en el diagnóstico acarreará consecuencias para toda su vida, y con ello también para el acceso a la igualdad de oportunidades, de la ley que hablamos hoy aquí. ¿Resolverá la ley del Partido Socialista cuestiones como esta? Yo creo que no. Lo he dicho en otras ocasiones, nunca está de más hablar de igualdad, profundizar sobre el valor de la igualdad, hablar y hablar, pero nuestro trabajo no debería quedar únicamente en meras declaraciones de intenciones.

Esta iniciativa pretende ser tan mínimo común, como manifestaba la señora Álvarez, que se queda prácticamente en nada, y consideramos que en ningún caso debería sustituir a otras leyes más específicas que ya, como se ha apuntado en esta tribuna, se están tramitando en esta Cámara. Los ciudadanos lo que quieren es que se solucionen sus problemas, los problemas que sufren día a día, los que les restan oportunidades. En materia de igualdad es necesario descender a lo concreto, claro que es necesario, con leyes específicas que atiendan a esta diversidad del ser humano, que es enorme. Nosotros ponemos en duda la efectividad de esta norma y, además, como se ha dicho, es una ley sacada del baúl del año 2011. Lo cierto es que desde ese año ha cambiado el panorama legislativo en materia de derechos antidiscriminatorios. La trasposición de las directivas que alegan en su exposición de motivos ya ha tenido lugar, aunque estoy de acuerdo en que se ha hecho con cierto perfil bajo. Pero nosotros aquí también estamos tramitando leyes específicas, como la que aborda la discriminación del colectivo LGTBI, sobre brecha salarial de género, etcétera. ¿Creen realmente que es necesaria ahora mismo una ley que tenga por objeto, de manera tan genérica, promover el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, que ya saben que está recogido en nuestra Constitución? Nosotros creemos que no, pero desde luego no vamos a impedir que se tramite. Votaremos a favor.

Señorías, ustedes en el título I, en un ejercicio más académico que legal, se entretienen en clasificaciones, sin ser conscientes además de que corren el peligro de olvidarse de algún tipo de discriminación, cosa que efectivamente -como no puede ser de otra manera- ocurre. Por ejemplo, no incluyen la discriminación que se puede dar en las relaciones del ciudadano ante la Administración pública, que también existe. Fíjense en lo que está pasando últimamente con la universidad pública: se están poniendo en cuestión los privilegios de algunos frente a otros. Señorías, eso también es discriminación. La norma general antidiscriminación será siempre la aplicable, y no es el caso de esta, sino el artículo 14 de la Constitución española. Lo que ustedes incluyen en este título I no aportará protección nueva alguna frente a estas discriminaciones.

Otra cuestión que incluye esta ley y que nosotros no podemos obviar es que responde a una cierta ideología que pretende socializarlo todo, incluida la defensa de la igualdad. Ustedes parecen olvidar el


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artículo 10 de nuestra Constitución, ese que habla de la dignidad personal, ese que dice que los derechos son de las personas y que estos son inviolables, ese que pretende asegurar el libre desarrollo de nuestra personalidad. Sí, señorías, libertad individual. No tenemos derechos por pertenecer a un colectivo o a un determinado grupo, los tenemos por ser personas, desde nuestra individualidad y en la diversidad, algo que ustedes, señorías socialistas, muy a menudo no tienen en cuenta. En muchas ocasiones manifiestan dificultades para aceptar la libertad de las personas, sobre todo en casos que afectan a las mujeres y a su capacidad de decisión.

En cuanto al título II, que trata de la defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, es cierto que hay artículos positivos a tener en consideración, pero en lo que se refiere a la legitimación hay otra cuestión que tampoco podemos pasar por alto y que incluyen en el artículo 27, artículo en el que otorgan a los partidos políticos la legitimación para defender intereses particulares, cosa que a Ciudadanos le parece un gravísimo error. No se puede politizar la acción de la justicia, y mucho menos utilizando la defensa de la igualdad con una pretensión totalizadora. Termino, presidenta. Este punto para nosotros es radicalmente inadmisible por principio y porque además en ocasiones, como decía antes, en la defensa de la igualdad que ustedes ejercen olvidan muchas variables. No hay una verdadera libertad si no hay igualdad, pero tampoco hay igualdad si no hay libertad. No vamos a admitir en ningún caso que la tutela de los derechos individuales escape a los ciudadanos, a la protección individual, y mucho menos que caiga en manos de partidos políticos. Precisamente, además, en la Comisión de Justicia estamos trabajando para limitar la acción popular. Ustedes también, señorías del Partido Socialista, o eso decían.

Por último -termino, porque no tengo más tiempo-, debemos hablar del título III, dedicado a la creación de la autoridad para la igualdad de trato, cuestión que tampoco compartimos. Es cierto que la Directiva 2000/43, de 29 de junio, contempla la posibilidad de que cada Estado designe un organismo responsable de la promoción de la igualdad de trato, pero a nuestro modo de ver en España ya hay organismos que la promueven, ya hay organismos específicos en diferentes ámbitos que se dedican a ello, y en ese sentido también tenemos al Defensor del Pueblo. Tal y como está configurado este organismo, nosotros creemos que podría ser inconstitucional por invadir ciertas competencias. Y en el caso de que no fuera así, plantearía problemas a la hora de articular esa colaboración con las comunidades autónomas.

Yo les pediría que, por favor, dejemos ya de crear organismos que sirven muy poco a los ciudadanos. En definitiva, admitiremos a trámite esta iniciativa porque la igualdad es uno de los pilares básicos de nuestra democracia, pero la enmendaremos en el sentido que he expuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

Antes de nada quisiera que esta Cámara pensara un momento en la mujer asesinada ayer en Girona, en todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Por responsabilidad y dignidad política esta vulneración de los derechos humanos por razón de sexo nos interpela y necesitamos con urgencia recursos suficientes para hacerle frente. (Aplausos).

El Grupo Socialista trae hoy esta proposición de ley que no nos parece mal en tanto que nosotras, de hecho, llevábamos en nuestro programa la Ley 14, para la igualdad de trato y no discriminación y el fomento de la convivencia, que cubre tres objetivos: asegurar la independencia y accesibilidad del Observatorio español de racismo y xenofobia; crear un plan estatal integral de convivencia para prevenir el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, con medidas para asegurar el derecho al empleo, con formación del funcionariado y de las personas empleadas públicas, con especial hincapié en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con difusión y apoyo en los medios de comunicación; y, por último, crear mecanismos en la recuperación de la memoria integral de las víctimas en las fronteras, y el avance en el proceso de descolonización.

Traen ahora esta proposición de ley porque la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su informe de 2017, reclama a España la creación de organismos independientes que a día de hoy no existen, porque el Gobierno socialista creó en el año 2007 el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica y resulta -dice la ECRI, no lo decimos nosotras- que no es un organismo independiente. Así que, bien, entiendo que es loable volver sobre los pasos y ver en qué momentos las


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reclamaciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales no han sido debidamente atendidas y rectificar. No en vano ya lo hemos visto en esta Cámara hace unos meses con la Ley de cambio registral que inicialmente fue patologizante para las personas trans y que va a tener que ser modificada. Por eso, nosotras queremos que se admita a trámite la proposición de ley que plantean y presentar enmiendas, para que nuestra legislación esté en consonancia con lo que la calle y los organismos internacionales están demandando sin tener que esperar otros once años para ponernos con las correcciones.

Voy a pasar a mencionar algunas de las contradicciones que vemos en esta propuesta. Esta ley debe tener rango de ley orgánica porque se refiere a derechos fundamentales. Si lo dejamos en que sea una ley ordinaria puede entrar en contradicción con otras leyes y que cuando veamos un caso de discriminación que llegue a un tribunal quede todo subsumido al criterio de interpretación del juez de turno. Y ya sabemos, lo sabemos bien desde la Comisión de Igualdad -lo hemos dicho muchas veces-, que nuestros juzgados, nuestra justicia necesita mucha más formación con perspectiva feminista e interseccional. Además, de manera sistemática, la ley no especifica ningún grupo discriminado como sí los especifica la ECRI y nos dice que son las personas trans, LGTBI, las personas gitanas, las personas migrantes. No especifica ningún grupo de estos y no tiene una perspectiva interseccional, por tanto, no pueden eliminar la discriminación de un grupo si no especifican claramente cuáles son esos grupos discriminados. Si oficialmente no existe un grupo étnico, como ocurre con la población gitana, ¿cómo vamos a asegurar que no se les discrimina? Por cierto, la población gitana en Alemania, en Suecia o en Portugal, que cuenta con bastante menos población de la que hay en España, sí está reconocida. No es que nosotras nos empecinemos, es que se trata de derechos fundamentales.

Esta proposición de ley no tiene perspectiva integral de derechos humanos ni interseccional y, además, creo que es importante hablar de que especificar y ahondar es necesario y que entendamos que cuando especificamos y ahondamos vemos que hay medidas que tienen que ser específicas y concretas como, por ejemplo -ya que las ha mencionado en varias ocasiones-, la Ley de igualdad LGTBI, que se ha admitido a trámite en esta Cámara, en la que estamos trabajando y en la que vamos a seguir trabajando. Entiendo que esta ley no irá, en absoluto, en detrimento.

No tiene esa perspectiva interseccional. Aquí me gustaría decir, en relación con una cosa que decía la portavoz de Ciudadanos, que no se trata tanto de que estemos hablando cada cual de nuestro libro como de que entendamos en qué consiste la interseccionalidad. La interseccionalidad es un paradigma analítico en torno a la discriminación surgido por las reflexiones en voz propia de las mujeres afroamericanas desde el siglo XIX, con desarrollos aportados por mujeres romaníes, migrantes e indígenas. Creo que desde la perspectiva feminista, precisamente a la portavoz que ha defendido esta proposición de ley, y que es un referente dentro del feminismo que es Ángeles Álvarez, no se le puede escapar la necesidad que tiene de estar también recogida en esta ley. Seguro que esta perspectiva feminista le parece bien a la defensora de la misma y seguro que está de acuerdo con la teórica afrodescendiente Crenshaw cuando habla, precisamente, del derecho antidiscriminatorio, cómo trata el género y la raza por separado impidiendo, por tanto, que las mujeres que enfrentan discriminaciones interseccionales puedan ejercer sus derechos. Ignorar la aportación de esas mujeres es en sí racista, es querer construir y defender sin escuchar lo que las teóricas afrodescendientes como Crenshaw han profundizado por el común. El paradigma de la interseccionalidad cuestiona que las dificultades de las mujeres racializadas sean algo personal. Las dificultades las ponen las instituciones cuando se asientan en el paradigma de que todo tiene que ver con el canon de un varón, blanco, cisgénero, heterosexual, de edad mediana y clase media. Ese traje le vale a uno pero no nos vale ni a todas ni a todos ni a todes. (Aplausos).

Termino con tres apuntes más. Se menciona el organismo de autoridad para la igualdad de trato y no discriminación. Me van a permitir que vea en el lenguaje un oxímoron tremendo entre decir autoridad y decir igualdad, y también que vea cierta perversión en la ambigüedad porque cuando estamos definiendo poco podemos acabar dando por bueno e independiente cosas que, al no estar explicitadas, quizás no lo son. Financiación; nada dice de recursos económicos que se le asignan y como dependa del señor Montoro, no sé qué va a poder sacar de la sección 26, visto lo visto. Por último, acceso a la justicia; para garantizar y proteger el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de los colectivos excluidos es fundamental articular una ley que prevea un acceso a la justicia directo. En las medidas que plantean no vemos eso porque no recoge ninguna forma de mejorar el acceso a la justicia de manera directa, porque las medidas de reparación individual y colectivas están desafinadas y -esto es muy importante- porque no garantiza que las personas defensoras de los derechos humanos puedan acceder a la justicia y recibir


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protección contra el acoso, la amenaza, la represalia y la violencia y seguro que muchas de las personas que están aquí están pensando en la activista Helena Maleno.

En conclusión en esta ley, en su indefinición y ambigüedad, puede acabar habiendo esa perversión pero no pasa nada porque, precisamente, nosotras vamos a votar a favor para evitar algo que apunta la ley y que creo que esto, dentro del debate parlamentario, nos puede resultar constructivo; esto podría ser un quiero y no puedo. Vamos a votar a favor porque queremos vernos en las enmiendas para que esta ley sea un queremos y un podemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Dueñas Martínez.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación con la toma en consideración de la proposición de ley, rescatada, como bien se ha dicho antes, de la presentada en 2011 por el Gobierno socialista y que no llegó a tramitarse, proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación. Ya anunció que votaremos a favor de su toma en consideración y lo haremos porque es necesaria, razonable y en aras del principio de responsabilidad y compromiso que este grupo parlamentario defiende diariamente en la lucha contra la verdadera igualdad y contra la discriminación. En España existen leyes estatales que regulan la igualdad de trato y no discriminación de manera sectorial, existen diferentes acciones que se desarrollan desde la Administración General del Estado a través de planes transversales y también, en el ámbito de sus competencias, las comunidades autónomas desarrollan políticas de igualdad de trato y no discriminación, pero lo cierto es que no hay ninguna que lo regule de manera general. La existencia de un instrumento normativo que permita prevenir la discriminación en todos sus ámbitos, aplicar los mecanismos correctivos cuando fuesen necesarios y mejorar la protección de las personas que la sufren, podría contribuir de manera positiva a la encomienda que nos mandata el artículo 9.2 de nuestra Constitución y, además, se alinearía con nuestros compromisos internacionales en materia de lucha contra la discriminación.

Dicho lo anterior, señorías, entendemos necesario realizar una serie de precisiones que, lógicamente, serán objeto de desarrollo en el trámite de enmiendas, enmiendas que se harán con el fin de respetar el principio de proporcionalidad para que aquellas medidas de trato diferenciado estén debidamente justificadas y ajustadas a derecho. Así, por ejemplo, en su articulado, señorías, solo se considera garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, pero no se considera, por ejemplo, garantizar el derecho al respeto a la dignidad de las personas ni la protección frente a la intolerancia además de a la discriminación. A nuestro juicio, esto sería importante. Tampoco se refiere como a un problema importante y creciente, que seguro compartirán conmigo, la discriminación y la intolerancia que se difunden por Internet y por redes sociales infringiendo los valores constitucionales que hoy estamos aquí abordando.

Otra de las cuestiones que entiendo preciso aclarar es que la proposición presentada parte de considerar que la trasposición que se hizo en nuestro país de diferentes directivas de igualdad, la 2000/43, la 2000/78, fue solo parcial y no se adecua a los fines y objetivos de dichas directivas. Tengo que decir que ese criterio, señorías, no lo compartimos porque dicha trasposición fue completa y adecuada. Lo mismo cabría decir de la Directiva 2006/54, del Parlamento Europeo, relativa al principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombre y mujeres en asuntos de empleo y ocupación que, como saben, fue traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley orgánica para la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Tengo que decir también, señorías, que en sus prisas para volver a traer a esta Cámara esa proposición de ley, ciertamente han obviado algunas cuestiones que ya están aprobadas, que ya se encuentran reguladas y recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, pero que estoy convencida de que serán precisadas en este trámite posterior. Estos errores, señorías, a nuestro juicio, denotan cierta confusión en su elaboración; confusión que incluso deja fuera alguna de las recomendaciones en su día hechas por el Consejo de Estado, que no fueron incorporadas ni entonces ni han sido incorporadas ahora y que podrían hacer peligrar o podrían provocar cierta inseguridad jurídica en alguno de los puntos que recoge esta proposición de ley.

En materia educativa, señorías, como saben, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación está incluido en la normativa educativa vigente muy brevemente respecto del apartado 2 del artículo 16, que


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han mantenido en idéntico sentido a la proposición originaria. Como saben, señorías, la admisión de alumnos y alumnas ala organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que cumplan con los principios recogidos en la Constitución, no constituye ninguna discriminación en el proceso de escolarización. Al final, el problema no era la educación diferenciada sino la redacción del, en su momento, artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación anterior a la Lomce y, puesto que se trataba de un asunto relacionado con la financiación de centros escolares, ya la ley que elaboró los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 buscó subsanar dicho extremo. De hecho, en este sentido también se pronunció el Consejo de Estado, como bien sabrá su señoría, en su dictamen al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y señaló que la educación diferenciada es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados y ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo. Se hicieron una serie de recomendaciones por el Consejo de Estado que han sido incluidas en la actual regulación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

En cuanto a la autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación, a juicio de esta parte, señoría, la regulación material o procesal de la igualdad de trato y la no discriminación no tiene por qué llevar aparejada la creación de nuevas estructuras orgánicas que desarrollen funciones duplicadas con las atribuidas al Gobierno o a otros organismos dependientes porque ello iría, en definitiva, contra las reformas adoptadas en materia de racionalización del sector público. Como saben, hay ya organismos que trabajan en este sentido como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Secretaría de Servicios Sociales e Igualdad; además, dependientes de esta Secretaría de Estado, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, al que se adscriben además ciertos órganos colegiados que trabajan en esta materia: el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo Estatal de las Personas Mayores y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano; especial mención también merece, y ha sido reseñado aquí, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica adscrito al Instituto de la Mujer, adicionalmente también el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también, como saben, señorías, el Defensor del Pueblo, que vela por la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. De hecho, señorías, las dudas más que razonables de esta parte sobre la creación de esta nueva figura, además de por los argumentos esgrimidos surge también al considerar que atribuir una función propia de los jueces a una autoridad administrativa significaría una merma en los derechos de los ciudadanos por cuanto a día de hoy la autoridad más independiente y que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos y que además tiene atribuida esta función es, sin ninguna duda, la judicial.

Voy concluyendo. En otro orden, y por no extenderme más, entendemos preciso reformular el concepto de discriminación por razón de orientación o identidad sexual, por orientación sexual e identidad de género, para adecuarlo a la terminología comúnmente aceptada en los foros internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Ahora sí concluyo, señorías, señora presidenta, casi como empecé. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos positivo disponer de una ley sobre igualdad de trato para su aplicación desde el ámbito administrativo y hacerlo de una forma transversal. Vamos a seguir trabajando durante el trámite de enmiendas para que esta proposición de ley tenga un verdadero carácter integral, se ajuste a nuestro marco legal y comunitario y nos permita disponer de un conjunto sólido de herramientas proporcionadas, flexibles y ajustadas a derecho para resolver con mayor celeridad si cabe aquellas situaciones de desigualdad y discriminación que lamentablemente, como bien se ha apuntado hoy en esta Cámara, se siguen produciendo en nuestra sociedad.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DEFENSA DEL COMERCIO MINORISTA Y TRADICIONAL. (Número de expediente 162/000632).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Palmer Tous.


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La señora PALMER TOUS: Presidenta, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición no de ley de defensa del comercio minorista y tradicional. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la presidencia). Y lo hacemos no solo por convicción propia o porque nos lo demanden sino sobre todo porque consideramos que es de justicia. Porque el Partido Popular cree en un sector que es vital para el desarrollo y para la convivencia de todos nuestros pueblos y ciudades. Y lo sabemos porque nuestros cargos, nuestros afiliados, nuestros concejales, nuestros alcaldes, viven pegados al terreno, viven el día a día de las calles y ahí vemos el importantísimo papel que tienen los pequeños comerciantes. (Aplausos).

Para nosotros los gigantes del comercio no vienen de China o de Estados Unidos. Para nosotros los grandes gigantes, a los que hay que proteger y hay que valorar, son los autónomos, los que cada día con su esfuerzo y con tesón suben la persiana de su negocio con una sonrisa y con gran profesionalidad. Este pequeño comercio, dirigido, como digo, por grandes profesionales, tiene indudables ventajas que no podemos ni queremos obviar. No solo porque da vida a todos y cada uno de los barrios de nuestros pueblos y ciudades, es decir por el enorme impacto social que comentaba sino también porque tiene un importante impacto económico por el volumen que representa. Por dar un dato: en España hay 575 000 locales del comercio minorista que dan trabajo a 1 850 000 personas, casi el 10 % de las personas trabajando en España nada más y nada menos.

En cuanto a su evolución, con el crecimiento económico que hemos vivido en los últimos años, se constata un aumento del gasto en consumo de las familias y también de las ventas del comercio minorista; y lo hace además en un porcentaje similar, en torno al 2,5 % último dato publicado. Por lo tanto a la luz de estos datos uno podría pensar que este sector goza de buena salud y que no parece que tenga problemas a corto plazo. Pero no; no es así, nada más lejos de la realidad. De hecho la presencia y la aportación de valor de este sector está en peligro y se está percibiendo una tendencia negativa en los grandes indicadores de su peso. Como dato revelador de esta última formación, mientras las ventas minoristas decía que crecían en torno al 2,5 % interanual, en el último año el número de locales ha disminuido un 0,4 %, una tendencia decreciente que ya pudimos comprobar en otros países como Estados Unidos no hace mucho.

En España es así, los comercios están cerrando sus puertas y lo hacen, creemos, por dos grandes motivos. Por un lado por la irrupción de cambios en el modo de comprar a raíz de las innovaciones tecnológicas y de la facilidad enorme que tenemos todos para acceder a las redes con nuestros dispositivos. Pero también, y quiero decirlo claro, por la competencia desleal que algunas empresas hacen vendiendo por debajo del coste. Y lo hacen gracias a entramados fiscales que permiten no pagar impuestos o, peor aún, retrayendo directamente recursos públicos del Estado a través del famoso, por ejemplo, fraude carrusel del IVA. Decía que las compras a través del móvil, tableta y otros dispositivos, han tenido efectos sobre el comercio tradicional; ha sido así, ha influido en la menor afluencia de gente en los comercios tradicionales y amenazan con acabar captando una buena parte de la cuota de mercado de este comercio, un comercio que, como he dicho antes, da personalidad a nuestras ciudades y evita que las calles comerciales se conviertan en espacios vacíos y desolados. En este punto, sin embargo, me gustaría resaltar que aquí no se trata de impedir el avance de nuevas formas de comercio, no se trata de impedir la competencia; no estamos legislando en contra de nadie, no, queremos legislar a favor de alguien, pero sobre todo queremos garantizar que todos los agentes actúen bajo las mismas condiciones y esa es la clave de esta PNL. Las nuevas modalidades deben cumplir todas las exigencias que cabe cumplir en un Estado avanzado en el que todos colaboramos para el sostenimiento del Estado del bienestar. Estas nuevas formas de comercio, estas grandes plataformas, además de la menor capacidad de generación de empleo también tienen una contribución a las arcas públicas, a través de impuestos muy limitada. Obviando -por no insistir en el tema- el fraude del IVA que he comentado antes, el reflejo más evidente de esta última afirmación es la recaudación del impuesto de sociedades. Este impuesto se caracteriza por una enorme complejidad técnica por la diferencia entre beneficio contable y beneficio fiscal debido a los diferentes ajustes que ejecutan los distintos Estados. Hay una falta de armonización fiscal que es absolutamente explotada por estas grandes multinacionales con filiales en diferentes países que se sirven de estas diferentes tributaciones entre Estados. Estas empresas se aprovechan de ello trasladando de forma artificial -pero dentro de la legalidad, todo hay que decirlo- beneficios a aquellos territorios con una fiscalidad más ventajosa. La consecuencia de todo es que tenemos una competencia fiscal desleal entre Estados de la que, como digo, se benefician estas grandes empresas multinacionales. Por tanto, la fiscalidad es uno de los grandes problemas que tenemos en este sentido y es uno de los problemas que estamos combatiendo y que vamos a combatir.


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Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos clarísimo que todas las actividades que se dedican a lo mismo deben pagar los mismos tributos, tanto si venden físicamente como si lo hacen online. (Aplausos). Todos, todos, deben estar sometidos a la misma normativa, sea fiscal o de protección de consumidores. También quiero hacer aquí una reflexión: cuando digo a todos me refiero a todos, no solo a las plataformas de comercio electrónico, también a aquellos que se dedican a la venta ambulante ilegal y compiten de forma desleal con aquellos que, como he dicho, se levantan cada día para abrir sus tiendas, sus persianas, con esfuerzo y sacrificio y además cumplen con toda la normativa existente. Cuando defendemos al pequeño comercio lo hacemos frente a todas las formas de competencia desleal. (Aplausos).

En suma, defendemos el comercio tradicional, lo apoyamos y queremos que sea excelente y competitivo y para ello este debe jugar sus cartas: calidad, especialización y proximidad al cliente. Debe implementar su propia transformación digital y diseñar una estrategia competitiva para incorporarse a la dinámica actual -es inevitable-, eso sí, manteniendo sus señas de identidad y con una clara propuesta de valor que incluya productos únicos y gran servicio al cliente. En ese objetivo, señorías, el comercio tradicional tendrá al Gobierno a su lado, nos tendrá junto a ellos, ya nos tiene junto a ellos; junto a estos emprendedores que cada mañana nos dan a todos una lección de coraje, esos emprendedores que hacen de este un gran país y que queremos que sigan haciéndolo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Palmer.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta iniciativa aborda un tema trascendental para la economía y el empleo de muchísimas familias, ya que cuando hablamos del comercio minorista y tradicional estamos haciéndolo de un sector que proporciona casi 2 millones de puestos de trabajo, que representa el 5 % del PIB nacional y que, si bien no puede negarse su evolución en ventas y empleo en los últimos años, sufrió pérdidas continuadas durante más de cuatro años consecutivos en los momentos más graves de crisis económica.

La recuperación del comercio minorista es lenta y, sobre todo, inestable; solo en 2017, frente a siete meses de incremento de ventas, tuvo cinco meses de descenso, lo que arrastra a las empresas hacia un entorno económico inadecuado para programar su desarrollo futuro, invertir y crear empleo estable, nuestra principal prioridad. Combatir tal desequilibrio exige profundizar en las medidas que se han venido adoptando a través de una sucesión de planes integrales que comenzaron en 2013. Hoy es inaplazable la transformación digital del comercio minorista, como también es muy perentoria la regulación fiscal que combata toda posibilidad ventajista de los grandes emporios tecnocomerciales, multinacionales muy avezadas en la ingeniería de la economía digital contra las que nuestro pequeño comercio no puede competir en igualdad de condiciones. Asimismo, es imprescindible una nueva planificación por parte del Gobierno para hacer más efectiva la defensa de nuestros comercios con la recuperación de los periodos regulados de rebajas, dar mayor seguridad a los consumidores y preservar a un sector en permanente descuento y pérdida de capacidad económica. También es necesaria la derogación de la obligatoriedad de declarar zonas de afluencia turística, que solo beneficia, como todas las medidas de liberalización de horarios comerciales, a las grandes empresas de distribución. Se precisa, además, la regulación de los centros comerciales abiertos como fórmula de probada eficacia en la colaboración público-privada para el desarrollo del comercio y el entorno urbano, dotándolos de una normativa que permita adoptar la fórmula BID anglosajona y que garantice una financiación estable pública y de aportación obligatoria.

Señorías, en el texto de esta proposición no de ley llama la atención que no haya una sola referencia al Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España, que lleva un año de vigencia y que implica prácticamente a todos los ministerios. Es inexcusable potenciar todas y cada una de sus diez líneas estratégicas de actuación, de ahí que haya presentado una enmienda con una especial llamada en los aspectos formativos relacionados con la economía digital, porque, aunque España ha mejorado, nuestro país tiene déficit en el capital humano y en las habilidades tecnológicas digitales. Nuestras carencias están señaladas en el Índice europeo anual de la economía y la sociedad digitales, DESI, por lo que es apremiante corregirlas, al igual que urgen, tal y como señala la iniciativa, las medidas contra la elusión fiscal en torno al comercio electrónico.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente, señorías.

Resulta curiosa la proposición del Partido Popular, que viene a esta tribuna a manifestar que le preocupa mucho el comercio minorista y el comercio tradicional, y que es una preocupación que implica que esta Cámara deba tomar posición. Está bien, de hecho, hay pocas cosas a reprochar en la exposición de motivos, incluso podríamos estar de acuerdo; pero, claro, los compromisos son propios de una formación minoritaria, del Grupo Mixto, de alguna formación de ocho o diez diputados, pero que la formación que da apoyo al Gobierno venga con esta propuesta en relación al comercio tradicional es, digamos, pobre, es para justificar, para cubrir cupo o para decirle a algún comerciante despistado que se preocupan de él, porque tiene que estar muy despistado el comerciante para pensar que al Partido Popular le preocupa su sector. Y la pregunta es: ustedes gobiernan, ¿qué hacen desde el Gobierno para preocuparse por este sector aparte de proposiciones no de ley genéricas, bienintencionadas y que no concretan nada? Pues la verdad es que muy poco, señora Palmer, y yo lo siento.

Claro que estamos de acuerdo en incentivar la colaboración público-privada. ¿Han hecho algo? ¿Han regulado al respecto? ¿Quién lo ha hecho? El Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat. Ese Govern y ese Parlament que solo están preocupados por el monotema, aparte del monotema, durante muchos meses, han estado trabajando, han estado regulando y han aprobado la Llei de Comerç, Serveis i Fires en agosto de 2017. Aparte del monotema, se estaba trabajando. Y allí se regulan iniciativas de colaboración público-privadas como las áreas de promoción económica urbana. Pero, ¿qué ha sucedido con dicha ley? ¿Se la ha dotado financieramente desde el Gobierno del Estado? ¿Se la ha apoyado? No. ¿A que no les puede sorprender qué ha pasado con la Ley del Parlament? La han recurrido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la ha suspendido. ¿Por qué? Porque regulaba los horarios comerciales y porque regulaba los días de apertura en festivos. Porque al comercio minorista el comercio en la red le hace daño, pero también les hacen daño las grandes superficies y no pueden competir en igualdad de condiciones. Por tanto, aparte de mociones bienintencionadas, tienen que traer aquí proyectos de ley, regular y no poner dificultades a los que hacen su trabajo, y olviden ya al Tribunal Constitucional en relación con el comercio minorista. Deben de explicar también al comerciante catalán que cuando el Parlament de Catalunya regula para protegerle, ustedes lo llevan al Tribunal Constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Fuster.

El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías del Grupo Popular, lo cierto es que ustedes vienen aquí y no se lo creen. Ustedes hoy han venido aquí a congraciarse con los miles de comerciantes de este país que levantan la persiana cada día y la traen sin ninguna medida. Hagan el favor de venir con medidas concretas. Dígannos qué es lo que están haciendo desde el Gobierno. (Aplausos).

Hoy el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley en defensa del comercio minorista y tradicional y, como siempre, ustedes llegan tarde. ¿Y es que ustedes son capaces de imaginarse su barrio, su pueblo, el sitio donde veranean sin comercio? Díganmelo porque parece que sí. A ustedes les importa bien poco. Pues esto, señorías, lleva años sucediendo por diversos motivos. Mientras que los comercios de grandes superficies minoristas sufren también el problema que nos presentan hoy aquí de la competencia fiscal desleal de las grandes multinacionales tecnológicas, los comercios tradicionales o de barrio también sufren la nula digitalización de sus empresas, el urbanismo cambiante de las poblaciones, también de sus alcaldes, la falta de relevo generacional o competir en condiciones más perjudiciales. Para muestra, un botón. La plaza mayor de La Nucía, mi pueblo. Pues bien, en esta plaza hace treinta años existían más de veinticinco comercios y de aquellos en la actualidad solo queda uno que ha conseguido adaptarse a los nuevos retos. Y, señorías, son los autónomos a quienes han puesto en el día 10 de este Pleno del Congreso gracias a mi grupo parlamentario. (Aplausos). Son los autónomos y las familias los que levantan las persianas cada día, los que aportan lo mejor de ellos para crear riqueza, empleo y satisfacer las necesidades de sus clientes, los que dan valor a aquello que hacen de un modo justo, dedicados con pasión, sin horarios, sin festivos, y lo hacen porque son parte intrínseca de la sociedad en la que se desarrollan. De esto algo les podría contar, algo de lo que me siento especialmente orgulloso,


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sobre todo cuando se convierte en un modo de entender la vida. Sin duda, el comercio tradicional aporta cercanía, profesionalidad y dedicación personal, lo que ningún otro tipo de comercio puede aportar. Señorías, ya está bien de dejar que el comercio minorista y tradicional compita en condiciones mucho más desfavorables que otras empresas digitales, que gracias a su entramado fiscal no tributan en nuestro país y se llevan los beneficios a paraísos fiscales. Y es que en esto, señorías del Grupo Popular, también llegan tarde. Mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley hace escasas semanas en la Comisión de Hacienda relativa al establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas. ¿Les suena? Por cierto, fue aprobada sin ningún voto en contra. Mi compañero Francisco de la Torre fue quien les advertía de la injusticia que suponía que a estas empresas se les aplicase una bajísima tasa impositiva sobre los enormes beneficios que generaban, mientras que los conservadores y la izquierda seguían aumentando la presión fiscal a nuestros comerciantes desde la crisis. ¿Realmente se lo están creyendo? De esta forma, mientras que a estas multinacionales tecnológicas se les aplica un tipo efectivo del 9 %, al resto de empresas de la Unión Europea se les aplica un tipo medio del 23,2 %, y esto es del todo inaceptable. Según un estudio realizado por varios eurodiputados, España dejó de percibir unos 482 millones de euros entre 2013 y 2015. Con ello pretendemos que los distintos actores jueguen con las mismas condiciones. En Ciudadanos pensamos que no podemos ir a contracorriente de los nuevos hábitos de compra online o, por ende, de las empresas que lo ofrecen, pero no por ello debemos escondernos y no hacer nada para que exista una libre competencia.

Hemos presentado una enmienda de modificación en los mismos términos del punto 27 del acuerdo, en el que ya establecíamos medidas concretas, que ustedes hoy no han traído aquí, para ayudar y proporcionar herramientas al comercio minorista y tradicional, como, por ejemplo, ayuda en la adaptación de los cambios tecnológicos o propiciar la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadena de valor y en la aparición de los nuevos modelos de negocio. Esperamos que acepten nuestra enmienda y apoyaremos la proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cano.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

El comercio minorista es un sector clave de la economía tanto por su capacidad de crear autoempleo y trabajo por cuenta ajena como por su capacidad de potenciar el desarrollo urbanístico de los pueblos y ciudades. Es cierto que el pequeño y mediano comercio se enfrenta a numerosos desafíos o retos, ya que, por un lado, los hábitos de los consumidores han cambiado -buscan comodidad, rapidez o inmediatez- y, por otro, hay que tener en cuenta los cambios tecnológicos derivados de la digitalización, que les obliga a adaptarse si quieren seguir siendo competitivos. Las nuevas formas de consumir se han plasmado en un aumento del comercio electrónico en el mundo, ya que el gasto en compras online crece y se consolida año tras año. En este escenario, la llegada de plataformas digitales, como Alibaba o Amazon, al comercio minorista ha supuesto una nueva forma de compra, que va desde la planificación hasta el servicio posventa, ofreciendo a sus clientes una serie de ventajas: variedad, comodidad, garantías y precios que los comercios minoristas no han podido o no han sabido aplicar.

A pesar de que el comercio minorista se caracteriza desde el punto de vista del cliente por la atención al detalle, por la atención personal y el contacto físico con el que desea comprar, no es suficiente para combatir las ventajas que ofrecen estas plataformas a sus clientes, por lo que es necesario un cambio en su modelo de negocio. Esto, unido a una disminución de las ventas en tiendas físicas, a la reducción del número de establecimientos comerciales y al incremento de la tasa de paro en el sector, hace que sea necesario que las administraciones tomen medidas para impulsar y fortalecer la actividad del comercio minorista. Estamos en un mundo cada vez más globalizado. El comercio electrónico o ecommerce se ha convertido en uno de los protagonistas, ya que el comercio electrónico por Internet sigue creciendo. Este hecho hay que verlo no solo como una oportunidad, sino también como un reto para el comercio tradicional, que tiene que competir con estas multinacionales en desigualdad de condiciones. No todos juegan con las mismas reglas en el nuevo escenario que se ha abierto en el mundo de la globalización económica y la digitalización. Por ello, es necesaria una legislación adaptada a los nuevos tiempos. En este escenario, ya en 2016 la Comisión Europea, en su objetivo de afianzar el mercado único digital, propuso una serie de


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medidas en la tributación indirecta del comercio electrónico que han sido aprobadas en el Ecofin de 2017 para que entren en vigor entre 2019 y 2021. Entre estas propuestas, se ha acordado que las plataformas de venta online llamadas marketplaces, como Amazon o Alibaba, serán responsables de garantizar la recaudación del IVA correspondiente a las ventas realizadas en su plataforma por parte de empresas localizadas fuera de la Unión Europea a consumidores europeos para, por un lado, aumentar la recaudación y, por otro, reducir el fraude, aunque aún falta una regulación que aborde también la tributación directa de las ventas online transfronterizas.

Dicho lo anterior, tenemos que decir que el Grupo Parlamentario Popular nos trae una vez más una PNL genérica como instrumento de impulso de la acción política del Gobierno que, dicho sea de paso, es de su partido. No está mal proponer una serie de principios rectores comunes que son fáciles de compartir, pero no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones concretas que sirvan al propósito presentado. Lo decimos además porque en su PNL utilizan verbos como apoyar e impulsar, pero creemos que sin atender a objetivos concretos. A simple vista lo que vemos son buenas intenciones y ni tan siquiera se insta al Gobierno a tomar medida concreta alguna. Como he dicho, es una PNL genérica y lo que debería hacer el Gobierno es actuar. Además, ya hay comunidades que lo estamos haciendo. Así, en Euskadi ya tenemos ejemplos de colaboraciones públicoprivadas con mesas de comercio en las que se encuentran tanto la Administración pública como la parte privada para la dinamización del comercio. Es verdad que la PNL contiene buenas intenciones. Vamos a ver cómo queda la transaccional y si se admiten algunas de las enmiendas presentadas. Por eso no decimos ahora mismo nuestra posición.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes.

Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, señorías, a una PNL desiderátum del Grupo Parlamentario Popular. Sin ánimo de estropearle la tarde, señora Palmer, buen discurso, pero no cuela. La poca convicción de los aplausos de sus compañeros, reprobable por demás, habla de su pobre entusiasmo y compromiso con el tema que nos trae esta tarde aquí. De hecho, causa sonrojo que el partido de las grandes superficies, de la liberalización de horarios y de la liberalización de los alquileres, el partido que jamás ha defendido al comercio minorista y tradicional, venga a blanquear su sepulcro con un listado de buenos propósitos tan aparentemente bien intencionados que es imposible decirle que no. Pero, señora Palmer, lo suyo es aquello de diu el llop que les ovelles tenen bona salut, dice el lobo que las ovejas tienen buena salud. Si después del daño que han hecho ustedes al comercio minorista español, de la poca consideración a las realidades locales del comercio en cada realidad nacional que comprende el Estado, si ustedes no son capaces de aportar algo más de concreción a esta carta a los Reyes Magos que les deben de haber recomendado sus encuestas, su credibilidad queda donde estaba exactamente: bajo cero.

Hemos hablado con diferentes patronales del comercio, con los gremios; hemos hablado con nuestros votantes, con quien nos identificamos, al fin, con nuestra gente que -no voy a ser el único orador que no lo diga- son los que levantan la persiana cada mañana. Por cierto, muchos y muchas de ellas, cuando por la noche bajan la persiana, se suman a las acciones cívicas y pacíficas del CDR de su barrio o de su pueblo. (Aplausos). Ni uno solo de estos que le citaba ha podido contener una sonrisa irónica cuando les hemos hablado de las propuestas que ustedes traen a esta Cámara esta tarde para el comercio.

Cuando superen el furor del converso y realmente quieran hablar en serio del comercio minorista y desfacer sus numerosos entuertos, estaremos encantados de hablar con ustedes, pero, para empezar, no invadan las competencias de las comunidades autónomas, abandonen el acoso vía TC del que el señor Bel hacía memorial y vengan con objetivos concretos y parametrizables, con partidas presupuestarias debajo del brazo que sirvan para algo más que para dar satisfacción a quienes en las encuestas les abandonan, hartos de su prometer no es dar pero es alegrar. No cuela, lo siento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.


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El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, tengo que reconocer que me cuesta entender el sentido que tiene que el partido del Gobierno traiga iniciativas para orientar la acción política del propio Gobierno. Esto me recuerda mucho a las promesas de año nuevo que uno se hace a sí mismo para no cumplir. Ahora dicen que van a apoyar el pequeño comercio y a combatir el fraude fiscal y solo les falta añadir que van a dejar de fumar y apuntarse a un gimnasio. Son todo promesas que al final resultan ser más falsas que el máster de Cifuentes. (Aplausos).

En esta PNL dicen que quieren instar al Gobierno a apoyar campañas divulgativas que destaquen las ventajas del comercio minorista tradicional y fomentar su transformación digital. El proyecto de presupuestos de 2018 que acaban de presentar contempla una minoración de las partidas destinadas al comercio, a turismo y pymes de un 44 % respecto a 2009 y, peor aún, dentro del presupuesto de comercio solo se destina un 2 % al programa de modernización de estructuras comerciales. Estos sí son hechos y no promesas, señores del PP. Además, las medidas del Partido Popular en la anterior legislatura solo han servido para perjudicar al pequeño comercio en beneficio de las grandes superficies. Antes de 2012 la normativa estatal reconocía la necesidad de un equilibrio entre pequeño comercio y grandes superficies, pero en el año 2012 el Gobierno del PP liberalizó los horarios de apertura y los periodos de rebaja, rompiendo este equilibrio y perjudicando en general al pequeño comercio. En septiembre de 2012, el PP aprobó el aumento generalizado del IVA en casi todos los productos, un impuesto regresivo que afecta directamente a los niveles de consumo de los hogares. En muchos casos, el pequeño comercio tuvo que asumir como pérdidas el aumento de los precios que suponía el incremento de IVA para hacer frente a las promociones agresivas que hacían las grandes superficies. En consecuencia, entre 2010 y 2018 el pequeño comercio ha perdido un 10 % de las ventas, mientras las grandes superficies aumentaban un 17 %, según los datos del INE. Estos son los hechos, señorías.

Hablando de impuestos, también dicen en esta PNL que quieren seguir impulsando medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Sí, seguir, dicen. Nada podemos esperar en este sentido de un Gobierno que hace amnistías fiscales, que detiene a quienes denuncian el fraude y que permite que las grandes empresas en nuestro país terminen abonando a un tipo efectivo del 7 % gracias a las múltiples deducciones diseñadas específicamente para ellas, mientras que los pequeños comerciantes que no se pueden aprovechar de ellas tienen que pagar un 25 %.

Por otro lado, el Gobierno tampoco ha emprendido ninguna medida para mejorar la situación de pymes y autónomos en esta legislatura, más allá de la tímida reforma de Ciudadanos. Las pymes y autónomos siguen teniendo dificilísimo acceder al mercado de crédito, a pesar de que nos hemos gastado 60 000 millones de euros en rescatar a la banca. Tampoco se ha desarrollado una verdadera ley de segunda oportunidad, y en este país, gracias a ustedes, se sigue condenando el fracaso del emprendedor en lugar de enfocarlo como una fase para alcanzar el éxito, como ocurre en otros países. Por otra parte, la inmensa mayoría de los pequeños comerciantes son autónomos. ¿Qué les ofrece el Partido Popular a los autónomos? Una de las cuotas más altas de Europa y con menor cobertura, 275 euros de cuota mínima y más de 600 para tener una cobertura decente. Por poner un ejemplo cercano, mi madre, que es autónoma, tiene un bar, paga más de 600 euros y con los rendimientos que obtiene a duras penas llega para sufragar los gastos. De nada le sirve la tímida reforma de Ciudadanos que solo afecta a los nuevos autónomos. Los autónomos de este país necesitan una reforma que les permita pagar la cuota en función de lo que ganan, algo lógico y de sentido común y que ustedes, desde el Gobierno, se niegan a aplicar. (Aplausos).

Por último, y más importante, el pequeño comercio necesita que se reparta la riqueza para impulsar la demanda y que esta revierta en un mayor consumo y mayores ventas, un círculo virtuoso que solo se puede conseguir con el aumento de los salarios y con unos presupuestos que redistribuyan los beneficios del crecimiento. Ayer publicaba Eurostat que los sueldos en España crecen cinco veces menos y que los costes laborales son un 30 % menores que en la media de la zona euro. En diez años, la diferencia del coste laboral en España con respecto a la media de la Unión Europea se ha ampliado en un 7 %, la misma tendencia que sigue el gasto y los ingresos públicos, cuya brecha con respecto a la media europea se incrementa año a año. Es imposible que con sus reformas laborales y con unos presupuestos cada vez más exiguos se consiga reducir la desigualdad, aumentar la renta disponible de los hogares y mejorar las ventas del pequeño comercio; bueno, excepto la de las boutiques de lujo del barrio de Salamanca, que son las únicas por las que no ha pasado la crisis. (Aplausos).


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Miren, señores del PP, les traigo el abridor con el que abro las botellas cuando echo una mano en el bar (muestra un abridor), les traigo el abridor para que dejen ya de poner garrafón y abran la botella de los salarios, la inversión pública y el verdadero apoyo a pymes y autónomos. Solo así podremos salir de la espiral empobrecedora a la que nos conducen sus políticas. ¡Ah!, y abran de paso también la botella de las dimisiones y dejen ya de avergonzar a todas las personas de este país, incluidos los autónomos que levantan la persiana cada mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente, señorías.

El Grupo Popular llega hoy al Pleno lleno de buenas intenciones y de buenas palabras, al menos en el enunciado de su proposición, en defensa del comercio minorista y tradicional. Pero, señorías, en lugar de buenas palabras, lo que el comercio minorista y tradicional necesita son medidas, presupuestos e incorporar muchísima innovación. Hablamos -y se ha dicho ya- de cerca de 1 800 000 personas ocupadas de media anual en el sector comercial al por menor y de cerca de medio millón de empresas. Hablar del comercio minorista y de proximidad es hablar de un modelo de ciudades, de una economía urbana que genere valor y aumente la calidad de vida de los ciudadanos, de un ecosistema en el que convivan diferentes actividades que dan vida a la personalidad de los centros históricos y, por ello, no tienen por qué convertirse o no queremos que se conviertan en centros de consumo.

Señorías del Partido Popular, hoy traen buenas palabras, pero no puedo pensar en un Gobierno que haya ignorado y, al mismo tiempo, maltratado más al comercio minorista y tradicional que el Gobierno del Partido Popular en estos últimos siete años. La oleada de decretos liberalizadores en su legislatura de mayoría absoluta, con total injerencia en las competencias de comercio interior de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en términos de imposición y regulación de zonas de gran afluencia turística y horarios comerciales, hasta llegar a lo que se ha llamado la guerra de los horarios comerciales, sin contrapartidas en planes de acción y diálogo con las administraciones que están a pie de sector, con las federaciones de vecinos y asociaciones de usuarios e incluso con el propio sector, es impresentable.

A esta fuerza bruta legislativa hay que añadir la caída en picado del presupuesto que dedica la Administración central a la modernización del comercio minorista, y les pondré un solo ejemplo. La partida destinada a la ordenación y modernización de estructuras comerciales de los presupuestos generales no ha dejado de disminuir desde el año 2011, hasta el punto de que en 2017 fue un 61 % inferior al presupuesto que dejó mi Gobierno en el año 2011. Y encima de lo paupérrimo de esta partida, que no llega a los 5 millones de euros, no ha sido ejecutada en su totalidad. En 2018 -ahora que estamos en presupuestos- parece que aumenta, pero lo hace en los gastos de personal, que se multiplican por tres, mientras que lo poco que se destina al sector sigue congelado a la baja desde 2014.

Señorías del Partido Popular, lo han dicho -creo que ha habido un clamor por parte de todos los intervinientes-, esta es una proposición no de ley propagandísta en una falsa defensa del comercio minorista, y lo digo también por una razón. En la última sesión de la Comisión de Hacienda del 14 de marzo, el Grupo Ciudadanos presentó una proposición no de ley para el establecimiento de una tributación efectiva respecto a las transacciones de las multinacionales. Qué casualidad, todos votaron a favor menos ustedes, que se abstuvieron. Lo más curioso es lo que dijo la portavoz del Partido Popular en este caso, afirmando ese día que no íbamos a inventar la pólvora ni a solucionar el problema y que no comprendían las prisas por aprobar esta PNL. Pues no comprenderían las prisas por aprobar esta PNL, pero al día siguiente -eso era el 14 de marzo-, el 15 de marzo, se fueron ustedes a registrar esta proposición, que va en la misma línea de la que ellos habían presentado pero con muchísima menos ambición en las propuestas que se hacen. Señorías, un poco de orden y concierto. (Aplausos).

Y les digo más, señorías del Partido Popular: prisas, todas, porque existe una urgencia real respecto a la modernización del sector del comercio minorista -si es que ustedes quieren hacer algo, más allá de este brindis al sol-, y les voy dar un dato: Según los últimos datos del panel de la CNMCData, la facturación del comercio electrónico en España aumenta a un ritmo de más de 1000 millones de euros cada año desde 2012. La diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios web españoles y lo que se compra desde España al extranjero arroja un déficit de 2000 millones de euros. Asimismo, se registran más transacciones en webs del extranjero que en webs españolas, es decir, desde España con el exterior.


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En definitiva, nos piden nuestro apoyo para una PNL en defensa del comercio minorista y tradicional que no impulsa mejoras legislativas, que no se pronuncia sobre las caídas presupuestarias, que no habla del plan integral de apoyo a la competitividad del comercio -que realmente es sobre lo que tendrían que dar explicaciones-, que no marca líneas políticas de cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos -que son las administraciones que tienen transferidas las competencias para gestionarlo- y que no insta al Gobierno a una verdadera política de modernización. Todo ha jugado en contra del sector.

Voy finalizando. Señorías del PP, acumulan suspenso o no presentado en todas las asignaturas, ¿y pretenden que les aprobemos este máster? El Gobierno del presidente Rajoy no ha hecho nada por el comercio minorista en este país, ¿y se atreven a decir ahora que lo apoyan, que lo defienden? ¿Pretenden que les regalemos el aprobado? Señorías del Partido Popular, el Gobierno acumula suspensos o no presentados y ustedes demasiado tacticismo. Traigan un proyecto de ley que enmiende el fracaso de las leyes que aprobaron en su -iba a decir dinastía- legislatura absoluta, pero no simples palabras, porque ya no es el momento de las palabras, es el momento de los hechos. Por eso no van a contar con nuestro apoyo en esta iniciativa. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Botella.

En el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Palmer Tous si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora PALMER TOUS: Sí, aceptamos la de Foro, y agradeciendo la propuesta de Ciudadanos, la vamos a rechazar.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Tomamos nota.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULSAR Y FINANCIAR EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000606).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, señor presidente.

En diciembre del año 2006 se produjo un avance muy importante en materia de protección social que daba a cientos de familias un motivo para la esperanza. Hacíamos de España un país mejor para la ciudadanía, más digno y más humano. La llamada Ley de dependencia vino a reconocer el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se fue desarrollando según lo previsto en su calendario de implantación hasta finales del año 2011. En diciembre de aquel año se convertía en presidente del Gobierno la misma persona que solo unos días antes, en una entrevista concedida al periódico El País había dicho: La dependencia no es viable, hay que ir haciendo lo que se pueda. El señor Rajoy, en esta ocasión, fue sincero y consecuente. Una semana después de su llegada al poder, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que paralizaba la aplicación del calendario de implantación de la Ley de dependencia, impidiendo a casi 400 000 personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.

Las personas en situación de dependencia y sus familiares encajaron este fuerte golpe sin saber que apenas solo seis meses después el sistema iba a sufrir el segundo ataque. Otro Real Decreto-ley, el 20/2012, de 13 de julio, introdujo numerosas modificaciones en la Ley de dependencia, entre otras reducir el nivel mínimo de protección, recortar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, eliminar las cotizaciones de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, revisar nuevamente el calendario, introducir un régimen de incompatibilidades de prestaciones y, por si todo esto fuese poco, se añadió la aprobación de nuevos criterios que supusieron un importante incremento del copago para los usuarios del sistema. Este vaciado de contenido de la ley tuvo su reflejo, como no podía ser de otra manera, en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, en los que el Gobierno redujo la dotación del nivel mínimo. Además, eliminó la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros, algo que ha vuelto a ocurrir año tras año, presupuesto tras presupuesto elaborados por el Gobierno del Partido Popular. Durante todos estos años las fuerzas políticas y las organizaciones sociales hemos


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venido denunciando que el abandono por parte del Gobierno de las personas en situación de dependencia supone una de las manifestaciones más evidentes de su falta de sensibilidad social, de ausencia de compromiso con la ciudadanía y de desmantelamiento del Estado de bienestar.

En diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de esta ley, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, suscribían en este Congreso de los Diputados un Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, junto con la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Un año después, en diciembre del año 2017, los firmantes nos volvimos a reunir para hacer el seguimiento del pacto; un año después pudimos comprobar de primera mano que no se había cumplido ninguno de sus compromisos. En esta ocasión reiteramos nuestro compromiso y se unió al pacto Unión del Pueblo Navarro y la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia.

Como el Gobierno no se entera o, lo que es peor y más lamentable, no quiere enterarse de este clamor, hemos decidido traerlo al Pleno del Congreso de los Diputados. Esta PNL que hoy debatimos recoge exactamente el contenido del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Probablemente, muchos de los grupos firmantes de este pacto hubiéramos querido profundizar y llegar más lejos, pero nos hemos querido ceñir a lo que ya existe como acuerdo amplio y mayoritario en el seno de esta Cámara. Pedimos al Grupo Popular que se sume al pacto, que no se quede solo, porque la situación es de extrema gravedad.

Con el calendario plenamente implantado desde julio del año 2015, existen en nuestro país más de 300 000 personas en lista de espera, es decir, con derechos reconocidos pero que no están recibiendo los servicios y prestaciones del sistema. Cada día fallecen más de cien personas como media sin recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho reconocido. Más de 180 000 cuidadores, casi todas mujeres, se encontraban dadas de alta y cotizando a la Seguridad Social antes de que el Gobierno del Partido Popular eliminara su derecho. En la actualidad solo hay 8292 cuidadoras -hablo en femenino porque, insisto, la mayoría son mujeres- que están dadas de alta, pagándose ellas la cotización. La única vía de financiación del sistema de atención a la dependencia por parte del Estado, tras la supresión del nivel acordado, es el nivel mínimo de protección que representa menos del 20 % del coste, cuando saben que deberían estar en el 50 %. Las comunidades autónomas están ya financiando más del 80 %. Ante este panorama, tenemos un proyecto de Presupuestos Generales del Estado absolutamente insuficiente, que no recupera el nivel acordado de financiación ni contempla tampoco las cuotas de Seguridad Social de las cuidadoras.

El voto del Grupo Popular no es determinante para que esta PNL resulte aprobada, aun así quiero dirigirme a su bancada para pedir un mínimo de sensibilidad. No pueden permanecer impasibles ante esta realidad ni pueden darnos las excusas de siempre. No nieguen aquí la existencia de unos recortes que están en estos Presupuestos Generales del Estado y también en los anteriores y de los que ustedes presumen en Europa. No nos hablen tampoco de herencias recibidas, tienen que responsabilizarse de su gestión. Llevan en el poder más de seis años y son sus decisiones y solamente sus decisiones, basadas principalmente en su ideología, las que han arrojado el sistema de la dependencia a la situación en la que se encuentra en la actualidad. Hoy tienen una ocasión para empezar a resarcir todo el daño que han provocado. No la pierdan, tienen a cientos de miles de personas pendientes de su decisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ramón.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor president.

En dependencia, como en casi todo, existen modelos contrapuestos. En este caso, el modelo del Partido Popular y el modelo del Govern del Botànic. El modelo del Partido Popular implica paralización del calendario de aplicación, eliminación de partidas presupuestarias, reducción de aportación del Estado, recortes generalizados, eliminación de la Seguridad Social de las personas cuidadoras, incompatibilidad en prestaciones, copagos. El modelo del Govern del Botànic implica eliminación de los copagos, reducción de las listas de espera, aumento de personal de valoración de dependientes, inversión en servicios sociales municipales y aportación de más del 70 % del coste total de la dependencia, supliendo la aportación del Estado.


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Hemos presentado una enmienda para intentar paliar esto porque la infrafinanciación que sufrimos en el País Valencià de manera generalizada también afecta a la dependencia. Es una infrafinanciación que nos ahoga y que ahoga a las personas dependientes, y no podemos llegar a todas porque el Gobierno no asume su responsabilidad en este aspecto. ¿Saben por qué? Porque mientras ustedes gobiernan para los bancos, en Compromís rescatamos personas. Cuando gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, no hay para dependencia, no hay para pensiones, no hay para violencia machista, pero sí que hay para tanques, para bancos y para Florentino Pérez, y desde aquí quiero decirle a Ciudadanos que la dependencia también lleva cara de mujer. Tanto que hablamos de feminismo en otros puntos, en dependencia tres de cada cuatro dependientes son mujeres, las cuidadoras son mujeres. Así pues, que tanto el año pasado como este estemos apoyando unos Presupuestos Generales del Estado que recortan en dependencia es atacar directamente la igualdad. Por tanto, dejemos los tanques, los bancos y a Florentino Pérez, y empecemos a invertir en rescatar personas, que es lo que de verdad importa.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra ahora el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, muy buenas tardes. Señores del Grupo Socialista, votaremos a favor de esta iniciativa, de esta proposición no de ley que propone el Grupo Socialista y que ha defendido la señora Ramón por varios motivos. El primero, porque no es ninguna casualidad que votemos a favor de una iniciativa del Grupo Socialista cuando durante veintitrés años prácticamente ininterrumpidos de Gobierno de Navarra, con UPN al frente, hemos pactado las políticas sociales con el Grupo Socialista de Navarra.

También votamos favorablemente porque la esencia del acta fundacional de Unión del Pueblo Navarro es entender la política, además, para atender a las personas con discapacidad, a los menores sin protección, a las personas mayores y especialmente, como no, a las personas dependientes sea cual sea su grado de dependencia. También estamos a favor de recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores y de las familias que atienden a esas personas con cualquier grado de dependencia.

Respecto de la cuestión de financiación, sí me gustaría hacer una indicación no vaya a ser que se produzca algún equívoco. Lógicamente, ustedes, tal como propone el texto de la proposición no de ley, hacen referencia al marco del ámbito de financiación de las comunidades autónomas dentro de la Lofca, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y yo he de decirle, señora Ramón que, como usted bien sabe, la Comunidad Foral de Navarra tiene competencias propias dentro de su autogobierno y no se rige por esa ley orgánica sino a través de la relación económico-financiera del Estado con Navarra a través del convenio económico. Por tanto, si es así, tal como también se entiende este pacto, nosotros lógicamente también estaremos a favor. Asimismo, nos preocupan esos 44 millones de euros que, tal y como ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, estaban dotados en los presupuestos generales y no han sido invertidos en las comunidades autónomas. Por eso formulamos unas preguntas por escrito al Gobierno central y, en función de la respuesta -todavía están en plazo para responder-, pediremos la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Finalizo. Estamos absolutamente de acuerdo, señora Ramón, en alcanzar un gran pacto que refunda la filosofía que tuvo en el año 2006 la dependencia porque, insisto, Unión del Pueblo Navarro está siempre a favor de las personas más vulnerables.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: (Comienza su intervención en catalán.-Aplausos).

Nosotros votamos no en su día a la actual Ley de dependencia y lo hicimos principalmente por dos motivos -seguramente muchos de ustedes recordarán el debate entre Carles Campuzano y Zapatero-: El primero, porque se cargaba por completo las competencias autonómicas y, el segundo, porque no garantizaba su financiación. Y Carles les advirtió, y Carles quería equivocarse, pero no se equivocó. Así que el problema no es solo el Partido Popular y su ineficiencia, su falta de compromiso, su poca vergüenza y su poca palabra, el problema fue también que esta ley nació -a pesar de las advertencias- con un


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gran defecto: nadie sabía cómo se financiaría. Otros países tienen leyes similares pero ninguno de ellos ha cometido la temeridad de aprobarla sin dejar cerrada su financiación. Pero esto, señoras y señores, es España, el país en el que importa más la foto que la eficiencia y la eficacia. Un país que lleva demasiado tiempo gobernado por irresponsables. El Partido Popular incumple con la ley, con las decisiones y con los acuerdos. Pero el PSOE es igualmente responsable de una ley que nadie sabe cómo debe financiarse. Les pediría que nos dijeran cuáles van a ser las actuaciones del Gobierno, pero no voy a creer nada de lo que ustedes puedan decir.

Así que lo que les voy a exigir hoy, y les vamos a exigir cada día, es la liberación de los presos políticos. Y no me importa que ustedes me llamen golpista (rumores), yo ya he desistido de su estupidez. Lo que sí les voy a pedir es que dejen de hacer daño y que dejen de hacer el ridículo. Y a pesar de todo lo que nos están haciendo, siempre que estén dispuestos a hacer y hablar de política, nos van a encontrar.

Gracias. (Termina su intervención en catalán).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Nogueras.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Marcello Santos.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidente.

Una tarde más debatimos sobre algo que a nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos parece de vital importancia como es la atención a las personas en situación de dependencia, cuestión que no parece de tal importancia para el Grupo Parlamentario Popular ya que, una vez más, en sus Presupuestos Generales del Estado dejan sin financiación este derecho, como podemos ver en la partida destinada a ese efecto. Seguimos diciendo que es una partida insuficiente, con esa financiación no se podría atender ni siquiera a las personas que están actualmente en la lista de espera, y eso se lo decimos también al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Ustedes, en el antiguo pacto que hicieron el año anterior, planteaban que iban a dar una financiación de 100 millones de euros a la dependencia, de los cuales a final de año vimos que habían dejado sin invertir 44 millones de euros, sabiendo que más de 300 000 personas están en lista de espera y 120 000 son dependientes severos.

Ustedes, señorías, del Partido Popular, sabiendo los datos de la lista de espera; sabiendo que se podían invertir 44 millones de euros; sabiendo que se podrían haber creado más de cien mil puestos de trabajo, dejaron esta financiación en sus arcas. Y seguimos sin saber cuáles son los motivos. Siento decirles, señorías del Partido Popular, que parece que desde que ustedes gobiernan persiguen una máxima, que es dejar la dependencia y la atención a las personas en situación de dependencia, relegándolas al existencialismo y a la beneficencia como hacen también con los servicios sociales.

Porque a pesar de que el PIB haya alcanzado los niveles previos a la crisis, el gasto y la inversión no cuentan con la misma suerte, siguen usando las mismas tijeras y parece que cuando se habla de dependencia ustedes van y las afilan. (Aplausos). Siguen sin invertir los recortes que hicieron en el 2012 -gracias a su gran decretazo- a la Ley de dependencia. Siguen dejando desamparadas a las personas en situación de dependencia.

Siguen insultando a todos y todas las profesionales que se dedican a este sector. Siguen condenando a la precariedad de los cuidados. Siguen incumpliendo el pacto de financiación entre comunidades autónomas y el Estado -ustedes, el Gobierno, solo escatiman su inversión y no llegan siquiera al 18 % de la misma-. Siguen declarando la incompatibilidad de los servicios. Siguen aumentando el copago o el repago de los usuarios. Siguen eliminando la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar. En definitiva, siguen incumpliendo una ley estatal que trae como consecuencia, señorías del Partido Popular, que en este país, en España, cada quince minutos -señorías del Partido Popular, cada quince minutos-, fallezca una persona en situación de dependencia esperando los recursos y los servicios que no llegan por sus malditos recortes. (Aplausos).

Por eso, señorías, es urgente que pongamos fin a su nefasta, mediocre y deshumana gestión y que afrontemos de una vez por todas la reorganización del modelo de cuidados, porque está en juego la vida de cientos de miles de personas, pero está también en juego la vida de cientos de miles de mujeres que seguimos siendo las que asumimos la tarea de los cuidados; más del 85 % de la tarea de los cuidados sigue siendo ejercida por las manos y las almas de las mujeres. Para asegurar que los recursos y los servicios llegan a tiempo, nosotras en esta Cámara ya planteamos que desde que una persona solicita un servicio y un recurso, en definitiva desde que solicita que se le garanticen sus derechos, no puedan


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transcurrir más de seis meses hasta que se apliquen esos recursos. Esta iniciativa la trajimos a esta Cámara y ustedes siguen incumpliendo una vez más lo que aquí se pacta.

Señorías del Partido Popular, lo que debatimos hoy aquí es dotar la financiación necesaria para las personas que sufren situación de dependencia -cualquiera de nosotras la podemos sufrir- y no es un capricho de nuestro grupo parlamentario, del grupo parlamentario que nos propone la iniciativa, es una clara reivindicación de los movimientos sociales, de las asociaciones y, en definitiva, de quienes desde hace muchísimos años, en las calles, llevan peleando por la dignidad para el que cuida y para el que está en situación de dependencia. Porque, señora ministra ausente, dondequiera que esté, la falta de financiación a la dependencia es una auténtica política criminal que no solo atenta contra las personas en situación de dependencia sino que atenta contra un país que se hace llamar democrático. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Marcello.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señorías.

Esta proposición no de ley pretende reiterar íntegramente el contenido del denominado Pacto de Estado por la Dependencia, que fue promovido en diciembre de 2016 por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y fue suscrito en el Congreso de los Diputados por todos los partidos políticos, como señala la iniciativa, excepto el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. No obstante, la falta de apoyo de mi grupo al acuerdo señalado tenía motivaciones desde luego bien distintas a las que tenía el partido que sustenta al Gobierno.

Esta proposición no de ley pretende instar al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley de dependencia ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia -esto es, aquellas que cuentan ya con un derecho reconocido- unos servicios y prestaciones adecuados, señalando además que se debe incrementar el nivel de financiación hasta alcanzar aquel correspondiente a los compromisos asumidos en su día y antes de su congelación en el año 2012, porque en lo fundamental esta proposición a lo que está haciendo referencia no es tanto a impulsar el sistema sino a impulsar la garantía del sistema a través de su financiación adecuada. Pretende con ello y con toda lógica revertir la situación de falta de financiación de dichos servicios que actualmente se financian en un 20 % por el Estado y en un 80 % por las comunidades autónomas, a pesar de que el artículo 43 de la Ley 39/2006 concreta determinado grado de compromiso que hasta ahora se ha venido incumpliendo por parte del Gobierno del Estado a pesar de que le hubiera resultado exigible, y lo hace a través de una afirmación concreta que dice que la aportación de la comunidad autónoma será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado; esto es, de al menos el 50 % de los gastos del sistema de dependencia en los tres niveles a los que se refiere el artículo 7 de la misma ley.

Además, las actuaciones que plantea la PNL en orden a alcanzar el objetivo que señala son las siguientes: una, revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las posteriores leyes de presupuestos; impulsar un pacto para acabar con las listas de espera, el llamado limbo de dependencia, que actualmente afecta a una de cada cuatro personas en situación de dependencia, que son más de 300 000; negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación en la Lofca en función del coste real de los servicios y prestaciones; el compromiso de que cualquier modificación de la Ley de dependencia se debata en el Congreso, y velar por la transparencia del sistema de información de dependencia. Desde luego, nuestra intención no es oponernos a esta iniciativa, a esta propuesta, pero sí es conveniente advertir que existe cierta distancia que debemos precisar. Lo ha hecho antes que yo el señor Alli, porque ha señalado cuál es la cuestión que realmente nos preocupaba en su momento y que nos sigue preocupando ahora, además de otras.

Los proponentes de aquel pacto de Estado señalan que pretenden obtener una financiación adecuada a los términos de la ley para garantizar los servicios de la dependencia que las comunidades autónomas se ven obligadas a soportar, y lo hacen, además con toda lógica, a través del sistema de financiación de la Lofca. Sin embargo -y vuelvo un poco atrás-, nuestra discrepancia en aquel momento se produjo, primero, porque había una evidente disputa competencial, ya que entendíamos que la Ley 39/2006 ya introducía una injerencia intolerable en las competencias que tenía asumidas la comunidad autónoma en función de su propio estatuto de autonomía, lo que reiteramos a pesar de que haya habido alguna sentencia del Tribunal Constitucional que la haya validado en otro sentido, pero también y sobre todo porque no se contemplaba el sistema de financiación propio de aquellas comunidades autónomas de


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régimen foral, el caso de Navarra y el caso de las Diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, cuyo modo de financiación está fijado por la Comisión Mixta del Concierto Económico que se celebró el 2 de mayo de 2017, en la que señala que la participación del País Vasco en las dotaciones presupuestarias destinadas a la financiación del nivel mínimo de protección del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia se determinará por aplicación de lo previsto en el acuerdo tercero del Concierto Económico del 2007.

A la vista de ese acuerdo, los recortes presupuestarios nos afectan también a nosotros, nos afectan de forma directa a la financiación desde este ámbito funcional en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, si bien su compensación se produce a través del sistema de concierto. Ello no supone desde luego que vayamos a obstaculizar ni a oponernos que se pretenda la mejora de la financiación del resto del sistema. Nosotros asumimos la nuestra y la descontaremos a través del sistema de concierto, pero es lógico que el resto pretenda atender también sus obligaciones además de acuerdo a la previsión contenida en la Ley 39/2006. Por ello, señoría, vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero con la advertencia de que nos hubiera gustado que se hubiera hecho referencia a los específicos sistemas de financiación en materia de dependencia que existen en los territorios vascos y en Navarra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, bona tarda, president.

Una nueva propuesta, una nueva PNL que probablemente saldrá adelante, una más. También una certeza: sabemos que el Gobierno no la aplicará. Me vienen a la memoria unos versos de Neruda, dedicados a la proponente: "Yo no vengo aquí para resolver nada. / Yo vine aquí para cantar / y para que cantes conmigo". Un Poder Legislativo subordinado al Ejecutivo. Hablemos, cantemos, pero también actuemos. Y esta diferencia entre causa y efecto es más humillante si nos referimos a temas como el que esta PNL nos propone. Han transcurrido once años de desarrollo de esta ley, el 3 % de la población española, un total de 1 264 351 ciudadanos y ciudadanas han sido dictaminados como dependientes, pero otros 120 213 están pendientes, a 31 diciembre de 2017, de que sean valorados. La complejidad de este desarrollo estatal se convierte en un problema cuando les corresponde a las comunidades autónomas en materia de servicios sociales aplicarlo en exclusiva. Porque ya en 2013 se tenían que modificar estas actuaciones y no se ha hecho nada, al contrario, retrasos en la implantación y ahogamiento financiero, sobre todo a partir de 2012. Durante el año 2017 fallecieron 38 000 personas, una cifra terrible. Diariamente fallecen más de cien personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Unos proponen y los otros disponen. ¡Ya está bien del mito de la disponibilidad de fondos no finalistas que llegan a las comunidades autónomas! Quien ha gobernado una comunidad autónoma sabe que se han de pagar nóminas, convenios, una multiplicidad de obligaciones plurianuales, quedando un mínimo margen, a veces muy mínimo, para las previsiones de financiación incluso de programas existentes como este del que estamos hablando. ¡Ya está bien de disminuir la financiación de las comunidades autónomas! Desde julio de 2012 se ha estimado en una cifra de 2700 millones lo que ha dejado de pagar el Estado a las comunidades autónomas. De esos polvos, estos lodos. Compartimos en esencia lo que la Comisión de análisis de la situación de la dependencia aprobó en octubre de 2017, pero ¿qué pasa? La actual propuesta de Presupuestos Generales del Estado no tiene nada que ver con estas propuestas.

Volveremos a votar, volveremos a ganar y una vez más tendremos que esperar porque el Gobierno y los que le dan el apoyo, activo o pasivo, han permitido y continúan permitiendo que esto pase.

Por cierto, para acabar haré una confesión. No hace falta que ningún juzgado me la pida. Nunca he usado -y he participado en huelgas generales, en todas- la violencia, ni nunca, nunca, la usaré y por eso soy miembro del Comité de Defensa de la República porque soy no violento. (Aplausos).

Tamara Carrasco, no estàs sola, estem al teu costat, y la política necesita política y solucionar los temas no es complicarlos. En eso estamos y estaremos. ¡Visca la república! (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes.

Vemos oportuna la proposición no de ley que nos trae esta tarde a debate el Grupo Parlamentario Socialista y compartimos la filosofía, ya que en su parte propositiva recoge íntegramente el pacto de


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Estado por el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia que firmamos todos los grupos, a excepción del Partido Popular, el 14 de diciembre de 2016. Aquí vemos la firma de mi compañera, Marta Martín, que en su día lo suscribió. En ella se insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. En el diagnóstico de la situación de la dependencia coincidimos todos o casi todos, y más adelante leeré textualmente parte del Diario de Sesiones. Señorías, el día de mañana todos seremos dependientes en un grado u otro y por eso es un tema capital que debemos afrontar de manera inmediata y en un futuro próximo.

En cuanto al análisis del diagnóstico de la situación -ha sido manifestado por anteriores comparecientes-, a finales de 2017 el 3 % de la población era dependiente; más de 1 200 000 personas en situación de dependencia reconocida y otras 120 000 pendientes de valoración. Señora Sorlí, Ciudadanos es consciente de que esto tiene cara de mujer. Sabemos que el 65 % son mujeres y que más del 70 % de las personas en situación de dependencia superan los sesenta y cinco años. En este momento, el 24,51 % de las personas dependientes no reciben ninguna prestación o servicio del Sistema de atención a la dependencia, aunque tienen pleno derecho. Esto afecta a más de 300 000 personas y a sus familias. El 38,81 % de las personas desatendidas, más de 120 000, son dependientes con grado 3 o 2, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. También se ha dicho que durante 2017 fallecieron 38 000 personas, más de cien al día o dos mientras dura este debate. Los recortes acumulados suman más de 4600 millones y la disminución de la financiación a las comunidades autónomas, en la reducción del nivel mínimo y la supresión del nivel acordado, supone un quebranto a las arcas de las comunidades autónomas de más de 2700 millones.

En cuanto a los cinco puntos que firmamos en el pacto, todos ellos son importantes, pero me centraré en el primero, ya que sobre los demás no cabe discusión porque estamos de acuerdo. Somos conscientes de que el Sistema de atención a la dependencia adolece de una infrafinanciación desde su inicio. Este sistema, según establece su propia norma -ya se ha dicho aquí-, está obligado por ley a cofinanciarse al 50 %. El problema viene cuando las comunidades autónomas están obligadas a suscribir 8 de cada 10 euros. Les pongo un ejemplo. Desde 2012 en mi comunidad autónoma, Andalucía, el Gobierno central ha dejado de invertir más de 500 millones de euros en este asunto, con lo cual se sabe el beneficio económico-social que ello reportaría. Otra situación vergonzante es cuando en esta Cámara se dan datos y, por así decirlo, miembros con responsabilidades de Gobierno mantienen posiciones ajenas a la verdad. Voy a leer una transcripción del Diario de Sesiones relativa a la comparecencia del señor Garcés, secretario de Estado. Abro comillas y cito literalmente: "En relación con la dependencia [...], sigo escuchando una falacia en estas Cortes, que es que el Gobierno central solo aporta entre el 15 y el 20 % de los recursos del sistema de la dependencia. [...] me cuesta pensar que ustedes piensan que miente el Tribunal de Cuentas. [...] El Estado aporta la mitad de los recursos al sistema de la dependencia, y lo ha dicho con estas palabras. [...] lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, insisto, [el] Tribunal de Cuentas...". El problema radica en que cuando el PSOE ha estado en el Gobierno ha pasado como con las pensiones. No sé si sus tijeras de recortar son igual de grandes que las del Partido Popular, pero está claro que por su mala gestión se producen situaciones como esta, tal y como demuestra en este informe el observatorio, al que los anteriores comparecientes también han hecho referencia. En su página 38 (muestra un gráfico) los datos demuestran claramente -no hace falta que te regalen ningún máster- en la época de gobierno del Partido Popular la proporción entre la aportación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero es que en la época del Partido Socialista -2009, 2010 y 2011- ese ratio y ese decrecimiento anual fue superior al del Partido Popular, con lo cual el monopolio de la crueldad con el sistema de dependencia no es una exclusiva del Partido Popular. (Aplausos).

Debemos recordar que en la IX Legislatura el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia contaba con 1500 millones de euros y que en el año 2010 tenía 236 millones de euros menos, con lo cual el PSOE también fue corresponsable de estos recortes. En el acuerdo de investidura Ciudadanos exigió 440 millones anuales, que finalmente se quedaron en 100 millones, de los que el Estado dejó de invertir 44. Este año a esos 100 millones se le han incrementado 46. Un total de 236 millones de euros. Esperamos poder corregir parte de esta desviación en los próximos ejercicios, pero de momento no somos Gobierno.

Para finalizar, me dirijo a la señora Elvira Ramón desde el cariño personal que le tengo. Si quieren ustedes ser útiles a los dependientes y a sus familias, no basta con traer aquí una PNL con la que estamos


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de acuerdo -es verdad- y recordarnos este pacto de Estado. Si quieren que se aporte vía Presupuestos Generales del Estado esos 300 millones de euros que calculamos que hacen falta, negocien una abstención en los presupuestos con responsabilidad y estabilidad, lo mismo que su partido pide en nuestra comunidad autónoma a Ciudadanos. (Aplausos). Hagan algo útil y no nos dejen al arbitrio de los nacionalistas. No solo los dependientes, sino el conjunto de los españoles se lo agradecerán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista presenta una iniciativa para impulsar y financiar el Sistema de autonomía y atención a la dependencia. El Grupo Parlamentario Popular se congratula de ello. Créanme que compartimos el mismo objetivo, que es trabajar por los dependientes. Estamos de acuerdo, pero lamentamos que con esta iniciativa se estén adelantando a poner el parche antes de la herida. No creerán que con traer esta tarde a la Cámara una iniciativa de corte social van a excusar el grave perjuicio que van a causar a todos los españoles con su anunciado no es no -que ya tienen como marca- a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia; 7 de cada 10 euros se invierten en gasto social.

Entre ustedes y nosotros, entre la bancada del Grupo Parlamentario Socialista y mi bancada, la del Grupo Parlamentario Popular, existen diferencias; claro que existen diferencias. Mientras que ustedes están al dictado de un colectivo partidista e interesado al que hacen referencia en su iniciativa y que aglutina a unos pocos profesionales de los servicios sociales, nosotros, el Partido Popular, estamos al servicio de todos los españoles. (Aplausos). Nos preocupan y nos ocupan los dependientes de hoy y los dependientes de mañana, como nos ocuparon los dependientes de ayer. Sí, como nos ocuparon los dependientes de ayer. ¿Es que no se acuerdan? El Gobierno del Partido Popular pagó 1034 millones de euros de cotizaciones a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales de dependientes que ustedes dejaron a deber. (Aplausos). Corregimos las deficiencias del sistema de información de la dependencia por el que se esfumaban casi 46 millones de euros de expedientes duplicados y de prestaciones a dependientes fallecidos. Atajamos el desfase de más de 2700 millones de euros que superaban las previsiones iniciales de financiación desde que nació la Ley de la dependencia en el año 2006. ¿No se acuerdan? Pues hagan memoria. Hagan memoria también de una cosa que a ustedes les gusta recordar mucho en esta Cámara: recortes. El primer recorte a la dependencia tiene nombre y apellidos: 234 millones de euros del Partido Socialista a los dependientes españoles. (Aplausos).

Pero el Partido Popular también se ocupa de los dependientes de hoy. Es un Gobierno del Partido Popular el que ha preservado y garantizado el sistema de la dependencia, porque el Partido Popular se cree la dependencia. Por eso hoy atendemos a 1 186 099 dependientes, porque creemos en un sistema de personas que cuidan de personas. Por eso hemos aumentado en 20 000 las afiliaciones a la Seguridad Social prestando servicios profesionales y de calidad a nuestros dependientes. Hoy más de medio millón de personas en España trabajan al servicio de la dependencia. Y lo hacemos como toca. Lo hacemos con presupuesto, con el presupuesto con el que cumplimos el 50 % de financiación que nos exige la ley. Señores de Ciudadanos, lo dice el secretario de Estado porque lo dice el Tribunal de Cuentas, un órgano constitucional y legitimado. En los presupuestos de 2017 aumentamos 100 millones de euros para la dependencia, 1358 millones para financiar el nivel mínimo y 5300 millones de euros para las comunidades autónomas. Fue una inyección de dinero destinado desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas para pagar los servicios esenciales de nuestros vecinos -educación, sanidad y servicios sociales- y ustedes votaron en contra. Y ahora, en los presupuestos generales de 2018, hemos aumentado 46 millones de euros la financiación de la dependencia, 1401 millones de euros. Eso es creerse la dependencia.

Y por supuesto que nos importan los dependientes de mañana. El Partido Popular tiene un único objetivo: garantizar la sociedad del bienestar. Somos conscientes del envejecimiento de nuestra población y de los retos de futuro para atender sus necesidades. Si hay un partido que en esta legislatura puso en la agenda política la dependencia fue el Partido Popular, y el presidente Rajoy logró un acuerdo en la Conferencia de Presidentes para crear una comisión de análisis y evaluación de la dependencia. Esa comisión ha dado lugar a un informe y a unas conclusiones que han ratificado todas las comunidades autónomas, también las suyas, donde gobierna el Partido Socialista, y desde aquí nos felicitamos por ello


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el pasado 1 de octubre; además, recogen todas las bases futuras de financiación de esa dependencia, con todo el petitum que recogen en su iniciativa.

Este grupo parlamentario solo les va a hacer dos últimas recomendaciones. La primera de ellas es que esta es la Cámara legítima para acordar los pactos de Estado, aquí reside la soberanía nacional y aquí están representadas todas las fuerzas políticas. Los pactos de Estado son fruto de tiempo y de una ardua tarea de trabajo de todas las fuerzas políticas, que oyen a todas las entidades recomendadas, legitimadas e interesadas en una materia. No se levanten de los pactos de Estado, como han hecho en el pacto de Estado de educación, para que luego tengan que buscar cómo volver a ellos, las vías para volver a sentarse en esos pactos. Si no quieren cometer los errores de ayer y quieren trabajar por los dependientes de hoy, tienen una cita, que son los presupuestos generales de 2018, y voten a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Navarro.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Ramón Utrabo si su grupo acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.

La señora RAMÓN UTRABO: Agradeciendo las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, como ya les he trasladado a ellos y parafraseando al señor Olòriz, la inmensa mayoría de los grupos estamos de acuerdo con la letra que está escrita, así que nos vamos a ceñir a ella.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Entiendo que no aceptan las enmiendas.

La señora RAMÓN UTRABO: No.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA RESOLUCIÓN DE LAS MÚLTIPLES CRISIS QUE AFECTAN A VENEZUELA. (Número de expediente 173/000084).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos, a continuación, a debatir el siguiente punto del orden del día: moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Maura Barandiarán.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción trata de las múltiples crisis que afectan a Venezuela. Permítanme que les ofrezca una breve descripción de las mismas. La primera y la causante de todas las demás es la crisis política y de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Hay 237 presos políticos, según el Foro Penal Venezolano. El principal dirigente de la oposición, Leopoldo López, está en arresto domiciliario; el también opositor, Enrique Capriles, inhabilitado; el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, en el exilio. Permítanme que haga un homenaje, dedique un recuerdo y dé la bienvenida a esta Cámara a los miembros de la oposición venezolana presentes en este debate. (Aplausos).

Recordarán también ustedes que después de las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que la oposición democrática ganó por mayoría abrumadora, el régimen decidió convocar elecciones a una Asamblea Constituyente con el objetivo de vaciar de poder a la Asamblea Nacional. Esta crisis política es coherente con la existencia de un régimen en un país que Transparencia Internacional califica como uno de los veinte países más corruptos del mundo, corrupción que afecta directamente a altos cargos del Gobierno bolivariano y de la empresa nacional de petróleos, PDVSA, sujetos a investigaciones en Estados Unidos, Andorra y también aquí, en España.

La corrupción del régimen bolivariano no es solo un inmenso problema para los venezolanos, sino que supone un riesgo mayor. La connivencia del régimen con el narcotráfico ha convertido a Venezuela en el principal distribuidor de la cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Dos sobrinos de Nicolás Maduro ya han sido condenados por este motivo, y también se está investigando el blanqueo


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en nuestro país de dinero proveniente del narcotráfico. El régimen bolivariano está permitiendo que Venezuela se convierta en un riesgo para la estabilidad tanto de América Latina como del resto del mundo. Nicolás Maduro está siendo monitorizado por el régimen castrista de Cuba. Se abre a las facciones de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de Colombia o mantiene conexiones con el fundamentalismo islámico.

Una segunda crisis derivada de la crisis política es la económica. Pese a ser el país con más reservas de petróleo del mundo, la política económica del régimen ha resultado una hiperinflación del 6400 % en 2017, en un país en el que el salario medio solo cubre el 3 % de las necesidades básicas de los venezolanos. La crisis económica ha derivado en una crisis humanitaria que no tiene precedentes en el país. Según Cáritas, cada día muere un niño víctima de la desnutrición; 4 millones y medio de venezolanos come una sola vez al día; por no hablar de la carencia de medicamentos o las epidemias y las enfermedades que han retornado tras haberse dado por desaparecidas, como la sarna o la tuberculosis. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a abrir un canal humanitario para que la comunidad internacional preste la ayuda que los venezolanos precisan.

Como consecuencia de ello, la cuarta crisis, el exilio venezolano. Pese a la falta de datos oficiales, las estimaciones más conservadoras estiman que afecta a un 7 % del total de la población, unos dos millones de venezolanos. Otras cifras estiman que serían cuatro los millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país ante la situación crítica de pobreza e inseguridad del país y, lamentablemente, esta cifra sigue creciendo. Ante esta situación, ¿qué papel nos corresponde a nosotros, como legítimos representantes que somos de la ciudadanía española, para expresar nuestra solidaridad con Venezuela, un país con el que compartimos tanto? Pues yo creo que podríamos hacer bastantes cosas. Primero, este Congreso no puede reconocer las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo convocadas por un órgano ilegítimo, como es la Asamblea Constituyente, así como sus resultados. No se puede votar con la cartilla de racionamiento en la boca. No se puede votar así. (Aplausos). Segundo, España debe liderar la respuesta internacional al acoso que sufren. Así pues, debemos instar al Gobierno a ejercer ese liderazgo en el seno de la Unión Europea, para acordar con nuestros socios la ampliación de sanciones específicas a altos cargos del régimen bolivariano. Estas sanciones no se dirigen al pueblo venezolano; no se dirigen al pueblo de Venezuela, sino a aquellos que utilizan el poder público para enriquecerse esquilmando a su pueblo y reduciéndolo a la penuria. No sanciones contra el pueblo; sanciones contra los responsables. (Aplausos).

Por último, hay que trabajar por llevar ese liderazgo al nivel de la fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes por parte de altos cargos del Gobierno venezolano. Y también España debe llevar a cabo gestiones para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ONU apruebe la creación de una misión de investigación para responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela.

En resumen, señorías, este Congreso debe poner a España en su lugar, liderando, junto a otros países que ya lo están haciendo, como Canadá y Francia, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela, y sobre todo al lado de nuestros hermanos, al lado de los ciudadanos venezolanos. Para todo esto les pido su apoyo en la votación de esta moción que tendrá lugar el jueves.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Maura.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Xuclá i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Maura, permítame en primer lugar saludar a la oposición venezolana presente en la tribuna, defensora de la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, ejemplo de cómo a través de procesos democráticos se puede cancelar un sistema democrático. Me gustaría que el debate de esta tarde fuera un debate sobre Venezuela y política internacional y no un debate para somatizar en la política interna española algo tan preocupante como la situación de los derechos humanos y de los estándares democráticos en Venezuela.

Señor Maura, estoy a favor en términos generales -el Partit Demòcrata está a favor en términos generales- de lo que usted ha expuesto desde esta tribuna, pero también estoy a favor de lo que le voy a leer brevemente: Realizar de manera directa o indirecta ante el Gobierno de Venezuela todas las gestiones que pudieran ser necesarias a la hora de garantizar las condiciones democráticas de las


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elecciones presidenciales de mayo de 2018, incluidas las garantías para posibilitar una plena y libre participación en régimen de igualdad de oportunidades de todas las formaciones opositoras que así lo deseen, para lo cual -muy importante- es necesaria la inmediata liberación de los presos políticos.

Este es el punto número 2 de la enmienda del Partido Socialista, pero también es aquello que el Grupo Parlamentario ALDE -del cual participa su partido y también el mío-, junto con el Grupo Popular y el Grupo Socialista votaron en el Parlamento Europeo. Creo que el punto 2 de su moción inicial tiene que ser revisado, y este es el sentido de nuestra enmienda. Hay negociadoras y negociadores españoles para intentar que estas elecciones se puedan convocar en mejores condiciones y esta es nuestra contribución a este debate. Esperemos que el jueves sea posible una transacción al respecto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Un saludo a la gente de la octava isla canaria que está aquí y que nos sigue también por internet y en streaming. Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria, sanitaria, social y política, y eso nos parte el alma a los canarios. Nosotros creemos que respecto a la situación en Venezuela tiene que haber unidad de las fuerzas democráticas, unidad y firmeza en los organismos internacionales, pero también prudencia. Venezuela es un polvorín y no podemos forzar situaciones que lleven a una guerra civil a un país que ya lo está pasando mal. Nosotros tenemos que trabajar para recuperar la democracia en Venezuela, pero también la normalización de la vida de uno de los países más ricos de América Latina, donde políticos y responsables nos llevaron a donde nos llevaron, y mientras tanto en este país tenemos que hacer cosas que no se están haciendo. Primero, que los pasaportes que saquen los españoles, que muchas veces tienen que salir en veinticuatro horas, sean gratis durante un periodo de tiempo y no cuesten el salario de un mes a gente que sale con lo puesto. El otro día se votó negativamente en el Senado. Segundo, que se busque una solución jurídica para aquellos venezolanos que están en este país y a los que su país no les está renovando los pasaportes, porque ni siquiera pueden coger un avión cuando les vence el pasaporte para ir de Tenerife a Gran Canaria o a Lanzarote o a la península. No pueden hacer un contrato, no pueden renovar un contrato de alquiler ni un puesto de trabajo ni nada. Tercera cosa que plantea esta portavoz. Es urgente resolver que accedan a pensiones no contributivas los españoles y los pensionistas renovados que llevan dos años sin cobrar ninguna pensión y que están en una situación dramática a nivel personal.

Construyamos unidad; no hagamos cuestión política para ver quién llega antes; construyamos consenso. A nosotros no nos gustan los términos en los que la ha planteado Ciudadanos, pero esperamos que de aquí al jueves se pueda pactar una transaccional que vaya en la línea que ha expresado esta diputada.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Quisiera dar la bienvenida a esta casa a todos los líderes políticos y sociales venezolanos que nos acompañan, dándoles las gracias por su compromiso y sus sacrificios y pidiéndoles que hagan extensivo nuestro agradecimiento a todos esos compatriotas que están luchando por la democracia en su país.

Hoy nos contentaríamos con alcanzar un amplio consenso político que se una al coro internacional de voces políticas autorizadas que presionan al madurismo en su deriva totalitaria y represora contra el pueblo de Venezuela, contra la gente, porque es la gente, su libertad, su seguridad, su patrimonio, sus vidas, su futuro, lo que hoy está siendo agredido por un Gobierno y un régimen eminentemente incapaces y siniestros. También tiene esta iniciativa una lectura interna, porque algunos grupos que dicen defender la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia solo lo hacen cuando les conviene, no cuando los hechos y la realidad exigen su defensa. Su voto en contra hoy o el jueves solo demostrará el carácter utilitario que para algunos tiene la lucha por la democracia. Más allá de esa lectura interna, repito, lo principal es que una gran mayoría de diputados les traslademos hoy nuestra solidaridad y nuestro deseo de que cuanto antes su país recupere el prestigio internacional, la estabilidad política y la necesaria


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confianza para volver a ser un país próspero y alegre, como es su gente, que tiene todo el derecho a volver a serlo.

Desde aquí, una vez más, quiero expresar mi reconocimiento y el de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, por el sacrificio personal y familiar -me consta- que asumen todos ustedes al mantener su compromiso político con la libertad de su pueblo. Yo les deseo para ello toda la suerte del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna para anunciar el sentido del voto de Euskal Herria-Bildu a la iniciativa que ha presentado Ciudadanos y que no va a ser ninguna novedad para ellos porque va a ser contrario. Va a ser un voto negativo pensado y meditado, porque creemos que las elecciones presidenciales de mayo son elecciones que cumplen con el carácter democrático que toda cita electoral debe tener, una cita a la que también se presentan -y se le ha olvidado comentarlo- candidatos de la oposición; una cita en la que, en todo caso, tiene que participar y decidir el pueblo venezolano, no esta Cámara ni los agentes externos que están intentando interferir en la vida política de la República Bolivariana de Venezuela.

Instamos, por tanto, a todos los actores internacionales a que acepten el resultado de dichas elecciones, porque elecciones ha habido muchas en la República Bolivariana de Venezuela, con resultados dispares, mayoritariamente ganadas por el chavismo, y parece que eso también se olvida; porque estamos hablando de participación democrática, de un proceso democrático, lo que exige también el debido y democrático respeto a la decisión de la ciudadanía.

Puede parecer exótico que la gente intente dirimir sus problemas mediante el voto y mediante la oferta al diálogo por parte de un Gobierno; digo exótico sobre todo porque aquí no se estila, porque aquí se estilan más cosas como la del 1 de octubre o aplicaciones del 155 que parece quisieran exportarse. Venezuela tiene que recorrer su camino y es un camino complejo, es cierto, pero debe hacerlo sin injerencias externas, que en lugar de contribuir a un diálogo democrático parecen más bien diseñadas para obstaculizarlo. Creemos que lo que hace falta señalar aquí es el respeto a la soberanía del conjunto del pueblo venezolano, piense como piense y se exprese como se exprese, y al proceso bolivariano. Esa es, desde luego, una máxima de Euskal Herria Bildu. También es verdad que tienen que avanzar para desatar todo el potencial de las políticas sociales y económicas en beneficio del conjunto de la población, políticas y potenciales que están siendo obstaculizados de manera clara.

Termino con una cuestión que me ha llamado poderosamente la atención. No sé hasta qué punto se utiliza Venezuela como una cortina de humo, porque se podría hablar de Guatemala, de Honduras o de Colombia, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos por Gobiernos que ustedes aplauden de manera decidida. (Aplausos). Hablan de narcorrégimen, y nos encontramos fotos escandalosas e incluso a narcotraficantes confesos que dicen que han financiado a partidos políticos de aquí, de este Estado; nos hablan de corrupción y de libertades democráticas aquí, que de eso parece que andamos sobrados para dar lecciones. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

Quiero enviar un saludo muy afectuoso a los representantes de la oposición de Venezuela. No pueden ustedes imaginar la de veces que se evoca en esta sala el nombre de su país, desgraciadamente no siempre para hablar de él. Tengo la esperanza de que tras muchas alusiones extemporáneas a Venezuela por fin podamos hablar de Venezuela y de lo que preocupa a los venezolanos. Espero que lo hagamos con la conciencia común de la terrible situación en la que se encuentra; una situación socioeconómica que ha evocado el colega Maura; una situación de involución de su democracia, de deterioro de los derechos humanos, de extrema polarización de las fuerzas políticas, de aislamiento internacional, con algunas notorias excepciones, y de bloqueo político que conduce a lo que yo podría considerar una especie de tormenta perfecta sobre una sociedad que sigue demostrando -deben exhibirlo orgullosamente- una enorme cercanía y una enorme cultura democrática, lo cual, en esa situación, creo que es para destacar. Ojalá que este debate sirva para sacar a Venezuela de la agenda doméstica española y para que entre en


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la agenda internacional, que es donde debe estar; que se terminen esas invocaciones arrojadizas que pasan de una parte a otra de este hemiciclo, ya que al instrumentalizar la situación de su país para cuestiones internas le hacen un flaco favor al mismo.

Hemos presentado una enmienda -como se ha encargado de anunciar el colega Xuclà antes de que yo lo hiciera- al texto de Ciudadanos, pero tenemos una convicción común sobre la gravedad de la situación, tal y como lo ha expuesto el colega Maura. La cuestión es qué podemos hacer, en qué medida podemos ayudar a aliviar esa situación. Desde luego, no basta con señalar a los responsables, aunque yo lo voy a hacer seguidamente. Creo que tenemos que ponernos en la situación de preguntarnos si lo que proponemos está ayudando a superar la situación de bloqueo. La crisis y la situación del país tienen en su Gobierno su máximo responsable. La situación socioeconómica revela el fracaso del modelo chavista. Ni hay libertades plenas ni hay redistribución suficiente, y sin libertades ni redistribución me parece difícil que alguien pueda calificarse de socialista. Sin embargo, como decía, no basta con señalar responsabilidades; tenemos que intentar ayudar a los venezolanos sin sustituirles en sus decisiones soberanas, desde un escrupuloso respeto. No digo respeto al Gobierno, digo respeto a la oposición, a la que va a participar y a la que no va a participar, respeto a los ciudadanos que están huyendo de su país cruzando la frontera con Colombia o viniendo a España, respeto a los que se quedan y pasan todo el día en una cola para intentar tener medios para subsistir. La única forma en que podemos ser útiles es desde una posición de respeto, y nuestra fórmula de ser útiles es denunciar lo mucho que hay para denunciar, pero procurando también no contribuir al bloqueo de la situación, a una mayor polarización y a una mayor crispación del país. Por eso volvemos a apelar al diálogo, eso que ahora está tan poco de moda cuando se dice que el diálogo solo ayuda al régimen. Pero, ¿qué otra salida hay? ¿Alguien está pensando en una salida que no pase por el diálogo? ¿Alguien está pensando en un cambio de Gobierno por vías de facto? Ojalá que desde la comunidad internacional no tengamos nunca la tentación de meternos en ese avispero.

Además, como se ha dicho, las presidenciales no pueden considerarse legítimas si se va a ellas con este marco legal y con este marco político. Ya en su convocatoria por la Asamblea Constituyente despertó una indignación generalizada y muy justificada; esa asamblea constituyente espuria que se creó sencillamente para silenciar al único Parlamento legítimo de Venezuela, que es su Asamblea Nacional, que tuvo que resistir el asedio por tierra, mar, aire y tribunales. Las elecciones no pueden celebrarse de ninguna manera con presos políticos y con la falta de garantías que establece el actual marco -repito- legal y político. Así es imposible legitimarlo.

Por eso mi grupo presenta una fórmula, que ha sido adelantada por el colega Xuclà, para referirnos a las elecciones, fórmula que aprobamos socialistas, populares y liberales en el Parlamento Europeo y que se concentra en la frase que ya ha sido repetida de garantizar las condiciones democráticas de las elecciones presidenciales, posibilitar una plena y libre participación en régimen de igualdad de oportunidades de todas las formaciones que lo deseen y la inmediata liberación de los presos políticos. Esa es, creemos modestamente desde el Grupo Socialista, nuestra forma de denunciar lo que hay que denunciar, pero también de contribuir a no mantener el bloqueo y a no mantener una situación de congelación que no augura nada nuevo. Por tanto, el sentido de la enmienda es subrayar la gravedad de la situación, las crisis de las que habla el colega Maura, señalar las obvias responsabilidades del Gobierno, exigir la liberación de los presos políticos, cambiar radicalmente el marco de las elecciones para que puedan ser al menos legitimadas en el futuro y hacer una nueva llamada al diálogo, sin el cual ninguna salida parece tranquilizadora o con futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Hernández.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Presidente, muchas gracias.

El Grupo Popular, mi partido, mi Gobierno nunca se van a cansar de pedir la vuelta de la democracia a Venezuela, la vuelta de los derechos humanos, la vuelta de la libertad y de la prosperidad, para que los opositores, hoy presentes en este hemiciclo y a los que saludo con la mano en el corazón, vuelvan a su país para dar a Venezuela lo mejor de sí mismos, algo que impide el tirano Maduro con sus fraudulentas elecciones que nosotros no reconocemos. (Aplausos).

La defensa de la libertad en nuestro partido es nuestra esencia. No la hemos tenido que pedir prestada de nadie, la hemos defendido como familia política del centroderecha en todo el mundo para conseguir la caída de muro de Berlín, que tanto añoran los neomarxistas vestidos con nuevos ropajes populistas, y la


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que han defendido, con un alto tributo de sangre, mis compañeros de partido en el País Vasco y en Navarra. La defienden cada hombre y cada mujer del Partido Popular desde los canarios, con esa solidaridad natural con los venezolanos, a los abulenses, que defendemos la libertad también fuera de la muralla, proponiendo consenso y concordia desde los tiempos de Adolfo Suárez.

La lucha por la libertad, y esto es algo que asombra tanto a los independentistas como a los populistas, no admite parcelación. Mientras exista un solo preso de conciencia, mientras exista un tirano, ningún demócrata puede descansar. Todos estamos bajo la amenaza y todos sabemos que la ley es la única institución que nos hace a todos iguales. La libertad y el cumplimiento de la ley es lo único que separa a los demócratas de los dictadores y es una línea que para todos arroja luz y para algunos solo sirve para proyectar sus sombras, atrapados en sus particulares mitos platónicos de la caverna en la que nos quieren silenciar a todos.

Simplemente le pondré un pero a cómo está redactada esta moción. Nos la plantea el grupo presentando una nueva medalla para su líder, y me gustaría realizar pocas menciones, porque creo que ese camino de superexaltación de un liderazgo poco tiene que ver con la defensa callada de muchos defensores de los derechos humanos en el mundo. El Grupo Parlamentario Popular tiene más de sesenta iniciativas presentadas en los últimos diez años. Las palabras del presidente de la Asamblea Venezolana, Julio Borges, asegurando el liderazgo de España y del Partido Popular, invalida cualquier intento espurio de colocarse una medalla, porque mientras exista una situación de hambre, de falta de democracia o de privación de los derechos humanos todos tenemos que trabajar.

Señor Maura, con todo el respeto, yo también le pongo otro pero, porque citó con desparpajo, y ahí lo dejaré, una imaginativa Santísima Trinidad que comprendería a Trudeau, a Macron y a Ciudadanos como promotores de todas las iniciativas. Se acerca -y lo diré de una forma light- a un refresco sin burbujas; más que a la Santísima Trinidad, a un Trina de naranja. Y ahí lo dejaré. Convencer a veintiocho países en la Unión Europea no es tan fácil como tomar decisiones en un solo país, por eso no merece la pena entrar en ningún debate interno sobre Venezuela. Y esto, a más a más, es evidente en un simple hecho: el único objeto de todas las críticas de Maduro y sus adláteres es el presidente Mariano Rajoy, que aquí, el 22 de octubre de 2014, recibió a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López. Ese día el fiel de la balanza de la percepción de Venezuela en el mundo cambió y, con ello, se reafirmó el compromiso por la libertad. Raramente las copias llegan a ser mejores que el original.

Hablemos con honestidad de no reconocer las elecciones y de pedir la liberación de los presos políticos y el canal humanitario; cosas ordinarias en una democracia y algo que nos debe unir a todos; políticas de Estado que no deben sacrificarse por ningún interés particular. Seamos generosos, como lo son los demócratas de Venezuela, que le están demostrando al mundo cómo se vence a un tirano defendiendo la ley y la democracia, la historia y su país con honor, sacrificio y grandeza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor García Hernández.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

¡Pobre Venezuela! Pobre Venezuela allí, en el propio país, por la situación política a la que se le ha conducido, por el control férreo de las instituciones y por la falta de democracia, por los problemas sociales, por los problemas ya incluso de índole humanitaria a los que hace veinte años nadie hubiera supuesto que tendría que enfrentarse. Pero pobre Venezuela también aquí, en este hemiciclo, utilizada -digamos- para la política interna del país; utilizada, a veces, en tono de mitin; utilizada en tono de competición electoral de carrera política interna. La verdad es que he visto resoluciones o propuestas de resolución sobre otros países en los que España tiene menos intereses que han sido más diplomáticas. Y cuando digo menos intereses, no me estoy refiriendo a los intereses económicos o sociales, me estoy refiriendo también al número de ciudadanos españoles que viven en ese país, porque, si no me equivoco y si las estadísticas más recientes no lo han modificado, el mayor número de ciudadanos españoles en un país se encuentra en Venezuela.

Quizás entiendo la necesidad de tomar una resolución, pero no la de tomarla separándonos de lo ya discutido y decidido por el Parlamento Europeo. Eso creo que es lo que da fuerza a la posición democrática y a intentar cambiar las cosas en Venezuela, la unidad entre las diferentes ideologías, y eso se consiguió


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en el Parlamento Europeo recientemente. Por tanto, creo que deberíamos ir a ese texto y eso es lo que nos puede poner de acuerdo en una resolución.

Antes decía: pobre Venezuela también internamente. Cuando se presentan aquí las cosas unilateralmente, se corre el riesgo de que no salga adelante una resolución en favor de la democracia en Venezuela. Se corre el riesgo, por cómo se ha planteado -de manera unilateral y con unos textos con los que la mayoría de la Cámara quizá no pueda estar de acuerdo-, de perder una votación, y eso, desde luego, no es hacer un favor a la democracia ni a Venezuela, es ponerla en riesgo. Por tanto, yo iría a ese texto europeo. Se habla aquí ya de dar por no válidas y rechazar las elecciones, de no reconocer los resultados de las elecciones de mayo. Creo que todo tiene su tempo y que probablemente tendrá que llegar un tiempo en el que esto sea así, pero me parece mucho más juicioso el punto número 2 de la resolución europea, en el que se habla de que únicamente reconocerán unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de los actores pertinentes y partidos políticos, en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes, lo que supone que se supriman las prohibiciones que pesan sobre políticos de la oposición, que no haya presos políticos, que se vele por que el Consejo Electoral Nacional tenga una composición equilibrada y sea imparcial y que existan suficientes garantías, incluido el seguimiento por parte de los observadores internacionales independientes. Recuerda su disposición a enviar -esto decía Europa- una misión de observación electoral en caso de cumplirse todos estos requisitos. Ponernos la venda antes de la herida, sabiendo que probablemente va a haber una herida no es diplomático ni inteligente ni lo propio de un Parlamento.

Finalmente, porque se me va agotando el tiempo, quiero hacer una mención especial a algo que ya he dicho pero que quiero recalcar, que es la urgencia de la puesta en libertad de todos los presos políticos en Venezuela, porque ese es un paso absolutamente necesario para que la situación se normalice y se abran soluciones. Por tanto -y concluyo- expreso aquí nuestro apoyo a una Venezuela democrática y nuestro rechazo al uso de Venezuela para discusión interna en este hemiciclo. Espero que podamos llegar a un acuerdo en un texto transaccional antes del jueves. El texto, tal y como lo ha presentado Ciudadanos, no es de nuestra satisfacción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor Maura, usted y yo, ustedes y nosotros estamos en las antípodas ideológicas, pero nosotros, en cambio, respetamos su ideología, como no podía ser de otra manera, aunque detestamos el cinismo. Detestamos el cinismo político. ¿Cómo puede ser que ustedes reclamen que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trate la situación de Venezuela y en cambio escondan que hace tan solo tres semanas, el 23 de marzo, este organismo de Naciones Unidas aprobó una resolución contra las sanciones? (Rumores.-El señor Cantó García del Moral: ¡Mientes, Tardà!). Ustedes insisten en torpedear la democracia venezolana, avalan a los violentos, con lo cual contribuyen al empeoramiento de las condiciones de vida de todos los venezolanos al margen de su ideología. Los demócratas en Venezuela -digo los demócratas, al margen de su ideología- llaman al diálogo y a hacerlo efectivo, mientras ustedes, cínicamente, llaman a no reconocer las elecciones presidenciales del mes de mayo. Por cierto, hace un año las reclamaban a gritos. Estas elecciones han sido convocadas e impulsadas por la Asamblea Nacional Constituyente, como establece la Constitución de la República de Venezuela, y están participadas por dieciocho partidos políticos; solamente tres no quieren participar. Además, tanto Gobierno como oposición han pedido a Naciones Unidas conjuntamente -ellos lo han pedido- que envíen observadores. Por cierto, leí en la prensa que incluso un ministro del Gobierno pidió y reclamó que este Congreso de los Diputados enviara observadores. Digo que es en definitiva un cierto cinismo político que insta a más bloqueo, a más violencia para crear quizá las condiciones para incluso un golpe de Estado, lo cual ustedes, para hacerlo posible, lo que tienen que hacer, lo pretenden y lo intentan, es enterrar la cultura del diálogo, digo bien: bloqueo y cultura de la violencia. Es cierto que faltan alimentos, es verdad; es cierto que faltan medicinas, es verdad; es cierto que la sociedad venezolana está pasando un momento muy difícil, es verdad, pero ¿por qué no hablan del bloqueo financiero? Si tuviera tiempo les haría una larga lista. Mes de diciembre del pasado año: 2200 toneladas de carne pagadas echadas a perder retenidas en la frontera de Colombia; millones de dólares retenidos por bancos extranjeros depositados en esos bancos producto


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de la venta de energía, por ejemplo, a Brasil. O, por ejemplo, la última decisión de la Administración Trump prohibiendo transacciones llevadas a cabo por ciudadanos de Estados Unidos, o bien de ciudadanos que transitan por Estados Unidos.

También les agradezco que este cinismo político me dé la oportunidad de hablar de corrupción y de violencia. Ciertamente podemos hablar de violencia: año 2017, ciento treinta muertos, incluso personas quemadas vivas producto del vandalismo en las calles. También creo que hay que exigir e incluso felicitar al Gobierno de Maduro porque han encarcelado a funcionarios, a policías que no respetaron los derechos civiles. Por cierto, allí los encarcelan, aquí ustedes los condecoran. Han condecorado a aquellos que el 1 de octubre nos molieron a palos en Cataluña. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Hala!). Sí, sí. Por eso he hablado de cinismo. (Aplausos). Así pues, me dan la oportunidad de hablar de violencia. Por cierto, me dan la oportunidad también de hablar de corrupción. Dos expresidentes de la compañía estatal de petróleo, dos exministros bolivarianos, cuarenta y tres altos cargos juzgados, ¿saben por qué? Por corrupción. Es decir, vale la pena asomarse a otras sociedades viendo cómo se combate la corrupción. Por cierto, la exfiscal destituida también imputada por corrupción. En definitiva, señorías, lo dicho, o cultura del diálogo para intentar contribuir todos, al margen de nuestra ideología, a ayudar a resolver los problemas que tiene la sociedad venezolana, o cinismo. Nosotros nos apuntamos a la cultura del diálogo, razón por la cual votaremos en contra de esta iniciativa de Ciudadanos. También queremos recordar la acción y las palabras de Rodríguez Zapatero. Nosotros queremos defender en estos momentos todo el trabajo que ha llevado a cabo el expresidente del Gobierno español; creo que en ese sentido ha sido un avanzado en la cultura de fomento del diálogo para resolver la crisis en Venezuela. Sí, felicitamos a Rodríguez Zapatero.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy Amador.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Quiere el azar que Ciudadanos presente esta iniciativa sobre Venezuela en pleno huracán por el escándalo Cifuentes, reproduciendo uno de los hábitos favoritos del PP, que es hablar sobre Venezuela cada vez que arrecian sus problemas con la justicia. (Aplausos). Claro que su afán por disputarles el terreno, el oportunismo y la ambición les ha hecho otra vez pasarse de frenada y nos han traído una iniciativa que es un atropello del sentido común y de los principios más básicos de las relaciones internacionales. Ciudadanos pide hoy que este Congreso no reconozca los resultados de las elecciones venezolanas que se producirán a finales del mes de mayo. Normalmente, la comunidad internacional envía observadores a las elecciones; esos observadores recogen las irregularidades, si las hay, en informes técnicos y si concluyen que las elecciones no han sido limpias, pueden denunciarse y hasta no reconocerse. Algo así está pasando, por ejemplo, en Hungría, aquí al ladito en la Unión Europea, donde Viktor Orbán, líder xenófobo y antisemita, conocido por perseguir a periodistas refugiados y opositores, acaba de arrasar en unas elecciones entre denuncias de graves irregularidades, sin que hayamos oído una palabra hasta la fecha por parte de Ciudadanos ni de, por supuesto, el Partido Popular, que comparte grupo parlamentario con el señor Orbán en Bruselas. (Aplausos).

Ese mismo proceso de observación se ha seguido en las últimas veinticuatro elecciones en Venezuela. De hecho, este mismo Congreso envió una delegación a las elecciones de 2013 que avaló el resultado en una declaración firmada por el PP, el PSOE o el PNV, entre otros, y el presidente Zapatero fue como observador a las elecciones de 2015, que ganó claramente la oposición, y ha anunciado que hará lo propio en las del mes que viene. Así que la pregunta es: ¿Por qué Ciudadanos quiere que no se reconozcan estas elecciones meses antes de que se produzcan? Porque en el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, liderado por Zapatero en Santo Domingo, la oposición venezolana acabó profundamente dividida. Una parte, liderada por Julio Borges y Leopoldo López, con el apoyo y quién sabe si las presiones de los Estados Unidos, decidió en el último minuto no firmar el acuerdo y boicotear las elecciones. Otra parte, liderada por Henri Falcón y por partidos como la Avanzada Progresista, el Mas o Copei, sí lo firmó y se presenta contra Maduro. Ciudadanos ha decidido apoyar a la fracción más dura de la oposición venezolana y hoy le pide al Gobierno y a este Congreso que haga lo mismo. La paradoja, señores de Ciudadanos, es que ustedes nunca apoyaron ese proceso de negociación y de diálogo, aunque sus propios socios venezolanos estuvieran participando sentados a la mesa. Hace un año, en una


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sesión de control en esta casa, el señor Rivera exigió al Gobierno que retirara su apoyo a la mediación de Zapatero, apoyo que tampoco es que fuera particularmente entusiasta y, de hecho, en toda su moción, las palabras diálogo, mediación, negociación o acuerdo no aparecen ni una sola vez. (Aplausos).

Señores de Ciudadanos, si ustedes no quieren que haya elecciones y no quieren que haya negociación ni mediación ni diálogo ni acuerdo ¿cuál es la solución que proponen para Venezuela? Lo dice el segundo punto de su moción: más sanciones económicas. ¿Pero quiénes creen que van a pagar y están pagando el precio de esas sanciones y del bloqueo comercial y económico contra Venezuela? A ustedes les preocupa tanto la durísima situación que vive el pueblo venezolano que lo que proponen es asfixiarles aún más. Y díganme una cosa, ya que estamos, ¿por qué les parecen bien las sanciones para Venezuela pero no para Israel, esa democracia ejemplar, según el señor Girauta, que ha asesinado a sangre fría a treinta personas en los últimos diez días, incluido un periodista debidamente acreditado; que encarcela a niños sin juicio y que ha construido, según Naciones Unidas, un régimen de apartheid? (Aplausos). ¿Por qué en un caso sí y en el otro no?

Su hipocresía en este caso es solo comparable a su irresponsabilidad ya que lo que ustedes defienden en esta iniciativa es una barbaridad, porque sin elecciones democráticas, sin mediación ni diálogo, sin proponer nada más que agudizar la asfixia económica, lo que su posición avala en última instancia es que se dé un golpe de Estado en Venezuela, como piden abiertamente los sectores de la oposición que ustedes apoyan, como piden los halcones más extremistas del Gobierno de Trump, como intentó hacer el militar que secuestró un helicóptero y bombardeó el Tribunal Superior de Justicia. Les prometo que he buscado alguna declaración de Ciudadanos condenando cualquiera de estos hechos y no la he encontrado. (Aplausos).

Las posiciones que ustedes defienden no son nuevas, son las mismas que avalaron el golpe fallido en Venezuela en el año 2002, después el golpe en Honduras y después el golpe en Paraguay. Son las mismas que avalan hoy el golpe continuado en Brasil sin que ustedes hayan dicho absolutamente nada al respecto. Nosotros sí lo decimos alto y claro, le decimos hoy aquí a Lula da Silva que su lucha es la de cualquier demócrata en el mundo entero (aplausos) y que la democracia en Brasil se va a abrir paso porque se ha acabado el tiempo de los golpes de Estado en América Latina. (Aplausos). Nosotros decimos alto y claro que estamos orgullosos y agradecidos por el esfuerzo de mediación del presidente Zapatero y que cualquier solución a la crisis en Venezuela debe ser pacífica y pasar por el diálogo, el acuerdo y la democracia. Es una lástima que el señor Trump, el señor Aznar y el señor Rivera no piensen lo mismo. Desde lo que yo conozco, con toda sinceridad y por amor a mi país, les digo que ojalá la política exterior de España nunca caiga en sus manos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bustinduy.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto al señor Maura si su grupo acepta alguna de las que han sido presentadas.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Señor presidente, estamos trabajando con otros grupos para presentar una enmienda transaccional para la votación del jueves.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. En su caso, háganla llegar a la Mesa para tenerla en cuenta en la votación.

Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000085).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Buenas tardes.

Esta moción que presenta el Grupo Socialista toma mayor relevancia que la propia interpelación de hace mes y medio a la vista de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que nos presenta


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el Grupo Popular y Ciudadanos, en los que no se adopta ni una sola medida para mejorar el resultado negativo de cierre de 2017: 18 800 millones de euros. Hacen todo lo contrario, endeudarlo con 15 000 millones de euros más, debilitando por tanto el sistema de Seguridad Social. Estamos hablando de un déficit de 18 800 millones de euros, con un Fondo de Reserva casi agotado -de hecho, se dispone, según estos presupuestos, de 3000 millones de euros más-, una sustancial desviación en los ingresos por cotizaciones de 2550 millones de euros y, evidentemente, esta previsión de un nuevo préstamo para completar la financiación de las pensiones contributivas.

Señores del Grupo Popular, los presupuestos de 2018 podían haber sido un instrumento perfecto para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada en este Pleno el día 12 de septiembre, en la que se les daba tres meses para que pusieran encima de la mesa medidas para resolver el equilibrio financiero, así como para garantizar el poder adquisitivo. Sin embargo, después de 209 días, ya sea por dejadez, por desidia o sencillamente por este inmovilismo al que estamos acostumbrados del tancredismo Mariano, creemos que solo están buscando una cosa, y es abocar al sistema público de pensiones a un déficit constante que lleve irremediablemente a adopciones drásticas de futuro recortando las pensiones. Realmente, los señores de Ciudadanos y del PP reconocen en estos Presupuestos Generales del Estado una cuestión, y es que la reforma de 2013 ha fracasado. Ha fracasado su IRP y lo reconocen tan abiertamente que el señor presidente dijo hace muy poco en esta sede que no volvería a vincular las pensiones al IPC. Sin embargo, ahora, graciablemente, como si fuera el rey Sol, decide incrementar un 3 % las mínimas o un 5 % o, por qué no, sencillamente al IPC. Pues bien, resulta que por un acto graciable del rey Rajoy, ahora tenemos una mejora en las pensiones mínimas, y ha fracasado porque el señor Rajoy no se lo cree y el señor Rivera y el señor Montoro tampoco. Estuvimos presentes en aquella subasta pública que se produjo en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, en el pacto entre Ciudadanos y el PP, que parecía más una lonja de venta de pescado que una presentación de presupuestos, donde el señor Rivera apostaba por subir un 2 % y al día siguiente el señor Montoro le enmendaba la plana con un 3 %. En fin, nos preguntamos por qué un 3 y no un 5 o por qué no el IPC. Precisamente, el señor Rivera, el día 1 de marzo, dijo que por qué no se incrementaban las pensiones al IPC. Lo dijo en un medio de comunicación nacional, por lo que está más que constatado. También es verdad que el señor Rivera hoy dice una cosa y mañana la contraria, pero en aquel caso dijo con la boca bien abierta que por qué las pensiones no podían subir al IPC. Por supuesto que sí.

Ustedes se esconden detrás de Bruselas, cuando resulta que Bruselas acaba de felicitar a Lituania por haber indexado de nuevo las pensiones a un índice que les permite garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. Señorías, no podemos dejar al albur del Gobierno de turno el mantenimiento del poder adquisitivo porque, si no, no vamos a contar con pensiones indignas. Lo sabemos porque ya nos lo han anunciado los expertos. En veinte años, las presiones pueden perder de un 30 a un 40 %. Sé que ahora vendrán y me dirán que Zapatero congeló las pensiones. Sí, Zapatero congeló las pensiones en un momento excepcional, en el año 2010, pero luego fue capaz de llegar a un acuerdo en relación con la Ley de reforma de las pensiones de 2011 con los sindicatos y en el Pacto de Toledo, cosa que ustedes no hicieron. (Aplausos).

Ustedes, con la reforma de 2013, finiquitaron el consenso en el propio Pacto de Toledo. Despreciaron entonces el Pacto de Toledo y vemos que lo desprecian de nuevo cuando vemos noticias en los medios de comunicación diciendo lo que dicen. Ahora parece ser que quieren quitar las pensiones no contributivas del sistema para que se pueda sanear el déficit. De todo esto Ciudadanos tendrá que responder en algún momento, porque lo cierto es que hoy, con la reforma de 2013, no es sostenible social ni política ni económicamente. Ya dijimos en esta tribuna hace muy poco que en 2035 puede suponer la pérdida de 750 000 puestos de trabajo. Es decir, económicamente no va a suponer una mejora esta reforma de 2013. No es más que un ahorro y poner en bandeja, eso sí, en el mercado privado de pensiones, 100 000 millones de euros, que son las pensiones públicas.

La moción que hoy debatimos pretende poner negro sobre blanco, aquello que la mayoría de los grupos aceptamos pero a lo que dos grupos se están oponiendo, y aquello que los expertos ya han anunciado, que es la necesidad de que entren ingresos en el sistema económicofinanciero de la Seguridad Social, así como que aumente el poder adquisitivo. Presentamos esta moción porque es necesaria la adopción de medidas urgentes. En este presupuesto pueden ustedes hacer una nueva aportación, garantizar el poder adquisitivo y que nunca un Gobierno pueda tener en sus manos la determinación del poder adquisitivo, como hicieron ustedes en el año 2011. Les recuerdo que ustedes, insistentemente, en aquellas recomendaciones exigieron que constara que nunca más un Gobierno podría tener en sus manos


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la recuperación del poder adquisitivo, con lo cual sean coherentes. Por cierto, cuando los pensionistas lean el artículo 20 de la reforma del IRPF y se den cuenta de que les están tomando el pelo con las medidas que han presentado en el pacto, átense los machos.

Señores de Ciudadanos, aún no se han pronunciado sobre qué modelo de pensiones quieren. Los señores del Partido Popular tienen clarísimo que quieren reducir las pensiones, pero ustedes no están contestando. Se dedican a sacar titulares mediáticos vacíos de contenido en los que no dicen nada, más allá de criticar al PSOE, que eso ya es una cosa hecha. Lo que les pedimos, señores de Ciudadanos, es que se retraten. ¿Quieren mantener el poder adquisitivo de las pensiones y, para ello, pueden vincularse al IPC o no? ¿Quieren que el sistema público de pensiones sea sostenible social, política y económicamente a corto, medio y largo plazo o no? Díganlo. Dejen de hacer titulares mediáticos que para nada llevan al debate constructivo.

Estos presupuestos son muy claros. Ya están enseñando la patita, ya lo sabemos, pero queremos que se mojen en este hemiciclo, porque, hasta ahora, ustedes se han permitido el lujo de hacer esos titulares que tan bien les van y que rellenan los distintos medios de comunicación pero que no llevan a ningún acuerdo. Les pedimos que si realmente quieren reconstruir -voy acabando, presidente- el Pacto de Toledo sobre la base del consenso y del acuerdo, se manifiesten y se retraten de una vez. Digan qué sistema público de pensiones quieren. El mercado laboral es pobre en este momento. Hay analistas que dicen que tendría que incrementarse en tres millones de puestos de trabajo para sanear el déficit. Ustedes saben esto, pero plantean una enmienda que dice que se haga una reforma estructural de no sé qué y no dicen nada más. (Rumores).

Voy acabando. Señores de Ciudadanos, el Partido Popular ya se ha retratado, ellos quieren que el sistema público de pensiones acabe en manos privadas, esto es así, pero digan ustedes qué quieren y sean honestos con los pensionistas. Si no, algún día, más pronto que tarde, alguien les hará retratarse de verdad y será la ciudadanía con sus votos.

Muchas gracias, presidente. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Perea.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Del Campo Estaún. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna a defender, aunque la señora Perea diga lo contrario, por enésima vez, el posicionamiento de mi partido, de Ciudadanos, frente a una iniciativa del Partido Socialista -la enésima iniciativa del Partido Socialista- en forma de moción o PNL. Pero antes de que lo haga, permítanme que les cuente una anécdota real. Yo tengo la suerte de tener todavía viva a mi abuela. Mi abuela es pensionista de viudedad y este es su único ingreso. En estas vacaciones de Semana Santa, mi abuela, en una de esas comidas típicas que se tienen por estas fechas, me preguntó: Hijo mío, me han dicho que nos van a subir las pensiones de viudedad. Yo le dije: Sí, abuela. Estamos peleando en ello, hemos acordado eso con el Gobierno; ha costado trabajo, pero no solo depende de nosotros, depende de otros partidos políticos, podría sumarse el PSOE, pero todavía no tenemos su apoyo. Y me dijo mi abuela: ¿Y cuánto nos van a subir la pensión, hijo mío? Mi abuela tiene una pensión pequeñita, y yo le dije: Este año, unos 12 o 14 euros, abuela, pero tu pensión podría subir unos 40 euros el año que viene. Ella dijo: ¿40 euros? Eso no lo van a ver mis ojos. Yo respondí: Te lo está diciendo tu nieto, abuela, no te lo está diciendo... Ella dijo: Ya, ya, pero me has dicho que no solo depende de vosotros, depende también del Partido Popular y del Partido Socialista. Dije: Yo creo que al final se sumarán. Y mi abuela me dijo: Si depende del Partido Popular y del Partido Socialista, mal vamos. (Aplausos). Cuento esto porque es una situación real y porque creo que es el problema que tienen ustedes. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Del Campo. Por favor, les ruego silencio.

Continúe.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Esto es uno de los graves problemas que tienen ustedes, que cada vez les cree menos gente. La ciudadanía se ha acostumbrado a que digan una cosa cuando están en la oposición y después hagan otra cuando están en el Gobierno, y esto es más grave, si cabe, cuando


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hablamos de pensiones. Usted tiene mucha experiencia en esto, señora Perea, pero las pensiones se tienen que tratar como lo que son, como una auténtica política de Estado, que de eso es precisamente de lo que van o iban los Pactos de Toledo del año 1995, porque ya no sabemos ni de qué van.

El señor Simancas decía en la interpelación a la ministra que los pensionistas están legítimamente preocupados, enfadados y movilizados por dos motivos principalmente; primero, porque se están empobreciendo sus pensiones; y segundo, por el desmadre de las cuentas de la Seguridad Social, que amenazan las pensiones de hoy y las pensiones de mañana. Y pedía respeto para los pensionistas. Pues eso es lo que les pedimos ahora a ustedes, señorías del Partido Socialista: respeto y que no les mientan. Porque no están en jaque las pensiones de hoy y las pensiones del futuro, por lo menos no están en jaque si mantenemos las reformas que llevaron a cabo ustedes en el año 2011 -que parece que ya no se acuerdan-, elevando la edad de jubilación, y si mantenemos las reformas que hizo el Partido Popular en el año 2013. No es que lo digamos nosotros, lo dicen los principales organismos. Si se mantienen esas reformas, el sistema de la Seguridad Social no está en jaque; ahora, sí es cierto -le doy la razón- que si mantenemos esas reformas vamos a tener a medio plazo una amenaza de empobrecimiento de las pensiones, pero eso no lo van a arreglar ustedes aquí a golpe de moción y de PNL, porque esto donde se arregla y se consigue es negociando y pactando donde corresponde, en el Pacto de Toledo. Mañana tienen una nueva oportunidad de no reventarlo, de intentar llegar a un acuerdo en la recomendación número dos de mantenimiento del poder adquisitivo, donde les pido tanto al Partido Popular como a ustedes que tengan amplitud de miras para intentar llegar a un acuerdo común. Mientras tanto, mientras en el Pacto de Toledo se llega a los correspondientes consensos, se redactan las siguientes recomendaciones y se otorgan los siguientes mandatos al Gobierno, tienen otra forma de mostrar el respeto que pide usted a los pensionistas. ¿Sabe cuál es esa forma? Votando dentro de unas semanas los Presupuestos Generales del Estado del año 2018. (Aplausos). Ya que ustedes no han bajado a la arena a negociar y no respetan a los pensionistas, por lo menos súmense a un acuerdo, si no tendrán que decirles a los pensionistas en la calle por qué no se suman a un incremento del 3 % -no del IPC- de las pensiones mínimas, del 3 % de las pensiones no contributivas de la gente que más lo necesita, del 2 % de las pensiones de viudedad -como la de mi abuela, a la que saludo- y de un 6 % adicional el año que viene (aplausos), o del incremento del 1,5 -aquí sí del IPC- de las pensiones de menos de 700 euros o del resto de pensiones hasta 18 000, de 6 700 000 pensionistas que verían mejoradas las pensiones también con rebajas del IRPF, que pondrían entre 30 y 60 euros en el bolsillo de cada pensionista; no el IPC, mucho más. Por eso les pido -se lo ruego ya porque se lo he dicho muchas veces- que dejen de traer a esta Cámara iniciativas sin recorrido y que demuestren respeto a los pensionistas siendo serios en el Pacto de Toledo, que es donde tienen que ser serios, apoyando el proyecto de ley de presupuestos generales de 2018 la próxima semana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Señor Campo, lo que le tenía que decir a su abuela, pensionista viuda, es que desde hace muchos años ya tenía que tener una base reguladora del 60 %, y gracias a los presupuestos que el Partido Popular y ustedes van a firmar, lo va a tener solamente del 54 % de la base reguladora. Eso es lo que usted tenía que decirle a su abuela viuda. (Aplausos). Sí, señor Campo, claro que sí.

Este tema es muy serio, y creo que todas las intervenciones que deberíamos tener sobre pensiones deberían de estar dominadas por una única palabra, y esa palabra es suficiencia. Ese es el debate pendiente. El debate pendiente es que le digamos a la sociedad española qué es una pensión suficiente, y que además nos comprometamos en un debate serio aquí -no como el que hemos tenido con el señor Rajoy- sobre cuánto queremos comprometer para que tengamos en este país pensiones dignas. Porque, señor Campo, señores y señoras de Ciudadanos y del Partido Popular, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial; constitucionalista para vetar las leyes de Unidos Podemos-En Comú Podem a través del 135, porque no quieren gastar más en pensiones; constitucionalistas para apoyar el 155; pero, eso sí, no constitucionalistas para defender pensiones suficientes y revalorizadas como exige el artículo 50 y 41 de la Constitución Española. No queremos constitucionalismo a tiempo parcial. (Aplausos).

Tratemos este tema en serio. Nosotros tenemos dificultades con la moción que presenta el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque no va al fondo del problema que tiene nuestro país. Digamos que el Grupo


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Socialista lo que hace en esta moción es poner el foco en la razón de alarma que tienen los pensionistas y las pensionistas en nuestro país; pone el foco en el equilibrio financiero, cuando el foco, señora Perea, creemos que está en hablar justamente de lo que hemos dicho, la suficiencia de las pensiones en nuestro país. Lo decimos por una realidad cierta, y es que toda la iniciativa está trufada de reequilibrio financiero. Ya sabe que si no se nos acepta la primera de las enmiendas no vamos a apoyar esta moción por una razón, porque al equilibrio financiero se puede llegar, como han hecho ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, con las dos últimas contrarreformas de pensiones recortando el gasto público en pensiones, o se puede llegar, como defiende nuestro grupo, avanzando en nuevas fuentes de financiación a través de generación de ingresos. Esta es nuestra enmienda y nuestra propuesta. Si ustedes quieren avanzar en el reequilibrio del sistema financiero a través del incremento de ingresos, adelante; si lo van a hacer y queda totalmente abierto en su propuesta a través del recorte del gasto en materia pública de pensiones, les decimos ya radicalmente que no. Por otra parte, toda la iniciativa está trufada de dos factores principales. En primer lugar, por la dichosa separación de fuentes, y nosotras entendemos la separación de fuentes desde el punto de vista contable, no como un principio organizativo, como se ha hecho estos años aquí. Y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la contributividad; contributividad para determinar el alcance de la protección en materia de pensiones, pero no en lo que tiene que ver con la financiación de las fuentes del sistema.

Hemos presentado seis enmiendas que ponen el acento en un nuevo modelo que genere ingresos a nuestro sistema de Seguridad Social; un nuevo sistema que tenga en cuenta o que tenga un frontispicio en el que la Seguridad Social en nuestro país no sea una carga. Ustedes lo están entendiendo como una carga. Para nosotras, la Seguridad Social y su sistema de pensiones públicas es un activo, es un derecho fundamental. Tenemos la obligación de cuidarlo, de mimarlo y de buscar los ingresos necesarios para que nuestras gentes tengan pensiones dignas. ¿Qué le decimos? Obviamente, estamos de acuerdo con la racionalización de los gastos del sistema. Pongámonos de acuerdo ya para conseguir casi 4000 millones de euros que tienen que ver con los gastos de gestión que se imputan al sistema, pongámonos de acuerdo en las causas que nos han traído hasta aquí, que son las dos reformas laborales que hemos tenido, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. La última, la del Partido Popular, ha empobrecido a los trabajadores. (Aplausos). Si tenemos salarios de mierda, tenemos cotizaciones de mierda, por tanto, cambiemos ya de una vez por todas el modelo que tenemos en nuestro país y, sobre todo, generemos ingresos.

Lo que hay en España es lo que los laboralistas denominan solidaridad inversa: aportan más al sistema los que menos tienen. Destopemos las bases máximas de cotización -podemos alcanzar casi 8000 millones de euros a través de ese recurso-, quitemos las tarifas planas -en las que la mayoría de sus partidos están de acuerdo-, quitemos esa política activa basada en una subvención indirecta a los empresarios que supone bajar las cotizaciones sociales, que son las bonificaciones y reducciones a la contratación laboral y que son -no lo decimos nosotros; lo dice el Banco de España- un peso muerto.

Señora Perea, defendamos lo que es justo, cambiemos el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social y de una vez por todas digámosles a nuestros pensionistas y a nuestras pensionistas que queremos pensiones dignas pagadas con el presupuesto. La verdad, señora Perea, es que echamos en falta que en su iniciativa no pida la supresión del factor de sostenibilidad. En nuestro país hay dos factores de sostenibilidad, el que hicieron ustedes en la reforma de 2011, alargando la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años, y el factor de sostenibilidad que entra en vigor el día 1 de enero de 2019 y que lleva el nombre del Partido Popular. El día 16 a las calles a defender las pensiones públicas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero recordar en esta Cámara que la primera fuerza política que el pasado 18 de febrero en pregunta oral al presidente, don Mariano Rajoy, exigió y pidió que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo fue mi partido, Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, tengo que decirle al Grupo Socialista que nosotros conceptualmente estamos a favor de su moción -¡faltaría más!-, ahora bien, hoy aquí a la portavoz del Grupo Socialista no le he escuchado ni una sola iniciativa concreta de reducción de gastos o de incremento de ingresos, por lo que me tengo que ceñir a la interpelación que precede a esta moción. Por tanto, y


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ciñéndome a la interpelación del señor Simancas, empezaré por lo bueno, y me explico. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Con relación a la disminución de gastos, sí, estamos de acuerdo en liberar de gastos administrativos al sistema de la Seguridad Social, como también estamos a favor de segregar de los presupuestos todas aquellas reducciones en las cotizaciones sociales, y también, por tanto, la tarifa plana. Sin embargo, si nos ceñimos a las iniciativas concretas operativas que propone el Grupo Socialista en su interpelación, ni estamos a favor de derogar la reforma laboral -no pensamos ni mucho menos que eso vaya a incrementar los ingresos del sistema de la Seguridad Social-, ni estamos a favor de un impuesto a la banca, ni tampoco estamos a favor de incrementar las cotizaciones sociales, porque eso desincentivaría la contratación por parte del empresariado y de los autónomos.

Dentro de las muchísimas medidas que se deben tomar -luego diré en qué marco deben tomarse, y no, en nuestra opinión, en una moción-, me gustaría decir que animo al Grupo Socialista a que se avenga también a la propuesta que hizo Unión del Pueblo Navarro en la pregunta de aquel 18 de febrero, de destinar el incremento de la recaudación impositiva por encima de lo presupuestado directamente a la hucha de las pensiones. Insisto en que esta es una entre otras muchas medidas.

Para finalizar, señor presidente, lo que yo les pido a todas sus señorías es lograr el consenso tal como se logró en el año 1995, desde las diferentes ideologías, por el bien de las pensiones actuales y por el bien de las pensiones a futuro.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Yo no hablo de mi abuela porque no la tengo, pero cuando dicen que las pensiones están en manos del Partido Popular y Ciudadanos mi suegra se pone a temblar. No sé, la historia se ve de otra manera desde otros sitios.

Unos datos de Eurostat, de esta misma semana. El beneficio de las empresas en España representa el 43 % del valor añadido bruto, muy por encima de la media europea; los beneficios empresariales vuelven a máximos y, en cambio, los costes salariales en España son de los más bajos de Europa -un 30 % de la media de la Unión Europea-, y esto tiene consecuencias. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

El señor BALDOVÍ RODA: Beneficios para las empresas, bajos salarios, más precariedad, bajas cotizaciones. Y si hay bajas cotizaciones, evidentemente, hay problemas para equilibrar la Seguridad Social y para equilibrar las pensiones.

Esta mañana había una mesa humilde a la puerta del Congreso, era la Mesa por el blindaje de las pensiones en la Constitución, y un ciudadano se ha acercado a firmar y ha dicho: Ustedes, los diputados, viven en otro mundo, no se preocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Yo creo que el Partido Popular, en los seis años que lleva en el Gobierno, ha tomado pocas medidas para resolver el problema de las pensiones, más allá de vaciar la hucha de las pensiones. Este mismo año volverán a tocarla. Ha tomado alguna otra medida, como ha sido, por ejemplo, regalar más de 20 000 millones en privilegios fiscales a las grandes empresas.

Nosotros votaremos a favor de la propuesta. Nos gustan las propuestas que ha hecho Podemos, nos parecen muy razonables porque hay que garantizar que se cobren las pensiones, hay que asegurar -o habría que garantizar- que las pensiones estén garantizadas; igual que pasó con el pago de la deuda a los bancos -acabo-, habría que garantizar el pago de las pensiones, la revalorización de las pensiones, que las pensiones fueran públicas y estuvieran garantizadas por la Constitución. Y, sobre todo, que el pago de todo esto no recayera solamente sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, interviene el señor Campuzano i Canadés.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Graciès, senyora presidenta.

Señora Perea, hoy el CIS apunta que se ha duplicado la preocupación de los pensionistas y del conjunto de la ciudadanía en relación con el futuro de las pensiones. Y este dato del CIS, a nuestro entender, al menos expresa varias cosas. Una, preocupación por los pensionistas por que el sistema no puede garantizar, tal como está hoy formulado, el poder adquisitivo de los pensionistas. Preocupación por los pensionistas por que el sistema está en déficit. Preocupación por los pensionistas por que ese déficit genera incertidumbres sobre el futuro de las pensiones. Y preocupación por los pensionistas por que los grupos políticos estamos siendo incapaces de alcanzar los acuerdos políticos que permitan dar respuesta a esas cuestiones: el mantenimiento del poder adquisitivo, el equilibrio financiero del sistema y el mensaje de tranquilidad hacia el futuro. Precisamente la virtud política que tuvo en 1995 el Pacto de Toledo era esa, dar tranquilidad a los pensionistas sobre lo que sucede hoy y sobre lo que sucederá en el futuro. Esa tranquilidad exige dos tipos de políticas, exige una política orientada a garantizar la suficiencia y la dignidad de las pensiones -la que exige ponernos de acuerdo en el marco del Pacto de Toledo en un nuevo mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas- pero también exige reformas que hagan que el sistema sea sostenible, más allá de la evolución de la productividad y de la evolución del mercado de trabajo. En este sentido, no puedo compartir alguna de las consideraciones que ha hecho la portavoz del Grupo Unidos Podemos porque lo más reaccionario hoy en materia de pensiones es no entender que el sistema necesita reformas. Esa es también una de las virtudes del Pacto de Toledo.

Señora Perea, comparto el contenido de su moción, es muy ortodoxa en términos de tradición del Pacto de Toledo. Por tanto, la votaré favorablemente pero todos tenemos pendiente en la Comisión del Pacto de Toledo recuperar el consenso que seguro que es lo que dará tranquilidad a los pensionistas que es muy evidente que hoy no tienen.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señora presidenta.

Creo recordar que esta moción consecuencia de una interpelación tiene como motivo instar al Gobierno a adoptar medidas para asegurar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social y también a corregir el déficit existente. Lo cierto es que -así se lo he transmitido también a la ponente, la señora Perea- no puedo decir otra cosa más que comparto mucha parte del diagnóstico que se hizo en su momento y también buena parte de las soluciones a las que se hace mención en la moción que hoy nos presenta. Sin embargo, aún me parecen un tanto preocupantes dos cuestiones a las que se acaba de referir el señor Campuzano, que me ha antecedido en el uso de la palabra. El debate sobre las pensiones no puede depender de que hablemos con una amona -yo no tengo amona por desgracia- pero no creo que ese fuese el fiel de la balanza para inclinar el sentido de mi interpretación política hacia un lado o hacia otro y ni mucho menos el de que sea un grupo o dos, de un lado o de otro de la ideología, los que vayan a diseñar el sistema de pensiones y que hagan confiar a nuestras amonas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a quienes nos vayan a suceder en el ámbito parlamentario y en el ámbito ciudadano.

Lo realmente importante en el ámbito de las pensiones no es tanto una u otra medida, sino el valor del acuerdo obtenido allí donde se ha plasmado históricamente la existencia de acuerdos respecto del sistema de pensiones, acuerdos en el Pacto de Toledo. He comentado que me resulta difícil discrepar de aquello con lo que estoy de acuerdo pero, aunque ya resulta reiterado en mi discurso, tengo que decirle al Partido Socialista que traer a esta Cámara debates que deberíamos tener en el Pacto de Toledo no soluciona nada. Es más, conviene recordar que esta moción se inscribe en el marco de una solicitud de aseguramiento o garantía del equilibrio financiero y que esas son las cuestiones que estamos debatiendo en el Pacto de Toledo como también -a la que también se ha hecho referencia- la garantía de la suficiencia o la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que se va a tratar mañana mismo. Se ha ido tratando otros días, pero mañana vamos a abordar ya un texto concreto. Esperamos que, más allá de las diferencias expuestas en esta Cámara, seamos capaces de adentrarnos en la voluntad de acuerdos para, cediendo unos y otros, obtener aquello que están esperando los ciudadanos. Porque lo que están esperando los ciudadanos no es tanto una medida sino la sensación de acuerdo, la garantía de que ese acuerdo, sea cual sea el que se alcance, va a tener un respaldo suficiente de la Cámara, va a tener un apoyo suficiente para que lo que hoy se decida mañana no pueda ser cambiado. En ese sentido, creo que en ese momento el PP se equivocó tomando medidas que iban en contradicción con lo dispuesto en el Pacto de Toledo,


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pero creo que esa es una línea que seguramente han entendido por sí mismos que no es adecuada. También hemos oído comentarios en ese sentido y esperamos que se puedan corregir.

De todas las cuestiones que se plantean en la moción, como le he dicho, parto de una buena sintonía con la mayoría de sus posiciones, y solo respecto a una le voy a plantear que sí es cierto que es un defecto de la acción del Gobierno. Es la relativa a la actualización de las pensiones, sobre la que también han traído ustedes iniciativas a esta Cámara y las hemos apoyado. En sentido sí creo que es necesario que el Gobierno se plantee actuar de conformidad tanto con el parecer expresado en esta Cámara como con el parecer que ya conoce y que se ha expresado por los diferentes grupos políticos en el ámbito del Pacto de Toledo. Por eso, dejando de lado que esta no es, a mi modo de ver, y con todo respeto, la forma de actuar en un momento concreto en el que lo que se debe imponer es la voluntad de acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, y manifestándole además mi concordancia con muchas de sus medidas, no voy a tener más remedio que abstenerme porque entendemos que este debate, con mayor relajación y, posiblemente también con una mayor introspección, lo debemos de tener, pero en el seno del Pacto de Toledo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch. (Rumores). Silencio, señorías.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Gracias, presidenta.

No sé cuantas veces he hablado de pensiones contando la Comisión de Empleo, el Pacto de Toledo, las propuestas no de ley, las comparecencias de la ministra y la comparecencia del presidente. Sí, señora Perea, vamos a votar su moción en unos cuantos puntos porque vamos a pedir que se voten puntos. Sí vamos a votar la revalorización de las pensiones, sí, y también a acordar una fórmula que garantice como mínimo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, sí. Asimismo, sí a introducir una cláusula de desviación de la inflación para el supuesto de que el IPC sea inferior al finalmente alcanzado, sí. Votaremos sí al aumentos de ingresos, incluyendo fuentes de financiación adicionales a las cotizaciones, sí. Pero la pregunta es: ¿cuántas más iniciativas parlamentarias necesitan, señoras y señores del PSOE, para entender que ni el Gobierno del Partido Popular ni Ciudadanos van a subir las pensiones más allá del patético 0,25, aparte de las pensiones mínimas? Las va a mantener congeladas un año más, las va a seguir teniendo casi congeladas, se lo han dicho en las respuestas a la proposición no de ley, en las interpelaciones y mociones, como decía, y en la comparecencia de hace unos días del presidente Rajoy, al igual que se lo han vuelto a decir otra vez en la presentación de los presupuestos para 2018. A este Gobierno no le interesa la subida de las pensiones. ¿Saben dónde se han incrementado más los presupuestos de 2018? Se lo digo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Señorías, por favor, guarden silencio porque hay un murmullo con el que es imposible escuchar. (Pausa).

Continúe, señor Salvador.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.

¿Saben dónde se han incrementado más los presupuestos? Se lo digo, y les aseguro que es toda una metáfora de la deriva del Reino de España. Una subida del 6,5 % para el Ministerio del Interior, Policía y Guardia Civil preferentemente; un 10,7 % para el Ministerio de Defensa y, atención y redoble de tambores: un aumento de sueldo para los miembros del Tribunal Constitucional, que últimamente trabajan mucho y rápido y hay que pagar los servicios prestados; un aumento del 13 % para el presidente del Tribunal Constitucional y de un 12 % para los magistrados rasos del Tribunal Constitucional. Toda una indecencia. Policías, ejército y Tribunal Constitucional, este es el Reino de España y mientras para la mayoría de los pensionistas, una subida de un simple 0,25 %. Esta es la realidad, creo que está todo dicho.

Señoras y señores del Partido Socialista, señora Robles, la única moción que los pensionistas y las clases trabajadoras esperan, ¿sabe cuál es? La moción de censura. Una moción de censura que acabe con este teatrillo que lo único que hace es mantener a una de las derechas más extremas de Europa: Partido Popular y Ciudadanos y Ciudadanos y el Partido Popular. Mientras pueden engañarse y hacerse trampas al solitario. Pero la verdad es que las derechas extremas siguen en el poder y si no se ponen las pilas ustedes me parece que van a estar unos cuantos años más.


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Ustedes quizá puedan esperar. Pero muchos pensionistas no. Este 15 de abril van a volver a salir a las calles una vez más. En Cataluña el 14 porque el 15 tenemos otra manifestación por las libertades y los derechos civiles. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Camps Devesa.

El señor CAMPS DEVESA: Señora presidenta, señorías, tengan ustedes la completa seguridad de que no pensaba empezar esta intervención haciendo referencia a la abuela de un diputado en esta Cámara, pero me veo obligado a ello haciendo acotación a dos cuestiones que se han puesto de manifiesto, una por el propio diputado, una subida de dos puntos en el cálculo de la base reguladora es una subida del 3,8 % de la pensión; déle esa alegría a su abuela. Si se aprueba le subirá un 3,8 % la pensión, no un 2 %. Y otra a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. No hay un incumplimiento legal, el año que viene vence el periodo en el que se tiene que pasar al 60 % en el cálculo de la base reguladora para la prestación de viudedad y le aseguro que con un Gobierno del PP usted tendrá ocasión de poder votarlo en esta Cámara. ¡A ver qué hacen ustedes! (Aplausos). Porque nosotros traeremos esa subida del cálculo de la base reguladora en el periodo legal que establece la ley que usted dice que hemos incumplido.

Señora Perea, he de decirle que he encontrado cierto cambio de tono entre usted hoy y el señor Simancas el día de la interpelación. Y tengo que decirle que se lo agradezco. Se lo agradezco. Me parecía, con la intervención del señor Simancas, que estaban entrando ustedes en una deriva irresponsable en esta materia de pensiones y hoy tengo que reconocer que con su intervención se vuelven a abrir espacios que podemos entender de acuerdo entre todos los grupos. Pero siguen ustedes colocándose algo lejos de la realidad, ¿sabe? Porque, fíjese, el contenido de su moción podría ser compartido en muchos puntos por mi grupo, ha habido incluso quien ha pedido votación por puntos; igual votamos algún punto a favor. Algunos de ellos porque ya son propuestas de todos, se han apropiado ustedes, algo indebidamente, de propuestas que saben que ya hemos acordado de facto en la Comisión del Pacto de Toledo, en concreto todo lo referente a las reducciones y bonificaciones. Y hay algunos puntos de su moción que la verdad, por generales, son tan generales que es difícil no compartirlos; aunque en realidad esa generalidad hace que tampoco que sirvan para mucho. ¿Pero no creen, señorías del Partido Socialista, que deberían dejar ya de buscar diferencias entre nosotros con iniciativas como esta, una detrás de otra constantemente en estos plenos, dejarse de algunas frases grandilocuentes, normalmente vacías de contenido o sencillamente erróneas o sencillamente falsas y con ello buscar de verdad el compromiso en el compromiso en el marco del Pacto de Toledo?

¿Por qué se quieren mantener hoy en esa realidad aún, señora Perea, negando los datos cuando no les convienen partidariamente? No pueden negar más tiempo ya que hoy hay más empleo que el que había hace cinco años, que ese empleo es más estable y de mayor calidad que el que había hace cinco años, que se pagan más y mejores pensiones que nunca. Señorías, del Grupo Parlamentario Socialista, pagamos más de 10 600 000 pensiones. En 2011 la nómina mensual de pensiones era de 8100 millones; y la última que se ha pagado este mismo mes supera los 10 000 millones. Ha subido la pensión media de todos los colectivos desde 2011, la de jubilación un 16%. A día de hoy las nuevas pensiones de jubilación alcanzan ya los 1500 euros, lo que significa el 93 % del salario medio en España, una pensión más que suficiente.

Señorías, por más que el señor Simancas dijera hace algunas semanas que el empobrecimiento de los pensionistas de hoy -se refirió así a los pensionistas en un alarde desde luego parlamentario de demagogia sin par-; señorías, por más que repitan una y otra vez esta enorme falsedad, no es verdad. Hoy los pensionistas españoles no son más pobres que cuando ustedes gobernaban, más bien al contrario, y no porque lo diga este portavoz, desde la OCDE hasta el último informe que hemos conocido esta última semana, no sé si ustedes se lo han leído, de una entidad financiera, hasta ese informe dice con claridad que la generación de más de sesenta y cinco años es la única que ha aumentado su renta medida por persona desde 2008 y que la tasa de pobreza del colectivo ha bajado del 17 % al 6 %. Dato de la OCDE. Esa es la verdad, señorías, y lo único que trae consigo negar la realidad es que el diagnóstico será normal y forzosamente erróneo. No se equivoquen, señorías, si hoy tenemos más y mejores pensiones es por dos razones: por haber evitado el rescate y porque hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación de nuestra economía y empezar a crecer y a crear empleo. ¿Cómo pueden afirmar sin sonrojarse, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, que son las políticas económicas y sociolaborales del Partido Popular


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las que ponen en peligro la sostenibilidad de las pensiones? ¿Ustedes creen que destruir 1700 empleos diarios, que era algo que ocurría con ustedes, garantiza más el sistema de pensiones que crear 1500 empleos diarios, que es lo que está haciendo en estos momentos el Partido Popular? Señorías, en los últimos doce meses el sistema ha ganado 592 081 afiliados; es el mejor dato, junto al del año pasado, desde el 2007 y, evidentemente, ese dato de creación de empleo es la verdadera garantía del mantenimiento de nuestro sistema de pensiones. Olvídense ustedes, señorías, de proponer, en vez de crear empleo y más cotizaciones, aumentos de la presión fiscal que en estos momentos solo traerían consigo poner en riesgo el nivel de consumo y el nivel de inversión. Deberían decirlo con claridad -y acabo, señora presidenta-, lo que ustedes proponen como solución para paliar el déficit del sistema es equivalente a subir a todos los ciudadanos una cuarta parte su actual aportación al IRPF, incluidos los pensionistas.

Señora Perea, señores del Grupo Parlamentario Socialista -y acabo-, frente a su subida de impuestos nosotros proponemos desde la realidad del crecimiento económico y la creación de empleo, lo contrario: reducir el IRPF para las rentas inferiores a los 18 000 euros; un millón de pensionistas se beneficiarán de ello; 5 750 000 pensionistas perceptores de pensiones mínimas, no contributivas, de viudedad o por debajo de 12 000 euros verán cómo sus pensiones mejoran, si aprueban los presupuestos para el año que viene. Dejen de echarle la culpa al IRP y a otras cuestiones y vuelvan a la senda del Pacto de Toledo, que es donde tenemos que estar todos, aportando medida tras medida en cada una de las reuniones. No hagan dejación de su responsabilidad como parlamentarios. Nosotros no lo vamos a hacer, desde luego, iremos allí donde corresponde, al Pacto de Toledo, y allí defenderemos nuestra posición.

Acabo, señora presidenta, con una frase del presidente Mariano Rajoy en el pasado debate de pensiones: Este sistema no se defiende solo con palabras sino que se defiende con realismo, con reflexión, con números y también evitando cualquier tipo de demagogia.

Señorías, el oportunismo y la demagogia no pagan pensiones. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Perea i Conillas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora PEREA I CONILLAS: Estamos trabajando en una transaccional para presentarla a la Mesa.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO. (Número de expediente 140/000022).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a continuación a una declaración institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.

Señora secretaria.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señora presidenta.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado por asentimiento la siguiente declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril de 2018: Esta celebración responde a la conmemoración del Primer Congreso Mundial Roma/Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, con la finalidad de unir la voz del pueblo gitano. A partir de entonces, esta fecha ha servido, además de para recordar su historia y rendir homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos, para fomentar el reconocimiento de su cultura y sus valores y para reivindicar la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas a favor del pueblo gitano.

A pesar de ello, la actualidad sigue marcando que existen aún prejuicios negativos hacia las personas gitanas, tal y como indica la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020. Esta reconoce de manera explícita la persistencia de estos prejuicios negativos en parte de la población española, provocando el rechazo sistemático de este pueblo que pasa a convertirse en uno de los grupos que mayor animadversión social padece. Sin embargo, los planes de integración para el pueblo gitano que se han venido implementando desde los años ochenta, a pesar de sus progresivos avances, siguen sin tener en cuenta en su totalidad la complejidad demográfica de esta minoría étnica, así


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como las contribuciones que ha aportado al patrimonio cultural. Además, el género y la edad son dos categorías que articulan la exclusión múltiple en relación con la pertenencia étnica, dando lugar a complejas formas de discriminación interseccional. Por ello, señorías, es necesario reconocer el impacto diferencial que, tanto la realidad histórica gitana como la configuración institucional presente, ejercen hoy día sobre los derechos de las gitanas y los gitanos en función de su edad, con especial atención sobre la juventud y la participación de las mujeres.

El pueblo gitano sigue siendo visto en España desde la perspectiva del prejuicio y el estereotipo, fundamentalmente por la imagen distorsionada que la sociedad tiene de él, en ocasiones, fruto de la interpretación de la realidad que recogen los medios de comunicación, entre los que incluimos las redes sociales por cuanto amplían y reconfiguran la organización mediática y los sistemas de difusión de la información y el conocimiento. Las personas gitanas ven mermadas así sus posibilidades de evolución y desarrollo social, económico y cultural; las ideas preconcebidas, fomentadas en masa, actúan como freno para su incorporación real y efectiva en la sociedad.

Por eso, manifestamos el más firme rechazo y condena, desde toda perspectiva legal, ética, estética y democrática a cualquier práctica comunicativa, ya sea periodística, corporativa o privada, que refuerce o extienda prejuicios y estereotipos que representen la imagen distorsionada de la realidad gitana, porque con ellos se extiende la xenofobia, la estigmatización y la expresión de odio hacia el pueblo gitano.

El artículo 10.2 de la Constitución recoge que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En ellas se incluyen todas las declaraciones, pactos, cartas europeas y convenciones que garantizan los derechos humanos desde un enfoque integral con perspectiva interseccional a la población gitana. Asimismo, tomamos en cuenta la resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos de la Integración de los Gitanos en la Unión relacionados con los Derechos Fundamentales: Combatir el Antigitanismo (2017, Unión Europea), aprobada por todos los partidos de esta Cámara que tienen presencia en el Parlamento Europeo.

Hoy, el Pleno del Congreso de los Diputados reafirma su compromiso unánime con el pueblo gitano para que, según las estimaciones, el millón de personas gitanas que hay en España puedan hacer oír su voz y desarrollar su vida como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Madrid, 10 de abril de 2018.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie, vueltos hacia la tribuna pública).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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